Un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector de Villa Consuelo, en Santo Domingo, dejó como resultado la incautación de más de 19 millones de pesos dominicanos en bebidas alcohólicas, cigarrillos premium, estimulantes sexuales y medicamentos importados irregularmente.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), forma parte de una serie de acciones orientadas a reforzar los controles sobre el comercio ilícito en la República Dominicana.

De acuerdo con el MICM, la intervención permitió decomisar un total de 119,708 unidades de mercancía que se encontraban sin el registro sanitario correspondiente y presentaban múltiples irregularidades en el etiquetado, aproximadamente $320,000.

Las autoridades localizaron los productos en un establecimiento comercial manejado por ciudadanos chinos, donde además se detectó la comercialización irregular de estos artículos en flagrante incumplimiento de las normativas sanitarias y fiscales vigentes.

En el operativo participaron varias entidades, entre ellas el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público. El trabajo interinstitucional permitió asegurar la cadena de custodia de los bienes decomisados y proceder con la detención de cinco ciudadanos haitianos, quienes se encontraban en situación migratoria irregular y fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, subrayó que la institución mantendrá una postura firme ante cualquier intento de operar al margen de la ley.

Destacó que estas acciones se inscriben dentro de los esfuerzos de la Mesa de Ilícitos, mecanismo de coordinación que busca combatir el contrabando y la evasión fiscal, así como proteger a la población frente a productos que representan un riesgo para la salud pública.

La mercancía incautada fue valuada preliminarmente en 19,482,180 pesos dominicanos y trasladada a la sede central del CECCOM bajo estrictos protocolos de custodia, en tanto se desarrolla el proceso administrativo y judicial correspondiente.

Las autoridades confirmaron que los productos decomisados carecían de los controles sanitarios exigidos y su etiquetado presentaba graves irregularidades, lo que evidenciaba su ingreso ilegal al mercado nacional.

El contexto de este operativo se enmarca en una serie de intervenciones recientes orientadas a desmantelar redes de comercialización ilícita en sectores clave de la economía dominicana. En los últimos meses, las autoridades han incrementado los controles en zonas comerciales y han fortalecido la cooperación interinstitucional para identificar y sancionar puntos de venta de productos sin documentación legal y con potenciales riesgos para los consumidores.

La detención de los ciudadanos haitianos se realizó tras verificar su estatus migratorio irregular durante el operativo, y su situación quedó en manos de los inspectores migratorios. Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las distintas instancias estatales ha sido determinante para lograr resultados concretos frente a delitos como el contrabando y la evasión de impuestos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes indicó que continuará impulsando operativos similares, en coordinación con las entidades que integran la Mesa de Ilícitos, para enfrentar las actividades comerciales ilícitas y proteger tanto la salud de la población como los intereses fiscales del Estado. El operativo en Villa Consuelo refuerza el mensaje de tolerancia cero ante quienes vulneran las leyes comerciales y sanitarias en el país.

El cargamento estaba distribuido en 37 fardos que fueron localizados durante las labores de rastreo realizadas por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y fuerzas especiales, informó este viernes el portavoz de Seguridad, Edgardo Barahona.

El nuevo decomiso se produjo apenas un día después de que las autoridades reportaran la incautación de 648 kilogramos de supuesta cocaína en la misma zona. Con ambos operativos, la cantidad de droga decomisada asciende a 1,394 kilogramos, es decir, cerca de 1.4 toneladas, aunque la cifra podría aumentar debido a que las inspecciones continúan en los manglares.

Barahona explicó que los equipos de seguridad mantienen asegurada el área debido a que existe la posibilidad de encontrar más fardos de droga ocultos en sectores aledaños.

Según la información proporcionada por las autoridades, los cargamentos estarían relacionados con una operación de tráfico de drogas en la zona sur del país.

La hipótesis que manejan los investigadores es que la droga habría sido trasladada mediante lanchas, algunas de las cuales fueron interceptadas durante el operativo realizado el día anterior.

Después de la intervención policial, los equipos permanecieron realizando labores de búsqueda en el área. Posteriormente, al descender la marea, los agentes localizaron los paquetes que presuntamente habían sido ocultados y camuflados entre la vegetación de los manglares.

Los especialistas de la DNPA y elementos de fuerzas especiales fueron los encargados de ubicar los 37 fardos, cuyo peso total fue estimado en 746 kilogramos de supuesta cocaína.

Las autoridades no descartan que existan otros paquetes escondidos en zonas de difícil acceso, por lo que los operativos de inspección continúan.

El terreno de manglares representa un desafío para las labores de búsqueda debido a sus características geográficas, la vegetación y los cambios en el nivel de las aguas. Por ello, los equipos especializados mantienen recorridos para descartar la existencia de más cargamentos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas específicamente por este segundo decomiso.

Barahona explicó que las autoridades se encuentran inicialmente en la etapa de aseguramiento de los cargamentos y posteriormente desarrollarán las investigaciones correspondientes junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.

Las pesquisas buscarán establecer qué estructura criminal estaría detrás del traslado de la droga, cuál habría sido su procedencia y cuál era el destino final del cargamento.

También se trabaja en la identificación de las personas que participaron en el traslado, almacenamiento y ocultamiento de los paquetes.

La Policía Nacional espera que las diligencias permitan obtener elementos que conduzcan a los responsables y establecer si existe una estructura criminal organizada detrás de los dos decomisos registrados en el mismo sector.

Los recientes hallazgos también han puesto nuevamente bajo atención al sur de Honduras como una posible ruta utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Tradicionalmente, los principales decomisos de cocaína registrados en Honduras han estado relacionados con operaciones en la zona del Caribe y las rutas marítimas del Atlántico. Sin embargo, las autoridades sostienen que las organizaciones criminales podrían estar modificando sus métodos y rutas ante el incremento de los controles internacionales.

Durante una comparecencia este viernes, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, planteó que la instalación de mayores controles aéreos y marítimos por parte de Estados Unidos y países aliados en otras zonas del continente podría estar provocando cambios en las rutas utilizadas por las organizaciones transnacionales.

Ante el aumento de la vigilancia en rutas consideradas tradicionales, los grupos dedicados al narcotráfico podrían estar buscando nuevas alternativas para movilizar cargamentos hacia Norteamérica.

En ese escenario, Honduras podría convertirse en un territorio de tránsito para organizaciones que buscan trasladar estupefacientes desde Sudamérica hacia los mercados de consumo del norte del continente.

Las autoridades aseguran que los operativos desplegados en la zona sur tienen como objetivo impedir que estos cargamentos puedan continuar su recorrido por territorio hondureño.

La Policía Nacional mantiene las operaciones de búsqueda en el área donde fueron encontrados los dos cargamentos. Los agentes especializados realizan inspecciones para determinar si existen más paquetes ocultos entre los manglares.

El primer decomiso permitió localizar 648 kilogramos de supuesta cocaína, mientras que el segundo operativo permitió encontrar otros 746 kilogramos, distribuidos en 37 fardos.

La suma de ambos hallazgos representa 1,394 kilogramos de supuesta cocaína, aunque las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el peso aumente si son localizados nuevos paquetes.

Además del decomiso, las investigaciones deberán establecer si ambos cargamentos forman parte de una misma operación de narcotráfico y si las embarcaciones interceptadas el día anterior están directamente relacionadas con la droga encontrada posteriormente.

El Ministerio Público acompañará las diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes y avanzar en la identificación de los integrantes de la estructura que habría movilizado el cargamento.

Por ahora, la Policía mantiene bajo vigilancia el sector de manglares entre Marcovia y San Lorenzo, mientras continúan las inspecciones en busca de más droga y evidencia que permita reconstruir la ruta utilizada por los narcotraficantes.

Dos operaciones ejecutadas por la Policía Nacional en la zona sur de Honduras dejaron como resultado la incautación de 648 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 262,560 dólares en efectivo, informó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Los procedimientos se desarrollaron en diferentes puntos del departamento de Choluteca y forman parte de las acciones que las autoridades mantienen para combatir el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

La primera operación tuvo lugar en un punto de control ubicado en la aldea La Corteza, municipio de El Triunfo, cerca de la frontera con Nicaragua. Durante la inspección de un vehículo, agentes policiales localizaron una importante cantidad de dinero que se encontraba oculta en compartimientos falsos.

Por este hecho fue detenido un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, quien, según la información proporcionada por las autoridades, transportaba los 262,560 dólares.

El monto incautado representa más de siete millones de lempiras, de acuerdo con la tasa de cambio mencionada por las autoridades. El decomiso fue posible mediante los controles desarrollados por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en coordinación con el Ministerio Público.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el origen y destino del dinero, así como determinar si los recursos podrían estar relacionados con estructuras dedicadas al lavado de activos.

El ciudadano detenido fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes, donde deberá continuar el proceso judicial conforme a las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes.

La segunda operación se desarrolló en la playa El Inquieto, ubicada en el municipio de Marcovia, también en el departamento de Choluteca.

En este procedimiento participaron agentes de la Dirección Policial Antidrogas, con apoyo de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, quienes localizaron un cargamento de 648 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el reporte proporcionado por el ministro de Seguridad, la droga era transportada en una lancha y presuntamente tendría como destino la región norte de Centroamérica.

A diferencia de la primera operación, en este procedimiento no se reportaron personas detenidas. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del cargamento y determinar la estructura criminal detrás de su traslado.

El decomiso constituye uno de los principales golpes recientes contra las redes de tráfico de drogas en la zona sur del país, una región que, según las autoridades, ha adquirido mayor relevancia dentro de las investigaciones relacionadas con el movimiento de estupefacientes.

Velásquez explicó que durante 2026 la Policía Nacional ha decomisado más de 1,500 kilogramos de cocaína, lo que, según estimaciones oficiales, representa una afectación económica cercana a los 500 millones de lempiras para las estructuras criminales.

El funcionario sostuvo que los decomisos reducen la capacidad financiera y operativa de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, al impedir que importantes cargamentos lleguen a los mercados establecidos por estas redes.

Según la explicación oficial, el reforzamiento de las acciones de seguridad en diferentes zonas del territorio nacional, particularmente en el litoral Atlántico, habría provocado que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas modifiquen sus rutas de traslado.

Como consecuencia, las autoridades han identificado un mayor movimiento de actividades relacionadas con el narcotráfico en la zona sur de Honduras, donde presuntamente estarían operando estructuras de menor tamaño vinculadas con organizaciones criminales de carácter internacional.

El cambio en las rutas representa un nuevo desafío para las instituciones encargadas de combatir el tráfico de drogas, debido a que las organizaciones criminales pueden modificar sus métodos y puntos de traslado para intentar evadir los controles policiales.

Ante este escenario, las autoridades aseguran que mantienen operativos en diferentes puntos del territorio, especialmente en zonas fronterizas, áreas costeras y lugares considerados estratégicos para el traslado de mercancías ilícitas.

El ministro de Seguridad señaló que las investigaciones buscan establecer cuál de las estructuras internacionales de narcotráfico podría estar relacionada con el cargamento encontrado en Marcovia.

Las autoridades también analizan las características de la droga decomisada para determinar su posible procedencia. Velásquez indicó que existe la posibilidad de que la cocaína haya sido procesada en Sudamérica y que posteriormente fuera trasladada hacia Centroamérica.

Entre los posibles destinos finales mencionados por el funcionario se encuentran Estados Unidos y otros mercados de la región, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

La ubicación de Honduras dentro de las rutas utilizadas para el traslado de drogas convierte al país en un territorio estratégico para las organizaciones criminales que buscan movilizar estupefacientes desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Velásquez agregó que existe coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras y otras instituciones para fortalecer las operaciones contra estas estructuras.

Autoridades mexicanas aseguraron en Mexicali, Baja California, 120 kilos de pastillas de fentanilo equivalentes a 4 millones de dosis en un inmueble vinculado con Los Rusos, una célula identificada como brazo operativo del Cártel de Sinaloa para la facción de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco. El decomiso incluyó además un arma de fuego y vehículos, y formó parte de una acción construida con intercambio de información con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y trabajos de inteligencia de instituciones mexicanas, informó Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC).

El dato central del operativo fue la magnitud del narcótico asegurado: 120 kilos de pastillas de fentanilo, una cantidad que las autoridades tradujeron en más de 4 millones de dosis. La intervención se realizó en un predio relacionado con Los Rusos, grupo con presencia principal en Mexicali y en el Valle de Mexicali.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que en el despliegue participaron elementos de la FGR, Defensa, Semar y autoridades estatales. La operación se ejecutó en Mexicali tras el cruce de datos con la agencia antidrogas de Estados Unidos y labores de investigación desarrolladas por el Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento ocurrió en un inmueble ligado a Los Rusos en Mexicali

García Harfuch detalló que en el sitio fueron localizadas las pastillas de fentanilo, así como un arma de fuego y varios vehículos. La intervención golpeó a una estructura señalada por las autoridades como brazo operativo y de sicarios del Cártel de Sinaloa en esa zona fronteriza.

El funcionario sostuvo que la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permitió convertir información de inteligencia en resultados contra organizaciones criminales y sus redes logísticas. Ese mensaje lo emitió mientras se encontraba en Buenos Aires, Argentina, a donde acudió a la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, conocida como IDEC.

La acción fue reportada este miércoles 20 de agosto de 2026. En la operación participaron corporaciones federales y autoridades de Baja California, que intervinieron el inmueble identificado por las investigaciones.

Los Rusos fueron ubicados como brazo armado del Cártel de Sinaloa

Los Rusos fueron descritos por las autoridades como un grupo armado vinculado al Cártel de Sinaloa y ligado a la facción conocida como La Mayiza. Su zona de operación se ubicó principalmente en Mexicali y el Valle de Mexicali, donde mantuvieron presencia en áreas fronterizas del estado.

El grupo fue encabezado por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso. Por este objetivo, la DEA ofreció una recompensa, de acuerdo con la información incluida en el texto base.

En la región también se registraron detenciones de operadores y jefes de sicarios vinculados con esa célula. Entre esos casos hubo capturas en el Valle de Mexicali e investigaciones contra exmandos policiales locales por presuntos nexos con la organización.

Las referencias sobre esa estructura también señalaron disputas con facciones rivales del narcotráfico por el control territorial en zonas fronterizas de Baja California. Ese contexto colocó el aseguramiento de fentanilo dentro de una confrontación más amplia entre grupos criminales con presencia en la entidad.

Un día antes, el director de la DEA, Terrance Cole, reconoció el trabajo de García Harfuch durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada en Argentina. El funcionario estadounidense lo calificó como un socio de confianza y como un “buen amigo de Estados Unidos”.

El operativo en Mexicali se apoyó en intercambio de información con autoridades estadounidenses, pero la ejecución quedó a cargo de fuerzas mexicanas. La acción se concentró en un inmueble vinculado con Los Rusos y derivó en el decomiso del cargamento de pastillas, el arma y los vehículos.

• Autoridades aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo en un inmueble ligado a Los Rusos en Mexicali.

• El decomiso fue equivalente a más de 4 millones de dosis e incluyó un arma de fuego y vehículos.

• En el operativo participaron FGR, Defensa, Semar, SSPC y autoridades estatales, con intercambio de información con la DEA.

Autoridades mexicanas aseguran casi 5,8 millones de cigarros apócrifos procedentes de Asia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un operativo conjunto que involucró a la Aduana, la Marina y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques con aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los cargamentos llegaron desde Singapur y Sri Lanka con destino a la capital del país, y permanecen retenidos de forma precautoria mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

Casi seis millones de cigarros en 24 pallets

El volumen del decomiso fue considerable: 484 cajas y 24 pallets con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos de producto apócrifo.

Cada uno de los cuatro embarques estaba amparado por una guía aérea distinta, con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación correspondiente.

La mercancía fue retenida dentro del recinto fiscalizado del AICM, donde permanece asegurada de manera precautoria hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.

Singapur y Sri Lanka, puntos de origen del contrabando

Los cuatro embarques provenían de dos países asiáticos: Singapur y Sri Lanka, con destino declarado a la Ciudad de México.

El tráfico de cigarros apócrifos desde Asia representa una amenaza directa a la recaudación fiscal del Estado, ya que estos productos circulan fuera de los canales formales de importación y comercialización, según indicó el comunicado conjunto de las dependencias.

La introducción de tabaco ilícito también implica riesgos para la salud pública, al tratarse de productos que no pasan por los controles sanitarios establecidos, de acuerdo con las autoridades.

Inteligencia aduanera y tecnología no intrusiva, claves del operativo

El aseguramiento fue posible gracias a una estrategia basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, según informó la ANAM en el comunicado conjunto.

Este tipo de tecnología permite revisar el contenido de los embarques sin abrirlos físicamente. La coordinación entre la Aduana del AICM y el personal de la SEMAR fue determinante para identificar los indicadores de riesgo en los cuatro cargamentos.

El operativo se enmarca en la estrategia conjunta que ambas dependencias han implementado para detectar y neutralizar operaciones de comercio exterior con señales de actividad ilícita.

ANAM y SEMAR reafirman su coordinación contra el contrabando

Tras el aseguramiento, la ANAM y la SEMAR emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su “compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales” en materia de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control.

Las instituciones encuadraron la acción dentro de tres objetivos centrales: proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior legítimo y combatir conductas ilícitas que afecten la economía del país.

El Gabinete de Seguridad también participó en el operativo, lo que refleja el carácter interinstitucional de la intervención.

Un golpe a la recaudación y la salud pública

El contrabando de cigarros apócrifos afecta tanto a la recaudación del Estado mexicano como al combate de posibles conductas ilícitas que dañan al país, según precisó el comunicado de las dependencias involucradas.

Las instituciones subrayaron que las acciones fortalecen la seguridad nacional y protegen la salud pública, dos de los ejes que justifican la coordinación permanente entre la ANAM, la SEMAR y el Gabinete de Seguridad en los puntos de entrada al territorio mexicano.

El AICM, epicentro del combate al contrabando de tabaco

El decomiso de hoy no ocurre de forma aislada. Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM, operada por personal de la SEMAR, ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. “De acuerdo con un estudio del Colegio de México (Colmex, 2025), uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, una proporción que se duplicó entre 2017 y 2023, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.”

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario dictó una condena de cinco años y seis meses de prisión para Marcelo Matías Álvarez, de 41 años, tras comprobar que lideraba maniobras de comercialización de drogas y blanqueo de fondos de origen ilícito, utilizando su propio domicilio como base de operaciones. El fallo sienta un precedente en la persecución penal de delitos complejos con ramificaciones patrimoniales en la región.

La sentencia fue resultado de un juicio abreviado en el que Álvarez admitió su responsabilidad penal, según informó el porta de los fiscales.

El acuerdo entre el fiscal federal Claudio Kishimoto, la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo y la defensa fue homologado por el juez Ricardo Moisés Vásquez, quien intervino de manera unipersonal.

Como parte de la condena, el tribunal ordenó el decomiso de dos terrenos y cinco vehículos, una multa superior a los 30 millones de pesos, la inhabilitación absoluta durante la sentencia y el pago de todas las costas.

La investigación, que integró tareas del Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), permitió consolidar pruebas sobre la operatoria delictiva, inicialmente detectada por el Ministerio Público bonaerense. Para el Ministerio Público Fiscal, el caso representa un avance en la articulación de investigaciones patrimoniales y penales, así como en el recupero de bienes vinculados al crimen organizado.

Uno de los ejes del proceso fue la acreditación de maniobras de lavado de activos por cifras cercanas a 30.000 dólares y 11.036.400 pesos. Entre junio de 2021 y septiembre de 2023, Álvarez canalizó fondos provenientes del tráfico de estupefacientes al circuito económico formal, adquiriendo bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito.

Entre las operaciones detectadas figura la compra de dos lotes en el barrio La Guarida, de Pergamino, formalizada el 18 de junio de 2022 por 20.000 dólares. El pago se realizó en parte con efectivo y el resto mediante 20 pagarés, documentación que fue incautada en el domicilio del acusado.

Además, sumó a su patrimonio vehículos como un Fiat Fiorino Fire, dos Renault Kangoo, una motocicleta Honda Biz 125 cc y un Chevrolet Corsa Classic registrado a nombre de su pareja, sin cumplir con las transferencias legales requeridas. También adquirió un plan de ahorro automotor por 750.000 pesos.

El tribunal remarcó que Álvarez no pudo justificar ingresos lícitos ni capacidad económica suficiente para sostener este nivel de adquisiciones. La estructura de sus movimientos financieros fue clave en la calificación de lavado de activos, al buscar insertar el dinero en canales formales y dar apariencia de legalidad a las ganancias.

La investigación se inició tras tareas de inteligencia sobre infracciones a la Ley N°23.737 de estupefacientes. El 14 de septiembre de 2023, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Buenos Aires allanó una vivienda en la calle Francia al 2000, Pergamino. Álvarez fue interceptado cuando circulaba el Fiat Fiorino, y en la requisa se hallaron 309 gramos de cocaína y 517 gramos de marihuana, fraccionados en bloques y envoltorios listos para la venta.

Durante el procedimiento policial, se incautaron también cuatro balanzas de precisión, elementos para fraccionar droga, anotaciones, 30 tarjetas de débito de terceros, documentación vehicular, pagarés, un cheque por 100.000 pesos y 37.980 pesos en efectivo. El hallazgo de cinco armas de fuego y municiones elevó la gravedad del cuadro probatorio: dos pistolas Bersa estaban registradas a nombre de Álvarez, pero poseía de manera ilegítima un revólver calibre .38, otro calibre .22 y una carabina .22 con pedido de secuestro por robo en febrero de 2020.

La documentación secuestrada vinculada a autos y terrenos permitió ahondar la pesquisa patrimonial, lo que derivó en la imputación por encubrimiento agravado y la extensión del proceso a las maniobras de lavado.

El tribunal valoró la prueba indicando que la finalidad de comercialización de los estupefacientes quedó acreditada por múltiples indicios objetivos: cantidad y modalidad de la droga, elementos de fraccionamiento y documentación.

Para garantizar el cumplimiento de la multa de $30.572.800, se dispuso afectar un Peugeot Partner y una Honda XR 250 tasados en $919.000 como pago parcial; el saldo restante se sustituirá por 55 días adicionales de prisión efectiva.

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Detienen a joven por presunto intento de robo de ropa valuada en más de 28 mil pesos en Benito Juárez

Un hombre de 20 años fue detenido en una tienda departamental de la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, luego de que personal de seguridad lo señalara por presuntamente intentar sustraer varias prendas de ropa sin pagarlas. Durante la revisión, los policías localizaron los artículos, cuyo valor total fue estimado en 28 mil 104 pesos; el joven no presentó un comprobante de compra, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Cateo en la colonia Guerrero deja dos detenidos y un arma asegurada por venta de droga

Dos personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, realizado tras una denuncia por presunta venta de droga. En el lugar fueron asegurados envases y bolsas con aparente marihuana, tubos con cannabis líquida, cigarrillos electrónicos, 50 cartuchos útiles y un arma corta abastecida con 15 balas. Los detenidos fueron identificados como Josué Bani “N” y Michel “N”.

Detienen a dos hombres señalados por extorsionar a comerciante en Miguel Hidalgo

Dos hombres de 37 y 45 años fueron detenidos en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que un comerciante de 62 años los señalara por presuntamente exigirle dinero a cambio de no hacerle daño a él, a su familia y a su negocio. Los sujetos viajaban en una motocicleta azul y fueron interceptados por policías tras el reporte; durante una revisión les encontraron dinero en efectivo que el denunciante reconoció como suyo, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los rastros del CJNG en Costa Rica: de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

En menos de dos años, las autoridades costarricenses y europeas han documentado distintos episodios relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desde grafitis con referencias a su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, hasta decomisos de cientos de kilos de cocaína enviados desde el puerto de Moín hacia Europa. Los casos más recientes incluyen una operación en junio de 2026 en la que fue interceptado un semisumergible con 2.6 toneladas de cocaína atribuidas al grupo criminal y el decomiso de cerca de una tonelada en Alajuela el 16 de agosto.

La acción más reciente se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, donde elementos navales identificaron diversos bultos balizados que flotaban en el mar, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que desplegaron unidades.

Al localizar los bultos, procedieron con el aseguramiento de un total de 54 que contenían una sustancia similar a la cocaína y con un peso aproximado superior a los mil 600 kilogramos.

Los objetos asegurados fueron trasladados a la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de continuar con las investigaciones y determinar el peso final de la droga.

El Gabinete de Seguridad informó que este decomiso representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos, evitando así que aproximadamente 3 millones 20 mil dosis de droga sean distribuidos entre la sociedad.

Segunda acción se realizó en costas de Guerrero

La primera acción se llevó a cabo el pasado sábado 15 de agosto, cuando elementos de la Marina interceptaron una lancha que transportaba 53 bultos con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína en costas de Guerrero.

Los elementos navales localizaron la lancha a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en la que también se trasladaban dos personas. Su ubicación se originó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.

El Gabinete de Seguridad informó que el aseguramiento representó una afectación económica de 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos, además de que se evitó que más de 3 millones de dosis se distribuyeran en las calles.

Los dos detenidos fueron trasladados junto con lo decomisado a las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar una carpeta de investigación y determinar el peso exacto de la droga.

La Secretaría de Marina ha informado que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha realizado el decomiso de alrededor de 90 toneladas de cocaína en altamar.

Cabe señalar que el pasado 7 de agosto la Marina informó un operativo en el que interceptaron una lancha a 851 kilómetros al sur de Acapulco, la cual transportaba mil 170 kilogramos de cocaína y seis personas (entre los que se encontraban 3 mexicanos y 3 ecuatorianos).

La embarcación también llevaba 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

CJNG y el Cártel de Sinaloa: los principales afectados en los aseguramientos

A finales de julio, el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Marina, informó que la mayoría de los decomisos realizados en el Pacífico mexicano han sido de cargamentos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El funcionario también explicó que las tácticas de los grupos criminales se han modificado de manera reciente, ya que introducen a personas que no cuentan con papeles a bordo de barcos de carga con la instrucción de lanzar la droga al mar. Una vez en el agua, lanchas menores operan como recolectoras de los bultos de droga.

Respecto a los dos aseguramientos realizados en dos días, la Marina detalló que las acciones se enmarcan en las operaciones permanentes que realizan para inhibir actividades ilícitas en aguas internacionales y debilitar las capacidades de los grupos delictivos, tanto de manera operativa como financiera.

En la ciudad de Córdoba, una operación de varios meses culminó con la detención de tres personas, el decomiso de más de 500 dosis de droga y la intervención de dos viviendas señaladas como puntos clave en la distribución de estupefacientes.

La investigación, que se extendió a lo largo de cuatro meses, expuso la operatoria de un grupo que, según los investigadores, había logrado establecer una red de venta.

El despliegue policial se concentró en el asentamiento Villa El Milagro, sobre un pasaje público sin número, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron dos allanamientos simultáneos. El ingreso a los domicilios fue el resultado de una pesquisa que, desde sus inicios, estuvo enfocada en identificar y desarticular focos de comercialización en barrios periféricos.

El punto de quiebre en la investigación se alcanzó al constatar que la venta de drogas no se limitaba a los interiores de las viviendas, sino que también se extendía a las vías del tren. Según informó El Doce, la modalidad de expendio variaba según el horario y la presencia de terceros, lo que dificultó la tarea de los agentes encubiertos.

El operativo llevado a cabo este fin de semana permitió la detención de dos hombres de 26 años y una mujer de 22, todos residentes de la zona. Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 575 dosis de cocaína, una suma de $1.061.800, una balanza digital, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa, como envoltorios y teléfonos celulares.

Voceros de la FPA confirmaron que, al momento de irrumpir en los domicilios, dos de los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados en la vía pública por personal apostado en el perímetro del operativo.

La modalidad empleada combinaba la atención directa en los domicilios y la entrega en lugares públicos, lo que exigió un seguimiento discreto durante varias semanas para documentar el flujo de clientes y la periodicidad de las transacciones. El éxito del operativo, señalaron fuentes de la investigación, radicó en la capacidad de la fuerza para identificar los momentos de mayor actividad y actuar en consecuencia.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial. La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que regula y sanciona la tenencia y comercialización de drogas en todo el territorio nacional.

Antecedentes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio en el barrio Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba. El operativo incluyó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Villa María al 5600 y Francisco de Mauro sin número, bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno. La sospechosa fue trasladada a sede judicial, donde el proceso continúa bajo el fuero especializado.

Según informó el portal El Doce.tv, los procedimientos formaron parte de una investigación más amplia coordinada por el Ministerio Público Fiscal y se vinculó con otro allanamiento realizado en la misma zona la semana anterior, que resultó en la detención de un hombre de 42 años también acusado de narcomenudeo y el desmantelamiento de un punto de venta.

En el marco de la misma ofensiva contra el narcotráfico en Córdoba, la FPA también desarticuló días atrás una banda que trasladaba droga desde la capital provincial hasta Deán Funes en colectivos. Cuatro allanamientos en el barrio Kilómetro 2 derivaron en la detención de tres personas.

Entre los elementos secuestrados figuraron cocaína fraccionada, 13 plantas de cannabis, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y dos motocicletas. Los investigadores determinaron además que la organización empleaba menores de edad para la comercialización de estupefacientes.

Más de media tonelada de presunta marihuana fue localizada al interior de una empresa de paquetería en el municipio de León, Guanajuato, luego de que el oficial canino “Orkan” de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) los detectó durante labores de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) informó que el hallazgo de la droga se llevó a cabo durante una inspección preventiva en una empresa ubicada en la colonia Las Rosas, donde se ubicaron 39 cajas de cartón con aproximadamente 506 kilogramos de presunta marihuana.

El binomio canino “Orkan” localizó la hierba sobre tres tarimas que durante el recorrido por el área de almacenamiento. El pesaje preliminar arrojó 506 kilogramos con 376 gramos, cantidad que equivale de manera estimada a 506 mil 376 dosis.

Cómo se realizó el operativo

Con la autorización correspondiente, integrantes de las FSPE ingresaron a las instalaciones de la empresa de mensajería para efectuar una revisión orientada a detectar posibles envíos de sustancias u objetos vinculados con actividades ilícitas. Tras el marcaje positivo del binomio canino, los elementos estatales abrieron los paquetes y confirmaron el hallazgo.

Las cajas, empaques y la sustancia fueron asegurados, registrados y embalados conforme a los procedimientos de cadena de custodia. El cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en León.

Las autoridades detallaron que corresponderá a la FGR practicar los dictámenes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia y avanzar en las pesquisas sobre la procedencia, ruta y destino del cargamento, así como establecer si el envío guarda relación con alguna conducta delictiva y, en su caso, determinar posibles responsabilidades.

Según se precisó la SSyP, el aseguramiento de los indicios no implica por sí mismo la atribución de responsabilidad a remitentes, destinatarios o terceras personas.

Las inspecciones en empresas de mensajería forman parte de las acciones preventivas de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato para identificar posibles mecanismos de traslado de sustancias ilícitas. Los binomios de la Unidad Canina K9 aportan capacidades especializadas para la detección de narcóticos, armas y otros indicios.

Cabe señalar que en diciembre de 2025 también se localizaron más de 160 kilos de marihuana al interior de una bodega de una paquetería en la colonia Las Rosas del municipio de León, los cuales pretendían enviar a San Luis Potosí y Querétaro.

Con el apoyo de un binomio canino, las autoridades identificaron 27 paquetes sellados al vacío que contenían hierba con las características de la marihuana, equivalentes a 162 dosis de droga.

Decomiso de precursores químicos en la carretera Morelia–Salamanca

El pasado mes de de marzo se llevó a cabo otro decomiso en el estado, en el que un retén montado sobre la carretera Morelia–Salamanca permitió asegurar más de 17 mil litros de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, detalló que en el lugar fueron detenidos dos hombres originarios de Querétaro que transportaban la carga sin documentación que acreditara su legalidad.

El tráiler interceptado contenía también sustancias granuladas consideradas materiales clave para la producción de drogas sintéticas, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP). Las autoridades no precisaron el tipo exacto de precursores, ya que corresponderá a la autoridad ministerial practicar las pruebas de clasificación.

El operativo se enmarcó en el Plan Blindaje, que sostiene 7 puntos de control permanentes en carreteras federales y estatales de municipios como Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón y Cerro Gordo, entre otros.

En esos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

“Seguimos trabajando con presencia, inteligencia y coordinación para que Guanajuato no sea ruta ni destino de actividades ilegales”, afirmó González Martínez.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguraron 6 mil 858 tabletas de hidrocodona durante una acción de inspección realizada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El aseguramiento se realizó durante el mes de julio, aunque las autoridades dieron a conocer los resultados hasta ahora. De acuerdo con la información difundida, el cargamento de medicamentos fue localizado durante las labores de revisión que se llevan a cabo en las instalaciones aeroportuarias para detectar mercancías que puedan representar un riesgo o que sean trasladadas de manera irregular.

Las autoridades informaron que las tabletas aseguradas tendrían un valor aproximado de 6.8 millones de pesos en el mercado ilícito, por lo que el decomiso representa una afectación económica importante para quienes participan en la comercialización ilegal de este tipo de medicamentos.

Tras su localización, las pastillas fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia, destino y las circunstancias en las que fueron trasladadas hasta el aeropuerto capitalino.

¿Qué es la hidrocodona y para qué sirve?

La hidrocodona es un analgésico opioide que se utiliza principalmente para el tratamiento de dolor de moderado a intenso. Su función consiste en actuar sobre determinadas zonas del sistema nervioso central para modificar la manera en que el organismo percibe y responde al dolor.

Este medicamento puede encontrarse en algunas presentaciones combinado con otros principios activos, como el paracetamol. Debido a sus efectos, la hidrocodona puede provocar somnolencia, mareos, náuseas y estreñimiento.

Uno de los principales riesgos asociados con este opioide es que puede generar dependencia física y psicológica, particularmente cuando se consume en dosis mayores a las indicadas o durante periodos prolongados. También existe riesgo de sobredosis, especialmente cuando se combina con alcohol u otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso central.

Por estas razones, su utilización y comercialización están sujetas a controles sanitarios y debe emplearse únicamente bajo indicación y supervisión médica. El consumo de tabletas obtenidas fuera de establecimientos autorizados también representa un riesgo, ya que no existe certeza sobre su procedencia, composición, concentración o condiciones de almacenamiento.

