Un cargamento de 22,320 unidades de cremas dentales, presuntamente introducidas de forma ilegal desde Nicaragua, fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica en la zona norte del país, como parte de los operativos contra delitos transfronterizos.

El decomiso se realizó en la localidad de Acapulco, distrito de Cutris de San Carlos, sobre la Ruta Nacional #35, vía que conduce hacia el cantón de Los Chiles, en la frontera con Nicaragua. La acción se dio en el marco de un control de carreteras ejecutado por cuerpos policiales en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales detuvieron un vehículo tipo carga liviana para una inspección de rutina. Durante la revisión, detectaron irregularidades en la mercancía transportada, lo que llevó a una inspección más detallada del contenido.

Fue en ese momento cuando los policías encontraron un cargamento de cremas dentales oculto bajo sacos de abono orgánico, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del producto transportado.

El conductor del vehículo, un costarricense de apellido Rojas, fue consultado por los oficiales acerca del origen de la mercancía. Sin embargo, indicó no contar con documentación que acreditara su ingreso legal al país, como facturas de pago de impuestos o registros sanitarios.

Ante esta situación, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, que ordenó la incautación inmediata de la totalidad de la carga.

Según estimaciones oficiales, el valor del cargamento en el mercado nacional podría superar los ₡20 millones, lo que lo convierte en una de las incautaciones relevantes en materia de contrabando registradas en la zona en lo que va del año.

Las autoridades indicaron que este tipo de decomisos busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también proteger a los comercios formales que cumplen con las obligaciones tributarias y sanitarias establecidas por la legislación costarricense.

Además, advirtieron sobre los riesgos asociados al consumo de productos introducidos ilegalmente al país, ya que estos no cuentan con permisos sanitarios que garanticen su calidad, condiciones de producción ni transporte adecuado.

En el operativo también se destacó que los controles en carretera forman parte de una estrategia sostenida por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera norte, donde se ha identificado tránsito frecuente de mercancías irregulares.

El jefe distrital de la Fuerza Pública de Santa Rosa de Pocosol, Elmer Avilés, explicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados durante los primeros meses del año enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Según detalló, en otras intervenciones recientes también se ha logrado la detención de personas requeridas por delitos graves, así como la detección de transporte irregular de distintos tipos de mercancías.

En el caso específico del decomiso de las cremas dentales, Avilés indicó que el hallazgo se dio tras una revisión minuciosa del vehículo, en el que inicialmente se transportaban materiales varios, entre ellos productos orgánicos, utilizados como fachada para ocultar la carga.

Tras confirmar la naturaleza del producto, los oficiales procedieron a realizar las coordinaciones correspondientes con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de ejecutar el decomiso formal de la mercancía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas fronterizas y de continuar con operativos dirigidos a prevenir y combatir el contrabando en sus distintas modalidades.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el ingreso ilegal de mercancías al país, especialmente en regiones cercanas a la frontera.

El operativo no solo permitió identificar la existencia de una planta ilegal, sino también evidenciar las condiciones en las que se manipulaban recursos hidrobiológicos sin control sanitario ni documentación que respalde su origen. La presencia de maquinaria especializada y un vehículo de carga dentro del predio apunta a una actividad organizada, con capacidad logística para mover grandes volúmenes de mercancía.

Las autoridades involucradas señalaron que los productos incautados alcanzan precios elevados en el extranjero, lo que explica la persistencia de estas redes. La operación se desarrolló en coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio de la Producción y el Ministerio Público, en un esfuerzo conjunto por frenar delitos ambientales en la región.

Intervención en una planta clandestina

La acción se llevó a cabo en el asentamiento humano Aurora Díaz II Etapa, donde agentes de la Policía Nacional, junto a representantes del Ministerio de la Producción y de la Fiscalía, ingresaron a un local utilizado para el acopio y procesamiento de especies marinas.

