En el marco del proceso de ajuste dentro de la planta del Estado nacional, el Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en otro organismo de la estructura adminsitrativa. Anteriormente, el Ejecutivo puso en marcha un proceso similar para los trabajadores de la ANSES.

Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó por resolución el Sistema de Retiro Voluntario para el personal durante el ejercicio 2026.

Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes. De igual forma, aclararon que podría prórrogarse de manera única por 15 días más, si así lo solicita el propio consejo.

Este regimen responde a la definición establecida en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06) que reconoce el retiro voluntario como causal explícita de terminación del vínculo de empleo para el personal comprendido en la Ley Nº 25.164. En la propuesta aprobada, solo podrán optar quienes pertenezcan a la planta permanente, según detalla la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial.

El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Es decir que, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y salario actualizado. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, explicaron. El dato corresponde a la última estimación informada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.

En línea con lo dispuesto, la Dirección General de Administración será la encargada de emitir actos resolutivos sobre las solicitudes presentadas por quienes deseen adherirse al sistema, en cumplimiento de la normativa que rige el régimen y de los procedimientos internos del organismo.

En el dictamen, además de la Dirección General de Administración, colaboraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ninguno de estos organismos formuló objeciones al plan, según la documentación oficial reseñada en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Quiénes quedan excluidos

El régimen excluye a siete categorías de agentes. Quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.

También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.

Cálculo de la gratificación y topes según la edad del agente

El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.

El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.

La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.

Beneficios que se mantendrán tras la salida

La aprobación del retiro produce el cese de la relación de empleo público a partir del 15 de junio de 2026, en los términos del artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Hasta esa fecha, el agente debe continuar prestando servicios con normalidad.

Quienes accedan al retiro quedan inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional —bajo cualquier modalidad de empleo, contratación o designación— por un plazo de cinco años desde la fecha de baja. La prohibición alcanza cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, funciones extraescalafonarias, asesorías de gabinete y contrataciones en programas financiados por organismos internacionales. El único supuesto exceptuado expresamente es el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.

El documento prevé dos beneficios que se extienden más allá del cese. Los hijos en edad preescolar que asistan a los servicios de guardería y jardín maternal del INTA —como el Área de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI)— conservarán el acceso a esos establecimientos hasta el fin del ciclo lectivo 2026, aunque sin incluir reintegros de gastos posteriores a la fecha de baja. Además, los agentes quedan eximidos del deber de permanencia y de la obligación de devolver las sumas percibidas en el marco de los programas de perfeccionamiento y ayuda económica aprobados por las Resoluciones N° 743/12 y N° 251/19 del Consejo Directivo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que establece las reglas con las que el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) podrá otorgar créditos a tasa de interés cero a pequeñas y medianas empresas afectadas por las inundaciones de 2026 en ocho departamentos del país.

Los préstamos podrán llegar hasta 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) —cerca de 162 millones de pesos— y tendrán un plazo máximo de 36 meses.

El decreto reglamenta el Programa de Crédito de Emergencia para el Sector Empresarial, creado mediante el Decreto Legislativo 244 de 2026, expedido tras la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, decretada el 11 de febrero de 2026 por la severa ola invernal.

Quiénes pueden pedir el crédito

Para acceder al programa, la empresa debe cumplir dos condiciones: estar domiciliada en alguno de los ocho departamentos afectados y demostrar que sufrió daños por las inundaciones. Esa demostración se hace con un papel oficial.

Según el decreto, “la condición de afectado se acreditará mediante certificación expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Registro Único de Damnificados gestionado por las Alcaldías Municipales, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo en cada zona o las entidades designadas oficialmente para este fin”.

El dinero se puede usar para cubrir gastos de operación del negocio, pagar deudas existentes o hacer inversiones para recuperar la capacidad productiva.

Cómo funciona el crédito

La tasa de interés es cero. Eso significa que la empresa solo devuelve lo que recibió, sin pagar intereses. Ese costo lo asume el Estado: el Ministerio de Hacienda le transfiere mensualmente a Bancóldex el diferencial entre lo que el banco normalmente cobraría y lo que cobra en este programa.

El decreto señala que esos recursos provienen de “los sobrantes del servicio de la deuda pública por concepto de interés, producto de declarar de plazo vencido y redimir anticipadamente los bonos o títulos de deuda pública” del portafolio del Tesoro Nacional.

Además, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalda el 90% de cada crédito. Eso quiere decir que si la empresa no puede pagar, el FNG cubre casi la totalidad de la deuda, lo que reduce el riesgo para el banco y facilita el acceso al préstamo.

Por qué el Gobierno considera urgente la medida

La memoria justificativa del decreto advierte que en los departamentos afectados hay 530.666 unidades económicas y cerca de 1,95 millones de micronegocios que generan empleo para 2.364.670 personas. Las pymes representan el 99,5% del tejido empresarial colombiano y aportan entre el 35% y el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento también señala que el acceso al crédito formal ya era difícil antes de la emergencia: “la tasa efectiva anual corriente es del 58,55% y la usura alcanza el 87,83% en zonas urbanas”. Con las inundaciones, esa restricción se agravó porque los bancos perciben mayor riesgo y exigen más garantías.

Córdoba concentra más de 120.000 personas afectadas, con el 80% de su territorio inundado y 157.000 hectáreas bajo el agua. Antioquia suma cerca de 27.000 familias damnificadas. Bolívar supera las 9.000 familias con daños en la Depresión Momposina.

Qué pasa si la empresa no cumple

Si el deudor incumple las condiciones del programa, pierde los beneficios de inmediato. El decreto establece que “las condiciones del crédito se modificarán automáticamente a las condiciones de mercado que tenga Bancóldex” y se activará la aceleración del crédito, además de posibles acciones legales.

Si hay mora, no se cobran intereses de plazo, pero sí intereses de mora desde el primer día de retardo.

El proyecto de decreto aún no tiene fecha de publicación en el Diario Oficial, paso necesario para que entre en vigencia y Bancóldex pueda comenzar los desembolsos.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una parte del Decreto 415 de 2026, la norma que obligaba a trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión se centra en el artículo 2 del decreto, uno de los puntos más sensibles de la medida.

Según la providencia, el alto tribunal concluyó que, tras una revisión inicial, hay razones suficientes para frenar ese apartado mientras se estudia el caso de fondo. En el documento se lee que “de la simple confrontación normativa (…) se observa, de manera preliminar, que el acto acusado (…) debe ser suspendido provisionalmente”.

La suspensión no tumba todo el decreto, pero sí bloquea el componente que regulaba el traslado de recursos de afiliados que aún no han consolidado su derecho pensional. Es decir, personas que todavía no cumplen todos los requisitos para pensionarse.

La decisión responde a una demanda presentada por el abogado experto temas laborales y de seguridad social en Medellín, Jesús Hernando Baena Álvarez, en medio de un contexto de críticas y acciones judiciales contra la medida. Como se había conocido, los fondos privados también acudieron al Consejo de Estado para pedir la suspensión del decreto completo.

El tribunal aclaró que esta decisión no es definitiva. Se trata de una medida cautelar, lo que significa que busca evitar efectos mientras se analiza el caso. En ese sentido, el propio documento advierte que “no implica prejuzgamiento”, es decir, no anticipa el fallo final.

Para entender el alcance, hay que recordar qué ordenaba el decreto. La norma reglamentaba la reforma pensional y exigía trasladar los ahorros de quienes se cambiaron del sistema privado al público durante la llamada “ventana de oportunidad”. Ese proceso involucra recursos cercanos a $25 billones.

El artículo ahora suspendido era clave porque establecía cómo debían girarse esos recursos, incluso en casos donde los afiliados aún no estaban pensionados. Con la decisión, ese mecanismo queda congelado temporalmente.

El debate alrededor del decreto ha girado en torno a sus posibles efectos. En un documento técnico presentado por los fondos privados en otra demanda a parte, se advertía que la medida podía generar impactos en cadena sobre el sistema financiero.

Allí se señalaba que “el decreto 0415 genera un doble choque secuencial”. En términos simples, primero obligaría a vender activos dentro de los fondos, y luego podría provocar ventas masivas de títulos de deuda por parte de Colpensiones.

El mismo informe calculaba que esa dinámica podría llevar a una desvalorización de los portafolios entre $25,2 y $30,6 billones. También advertía sobre la posible pérdida de rendimientos futuros por cerca de $3,79 billones y un aumento del pasivo pensional superior a $43 billones.

Desde el Gobierno, la medida había sido defendida como una consecuencia de la reforma pensional. El argumento central es que los recursos deben acompañar al afiliado cuando este decide cambiar de régimen, para garantizar el pago de su pensión.

Con la decisión del Consejo de Estado, el proceso entra en una nueva etapa. Por ahora, el artículo suspendido no podrá aplicarse mientras se resuelve el caso de fondo. Esto introduce incertidumbre sobre la ejecución del traslado de recursos y sobre los tiempos en que podría implementarse.

El tribunal también indicó que, en esta fase, no es necesario analizar otros argumentos de la demanda, los cuales serán estudiados más adelante. Esto deja abierta la puerta a que el análisis completo del decreto incluya más puntos en discusión.

En la práctica, la decisión implica una pausa parcial en la aplicación del decreto. El resto de la norma sigue vigente, pero uno de sus componentes centrales queda en suspenso.

El caso continuará su trámite en el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto y sobre si la medida de traslado de recursos puede aplicarse en su totalidad.

El intercambio se produjo a través de la red social X, donde ambas figuras políticas expusieron sus posturas frente a la política de seguridad y la figura de los gestores de paz impulsada por el actual gobierno.

El pronunciamiento de Pizarro se dio luego de que Valencia compartiera un video en el que explica las medidas que adoptaría en materia de orden público, incluyendo la reactivación de órdenes de captura contra personas vinculadas a estructuras criminales. En ese contexto, Pizarro cuestionó la veracidad de las afirmaciones realizadas por la candidata presidencial, especialmente en lo relacionado con la supuesta liberación de personas privadas de la libertad.

“Difícil coger a la extrema derecha en una verdad. Sus candidatos no tienen otra opción que insultar, tergiversar, calumniar y mentir”, escribió Pizarro en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó: “Es ABSOLUTAMENTE FALSO que personas recluidas en cárceles hayan salido por el Gobierno Nacional. En Colombia ningún gobierno puede otorgar libertades, ni ordenar capturas. La única autoridad competente para ello es la Rama Judicial. Dejen de mentir”.

Presentación del borrador de decreto

Las declaraciones de Pizarro se produjeron en respuesta directa a un mensaje publicado por Valencia, en el que expone lo que denomina el “borrador del primer decreto” que firmaría como presidenta. En su intervención, la candidata se refirió a varias personas señaladas con avisos de “Se busca”, asegurando que estas habrían sido beneficiadas por decisiones del actual gobierno.

Durante su exposición, Valencia afirmó: “Esos que ven ahí con ‘Se busca’ son los que Petro liberó como gestores de paz, que han estado usando su movilidad para avanzar en el territorio, para tener más negocios ilegales, para reclutar más niños, para secuestrar más gente”. Asimismo, anunció medidas específicas en caso de asumir la Presidencia: “Este es el borrador del primer decreto que voy a firmar como presidente de Colombia y comandante en jefe de las fuerzas armadas (...) Ordenamos la reactivación de todas las órdenes de captura. Van para la cárcel”.

En el mismo mensaje, Valencia también hizo referencia a otros actores delictivos: “Y esos que están ahí sin el ‘Se busca’ son los jefes de los costeños, de los Pepes, de la Terraza, que delinquen desde las cárceles. Serán trasladados a cárceles donde no puedan delinquir más”.

Propuesta de ‘Seguridad Total’ y revocatoria de beneficios

Dentro de su planteamiento, Valencia indicó que su gobierno impulsaría una política denominada ‘Seguridad Total’, en contraste con la política de ‘Paz Total’ implementada por el presidente Gustavo Petro.

Según su declaración, esta estrategia incluiría acciones inmediatas contra personas vinculadas a actividades delictivas. “Se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’. Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”, expresó la candidata.

El borrador del documento, identificado como Decreto 0001 de 2026, plantea como primera medida la revocatoria de las designaciones de gestores de paz y de los beneficios judiciales otorgados a integrantes de estructuras armadas ilegales durante el actual gobierno.

El documento también hace referencia a cuestionamientos formulados desde distintos sectores frente a la implementación de la política de ‘Paz Total’, incluyendo críticas provenientes de la opinión pública, víctimas y el Congreso. Además, cita la sentencia C-525 de 2023, que dejó sin efecto la suspensión generalizada de órdenes de captura para personas que no hubieran garantizado su sometimiento a la justicia.

En el articulado se instruye a las autoridades competentes para que, en un plazo máximo de 24 horas, coordinen la reactivación de órdenes de captura y aseguren el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

A pocos días de su emisión, el gobierno panameño derogó el Decreto Ejecutivo No.10 de 16 de abril de 2026 que pretendía reglamentar el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado mediante el uso de plataformas tecnológicas, con tarifas pagadas en efectivo o electrónicamente.

La derogación surge luego de las protestas de distintos sectores de la población, que sostienen que los usuarios del servicio de transporte tienen el derecho a escoger los taxis tradicionales o los servicios que ofrecen las plataformas.

A las críticas se sumó el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien no dudó en señalar que tratar de regular de esa manera las plataformas no era más que un retroceso para la innovación del sector transporte.

En medio del debate, este lunes un grupo de taxistas tradicionales bloqueó los accesos a la Asamblea Nacional para exigir que se mantuviera el decreto ahora derogado, que buscaba regular las operaciones de plataformas como InDriver y Uber, entre otras.

Entre los puntos de mayor conflicto que había provocado la medida estaba la intención de someter a las plataformas digitales a estar afiliadas a una prestataria, que no son más que empresas que administran los certificados de operación, que permiten prestar el servicio de transporte selectivo.

Igualmente, las obligaba a contar con un certificado de operación y a tener una placa autorizada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

La normativa daba un periodo de adecuación de tres meses para que los conductores y plataformas cumplieran con los nuevos requisitos técnicos.

Junto a la derogación del Decreto Ejecutivo No.10 de 16 de abril de 2026 se ordenó la conformación de una mesa de trabajo, que será presidida por representantes de los ministerios de Gobierno, de Economía y Finanzas, de Comercio e Industrias, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y de la Dirección General de Ingresos.

En un plazo no mayor de 90 días esta comisión debe reunirse con las partes involucradas y presentar una propuesta de regulación del servicio de transporte.

Después de la publicación de la anterior medida, el Decreto que la deroga señala que muchos han sido los aportes de diferentes sectores de la sociedad panameña, principalmente de los usuarios de estos servicios de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida por el Órgano Ejecutivo.

Ante esta situación, se manifiesta que escuchando los aportes se hace necesario dejar sin efecto inmediato esa disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios.

La norma cambiaba la base regulatoria del servicio solicitado por medios digitales, imponía nuevas exigencias a conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas, y reabría una discusión de fondo sobre el futuro de un modelo que durante años operó con mayor flexibilidad.

En su comunicado, la empresa InDriver sostuvo en su momento que reconocía los esfuerzos de las autoridades panameñas por avanzar hacia un marco regulatorio del servicio de movilidad, pero subrayaba que la regulación debe ser inclusiva, considerar la realidad de los distintos actores del ecosistema y evitar impactos negativos sobre quienes encuentran en estas plataformas una fuente flexible de ingresos.

La compañía advirtió que el modelo propuesto introduce condiciones que, lejos de ordenar sin costos, podrían restringir la operación y alterar la disponibilidad del servicio.

La jubilación anticipada en el ISSSTE cambió en México tras un decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual establece una reducción gradual en la edad mínima de retiro, especialmente para mujeres trabajadoras del Estado.

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior.

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE en 2026?

De acuerdo con el decreto vigente, la edad mínima de jubilación anticipada en 2026 es:

• 56 años para mujeres
• 58 años para hombres

Este beneficio aplica principalmente para quienes están bajo el régimen del llamado Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que cotizaban antes de la reforma de 2007 y cumplen con los años de servicio requeridos.

Tabla de edades: así bajará la jubilación anticipada

El decreto no fija una sola edad, sino una reducción progresiva que irá disminuyendo en los próximos años hasta 2034:

• 2025 a 2027: 56 años (mujeres) y 58 (hombres)
• 2028 a 2030: 55 años (mujeres) y 57 (hombres)
• 2031 a 2033: 54 años (mujeres) y 56 (hombres)
• 2034 en adelante: 53 años (mujeres) y 55 (hombres)

Esto significa que, con el paso del tiempo, las trabajadoras del Estado podrán retirarse incluso antes de los 55 años, algo que no era posible antes del ajuste.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada?

El beneficio no es universal. Para acceder a la jubilación anticipada del ISSSTE se deben cumplir requisitos clave:

• Pertenecer al régimen Décimo Transitorio
• Tener al menos 28 años de servicio (mujeres) o 30 años (hombres)
• No haber optado por bonos de pensión o cuentas individuales

Quienes están en el esquema de cuentas individuales (AFORE) mantienen reglas distintas y, en general, deben esperar hasta los 60 años para pensionarse.

¿Qué cambia con este decreto?

El cambio principal es que se detuvo el aumento progresivo de la edad de retiro y, en su lugar, se implementó una disminución gradual.

Además, el decreto introduce un enfoque con perspectiva de género, ya que permite que las mujeres se jubilen antes que los hombres, reconociendo desigualdades laborales históricas.

Jubilación anticipada ISSSTE: clave para entender el beneficio

En resumen, la edad de jubilación anticipada del ISSSTE:

• En 2026 inicia en 56 años para mujeres
• Bajará progresivamente hasta 53 años en 2034
• Aplica solo para ciertos trabajadores con años de servicio suficientes

Este decreto marca uno de los cambios más relevantes en el sistema de pensiones del sector público en México, al flexibilizar el retiro para miles de trabajadores.

El Gobierno formalizó la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación a través del decreto 251/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Según precisaron, el nombramiento de Mahiques tiene carácter “ad honorem”, por lo que no percibirá retribución económica por este cargo. Por esto mismo, remarcaron que el puesto asignado a Esteban Mahiques no generará erogaciones adicionales para el Estado nacional.

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de Juan Bautista Mahiques, establece que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir a partir del 6 de marzo de 2026. El decreto fija esa fecha de inicio para regularizar la situación de hecho, ya que Mahiques habría asumido efectivamente sus tareas desde comienzos de marzo.

El nombramiento aparece en un contexto de reestructuración y recambio en áreas clave del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia y su hermano, ahora jefe de Gabinete de la cartera, pertenecen a una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Un indicio del acercamiento entre los Mahiques y el entorno presidencial fue la decisión de Javier Milei de enviar el pliego de Carlos Mahiques al Senado para su renovación antes de que cumpla 75 años en noviembre. De hecho, la Cámara alta debatirá hoy el tema.

Ignacio Mahiques, otro hermano, también ejerce como fiscal porteño. Fue adjunto en la causa Vialidad y sonó como posible candidato para el juzgado federal de Mercedes.

Antes de llegar a la unidad de asesores, Esteban Mahiques se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Ayer, el Ministerio de Justicia desginó a otro funcionario clave. Se trata de Leonardo Szuchet como nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Su nombramiento llegó semanas después de que aceptaran la renuncia de Joaquín Mogaburu.

Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.

Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.

Szuchet cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Redesignaciones en la Secretaría de Obras Públicas

En simultáneo, el Ejecutivo avanzó con otros cambios dentro del Gabinete. Mediante el Decreto 250/2026, introdujeron modificaciones en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

De esta manera, el Gobierno aceptó la renuncia de Bernardo Bartolomé Heredia como subsecretario de Recursos Hídricos y oficializó su designación ‘ad honorem’ al frente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

En la misma disposición, se limitó la designación de Luis Enrique Giovine como Secretario de Obras Públicas a partir de la fecha mencionada. De esta manera, se le agredeció por los servicios prestados en el desempeño de sus cargos, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente Javier Milei. Por orden de la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección Nacional del Registro Oficial, la norma instruyó a comunicar, publicar y archivar la medida.

A partir del 1 de abril de 2026, el doctor Leonardo Fabián Szuchet fue designado como Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El Decreto N° 249/2026 formaliza una decisión tomada previamente, por ende, la medida solo se vuelve oficial y legalmente válida a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Arentina.

La oficialización de Szuchet en el cargo responde a una decisión adoptada bajo el marco del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, según surge del documento firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques.

La publicación en el Boletín Oficial instruyó la debida comunicación y registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedando así formalizada la designación en la estructura del Ministerio. Mahiques realizó varios cambios con respecto a la reestructuración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, marcada por el reemplazo de altos funcionarios en áreas estratégicas.

Esta nueva etapa administrativa busca consolidar equipos de confianza tras su reciente asunción, en un escenario especialmente sensible para la política argentina, conmemorándose recientemente el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. Según informó previamente Infobae, estos enroques no alterarán la postura oficial del Gobierno respecto a la política de derechos humanos.

Mogaburu había asumido el cargo debido a su cercanía con Sebastián Amerio, quien fue el número dos de la gestión conducida por Mariano Cúneo Libarona. Con este movimiento, el nuevo titular busca reforzar la impronta de su gestión.

Quién es el nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

Uno de los relevos más inmediatos fue la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupaba el puesto de Leonardo Szuchet. El actual Subsecretario de Derechos Humanos es abogado penalista y actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con experiencia previa en el área, ya que fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y dirigió la atención a víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino en casos de alto impacto.

Además, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la gestión de casos de gran repercusión pública, como la tragedia de Once. Szuchet mantiene un perfil ligado a la gestión de políticas de derechos humanos con perspectiva orientada hacia el concepto de “memoria completa”, línea promovida por la actual administración nacional. Su designación responde a la confianza del ministro Juan Bautista Mahiques, con quien compartió equipos de trabajo en la gestión de Cambiemos.

Cambios en el Ministerio de Justicia

En este marco, el decreto publicado por el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada también acepta la renuncia presentada por Juan Cruz Montero por el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y el de Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados. Además, agradecieron al magister por “sus servicios prestados en dichos cargos”.

En paralelo, el Ministerio definió un nuevo titular para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tras la salida de Tristán Arturo Corradini, ocurrida el 6 de marzo de 2026. Según el decreto 195/2026, Corradini fue reconocido por su gestión y reemplazado por Jimena Belén Capece, politóloga que asume la responsabilidad de coordinar el diseño y ejecución de políticas públicas federales en esta área clave.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia es responsable de la planificación e implementación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria, todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones se destaca la tarea de diseñar y aplicar políticas destinadas a garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos en todo el territorio nacional.

El Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración y el retiro de las medidas cautelares que habían suspendido la aplicación del Decreto 1469 de 2025, acto administrativo que fijó el salario mínimo para el año 2026.

La decisión ratifica la vigencia de la medida de suspensión, aclarando que la petición del demandante Oscar Enrique Solaéz de la Hoz no influyó en la adopción de la misma.

El fallo, fechado el 13 de abril de 2026 y firmado por el consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, también dispuso que, una vez en firme la providencia, el expediente de medidas cautelares sea remitido al despacho que debe continuar con el análisis de los recursos de súplica presentados.

La controversia principal se originó en la suspensión provisional de los efectos del decreto que estableció el salario mínimo para el año siguiente, una medida tomada tras resolver múltiples demandas acumuladas con identificadores distintos.

En la solicitud resuelta, Solaéz de la Hoz argumentó que retiraba cualquier interpretación de su demanda que pudiera usarse como habilitación para la expedición de un nuevo decreto salarial en esta etapa cautelar.

El despacho precisó que “la decisión cuestionada no obedeció a la solicitud de medidas cautelares formulada por este demandante, sino a las cautelas requeridas por cinco de las demás demandas acumuladas al presente expediente”, según consta en la providencia.

El tribunal consideró que la petición presentada por Solaéz de la Hoz carecía de objeto y rechazó su estudio de fondo. Al respecto, el fallo indica: “No existe manifestación suya en ese sentido susceptible de retiro”, en relación con la intención de fijación transitoria del salario mínimo, según lo consignado en el auto judicial.

La decisión adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado detalla que no hay “expresiones oscuras o dudosas que deban ser precisadas, sino materias que fueron plenamente examinadas y resueltas en la providencia objeto de cuestionamiento”. El tribunal negó la reposición, rechazó la aclaración y el retiro de medidas, dejando en firme el auto dictado el 12 de febrero de 2026.

“Será remitido el cuaderno de medidas cautelares al despacho que sigue en turno para decidir los recursos de súplica interpuestos contra el auto del 12 de febrero de 2026”, indicó el consejero Morales Trujillo. El pronunciamiento fue autenticado digitalmente en la plataforma institucional, garantizando su conformidad y conservación.

El cumplimiento estricto de la providencia y la ratificación de la decisión inicial en materia de salario mínimo mantienen bloqueada la entrada en vigencia del decreto mientras el proceso judicial siga su curso, involucrando a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Roy Barreras rechazó falló del Consejo de Estado

La reciente decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión del decreto del salario mínimo fue criticada duramente por Roy Barreras, que sostuvo que la medida “es un fallo en derecho, pero en política es una torpeza”. Barreras consideró que la resolución judicial tiene impacto directo en el panorama político, al afirmar: “Parece que estuvieran haciéndole campaña al presidente. Va a subir varios puntos, porque tiene un efecto político”.

En su análisis, Barreras aseguró que “el salario mínimo se mantiene, pero manda un mensaje negativo contra el justo salario mínimo y, por supuesto, implica exacerbar la oposición, darle más argumentos, eh, generar una división entre ricos y pobres, exacerbar la lucha de clases, porque por supuesto, el país se divide entre quien defiende el salario mínimo de los más justos y el Consejo de Estado, que quiere hundirlo”. La inquietud central, para él, radica en las consecuencias sociales de la decisión.

El político señaló además que “es un fallo inútil la decisión de hoy”, advirtiendo que quienes reciben el salario mínimo “no van a afectarse para nada, porque ya hubo otro decreto”. Barreras profundizó en la función del Estado de derecho y los jueces: “no olvidemos que el Estado de derecho y los jueces nos los inventamos para resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, no para exacerbarlos”.

Al abordar las implicaciones para el debate público, Barreras subrayó: “Hay un gran debate en la filosofía del derecho sobre el efecto político de los fallos, si debe o no contemplarse”. Además, argumentó que “mandar un mensaje de hundir el salario mínimo es un error político y, por supuesto, tiene efectos sobre las campañas. No se dan cuenta, pero hay quienes están haciendo la campaña”.

Ministro de Trabajo señaló que el aumento del salario mínimo no destruyó el empleo

El ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, defendió el balance laboral de la gestión de Gustavo Petro al destacar que el país alcanzó tres años consecutivos de aumento real en el ingreso de los trabajadores y en el salario vital. El funcionario remarcó que, pese a los temores iniciales, el mercado laboral mostró señales de reorganización y avance.

Durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026, el empleo formal en Colombia creció en 189.000 personas, lo que representó un alza del 2,5%. Al mismo tiempo, el trabajo informal se redujo en 171.000 puestos, una baja del 6%. Según el ministro, esta tendencia refleja una mejora concreta en la calidad de los empleos y un giro hacia la formalización.

El aumento del salario mínimo y del salario vital no provocó una crisis laboral, como anticiparon sectores opositores. Por el contrario, las cifras revelan un proceso de fortalecimiento del aparato productivo. Sanguino enfatizó que la evidencia desmonta la narrativa pesimista: “¡Los datos desmontan el catastrofismo de la derecha opositora! Miren las cifras del Observatorio Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado: aumentar el salario no destruye empleo, lo dignifica y dinamiza la economía”, expresó.

Durante el último año, el empleo formal avanzó especialmente en las microempresas, que lideraron el crecimiento con un 10,9% de incremento, seguidas por las pequeñas empresas, que alcanzaron un 3,2%. Sanguino remarcó: “Las empresas no se están quebrando, están contratando”.

La reorganización también se evidenció en sectores clave como el comercio. Allí, la disminución de 140.000 empleos informales fue prácticamente igualada por la creación de 139.000 empleos formales, consolidando la transición hacia una mayor formalidad.

Colombia logró reducir la informalidad laboral y estimular el empleo digno, a pesar de las advertencias de la oposición sobre supuestos riesgos de inestabilidad. Para los trabajadores y empleadores, la política salarial reciente significó un entorno más favorable, con mejores condiciones y mayor cobertura de derechos.

Sin embargo, el ministro reconoció que subsisten desafíos estructurales significativos. Actualmente, más del 55% del empleo en Colombia sigue siendo informal. Sanguino calificó esta situación como “un reto de fondo para el aparato productivo nacional”, señalando que la tarea de reducir la informalidad continúa siendo prioritaria.

Al resumir el impacto de las medidas del gobierno, Sanguino reiteró: “Mejorar el salario no destruye el empleo, lo dignifica y mueve la economía”. De acuerdo con la información del Observatorio Laboral, el país habría dado un paso relevante hacia la formalización y el bienestar de sus trabajadores, aunque el desafío de la informalidad permanece vigente.

Tal como había sido anunciado, el Gobierno publicó hoy en Boletín Oficial el decreto 219/2026 con el que otorga un anticipo a doce provincias en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones “a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso”. La medida había sido anticipada la semana pasada, cuando se habló del tratamiento de Ley de Glaciares que se espera para el próximo miercoles.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, que busca demostrar una postura concesiva y reforzar la relación con los gobernadores -incluso con la modificación de la mencionada ley-. Las provincias que recibirán este anticipo financiero son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán; algunas de ellas alineadas con el oficialismo mientras que otras solo mantienen un diálogo frecuente.

Asimismo, el artículo primero señala que “el monto a otorgar a cada provincia lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

El mecanismo elegido prevé que los anticipos sean devueltos dentro del mismo Ejercicio Fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre los fondos que cada estado provincial reciba en concepto de coparticipación federal de impuestos. Será la secretaría la encargada de “disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas”.

Las provincias beneficiarias deberán autorizar al organismo bajo la órbita de Economía, a retener automáticamente los fondos emergentes del régimen, hasta cubrir el total del anticipo más los intereses correspondientes. La normativa prevé la posibilidad de que las autoridades de Hacienda acuerden con cada jurisdicción las condiciones de desembolso, los plazos y las modalidades de devolución de los fondos "pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos".

En otro orden el documento subraya que a fin de dar cumplimiento a la reciente medida, los Gobiernos de las provincias deberán “afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses".

Dentro del Gobierno, se señala que las negociaciones para alcanzar estos acuerdos contaron con la intervención del ministro del Interior, Diego Santilli, en el plano político, y del ministro de Economía, Luis Caputo, en lo referido al control de las cuentas públicas. “Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirmó a Infobae una fuente cercana al Gobierno.

La implementación de este mecanismo de anticipos surge como respuesta a ocho meses seguidos de caída en la recaudación y apunta a mitigar la crisis fiscal que afecta a las provincias. Desde los gobiernos provinciales advierten que la recaudación total del primer trimestre muestra una disminución de un billón de pesos respecto al mismo período del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El anticipo de fondos de coparticipación representa una de las opciones con las que contaba el Gobierno para dar alivio financiero a algunos gobernadores.

La normativa también modificó el decreto 922/25, que había autorizado un anticipo financiero a la provincia de Entre Ríos, para ajustar la tasa de interés aplicable y equiparar las condiciones con las de las nuevas jurisdicciones incluidas en la medida.

El dirigente gremial Juan Fiallos sostuvo que la tarifa actual de USD 1,24 por kilómetro, vigente desde 2015, no compensa los elevados costos operativos, agravados por la reciente alza en los precios del diésel, gasolina y queroseno, situación que coloca a la economía hondureña ante un posible colapso logístico y un efecto dominó en los precios de bienes y servicios.

El último ajuste anunciado por las autoridades confirma una presión inédita para el sector: el diésel, combustible clave en el transporte de carga, sube a partir del lunes 10 lempiras por galón, alcanzando un precio de 128,42 lempiras, mientras que el queroseno experimentó el mayor incremento, con 13,31 lempiras adicionales, llegando a 138,98 lempiras por galón. Estas cifras reflejan el impacto inmediato sobre las empresas de transporte y perfilan una cadena de aumentos en todos los sectores productivos.

Fiallos, enfatizó que los transportistas operan “en números rojos” y que, de no concretarse un aumento a más de dos dólares por kilómetro recorrido, la paralización nacional será inminente. “Si no hay un ajuste a la tarifa de flete, la situación se vuelve insostenible para nosotros. Operamos en números rojos y no podemos continuar de esta manera”, recalco.

El anuncio de aumentos sustanciales en todos los carburantes afecta de manera transversal al país: la gasolina súper subió 6,59 lempiras por galón y se vende en 134,07 lempiras, mientras la regular aumentó 6,02 lempiras para situarse en 118,09 lempiras. El impacto inmediato recae sobre los márgenes de rentabilidad del transporte y, en consecuencia, sobre los precios al consumidor final en alimentos, insumos y productos industriales

En respuesta a la crisis, Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, aseguró que presentará en el Congreso Nacional un proyecto de decreto para reducir temporalmente el impuesto a los combustibles.

“Esta semana estaré presentando el proyecto de decreto para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño”, declaró Mejía.

Esta iniciativa, vinculada con el conflicto bélico en el Medio Oriente y la volatilidad de los mercados internacionales, busca amortiguar el aumento de precios y beneficiar a las familias y sectores productivos.

El proyecto legislativo de Mejía se propone aliviar la carga tributaria mientras se estabilizan los precios internacionales del petróleo y se preserva la continuidad de servicios esenciales, como el transporte de mercancías. La viabilidad fiscal de la medida y el apoyo de las bancadas parlamentarias serán determinantes para su aprobación, en medio de la presión social y gremial.

Por su parte, la vicepresidenta de Honduras María Antonieta Mejía, informó en la red social X que están en marcha diversas estrategias para proteger el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad del transporte y de los productos de primera necesidad.

Entre estas acciones destaca la absorción de 50% del impacto del alza de los combustibles, la vigilancia para evitar abusos y la promoción de modalidades virtuales en educación y en el teletrabajo estatal para reducir la movilidad y el gasto energético.

“Mientras algunos simplifican la situación, nosotros actuamos. No podemos controlar los precios internacionales, pero sí protegemos a nuestra gente. Nuestra prioridad es clara: que este impacto no recaiga únicamente sobre las familias hondureñas”, posteo Mejia.

La amenaza del paro nacional por parte de los transportistas de carga acentúa el riesgo de desabastecimiento y la interrupción en la distribución de alimentos, insumos y productos industriales, factores críticos para la economía hondureña.

Juan Fiallos insistió en que un acuerdo debe concretarse con el Gobierno antes del miércoles para evitar la paralización: el diálogo aparece como única vía para evitar un colapso logístico de consecuencias impredecibles.

El Gobierno nacional oficializó el regreso de Cielo Rusinque a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante el decreto 0361 del 4 de abril de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro. La decisión se produce luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento anterior tras un proceso judicial que se extendió por más de dos años.

El decreto establece el “nombramiento con carácter ordinario” de Rusinque Urrego en el empleo de Superintendente. El documento precisa que la funcionaria queda vinculada nuevamente a la dirección de la SIC tras haber salido del cargo el 26 de marzo de 2026, cuando el Gobierno aceptó su renuncia en cumplimiento del fallo judicial.

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En el mismo acto administrativo, el Ejecutivo dispuso la terminación del encargo que había sido asignado a otro funcionario. Señala que “a partir de la fecha del presente decreto” se da por terminado el encargo efectuado que había designado a Diego Andrés Solano Osorio como superintendente encargado.

El documento establece que la norma rige a partir de la fecha de su expedición.Este está fechado el 1 de abril de 2026 y fue publicado oficialmente el 4 de abril.

La nueva designación ocurre en medio de la controversia jurídica y política, pues la decisión del Consejo de Estado que anuló el nombramiento anterior de Rusinque concluyó que la funcionaria no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

En particular, el alto tribunal determinó que no acreditaba los 10 años de experiencia en áreas específicas como protección al consumidor, libre competencia o propiedad intelectual, requeridos por la normativa vigente.

El fallo también cuestionó la afinidad de su formación académica con las funciones de la entidad. Según la decisión judicial, su maestría en estudios políticos no se ajustaba a los criterios exigidos para dirigir la Superintendencia. Este punto fue uno de los ejes del proceso que culminó con la nulidad del nombramiento.

Previo a la decisión definitiva del tribunal, el Gobierno había expedido un decreto el 5 de marzo de 2026 mediante el cual modificó los requisitos para ocupar la dirección de la SIC. Ese cambio normativo generó cuestionamientos desde distintos sectores, al considerar que podía incidir en la continuidad de Rusinque en el cargo. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado se produjo con posterioridad a esa modificación.

Tras la anulación, el Ejecutivo procedió a aceptar la renuncia de la funcionaria y a designar un encargo temporal mientras se definía la situación administrativa de la entidad. Con el decreto 0361 de 2026, el Gobierno opta por formalizar nuevamente su nombramiento en propiedad.

El presidente Petro ha defendido públicamente la trayectoria académica y profesional de Rusinque. En declaraciones previas, cuestionó los argumentos del Consejo de Estado sobre la idoneidad de su formación y sostuvo que el fallo afectaba el reconocimiento de títulos académicos. También ha respaldado las actuaciones de la SIC durante su gestión, en particular en materia de investigaciones a empresas.

Por su parte, Rusinque ha señalado que la decisión judicial tuvo implicaciones más allá del ámbito jurídico. En distintas intervenciones, ha indicado que las instituciones judiciales no deberían ser utilizadas con fines políticos, en referencia al proceso que derivó en la anulación de su nombramiento.

El proceso que derivó en la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque tuvo origen en una demanda de nulidad electoral presentada por el estudiante de derecho Samuel Alejandro Ortiz, que cuestionó desde el inicio el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo.

El litigio se extendió por más de dos años en la jurisdicción contencioso administrativa y culminó con una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que dejó sin efectos su designación inicial. Este tipo de acciones judiciales están contempladas en la legislación colombiana para controvertir nombramientos en altos cargos del Estado cuando se considera que no se ajustan a las condiciones establecidas por la ley.

Con la expedición del decreto 0361 de 2026, el Gobierno restablece a Rusinque en la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio, en medio de un escenario que continúa marcado por cuestionamientos sobre los requisitos del cargo y el alcance de las decisiones judiciales en la administración pública.

El Gobierno colombiano, que lidera el presidente Gustavo Petro, materializó el 25 de marzo de 2026 el incremento salarial para más de 1,3 millones de empleados públicos del orden nacional, oficializando un aumento del 7% que aplicará de manera retroactiva desde el primero de enero del mismo año.

Esta decisión, adoptada a través de un paquete normativo de 22 decretos, responde a la política de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y a la necesidad de cumplir con los acuerdos alcanzados en los espacios de concertación entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

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Parte relevante de los nuevos decretos, en particular el Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026, precisa que el alza del 7% para la alta gerencia —donde se incluyen los ministros del Despacho y directores de Departamento Administrativo— fue definida con base en una composición técnica específica: 5,1% corresponde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y 1,9% es producto de la negociación colectiva estatal.

En efecto, los ministros tendrán un salario de $30.700.000. De los cuales, $8,4 millones son de asignación básica, $14,9 de gastos de representación y $7,3 de prima de dirección.

Mientras que los viceministros y negociadores internacionales tendrán un pago de $17.060.000; los expertos de comisión reguladora de $23,3 millones; el director de la agencia de hidrocarburos tendrá un sueldo de $34,2 millones y el subdirector tendrá un pago de $29,7 millones; el superintendente financiero deberá recibir un pago de $19,8 millones; y el director de la UGPP recibirá un sueldo de $39,4 millones.

De acuerdo con el documento, estos dos componentes buscan reflejar tanto la actualización inflacionaria como los compromisos asumidos en la Mesa de Negociación del Sector Público.

El impacto de esta medida trasciende a la alta dirección pública y se extiende a la totalidad de la planta estatal colombiana. Los beneficiados incluyen no solo ministros, sino docentes del magisterio, personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, así como el funcionariado administrativo de entidades descentralizadas. La extensión del ajuste a este conjunto asegura la uniformidad en la mejora de ingresos de los empleados públicos para el año fiscal en curso.

El ajuste ocurre en paralelo a una política de aumento significativo del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que para 2026 fue fijado en $2.000.000, incluyendo auxilio de transporte. De acuerdo con el decreto, este incremento del 23% respecto al año anterior se enmarca en el objetivo gubernamental de reducir las brechas salariales, aunque la remuneración estatal responde a acuerdos específicos de negociación colectiva, no al mismo índice de incremento.

El Ministerio de Hacienda afirmó que los recursos requeridos para cubrir el nuevo salario fueron previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, lo que permitirá que el ajuste tenga carácter retroactivo. Las entidades públicas deberán cancelar los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y la fracción de marzo en las próximas nóminas, garantizando la plena vigencia de la actualización desde el inicio del ciclo fiscal.

El Decreto 0297 de 2026 mantiene la estructura de remuneraciones histórica para los ministros: se compone de la asignación básica y gastos de representación, con el acceso a este beneficio regulado como cargo de libre nombramiento y remoción, según lo estipulado en la normativa.