Autoridades investigan procedencia del cargamento

Luego del aseguramiento en el AICM, las autoridades correspondientes deberán continuar con las investigaciones para determinar de dónde procedían las 6 mil 858 tabletas y hacia dónde serían trasladadas.

También se busca establecer quiénes participaron en el envío, recepción o posible comercialización del medicamento.

El hallazgo se produjo en una de las principales terminales aéreas del país, donde autoridades federales mantienen acciones de inspección para detectar mercancías cuyo traslado no cumpla con las disposiciones legales.

La cantidad asegurada y su valor estimado en el mercado ilícito hacen de este decomiso un caso relevante dentro de las acciones contra el comercio irregular de medicamentos controlados.

Las tabletas permanecerán bajo resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes. Será la investigación ministerial la que determine si existen personas relacionadas con el traslado y si el cargamento formaba parte de una operación de distribución ilegal.

El decomiso de Lázaro Báez abarca una variedad de bienes cuyo destino quedó sellado tras la confirmación de las condenas en las causas Ruta del dinero K, por lavado de activos, y Vialidad, por defraudación al Estado.

Los tribunales orales a cargo de ambos procesos trabajan en la certificación de las propiedades para enviarlas al control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre las posesiones más notorias figuran estancias, departamentos, aviones y sumas millonarias.

En el caso Ruta del dinero K, el TOF 4 dispuso el recupero de al menos USD 61 millones, mientras que en Vialidad el TOF 2 aprobó la ejecución de 84 inmuebles y, en la última semana, sumó nuevos embargos preventivos para cubrir los $685.000 millones, una cifra que, actualizada por inflación, podría superar los $900.000 millones.

En este último expediente, la reparación del daño recae sobre todos los condenados de modo solidario, es decir, sin que el monto se haya dividido en partes iguales ni proporcionales. Así, Lázaro Báez, junto con Cristina Fernández, termina siendo uno de los mayores aportantes.

Por su parte, la defensa presentó un recurso para reclamar que se excluyan algunos bienes que aseguran el empresario poseía antes del periodo investigado, porque sostienen que no pueden ser considerados provecho del delito. Como ejemplo, citaron una propiedad en Río Gallegos que habría sido herencia de sus padres.

Por el caso Vialidad, el empresario recibió una condena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Luego, la Justicia la unificó con los 10 años que arrastraba por la causa Ruta del dinero K y fijó una pena única de 15 años de cárcel.

Ruta del dinero K

En el listado de los bienes que ingresaron al decomiso por la condena de Ruta del dinero K se destacan activos financieros internacionales.

Se trata de USD 907.202 en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Ltd. en el banco Lombard Odier (Suiza), más las ganancias generadas desde 2011. También 2.981.646,12 euros y 1.009.391,16 euros en cuentas de Eastern Shoreline Limited en el banco CBH de las Bahamas.

A su vez, hay inmuebles inscriptos originalmente a nombre de Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez, que ya fueron transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estas posesiones abarcan propiedades urbanas y rurales en diversas provincias del país, administradas judicialmente para evitar su deterioro y garantizar la continuidad de contratos de locación hasta su subasta.

Por otro lado, figuran participaciones en sociedades como Badial S.A. (95%), Servicio Integral Alem S.R.L. (95%), Diagonal Sur Comunicaciones S.A. (90%), Don Francisco S.A. (50%), La Estación S.A. (50%), Austral Agro S.A. (70%), Alternativa S.A. (60%), Austral Atlántica S.A. (60%) y Austral Desarrollos Inmobiliarios S.A. (70%).

A todo esto, la Cámara de Casación Penal ordenó transferir a la Corte Suprema USD 238.720 desde una cuenta judicial abierta en el Banco de la Nación Argentina, y los montos obtenidos por las subastas de dos aeronaves: $2.570.077,13 por un avión Rockwell Commander, matrícula LV-MBY, y $1.757.906,12 por un Learjet, matrícula LV-BPL.

En paralelo, el juez de ejecución Néstor Costabel ordenó designar un administrador para los inmuebles decomisados de Lázaro y Martín Báez, que gestione los alquileres, cobre los pagos en la cuenta del expediente, intervenga en las locaciones y prevenga deudas hasta la subasta pública.

Vialidad

En cuanto al decomiso de los bienes de Lázaro Báez como parte de la sentencia en Vialidad, alcanza al menos 84 inmuebles y fracciones rurales ubicados sobre todo en Santa Cruz, además de propiedades en Chubut y la provincia de Buenos Aires.

En la nómina aparecen un campo en Alto Río Senguer, provincia de Chubut, con una superficie de 5.633 hectáreas, adquirido en 2007. También aparece la estancia Los Gurises, en la zona noroeste de Bajo Caracoles, Santa Cruz, con 10.000 hectáreas.

En Río Gallegos se consignan lotes de más de 3.000 metros cuadrados, mientras que en El Calafate figuran superficies de casi 60.000 metros cuadrados.

En Río Turbio, por ejemplo, la resolución judicial abarca inmuebles en Paraje Julia Dufour, Juana Dufour y otros sectores, con extensiones que van desde 54 hectáreas hasta 350 hectáreas, 38 áreas y 47 centiáreas.

La semana pasada, el TOF 2 ordenó embargos e inmovilización de bienes vinculados a Lázaro Báez y también a Cristina Kirchner. Las medidas cautelares recayeron sobre inmuebles, vehículos, participaciones societarias y activos bancarios.

Tomaron en cuenta activos donde la titularidad corresponde a sociedades vinculadas como Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., junto con participaciones en empresas como Badial S.A., Servicio Integral Alem S.R.L., Diagonal Sur Comunicaciones S.A., Don Francisco S.A., La Estación S.A., Austral Agro S.A., Alternativa S.A., Austral Atlántica S.A. y Austral Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Un juez de control vinculó a proceso a Diego “N”, de 38 años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo presentara como presunto responsable del delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, tras ser detenido el pasado 4 de agosto en la autopista México-Cuernavaca con 217.277 kilogramos de la droga ocultos en un doble fondo de su camioneta.

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria.

Diego “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, mientras avanza el proceso penal en su contra. El cargo fue formulado por un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien aportó los datos de prueba suficientes para que el juzgador concediera la vinculación.

El juez calificó de legal la detención tras valorar las pruebas de la FGR

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó a Diego “N” ante el juez de control en la audiencia inicial. El juzgador revisó los datos de prueba aportados por la FGR y determinó que la detención fue legal antes de formularle la imputación correspondiente.

Con la vinculación a proceso resuelta, el juez determinó dos meses de plazo para la investigación complementaria. Durante ese periodo, el imputado permanecerá en el Reclusorio Sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la más restrictiva que contempla el sistema penal acusatorio mexicano. En un comunicado de prensa publicado este 14 de agosto, la FGR informó que a Diego “N” se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Hasta el momento las autoridades no han relacionado este golpe al narco capitalino con alguna célula delincuencial o cártel con operaciones en la entidad.

Agentes de la SSPC, la FGR y la SSC detectaron la camioneta por maniobras erráticas en la carretera

La detención de Diego “N” ocurrió en el kilómetro 5+400 de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementaron un dispositivo de seguridad en ese tramo carretero como parte de los trabajos de vigilancia para inhibir el tráfico de drogas.

Los agentes detectaron una camioneta de carga de la marca RAM, modelo 700, cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, lo que ponía en riesgo a los demás usuarios de la vía. Con el fin de prevenir un accidente y descartar una posible conducta ilícita, le marcaron el alto y procedieron a la revisión del vehículo.

Durante la inspección, los agentes identificaron modificaciones en la carrocería y en la parte trasera de la unidad. Al revisar con mayor detalle, localizaron un compartimiento oculto con doble fondo que se extendía hacia la batea del vehículo. En ese espacio encontraron paquetes rectangulares envueltos en cinta canela, uno de los cuales estaba roto y dejaba expuesto polvo blanco.

La revisión arrojó un total de 217 paquetes —denominados “ladrillos”— con un peso conjunto de 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Tras leerle sus derechos, los agentes pusieron a Diego “N” a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con todo lo asegurado, después fue presentado ante un juez federal y finalmente se le dictó vinculación a proceso, todo en un plazo de aproximadamente 10 días.

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Narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán: “Tu pago mensual no ha fallado”

La manta fue localizada alrededor de las 6:30 horas en un puente peatonal del sector Montebello, sobre la avenida Álvaro Obregón y retirada por elementos de seguridad. Versiones periodísticas la atribuyen a “La Chapiza” y señalan que el mensaje reclama al mando militar identificado como “El Brujo” cumplir un supuesto acuerdo para combatir a integrantes de la facción rival, además de mencionar un presunto pago de 100 mil dólares y una amenaza directa contra el militar.

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EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán luego de suspenderlas el 5 de agosto por una amenaza contra su personal e intereses en la entidad. Aunque las operaciones ya fueron restablecidas, la Embajada advirtió que la recomendación de no viajar permanece vigente, por lo que pidió a sus ciudadanos mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad y seguir las medidas de protección establecidas.

Caen “El Chulo” y una mujer señalados por cobrar derecho de piso a transportistas en Toluca

Emmanuel “N”, alias “El Chulo” o “El Michoacano”, y Norma “N” fueron detenidos en Toluca, señalados por presuntamente extorsionar a transportistas en la zona de La Crespa. Un conductor los identificó ante policías como las personas que le exigían dinero en efectivo para poder trabajar; durante la intervención también les aseguraron 20 envoltorios con una sustancia similar al cristal, una bolsa con presunta marihuana y un teléfono celular.

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Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

Detectan cargamento mediante análisis de riesgo

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

El procedimiento forma parte de las acciones de inteligencia aduanera que se llevan a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina para detectar posibles inconsistencias en la documentación de los embarques y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención prioritaria.

La mercancía provenía de Bangkok, Tailandia, y fue identificada a su llegada a la Aduana del AICM. Tras la detección, los productos fueron asegurados y permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de cigarrillos de mayor volumen reportados recientemente en una operación de revisión aduanera en el principal aeropuerto de la capital mexicana.

Autoridades mantienen investigación sobre los cigarrillos

La ANAM informó que el cargamento permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales correspondientes.

La autoridad deberá determinar, entre otros aspectos, la situación jurídica de la mercancía y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso y traslado. Por el momento, los cigarrillos son considerados presuntamente apócrifos, por lo que corresponderá a las investigaciones establecer su naturaleza y procedencia ilícita.

Las autoridades federales destacaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar los controles en las cadenas logísticas internacionales y evitar que mercancías que incumplan con las disposiciones legales ingresen al mercado mexicano.

La coordinación entre la ANAM, Semar y SSPC también busca incrementar las capacidades de vigilancia mediante el uso de tecnología, inteligencia y sistemas de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos permiten focalizar las inspecciones y detectar posibles conductas ilícitas sin limitarse únicamente a revisiones físicas de las mercancías.

El operativo en el AICM se suma a las acciones federales destinadas a fortalecer el control de las fronteras y las aduanas del país, particularmente frente a mercancías que puedan ingresar mediante operaciones irregulares.

La ANAM, Marina y SSPC refrendaron su compromiso de mantener la colaboración institucional para fortalecer la seguridad nacional, combatir posibles actividades ilícitas y proteger la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Mientras concluyen las diligencias, los más de dos millones de cigarrillos permanecerán bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades en la documentación, importación o comercialización de la mercancía y, en su caso, quiénes serían los responsables.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, además de armas, cientos de cartuchos, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible, durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de los poblados El Vainillo y El Pozole, en la zona rumbo a Villa Unión, donde militares realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre unidades que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses desplegaron un operativo para verificar la información y localizaron un importante volumen de hidrocarburo almacenado en el sitio.

Aseguran combustible, armas y equipo de almacenamiento

Durante la intervención, los soldados aseguraron cuatro tanques de almacenamiento y un total de 124 mil litros de gasolina, cantidad que representa uno de los decomisos de combustible más relevantes registrados recientemente en el municipio de Mazatlán.

Junto con el hidrocarburo fueron localizadas dos armas largas, nueve cargadores y 270 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos.

Las autoridades también aseguraron un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el traslado o almacenamiento del combustible.

El hallazgo cobra relevancia debido al volumen de gasolina localizada y a la infraestructura encontrada en el inmueble, pues las autoridades deberán establecer si el sitio era utilizado de manera habitual para almacenar, transportar o distribuir combustible presuntamente obtenido de manera ilícita.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas por los elementos del Ejército Mexicano. Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica.

La investigación buscará establecer tanto el origen de los 124 mil litros de gasolina como su posible destino, además de determinar la responsabilidad de los detenidos y la procedencia de las armas, municiones y vehículos asegurados.

Los objetos decomisados serán sometidos a los peritajes correspondientes y podrían incorporarse a la carpeta de investigación que integren las autoridades ministeriales.

Cártel de Sinaloa se atribuye masacre en Zacatecas

El aseguramiento en Mazatlán ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde se registra actividad de grupos del crimen organizado.

En Zacatecas, un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación, un supuesto integrante del grupo criminal se atribuye la responsabilidad por la masacre de 10 personas ocurrida el pasado 18 de julio.

En el material, el presunto vocero asegura que el grupo no asesinó a personas inocentes, en respuesta a versiones difundidas sobre los hechos, y califica el ataque como un “pequeño golpe de autoridad”.

Tras la violencia registrada en Zacatecas, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en el estado para reforzar las labores de seguridad y apoyar a las autoridades locales.

El despliegue forma parte de las acciones implementadas por las fuerzas federales ante la violencia relacionada con las disputas entre organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

Un campamento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo fue desmantelado en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta, cartuchos útiles y dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

El hallazgo ocurrió en la comunidad El Durazno durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio localizaron un campamento que, por los indicios encontrados, habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada para desarrollar actividades ilícitas.

Durante la inspección, los agentes encontraron una camioneta RAM 2500 Heavy Duty de doble cabina, cartuchos útiles de distintos calibres y dos bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Además, en el campamento fueron halladas prendas de vestir, cobijas y víveres, objetos que fueron destruidos en el lugar para impedir que volvieran a ser utilizados.

Los cartuchos, la presunta droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar su origen y posible relación con actividades delictivas.

Operación Tornado mantiene despliegue en el estado

El aseguramiento se realizó en el marco de la Operación Tornado, estrategia mediante la cual fuerzas federales y estatales mantienen patrullajes y operativos en distintos municipios de Zacatecas con el objetivo de localizar campamentos, armamento, vehículos y otros recursos utilizados por grupos criminales.

Chalchihuites, ubicado al noroeste del estado, forma parte de una de las zonas donde las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad debido a la actividad de organizaciones delictivas que disputan el control de la región.

Zacatecas reforzó su seguridad tras la jornada violenta de julio

La Operación Tornado forma parte del despliegue extraordinario de seguridad implementado en Zacatecas tras la ola de violencia registrada el 19 de julio, cuando fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Fresnillo.

A raíz de esos hechos, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron enviados a la entidad para reforzar las labores de patrullaje, inteligencia y búsqueda de células criminales en coordinación con corporaciones estatales.

El despliegue incorporó tres aeronaves para labores de vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida, dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que amplía la capacidad de reacción y de cobertura en las rutas de mayor incidencia.

Desde entonces, las fuerzas federales y estatales han concentrado sus operaciones en municipios considerados estratégicos por la presencia de grupos delictivos, como Chalchihuites, Fresnillo, Villanueva y Valparaíso.

Tras una investigación de dos años, autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red de tráfico de armas destinadas a un cártel mexicano, del cual no se ha revelado el nombre hasta el momento.

El pasado 21 de julio un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal de 158 cargos contra 28 personas, y el operativo de detención resultó en 21 arrestos a lo largo de toda la cadena de tráfico, según información contenida en un comunicado oficial de la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona y reafirmada en conferencia de prensa este 4 de agosto. Entre los acusados hay al menos 4 personas de nacionalidad mexicana y el líder de la red está identificado como Fernando Daniel Castr.

El operativo incautó más de 100 armas de fuego y más de 125 mil cartuchos de munición en Arizona. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza (USBP) llevaron la investigación del caso.

Fernando Daniel Castro reclutaba compradores en Phoenix para adquirir las armas

Según información oficial, la figura central de la red era Fernando Daniel Castro, de Phoenix, quien reclutaba a otras personas para comprar armas a licenciatarios federales de armas de fuego (FFL), mejor conocidas como armerías, en Arizona, a cambio de dinero.

Las armas se adquirían a nombre de Castro, quien las revendía para obtener ganancias. La acusación formal señala que Castro vendió algunas de ellas —incluyendo pistolas Glock 19 y rifles tipo AK— a sabiendas de que serían exportadas fuera de Estados Unidos.

Junto a Castro fueron acusados Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Pérez, entre otras 15 personas, de acuerdo con el comunicado. Los cargos incluyen conspiración para comprar armas ilegalmente con propósito de tráfico, declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego y tráfico de armas sin licencia.

En la conferencia de prensa de este día se explicó que la investigación se construyó a partir de cuatro casos federales previamente imputados, con el objetivo de identificar tendencias, conectar redes y sumar nuevos acusados a una conspiración más amplia.

La red dividió compras entre múltiples armerías del condado de Maricopa para no levantar sospechas

De acuerdo con respuestas a periodistas en la conferencia de prensa, la organización distribuyó las compras entre varios FFL en el condado de Maricopa y otras zonas, en lugar de concentrarlas en un solo establecimiento. Uno de los acusados adquirió más de 20 armas de fuego por esta vía.

El agente especial a cargo de la División de Campo Phoenix de la ATF, A.J. Gibbs, explicó en la conferencia que la agencia rastreó el caso mediante inteligencia sobre armas del crimen: una vez recuperada un arma en una escena del crimen, identifican al comprador original y determinan si tiene vínculos con redes transnacionales.

Gibbs subrayó que comprar un arma es legal, y que la investigación se enfocó en quienes explotaron esa legalidad para traficar. “Lo que hacemos es identificar a los actores criminales que explotan nuestras leyes de armas para alimentar la violencia, y eso es lo que hicimos en este caso”, dijo en la conferencia.

Cuatro casos previos conectaron a mexicanos con el contrabando de armas hacia México

El comunicado oficial detalla los casos federales que dieron origen a la investigación. El 31 de marzo de 2026, Emmanuel Rabena Velderrain, de nacionalidad mexicana, se declaró culpable de intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos. Fue detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar la frontera hacia México con 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores de 7.62x39 en su vehículo. Su sentencia está programada para el 17 de agosto de 2026 ante el juez federal Scott H. Rash en Tucson.

El 27 de abril de 2026, Amairany Guadalupe Armendariz Álvarez, también de nacionalidad mexicana, fue sentenciada a 24 meses de prisión por la jueza federal Susan M. Brnovich. Álvarez admitió haber ingresado a Estados Unidos con visa de no inmigrante, viajar a Phoenix para recoger tres rifles M249 y una pistola Colt, y saber que las armas serían introducidas de contrabando en México, según el comunicado.

El 13 de mayo de 2026, Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos de Phoenix, se declararon culpables de posesión ilegal de armas de fuego y municiones. En su residencia las autoridades encontraron un rifle M249, un rifle Barrett .50 BMG, un rifle FN SCAR, 12 rifles tipo AK, 6 pistolas y 57 mil cartuchos de munición. Su sentencia está programada para el 19 de octubre de 2026 ante el juez federal Sharad H. Desai.

El 24 de junio de 2026, José Daniel Medina, de México, y el 1 de julio de 2026, Juan Jesús Estevez, también de México, se declararon culpables de conspiración para contrabandear armas y municiones desde Estados Unidos. Ambos admitieron haber conspirado para obtener armas en Arizona e introducirlas a través de la frontera para compradores en México. Serán sentenciados el 11 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Krissa M. Lanham. Un tercer conspirador, Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, tiene programada una audiencia para cambiar su declaración el 12 de agosto de 2026. Como parte de esta investigación, las autoridades incautaron 10 pistolas y 56 mil cartuchos de munición, de acuerdo con el comunicado.

Armerías alertaron a la ATF sobre compras sospechosas con efectivo y armas de alto calibre

Gibbs destacó en la conferencia el papel de los FFL como socios de la investigación. Los licenciatarios realizaron verificaciones de antecedentes, llevaron registros y alertaron a la ATF cuando detectaron operaciones fuera de lo ordinario, como clientes que llegaban con bolsas llenas de efectivo para comprar cinco armas de fuego con cargador de cinta. “La gran mayoría de los FFL son buenos socios en este trabajo regulatorio”, dijo Gibbs en la conferencia.

Aclaró que en otros casos la agencia ha presentado cargos contra licenciatarios que cayeron en la tentación del contrabando: “Hay quienes cooperan y hay quienes no. Preferimos que la gente se quede en el primer grupo”.

Gibbs también lanzó un mensaje directo a la comunidad: “Si alguien les pide que compren un arma por ellos y tiene una razón evasiva para eso, como miembros de nuestra comunidad deben prestar atención. No quieren verse involucrados con estas organizaciones”.

Las armas traficadas, señalaron los funcionarios en la conferencia, servían para proteger el flujo de fentanilo y metanfetamina que los cárteles introducen a Estados Unidos.

Condenas relacionadas con tráfico de armas en EEUU

Una condena por conspiración para traficar armas conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. El contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos tiene una pena máxima de 10 años y la misma multa.

Las declaraciones falsas durante la compra de un arma o el tráfico sin licencia pueden resultar en hasta 5 años de prisión, según el comunicado oficial.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura se realizó durante acciones de vigilancia de elementos de la corporación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Tlalpan.

Los agentes se encontraban en un reten sobre la carretera México-Cuernavaca, y a la altura del kilómetro 5+400, cuando detectaron una camioneta de carga que realizaba cambios constantes e intempestivos de carril.

Debido a que ponía en riesgo a los demás conductores, los policías le marcaron el alto y realizaron una inspección de la unidad, en la que localizaron 217 kilos de cocaína ocultos en un compartimento del área de carga, por lo que procedieron con el aseguramiento de la droga y la detención del responsable.

El hombre, de 38 años de edad, fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que realice las investigaciones y determine su situación jurídica.

Por su parte, García Harfuch informó que las investigaciones continuarán para definir cuál es la ruta de trasiego y el destino final que tenía la droga que circulaba en inmediaciones de la capital.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, fortalecer las labores de inteligencia, investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas, para evitar que miles de dosis lleguen a las calles”, detalló la SSPC en un comunicado.

Aseguran lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detienen a 16 personas

Este lunes la Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de cuatro lanchas que transportaban más de 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, en acciones donde también se logró la detención de 16 personas.

Los elementos, en funciones de Guardia Costera, localizaron dos embarcaciones que navegaban de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca.

Al proceder con una inspección, los marinos hallaron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de 3 toneladas. Asimismo, fueron detenidas 10 personas que transportaban el cargamento de droga.

Otras acción se llevó a cabo en costas de Chiapas, donde los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores: una que transportaba 24 bultos con presunta cocaína con de un peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible.

En la lancha se transportaban seis personas, quienes fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La Secretaría de Marina informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado el aseguramiento de más de 80 toneladas de droga en altamar, lo que contribuye a detener el flujo de narcóticos.

El Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Marina, informó que las principales organizaciones criminales que han sido afectadas en los decomisos de droga en el Pacífico mexicano son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Además, reveló que los grupos delictivos modificaron su forma de operar, ya que de manera reciente se detectó que introducen personas sin documentos a bordo de buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua y que embarcaciones menores la recojan de manera posterior.

El secretario precisó que la Marina ha enfocado sus operaciones en el Pacífico mexicano para detectar el ingreso de cargamentos de drogas de manera temprana.

Cabe señalar que en el último mes el estado de Chiapas es la entidad que más decomisos de droga ha registrado, con al menos tres aseguramientos de lanchas con presunta cocaína.

Un operativo de vigilancia en el Mercado 28 de Cancún culminó con la detención de tres ciudadanos cubanos, a quienes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo aseguraron 139 dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez, donde los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron un aparente intercambio de pequeñas bolsitas entre los tres hombres, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Esto fue lo que aseguraron las autoridades

Durante la revisión, los policías localizaron diversas bolsitas con sustancias que presentaban características similares a marihuana y cristal, además de un teléfono celular.

A Yamir Jesús “N” le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde, 31 con fragmentos cristalinos y un teléfono celular.

En tanto, Luis David “N” tenía 37 bolsitas con hierba verde y 26 con una sustancia cristalina.

Por su parte, Carlos Alejandro “N” llevaba tres bolsitas con hierba verde, tres con fragmentos cristalinos y tres bolsas ecológicas de distintos colores, las cuales también fueron aseguradas durante el operativo.

En total, las autoridades decomisaron 139 dosis de presuntas drogas, entre sustancias con características similares a marihuana y cristal.

Los detenidos, a disposición de la Fiscalía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres hombres y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado si los detenidos son investigados por su posible relación con alguna organización delictiva que opere en Quintana Roo o si cuentan con antecedentes penales. Conforme al debido proceso, será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal con base en las investigaciones.

Cancún, una plaza estratégica para grupos criminales que disputan el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en Quintana Roo

Cancún se ha convertido en una de las zonas estratégicas para distintos grupos delictivos debido a su actividad turística, su conectividad aérea y marítima, así como su ubicación dentro de rutas utilizadas para el traslado de drogas y otros mercados ilícitos.

Reportes de seguridad y análisis sobre la violencia en Quintana Roo han identificado la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de células locales como Los Pelones y Los Independientes, grupos que han sido relacionados con disputas por el control territorial, principalmente en actividades como el narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.

La disputa entre estas organizaciones ha provocado distintos episodios de violencia en municipios como Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, así como en otros puntos turísticos de la entidad. Las autoridades estatales y federales han señalado que una parte importante de los conflictos está relacionada con el control de puntos de venta y distribución de drogas al menudeo.

A pesar de este contexto, hasta el momento las autoridades no han informado que los tres hombres detenidos en el estacionamiento del Mercado 28 tengan alguna relación con una organización criminal específica. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen otros elementos dentro de la investigación.

La aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca detuvo el 31 de julio de 2026 un cargamento de 240 gomitas con tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto derivado del cannabis, que ingresó desde el extranjero camuflado como dulces. La operación fue ejecutada de forma conjunta por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras detectar inconsistencias en la documentación del paquete durante una revisión de comercio exterior.

El hallazgo no fue producto del azar. Las autoridades activaron los protocolos de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que se aplican de forma rutinaria a los envíos internacionales que ingresan por el aeropuerto mexiquense.

La ANAM y tres secretarías detectaron irregularidades documentales en el cargamento

El cargamento llegó al aeropuerto identificado oficialmente como un envío de dulces. Los agentes de seguridad y control aduanero advirtieron inconsistencias en sus documentos y ordenaron una revisión especializada para descartar un posible ilícito.

La ANAM informó el operativo a través de su cuenta oficial en la red social X. En el comunicado, la dependencia precisó que la acción se realizó “en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico”.

La detección inicial no requirió la apertura física del paquete para sospechar su contenido ilegal. Fueron las anomalías en los papeles del envío las que justificaron el siguiente paso: una revisión especializada de los productos.

Reactivos químicos confirmaron la presencia de THC en las 240 gomitas

Una vez que los agentes tuvieron acceso directo al contenido, aplicaron reactivos químicos a las gomitas. Las pruebas arrojaron resultado positivo para THC en la totalidad de las 240 piezas, y las autoridades las procesaron como evidencia para su aseguramiento.

El THC es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Su introducción al país en productos comestibles sin declaración ni autorización sanitaria constituye un ilícito bajo la legislación federal mexicana.

Las gomitas con THC se han convertido en un método de tráfico recurrente en puntos de entrada aéreos del país. El formato de dulce facilita el camuflaje del producto entre mercancía de apariencia inocua, lo que exige protocolos de revisión química para su identificación.

El Ministerio Público Federal tomó custodia del caso para investigar origen y destino

Tras el aseguramiento, el cargamento quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente. La autoridad ministerial asumió la investigación para determinar el origen exacto del envío, su destino final y las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.

Las autoridades no informaron sobre la detención de personas vinculadas directamente al paquete. La investigación continúa abierta para establecer la cadena de distribución detrás del cargamento.

El aseguramiento se enmarca en una serie de operativos similares en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En una acción previa, las mismas autoridades decomisaron 18 paquetes con mariguana en el mismo recinto, con destino a seis estados del país.

El AIT se ha posicionado como un punto de atención prioritaria para las autoridades aduaneras ante el aumento de intentos de ingreso de sustancias ilegales en presentaciones no convencionales. La estrategia de inteligencia aduanera busca anticipar estos envíos antes de que salgan del perímetro aeroportuario.

La ANAM subrayó que el resultado del operativo del 31 de julio demuestra la eficacia del análisis de riesgo aplicado al comercio exterior. Las cuatro dependencias participantes reafirmaron su coordinación interinstitucional como eje del control en los puntos de entrada al territorio nacional.

La droga asegurada no llegó a circular. El Ministerio Público Federal tiene ahora la responsabilidad de trazar el mapa completo de la operación de tráfico detrás del envío.

Autoridades federales aseguraron una tonelada con 225 kilogramos de aparente marihuana durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde también fue detenido el conductor de un camión de carga que transportaba el presunto narcótico con destino a Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de Tabasco, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las acciones de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde los agentes interceptaron un camión tipo tortón con caja de redilas cubierta con una lona, conducido por Luis Ángel “N”.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades localizaron diversas bolsas de plástico que contenían un vegetal con características similares a la marihuana. En total, el cargamento alcanzó un peso aproximado de una tonelada con 225 kilogramos.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido en el lugar y, junto con el vehículo y la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones.

El destino del cargamento era Tapachula

Las primeras investigaciones indican que el camión había iniciado su recorrido en el occidente de México y tenía como destino final la ciudad de Tapachula, Chiapas, aunque las autoridades no precisaron el estado del que partió la unidad ni la ruta completa que siguió.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias para establecer quiénes organizaron el traslado del cargamento y si existen más personas involucradas en la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué grupo criminal pertenecería la droga asegurada ni han dado a conocer el posible destino final del cargamento una vez que llegara a Chiapas.

El decomiso forma parte de las acciones que mantienen autoridades federales y estatales para combatir el tráfico de drogas en el sureste del país, una región utilizada como corredor para el traslado de estupefacientes hacia la frontera sur y otras zonas del territorio nacional.

Huimanguillo, un corredor clave hacia la frontera sur

El aseguramiento ocurrió en Huimanguillo, municipio ubicado en el límite entre Tabasco, Veracruz y Chiapas, una zona estratégica para el traslado de mercancías y cargamentos ilícitos hacia la frontera sur. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el camión había salido del occidente del país y tenía como destino Tapachula, Chiapas, ciudad considerada uno de los principales corredores logísticos hacia Centroamérica.

Análisis de Insight Crime señalan que Tapachula se ha convertido en un punto clave para las economías ilícitas debido a su ubicación fronteriza y a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, migrantes y otras actividades criminales. La organización también identifica a la ciudad como parte de la llamada Ruta del Pacífico, un corredor que conecta la frontera con Guatemala con otros municipios de Chiapas y facilita el movimiento de cargamentos hacia el resto del país

Un local comercial en la colonia Primera Sección Gertrudis Sánchez de la alcaldía Gustavo A. Madero fue cateado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguraron un total de 2 mil 474 perfumes con marcas reconocidas reproducidas sin autorización.

La mercancía fue trasladada a la Coordinación Tacubaya de la Policía Federal Ministerial, donde quedó bajo resguardo institucional mientras la fiscalía continúa la investigación.

Datos oficiales revelaron que el caso arrancó desde una querella. El apoderado legal de las empresas titulares de las marcas afectadas denunció ante la FGR que en ese inmueble se vendían productos falsos con fines de especulación comercial. La denuncia activó el procedimiento de investigación que derivó en el cateo.

La Agencia de Investigación Criminal verificó la venta de piratería antes de pedir la orden

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México ordenó a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) practicar actos de investigación en el local señalado.

Luego de los trabajos, agentes confirmaron que en el inmueble se comercializaba mercancía apócrifa, tal como indicaba la denuncia de la víctima. Con esas pruebas, el Ministerio Público solicitó ante el juez la autorización del cateo.

Durante la diligencia, los agentes hallaron diversas cajas y bolsas que contenían los más de dos mil perfumes con marcas falsificadas. Toda la mercancía fue asegurada y puesta a disposición de las instancias correspondientes para las diligencias de ley.

La FGR actúa por la vía penal: falsificación de marca es un delito federal

La vía que siguió la FGR es distinta a la de otras autoridades que también combaten la piratería en la ciudad. La fiscalía investiga la falsificación de marca como un delito federal, lo que implica orden judicial, diligencia de cateo y proceso penal contra los responsables.

Ese camino —denuncia, investigación ministerial, autorización judicial y aseguramiento— es el que establece la ley para casos en que se acredita la probable comisión de un delito. La investigación sigue abierta para determinar las responsabilidades conforme a derecho.

El IMPI ha desplegado operativos administrativos contra la piratería en la CDMX

Por una ruta distinta, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) acumula desde principios de 2026 una serie de operativos administrativos contra la mercancía apócrifa en la capital.

A diferencia de la FGR, el IMPI actúa en el ámbito de la propiedad industrial: retira vendedores, asegura mercancía y sanciona infracciones a la ley, pero sin proceso penal de por medio.

En marzo, un operativo en Tepito dejó mercancía valuada en 15 millones de pesos. En abril, el instituto decomisó más de 19 mil piezas de productos falsificados en el Centro de la ciudad —artículos deportivos, playeras y productos de patrocinadores oficiales del Mundial—, con un valor estimado de 6 millones de pesos.

El entonces director general del IMPI, Santiago Nieto, supervisó en persona varios de esos operativos. Nieto se separó del cargo el 31 de mayo de 2026 para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro en las elecciones de 2027.

Buena parte de los cateos administrativos del IMPI formaron parte de la Operación Limpieza, estrategia orientada a proteger las marcas vinculadas a la Copa del Mundo FIFA 2026, de la cual la CDMX fue sede hasta el pasado 19 de julio, cuando terminó el evento. El operativo en Tepito fue el número 21 de esa campaña y contó con la participación de la SSC y la Secretaría de Marina.