El corresponsal en la región norte indicó que también se hallaron dos sacos de pepino de mar, además de otros recursos hidrobiológicos sin documentación. La ausencia de registros que acrediten su procedencia motivó la intervención inmediata y el decomiso de todo el material.

Dentro del predio, las autoridades identificaron equipos destinados al tratamiento de estas especies, lo que confirma que el lugar funcionaba como un centro de procesamiento. Asimismo, se ubicó un camión que, según las primeras indagaciones, estaba destinado al transporte de la mercadería.

El comercio de aletas de tiburón y pepino de mar responde a una demanda sostenida en mercados internacionales. Fuentes policiales señalaron que el kilo de aleta de tiburón puede alcanzar los 500 dólares, mientras que el pepino de mar seco puede llegar a los 1,000 dólares por kilo, dependiendo del destino.

Estas cifras explican el interés de organizaciones ilegales por mantener este tipo de actividades, pese a los riesgos legales. La comercialización de estos productos se encuentra regulada debido a su impacto en la biodiversidad marina y a la necesidad de preservar especies vulnerables.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades, que iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y rastrear la cadena de distribución.

Evidencias de actividad organizada

La presencia de infraestructura dentro del inmueble sugiere una operación estructurada. La maquinaria encontrada permitía el tratamiento de los recursos, lo que implica un nivel de especialización técnica. Este tipo de instalaciones no responde a actividades ocasionales, sino a un esquema continuo de procesamiento.

Además, el uso de un vehículo de carga dentro del predio refuerza la hipótesis de una red con capacidad de traslado. Las autoridades buscan establecer si existen conexiones con otros puntos de acopio o rutas de exportación ilegal.

El caso fue tipificado como presunto delito contra el medio ambiente, debido a la falta de documentación y al manejo de especies protegidas.

Rescate de animales y condiciones del lugar

Durante la intervención, los agentes rescataron a dos perros que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Este hallazgo permitió constatar las condiciones precarias en las que operaba el lugar.

La situación de los animales refleja el estado general del inmueble, donde no se cumplían estándares básicos de cuidado ni de salubridad. Las autoridades trasladaron a los perros para recibir atención, mientras continúan las diligencias en el predio.

El operativo en Salaverry se suma a otras acciones recientes orientadas a combatir el tráfico ilegal de fauna marina en el país. La coordinación entre entidades busca frenar estas prácticas y fortalecer los mecanismos de control en zonas costeras.

Un operativo de control ejecutado en los mercados de Comayagüela resultó en el decomiso de más de 62 mil cigarrillos de distintas marcas sin documentación fiscal ni autorización sanitaria, así como en la inmovilización de medicamentos con irregularidades en su comercialización.

En el marco de estas acciones, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía de Fronteras, coordinados por la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), lograron retirar del mercado un total de 62,583 unidades de cigarrillos.

Estos productos, de marcas reconocidas y poco habituales como Modern, Silver Elephant, Marble, 96 Jloong, Sevios y Genial, carecían de respaldo legal y sanitario, lo que constituye un delito de contrabando con posibles sanciones legales para los responsables, según información oficial difundida por el Ministerio Público.

El operativo, del que también participaron la Dirección de Protección al Consumidor y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), detectó ventas irregulares tanto de cigarrillos como de fármacos sujetos a regulación estricta. Entre las evidencias reunidas destacaron farmacias sin regencia farmacéutica y la ausencia de registros obligatorios en los libros de trazabilidad para medicamentos controlados.

El resultado fue el decomiso de 1.320 frascos de Ginseng Royal Jelly, 60 botellas de Ginseng Coreano y medicamentos como Amoxicilina, Ciprofloxacina, Enalapril Maleato, Carbamazepina, Dolo-Nervisel, Sudagrip Balsámico, Prednisolona, Clonazepam y Lanzocap, según informó el Ministerio Público.

La acción de fiscalización se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del sector, lo que permitió identificar comercios en los que no solo se vendían productos sin respaldo fiscal y sanitario, sino también sin control de calidad y conservación, elevando el riesgo para los consumidores.