Con la firma de estos decretos, el Gobierno no solo cierra el proceso anual de actualización salarial en la función pública, sino que asegura la estabilidad institucional y la observancia de los marcos regulatorios que rigen el empleo estatal en Colombia.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, aseguró que el tiempo asignado a Junts y al Partido Popular para replantear su postura sobre la prórroga de los contratos de alquiler permite abrir nuevas posibilidades de acuerdo antes de la votación parlamentaria. Según detalló Europa Press, Vidal instó tanto a inquilinos como a propietarios a comunicar cualquier intención de acogerse a la prórroga, subrayando que los arrendatarios deben actuar con celeridad en caso de que la medida no reciba el respaldo suficiente en el Congreso. La diputada sostuvo que no existen motivos para esperar controversias legales graves, aunque expresó su deseo de evitar situaciones judiciales que, según relató, ya se han producido anteriormente en los tribunales.

Durante una entrevista recogida por Europa Press, Vidal detectó un cambio en el discurso de Junts respecto al decreto de medidas extraordinarias, entre las que figura la moratoria de alquileres. La diputada valoró especialmente que esta semana se aprobara el texto que incorpora el denominado escudo social y otras disposiciones contra los efectos de la guerra en Oriente Medio. Defendió que la presión social contribuyó a que Junts matice su postura y estimó que la misma dinámica podría influir en las futuras negociaciones sobre vivienda, reforzando la posibilidad de alcanzar consensos.

Europa Press reportó que Vidal resaltó cómo Junts per Catalunya muestra una actitud menos cerrada que en etapas previas, dejando atrás la negativa a negociar y abriéndose a debatir y pactar con el resto de formaciones. En ese sentido, la portavoz insistió en la importancia de que los grupos parlamentarios respondan a las demandas tanto de la ciudadanía como del tejido empresarial e inmobiliario, y cifró en tres semanas el periodo en el que Junts y el PP pueden reconsiderar su rechazo. Añadió que, a su juicio, el rechazo actual se apoya en argumentos que consideró falsos, refiriéndose a que la moratoria perjudicaría a pequeños propietarios de dos, tres o cuatro pisos, situación que desmintió rotundamente.

Dentro del ámbito legal, la portavoz pidió confiar en la ausencia de litigiosidad relevante si se aplica la moratoria, aunque reconoció que las decisiones tribunales han ocasionado inquietudes. Solicitó a Junts y PP evitar exponer a inquilinos a complicaciones judiciales innecesarias en el contexto del decreto.

Respecto al debate en el seno del Consejo de Ministros sobre la aprobación de la prórroga automática, Vidal declaró a Europa Press que considera legítimo que ministros decidan ausentarse de la reunión si sienten que están defendiendo los intereses de sus votantes. Expresó certeza en el respaldo ciudadano hacia las medidas propuestas y criticó la idea de que un decreto calificado como escudo social pueda limitarse a medidas menores como rebajar impuestos, defendiendo que es necesario intervenir en el mercado del alquiler para que decida sobre las subidas salariales y de pensiones tengan un impacto real en la vida social.

La portavoz dirigió críticas tanto al PP como a Vox y Junts por haber rechazado en ocasiones anteriores propuestas del Gobierno ligadas a la protección social. Sobre el reciente apoyo condicional del PP a otro decreto anticrisis, Vidal negó que estas sean iniciativas originadas por los populares y recordó que, según Europa Press, si realmente considerasen positivas estas medidas, su voto habría sido favorable en la sesión parlamentaria.

De acuerdo con Europa Press, Vidal indicó que el Consejo de Ministros vivió tensiones en torno a la prórroga de los alquileres, aunque insistió en que la prioridad debe seguir siendo la protección ciudadana. Además, abordó las acusaciones del PP sobre la autoría de las medidas, rechazando cualquier apropiación por parte de la oposición y recordando las ocasiones en que estas fuerzas bloquearon el avance de las políticas gubernamentales.

Consultada sobre el futuro de la legislatura y la posibilidad de presentar o no los Presupuestos Generales del Estado, Vidal consideró que la situación en el Congreso dificulta la aprobación, si bien abogó por tramitar las cuentas públicas como ejercicio de transparencia. Señaló que la responsabilidad última del bloqueo recae en aquellas formaciones que puedan impedir la aprobación de estas políticas, y reafirmó la intención del Gobierno de agotar la legislatura, defendiendo que, pese a la complejidad, corresponde al Ejecutivo mantenerse hasta el final del mandato.

Finalmente, la portavoz afirmó ante Europa Press que la defensa de los intereses sociales y de los derechos de los ciudadanos orienta su hoja de ruta, y reiteró la apuesta de Sumar por el diálogo abierto y la búsqueda de acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Vidal insistió en que el clima parlamentario requiere escucha activa y responsabilidad política para sacar adelante medidas consideradas beneficiosas para el conjunto de la sociedad.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso restricciones de concurrencia administrativa vinculadas a episodios de violencia en la Plaza del Congreso. Durante una protesta por la reforma laboral se registraron incidentes que derivaron en ataques a efectivos policiales, bienes públicos y privados, así como en la obstrucción del tránsito. La medida fue publica el 25 de marzo en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.

El operativo policial, ejecutado ese día en la Plaza del Congreso, permitió la detención de los agresores luego de que arrojaran proyectiles, objetos punzocortantes y bombas molotov contra fuerzas de seguridad y particulares, conforme detalló la Policía Federal Argentina. Entre las conductas registradas se incluyen ataques a agentes, daños contra vehículos oficiales y obstaculización de la circulación, con consecuencia de lesiones de diversa consideración sobre el personal policial.

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó la resolución a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.

En el Boletín Oficial, se detalla que el 12 de marzo de 2025, se realizó una modificación a la Resolución N° 354-E/2017 para ampliar el alcance normativo. La norma endurece las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.

La decisión, que rige por plazo indeterminado desde su publicación, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo. La resolución resalta que este protocolo de exclusión representa un recurso preventivo para garantizar que quienes tengan antecedentes de violencia en eventos no participen en futuros.

Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional busca consolidar una estrategia integral de prevención frente a episodios de violencia en entornos deportivos y movilizaciones públicas, otorgando a las autoridades herramientas para neutralizar la presencia de individuos que puedan alterar el desarrollo seguro de estos eventos y, eventualmente, habilitando la actuación complementaria de la justicia penal.

Prohibieron la entrada a eventos deportivos a un hincha de Mendoza

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de acceso a todos los eventos deportivos organizados en Argentina durante los próximos veinticuatro meses para Flavio Fernando Sosa, luego de que protagonizara un episodio de violencia en el estadio del Club Atlético Argentino de Mendoza el 5 de enero de 2026. La medida, dictada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada el 25 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El organismo nacional adoptó esta decisión tras recibir el 10 de marzo una solicitud formal de la Dirección de Planeamiento Operativo del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que informó mediante la nota N° 56/2026 sobre la participación de Sosa en disturbios durante el encuentro correspondiente al Torneo Regional Amateur, donde el equipo local enfrentó a la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). Según la documentación, Sosa fue detenido tras sustraer el cubre cabeza a un efectivo policial y causar disturbios junto a otros individuos, para luego ser trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La sanción impuesta consiste en una “restricción de concurrencia administrativa” en virtud de lo dispuesto en la Resolución MS N° 354/17 y el Decreto N° 246/17, que facultan al Ministerio de Seguridad Nacional a restringir el acceso a espectáculos futbolísticos a personas consideradas potencialmente peligrosas para la seguridad pública.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dejó sin efecto el decreto que permitía la importación de grano de soya con arancel cero, en medio de protestas del sector productivo y la amenaza de intensificar las medidas de presión. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5591, que anula la normativa aprobada en febrero de este año.

La disposición eliminada —el Decreto Supremo 5547— establecía la reducción del gravamen a cero para la importación del grano hasta finales de 2026. Según señalaba la norma, la intención del Gobierno era “fortalecer la producción de subproductos de soya” .

Sin embargo, la medida generó rechazo entre productores, que denunciaban un impacto negativo en la producción nacional y advertían que podía provocar una “competencia desleal”. Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el decreto era también innecesario porque la producción nacional supera la demanda en más del 80%.

El conflicto se intensificó en los últimos días con movilizaciones y bloqueos, especialmente en la carretera entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, donde los productores exigían la anulación de la norma y amenazaban incluso con tomar pozos petroleros. El sector sostenía que la importación sin aranceles perjudicaba los precios internos y ponía en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que la decisión de abrogación responde a acuerdos alcanzados con los sectores involucrados. “La abrogación ha sido producto de un compromiso al que se ha llegado entre productores, la industria y el Gobierno”, afirmó, citado por medios locales.

Con la nueva disposición, el país retorna al esquema arancelario previo, que contempla tasas diferenciadas según el tipo de producto importado.

Se trata de la segunda vez que la administración de Paz da marcha atrás con un decreto en medio de presión social en lo que va de su gestión. En enero, el presidente abrogó el polémico decreto 5503 con el que se establecían ajustes económicos y mediante el cual se levantó el subsidio a los combustibles.

Esa norma incluía más de cien artículos con los cuales se disponía, por ejemplo, el aumento del salario mínimo y de algunos bonos sociales. Sin embargo, también fijaba modificaciones al procedimiento para establecer contratos estatales sobre recursos estratégicos a través de un mecanismo “fast track”, que algunos sectores rechazaron porque consideraban que abriría la puerta a la privatización de recursos y empresas estatales.

Bajo el lema “Bolivia no se vende”, los sindicatos obreros que encabezaron las protestas exigieron la abrogación de la norma promulgada el 17 de diciembre: pedían, por un lado, establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales, y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa los demás artículos del decreto para que sean debatidos en el marco de una ley.

Luego de tres semanas de protestas, los ministros de Gobierno, Presidencia y Economía anunciaron la abrogación de la norma. “Hay que anular lo que no quieren y transferir lo que están aceptando a otro decreto”, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tras una reunión con dirigentes sindicales.

Estas decisiones, dos decretos propios abrogados en cuatro meses de gestión, exponen la capacidad de presión de algunas organizaciones sobre el Gobierno y ponen sobre la mesa el debate acerca de la estabilidad de las políticas económicas que encara la administración de Paz.

El respaldo de Podemos al nuevo decreto de vivienda impulsado por el Ejecutivo se vincula a los recientes acuerdos tomados durante el Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprobaron dos normas diferenciadas: una centrada en medidas habitacionales y otra orientada a la aplicación de rebajas fiscales, esto último motivado ante la falta de consenso entre los socios de gobierno, tal como ha expuesto el coportavoz Pablo Fernández durante una comparecencia en Madrid. Según reportó el medio original, la formación política ha comunicado que dará su voto favorable al decreto de vivienda, aunque mantiene en suspenso su postura sobre el texto fiscal, al que califica como “ineficaz” y “insuficiente” para amortiguar el alza de precios y asegurar una protección real para los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la información publicada, Fernández expresó que el real decreto ley sobre medidas fiscales se diseñó principalmente para atraer el apoyo de la derecha y criticó que rebajar impuestos sin establecer límites sobre los precios permitirá que grandes empresas obtengan beneficios extraordinarios a costa de los consumidores. El dirigente insistió en que la única respuesta estructural sería fijar topes legales a los precios, en lugar de reducir tributos que en su opinión benefician a las grandes compañías, especialmente aquellas cotizadas en el Ibex 35. “Entre topes de precios para proteger el bolsillo de la gente o rebajar los impuestos para proteger la cuenta de resultados de las empresas del Ibex 35, el Gobierno ha optado por el Ibex 35”, afirmó Fernández, según consignó el citado medio.

Sobre las medidas contempladas en el real decreto ley fiscal aprobado, se destacan la rebaja del 10% en el tributo de combustibles, la reducción de ciertos impuestos a la electricidad y la ampliación del bono social eléctrico. Además, el texto incluye un sistema de vigilancia para controlar la evolución de los márgenes empresariales en el sector energético, encomendando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el seguimiento y posible intervención si se detectan beneficios injustificados. También se prevé que el Consejo de Ministros pueda imponer límites a esos márgenes a fin de contener incrementos excesivos en los precios del suministro de combustible, medidas que fueron impulsadas por la formación Sumar y que, según fuentes citadas, se incorporaron a las demandas planteadas por este socio de gobierno. El decreto recoge además la inclusión de prohibiciones para algunos suministros energéticos.

Sobre estos puntos, Fernández subrayó que ni el anunciado control de ganancias empresariales constituye una medida progresista ni garantiza que las grandes corporaciones dejen de obtener beneficios extraordinarios en el contexto actual. Sostuvo que el conflicto bélico y sus consecuencias no deben transferirse a los consumidores, sino recaer en empresas como Repsol y en el resto del gran empresariado que, a su entender, buscan beneficiarse de la coyuntura.

En cuanto al decreto de vivienda, que recoge las propuestas lideradas por Sumar, incluye entre sus acciones la prórroga automática por dos años de los 600.000 contratos de alquiler que expiran durante este ejercicio. Según detalló el medio, Pablo Fernández sostuvo que Podemos respaldará este paquete normativo por considerar que recoge medidas que podrían resultar favorables, aunque advirtió del riesgo de que el impacto se vea diluido al haberse optado por separar las acciones habitacionales en un decreto independiente. El coportavoz atribuyó esta decisión a la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes y criticó que escindir el bloque de vivienda facilita la oposición de partidos contrarios a estas medidas.

Fernández declaró que si el Gobierno hubiese querido realmente sacar adelante las políticas en materia de vivienda, las habría agrupado en un solo real decreto incluyéndolas junto con el resto de medidas, lo que, en su opinión, habría dificultado la estrategia de rechazo manifestada expresamente por los partidos de derecha. El dirigente insistió en que la opción elegida por el Ejecutivo responde a la constatación pública de que el Gobierno, según palabras mismas del presidente Pedro Sánchez, no cuenta ahora con los respaldos necesarios para convalidar la norma en el Congreso.

La caída de la moratoria antidesahucios contenida en el llamado “escudo social”, rechazada en la Cámara por el PP, Vox y Junts, supone, según palabras de Fernández recogidas por la fuente, que unas 60.000 familias están desprotegidas ante la perspectiva de posibles desahucios. El portavoz consideró que el Ejecutivo ha abandonado a estos hogares tras el rechazo parlamentario a prorrogar la moratoria.

Fernández defendió la necesidad de establecer un control legal sobre el precio de los alquileres como vía principal para abordar el problema de acceso a la vivienda y lamentó que esta medida no se haya incorporado en el decreto finalmente aprobado. Pese a ello, confirmó que Podemos votará a favor de la iniciativa porque considera que contiene aspectos positivos en la línea de ampliar derechos habitacionales, según publicó el medio.

El desarrollo y el contenido de ambos decretos ley reflejan la complejidad de las negociaciones dentro del Gobierno, con discrepancias sobre el modo de afrontar tanto la crisis de precios de la energía como las dificultades vinculadas al acceso a la vivienda. La aprobación de la división normativa evidencia las dificultades del Ejecutivo para conciliar entre los reclamos de los diferentes socios parlamentarios y la obtención de los apoyos necesarios para sacar adelante las reformas propuestas.

Durante el proceso de aprobación del reciente decreto de ayudas fiscales, miembros del Gobierno central protagonizaron un intenso enfrentamiento que, según describió el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, se reflejó en la negativa de integrantes de Sumar a participar en la reunión del Consejo de Ministros si el presidente Pedro Sánchez no aceptaba las propuestas impulsadas por Yolanda Díaz. Tal como publicó Europa Press, Tellado atribuyó el retraso de veinte días en la aprobación del decreto a disputas internas que, a su juicio, transformaron el procedimiento político en una confrontación abierta entre los socios de la coalición.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones del PP, celebrada en Layos (Toledo), Tellado comparó el ambiente en el Palacio de la Moncloa con un "ring de boxeo", enfatizando la gravedad del deterioro institucional al que asocia los recientes acontecimientos. El dirigente del PP señaló que nunca en el país se había visto, en palabras de Europa Press, "a un gobierno a palos consigo mismo" mientras se desarrollaba un Consejo de Ministros bajo escrutinio mediático.

Miguel Tellado, acompañado en el acto por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente provincial y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sostuvo que el Ejecutivo central no solo tardó semanas en presentar el decreto, sino que optó por adoptar de forma fragmentada lo que definió como medidas originalmente propuestas por el PP. "Han copiado buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular, y las han copiado a medias", afirmó, según consignó Europa Press. El dirigente subrayó su descontento ante lo que describió como un decreto "que llega tarde, llega mal y, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición".

La controversia entre los miembros del Gobierno alcanzó tal punto que, según informó Europa Press, Tellado describió el Consejo de Ministros como un "pressing catch", donde una "auténtica batalla campal" se desató entre facciones internas. Según el secretario general del PP, parte del Gabinete llegó a "secuestrar" la reunión decisiva, lo que califica de "espectáculo" que culminó con ministros atrapando en un pulso al presidente del Gobierno. "Ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno", destacó Tellado, incidiendo en que la escena resultaba insólita incluso en el contexto político español contemporáneo.

El dirigente popular criticó la solución del presidente Sánchez, quien optó por dividir las medidas propuestas en dos decretos distintos: uno que, en palabras reproducidas por Europa Press, denominó "de derechas", con reducción de impuestos —momento en el que Tellado ironizó, "bienvenido, Pedro, a la 'fachosfera'"— y otro "de izquierdas", en el que según su interpretación “se premia a los okupas por entrar en propiedad privada”. De esta forma, Tellado puso en duda la coherencia política y las prioridades de la coalición en el poder.

En su análisis de la situación, Miguel Tellado consideró que la reacción del Gobierno tras la rebeldía de varios ministros de Podemos debió haber sido el cese de los miembros que, según explicó, se declararon abiertamente en contra de la disciplina estatal. "Un presidente con un mínimo de dignidad ayer hubiese cesado a los ministros de Podemos, a los ministros que se habían declarado en rebeldía", manifestó Tellado, según recogió Europa Press. Sin embargo, el secretario general del PP declaró que tal medida no se ejecutó porque, afirmó, "Pedro Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase".

Tellado también cuestionó la imagen pública del presidente del Gobierno, vinculando su autoridad interna con la postura que suele exhibir ante líderes internacionales. "El señor Sánchez que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, pero le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz", expresó el portavoz del PP conforme a lo publicado por Europa Press, planteando dudas sobre el liderazgo y la toma de decisiones dentro del gabinete.

En su intervención, el secretario general del PP insistió en que la tramitación final del decreto de ayudas fiscales no solo resultó tardía, sino marcada por las tensiones y conflictos internos que, en su opinión, terminaron derivando en una normativa basada en propuestas del Partido Popular, lo que calificó como una adopción selectiva e incompleta de sus iniciativas en materia tributaria, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha confirmado la convocatoria inmediata a un Consejo de Ministros para aprobar un decreto de emergencia dirigido al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). También anunció la cancelación de los pasaportes vitalicios y el próximo envío al Congreso Nacional de un proyecto de presupuesto general para 2026, con una cifra muy inferior a los 469 mil millones de lempiras solicitados en 2025.

La anulación de los pasaportes diplomáticos vitalicios cobra especial peso tras las declaraciones de Asfura sobre su mal uso por exfuncionarios: “todo se anulará porque significaron un abuso”.

En materia de subsidios, Asfura describió cómo Honduras enfrenta un repunte en los precios internacionales del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. Explicó que el gobierno está “analizando cómo podemos ayudar con la nueva escala de precios que entra en vigente el próximo lunes”, y enfatizó que cualquier subsidio representa recursos que dejarán de invertirse en educación, salud e infraestructura.

Añadió: “al final terminamos pagándolo, entonces se reduce el apoyo a la educación, infraestructura o salud, cualquier inversión”. El presidente pidió esperar a una normalización internacional.

Asfura también informó que esta semana se transfirieron unos 700 millones de lempiras a las municipalidades y se implementa la entrega del kit de maquinaria para los 298 gobiernos municipales, cumpliendo compromisos de modernización y apoyo institucional.

El presidente Nasry Asfura afirmó que en 2026 no se completarán los hospitales cuya construcción comenzó bajo el gobierno anterior. Detalló que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financia dos centros médicos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) uno más, mientras otros tres hospitales financiados con fondos nacionales están en revisión presupuestaria. Especificó: “Ninguno de estos proyectos será concluido durante el presente año”, con lo cual despejó expectativas de finalización inmediata.

Respecto a operaciones prioritarias en el sistema sanitario, anticipó que antes de fin de mes comenzarán las primeras cirugías para reducir la mora, y los hondureños podrán consultar en línea el costo de cada procedimiento realizado, fomentando transparencia administrativa.

La política financiera del sector salud fue detallada por Asfura al precisar: “2 mil millones de lempiras presupuestados en 2025”, la misma cantidad prevista para 2026 y 2027 en laboratorios moleculares. Cuestionó la pertinencia de estos montos y manifestó: “Eso no tiene sensatez, hay que invertirlo en salud, no vamos a invertir en ponernos a fabricar medicina”.

La agenda inmediata del gobierno incluye la convocatoria urgente a un Consejo de Ministros para sancionar el decreto de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El mandatario reiteró que el fideicomiso para la compra de medicamentos, se aplicará también al Seguro Social.

Aunque Asfura mantiene actualmente la dirección de la Secretaría de Salud dentro del gabinete, evitó asegurar que permanecerá en el puesto hasta el final del mandato, pero confirmó su continuidad actual.

Consultado sobre la construcción del Hospital del Sur junto a ciudadanos chinos, Asfura indicó que el contrato sigue vigente y que será necesario concluir la obra conforme a los compromisos adquiridos.

Asfura remarcó su rechazo al incumplimiento laboral en la administración pública: “puedo soportar cualquier cosa, pero al haragán no lo tendré en mi administración”. Invitó a los hondureños a observar el avance nacional en las obras de bacheo e invitó a que “cada hondureño pueda salir a visitar sus familias, a tomarse un descanso, a poder hacer ese comercio interno y el turismo interno que tanto necesitamos” durante la próxima Semana Santa.

El Gobierno expidió el Decreto 0223 del 5 de marzo de 2026, una norma que reorganiza las reglas sobre prácticas laborales y contrato de aprendizaje en Colombia. El documento modifica una parte del Decreto 1072 de 2015, que reúne la reglamentación del sector trabajo.

El objetivo del decreto es establecer con mayor detalle cómo deben funcionar las prácticas que realizan estudiantes dentro de empresas, entidades públicas u organizaciones, y cuáles son las responsabilidades de cada actor involucrado.

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Uno de los cambios centrales es que se define de forma más precisa la llamada “vinculación formativa”. En términos simples, se trata del acuerdo que permite que un estudiante realice su práctica en un entorno laboral como parte de su proceso educativo.

Según el decreto, en estas prácticas siempre participan tres actores: el estudiante, la institución educativa y el lugar donde se realiza la práctica, que puede ser una empresa, una entidad pública u otro tipo de organización.

Para que la práctica se lleve a cabo debe existir un acuerdo por escrito —o un acto administrativo en algunos casos— que establezca condiciones mínimas. Entre ellas deben quedar claras las obligaciones y derechos de cada una de las tres partes, la duración de la práctica, el lugar donde se desarrollará y quién será responsable de supervisar las actividades del estudiante.

La norma también delimita a qué programas aplica este tipo de práctica laboral. El capítulo regula principalmente las prácticas realizadas por estudiantes de programas de formación como los de escuelas normales superiores y los de educación superior.

Otro punto clave del decreto es que establece que las prácticas deben tener una duración limitada. Esto significa que no pueden extenderse indefinidamente: el tiempo máximo dependerá de lo que indiquen los reglamentos y la normatividad de cada institución educativa y del tipo de programa académico.

En el caso de estudiantes adolescentes, el decreto fija condiciones adicionales. Cuando la práctica la realiza una persona entre 15 y 17 años, la actividad debe contar previamente con autorización de un inspector de trabajo.

Además, si se trata de una adolescente en estado de embarazo, el decreto establece reglas específicas sobre la jornada. Desde el séptimo mes de gestación y durante el periodo de lactancia, la práctica solo podrá realizarse hasta las seis de la tarde y con un máximo de cuatro horas diarias, lo que equivale a veinte horas a la semana.

La norma también aborda la forma en que se desarrollan estas actividades. Como regla general, las prácticas deberán realizarse de manera presencial. Sin embargo, el decreto permite que se hagan de forma híbrida o virtual cuando la institución educativa y el lugar de práctica lo acuerden expresamente y cuando las tareas lo permitan.

Otra de las disposiciones obliga a que las vacantes disponibles para prácticas sean reportadas al sistema del Servicio Público de Empleo. Esto aplica tanto a las entidades privadas como a las entidades públicas.

De acuerdo con el decreto, estas plazas deberán registrarse en el sistema de información administrado por la Unidad del Servicio Público de Empleo, con el fin de que exista un registro de las oportunidades disponibles para estudiantes.

El documento también hace parte de la reglamentación sobre el contrato de aprendizaje, una figura que permite a los estudiantes adquirir experiencia laboral mientras se forman en programas técnicos o tecnológicos.

Las empresas privadas con 15 o más empleados tienen la obligación legal de contratar aprendices. El sector de la construcción está excluido de esta medida específica. Si una compañía no quiere o no puede recibir a los alumnos físicamente, tiene la opción de pagar una cuota mensual que reemplaza esa obligación de contratación. Ese dinero debe consignarse en los primeros 5 días de cada mes.

Si una empresa obligada no contrata a los alumnos y tampoco paga la cuota de reemplazo, recibe una multa. El castigo económico consiste en cobrarle a la compañía 1,6 salarios mínimos por cada mes y por cada aprendiz que le faltó vincular.

Todo el dinero que recauda el Estado por la cuota de reemplazo tiene un destino claro. El 25% va para dar estímulos a los aprendices del Sena. Otro 25% financia la educación técnica en zonas rurales. El 50% restante se destina al Fondo Emprender para apoyar proyectos de negocios.

La Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado al Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, para modificar el Decreto 0188 del 27 de febrero que regula las medidas durante las elecciones legislativas de 2026, el cual fue respondido a las pocas horas.

En un comunicado oficial, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su preocupación por la exclusión de los funcionarios de la entidad de la excepción en el uso de teléfonos móviles, lo que, según él, pone en riesgo el ejercicio de su labor de vigilancia electoral.

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Eljach, en su misiva dirigida al ministro del Interior, recordó que, a tan solo tres días de las elecciones, el decreto sigue en vigor con su artículo 14, que limita el uso de celulares durante la jornada electoral.

En ese sentido, el procurador General hizo hincapié en que dicha restricción afecta el cumplimiento de la misión constitucional que le corresponde al Ministerio Público, especialmente en lo relacionado con la supervisión de los procesos electorales.

La solicitud de la Procuraduría se basa en que los funcionarios de la entidad desempeñan un rol esencial en la vigilancia de los comicios y en el aseguramiento de que estos se desarrollen de manera transparente y conforme a la ley. Según el texto del comunicado, “la limitación de uso de celulares por parte de los servidores del Ministerio Público, en este caso, se constituye en una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia que constitucionalmente nos corresponde”.

El procurador destacó que la función de supervisión y control que realiza la Procuraduría debe llevarse a cabo sin impedimentos, ya que los funcionarios del Ministerio Público necesitan poder comunicarse de manera eficiente durante la jornada electoral.

“No se trata solo de una cuestión de eficiencia, sino de la garantía de que el proceso se realice con la debida transparencia y conforme a los principios democráticos que nos rigen”, puntualizó Eljach en su carta.

En la misiva, Eljach también solicitó que, a la mayor brevedad posible, se realicen los ajustes necesarios en el decreto, con el fin de que la Procuraduría pueda seguir cumpliendo con sus funciones sin restricciones que considere innecesarias y perjudiciales para el cumplimiento de sus competencias.

Este es el nuevo decreto en el que Benedetti accede a exigencias de la Procuraduría

El objetivo central del Decreto 0211 del 5 de marzo de 2026 es precisar de manera clara y taxativa quiénes pueden usar teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral. Esto busca evitar interpretaciones ambiguas y reforzar la seguridad jurídica, tras las advertencias del Ministerio Público.

Las principales disposiciones son:

• Se mantiene la prohibición general de uso de celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
• Se exceptúa de esta prohibición a los medios de comunicación debidamente identificados y a funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, personerías) y de la Fiscalía General de la Nación designados para vigilancia electoral o que deban cumplir actos propios de sus funciones.
• Los ciudadanos solo pueden usar el celular para mostrar la cédula digital al jurado de votación.
• Los testigos y observadores electorales acreditados pueden ingresar con dispositivos electrónicos, pero no pueden usarlos dentro del puesto de votación hasta después de las 4:00 p. m., cuando termina la votación y comienzan los escrutinios. Desde ese momento, pueden usarlos sin restricción en el marco de sus funciones legales.
• Se prohíbe a los testigos electorales hacer insinuaciones a los electores, acompañarlos al cubículo o manipular documentos electorales.

Restricciones durante las elecciones del 8 de marzo

Una de las disposiciones más destacadas en el decreto es la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 m. del lunes 9 de marzo, afectando directamente las celebraciones y actividades sociales del fin de semana electoral.

Otra medida relevante es el cierre de fronteras, que estará en vigor desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes, con el objetivo de evitar irregularidades migratorias durante las elecciones.

Además, el decreto establece restricciones estrictas sobre la propaganda electoral, prohibiendo la entrega de volantes y el uso de elementos como camisetas o gorras promocionales cerca de los puestos de votación, mientras que los votantes podrán llevar un pequeño papel como ayuda de memoria.

De igual manera, la medida del Ministerio del Interior regula las reuniones políticas, que solo podrán llevarse a cabo en recintos cerrados durante la semana previa a las elecciones, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.

También se detallan las condiciones para el acompañamiento al votante, lo que permite solo a personas con limitaciones físicas o mayores de 80 años ser acompañadas en el proceso de votación, siempre garantizando el secreto del voto. Los puestos de votación abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., y se recuerda que el cargo de jurado es de aceptación obligatoria, con sanciones por inasistencia.

En medio del inicio de clases en cada una de las provincias del país, el Gobierno anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual.

La decisión, oficializada mediante el Decreto 115/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial, establece que en marzo de 2026 se otorgará un refuerzo adicional junto con el pago habitual de la asignación escolar, con el objetivo de equilibrar el impacto económico que supone el inicio del ciclo lectivo.

A partir de lo dispuesto, el refuerzo consistirá en un monto equivalente a la diferencia entre $85.000 y el valor que resulte de la asignación anual determinada para ese ciclo. Se trata de la misma dinámica que se aplica para el bono otorgado a los jubilados.

De este modo, se busca asegurar que el beneficio no sea inferior al monto fijado como referencia para el año anterior, consolidando un piso de ingresos para los hogares con niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos.

De acuerdo con lo dispuesto, este refuerzo se aplicará de manera automática y por única vez, en coincidencia con el pago tradicional de la asignación escolar correspondiente a marzo de 2026.

La disposición exceptúa a quienes, por el cálculo habitual de la asignación, ya perciban un importe igual o superior a $85.000, para quienes no corresponderá el cobro del refuerzo adicional.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), serán responsables de dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para implementar la medida en tiempo y forma. Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará los ajustes presupuestarios pertinentes para garantizar la disponibilidad de recursos durante el proceso de aplicación del refuerzo.

Las autoridades nacionales justificaron la decisión en la necesidad de mantener la capacidad de respuesta del Estado frente al incremento de los costos asociados al regreso a clases y de fortalecer el acompañamiento a las familias en un momento de especial exigencia presupuestaria. El decreto establece que la vigencia de la medida es inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial y encomienda la comunicación y registro correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

La Ayuda Escolar Anual

La Asignación por Ayuda Escolar Anual, establecida por la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, constituye una prestación económica dirigida a trabajadores en relación de dependencia tanto del sector privado como público nacional, beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Para acceder al beneficio, las personas deben acreditar la concurrencia regular de sus hijos, menores a cargo o personas con discapacidad a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o de educación diferencial, tanto públicos como privados. El pago de la asignación se efectúa anualmente en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y con la finalidad de contribuir a solventar los gastos derivados de la escolaridad, como materiales, uniformes y otros insumos esenciales para la asistencia a clases.

La ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar el monto de las asignaciones, los topes y rangos remuneratorios habilitantes para su percepción, así como a determinar montos diferenciales por zona, de acuerdo con indicadores económicos, salariales y sociales.

En los últimos cinco años, los embargos judiciales contra el Estado han implicado desembolsos cercanos a 10 mil millones de lempiras, mientras las demandas que pesan sobre el Tesoro General ya superan 3 mil millones de lempiras solo en los primeros 15 días de la nueva gestión, de acuerdo con datos oficiales citados en el debate parlamentario.

La legislación establece que los órganos de la administración pública, centrales y descentralizados, deberán tomar acciones contundentes en ingresos fiscales, gasto público, ordenamiento financiero y gestión administrativa, todas de carácter extraordinario, excepcional y temporal.

Por decisión del Poder Ejecutivo, se podrán suprimir, fusionar o reducir organismos estatales, con la consiguiente disminución de servicios o personal, ya sea por nombramiento o contrato, siempre bajo criterios de eficiencia organizacional y ahorro económico. Está previsto que a quienes sean separados se les pague indemnización, con la condición de que dicho pago extinguirá cualquier otra obligación ante los tribunales.

En caso de negativa a recibir la indemnización, la suma podrá ser consignada ante una autoridad judicial o administrativa para evitar que aumente el monto a pagar. Las alcaldías y los entes descentralizados también podrán aplicar medidas similares dentro de sus respectivas competencias.

La normativa determina que, al existir embargos producto de sentencias judiciales firmes, los jueces deben notificar tanto a la Tesorería General de la República como al órgano condenado, para que los pagos se realicen según la disponibilidad presupuestaria, evitando comprometer la prestación de otros servicios públicos. Además, las órdenes tienen que emitirse como máximo cinco días hábiles después de dictada la sentencia.

La Procuraduría General de la República (PGR) recibe nuevas competencias para concretar conciliaciones judiciales, arbitrajes, demandas y litigios, tanto en instancias nacionales como internacionales, con el objetivo de prevenir daños económicos mayores para el Estado. Todos los acuerdos extrajudiciales requieren el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y la homologación judicial, y solo podrán llevarse a cabo si superan los cinco millones de lempiras y cuentan con dictamen favorable de una comisión congresal.

La Secretaría de Finanzas queda autorizada para ajustar recursos entre los rubros de gasto capital y corrientes dentro de cada entidad, salvo en los otros dos poderes del Estado y órganos constitucionales. Además, todas las instituciones deben efectuar un diagnóstico de los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la ley.

Una enmienda de la bancada del partido Liberal asegura la protección de servidores públicos que ingresaron por concurso de oposición, aunque deja fuera a quienes recibieron nombramientos en las semanas finales de la anterior administración.

La sesión final estuvo marcada por la confrontación. El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, acusó al partido Liberal de avalar una “masacre laboral”, dirigiendo críticas además a Rolando Contreras del Pinu, quien calificó de ofensivas esas palabras. El liberal Jorge Cálix, jefe de bancada, mencionó los despidos que ocurrieron en el gobierno previo: “En el gobierno pasado despidieron a más de 15 mil empleados del programa guía de familia, así como a trabajadores del Congreso Nacional, los cuales volvieron a trabajar en la actual administración.”

La ley recibió apoyo de las bancadas del Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana, mientras la oposición provino de Libre.

El diputado Hugo Noé Pino manifestó su preocupación, señaló que la ley “abre la posibilidad a acciones de funcionarios que pueden generar mayores males al Estado”, aludiendo a la facultad que tendrá la PGR para pactar pagos previos en litigios. Los representantes liberales Jorge Cálix y Yury Sabas sostuvieron la defensa de su partido, negando las acusaciones de Sandoval y el partido Libr

El Gobierno nacional simplificó el protocolo para comercializar celulares y otros dispositivos tecnológicos en el país, dejando atrás una normativa que regía desde los años 80. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Según aseguraron desde el oficialismo, el nuevo esquema permitirá que los dispositivos se lancen en la Argentina en simultáneo con los principales mercados del mundo.

Puntualmente, la reforma se centra en el mecanismo por el cual se otorgan permisos para vender equipos de telecomunicaciones, como celulares, “con el objetivo de brindar a los consumidores la libertad de elegir productos de última generación, confiables y compatibles con las condiciones de funcionamiento vigentes”.

El nuevo protocolo, señalado en la Resolución 57/2026, permitiría acortar los tiempos, simplificar los trámites y mejorar los mecanismos de verificación de los productos.

Entre los equipos alcanzados se encuentran celulares, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, teclados, mouses, videocámaras y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), así como handies, routers, puntos de acceso Wi-Fi, radiobases de telefonía móvil, centrales telefónicas y teléfonos.

La autorización para comercializar este tipo de productos se denomina “homologación” y se encuentra en manos del ENACOM, el organismo estatal encargado de verificar que los equipos cumplan con los requisitos técnicos, de seguridad y reglamentarios correspondientes.

Para el Gobierno, la homologación apunta a garantizar productos seguros, eliminar trabas a su circulación, evitar competencia desleal, asegurar la compatibilidad de los equipos y proteger de interferencias a las redes autorizadas.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, opinó al respecto: “Durante décadas, el Estado convirtió la homologación en un laberinto. Un trámite que debía garantizar seguridad terminó siendo una máquina de frenar importaciones, encarecer productos y aislar a la Argentina del mundo”,

Y siguió: “Con la nueva resolución de ENACOM cortamos ese circuito. La homologación sigue. La burocracia, no”.

De acuerdo con el funcionario, la nueva resolución introduce múltiples cambios en el procedimiento. Entre ellos, establece que, si un equipo evaluado no presenta modificaciones y cumple con los estándares de seguridad, no deberá revalidar su certificación cada tres años, como ocurría hasta ahora.

“Esto no mejoraba la seguridad ni la calidad: solo agregaba tiempo y costos. Ahora, si el equipo es idéntico al ya aprobado y cumple con las condiciones técnicas vigentes, no deberá atravesar una revalidación automática. La seguridad se controla; la repetición innecesaria, no”, cuestionó.

La resolución también elimina los trámites duplicados: las variantes comerciales de un equipo técnicamente idéntico no requerirán expedientes separados.

Por otro lado, la resolución contempla el reconocimiento de estándares internacionales: “Si el mundo ya certificó que un equipo cumple con normas técnicas reconocidas, Argentina no va a inventar un obstáculo nuevo. Se alinean criterios con estándares globales para evitar duplicaciones injustificadas”.

En tanto, se admitirán análisis técnicos realizados por agencias de certificación reconocidas y se ampliará el universo de laboratorios y organismos técnicos cuyos informes podrán ser considerados válidos.

En términos generales la iniciativa busca generar mayor oferta, estimular la competencia, favorecer precios más competitivos e impulsar la innovación en el sector, de acuerdo con el funcionario.

“El Estado no está para decidir qué celular podés usar. Está para garantizar reglas claras y correrse del medio. Durante años nos hicieron creer que poner trabas era ‘cuidar’. Cuidar no es prohibir. Cuidar es dejar producir, importar, competir y elegir”, cerró Genua.

Para implementar el nuevo esquema, el ENACOM aprobó tres reglamentos: el del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (RAMATEL), el del Registro de Agencias de Certificación de Materiales de Telecomunicaciones y el del Registro de Laboratorios de Ensayos de Materiales de Telecomunicaciones. Además, creó el Registro de Agencias de Certificación de Materiales de Telecomunicaciones.

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer el borrador de un decreto que cambiaría la manera en la que se vende la Vivienda de Interés Social (VIS) y ahora la Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

La resolución establece que ya no se utilizará el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) como base para determinar el precio de los dos tipos de vivienda, sino que se establecerá un precio fijo que se mantendrá hasta que el beneficiario realice el pago correspondiente.

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“Protección de los hogares adquirientes de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario. En desarrollo de los principios de protección al consumidor, conforme lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, y dado el carácter fundamental del derecho a la vivienda con el fin de proteger su acceso, el oferente o vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total de la Vivienda de Interés Social y de la Vivienda de Interés Prioritario desde el momento en que el adquirente manifieste su voluntad de vincularse al negocio jurídico, mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente”, expone el borrador del decreto.

Y puntualiza: “El precio fijado constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización, y no puede exceder el equivalente del tope máximo de la Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario al momento de la adjudicación o adquisición”.

Aunque el salario mínimo ya no será la base del cálculo, la actual administración determinó que el tope general del valor de las viviendas sí se establecerá con el indicador mencionado. Para las VIS será de 135 salarios mínimos y el VIP de 90 salarios mínimos.

“El precio máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) será de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y para la Vivienda de Interés Prioritario el precio máximo será de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y en el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023”.

Sobre los precios maximos de las viviendas, la cartera señaló en el documento que los valores ligado al salario minimo no aplcarán en San Andrés, donde el tope será de 280 smmlv.

“En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor de la Vivienda de Interés Social Rural será de hasta doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) de acuerdo con los estudios técnicos que soportan este valor.”

El Ministerio de Vivienda, en cabeza de Helga Rivas Ardila, señaló que el decreto tiene como propósito cumplir el deber del Estado colombiano de “adoptar medidas normativas, administrativas y económicas orientadas a facilitar el acceso progresivo a la vivienda a los hogares de menores ingresos”.

Gobierno asignó $50.000 millones de Cajas de Compensación para proyectos de vivienda

El presidente Gustavo Petro anunció que el Estado entregará $50.034.000.000 provenientes de recursos remanentes de las Cajas de Compensación Familiar, para avanzar en la reducción del déficit habitacional, especialmente en zonas rurales. Más de $41.660.000.000 serán destinados a áreas rurales y $8.370.000.000 a proyectos urbanos.