Ese mismo mes de abril, la SSC y la Secretaría de Finanzas de la CDMX aseguraron más de 79 toneladas de perfumes, cosméticos y barnices de procedencia extranjera no acreditable en una bodega y dos camionetas en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La mercancía fue trasladada a instalaciones de Finanzas en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Un operativo conjunto encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de una bodega utilizada presuntamente por una célula del Cártel de Sinaloa para almacenar armas de alto poder y municiones en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el inmueble funcionaba como un centro de acopio de armamento perteneciente al grupo criminal conocido como Los Rusos, identificado como brazo operativo de la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

El despliegue se realizó en la colonia Federal de San Luis Río Colorado, donde las fuerzas federales aseguraron uno de los mayores arsenales localizados en la región durante los últimos meses.

Decomisan de cartuchos y armas largas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que durante la inspección del inmueble fueron aseguradas 81 armas largas, además de una enorme cantidad de municiones y cargadores.

Entre el armamento localizado destacan:

• Una ametralladora Browning calibre .50.
• Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.
• Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.
• Setenta y dos fusiles tipo AK-47.
• Un fusil calibre .223.
• Cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.
• 128 cargadores de distintos calibres.
• 274 mil 800 cartuchos útiles para diversas armas de fuego.

Las autoridades señalaron que la ametralladora calibre .50 representa un armamento de gran poder destructivo, diseñado para impactar vehículos, posiciones fortificadas y objetivos ligeramente blindados.

Los Rusos operaban el centro de almacenamiento

El Gabinete de Seguridad indicó que la bodega pertenecía al grupo delictivo Los Rusos, organización que mantiene operaciones principalmente en Sonora, Baja California y Sinaloa.

Según fuentes federales, esta célula criminal trabaja para la estructura conocida como La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones también señalan que Los Rusos presuntamente son dirigidos por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, originario de Nogales, Sonora, quien ha sido detectado operando en el Valle de Mexicali, diversas zonas de Sonora y el estado de Sinaloa.

FGR inicia investigaciones tras el aseguramiento

Todo el armamento, los cargadores y la munición fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado.

La dependencia federal será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente, realizar los peritajes balísticos y determinar el origen del arsenal, así como su posible utilización en hechos delictivos registrados en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el operativo; sin embargo, indicaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución del armamento.

Gobierno federal refuerza acciones contra la delincuencia organizada

Tras el aseguramiento, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que este tipo de operaciones forman parte de la estrategia permanente para debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales que mantienen presencia en el norte del país.

En un comunicado, la institución señaló que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen su compromiso de colaborar con las autoridades ministeriales para combatir a la delincuencia organizada y fortalecer las condiciones de seguridad.

El decomiso representa un golpe importante a la capacidad logística de la organización criminal, al impedir que un importante volumen de armas de alto poder y casi 275 mil cartuchos pudieran ser utilizados en actividades ilícitas.

Un operativo en Gustavo A. Madero permitió decomisar aproximadamente 500 kilos de aparente mariguana, un día después de que la FGJ asegurara otro cargamento similar en un inmueble del Centro Histórico presuntamente ligado a una célula de La Unión Tepito.

En menos de 24 horas, autoridades de la Ciudad de México aseguraron aproximadamente una tonelada de mariguana en dos operativos realizados en distintos puntos de la capital, como parte de investigaciones contra grupos delictivos dedicados al narcomenudeo.

El decomiso más reciente ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina Armada de México (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron una orden de cateo.

El inmueble intervenido se localiza en la calle Norte 60, colonia Siete de Noviembre, donde las autoridades presuntamente detectaron actividades relacionadas con el almacenamiento de droga.

Investigación llevó a inmueble en la colonia Siete de Noviembre

De acuerdo con la información oficial, el operativo derivó de trabajos de inteligencia y una investigación relacionada con un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo en la demarcación.

Como parte de las indagatorias, agentes realizaron vigilancias fijas y móviles, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas para reunir información sobre el inmueble y las actividades que presuntamente se desarrollaban en su interior.

Una vez que los investigadores obtuvieron los datos de prueba suficientes, estos fueron presentados por un agente del Ministerio Público ante un Juez de Control, quien autorizó la técnica de investigación para intervenir el inmueble.

Con la orden judicial, las autoridades desplegaron un operativo coordinado en el que, según la SSC, se actuó sin violencia, bajo los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Durante el cateo, los agentes localizaron en una de las habitaciones bolsas de plástico de color negro y gris, en cuyo interior había un vegetal verde y seco con características similares a la mariguana a granel.

El peso aproximado del cargamento fue de 500 kilogramos.

Tras el hallazgo, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras que la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, destino y las personas que estarían relacionadas con su almacenamiento.

Ayer aseguraron otra media tonelada en el Centro

El decomiso en Gustavo A. Madero ocurrió apenas un día después de otro aseguramiento de aproximadamente media tonelada de mariguana en un departamento del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo se realizó el miércoles 22 de julio, en un inmueble ubicado en la calle República de Bolivia, donde elementos de la Policía de Investigación de la FGJ localizaron varias bolsas de plástico con la droga.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el inmueble estaría presuntamente relacionado con una célula de La Unión Tepito conocida como Los Herrera Segura.

Según estos reportes, el grupo estaría relacionado con actividades de narcomenudeo y presuntamente obligaría a comerciantes del Centro a vender droga. El inmueble habría funcionado como punto de almacenamiento y distribución.

La familia Herrera Segura también ha sido señalada en reportes periodísticos por presuntos delitos de extorsión y violencia contra comerciantes, así como por su posible relación con el asesinato de dos menores de origen mazahua.

En este contexto, autoridades capitalinas han detenido a presuntos integrantes de dicha célula. Entre ellos se encuentra Axel ‘N’, alias ‘El Nomo’, y Diney ‘N’, señalados por su presunta participación en actividades criminales.

Los dos decomisos, realizados con una diferencia de aproximadamente un día, representan el aseguramiento de alrededor de una tonelada de mariguana en la capital.

La SSC y la FGJ señalaron que continuarán con las investigaciones coordinadas con las instituciones del Gobierno de México para identificar y detener a generadores de violencia, así como retirar de las calles drogas, armas y otros objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó los resultados de la “Operación Dos de Bastos”, un amplio despliegue de seguridad que permitió desmantelar una presunta red dedicada a la operación, fabricación y distribución de máquinas tragamonedas ilegales en diversos municipios mexiquenses.

Como resultado de las acciones, las autoridades aseguraron alrededor de más de dos mil máquinas tragamonedas, decomisaron cinco millones de pesos en efectivo y confiscaron materiales con un valor estimado de 50 millones de pesos, en uno de los operativos más importantes realizados contra este tipo de actividades ilícitas en la entidad.

La estrategia comenzó el pasado 13 de julio y contempló cateos y acciones simultáneas en 56 municipios del Estado de México, con el objetivo de combatir delitos relacionados con el funcionamiento de estos aparatos de juego, considerados por las autoridades como parte de estructuras utilizadas para la obtención de recursos de origen ilícito.

Operativos se concentraron en plazas comerciales del Edomex

La FGJEM detalló que las acciones se enfocaron principalmente en seis plazas comerciales identificadas como puntos prioritarios para la operación de estas máquinas.

Los inmuebles intervenidos fueron:

• Plaza San Miguel, en Cuautitlán Izcalli.
• Plaza Arcana Norte, en Cuautitlán Izcalli.
• Plaza Centella, en Cuautitlán.
• Plaza del Lago, en Tultitlán.
• Plaza Santín, en Toluca.
• Plaza Aragón, en Ecatepec.

Durante los cateos, elementos de la Fiscalía aseguraron aproximadamente dos mil 700 máquinas tragamonedas, muchas de ellas con dinero en su interior. En total, se contabilizaron más de cinco millones de pesos en efectivo, recursos que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

La dependencia informó además que ocho de cada diez máquinas aseguradas ya fueron abiertas para realizar el conteo del dinero y recabar indicios que fortalezcan las carpetas de investigación.

Muchas de las máquinas confiscadas, tenían el logo de la Familia Michoacán (FM) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cinco personas fueron detenidas

Como parte de la “Operación Dos de Bastos”, la Fiscalía confirmó la detención de cinco personas.

De acuerdo con la información oficial:

• Tres personas fueron arrestadas por su probable participación en el delito de extorsión.
• Dos personas más fueron detenidas por el delito de resistencia durante el desarrollo de los operativos.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la operación de esta red y establecer posibles vínculos con otros grupos delictivos.

Investigan delitos de alto impacto

La Fiscalía mexiquense señaló que las investigaciones derivadas de este operativo están relacionadas con diversos delitos, entre ellos:

• Receptación.
• Apología del delito.
• Extorsión.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades indicaron que las máquinas tragamonedas ilegales representan una fuente de ingresos utilizada por organizaciones criminales, además de generar ganancias fuera del marco legal y sin los permisos correspondientes.

Uno de los principales resultados de la operación fue el aseguramiento de la fábrica Lucky, ubicada en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la FGJEM, este inmueble era presuntamente utilizado para la fabricación y distribución de máquinas tragamonedas ilegales, las cuales posteriormente eran instaladas en establecimientos comerciales de distintos municipios del Estado de México.

El aseguramiento del inmueble permitirá ampliar las investigaciones para identificar a los responsables de la producción y comercialización de estos equipos, así como rastrear la red de distribución que operaba en territorio mexiquense.

Material asegurado tendría un valor de 50 millones de pesos

Además del efectivo localizado en las máquinas tragamonedas, las autoridades aseguraron dos mil 579 bolsas con diversos materiales, cuyo peso total asciende a cinco mil 392 toneladas, con un valor estimado cercano a 50 millones de pesos, según informó la Fiscalía.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las diligencias periciales que buscan fortalecer las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Con la “Operación Dos de Bastos”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca debilitar las estructuras financieras relacionadas con la explotación de máquinas tragamonedas ilegales, así como combatir delitos como la extorsión y las operaciones con recursos de procedencia ilícita que presuntamente derivan de este tipo de actividades en diversos municipios de la entidad.

Martha Reyes Zazueta, propietaria de la empresa y presidenta de Coparmex Sinaloa, salió a dar la cara horas después del anuncio del decomiso.

Afirmó que la responsabilidad de la compañía termina en el momento en que la mercancía sale de sus instalaciones y que ni el personal ni los vehículos de Forrajes El Barrio están vinculados al traslado.

“Nosotros realmente no podemos hacernos responsables de nuestros productos cuando salen de la fábrica para afuera”, dijo Reyes Zazueta al medio El Sol de Sinaloa. “Ni es nuestro personal de Forrajes del Barrio, ni son los vehículos de Forrajes”.

Forrajes El Barrio apunta a una alianza camionera y a sus propios clientes

Según la empresaria, el esquema de distribución funciona así: los clientes llegan a las instalaciones, compran el producto y contratan por su cuenta el servicio de una alianza camionera. Esa alianza es la que recoge la mercancía y la traslada. Forrajes El Barrio, dijo, entrega carta porte, factura y pedimentos legales en cada operación.

La empresaria también señaló que los costales en los que venía escondida la droga no corresponden a los de su empresa. “Las drogas que traía no vienen con nuestro logo. Los sacos que traían la droga venían en blanco”, afirmó.

Agregó que la fotografía difundida por las autoridades muestra el interior del tractocamión, donde el alimento de Forrajes El Barrio sí estaba presente, pero que los recipientes con metanfetamina venían en costales sin identificación.

Reyes Zazueta también ofreció una comparación para explicar su postura: “Es como cuando ocurre una balacera en un restaurante; el establecimiento no tiene la culpa de quién llegó al lugar”. Agregó que si el aseguramiento hubiera ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa, la situación sería distinta.

Señaló además que los responsables probablemente eligieron costales de alimento para ganado por tratarse de un producto de amplia distribución, lo que facilitaría ocultar la droga durante el traslado.

Para respaldar su versión, Reyes Zazueta ofreció poner a disposición de las autoridades las grabaciones de entrada, carga y salida de cada unidad en sus bodegas. “Tenemos todo eso disponible para aclarar las cosas”, dijo.

El decomiso: 60 costales, 3,025 kilos y un conductor detenido

El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 91+000 de la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco. Elementos de la SSPC y la FGR marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca porque circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 60 costales con recipientes de plástico que contenían una sustancia con características de metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado. El peso total del cargamento fue de aproximadamente 3,025 kilogramos de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

El operador, un hombre de 49 años, fue detenido en el lugar. Le fueron leídos sus derechos constitucionales y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada. La FGR integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica del detenido, además de establecer la procedencia del cargamento.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el decomiso fue resultado de labores coordinadas de inteligencia entre su dependencia y la FGR.

Reyes Zazueta, quien se ha posicionado públicamente como una voz crítica del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, anticipó que habrá intentos de vincularla al caso por esa razón. “Yo he sido una voz muy fuerte de exigencia hacia la corrupción que se vive en el gobierno. Yo estoy tranquila porque espero que el mismo gobierno, la misma seguridad pública, cumpla con su deber y haga las investigaciones pertinentes”, dijo al medio antes citado.

Catorce armas de fuego, una granada, siete cascos y cinco chalecos balísticos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales tras un operativo en Santiago Pinotepa Nacional, en la Costa Chica de Oaxaca, que derivó en la desarticulación de una célula criminal que las autoridades señalaron como generadora de violencia en esa región del estado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó los resultados de la operación este 15 de julio, detallando que el arsenal asegurado incluyó seis fusiles AK-47, tres AR-15, un fusil M4 y una ametralladora tipo Minimi, además de tres armas cortas calibre 9 milímetros, cargadores y cartuchos de distintos calibres.

En total fueron detenidos cinco hombres, originarios de dos estados de la república.

La Fiscalía calificó el decomiso como uno de los más grandes en la historia de Oaxaca. Según el reporte oficial, el operativo fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Vial Estatal. Las acciones combinaron trabajo de inteligencia con reacción táctica en campo.

La FGEO precisó que las detenciones se realizaron en flagrancia y que en todo momento se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

Los cinco arrestados fueron identificados por sus iniciales:

• J. M. C. C., originario de San José Manialtepec
• A. S. L., de Acapulco, Guerrero
• D. M. C., alias “Muletas”, originario de Cacahuatepec
• K. S. R., también originario de Cacahuatepec
• D. A. M., alias “Teletubi”

Todos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Dos de los detenidos provenían de Cacahuatepec, municipio de Guerrero colindante con la Costa Chica oaxaqueña, lo que apuntó a que la célula desmantelada posiblemente tenía operaciones en ambos estados.

Equipo táctico de uso militar entre lo asegurado en el operativo

Junto al armamento, el operativo permitió decomisar equipo de uso táctico: siete cascos balísticos, cinco chalecos con 10 placas de protección, dos fornituras e insignias, y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados para reventar llantas de vehículos y obstaculizar desplazamientos.

El decomiso del equipo táctico, sumado al arsenal de fuego, apuntó a mermar la capacidad operativa del grupo en la zona. La FGEO señaló que el armamento, el equipo y los detenidos fueron puestos a disposición de las instancias competentes -la FGR- para continuar con las investigaciones.

La ametralladora Minimi decomisada en las acciones es un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, diseñada originalmente por la empresa belga FN Herstal y producida bajo licencia por otras empresas. Dispara ráfagas del calibre 5.56 x 45 mm y puede alcanzar una cadencia de hasta mil disparos por minuto. Su hallazgo en manos de una célula criminal en la Costa Chica evidenció el nivel de armamento al que accedían estos grupos en la región.

Otros golpes recientes al crimen en Oaxaca: la FGEO desarticuló una banda de secuestradores a finales de junio

El operativo en la Costa Chica no fue el único golpe de la FGEO contra el crimen organizado en Oaxaca en las últimas semanas. El pasado 29 de junio, la Fiscalía anunció la detención de cinco personas y la desarticulación de una célula dedicada al secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec, en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El caso se originó el 19 de junio, cuando dos hombres que viajaban en un mototaxi sobre la carretera Laollaga-Chihuitán fueron interceptados a la altura de Santiago Laollaga, subidos a la fuerza a una camioneta y trasladados a una casa de seguridad en Ciudad Ixtepec. Sus captores exigieron un pago por su liberación y una cuota mensual por “derecho de piso”.

Tras labores de inteligencia y el despliegue interinstitucional, las autoridades localizaron a los probables responsables, identificados por sus iniciales como E. G. O., A. R. M., S. D. M. G., F. J. Z. G. y L. U. J. D. Las dos víctimas fueron liberadas con vida y canalizadas para recibir valoración médica y psicológica.

Ni la FGEO ni las demás instituciones participantes en los operativos revelaron vínculos de las células desarticuladas con algún cártel en particular. Las autoridades se limitaron a señalar a los grupos como generadores de violencia y delitos de alto impacto en sus respectivas regiones.

Una pareja fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser encontrada en posesión de un lanzacohetes antitanque, un arsenal y aproximadamente mil pastillas de fentanilo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio.

De acuerdo con la dependencia, la intervención ocurrió la tarde del 12 de julio en la colonia Parajes del Sol, luego de que las autoridades identificaran un Toyota Corolla presuntamente relacionado con un homicidio doloso.

Con apoyo de drones y del sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, agentes estatales dieron seguimiento al automóvil hasta que se detuvo junto a una camioneta Ford Escape, donde se llevó a cabo la inspección.

Durante la revisión de ambos vehículos, policías localizaron a simple vista el armamento, por lo que detuvieron a Jonathan G. R. y Maritza P. G.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, una pistola, un lanzacohetes antitanque, cargadores y 580 cartuchos útiles.

Además, los agentes decomisaron alrededor de mil pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de 100 gramos, según el reporte oficial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal junto con las armas, la droga y los vehículos asegurados, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el homicidio que originó el operativo y establecer si mantienen vínculos con algún grupo delictivo.

La detención fue realizada por elementos de la SSPE con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de un operativo conjunto en Ciudad Juárez.

El aseguramiento ocurre tras una serie de cateos y decomisos de alto impacto en Ciudad Juárez

El aseguramiento del lanzacohetes antitanque se produce en medio de una serie de operativos contra grupos delictivos en Ciudad Juárez, donde durante las últimas semanas las autoridades han intensificado las investigaciones por homicidios y otros delitos de alto impacto.

El caso más relevante ocurrió el pasado 10 de junio, cuando más de 600 elementos de corporaciones estatales y federales ejecutaron 21 cateos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. El despliegue dejó 15 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación y un dron, como parte de una investigación relacionada con homicidios y privaciones de la libertad.

En ese contexto, el decomiso de un lanzacohetes antitanque representa uno de los hallazgos más inusuales registrados recientemente en la frontera norte. Este tipo de armamento está diseñado para destruir vehículos blindados, fortificaciones o posiciones protegidas y es considerado de uso militar. Su presencia en manos de presuntos integrantes del crimen organizado es poco frecuente y suele asociarse con organizaciones que buscan incrementar su capacidad de fuego frente a corporaciones de seguridad o grupos rivales.

Aunque en Chihuahua son relativamente comunes los aseguramientos de fusiles de asalto, cartuchos y equipo táctico, los lanzacohetes antitanque figuran entre las armas de mayor poder que han sido decomisadas en operativos contra células criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres señalados por su probable responsabilidad en el transporte de casi una tonelada de clorhidrato de metanfetamina, conocido como cristal, luego de ser detenidos durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Tecate, Baja California.

Los imputados fueron identificados como David “N”, Manuel “N”, Aldo “N” y Erick “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos.

De acuerdo con la información difundida por la FGR, el aseguramiento ocurrió durante patrullajes de vigilancia realizados por personal militar en calles de Tecate, donde detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario, una infracción al reglamento de tránsito que motivó la intervención de los elementos castrenses.

Una infracción de tránsito derivó en el hallazgo del cargamento

Tras marcar el alto al conductor, los militares realizaron una inspección preventiva al vehículo y localizaron diversos paquetes tanto en la batea como en el interior de la camioneta.

En total fueron aseguradas 31 cajas y nueve mochilas que contenían una sustancia con las características propias del clorhidrato de metanfetamina.

Después del pesaje correspondiente, las autoridades determinaron que el cargamento ascendía a 969.75 kilogramos de cristal, una de las drogas sintéticas de mayor producción y tráfico por parte de organizaciones criminales en México.

Los cuatro ocupantes de la unidad fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada y el vehículo utilizado para su transporte.

FGR obtuvo la vinculación a proceso

La dependencia informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), integró la carpeta de investigación y presentó ante un juez de control los datos de prueba recabados durante las primeras diligencias.

Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los señalados permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal.

Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta con nuevas diligencias, peritajes y otros elementos probatorios.

Continúan las investigaciones

El aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes de metanfetamina registrados recientemente en Baja California, entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su cercanía con la frontera entre México y Estados Unidos.

Aunque la FGR no dio a conocer el destino que tendría el cargamento ni informó si los detenidos están relacionados con alguna organización criminal en particular, las investigaciones continuarán durante los próximos meses para determinar el origen de la droga, la ruta de traslado y la posible participación de otras personas en la operación.

Mientras tanto, los cuatro imputados permanecerán sujetos al proceso penal conforme avancen las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un conductor que transportaba más de 7 mil cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego, ocultos entre la carga de un tractocamión en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer el operativo este 10 de julio a través de un comunicado conjunto.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de inspección y vigilancia en la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez. Los agentes marcaron el alto al conductor para una revisión preventiva de rutina.

Al inspeccionar la carga, encontraron las municiones y la mira telescópica distribuidas en diversas cajas, camufladas entre el resto del embarque. El conductor fue detenido en el lugar y se le informaron sus derechos constitucionales.

AIC y SSPC localizaron 7 mil 425 cartuchos ocultos en diversas cajas

La revisión del vehículo arrojó un total de 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego. Las municiones estaban repartidas en distintas cajas mezcladas con la carga regular del tractocamión, lo que dificultaba su detección en una inspección superficial.

La carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez es una de las vías de acceso terrestres a la frontera con Texas, corredor de alto tráfico de carga comercial y zona de atención prioritaria para las autoridades federales en materia de seguridad.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica. Las autoridades no revelaron el nombre del detenido ni fueron proporcionados datos sobre el origen o destino declarado de la carga.

El tractocamión portaba el logotipo de Castores, aunque las autoridades no lo mencionaron

Las fotografías oficiales difundidas por el Gabinete de Seguridad muestran el momento en que agentes federales dialogaban con el conductor en la cabina del tractocamión. En la puerta del vehículo se aprecia con claridad el logotipo de Castores, empresa de transporte de carga y paquetería con cobertura nacional.

Las autoridades no mencionaron el nombre de la empresa en su comunicado oficial. Hasta el momento no se sabe si el tractocamión era un vehículo oficial de la compañía, si operaba bajo algún esquema de subcontratación o si el rotulado correspondía a una suplantación de la marca.

La incógnita cobra relevancia porque Grupo Castores comercializa sus unidades usadas al público general, incluyendo tractocamiones y remolques seminuevos, a través de un programa de venta con financiamiento disponible en distintas zonas del país.

Gabinete de Seguridad intensifica operativos en carreteras federales

El aseguramiento forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reforzar la vigilancia en las vías de comunicación del país e impedir el traslado de armamento e ilícitos. La SSPC y la FGR señalaron que los recorridos de inspección en carreteras federales se realizan de forma permanente.

Ciudad Juárez concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico de carga en la frontera norte de México, lo que la convierte en un punto de atención constante para las instituciones del Gabinete de Seguridad. El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal, que definirá los cargos y la situación jurídica del detenido.

El corredor Ahumada–Ciudad Juárez ya había registrado un decomiso de droga en mayo

El tramo carretero donde ocurrió el aseguramiento ya había sido escenario de un operativo similar. En mayo de 2026, elementos de la FGR detuvieron en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el mismo corredor Ahumada–Ciudad Juárez, un autobús de la línea Chihuahuenses que transportaba más de 20 mil pastillas de fentanilo, 40 kilogramos de la misma droga en paquetes y 14 kilogramos de cristal, ocultos en el camarote del conductor.

Aquel operativo representó el tercer aseguramiento de unidades de la misma empresa en ese punto carretero, lo que llevó a las autoridades federales a investigar posibles vínculos entre operadores y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera norte.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron un operativo que culminó con el decomiso de armamento, explosivos y vestimenta con características similares a la utilizada por personal militar, en un taller de buses ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La acción fue desarrollada en un establecimiento localizado en el barrio La Puerta, detrás de la Gran Terminal de Buses, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por unidades tácticas de la Fuerza Naval de Honduras junto con agentes de la ATIC.

De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, la operación respondió a una investigación que permitió identificar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de una caja tipo encomienda, la cual fue inspeccionada por las autoridades durante el despliegue.

Al revisar el paquete, los equipos de seguridad encontraron dos fusiles AR-15, dos granadas de fragmentación, cinco uniformes con características similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas y dos cargadores para fusil sin munición, evidencia que fue asegurada de inmediato como parte del procedimiento.

Las autoridades señalaron que el hallazgo representa un importante resultado dentro de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de armas y prevenir que este tipo de material llegue a manos de estructuras criminales que operan en el país.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Base Naval de Puerto Cortés y del Escuadrón Canino Naval, unidades que participaron en las labores de localización, inspección y aseguramiento de la evidencia. Posteriormente, el material decomisado fue embalado siguiendo los protocolos establecidos para preservar la cadena de custodia.

Según las Fuerzas Armadas, todas las evidencias fueron remitidas a las instancias competentes para que se desarrollen los análisis forenses y las investigaciones correspondientes, con el propósito de determinar el origen del armamento, el destino del envío y la posible vinculación con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Las diligencias también buscan identificar a las personas involucradas en el envío, recepción y eventual utilización del arsenal incautado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del proceso.

El portavoz militar explicó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal, así como al intercambio de información de inteligencia que permitió detectar movimientos irregulares y actuar de manera oportuna.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad ciudadana, limitar el flujo de armamento ilegal y apoyar las investigaciones dirigidas a desarticular redes vinculadas con delitos de alto impacto.

Asimismo, destacaron que la cooperación entre los cuerpos de seguridad continuará reforzándose mediante operaciones de vigilancia, patrullajes e intervenciones focalizadas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas consideradas estratégicas para el tránsito de armas y otros ilícitos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con información que contribuya a identificar actividades sospechosas relacionadas con el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de armamento, recordando que las denuncias ciudadanas representan una herramienta importante para prevenir hechos delictivos.

Mientras avanzan las investigaciones, el arsenal decomisado permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que determinarán mediante peritajes especializados si las armas y explosivos han sido utilizados anteriormente en la comisión de otros delitos dentro del país.

La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima del puerto de Lázaro Cárdenas, aseguró más de una tonelada de cocaína a bordo de un buque mercante en el puerto michoacano, con un valor estimado de 259 millones de pesos.

Según las autoridades, la droga asegurada habría generado millones de dosis en el mercado ilícito de no haberse interceptado el cargamento.

El operativo representó una afectación económica significativa para la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos involucrados en el trasiego de la droga. La acción fue resultado de la coordinación interinstitucional entre autoridades marítimas y aduaneras que operan de forma permanente en el recinto portuario.

Binomios caninos identificaron 20 bultos con droga tras análisis de riesgo portuario

Según un comunicado conjunto compartido este 7 de julio, las labores de inspección se activaron a partir de las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias.

Con base en esos trabajos, personal de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), realizó la revisión física de los contenedores a bordo de la embarcación.

El apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos fue determinante para localizar e identificar la sustancia. Los perros detectaron 20 bultos distribuidos en el interior del buque mercante, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos de una sustancia similar a la cocaína.

Una vez asegurados, la droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dio inicio a la integración de la carpeta de investigación del caso.

El aseguramiento evitó que más de 2 millones de dosis llegaran a las calles

De acuerdo con las autoridades, el ilícito asegurado habría generado más de 2 millones de dosis en el mercado, con un valor comercial superior a los 259 millones de pesos mexicanos. Su decomiso impidió que ese volumen de narcótico se distribuyera entre la población.

El Gabinete de Seguridad presentó el resultado como evidencia de la efectividad de los mecanismos de seguridad desplegados en los puertos nacionales.

Marina, FGR, SSPC y autoridades aduaneras mantienen operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.

Lázaro Cárdenas y el Pacífico: escenarios de los golpes más recientes de la Marina al narco

El operativo revelado este 7 de julio no fue es primero en el puerto michoacano. El 19 de junio las autoridades anunciaron que elementos de la UNAPROP adscritos a la Décima Sexta Zona Naval detectaron 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en cinco bultos dentro de un contenedor a bordo de un buque mercante en el mismo puerto. Un binomio canino marcó irregularidades en una carga comercial y derivó en la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos. El decomiso generó una afectación de 29 millones 711 mil pesos al crimen organizado.

En otros hechos, el 1 de julio la Marina decomisó 1.2 toneladas de cocaína y detuvo a ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas.

Tres días después, personal naval interceptó desde un helicóptero embarcado dos embarcaciones menores en aguas del Océano Pacífico frente a Oaxaca y aseguró 2 mil 990 kilogramos distribuidos en 86 bultos, con una afectación estimada de 652 millones 941 mil pesos para la delincuencia organizada.

Con los aseguramientos acumulados, Marina suma más de 77 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 60 mil cajetillas de cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tras un intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La mercancía, procedente de Bangkok, Tailandia, ingresó declarada como “data cable”, según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según los datos oficiales, el hallazgo se produjo al implementar una medida de control sobre una guía aérea con una declaración falsa. Personal especializado de la aduana del AIFA localizó 75 cajas de cartón con un peso aproximado de mil 571 kilogramos.

Tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la queja, por lo que se inició un procedimiento legal en materia de propiedad intelectual.

La ANAM señaló que la cooperación con el CBP se realizó en tiempo real, lo que permitió activar los mecanismos de control antes de que la mercancía circulara. La institución destacó que el intercambio de inteligencia entre ambas aduanas se enmarca en acciones de gestión de riesgo orientadas a combatir el comercio ilícito y salvaguardar la seguridad nacional.

Un día antes, ANAM y Defensa informaron el decomiso de 84 mil cigarros

El 3 de julio, la ANAM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), revelaron el decomiso de un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos procedente de Bélgica.

La detección fue posible mediante revisión documental y operativa, apoyada en perfiles de riesgo y herramientas de análisis estratégico que permitieron identificar inconsistencias y canalizar la operación para una inspección especializada.

A diferencia del aseguramiento de este 4 de julio, en el caso del cargamento belga no se reportó una declaración falsa de la mercancía. Las inconsistencias fueron detectadas a través de procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico y mecanismos de vigilancia aduanera.

Tampoco se informó la participación de una agencia extranjera en el proceso de detección.

La Defensa y la ANAM señalaron que el operativo del 3 de julio forma parte de acciones permanentes de inteligencia aduanera orientadas a reforzar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad aplicable en materia de comercio exterior.

ANAM y Marina interceptaron 1.2 millones de cigarros en el AICM el mes pasado

En hechos anteriores, el 10 de junio la ANAM, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), interceptó 1 millón 200 mil cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedentes de Taiwán y declarados como “mercancía diversa” en la documentación de transporte.

El embarque consistía en 100 cajas con un peso bruto de mil 976 kilogramos, distribuidos en 6 mil paquetes tipo flip top equivalentes a 60 mil cajetillas. Tras el hallazgo, las autoridades implementaron medidas de control y realizaron verificaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada.

La ANAM precisó que, desde septiembre de 2025, la aduana del AICM acumula aseguramientos por más de 156 mil 643 kilogramos de cigarros ilícitos. La institución señaló que el resultado se obtuvo a partir de acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo y revisión física en esa aduana.

Personal de la Secretaría de Marina (Marina), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguró 2 mil 990 kilogramos de cocaína en aguas del Océano Pacífico, cercanas al estado de Oaxaca.

La dependencia informó el operativo este 4 de julio de 2026 a través de un comunicado conjuntivo.

Según los datos oficiales, el decomiso evitó la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis de droga y generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil pesos para la delincuencia organizada.

Con este aseguramiento, la Marina acumuló casi 77 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes del operativo fueron difundidas a través de los canales oficiales del Gabinete de Seguridad, instancia que agrupa a las instituciones encargadas de diseñar, ejecutar y coordinar las acciones en materia de seguridad del país. Posteriormente, la Marina compartió otras fotografías junto con un mensaje en el que destacó el profesionalismo del personal naval: “En alta mar no existe margen para el error”.

Un helicóptero embarcado fue la pieza central de la intercepción en alta mar

Según los datos oficiales tras el decomiso, todo comenzó durante un vuelo de patrullaje marítimo en el que personal naval avistó dos embarcaciones menores en el Pacífico.

La detección desde el aire derivó en el desplazamiento de una patrulla oceánica hacia la zona.

Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los navales hallaron 86 bultos con cocaína, además de 20 bidones con un total de mil litros de presunta gasolina preparada y ocho bidones vacíos, material que habría servido para extender el alcance de las embarcaciones en alta mar.

Las dos embarcaciones menores también fueron aseguradas como parte del operativo. La Marina no precisó la nacionalidad de los cuatro detenidos ni proporcionó detalles sobre la organización criminal a la que habrían pertenecido.

El peso ministerial de la droga lo definirán las autoridades competentes tras el arribo a puerto

El comunicado conjunto reveló que las cuatro personas detenidas fueron informadas de sus derechos. Su situación legal quedará en manos del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribe a puerto, quien también integrará las carpetas de investigación.

La Marina reveló que las acciones fueron realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución encabezada por Omar García Harfuch, y con la Fiscalía General de la República, de la cual es titular Ernestina Godoy.

El peso ministerial de la cocaína aún no estaba determinado al momento del comunicado. Una vez confirmado, la cifra se sumará a las estadísticas oficiales de aseguramientos de la Marina, que en la presente administración acumulan ya casi 77 toneladas de la misma sustancia en mares mexicanos.

Chiapas y Michoacán, los otros golpes de la Marina al narcotráfico

Días antes del aseguramiento en Oaxaca, la Marina ya había registrado dos decomisos en distintos puntos del país.

El 1 de julio, la institución informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones independientes frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. La droga estaba distribuida en 42 bultos con mil 244 paquetes y el decomiso generó una afectación estimada en 263 millones de pesos para las organizaciones delictivas.

Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un binomio canino detectó los cinco bultos con 139 ladrillos de la sustancia. Cinco ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El decomiso representó una afectación de 29 millones 711 mil pesos para las redes del narcotráfico.