La ARSA se enfocó en verificar la caducidad y autenticidad de los medicamentos, frente a la inexistencia de registros sanitarios y profesionales responsables en algunos establecimientos.

El decomiso ejecutado en Comayagüela expone una problemática persistente en los mercados hondureños: la circulación de mercancías de contrabando que eluden la recaudación de impuestos, impactan la economía formal y generan una competencia desleal con los comercios que cumplen con las normativas fiscales y regulatorias, según explicó el MP.

La venta de productos farmacéuticos sin trazabilidad o sin supervisión expone a la población a riesgos de salud de consideración, como reacciones adversas, fallos de dosificación o consumo de medicamentos en mal estado. Por ello, las autoridades instaron a los ciudadanos a adquirir medicamentos únicamente en locales legales y sometidos a inspección regular.

La respuesta coordinada entre el Ministerio Público, ARSA, DPI, la Policía de Fronteras y la Dirección de Protección al Consumidor fue esencial para garantizar la cobertura del operativo y la efectividad del control. Los productos confiscados serán destruidos bajo supervisión oficial, para evitar su reingreso al mercado y respaldar la transparencia del proceso.

Estas fiscalizaciones forman parte de un plan nacional para aumentar la supervisión de mercados y tiendas, reforzar los protocolos de inspección y desarrollar futuras acciones de control en otras zonas del país, según comunicó el Ministerio Público. El objetivo central es evitar delitos tributarios, asegurar la calidad de los productos y proteger a la ciudadanía de potenciales riesgos sanitarios.

El portavoz del ente acusador del estado subrayó: “La fiscalización no es solo para sancionar, sino también para educar a los comerciantes y a la población sobre los riesgos de comercializar o adquirir productos sin respaldo legal y sanitario”. La operación de Comayagüela, debe servir de advertencia y señal de que la cooperación institucional y la vigilancia constante son fundamentales para mantener la legalidad en los mercados de Honduras.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que, en la alcaldía Cuauhtémoc, autoridades de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX) y elementos de la corporación que encabeza, aseguraron más de 79 toneladas de mercancía por no contar con documentación correspondientes para comprobar su procedencia legal.

La diligencia, informó, se llevó a cabo en la calle República de Costa Rica, en la colonia Centro, donde se aseguraron dos camionetas de tres toneladas y una caja seca, así como una bodega donde se encontraron perfumes, cosméticos y barnices de procedencia extranjera no acreditable, mismos que quedaron a disposición de las instancias correspondientes.

“Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades del @GobCDMX para combatir el contrabando y proteger la salud de la población y las actividades de las industrias legalmente constituidas”, señaló en sus redes sociales.

En la publicación compartió imágenes y un video del decomiso de los productos.

Por su parte, la SSC informó, por medio de un comunicado, que las diligencias estuvieron a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE), por lo que la mercancía extranjera no acreditable fue sellada y junto con los transportes, custodiadas por los policías de la SSC, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, que se encuentran en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.

Decomisan 25 toneladas de ropa deportiva en Tepito

Apenas la semana pasada, fueron decomisadas 25 toneladas de ropa deportiva pirata y apócrifa durante un cateo a varios locales ubicados en la calle Aztecas, en el barrio de Tepito, colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro de la Ciudad de México. Esto significó un golpe significativo contra la venta ilegal y reproducción de artículos de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Los comercios dedicados a la venta y distribución de playeras de las selecciones de Inglaterra, Senegal, Alemania, España, así como Francia, Italia, incluso, la nueva edición de México fueron retiradas de maniquíes y asegurados en bolsas negras con la leyenda Mercancía asegurada.

Elementos de la SSC en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resguardaron el sitio cateado colocando por lo menos tres pelotones a la entrada del predio.