Las Cajas de Compensación de Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba serán las principales beneficiadas.

Para Rivas Ardila, esta medida permitirá generar soluciones habitacionales para cerca de 1.250 hogares en todo el país.

“Es un logro importante que me pone muy contenta, en cuanto a que vamos a tener posibilidades de seguir trabajando conjuntamente en nuestras prioridades de Gobierno: la vivienda rural, el mejoramiento de vivienda rural y la vivienda urbana en territorios donde era una lástima que estos recursos estuviesen y no se pudieran utilizar”, expresó

A las 6:00 p. m., el jefe de Estado llegó al punto de aglomeración en la capital para dar un discurso, en el que afirmó que las manifestaciones de los ciudadanos, que también se registraron en otras zonas del país, están centradas en defender la dignidad de los habitantes.

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“No se trata de pelear por unas monedas (...) es poder tener una existencia digna, una posibilidad para el trabajador hombre y para la trabajadora mujer (...). Es el hogar lo que se está defendiendo aquí”, indicó, asegurando que, aunque cuestiona la decisión del Consejo de Estado, la acata.

Por eso, informó que su Gobierno cumplió con la orden del máximo juez de la administración pública de hacer un nuevo decreto que fije “el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026″. Aclaró que ese decreto establece el mismo incremento que fijó el Gobierno en diciembre de 2025: el del 23,7%.

“Acatando. Poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital, este tendrá que progresar el otro año. Ojo, no estaré aquí. Y tendrá que avanzar con el dato ya completico, porque nos da un poco más, y este año habrá ojalá más productividad”, dijo.

La crítica del presidente a la suspensión del salario mínimo

El primer mandatario criticó entonces la decisión del Consejo de Estado, advirtiendo que la Constitución Política ordena fijar una “remuneración mínima vital y móvil”. Según detalló, su Gobierno fue el primero en 35 años en agregar el concepto de “vital” a un decreto que estableció el salario mínimo.

“En vez de que el poder judicial todos los decretos del salario mínimo que no fuesen vitales, lo que hizo es ahora tumbar el único decreto en 35 años que dice ”salario vital“, como ordena la Constitución“, indicó el presidente, asegurando que esa remuneración que estableció su administración, que se incrementó en un 23,7% para llegar a los $2.000.000, representa el dinero que alcanza para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.

Explicó que la canasta mínima vital que requieren las familias vale un poco más de $3.000.000. En sus cuentas, la división de la canasta por el promedio de trabajadores por familia da como resultado $2.155.000.

“Entonces, ¿qué hicimos?, ¿qué fue lo malo, lo desgraciado que hicimos, para que hayan suspendido el decreto? Cumplir con la Constitución", señaló.

Petro y su sablazo por el estancamiento de sus reformas

Petro aseguró que durante su mandato ha tenido “casi que rogarle” a las instituciones que cumplan con lo establecido en la Constitución Política. Dijo que lo que está proponiendo es que las instituciones luchen con él contra la injusticia. “No aguantamos más la injusticia”, señaló.

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que ha habido trabas por parte del Legislativo y del Judicial para aprobar e implementar sus reformas sociales. “Hemos tenido una contradicción permanente, una especie de cerco, de muro de Berlín, tratando de que las normas que puedan transformar progresistamente a Colombia no se apliquen. Eso es lo que hemos tenido”, dijo.

Mencionó el caso de la reforma a la salud, que se ha hundido dos veces en la Comisión Séptima del Senado, y el de la Reforma Pensional, aprobada por el Congreso. “¿Cómo podemos entender que dos veces se haya aprobado la ley, que hace ocho meses fue la última vez y que la Corte Constitucional no haya dicho ni mu? (...) En ocho meses, ¿cuántas personas que podían haber tenido el derecho a una pensión, no se lo dejaron disfrutar?“, cuestionó.

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo vital en Colombia llevó al presidente Gustavo Petro a convocar a la ciudadanía a movilizarse en las plazas públicas del país este jueves. Según publicó el medio, el mandatario busca respaldo popular en un momento en el que el Gobierno debe preparar un nuevo decreto, conforme a los criterios fijados por la máxima instancia administrativa, tras la suspensión temporal de la medida anunciada la semana pasada.

De acuerdo con la información difundida, Petro dirigió un discurso a la nación el domingo por la noche en el que alentó a los colombianos a salir a la calle para demostrar apoyo a la propuesta de incremento del salario mínimo. El presidente llamó a defender el salario vital, aludiendo a la necesidad tanto de argumentos jurídicos como de respaldo del pueblo trabajador, tras un fallo judicial que detuvo la aplicación de su decreto anterior relacionado con la remuneración básica.

La propuesta de ajuste salarial impulsada por el Ejecutivo busca aumentar el salario mínimo hasta 1,7 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 400 euros, para el año 2026. El total podría incrementarse a dos millones de pesos (alrededor de 460 euros) si se incluyen los auxilios para transporte. Tal como detalló la fuente, esta modificación representa un aumento del 23,7 por ciento en comparación con el salario mínimo vigente en 2025, y se estima que beneficiaría a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores en todo el país.

El Consejo de Estado argumentó su decisión al considerar que no existía sustento técnico suficiente en el decreto original para justificar el incremento propuesto. Por esa razón, el tribunal exigió al Ejecutivo la elaboración de un nuevo acto administrativo que incorpore indicadores concretos tales como la meta de inflación determinada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad certificada de manera oficial, la inflación del año previo, y el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto, entre otros parámetros relevantes para la política salarial.

Según consignó el medio, Petro cuestionó la suficiencia del plazo de ocho días estipulado por el tribunal para cumplir con la elaboración del nuevo decreto y anunció su intención de dialogar directamente con el magistrado a cargo del caso para buscar mayor claridad sobre ciertos aspectos que, a juicio del presidente, resultan ambiguos en la resolución judicial. El jefe de Estado declaró públicamente su disposición a adoptar un decreto transitorio, pero subrayó que la vigencia del salario vital se mantendrá hasta que se expida el nuevo documento exigido por el Consejo.

Durante sus intervenciones, el presidente criticó a quienes han señalado que el aumento salarial podría traducirse en un repunte de precios o presiones inflacionarias en la economía nacional. Petro reprochó los argumentos que, en su opinión, pretenden vincular la mejora del ingreso mínimo con efectos negativos para el costo de vida en Colombia, reafirmando que la medida persigue directamente mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

El fallo y la reacción gubernamental ocurren en un contexto de discusión sobre la política salarial, en el que participan distintos actores sociales y económicos. El Ejecutivo, tras conocer la resolución, reiteró su compromiso con el aumento del salario mínimo mientras cumple con los requisitos judiciales, al tiempo que el presidente llamó a la ciudadanía a expresar su respaldo en las calles para fortalecer la postura del Gobierno en la negociación alrededor del futuro decreto.

El debate sobre el ajuste salarial y los requisitos técnicos solicitados por el Consejo de Estado se inscribe en una agenda nacional que marca el comienzo de 2026. Los criterios fijados por el tribunal administrativo, como la certificación de productividad y el seguimiento puntual del comportamiento inflacionario, forman parte de los factores exigidos para garantizar la viabilidad jurídica de la modificación propuesta por el Ejecutivo. Según informó el medio, el proceso de redacción del nuevo decreto incorporará estos indicadores, conforme a las exigencias institucionales, atrasando la entrada en vigor de la medida hasta la aprobación definitiva del documento requerido.

La convocatoria a manifestaciones se produce en este escenario de revisión jurídica y diálogo institucional. El presidente llamó a los colombianos a concentrarse el jueves en las plazas de las principales ciudades, buscando mostrar respaldo social al incremento del salario mínimo vital mientras se resuelve el proceso administrativo y se define el futuro del decreto.

El Congreso Nacional de Honduras recibió un proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que declara el Estado de Emergencia Fiscal y Financiera en las finanzas públicas por un periodo máximo de 24 meses, con el objetivo de contener el creciente deterioro de las cuentas estatales y el riesgo para la provisión de servicios esenciales.

La normativa deja claro que esta declaración de emergencia no supone la suspensión de derechos fundamentales ni modificaciones al orden constitucional. El enfoque se restringe exclusivamente al ámbito fiscal y financiero, bajo estrictos límites temporales y sujeta a mecanismos de control, con responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de abuso o incumplimiento.

En los últimos cinco años, los embargos al Estado acumulan cerca de 10.000 millones de lempiras, según cifras oficiales, lo que se traduce en un promedio anual de 2.000 millones. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que solo en los últimos 15 días, el impacto de las demandas judiciales ya supera los 3.000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República. Hernández Hércules reconoció que se trata de un desafío de larga data pero alertó sobre su reciente agravamiento.

En el marco de la ley propuesta, se redefine la forma de ejecutar los embargos judiciales relacionados con deudas estatales: los pagos dejarán de aplicarse a la Caja Única del Estado y pasarán a ser gestionados por la Tesorería General de la República, que establecerá nuevas programaciones para su cumplimiento.

La legislación faculta al Poder Ejecutivo a emprender una reducción o reorganización de entidades públicas, actualmente más de cien, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y la sobrecarga laboral. Esta facultad se extiende tanto a la administración centralizada como desconcentrada y descentralizada.

El proyecto también otorga a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) la potestad para reestructurar o renegociar la deuda pública, tanto interna como externa, buscando honrar los compromisos de la hacienda pública. Paralelamente, la SEFIN podrá realizar movimientos presupuestarios entre gastos corrientes y de capital, girados a mejorar la posición financiera del Estado y garantizar “la sostenibilidad fiscal, sin afectar el pago del servicio de la deuda, salarios ni la operatividad básica de las instituciones”.

El proyecto ordena la elaboración de un diagnóstico integral de todos los actos administrativos, contratos y decisiones emitidos previo a la entrada en vigor de la ley, especialmente aquellos con impacto adverso en las finanzas públicas y posibles irregularidades. Los expedientes documentados deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las acciones correspondientes en derecho.

La normativa promueve auditorías preventivas, simultáneas y posteriores en coordinación con el TSC, reforzando la fiscalización y la prevención de riesgos financieros durante el periodo de vigencia de la emergencia.

La fundamentación del proyecto descansa en los artículos 245 numeral 20 y 205 numeral 1 de la Constitución de la República y en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El cumplimiento será obligatorio para todos los poderes del Estado, órganos constitucionales y las entidades públicas, estableciéndose su vigencia por hasta dos años desde su publicación en el diario oficial La Gaceta.

La propuesta está ahora en manos del Congreso Nacional, donde será debatida en un ambiente fuertemente marcado por el desorden fiscal, el excesivo gasto y las deudas acumuladas de administraciones previas, especialmente la de Libre. El tratamiento y posible aprobación de esta ley se da en medio del debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el futuro económico del país, en un contexto en el que el propio ministro de Finanzas reconoce la urgencia de reducir el tamaño del aparato estatal y afrontar el impacto de litigios judiciales millonarios.

Pullaro sostuvo que el reclamo del sector fue atendido y remarcó que la seguridad pública se sostuvo durante todo el conflicto. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló, y aseguró que “el diálogo se mantuvo abierto en todo momento”.

El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló cómo quedarán conformados los haberes a partir de febrero. El gobernador explicó que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de 1.350.000 pesos”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el sistema de emergencias 911.

En el caso de los efectivos que realizan tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, se sumará un plus de 500.000 pesos, por lo que el ingreso total ascenderá a 1.938.835 pesos.

Pullaro agregó que, si el agente conduce un vehículo policial, “con el riesgo que eso implica, va a ganar 2.188.835 pesos por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, indicó que los salarios serán de 2.084.000 pesos si no conducen móviles y de 2.334.535 pesos si manejan patrulleros.

Según detalló el gobernador, estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, ya que “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Tras exponer los montos, Pullaro encabezó una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario. Allí afirmó: “Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario”. También subrayó que la prioridad de la gestión fue “garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario”, incluso “en los momentos más difíciles”.

El mandatario realizó además una valoración del desempeño de las fuerzas durante los últimos años. “Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos”, expresó, y agregó que esos resultados “no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza”.

En relación con el conflicto, Pullaro señaló que el Gobierno también contempló la situación del personal retirado. “El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado”, afirmó.

Entre las medidas vinculadas a las condiciones laborales, el gobernador informó que se ampliaron las frecuencias de transporte para los agentes del norte provincial que trabajan en Rosario, que actualmente cuentan con doce recorridos, y que se avanza en soluciones para los denominados “fines de ruta” hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. “No hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios”, indicó.

También confirmó el refuerzo del gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, el aumento de la tarjeta alimentaria de 84.000 a 168.000 pesos y la habilitación de lugares de pernocte para el personal que debe trasladarse largas distancias. “Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales”, explicó.

En cuanto al contexto económico, Pullaro advirtió que “muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal”, pero sostuvo que la Provincia realizó “el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos”.

“Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II”, afirmó el gobernador.

De la conferencia, realizada ayer por la tarde en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado.

El gobierno de Honduras está habilitado oficialmente para avanzar en la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que lo autoriza.

Esta medida, que ahora tiene vigencia legal, permitirá destinar los recursos a proyectos de salud pública y construcción de centros universitarios en zonas que carecen de presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El decreto dispone que los fondos obtenidos se incorporarán al Presupuesto General de la República, en el ejercicio fiscal en que se concrete la venta.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá registrar y distribuir estos recursos según la normativa vigente, canalizándolos exclusivamente a los sectores mencionados.

El documento resalta que esta decisión responde a la demanda social de una administración responsable y eficiente de los bienes estatales, en situaciones donde áreas como la salud, la educación, la nutrición y el acceso al agua potable enfrentan carencias estructurales.

El texto, publicado en La Gaceta, instruye que antes de proceder con la venta es obligatorio realizar un avalúo técnico independiente del avión, tarea que podrá estar a cargo de expertos nacionales o internacionales.

Este paso busca definir un valor mínimo de referencia basado en criterios verificables, toma en cuenta el estado estructural, las horas de vuelo, el historial de mantenimiento y la documentación legal asociada a la aeronave.

El Embraer Legacy 600, de origen brasileño y diseñado para recorridos de mediano y largo alcance, fue adquirido en 2014 durante la presidencia de Juan Orlando Hernández por un monto superior a USD 14 millones.

Aunque sirvió para viajes oficiales, en los últimos años el avión permaneció sin uso productivo, generando costos considerables por mantenimiento, resguardo y conservación.

Según investigaciones periodísticas, la venta de la aeronave ha sido propuesta recurrentemente como alternativa para redirigir gastos, pero no se contaba con el aval legal necesario.

El proceso aprobado contempla la posibilidad de venta mediante subasta pública u otros mecanismos fijados por la ley hondureña para la disposición de bienes estatales.

La operación podría incorporar la participación de intermediarios especializados en jets ejecutivos y la promoción internacional del activo. No obstante, toda acción deberá cumplirse bajo las disposiciones legales que rigen la gestión y enajenación de este tipo de patrimonio.

La iniciativa legislativa que condujo al decreto fue presentada el 25 de enero por el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, a petición del presidente Nasry Asfura. El Congreso Nacional aprobó la medida por unanimidad el 26 de enero de 2025.

El decreto no define una fecha concreta para la venta, pero condiciona toda la operación al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales previos.

Entre estos se incluye la realización del avalúo, la validación total de la documentación y la elección del método de comercialización más conveniente para los intereses del Estado.

Así, el proceso queda abierto al escrutinio público por el impacto que tendrá tanto sobre el fortalecimiento institucional como en la reasignación de recursos a sectores prioritarios.

A partir de la publicación del decreto, el Ejecutivo asume la responsabilidad de coordinar cada una de las etapas del procedimiento, que dependerán del resultado del avalúo independiente, las condiciones del mercado y la efectividad del mecanismo de venta seleccionado.

“El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento”, expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al detallar la dificultad presupuestaria que enfrenta su Gobierno ante emergencias como las inundaciones que han afectado a 140.000 personas en Córdoba. Según informó el medio, Petro solicitó oficialmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión temporal que pesa sobre el decreto de emergencia económica y social con el fin de poder atender necesidades imprevistas y disponer de recursos adicionales para responder a situaciones como esta catástrofe.

Tal como publicó el medio, el Ejecutivo colombianopretendía con la Ley de Financiamiento recaudar 16.300 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 3.700 millones de euros. Estos fondos eran considerados esenciales para completar el presupuesto programado para el año 2026. La falta de instrumentos legales para generar ingresos extraordinarios ha dejado al Gobierno sin opciones inmediatas para financiar la atención de emergencias y otras situaciones imprevisibles.

El presidente Petro también dirigió críticas hacia las decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso que afectaron directamente la financiación estatal. Según consignó el medio, el mandatario afirmó que la Corte Constitucional anuló la mitad de la reforma tributaria de 2022 para “salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente”. En la misma intervención, Petro recordó que posteriormente el Congreso eliminó tanto la primera como la segunda Ley de Financiamiento, lo que agravó las restricciones presupuestarias del Estado frente a las emergencias.

El Gobierno colombiano, ante el impedimento generado por la suspensión temporal del decreto, evalúa nuevas vías para obtener ingresos corrientes a través de mecanismos legislativos ordinarios. El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, adelantó según el medio que el Ejecutivo sigue estudiando la posibilidad de presentar proyectos de ley dirigidos a aumentar o modificar el sistema tributario vigente, con el fin de ampliar la disponibilidad presupuestaria sin depender de medidas excepcionales.

De acuerdo con información consignada, las inundaciones recientes en Córdoba han impactado de manera directa a al menos 140.000 personas, lo que ha puesto en primer plano los límites financieros del Gobierno central para articular una respuesta eficaz cuando no cuenta con instrumentos legales que permitan movilizar recursos extra. Petro utilizó el Consejo de Ministros como escenario para reiterar la urgencia de reactivar el marco de emergencia económica y social, señalando que la restricción de fondos compromete la capacidad del Estado para enfrentar desastres que requieren atención inmediata.

La suspensión del decreto de emergencia económica y social por parte de la Corte Constitucional busca garantizar el control de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, asegurando que toda actuación en el marco de esta figura esté sometida a escrutinio y límites legales. Ante este contexto, la administración de Petro argumenta la necesidad de una respuesta expeditiva cuando las catástrofes naturales afectan de manera imprevisible a miles de ciudadanos y no existen fuentes inmediatas de financiación.

La disputa institucional entre el Gobierno, la Corte Constitucional y el Congreso gira en torno a la potestad para definir los márgenes del gasto público y la generación de ingresos estatales. El Poder Ejecutivo considera indispensable adaptar las leyes tributarias y recuperar facultades excepcionales, mientras el Poder Judicial y el Legislativo mantienen posturas restrictivas basadas en el control constitucional y la revisión de los mecanismos para aprobar fondos extraordinarios.

El desafío de responder financieramente a emergencias y la discusión sobre la arquitectura legal del sistema tributario colombiano continúan en el centro del debate público y político, tal como indicaron las autoridades citadas por el medio. El avance de proyectos legislativos ordinarios o un eventual fallo favorable de la Corte definirán los próximos pasos del Gobierno de Petro para sortear la actual escasez de recursos en momentos críticos.

Para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos del exterior, los fondos de pensiones tendrán un plazo máximo de cinco años. En ese sentido, según el borrador del decreto, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) deberán diseñar un plan de ajuste para hacer la implementación gradual de dicho límite. Esto, en un plazo de tres meses, contados desde la entrada en vigencia del límite global de inversión en activos en el exterior; el plan tendrán que remitirlo a la Superintendencia Financiera de Colombia.

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De acuerdo con la congresista, en el documento, cuyo plazo de presentación de comentarios venció el 5 de febrero de 2026, se establece una contribución riesgosa de recursos por parte de los fondos privados de pensiones.

“Petro lo va a dejar sin pensión (…). Resulta que Petro autorizó sacar prestados más de $150 billones, con b de bruto, y ahora está obligando los fondos de pensiones a prestarle esa plata. Y téngase seguro, porque esa plata es su ahorro pensional, es decir, es la plata que a usted le descuentan del sueldo todos los meses para poderse pensionar”, señaló la representante.

De acuerdo con su explicación, la situación es problemática porque se limita la inversión de esos recursos. Indicó que los fondos de pensiones suelen hacer esas inversiones en el extranjero, en dólares, con el fin de generar rentabilidad y asumir riesgos menores. Sin embargo, con la decisión del Gobierno nacional, este panorama cambiaría.

“Petro está obligando a los fondos privados a invertir el ahorro pensional de los colombianos en Colombia, donde el riesgo es mayor y la ganancia es menor (…). Si su ahorro pensional se invierte bien, hay ganancias y hay pensión. Pero si se invierte mal, no alcanza y no hay pensión”, detalló.

Los fondos de pensiones privados, según precisó, deben hacer sus inversiones con cuidado; no pueden invertir “en cualquier cosa”, puesto que es necesario que estas tengan una buena calificación. En este caso, “prestarle plata” al Gobierno a través de la compra de bonos es una inversión con buena calificación, pero, de acuerdo con Garrido, esto llevaría a los fondos a dejar de invertir en el exterior.

La congresista aseguró que ese dinero, que llegaría a manos del Gobierno nacional, podría no ser bien manejado, teniendo en cuenta que se acerca una etapa electoral (elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia). A su juicio, el dinero podría ser gastado en “mermelada” y supuestos “subsidios a bandidos”.

“Cuando llegue la hora de devolverle la plata, el Estado no va a tener con qué responder y usted se va a quedar sin pensión”, señaló la congresista en su intervención.

Contrario a lo expuesto por la legisladora, la directora encargada de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, explicó que la medida tiene como fin fortalecer las inversiones, sin que esto implique una imposición de inversiones. No obstante, aclaró que el decreto no puede prometer una “rentabilidad única equivalente”, porque esto depende de los mercados.

“El proyecto de decreto no obliga a destinar los recursos a proyectos que no estén listos ni que no cumplan con los criterios prudenciales”, precisó.

El Gobierno de Honduras envió al Congreso Nacional una propuesta de ley para declarar emergencia en la red vial, una iniciativa que busca responder de inmediato al deterioro de la infraestructura y preparar el país para la intensa movilidad prevista en Semana Santa, cuando el flujo de viajeros por las carreteras multiplica el riesgo sobre vías en mal estado.

De aprobarse, el plan dotaría al Ejecutivo y a los gobiernos municipales de facultades excepcionales para intervenir con bacheo, limpieza y reparaciones en rutas de todo el territorio, en un plazo cercano a 60 días, según informó el secretario parlamentario, Carlos Ledezma.

Desde el Poder Ejecutivo, la iniciativa fue formalmente remitida a la cámara legislativa bajo el nombre de “Ley Especial de Emergencia Vial para una Semana Santa Segura y el fortalecimiento de los gobiernos municipales para el mantenimiento de la red vial terciaria y caminos productivos”, y se respalda en el artículo 205 de la Constitución, el cual faculta al Congreso a legislar en la materia.

Autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ya han explicado que la meta prioritaria es reducir accidentes y optimizar la conectividad durante una de las épocas de mayor movilidad interna.

Entre los detalles suministrados, Ledezma destacó que el anteproyecto abarca un “programa especial de maquinaria y equipo municipal”, lo que facilitaría a las alcaldías el refuerzo del mantenimiento sobre caminos urbanos, rurales y productivos, esenciales para el tránsito de comunidades agrícolas y escolares, así como para el transporte de productos básicos y abastecimiento local.

El plan prevé la atención urgente de más de 2.700 kilómetros de carreteras en condiciones críticas, lo que implica bacheo, destape de alcantarillas y reparación física de tramos que presentan altos riesgos de accidentes. El período de intervención estará marcado por la fecha de Semana Santa, programada este año entre el 29 de marzo y el 4 de abril, lo que otorga aproximadamente dos meses de margen para ejecutar las obras.

El marco legal excepciona procedimientos habituales y permite contrataciones simplificadas, evitando retrasos burocráticos en la adquisición de insumos y servicios. Aunque el texto íntegro de la ley aún no es público, se espera la coordinación entre la SIT, gobiernos municipales y empresas privadas en las tareas previstas.

La crisis de la infraestructura vial hondureña ha escalado como resultado de años de inversión insuficiente, falta de mantenimiento y efectos de fenómenos climáticos reiterados, desde tormentas hasta inundaciones y deslaves. A ello se agrega que, según datos oficiales, vastos sectores rurales y secundarios permanecen muy deteriorados, dificultando el transporte cotidiano y el flujo comercial.

El contexto de emergencia vial se suma a una agenda de desafíos estructurales. En 2023, el Estado emprendió un plan de mejora de corredores estratégicos que movilizó más de USD 600 millones de financiamiento internacional, destinado a construcciones y renovaciones de largo plazo, con horizonte de finalización en 2026. Sin embargo, mientras esos proyectos avanzan, los problemas en extensas redes secundarias y terciarias requieren medidas inmediatas para evitar mayores impactos sociales y económicos.

El debate parlamentario sobre la propuesta vial ocurre en una coyuntura marcada por discusiones similares sobre emergencias en sectores como la salud, donde sectores de oposición han señalado preocupaciones respecto a posibles excesos en el uso de mecanismos extraordinarios, discrecionalidad en contrataciones y debilidades en los controles de transparencia y rendición de cuentas.

Transportistas, empresas y ciudadanos observan en la proyectada emergencia vial un posible alivio temporal a las limitaciones de movilidad y los altos costos de traslado, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, donde el mal estado de las rutas impacta en la economía local.

La reducción de tiempos de viaje, mayor seguridad y menor gasto en reparaciones vehiculares destacan entre los beneficios estimados por el Ejecutivo.

El Consejo de Estado admitió una demanda que pretende la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno nacional prohibió las exportaciones de carbón a Israel.

La acción judicial fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y quedó formalmente en estudio del alto tribunal, que consideró cumplidos los requisitos legales para iniciar el trámite correspondiente, según informó Semana.

La decisión del alto tribunal implica que, dentro de un plazo de al menos 30 días, varias entidades del Estado deberán responder a la acción jurídica.

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Entre las instituciones llamadas a pronunciarse se encuentran los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, así como la Presidencia de la República. También será notificada la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de coordinar la defensa del Gobierno en este tipo de procesos.

La admisión de la demanda está relacionada con el Decreto 949 de 2025, expedido por el Ejecutivo y actualmente bajo revisión judicial. Esta norma estableció la prohibición de exportar carbón colombiano a Israel, una medida que fue adoptada en el contexto de la posición asumida por el Gobierno de Gustavo Petro frente al conflicto armado en Medio Oriente y el apoyo expresado por Colombia a la causa palestina.

De acuerdo con los antecedentes citados en el proceso, la decisión del Gobierno se sustentó en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

Esa argumentación fue expuesta en comunicaciones oficiales y en intervenciones públicas del presidente Petro, quien defendió la suspensión de las exportaciones como una medida de carácter político y humanitario.

En mensajes divulgados en su momento, el jefe de Estado sostuvo que “con el carbón construyen las armas del genocidio”, frase que fue ampliamente replicada y que hizo parte del debate público sobre el impacto económico y diplomático de la decisión.

La demanda ahora admitida busca que el Consejo de Estado evalúe la legalidad del decreto a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y de los compromisos internacionales del país.

Tras la admisión, el alto tribunal realizó una invitación formal a 9 instituciones académicas, con el fin de que presenten conceptos técnicos y jurídicos que puedan aportar elementos de análisis al proceso. Este tipo de participación es habitual en casos de alto impacto, en los que se discuten medidas de política pública con implicaciones económicas y de relaciones exteriores.

En el ámbito económico, distintos informes han dado cuenta de los efectos de la prohibición. Según datos divulgados por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel se redujeron tras la entrada en vigor del decreto. Durante el primer trimestre de 2025, se registraron envíos por aproximadamente 600.000 toneladas, cifra inferior a la reportada en periodos anteriores a la restricción.

Análisis económicos citados en el debate público estiman que las pérdidas asociadas a la suspensión de ventas del mineral a Israel podrían ascender a cerca de 650.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el volumen exportado, los precios internacionales del carbón y los contratos vigentes antes de la expedición del decreto. Estos cálculos han sido mencionados por gremios del sector minero-energético en distintos escenarios.

El contexto internacional también ha influido en la discusión. En octubre del año pasado se anunció un alto al fuego en el conflicto, aunque posteriormente se reportó la continuidad de ataques, de acuerdo con información difundida por CNN. Estos desarrollos han sido citados como parte del entorno en el que se tomó y se analiza la decisión del Gobierno colombiano.

Con la demanda ya admitida, el proceso entra en una fase en la que las entidades involucradas deberán exponer sus argumentos y defender la legalidad del decreto ante el Consejo de Estado.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 2 de febrero de 2026 un decreto que instituye un estado de emergencia sanitaria en el sistema de salud pública, vigente hasta febrero de 2027 y con posibilidad de prórroga, con el propósito de afrontar la crisis estructural que atraviesa el sector.

Mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, el Estado dispone de instrumentos legales para ejecutar acciones urgentes orientadas a superar las deficiencias identificadas en los servicios sanitarios.

Según la normativa, si la situación no mejora, la emergencia podrá extenderse a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificación del Legislativo.

Entre las disposiciones más relevantes del decreto se encuentra la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, ejecute estrategias con mayor celeridad y bajo esquemas contractuales extraordinarios.

Conforme al articulado, estos mecanismos deben estar sujetos a auditoría y sistemas de control. Todos los contratos celebrados por esta vía deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional, lo que implica una fiscalización constante sobre procesos de adquisición y contratación. A fin de garantizar el acceso público a la información, las compras extraordinarias deben publicarse en la plataforma oficial de HonduCompras, según estipula el texto del decreto.

La aplicación de la declaratoria supone la posibilidad de reducir la mora quirúrgica mediante la subrogación de servicios quirúrgicos a hospitales privados o acuerdos con instituciones, así como la compra acelerada de medicamentos, equipos y suministros médicos indispensables.

La infraestructura hospitalaria podrá recibir mantenimiento e iniciativas de actualización mediante un modelo operativo que prioriza la rapidez, sin obviar los controles y auditorías formales.

El Ejecutivo también queda facultado para suscribir fideicomisos financieros con bancos nacionales por hasta un año, dirigidos a la obtención de recursos necesarios para reducir listas de espera, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento adecuado de los centros asistenciales. Todos estos fideicomisos están sujetos tanto a auditorías internas como externas.

La crisis del sistema sanitario hondureño motivó la declaración de emergencia.

Entre los factores destacados figuran la existencia de decenas de miles de pacientes en espera de procedimientos quirúrgicos, reportada por distintos sectores; la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos; y las condiciones deficientes de infraestructura y atención en la red pública de servicios de salud.

El Congreso nacional reconoció que estas circunstancias impiden una atención integral a la población, lo que justificó la adopción de medidas legales excepcionales.

Para la aplicación efectiva de las acciones previstas, la normativa establece que el reglamento correspondiente se redacte en un plazo de 30 días tras la publicación de la ley, garantizando la inclusión de diversos actores del sector sanitario.

Entre los gremios y organizaciones que participarán en la elaboración del reglamento se encuentran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Colegio Médico de Honduras, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Afines de Honduras (Sitramedhys). La participación de estos sectores asegura la incorporación de criterios técnicos y profesionales en la implementación de la ley.

La emergencia faculta la contratación directa de médicos, enfermeras y personal administrativo, además de la compra de bienes y servicios requeridos para enfrentar la contingencia, mediante procedimientos simplificados y con la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos, privados y no gubernamentales.

La ley fue aprobada tras un debate en el que varias bancadas parlamentarias respaldaron la iniciativa. Según medios hondureños, la votación superó los 90 votos afirmativos, luego de una discusión en la que el énfasis estuvo puesto en la urgencia de atender la crisis sanitaria. El Partido Libertad y Refundación (Libre) optó por abstenerse o mostrar desacuerdo respecto a ciertos puntos, sin impedir la aprobación final. Los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana manifestaron apoyo al instrumento legal.

El proceso legislativo incluyó un receso solicitado por distintos grupos parlamentarios para revisar el dictamen. Posteriormente, la sesión se reanudó para concretar la aprobación, formalizando así un marco legal que permite respuestas excepcionales a los problemas estructurales del sistema público de salud en Honduras.

De acuerdo con EFECOM, la abstención de Junts, aunque no explícitamente un voto negativo como el del PP, tampoco favorece al Gobierno, ya que no basta para asegurar la aprobación del decreto. Además, Junts ha dado pasos formales al registrar una propuesta propia dirigida a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, movimiento que refuerza su negativa a apoyar la vía propuesta por el Ejecutivo. Las declaraciones de ambos partidos señalan que no aceptan que la subida de las pensiones se debata en un mismo decreto que incluye medidas diversas, situaciones que consideran como una estrategia del Gobierno para vincular el apoyo a los pensionistas con la aceptación de otros puntos controvertidos, como la prórroga de los desahucios para familias en situación vulnerable.

Al respecto, el diputado Bravo remarcó la postura del PP en declaraciones recogidas por EFECOM: "Nuestro voto será un no, no estamos de acuerdo y lo llevamos avisando", recordando que su grupo ya presentó en noviembre una proposición de ley que busca garantizar la revalorización automática de las pensiones. Bravo solicitó al Ejecutivo que permita la tramitación de esta proposición de ley, añadiendo que así podrían encontrar una solución al conflicto generado. Por su parte, el PP también adelantó que no respaldará el decreto referente a las ayudas al transporte público, el cual prevé ampliar las bonificaciones actuales hasta 2026 en los abonos a nivel estatal, autonómico y local, con descuentos de hasta el 100 % previsto para jóvenes y niños, así como la creación de un abono único de alcance nacional.

Las fuentes del PP, citadas por EFECOM, manifestaron que los fondos que el Gobierno planea destinar a las bonificaciones del transporte deberían dirigirse a la inversión en infraestructuras, destacando la importancia del mantenimiento de las redes ferroviarias. Dado que el apoyo de Junts resulta también vital para convalidar el decreto del transporte público, el Gobierno se arriesga a enfrentar el rechazo simultáneo a dos de sus principales decretos en la inminente votación en el Congreso. Además, el texto precisa que, a diferencia del decreto de las pensiones, el relativo al transporte no contará tampoco con el respaldo de Podemos. Esta formación argumenta que el transporte público debe ser "completamente gratuito", como consignó EFECOM.

Frente a la posibilidad de que el Congreso derogue sus decretos, el Partido Socialista (PSOE) descarta fragmentar los textos legislativos o retirarlos para someter a votación por separado el incremento de las pensiones, tal como reclaman el PP y Junts. El medio EFECOM recogió que Sumar comparte la posición del PSOE insistiendo en que "quien no quiera aprobar o bonificar o actualizar las pensiones tendrá que explicarlo al conjunto de la ciudadanía". El debate se ha exacerbado en los últimos días ante la falta de acuerdos, lo que coloca el plan del Gobierno en una situación incierta y expone diferencias profundas en torno al mecanismo elegido para validar estas medidas.

En este entorno parlamentario, los partidos opositores subrayan la necesidad de desvincular la revalorización de las pensiones del resto de propuestas integradas en el decreto, mientras que el Ejecutivo sigue apostando por una aprobación en bloque. La sesión del martes será determinante para el futuro de las pensiones y de otras iniciativas anunciadas por el Gobierno, en una coyuntura marcada por desacuerdos políticos y la fragmentación del voto en el Congreso, según consignó EFECOM.

El Poder Ejecutivo oficializó la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del decreto 53/2026 publicado este martes.

De esta manera, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin", afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios. El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, generando repercusión en la agenda pública y política.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Javier Milei. Fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a Infobae no se descarta sumar nuevos proyectos, además del reciente incorporado. Hasta entonces se incluyó la Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio tras la reunión.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha situado la declaratoria de emergencia sanitaria nacional en el centro de sus primeras acciones gubernamentales, con el objetivo de combatir la severa crisis del sistema público de salud y atender la acumulación de cirugías pendientes, que supera 16.000 operaciones, según sus propios datos.

A pocos días de asumir el cargo, Asfura anticipó que la ceremonia de toma de posesión, prevista para el 27 de enero, no contará con la presencia de mandatarios extranjeros, como ha sido la costumbre histórica en el país. De acuerdo con una fuente cercana citada por la agencia EFE, “No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa, y concurrentes, cuya sede es otro país pero que están acreditados ante el Gobierno de Honduras, más los representantes de organismos internacionales”. Esta decisión se inscribe dentro de una política de austeridad y busca modificar el formato tradicional de la transmisión de mando.

Durante sus declaraciones, el presidente electo remarcó que la situación del sistema sanitario demanda respuestas inmediatas y profundas por parte del Estado de Honduras. Insistió en la necesidad de que el Congreso Nacional apoye el decreto de emergencia sanitaria. “He pedido a Tomás Zambrano, a la junta directiva, que me apoyen con ese decreto. Hago un llamado a los 128 diputados a pedirles que me apoyen con ese decreto. Vamos a trabajar con la mora quirúrgica, atención de medicinas y poder darle seguridad a la gente que va a ser operada en la red nacional”, expresó Asfura.

Uno de los puntos más críticos destacados por el mandatario electo es la existencia de una mora quirúrgica superior a 16.000 procedimientos sin ejecutar, una cifra que da cuenta de la magnitud de la crisis hospitalaria. “Las políticas de salud pública son responsabilidad del Estado. Nadie puede negar que hay una emergencia de salud nacional. Necesitamos medicinas. Dispensarlas. Hay más de 16.000 operaciones en mora quirúrgica”, puntualizó Asfura en sus recientes intervenciones.

El nuevo gobierno prevé la implementación de un plan para coordinar a los hospitales, fortalecer la red pública y mejorar la distribución de medicamentos e insumos. No obstante, hasta ahora no se han divulgado los detalles técnicos ni el calendario para la puesta en marcha de estas medidas.

En el ámbito legislativo, Asfura dejó claro que la aprobación del decreto de emergencia sanitaria dependerá del respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional. Según explicó, esta será una de las primeras iniciativas que su administración impulse, atendiendo una agenda prioritaria para responder a las necesidades más urgentes del sistema de salud. En ocasiones anteriores, la declaratoria de emergencia se ha utilizado en el país como una herramienta legal para acelerar compras, contrataciones y otras actividades excepcionales ante situaciones críticas.

Junto a la emergencia sanitaria, el mandatario electo incluyó entre sus prioridades la atención a los migrantes hondureños retornados, un grupo en crecimiento debido a los desplazamientos hacia Estados Unidos y otros países, así como los consiguientes procesos de deportación. De acuerdo con la propuesta de Asfura, el futuro decreto abordará estos temas e incluirá acciones específicas para asistir a quienes regresan al territorio nacional.

En materia de administración pública, el futuro presidente anunció un recorte significativo en el gasto estatal mediante el cierre de instituciones cuyo detalle no ha sido especificado. “Vamos a cerrar algunas. La reducción en la administración pública es un hecho. Estamos programando reducir el gasto en el sector público a alrededor de unos 10 a 15 mil millones de lempiras”, afirmó Asfura, una cifra que equivale a una reducción sustancial dentro del presupuesto nacional de Honduras.

El traspaso de poder entre Asfura, líder del Partido Nacional, y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se da en un periodo caracterizado por la urgencia en las políticas sanitarias, la presión sobre las finanzas estatales y una persistente demanda de atención social. Como parte de este proceso de transición, el presidente electo ha venido sosteniendo reuniones con autoridades legislativas y su equipo de trabajo, a fin de definir los temas que marcarán el inicio de su gestión, entre los cuales figura de manera destacada la declaratoria de emergencia sanitaria.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013, norma que había creado una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República.

La decisión introduce un cambio relevante en el régimen salarial de los congresistas y tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesione el próximo Congreso.

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El decreto fue firmado por el presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, y se sustenta en consideraciones constitucionales, fiscales y de equidad salarial.

El documento señala que la evolución del marco normativo y de la realidad económica del país hace necesario revisar los componentes del régimen remuneratorio de los congresistas, con el fin de garantizar coherencia con principios como la sostenibilidad fiscal, la racionalidad del gasto público y la transparencia.

¿Qué cambia para la prima de los congresistas?

El Decreto 2170 de 2013 había sustituido las primas de salud, localización y vivienda de los congresistas por una prima especial de servicios, equivalente en su momento a $7.898.445, reajustable anualmente en el mismo porcentaje de la asignación básica y considerada factor salarial para la liquidación de otras prestaciones.

Con la expedición del nuevo decreto, esta prima deja de existir para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.

El Gobierno argumenta que, si bien la Constitución protege los derechos adquiridos y prohíbe el desmejoramiento salarial de los servidores públicos, esta prohibición no es absoluta. En ese sentido, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce la posibilidad de establecer límites legítimos a ciertos derechos sociales, siempre que existan razones constitucionalmente válidas.

Según el decreto, la derogatoria no desconoce derechos adquiridos, sino que redefine el esquema remuneratorio hacia adelante, en un contexto en el que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la situación económica del país.

Los argumentos constitucionales y fiscales del Gobierno

El texto del decreto recuerda que el artículo 187 de la Constitución establece que la asignación de los congresistas debe reajustarse anualmente de acuerdo con el promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servidores de la administración central.

Sin embargo, también destaca que el diseño del régimen salarial debe ser armónico, viable económicamente y coherente con valores como la igualdad y la responsabilidad fiscal.

El Gobierno cita decisiones de la Corte Constitucional que señalan que no toda limitación a un derecho implica una vulneración. En particular, se enfatiza que el derecho al reajuste salarial no debe aplicarse de manera automática y uniforme a todos los servidores públicos, independientemente de su nivel de ingresos.