El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aguarda una definición clave de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la ejecución del decomiso de bienes por un monto de $685.000 millones, cantidad que el máximo tribunal del país dejó firme esta semana. Esta medida alcanza a la ex presidenta, a Lázaro Báez y a otros condenados en el expediente, en carácter solidario, y pone en disputa 19 propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

A mediados de mayo pasado, el tribunal solicitó a la Corte que precise si alguna de las propiedades sujetas a decomiso será destinada para su uso, para el del Consejo de la Magistratura o puede avanzarse con su remate. En el sexto piso de Comodoro Py 2002 aguardan respuesta. Además, el máximo tribunal del país tiene que decidir si habilita o no quejas directas que presentaron tanto la defensa de CFK como Báez y los demás condenados en el último intento por frenar el decomiso de 111 propiedades ya confirmado en tanto que una nueva tanda que pidió el fiscal Diego Luciani podría sumarse y está a estudio del TOF2.

El actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión de la expresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, detalló en la consulta a la Corte que parte de los inmuebles podría ser asignado a la justicia federal o destinarse a uso con fines sociales en Santa Cruz -provincia epicentro de los delitos que se juzgaron en la causa- o bien salir a remate público.

En el caso de Cristina Kirchner en lo inmediato están en juego 19 bienes a nombre de sus hijos Máximo y Florencia: 10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la validez del decomiso en abril de este año. El tribunal sostuvo que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. En el fallo, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad de la medida no es castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado los bienes vinculados a hechos de corrupción ya juzgados. Contra esta decisión está pendiente de resolución una queja directa ante la Corte.

El primer listado de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani y comprende 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos, todas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. También existe una segunda tanda vinculada a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que están bajo análisis judicial. Entre ellas figura el inmueble de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, residencia tradicional de la familia Kirchner.

En el expediente judicial se investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según consta en la causa, esas obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectó y aseguró un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de las acciones de vigilancia y combate al contrabando en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con un comunicado oficial, la mercancía provenía de Bélgica y fue identificada durante los procesos de revisión documental y operativa que realiza personal especializado en la terminal aérea.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible gracias al uso de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

Inconsistencias en la documentación

La ANAM explicó que durante la inspección se detectaron inconsistencias en la documentación relacionada con el cargamento, lo que permitió canalizar la operación hacia una revisión especializada. Tras la verificación física y administrativa de la mercancía, se determinó el aseguramiento de los cigarrillos por tratarse de productos presuntamente apócrifos.

El organismo federal destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para fortalecer los controles aduaneros en el país y evitar el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad mexicana.

Asimismo, subrayó que las acciones coordinadas con las fuerzas armadas permiten reforzar la seguridad en puntos estratégicos de comercio exterior, particularmente en el AIFA, considerado uno de los principales centros logísticos y de carga aérea del país.

“La detección fue posible gracias a los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera”, indicó la ANAM en el comunicado.

Mercancías apócrifas sin cumplir controles sanitarios y regulatorios

La dependencia también enfatizó que estas acciones contribuyen a fortalecer las capacidades institucionales para supervisar las operaciones de comercio exterior, mejorar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías ilegales o irregulares que representen riesgos para la economía formal y la salud pública.

El decomiso de cigarrillos presuntamente falsificados ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco, una actividad que genera pérdidas millonarias por evasión fiscal y afecta a las empresas legalmente establecidas. Además, las autoridades han advertido que este tipo de mercancías puede ingresar al mercado sin cumplir controles sanitarios y regulatorios.

Hasta el momento, la ANAM no informó si derivado de este aseguramiento hubo personas detenidas o si se inició alguna carpeta de investigación por delitos relacionados con contrabando, falsificación o violaciones a la Ley Aduanera. Sin embargo, el cargamento quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con las indagatorias correspondientes.

La Aduana del AIFA ha incrementado en los últimos meses las revisiones y operativos de vigilancia debido al crecimiento de operaciones comerciales y de carga internacional en la terminal aérea. Las autoridades federales consideran que el fortalecimiento de la supervisión aduanera es clave para detectar mercancías ilegales, armas, drogas, productos falsificados y operaciones de comercio irregular.

Con este aseguramiento, la ANAM reiteró su compromiso de mantener acciones coordinadas con distintas instituciones de seguridad y defensa para proteger la economía nacional y garantizar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos legales establecidos.

El caso de los 84 mil cigarrillos asegurados en el AIFA se suma a otros operativos recientes realizados en distintas aduanas del país, donde las autoridades han detectado mercancía apócrifa y productos de procedencia irregular, principalmente provenientes de mercados internacionales.

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el sistema de cálculo del decomiso por la condena de Vialidad, el fiscal Diego Luciani trabaja con su equipo en la actualización de la cifra según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. De acuerdo a sus estimaciones, el monto del recupero de activos alcanzaría a $898.000 millones.

En el Ministerio Público consideran que el último cómputo realizado en julio de 2025 dio como resultado $685.000 millones, a los que deberían sumarse la inflación interanual de más de treinta por ciento.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que la cifra adquiere efecto inmediato ante la resolución del máximo tribunal que ratificó también el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes de los condenados.

El cálculo del decomiso

El perjuicio por los hechos condenados en la causa Vialidad fue estimado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en $84.835 millones, una cifra que al ser actualizada en mayo del año pasado, en base al IPC del INDEC, alcanzó los $685.000 millones.

En tanto, la fiscalía recalculó que debería hoy incrementarse $212.861.206.992, lo que elevaría el monto hasta unos $898.000 millones.

La valoración final del decomiso se conocerá en el momento en que se ejecute la pena, según el cómputo que realicen los organismos técnicos con los que cuenta la justicia.

La restitución del dinero de la corrupción no solo recae sobre la ex presidenta, sino que el fallo estableció que la suma deberá ser afrontada en forma solidaria por todos los condenados, sin precisar qué proporción le corresponde a cada uno.

Para llegar a esta cifra, la sentencia tomó en cuenta la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez, y el sobreprecio en la licitación de las obras, que la Justicia estimó en un promedio del veinte por ciento.

Los bienes

Hasta el momento, el TOF 2 aprobó una lista de 111 inmuebles que figuran a nombre de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, que incluye diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. También se habilitaron diecinueve propiedades que figuran a nombre de sus hijos.

En este aspecto, la ex mandataria presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades atribuidas a Máximo y Florencia Kirchner.

Por otro lado, Luciani le pidió al tribunal que evalúe un segundo conjunto de propiedades que todavía espera resolución, entre los que figuran locaciones ligadas a Los Sauces y Hotesur, entre ellas el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario.

Mientras tanto, continúan con la tarea de identificar nuevas propiedades para sumar al proceso. En este expediente se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge de la causa, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez.

Autoridades estadounidenses desarticularon una red de tráfico de armas en Carolina del Norte mediante una operación encubierta que resultó en la confiscación de 140 armas de fuego que traficantes pretendían enviar a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50, los de mayor alcance y poder de penetración que circulan entre grupos de la delincuencia organizada en el país.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió los trabajos en redes sociales junto con fotografías del arsenal asegurado, que incluyó fusiles tipo AR-15, pistolas Glock, escopetas y municiones.

Johnson atribuyó el operativo a la coordinación basada en inteligencia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU (ATF) reveló posteriormente en un comunicado de prensa que las armas están vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Además, hay una discrepancia entre las cifras: el embajador Ronald Johnson señaló que se confiscaron 138 armas, mientras que la ATF reportó 140.

Las piezas están siendo examinadas por la Red Nacional Integrada de Información Balística para identificar posibles vínculos con delitos cometidos en la zona. Las autoridades creen que varias fueron robadas. La investigación permanece abierta.

Johnson: “Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes”

El diplomático señaló que operaciones como esta reflejan el compromiso del gobierno de Trump para frenar el flujo ilegal de armamento hacia México.

Sus palabras fueron: “Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones“.

Los rifles Barrett calibre .50 tienen antecedentes directos en ataques de alto perfil en México. Uno de esos fusiles fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el atentado de 2020 contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Además, en el caso de Sinaloa, han sido decomisados diversos rifles de ese tipo.

En otro caso concreto, el pasado 17 de octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo —agresión del Cártel de Sinaloa a fuerzas de seguridad para rescatar a Ovidio Guzmán López de ser detenido— Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El Perris”, fue captado en video disparando un arma calibre .50 contra soldados desde el suelo.

Figueroa Benítez formaba parte de Los Ninis, el brazo armado encargado de la seguridad personal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue abatido por fuerzas federales en mayo de 2025.

BIG, el mecanismo bilateral que pone el tráfico de armas en el centro de la agenda de seguridad

El operativo en Carolina del Norte se enmarca en la agenda del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), creado en junio de 2026 tras una reunión entre el embajador Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco.

El mecanismo reúne a 15 agencias del gobierno de Trump con sus contrapartes mexicanas y tiene entre sus frentes el flujo de armas de fuego ilegales hacia México.

Desde antes de la creación del BIG, las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, según el comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”, difundido por la embajada de Estados Unidos en México.

El BIG también contempla el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal, la persecución de redes de financiamiento ilícito y robo de combustible, y el uso de tecnologías avanzadas para enfrentar amenazas emergentes.

Las autoridades afirmaron tras el anuncio de la creación que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos coordinados y sostenidos, con pleno respeto a la soberanía de cada país y en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar de ambos pueblos.

Sheinbaum había señalado que EEUU “tiene que hacer su parte”

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en febrero pasado que el combate al tráfico de armas es una responsabilidad compartida.

“Si ellos no quieren -que estamos ayudando- a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen entrar armas de Estados Unidos a México”, señaló la mandataria.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había documentado el problema días antes: el 80% de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, entre ellas ametralladoras, fusiles, armas Barrett y cartuchos de alto poder. Una de cada cinco armas incautadas en el país corresponde a Sinaloa.

La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados: el monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, una decisión que refuerza el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes.

La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes. El Tribunal Oral federal 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país.

La resolución también rechazó de manera directa los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las actividades patrimoniales vinculadas al decomiso. El tribunal, además, resolvió en el mismo sentido el recurso presentado por Lázaro Báez, también condenado con sentencia firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Firmaron la decisión los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta forma fue rechazado el último recurso presentado por la ex presidenta sobre este punto de la ejecución.

La actualización

El monto original del decomiso había sido actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y esa cifra es la que ahora quedó firme.

Por ese decomiso deben responder solidariamente todos los condenados. Entre ellos, quienes conservan bienes de magnitud son Cristina Kirchner, ya que los activos de Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que recibió por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

En la causa se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge del expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez, por miles de millones de pesos.

La condena incluyó a ex funcionarios

El año pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), integrado en el momento de la sentencia por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López a seis años de prisión. También quedaron condenados Juan Carlos Villafañe a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich a tres años y seis meses.

Todos fueron hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la adjudicación de contratos de obra pública vial en la provincia. Por esta causa judicial, la ex presidenta cumple desde hace un año la condena bajo el régimen de arresto domiciliario.

Casación también había confirmado la decisión del tribunal de ejecución que fijó el decomiso y su actualización. Con la resolución ahora adoptada por la Corte, quedaron firmes tanto esa cifra como los rechazos a los planteos contra las medidas de ejecución patrimonial.

Qué había dicho la Cámara

En octubre, Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmaron la competencia del TOF 2 para llevar adelante la ejecución patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El eje del conflicto giró en torno a la naturaleza y alcance del decomiso ordenado en la sentencia condenatoria, así como a la competencia del tribunal para ejecutarlo. Las defensas de Fernández de Kirchner y Báez sostuvieron que la medida excedía el marco penal y debía tramitarse en el fuero civil, o bien ser absorbida por la unificación de condenas dictada por el TOF 4.

La defensa de Cristina Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, había planteado que la acusación fiscal buscaba “sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad”.

Además, denunció la existencia de “litispendencia”, es decir, la tramitación paralela de causas con pretensiones patrimoniales superpuestas, lo que, según su criterio, vulnera la prohibición de doble persecución. La defensa también objetó el marco temporal fijado para el decomiso, que abarca el período 2003-2015, y sostuvo que respecto de Fernández de Kirchner solo debía considerarse desde 2009, fecha en la que fue condenada como autora.

Sin embargo, el fallo de la Cámara de Casación abordó en profundidad los argumentos de las partes y reafirmó la naturaleza penal del decomiso, rechazando los argumentos de las defensas.

Dos vehículos con reporte de robo, un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas y seis granadas fueron hallados al interior de dos camionetas abandonadas a un costado de un canal en la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa.

El operativo, dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) este 1 de julio, fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, integrado por fuerzas como el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Según los reportes, elementos de seguridad localizaron las unidades durante reconocimientos terrestres en la zona. Además del fusil Barrett y el lanzagranadas con sus seis explosivos calibre 40 mm, en el interior de los vehículos se encontraron un fusil AK-47, un fusil M16, dos escopetas y más de 3 mil 400 cartuchos de distintos calibres, junto con 40 cargadores.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Jeep Wrangler 2024 y Mazda CX-50 2025, los vehículos asegurados

Uno de los vehículos era un Jeep Wrangler 2024 sin placas; el otro, una Mazda CX-50 2025. Ambos tenían reporte de robo activo.

Las dos camionetas se encontraban en aparente estado de abandono a un costado de un canal cuando fueron detectadas durante los reconocimientos terrestres.

Fusil Barrett calibre .50 y lanzagranadas, entre las armas de mayor poder

El fusil Barrett calibre .50 es una de las armas de mayor alcance y poder de penetración que circula entre los grupos de la delincuencia organizada en el país. Su presencia en el cargamento, junto con el aditamento lanzagranadas calibre 40 mm y las seis granadas del mismo calibre, marcó el nivel de armamento que portaban las unidades aseguradas.

El resto del arsenal incluyó un fusil AK-47 de calibre 7.62 × 39 mm, un fusil M16 calibre .308 y dos escopetas calibre 12.

En total, cinco armas largas fueron retiradas de circulación en este operativo. Hasta el momento no se conoce a qué grupo delictivo estaría relacionado el arsenal.

El grueso de las municiones correspondió a 2 mil 870 cartuchos calibre 7.62 mm. A estos se sumaron 490 del calibre 5.56 mm, 36 del calibre .50 para el Barret y 20 del calibre 12, para un total de 3 mil 416 cartuchos asegurados.

La variedad de calibres localizados correspondía directamente con las armas incautadas, lo que sugería que el cargamento estaba organizado para el uso operativo de cada pieza.

Según el comunicado de la SSP Sinaloa, fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano quienes participaron directamente en los reconocimientos terrestres. El resto de las autoridades estatales y federales involucradas sirvieron en tareas de coordinación como parte del grupo interinstitucional.

El hallazgo ocurre días después de la captura de “El Güero Pin” en Escuinapa

El aseguramiento en Mazatlán tuvo lugar menos de una semana después de que el Grupo Interinstitucional detuviera en Escuinapa a Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin” o “El Güero Pink”, identificado extraoficialmente como presunto jefe de plaza de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Junto a él fue capturado Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad del municipio, quien presuntamente era su escolta.

Las detenciones, ocurridas el pasado 25 de junio, desencadenaron narcobloqueos en la zona, los cuales fueron reportados como controlados horas después.

El Güero Pin fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como probable participe en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, así como presunto vinculado con el secuestro de turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero de 2026.

“El Güero Pin” y el exdirector de Seguridad de Escuinapa fueron trasladados al penal del Altiplano tras permanecer bajo custodia de autoridades federales en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla realizó un operativo de revisión en el Cereso de Tehuacán que dejó al descubierto droga, armas artesanales y aparatos electrónicos no autorizados dentro del centro penitenciario.

Durante la inspección, los policías custodios localizaron 12 envoltorios con hierba seca y sustancia granulada con características similares a la marihuana y al cristal. El hallazgo evidenció la presencia de sustancias ilícitas en un recinto cuya función es la reinserción social.

El operativo permitió decomisar en una sola revisión droga de dos tipos distintos, armas fabricadas de manera artesanal y equipos electrónicos de entretenimiento cuya posesión está expresamente prohibida al interior del penal.

Armas hechizas, bocinas y televisores entre lo decomisado

Además de la presunta droga, el operativo dejó al descubierto un arsenal de fabricación casera: siete armas punzocortantes y cuatro puntas hechizas fueron retiradas del penal.

La variedad de lo decomisado, que abarca desde instrumentos capaces de causar lesiones graves hasta equipos de entretenimiento de uso cotidiano, refleja la amplitud de los objetos que logran ingresar al penal sin ser detectados en los controles habituales.

Entre los objetos electrónicos asegurados se contabilizaron dos bocinas y dos televisores, además de accesorios para teléfonos celulares, estos artículos eran vendidos al interior del Cereso, lo que apunta a la existencia de un mercado informal de objetos prohibidos dentro del recinto.

Sin sancionados por el momento

La revisión se efectuó bajo los protocolos establecidos por la dependencia y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, según informaron las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado si los aseguramientos derivarán en investigaciones formales o en sanciones contra los internos responsables de la posesión de los objetos decomisados.

La SSP señaló que el operativo forma parte de las acciones permanentes de supervisión implementadas para mantener el orden y reforzar la seguridad dentro del centro penitenciario.

Antecedentes: denuncias de golpizas y cobros de piso

El operativo se suscito en un penal con un historial reciente de señalamientos graves, ya que, desde diciembre de 2025 había denuncias de internos que alertaban sobre golpizas y cobros de piso al interior del Cereso de Tehuacán.

De acuerdo con esas denuncias, varios reclusos habrían sido sometidos a castigos físicos o enviados a áreas de aislamiento durante semanas. Los señalamientos apuntaron directamente a custodios del centro, a quienes se identifica internamente como “los poblanos”.

Un patrón que se repite en los penales de Puebla

El Cereso de Tehuacán no es el único centro penitenciario poblano con este tipo de hallazgos, ya que, en abril de 2026, un operativo en el mismo recinto dejó 34 objetos prohibidos, entre ellos 21 punzocortantes, accesorios de telefonía y bocinas, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

En junio de 2026, una revisión en el penal de Puebla capital arrojó 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 44 recipientes para consumo de sustancias ilícitas y 17 teléfonos celulares. Días después, un operativo en el penal de San Pedro Cholula dejó 20 puntas hechizas y tres armas punzocortantes, según un comunicado oficial de la SSP Puebla.

El portal e-consulta.com reveló, con base en una solicitud de transparencia, que el Cereso de San Miguel el cual es el más grande del estado, con 3 mil 275 internos, acumuló solo 60 revisiones en los primeros cinco meses de 2026, pese a concentrar la mayor cantidad de objetos prohibidos hallados con 99 teléfonos celulares, 262 armas punzocortantes, 28 dosis de cristal y cinco bocinas, entre otros artículos.

Un hombre fue detenido en Colima mientras transportaba de manera ilegal más de 11 mil huevos de tortuga marina golfina en cinco cajas de cartón y tres bolsas negras desde el estado de Michoacán .

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su arresto ocurrió en un retén de seguridad realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicado en la localidad de Estapilla, municipio de Colima, cuando lo observaron con cinco cajas de cartón y tres costales.

Al realizar una inspección de los objetos que portaba, los elementos localizaron un total de 11 mil 175 huevos de tortuga marina, para los que se emitió el dictamen técnico de identificación en materia de recursos marinos. Además, se emitirá en los próximos días un dictamen de reparación del daño.

Ante el ilícito que cometía, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina.

Huevos no podrán sembrarse debido a que no se asegura su nacimiento

La Profepa detalló que para tratar de minimizar el daño se recomendó la siembra de los huevos, ya que existe un periodo breve en el que aún pueden ser viables de eclosionar; sin embargo, esto no podía asegurarse al no tener certeza del tiempo que llevaban fuera del nido.

“Ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta la viabilidad (de su eclosión)”, se lee en el comunicado.

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe que cualquier ejemplar de tortuga marina sea sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados, sin distinción de especie, por lo que el proceso en contra del hombre comenzará por la extracción de más de 11 mil huevos.

¿Cómo denunciar la venta ilegal de animales silvestres a través de redes sociales?

Detectar una publicación de venta ilegal de animales silvestres en redes sociales y denunciarla ante Profepa puede frenar un delito federal que afecta a especies protegidas en México, altera ecosistemas y también eleva el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

La alerta abarca plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok, donde este comercio ha crecido en los últimos años, según información de la autoridad ambiental. Estas operaciones violan la legislación vigente y suelen realizarse sin la documentación legal requerida.

Entre las especies más traficadas están loros, pericos, guacamayas, primates como el mono aullador y el mono araña, felinos, tortugas marinas y mamíferos marinos. También se comercializan pieles, plumas, garras, huevos de tortuga y restos taxidermizados.

La denuncia debe reunir capturas, enlace, usuario y fecha de la publicación

La primera recomendación es no confrontar ni contactar al vendedor. La autoridad advierte que la seguridad personal debe ir primero.

El siguiente paso es guardar prueba de la publicación: capturas de pantalla o el enlace directo de la historia, perfil o anuncio donde se ofrece la fauna silvestre. También conviene anotar el nombre de usuario o de la página, la fecha y la red social en la que apareció.

Ese registro sirve incluso si el contenido desaparece después. La captura queda como respaldo de lo observado y puede acompañar la denuncia.

La información debe incluir una descripción breve y clara de lo detectado. El ejemplo citado por el medio plantea una fórmula simple: “En la publicación de Facebook con fecha 16 de mayo observé que tienen a la venta ejemplares de mono araña, especie protegida. Solicito su apoyo para frenar esta venta ilegal”.

Comprar o vender fauna silvestre sin papeles es un delito federal

La denuncia puede presentarse de forma anónima y confidencial ante Profepa. El trámite puede hacerse en línea, a través de la página oficial del gobierno de México, o por correo electrónico con los datos recabados.

La autoridad pide adjuntar la información disponible y exponer con claridad qué se observó. Ese reporte puede ayudar a identificar operaciones de comercio ilegal de especies bajo protección legal.

Para conocer qué especies están protegidas y cómo presentar una denuncia también pueden consultarse la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento y la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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Sujeto se atrinchera y toma de rehenes a su familia en Tecámac

Presuntamente el hombre porta dos armas de fuego. Ante el riesgo, los uniformados desalojaron a estudiantes de tres planteles escolares frente al domicilio: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Hasta el cierre de la información, las negociaciones continuaban.

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Muere recluso en el penal “El Castillo” de Mazatlán: autoridades investigan posible infarto

Este jueves 25 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que un recluso murió dentro del Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en el municipio de Mazatlán, tras desvanecerse en su módulo.

Según el reporte, sus compañeros de celda lo trasladaron al área médica, donde el personal de salud constató que ya no tenía signos vitales.

El personal médico que le brindó los primeros auxilios determinó que la posible causa del fallecimiento fue un infarto.

La dirección del penal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las investigaciones correspondientes. Las autoridades no descartaron otras causas de muerte mientras continúan las diligencias.

Los familiares del interno también fueron notificados. La SSP Sinaloa señaló que se les brindará apoyo en los trámites derivados del fallecimiento.

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Cae en Escuinapa presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa

Un presunto líder de la delincuencia organizada con operaciones en el sur de Sinaloa fue detenido este jueves durante un operativo realizado en el municipio de Escuinapa por fuerzas federales y estatales. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los delitos que se le atribuyen, aunque señalaron que la situación quedó bajo control tras el despliegue de seguridad.

Detienen en la Cuauhtémoc a presunto asaltante de tienda de conveniencia, lo vinculan con otros dos robos

Elementos de la SSC detuvieron en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, a un hombre de 33 años señalado por presuntamente asaltar una tienda de conveniencia y despojar al encargado de dinero en efectivo. Tras una búsqueda en la zona, los policías lo ubicaron y aseguraron parte del efectivo reportado como robado. De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con al menos otros dos robos a negocios ocurridos recientemente en la misma demarcación. Además, las autoridades informaron que cuenta con antecedentes penitenciarios por abuso sexual y robo agravado.

Noche violenta en Ciudad Juárez deja tres muertos y dos heridos en ataques casi simultáneos

Noche violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó un saldo de tres personas asesinadas y dos más heridas tras dos ataques armados registrados con apenas siete minutos de diferencia en las colonias Libertad e Independencia II, en la zona poniente de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el primer hecho ocurrió alrededor de las 23:05 horas en la colonia Libertad, donde dos mujeres fueron asesinadas y dos hombres resultaron lesionados, mientras que minutos después, a las 23:12 horas, en la colonia Independencia II, un hombre fue localizado sin vida dentro de una vivienda con múltiples impactos de bala. Autoridades estatales y municipales mantienen abiertas líneas de investigación para determinar si ambos hechos están relacionados y si fueron perpetrados por el mismo grupo armado.

Detienen en Morelia a “Sierra 1”, líder del Cártel de Altozano ligado a extorsión y asesinato de mezcalero

Detienen en Morelia, Michoacán, a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, identificado como presunto líder del Cártel de Altozano y objetivo prioritario por su probable relación con extorsiones a comerciantes, madereros y empresarios, así como con el asesinato de Sergio Rangel Vieyra, mezcalero de la capital del estado. La detención se realizó durante un cateo en el fraccionamiento Suroriente, donde participaron la FGE, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la SSPC; en el lugar fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército y drogas, y el detenido fue capturado junto a su pareja sentimental. Autoridades federales, entre ellas el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, lo señalaron como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, con presuntos vínculos con homicidio, secuestro y delitos contra la salud.

Conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó en un atropellamiento masivo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un automovilista presuntamente en estado de ebriedad embistió a decenas de aficionados reunidos en el centro de la ciudad. Autoridades informaron que varias personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, mientras que el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Más de 4 mil elementos de seguridad desplegados para el partido Colombia vs República del Congo, en Jalisco

Más de 4 mil elementos de seguridad conformarán el despliegue para antes, durante y después del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, celebrado este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, en el marco del Mundial 2026.

Las acciones, denominadas Operativo Preventivo de Seguridad, se realizarán en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

El objetivo es garantizar que las familias y la afición disfrutaran del encuentro sin incidentes.

El pitazo inicial del juego se programó para las 20:00 horas, tiempo local.

En paralelo al operativo de seguridad, las autoridades activaron el dispositivo vial Última Milla, con restricciones vehiculares en el Circuito JVC desde las 12:00 horas del martes hasta las 02:00 horas del miércoles 24 de junio.

Las autoridades municipales pidieron a los asistentes seguir las indicaciones del personal operativo desplegado en el estadio y sus alrededores.

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Prisión preventiva para hombre señalado de atacar con un machete a joven en San Luis Río Colorado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo prisión preventiva justificada contra un sujeto identificado como Efraín “N”, de 48 años, acusado de atacar con machete a un joven de 27 años en San Luis Río Colorado.

La FGJES formuló imputación por tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja. La defensa solicitó ampliación del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado.

En los próximos días, durante la continuación de la audiencia, el juez definirá si lo vincula a proceso.

El ataque ocurrió el pasado 9 de mayo sobre la avenida Petunias B, entre calles 46 y 47, colonia Solidaridad. Presuntamente Efraín “N” y otra persona, ambos portando machetes, interceptaron a David Ariel “N” cuando caminaba por el lugar. Los agresores habrían actuado de forma sorpresiva, sin darle oportunidad de defenderse.

David Ariel “N” sufrió amputación de nariz y labio superior, exposición de mucosa bucal, ausencia de piezas dentarias frontales y heridas lacerantes en mano izquierda, región lumbar y hombro derecho.

Las lesiones fueron clasificadas como aquellas que ponen en peligro la vida, debido a que tardan más de 15 días en sanar, dejan cicatriz permanente y causan pérdida de miembro u órgano.

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Sigue las noticias más relevantes sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México.

Dos decomisos de cientos de kilogramos de corteza de tepezcohuite se han llevado a cabo en menos de cinco días en el país, donde la Secretaría de Marina (Semar) ha impedido que sean enviados a Europa.

La primera acción se registró el pasado 19 de junio, cuando la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Semar incautaron mil 873.5 kilogramos de corteza, es decir, más de tonelada y media del producto que sería enviado al Reino de los Países Bajos.

Dicha carga fue declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos” y era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, las cuales tenían como origen México y se planeaba fueran enviadas vía aérea hacia Europa.

Una segunda acción se llevó a cabo este martes 23 de junio, cunado la ANAM y la Semar detectaron y aseguraron un embarque de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades, el embarque estaba integrado por 19 cajas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de raíz, es decir, media tonelada, la cual tenía como destino Gran Bretaña.

Su detección se derivó de la aplicación de procedimientos de revisión documental, así como de inspección no intrusiva que permitió identificar la presencia de la raíz.

¿Por qué se estaría decomisando el tepezcohuite?

El tepezcohuite es una corteza que se implementa para combatir problemas de la piel. La Biblioteca digital de medicina tradicional mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que tiene propiedades antibióticas y cicatrizantes, confirmadas experimentalmente, que favorecen su uso en afecciones y quemaduras.

Aunque su uso es legal en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, las características y el destino internacional que ambos cargamentos tenían fueron una de las causas por las que se les aplicaron protocolos de revisión.

De acuerdo con autoridades de seguridad consultadas por Infobae México, esta mercancía requiere una supervisión rigurosa debido a que puede ser aprovechada para procesos clandestinos de transformación química con el objetivo de extraer sustancias psicotrópicas.

Y es que la corteza de raíz de tepezcohuite contiene de forma natural el psicotrópico N,N-DIMETILTRIPTAMINA (DMT), el cual tiene control internacional y se encuentra incluida en la Lista I de la Convención de 1971 sobre sustancias psicotrópicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Manejo irregular podría causar daños a la salud para obtener sus sustancias, como lo es el psicotrópico

Al poder obtener este psicotrópico de manera natural, las autoridades mantienen bajo supervisión los cargamentos de la corteza debido a que su manejo irregular puede representar riesgos para la salud cuando se somete a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios.

Al hacerlo, podría generar afectaciones por la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos. Asimismo, buscan evitar que también sea aprovechada en esquemas de simulación comercial o como mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones criminales.

Tras un decomiso, la Semar indicó que “si bien el tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación”.

Fuera del ámbito ilegal, esta corteza se ha vuelto popular en los últimos años debido a su uso en la industria cosmética al ser común encontrarla en cremas, pomadas, jabones y otros productos para favorecer la cicatrización, mejorar la apariencia de la piel y aliviar diversas afecciones cutáneas.

Diversos estudios y análisis de laboratorio han identificado que cuenta con compuestos como taninos, flavonoides y sustancias fenólicas, las cuales han sido asociadas con efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios.

Es así que esta corteza podría estar siendo enviada en toneladas de manera internacional para su aprovechamiento en actividades ilegales como la sustracción de psicotrópicos, por lo que las autoridades mantienen bajo vigilancia el trasiego de tepezcohuite.

El fiscal regional de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, confirmó que en los últimos días 2.840 kilos de distintas drogas fueron decomisados en cuatro operativos llevados a cabo en conjunto por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, los que dejaron además cinco personas detenidas.

Flanqueado por el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, el persecutor que encabeza el ranking de incautaciones de droga en el país con 112 toneladas desde que asumió en octubre de 2023, recordó que “esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado”.

El primer operativo

Según informó Castro Bekios, la diligencia más grande se llevó a cabo en la turística comuna de San Pedro de Atacama, donde detectives de la PDI sorprendieron en una fiscalización a los conductores de un furgón transportando más de mil paquetes de marihuana, a saber, 1.179 kilos.

Tras el interrogatorio de rigor, los policías apresaron también a los pasajeros de otro vehículo que apoyaba el traslado de la droga, para luego allanar una vivienda en la ciudad de Calama, donde hallaron otro vehículo con 1.089 kilos de cannabis.

Amén de los 2.269 kilos de droga, la policía civil decomisó los dos dos furgones, un automóvil y unos $7,7 millones de pesos (USD 8.400), en dinero contante y sonante.

Los otros tres

Por su parte, Carabineros de Chile llevó a cabo otros tres operativos que terminaron con el decomiso de 571 kilos de droga, todos ellos en la provincia de El Loa.

El primero tuvo lugar en un camino de tierra en las afueras de Calama, donde los uniformados dieron con una camioneta que tenía encargo por robo y en cuyo interior hallaron 318 kilos de cannabis.

En el segundo, fue apresado el conductor de un automóvil que transitaba por la ruta B-75 con 32,5 kilos de marihuana.

Y en el tercero, dos individuos fueron apresados en el sector de Tocorpuri transportando en dos vehículos 115 kilos de cocaína, 95 kilos de pasta base de cocaína y 11 kilos de ketamina.

De acuerdo al fiscal Castro Bekios, con estos operativos los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en lo que va del año en la región de Antofagasta, siete toneladas mas que todo lo incautado en el año pasado.

/mexico/2026/06/23/asesinato-de-mujer-frente-al-imss-de-ciudad-obregon-es-investigado-por-vinculos-directos-con-grupos-criminales/

SSC detuvo a tres personas por agresión contra oficial

El 19 de junio, un oficial del sector Sotelo advirtió que una motocicleta de color rojo con permiso provisional era remolcada por otra motocicleta en la colonia Popo, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al requerir a ambos tripulantes la documentación correspondiente, estos respondieron con agresiones verbales y físicas contra el uniformado, quien solicitó apoyo vía radio.

Ante la imposibilidad de acreditar la propiedad de la motocicleta roja, las autoridades procedieron a su traslado al depósito vehicular. Durante las maniobras de remolque, un tercer hombre llegó al lugar y golpeó a uno de los oficiales en el ojo. Ese individuo, junto con el motociclista que realizaba el remolque de la unidad roja, fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

El conductor de la motocicleta asegurada también terminó detenido. Pese a haber sido el origen del operativo, ese hombre se presentó en la agencia del Ministerio Público y reincidió en las agresiones contra los oficiales presentes, lo que motivó su arresto.

Agentes de seguridad de Michoacán aseguraron tres vehículos con reporte de robo.

/mexico/2026/06/23/vinculan-a-proceso-a-dos-personas-por-simulacion-de-secuestro-de-la-presidenta-municipal-de-tenancingo-edomex/

Detienen a tres presuntos narcomenudistas tras cateos en Playa del Carmen y Benito Juárez

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de Policías Municipales, cumplimentaron dos órdenes de cateo en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen. Las diligencias derivaron en la detención de tres personas por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La primera orden judicial se ejecutó en un domicilio ubicado en la calle 3, entre las calles 8 y 14, de la Supermanzana 208 del fraccionamiento Monte Real, en el municipio de Benito Juárez. Durante el operativo, las autoridades aseguraron hierba verde y seca con características similares a la marihuana, una sustancia cristalina de color blanco, dos pipas de cristal transparente y una báscula gramera color gris. En ese mismo inmueble fueron detenidos José Antonio “N” y Moisés “N”.