Por su parte, Santiago Nieto, director general del IMPI llegó al Barrió de Tepito para supervisar las labores que llevaba a cargo su personal escoltado de su círculo cercano. Dijo que dentro de la Operación Limpieza, este es el operativo número 21 relacionado con defender marcas involucradas con la Copa del Mundo FIFA 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de fentanilo, luego de su detención en el estado de Colima, reportada por autoridades el pasado 12 de marzo de 2026.

El juzgado especializado determinó iniciar proceso penal en su contra, junto a Carlos Iván “N” y Claudia “N”, por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de fentanilo. Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que los tres procesados son identificados como Yair Verduzco, Claudia Córdoba y Carlos Iván Oropeza.

Según los reportes oficiales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que sustentaron la decisión judicial, y los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los tres meses fijados para la investigación complementaria.

Los reportes oficiales señalaron que en esa ocasión fueron detenidas 6 personas, mediante dos cateos simultáneos en el municipio de Villa Juárez, sin embargo, la FGR señala que la detención de los tres procesados fue en Cuauhtémoc. En los dos inmuebles cateados aseguraron aproximadamente 270 kilogramos de fentanilo, equivalentes a 14 millones de dosis.

Aun hace falta que se aclaren la situación judicial de otras 3 personas, identificadas como Omar Sorinao, Luis Martínez y Ana Tejeda, todos señalados como presuntos miembros de la banda criminal.

Así fue la detención en Colima

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron en la operación que permitió ubicar y catear dos domicilios.

De acuerdo con el reporte oficial de la SSPC, los inmuebles funcionaban como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos, aunque posteriormente la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, quiso desmentir los reportes oficiales, refiriendo que el aseguramiento no revelaba que se produjera fentanilo en la entidad, sino que ahí se empaqueta.

Las autoridades implementaron labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, y tras recabar datos de prueba suficientes, presentaron la información ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Se detuvo a seis personas y se aseguraron 14 millones de pastillas de fentanilo, además de poner bajo resguardo los inmuebles intervenidos.

Célula criminal con estructura transnacional y seis detenidos

Las investigaciones permitieron identificar a Yair Verduzco como líder de la célula dedicada a la producción y distribución de fentanilo.

Junto a él fueron detenidos Carlos Oropeza, Claudia Córdoba, ambos vinculados a proceso. Además, se reportó la aprehensión de Luis Martínez, Omar Sorinao y Ana Tejeda. Los nombres fueron proporcionados a Infobae México por una fuente consultada.

Según la información oficial, la célula operaba en coordinación en distintos puntos de Colima para el resguardo, procesamiento y venta de drogas sintéticas.

La magnitud del decomiso representa uno de los mayores golpes contra el tráfico de fentanilo en la región y constituye un caso de relevancia nacional.

A pasar de ser una célula transnacional, hasta el momento no se le ha relacionado con algún cártel mexicano.

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano decomisaron un cargamento que contenía 325 paquetes de metanfetamina oculta en paquetes de cuerda industrial durante una inspección en el puesto de seguridad Estación Doctor, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con información presente en comunicados oficiales y reportes de medios locales, la sustancia, con características propias del cristal, fue detectada gracias a una revisión detallada de las fuerzas federales en el tractocamión que transportaba el ilícito.

Inspección revela cargamento ilícito

El operativo se realizó cuando un tractocamión, con ruta presuntamente de Hermosillo, Sonora hacia Mexicali, Baja California, ingresó al área de revisión del puesto de seguridad.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectó inconsistencias al analizar la carga. Según reportes de medios locales, la droga fue encontrada mediante rayos gama, lo que habría motivado una inspección minuciosa en el compartimento principal.

Ocultos entre rollos de cuerda, los agentes localizaron 325 bolsas transparentes que contenían una sustancia identificada como metanfetamina por las autoridades federales.

El peso total del decomiso habría superado los 150 kilogramos, según reportes extraoficiales.

Tanto el operador, como la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, quien abrió una carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles vínculos del detenido con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El aseguramiento se enmarca en los esfuerzos coordinados para reforzar la seguridad en puntos clave de Sonora, entidad que registra un alto flujo de mercancías hacia la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado con qué cártel estaría relacionado este cargamento.