Además, el decreto menciona que la actividad de congresista no ha sido clasificada como de alto riesgo y que los miembros del Congreso cuentan con cobertura integral del Sistema General de Seguridad Social, tanto en salud como en riesgos laborales, lo cual también fue tenido en cuenta al evaluar la necesidad de mantener primas adicionales.

Desde cuándo aplica y quién define el régimen salarial

El Artículo 1 del decreto establece de manera expresa la derogatoria del Decreto 2170 de 2013. El Artículo 2 precisa que los efectos fiscales comenzarán a partir del 20 de julio de 2026, mientras que el Artículo 3 señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública es el único órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional, impidiendo que otras entidades asuman esa función.

Finalmente, el decreto indica que rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Con esta decisión, el Gobierno busca reorientar el gasto público y adoptar medidas de austeridad, sin afectar los derechos fundamentales de los congresistas, en línea con los objetivos de equidad y sostenibilidad planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Debido a que en 2026 hay elecciones presidenciales y del Congreso en Colombia, en los últimos meses se ha hablado sobre las garantías que deben tener los candidatos en el ámbito de seguridad, siendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) clave para ello.

Infobae Colombia tuvo acceso al documento con el que el Ministerio del Interior de Colombia formalizó la nueva estructura de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mediante el Decreto 0020 de 2026.

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El documento detalla que se crearán 6.870 nuevos empleos en la entidad, más del 10% destinados a jóvenes entre 18 y 28 años, con el objetivo de fortalecer los esquemas de protección y modernizar la gestión administrativa.

De acuerdo con la información oficial, la ampliación de la planta de la UNP contempla la incorporación de 22 cargos en los niveles directivo y asesor, 6.000 puestos para personal de protección o escoltas y 848 empleos en el área administrativa. Hasta el momento, no se ha confirmado cómo serán los procesos de selección.

Esta reestructuración responde a la necesidad de atender la creciente demanda de servicios de protección en el país y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas contra la vida e integridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas sometidas a riesgo extraordinario.

El costo total de la nueva planta supera los 740.000 millones de pesos, lo que se menciona como un reflejo del aumento en la cobertura y la optimización de los procesos internos de la Unidad Nacional de Protección.

En el documento se indica que el rediseño permitirá un ahorro anual promedio de más de 120.000 millones de pesos, lo que representa el 13% en comparación con el gasto registrado el año anterior, tomando como referencia los valores en pesos corrientes de 2025.

“Esta medida busca no solo garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, sino también optimizar el uso de los recursos públicos”.

El documento establece que al menos 687 de los nuevos empleos estarán reservados para jóvenes entre 18 y 28 años, lo que responde a una política de inclusión laboral y rejuvenecimiento del servicio público. Además, la creación de los 22 cargos directivos y asesores pretende fortalecer la toma de decisiones estratégicas y mejorar la supervisión de los esquemas de protección, una demanda recurrente de organizaciones sociales y expertos en seguridad, según análisis de El Colombiano.

La reestructuración también incluye modificaciones en la organización interna de la UNP, ajustando la planta permanente a las necesidades del servicio y al presupuesto asignado por el gobierno nacional para 2026. El Ministerio del Interior resaltó que la viabilidad de estos cambios se fundamentó en estudios técnicos y proyecciones presupuestales, orientados a mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

Debido a que el rediseño de la planta de personal se da en un contexto de alta demanda por esquemas de protección en Colombia, se espera que, con la ampliación de la cobertura y la optimización de los recursos, se responda de manera efectiva a los desafíos de seguridad actuales.

Fuentes de Infobae Colombia mencionaron que, además del dinero que será invertido y los empleos que serán creados, la confirmación de la nueva estructura de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección debe recibir la atención del público, puesto que con esta se garantiza la continuidad de gran parte de los directivos en la UNP, a pesar de los señalamientos negativos que se han realizado respecto a los manejos de la entidad en los últimos años.

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 20 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión, todas sin actividad efectiva.

Un proceso de depuración del padrón

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo del proceso es depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud.

El reordenamiento del padrón comenzó en los primeros meses de la actual gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no desarrollaban ninguna actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

Desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.

Las nuevas empresas alcanzadas

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 20 agentes del seguro de salud. A continuación, el listado de las compañías alcanzadas por la medida:

• Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
• Mutual Persona John Deere Argentina
• Asistencia Mutual Aeronavegante
• Instituto Médico Asistencial IMA
• Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
• Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
• Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
• Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
• Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
• Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
• Asociación Mutual Intercooperativa
• Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
• Instituto Materno Infantil S.A.
• Empy SRL
• Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
• Austral Organización Médica Integral
• Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
• Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
• IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
• Cardio S.A.

Sin impacto sobre los afiliados

Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que la medida no genera impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado. Las empresas alcanzadas por las bajas no contaban con beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las auditorías.

En ese sentido, desde el organismo señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema. Al mismo tiempo, indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.

Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos.

Fuentes del sector remarcaron que el reordenamiento del padrón es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, ya que permite trabajar sobre una base depurada y actualizada. “El objetivo es contar con un registro transparente”, insistieron.

El Gobierno de Bolivia anunció ajustes al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas y que provocó el rechazo de algunos sectores sociales tras su promulgación el 17 de diciembre.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que los artículos que se prevé modificar no afectan al “fondo” de la norma, sino que corresponden únicamente a ajustes de forma. “Las conclusiones se darán a conocer mañana (viernes), son 35 artículos que solamente se modificarían en forma y no en fondo”, afirmó Barrientos y descartó que la norma sea derogada.

“El decreto que ha generado el Gobierno es de `sinceramiento’ de la economía que está generando múltiples ventajas para la población y que nos obliga a establecer una lógica de austeridad para estabilizar el país y luego generar riqueza”, manifestó en una rueda de prensa.

A pesar de haberse alcanzado acuerdos con algunas organizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) exige su abrogación y que los 120 artículos sean tratados en normas diferentes: por un lado, mantener la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La observación principal está relacionada con un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales denominado “fast track”, que establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto. Según algunos analistas, este proceso eliminaría el rol del Legislativo y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con ministros el miércoles, que entró en receso sin darse a conocer detalles de la reunión.

Tras varios días de protestas, el movimiento obrero inició esta semana un bloqueo de caminos a nivel nacional que se fue masificando y a primera hora de este viernes tenía 43 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de La Paz (20). También se registraron cortes de rutas en Cochabamba (7), Potosí (6), Oruro (6) y Santa Cruz (4), según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras.

En paralelo a las manifestaciones en las calles, se interpusieron siete acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar este y otro decreto, proceso que podría dilatarse debido a la falta de quórum en esa instancia.

En el Legislativo también hubo rechazo a algunas medidas que establece la norma. Legisladores de oposición —como el senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea y la senadora de Unidad, Cecilia Requena— observaron que al menos cinco artículos del decreto son inconstitucionales.

“Uno lee el decreto y parece crear una forma paralela de firma de contratos sobre recursos naturales que ni siquiera da tiempo para cumplir con la consulta previa e informada, una licencia ambiental”, observó Requena y agregó que modificar o derogar los artículos relacionados no implica la abrogación de toda la norma.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara, que hace poco se declaró opositor al gobierno, presentó un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto los artículos que considera “inconstitucionales”. Flanqueado por asambleístas, el vicepresidente entregó la documentación para su tratamiento legislativo, bajo el argumento de que las actuales disposiciones vulneran la Constitución Política del Estado y desplazan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con la viceministra Barrientos, la tarde de este viernes se anunciarán las conclusiones de las mesas técnicas con organizaciones sociales, que pueden ser decisivas para definir los ajustes finales al Decreto Supremo 5503 y el curso del conflicto social en torno a la norma.

El decreto emitido por Hibatulá Ajundzada establece que nadie podrá quedar en libertad sin una orden judicial, un cambio que revoca la anterior práctica en la que la policía o los fiscales podían liberar a un detenido si no encontraban pruebas suficientes para presentar cargos. De acuerdo con el medio Amu TV, esta nueva normativa supone una prolongación del periodo máximo de detención de una persona sospechosa, que pasa de 72 horas a diez días, sin que medie presentación formal de cargos durante ese lapso.

Según reportó Amu TV, el líder supremo talibán fundamentó su decisión en las enseñanzas y la tradición islámica recogida en la sharia, para argumentar la prohibición de acusaciones y críticas públicas hacia funcionarios del gobierno talibán. El decreto alcanza a la población general, miembros del propio movimiento talibán y trabajadores de los medios de comunicación, quienes tampoco podrán expresar ninguna acusación infundada ni crítica de forma pública, por ningún medio. Quienes incumplan esta prohibición enfrentarán sanciones, según la advertencia realizada por Ajundzada y recogida por la cadena.

El medio Amu TV detalló que ambos decretos firmados por Ajundzada buscan regular tanto la conducta pública como la gestión del sistema de detenciones en Afganistán. El primero de los decretos prohíbe expresamente toda denuncia no respaldada y cualquier manifestación pública que cuestione o critique el actuar de las autoridades del régimen. Además, refuerza la justificación religiosa al citar la ley islámica como base incuestionable para la implantación de esta disposición, estableciendo medidas punitivas para quienes infrinjan la norma.

En correspondencia con la emisión de esta normativa, los talibán remarcaron que todo castigo físico solo puede ser ordenado por un tribunal islámico, quedando completamente vedadas las torturas o maltratos contra detenidos durante el periodo de detención. El decreto, publicado en la página web del Ministerio de Justicia talibán, subraya que debe evitarse cualquier forma de tortura durante la detención, enfatizando que la potestad de imponer castigos reside únicamente en las instancias judiciales islámicas. Hasta antes del decreto, los procedimientos policiales y fiscales permitían mayor flexibilidad, ya que la policía podía decidir la liberación de sospechosos cuando no se hallaban indicios suficientes y los fiscales podían ordenar excarcelaciones bajo su criterio. Ahora, la decisión final queda en manos de los tribunales.

Desde su retorno al poder en agosto de 2021 tras la toma de Kabul durante la ofensiva militar, el grupo talibán ha instaurado la sharia o ley islámica como marco jurídico nacional. Según Amu TV, las nuevas disposiciones refuerzan ese marco y amplían el control estatal sobre la vida pública y jurídica en Afganistán. A la par, organizaciones de Derechos Humanos han manifestado críticas constantes respecto al alcance de estas normas y, especialmente, sobre las restricciones que se han impuesto en materia de educación y libertades. Entre estas restricciones, subrayan la prohibición para las mujeres de acceder a la educación secundaria y superior, medida instaurada desde la reinstalación del régimen talibán y denunciada en reiteradas ocasiones por entidades internacionales.

Tal como resaltó Amu TV, la aplicación de la normativa será exhaustiva en todos los niveles: a la ciudadanía en general, funcionarios talibán, miembros del aparato de seguridad y periodistas o medios de comunicación. Esta medida apunta a eliminar cualquier manifestación pública de disenso o crítica hacia los funcionarios, aludiendo como único fundamento legítimo la interpretación de la ley islámica sostenida por el liderazgo talibán.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación de los detenidos, la extensión del tiempo máximo en prisión preventiva sin cargos amplía significativamente el periodo en el que los sospechosos pueden permanecer bajo custodia. La remoción de las facultades de excarcelación a la policía y los fiscales centraliza esas decisiones exclusivamente en el ámbito judicial, condicionado por los principios de la sharia.

Diversas organizaciones internacionales, según informó Amu TV, observan con preocupación el aumento de restricciones tanto a nivel social como legal y han señalado que tales decretos contribuyen al endurecimiento de las condiciones de vida, especialmente para opositores o cualquier persona que trate de cuestionar el gobierno. El control sobre la libertad de expresión, en particular sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, se consolida como uno de los ejes centrales de la política de control del régimen tras la toma de la capital afgana. Estas disposiciones se suman a una larga lista de medidas impuestas tras la instauración del nuevo gobierno talibán, que son objeto de denuncia y reclamo por parte de la comunidad internacional y representantes de los Derechos Humanos.

El Gobierno nacional evalúa la eliminación de la prima especial de servicios de quince millones de pesos mensuales que reciben los congresistas a partir de 2026, según un borrador de decreto.

La medida, que se aplicaría a los legisladores elegidos en los comicios del 8 de marzo de ese año, formaría parte de una estrategia de austeridad impulsada por el Ejecutivo colombiano, de acuerdo con el documento conocido por Blu Radio.

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Al respecto, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López escribió un mensaje con el que demostró su apoyo a la medida, pese a que sus más recientes publicaciones han sido críticas frente a la administración de Gustavo Petro, que resolvió decretar un aumento del 23 % al salario mínimo para el 2026.

Sin embargo, para hacer la salvedad, López comentó sobre la eventual eliminación de la prima: “¡Esta sí es una buena decisión!”.

El ajuste afectaría los ingresos mensuales de los futuros integrantes del Congreso de la República, que dejarían de percibir la prima creada mediante el decreto 2170 de 2013.

Esta disposición habría sido concebida para sustituir beneficios eliminados tras una sentencia de la Corte Constitucional, pero el borrador actual considera que su monto resulta desproporcionado frente al ingreso promedio de la población, informó el medio.

Claudia López se fue en contra del incremento del salario mínimo del 23%

La exalcaldesa, además, publicó una dura crítica contra el incremento al salario mínimo de un 23,7%.

En sus redes sociales escribió que un aumento así significa “la mayor transferencia de riqueza de los bolsillos de los colombianos a los de congresistas, ministros, magistrados y toda la burocracia estatal de la historia!”.

Agregó que “El 56% de los colombianos, los informales, no tendrán ningún incremento, ni más salario, sino mayor inflación y costo de vida, pero trabajarán para que toda la clase política se enriquezca, para que el 44% más privilegiado que ellos, con empleo formal, gane mejor, mientras que los informales, que son las mayorías, se joden trabajando más y ganando menos para que los de arriba vivan sabroso”.

Qué más dice el decreto que va por las primas de servicios de los congresistas

El borrador de decreto de la Presidencia de la República indica que la eliminación de la prima especial creada mediante el decreto 2170 de 2013, junto con otros beneficios relacionados, representa una acción inmediata de austeridad que busca avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas.

La supresión de la prima implicaría una reducción cercana a 11 millones de pesos mensuales en la asignación total de los futuros congresistas, ya que el monto del beneficio actual asciende a aproximadamente 15 millones de pesos mensuales.

La propuesta del Gobierno fue respaldada públicamente por Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial, que recordó que desde el primer año de la pandemia propuso esta medida como una alternativa para reducir los altos salarios de los congresistas sin necesidad de reformas constitucionales.

Cristo enfatizó en su cuenta en la red social X que “la prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”.

El salario de los congresistas en Colombia se proyecta para 2026 en más de 52 millones de pesos mensuales, tras los recientes ajustes oficiales. El Decreto 1092 de octubre de 2025 fijó un aumento del 7% en las asignaciones de senadores y representantes a la Cámara, lo que elevó sus ingresos desde los 48,1 millones de pesos previos hasta una cifra superior a los 51 millones de pesos.

Para 2026, el salario mínimo legal vigente se estableció en 1.750.000 pesos, tras un incremento del 22,7% decretado por el gobierno de Gustavo Petro.

El debate sobre el salario de los parlamentarios ha sido recurrente en la opinión pública. El nivel salarial de los congresistas colombianos equivale a cerca de 37 veces el salario mínimo, una diferencia que ha generado críticas en un contexto de presión económica para millones de ciudadanos.

Además, los legisladores reciben beneficios adicionales, como gastos de representación y asignaciones por logística y seguridad, que incrementan el costo total para el Estado.

El anuncio del Gobierno colombiano de declarar la emergencia económica, con el fin de que cubrir un déficit presupuestal de 16 billones de pesos que estaban previstos en la ley de financiamiento negada por las Comisiones Económicas del Congreso, sigue generando diferentes reacciones en varios sectores del país.

El turno fue para Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que cuestionó la legalidad y pertinencia del documento expedido por el Ejecutivo, advirtiendo sobre el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la inversión privada y en sectores estratégicos como el energético.

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En declaraciones a Caracol Radio, el directivo afirmó que la Constitución Política exige que una emergencia económica se base en hechos nuevos, graves e inminentes, condiciones que, en su opinión, no se cumplen en la coyuntura actual.

“El país sí enfrenta una fragilidad fiscal, pero esta no es nueva ni sobreviniente. Es una fragilidad autoinfligida, producto de un manejo presupuestal irresponsable, con gastos mal focalizados, presupuestos irreales y una deuda pública cada vez más costosa”, expresó el dirigente gremial al citado medio de comunicación.

Así mismo, el directivo señaló que uno de los puntos más críticos es la reiterada carga fiscal sobre el sector energético, al que se le sumarían nuevas tasas e impuestos, según lo estipulado en el decreto.

“El sector energético vuelve a ser el trompo de poner. Está de capa caída y esta sería la estocada final”, alertó Castañeda a la cadena radial mencionada.

Además, el dirigente criticó la inclusión de impuestos al patrimonio de las personas jurídicas, calificándolos como antitécnicos y generadores de distorsiones económicas que afectarían no solo al sector energético, sino a toda la estructura productiva.

Otras críticas al decreto

La postura de Alejandro Castañeda se suma a otras críticas de sectores empresariales y políticos, afirmando que el documento propone un aumento de impuestos que impactaría directamente el costo de vida y la actividad empresarial en Colombia.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó su rechazo a la declaratoria de emergencia económica, argumentando que no existen razones que la justifiquen.

“En este momento es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana. No hay razones para decretar una emergencia económica”, mencionó el directivo en su cuenta de X.

A su vez, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, indicó que la declaratoria, pese a que podría caerse jurídicamente, generará grandes problemas para el nuevo Gobierno que se posesionará el 7 de agosto de 2026.

“Es probable que esta emergencia económica se caiga, pero mientras eso ocurre, los mayores impuestos afectarán la inversión, el empleo y el crecimiento. El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”, sostuvo.

Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi Atlántico, también manifestó su preocupación por el decreto, calificando la medida como “altamente irresponsable”.

Quintero advirtió que la decisión del Gobierno podría tener consecuencias negativas en la inversión privada, especialmente en un contexto de incertidumbre y ajustes fiscales. A pesar de este panorama, la dirigente gremial destacó que más del 50% de los empresarios han mantenido o incluso aumentado su nivel de inversión en medio de la incertidumbre.

Qué dice el decreto

Entre las medidas más controvertidas se encuentra la elevación del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, que pasaría a ser 5x1.000 durante el año gravable 2026, lo que supondría un mayor costo para los usuarios del sistema financiero.

Además, introduce ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares: para 2026, el componente específico del impuesto sería de $750 por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, y se sumaría un componente ad valorem del 30%, incrementando la carga tributaria total sobre estos productos.

En cuanto al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, el borrador contempla que para el año gravable 2026 el tributo se causaría por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores dentro de los departamentos, excluyendo únicamente los chicotes de producción artesanal. Estas medidas aún podrían ser modificadas antes de su expedición oficial.

El Gobierno le otorgó al Instituto Universitario River Plate una autorización para que funcione como institución universitaria privada, en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada a través del decreto 889/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la medida responde a la solicitud realizada por la institución educativa, que ya contaba con aval provisorio desde el año 2010. El reconocimiento final fue tramitado conforme lo establecido en la normativa vigente y los decretos reglamentarios que regulan el funcionamiento de las instituciones universitarias en el país.

Así, a través del primer artículo se confirmó la autorización de forma definitiva “al Instituto Universitario River Plate con domicilio legal en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta N° 7597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 65 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, a funcionar como institución universitaria privada dentro del régimen de la citada ley".

El expediente presentado por el instituto incluyó información requerida sobre su estructura, objetivos, funcionamiento administrativo-académico y la composición de su plantel docente. Y contó con la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), responsable de analizar el cumplimiento de los estándares en materia académica, financiera y edilicia. En este sentido, el organismo emitió un dictamen positivo, “habiéndose producido las evaluaciones correspondientes, y remitido las actuaciones” del organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

“El proceso de autorización definitiva incluyó la intervención de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que consideró que la resolución de los aspectos pendientes señalados por la CONEAU se dará en el marco de los procedimientos periódicos de autoevaluación institucional y evaluación externa previstos por la legislación”, añadió la normativa.

El decreto publicado en la madrugada de este martes, destacó que la oferta académica está orientada al deporte y la educación corporal, con una propuesta formativa vinculada a la investigación científica, la innovación y el desarrollo de saberes en esas áreas. Las carreras fueron aprobadas tras comprobarse que responden a las demandas sociales, culturales y profesionales asociadas al ámbito deportivo.

Qué argumentó la CONEAU

La evaluación que fundamentó la autorización definitiva para el Instituto Universitario River Plate destacó que “su denominación guarda correspondencia con el desarrollo de áreas disciplinares previsto en el proyecto institucional”. De acuerdo con el informe, “tanto la misión como la visión son adecuadas y coherentes con los objetivos propuestos por la Casa de Altos Estudios”, y el diseño institucional contempla el despliegue de funciones de docencia, investigación y extensión, en línea con lo pautado por la legislación sobre educación superior.

En el análisis presentado, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria subrayó que “no se presentan objeciones acerca de la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la entidad peticionante”, y resaltó que “el estatuto se ajusta a las prescripciones de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y del Decreto N° 576/96, y no ocasiona obstáculos para el adecuado desarrollo de las funciones universitarias, la ejecución de su proyecto institucional y sus líneas y planes de acción”.

Se remarcó además que las carreras del instituto “se vinculan con su finalidad primordial, es decir, un saber orientado al deporte, para fomentar la investigación científica, la innovación y la invención, en el campo del deporte, la recreación y la educación corporal”, señalando que todas las propuestas fueron evaluadas positivamente bajo criterios normativos y académicos.

La CONEAU resaltó que “la composición del cuerpo académico permite cubrir las actividades de docencia, investigación y extensión, contando los profesionales que integran la planta docente con formación y antecedentes apropiados para las propuestas formativas en las que se desempeñan”. Al mismo tiempo, recomendó que la institución continúe “con el compromiso institucional para apoyar y fomentar una mejora en la titulación de su claustro, así como seguir incrementando las dedicaciones, para lograr una mayor estabilidad y capacidad de proyección”.

Finalmente, Carlos Alberto Presti fue oficializado como nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre, de acuerdo con la publicación en Boletín Oficial del decreto 869/2025. El nombramiento del teniente general ya había trascendido desde el Gobierno, luego de que el ex titular de la cartera Luis Petri jurara como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), por Mendoza, la semana pasada.

El decreto publicado este martes, establece que Presti asume el cargo de ministro de Defensa desde el miércoles teniendo en cuenta que las funciones de Petri finalizan hoy. “Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri (D.N.I. N° 25.887.111) al cargo de Ministro de Defensa“, confirma el texto. También agradece “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

A su vez, la normativa aclara que en caso de permanecer al frente de la cartera, Presti pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026, y a situación de pasiva desde el 10 de junio de 2026 “hasta completar el plazo de dos (2) años como máximo”.

Dicha particularidad había trascendido a fines de noviembre, cuando el presidente Javier Milei participó de la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas. Allí, estuvieron Petri; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac -quien fue reemplazado por Marcelo Alejandro Dalle Nogare, en la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas-. También estuvo Gustavo Valverde, quien continúa al frente de la Fuerza Aérea; y el ya jubilado líder de la Armada Argentina, Carlos Allievi. En su lugar, asumió Juan Carlos Romay.

Tal como se adelantó en aquella ocasión, se esperaba que el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino asumiera sus tareas luego de la presentación de los aviones F-16.

El flamante diputado de LLA anunció su salida este lunes mediante una carta enviada al mandatario nacional. “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, escribió.

En el texto también se dirigió a su sucesor. “Agradezco a cada oficial, suboficial, soldado y marinero de las tres Fuerzas por su compromiso inclaudicable con la Patria, al punto de estar dispuestos a entregar su vida en su defensa. La cartera de Defensa queda en las mejores manos. Le deseo a mi sucesor, el Teniente General Carlos Presti, el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”, aseguró.

Respecto al área que deja en manos de Presti, sostuvo: “El país le debe a sus Fuerzas Armadas la independencia y la libertad, con el General San Martín, Belgrano y Güemes a la cabeza, junto a tantos otros que conformaron los Ejércitos del Norte y de los Andes liberando a medio continente. Rescatar ese pasado bañado en gloria es fundamental para posibilitar este presente, en el que nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior”.

Petri agradeció la confianza y enumeró los principales logros de su gestión, entre ellos la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación del sistema de armas F-16 y el desarrollo de operaciones estratégicas en diversas regiones del país.

“En estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico. Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales”, describió.

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Mediante el Decreto 865/2025, suscripto por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, la decisión contempla abordar un conjunto de iniciativas consideradas prioritarias para la administración nacional. El temario oficial incluye propuestas que van desde el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales, generando expectativas y tensiones tanto en los bloques legislativos como en el sector privado.

El anuncio de la convocatoria consolida una agenda legislativa de gran trascendencia, con repercusiones sobre sectores clave de la economía y el régimen fiscal. La medida responde a la “necesidad de dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso”, y busca “agilizar el tratamiento de políticas urgentes”.

Los proyectos en agenda

• Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
• El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.

• Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
• En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
• El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.

En ese sentido, alegaron que esta convocatoria supone una “oportunidad para avanzar con debates pendientes y reformas estructurales”, mientras que referentes de la oposición exigieron “diálogo y transparencia en la discusión parlamentaria”.

El Poder Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Manuel Adorni, a coordinar la remisión de los proyectos de ley restantes, entre ellos los destinados a la reforma laboral y penal.

El oficialismo mira a los bloques de los gobernadores para sancionar las leyes en sesiones extraordinarias

La Libertad Avanza (LLA) busca asegurar la aprobación de estos proyectos antes del 31 de diciembre, en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia y debe negociar con bloques provinciales y aliados para avanzar con su agenda legislativa.

La fragmentación política actual obliga al oficialismo a entablar negociaciones directas con los gobernadores provinciales, ya que muchos diputados responden a los mandatarios de sus provincias más que a las estructuras partidarias nacionales. Esta dinámica ha trasladado el centro de las conversaciones a la Casa Rosada, alejando el protagonismo de los despachos del Palacio Legislativo.

El bloque Provincias Unidas ejemplifica este escenario, integrando legisladores alineados con los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora) y Chubut (Ignacio Torres), además de figuras como Esteban Paulón, Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. La conducción está a cargo de Gisela Scaglia, referente del sector de Pullaro.

En la Unión Cívica Radical (UCR), la presidencia recayó en Pamela Verasay, quien responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conviven allí radicales de Corrientes y Chaco, priorizando intereses provinciales sobre los partidarios.

Otros espacios, como Innovación Federal, agrupan a diputados salteños vinculados a Gustavo Sáenz y misioneros de Hugo Passalacqua.

Dentro de Unión por la Patria también se observan divisiones, con los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños de Raúl Jalil conformando los bloques Independencia y Elijo Catamarca.

En una decisión que impacta de lleno en el bolsillo de millones de trabajadores, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil resolvió, mediante la Resolución 9/2025 —publicada este miércoles en el Boletín Oficial—, fijar una nueva escala de actualizaciones para todo el país, con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La medida, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, se dictó tras el fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores, que no lograron consensuar un monto en la última sesión plenaria realizada el 26 de noviembre.

La sesión del Consejo se realizó de manera virtual y, al momento de tratar el segundo punto del orden del día —la actualización del salario mínimo y de las prestaciones por desempleo—, se expusieron las propuestas de ambos sectores.

Como no se alcanzó un consenso, la normativa vigente habilita al Gobierno a determinar el nuevo salario mínimo a través de un decreto, tal como viene sucediendo desde la llegada de Javier Milei al Ejecutivo.

De esta manera, fijaron los nuevos valores. Así, la escala establece que, a partir del 1° de noviembre de 2025, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa será de $328.400 (desde agosto, permanece en $322.200), mientras que para los trabajadores jornalizados se fija en $1.642 el precio de la hora (hasta el momento era de $1.610).

Estos montos se incrementarán de manera progresiva mes a mes:

• En diciembre de 2025, el mínimo será de $334.800;
• En enero de 2026, $341.000;
• En febrero, $346.800;
• En marzo, $352.400;
• En abril, $357.800;
• En mayo, $363.000;
• En junio, $367.800;
• En julio, $372.400;
• Y en agosto, $376.600.

Los valores horarios para los trabajadores jornalizados también acompañarán esta suba, llegando a $1.883 por hora en agosto de 2026.

La decisión alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores, “con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198” de la ley laboral, que refieren a contratos a tiempo parcial y a trabajadores menores de edad, quienes percibirán el salario mínimo en proporción a su jornada.

En cuanto a la prestación por desempleo, la resolución mantiene la fórmula vigente desde septiembre de 2023, estableciendo que el monto será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese del contrato. Además, se fija un piso y un techo: “En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otras organizaciones, reclamaban que Salario Mínimo, Vital y Móvil se equipare al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que actualmente asciende a $1.276.649 para una familia tipo. Además, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, se ubicó en 572.488 pesos. Llegar a esa suma implicaría un incremento del 180%.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), en octubre el salario mínimo experimentó una reducción real del 2,3%. Esta caída se suma a las registradas en septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%), tras una leve estabilidad en junio (+0,1%).

El proceso de pérdida de valor real del salario mínimo se intensificó a partir de diciembre de 2023, cuando se produjo una contracción del 15% impulsada por la aceleración inflacionaria, seguida de una disminución aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Si bien en algunos meses posteriores el incremento nominal logró acompañar o superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la tendencia general fue descendente. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, el salario mínimo real acumuló una caída del 35%, mientras que en lo que va del año la reducción alcanza el 7,7%.

El Gobierno ha reavivado el debate en el sector diplomático tras presentar un borrador de decreto que elimina las exigencias de formación académica y experiencia profesional para acceder a cargos como cónsul o embajador. Esta iniciativa podría facilitar el nombramiento de personas mediante criterios políticos o de confianza, especialmente en el tramo final de la actual administración.

La controversia en torno al cambio de requisitos para acceder a cargos diplomáticos persiste. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo expresó su desacuerdo a través de su cuenta de X, donde afirmó que esta medida representa un retroceso en la valoración del mérito. “Es un paso más contra el mérito”, comentó el exfuncionario público.

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El exministro del Gobierno de Gustavo Petro con respecto al borrador de decreto argumentó que el nuevo borrador de decreto promueve la discrecionalidad y debilita el principio de mérito en la carrera diplomática. Para Ocampo, la propuesta representa una amenaza para el profesionalismo que, según él, debe predominar en el servicio exterior colombiano.

La preocupación del exministro radica en la posibilidad de que los nuevos lineamientos faciliten el acceso a estos cargos por motivos políticos, dejando de lado la experiencia y formación exigidas tradicionalmente. Según su análisis, este cambio no solo afecta a los funcionarios de carrera, sino que también proyecta una imagen poco favorable ante la comunidad internacional, comprometiendo la credibilidad de la diplomacia nacional.

“El borrador de Decreto que establece las nuevas calificaciones para ejercer los cargos de Embajador o de Cónsul de Colombia es totalmente inconveniente. Es un paso más contra el mérito y el profesionalismo que debe caracterizar el servicio exterior del país, y un irrespeto contra la carrera diplomática y consular. Y, por supuesto, es además una señal negativa para las relaciones exteriores del país. Por todos estos motivos, ese Decreto debe ser archivado”, opinó el exfuncionario público perteneciente a la actual administración pública del país liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El presidente Gustavo Petro defendió la reforma al señalar que la medida equipara los requisitos para ocupar los cargos de embajador y ministro, resaltando que esta decisión responde a los principios de igualdad propios de un Estado democrático. En palabras del mandatario, “Con el nuevo decreto los mismos requisitos para ser ministro, son para ser embajador. Somos una república democrática y no una aristocracia.”

El borrador plantea como únicos requisitos para estos cargos ser colombiano de nacimiento y tener más de veinticinco años, suprimiendo la necesidad de acreditar estudios profesionales o experiencia laboral previa.

El documento presentado recientemente, que modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015. Antes de este ajuste, quienes aspiraban a ser embajador o cónsul debían presentar un título profesional y demostrar experiencia laboral en el área.

La intención de modificar las condiciones de acceso a la carrera diplomática venía gestándose desde tiempo atrás. En una sesión de consejo de ministros en junio, el presidente Gustavo Petro manifestó su propósito de eliminar las exigencias académicas para estos nombramientos, destacando que, según sus palabras, “cualquier hijo de obrero puede ser embajador”.

Además, la Cancillería ya había avanzado en esta línea con la Resolución 10142 de 2025, que eliminó el requisito de dominar un segundo idioma para quienes ingresen fuera de la carrera diplomática.

La publicación del borrador también provocó nuevas críticas de distintos sectores políticos además de la de José Antonio Ocampo. La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a esta iniciativa, advirtiendo que representa una amenaza para la carrera diplomática y la calidad del servicio exterior. Cabal anunció su intención de acudir a instancias legales para frenar el avance del decreto.

“Aquí está el proyecto de decreto del gobierno Petro que pretende eliminar los requisitos académicos y profesionales para ser Embajador y Cónsul. Demandaremos este decreto que atenta contra la carrera diplomática y la excelencia en el servicio exterior”, dijo en su cuenta de X.

La Cámara alta inició esta semana con dudas sobre si sesionará o no. Es la intención de algunos bloques de la oposición -otros buscan pactar con la Casa Rosada y cerrar el recinto hasta diciembre-, que aprovecharon la visita oficial realizada el jueves último por el presidente del Senado español, Pedro Rollán Ojeda (Partido Popular), para consultarle sobre el régimen aplicado allí a los “decretos-ley”, aquí denominados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), e inclinar la balanza hacia el potencial plazo de 90 días que empujan algunas bancadas para una aprobación total del Congreso, con un kirchnerismo que viró de postura y generó suspicacias.

“En su Constitución, tienen establecido el mecanismo por el cual el decreto-ley del Ejecutivo entra en vigencia, luego de una aprobación de 30 días por la Cámara de Diputados. Hoy estamos en un debate a partir de un proyecto que dice que los DNU tienen que ser aprobados, por ambas Cámaras, en un plazo de 90 días posterior a su sanción por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con los decretos-ley, cómo lo evalúan? Es importante nutrirnos de ello”, preguntó a Rollán Ojeda el bonaerense Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical (UCR).

“A lo largo de nuestras casi cinco décadas de democracia, y nos encontramos en la decimoquinta Legislatura, la utilización por parte del Gobierno del decreto-ley ha sido desigual. Es directamente proporcional el menor uso del decreto-ley con respecto a si se dispone o no de una amplia mayoría, de un amplio respaldo”, comenzó el titular del Senado español. Ante estas primeras frases asintió la vicepresidenta y anfitriona, Victoria Villarruel, según un video al que tuvo acceso Infobae.

Rollán Ojeda manifestó: “Yo soy de la opinión que recurrir al decreto-ley ha de ser algo reducido, excepcional y que, en cualquier caso, ha de ser sometido al refrendo por parte de las Cortes. Creo que es la mejor manera de establecer el hacer uso de una excepcionalidad que se arroga desde el Gobierno, que ha de ser refrendada por las Cortes. Las Cortes son importantes".

“Yo no creo que sea un problema, pero creo que debe ser utilizado en su justa medida. Lo deseable es que sean las Cortes, bien a través de las figuras de las proposiciones de ley o una iniciativa legislativa, que le corresponde al Gobierno. Si se trata de una iniciativa legislativa extraordinariamente importante, urgente e inmediata, hay procedimientos para que una ley, por ejemplo, cuando llega al Senado de España, no supere los 20 días de tramitación”, agregó el invitado.

¿Qué se discute en la Cámara alta?

A principios de septiembre pasado, una envalentonada oposición metió 56 voluntades -sobrados dos tercios- para imponer que los DNU tengan un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante un eventual y corto tiempo de vida.

La yapa es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas. En resumen, una más que tardía restricción a la ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora en 2006 y que fue usufructuada por todas las administraciones. Según la oposición, Javier Milei abusó de la metodología y ahora, a casi 20 años de uso, hay una demanda para revisar con premura.

¿Qué ocurrió en Diputados? No llegó a la mayoría absoluta el artículo de los 90 días. Como ahora se trata de avalar ese cambio o revalidar la versión original, los “dialoguistas” apostaron días atrás por la segunda opción. Ahí llegó la sorpresa del Frente de Todos, que firmó en disidencia el dictamen de mayoría. Después, este espacio intentó desviar la atención hacia quienes activaron el debate en primer lugar y no sobre ellos, que votaron algo en el Senado y ahora deslizan que “lo mejor” es lo de la Cámara baja.

El Ejecutivo pretende no sesionar hasta diciembre y, ante una hipotética sanción de la ley, vetaría. Llegado ese momento, ya tendrá a disposición la renovación parlamentaria consumada, como para blindar el tercio bloqueador si la oposición quisiera insistir con un articulado de ese estilo. Algunos bloques confían en que la opción de la Cámara baja, al ser la más light, atravesaría esa valla.

La publicación del decreto 1099 de 2025 marca un punto de inflexión en la gestión de los documentos oficiales en Colombia, al otorgar a la Imprenta Nacional la facultad plena para la fabricación de pasaportes y otros instrumentos de identificación.

Esta decisión, que fue sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, el viernes 17 de octubre de 2025, responde a una necesidad de fortalecer la soberanía y la seguridad documental del Estado colombiano, en un contexto donde la producción de pasaportes ha sido objeto de controversia y debate público.

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El nuevo decreto reglamenta el artículo 5 de la ley 109 de 1994, que establece la obligación para todas las entidades del Ejecutivo y los organismos de las ramas legislativa y judicial de contratar sus publicaciones e impresos con la Imprenta Nacional de Colombia.

De acuerdo con el texto oficial, la entidad asumirá la impresión no solo de pasaportes, también de cédulas de extranjería, Permisos de Protección Temporal (PPT), Permisos Especiales de Permanencia (PEP) y otros documentos migratorios, así como la reproducción de actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones, sentencias y demás impresos oficiales.

La medida adquiere especial relevancia en el contexto de la reciente demanda al convenio celebrado con la Casa de la Moneda de Portugal, que fue cuestionado por presuntas irregularidades en los procesos de contratación. El gobierno de Gustavo Petro defendió la transición hacia una fabricación pública de los pasaportes, argumentando la necesidad de proteger los datos y la información sensible del Estado.

El decreto enfatiza este aspecto, señalando: “Esta reglamentación garantiza el cumplimiento del mandato legal para, fortalecer la soberanía, protección documental, la seguridad digital, la data del Estado, preservar la seguridad jurídica en la producción de documentos oficiales, reproducción de normas y actos oficiales, así como consolidar capacidades institucionales sostenibles”, según lo establece el artículo 1 de la parte resolutiva.

No obstante, el decreto también contempla excepciones a la obligatoriedad de contratar con la Imprenta Nacional. El texto remite nuevamente al artículo 5 de la ley 109 de 1994, que permite a las entidades acudir a terceros en caso de que la Imprenta no pueda atender los requerimientos o si se demuestra, mediante cotizaciones, que el sector privado ofrece condiciones de precio o plazo más favorables. En tales situaciones, la contratación externa deberá estar respaldada por una certificación expedida por la Imprenta Nacional de Colombia.

Tras el anuncio, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “la imprenta debe ser capaz de entregar todos los libros y cuadernos que se necesitan en los colegios públicos. Debe ser capaz de reeditar los libros del pensamiento colombiano y latinoamericano”.

Los cuestionamientos de la Procuraduría por convenio con Portugal

Pese al decreto, el futuro de los nuevos pasaportes colombianos quedó en entredicho tras la solicitud de la Procuraduría General de la Nación para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declare nulo el contrato interinstitucional suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

La acción, liderada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se fundamenta en la identificación de varias irregularidades graves en el proceso contractual.

Uno de los puntos más controvertidos señalados por la Procuraduría es la ausencia de un proceso de licitación pública para seleccionar a la Casa de la Moneda de Portugal. De acuerdo con Melgosa, la contratación se realizó mediante un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, lo que permitió eludir el Estatuto General de Contratación Pública.

El procurador delegado detalló: “Aquí se suscribió primero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional un convenio interadministrativo. Ese convenio sirvió para utilizar un régimen exceptuado, distinto al Estatuto de Contratación, lo que facilitó contratar a la Casa de la Moneda de Portugal sin competencia”, según sus declaraciones a Blu Radio.

El análisis preventivo que hizo el Ministerio Público también detectó deficiencias en la justificación financiera del acuerdo. Melgosa precisó que el aporte económico del contratista extranjero representa únicamente el 21% del valor total del contrato, cuando la normativa exige un mínimo del 50% para que proceda la contratación directa con una empresa de derecho público extranjera. El funcionario sostuvo que esta diferencia “invalida el argumento de que se trataba de un contrato internacional amparado en una excepción legal”.

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.

La Cámara de Diputados inició el debate en comisión para el tratamiento del proyecto de ley que llegó del Senado con media sanción y que modifica la norma que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El debate se realizó en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento que, luego de ser emplazada para que funcione, tuvo un encuentro en donde quedó claro los posicionamientos de los bloques. Esta primera reunión fue de carácter informativa. Se espera que el próximo martes se dictamine y la norma quede lista para llevarla al recinto.