La segunda acción tuvo lugar en un domicilio situado en la calle Masha Shushet, entre las avenidas Gran Bahía y De los Olivos, en la colonia irregular In House del municipio de Playa del Carmen. En ese lugar, los agentes aseguraron vegetal verde y seco, hojas de papel y copias enmicadas de identificaciones oficiales. En las inmediaciones del inmueble intervenido fue detenido Freddy “N”, quien se encontraba en posesión de presuntos narcóticos.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Detienen a hombre por presuntamente prenderle fuego a su pareja en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Dante Johauet “N”, a quien se investiga por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental. La captura fue realizada en Ecatepec.

Los hechos que motivaron la investigación se habrían producido el 8 de junio pasado en el interior de la vivienda que compartía la pareja, ubicada en la colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec. De acuerdo con las indagatorias, durante una discusión el investigado habría agredido físicamente a la víctima, para posteriormente rociarle gasolina y prenderle fuego.

La acción le provocó a la mujer quemaduras en el 65 por ciento de la superficie corporal, lesiones que pusieron en peligro su vida y que requirieron su hospitalización. Tras los hechos, Dante Johauet “N” huyó del lugar.

Dante Johauet “N” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 46 años y seis meses de prisión.

Confirman muerte de una persona en el centro de la CDMX

Tras los reportes de un hombre muerto en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la murete de una persona en la colonia Centro.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que fue hallado sobre la banqueta con manchas hemáticas en el pecho, en el cruce de las calles #Antuna y #Perú, de la colonia #Centro, en la @AlcCuauhtemocMx; paramédicos del #ERUM que lo valoraron, lo diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego", es parte de lo compartido por las autoridades.

Harfuch destaca el aseguramiento "más grande de metanfetamina líquida" durante sexenio de Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó la detención de un hombre y el aseguramiento de más de 24 mil litros de metanfetamina liquida, precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones en Los Mochis, Sinaloa.

Según detalló García Harfuch, se trata de la incautación de metanfetamina líquida más grande durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo en la historia.

/mexico/2026/06/22/golpe-al-narco-en-guerrero-y-tlaxcala-aseguran-mas-de-tres-toneladas-de-cocaina-y-detienen-a-cinco-personas/

Vinculan a proceso a tres personas detenidas tras agresión a elementos de seguridad en Madero

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de tres personas detenidas tras un hecho registrado el 14 de junio en el municipio de Madero.

Se trata de Eimy Gabriela “N”, de 18 años; Isahi “N”, de 18 años, y Oliver Alejandro “N”, de 27 años, investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo —específicamente en la hipótesis de posesión simple de metanfetamina— y por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los datos de prueba, el 14 de junio elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional realizaban un operativo en la localidad de El Zangarro, municipio de Madero, en atención a reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en la zona, cuando detectaron una camioneta pickup blanca sin placas de circulación cuyos ocupantes intentaron evadir la acción policial. La situación derivó en una persecución sobre la carretera Villa Madero-Etúcuaro y, posteriormente, en el tramo Lomas de Cancho-El Zangarro.

Durante la intervención, uno de los ocupantes del vehículo presuntamente agredió a los elementos de seguridad, quienes repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos. Al detener la marcha de la unidad, fueron aseguradas las tres personas ahora imputadas.

En el interior del vehículo también fue localizado un hombre sin vida. La inspección del lugar arrojó el aseguramiento de diversos envoltorios con una sustancia granulosa y cristalina que los análisis periciales identificaron como metanfetamina, además de un arma de fuego calibre .9 milímetros.

En la audiencia inicial celebrada el 16 de junio, los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Concluida la continuación de dicha audiencia, la jueza a cargo del caso resolvió vincularlos a proceso, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Familiares de personas desaparecidas que viajaron desde Tamaulipas a la Ciudad de México denunciaron un incumplimiento de la Secretaría de Gobernación luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, no acudiera a una mesa de trabajo programada para este 22 de junio. El encuentro había sido confirmado previamente por la propia dependencia como parte del seguimiento a casos de desaparición forzada y homicidios vinculados con la Recomendación 36VG/2020 de la CNDH. Las víctimas buscaban conocer avances en las investigaciones, las labores de búsqueda y las medidas de atención institucional, en medio de reclamos por la falta de resultados en expedientes que permanecen abiertos desde 2018.

Aseguran en Arizona 43 mil cartuchos destinados a cárteles mexicanos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto fronterizo de Mariposa, Arizona, como parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de armamento hacia organizaciones criminales. El diplomático destacó que el decomiso fue realizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mediante tecnología avanzada de inspección no intrusiva y aseguró que la medida refuerza la estrategia del gobierno estadounidense para impedir que armas y municiones lleguen a los cárteles de la droga.

Detienen a hombre en Cuauhtémoc con arma de fuego y más de 50 dosis de presunta marihuana: suma siete ingresos al sistema penitenciario de CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a un hombre de 39 años en posesión de un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y 58 bolsitas con aparente marihuana, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, donde fue sorprendido manipulando posibles dosis de droga en vía pública. Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que autoridades informaron que cuenta con siete ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino y una presentación ante la Fiscalía por delitos contra la salud.

Hallan dos cuerpos calcinados en Puebla: dirigen narcomensaje al secretario de Seguridad Pública estatal

Dos cuerpos calcinados fueron localizados al interior de un vehículo incendiado en inmediaciones del Parque Centenario Laguna de Chapulco, sobre el Periférico Ecológico en la ciudad de Puebla, tras el reporte de una unidad en llamas durante la madrugada de este lunes.

En el sitio fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente firmado por la Familia Michoacana, dirigido al vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el que se lanzaban amenazas; la Fiscalía de Puebla inició las investigaciones para identificar a las víctimas, que permanecen en calidad de desconocidas.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/22/con-narcomensaje-firmado-por-la-familia-michoacana-abandonan-dos-cuerpos-calcinados-dentro-de-un-vehiculo-en-puebla/

Vía Atlixcáyotl bajo investigación: seis carpetas por ataques armados y un tirador sin identificar en Puebla

La Fiscalía de Puebla mantiene seis carpetas de investigación por una serie de agresiones armadas registradas desde enero de 2026 en la vía Atlixcáyotl, donde se han reportado al menos 10 incidentes en los que automovilistas y peatones habrían sido atacados mientras circulaban, presuntamente por un tirador aún no identificado. Las autoridades han documentado indicios balísticos y evidencia videográfica, y aunque en un inicio los ataques habrían sido con balines, en hechos recientes se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros, mientras continúan las diligencias para ubicar el punto de origen de los disparos y determinar si el agresor operaría desde algún edificio de la zona.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/22/un-arma-calibre-9mm-reportes-de-disparos-y-un-francotirador-sin-rostro-que-se-sabe-de-los-ataques-en-la-via-atlixcayotl-en-puebla/

ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU señaló en su Informe 2025 que organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el CJNG extendieron sus operaciones más allá de México al establecer alianzas con grupos delictivos, participar en la producción de drogas sintéticas e incluso vincularse con laboratorios clandestinos detectados en países de América y Europa. El organismo advirtió que estas redes operan a través de rutas internacionales de precursores químicos y mercados de distribución que abarcan varios continentes.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/21/carteles-mexicanos-operan-en-tres-continentes-la-onu-documento-sus-laboratorios-rutas-y-alianzas-en-su-informe-2025/

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 3 personas por la probable comisión del delito de introducción al territorio nacional de forma ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Tres tractocamiones con cartuchos de uso exclusivo militar detenidos en Nogales

La Guardia Nacional, con apoyo de personal de Aduanas, interceptó a los tres hombres durante revisiones en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa. El procedimiento fue rutinario hasta que las inspecciones de las unidades revelaron lo que transportaban: cartuchos útiles de diferentes calibres, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Los imputados fueron identificados como Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”. Cada uno conducía un tractocamión distinto y en cada unidad móvil fue detenida por separado en los puntos de control. En conjunto, sus unidades cargaban más de 55 mil cartuchos.

El desglose: quién llevaba qué

Las cifras individuales precisan la magnitud del aseguramiento. A Alexis “N” le fueron decomisados 20 mil cartuchos útiles. A Manuel “N”, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores. A Ciro “N”, 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

La introducción ilícita de municiones de uso castrense al territorio nacional constituye un delito federal. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva al Ejército Mexicano el uso de ciertos calibres y tipos de armamento, por lo que su posesión o traslado sin autorización por parte de civiles se persigue por la vía penal federal.

La FGR lleva el caso ante un juez de control

Tras la puesta a disposición de los tres detenidos, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora presentó los datos de prueba ante un juez de control. La FECOR es la unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos de competencia federal fuera de la capital.

El juez analizó los elementos aportados por el Ministerio Público y determinó que eran suficientes para continuar el proceso penal por lo que la resolución judicial vinculó a proceso a los tres imputados por su probable participación en la introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los tres detenidos. Esta figura, prevista en el artículo 19 de la Constitución para delitos considerados de alto impacto, impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses. Durante ese periodo, la FECOR en Sonora deberá consolidar la carpeta de investigación y preparar los elementos que sostendrán la acusación formal en la siguiente etapa del proceso penal acusatorio.

Nogales es uno de los cruces fronterizos de mayor tráfico de carga entre México y Estados Unidos. El Puerto Fronterizo Nogales III y la garita Mariposa procesan diariamente decenas de tractocamiones con mercancía comercial. Según el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Sonora ha concentrado en las últimas semanas varios operativos de aseguramiento de armas, cartuchos y sustancias ilícitas en puntos de entrada al país.

La ley que los persigue: hasta 30 años por introducción ilícita de municiones

El cargo central que sostiene la FGR es la introducción ilícita al territorio nacional de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fija para ese delito una pena de 5 a 30 años de prisión, más una multa de 20 a 500 días. Esa es la pena base pero el caso de León “N” tiene un agravante adicional.

Los 93 cargadores que pueden sumar años a la condena de León “N”

Entre los tres imputados, Manuel “N” es quien enfrenta el marco punitivo más alto. Además de los 23 mil 680 cartuchos, las autoridades le aseguraron 93 cargadores de uso exclusivo. El Artículo 83 Quintus de la misma ley sanciona la posesión ilícita de más de cinco cargadores con 4 a 8 años adicionales de prisión, cargo que puede acumularse al principal.

Su máximo teórico supera los 38 años.

El cargo que podría cambiar todo: delincuencia organizada

Durante los tres meses que durará la investigación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora tiene margen para incorporar nuevos cargos. Si los investigadores logran acreditar que los tres conductores operaban bajo las órdenes de alguna estructura criminal, el delito de delincuencia organizada entraría al expediente.

Ese cargo, previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece penas de 20 a 40 años de prisión que se suman a las del delito base.

Una bodega donde se almacenaba metanfetamina líquida y sustancias químicas fue desmantelada por fuerzas federales y elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El operativo se llevó a cabo el pasado 20 de junio, durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio identificado como punto clave para la comisión de actividades delictivas, el cual culminó con el aseguramiento de miles de litros de precursores y droga, así como en la detención de un hombre.

Al ingresar a la bodega, los elementos de seguridad localizaron lo siguiente:

• 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida
• 98 mil 640 litros de sustancias químicas
• 59 425 kilos de químicos

• 250 cartuchos
• 2 cargadores
• 745 costales de fertilizante agrícola
• 270 tanques de gas
• 2 vehículos

En el sitio fue detenido un hombre cuya identidad no fue revelada, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. En tanto, el inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Otro decomiso de sustancias químicas se registró en Culiacán

Un día antes, el 19 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizó un tractocamión en la ciudad de Culiacán, específicamente en el poblado El Bichi de Arriba, al que le realizaron una inspección de seguridad.

Al revisar el camión de carga, los militares localizaron 7 mil litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, por lo que procedieron con su aseguramiento.

En este hecho no se reportaron personas detenidas, por lo que se trataría de un camión que habría sido abandonado de manera previa a la revisión.

Estos hechos se registran en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios en casi dos años, así como constantes enfrentamientos, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones.

ONU documentó los laboratorios, rutas y alianzas del Cártel de Sinaloa en 2025

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes documentó que el Cártel de Sinaloa opera en tres continentes como parte de una red transnacional que produce drogas sintéticas, instala laboratorios fuera de México y establece alianzas con organizaciones criminales locales. Los hallazgos forman parte del Informe 2025 publicado por el organismo de Naciones Unidas en febrero de este año.

La JIFE identificó por nombre al Cártel de Sinaloa —junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— como actores directos en operaciones que van más allá del tráfico fronterizo. El informe trazó un mapa de sus actividades en América Central, América del Sur y Europa.

El Cártel de Sinaloa en el mapa de la ONU

La JIFE señaló que la organización sinaloense colabora con estructuras criminales locales en distintas regiones. En América Central, el informe la ubica operando junto a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además del Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.

En el extremo sur del continente, Chile registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia: 844 kilogramos, junto con varios precursores. La operación desarticuló una organización criminal con base en México que ya había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala de metanfetamina cristalina.

La Fiscalía Nacional de Chile había advertido el problema meses antes. En noviembre de 2024, su Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas publicó un informe en el que señalaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había crecido de forma sostenida durante la última década en el país.

Laboratorios clandestinos fuera de México: el caso europeo

En junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en Europa. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.

Diez meses después, en abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino. Ese sitio llevaba más de un año en funcionamiento y tenía capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes, según consignó la JIFE.

La cadena de precursores químicos y la producción de fentanilo

La JIFE documentó que las organizaciones criminales acceden a sustancias químicas especializadas a través de cadenas logísticas internacionales difíciles de detectar, aunque se ha identificado que el principal país de origen es China. Uno de los casos registrados fue la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, un precursor directo del fentanilo, cuyo origen y destino apuntaban a redes de abastecimiento vinculadas a grupos mexicanos.

El organismo calculó que esa cantidad habría permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas de fentanilo. El volumen habría bastado para producir cientos de millones de dosis con potencial letal.

Finalmente, concluyó en que los grupos criminales ya no solo organizan el tráfico de drogas, sino que sus actividades se ampliaron a la distribución y fabricación en distintas regiones del mundo.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, en medio de la ofensiva para detener el tráfico de armamento en la frontera.

El funcionario destacó que el decomiso se llevó a cabo por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en una acción con la que también busca desarmar a los cárteles de la droga.

Además, destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida para facilitar la detección de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como Estados Unidos.

“Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”, escribió en redes sociales.

No es el primer aseguramiento de armamento en la frontera: en febrero fueron más de 4 mil armas que serían enviadas a México

Un hecho similar se registró a principios de este 2026, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) informó el decomiso de 4 mil 359 armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles.

La operación inició el 20 de enero de 2025 como parte de una ofensiva nacional contra las redes criminales que ha sumado un total de 36 mil 277 armas de fuego decomisadas que era utilizadas en delitos. De esta cifra, se identificó que 4 mil 359 serían enviadas a territorio mexicano.

Además de las armas, la ATF también aseguró 648 mil 975 rondas de municiones con destino al país, dentro de un total de 2 millones 317 mil 999 cartuchos decomisados a miembros de pandillas, civiles y proveedores de organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con el reporte, esa cifra equivale a un promedio de más de mil 600 rondas incautadas por día.

El subdirector de la ATF, Robert Cekada, afirmó que las armas utilizadas en delitos dentro de Estados Unidos provienen de todo el país y destacó que no se trata de un problema originado en de la zona fronteriza con México.

“Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional (…) Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley”, afirmó.

Los decomisos se han realizado en un contexto en el que las autoridades mexicanas han insistido a Estados Unidos en llevar a cabo acciones para detener el flujo de armas a territorio mexicano, ya que terminan en manos de miembros de los cárteles de la droga.

El 78% de las armas decomisadas en México provienen de EEUU: Defensa

Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde 2012 se han decomisado en México 137 mil cartuchos calibre .50 provenientes de la empresa estadounidense Lake City Army Ammunition Plant, lo que equivale al 47% del total asegurado.

Trevilla Trejo precisó que la mayor parte de esos cartuchos ha sido localizada en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua; y en menor cantidad, en Michoacán.

Sobre la administración actual, el mando militar indicó que han sido aseguradas 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre 77% y 78% provienen de Estados Unidos. A ese inventario se suman 20 lanzagranadas calibre 40, 12 lanzacohetes y 273 ametralladoras de distintos calibres.

Esta ofensiva se ha desarrollado en medio de tensiones debido a que Trump ha señalado que los cárteles controlan el país, mientras que Sheinbaum lo niega. Además, el pasado mes de abril fue acusado por Estados Unidos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de esa entidad por presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En un nuevo golpe al narcotráfico en uno de los principales puntos de comercio marítimo del país, autoridades federales aseguraron aproximadamente 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en un contenedor de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y detuvieron a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana presuntamente relacionadas con el traslado del estupefaciente.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica estimada en 29 millones 711 mil pesos para las organizaciones criminales involucradas y evitó que alrededor de 274 mil dosis de droga llegaran al mercado ilícito.

El cargamento era transportado en un buque con alertas de riesgo

La acción se desarrolló luego de que personal naval detectara un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

Ante la sospecha, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), adscritos a la Décima Sexta Zona Naval, dieron seguimiento a la embarcación hasta su llegada al puerto de Lázaro Cárdenas.

Una vez en el recinto portuario, las autoridades federales iniciaron labores de inspección de los contenedores transportados por el navío en coordinación con personal aduanero.

Durante la revisión, un binomio canino especializado en la detección de narcóticos marcó irregularidades en una carga comercial, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

Fue entonces cuando localizaron cinco bultos que ocultaban un total de 139 ladrillos de presunta cocaína, con un peso aproximado de 137 kilogramos.

Cinco ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos

Como resultado del operativo fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes presuntamente estarían relacionadas con el traslado de la droga.

Las autoridades informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, junto con el narcótico asegurado.

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los detenidos, así como la posible participación de otras personas o redes criminales vinculadas al cargamento.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen ni el destino final de la droga, aunque las investigaciones continúan para establecer la ruta seguida por la embarcación y determinar si existen conexiones con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico para el tráfico de drogas

El puerto de Lázaro Cárdenas se ha convertido en uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio marítimo de México, pero también en un objetivo constante para las organizaciones criminales debido al elevado volumen de mercancías que ingresan y salen del país.

En diversas ocasiones, autoridades federales han realizado decomisos de cocaína, precursores químicos y otras sustancias ilícitas en esta terminal marítima, considerada una de las más relevantes del Pacífico mexicano.

La Secretaría de Marina destacó que el aseguramiento es resultado de la coordinación permanente entre las autoridades marítimas, aduaneras y de seguridad, así como de las labores de vigilancia implementadas en puertos, mares, espacios aéreos y rutas terrestres.

Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales, preservar el Estado de derecho y evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población.

El decomiso de los 137 kilogramos de presunta cocaína representa uno de los aseguramientos recientes más relevantes en el puerto michoacano y constituye un nuevo golpe financiero y operativo contra las redes del narcotráfico que utilizan las rutas marítimas mexicanas para el traslado de drogas hacia mercados nacionales e internacionales.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el decomiso sin condena del helicóptero en una causa vinculada a Odebrecht, al considerar probado que la aeronave fue adquirida con dinero de origen ilícito dentro de una maniobra de lavado de activos, asociada al pago de sobornos a funcionarios argentinos.

La decisión quedó fundada en los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, que prevén el decomiso de bienes usados para cometer un delito o provenientes de él, y que en casos de lavado permiten el decomiso definitivo sin condena penal cuando se acredita el origen ilícito y la acción penal no puede continuar por prescripción u otra causa, de acuerdo con la resolución difundida por el Ministerio Público Fiscal.

Según la fiscalía, en 2024 se requirió la elevación a juicio de cuatro personas por una maniobra destinada a poner en circulación USD 1.715.000 de origen ilícito para dar apariencia de legalidad a esos fondos mediante la compra del helicóptero.

El juez recordó que la acción penal contra los cuatro imputados fue declarada prescripta por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero sostuvo que esa decisión no elimina el deber de decomisar los bienes cuya procedencia ilícita haya sido comprobada.

Tras el fallo, el fiscal federal Carlos Rívolo, subrogante de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°6, pidió que una vez firme el decomiso la aeronave quede a disposición del Ministerio de Seguridad Nacional para su asignación a una fuerza federal.

La causa se inició por pagos ilícitos

El expediente comenzó en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario señalado como intermediario en el circuito de sobornos, de acuerdo con la resolución judicial.

Según el juez, esa hipótesis ya había sido tenida por probada en una causa conexa que hoy se debate oralmente ante el Tribunal Oral Federal N°7. La investigación indicó que el dinero ilícito estaba destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos en el marco de la licitación para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en la órbita de la empresa estatal AYSA.

Rívolo sostuvo que una parte de esos fondos fue transferida a Helicopter Corporation S.A. para aplicarla a la compra del helicóptero, que luego fue inscripto a nombre de Fusion Blue Servicios Aéreos, una sociedad creada para esa operación, según el Ministerio Público Fiscal.

Casanello señaló que con parte de la ganancia obtenida de esa maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero con el fin de dar apariencia lícita al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar pagos del Estado Nacional. Cuatro años más tarde, añadió, la aeronave fue transferida otra vez a una empresa pantalla de reciente constitución y sin capacidad de compra para “alejarlo aún más de la fuente ilícita”, según la resolución.

El juez sostuvo que la empresa no acreditó buena fe

“Todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”, afirmó Casanello en la resolución. El magistrado agregó que los supuestos préstamos usados al comienzo para justificar el incremento patrimonial de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados, que pasó a figurar como nuevo adquirente a través de esa sociedad.

El juez también indicó que informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA, mostraron maniobras para ocultar el origen de los fondos utilizados en la compra. En ese punto escribió: “Transcurridos diez años desde la adquisición del helicóptero y frente a la solicitud de un decomiso anticipado, nada ha podido decir el titular registral para rebatir esas sospechas. En este sentido, derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”.

Casanello concluyó que no hubo “ninguna explicación convincente” para considerar a la firma registral como tercera de buena fe. “La propiedad sólo existe válidamente en la medida de que sea adquirida a través de los medios que el derecho permite. En este caso, la titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos-, lo que determina la inexistencia de un derecho”, sostuvo.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta como parte de la condena por lavado de dinero, en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y que hasta el día de hoy está impaga.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que un tercer magistrado, Mariano Borinsky, se pronunció en disidencia parcial.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, que asciende a más de 274 millones de dólares como parte de la condena a seis años y medio de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Pago en cuotas

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida viven los hijos menores de edad de Báez.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó esos argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la multa “se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo que deberá hacerse efectivo sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”. Por su parte, Hornos analizó que el planteo de Báez es “prematuro” porque no se rechazó en forma definitiva la posibilidad de pagar en cuotas sino que se postergó considerarlo a una etapa futura del trámite de ejecución de la multa “supeditada al resultado de la intimación de pago y al cauce legal previsto para la satisfacción de la pena pecuniaria”.

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular lo actuado y devolver el caso al tribunal de origen. Según su criterio, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio oral avanzó sin analizar previamente la alternativa de pago en cuotas solicitada por la defensa, lo que implicó un “déficit en el trámite” y una falta de fundamentación.

La condena

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral pero luego Casación redujo la pena a seis años y seis meses. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre, dueño de “Austral Construcciones”, también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial por la “ruta del dinero” que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias. Se determinó que todo tuvo como objetivo dar apariencia legal a más de 55 millones de dólares.

Martín Báez, el hijo mayor del condenado dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, sufrió un nuevo revés judicial en su intento por frenar el decomiso de bienes que se ejecuta luego de haber quedado firme la condena a seis años y seis meses de prisión en la “ruta del dinero K”.

La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible una nueva apelación en la que Báez buscaba suspender el avance sobre sus bienes. En su planteo, sostuvo, por un lado, que se incluyeron propiedades adquiridas con anterioridad a los hechos por los que fue condenado. Por otro, argumentó que aún no está firme la decisión que unificó en 15 años de prisión las condenas impuestas a su padre, Lázaro Báez, en esta causa y en la de Vialidad, y señaló que numerosas propiedades pertenecen a ambos.

El hijo mayor de Báez fue condenado por maniobras de lavado de activos cometidas entre diciembre de 2010 y abril de 2013.

Pena firme

La sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó los argumentos y habilitó así a que se avance sobre la ejecución de los bienes. La pena ”se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo" sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado, consideró el juez Carbajo.

El magistrado recordó que el Tribunal Oral Federal 4 ordenó el 25 de agosto de 2025 avanzar con la ejecución del decomiso dispuesto en una sentencia ya firme. Para ello se dispusieron medidas destinadas a la incautación de dinero depositado en cuentas bancarias, bienes inmuebles y fondos obtenidos en subastas judiciales. Además destacó que la fiscalía señaló que los bienes cautelados para ser decomisados fueron identificados durante el juicio oral y la medida fue luego confirmada por la propia Casación.

También rechazó el planteo vinculado con la situación procesal de Lázaro Báez y sostuvo que la falta de firmeza de la unificación de condenas no impide ejecutar las sanciones patrimoniales ya firmes respecto de Martín Báez.

En el mismo sentido votó Hornos, quien remarcó que parte de los inmuebles cuestionados fueron embargados para garantizar el cobro de la multa impuesta en la condena. Según el magistrado, las objeciones referidas a la fecha de adquisición de los bienes o a la necesidad de acreditar una relación directa con los hechos investigados resultan insuficientes para impedir la ejecución patrimonial.

“La unificación de penas dictada oportunamente por los magistrados respecto de Lázaro Antonio Báez se limita a las penas principales y accesorias legales de carácter general, sin comprender al decomiso”, sostuvo Hornos sobre el otro planteo.

En disidencia parcial, el juez Borinsky votó al igual que sus colegas por desestimar el recurso en los puntos principales, pero se pronunció a favor de hacer lugar a planteos de Báez vinculados a la fecha de compra de ciertos bienes y pedir al Tribunal que le dé respuesta, sin adelantar opinión sobre el asunto. El tribunal oral “ordenó la ejecución del decomiso de los bienes de Martín Antonio Báez sin hacerse cargo, debidamente, de parte de los planteos formulados” por la defensa, explicó.

“Si bien es cierto que, en principio, no resulta necesario una trazabilidad exacta de los bienes, dicho argumento no responde al concreto cuestionamiento defensista referido a la ausencia de nexo entre bienes adquiridos previamente al hecho delictivo y su calificación como provecho del mismo”, afirmó.

La multa

El 6 de mayo último, Casación rechazó otro recurso de la defensa del hijo mayor de Báez y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta también como parte de la condena por lavado de dinero, que hasta el día de hoy está impaga.

El TOF 4 porteño condenó en 2021 al titular de Austral Construcciones a 12 años de cárcel, a su hijo Martín a 9 años y a otros 15 imputados, entre ellos Leonardo Fariña -que recibió 5 años como “arrepentido”-, por maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, además de ordenar el decomiso de 54,8 millones de dólares y multas a las distintas firmas involucradas en las operaciones delictivas. Casación Federal, en 2023, confirmó el fallo, pero redujo varias condenas: Báez quedó en 10 años de cárcel y su hijo Martín en 6 años y medio.

Carlos Telleldín se niega a devolver los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal en 1996 para involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA. La revelación de este pago que salió de las arcas de la ex SIDE derivó en la absolución de todos los acusados en un juicio oral a la supuesta conexión local del ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en Pasteur 633.

El ex reducidor de autos y actual abogado pasó casi una década preso como supuesto partícipe necesario del atentado por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que la Justicia considera probado se usó como cochebomba. Fue absuelto por este hecho en dos juicios orales. Pero finalmente quedó condenado a tres años y seis meses de prisión en febrero de 2019 por el delito de peculado, en otro debate que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 2 por las irregularidades en la investigación del atentado mientras estuvo a cargo del destituido ex juez federal Juan José Galeano.

En ese juicio, a Telleldín lo condenaron junto a otros acusados, entre ellos Galeano. En el caso del ex reducidor de autos, se ordenó el decomiso de los 400 mil dólares que le pagaron cuando estaba preso para ampliar su declaración indagatoria en 1996 y mencionar a cuatro policías bonaerenses a quienes, según dijo, les entregó la Trafic como parte de pago de una presunta extorsión. Todos fueron presos durante años y resultaron absueltos en el primer juicio oral por el atentado cuando ex agentes de inteligencia relevados de la obligación de guardar secreto hablaron por primera vez ante el Tribunal Oral Federal 3 y contaron en detalle cómo se instrumentó el pago a Telleldín a instancias del entonces juez Galeano.

Un largo camino para los 400 mil dólares

Al condenarlo en febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 integrado en ese juicio por Jorge Gorini, Adriana Pallioti y Rodrigo Giménez Uriburu ordenó el decomiso de los 400 mil dólares. La sentencia quedó firme, pero el dinero todavía no volvió al Estado Nacional y ahora el tema será resuelto por la Cámara Federal de Casación.

El juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, rechazó el 18 de mayo pasado planteos de nulidad, prescripción y extinción del decomiso presentados por Telleldín y ordenó avanzar con una amplia investigación patrimonial para intentar recuperar los 400.000 dólares que recibió con fondos reservados del Estado durante la investigación del atentado contra la AMIA.

Se aceptó un pedido de Unidad Fiscal AMIA para avanzar con medidas para identificar bienes que puedan ser alcanzados por la ejecución del decomiso y se ordenó levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil del condenado, familia y allegados.

Telleldín sostuvo que la pesquisa patrimonial carece de sustento legal, que la acción para ejecutar el decomiso está prescripta y que existe una imposibilidad material para cumplir con esa sanción porque no hay bienes identificables. Sin embargo, el juez rechazó los planteos por “manifiestamente infundados”. El tema será ahora revisado por el máximo tribunal penal federal del país.

Los USD 400.000 pagados con fondos reservados

Al fundamentar su decisión, el TOF recordó que la sentencia firme estableció que los 400.000 dólares provenientes de fondos reservados de la ex SIDE fueron entregados a Telleldín para que brindara una declaración previamente acordada en la investigación del atentado.

El decomiso, además, no se limita al dinero originalmente entregado, sino que puede extenderse a los bienes que lo hayan reemplazado o a las ganancias obtenidas a partir de esos fondos, se advirtió.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que “el decomiso puede recaer sobre elementos por los cuales éstos hayan sido reemplazados, sustituidos o transformados así como también puede abarcar los ingresos u otros beneficios razonablemente vinculados”.

Los jueces añadieron que el objetivo de estas medidas es “evitar que el autor conserve, de modo directo o indirecto, por sí o interpósita persona, cualquier ventaja económica derivada del hecho delictivo”.

Para el tribunal, tratándose de dinero —un bien fungible— no resulta necesario demostrar el recorrido exacto de cada dólar desde 1996 hasta la actualidad. Por el contrario, “el decomiso no exige una correspondencia estricta e individualizada entre el bien originalmente obtenido y aquel sobre el cual finalmente se hace efectivo”, sino una relación razonable entre el producto del delito y el incremento patrimonial detectado.

Incluso se advirtió que exigir una reconstrucción lineal de esos activos “carece de sustento normativo” e “importa vaciar de contenido el mandato legal e internacional de asegurar un decomiso efectivo”.

El fallo también descartó que la ejecución del decomiso haya prescripto porque el plazo debe computarse desde que la sentencia quedó firme y no desde que se cometió el delito. Además, el atentado a la AMIA fue declarado imprescriptible.

Como consecuencia del rechazo de los planteos de Telleldín, el TOF 2 hizo lugar al pedido formulado por la Unidad Fiscal AMIA y ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil del condenado y de distintos integrantes de su entorno familiar y personal.

La medida busca reconstruir el circuito económico y detectar activos que eventualmente puedan ser ejecutados: se pidió información al Banco Central, a la ARCA y a la Comisión Nacional de Valores sobre movimientos y declaraciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 1996, fecha de entrega del dinero, y la actualidad. Ahora el condenado recurrió a Casación en un nuevo intento por frenar el avance sobre sus bienes.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detecta 1.2 millones de cigarrillos durante acciones de control e inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de las revisiones aplicadas a carga aérea internacional.

De acuerdo con la ANAM y la SEMAR, el cargamento llega procedente de Taiwán con destino a la Ciudad de México y busca ingresar al país con una declaración genérica en la documentación de transporte como “mercancía diversa”, lo que deriva en una revisión documental y física.

Según ambas dependencias, el embarque se integra por 100 cajas con un peso bruto total de 1,976 kilogramos. En la inspección, el personal especializado identifica 6,000 paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas, para un total de un millón 200 mil cigarrillos.

Tras el hallazgo, las autoridades implementan las medidas de control correspondientes y realizan consultas y verificaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada, conforme a los procedimientos aplicables en este tipo de aseguramientos, de acuerdo con la información oficial.

La ANAM señala que el resultado se obtiene a partir de acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo, revisión física e inspección en la Aduana del AICM, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional mediante la detección de cargas que no coinciden con su documentación o que se declaran de forma genérica.

En su reporte, la autoridad aduanera precisa que, desde septiembre de 2025 a la fecha, esa aduana acumula aseguramientos por 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos. La cifra se suma a los esfuerzos institucionales para detectar y contener operaciones vinculadas con el tráfico y la comercialización irregular de productos de tabaco, de acuerdo con ANAM y SEMAR.

Las dependencias indican que estas revisiones forman parte de una estrategia para reforzar la supervisión en puntos de ingreso al país, con herramientas de gestión de riesgos, revisión documental e inspección de mercancías en las aduanas. En ese esquema, la carga aérea internacional es sujeta a controles que buscan identificar discrepancias entre lo declarado y lo transportado.

La ANAM y la SEMAR sostienen que mantienen acciones de inspección, control y vigilancia en las aduanas del país, con el propósito de fortalecer la operación conforme al marco legal vigente y elevar la seguridad y el orden en el comercio exterior, según el comunicado del aseguramiento en el AICM.