En las imágenes reveladas por autoridades se observa una caja perteneciente a la empresa Transportes Potosinos Especializados S.A. de C.V, en el cual pudo haber estado escondida la droga.

Otros decomisos de droga en carreteras de Sonora

En los últimos meses, los operativos en las carreteras de Sonora han derivado en varios decomisos relevantes de droga.

Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de diciembre de 2025, cuando autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi 400 kilogramos de cocaína oculta en cajas de filete congelado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta.

El imputado fue identificado como Jared “N” y permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones para esclarecer la red de tráfico implicada en el traslado de la droga.

La detención se logró tras un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

El caso generó discrepancias en las cifras oficiales, ya que inicialmente la SSPC informó el aseguramiento de 172 kilos, aunque posteriormente el gobernador Alfonso Durazo confirmó que el total incautado ascendía a 400 kilos. Finalmente, la FGR precisó que el cargamento asegurado fue cercano a la cifra revelada por el gobernador, aclarando la diferencia en los reportes.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridadad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Colima, algunas acciones destacadas que se han realizado en materia de seguridad en esa entidad federativa.

De acuerdo con lo señalado por Harfuch, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, se ha fortalecido la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad: más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se informó que del primero de octubre de 2024 al 10 de marzo pasado, se han detenido, en Colima, a 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Destacó el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

Yair Leobardo “N”, líder de la célula desarticulada, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En la actualidad, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, señaló Harfuch, se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de tres toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina, a la altura de la Isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kilos de cocaína.

Harfuch dijo que, con estas acciones, en total, han sido aseguradas más de 60 toneladas de cocaína en altamar. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburos.

También destacó que se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

Este martes en conferencia matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que el aseguramiento de dos toneladas de cocaína realizado ayer en Acapulco, Guerrero, pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso, lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, destacó.

Además, Harfuch puntualizó que por tierra van más de 340 toneladas aseguradas.

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La disputa judicial por el futuro de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos atraviesa una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a resolver los recursos presentados contra una primera orden de decomiso de 111 propiedades de los Kirchner y del también condenado Lázaro Báez. Entre ellas están 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Mientras tanto, el tribunal que llevó adelante el juicio en la causa Vialidad dispuso nuevas medidas de prueba antes de decidir sobre otro pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para sumar bienes y que incluye la incautación de casi cinco millones de dólares.

El caso se tramita en la etapa de ejecución de la sentencia que concluyó con la condena de la ex mandataria y otros acusados, por delitos en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, entre 2003 y 2015 a empresas de Báez. En ese fallo se dispuso un decomiso millonario cuyo monto actualizado, ya confirmado por Casación, alcanza los $684.990.350.139,86 de pesos.

El mismo fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y se trata de la suma de dinero que la Justicia busca recuperar.

La discusión sobre las propiedades

La decisión del tribunal oral incluyó una primera tanda de 111 bienes inmuebles, cuya realización permitiría cubrir parte de la suma fijada en la sentencia. Dentro de ese listado aparecen 19 propiedades registradas a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Todo está bajo revisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la sala IV de Casación.

La defensa de CFK cuestionó duramente la resolución del tribunal. En su planteo sostuvo que avanzar sobre esas propiedades sería “manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal”. Además remarcó que no está firme el monto de decomiso porque hay recursos pendientes en la Corte.

Además se habría dispuesto “el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento”.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también sostuvieron que el tribunal habría aplicado un criterio de decomiso que excede lo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, afirmaron que se habría utilizado “un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente”.

Para la defensa, esa interpretación permitiría afectar bienes que no guardan relación directa con el delito investigado. En el memorial se advierte que ese esquema “transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución”.

El planteo fiscal

El dictamen del fiscal ante Casación Mario Villar recordó que la condena en la causa quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso responde al perjuicio económico causado al Estado.