El oficialismo fue mostrando su discrepancia respecto a modificar la ley a través de varios diputados del PRO y del radicalismo que se encargaron de establecer el rechazo argumentando que la intención es la de cercenar la capacidad del gobierno de Javier Milei de utilizarlos. “No lo hicieron antes”, señalaron en varias oportunidades en el reclamo a sus colegas del peronismo que empujan la medida. “A los de la avenida del medio tengan cuidado”, alertaron a los legisladores de los bloques no K que también acompañan la modificación.

En este ida y vuelta quedó establecido que el peronismo, junto a Encuentro Federal, Democracia, la Coalición Cívica y la izquierda, la semana que viene firmarán un dictamen de mayoría en línea con el proyecto que llegó con media sanción. La otra diputada que también se sumaría a este grupo en esa ley es Silvia Lospennato, del PRO.

“Nosotros -por el partido- venimos insistiendo con esto hace años. Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso”, dijo la legisladora que tuvo un fuerte cruce la semana pasada por no votar con el bloque y acompañar los rechazos al veto por el Garraham y universidades

El posicionamiento de Lospennato, presidenta de la comisión de Poderes y Reglamentos, marca una nueva diferencia con el resto de los miembros de su bloque en la comisión. La diputada Silvina Guidici tomó la palabra casi al final y remarcó que “el bloque del PRO” no va a acompañar esta modificación. “No cuenten al bloque del PRO para esto, lo haremos en un momento que no sea electoral. Hagámoslo en el 2027”.

Otro que también señaló que esta modificación tenía tintes destituyentes fue el diputado Rodrigo De Loredo. El presidente del bloque radical señaló que la intención es la de cercenar la capacidad de acción de un gobierno que no cuenta con mayorías parlamentarias.

Las respuestas llegaron de los bloques opositores que, en todos los casos, hicieron referencia a lo que el Gobierno hizo con los DNU de discapacidad. Los bloques que ahora se denominan del centro, como Democracia, intentaron mostrar apoya sin perder las distancias. Fernando Carbajal, diputado radical que está en este bloque, se refirió a aquellos que “corren el velo para ver si votan o no” esta ley señalando que más allá del pasado, y del uso que cada Presidente le dio a la herramienta, “hay que mirar el futuro” y entender que este cambio es necesario.

El último en tomar la palabra fue el diputado Germán Martínez, presidente del bloque de UP, que buscó señalar que los dichos de “desestabilización” y de “desgaste institucional” de Guidici son para dilatar el debate.

Luego de leer que casi la totalidad del bloque de la UCR en el Senado -incluyendo a su presidente- y del PRO en la Cámara alta acompañó la media sanción, el rosarino se preguntó: “¿Estos senadores de la UCR y del PRO son golpistas? ¿No se comunican con su mismo bloque en el Senado? ¿Se arrepienten o juegan a dos puntas? No busquen más excusas para poder avanzar”.

De aprobarse el proyecto que llegó con media sanción, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.

El Gobierno oficializó, a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, la baja a 0% de retenciones a las exportaciones agropecuarias con la que busca aumentar la oferta de divisas en medio de la tensión cambiaria. La medida adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni fue concretada así con una publicación complementaria antes de la apertura del mercado.

El decreto publicado este 22 de septiembre de 2025 establece una alícuota del derecho de exportación en cero por ciento (0%) para las mercaderías de granos y subproductos incluidos en el anexo del mismo. Esta medida tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un monto total de 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. El objetivo central es incrementar la competitividad del sector y generar un mayor flujo de divisas en momentos de tensión cambiaria.

Para acceder al beneficio, los exportadores alcanzados por la medida deben liquidar al menos el 90% de las divisas producto de las operaciones en un plazo de hasta tres días hábiles tras la presentación de la DJVE correspondiente, incluidas operaciones de cobros, anticipos y prefinanciación o posfinanciación externa. El tratamiento arancelario se aplica únicamente para quienes realicen las declaraciones o permisos de embarque desde la entrada en vigencia del decreto y hasta el cierre del periodo contemplado.

En caso de no cumplir con estos requisitos, los exportadores deberán abonar la alícuota vigente antes de la resolución y quedarán excluidos temporalmente del régimen. Además, la norma faculta al Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar disposiciones complementarias para implementar y regular la aplicación efectiva de la medida. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Puntos clave del decreto sobre retenciones

¿A qué productos se aplica la eliminación de retenciones?

Abarca las mercaderías de granos y subproductos incluidos en el anexo que acompaña el decreto publicado el 22 de septiembre de 2025.

¿Qué objetivo persigue la medida?

El propósito es incrementar la competitividad del sector y aumentar el flujo de divisas en momentos de tensión cambiaria.

¿Hasta cuándo rige el 0% de retenciones?

La vigencia se extiende hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcancen Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que totalicen 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Quedan habilitados quienes presenten DJVE o permisos de embarque a partir de la entrada en vigencia del decreto y durante el periodo señalado.

¿Qué requisitos establece el decreto para exportadores?

Deben liquidar al menos el 90% de las divisas provenientes de las operaciones dentro de un plazo máximo de tres días hábiles luego de la correspondiente DJVE. El requisito aplica tanto para las operaciones tradicionales como para aquellas con anticipos, y para prefinanciaciones y posfinanciaciones externas.

¿Existe un mecanismo de control o sanción si se incumple alguna condición?

Si alguna empresa no cumple con los requisitos dispuestos, debe abonar la alícuota anterior y resulta excluida de manera temporal del régimen especial.

¿Quiénes regulan las normas operativas y complementarias?

El Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero están autorizadas para dictar las disposiciones necesarias para la instrumentación y control de la cláusula transitoria.

¿Desde cuándo se encuentra en vigor la disposición?

El decreto comenzó a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

¿El beneficio incluye a la soja, el trigo y el maíz?

El anexo abarca los principales granos y subproductos, incluyendo soja, trigo, maíz y mercancías procesadas derivadas.

¿La liquidación de divisas tiene impacto en reservas?

Al establecer un plazo corto para la liquidación del 90% de las divisas resultantes, el Gobierno procura que el incentivo se traduzca rápidamente en ingreso de dólares a las reservas del sistema financiero.

¿Hay antecedentes de esta herramienta fiscal?

La política de ajustar temporalmente las retenciones para adecuarse a la coyuntura del mercado cambiario tuvo antecedentes recientes, con bajas transitorias implementadas meses atrás para el sector agroindustrial y las economías regionales.

¿Qué interpretación dio el sector rural?

Según Carlos Castagnani, presidente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) “es una medida que el sector venía reclamando hace mucho tiempo”, aunque la decisión es temporal y deja suspenso sobre sus efectos. Aclaró que existen productores que “guardaban parte de la producción para ir pagando su compromiso hasta la próxima cosecha”, y ahora ven en esta ventana un incentivo para vender.

¿Qué impacto se prevé en la liquidación de exportaciones?

No existe una cifra precisa o una estimación oficial por parte de los representantes rurales. El resultado dependerá de las estrategias individuales de cada productor y de las decisiones comerciales de los exportadores que posean stock disponible para despachar durante el lapso fijado.

Ante “la creciente presión de flujos de comercio internacional caracterizados por la importación masiva de bienes finales a precios reducidos”, el Gobierno nacional alista un decreto para establecer un arancel del 0% en ciertos insumos necesarios para la industria textil y de calzado en el país.

El documento fue conocido por W Radio, y allí se puntualiza que la medida es una respuesta a la fuerte presión que ejercen las plataformas de comercio electrónico internacionales sobre los comerciantes colombianos.

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Incluso, la resolución busca mejorar la competitividad de la industria local ante la ola de productos importados .

“Que la insuficiencia en el acceso a insumos críticos, sumada a los efectos de la competencia internacional y de las distorsiones de precios en los mercados globales, amenaza con trasladar mayores costos a la industria nacional, reducir los niveles de producción y, en consecuencia, impactar negativamente en la estabilidad laboral de los trabajadores del sector”, dice, específicamente el decreto.

Según el Gobierno, la decisión intenta evitar que la industria nacional entre en una situación crítica por la imposibilidad de competir con los precios manejados por compañías extranjeras.

El texto del decreto afirmó que “la reducción de costos asociados a las materias primas e insumos constituye una condición necesaria para que la rama de producción nacional de confecciones y calzado pueda competir en mejores términos frente a los productos importados, aumentando la productividad, mejorando los márgenes de competitividad y preservando el empleo en este sector estratégico”.

Detalles de la medida

El decreto, que modifica parcialmente el Arancel de Aduanas adoptado en diciembre de 2021, se aplicará exclusivamente a importaciones provenientes de países con los que Colombia no mantiene acuerdos comerciales vigentes.

La medida tendrá una vigencia de un año a partir de los quince días posteriores a su publicación en el Diario Oficial.

Explicó la medida que el sector de hilados, textiles y confecciones empleó durante 2024 a 490.000 personas, lo que representa el 2,1% del total de ocupados en el país, que sumaron 23 millones. Dentro de este universo, la confección de prendas de vestir concentró 406.000 empleos, equivalentes al 82,9% del total del sector.

La reducción arancelaria se focaliza en diez subpartidas específicas, que incluyen hilados y fibras sintéticas y artificiales, seleccionadas por presentar insuficiencia de abastecimiento interno pese a contar con registro de producción nacional.

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó el diferimiento a cero por ciento de la tarifa arancelaria para estos insumos, tras analizar la necesidad de salvaguardar la producción nacional.

El decreto, adicionalmente, resaltó que “dicho diferimiento temporal constituye un instrumento necesario para estabilizar el abastecimiento y garantizar la competitividad del sector”.

Lo que queda por hacer

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo continuará con el proceso de identificación, registro y verificación de la existencia, capacidad y suficiencia de producción nacional respecto de las subpartidas incluidas en la medida. Los resultados de este procedimiento serán informados al Comité, que podrá recomendar ajustes, prórrogas o la terminación de la medida según la evolución del mercado y la producción local.

El decreto aclaró que “la información recopilada en el marco del Registro de Producción Nacional será utilizada como insumo para la formulación y evaluación de la política comercial, garantizando un adecuado balance entre la competitividad del sector confecciones y calzado y la protección de la producción nacional”.

La política de reindustrialización, en la que se contempla la medida, apunta a cerrar brechas de productividad, fortalecer los encadenamientos productivos y sofisticar la oferta interna y exportable, con el objetivo de transitar hacia una economía del conocimiento, productiva y sostenible.

El texto oficial sostiene que “la reducción de costos asociados a las materias primas e insumos constituye una condición necesaria para que la rama de producción nacional de confecciones y calzado pueda competir en mejores términos frente a los productos importados, aumentando la productividad, mejorando los márgenes de competitividad y preservando el empleo en este sector estratégico”.

La suspensión total de las exportaciones de carbón colombiano a Israel quedó formalizada tras la expedición del Decreto 0949 de 2025, una medida que el Gobierno nacional fundamentó en la necesidad de impedir que recursos del país alimenten el conflicto en la Franja de Gaza y en la defensa del Derecho Internacional Humanitario.

El documento, firmado por la ministra Diana Marcela Morales Rojas, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila Plazas y el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea, fue anunciado el 30 de agosto de 2025 en Bogotá por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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El decreto, fechado el 28 de agosto de 2025, modifica la normativa previa (Decreto 1047 de 2024) y establece la prohibición absoluta de exportar carbón colombiano a Israel. Según el texto oficial, la decisión responde a la intensificación de las operaciones militares israelíes en territorio palestino desde el 18 de marzo de 2025, lo que provocó un nuevo aumento de la violencia en la región.

El Gobierno colombiano subrayó que la medida se alinea con la política del presidente Gustavo Petro, orientada a la protección de los derechos humanos y la salvaguarda de la población civil en contextos de conflicto armado.

La administración colombiana explicó que la restricción busca impedir que los recursos naturales del país sean utilizados en cadenas de suministro que fortalezcan la maquinaria de guerra israelí y, al mismo tiempo, prevenir actos de genocidio contra la población palestina. La prohibición permanecerá vigente hasta que se cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la decisión.

En reacción, Paola Holguín, senadora de la República por el Centro Democrático, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel.

En la misiva enviada a la alta corte, explicó que el decreto es inconstitucional, ya que va contra los intereses del país y de las leyes por las que se rige Colombia.

“Acudo a esta Corporación Judicial en ejercicio del Medio de Control previsto en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en respetuosa solicitud de que se declare la NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD del Decreto No. 949 del 28 de agosto de 2025, suscrito por el Presidente de la República y los Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía “por el cual se modifica el Decreto 1047 de 2024”, con fundamento en lo previsto en el artículo 135 del CPACA”.

Y puntualizó: “Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de evitar efectos jurídicos y materiales irreparables durante el curso del proceso, así como de preservar la supremacía e integridad de la Constitución mientras la Corte evalúa de fondo la validez constitucional del acto demandado”.

A reglón seguido indicó que “en efecto, el acto acusado impone una prohibición absoluta e inmediata a la exportación de carbón térmico hacia el Estado de Israel, lo cual afecta de forma grave y continuada derechos fundamentales, compromisos internacionales vigentes y la estabilidad de sectores económicos estratégicos, con impactos que podrían resultar irreversibles si no se interviene de forma oportuna y cautelar”.

Así mismo, la precandidata a la Presidencia sostuvo que el decreto impone una sanción comercial unilateral, de carácter punitivo e ideológico, sin respaldo legal ni justificación técnica, lo que viola de manera categórica los compromisos internacionales válidamente suscritos por Colombia, como el Tratado de Libre Comercio con Israel, vigente desde 2020.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero criticó fuertemente la administración de Gustavo Petro tras conocerse el borrador de un decreto con el que el gobierno pretende incrementar un 20% sobre el costo de la energía eléctrica.

“El apetito fiscal de @petrogustavo es insaciable. No le bastó incumplir la regla fiscal y subir la retención en la fuente”, señaló.

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Forero recalcó que bajo el gobierno de Gustavo Petro no se han visto obras pero sí muchos escándalos de corrupción.

“Ahora incrementará un 20% el costo de la energía para distintas actividades económicas. Y no se ven obras, pero si muchos escándalos de corrupción“, afirmó.

Borrador de nuevo decreto 2025 de Gustavo Petro

El Gobierno nacional publicó para comentarios un borrador de decreto en el que buscaría establecer un aumento de 20% sobre el costo de la energía eléctrica en las diferentes actividades económicas.

La presunto objetivo sería recaudar $ 1.2 billones. La propuesta establece requisitos para la solicitud de la exención de la sobretasa.

“Los sujetos obligados al pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el articulo 47 de la Ley 143 de 1994 son los usuarios industriales, los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales”, dice el decreto.

Por otro lado, dicho borrador afirma que el gobierno establecerá quién es el usuario industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa o contribución especial.

“Los usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta a cargo, por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la sobretasa y que dichos usuarios no serán sujetos del cobro de la contribución a partir del año 2012″, señala la resolución.

El decreto surge como respuesta al déficit creciente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, cuyo peso sobre el Producto Interno Bruto (PIB) ha venido en aumento desde 2005.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el objetivo consiste en “mejorar la eficiencia del gasto tributario”, enfocando exenciones previamente amplias en el artículo 2 de la Ley 1430 de 2010 a usuarios del sector industrial registrados en el Registro Único Tributario (RUT) dentro de los códigos 101 al 332.

El ministerio remarca que “las contribuciones han venido creciendo a un ritmo menor que los subsidios”, generando presiones sobre las finanzas públicas.

Las cifras detalladas por el proyecto prevén un impacto porcentual diferenciado: industria manufacturera, 0,31%; explotación de minas y canteras, 0,18%; agropecuario, 0,13%; construcción, 0,09%; información y comunicaciones, 0,06%; y suministro de electricidad, gas y agua, 0,03%.

El decreto redefine a los beneficiarios de la exención, limitando el alcance según la actividad principal registrada en el RUT y requiriendo documentación actualizada para acceder a los beneficios.

La normativa exige que la solicitud del beneficio sea hecha por escrito ante el prestador del servicio y que el RUT haya sido expedido dentro de los 30 días previos.

Las empresas del sector tendrán un plazo de 15 días para responder y validar la documentación, y la exención solo aplicará a quienes cumplan todos los requisitos.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) velará por el adecuado uso del beneficio y exige a los usuarios la actualización semestral de su registro para mantener la exención.

El Ministerio de Hacienda justifica que el sector manufacturero enfrenta menores márgenes de rentabilidad después de impuestos, con una tasa de 4,4%, frente a 9,8% en explotación de minas y canteras y 11,2% en servicios de electricidad, gas y agua.

El costo fiscal de la exención de contribuciones solidarias llega a $2,8 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a la industria manufacturera. De limitarse el beneficio, el ahorro fiscal ascendería a $1,2 billones.

El decreto entrará en vigencia 45 días después de su publicación oficial y deroga el Decreto 2860 de 2013.

El Gobierno nacional oficializó el 20 de agosto de 2025 la salida de Alfredo Saade del cargo de jefe de Despacho Presidencial. La decisión quedó consignada en el Decreto 0922 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

De acuerdo con el documento, Saade presentó su carta de renuncia el 19 de agosto de 2025. En el decreto se estableció que el Ejecutivo resolvió “aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el señor”, de igual manera, se determinó la designación provisional para la vacante.

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El texto señala que se encargó del cargo a José Raúl Moreno, funcionario del Dapre, que hasta ahora se desempeñaba como asesor. Esto implica que el servidor público asumirá de manera temporal las responsabilidades de la jefatura del gabinete mientras se define una designación definitiva.

Qué hay detrás de la renuncia de Alfredo Saade

La salida de Saade se produjo tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que lo suspendió de manera provisional durante tres meses, mientras avanza una investigación disciplinaria. El ente de control lo señaló por presunta extralimitación en sus funciones en el escándalo relacionado con la expedición de pasaportes.

El oficio de 26 páginas, con ponencia de Esiquio Sánchez, fue claro: “Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial a Alfredo Saade, en principio, por el término de tres meses, y solicitar al Presidente de Colombia que proceda a hacer efectiva esta medida cautelar”.

La entidad que lidera Gregorio Eljach indaga si el ahora ex alto funcionario intervino indebidamente al reunirse con funcionarios de la Cancillería para dar instrucciones sobre cómo debía gestionarse el proceso de expedición de pasaportes. Este caso generó controversia, pues el Gobierno buscaba trasladar parte del contrato a la Imprenta Nacional, lo que afectaba los intereses de la firma Thomas Greg & Sons (TGS), tradicional contratista de este servicio.

La investigación disciplinaria contra Saade ya había tenido un primer capítulo semanas atrás, cuando el organismo de control abrió proceso en su contra y también contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.

De esta manera, Eljach explicó que no fue notificado de la renuncia ni de un eventual nombramiento del conocido “pastor” como embajador en Brasil, razón por la cual procedió la sanción temporal. Aclaró, además, que esta suspensión no impediría su eventual posesión como diplomático, aunque la investigación disciplinaria continuará.

Contrato de pasaportes: esta es la razón por la que el Ministerio Público inició investigaciones

El foco del conflicto gira en torno al contrato con la firma Thomas Greg & Sons, que manejó históricamente la impresión y distribución de pasaportes en Colombia. La intención del presidente Petro era transferir esa responsabilidad a la Imprenta Nacional, con el apoyo del gobierno de Portugal, fue vista por Laura Sarabia como técnicamente inviable. Así lo hizo saber en reuniones internas y en documentos oficiales. La cifra de 8.000 pasaportes diarios, según ella, supera con creces la capacidad actual de la entidad gubernamental encargada de imprimir documentos oficiales.

Esa resistencia fue suficiente para provocar un quiebre. Petro decidió apartarla del camino y delegó el tema a Alfredo Saade, el ahora exfuncionario dijo, en su momento, estar en conversaciones con autoridades portuguesas para sacar adelante el nuevo modelo de expedición. Lo que aún no está claro es si lograrán implementar un sistema eficaz antes del 1 de septiembre, fecha en la que expira la prórroga del contrato con TGS.

Lo que durante varias semanas fue un secreto a voces al interior del gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro se convirtió en un anuncio oficial el lunes 11 de agosto: Juan Carlos Florián, activista por los derechos de la población Lgbti+ y que tuvo pasado como actor de cine para adultos, asume oficialmente como ministro de Igualdad en reemplazo de Carlos Rosero.

La llegada de Florián a la cartera de Igualdad, en la que reemplazará a Carlos Rosero, se produce en medio de tensiones vinculadas principalmente a la pobre ejecución presupuestal.

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El Decreto 0892 de 2025 oficializó la llegada de Florián a la cartera de Igualdad, que fue creada durante la actual administración presidencial y en la cual también asumió como titular la vicepresidenta Francia Márquez.

¿Quién es Juan Carlos Florián?

El nuevo ministro de Igualdad es un politólogo egresado en la Universidad Javeriana, cuya experiencia en el sector público se remonta a su labor como primer subdirector para Asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro.

En ese cargo, lideró la implementación de políticas de inclusión a nivel local, sentando las bases de su compromiso con la defensa de los derechos de las minorías. Esta etapa de su carrera evidenció su capacidad para traducir los principios de igualdad en acciones concretas y medibles.

Desde el 3 de abril de 2025, Florián Silva ya desempeñaba un papel fundamental en el Gobierno nacional como líder del Viceministerio de Diversidades. En ese periodo, impulsó políticas y acciones que lograron posicionar las necesidades y derechos de las poblaciones diversas como una prioridad clara para el Estado. Su gestión en este viceministerio consolidó su perfil como referente en la promoción de la equidad y la protección de los grupos históricamente marginados.

El recorrido profesional de Florián Silva también abarca la cooperación internacional y la gestión en entidades no gubernamentales, donde ha trabajado en favor de las poblaciones vulnerables y la construcción de una sociedad más justa. Su paso por el Consulado de Colombia en París como multiplicador de la estrategia “Colombia Nos Une” puso de manifiesto su habilidad para promover el diálogo intercultural y facilitar la integración de las comunidades colombianas en el exterior.

A lo largo de su carrera, Florián también ha trabajado con organizaciones internacionales como Save the Children, Unicef, Médicos Sin Fronteras y Aides (Francia). También fundó el colectivo MiauColombia, desde donde promovió narrativas audiovisuales LGBTI comunitarias y de denuncia social.

En su nueva función como ministro, Florián Silva ha reiterado su compromiso de fomentar una sociedad más inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos. Su enfoque apunta a que la igualdad no sea solo un principio abstracto, sino una realidad tangible en cada territorio del país.

La controvertida mención por parte del presidente Petro sobre Florián

Durante un Consejo de Ministros celebrado el 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro reconoció que la vicepresidenta Francia Márquez influyó en la demora del nombramiento de Florián como viceministro de Diversidades del Ministerio de Igualdad.

“Tuve un amargo día cuando, por razón política, no acaté mis principios. Ese día amargo, acepté para mantener la unidad del Gobierno, la posición de la vicepresidenta, en contra de mi voluntad, de no nombrar a Florián como viceministro de la diversidad”, admitió el primer mandatario.

Más adelante, Petro expresó su arrepentimiento por no haber insistido en la designación: “Florián dirigió la dirección Lgbti de Bogotá Humana y por ello fue amenazado de muerte, se exilió en París, y allí tuvo que recurrir a la webcam para sobrevivir. Luego se revinculó al país y quise que asumiera el viceministerio (...) Me arrepiento de no haberlo hecho”, dijo el jefe del Estado.

Posteriormente, con un tono que muchos catalogaron de racista, el presidente Petro lanzó una polémica frase para expresar su molestia por la postura de la vicepresidenta Márquez ante dos nombramientos dentro el ministerio: el de Florián y, también el de la actriz de cine para adultos Amaranta Hank: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”, sentenció el mandatario.

En menos de dos semanas, las familias del país celebrarán el “Día del Niño”, una de las fechas más esperadas por las infancias y que busca poner en valor los derechos de los niños y la necesidad de garantizar su bienestar, protección y desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, el Gobierno nacional declaró formalmente que el tercer domingo del mes de agosto de cada año como el día de celebración de esta fecha, mediante el decreto 562/2025. El marco legal argentino reconoce los derechos de los niños y adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con rango constitucional en el país. La Convención, según la Constitución Nacional, tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

La normativa se enmarca en la Ley 23.849. Bajo esta legislación, la definición de niño incluye a toda persona desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad.

El decreto presidencial también contempla lo establecido en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al mencionar que la comunidad tiene la responsabilidad de participar activamente en el logro de la plena vigencia de esos derechos y garantías.

Dentro de los argumentos mencionados por el Ejecutivo, se destaca la acción de fomentar la reflexión, incentivar el entretenimiento y remarcar la importancia de su rol en la comunidad. Esto llevó al Gobierno a formalizar la fecha a través de un decreto para que los organismos estatales y la ciudadanía promuevan y garanticen la protección de los más jóvenes.

Así, en su considerando, el decreto alega que "los niños son un pilar fundamental de nuestra Nación, tanto dentro de sus familias como en la sociedad en general" y señala que la fecha: “Constituye una tradición arraigada en nuestro país, la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como ‘Día del Niño’, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año”, sostiene el texto.

En esta ocasión, la celebración coincide con el feriado del 17 de agosto. El viernes anterior, es decir el 15, se declaró día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes puedan podrán aprovechar de un fin de semana largo.

En vísperas de este importante acontecimiento agendado en el calendario de las familias argentinas, caracterizado por actividades recreativas, encuentros, sorteos y propuestas comerciales centradas en los más chicos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) había confirmado días atrás la misma fecha.

Inicialmente, mencionaron el 10 de agosto como la fecha elegida, pero la entidad decidió modificarla y correr el festejo una semana después. El cambio fue difundido por la CAIJ a través de sus canales oficiales, acompañado por una campaña nacional bajo el lema “Desconectá la pantalla. Conectá la familia con juguetes”, que busca fomentar el juego presencial y el disfrute en familia por encima del uso de dispositivos electrónicos.

Desde la organización, señalaron que el objetivo es incentivar la interacción directa entre padres e hijos y reforzar la importancia del juego tradicional, que contribuye al crecimiento y desarrollo de los chicos. El organismo considera fundamental recuperar el protagonismo de los juegos físicos y las experiencias compartidas, invitando a las familias a aprovechar la ocasión para crear recuerdos valiosos lejos de la tecnología.

El Día del Niño tiene una extensa tradición en la Argentina. En sus orígenes, la celebración se realizaba el primer domingo de agosto y se mantuvo así hasta 2003, cuando la entidad la trasladó al segundo domingo del mes. El principal motivo de ese cambio fue favorecer una mejor organización comercial, ya que para esas fechas la mayoría de los trabajadores contaba con el salario cobrado y podía adquirir juguetes y regalos con más facilidad.

En el año 2013, la fecha volvió a correrse y habitualmente se mantiene en ese lugar. El Día del Niño sigue siendo una de las fechas más relevantes, por lo que la Industria del Juguete apuesta a que los hogares aprovechen la jornada para regalar tiempo, creatividad y experiencias.

El presidente Javier Milei firmó este lunes, tal como había anunciado en varias oportunidades, los vetos a las leyes que aumentan las jubilaciones y el bono, restituyen la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad. Al igual que el año pasado, el principal argumento del Poder Ejecutivo para rechazar las normas fue que el costo fiscal pondría en jaque el superávit y, como consecuencia, haría tambalear el plan económico.

La oposición sabía que Milei esperaría hasta el límite del plazo legal para oficializar los vetos y aguardaba con ansiedad a conocer la letra chica de los decretos porque habían sido advertidos extraoficialmente de que el Gobierno iba a recurrir a alguna “trampa” legal para dificultar la insistencia del Congreso.

Los más desconfiados vieron confirmadas sus sospechas cuando descubrieron que el Poder Ejecutivo vetó las tres leyes en un solo decreto, el 534/2025, cuando lo habitual hubiese sido utilizar tres decretos separados. Su principal preocupación era que el oficialismo se valiera de ese detalle técnico para someter a votación las tres insistencias todas juntas. Es decir, como si fuera un paquete de leyes.

La hipótesis de la oposición era que el Gobierno de esta forma buscaría obstruir cualquier tipo de especulación o apoyo parcial de sus aliados: por ejemplo, que rechacen el aumento jubilatorio y la moratoria pero dejen pasar la declaración de emergencia de discapacidad.

Esta última ley, que aumenta las pensiones por discapacidad e indexa por inflación las prestaciones profesionales, fue la que recibió mayor apoyo en Diputados: tuvo 148 votos afirmativos, mientras que el aumento jubilatorio logró 142 y la moratoria apenas 111.

“Políticamente, el oficialismo, busca forzar un ‘paquete’ con todas las leyes juntas para que todo caiga o todo pase. Jurídicamente, el Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Un decreto no puede indicarle cómo votar al Congreso”, afirmó el diputado dialoguista Oscar Agost Carreño en sus redes sociales.

Ante la consulta de Infobae, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados negaron rotundamente estas versiones y aseguraron que es “falso” que el Gobierno busque imponer alguna forma de votación.

“¿Si no querían hacer eso para qué utilizaron un solo decreto?”, especularon en la oposición. Si bien no detallaron por qué se hizo de esta forma, fuentes de Casa Rosada ratificaron que “por más que se haya vetado en un solo decreto, la oposición podrá insistir con cada ley por separado o alguna de ellas”.

Los bloques de la oposición dura y dialoguista ahora analizan cuándo será el mejor momento para intentar rechazar los vetos. Por lo pronto, no los incluyeron en la sesión de este miércoles, donde intentarán dar media sanción a varios proyectos con impacto fiscal que podrían correr la misma suerte y terminar vetados. Se trata de una aumento del financiamiento universitario, la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis en el hospital Garrahan) y del sistema de ciencia y tecnología.

Algunos especulan que los vetos, que serán girados a comisión esta semana, llegarán al recinto el 20 de agosto, junto con los proyectos patrocinados por los gobernadores para repartir automáticamente los ATN y para coparticipar el impuesto de los combustibles líquidos. Otros creen que la discusión merece una sesión propia más cerca de la campaña electoral, cuando el costo político de votar en contra del aumento jubilatorio sea más elevado.

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, denunció el lunes 4 de agosto de 2025 la reciente decisión del Gobierno nacional de modificar la competencia sobre las tutelas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la cual, entre otras cosas, ya no estarán a cargo de su despacho.

Álvarez Parra aludió al Decreto 799 de 2025, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el cual establece que “el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo no será la instancia que conozca las tutelas contra el presidente de la República”. La nueva normativa asigna esa función a cualquier juez del circuito, aunque mantiene un control posterior por parte del alto tribunal.

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El Gobierno nacional justificó la medida como un mecanismo para “garantizar mayor imparcialidad y desconcentración en la administración de justicia”. Sin embargo, Álvarez Parra señaló la preocupación del alto tribunal ante lo que considera una erosión de los controles institucionales.

“A pesar de los ataques aleves, las amenazas constantes, la supresión de las competencias, como ocurrió recientemente en materia de tutelas que buscan debilitar los controles democráticos al poder público, aún (el Consejo de Estado) conserva vivo el sueño del libertador de que la República cuente con un cuerpo representativo de la nación integrado por personas de altas calidades merecedoras de la confianza pública”, aseguró el presidente del Consejo de Estado durante el Encuentro Regional de Justicia Abierta, Enfoque para una Justicia Preventiva, efectuado en Bucaramanga.

Tutelas contra Petro ya no irán directamente al Consejo de Estado

El referido decreto, firmado por Petro y elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, eliminó la preferencia que tenía el Consejo de Estado para conocer en primera instancia las acciones de tutela contra el primer mandatario, y amplía la competencia a los jueces del circuito en todo el país.

Desde del 10 de julio, las acciones de tutela que se interpongan contra el presidente de la República ya no tendrán como destino preferente el Consejo de Estado, sino que serán conocidas en primera instancia por los jueces del circuito o de igual jerarquía, incluidas aquellas que se presenten en contra de decisiones adoptadas directamente por el jefe de Estado.

El Ministerio de Justicia justificó la medida al afirmar que responde a la necesidad de “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, mediante un reparto más amplio y menos centralizado de estos procesos constitucionales. El decreto sostuvo que la intención es impedir que una sola instancia judicial, como el Consejo de Estado, concentre el conocimiento inicial de estas acciones.

El propio Petro defendió el ajuste al considerarlo un avance en la democratización de la justicia, pues abrió la posibilidad de que las decisiones sobre posibles vulneraciones de derechos no queden concentradas en manos de una alta corte, sino que puedan ser evaluadas por jueces de circuito en todo el país.

“El presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades”, señaló uno de los apartados del decreto.

Al respecto, Petro salió en defensa del ajuste del decreto. “El jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”, indicó el presidente en X.

En esa misma línea, el ministro Montealegre afirmó que la decisión busca armonizar el principio de desconcentración funcional dentro del aparato judicial. Según el titular oficial de la cartera, “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (...) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría”.

El 30 de julio de 2025, el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al país con la firma del Decreto 0858 de 2025 que reúne puntos clave de la reforma a la salud que será debatida en el Congreso.

Uno de los puntos más preocupantes del articulado son los cambios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puesto que el Ministerio de Salud busca transformarlas en Gestoras de Salud.

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“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, se lee en el documento.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero analizó el impacto de la hoja de ruta del Gobierno nacional para transformar el sistema de salud colombiano. Según el congresista, la experiencia de los docentes, que han enfrentado graves dificultades tras la modificación de su modelo de atención, anticipa los problemas que podrían replicarse a nivel nacional.

“Los resultados son perversos y algo que no funcionaba del todo bien, ahora funciona muchísimo peor”, advirtió en entrevista con Semana, citando el ejemplo de los maestros para ilustrar los riesgos de la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Forero también explicó que, hasta ahora, las EPS determinaban en qué hospitales recibían atención sus afiliados. Con el nuevo esquema, esa responsabilidad pasará a manos de los alcaldes y gobernadores, quienes decidirán qué clínicas integrarán la red de prestación de servicios. El representante advirtió que este cambio podría derivar en un “verdadero retroceso” para los pacientes, al modificar la lógica de asignación de recursos y servicios.

El congresista subrayó que los efectos de la reforma no serán inmediatos, pero sí se harán evidentes en un plazo de tres a seis meses, periodo en el que, según sus palabras, los colombianos comenzarán a “padecer” las consecuencias de la transición. Forero insistió en que la nueva estructura abre la puerta a la politización y la corrupción, ya que los mandatarios locales podrían utilizar la selección de hospitales como herramienta de intercambio de favores o para obtener beneficios personales. “Puede convertirse en una ventana para la politización”, alertó, al tiempo que cuestionó la capacidad de los gobiernos locales para gestionar de manera transparente y eficiente la red de servicios de salud.

En su análisis, Forero reconoció que las EPS no son perfectas en la selección de hospitales, pero consideró preferible que esa función permanezca en manos de entidades técnicas y no de autoridades políticas. “Yo prefiero que sean ellas las que se encarguen de esto y que no sean los alcaldes o gobernadores de turno”, afirmó, calificando el cambio como un aspecto “sensible” que afectará a la población durante el periodo de transición entre modelos.

En paralelo, recordó que la intervención estatal en las EPS ha generado “malas experiencias”, y criticó que, pese a que muchas de estas entidades están bajo administración gubernamental, los resultados han sido “desastrosos”. Forero concluyó que, en vez de corregir los problemas detectados en el sistema, el Ejecutivo pretende extender un modelo fallido a 50 millones de colombianos. La referencia a la protesta de Fecode, el sindicato de maestros históricamente cercano al Gobierno, refuerza su argumento sobre el fracaso de la reforma en sectores donde ya se ha aplicado: “Ha sido un desastre hasta el punto de que Fecode, que ideológicamente ha sido tan cercano Gobierno, ha tenido que salir a poner el grito en el cielo”, sostuvo al medio citado.

Frente a las críticas, el Gobierno nacional defendió la medida argumentando que busca un sistema más accesible para todos, con especial énfasis en las personas de bajos recursos y quienes residen en regiones históricamente marginadas. No obstante, la oposición sostuvo que la decisión representa la implementación encubierta de la polémica reforma a la salud, rechazada en el Congreso y ampliamente debatida en la opinión pública.

Por los cuestionamientos sobre el reciente decreto que cambia el sistema de salud en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti se pronunció.

El jefe de la cartera aseguró que el Decreto 0858 no cambia la estructura o “idea principal” de la reforma a la salud, que se discute en el Congreso de la República.

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“Lo más importante que deben entender los medios y la opinión pública es que este decreto no toca absolutamente nada de la naturaleza, la columna vertebral ni la idea principal de la reforma que está en el Congreso. Se ha dicho que este decreto es una forma de presión o una provocación, y eso es absolutamente falso”, indicó el ministro Benedetti.

El ministro explicó que el decreto ha sido trabajado durante más de seis meses, en un proceso de consulta con diversos actores del sector salud, incluidos EPS, IPS, autoridades locales, pacientes y ciudadanía en general.

Además, aclaró que el decreto no entrará en vigor de forma inmediata, sino que tendrá un periodo de implementación de seis meses, durante el cual continuará su concertación.

“No es cierto que se construyó en una tarde. Es un proceso serio, consultado y transparente. No hay ninguna presión al Congreso ni duplicidad de vías. Este decreto no sustituye la ley ni interfiere con la que se está discutiendo”, aseguró Armando Benedetti.

En respuesta a las numerosas críticas que ha recibido el decreto, que lo ven como una posible extralimitación del Ejecutivo, el ministro reiteró que las funciones estructurales del sistema de salud sólo pueden modificarse por ley, y que el decreto respeta plenamente esa división de competencias.

“Este es un decreto para mejorar la atención en salud, especialmente donde no hay cómo atender a los pacientes. No es una jugada política ni una provocación. Los medios han exagerado una medida que es útil, legal y socialmente necesaria”, concluyó el jefe de la cartera del Interior.

El ministro también valoró el ambiente de diálogo abierto que existe en el Congreso con la nueva mesa directiva, y expresó confianza en que la reforma estructural seguirá su curso legislativo sin bloqueos.

Qué dice el decreto

El Decreto 0858 de 2025 indica que con este "se sustituye la parte 11, del libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”.

Además, establece “un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud para los habitantes del territorio colombiano”.

Uno de los puntos importantes del decreto, es el cambio de las EPS a gestoras de salud, término que nació con la dirección de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud.

“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, se lee en el decreto.

La cartera también definirá en un plazo máximo de tres meses los requisitos, condiciones y lineamientos “que deben cumplir los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos del nivel primario para organizarse funcionalmente en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps)”.

La resolución precisó que las IPS y Caps no tendrán ninguna modificación en “su naturaleza jurídica”, es decir, según el decreto, que conservarán “su régimen legal y autonomía, de acuerdo con su forma de constitución y normativa”.

Además, se estableció un capítulo dedicado al “trabajo digno y decente” para las personas involucradas en la salud en Colombia, temas que se discutieron en el Congreso en dos reformas hundidas.

El decreto también elimina la intermediación de las EPS, motivo por el cual se abre el espacio para que el Gobierno nacional gire los recursos directamente a las IPS.

“El modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, se financia con cargo a los recursos del aseguramiento en salud administrados por la Adres, el Sistema General de Participaciones, los recursos del Presupuesto General de la Nación”, se lee en el decreto.

El Gobierno nacional firmó el Decreto 0858 de 2025, que adopta el ‘Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo’ como guía para la organización, gestión y entrega de servicios en todo el país.

Según el el presidente Gustavo Petro, y sus funcionarios, el cambio busca acercar la atención a las personas y priorizar la anticipación y la solución efectiva de los problemas, respondiendo a retos de acceso, fragmentación y desfinanciamiento que afectan tanto a zonas urbanas como rurales.

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Qué es el modelo preventivo, predictivo y resolutivo

El nuevo modelo reordena la prestación de servicios, pone en primer lugar la atención primaria en salud (APS) y refuerza la articulación de actores públicos, privados y mixtos.

Autoridades nacionales, territoriales, EPS, IPS, ARL y actores comunitarios se articulan bajo un sistema normativo que busca mejorar la equidad y la calidad de la atención, con un enfoque diferencial que atiende a las particularidades culturales y sociales de cada región.

Carolina Corcho, exministra de Salud, aseguró en W Radio que “en ningún momento constituye la reforma, porque si la reforma se pudiera hacer vía decreto, entonces no se hubiera presentado al Congreso”.

10 puntos claves del Decreto 0858 de 2025

1. Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo

El modelo se basa en la APS, con énfasis en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión territorial del riesgo. Busca anticipar problemas, intervenir de forma temprana y garantizar que los servicios sean coordinados y efectivos, según la resolución.

2. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (Riits)

Las Riits agrupan a prestadores públicos, privados y mixtos que colaboran de forma organizada según las necesidades de cada región. Según el Gobierno, este enfoque facilita el acceso, la continuidad y la calidad, liderado por los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), el punto de entrada permanente al sistema.

3. Atención Primaria como eje central

La APS se consolida como fundamento del sistema. Los Equipos Territoriales de Salud se desplegarán en comunidades para identificar riesgos, ofrecer seguimiento constante y acercar los servicios médicos a la vida cotidiana de las familias.

4. Participación ciudadana y control social

Se establecen espacios y mecanismos formales para que los ciudadanos, asociaciones de usuarios y comunidades participen en las decisiones, supervisen la calidad y propongan mejoras en los servicios de salud.

5. Fortalecimiento del sistema público

El plan prevé inversiones directas en infraestructura, tecnología y talento humano en hospitales públicos, buscando eliminar barreras de acceso y asegurar condiciones laborales dignas. El sistema prioriza la permanencia y el fortalecimiento de la red pública, incluso si ciertos servicios no resultan rentables financieramente.