• ANAM y SEMAR detectan 1.2 millones de cigarrillos en el AICM, procedentes de Taiwán.
• El embarque contiene 100 cajas con 1,976 kilogramos y se declara como “mercancía diversa”.
• La Aduana del AICM acumula 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos asegurados desde septiembre de 2025, según la autorida

Riesgos de consumir cigarros ilegales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene conocimiento sobre la comercialización de algunas marcas de cigarros, los cuales son importados de forma ilegal y no cumplen con la legislación sanitaria vigente aplicable en materia de tabaco.

El presente aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera el uso de estos productos.

Entre los señalados se encuentran:

Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por COFEPRIS, adicionalmente pueden tratarse de productos falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueden ser potencialmente tóxicos.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A la población en general

• No adquirir ni usar los productos señalados en la tabla.

• En caso de identificar a la venta los productos, no adquirirlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente. COFEPRIS mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente.

Uno de los riesgos más importante es que, por su bajo costo, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades altamente vulnerables.

Los cigarros deben contar con pictogramas y advertencias sanitarias; se ha logrado el aseguramiento de más de 206 millones de unidades a la fecha, lo cual representa un crecimiento del 515,000 por ciento comparado con el año 2010.

La autoridad Sanitaria destaca que los cigarros producidos en el extranjero, deben introducirse a México con un permiso previo de importación, el cual es expedido por la COFEPRIS, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales. Los cigarros ilegales no cumplen con la legislación y normatividad sanitaria aplicable en esta materia. La venta y comercialización de cigarros sueltos, a granel o por unidad se encuentra prohibida por la Legislación Nacional.

Igualmente, se informa que la COFEPRIS, por si misma o a través de sus representaciones estatales, continuará las acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales en puntos de comercialización y distribución, así como su destrucción para evitar el acceso al público, independientemente de la responsabilidad administrativa o penal imputable a los comercializadores de los mismos.

Cristina Fernández de Kirchner acaba de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decomiso que puso en marcha el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la causa Vialidad por la que cumple seis años de condena, bajo la modalidad de prisión domiciliaria en San José 1111.

En el escrito al que tuvo acceso Infobae, solicitó que se haga lugar al planteo directo ante el Máximo Tribunal, con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.

A la vez, la defensa de la ex presidenta destacó que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

El abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, sostuvo que “la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva.”

Agregó que en este caso “se llevó a cabo una exégesis extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes del TOF 2 y la Cámara Federal de Casación”.

En el mismo sentido, el defensor expresó su rechazo porque “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”.

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de CFK rechaza el decomiso de un conjunto de 19 bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, porque considera que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía que los incluyó en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Los hijos de la expresidenta quieren conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El fallo de Casación

La Cámara de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En cuanto al planteo de los hijos de la ex jefa de Estado respecto a conservar los bienes heredados, Casación afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Más de 800 kilogramos de cocaína fueron asegurados frente a las costas de Guerrero durante un operativo que también dejó cinco personas detenidas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga en aguas nacionales. Durante la intervención fueron detenidos los cinco tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento representa una afectación a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que el cargamento llegara a los canales de distribución ilegal.

Según las estimaciones oficiales, la droga decomisada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

La operación fue realizada de manera coordinada por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico en aguas nacionales.

Las autoridades no detallaron la ruta de la embarcación ni el destino previsto para el cargamento, aunque señalaron que continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal informó que, durante la actual administración, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en distintas regiones del país.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones coordinadas entre instituciones federales continuarán con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en el espacio marítimo mexicano y reforzar las estrategias de combate al narcotráfico.

Guerrero acumula una serie de decomisos marítimos de cocaína durante 2026

El aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína frente a las costas de Guerrero se suma a una cadena de operativos realizados por fuerzas federales en el Pacífico mexicano durante los últimos meses, una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica.

El caso más reciente ocurrió el 7 de junio, cuando personal de la Secretaría de Marina localizó 29 bultos flotando en el mar frente a la comunidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana. Las autoridades aseguraron aproximadamente 1.36 toneladas de cocaína y estimaron una afectación económica de 283 millones de pesos para las organizaciones criminales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción evitó que alrededor de 2.6 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Meses antes, en marzo de 2026, fuerzas federales interceptaron una embarcación en aguas cercanas a Acapulco y decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína. En aquella operación participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El aseguramiento fue considerado entonces uno de los más relevantes del año en el litoral guerrerense.

Ese decomiso formó parte de una serie de acciones consecutivas contra el tráfico marítimo de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, en febrero fueron aseguradas alrededor de media tonelada de cocaína en Oaxaca tras la detección de vuelos clandestinos, mientras que un día después autoridades federales decomisaron aproximadamente cuatro toneladas transportadas en una embarcación semisumergible frente a las costas de Colima.

Además, durante mayo se reportaron nuevos aseguramientos de cocaína en operaciones desarrolladas en el Pacífico, incluidas acciones frente a las costas de Guerrero que derivaron en la localización de decenas de bultos con droga y la detención de personas vinculadas con su transporte marítimo.

Con el decomiso realizado esta semana en Guerrero, el Gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones de vigilancia desplegadas en el Pacífico mexicano.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo en el que los ocupantes de un vehículo huyeron hacia una zona de cañaverales. Según la institución, el cargamento tendría un valor aproximado de 40 millones de lempiras en el mercado ilícito.

El operativo se ejecutó después de que agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) recibieran información de inteligencia sobre el traslado de un cargamento de estupefacientes por esa zona del norte del país.

Tras verificar la alerta, los equipos especializados iniciaron labores de vigilancia y seguimiento a un vehículo sospechoso. Al detectar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades y generaron una persecución por varios sectores del municipio.

Cómo ocurrió el decomiso

De acuerdo con el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, los sospechosos se desviaron hacia una zona de cañaverales para dificultar las labores de captura.

“Los transportistas abandonaron el vehículo y huyeron hacia el interior de las cañeras, logrando escapar momentáneamente de la acción policial”, explicó Mayes Ríos.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron los paquetes que contenían la cocaína y la marihuana y los aseguraron como parte de la prueba del caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen operativos en la zona para identificar a los responsables y determinar el origen y destino final del cargamento.

La incautación ocurre mientras Honduras continúa siendo utilizada como punto de tránsito por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Olancho siguen entre los corredores de mayor interés para estas estructuras por su ubicación geográfica y sus conexiones terrestres y marítimas.

De acuerdo con datos oficiales de la DNPA, durante el primer trimestre de 2026 fueron decomisados 432 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 524 libras de marihuana en distintas operaciones desarrolladas a nivel nacional. También se reportó la captura de 95 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades estiman que esas acciones evitaron que más de cuatro millones de dosis de sustancias ilícitas llegaran a las calles y representaron pérdidas superiores a 100 millones de lempiras para las organizaciones criminales.

Investigación abierta

Los resultados operativos reflejan una ofensiva sostenida de los cuerpos antidrogas. Solo entre finales de abril y mediados de mayo, la DNPA informó sobre múltiples operaciones que incluyeron el decomiso de 70 kilos de supuesta cocaína en Olancho, así como capturas y aseguramiento de vehículos utilizados para actividades ilícitas.

La Policía Nacional también reportó a inicios de 2026 el aseguramiento de cerca de 895 kilos de cocaína en distintos operativos ejecutados bajo el Plan Alcázar, una estrategia orientada a combatir el crimen organizado y la delincuencia común en zonas de alta incidencia delictiva.

Tras el decomiso realizado en Pimienta, equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios para establecer quiénes integraban la estructura responsable del traslado de la droga.

Los peritos analizarán el vehículo abandonado y otros elementos encontrados en la escena con el propósito de obtener información que permita identificar a los implicados y fortalecer las acciones judiciales correspondientes.

El cargamento decomisado fue trasladado bajo medidas de seguridad para los procedimientos legales y periciales correspondientes, mientras las investigaciones permanecen abiertas.

El próximo 10 de junio se cumplirá un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Desde el punto de vista judicial, el efecto de esa resolución implicó el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La ex presidenta pidió en reiteradas instancias que le saquen el dispositivo que controla sus movimientos, argumentando que cuenta con custodia las 24 horas. El último intento fracasó la semana pasada cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.

Entre los argumentos, sus abogados refirieron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

El Tribunal respondió que “dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria”.

Balcón, visitas y terraza

Otras de las discusiones que se repitieron en los últimos 12 meses estuvieron relacionadas con el uso del balcón, la organización de las visitas y los pedidos de los abogados para exponerse al aire libre.

En el caso del balcón, la justicia consideró que Cristina Fernández no violó las directivas judiciales al asomarse o dar mensajes.

En una aclaratoria los jueces le indicaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.

El escándalo se desató cuando se publicó en redes sociales la visita simultánea de nueve economistas de la Secretaría de Economía del Partido Justicialista.

La consecuencia de ese incidente fue la disposición de seguir requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo quedaron permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas.

En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el TOF 2 ordenó que solo se puede acceder dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00.

Para la defensa esas restricciones constituyen “un castigo adicional y arbitrario”, que no se compadece con la normativa vigente ni con la conducta que ha desarrollado la expresidenta desde que viene cumpliendo su pena.

En la última resolución al respecto, el tribunal ratificó las condiciones porque consideró que Cristina Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

El decomiso

El recorrido de la causa Vialidad, que se inició hace casi 365 días en la Corte Suprema con la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, vuelve al Máximo Tribunal para que resuelva la queja de la ex mandataria en relación a los bienes incluidos en el decomiso, que ordenó el TOF 2 para recuperar el dinero de la corrupción.

Después de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario contra la ejecución de bienes que incluye los activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, la defensa intentará cambiar el rumbo a través del planteo ante la Corte, con el argumento de que lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.

Para la ex presidenta, las propiedades que pretenden ser recuperadas para el Estado Nacional “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

A todo esto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, que depende de la Corte Suprema, para que defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

Los bienes

Hasta ahora el TOF 2 habilitó para el decomiso un listado de 111 bienes de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, y 19 propiedades que figuran a nombre de sus hijos. Se trata de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Esa nómina surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

A su vez, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de resolución.

En la segunda lista aparecen locaciones relacionadas con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó sobre la identificación de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilogramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según la autoridad, la mercancía procedía de Singapur y fue detectada durante revisiones aplicadas a operaciones de comercio exterior.

La dependencia señaló que el hallazgo se realizó en la Aduana del AICM como parte de los controles implementados para supervisar el ingreso de mercancías provenientes del extranjero.

De acuerdo con la información difundida por la ANAM, el cargamento fue identificado tras la revisión de documentación relacionada con la operación comercial y otros procedimientos de verificación aplicados por personal especializado.

Las autoridades precisaron que la mercancía estaba integrada por cigarrillos considerados apócrifos, aunque no detallaron la cantidad de cajetillas contenidas en el embarque ni las marcas involucradas.

La detección se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), corporación que participa en las labores de vigilancia y seguridad en instalaciones estratégicas del país, entre ellas diversas aduanas nacionales.

La ANAM indicó que el análisis de la operación incluyó la revisión de antecedentes comerciales y documentación asociada al cargamento, elementos que permitieron identificar la mercancía para una inspección más detallada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas o investigadas por este caso, ni han dado a conocer el valor económico estimado de la mercancía localizada.

Tampoco se precisó cuál será el destino final del cargamento ni si los productos serán sometidos a peritajes adicionales para confirmar su autenticidad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puntos de entrada de mercancías transportadas por vía aérea al país, por lo que concentra labores de revisión orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y comerciales aplicables a productos importados.

El decomiso en el AICM ocurre tras otros golpes recientes al mercado ilegal de cigarros en la CDMX

El aseguramiento de más de cuatro toneladas de cigarrillos presuntamente apócrifos en el AICM se suma a una serie de operativos recientes contra el comercio ilegal de tabaco en la capital del país. Apenas en mayo de 2026, autoridades federales informaron sobre un decomiso considerado histórico de cigarros ilegales valuado en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, una operación que, según las investigaciones, estaría relacionada con redes de distribución vinculadas a La Unión Tepito.

Las investigaciones oficiales han identificado al Centro Histórico y a Tepito como algunos de los principales puntos de comercialización de tabaco ilícito en la Ciudad de México. De acuerdo con datos citados por autoridades federales, una parte importante de estos productos proviene de países de Asia y Sudamérica e ingresa al país mediante esquemas de contrabando o con documentación irregular antes de ser distribuida en el mercado nacional.

La presión sobre estas redes también se ha reflejado en los aseguramientos realizados en el propio AICM. En enero de 2026 fueron decomisadas cerca de 20 toneladas de cigarros ilegales procedentes de Japón, equivalentes a más de 950 mil cajetillas y con un valor comercial superior a los 70 millones de pesos. Las autoridades señalaron entonces que el cargamento utilizaba documentación alterada para intentar ingresar al mercado mexicano.

Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron un operativo en el municipio de Ecatepec que derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar narcóticos.

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Niños Héroes, en la colonia Los Héroes Ecatepec, Cuarta Sección, luego de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con información oficial, las investigaciones permitieron a la Fiscalía mexiquense reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de cateo ante una autoridad judicial, la misma que fue concedida para intervenir el inmueble señalado.

Hallan marihuana y posible cocaína en piedra

Durante el despliegue operativo, las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio y localizaron distintas sustancias ilícitas, entre ellas dosis de una sustancia con características similares a la cocaína en piedra, varias porciones de marihuana y aproximadamente dos kilos de hierba verde seca con características propias de esta droga.

Las autoridades detallaron que el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones que continúan para determinar el alcance de las operaciones ilícitas que presuntamente se realizaban en el lugar.

Detienen a un adulto y a un adolescente

En el sitio fueron detenidos Jair Rosalío “N” y un adolescente de 16 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

El menor fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, ubicada en el Centro de Justicia de San Agustín, donde se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos para menores de edad.

Por su parte, Jair Rosalío “N” quedó bajo resguardo del Ministerio Público, instancia que determinará su posible responsabilidad en delitos contra la salud.

Continúan investigaciones en Ecatepec

Las autoridades estatales informaron que este operativo forma parte de las estrategias coordinadas entre corporaciones federales y estatales para combatir la venta y distribución de drogas en municipios prioritarios del Estado de México, particularmente en Ecatepec, considerado uno de los puntos con mayor incidencia delictiva en la entidad.

Asimismo, señalaron que las denuncias ciudadanas continúan siendo fundamentales para detectar inmuebles y puntos relacionados con actividades ilícitas, por lo que exhortaron a la población a reportar cualquier hecho sospechoso de manera anónima.

En tanto, el inmueble permanecerá asegurado mientras avanzan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para fortalecer las investigaciones sobre posibles redes de narcomenudeo que operan en esta región del Valle de México.

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

La sala IV de Casación rechazó recursos extraordinarios de la defensa de CFK y sus hijos y allanó el camino a la hora de continuar con los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de los Kirchner y Lázaro Báez. Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Sólo la queja

A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda ir en queja directa ante el máximo tribunal del país. En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último magistrado votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

Decomiso y delito

Por mayoría, se desestimaron todos los recursos. “El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto.

Se trata de un “ilícito comprobado” con una condena firme. Los delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”, advirtió al reiterar los argumentos que expresó en el fallo de Casación que confirmó el decomiso.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa y que las defensas sólo expresaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.

También rechazó el argumento según el cual el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Según sostuvo, esos planteos ya fueron tratados y no se demostró ahora una “cuestión federal” que abriera el camino a la Corte Suprema.

Que los actuales titulares de los bienes en disputa no hayan sido sometidos a esta causa penal no impide el decomiso cuando hay “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”, reiteró y agregó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Borinsky, por su parte, consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Báez.

Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar bienes alcanzados.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, concluyó Borinsky.

Son diez departamentos en Mitre 535, Rio Gallegos, Santa Cruz y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia. Y en cuanto a los bienes de Lázaro Báez, de inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un autobús foráneo que transportaba un importante cargamento de droga sintética oculto en el área del camarote, durante una inspección realizada en la carretera Panamericana, en el estado de Chihuahua.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión ubicado en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el tramo Ahumada-Ciudad Juárez, donde agentes federales detuvieron para revisión un autobús Scania Irizar I8 modelo 2022 de la línea Chihuahuenses, identificado con el número económico 9561.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, la unidad cubría la ruta de Culiacán, Sinaloa, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nerviosismo del operador levantó sospechas

Durante la inspección de rutina, el conductor identificado como Juan “N” fue interrogado por agentes de la Fiscalía General de la República sobre el trayecto y destino del autobús.

Según detalló un agente del Ministerio Público Federal, el comportamiento nervioso del operador llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes decidieron realizar una revisión más minuciosa en distintas áreas de la unidad, particularmente en el camarote utilizado por el chofer.

Fue en ese espacio donde localizaron 40 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta negra que contenían fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

Además, encontraron 13 contenedores de plástico con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal, con un peso total de 14 kilogramos.

A ello se sumaron dos contenedores más que almacenaban más de 20 mil pastillas de fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en el mercado ilegal debido a su alta potencia y letalidad.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del conductor, la unidad y la droga.

Trasladan evidencia a instalaciones federales

El operador detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su posible responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Mientras tanto, el autobús y las sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, donde se realizarán las pruebas periciales correspondientes y el pesaje oficial de los narcóticos.

Las investigaciones también buscarán determinar si existen más personas involucradas en el traslado del cargamento y si el decomiso está relacionado con redes criminales que operan entre Sinaloa y la frontera norte del país.

Tercer aseguramiento de la misma empresa

Autoridades federales revelaron que no es la primera ocasión en que unidades de la misma empresa de transporte son relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes oficiales, este representa el tercer camión de transporte de pasajeros de la misma línea asegurado con narcóticos en el mismo punto carretero por elementos de la Policía Federal Ministerial.

La recurrencia de los decomisos ha encendido alertas entre las autoridades federales, que ya investigan posibles vínculos entre operadores, rutas de traslado y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera con Estados Unidos.

El corredor carretero entre Sinaloa y Ciudad Juárez es considerado una de las principales rutas para el tráfico de drogas debido a su conexión con cruces fronterizos estratégicos.

Fentanilo, una amenaza creciente

El aseguramiento ocurre en medio de la creciente preocupación nacional e internacional por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado miles de muertes por sobredosis, principalmente en Estados Unidos.

Las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar cargamentos en vehículos de carga y transporte de pasajeros, aprovechando rutas comerciales y carreteras federales para mover las sustancias hacia el norte del país.

Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en puntos carreteros de Chihuahua debido a que el estado es considerado estratégico para el trasiego de drogas, armas y migrantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si el conductor detenido pertenece a alguna organización criminal ni si existen órdenes de captura relacionadas con este caso.

Más de tonelada y media de presunta cocaína fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) luego de detectar una embarcación en la que se trasladaban cinco personas con bultos negros frente a las costas del estado de Chiapas.

La acción se llevó a cabo derivado de labores de vigilancia marítima y aérea de personal naval en aguas del Pacífico mexicano, donde detectaron una lancha en la que se recuperaron 50 bultos negros que contenían 32 paquetes cada uno.

La embarcación se encontraba a 80 millas náuticas, es decir, a 148 kilómetros al noroeste del estado. Asimismo, cinco personas se trasladaban a bordo de ella en compañía de los paquetes.

Dentro de estos bultos, las autoridades localizaron una sustancia con características similares a la cocaína, la cual dio un peso neto de mil 587 kilogramos, es decir, poco más de tonelada y media de droga.

Ante los hechos, las cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación leal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, tanto la embarcación como la droga fueron aseguradas y también puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Afectación es superior a los 612 millones de pesos

Las autoridades informaron que este aseguramiento equivalía a tres millones de dosis que se evitó sean distribuidas a la población. Asimismo, el decomiso implica una afectación económica superior a los 612 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Este aseguramiento de droga es la sexta consecutiva que se lleva a cabo en altamar por la Marina.

Dos decomisos recientes ocurrieron en Manzanillo, con paquetes que pretendían ser compactadoras de cartón y aires acondicionados

El pasado 13 de mayo la Marina informó el aseguramiento de más de 190 paquetes con presunta cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de realizar una inspección para verificar el contenido de un buque con bandera de Panamá.

Dicho hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores cuya carga había sido declarada oficialmente como aires acondicionados. Este envío tenía como destino final Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El aseguramiento ocurrió tras una revisión rutinaria encabezada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, donde los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso superior a 200 kilogramos de droga, identificada de manera preliminar como clorhidrato de cocaína.

Otro decomiso se registró en días previos, cuando elementos de la Marina y de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco bultos con una sustancia granulada cristalina de color blanco, similar a la metanfetamina, que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

La acción ocurrió cuando los elementos navales identificaron una carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur. La droga fue detectada oculta en un contenedor declarado como compactadoras de cartón.

A estas acciones se suman las realizadas en altamar en las últimas semanas, destacando uno de 89 bultos de cocaína y la detención de dos extranjeros frente a costas de Guerrero, así como el decomiso de más de 2 toneladas de la misma droga frente a costas de Oaxaca.

Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, y de ese modo inició el camino para intentar que la Corte Suprema frene la expropiación de los bienes a nombre de sus hijos, incluidos en el decomiso de la causa Vialidad.

Para la expresidenta las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Se trata de 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Además, la defensa de Kirchner sugirió que la justicia podría prescindir de los inmuebles de la herencia, porque el Ministerio Público Fiscal “conserva íntegramente la facultad de identificar, en el curso de la ejecución, nuevos bienes susceptibles de realización”.

La defensa de la herencia

Los abogados de Cristina Fernández presentaron a la justicia “una evaluación individual y pormenorizada sobre la situación de cada uno de los bienes”, con el propósito de conservar las propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

En el escrito describieron la situación de cada una de las propiedades que forman parte del fallo que están cuestionando, argumentando que ninguna entra en el período de sospecha.

Sobre el edificio de Mitre 535, Río Gallegos, dijeron que Néstor Kirchner compró un inmueble en 1978, y en el año 2005 se iniciaron obras con un fideicomiso. El expresidente se quedó con cinco unidades funcionales y en el año 2007 compró el resto del complejo.

Como parte de su descargo, indicaron que esos actos fueron cuestionados por sus opositores políticos, quienes presentaron una denuncia por supuesto enriquecimiento ilegítimo. La causa avanzó hasta que en el año 2012 les dictaron el sobreseimiento.

En relación a los inmuebles de 25 de Mayo 255, Río Gallegos; Presidente Néstor Kirchner 490, Río Gallegos, y otros dos departamentos en Lago Argentino, los letrados sostienen que los adquirió Néstor Kirchner entre los años 2006 y 2010, con fondos lícitos, y luego fueron heredados por sus hijos.

Otros de los dispositivos incluidos en el decomiso que intenta mantener en poder de sus hijos Cristina Kirchner es el Complejo Hotel Los Sauces y otros terrenos.

Acerca de estas propiedades, destacaron que en el 2002 la expresidenta adquirió un terreno fiscal donde posteriormente se construyó el hotel.

De acuerdo a su punto de vista, debería retirarse de la nómina prevista para el recupero de activos, porque lo compró “siete años antes de acaecido el único acto ejecutivo por el cual fue condenada” en Vialidad.

En tanto, los terrenos fueron permutados con Lázaro Báez, fuera del período investigado.

El decomiso

Mientras Cristina Fernández de Kirchner espera una respuesta de Casación que defina si podrá apelar ante la Corte Suprema o deberá presentar un recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura para avanzar con el proceso de decomiso.

A través de ese escrito, solicitó que defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a recupero “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

El planteo se refiere a los 111 bienes aprobados por Casación para el recupero de activos, del que forman parte las 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

Ese listado surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

A todo esto, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de una resolución.

En la segunda nómina, aparecen inmuebles relacionados con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la exmandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.

Más de 190 paquetes con presunta cocaína fueron asegurados por la Secretaría de Marina (Semar) en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de que se realizó una inspección para verificar el contenido de un buque con bandera de Panamá.

El hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores, cuya carga había sido declarada oficialmente como aires acondicionados y que tenía como destino final Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El aseguramiento ocurrió tras una revisión rutinaria encabezada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, donde los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso bruto superior a 200 kilogramos de droga, que fue identificada de manera preliminar como clorhidrato de cocaína.

Las autoridades informaron que tras el hallazgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación final del material asegurado.

El peso ministerial definitivo permanece pendiente, ya que la sustancia quedó a disposición de las autoridades competentes para su análisis y resguardo. Por este decomiso no se reportaron personas detenidas.

La Secretaría de Marina explicó que el decomiso se enmarca en las labores permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria en coordinación con otras instancias federales, estatales y municipales.

Otro decomiso en Manzanillo se registró en días pasados: iba a Nueva Zelanda

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco bultos con una sustancia granulada cristalina de color blanco, similar a la metanfetamina, que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

La acción fue informada el pasado 8 de mayo, luego de que los navales identificaron la carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur. La droga se encontraba oculta en un contenedor declarado como compactadoras de cartón.

El contenedor fue detectado en una inspección rutinaria bajo la responsabilidad de la Sexta Región Naval y las labores de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP).

Durante la acción, fueron localizados los bultos con la presunta droga, por lo que se procedió con su aseguramiento para ser puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y se realicen las investigaciones correspondientes.

La marina detalló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control implementadas en coordinación interinstitucional para impedir el tráfico de drogas por puertos mexicanos, refirió la Marina.

Manzanillo figura ahora entre los puertos con mayores operativos contra el trasiego de estupefacientes hacia el extranjero. En febrero de 2026, la Marina decomisó cerca de sus costas un semisumergible con 179 bultos que contenían aproximadamente cuatro toneladas de cocaína y detuvo a tres personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaba en el mar cerca del estado de Oaxaca.

Las autoridades informaron que el hallazgo se llevó a cabo durante labores de vigilancia en el Pacífico mexicano, cuando los elementos navales detectaron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto que flotaban en el mar. Luego de recuperarlos, identificaron que contenían una sustancia similar a la cocaína.

Fue en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) que se realizó el aseguramiento de la carga ilícita, aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco.

Los objetos fueron trasladados al puerto de Huatulco para su resguardo e investigación, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial correspondiente y dará continuidad a las investigaciones.

El operativo se enmarca en las acciones permanentes que realiza la Armada de México para combatir el trasiego de drogas por rutas marítimas que provienen de Sudamérica hacia costas de México y Centroamérica.

El aseguramiento de estos paquetes se suma a un total de 65.5 toneladas de carga ilícita recuperadas en el mar durante la actual administración, de acuerdo la Semar. Las autoridades subrayaron que estas operaciones buscan inhibir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en las aguas nacionales.

En Manzanillo fueron asegurados paquetes de droga declarados como “aires acondicionados”

Este miércoles la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de más de 190 paquetes con presunta cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de que se realizó una inspección en un buque con bandera de Panamá.

El hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores, el cual presuntamente transportaba aires acondicionados con destino a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras una revisión de rutina realizada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso superior a 200 kilogramos de droga.

Los paquetes con droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación final de lo asegurado.

En esta acción no se reportaron personas detenidas; sin embargo, la Semar informó que el decomiso forma parte de las labores permanentes de inspección y vigilancia portuaria que realizan.

Otro decomiso reciente se registró en Manzanillo este mismo mes, cuando los elementos navales localizaron cinco bultos con una sustancia granulada similar a la metanfetamina que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

Los paquetes se encontraban en una carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur, el cual presuntamente transportaba compactadoras de cartón.

Al menos 16 personas fueron capturadas por la Policía Nacional por estar presuntamente vinculadas al decomiso de más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en operaciones desarrolladas en terminales portuarias panameñas.

Entre las incautaciones destaca un contenedor procedente de El Salvador, declarado como exportación de café local, que al llegar a Panamá fue contaminado en uno de los puertos con 1,152 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en abril 2025.

La mayoría de estos cargamentos tenía como destino final países europeos.

Entre los aprehendidos figuran dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas y varios trabajadores portuarios, relacionados con investigaciones iniciadas en 2023, que permitieron desarticular redes criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas a través de instalaciones portuarias, informó la Policía Nacional.

La entidad de seguridad pública y el Ministerio Público revelaron que al desarrollar la Operación Farol en las provincias de Panamá y Los Santos, se logró la aprehensión de tres personas, presuntamente vinculadas a los delitos de hurto agravado, asociación ilícita, delitos financieros y blanqueo de capitales.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los principales implicados se habría aprovechado de su cargo como contador dentro de una empresa para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía, en coordinación con otros miembros de la estructura criminal.

Como parte de las diligencias, se indicó que también lograron la aprehensión de cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400.00 y dos vehículos con un valor estimado de $71,700.00 presuntamente vinculados a las actividades investigadas.

En tanto, 48 armas de fuego y 4,622 municiones fueron retiradas de circulación por el Ministerio de Seguridad Pública durante una nueva jornada del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, realizada en la Gran Estación de San Miguelito, en la ciudad capital.

Entre lo entregado voluntariamente por la ciudadanía se contabilizaron 26 revólveres, 14 pistolas, tres rifles, una escopeta, tres armas tipo pellet, una réplica y cinco explosivos, además de 4,622 municiones, 118 accesorios y 61 cargadores.

Como parte de programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, las familias recibieron bonos para la compra de comida y medicinas por un total de $23,050, fortaleciendo una estrategia que une seguridad ciudadana, prevención y bienestar social.

El programa es un paso en la prevención de la violencia, que cada día aumenta en Panamá.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, detrás de cada arma entregada hay una amenaza menos en las calles, una discusión que no terminará en tragedia y una familia que podrá sentirse más segura en su comunidad.

Más que retirar armas, fuentes del citado ministerio indicaron que se continúa recuperando tranquilidad, fortaleciendo comunidades y construyendo entornos más seguros para niños, jóvenes y familias en todo el país.

En 2025, mediante 18 jornadas, el programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” permitió retirar de las calles panameñas 1,142 armas de fuego y 92,690 municiones.

Los resultados de las jornadas realizadas en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde además de las armas y municiones los encargados del programa institucional recibieron 822 proveedores, 1,833 explosivos y 163 accesorios, todos puestos bajo resguardo seguro.

Al desglosar las armas entregadas durante las referidas jornadas se contabilizaron en esa oportunidad 366 revólveres, 346 pistolas, 109 escopetas, 94 rifles, 24 fusiles, 185 pellet, ocho subametralladoras, seis carabinas, dos lanzadores de bengalas, un arma de fabricación casera y un niple. El programa continuará en lo que resta del año, pero no se dieron mayores detalles.

El Tribunal que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación.

En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal del país para que considere y determine si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, según el texto al que accedió Infobae.

La misiva fue firmada por el juez del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu en el marco de la puesta en marcha de decomiso, contra el que la defensa de la ex presidenta presentó esta semana un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata de propiedades de los condenados Cristina Kirchner y el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de la adjudicación irregular a su favor de obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El destino de los bienes

Apenas se firmó el fallo de Casación que validó el decomiso sobre 111 bienes, incluidas 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión por Máximo y Florencia Kirchner, el TOF2 informó de ello a la Corte y requirió la información sobre si hay bienes sobre los cuales dispondrá el máximo tribunal.

Cuando ordenó el decomiso el año pasado, el Tribunal que llevó adelante el juicio Vialidad destacó que la Corte Suprema es administradora de los bienes recuperados y evaluó que se podría -por estrictas razones de justicia- destinar parte de ellos a la ciudadanía santacruceña, afectada por la maniobra de corrupción.

La expresidenta presentó ya un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner. Ese último tribunal debe resolver si concede el recurso o lo deniega. Si se da esta última posibilidad, solo quedaría ir en queja directa ante la Corte.

El monto actualizado para el decomiso de todos los condenados es de $684.990.350.139,86, una decisión que para la defensa no está firme todavía.

Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del principio de inocencia y del debido proceso.

Decisión de Casación

Casación ratificó en abril último la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

El Tribunal ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.

Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.

Cristina Fernández de Kirchner interpuso recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner, como parte de la condena de la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

La presentación de la defensa destaca que respecto a los hijos de la expresidenta el “derecho de propiedad fue vulnerado como consecuencia directa e inmediata de la condena impuesta a nuestra asistida”.

En el escrito, el doctor Carlos Beraldi calificó el criterio de Casación como “manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales”, porque según precisó el Tribunal Oral Federal 2 le dio al Ministerio Público Fiscal la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

Por otro lado, rechazó el monto actualizado $684.990.350.139,86, que derivó en las propiedades incluidas en el proceso de recupero de capital para el Estado Nacional. En ese aspecto, sostuvo que “esa decisión no se encuentra firme” pues fue recurrida ante la Corte Suprema.

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner volvió a rechazar el decomiso de un conjunto de bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia, porque -insistió- en que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

Para el TOF 2 fue válida la consideración de la fiscalía, que indicó que deben incluirse en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos, remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El fallo cuestionado

La Cámara de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En cuanto al planteo de Máximo y Florencia Kirchner de conservar los bienes heredados, Casación afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

El decomiso está ordenado sobre las propiedades de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

No obstante, el fallo aclara que “para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes propiedad de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich”.

La Fuerza Naval de Honduras decomisó en las últimas horas aproximadamente 3 mil 900 galones de combustible que permanecían ocultos en el sector de Cayo Bobel Rock, en el Caribe hondureño, como parte de una operación de vigilancia y control desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo se produjo durante patrullajes estratégicos realizados por personal naval en zonas consideradas sensibles para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico marítimo y el almacenamiento ilegal de combustible.

Las autoridades detallaron que durante la operación fueron encontrados alrededor de 260 bidones que contenían carburante almacenado de manera clandestina y cubiertos con toldos para evitar su detección.

El combustible estaba distribuido en distintos puntos del sector inspeccionado, lo que levantó sospechas entre los elementos militares encargados de la vigilancia en la zona caribeña del país.

Según las Fuerzas Armadas, el operativo fue ejecutado por personal altamente capacitado en tareas de inteligencia y control marítimo, quienes realizaron inspecciones minuciosas hasta confirmar la presencia del combustible oculto.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron de inmediato al aseguramiento del material, aplicando estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos durante el traslado.

Los aproximadamente 3 mil 900 galones decomisados fueron movilizados posteriormente hacia instalaciones del cuerpo de Guardacostas, donde permanecen bajo custodia oficial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado quiénes serían los responsables del almacenamiento ilegal ni cuál sería el destino final del combustible.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas señalaron que las investigaciones se centran en determinar el origen del carburante y establecer si existe algún vínculo con actividades ilícitas que operan en la región caribeña.