En ese contexto, la fiscalía sostiene que los bienes identificados forman parte del proceso de ejecución de la sentencia, que busca recuperar el dinero derivado de la maniobra de corrupción.

El decomiso es un " instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada", advirtió.

El fiscal mencionó la gravedad institucional de los hechos juzgados y puso énfasis en la necesidad de asegurar que la respuesta penal no quede reducida a “una sanción meramente simbólica”. El eventual remate de los bienes es una “respuesta adecuada” frente “a la magnitud del daño ocasionado”.

El nuevo pedido por bienes y dólares

Mientras la Cámara de Casación analiza esos recursos, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en paralelo con nuevos planteos presentados por la fiscalía ante esa instancia, a cargo de Diego Luciani, para ampliar el alcance del decomiso.

En esa nueva presentación, se identificaron 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero que, a su criterio, también deberían ser alcanzados por el decomiso.

Entre los bienes mencionados aparecen 10 inmuebles —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— pertenecientes a la firma Los Sauces S.A., además de tres propiedades en Santa Cruz vinculadas a Hotesur S.A., sociedades relacionadas con la familia Kirchner. Uno de ellos es el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.

El planteo también incluye numerosos activos vinculados a Lázaro Báez, entre ellos decenas de propiedades registradas a nombre de empresas vinculadas.

Uno de los puntos más sensibles del pedido fiscal es el dinero que aparece a nombre de Florencia Kirchner. En concreto, se pidió avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta y una suma menor en pesos, fondos que actualmente se encuentran embargados.

Antes de resolver sobre ese nuevo pedido, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso la realización de medidas previas para verificar la situación de los bienes señalados por la fiscalía, entre ellas la titularidad registral y la eventual vinculación con las sociedades investigadas.

Después de completar esas diligencias se dará vista a las partes para que expongan sus posiciones.

De esta manera, mientras Casación entra en la etapa final para decidir si confirma o modifica el decomiso de las 111 propiedades —incluidas las de los hijos de la ex presidenta—, el tribunal que llevó adelante el juicio analiza en paralelo nuevos bienes y millones de dólares que podrían quedar alcanzados por la ejecución del fallo.

Se descuenta que el conflicto escalará hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso tribunales internacionales como anuncia la defensa de CFK. Se trata de un largo proceso que, como repiten en los pasillos de tribunales, por los montos en juego y sus protagonistas es inédito para la Justicia argentina.

La defensa de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner reclamó este viernes que se deje sin efecto el decomiso de 19 propiedades en Santa Cruz de sus hijos Máximo y Florencia, ordenado en la causa Vialidad, y advirtió que hay un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, postuló que deben rechazarse todos los recursos de las defensas y seguir adelante con la incautación y futuro remate de 111 bienes pertenecientes a la ex presidenta, sus hijos y al también condenado Lázaro Báez como parte del decomiso fijado en $684.990.350.139,86.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país tenía prevista una audiencia para este viernes a las 11 pero todas las partes optaron por presentar “breves notas” y no exponer de manera oral. Ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver.

En esta parte del caso se juega el destino de 111 bienes de la ex presidenta, sus hijos, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez y empresas, entre ellas el hotel Los Sauces. El decomiso de todos ellos se ordenó el 18 de noviembre de 2025 por parte del Tribunal Oral Federal 2. Esto ocurrió luego de que Casación confirmó la actualización del monto a decomisar fijado en casi 685 mil millones de pesos.

Bienes “legítimos” de los hijos de CFK

Los abogados defensores de CFK, quien cumple bajo arresto domiciliario la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, reclamaron que se deje sin efecto ese decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

La medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y que ahora es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

“Indudablemente, estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”, agregaron los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los abogados sostuvieron que todavía “no existen decisiones judiciales firmes en torno a la cuantía del decomiso dispuesto” ni sobre cuáles son los bienes sujetos a la sanción penal, porque hay recursos de apelación pendientes, incluso en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello todo trámite al respecto debe suspenderse para “evitar perjuicios de imposible reparación ulterior”, advirtieron en su escrito. Por eso pidieron a Casación que revoque la decisión del TOF2 y ordene la suspensión de todas las actividades administrativas y ejecutivas que buscan concretar la entrega de esos bienes a la Corte Suprema como administradora.