6. Transformación territorial y descentralización

La implementación se da por fases y con enfoque territorial. Departamentos, distritos y municipios adquieren nuevas responsabilidades operativas y de coordinación, recibiendo acompañamiento técnico y recursos para organizar las Riits, los Caps y los Equipos de Salud Territorial según las capacidades de cada región.

7. Rol y transformación de las EPS

Las Entidades Promotoras de Salud permanecen como aseguradoras, pero con funciones renovadas. Su participación debe articularse a las Ritss y dependerá del cumplimiento de estándares de calidad y de su integración efectiva al trabajo territorial. Ya no serán el único eje, sino un actor en coordinación con entidades territoriales y otros agentes.

En entrevista con Blu Radio, Vesga enfatizó que, aunque las EPS mantienen la responsabilidad legal sobre los usuarios,“ya no cuentan con las herramientas para garantizar el acceso efectivo a servicios” y están “desprovistas de herramientas esenciales para atender a su población”.

8. Gestión del riesgo en salud

Cada territorio deberá identificar, medir y actuar sobre los riesgos propios de su población. Se usarán datos epidemiológicos y sociales para orientar decisiones y priorizar intervenciones.

9. Enfoque diferencial y territorial

La atención tomará en cuenta particularidades culturales, étnicas y sociales, incorporando enfoques para poblaciones indígenas y comunidades históricamente marginadas. Esta adaptación pretende cerrar brechas de inequidad y diversificar la respuesta del sistema.

10. Evaluación, seguimiento y transparencia

El modelo exige la definición de indicadores específicos, evaluación continua y rendición de cuentas. Se creará un sistema de información integrado y mecanismos claros para que la ciudadanía conozca avances, retos y resultados del proceso.

Cómo se financia esta transformación

La financiación se centraliza en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Los recursos provienen del Sistema General de Seguridad Social, el Presupuesto General de la Nación y otras fuentes autorizadas legalmente.

El uso y distribución de fondos se definirá con un enfoque territorial, atendiendo las necesidades de cada región y asegurando que la transición no afecte la continuidad de los servicios.

Cronograma y transición

El Decreto 0858 establece un período de transición: los cambios normativos principales deben estar reglamentados en los primeros seis meses y la implementación total deberá estar completada en un año. El proceso busca minimizar impactos, garantizar formación y acompañamiento al personal sanitario, y adecuar la infraestructura y los sistemas de información.

Qué efectos inmediatos tiene el decreto

El Ministerio de Salud asume un liderazgo reforzado, las entidades territoriales inician adecuaciones progresivas de su red y la ciudadanía gana en participación y mecanismos de control.

Aunque la reforma estructural aún cursa trámite legislativo, esta norma redefine la organización operativa, con impacto concreto en la forma en que las personas acceden a los servicios en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció sobre el Decreto 0858 que ha generado debate social y político por los cambios que introduce en la organización y prestación de servicios de salud en Colombia.

El comunicado oficial precisa que este decreto no reemplaza el trámite legislativo de la reforma estructural al sistema ni busca imponer un modelo centralizado, sino que responde a lineamientos ya contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

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Según el texto entregado por la cartera ministerial, la medida pretende “reorganizar los servicios para fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades y mejorar la prestación de los servicios.

Su implementación será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención”.

Esto significa, según la cartera, que las acciones comenzarán por los territorios históricamente más desatendidos, buscando reducir brechas en acceso, capacidad de respuesta institucional y oferta de servicios básicos.

El comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social informa que el Decreto 0858 ordena a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Adaptadas y demás responsables del aseguramiento organizar y planificar los servicios de salud en redes integrales e integradas, “priorizando la atención primaria, la prevención, la promoción y la resolutividad en el primer nivel de atención”.

Esta decisión, según la cartera, se fundamenta en los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que fijó como meta la transformación del modelo de atención, privilegiando la prevención por encima de los tratamientos de alto costo y la atención curativa.

De esta manera, la entidad respondió a los cuestionamientos de varios sectores sobre una supuesta intención de modificar el sistema actual por vía administrativa, evitando el debate legislativo que aún está pendiente en el Congreso.

El pronunciamiento institucional también señala que “entre sus objetivos está mejorar la articulación de actores del sistema, garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de salud, priorizar las acciones de promoción y prevención y asegurar la continuidad en el acceso”.

El Ministerio de Salud recordó que el Decreto 0858 solicita a las entidades organizadoras de servicios de salud que la conformación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (Riiss) “pivote sobre la atención primaria para reducir la fragmentación y segmentación de los servicios y privilegiar la satisfacción efectiva de las necesidades de las personas, familias y comunidades”.

El énfasis está en que los servicios lleguen de manera efectiva y organizada, con rutas integrales que conecten prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Desde el Gobierno se afirmó que las disposiciones contenidas en el nuevo decreto están diseñadas para fortalecer la asistencia técnica y el acompañamiento a las entidades territoriales.

“Este plan busca reforzar las capacidades locales para la adopción, ejecución y evaluación del modelo en cada uno de sus pilares, comenzando por aquellas entidades con menor capacidad resolutiva. Contempla la transferencia de herramientas, la formación del talento humano, el acompañamiento operativo y la definición de criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas”, señala el comunicado.

En cuanto a los aspectos prioritarios, se reafirma que los cambios introducidos buscan “priorizar la atención primaria, la prevención, la promoción y la resolutividad en el primer nivel de atención, buscando reducir la fragmentación y segmentación, y privilegiar la satisfacción efectiva de las necesidades de las personas, familias y comunidades”.

En conclusión, el Ministerio de Salud y Protección Social asegura que el Decreto 0858 fue expedido para hacer operativos los compromisos ya pactados en el Plan Nacional de Desarrollo y no como una sustitución o bypass de la reforma a la salud, la cual sigue su curso en el trámite legislativo.

El énfasis está puesto en la articulación territorial, el fortalecimiento institucional, la equidad en el acceso y la promoción activa de la salud como base de la atención nacional, sobre todo en las zonas rurales y regiones históricamente desprotegidas.

El Gobierno nacional firmó el Decreto 0858, que implementa los puntos clave de la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República.

La resolución define las funciones que tendrán las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que el Ministerio de Salud busca transformar en Gestoras de Salud desde el inicio.

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La firma del decreto la realizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el miércoles 30 de julio de 2025, y se realizó después de que se conociera que Miguel Ángel del Pinto, senador del Partido Liberal, fuera escogido como presidente de la Comisión Séptima.

En la Comisión Séptima del Senado se han hundido varias reformas del Gobierno, mientras que Miguel Ángel del Pinto se ha mostrado distante del Gobierno y dejado ver sus reparos con la reforma a la salud.

El Decreto 0858 de 2025 indica que con este "se sustituye la parte 11, del libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”.

Además, establece “un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud para los habitantes del territorio colombiano”.

Uno de los puntos importantes del decreto, es el cambio de las EPS a gestoras de salud, término que nació con la dirección de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud.

“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, se lee en el decreto.

La cartera también definirá en un plazo máximo de tres meses los requisitos, condiciones y lineamientos “que deben cumplir los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos del nivel primario para organizarse funcionalmente en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps)”.

La resolución precisó que las IPS y Caps no tendrán ninguna modificación en “su naturaleza jurídica”, es decir, según el decreto, que conservarán “su régimen legal y autonomía, de acuerdo con su forma de constitución y normativa”.

Además, se estableció un capítulo dedicado al “trabajo digno y decente” para las personas involucradas en la salud en Colombia, temas que se discutieron en el Congreso en dos reformas hundidas.

El decreto también elimina la intermediación de las EPS, motivo por el cual se abre el espacio para que el Gobierno nacional gire los recursos directamente a las IPS.

“El modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, se financia con cargo a los recursos del aseguramiento en salud administrados por la Adres, el Sistema General de Participaciones, los recursos del Presupuesto General de la Nación”, se lee en el decreto.

Los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud “deberán adecuar progresivamente la operación a las disposiciones del presente decreto, en un plazo de un año, conforme a lo definido en esta norma”.

Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, anunció acciones legales contra el Decreto 0858, que implementa puntos claves de la reforma a la salud.

“A Guillermo Alfonso Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso. Y eso que el ministro Armando Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión VII de Senado. Demandaremos ese esperpento”, afirmó Forero.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, cuestionó el decreto firmado el miércoles 30 de julio de 2025.

“El modelo de atención en salud firmado por Decreto modifica la organización del sistema, desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población, no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La reforma a la salud con serios vicios de legalidad”, precisó Ana María Vesga.

El Gobierno nacional prepara un decreto que permitiría la venta legal de flor seca de cannabis psicoactivo en el mercado interno, exclusivamente bajo fórmula médica.

El texto, revelado por El Tiempo, introduciría cambios clave en la regulación vigente y apunta a facilitar el acceso a tratamientos alternativos para distintos problemas de salud.

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Según se lee en las consideraciones del decreto, “el uso terapéutico del cannabis ha despertado un interés creciente a nivel mundial, lo que ha propiciado la generación de evidencia científica sobre sus beneficios médicos. Este avance ha llevado a la implementación de regulaciones en diversos países, tanto en el ámbito científico como en el medicinal, lo cual ha permitido contar con información técnica sobre la eficacia y seguridad del uso terapéutico de la flor de la planta de cannabis en condiciones de salud específicas”.

El borrador detalla que la venta de la planta en farmacias sería posible para quienes cuenten con prescripción médica, y su consumo sería exclusivamente inhalado, ya sea fumado o vaporizado.

El objetivo, según el decreto revelado por el citado medio de comunicación, es ofrecer tratamientos alternativos que puedan complementar, o en algunos casos sustituir, terapias tradicionales.

El Gobierno pretende que la comercialización de la flor seca habilitaría el acceso a “tratamientos alternativos seguros y de calidad, que puedan complementar o incluso sustituir tratamientos convencionales”.

El decreto plantea redefinir el concepto de producto terminado, incorporando la flor psicoactiva destinada a consumo humano, siempre y cuando tenga autorización sanitaria o de comercialización.

Así, se amplían las licencias de cultivo tanto para uso nacional como para exportación.

En lo relacionado con licencias, el articulado revelado por El Tiempo señala que “el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, otorgará la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo para la exportación de plantas de cannabis, cannabis psicoactivo y/o componente vegetal”.

Y detalla: “Así como para la entrega en el territorio nacional del cannabis psicoactivo cosechado que se destine a ser utilizado como producto terminado con fines médicos. Esta licencia incluye las actividades de importación o adquisición, a cualquier título, de semillas para siembra; siembra; cosecha; poscosecha; almacenamiento; comercialización; transporte; distribución y disposición final”.

Los cultivadores que ya tengan licencia de exportación antes de la entrada en vigencia de la nueva norma no requerirán gestión adicional para comercializar su producto a nivel nacional.

El decreto mantendría los requisitos actuales para la obtención de licencias. Además, los productos terminados cuyo contenido de THC sea superior al 1% por gramo serían considerados medicamentos de control especial y estarán sujetos a las restricciones correspondientes.

El texto precisa revelado por El Tiempo: “El cannabis (flor), como producto terminado para consumo humano o veterinario directo, solo podrá ser comercializado con fines médicos”.

Asimismo, prohíbe la venta o transferencia de cannabis y sus derivados como productos terminados a quienes no tengan autorizaciones sanitarias, conforme a la normativa vigente.

Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del decreto, únicamente los micro, pequeños y medianos cultivadores con licencias expedidas por el Ministerio de Justicia y el Fondo Nacional de Estupefacientes podrán cultivar cannabis psicoactivo y no psicoactivo, ya sea como materia prima o producto final, para su uso como producto terminado en el mercado medicinal nacional. Dichos cultivadores también podrían emplear el inventario existente con ese fin.

De acuerdo con voces consultadas por El Tiempo, el decreto ofrece a la industria un mercado interno regulado, lo que representa una alternativa ante la volatilidad de las regulaciones internacionales y favorece la estabilidad para quienes ya cultivan cannabis en el país.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba una nueva estructura organizativa para la Procuración del Tesoro de la Nación y dispone la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta medida busca optimizar recursos, reducir costos y modernizar la gestión de la abogacía pública.

Los cambios se dan luego de que la Casa Rosada descubriera la existencia de filtraciones y que dejara trascender fuertes sospechas de la venta de información sobre el juicio por la expropiación de YPF por parte de empleados del Estado. En este contexto, la reestructuración fue adelantada por el Gobierno nacional, junto con el despido de 60 funcionarios.

El decreto establece la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia, y la reasignación de cargos en el marco del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El texto oficial señala que la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado responde a “desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos”, pese a haber cumplido con los fines para los que fue creada. En su lugar, la capacitación y perfeccionamiento de los abogados del Estado quedará bajo la órbita de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que asumirá nuevas funciones y competencias.

El decreto modifica varios artículos del Decreto 754/94, que regulaba la Escuela, y de la Decisión Administrativa 1838/2020, que establecía la estructura anterior de la Procuración. Entre los cambios más relevantes, se redefine la integración y funciones del Comité Académico del CEFAP, que ahora estará presidido por el titular de la Procuración del Tesoro e integrado por representantes de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Economía y la propia coordinación del CEFAP.

El decreto también faculta al titular del Ministerio de Justicia a modificar la estructura organizativa aprobada, siempre que no implique un aumento de las unidades organizativas ni de las partidas presupuestarias, y previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.

En cuanto a la selección y formación de los abogados del Estado, el artículo 6 dispone que el CEFAP será el organismo competente para la selección de becarios y la difusión de las becas, así como para la evaluación de los candidatos. El Procurador del Tesoro tendrá la decisión final sobre la adjudicación de esta ayuda económica.

En este contexto, el decreto ordena una revisión exhaustiva de los recursos materiales afectados al funcionamiento de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que deberán ser reasignados en un plazo de 90 días.

La medida se enmarca en el proceso de reorganización y reforma del Estado impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de “mejorar la eficiencia del funcionamiento de la Administración Pública Nacional, reducir el gasto público, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una gestión pública transparente, moderna, ágil y eficaz”, según se expresa en los considerandos del decreto.

La decisión fue adoptada tras la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, la Oficina Nacional de Presupuesto y el servicio de asesoramiento jurídico pertinente.

Estructura organizativa de la Procuración del Tesoro de la Nación

La nueva arquitectura interna de la Procuración, formalizada en los anexos normativos recientemente publicados, establece una organización de primer y segundo nivel operativo, con una división funcional y jerárquica más clara.

En la cima se encuentra la Procuración del Tesoro, autoridad máxima, seguida por la Subprocuración del Tesoro, que asume funciones de dirección ejecutiva y supervisión general de las responsabilidades delegadas.

En cuanto al esquema estructural, la Procuración se compone de varias direcciones y coordinaciones, cada una con competencias diferenciadas:

• Dirección Nacional de Dictámenes: Esta área se especializa en la emisión de dictámenes obligatorios para la administración central y descentralizada, definiendo criterios jurídicos uniformes en asuntos de relevancia institucional y elaborando opiniones jurídicas vinculantes en materia de actos administrativos, reglamentos y contratos.
• Dirección Nacional de Asuntos Judiciales: Encargada de planificar y ejecutar la estrategia global de defensa en procesos judiciales y arbitrajes a nivel nacional, así como de asignar y supervisar la intervención en causas de trascendencia institucional.
• Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales: Dedica su labor a la gestión y conducción de la defensa del Estado argentino ante tribunales extranjeros y cortes internacionales. También interviene con dictámenes jurídicos en temas vinculados al crédito público externo y controversias de carácter internacional.
• Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría: Su misión es instruir y coordinar investigaciones sumarias administrativas, organizar registros de juicios relevantes y supervisar auditorías internas. Esta área garantiza la legalidad y el control interno de procedimientos en el ámbito de la Procuración.
• Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa: Con funciones de soporte, esta dirección gestiona los recursos humanos, el presupuesto, la contabilidad, las compras, contrataciones y todo el soporte tecnológico y logístico requerido por las demás áreas.
• Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP): Se erige como el motor de desarrollo profesional para los abogados del Estado, articulando programas de formación, selección, evaluación y perfeccionamiento del personal jurídico estatal.

La estructura también contempla la existencia de coordinaciones de nivel inferior, responsables de áreas específicas como desarrollo humano, gestión financiera, compras, contrataciones y sistemas, las cuales reportan directamente a la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa.

La expedición del Decreto 0799 de 2025, el cual precisa que las tutelas contra el presidente de la República ya no tendrán como destino preferente el Consejo de Estado, fue rechazado por la Corporación Excelencia en la Justicia, una organización privada cuyo propósito es el de promover y mejorar la justicia en Colombia.

La CEJ, que preside Hernando Herrera, considera que la medida representa una alteración grave del orden institucional y un precedente que erosiona la separación de poderes en Colombia.

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“Esta coincidencia solo puede interpretarse como una clara retaliación del Gobierno en contra de la más alta corte de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que pone en riesgo principios fundamentales como la independencia y la autonomía de la Rama Judicial, todos ellos indispensables para la vida democrática de la sociedad colombiana”, aseguró la CEJ en un comunicado publicado en su página web.

El Ministerio de Justicia determinó que, a partir de la expedición del decreto, los jueces de circuito serán los responsables de estudiar los reclamos constitucionales dirigidos al primer mandatario, desplazando así al Consejo de Estado, que desde 2021 tenía esa competencia. La CEJ denunció que esta decisión busca quitarle al Consejo de Estado la facultad de conocer las acciones de tutela presentadas contra actos del poder Ejecutivo, lo que, según la organización, afecta las reglas del control judicial sobre las decisiones del jefe de Estado.

En cuanto a la legalidad del Decreto 0799, la CEJ advirtió que el Ministerio de Justicia habría pasado por alto el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, que exige el concepto previo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, presidida por el magistrado Luis Alberto Álvarez de la Sección Quinta, para este tipo de proyectos.

La organización sostuvo que “a juicio de la CEJ, esta disposición está llamada a ser suspendida de forma provisional y posteriormente declarada nula por los vicios que incorpora. Esta forma de arbitrariedad debe ser reparada por los cauces de la justicia a partir de los argumentos que para garantizar el control judicial de los actos del Gobierno concede el ordenamiento jurídico vigente”.

La CEJ concluyó que el cambio de competencia para la revisión de tutelas contra el presidente constituye una grave alteración institucional y una amenaza a la independencia judicial, al tiempo que insistió en la necesidad de que los mecanismos de control sobre los actos del Ejecutivo permanezcan bajo las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano.

Petro defiende la expedición del decreto

El presidente Gustavo Petro defendió públicamente esta modificación, argumentando que “es asunto de democracia: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”.

En la misma línea se pronunció el Ministerio de Justicia: el despacho señala que esta decisión responde a la necesidad de “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, a través de un reparto más amplio y menos centralizado de estos procesos constitucionales.

De acuerdo con el decreto, la intención es impedir que una sola instancia judicial (como lo es el Consejo de Estado en muchos casos) concentre el conocimiento inicial de este mecanismo judicial, lo cual podría derivar en tensiones con los principios de independencia y objetividad judicial.

No obstante, la CEJ considera llamativo que la norma se haya dado a conocer poco después de que el Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto 0639, con el que el presidente pretendía convocar a una consulta popular sobre temas laborales. Para la corporación, esta secuencia de hechos sugiere una reacción directa del Gobierno ante una decisión judicial que no le resultó favorable.

La firma del Decreto 0799 por parte del presidente Gustavo Petro, elaborado por el Ministerio de Justicia, generó una nueva ola de críticas contra el Gobierno, al establecer que las tutelas que se interpongan contra el mandatario ya no tendrán como destino preferente el Consejo de Estado.

En conversación con W Radio, Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, cuestionó duramente el decreto, y afirmó que la decisión del Gobierno genera “desazón” e “incertidumbre”.

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“Esta es una decisión que a mi modo de ver no va en la dirección correcta. Yo creo que desarticular el reparto de asuntos de tutela sin ninguna consideración objetiva, proporcional y razonable lo que deja la sensación es que se quiere generar una tensión adicional al clima que se viene viviendo con las Cortes. Es arrebatar una atribución”, indicó Álvarez.

El presidente del alto tribunal afirmó al citado medio de comunicación que la decisión generará un impacto contra la unificación jurisprudencial.

“En últimas lo que se está es diseminando en una gran cantidad de jueces esa competencia en detrimento de la unidad, de la coherencia y la necesidad de unificación de jurisprudencia que la tenía o la tiene el Consejo de Estado, entonces no parece conveniente ni proporcional en ese orden que se entregue el conocimiento de las tutelas a jueces de una inferior jerarquía cuando lo viene haciendo un órgano como el Consejo de Estado”, afirmó el presidente del Consejo de Estado a W Radio.

En conversación con La FM de RCN Radio, Luis Alberto Álvarez reconoció que el presidente puede reglamentar reyes, pero precisó que el decreto omitió un paso legal, que, según el magistrado, es necesario, debido a que el Ministerio de Justicia no consultó con la Sala de Consulta y Servicio Civil del propio Consejo de Estado, como lo menciona el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011.

“El presidente puede tomar esa decisión, pero la ley exige que primero escuche a la Sala de Consulta. Esa consulta no es vinculante, pero sí obligatoria”, indicó el magistrado a La FM de RCN Radio.

Cuestionó la conveniencia del decreto, ya que considera que esta medida afecta el control judicial de las instituciones sobre los actos del mandatario.

“No es proporcional ni razonable que actos de máxima jerarquía sean juzgados por jueces sin la misma dignidad institucional que el Consejo de Estado”, aseveró el presidente del Consejo de Estado al citado medio de comunicación.

Luis Alberto Álvarez cuestionó los argumentos del decreto, debido a que afirman en el documento que la medida busca acercar a los colombianos a la justicia.

“Genera incertidumbre en un momento en que se necesita seguridad jurídica y paz social”, aseveró el magistrado.

Y agregó: “No hay ninguna agenda en el Consejo de Estado. Hemos protegido derechos del presidente y también los hemos limitado cuando ha sido necesario. No somos un tribunal contra nadie, somos jueces del Estado de derecho”.

El presidente del Consejo de Estado aseguró en La FM de RCN Radio aseguró que cualquier demanda contra el decreto sería conocida por la Sección Primera del tribunal, despacho encargado de dichos actos administrativos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Estado le pidió a los colombianos defender la justicia y respetar las instituciones.

“Un país sin justicia es un país inviable. Las cortes no están para complacer ni para atacar, sino para hacer cumplir la Constitución”, aseveró Luis Alberto Álvarez.

El decreto será denunciado por la senadora María Fernanda Cabal. A través de sus redes sociales, la congresista del Centro Democrático anunció que interpondrá acciones contra el documento que considera “una amenaza directa al Estado de Derecho“.

Cabal también calificó el texto como una clara violación de las leyes por parte del mandatario y del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Para argumentar su posición, la congresista citó el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, que establece que cualquier iniciativa que busque modificar el aparato judicial, así como la administración judicial, debe ser tramitada bajo los parámetros de una ley estatuaria en el Congreso.

Después de que el Gobierno nacional transformara al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se oficializó la designación de los nuevos funcionarios que estarán a cargo de la Presidencia y la secretaría del organismo.

Las designaciones se dieron a conocer esta madrugada, luego de que se publicara el Decreto 466/2025 en el Boletín Oficial. De esta forma, el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron que el nuevo presidente del INTA será Nicolás Bronzovich, un ingeniero agrónomo, cuyo puesto también tendrá rango y jerarquía de secretario.

En línea con esto, las autoridades nacionales también confirmaron que María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica del organismo. De acuerdo con el artículo 3° del documento, la funcionaria cumpliría con las tareas en “carácter ‘ad honorem’”.

Ambos funcionarios fueron aprobados para asumir el rol de las funciones pertinentes a sus puestos a partir del 8 de julio de 2025, fecha en la que también se asentaron las transformaciones dispuestas por el Gobierno nacional respecto al funcionamiento de los diversos institutos nacionales existentes.

En el caso del INTA, a través del Decreto 462/2025, publicado el martes en el Boletín Oficial, fijaron que el organismo dejaría de funcionar como ente descentralizado del Ministerio de Economía, para transformarse en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De esta manera, las autoridades resaltaron que los objetivos del instituto estarán enfocados en “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias en todo el territorio nacional y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales de la tecnificación y el mejoramiento de la industria agropecuaria y de la vida rural”.

En simultáneo, las autoridades indicaron cuáles serán las tareas que debería cumplir el titular del INTA, ya que entre las funciones asignadas destacaron que deberá gestionar los bienes y el patrimonio asignado; dictar el reglamento interno de funcionamiento del organismo; y presidir el Consejo Técnico.

Además, deberá estar al frente de la celebración de acuerdos y convenios con organismo públicos, privados, nacionales o extranjeros, que busquen contribuir en investigación, innovación y desarrollo tecnológico y tendrá que proponer la estructura organizativa del organismo.

Por último, el presidente del INTA estará a cargo de gestionar el Fondo de la Promoción de la Tecnología Agropecuaria; y determinar los Centros de Investigación, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios, que serían considerados necesarios para el funcionamiento del ente.

En cuanto al rol del Consejo Técnico, indicaron que estarán a cargo de los lineamientos científico-técnicos, bajo los cuales funcionarán el organismo.

Respecto a la estructura del equipo directivo, establecieron que estará constituido por el presidente y otros siete miembros, que serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, explicaron que tres de ellos serían seleccionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mientras que los cuatro restantes serían elegidos por los productores agropecuarios.

“Los miembros del Consejo Técnico deberán tener reconocida versación y notoria experiencia en materia agropecuaria y poseer, al menos, cuatro (4) de ellos, título de grado universitario”, establecieron, para luego remarcar que su período en funciones duraría cuatro años y que tendrían la oportunidad de ser reelegidos.

Las autoridades explicaron que las funciones de la comitiva serán elaborar los objetivos y planes generales de trabajo que deberá realizar el organismo -siempre y cuando cuente con la aprobación del presidente-. A su vez, tendrán que establecer los criterios de investigación con base a los requisitos científicos y productivos, y evaluar el impacto técnico y productivo de los proyectos y programas ejecutados, para así generar una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el desempeño y la efectividad del INTA.

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0796 del 9 de julio de 2025, con el cual se aceptó la renuncia de Laura Camila Sarabia Torres al cargo de ministra de Relaciones Exteriores.

El documento también establece a la persona que asumirá temporalmente la dirección de la Cancillería mientras se designa un titular en propiedad, se trata de Rosa Villavicencio.

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Sarabia fue nombrada ministra mediante el Decreto 0111 del 29 de enero de 2025, y tomó posesión del cargo ese mismo día.

Presentó su renuncia de manera formal mediante oficio, según lo establece el nuevo decreto expedido por el Gobierno nacional.

Su salida se produce tras semanas de discusión pública, especialmente luego de sus declaraciones sobre la licitación de pasaportes y los desacuerdos con otros miembros del Ejecutivo.

El acto administrativo encarga las funciones del despacho principal a Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, actual viceministra de Relaciones Exteriores. La funcionaria asumirá estas nuevas responsabilidades sin desvincularse de su cargo mientras se adelanta la designación y posesión de la persona titular del Ministerio.

De acuerdo con el Decreto 0796, el Ejecutivo resolvió:

“ARTÍCULO 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora LAURA CAMILA SARABIA TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.791.202, que desempeñaba el cargo Ministro de Relaciones Exteriores, código 0005, adscrito a la planta de personal del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores”.

El mismo decreto determina el encargo de funciones de manera provisional:

“ARTÍCULO 2. Encargo. Encargar de las funciones del Ministro de Relaciones Exteriores, código 0005, a partir de la fecha, a la doctora ROSA YOLANDA VILLAVICENCIO MAPY, identificada con cédula de ciudadanía número 41.742.149, Viceministro, código 0020, grado 01, de la planta de personal del Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores, sin desvincularse de las funciones propias de su cargo mientras se designa y posesiona el titular“.

El documento establece que su vigencia inicia desde el momento de expedición. La Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicar esta decisión oficialmente, tal como lo indica el artículo tercero del decreto.

Detalles de la salida de Laura Sarabia

La renuncia de Laura Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo tras un desacuerdo con el nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade, sobre la continuidad del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes en Colombia.

En entrevista con Cambio, la saliente ministra afirmó que el presidente Gustavo Petro respaldó la postura de Saade, lo que la llevó a presentar su dimisión.

Según Sarabia, Saade intervino indebidamente en un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería, lo que generó una crisis institucional.

“El jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, se autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería”, indicó Sarabia.

“Aquí el único que sembró el caos y la incertidumbre fue Alfredo Saade”, añadió en declaraciones recogidas por el mencionado medio.

Al llegar a la Cancillería, Sarabia recibió dos procesos en curso: un memorando de entendimiento con Portugal sin implicaciones comerciales inmediatas, y una prórroga de la urgencia manifiesta firmada con Thomas Greg & Sons para garantizar la continuidad en la emisión de pasaportes. Este último contrato establece que finalizará cuando se agoten las libretas disponibles o el 31 de agosto, lo que ocurra primero.

Tras evaluar la capacidad operativa de la Imprenta Nacional y las condiciones del eventual acuerdo con Portugal, la Cancillería concluyó que lo más viable era renovar temporalmente el contrato con Thomas Greg & Sons.

“Fue una decisión concertada con el Ministerio del Interior, el de Hacienda, Planeación Nacional, la imprenta y la Dian”, explicó Sarabia a Cambio, asegurando que esa propuesta inicial contó con el aval presidencial.

No obstante, según Sarabia, Saade se opuso a esa prórroga y, sin atribuciones legales, emitió órdenes que contrariaban las directrices ministeriales.

A través de un extenso decreto publicado durante la madrugada de este martes, el Gobierno materializó los últimos cambios sobre entes nacionales que abarca desde disoluciones hasta transformaciones, como el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Los rumores sobre ambas modificaciones comenzaron a surgir hace apenas unos días, cuando se reafirmó el fin de las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo mediante la Ley Bases, cuya vigencia caduca este martes. Esto generó, entre otras cosas, malestar en los trabajadores del instituto agropecuario que rechazaron la decisión cortando la colectora de la Avenida General Paz. Hubo enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.

Mientras tanto, en conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni repasaba el extenso listado de entes reestructurados, suprimidos o fusionados por el Gobierno que le implicaron al Estado un alto gasto público.

Dentro de los cambios ejecutados, señalaba el ajuste del INTI, el cual dejó de tener estatus de organismo descentralizado y pasará a funcionar bajo la estructura de dependencias de la Secretaría de Industria y Comercio, como una “unidad organizativa dependiente”. Esta modificación responde a un relevamiento oficial que atribuye a la estructura previa altos grados de superposición jerárquica, presencia de áreas administrativas sobredimensionadas y desconexión entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial, según el texto.

En el segundo capítulo del decreto N° 462/2025, dedicado al ente señalaron que los derechos, aranceles o tasas que perciba “en el ejercicio de sus funciones, así como las rentas o frutos de sus bienes patrimoniales, las patentes que se registren a su nombre y los derechos intelectuales que le correspondan, y los aportes de terceros destinados a solventar el funcionamiento de sus Centros de Investigación, constituirán recursos del Tesoro Nacional”.

Además, el Instituto podrá crear Centros de Investigación a pedido de parte interesada, con aportes técnicos o económicos, según la reglamentación vigente, bajo supervisión y aprobación de la autoridad competente.

El mismo cambio de estatus se aplicó para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se ubicará dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar de perder autonomía, conservará su denominación para preservar su identidad y reconocimiento internacional, manteniendo potestades sobre certificación de productos y control técnico, aunque ahora concentrando su fiscalización sobre el tramo final de la cadena productiva y habilitando que funciones de certificación puedan ser delegadas en entidades públicas o privadas.

Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se transformarán en organismos desconcentrados, respetando sus funciones esenciales.

En el primer caso, la modificación apunta a mejorar la coordinación con otras áreas de la administración y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. Por su parte, el INPI se reorganiza como organismo desconcentrado, continuando con sus funciones básicas ligadas al registro, administración y control en materia de propiedad industrial, patentes, marcas y modelos.

Cuáles son los demás cambios

Uno de los ejes centrales de la normativa es la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Tras una evaluación interna, el Ejecutivo detectó un esquema jerárquico sobredimensionado en proporción a su dotación real de personal y sugirió su eliminación. En el informe elaborado por el Interventor, se pone de manifiesto que el esquema actual “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.

A partir de ahora, las competencias regulatorias quedan distribuidas entre el Ministerio de Economía —manejando registros y controles del cáñamo industrial y su biomasa, así como la regulación sobre semillas del producto—, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) —que supervisará todo lo relacionado con productos de cannabis destinados exclusivamente a fines medicinales—.

La norma también dispone la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que hasta ahora funcionaba como organismo descentralizado orientado a políticas específicas para la agricultura familiar, en “la ejecución de las políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal”.

Sus responsabilidades y obligaciones serán absorbidas por la cartera que dirige Luis Caputo, que además asume las funciones como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Solo se mantienen el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y competencias básicas de fiscalización.

En otro eje de reorganización, el decreto establece la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, traspasando sus facultades regulatorias e inspectivas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bajo este nuevo esquema, las tareas técnicas y de control en materia de semillas estarán a cargo de un Comité Asesor de Semillas de carácter honorario, eliminando la estructura descentralizada anterior y favoreciendo la centralización bajo autoridad ministerial.

El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hasta el 4 de enero de 2026 y confirmó en el cargo de interventor a Juan Martín Ozores.

La medida, formalizada mediante el Decreto 448/2025 y publicada en el Boletín Oficial este viernes 4 de julio de 2025, extiende la intervención que rige sobre el organismo desde enero de 2024.

Esta decisión afecta directamente a la estructura y funcionamiento del ente regulador de las comunicaciones en Argentina, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La prórroga, que comenzará a regir el 8 de julio de 2025, responde a la necesidad de culminar el proceso de reorganización y auditoría iniciado tras la intervención original.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El texto oficial señala que este proceso se mantendrá “hasta el 4 de enero de 2026”, y que Ozores continuará “con rango y jerarquía de Secretario”.

El Gobierno justificó la extensión de la intervención en la persistencia de “falencias estructurales en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficaz y transparente del organismo”.

El decreto detalla que durante la intervención se avanzó en un diagnóstico institucional, normativo y funcional, pero que aún resta completar la auditoría y la reestructuración profunda del ENACOM.

Entre los objetivos de esta nueva etapa, el Ejecutivo prevé la creación de comisiones técnicas y grupos especializados para revisar los procedimientos de concursos de servicios audiovisuales, actualizar la normativa sobre licencias y calidad de servicios, y redefinir el régimen de relaciones con los usuarios y los procedimientos sancionatorios.

El texto oficial indica que se busca “simplificación, eficacia regulatoria y fortalecimiento institucional”, en línea con los lineamientos de política pública definidos por el Gobierno.

El decreto también establece la necesidad de “mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de los fondos que percibe el organismo, a través de la simplificación normativa y desarrollo e instrumentación de sistemas adecuados”. Además, se plantea la redefinición de los mecanismos para el cumplimiento de los aportes de inversión de los licenciatarios de Servicios de TIC, con el objetivo de garantizar el Servicio Universal previsto en la Ley 27.078.

El Gobierno considera estratégico relevar el estado y disponibilidad de las bandas del espectro radioeléctrico y planificar medidas para optimizar su uso, en función de las necesidades tecnológicas y la promoción de la competencia.

El decreto ordena evaluar el régimen de sanciones para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y telecomunicaciones, y analizar la pertinencia de introducir modificaciones para “disuadir el incumplimiento del marco regulatorio”.

A su vez, destacaron que “se ha iniciado el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, orientada a dotar al organismo de mayor racionalidad, eficiencia operativa y alineación con sus competencias esenciales”, y que este proceso requiere continuidad para su implementación.

El Ejecutivo instruyó al interventor a desarrollar manuales de procedimiento para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas de gestión en las distintas unidades del ENACOM.

El decreto cita expresamente que “el proceso de reorganización y reestructuración profunda que requiere el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) se encuentra en curso, siendo necesario culminar las tareas de auditoría, diagnóstico y relevamiento iniciadas, con el fin de contar con un análisis integral y sustantivo respecto del modo en que fueron gestionados los recursos y estructuras previas a la intervención”. Además, señala que “las mandas encomendadas al Interventor comprenden no solo las funciones de gobierno y administración previstas en las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 y sus respectivas modificaciones, sino también aquellas necesarias para llevar adelante las acciones tendientes a actualizar el marco regulatorio, adecuar la estructura funcional del organismo y asegurar una gestión eficiente, transparente y moderna”.

El Poder Ejecutivo modificó el marco regulatorio del gas licuado de petróleo (GLP) en el país a través del Decreto 446/2025, publicado este jueves 3 de julio de 2025 en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, introduce cambios sustanciales en la Ley 26.020 y redefine el rol del Estado en la industria del GLP.

El decreto afecta a productores, fraccionadores, distribuidores, comercializadores y consumidores residenciales, especialmente a los sectores sociales de menores recursos sin acceso a gas natural por redes.

La decisión responde a la emergencia pública declarada por la Ley 27.742, que habilitó al Ejecutivo a reorganizar organismos y competencias en materia energética.

El decreto limita la intervención estatal en la industria del GLP, restringiendo la función de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a la fiscalización de parámetros de seguridad, y elimina la necesidad de autorizaciones previas para operar en los distintos segmentos del sector.

Según el texto oficial, “dicha intervención estatal debe limitarse exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes, sin interferir en aspectos operativos que competen al funcionamiento del mercado”.

El decreto sustituye catorce artículos de la Ley 26.020 y deroga seis, entre ellos los referidos a autorizaciones, controles y regulaciones previas.

El nuevo artículo 1° establece que el objetivo esencial del marco regulatorio es “asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”.

Además, se dispone que la Secretaría de Energía podrá delegar funciones de fiscalización y control técnico en organismos públicos o privados, así como en provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los cambios más relevantes, el decreto elimina la obligación de obtener autorización previa para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. Ahora, basta con presentar la documentación requerida y cumplir con la normativa vigente. La autoridad de aplicación solo podrá verificar la información y, en caso de observar irregularidades, deberá indicar las subsanaciones en un plazo de diez días hábiles. El silencio administrativo se considerará aprobación tácita, conforme al artículo 10, inciso b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

El texto también flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador, y que puedan hacerlo para más de una marca o leyenda. Los acuerdos entre fraccionadores para el envasado de envases de terceros quedan habilitados mediante contratos bilaterales. Además, se establece la obligación de recibir envases de cualquier marca o leyenda y se crea un parque de envases de uso común, cuyo objetivo es “asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar los envases identificados con su marca o leyenda”.

En materia de comercialización, el decreto prohíbe expresamente la imposición de cláusulas de exclusividad u obligaciones de compra por parte de los fraccionadores a los comercializadores. Cualquier disposición contractual que viole esta prohibición será “nula de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el co-contratante ni terceros”.

Respecto a la importación y exportación de GLP, el nuevo artículo 35 autoriza la libre importación sin necesidad de autorización previa, siempre que se cumpla la normativa vigente. La exportación será libre una vez garantizado el abastecimiento interno, y el Poder Ejecutivo contará con un plazo de siete días para objetar fundadamente cualquier solicitud de exportación. El silencio administrativo también se considerará aprobación.

El decreto redefine las funciones de la autoridad de aplicación, limitando su intervención a cuestiones de seguridad y control técnico. Entre sus facultades se encuentran dictar normas reglamentarias exclusivamente a fines de seguridad, reglamentar el seguro obligatorio, aprobar mecanismos de identificación de envases y controlar el estado de conservación de los mismos.

El texto señala: “La Autoridad de Aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades: a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia; b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad, exclusivamente a fines de seguridad”.

El decreto también deroga artículos que establecían controles y regulaciones previas, y dispone que la medida entre en vigencia desde su publicación.

Además, ordena dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, que tiene competencia para pronunciarse sobre la validez de los decretos delegados.

La modificación del marco regulatorio del GLP se fundamenta en la necesidad de “promover una regulación moderna, eficiente y orientada al desarrollo del sector”, según el texto oficial.

El Ejecutivo argumenta que la sobrerregulación y la duplicación de funciones generaron distorsiones de mercado y sobrecostos operativos, lo que impactó negativamente en los precios al consumidor.

El decreto sostiene que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP, y posee la capacidad para mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria”.

El Gobierno tomó una nueva decisión respecto a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que influye sobre su estructura y estatus jurídico. El cambio se vio reflejado en un Decreto publicado en Boletín Oficial este martes por la madrugada.

Previo a que sea publicado el Decreto 445/2025, la Agencia funcionaba como un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y con autarquía económica y financiera. Pero a partir de lo dispuesto en la reciente normativa, pasará a operar como un organismo desconcentrado, dependiente directamente de la misma cartera ministerial.

De este modo, la nueva estructura quedará sujeta a una gestión más centralizada, en línea con los criterios de simplificación administrativa y reducción del estado, que impulsa el Gobierno actual. Si bien la transformación implica la eliminación de la autarquía y de la personería jurídica propia de la anterior agencia, el decreto establece que se conservará la especialidad técnica y las funciones clave históricamente asignadas a la gestión y regulación de armas, municiones y explosivos.

Dentro de los argumentos mencionados, el Ejecutivo destaca la necesidad de “optimizar su funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales, a la vez que se mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados”.