El litoral atlántico de Honduras ha sido históricamente una zona estratégica para operaciones relacionadas con el narcotráfico, tráfico marítimo ilegal y otras actividades criminales transnacionales, debido a su extensa costa y la presencia de sectores de difícil acceso.

En ese sentido, las autoridades consideran que el almacenamiento clandestino de combustible podría estar relacionado con redes dedicadas al abastecimiento de embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas en alta mar.

La Fuerza Naval informó además que como parte del seguimiento operativo está prevista una segunda inspección en el área donde fue localizado el combustible.

El objetivo de esta nueva intervención será ampliar la búsqueda de posibles evidencias adicionales, verificar si existen más depósitos clandestinos y fortalecer las labores de inteligencia en la zona.

Asimismo, las autoridades buscan identificar posibles rutas utilizadas para el transporte del combustible y determinar si existen estructuras criminales operando en el sector.

El decomiso forma parte de las acciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas de Honduras para reforzar la seguridad marítima y proteger las aguas territoriales del país frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.

En los últimos años, la institución militar ha intensificado los operativos navales en el Caribe hondureño mediante patrullajes marítimos, inspecciones costeras y operaciones de inteligencia orientadas a detectar actividades sospechosas.

La Secretaría de Defensa Nacional reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Estado hondureño para garantizar la soberanía marítima y combatir el uso indebido del litoral caribeño.

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer este sábado, por medio de su cuenta de X, que en una operación marítrima frente a costas de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos extranjeros.

Con dicha acción, se aseguró, sumaban 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada.

Además, por medio de un comunicado, se dieron a conocer más detalles del hecho. Se dijo que la acción derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arrollo Seco, en el municipio de Petatlán.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en el mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicadois al trasiego de droga.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina por medio de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales. debilitar llas capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marítimas mexicanas.

Esto también comprueba el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el tráfico de drogas vía marítima ha disminuido un 97%.

Un total de 70 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados preliminarmente en 20 millones de lempiras, fueron decomisados en el municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho en Honduras, durante una operación de vigilancia efectuada por equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

Esta acción se inscribe en una serie de esfuerzos para frenar la intensificación del tráfico ilícito de estupefacientes en corredores estratégicos de Honduras, que en los últimos años se han consolidado como puntos clave para el crimen organizado en la región, según información oficial difundida por la Policía Nacional.

El decomiso, ocurrido en la aldea Telica, se concretó tras el seguimiento minucioso a un hombre de 29 años, que transitaba en un vehículo tipo pickup.

La detención, relató la Dirección Nacional Policial Antidrogas al medio oficial, forma parte de una estrategia apoyada por distintas dependencias del Estado como la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

La incautación de los 70 kilos de presunta cocaína constituye uno de los decomisos más significativos en Olancho durante el año en curso, tanto por la cantidad asegurada como por el valor potencial en el mercado de consumo.

De acuerdo con la institución policial, los agentes interceptaron un pickup Toyota color gris oscuro. Tras una inspección exhaustiva, hallaron la droga lista para su distribución, lo que evidencia la capacidad operativa y logística de las redes criminales en la zona.

La carga incautada y el vehículo fueron inmediatamente asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado en Tegucigalpa.

En la misma diligencia fue remitido el detenido, quien enfrentará cargos por su presunta vinculación al delito de tráfico de drogas, conforme a lo dispuesto por la legislación hondureña vigente, detalló la Policía Nacional.

El impacto de la operación se refleja no solo en la afectación económica a las redes ilegales, sino también en la interrupción de la cadena de suministro y distribución que operan en el oriente del país.

Funcionarios policiales destacan que, la región de Olancho, por su amplitud territorial y características geográficas, ha sido utilizada históricamente como ruta de tránsito para el traslado de estupefacientes.

Esa condición ha obligado a las autoridades a fortalecer su presencia permanente y a mejorar la cooperación tecnológica e interinstitucional en el área.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas anunció que la investigación continúa. Según fuentes policiales, la captura del presunto responsable podría llevar a la identificación de otros integrantes de la misma red delictiva, ya que no se descarta una estructura más amplia operando en la zona.

El caso se mantiene abierto y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Este operativo se suma a otras acciones ejecutadas por la dirección antidrogas en distintos puntos del país.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han desplegado patrullajes, retenes y tareas de inteligencia, obteniendo resultados relevantes en materia de decomisos y detenciones relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con los informes de la Policía Nacional.

A pesar de estos avances, las autoridades reconocen que el desafío persiste.

Honduras sigue ocupando un lugar estratégico en las rutas del tráfico internacional de drogas, lo que exige mantener y perfeccionar los métodos de combate, así como consolidar la colaboración institucional y tecnológica.

Voceros señalaron que las operaciones continuarán, reiterando el llamado a la población para que aporte información y contribuya a la labor de las fuerzas antidrogas.

Recalcaron que “este tipo de incautaciones representan un avance significativo en la lucha por garantizar la seguridad ciudadana y debilitar el crimen organizado”.

La reciente incautación de 70 kilos de clorhidrato de cocaína en Telica representa uno de los mayores golpes a las finanzas y la logística de las organizaciones criminales que operan en Olancho, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

El cargamento, valuado en cerca de 20 millones de lempiras, fue interceptado mediante la acción coordinada de diversas instancias de la Policía Nacional. El individuo detenido será presentado ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y no se descarta que esta investigación permita identificar a otros participantes en la estructura delictiva.

Mientras avanza la causa, la Policía Nacional y la DNPA mantienen abiertas varias hipótesis, reconociendo la importancia de incrementar la vigilancia en los corredores que históricamente han servido al tráfico ilícito en la región.

Se anticipa que en las próximas horas habrá novedades sobre el avance de la pesquisa y posibles nuevas capturas vinculadas a este decomiso.

El histórico decomiso se gestó a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo in fraganti a tres imputados de nacionalidad colombiana, justo cuando cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos, y todos ellos fueron formalizados esta jornada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la seguridad de la sociedad.

Estrategia conjunta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, señaló.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia coordinada que busca el estrangulamiento de toda la logística de las organizaciones criminales.

“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, agregó.

Cifras históricas

El persecutor recordó que la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como fiscal regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, complementó Castro Bekios.

De acuerdo al fiscal, la investigación recién comienza, pues “aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, aseguró.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, remató el fiscal que ostenta los mejores números del país.

La Cámara Federal de Casación Penal avaló la inclusión de 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner como parte del decomiso por la condena a su madre, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad. Lo hizo porque consideró que la herencia o cesión no elimina el origen ilícito de los activos que, según consideró probado la Justicia, fueron obtenidos en el marco de hechos de corrupción. La decisión de la Sala IV confirmó el criterio del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia. Ahora se apunta a concretar el decomiso por $684.990 millones.

Hay en juego 19 bienes de Máximo y Florencia Kirchner, en un conflicto que se descuenta escalará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando apeló la decisión del TOF2, el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, Luis Goldín, alegó que los hijos de Cristina Kirchner no están condenados y por ende no corresponde incluir sus propiedades entre los bienes sujetos a futuros remates o a fines sociales. Y advirtió por una lesión al derecho de propiedad y vulneración del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Pero la sentencia firmada el viernes último ratificó que la ley contempla que la medida pueda ir más allá de la persona del condenado. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, sostuvo el camarista Gustavo Hornos en su voto.

En ese sentido y sobre los argumentos de los Kirchner, se respondió que “tampoco se vulnera el principio de inocencia, en tanto no se atribuye responsabilidad penal alguna a los terceros involucrados, sino que se examina exclusivamente la situación objetiva del bien y su relación con el producto del ilícito”.

Condenados o no

Si bien en reglas generales el decomiso debe ser aplicado con “estricto apego” a la norma que impide extender sus consecuencias a quienes no han sido condenados, el caso Vialidad encuadra “dentro de las excepciones previstas por la ley”, advirtió el fallo.

El máximo tribunal penal federal del país integrado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky concluyó que cuando un tercero se beneficia gratuitamente con bienes producto de un delito —como sería este caso— el decomiso puede recaer sobre esos bienes.

Las propiedades incluidas en la medida, muchas originadas en la sucesión de Néstor Kirchner, fueron consideradas parte de lo adquirido con fondos ilícitos. El tribunal sostuvo que la transmisión por herencia o cesión no exime a esos bienes de analizar su origen, por lo que el Estado puede avanzar, sin importar a quién pertenezcan en la actualidad.

“Carece de relevancia la circunstancia de que Néstor Kirchner no haya sido condenado en esta causa, dado que el decomiso no se funda en una imputación penal autónoma respecto de su persona, sino en la comprobación, en sentencia firme, de la existencia de un entramado económico en el que se celebraron múltiples negocios con Lázaro Báez durante el período de ejecución de la maniobra defraudatoria", dijo además el juez Hornos.

Se trasciende así la “estricta esfera personal del condenado, atendiendo a la necesidad de neutralizar los efectos patrimoniales del delito allí donde éstos se encuentren”. El caso de los Kirchner encuadraría para los jueces en esta descripción. Si un tercero se benefició de manera gratuita con “el producto o provecho” del ilícito, “el decomiso se pronunciará contra éste”.

En esa línea se interpreta que cuando se heredan o reciben por cesión bienes que la Justicia determina se consiguieron de manera ilegal -ya sea de parte de personas vivas o fallecidas- quedan abiertos al decomiso ante una condena firme contra quien cometió el delito. La ley lo autoriza “expresamente”. Las propiedades en cuestión eran parte de investigaciones judiciales “por provenir del producto o provecho del delito”: la transmisión no deja de lado el origen ilícito y por eso el Estado Nacional puede ir a buscar esos bienes, donde sea que se encuentren.

Ese razonamiento es el que abrió la puerta para incluir el patrimonio recibido de sus padres por Máximo y Florencia Kirchner dentro del alcance de la medida, aun cuando no fueron condenados en la causa.

El artículo 23 del Código Penal, que regula el decomiso, incorporó de manera explícita que puede abarcar “cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”, así como la posibilidad de alcanzar bienes en poder de terceros, “salvo el supuesto de adquirentes de buena fe y a título oneroso”, algo que en este caso “no se verifica”, advirtió la sentencia.

“No se trata de imponer una pena a quien no ha sido sometido a juicio penal, sino de impedir que bienes razonablemente vinculados al producto o provecho del ilícito permanezcan en el circuito de circulación de bienes y derechos dentro del ordenamiento jurídico consolidando un enriquecimiento carente de causa legítima”.

Qué cuestionaban Máximo y Florencia

El apoderado de los hijos de la ex presidenta sostuvo que el Tribunal Oral Federal 2 aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito, y contrarió además la prohibición de confiscación. Se habilitó un “modelo de decomiso amplio” y un “decomiso por valor equivalente” no previstos en la ley, argumentó además, y reiteró que se trata de una “sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado y obtenidos por actos sucesorios y de cesión regularmente acreditados”.

Por su parte, la defensa de CFK a cargo del abogado Carlos Beraldi advirtió que la medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y que ahora es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

La Sala IV de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky ratificó ahora lo decidido por el TOF2 en cuanto a la ejecución del decomiso. Cuando ordenó avanzar con la sentencia, el Tribunal Oral fijó una ventana temporal y ordenó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani identificar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva. El fiscal incluyó los bienes de los hijos de CFK en este listado.

Al respecto, el juez Borinsky votó en disidencia parcial en lo vinculado a los bienes de Máximo y Florencia porque advirtió que no se dio respuesta a planteos relacionados con la fecha de adquisición de algunos de los bienes a decomisar, que según la apelación habría sido previa a esa ventana de tiempo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la tasación y ejecución de los bienes de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L. Pero si esos activos no alcanzan para cubrir los $684 mil millones fijados como decomiso en la causa Vialidad, dispuso también avanzar con el remate de los bienes del resto de los condenados.

En este sentido, el reciente fallo aclara que “para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes propiedad de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich”.

Por otro lado, los camaristas le hacen saber al Ministerio Público Fiscal que “conserva íntegramente la facultad de identificar, en el curso de la ejecución, nuevos bienes susceptibles de realización”.

La resolución le delega al Tribunal Oral Federal 2 porteño que continúe con el trámite según los términos de la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento aprobó el “Reglamento de efectos decomisados en causas penales”.

No obstante, fuentes judiciales admiten que todo el proceso podría quedar interrumpido cuando la defensa de la ex presidenta, junto con el resto de los encausados, presente un recurso extraordinario ante la Casación.

Aunque los camaristas lo declaren inadmisible, la siguiente y última oportunidad de los condenados será ir con un recurso de queja directamente ante el Máximo Tribunal.

La ejecución

Para ejecutar el recupero de bienes dictados por la sentencia de Vialidad, el TOF 2 tomará en cuenta la mencionada Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, que dispone la administración del decomiso. Los magistrados deberán llevar a cabo una subasta, previa notificación a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del Máximo Tribunal, indicando el comprador y las sumas obtenidas. El dinero de la venta deberá ser depositado en las cuentas bancarias del más alto tribunal federal.

En el caso de bienes muebles registrables y no registrables que puedan tener una utilidad social (por su valor económico y cultural), se ordenará su tasación y podrán asignarse provisionalmente para el uso del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad.

Si los bienes tienen una utilidad inmediata y concreta para la comunidad, podrán destinarse prioritariamente a programas de asistencia a víctimas, educativos, de salud, de reinserción social o de contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.

Los elementos que se recuperan a través de un proceso judicial como viviendas o vehículos quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que colabora en la subasta, puesta en valor, mantenimiento o aprovechamiento de los bienes decomisados.

El fallo de Casación

En un histórico fallo, la Cámara Federal de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que “la ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales”.

En cuanto al planteo de Máximo y Florencia Kirchner de conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Por su parte,su colega Diego Barroetaveña coincidió en que la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros.

Finalmente, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por los hijos de la ex jefa de Estado, al considerarlos ajenos al reproche penal.

De acuerdo con el fallo de Casación la lista de bienes incluidos en la orden de ejecución del decomiso está conformada por 84 propiedades del empresario Lázaro Báez, un terreno en Lago Argentino de Cristina Kirchner, y otros 19 a nombre de sus hijos.

También dispone el recupero dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA, y dos Loscalzo y Del Curto SRL, todas empresas vinculadas con Báez.

En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez.

Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave, que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

La medida alcanza a los activos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, así como bienes de empresas que fueron consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

También se dispuso el decomiso de bienes que habían sido transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.

Los votos

El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito.

A su vez, señaló “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Hornos fijó el rumbo conceptual del fallo enfatizando que el decomiso dentro del sistema penal “cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.

Destacó que la recuperación de activos expresa de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas.

Por otro lado, el camarista Hornos sostuvo que “la ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales”.

Sobre el reclamo de Máximo y Florencia de Kirchner de conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Finalmente, recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático.

El juez Diego Barroetaveña acompañó el criterio de Hornos según el cual la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros.

Con su adhesión, consolidó la mayoría que confirmó la ejecución del decomiso en los términos dispuestos por el TOF 2.

El juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial al cuestionar la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditado de manera suficiente una vinculación directa con el delito.

En ese sentido, planteó la necesidad de efectuar un análisis más estricto de la situación, y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Antecedentes

Los recursos de Casación fueron planteados por los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner.

En el caso de las defensas se opusieron a que se realicen las subastas, porque sostuvieron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos sentenciados.

También Florencia y Máximo Kirchner objetaron que sus propiedades vayan a remate porque aludieron que son ajenos a la causa Vialidad y, además, ellos no fueron condenados.

Los hijos de la exmandataria pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, más allá de que luego hayan sido cedidos a sus hijos.

En su momento las discrepancias de los condenados fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero Cristina Kirchner apeló y el incidente llegó a la Cámara Federal de Casación.

El decomiso

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso y remate de bienes de los condenados en la causa Vialidad hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.

Las propiedades atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

También detectaron 46 vehículos, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y otros $53.280,24.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en que se ejecute el decomiso de las personas condenadas debido a que “todavía no han depositado ni un solo peso”, a pesar de que el plazo venció.

En su dictamen expresaron que “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El resto de los condenados son el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Además, los exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Un paquete de piezas decorativas de cráneos y manzanas derivó en el hallazgo de metanfetamina oculta que se pretendía enviar por una empresa en Jalisco.

El hallazgo se efectuó por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad- en una empresa de paquetería de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante una revisión de seguridad en el sitio, los agentes lograron ubicar una caja que contenía siete figuras y una esfera, en las que se ocultó cerca de 5 kilos 766 gramos de metanfetamina.

La acción de las autoridades se originó tras una denuncia anónima, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el sitio. Una vez confirmada la existencia del narcótico, el Ministerio Público Federal en Jalisco inició la integración formal de la carpeta de investigación, bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comunicado que la indagatoria busca identificar a quienes participaron en el traslado y resguardo de la droga, así como determinar el destino final del cargamento.

La investigación permanece abierta y se espera que, conforme avance el análisis de las pruebas, se identifique a los responsables directos del envío.

Procesan a sujeto detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

José “N” fue vinculado a proceso el pasado 18 de abril luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, con 700 mil pastillas de fentanilo y 10 kilos 945 gramos de la misma droga en polvo.

Su arresto se llevó a cabo en el Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas, cuando el sujeto pretendía abordar una camioneta que tenía un compartimiento oculto.

Durante una inspección realizada por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento del hallazgo de la droga sintética en un sitio oculto dentro del vehículo, la cual se encontraba en cinco costales de tela oscura.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran que los cinco costales en los que era transportada la droga eran de gran tamaño, ya que dentro ocultaron más de 60 bolsas de plástico con los estupefacientes.

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial, logrando la vinculación a proceso por posesión de fentanilo con fines de comercio, en la modalidad de venta.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el acusado y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La persona mencionada permanece bajo la presunción de inocencia, de acuerdo con la legislación vigente, hasta que exista una sentencia firme emitida por el tribunal competente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron el pasado 16 de abril en Culiacán, Sinaloa, a un hombre que conducía un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa. Durante una revisión preventiva, los agentes hallaron en el automóvil 4.5 millones de pesos en efectivo, diversas dosis de presunta cocaína y dos cargadores para arma larga.

En el sitio, el sujeto no presentó documentos que acreditaran la legal procedencia de la gran suma de dinero. El informe oficial no precisa en qué punto de la capital sinaloense ocurrió la detención.

Puesta a disposición del detenido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el detenido, junto con el efectivo, la droga y los cargadores, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de definir la situación legal del implicado.

Además de enfrentar cargos relacionados con recursos de procedencia ilícita, el hombre sería presentado por posibles delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La dependencia federal informó que este operativo se enmarca en acciones coordinadas para detectar y asegurar ilícitos en la entidad.

Otros decomisos millonarios en Sinaloa

Esta detención se suma a una serie de aseguramientos de grandes sumas de dinero registrados en la entidad durante los últimos meses.

El 15 de abril, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el municipio de Ahome y detuvieron a dos personas que transportaban 25 millones de pesos en efectivo, ocultos en compartimientos de dos vehículos. En ese caso, la autoridad informó que el dinero no contaba con documentos que acreditaran su origen y procedencia. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones federales y se inició una investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras la divulgación de las imágenes del operativo se pudo constatar que el vehículo en el que trasladaban el dinero es propiedad de una empresa de valores y ellos serían guardias de traslado. Hasta el momento no se ha aclarado la situación legal de los dos hombres.

Un mes antes, en marzo, otro aseguramiento relevante ocurrió en Culiacán, donde un hombre fue interceptado con más de 700 mil dólares en efectivo. El dinero estaba oculto en costales llenos de tierra, distribuidos dentro de un vehículo. La persona tampoco pudo demostrar la legalidad de los recursos ni entregar documentos que justificaran su posesión. Tras su detención, fue vinculada a proceso por delitos financieros y quedó bajo custodia de las autoridades federales.

Estos casos recientes muestran una tendencia en Sinaloa de movilización y transporte de grandes sumas de dinero en efectivo por vías terrestres, en vehículos particulares o adaptados con compartimientos ocultos.

Tras la constante, autoridades han reforzado los puntos de revisión e incrementado la vigilancia para detectar movimientos irregulares de capital y combatir delitos relacionados con el lavado de dinero y actividades asociadas al crimen organizado.

La Secretaría de Marina (Marina) decomisó un cargamento de cigarros valuado en más de 9 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El operativo, ejecutado junto con agentes aduaneros, respondió a la detección de irregularidades en la documentación de la mercancía, la cual tenía procedencia asiática.

El informe oficial detalló que la carga asegurada sumó un millón 848 mil unidades de cigarros. Este lote ingresó al país en vuelos comerciales desde Corea y China, utilizando guías de carga que presentaron inconsistencias respecto a las operaciones declaradas ante las autoridades mexicanas.

Según la misma dependencia, la intervención se derivó de trabajos de inteligencia orientados a frenar el ingreso de productos de tabaco que buscan evadir las regulaciones fiscales y aduaneras.

El valor comercial del decomiso fue estimado en 9 millones 517 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal.

El operativo se realizó en coordinación con personal de aduanas asignado al aeropuerto de la capital. Según los reportes, las instituciones mantuvieron bajo resguardo la mercancía en el Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM, donde especialistas procedieron a la verificación de la autenticidad de las marcas involucradas.

Las imágenes compartidas por autoridades revelan que las cajetillas de cigarros cuentan con avisos de precaución sobre los daños que ocasiona el consumo similares a los comercializados en México, sin embargo, la mercancía proviene desde Asia,

La Marina documentó inconsistencias en la carga desde Asia

La Secretaría de Marina informó que, de confirmarse las irregularidades, presentará la querella correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

El proceso permitirá la incautación y posterior destrucción de los cigarros, conforme a la normativa vigente.

Las autoridades reiteraron que la inspección de cargamentos aéreos representa una de las estrategias principales para combatir la importación de productos ilícitos.

Otros decomisos de cigarros en el Aeropuerto capitalino

La incautación de cargamentos de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ha sido un caso aislado. El 9 de enero de 2026, autoridades federales realizaron uno de los aseguramientos más grandes de los últimos años al detectar 20 toneladas de cigarrillos provenientes de Japón.

Al igual que en la reciente ocasión, agentes de la aduana y de la Secretaría de Marina identificaron una serie de irregularidades en la documentación y las guías de carga del embarque, lo que permitió descubrir la falta de registros sanitarios y fiscales necesarios para su ingreso y comercialización en el país.

El operativo concluyó con la retención total de la mercancía, que fue puesta bajo resguardo del Ministerio Público.

Este tipo de acciones se ha vuelto una práctica recurrente en la terminal aérea capitalina, donde la coordinación entre dependencias federales ha sido determinante para frenar el ingreso de productos de tabaco ilegales.

Un cargamento de 22,320 unidades de cremas dentales, presuntamente introducidas de forma ilegal desde Nicaragua, fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica en la zona norte del país, como parte de los operativos contra delitos transfronterizos.

El decomiso se realizó en la localidad de Acapulco, distrito de Cutris de San Carlos, sobre la Ruta Nacional #35, vía que conduce hacia el cantón de Los Chiles, en la frontera con Nicaragua. La acción se dio en el marco de un control de carreteras ejecutado por cuerpos policiales en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales detuvieron un vehículo tipo carga liviana para una inspección de rutina. Durante la revisión, detectaron irregularidades en la mercancía transportada, lo que llevó a una inspección más detallada del contenido.

Fue en ese momento cuando los policías encontraron un cargamento de cremas dentales oculto bajo sacos de abono orgánico, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del producto transportado.

El conductor del vehículo, un costarricense de apellido Rojas, fue consultado por los oficiales acerca del origen de la mercancía. Sin embargo, indicó no contar con documentación que acreditara su ingreso legal al país, como facturas de pago de impuestos o registros sanitarios.

Ante esta situación, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, que ordenó la incautación inmediata de la totalidad de la carga.

Según estimaciones oficiales, el valor del cargamento en el mercado nacional podría superar los ₡20 millones, lo que lo convierte en una de las incautaciones relevantes en materia de contrabando registradas en la zona en lo que va del año.

Las autoridades indicaron que este tipo de decomisos busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también proteger a los comercios formales que cumplen con las obligaciones tributarias y sanitarias establecidas por la legislación costarricense.

Además, advirtieron sobre los riesgos asociados al consumo de productos introducidos ilegalmente al país, ya que estos no cuentan con permisos sanitarios que garanticen su calidad, condiciones de producción ni transporte adecuado.

En el operativo también se destacó que los controles en carretera forman parte de una estrategia sostenida por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera norte, donde se ha identificado tránsito frecuente de mercancías irregulares.

El jefe distrital de la Fuerza Pública de Santa Rosa de Pocosol, Elmer Avilés, explicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados durante los primeros meses del año enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Según detalló, en otras intervenciones recientes también se ha logrado la detención de personas requeridas por delitos graves, así como la detección de transporte irregular de distintos tipos de mercancías.

En el caso específico del decomiso de las cremas dentales, Avilés indicó que el hallazgo se dio tras una revisión minuciosa del vehículo, en el que inicialmente se transportaban materiales varios, entre ellos productos orgánicos, utilizados como fachada para ocultar la carga.

Tras confirmar la naturaleza del producto, los oficiales procedieron a realizar las coordinaciones correspondientes con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de ejecutar el decomiso formal de la mercancía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas fronterizas y de continuar con operativos dirigidos a prevenir y combatir el contrabando en sus distintas modalidades.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el ingreso ilegal de mercancías al país, especialmente en regiones cercanas a la frontera.

El operativo no solo permitió identificar la existencia de una planta ilegal, sino también evidenciar las condiciones en las que se manipulaban recursos hidrobiológicos sin control sanitario ni documentación que respalde su origen. La presencia de maquinaria especializada y un vehículo de carga dentro del predio apunta a una actividad organizada, con capacidad logística para mover grandes volúmenes de mercancía.

Las autoridades involucradas señalaron que los productos incautados alcanzan precios elevados en el extranjero, lo que explica la persistencia de estas redes. La operación se desarrolló en coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio de la Producción y el Ministerio Público, en un esfuerzo conjunto por frenar delitos ambientales en la región.

Intervención en una planta clandestina

La acción se llevó a cabo en el asentamiento humano Aurora Díaz II Etapa, donde agentes de la Policía Nacional, junto a representantes del Ministerio de la Producción y de la Fiscalía, ingresaron a un local utilizado para el acopio y procesamiento de especies marinas.

El corresponsal en la región norte indicó que también se hallaron dos sacos de pepino de mar, además de otros recursos hidrobiológicos sin documentación. La ausencia de registros que acrediten su procedencia motivó la intervención inmediata y el decomiso de todo el material.

Dentro del predio, las autoridades identificaron equipos destinados al tratamiento de estas especies, lo que confirma que el lugar funcionaba como un centro de procesamiento. Asimismo, se ubicó un camión que, según las primeras indagaciones, estaba destinado al transporte de la mercadería.

El comercio de aletas de tiburón y pepino de mar responde a una demanda sostenida en mercados internacionales. Fuentes policiales señalaron que el kilo de aleta de tiburón puede alcanzar los 500 dólares, mientras que el pepino de mar seco puede llegar a los 1,000 dólares por kilo, dependiendo del destino.

Estas cifras explican el interés de organizaciones ilegales por mantener este tipo de actividades, pese a los riesgos legales. La comercialización de estos productos se encuentra regulada debido a su impacto en la biodiversidad marina y a la necesidad de preservar especies vulnerables.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades, que iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y rastrear la cadena de distribución.

Evidencias de actividad organizada

La presencia de infraestructura dentro del inmueble sugiere una operación estructurada. La maquinaria encontrada permitía el tratamiento de los recursos, lo que implica un nivel de especialización técnica. Este tipo de instalaciones no responde a actividades ocasionales, sino a un esquema continuo de procesamiento.

Además, el uso de un vehículo de carga dentro del predio refuerza la hipótesis de una red con capacidad de traslado. Las autoridades buscan establecer si existen conexiones con otros puntos de acopio o rutas de exportación ilegal.

El caso fue tipificado como presunto delito contra el medio ambiente, debido a la falta de documentación y al manejo de especies protegidas.

Rescate de animales y condiciones del lugar

Durante la intervención, los agentes rescataron a dos perros que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Este hallazgo permitió constatar las condiciones precarias en las que operaba el lugar.

La situación de los animales refleja el estado general del inmueble, donde no se cumplían estándares básicos de cuidado ni de salubridad. Las autoridades trasladaron a los perros para recibir atención, mientras continúan las diligencias en el predio.

El operativo en Salaverry se suma a otras acciones recientes orientadas a combatir el tráfico ilegal de fauna marina en el país. La coordinación entre entidades busca frenar estas prácticas y fortalecer los mecanismos de control en zonas costeras.

Un operativo de control ejecutado en los mercados de Comayagüela resultó en el decomiso de más de 62 mil cigarrillos de distintas marcas sin documentación fiscal ni autorización sanitaria, así como en la inmovilización de medicamentos con irregularidades en su comercialización.

En el marco de estas acciones, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía de Fronteras, coordinados por la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), lograron retirar del mercado un total de 62,583 unidades de cigarrillos.

Estos productos, de marcas reconocidas y poco habituales como Modern, Silver Elephant, Marble, 96 Jloong, Sevios y Genial, carecían de respaldo legal y sanitario, lo que constituye un delito de contrabando con posibles sanciones legales para los responsables, según información oficial difundida por el Ministerio Público.

El operativo, del que también participaron la Dirección de Protección al Consumidor y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), detectó ventas irregulares tanto de cigarrillos como de fármacos sujetos a regulación estricta. Entre las evidencias reunidas destacaron farmacias sin regencia farmacéutica y la ausencia de registros obligatorios en los libros de trazabilidad para medicamentos controlados.

El resultado fue el decomiso de 1.320 frascos de Ginseng Royal Jelly, 60 botellas de Ginseng Coreano y medicamentos como Amoxicilina, Ciprofloxacina, Enalapril Maleato, Carbamazepina, Dolo-Nervisel, Sudagrip Balsámico, Prednisolona, Clonazepam y Lanzocap, según informó el Ministerio Público.

La acción de fiscalización se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del sector, lo que permitió identificar comercios en los que no solo se vendían productos sin respaldo fiscal y sanitario, sino también sin control de calidad y conservación, elevando el riesgo para los consumidores.

La ARSA se enfocó en verificar la caducidad y autenticidad de los medicamentos, frente a la inexistencia de registros sanitarios y profesionales responsables en algunos establecimientos.

El decomiso ejecutado en Comayagüela expone una problemática persistente en los mercados hondureños: la circulación de mercancías de contrabando que eluden la recaudación de impuestos, impactan la economía formal y generan una competencia desleal con los comercios que cumplen con las normativas fiscales y regulatorias, según explicó el MP.

La venta de productos farmacéuticos sin trazabilidad o sin supervisión expone a la población a riesgos de salud de consideración, como reacciones adversas, fallos de dosificación o consumo de medicamentos en mal estado. Por ello, las autoridades instaron a los ciudadanos a adquirir medicamentos únicamente en locales legales y sometidos a inspección regular.

La respuesta coordinada entre el Ministerio Público, ARSA, DPI, la Policía de Fronteras y la Dirección de Protección al Consumidor fue esencial para garantizar la cobertura del operativo y la efectividad del control. Los productos confiscados serán destruidos bajo supervisión oficial, para evitar su reingreso al mercado y respaldar la transparencia del proceso.

Estas fiscalizaciones forman parte de un plan nacional para aumentar la supervisión de mercados y tiendas, reforzar los protocolos de inspección y desarrollar futuras acciones de control en otras zonas del país, según comunicó el Ministerio Público. El objetivo central es evitar delitos tributarios, asegurar la calidad de los productos y proteger a la ciudadanía de potenciales riesgos sanitarios.

El portavoz del ente acusador del estado subrayó: “La fiscalización no es solo para sancionar, sino también para educar a los comerciantes y a la población sobre los riesgos de comercializar o adquirir productos sin respaldo legal y sanitario”. La operación de Comayagüela, debe servir de advertencia y señal de que la cooperación institucional y la vigilancia constante son fundamentales para mantener la legalidad en los mercados de Honduras.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que, en la alcaldía Cuauhtémoc, autoridades de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX) y elementos de la corporación que encabeza, aseguraron más de 79 toneladas de mercancía por no contar con documentación correspondientes para comprobar su procedencia legal.

La diligencia, informó, se llevó a cabo en la calle República de Costa Rica, en la colonia Centro, donde se aseguraron dos camionetas de tres toneladas y una caja seca, así como una bodega donde se encontraron perfumes, cosméticos y barnices de procedencia extranjera no acreditable, mismos que quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

“Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades del @GobCDMX para combatir el contrabando y proteger la salud de la población y las actividades de las industrias legalmente constituidas”, señaló en sus redes sociales.

En la publicación compartió imágenes y un video del decomiso de los productos.

Por su parte, la SSC informó, por medio de un comunicado, que las diligencias estuvieron a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE), por lo que la mercancía extranjera no acreditable fue sellada y junto con los transportes, custodiadas por los policías de la SSC, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, que se encuentran en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.

Decomisan 25 toneladas de ropa deportiva en Tepito

Apenas la semana pasada, fueron decomisadas 25 toneladas de ropa deportiva pirata y apócrifa durante un cateo a varios locales ubicados en la calle Aztecas, en el barrio de Tepito, colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro de la Ciudad de México. Esto significó un golpe significativo contra la venta ilegal y reproducción de artículos de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Los comercios dedicados a la venta y distribución de playeras de las selecciones de Inglaterra, Senegal, Alemania, España, así como Francia, Italia, incluso, la nueva edición de México fueron retiradas de maniquíes y asegurados en bolsas negras con la leyenda Mercancía asegurada.

Elementos de la SSC en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resguardaron el sitio cateado colocando por lo menos tres pelotones a la entrada del predio.

Por su parte, Santiago Nieto, director general del IMPI llegó al Barrió de Tepito para supervisar las labores que llevaba a cargo su personal escoltado de su círculo cercano. Dijo que dentro de la Operación Limpieza, este es el operativo número 21 relacionado con defender marcas involucradas con la Copa del Mundo FIFA 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de fentanilo, luego de su detención en el estado de Colima, reportada por autoridades el pasado 12 de marzo de 2026.