Sostiene, además, que la centralización permitirá reducir el costo público y lograr una mayor coordinación en las políticas nacionales de seguridad, sin afectar las funciones esenciales ni las bases de datos confidenciales gestionadas por el organismo.

Al mismo tiempo, señala como consecuencia la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), el cual se encargaba de financiar acciones y programas destinados a prevenir la violencia armada. En este sentido, define que el financiamiento de las políticas vinculadas a la prevención de la violencia armada será absorbido por el propio Ministerio, en vez de nutrirse de diversos recursos.

En paralelo, la normativa restituyó el Registro Nacional de las Armas (RENAR), que había sido disuelto hace aproximadamente 10 años. Tal como se menciona en el segundo artículo —el cual modificó la Ley 27.192—, se “crea el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS como organismo desconcentrado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL”.

El mismo tendrá como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias, la cooperación en la formulación de políticas criminales en la materia, y la implementación de políticas de prevención de la violencia armada. Se habilitó a la cartera que dirige Patricia Bullrich, a establecer tasas y aranceles relativos a los servicios administrativos y técnicos que preste el nuevo organismo, asegurando que dichos valores sean “equitativos” según lo consigna la norma.

Asimismo, se instruyó al Ministerio “a elevar al Poder Ejecutivo Nacional la propuesta de adecuación de su estructura organizativa y de la normativa reglamentaria del Registro Nacional de Arnas, atento las previsiones del presente decreto”.

Por último, destacaron que todo el personal de la ANMaC conservará sus cargos y situación de revista hasta tanto se disponga la adecuación definitiva de la estructura organizativa del ministerio. Y se preservarán las unidades organizativas durante el proceso de traspaso.

Las funciones de supervisión, control y posible reestructuración futura del personal quedarán bajo supervisión de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Esto significa que cualquier modificación de la planta o reubicación de agentes necesitará su aprobación.

Hace aproximadamente dos semanas, el organismo conducido por Juan Pablo Allan, anunció una reforma en los procedimientos administrativos que regían para usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro.

Según la resolución, se eliminó la obligación de abonar la tasa anual y extiende el plazo de reinscripción de uno a cinco años, como parte del plan de simplificación y desburocratización del Estado Nacional impulsado por los decretos presidenciales N° 70/23 y N° 90/25.

La disposición alcanza a fabricantes de armas de uso civil y uso civil condicional, fabricantes de municiones y materiales especiales, talleres y verificadores de blindados, como así también a recargadores y comerciantes. Antes de la reforma, estos usuarios debían cumplir con una reinscripción anual y el pago de una tasa fija, aunque las condiciones de sus registros no se modificaran.

Con el nuevo esquema, el plazo de vencimiento para las inscripciones será de cinco años a partir del otorgamiento original y desaparece la exigencia del pago anual. Sin embargo, se mantiene la obligación de informar a la ANMAC cualquier cambio en los datos registrados, dentro de los 30 días posteriores a la modificación.

El Gobierno oficializó una reestructuración profunda de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) a través del Decreto 442/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión responde al informe de situación elaborado por el interventor de la empresa y tiene como objetivo central concentrar sus funciones en la producción de dinero circulante, la asistencia en el proceso de atesoramiento y destrucción de billetes y la realización de impresos para entidades públicas y privadas.

La nueva arquitectura operativa surge tras la rescisión de los contratos por parte del Banco Central de la República Argentina para la fabricación de billetes, que representaban el 90% de los ingresos de Casa de Moneda, y luego de que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor decidiera dejar de requerir la provisión de elementos de seguridad, como chapas patente.

La primera de las decisiones había sido tomada a fines de octubre del año pasado, lo que llevó a la dirección del organismo a informar a su personal la finalización de la producción de billetes y la decisión de que el personal que no tenga actividad se tome vacaciones.

“Se procederá a detener a partir de hoy a las 22.00 hs. todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes. Por tal motivo, a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva, se le dará curso a la utilización de períodos vacacionales que tengan disponibles,” habían ordenado a los empleados en esa oportunidad.

Respecto a los insumos que requerían los registros automotores, tuvo su punto álgido a fines de 2024 y principios del presente año. “Ya se hizo la última orden de producción de placas a Casa de la Moneda, no habrá más pedidos. Pero aparecieron algunos retrasos insólitos que siguen demorando el proceso. Sabíamos que estas cosas podían pasar, estamos luchando para hacer una transformación que incomoda a muchos y corta el negocio a otros”, habían explicado fuentes oficiales a Infobae. En ese entonces, el Ejecutivo había licitado nuevos proveedores privados para reemplazar a la Casa de la Moneda.

Según el texto publicado, la empresa enfrenta un patrimonio neto negativo de más de 65.900 millones de pesos, con pérdidas acumuladas que superan los 243.700 millones y el sostenimiento financiero solo fue posible durante 2023 y 2024 gracias a millonarios aportes del Estado nacional.

La decisión oficial estableció que tres áreas operativas serán transferidas a otros organismos del Estado. Esto significa que la responsabilidad sobre la línea de impresión y codificación de instrumentos fiscales de control y trazabilidad para tabacos y bebidas, que funcionaba mediante convenios con AFIP (hoy ARCA), pasará de Casa de Moneda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El área de producción de pasaportes, que incluye el armado y la personalización de los chips para el Registro Nacional de las Personas, será traspasada a RENAPER bajo la Jefatura de Gabinete. La operación y el desarrollo de la billetera virtual estatal, plataforma tecnológica de cuentas digitales, quedará en manos de ARSAT, la empresa argentina de soluciones satelitales, que culminará el desarrollo y pondrá en funcionamiento la herramienta.

Incluso, los inmuebles asignados a Casa de Moneda que hayan caído en desuso pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su reasignación o enajenación.

En otro orden resaltaron que tal medida “permitirá una reducción significativa de los costos operativos de la empresa, aliviando su estructura de gastos y posibilitando la reorientación de esfuerzos y recursos hacia funciones directamente vinculadas con su objeto social principal, tales como la producción, el atesoramiento y la destrucción de billetes”.

De esta manera, la normativa dispuso en su artículo primero “la reconformación estructural y operativa de CASA DE MONEDA S.A.U.”. A fines de abril de este año, la administración de Javier Milei había avanzado con la transformación del organismo, para convertirla en Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).

La conversión de la empresa fue aprobada formalmente durante una asamblea extraordinaria celebrada en diciembre de 2024 y refrendada por el Ejecutivo, que dio carácter definitivo a través del nuevo estatuto de la Casa de Moneda S.A.U. Posteriormente, la iniciativa quedó formalizada en el Decreto 295/2025

Bajo el Decreto 437/2025, el Gobierno disolvió un fondo destinado a la construcción de viviendas para personal militar y de fuerzas de seguridad. La medida se conoció a partir de su publicación en Boletín Oficial, durante la madrugada de este viernes.

Esta decisión se tomó a partir de la eliminación de la Ley 21.134 que creó el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio, y contó con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo central del decreto es suprimir una estructura que, según el Poder Ejecutivo, ha quedado sin operatividad, en línea con la política de racionalización del gasto público implementada por la actual administración. “Resulta pertinente proceder a la derogación de la Ley N° 21.134, con el fin de reducir costos administrativos innecesarios y eliminar una estructura obsoleta que ha quedado sin operatividad efectiva, en el marco de una política de racionalización de estructuras y optimización del gasto público", sostiene el texto normativo.

La mencionada legislación, sancionada en su momento como herramienta específica para el acceso a viviendas de servicio para integrantes de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la ex Policía Aeronáutica Nacional, preveía la creación de un fondo especial. Este fondo tenía por objeto la adquisición, construcción, equipamiento y mantenimiento de viviendas, además de impulsar la generación de centros cívicos en regiones donde se detectara necesidad efectiva.

El mismo se nutría de partidas incluidas en el Presupuesto Nacional, así como de donaciones, legados y producto de operaciones financieras, y su administración se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Pero desde el momento en que el equipamiento para viviendas se solventó por otras vías, la ley dejó de responder a la función para la que había sido creada.

Entre los argumentos mencionados, figuró una revisión de funciones y responsabilidades estatales que puedan resultar redundantes, con el propósito de maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. “Resulta imperioso revisar aquellas responsabilidades y funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”, sostuvo.

Esta publicación tuvo lugar luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara días atrás la entrega de 160 viviendas destinadas a efectivos de las Fuerzas Federales en un acto realizado en Avellaneda.

Se trata de una iniciativa que forma parte del plan federal de reasignación habitacional que ya sumó 329 unidades del Procrear recuperadas en distintos puntos del país. Las unidades fueron transferidas desde el Ministerio de Economía a la cartera de Seguridad con el objetivo de destinarlas exclusivamente a quienes integran las fuerzas federales.

“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, detalló Bullrich en su cuenta oficial de X.

La distribución quedará bajo la administración directa de cada fuerza, a fin de garantizar una correcta adjudicación, uso y mantenimiento de los inmuebles. En su intervención, la funcionaria expresó que se busca resolver los problemas de acceso a la vivienda por parte del personal federal, que enfrenta dificultades para alquilar en varias localidades y paga sumas elevadas por alquileres privados.

“Un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el Ministerio de Economía ha encontrado viviendas, en algunas partes del país, que no se usaban para una familia, sino que se alquilaban en Airbnb, entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea”, argumentó Bullrich.

El plan contempla la entrega progresiva en ciudades como Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego, además de CABA y otros partidos bonaerenses. El Gobierno había oficializado la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear a principios de junio, paso que facilitó la redistribución de las viviendas.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, defendió la postura institucional que adoptó la Registraduría frente a la fallida convocatoria de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con El Tiempo, Penagos aseguró que la entidad actuó con base en los principios constitucionales y sin exceder sus competencias, señalando que en situaciones de alto conflicto jurídico, como las que rodearon la iniciativa del Ejecutivo, corresponde a los jueces definir el curso de acción.

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Según explicó, no era función de la Registraduría adoptar decisiones sobre la legalidad de un decreto presidencial o intervenir en disputas entre poderes públicos, sino garantizar el respeto a las cortes y evitar el riesgo de incurrir en una “anarquía democrática”.

Penagos rechazó los señalamientos que lo acusan de haber frenado de manera arbitraria el trámite del mecanismo de participación, y sostuvo que la actuación de la entidad se enmarcó en el cumplimiento del deber funcional.

“Lo que hemos planteado desde la Registraduría es el respeto profundo por la Constitución”, afirmó al diario bogotano, añadiendo que se trataba de enviar “un mensaje a la sociedad colombiana de que cuando se presentan controversias jurídicas de tanta magnitud son los jueces los que deben dirimirlas”.

Frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que calificó a la Registraduría como un operador logístico del proceso de consulta, Penagos respondió que esa definición desconoce la naturaleza de la entidad.

“La Constitución Política en el artículo 266 señala que la Registraduría es una autoridad electoral, pero que además de eso es una autoridad electoral que tiene la característica de ser autónoma e independiente”, indicó Penagos a El Tiempo.

Recordó que esta autonomía ha sido reconocida por la Corte Constitucional, que también ha reiterado que “no hay democracia sin función electoral y no hay función electoral sin una autoridad electoral adecuada”.

A lo largo de la entrevista con el citado medio de comunicación, Penagos cuestionó que se haya desestimado el papel institucional de la Registraduría, afectando de paso a sus funcionarios.

“Opinar en esos términos de la Registraduría es desconocer a miles de funcionarios que trabajan permanentemente por esta entidad”, expresó.

Hernán Penagos reiteró que el proceso electoral en Colombia involucra diversos actores, incluidos jurados, jueces y delegados del Consejo Nacional Electoral, y que los operadores logísticos externos cumplen únicamente funciones de apoyo técnico.

Sobre la posibilidad de haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad al decreto presidencial que convocaba la consulta, el registrador descartó esa alternativa por carecer de competencia judicial.

“El Registrador no podía acudir a una circunstancia semejante”, aseguró a El Tiempo. A su juicio, adoptar decisiones de esa naturaleza habría sido “sustituir al poder judicial”, y añadió que “lo más correcto es que esas decisiones las adopte un juez de la República, como en efecto esto lo acaba de hacer el Consejo de Estado”.

Respecto a las advertencias del presidente Petro sobre una supuesta sedición, Penagos dijo que no teme las denuncias, pues su actuación respondió al deber funcional. “No creo que, por actuar de esa manera, por plantear con seriedad una posición que evitara que se dilapidaran recursos públicos en el futuro, se esté cometiendo un delito”, señaló, aunque aclaró que respeta las posiciones del Ejecutivo.

En respuesta a quienes han sugerido que la Registraduría podría eventualmente bloquear las elecciones de 2026, Penagos consideró que esas afirmaciones carecen de fundamento.

Indicó que los comicios ordinarios están fijados por la Constitución y no dependen de voluntad administrativa alguna. “Las elecciones del año 2026 están garantizadas. No es ni el Registrador, ni el gobernante, ni ninguna autoridad la que pueda tomar decisiones respecto de ello”, dijo a El Tiempo.

Finalmente, al ser consultado sobre el ambiente de confrontación con el Ejecutivo, Hernán Penagos aseguró que la entidad se ha mantenido neutral.

“La Registraduría y el registrador no están tomando partido a favor de nadie. Simplemente han dicho lo que le corresponde a un servidor público […] es permitir que las altas cortes decidan”, afirmó.

El Gobierno de la Nación organizó el primer encuentro del Consejo de Mayo, la entidad que fue anunciada por el presidente Javier Milei con el objetivo de abordar y fomentar diez ejes estratégicos para la Argentina.

Según informó Infobae, el próximo martes, el jefe de Gabinete y cabeza del organismo, Guillermo Francos, citó a todos los integrantes al Salón de los Escudos desde las 9 en la Casa Rosada. El objetivo es comenzar a tratar los puntos de la reforma laboral.

”La idea es comenzar a tratar todos los temas que están pendientes, pero también determinar cómo va a trabajar el grupo y ponernos en contacto. Es el primer encuentro y es un hecho sin antecedentes, así que se dará el puntapié inicial”, señaló una fuente oficial.

Actualmente, los legisladores están discutiendo diferentes proyectos impulsados por la oposición, como un aumento a las jubilaciones, que la administración de Javier Milei considera que perjudican el orden fiscal.

Por esta razón, las autoridades nacionales quieres sumar al debate nuevas iniciativas y empezarían por una modernización laboral, por lo que se definió convocar al Consejo, creado el año pasado después de la firma del Pacto de Mayo.

El objetivo del ministro coordinador era acelerar lo antes posible con la conformación de una agenda de trabajo que pueda marcar el ritmo en el Congreso de la Nación. En ese sentido, semanas atrás, recién se terminó de conformar todos los nombres que participarán del organismo.

A través del Decreto 382/2025, el Ejecutivo anunció a los integrantes del Consejo de Mayo, después de casi un año de la propuesta que lanzó el propio Milei para integrar el diálogo con los gobernadores y el resto de los sectores dialoguistas.

Hasta el momento, el organismo se había estancado por la falta de propuestas por parte de las provincias y otros sectores convocados para integrar. Este problema de representación había impedido que el organismo avance en la elaboración de leyes y políticas públicas alineadas con los objetivos del oficialismo, como la defensa de la propiedad privada, reformas fiscales y tributarias, y la apertura económica.

En este marco, cabe recordar que el Consejo de Mayo será dirigido por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los seis consejeros.

Estos consejeros serán: Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados, Gerardo Alberto Martínez por las organizaciones sindicales, y Martín Rappallini en representación de las entidades gremiales empresariales. Además, estos se sumarán al ya designado Federico Sturzenegger.

María Cecilia Domínguez Diacoluca, fue nombrada Secretaria Técnica del Consejo, responsabilidad que asumirá de forma honoraria. La Secretaría Técnica tiene un rol fundamental en la organización y planificación de las reuniones del Consejo, así como en la asistencia al presidente del organismo en la articulación de los debates y propuestas que surjan.

El objetivo más ambicioso del Consejo de Mayo es generar un conjunto de propuestas legislativas y administrativas que establezcan un marco claro y útil para el futuro debate político y económico de Argentina.

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, “el Consejo de Mayo será un ámbito de intercambio sobre diez ejes estratégicos que el presidente planteó y sobre los que Argentina ha debatido mucho tiempo”. Sturzenegger destacó que este esfuerzo está pensado para preparar al país para el debate post-electoral, que será crucial tras las elecciones de octubre.

La creación del Consejo de Mayo se inserta dentro de los esfuerzos del gobierno por instaurar un diálogo intersectorial que facilite la reconstrucción económica y social del país. Los temas que se pondrán en discusión reflejan áreas críticas de la política argentina, abarcando desde la reforma del sistema previsional hasta el uso sostenible de los recursos naturales.

El 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto 0639, que convoca la consulta popular por parte del Gobierno nacional, al identificarlo como una disposición electoral emitida por una autoridad nacional en el contexto de una consulta popular.

El alto tribunal ordenó, como medida cautelar, la suspensión temporal del decreto mientras avanza el estudio del caso.

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Por esta decisión, congresistas de distintos sectores reaccionaron. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, celebró la decisión del Consejo de Estado.

“El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente de la República”, indicó Motoa en declaraciones a Caracol Radio.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y presidente del Senado de la República, afirmó que la decisión del alto tribunal tiene como objetivo la protección del Estado de Derecho.

“La decisión busca proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable. Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático. Todo nuestro apoyo al Consejo de Estado y a la justicia en general”, afirmó Cepeda.

Nadia Blel, también del Partido Conservador, aseveró que la decisión del Consejo de Estado es una “voz de esperanza” para la democracia y los colombianos.

“Es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional. Lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, el presidente, el Gobierno, el registrador, no podrán utilizar recursos de los colombianos”, expresó la presidenta de la colectividad.

Ariel Ávila, de la Alianza Verde, explicó a Caracol Radio que la decisión del Consejo de Estado era de esperarse, pero precisó que ahora se debe esperar la conciliación de la reforma laboral entre la Cámara de Representantes y Senado.

“Era crónica de una muerte anunciada, se sabía que esto lo iban a decidir los jueces, que seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión y eso podría llegar a la Corte Constitucional. Sin embargo, esto puede quedar zanjado, porque si los conciliadores llegan a un acuerdo frente a la reforma laboral, habrá una reforma muy buena y el presidente tendrá que cumplir su palabra de retirar el decreto”, explicó el senador Ávila.

María José Pizarro, senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, aseguró que ellos son respetuosos de las decisiones de la justicia, pero que espera del alto tribunal un análisis detallado de las tutelas presentadas.

“Nosotros siempre respetamos las decisiones de la justicia; esperamos que en el análisis que arranca en estos días analice muy bien las tutelas presentadas, no solamente por los parlamentarios, también por la sociedad civil y que analice también el fallo de tutela que busca o que ordena respetar mis derechos, dada la clara violación a las garantías parlamentarias durante la votación de la consulta popular”, aseveró María José Pizarro.

Qué dice el Consejo de Estado

En el fallo del Consejo de Estado se puede leer que “en ese orden de ideas, debe señalarse que de la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”.

Esta lectura jurídica podría fortalecer el papel del Congreso en la supervisión de los mecanismos de consulta popular y debilitar el argumento del Ejecutivo, que sostiene que en la sesión del 14 de mayo de 2025 se habrían cometido cinco irregularidades de procedimiento. En esa jornada, con una votación de 49 a 47, la plenaria del Senado rechazó la iniciativa que buscaba convocar a los ciudadanos a las urnas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un acto de “sedición” la decisión del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de no convocar una consulta popular hasta que las cortes se pronuncien sobre el decreto emitido por el mandatario. “Eso no se hace”, expresó Petro durante un Consejo de Ministros televisado, donde también anunció que se emprenderán acciones jurídicas contra el funcionario.

En respuesta, Hernán Penagos defendió su postura argumentando que su actuación se ajusta estrictamente a lo que establece la ley. Según explicó, la controversia en torno al decreto presidencial generó un conflicto jurídico significativo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que, en su opinión, pone en riesgo principios fundamentales como la supremacía constitucional y la división de poderes en el país.

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“No podemos perder de vista que se trata de una controversia jurídica de grandes magnitudes entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. (...) Esta controversia está poniendo en riesgo el principio de supremacía constitucional y el principio de división de poderes en Colombia”, afirmó en entrevista con Semana.

El registrador también subrayó que su principal responsabilidad es garantizar el orden y que, al no ser juez, no tiene la facultad de avanzar con la consulta popular mientras el Consejo de Estado no emita un fallo definitivo. Penagos señaló que, tras la emisión del decreto por parte de Petro, se presentaron múltiples demandas que cuestionan la legalidad de la consulta, lo que hace imprescindible una resolución rápida de las autoridades judiciales.

“Aquí estamos actuando conforme lo estipula la ley. Donde hay juego y forja, habrá que aceptar esa posición, pero en lo particular yo estoy actuando conforme a lo que la Constitución me dice”, afirmó Penagos, reiterando que su actuación se basa en los lineamientos establecidos por la Constitución. Además, enfatizó en que cualquier decisión debe respetar el marco legal vigente, incluso si esto implica desacuerdos entre las partes involucradas.

A su vez, el alto funcionario recordó que el Estado colombiano tiene como objetivo que el decreto sea aplicado tal y como ellos lo escribieron, sin ningún tipo de revisión de las entidades encargadas como la Corte Constitucional.

Incluso, señaló que aunque el decreto del Gobierno nacional tiene sustento legal, la decisión del Senado también por lo que hay un choque de ramas elegidas popularmente.

“No es solamente la convocatoria a una consulta, es poner en riesgo el orden institucional. Es un quiebre institucional que puede dar lugar a unos precedentes muy penosos para el futuro de Colombia. Se trata de un choque entre dos autoridades administrativas, aquellas que han sido elegidas popularmente”, explicó al medio citado.

Y agregó: “No es solamente la convocatoria a una consulta, es poner en riesgo el orden institucional. Es un quiebre institucional que puede dar lugar a unos precedentes muy penosos para el futuro de Colombia”.

Con respecto a las declaraciones de Penagos, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó fuertes críticas contra el registrador nacional por su decisión de dejar en manos de las altas cortes el futuro de una consulta popular impulsada por el Ejecutivo. El ministro calificó esta postura como un desafío al orden constitucional colombiano, lo que generó una intensa controversia en el ámbito político y judicial del país.

El titular de la cartera expresó su descontento a través de un video en el que señaló a Penagos de actuar con una agenda política y no jurídica. En sus palabras: “El registrador tiene una agenda política, el registrador no está actuando jurídicamente, él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano, es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato”.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, institución reconocida por su trayectoria y conformada por influyentes juristas del país, difundió una declaración en la que expresa su posición frente a los recientes actos del Ejecutivo nacional.

El pronunciamiento se dio a conocer luego de que el presidente Gustavo Petro firmara un decreto que convoca a una consulta popular, previsto para el 7 de agosto, sin haber pasado por el Congreso ni contar con aval de las altas cortes.

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En su comunicado, la Academia planteó reparos de fondo sobre el camino escogido por el mandatario para avanzar con la iniciativa de consulta. En sus primeras líneas, el documento señala: “Ante los inesperados y reprochables acontecimientos que en los últimos días se han venido sucediendo, los cuales implican la ruptura del orden institucional del país, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como centenaria institución privada, centro del pensamiento jurídico y cuerpo consultivo de la nación, se permite manifestar”.

El texto está dividido en cuatro puntos que abordan, desde una perspectiva constitucional, los límites del poder presidencial y la importancia de respetar la separación de poderes.

En el primero de ellos, la entidad recuerda que la estructura del Estado se sustenta en la distribución de funciones entre las distintas ramas del poder público:

“Que la creación, división, independencia y colaboración de los poderes públicos es una de las grandes conquistas del orden democrático y republicano, sin lo cual el Estado Social de Derecho perdería su razón de ser y, por lo tanto, el bienestar social no se lograría”.

En el segundo punto, los juristas insisten en el papel del poder judicial como intérprete legítimo de la Carta Magna: “Que es al poder judicial, en sus diversos estamentos, al que le corresponde la guarda de la Constitución Nacional y, por lo tanto, su interpretación con autoridad”.

La afirmación se da en un momento de tensión institucional, en el que diversos sectores políticos han advertido que el Ejecutivo estaría asumiendo funciones propias de otras ramas del poder.

El tercer punto del comunicado se dirige directamente al Ejecutivo, al que le formulan un llamado para actuar con prudencia frente a la opinión pública: “Que, por lo tanto, exhortamos a los poderes públicos en especial al ejecutivo, a comportarse con mesura en sus manifestaciones, transmitiendo seguridad, credibilidad y confianza a la comunidad en general”.

Esta solicitud surge en medio de crecientes reacciones políticas, académicas y sociales sobre la legalidad del decreto presidencial.

Finalmente, el documento concluye con un énfasis en la necesidad de cumplir con lo establecido en la Constitución, en lugar de reinterpretar su contenido o generar escenarios de inestabilidad jurídica:

“Antes que la ruptura y atrevidas interpretaciones de la Constitución Nacional, se debe cumplir con la misma, ejecutando sus mandatos y fortaleciendo los logros ya obtenidos”.

El pronunciamiento de la Academia ocurre pocos días después de que el jefe de Estado firmara el decreto mediante el cual se convoca a los ciudadanos a las urnas para definir un paquete de reformas sociales.

Esta acción ha generado una fuerte controversia, pues se llevó a cabo sin el trámite habitual ante el Congreso ni consulta previa a las altas cortes, lo que ha sido interpretado por algunos como una vulneración al orden institucional vigente.

La convocatoria a consulta popular está programada para coincidir con la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Boyacá. La fecha elegida, el 7 de agosto, ha sido leída por sectores políticos como un gesto simbólico con implicaciones políticas y jurídicas.

Diferentes voces del ámbito jurídico y político han alertado sobre las implicaciones de proceder con la consulta en los términos actuales.

En días recientes, 16 personalidades del país, entre ellos exministros, exmagistrados y académicos, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que advierten sobre los riesgos que podría representar el decreto para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.

El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la decisión como un mecanismo para darle voz directa al pueblo colombiano, argumentando que las reformas han sido bloqueadas por el Congreso.

El presidente ha sostenido que la consulta popular es una vía legítima para avanzar en transformaciones sociales, ante lo que considera una resistencia sistemática de las élites políticas tradicionales.

El debate continúa abierto mientras se esperan respuestas de organismos de control, así como del Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, sobre la viabilidad jurídica del mecanismo propuesto.

En este contexto, el pronunciamiento de la Academia de Jurisprudencia se suma al creciente número de observaciones desde distintos sectores que piden cautela, respeto a los procedimientos y apego a la legalidad en la implementación de decisiones de alto impacto institucional.

A través del Decreto 408/2025, el Gobierno Nacional disolvió los regímenes para la promoción y consolidación de la ganadería ovina y de llamas, así como también para la producción caprina, bubalina y bovina de zonas áridas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP)del Ministerio de Economía de la Nación informó que “las condiciones que dieron origen” a los regímenes de promoción específicos hoy eliminados, “cambiaron de manera sustantiva” por lo que “se hace necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados”.

Respecto al régimen de la ganadería ovina y de llamas (Ley Nº 25.422) que fue implementado en el 2001, luego prorrogado en diversas oportunidades y funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables, ya no se considera propicio ni eficiente. “Hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos”, señaló en un comunicado la SAGyP.

Por otra parte, se destaca que “el mencionado régimen no generó impacto en el incremento de las existencias ovinas”, dado que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad hubo una disminución del stock de 13.029.000 cabezas en el 2001 a 11.967.429 en el 2025.

En cuanto a la ganadería caprina (Ley Nº 26.141), el esquema de promoción sancionado en el 2006, con el propósito de fomentar a este sector en Argentina, impulsó proyectos productivos, buscó contribuir a la formalización de organizaciones de base y facilitó ciertas mejoras en la sanidad, comercialización y manejo del rodeo caprino. “Sin embargo, pese a estos esfuerzos puntuales, la evolución reciente del régimen revela una pérdida de dinamismo y una limitada capacidad de transformación estructural del sector”, detalla el comunicado oficial.

La misma lógica se aplicó en el caso de la ganadería bovina de zonas áridas (Ley Nº 27.066) y la bubalina (Ley Nº 27.076), dado que la existencia de esquemas de financiamiento, diferenciados exclusivamente por características agroecológicas como la condición de aridez o semiaridez, “puede actuar como un factor desarticulante de las cadenas ganaderas, al tiempo que dificultan la construcción de una estrategia coherente e integrada para el sector”, puntualiza la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Desde la cartera agropecuaria nacional consideraron que “la promoción del desarrollo productivo no puede basarse indefinidamente en mecanismos de subsidio o transferencia directa, sino que debe orientarse hacia la generación de condiciones estructurales que permitan a los sectores crecer de forma sostenible, con mayor autonomía y capacidad de competir en el mercado”.

El Gobierno dispuso que aquellos que posean de la Serie 4 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), podrán utilizarlos para cancelar obligaciones impositivas y aduaneras.

La medida, formalizada mediante el Decreto 384/2025, fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Esto afecta a empresas y particulares que sean tenedores estos instrumentos financieros.

El decreto establece que los BOPREAL Serie 4, emitidos en dólares estadounidenses desde la fecha de entrada en vigencia y hasta el 30 de septiembre de 2025, podrán ser entregados en pago para cancelar deudas fiscales y aduaneras, incluidos intereses, multas y accesorios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar, percibir y fiscalizar estas operaciones.

El mecanismo excluye expresamente ciertos conceptos, como los aportes y contribuciones a la seguridad social, obras sociales, seguro de vida obligatorio, aseguradoras de riesgos del trabajo, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, y las obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas de terceros o por actuación como agentes de retención y percepción. El decreto aclara que los BOPREAL podrán ser transferidos libremente por sus titulares.

El valor máximo total de BOPREAL que podrá utilizarse para la cancelación de obligaciones fiscales y aduaneras se fijó en 1.000 millones de dólares estadounidenses. El período para su utilización se estableció entre el 30 de abril y el 31 de octubre de 2028.

El valor técnico de los bonos se calculará al tipo de cambio aplicable, según las condiciones que determinen la Agencia de Recaudación y el BCRA.

El texto oficial subraya que la dación en pago de estos instrumentos “se regirá por las disposiciones del presente decreto, las cuales son independientes y no se encuentran supeditadas a las reglas contractuales que rijan la emisión de los respectivos bonos o títulos por parte del Banco Central de la República Argentina”.

Además, el decreto reconoce que la opción de utilizar los BOPREAL como forma en pago constituye “un derecho adquirido, tanto para el suscriptor como para cualquier tenedor de aquellos y, por ende, forma parte de su derecho de propiedad”.

El decreto también establece que este método no será posible de utilizarse una vez que el BCRA efectúe el pago del capital de los bonos. Si el pago es parcial, la adjudicación será válida por el importe remanente de capital impago. Una vez utilizados los bonos para cancelar obligaciones, el tenedor no podrá efectuar reclamos al BCRA.

En cuanto a la distribución de fondos, la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para transferir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los montos que les correspondan, conforme al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

El decreto faculta al Ministerio de Economía, al BCRA y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la medida.

El régimen rige para las suscripciones de BOPREAL efectuadas a partir del 16 de junio de 2025.

Entre los fundamentos legales, el decreto cita el artículo 113 de la Ley 11.683, que faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar herramientas para la cancelación de deudas fiscales, y el inciso i) del artículo 18 de la Carta Orgánica del BCRA, que autoriza a la entidad a emitir títulos o bonos. El texto también menciona la Comunicación A 8233 del BCRA, que dispuso la emisión de la Serie 4 de los BOPREAL.

El documento destaca que “la opción de utilizar los instrumentos como dación en pago para la cancelación de las obligaciones, en los términos del artículo 1° del presente decreto, constituye un derecho adquirido, tanto para el suscriptor como para cualquier tenedor de aquellos y, por ende, forma parte de su derecho de propiedad”. Además, precisa que “cualquier reestructuración, sea obligatoria o voluntaria, no afectará su cómputo a los fines de lo dispuesto en esta medida”.

El 11 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca la consulta popular el próximo 7 de agosto para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral que el Congreso había rechazado.

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que no puede aplicarse la decisión del Senado, según su interpretación, “por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular”. Esta postura generó un intenso debate sobre la separación de poderes y el respeto a los procedimientos constitucionales.

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Para el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la decisión de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, a través de un decreto presidencial, debe ser revisada con urgencia por las autoridades judiciales competentes.

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional determinen rápidamente si el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro tiene fundamento legal, ya que, según sus palabras, “es grave que se expida ese decreto”.

El mandatario local también manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración de la institucionalidad, ya que cree que se está dejando de lado consideración del Senado que votó en contra de la consulta popular.

“Es grave, es muy grave que se pase por la faja (forro) al Congreso y, en cierta forma, se viole la separación de poderes en Colombia”, señaló Galán , haciendo referencia a que el presidente Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, desestimando la negativa previa del Senado.

El alcalde Galán, que mantiene diferencias políticas con el presidente Petro, insistió en que la revisión de las decisiones del Congreso corresponde exclusivamente a la Rama Judicial, y no al Ejecutivo. “Al examinar una decisión que toma el Congreso, el único encargado de determinar si hubo un vicio o no, no es el Ejecutivo sino la Rama Judicial, y la Rama Judicial no se ha pronunciado todavía si ese trámite tuvo o no un vicio”.

Y agregó: “Entonces es grave que se expida ese decreto. Yo ya lo manifesté en el pasado y espero que las autoridades competentes de revisar también, ya a la luz de la expedición del decreto, si ese decreto tiene sustento de ley o no, lo hagan y lo hagan rápido para garantizar, repito, la democracia y la separación de poderes en Colombia”.

Radicaron la primera tutela contra la consulta popular vía decreto

La consulta popular mediante decreto despertó el rechazo de los distintos sectores del país. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro se conoció que radicaron ante el Consejo de Estado la primera tutela contra la resolución que convoca al mecanismo de participación ciudadana. De acuerdo con el demandante, el constitucionalista Germán Calderón España, se estaría violando el derecho al debido proceso y el principio de legalidad.

“De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente se decrete como medida provisional para proteger un derecho, suspender la aplicación del Decreto de convocatoria de la consulta popular objeto de esta tutela, por violación del artículo 104 superior”, se lee en el documento.

Por su parte, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, informó que radicó una demanda de nulidad contra el decreto, así como una denuncia contra los ministros que lo firmaron. Briceño expresó con contundencia su rechazo, declarando: “No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”. Estas palabras reflejan el malestar de los sectores políticos frente a lo que denominan un acto que desafía las normas democráticas.

El miércoles 11 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0639 de 2025, que tiene como objetivo convocar la consulta popular, que se hundió el 14 de mayo en el Senado de la República.

El presidente Gustavo Petro había manifestado que el “ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”.

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A pesar de la advertencia, el documento no cuenta con la firma de cuatros ministros de su gabinete, pero sí cuenta con rúbrica de los viceministros.

Los altos funcionarios que no firmaron el documento fueron Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores; Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Lena Estrada, ministra de Ambiente y Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

En lugar de la canciller firmó la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio; al ministro de Energía lo suplió el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín; la ministra de Ambiente fue reemplazada por el jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, Christian Díaz; y el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, firmó en lugar del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Por qué no firmaron

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que no firmó el decreto porque se encuentra fuera del país en una comisión.

“Ante el oportunismo de la oposición y la negativa de ellos de dignificar el trabajo a través de la reforma laboral, el decreto revivió, cambió y por obvias razones lo firma quien asume las funciones. Sé muy bien de qué gobierno hago parte y contra lo que me toca luchar. Y lo hago con la frente en alto”, aseveró Palma.

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, no firmó el documento porque se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde se reunió con el el eurodiputado Gabriel Mato.

La misma situación pasó con la ministra de Ambiente, Lena Estrada, ya que se encontraba en Niza, Francia, participando en la conferencia de la ONU sobre océanos.

Según informó Caracol Radio, la razón que llevó a Eduardo Montealegre a no firmar el decreto se debe a que el exfiscal no ha sido posesionado como ministro de Justicia

Qué viene ahora

Como se había mencionado con anterioridad, muchos políticos demandaron el decreto, por lo que se espera una batalla jurídica en las altas cortes.

El registrador Hernán Penagos tendrá que definir si acoge el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual se espera la organización para la jornada electoral. Existe la posibilidad que Penagos no acoja el decreto y espere una decisión judicial.

En este caso, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que tomará la decisión de dar o no vía libre a la consulta popular por decreto.

El presidente Gustavo Petro afirmó que era la Corte Constitucional la que debía tomar la decisión.

La Silla Vacía reveló que la persona que está detrás de la teoría del decreto, es decir, los argumentos del Gobierno para sacar adelante la consulta popular por esta vía, es el abogado Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

Si Hernán Penagos, registrador nacional, decide acatar el decreto, deberá iniciar de inmediato las gestiones para asegurar los recursos que permitan financiar la jornada electoral. Para ello, con base en el decreto, deberá remitir solicitudes formales al Ministerio de Hacienda, que sería el encargado de asignar los fondos. Según cálculos del propio Penagos, el costo de la consulta rondaría los 700.000 millones de pesos.

Los recursos para cubrir este tipo de contingencias electorales están contemplados en una partida reservada del Ministerio de Hacienda, identificada como “Dgppn”, sigla de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

Existe la posibilidad que Hernán Penagos no acate el decreto hasta que haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo de Estado, en gran medida por las demandas ya anunciadas.

Ante el gran número de demandas que se prevé contra el decreto de la consulta popular, la principal incógnita es cuánto tiempo tardará la Sala Quinta del Consejo de Estado en definir su legalidad. Es probable que las acciones judiciales lleguen acompañadas de solicitudes de medidas cautelares, con el objetivo de suspender de inmediato los efectos del decreto y frenar la realización de las elecciones.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, perteneciente al partido Centro Democrático, y el exministro de Justicia Wilson Ruiz interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de frenar la aplicación del decreto presidencial mediante el cual el jefe de Estado, Gustavo Petro, convocó una consulta popular para el próximo 7 de agosto.

La acción judicial fue radicada luego de que el Gobierno oficializara el decreto, que ha generado diversas reacciones en distintos sectores.

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El documento fue suscrito por el presidente en los últimos días y busca llevar a las urnas una propuesta que había sido rechazada previamente por el Senado de la República.

Wilson Ruiz, quien hizo parte del gabinete durante el mandato anterior, explicó en sus redes sociales los motivos de la demanda. Según expresó, el decreto vulneraría la institucionalidad democrática al desconocer las funciones del Legislativo.

“Junto al concejal Daniel Briceño demandamos el decreto con el que Petro insiste en hacer una consulta popular que el Senado ya le negó. No podemos normalizar el chantaje presidencial: ‘aprueban mi reforma o decretazo’. Saltarse al Congreso es romper la Constitución”, escribió el exministro.

El pronunciamiento de Ruiz estuvo acompañado de críticas al uso del mecanismo de participación ciudadana como alternativa a la vía legislativa. En sus palabras, lo considera una forma indebida de sortear el control del Congreso: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan".

Por su parte, Daniel Briceño respaldó la iniciativa judicial al señalar que el decreto presidencial sería contrario al orden constitucional vigente. El concejal sostiene que la consulta fue desautorizada por el Senado y que insistir en ella a través de un decreto podría representar un desconocimiento del principio de separación de poderes.

La propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno busca plantear directamente a la ciudadanía temas relacionados con las reformas sociales y económicas presentadas por el Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa no contó con el visto bueno del Congreso, donde fue archivada durante su trámite.

La radicación de la demanda ante el Consejo de Estado abre un nuevo capítulo en el debate institucional que se ha generado en torno al decreto presidencial. Este alto tribunal deberá decidir si admite el recurso y, en caso afirmativo, si suspende o no sus efectos mientras se define de fondo su legalidad.

El Consejo de Estado tiene la competencia para pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos de carácter general emitidos por el Gobierno nacional. En este caso, la demanda se orienta a que se declare la nulidad del decreto, bajo el argumento de que se estarían vulnerando principios constitucionales, especialmente aquellos que delimitan las competencias del Ejecutivo frente al Legislativo.

Desde la expedición del decreto, sectores de la oposición han advertido sobre su posible inconstitucionalidad. Argumentan que el hecho de insistir en una consulta que ya fue negada por el Congreso desconoce las decisiones del órgano legislativo y altera el equilibrio institucional.

En contraste, voceros del Gobierno han sostenido que el objetivo es permitir que la ciudadanía se pronuncie de manera directa sobre temas que consideran trascendentales para el país. El presidente Petro ha insistido en la legitimidad de la consulta como herramienta de participación ciudadana.

La decisión de convocar la consulta fue oficializada a través del decreto firmado por el mandatario, el cual establece que esta se realizaría el 7 de agosto, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario de la Batalla de Boyacá, símbolo de la independencia de Colombia. La elección de esa fecha ha sido interpretada también como una señal de simbolismo político por parte del Ejecutivo.

Con la demanda ya en curso, el escenario jurídico dependerá ahora del análisis que haga el Consejo de Estado sobre los argumentos presentados. En paralelo, se espera que se pronuncien otros actores del sistema institucional colombiano, como la Procuraduría General y la Corte Constitucional, dado el impacto que podría tener esta decisión en el desarrollo de mecanismos de participación y la relación entre ramas del poder público.

La controversia alrededor del decreto se suma a otras discusiones recientes sobre el uso de herramientas como los decretos, las facultades extraordinarias y los mecanismos de participación para impulsar iniciativas del Gobierno en contextos de desacuerdo con el Congreso. Las decisiones judiciales que surjan de esta demanda marcarán el rumbo de la iniciativa presidencial y podrían sentar precedentes en cuanto al alcance de las competencias del Ejecutivo en contextos de reforma institucional.

En uno de los temas más movidos de la agenda nacional en estos momentos, el presidente Gustavo Petro informó que un juez ordenó resolver la apelación de la senadora María José Pizarro por la votación que hundió la consulta popular en el Congreso de la República.

Sin embargo, el mandatario malinterpretó el fallo y aseguró que con este, el congreso estaba siendo obligado a repetir la votación mencionada, lo que horas más tarde fue aclarado por múltiples juristas.

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“El juez determinó que hubo fraude en el senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas. De aquí les envío un mensaje a los senadores y senadores, independientemente de sus partidos: tienen que tomar esa decisión con tranquilidad y su corazón puesto en el pueblo colombiano. Nadie puede impedir que un parlamentario pueda ejercer con libertad su derecho a votar“, fueron las palabras del presidente.

Además, Gustavo Petro pidió a su gabinete firmar el documento con el que busca lanzar la consulta popular vía decreto, a pesar de que en más de una ocasión se ha indicado que esto sería inconstitucional.

Mientras que se ha generado el rumor de que el presidente ha pedido que sus ministros vayan a la Casa de Nariño para firmar el decreto, el periodista Federico Gómez aseguró que varios de ellos estarían hablando con penalistas para saber qué problemas legales tendrían si firman el decreto.

Con el correr del día, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, en la que indicó que "Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo“.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Iván Cancino analizó la situación que se registra en el país e indicó que el presidente está desconociendo la votación que se registró el 14 de mayo.

“La consulta popular solo puede ser decretada por el Presidente de la República con la firma de todos los ministros en los casos que establece la misma normatividad y eso es cuando el congreso no le ha dado trámite. Acá hay que tener claridad, el congreso sí le dio trámite, se votó y quedó formalmente en firme”.

Cancino explicó nuevamente que la decisión del juez es referente a la apelación de la congresista María José Pizarro, no de la votación.

“Hay una decisión que dice que hay que someter la apelación de la congresista Pizarro, el presidente del congreso ya explicó que se le dio trámite y se negó, eso es un hecho cumplido, acá no hay un tema de interpretación, no es un tema de tener abogados, porque la norma no amerita interpretación”.

El abogado aseguró que en estos momentos no hay posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda convocar vía decreto la consulta popular sin incurrir en algo indebido.

“No hay la más mínima posibilidad de que el presidente pueda tramitar la consulta por decreto, si los ministros la firman, ya fueron advertidos en varias ocasiones por otras personas, estarán rayando el Código Penal y la ley disciplinaria”, indicó el jurista.

Al explicar un hipotético escenario, habló de prevaricato y fraude procesal, como los delitos que podrían cometer los ministros si firman el decreto.

“Si el registrador le da valides y no se rehúsa a convocarla por excepción de inconstitucionalidad, el registrador también cometerá un posible delito y una falta disciplinaria. Aquí las instituciones se deben respetar, no es un tema de interpretación o análisis, es un tema claro. Si el Consejo de Estado dice que el congreso no cumplió con los trámites de votación, no de apelación, deberán volver a votar, pero tampoco legitima la consulta popular por decreto”, puntualizó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la suspensión de las sesiones del Senado durante 72 horas pone en riesgo la aprobación de la reforma laboral y lo lleva a reconsiderar la firma del decreto para la consulta popular.

Esta declaración surgió después de que el Congreso decidiera interrumpir sus actividades hasta el miércoles, lo que, según el mandatario, afecta directamente el trámite de iniciativas clave para su gobierno.

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El jefe de Estado se pronunció tras un mensaje del exembajador Roy Barreras, que había anunciado que el presidente congelaría la firma del decreto de la consulta popular como un gesto para reducir la tensión política. Petro reconoció que contempló esa posibilidad, pero la decisión del Senado de suspender las sesiones alteró el escenario.

“Lo dicho en el trino es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que se había dicho antes de la decisión de la plenaria del Senado al suspender sesiones hasta el miércoles”, explicó.

A su vez, subrayó que la suspensión parlamentaria implica que ni la consulta popular ni la reforma laboral podrán avanzar por la vía legal en los plazos previstos, por lo que dejó implícito que recurriría al decreto para avanzar con su plan de gobierno. “Eso me hizo decir que no dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”.

Incluso, el presidente Petro dio a entender que el decreto para la consulta popular cuenta con todas las firmas necesarias, restando únicamente la sanción presidencial para su entrada en vigor.

De hecho, publicó en sus redes sociales una imagen del artículo que justifica la sanción de la consulta popular vía decreto. El artículo 33 de la ley 1757 de 2015 que reza: “La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo”.

Y agregó: “Este es nuestro fundamento legal sobre la consulta” con el que buscaba responder a los críticos que defienden la ilegalidad de la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana.

Así mismo, dijo que el principal propósito de la consulta es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados en Colombia. Para ejemplificarlo citó un artículo en el que Alicia Arango, exministra de Trabajo del gobierno Duque, argumentaba que no es necesario tener a un trabajador ocho horas, sino dos.

“Este es el exabrupto que queremos erradicar, la inestabilidad del trabajo, la laboralización juvenil y la jornada laboral de 8 horas garantizada por el sobrecargo a las horas extras y festivos”.

Experto cataloga de ilegal el ‘decretazo’ de la consulta popular

Fabio Pulido, experto en Derecho y Ciencias Políticas, en diálogo con Infobae Colombia analizó el discurso del presidente Gustavo Petro y advirtió sobre las consecuencias que traería la consulta popular si se presenta vía decreto, olvidando que este proyecto se hundió en el Congreso de la República.

A su juicio, “el decreto es claramente ilegal y en contra de lo institucional, el presidente no tiene la competencia para declarar la nulidad de los actos de los otros actores públicos, es decir, el Congreso de la República. El acto existió, tanto así que hay denuncias, la ponencia es errónea y es claramente lo más cercano a un golpe institucional”, concluyó.

Con respecto al discurso del jefe de Estado, el experto sostuvo que Petro ha mantenido un constante comportamiento de amenaza, que busca poder enviar mensajes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Para el país representa una actitud de amenaza que ha tomado el presidente en su último año de Gobierno, eso es de constante amenaza contra los otros poderes públicos. Él quiere mover el electorado con una votación, esto ya ha sido denunciado y la manera con la que encuentra esto es con algo indebidamente convocado”.

La senadora María Fernanda Cabal dio una advertencia directa al presidente Gustavo Petro y a los integrantes de su gabinete, en medio del anuncio del Gobierno de avanzar con la expedición de un decreto que daría vía libre a la convocatoria de una consulta popular.

La congresista del Centro Democrático publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que cuestionó la legalidad de la medida y sugirió posibles consecuencias judiciales para los funcionarios involucrados.

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“Cuidado con lo que hace Petro. Usted y sus Ministros si firman el decretazo deberán responder ante la justicia”, escribió Cabal, en un mensaje publicado mientras se conocía que el borrador del decreto ya circula en los despachos ministeriales para su eventual firma.

El documento en mención busca convocar a los colombianos a las urnas con el fin de decidir sobre temas propuestos por el presidente Petro, bajo la figura de la consulta popular. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el jefe de Estado habría solicitado a todos los miembros de su gabinete que suscribieran el decreto como respaldo colectivo a la iniciativa.

Este nuevo paso del Gobierno se da luego de que la propuesta de consulta popular no avanzara en el Senado. En ese escenario, el Ejecutivo sostiene que hubo omisión del Legislativo al no votar de forma válida la solicitud enviada por el presidente, situación que, de acuerdo con la interpretación del Gobierno, habilitaría la expedición de un decreto presidencial.

El mandatario ha insistido en que la ley le otorga esa facultad si en un plazo de 30 días el Senado no emite una decisión válida. Además, ha señalado que la consulta se enmarca dentro de los mecanismos legítimos de participación contemplados en la Constitución.

Sin embargo, desde sectores de oposición han surgido cuestionamientos sobre la legalidad de esta decisión. Cabal, una de las principales figuras del uribismo, ha sostenido que este tipo de actos representan una ruptura del orden institucional, y ha reiterado que los ministros que acompañen esta decisión podrían enfrentar consecuencias judiciales.

De acuerdo con versiones conocidas, el presidente Petro ya ha definido las preguntas que se someterían a consulta, y su contenido estaría alineado con las propuestas del denominado “Acuerdo Nacional”, un proyecto político que busca generar consensos sobre temas estructurales como salud, educación, justicia y economía.

No obstante, algunos juristas han señalado que, para convocar una consulta popular, se requiere de un procedimiento formal en el Congreso, que incluye la aprobación previa del Senado y la posterior revisión por parte de la Corte Constitucional. De no cumplirse estos pasos, el decreto podría ser demandado por vicios de forma.

En este contexto, la advertencia de María Fernanda Cabal busca anticiparse a posibles decisiones judiciales que puedan recaer sobre el Ejecutivo. La senadora ha sido reiterativa en señalar que ningún funcionario está exento de responsabilidad por participar en actos que, según su interpretación, vulneran el marco legal vigente.

La discusión también ha llegado a los partidos independientes y de gobierno. Mientras algunos respaldan la convocatoria popular como un mecanismo válido para destrabar reformas y ampliar el diálogo con la ciudadanía, otros consideran que cualquier medida que implique sortear al Congreso puede configurar una extralimitación de funciones.

Por otro lado, el ministro del Interior ha defendido la decisión del Ejecutivo, argumentando que no se trata de una medida arbitraria, sino de una salida legal ante la inacción del Legislativo. Según esa postura, la Constitución y la Ley 1757 de 2015 permiten al presidente proceder por decreto si el Senado no se pronuncia formalmente.

La Corte Constitucional será la encargada de revisar, en última instancia, la validez del procedimiento. En reiteradas oportunidades, la Corte ha enfatizado la necesidad de que las reglas sobre mecanismos de participación sean respetadas, incluso si la intención del Ejecutivo es ampliar el diálogo con los ciudadanos.

Aún no se ha hecho pública la versión final del decreto ni la fecha estimada para su expedición. En caso de ser firmado, se esperaría su envío a la Corte para control de constitucionalidad. Mientras tanto, la controversia continúa y la advertencia de la senadora Cabal se suma al debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo en el marco de la democracia participativa.

Con este nuevo episodio, se profundiza el cruce de posturas entre el Gobierno y la oposición sobre el alcance del artículo 103 de la Constitución, que establece los mecanismos de participación. La forma como se interpreten estos mecanismos será clave en las próximas decisiones políticas y jurídicas que definan el rumbo del país.

El Ministerio de Hacienda aplicó una medida excepcional para abordar los desafíos financieros que enfrenta Colombia. Por medio del Decreto 0572 de 2025, el Gobierno nacional autorizó el adelanto del cobro de la retención en la fuente correspondiente a 2026, y lo trasladó a 2025. La decisión tiene como objetivo principal aliviar los problemas de liquidez que afectan a la administración pública.

Ante ello, el ministro Germán Ávila explicó que la acción se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal en un contexto económico complicado. De acuerdo con el funcionario, la medida se sustenta en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que otorga al Gobierno la facultad de establecer retenciones en la fuente con el propósito de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios.

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Dicha norma establece que el Gobierno puede determinar los porcentajes de retención considerando factores como la cantidad de los pagos o abonos, las tarifas impositivas vigentes y los cambios legislativos que puedan influir en dichas tarifas. Además, aclaró que estas retenciones serán consideradas como buena cuenta o anticipo del impuesto. El decreto entró en vigor el 29 de mayo.

La medida, que había sido anticipada semanas antes, busca responder a las dificultades económicas actuales, lo que le permite al Gobierno contar con recursos adicionales de manera inmediata. Esto, según lo señalado por el ministro Ávila, es importante para mantener la estabilidad fiscal en un momento en el que las finanzas públicas enfrentan presiones.

Así las cosas, el adelanto del cobro de la retención en la fuente es una herramienta que el Gobierno decidió utilizar dentro de sus facultades legales, con el fin de garantizar el flujo de recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado. No obstante, hay muchas críticas al respecto. Gremios del sector productivo ven una amenaza para el crecimiento económico del país.

Ante ello, Infobae Colombia dialogó con el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco Riveira, miembro del equipo económico que asesora a la candidata presidencial Vicky Dávila. Para él, entre otras cosas, la norma es irresponsable frente a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Estado.

¿Cómo califica y qué reparos le hace al decreto 0572, que modifica la retención en la fuente?

El Gobierno tiene facultades para modificar las tarifas de retención en la fuente, sin embargo, estas deben ser dentro del marco de los principios del derecho tributario. El decreto sobrepasa los límites y genera un gran impacto en la caja de las empresas y personas naturales. Asimismo, cambia los topes que existían para aplicar las retenciones.

Dicho en otras palabras, al disminuir los valores por el cual se deben hacer retenciones termina ampliando el número de contribuyentes del impuesto de renta.

Esto, técnicamente, se llama ampliar la base gravable y modificar sustancialmente el impuesto a la renta. Esta facultad solo la tiene el Congreso de la República, no el Gobierno. En resumen, es una reforma tributaria que sacaron de manera irregular afectando a los ciudadanos del común y a los empresarios.

¿Está pensando en demandarlo o ya lo hizo? Sobre las demandas que ya hay, ¿qué espera de estas?

Para bien, hay varias demandas, unas de políticos, otras de abogados preocupados. Lo lamentable es que los gremios importantes no demandan y lo que hacen es emitir comunicados, que son insuficientes.

Nosotros, esta semana radicamos una demanda que hemos trabajado. El sustento de la demanda es la violación de varios principios constitucionales y legales, empezando por el principio de representación, nuestra Constitución establece que es el Congreso el que puede modificar o establecer los impuestos, en este caso lo hizo el Gobierno.

Por otra parte, se vulnera un precedente constitucional que se conoce como “proscripción en exceso”, que se traduce en la prohibición de imponer cargas tributarias desproporcionadas. Este decreto duplica, triplica y hasta cuadruplica las retenciones en la fuente, afectando la caja de las empresas y absorbiendo los pocos ingresos que pueden tener las personas naturales.

Sumado a esto, el decreto viola el principio de sostenibilidad fiscal, porque recauda pagos que se deberían dar en 2026, y por obvias razones es irresponsable frente a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Estado.

Lógicamente, nuestra demanda recoge la violación del principio de confianza legítima, porque ha sido el mismo Gobierno el que mencionó abiertamente que anticipar los recaudos va en contra del equilibrio o balance fiscal. Hay muchos más argumentos, sin embargo, el más sólido es solicitar la falsa motivación, porque el decreto se sustenta en “suavizar” el recaudo en las próximas vigencias, trayendo a 2025 lo que corresponde a posteriores vigencias. Este es un decreto que se debe caer por esta y varias razones más que estamos exponiendo en nuestra demanda.

¿Si el próximo Gobierno no tiene caja debido a esta norma, tendrá que hacer una nueva reforma tributaria rigurosa? ¿Cómo tendría que ser?

Sí, una que baje impuestos y que luche contra la evasión con la fuerza de las sanciones, pero con la simplicidad en donde no haya excusas para pagar impuestos. Con el proyecto ciudadano liderado por Vicky Dávila tenemos claro que Colombia ya está sufriendo lo que expone Arthur Laffer en su curva, que es que las cifras de recaudo de los últimos tres años muestran que entre más altos los impuestos, menos recaudo, menos competitividad y menos productividad.

La propuesta de simplificación tributaria va a incrementar el recaudo como porcentaje del PIB, partiendo de un sistema de tributación plano, aunque con deducibilidades específicas.

Está enfocado en incentivar la inversión con contratos de estabilidad muy atractivos para los inversionistas, sumado al plan de reducir costos de cumplimiento y, de esta manera, generar mayor crecimiento económico, lo que traerá mayor recaudo. Es decir, al tener una tributación simple, se genera más recaudo, hay dinero servido sobre la mesa, que está en la evasión. Con nuestra propuesta, va a ser más sencillo buscar los 5,4% del PIB que no nos pagan.

¿En esa reforma tributaria usted sería partidario de reducir el IVA y el umbral de quienes declaren renta? ¿Qué impuestos eliminaría o cuáles agregaría?

El IVA debe ser modificado. Un estudio del Ministerio de Hacienda de 2020 estableció que, si Colombia sustituyera el IVA por un impuesto al consumo, pasando de la tarifa general del 19% al 8%, se tendría un recaudo adicional por concepto de este impuesto, de 0,6% del PIB.

Si se logra llevar hasta un 10%, podría haber un mejor sistema, más sencillo y con mayor efectividad. Esta propuesta se complementa con la lucha contra la evasión, solo así podremos encaminar las finanzas públicas hacia un círculo virtuoso en bienestar de todos.

Los umbrales para declarar renta no se deben mover.

¿Qué implicaría esto para el ciudadano de a pie? ¿Podrían eliminarse subsidios, como por ejemplo, para vivienda?

Las personas van a ver un Estado recuperado en inversión social. Vamos a avanzar, no en discurso, sino en hechos. Estamos trabajando en políticas frente al descenso de la tasa de natalidad, utilizando modelos exitosos, como el de Singapur (baby bonus) y Reino Unido (child trust fund) o la propuesta de Donald Trump (Trump account), que es un programa de una cuenta indexada con $1.000.000 por niño, invertidos en unas cuentas que busquen rendimientos altos, con el fin de generar logros sociales y económicos, que sea útil y transformador.

Debe estar focalizado en poblaciones vulnerables, combinado con educación financiera y explorando alternativas de inversión con mayores rendimientos reales. En la práctica son unas cesantías para incentivar la natalidad.

Además, estamos enfocados en muchos frentes de generación de empleo a través del nearshoring de servicios, la priorización de la inclusión digital, reducir la informalidad, aumentar el comercio electrónico local, fomentar la innovación, incrementar la productividad a través de estrategias de reducción de costos para todos los ciudadanos.

Frente a los subsidios, vamos a hacer ajustes con el objetivo de enfocarnos en optimizar el gasto corriente y mejorar la eficiencia en sectores como la administración pública. Por ejemplo, reducir costos operativos, eliminar duplicidades en entidades públicas y racionalizar subsidios ineficientes. Los de subsidios de vivienda no se van a eliminar, se van a mejorar y van a crecer. Es claro que la inversión en vivienda impulsará la economía. A través de la generación del empleo, tiene un efecto multiplicador en cadenas productivas y de consumo y dinamizaremos 30 subsectores económicos, pero el más importante es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A propósito de que el próximo Gobierno no tenga caja, ¿eso implicaría incumplir la regla fiscal y que las agencias rebajen más la calificación de Colombia?

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que se necesitan ajustes de hasta $46 billones en ingresos o gastos para 2025. El Gobierno no ha hecho el ajuste y las metas de recaudo no se están cumpliendo. Eso se traduce en que no se cumplirá una vez más.

Esto es importante, porque estamos en crisis fiscal. El Fondo Monetario Internacional, que revisa de manera periódica el estado de la economía y las finanzas de un país (lo que se conoce como revisión del Artículo IV), aún no publica los resultados de este análisis. Eso es una pésima señal y un reflejo de la incapacidad del Gobierno de dar claridad sobre la situación real de las finanzas públicas.

Con Vicky, tenemos una propuesta de obtener ingresos de manera diversificada, a través de la obtención de recursos de la cartera de la Dian, que es superior a $40 billones, buscando ante el Congreso una ley que permita por un tiempo modificar, para disminuir las sanciones y los intereses considerablemente, con el fin de recuperar esta cartera y lograr el cumplimiento de los contribuyentes.

Esto sería un primer paso en la estrategia de movernos a un sistema tributario más simple y eficiente. El contribuyente no puede seguir con situaciones como la que se viene presentando en la cual los sistemas siguen en contingencia y no se pueden cumplir las obligaciones tributarias.

En el peor de los casos, y si la Dian no cumple con ese recaudo que se esperaría, ¿qué puede pasar con las finanzas de la Nación?

Estamos en el peor de los casos. Hay una crisis fiscal. El crecimiento económico que estamos viendo no proviene de políticas del Gobierno nacional, sino que son generados por el ahínco de los empresarios y de los planes de gobierno de muchos alcaldes y gobernadores, que están generando empleo, reactivación y el crecimiento.

En agosto de 2026 tendremos una estrategia clara que nos permitirá superar el déficit fiscal a través de una combinación de austeridad, eficiencia de los gastos estatales, fortalecimiento del recaudo, reactivación económica y cumplimiento de la regla fiscal.

Estas medidas, ejecutadas con transparencia y consenso político pueden sacarnos de la crisis fiscal y restaurar la confianza de los mercados, evitando un daño más profundo"

Recientemente se conoció un comentario de Daniel Raisbeck, miembro del equipo económico de Vicky Dávila, en el que propuso, “a título personal”, eliminar el salario mínimo y otros derechos. ¿Lo comparte?

El equipo de Vicky está conformado por diferentes posturas y profesionales. Nuestra forma de trabajo es la de un centro de pensamiento, en donde todas las ideas son recibidas y los análisis siempre se hacen frente a los datos y proyecciones.

La postura de Daniel es personal, no la del equipo y menos la de Vicky. Este tema no lo hace parte de nuestro ejercicio, porque Colombia ha avanzado hacia la consecución de derechos y el salario mínimo y demás obligaciones laborales no se modificarán.

Estamos avanzando en una propuesta desde el equipo para aumentar el empleo, buscar bajar la informalidad a través de diferentes incentivos, pero jamás quitando derechos laborales.

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este lunes un decreto que modifica la regulación de los campamentos de turismo, las zonas de acampada públicas, las áreas de autocaravanas y los establecimientos singulares. El nuevo texto sustituye la normativa anterior, vigente desde 1999, con la intención de adecuar la regulación a los actuales modelos de viaje y simplificar los procedimientos administrativos.

El decreto suprime el sistema de autorizaciones que regía el sector. Según el texto, para operar legalmente se requerirá “presentar una declaración previa de instalación y una declaración responsable de inicio de actividad”. La norma redefine también las modalidades de instalaciones turísticas vinculadas al campismo. A partir de su entrada en vigor, se reconocen tres figuras principales: Campamentos de Turismo, Zonas de Acampada de titularidad pública y Áreas de Autocaravanas.

La nueva normativa de acampada en Extremadura

El decreto incorpora la categoría de establecimientos singulares. El documento los describe como “espacios de alojamiento o restauración que, por su morfología, excepcionalidad o características especiales, no pueden encuadrarse en ninguna de las categorías tradicionales de alojamientos turísticos”.

Para los campings, la nueva clasificación establece cinco categorías representadas por estrellas, de acuerdo con el nivel de instalaciones y servicios ofertados. El sistema anterior sólo distinguía entre público, privado o municipal y carecía de criterio de calidad basado en servicios o equipamiento.

En cuanto a la ubicación, la norma permite que los campings se implanten en cualquier clase de suelo, siempre que la normativa urbanística o territorial lo autorice. Antes, su instalación sólo era posible en suelo urbano o urbanizable.

La regulación sobre la permanencia de los clientes también cambia: el periodo máximo de estancia pasa de seis a once meses por año. El decreto permite además la construcción de edificaciones en planta baja más uno, mientras que la anterior regulación sólo admitía plantas bajas. Al menos un 25% de la superficie total del camping deberá destinarse a zonas comunes, verdes, deportivas o de circulación interna. Además, los bungalow y otros elementos semimóviles no podrán superar el 50% de la superficie del área de acampada. La anterior normativa no contemplaba este reparto, que ahora queda especificado.

En lo que respecta a las zonas de acampada de titularidad pública, la gestión corresponderá a los ayuntamientos. Podrán disponer hasta 40 parcelas, con un mínimo de 50 metros cuadrados cada una. El decreto elimina la exigencia de contar con un bar, pero mantiene la obligación de prestar servicios mínimos como recepción, limpieza, aseos, vigilancia y sala de curas. Al igual que en los campings, el tiempo máximo de estancia permitido es de 11 meses al año.

Sobre las áreas destinadas a autocaravanas, el decreto distingue dos categorías en función de los servicios ofrecidos. Estas áreas deberán contar con espacios diferenciados para el aparcamiento y para los servicios generales de mantenimiento, punto limpio y asistencia técnica. La superficie mínima de cada parcela será de 40 metros cuadrados. El tiempo máximo de uso permitido en estas áreas queda limitado a 72 horas.

En el texto se aclara que no se considerará como acampada libre la instalación de resguardos para pesca ni la estancia en caravanas o autocaravanas si la actividad se limita al interior del vehículo, sin despliegue exterior ni ampliación del perímetro. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta norma las acampadas provisionales con motivo de eventos, los campamentos privados organizados por asociaciones y los aparcamientos urbanos o de carretera para este tipo de vehículos, que se regirán por ordenanzas municipales.

El Gobierno de la Nación aprobó este jueves a través del Decreto 382/2025 los nombres que integrarán el Consejo de Mayo, a casi un año de la propuesta que lanzó Javier Milei para integrar el diálogo con los gobernadores.

El presidente dio un paso crucial en la estructuración del organismo que fue diseñado para abordar y fomentar diez ejes estratégicos para la Argentina. Con el Decreto 382/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, se pretende revitalizar este espacio de intercambio y desarrollo legislativo que no había logrado consolidarse desde su creación el año pasado. Este cambio busca asegurar el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Mayo, una iniciativa clave en la agenda del presidente Milei.

Hasta el momento, el Consejo de Mayo se había estancado por la falta de propuestas por parte de las provincias y otros sectores convocados para integrar. Este problema de representación ha impedido que el organismo avance en la elaboración de leyes y políticas públicas alineadas con los objetivos del oficialismo, como la defensa de la propiedad privada, reformas fiscales y tributarias, y la apertura económica.

En ese sentido, la reestructuración introducida por el Decreto 382/2025 tiene como finalidad desbloquear estas barreras burocráticas y poner en marcha el trabajo de este cuerpo de manera inmediata.

El decreto, firmado también por los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, redefine la dinámica de selección de los consejeros del Consejo de Mayo. Ahora, se asignará a representantes de manera directa desde diferentes sectores, eliminando la necesidad de propuestas previas formales que antes ralentizaban el proceso.

El Consejo de Mayo será dirigido por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los seis consejeros. Estos consejeros serán: Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados, Gerardo Alberto Martínez por las organizaciones sindicales, y Martín Rappallini en representación de las entidades gremiales empresariales. Además, se sumarán al ya designado Federico Sturzenegger que celebró la conformación del organismo.

María Cecilia Domínguez Diacoluca, fue nombrada Secretaria Técnica del Consejo, responsabilidad que asumirá de forma honoraria. La Secretaría Técnica tiene un rol fundamental en la organización y planificación de las reuniones del Consejo, así como en la asistencia al presidente del organismo en la articulación de los debates y propuestas que surjan.

El objetivo más ambicioso del Consejo de Mayo es generar un conjunto de propuestas legislativas y administrativas que establezcan un marco claro y útil para el futuro debate político y económico de Argentina. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, “el Consejo de Mayo será un ámbito de intercambio sobre diez ejes estratégicos que el presidente planteó y sobre los que Argentina ha debatido mucho tiempo”. Sturzenegger destacó que este esfuerzo está pensado para preparar al país para el debate post-electoral, que será crucial tras las elecciones de octubre.

“Será un ámbito de intercambio sobre 10 ejes estratégicos que el presidente planteó y sobre los que Argentina ha debatido mucho tiempo (la defensa de la propiedad privada, temas fiscales y tributarios, reforma laboral, educación, apertura, uso pleno de recursos naturales y sistema previsional). Intentaremos producir un material útil para el debate posterior, en particular el que espera a Argentina luego de las elecciones de octubre”, publicó en sus redes.

La creación del Consejo de Mayo se inserta dentro de los esfuerzos del gobierno por instaurar un diálogo intersectorial que facilite la reconstrucción económica y social del país. Los temas que se pondrán en discusión reflejan áreas críticas de la política argentina, abarcando desde la reforma del sistema previsional hasta el uso sostenible de los recursos naturales. Este enfoque integral busca no sólo superar las dificultades actuales, sino también cimentar un camino de crecimiento sostenido para el país.

El Gobierno de Colombia ya tiene listo el borrador del decreto con el que se pretende convocar una consulta popular, según confirmó este jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Esta herramienta jurídica, que sería remitida directamente a la Corte Constitucional para su revisión, hace parte de las estrategias del Ejecutivo para avanzar en su agenda de reformas estructurales.

La decisión del Gobierno de acudir a esta figura de participación ciudadana surge en medio de los tropiezos legislativos que ha enfrentado la reforma laboral en el Congreso de la República.

El 14 de mayo pasado, durante la votación del proyecto de consulta popular en el Senado, el Gobierno argumentó que se presentaron diversas anomalías que comprometerían la legalidad del trámite legislativo.

Entre los señalamientos se incluyen presuntos vicios de procedimiento, prácticas irregulares y posibles episodios de fraude.

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En total, el Ejecutivo ha identificado seis irregularidades concretas que, en su concepto, afectan la validez de esa jornada de votación. Con base en esos elementos, el Ministerio del Interior estructuró el borrador del decreto que ahora será sometido al examen de la Corte Constitucional, órgano encargado de evaluar la legalidad de este tipo de convocatorias antes de su eventual implementación.

No obstante, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de desistir de la consulta en caso de que el trámite legislativo de la reforma laboral en el Congreso arroje un consenso sustancial entre la Cámara de Representantes y el Senado.

Si los textos aprobados por ambas cámaras resultan similares, podría considerarse innecesario someter la reforma a votación popular.

“Si ese texto de la Cámara se asemeja mucho a lo que apoye la plenaria del Senado,en ese futuro hipotético, uno pudiera pensar entonces que no habrá consulta o se podría pensar en que no se convocará a la consulta”, dijo en declaraciones a medios el ministro Armando Benedetti.

Esta nueva jugada del Ejecutivo ocurre en un contexto político marcado por las tensiones entre el Gobierno y distintos sectores del Congreso, así como por la presión de avanzar en las reformas prometidas en campaña.

La Corte Constitucional será ahora la instancia clave que definirá si el decreto que convoca a la consulta se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.

Lo que ha dicho Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia, sobre el decreto

En un anuncio que causó revuelo en las redes sociales, exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre confirmó el martes 3 de junio de 2025 que el presidente de la República, Gustavo Petro, convocará a la consulta popular sobre la reforma laboral mediante decreto. Lo anterior, al considerar que se cumplieron los 30 días sin que el Senado en pleno hubiera dado un concepto favorable a este mecanismo de participación ciudadana; en un análisis objeto de fuertes cuestionamientos.

Esta determinación, que se tomó tras la reunión en la que participó el exjefe del ente acusador y exmagistrado de la Corte Constitucional en la Casa de Nariño, se fundamenta en la existencia de aparentes vicios de inconstitucionalidad en el trámite del Congreso. Lo anterior, tras señalarse que la votación del 14 de mayo, en que la plenaria del Senado hundió la iniciativa, con votación de 49 a 47, no cumplió con los principios de publicidad, previstos en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992.

“El Presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral”, dijo el jurista, al adelantar que la expedición del documento se hará antes del 11 de junio y con 12 preguntas. La posición del Ejecutivo se conoció en medio de un contexto en el que el Gobierno, pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos, busca avanzar en la modificación al régimen laboral actual mediante la participación ciudadana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, compartió su postura frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante un decreto presidencial, luego de que el Senado rechazara la propuesta.

Rendón manifestó preocupación por el curso que ha tomado esta iniciativa del Gobierno nacional, especialmente por las implicaciones institucionales que podría tener.

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El pronunciamiento del gobernador se produjo tras conocerse la intención del presidente de firmar un decreto que permitiría convocar a los colombianos a votar una serie de preguntas relacionadas con la reforma laboral.

Esta iniciativa legislativa fue archivada en el Congreso, tras una votación dividida, lo que llevó al Ejecutivo a señalar presuntas irregularidades en el trámite y, con base en ello, buscar una vía alternativa.

Rendón, desde el departamento que lidera, expresó su desacuerdo con la manera en que se pretende revivir la consulta. En su declaración señaló:

“Muy grave que el presidente desconozca el orden institucional y una institución con legitimidad como el Congreso de la República, elegido por más de 22 millones de colombianos”.

El mandatario departamental insistió en que es necesario mantener el respeto por las instituciones y por las decisiones que se toman en el marco del sistema democrático colombiano.

Desde su perspectiva, el anuncio presidencial representa un desafío para las autoridades regionales y para quienes defienden la institucionalidad. En ese contexto, el gobernador afirmó: “Nos toca a todos hacerle frente a eso, contener. Eso es lo que hemos hecho en Antioquia, desde incluso la misma campaña del 2023 y es lo que seguiremos haciendo, contener las arbitrariedades, el despotismo y todo rasgo dictatorial que quiera imponerse desde el Gobierno nacional”.

Esta posición no es nueva en Rendón, quien en su trayectoria política ha expresado reparos frente a las decisiones del Gobierno nacional. En sus intervenciones públicas ha reiterado que su administración continuará trabajando para que Antioquia conserve su autonomía frente a decisiones que, según él, podrían vulnerar la separación de poderes y los procedimientos establecidos en la Constitución.

El decreto anunciado por el presidente aún no ha sido expedido, pero se espera que esto ocurra en las próximas horas. La consulta, según cálculos de la Registraduría, tendría un costo superior a los 700.000 millones de pesos.

La iniciativa incluiría doce preguntas enfocadas en temas laborales, que son parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.

Alrededor de este tema también se han generado reacciones por parte de otros líderes políticos. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en sus redes sociales se refirió a la decisión presidencial como una muestra de ruptura institucional.

“Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima. Lo que dijo Gustavo Petro hace poco minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica su talante anti democrático”, indicó el mandatario local.

Además de Rendón y Gutiérrez, representantes de sectores gremiales y bancadas políticas de Antioquia también han manifestado su inquietud. Diversas organizaciones han solicitado mayor claridad sobre la fundamentación jurídica del decreto y han advertido que este tipo de acciones podría desencadenar recursos ante las cortes para evaluar su constitucionalidad.

El presidente Petro, por su parte, ha defendido su postura alegando que la negativa del Congreso a tramitar la consulta se basó en procedimientos irregulares. Según versiones del Ejecutivo, existirían elementos que justificarían acudir a la vía del decreto para garantizar que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente sobre las reformas propuestas.

Hasta el momento, la mesa directiva del Senado ha respondido señalando que el archivo del proyecto fue realizado de acuerdo con las normas vigentes. No obstante, la Presidencia mantiene su posición y ha insistido en que existen fundamentos legales para proceder con la consulta.

El gobernador Rendón ha dicho que Antioquia continuará trabajando en defensa de la institucionalidad. Ha reiterado que su rol como mandatario departamental incluye señalar cuando, a su juicio, las decisiones del Gobierno central se apartan de lo que establece la Carta Magna.

La polémica generada por el anuncio presidencial ha profundizado las tensiones entre las autoridades nacionales y algunos mandatarios regionales. Se espera que en los próximos días se conozca el texto del decreto y, con ello, se definan los pasos a seguir por parte de los distintos actores involucrados.

En medio del debate, varios sectores políticos han indicado que es probable que este asunto llegue a instancias judiciales, dado el impacto que podría tener una consulta de esta naturaleza sin el respaldo legislativo. Por ahora, los cuestionamientos persisten y el país sigue atento a las decisiones que se tomen desde la Casa de Nariño.

En la noche del 3 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará la consulta popular, con la que busca que la reforma laboral sea una realidad, vía decreto, lo que ha generado múltiples reacciones a nivel nacional.

“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, fueron las palabras del mandatario.

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El discurso del presidente provocó que figuras políticas, incluyendo alcaldes y gobernadores, se pronunciaran para rechazar la decisión del mandatario, que ha sido calificada como un acto en contra de la “institucionalidad”.

Cabe mencionar que entre las figuras que se han pronunciado en contra del presidente está el alcalde de Bogotá, que en su cuenta de X afirmó que Gustavo Petro está poniendo en peligro el sistema democrático del país.

“Que el presidente de la República pase por encima del Congreso de la República, como lo acaba de anunciar el presidente @petrogustavo en televisión, es un hecho grave: constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático”, indicó el alcalde de Bogotá

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en Derecho y Ciencias Políticas, Fabio Pulido, analizó el discurso del presidente Gustavo Petro y lo que podría provocar que la consulta popular sea presentada vía decreto, olvidando que este proyecto fue hundido en el Congreso de la República.

En primer lugar, Pulido indicó que intentar revivir la consulta popular por decreto es algo que van en contra de las instituciones, puesto que se está desconociendo la labor e importancia del Congreso de la República.

“El decreto es claramente ilegal y en contra de lo institucional, el presidente no tiene la competencia para declarar la nulidad de los actos de los otros actores públicos, es decir, el Congreso de la República. El acto existió, tanto así que hay denuncias, la ponencia es errónea y es claramente lo más cercano a un golpe institucional”.

Al hablar del discurso del presidente Gustavo Petro, el experto indicó que el mandatario ha tenido un constante comportamiento en tono de amenaza, en la que busca poder enviar mensajes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Para el país representa una actitud de amenaza que ha tomado el presidente en su último año de Gobierno, eso es de constante amenaza contra los otros poderes públicos. Él quiere mover el electorado con una votación, esto ya ha sido denunciado y la manera con la que encuentra esto es con algo indebidamente convocado”.

De la misma forma, el experto en Derecho y Ciencias Políticas indicó que una de las consecuencias más posibles es que el presidente va a terminar deslegitimando el poder del Estado por incurrir en aspectos que no debería.

“Él habla del uso institucional, pero es un acto autoritario e ilegal, como las instituciones pueden controlar, entonces esto se llama separación de poderes; él lo va a mostrar como otra cosa, como lucha institucional. Las consecuencias van a ser deslegitimar el poder del Estado, está utilizando el poder público de manera arbitraría”.

Por último, anticipó que lo más posible es que el decreto termine siendo rechazado y que esto podría provocar un nuevo llamado del Gobierno nacional para que el pueblo se movilice.

“Está jugando con el concepto de pueblo, pero esto no ayuda al poder público. Una consecuencia clara y directa que seguro va a pasar es que los otros poderes públicos van a declarar la inconstitucionalidad de ese decreto. Si él se va en contra de los jueces para decir que están en contra del pueblo”.

El comité político del Pacto Histórico hizo público su respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular que se hundió en el Senado de la República mediante decreto.

En el comunicado difundido, el comité definió la medida como legítima y conforme a la Constitución, en respuesta a los reiterados obstáculos que han enfrentado las reformas sociales en el Congreso.

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La coalición consideró que la consulta popular constituye “un acto de profunda democracia” frente al bloqueo legislativo y político que, según afirman, ha impedido la ejecución de los cambios propuestos por el Gobierno.

“Que sea el pueblo quien defina el carácter y rumbo de las reformas sociales que han sido sistemáticamente saboteadas por una clase política que impide las transformaciones que requiere el país”, manifestaron en el texto.

El comité político remarcó que la convocatoria de la consulta popular no representa una decisión arbitraria y que corresponde a los mecanismos que la Constitución y la ley conceden al presidente.

“La consulta popular no es un acto arbitrario, es un acto de profunda democracia. Es la respuesta constitucional a un bloqueo institucional vergonzoso y a un procedimiento legislativo viciado de origen”, precisó el Pacto Histórico.

Entre los argumentos presentados, el comité denunció irregularidades en el trámite de las reformas y detalló: “Jamás se leyó concepto ni de bancada ni de partido; se respondió con un acto de fuerza; se leyó solo el texto inicial; se desconoció toda la labor parlamentaria de las reformas y sus ajustes”.

En el comunicado, el comité destacó que el presidente Petro ha actuado como lo dice la la Constitución.

“El presidente Petro, tal y como lo afirma en su defensa de defender la Constitución y las leyes, ha actuado bajo la Constitución, que da todas las facultades al presidente y al pueblo”, puntualizaron.

Finalmente, el Pacto Histórico llamó a preparar una movilización nacional “en defensa de la vida, la paz, la justicia social y la democracia”, ratificando su apoyo a la iniciativa presidencial y reiterando críticas a sectores políticos que califican como retardatarios y corruptos.

Posible escenario

Varios sectores de la oposición han anunciado que presentarán demandas contra el decreto presidencial, lo que anticipa un escenario de confrontación jurídica una vez sea expedido.

El conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso deberá ser resuelto por las autoridades electorales y judiciales.

En ese contexto, el registrador nacional, Hernán Penagos, tendrá la responsabilidad de decidir si adopta o no el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, se espera que la Registraduría avance en la preparación de una eventual jornada electoral. También existe la posibilidad de que Penagos opte por no aplicar el decreto y espere una decisión de los tribunales.

De ser así, la Sala Quinta del Consejo de Estado sería la encargada de resolver si la consulta popular puede realizarse bajo decreto.

Por su parte, el presidente Petro ha sostenido que la decisión corresponde a la Corte Constitucional.

Según informó La Silla Vacía, el autor de la tesis jurídica que respalda la posibilidad de convocar la consulta mediante decreto es el abogado Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

El decreto debe incluir al menos ocho artículos, entre ellos uno que fije la fecha de votación y otro que contenga las doce preguntas originalmente planteadas. Estas son las siguientes:

• ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
• ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
• ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
• ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
• ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
• ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
• ⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

• ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
• ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
• ⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
• ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
• ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?