El juzgado especializado determinó iniciar proceso penal en su contra, junto a Carlos Iván “N” y Claudia “N”, por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de fentanilo. Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que los tres procesados son identificados como Yair Verduzco, Claudia Córdoba y Carlos Iván Oropeza.

Según los reportes oficiales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que sustentaron la decisión judicial, y los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los tres meses fijados para la investigación complementaria.

Los reportes oficiales señalaron que en esa ocasión fueron detenidas 6 personas, mediante dos cateos simultáneos en el municipio de Villa Juárez, sin embargo, la FGR señala que la detención de los tres procesados fue en Cuauhtémoc. En los dos inmuebles cateados aseguraron aproximadamente 270 kilogramos de fentanilo, equivalentes a 14 millones de dosis.

Aun hace falta que se aclaren la situación judicial de otras 3 personas, identificadas como Omar Sorinao, Luis Martínez y Ana Tejeda, todos señalados como presuntos miembros de la banda criminal.

Así fue la detención en Colima

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron en la operación que permitió ubicar y catear dos domicilios.

De acuerdo con el reporte oficial de la SSPC, los inmuebles funcionaban como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos, aunque posteriormente la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, quiso desmentir los reportes oficiales, refiriendo que el aseguramiento no revelaba que se produjera fentanilo en la entidad, sino que ahí se empaqueta.

Las autoridades implementaron labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, y tras recabar datos de prueba suficientes, presentaron la información ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Se detuvo a seis personas y se aseguraron 14 millones de pastillas de fentanilo, además de poner bajo resguardo los inmuebles intervenidos.

Célula criminal con estructura transnacional y seis detenidos

Las investigaciones permitieron identificar a Yair Verduzco como líder de la célula dedicada a la producción y distribución de fentanilo.

Junto a él fueron detenidos Carlos Oropeza, Claudia Córdoba, ambos vinculados a proceso. Además, se reportó la aprehensión de Luis Martínez, Omar Sorinao y Ana Tejeda. Los nombres fueron proporcionados a Infobae México por una fuente consultada.

Según la información oficial, la célula operaba en coordinación en distintos puntos de Colima para el resguardo, procesamiento y venta de drogas sintéticas.

La magnitud del decomiso representa uno de los mayores golpes contra el tráfico de fentanilo en la región y constituye un caso de relevancia nacional.

A pasar de ser una célula transnacional, hasta el momento no se le ha relacionado con algún cártel mexicano.

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano decomisaron un cargamento que contenía 325 paquetes de metanfetamina oculta en paquetes de cuerda industrial durante una inspección en el puesto de seguridad Estación Doctor, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con información presente en comunicados oficiales y reportes de medios locales, la sustancia, con características propias del cristal, fue detectada gracias a una revisión detallada de las fuerzas federales en el tractocamión que transportaba el ilícito.

Inspección revela cargamento ilícito

El operativo se realizó cuando un tractocamión, con ruta presuntamente de Hermosillo, Sonora hacia Mexicali, Baja California, ingresó al área de revisión del puesto de seguridad.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectó inconsistencias al analizar la carga. Según reportes de medios locales, la droga fue encontrada mediante rayos gama, lo que habría motivado una inspección minuciosa en el compartimento principal.

Ocultos entre rollos de cuerda, los agentes localizaron 325 bolsas transparentes que contenían una sustancia identificada como metanfetamina por las autoridades federales.

El peso total del decomiso habría superado los 150 kilogramos, según reportes extraoficiales.

Tanto el operador, como la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, quien abrió una carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles vínculos del detenido con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El aseguramiento se enmarca en los esfuerzos coordinados para reforzar la seguridad en puntos clave de Sonora, entidad que registra un alto flujo de mercancías hacia la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado con qué cártel estaría relacionado este cargamento.

En las imágenes reveladas por autoridades se observa una caja perteneciente a la empresa Transportes Potosinos Especializados S.A. de C.V, en el cual pudo haber estado escondida la droga.

Otros decomisos de droga en carreteras de Sonora

En los últimos meses, los operativos en las carreteras de Sonora han derivado en varios decomisos relevantes de droga.

Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de diciembre de 2025, cuando autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi 400 kilogramos de cocaína oculta en cajas de filete congelado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta.

El imputado fue identificado como Jared “N” y permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones para esclarecer la red de tráfico implicada en el traslado de la droga.

La detención se logró tras un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

El caso generó discrepancias en las cifras oficiales, ya que inicialmente la SSPC informó el aseguramiento de 172 kilos, aunque posteriormente el gobernador Alfonso Durazo confirmó que el total incautado ascendía a 400 kilos. Finalmente, la FGR precisó que el cargamento asegurado fue cercano a la cifra revelada por el gobernador, aclarando la diferencia en los reportes.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridadad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Colima, algunas acciones destacadas que se han realizado en materia de seguridad en esa entidad federativa.

De acuerdo con lo señalado por Harfuch, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, se ha fortalecido la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad: más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se informó que del primero de octubre de 2024 al 10 de marzo pasado, se han detenido, en Colima, a 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Destacó el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

Yair Leobardo “N”, líder de la célula desarticulada, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En la actualidad, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, señaló Harfuch, se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de tres toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina, a la altura de la Isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kilos de cocaína.

Harfuch dijo que, con estas acciones, en total, han sido aseguradas más de 60 toneladas de cocaína en altamar. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburos.

También destacó que se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

Este martes en conferencia matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que el aseguramiento de dos toneladas de cocaína realizado ayer en Acapulco, Guerrero, pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso, lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, destacó.

Además, Harfuch puntualizó que por tierra van más de 340 toneladas aseguradas.

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La disputa judicial por el futuro de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos atraviesa una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a resolver los recursos presentados contra una primera orden de decomiso de 111 propiedades de los Kirchner y del también condenado Lázaro Báez. Entre ellas están 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Mientras tanto, el tribunal que llevó adelante el juicio en la causa Vialidad dispuso nuevas medidas de prueba antes de decidir sobre otro pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para sumar bienes y que incluye la incautación de casi cinco millones de dólares.

El caso se tramita en la etapa de ejecución de la sentencia que concluyó con la condena de la ex mandataria y otros acusados, por delitos en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, entre 2003 y 2015 a empresas de Báez. En ese fallo se dispuso un decomiso millonario cuyo monto actualizado, ya confirmado por Casación, alcanza los $684.990.350.139,86 de pesos.

El mismo fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y se trata de la suma de dinero que la Justicia busca recuperar.

La discusión sobre las propiedades

La decisión del tribunal oral incluyó una primera tanda de 111 bienes inmuebles, cuya realización permitiría cubrir parte de la suma fijada en la sentencia. Dentro de ese listado aparecen 19 propiedades registradas a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Todo está bajo revisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la sala IV de Casación.

La defensa de CFK cuestionó duramente la resolución del tribunal. En su planteo sostuvo que avanzar sobre esas propiedades sería “manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal”. Además remarcó que no está firme el monto de decomiso porque hay recursos pendientes en la Corte.

Además se habría dispuesto “el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento”.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también sostuvieron que el tribunal habría aplicado un criterio de decomiso que excede lo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, afirmaron que se habría utilizado “un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente”.

Para la defensa, esa interpretación permitiría afectar bienes que no guardan relación directa con el delito investigado. En el memorial se advierte que ese esquema “transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución”.

El planteo fiscal

El dictamen del fiscal ante Casación Mario Villar recordó que la condena en la causa quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso responde al perjuicio económico causado al Estado.

En ese contexto, la fiscalía sostiene que los bienes identificados forman parte del proceso de ejecución de la sentencia, que busca recuperar el dinero derivado de la maniobra de corrupción.

El decomiso es un " instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada", advirtió.

El fiscal mencionó la gravedad institucional de los hechos juzgados y puso énfasis en la necesidad de asegurar que la respuesta penal no quede reducida a “una sanción meramente simbólica”. El eventual remate de los bienes es una “respuesta adecuada” frente “a la magnitud del daño ocasionado”.

El nuevo pedido por bienes y dólares

Mientras la Cámara de Casación analiza esos recursos, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en paralelo con nuevos planteos presentados por la fiscalía ante esa instancia, a cargo de Diego Luciani, para ampliar el alcance del decomiso.

En esa nueva presentación, se identificaron 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero que, a su criterio, también deberían ser alcanzados por el decomiso.

Entre los bienes mencionados aparecen 10 inmuebles —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— pertenecientes a la firma Los Sauces S.A., además de tres propiedades en Santa Cruz vinculadas a Hotesur S.A., sociedades relacionadas con la familia Kirchner. Uno de ellos es el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.

El planteo también incluye numerosos activos vinculados a Lázaro Báez, entre ellos decenas de propiedades registradas a nombre de empresas vinculadas.

Uno de los puntos más sensibles del pedido fiscal es el dinero que aparece a nombre de Florencia Kirchner. En concreto, se pidió avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta y una suma menor en pesos, fondos que actualmente se encuentran embargados.

Antes de resolver sobre ese nuevo pedido, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso la realización de medidas previas para verificar la situación de los bienes señalados por la fiscalía, entre ellas la titularidad registral y la eventual vinculación con las sociedades investigadas.

Después de completar esas diligencias se dará vista a las partes para que expongan sus posiciones.

De esta manera, mientras Casación entra en la etapa final para decidir si confirma o modifica el decomiso de las 111 propiedades —incluidas las de los hijos de la ex presidenta—, el tribunal que llevó adelante el juicio analiza en paralelo nuevos bienes y millones de dólares que podrían quedar alcanzados por la ejecución del fallo.

Se descuenta que el conflicto escalará hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso tribunales internacionales como anuncia la defensa de CFK. Se trata de un largo proceso que, como repiten en los pasillos de tribunales, por los montos en juego y sus protagonistas es inédito para la Justicia argentina.

La defensa de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes que se deje sin efecto el decomiso de 19 propiedades en Santa Cruz de sus hijos Máximo y Florencia, ordenado en la causa Vialidad, y advirtió que hay un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, postuló que deben rechazarse todos los recursos de las defensas y seguir adelante con la incautación y futuro remate de 111 bienes pertenecientes a la ex presidenta, sus hijos y al también condenado Lázaro Báez como parte del decomiso fijado en $684.990.350.139,86.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país tenía prevista una audiencia para este viernes a las 11 pero todas las partes optaron por presentar “breves notas” y no exponer de manera oral. Ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver.

En esta parte del caso se juega el destino de 111 bienes de la ex presidenta, sus hijos, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez y empresas, entre ellas el hotel Los Sauces. El decomiso de todos ellos se ordenó el 18 de noviembre de 2025 por parte del Tribunal Oral Federal 2. Esto ocurrió luego de que Casación confirmó la actualización del monto a decomisar fijado en casi 685 mil millones de pesos.

Bienes “legítimos” de los hijos de CFK

Los abogados defensores de CFK, quien cumple bajo arresto domiciliario la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, reclamaron que se deje sin efecto ese decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

La medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y que ahora es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

“Indudablemente, estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”, agregaron los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los abogados sostuvieron que todavía “no existen decisiones judiciales firmes en torno a la cuantía del decomiso dispuesto” ni sobre cuáles son los bienes sujetos a la sanción penal, porque hay recursos de apelación pendientes, incluso en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello todo trámite al respecto debe suspenderse para “evitar perjuicios de imposible reparación ulterior”, advirtieron en su escrito. Por eso pidieron a Casación que revoque la decisión del TOF2 y ordene la suspensión de todas las actividades administrativas y ejecutivas que buscan concretar la entrega de esos bienes a la Corte Suprema como administradora.

Si se avanza se trataría de una “confiscación de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner“.

“Todos los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, Máximo y Florencia Kirchner recibieron estos activos por parte de sus progenitores“, argumentó la defensa.

En relación a ello, al “no mediar sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en torno a estas cuestiones, que conllevan al desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner, deberá suspenderse la tasación, la inscripción registral, la puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de cualquier otra entidad, la realización y la ejecución de las propiedades aludidas”, enumeraron.

De lo contrario, “se concretará una privación del derecho de propiedad sin una sentencia judicial firme y fundada en ley anterior al hecho del proceso, en franca violación a lo previsto en el art. 17 de la Constitución Nacional”, concluyeron los defensores.

La decisión sobre los bienes de los hijos “avasalla el derecho de propiedad, el principio de legalidad, el principio de inocencia, el modelo acusatorio, el derecho de defensa en juicio, el valor de la cosa juzgada y el principio de culpabilidad“ y de ser necesario podrían recurrir a organismos internacionales, concluyeron.

“Evitar la impunidad”

El fiscal ante Casación Mario Villar postuló por su parte el rechazo de todos los recursos que se presentaron para intentar evitar la ejecución de la condena en relación a los bienes.

También apeló la defensa del condenado Lázaro Báez y las de los exfuncionarios Nelson Periotti y Raúl Pavesi. A su vez Máximo y Florencia Kirchner interpusieron sus propios recursos.

La medida, argumentó la fiscalía, “no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme, dictada tras un proceso que respetó plenamente las garantías del debido proceso”, según el escrito fiscal al que tuvo acceso Infobae.

Villar advirtió que el decomiso “no aparece como una extensión indebida de la pena, sino como un instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada”.

El Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio oral y tiene que ejecutar la pena “señala correctamente que, en el caso en estudio, el decomiso fue expresamente dispuesto en la sentencia condenatoria y cuantificado en una suma determinada, quedando pendiente únicamente su ejecución concreta mediante la identificación y realización de bienes aptos para satisfacer ese monto”.

La resolución no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, “sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida, conforme a las reglas propias de la etapa de ejecución”.

“Se pretende, de esta manera, evitar la impunidad en estos hechos graves, privar a las personas implicadas del producto de sus actividades delictivas y generar conciencia de la gravedad de estos sucesos en el rumbo de los pueblos”, concluyó la fiscalía.

El caso Vialidad

La condena contra la ex presidenta y los demás acusados en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y confirmó el veredicto emitido por el TOF 2 y ratificado por la Casación Federal.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

A todos se los halló responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz, a favor de empresas vinculadas a Báez, con direccionamiento, sobreprecios y otras irregularidades, según dio por probado la Justicia.

Un operativo de la Policía Municipal de Mexicali resultó en el aseguramiento de 69 kilogramos de fentanilo luego de una revisión a un vehículo en la capital de Baja California.

La información fue dada a conocer este 3 de marzo de 2026 por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien destacó la magnitud del decomiso como parte de los esfuerzos coordinados para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.

Hallazgo durante la inspección vehicular

Según el breve reporte de la gobernadora, compartido en sus redes sociales, la detención se produjo cuando agentes municipales interceptaron una camioneta de modelo reciente, color blanco, y localizaron inicialmente 11 paquetes de fentanilo.

Posteriormente, durante una inspección más exhaustiva, las autoridades descubrieron un paquete adicional oculto que contenía aproximadamente 700 mil pastillas de la sustancia, sumando un total de 69 kilogramos entre todo lo asegurado.

Según autoridades, la persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El decomiso representa una acción relevante en el contexto de la estrategia estatal para reducir la circulación de drogas sintéticas en Mexicali, ciudad relevante en el mundo del crimen organizado por su frontera con Estados Unidos.

El resultado del operativo fue calificado por la administración estatal como parte de los avances en la colaboración entre las fuerzas de seguridad en el estado, orientada a retirar narcóticos de las calles y fortalecer la seguridad en la entidad.

Estos fueron los paquetes asgurados

Una fotografía compartida por la gobernadora del estado reveló la presentación de los ilícitos tras el decomiso.

En la imagen se observa una mesa cubierta con papel que lleva el logotipo y el nombre de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Sobre el papel se encuentran 11 paquetes rectangulares envueltos con lo que pareciera ser cinta de precaución, la cual estaría desgastada pero aun conservando las características marcas amarillas y negras.

Junto a ellos hay una bolsa transparente con numerosos comprimidos de color azul claro, lo que revela la presencia de las pastillas de fentanilo.

Al fondo, un panel con el emblema de la policía municipal y la sigla DSPM refuerza el contexto institucional.

Hasta el momento no se sabe si este decomiso estaría relacionado con alguno de los cárteles de la droga que operan en el estado, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexicali y su importancia para el trasiego de drogas

Mexicali, capital de Baja California, ocupa un lugar relevante en el mapa del trasiego de drogas por su proximidad con la frontera de Estados Unidos y su acceso a rutas que conectan con distintos puntos del país.

Según análisis previos, su ubicación geográfica facilita el movimiento de cargamentos ilícitos, convirtiéndola en un objetivo prioritario para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad habrían intensificado los operativos en la región, buscando detectar y bloquear el transporte de sustancias ilegales, como el fentanilo, que tiene alta demanda en el mercado estadounidense.

El reciente decomiso en Mexicali evidencia la relevancia de la ciudad en las estrategias de los grupos delictivos, así como la necesidad de mantener y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir este delito.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.

El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.

Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.

La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.

La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.

El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.

Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.

La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.

El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.

La Policía Federl decomisó más de 25 kilos de cocaína en dos operativos llevados a cabo en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

Según pudo saber Infobae, en una operación realizada en la provincia de Santiago del Estero, personal de las fuerzas de seguridad federales detuvo a un ómnibus de larga distancia que transitaba por la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Pozo Hondo, a unos 60 kilómetros de la capital provincial.

La jornada comenzó con la implementación de un control vehicular, dispuesto por la Jefatura de la dependencia interviniente, tras recibir información que señalaba el movimiento sospechoso de un vehículo de pasajeros en la zona. El despliegue incluyó el uso de un can detector de narcóticos y la presencia de personal especializado, en el marco de un procedimiento preventivo orientado a interceptar posibles cargas ilegales.

Alrededor de las primeras horas del día, el control detuvo la marcha de un ómnibus Mercedes Benz, modelo O-500 RSD, identificado con la inscripción “OJEDA TOURS MIX” y dominio JRN916, en el que viajaban quince personas, incluidos dos choferes y una coordinadora. El conductor indicó que el recorrido había partido de la ciudad de Orán, Salta, con destino a la capital de la provincia de Córdoba.

Durante la inspección inicial, el binomio cinotécnico compuesto por el can “D123” Yana marcó la posible presencia de drogas en una de las bodegas, ubicada debajo de un escalón cubierto por una tapa metálica, en la zona donde se hallan las baterías del vehículo. Personal de las fuerzas, en presencia de testigos, procedió a la apertura del compartimiento y extrajo dos cajas de cartón selladas con cinta engomada.

En el interior de las cajas se hallaron doce “ladrillos” compactos. El procedimiento incluyó la realización de pruebas orientativas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína. La droga fue inmediatamente incautada, conforme dispuso el magistrado de turno, quien también ordenó la detención del conductor, los choferes y la coordinadora, así como el secuestro preventivo del ómnibus completo y su traslado para una revisión exhaustiva en sede policial. Finalmente, el pesaje total arrojó que se trataba de una carga de 14 kilos.

De acuerdo con la información recabada, la inspección posterior del vehículo y de las pertenencias de los pasajeros no arrojó resultados positivos adicionales. El resto de los ocupantes del ómnibus no fue objeto de medidas restrictivas, por decisión del magistrado.

Operativo en la terminal de Orán por los Carnavales

La vigilancia sobre el transporte interprovincial se intensificó durante el feriado de Carnaval en San Ramón de la Nueva Orán, donde las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en la terminal local.

El operativo obedeció a directivas emitidas por la Superioridad y contó con el apoyo del personal del Plan Güemes, con el objetivo de detectar movimientos irregulares en colectivos de larga distancia que circulaban en la región.

El ambiente de la terminal reflejaba el flujo constante de pasajeros propios de un fin de semana largo. Sin embargo, la atención de los agentes se centró en una unidad de la empresa “BALUT”, cuando uno de los pasajeros comenzó a mostrar señales de nerviosismo frente a las preguntas del personal. La actitud titubeante del individuo llevó a los agentes a solicitar autorización judicial, tras lo cual se convocó a dos testigos para proceder a la requisa de sus pertenencias.

Durante la inspección, en presencia de los testigos, se hallaron en el bolso de mano del pasajero varios paquetes con relieve de un delfín, un sello que, según fuentes de la investigación, podría vincularse al denominado “Clan del Delfín Castedo”, una organización señalada previamente en causas relacionadas con el tráfico de drogas en el norte argentino.

De acuerdo con información oficial a la que pud acceder Infobae, el itinerario declarado por el sospechoso incluía los tramos Aguas Blancas - Orán y Orán - Barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), trayectos identificados como corredores habituales para el traslado de estupefacientes.

Consultada la Fiscalía actuante, se dispuso la detención del individuo y el secuestro de los elementos hallados en su poder.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero, aunque confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad, residente en el norte del país. La decisión judicial incluyó la apertura de una investigación para determinar el contenido exacto de los paquetes y su posible conexión con la organización criminal mencionada.

El contenido de los paquetes será sometido a peritajes para determinar la sustancia, pero se intuye que se trata de más de 10 kilos de cocaína.

La investigación permanece abierta y las autoridades trabajan en la reconstrucción del trayecto realizado por el acusado, así como en la identificación de posibles contactos en los destinos mencionados.

Y hasta el momento, el resto de los pasajeros del colectivo inspeccionado no fue objeto de medidas judiciales, según precisaron fuentes oficiales.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que comenzará a tratar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en el marco de la ejecución de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por el direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz. El monto que está en juego, establecido como reparación al Estado nacional, asciende a $684.990.350.139,86.

La convocatoria fue dispuesta por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes estudiarán los recursos presentados contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).

Dicha sentencia dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado, en ejecución de la resolución firme dictada en 2022. El monto originalmente fijado en $84.835.227.378,04 fue reformulado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

La condena contra la ex presidenta quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y dejó confirmada la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En una primera fase, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes titularidad de CFK y Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas al empresario, entre ellas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Se trata principalmente de inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, que deberán ser tasados antes de su eventual subasta. También se dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La decisión del Tribunal Oral respondió al pedido formulado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la incautación para satisfacer la suma fijada en la condena.

Uno de los puntos que ahora deberá resolver Casación es la inclusión de 19 propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa y recibieron esos bienes por herencia. El TOF 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incorporó esas propiedades al esquema de decomiso. Las defensas apelaron esa decisión.

Los abogados de la ex mandataria y el apoderado de sus hijos sostuvieron que se trata de inmuebles de terceros ajenos al proceso penal y que su afectación vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.

En sentido contrario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó confirmar lo resuelto por el Tribunal Oral. Señaló que deben analizarse los “patrones de incremento patrimonial injustificado” y la vinculación entre el delito y la expansión patrimonial.

En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal presentó un nuevo pedido para ampliar el decomiso. Se reclamó incorporar 141 inmuebles adicionales -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez-, además de 46 vehículos y distintas sumas en dólares.

Entre los bienes identificados figuran el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución -sede del arresto domiciliario de la exvicepresidenta-; el hotel La Aldea, en El Chaltén; y departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. También se solicitó el decomiso de USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros montos depositados en cuentas bancarias.

Así las cosas, la audiencia del 5 de marzo será la instancia en la que la Sala IV escuchará los argumentos de las partes antes de resolver sobre el alcance del decomiso dispuesto por el TOF 2.

La detención de dos hombres con aproximadamente 130 mil pastillas de fentanilo en Nogales, Sonora, marcó un golpe relevante contra el tráfico de drogas sintéticas en la frontera norte de México.

El operativo, desarrollado por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales en coordinación con fuerzas federales y estatales, se realizó el pasado 16 de febrero de 2026 tras una persecución derivada del reporte de robo de un vehículo.

Tras los hechos, el comisario de seguridad del municipio, Luis Arturo Corrales Ley, confirmó los hechos e informó detalles sobre cómo sucedió la detención, mediante un video compartido en redes sociales.

Localización y persecución del vehículo robado

Según el reporte hecho por el comisario municipal, el seguimiento inició luego de que agentes del Departamento de Vehículos Robados identificaron una camioneta blanca de la marca Chevrolet, modelo Tahoe, con reporte de robo emitido horas antes.

Al confirmar en la base de datos que coincidía con el vehículo buscado, los elementos intentaron detener a los ocupantes, quienes ignoraron las instrucciones y emprendieron la fuga.

Luis Arturo Corrales explicó que la persecución recorrió varias calles hasta que los sospechosos abandonaron la unidad y huyeron a pie, dejando las puertas abiertas.

Tras la huida, las autoridades comenzaron una persecución que terminó a pocos metros del lugar donde dejaron la camioneta.

Según las declaraciones de Corrales Ley, el apoyo de unidades cercanas y la coordinación por radio permitieron asegurar a los individuos en el perímetro inmediato.

Hallazgo de fentanilo en el vehículo asegurado

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una maleta en la que se localizaron 130 mil pastillas falsas de M30, mejor conocidas como pastillas de fentanilo.

El cargamento, que arrojó un peso aproximado de 13 kilogramos, quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, las autoridades reportaron que en el interior de la camioneta se localizaron cargadores abastecidos de arma larga.

Reportes de medios locales señalaron tras la cobertura del hecho que los sujetos fueron identificados como Jesús “N”, de 27 años de edad, y Michael “N”, de 20 años.

Hasta el momento las autoridades no han informado si los detenidos pertenecerían a algún grupo delictivo con operaciones en la región.

El comisario Corrales destacó que el aseguramiento resultó del trabajo coordinado de las distintas instancias de los tres niveles de gobierno, junto con la SEDENA y la Guardia Nacional y la SSPC.

Coordinación y estrategia de seguridad en Nogales

El operativo fue presentado como resultado de las estrategias trazadas en las mesas de seguridad que diariamente analizan la problemática delictiva en la región.

Corrales Ley subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener y fortalecer la seguridad pública: “Vamos a seguir trabajando y eso ténganlo por seguro por siempre, para que cada día tengan una mejor seguridad en Nogales”.

La detención y aseguramiento de fentanilo se integró de inmediato a la investigación federal, mientras las autoridades locales reiteraron el compromiso de mantener acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad de la ciudadanía en Nogales, Sonora.

Tras avanzar el viernes último con el rechazo a los pedidos de la detenida Cristina Kirchner para dejar de usar tobillera electrónica y aliviar restricciones a su encierro domiciliario, a la Cámara Federal de Casación Penal le resta tomar una decisión sobre la ejecución de bienes de la ex presidenta y su entorno familiar, como parte de la condena en la causa Vialidad. Esta medida apunta a cubrir más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como reparación al Estado nacional.

Está semana la fiscalía avanzó con un nuevo pedido de decomiso de más propiedades y millones de dólares, mientras está pendiente de resolución un tema clave: qué pasará con 19 propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Los bienes de los hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incluyó en una primera etapa a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola un total de 20 propiedades de la familia Kirchner. Dentro de ese conjunto, solo una figura a nombre de la ex mandataria, mientras que las restantes pertenecen a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes los recibieron como herencia. Este es el punto a estudio del máximo tribunal penal federal y eje del conflicto que Casación está ya en condiciones de definir: si pueden afectarse al decomiso bienes heredados por parte de personas ajenas al proceso penal. El TOF2 ya dio el sí y esa decisión está apelada.

El tema es cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad y la decisión será de los mismos jueces que ya confirmaron por mayoría el uso de tobillera electrónica y dieron el aval a todo lo resuelto sobre visitas y permisos para CFK en su detención domiciliaria. Esa decisión fue firmada el viernes por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con disidencia de Mariano Borinksy.

“Avasallamiento”, dijo la defensa

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF 2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.

En concreto, la ex jefa de Estado y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya pidió rechazar los planteos y confirmar la decisión del Tribunal Oral sobre esos bienes porque deben tenerse en cuenta “patrones de incremento patrimonial injustificado” entre “la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio”. En ese sentido, incluir esas propiedades en la ejecución está a tono con “estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos” y también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Qué está en juego

En Comodoro Py hay coincidencia: el proceso de ejecución del decomiso en la causa Vialidad es inédito por su magnitud y sus protagonistas. Y sólo está comenzando. Muestra de ello es que a esta primera tanda de bienes se sumó también esta semana otro pedido fiscal sobre más propiedades y esta vez, también, se incluyó dinero a nombre de Florencia Kirchner: poco más de cinco millones de dólares embargados y hallados en una caja de seguridad y en cuentas bancarias.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de 111 bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales Luciani y Mola y se incluyó lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.

El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.

Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación. La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

Ahora la fiscalía reclamó sumar otros 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 y $ 3.280,24 depositados en cuentas también bajo titularidad de esta última. Con este nuevo pedido a estudio del Tribunal Oral Federal 2, sumarían 252 propiedades cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas y sociedades vinculadas como Los Sauces y Hotesur, que si prosperan los reclamos fiscales, pasarían al Estado Nacional.

El hallazgo, resultado de una investigación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha abierto una nueva línea en la lucha contra las organizaciones delictivas que utilizan zonas montañosas y de difícil acceso para resguardar armas y grandes cantidades de supuesta droga, de acuerdo con el reporte oficial.

Actualmente, el lugar permanece bajo vigilancia y la investigación se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades anticipan que en los próximos días se ampliará la información sobre la cantidad de droga incautada, el tipo de armamento decomisado y la posible conexión de estos hechos con otras actividades delictivas en Cortés.

Las acciones en Omoa no son aisladas. El Ministerio Público informó que el operativo responde a un seguimiento tras la huida de varios integrantes de una estructura criminal, días atrás, en San Pedro Sula.

En ese episodio, miembros de la Mara Salvatrucha escaparon a bordo de un autobús, presuntamente con evidencia vinculada a delitos bajo investigación. La información recolectada permitió identificar puntos de resguardo y, en consecuencia, desplegar una operación que incluyó labores de inteligencia y vigilancia en diversas zonas del departamento.

El búnker desmantelado se encontraba camuflado entre la vegetación del sector Vida Nueva, a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa. Las características del terreno dificultaron el acceso y obligaron a los agentes a movilizarse a pie con herramientas y equipo de protección. El espacio no era visible a simple vista y contaba con accesos discretos que dificultaban su detección externa.

Dentro del sitio, la ATIC y la Policía Militar del Orden Público localizaron numerosas caletas excavadas bajo tierra. Las autoridades especificaron que estos compartimientos contenían paquetes de color rojo con supuesta droga, así como armas de fuego y municiones. El hallazgo fue posible gracias al apoyo del escuadrón canino de la Policía Militar, cuyos perros marcaban los puntos donde los agentes comenzaron a excavar.

La evidencia fue contabilizada, embalada y trasladada bajo custodia a instalaciones del Ministerio Público, donde se someterá a peritajes técnicos.

Se determinará la naturaleza y el peso exacto de la sustancia incautada, además del origen y posible destino. También se realizarán análisis balísticos a las armas con el objetivo de establecer si fueron empleadas en delitos en la zona norte del país.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la cantidad total de paquetes decomisados ni el tipo exacto de droga, pero sí confirmaron que se trata de una cantidad considerable. Tampoco se reportaron detenciones durante la operación, que sigue bajo la dirección de unidades especializadas abocadas al seguimiento de la estructura criminal señalada.

Este procedimiento es uno más en una serie de intervenciones orientadas a identificar y desarticular centros de almacenamiento clandestinos, rutas y escondites usados por grupos criminales para ocultar sustancias ilícitas y armamento. “La desarticulación de centros de almacenamiento clandestino es parte de la estrategia para debilitar la logística de las estructuras criminales que operan en la región norte del país”, comunicó el Ministerio Público.

Las intervenciones, que suelen prolongarse por varias horas a causa de la complejidad geográfica, permiten a las autoridades asegurar el perímetro, evitar intentos de fuga y comprobar que no existan escondites adicionales. Todo el material decomisado durante la operación pasará a integrar la investigación abierta, orientada a establecer responsabilidades y posibles vínculos con otras redes delictivas activas en Cortés

La fiscalía reclamó este jueves que se avance con el decomiso de nuevos bienes y dinero para cumplir con la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Se trata de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Báez-; 46 automotores y 4.664.000 dólares embargados en una caja de seguridad abierta a nombre de la hija de la condenada ex presidenta, en el marco de la ejecución del decomiso multimillonario ordenado.

Los fiscales identificaron nuevos bienes y dinero y así lo informaron al Tribunal Oral Federal 2 que tiene que ejecutar el decomiso por 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En concretó se pidió respecto de Cristina Kirchner “el decomiso de 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA; USD 4.664.000, USD 992.134 y $ 53.280,24″ a nombre de Florencia Kirchner, su hija. La primera suma está en una caja de seguridad bancaria y la segunda depositada en una cuenta, todo embargado.

Sobre Lázaro Báez se reclamó, entre otros nuevos bienes identificados, el decomiso de inmuebles en Santa Cruz y automotores a nombre de sociedades donde tiene participación. También de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, “en la cual Báez tiene el 95 % de participación accionaria”.

“Ni un solo peso” depositado

“Todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, advirtieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Una primera tanda de 111 bienes que el Tribunal Oral Federal 2 ordenó ya decomisar para recuperar el dinero parte de los delitos fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación, que tiene que resolver sobre el asunto.

Los condenados, agregó ahora la fiscalía, “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme".

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, analizaron poco después.

Muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”, se advirtió además.

Los nuevos bienes

La fiscalía solicitó el decomiso para el Estado nacional del departamento de San José 1111, en Constitución, “ya que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015″. Allí cumple arresto domiciliario CFK condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de otro condenado, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.

Además se reclamó decomisar el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero de la sociedad “Los Sauces” . Uno de ellos es un duplex de más de 600 metros cuadrados.

“Estas propiedades se encuentran en el exclusivo barrio de Puerto Madero, más precisamente en el complejo Madero Center (el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde, tal como se comprobó por sentencia firme, se realizaron las maniobras de lavado de dinero por las cuales se condenó a Lázaro Báez, entre otros)”, agregó el pedido fiscal.

Los representantes del Ministerio Público advirtieron que “existe una vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades -pertenecientes a las personas condenadas- y el delito fuente que motiva el decomiso, además de una concomitancia temporal evidente”.

“Luego de la constitución de Los Sauces SA por parte de Néstor Carlos Kirchner, Cristina E. Fernández y el hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner (7/11/2006), y de la adquisición de Hotesur SA por Néstor y Máximo Kirchner (7/11/2008), se inició un proceso cuya nota distintiva fue la interconexión económica que se estableció entre esas sociedades -pertenecientes a la familia Kirchner- y Lázaro Antonio Báez, sus empresas y su entorno", fundamentó el pedido.