Si se avanza se trataría de una “confiscación de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner“.

“Todos los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, Máximo y Florencia Kirchner recibieron estos activos por parte de sus progenitores“, argumentó la defensa.

En relación a ello, al “no mediar sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en torno a estas cuestiones, que conllevan al desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos por Máximo y Florencia Kirchner, deberá suspenderse la tasación, la inscripción registral, la puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de cualquier otra entidad, la realización y la ejecución de las propiedades aludidas”, enumeraron.

De lo contrario, “se concretará una privación del derecho de propiedad sin una sentencia judicial firme y fundada en ley anterior al hecho del proceso, en franca violación a lo previsto en el art. 17 de la Constitución Nacional”, concluyeron los defensores.

La decisión sobre los bienes de los hijos “avasalla el derecho de propiedad, el principio de legalidad, el principio de inocencia, el modelo acusatorio, el derecho de defensa en juicio, el valor de la cosa juzgada y el principio de culpabilidad“ y de ser necesario podrían recurrir a organismos internacionales, concluyeron.

“Evitar la impunidad”

El fiscal ante Casación Mario Villar postuló por su parte el rechazo de todos los recursos que se presentaron para intentar evitar la ejecución de la condena en relación a los bienes.

También apeló la defensa del condenado Lázaro Báez y las de los exfuncionarios Nelson Periotti y Raúl Pavesi. A su vez Máximo y Florencia Kirchner interpusieron sus propios recursos.

La medida, argumentó la fiscalía, “no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme, dictada tras un proceso que respetó plenamente las garantías del debido proceso”, según el escrito fiscal al que tuvo acceso Infobae.

Villar advirtió que el decomiso “no aparece como una extensión indebida de la pena, sino como un instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada”.

El Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio oral y tiene que ejecutar la pena “señala correctamente que, en el caso en estudio, el decomiso fue expresamente dispuesto en la sentencia condenatoria y cuantificado en una suma determinada, quedando pendiente únicamente su ejecución concreta mediante la identificación y realización de bienes aptos para satisfacer ese monto”.

La resolución no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, “sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida, conforme a las reglas propias de la etapa de ejecución”.

“Se pretende, de esta manera, evitar la impunidad en estos hechos graves, privar a las personas implicadas del producto de sus actividades delictivas y generar conciencia de la gravedad de estos sucesos en el rumbo de los pueblos”, concluyó la fiscalía.

El caso Vialidad

La condena contra la ex presidenta y los demás acusados en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y confirmó el veredicto emitido por el TOF 2 y ratificado por la Casación Federal.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

A todos se los halló responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz, a favor de empresas vinculadas a Báez, con direccionamiento, sobreprecios y otras irregularidades, según dio por probado la Justicia.

Un operativo de la Policía Municipal de Mexicali resultó en el aseguramiento de 69 kilogramos de fentanilo luego de una revisión a un vehículo en la capital de Baja California.

La información fue dada a conocer este 3 de marzo de 2026 por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien destacó la magnitud del decomiso como parte de los esfuerzos coordinados para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.

Hallazgo durante la inspección vehicular

Según el breve reporte de la gobernadora, compartido en sus redes sociales, la detención se produjo cuando agentes municipales interceptaron una camioneta de modelo reciente, color blanco, y localizaron inicialmente 11 paquetes de fentanilo.

Posteriormente, durante una inspección más exhaustiva, las autoridades descubrieron un paquete adicional oculto que contenía aproximadamente 700 mil pastillas de la sustancia, sumando un total de 69 kilogramos entre todo lo asegurado.

Según autoridades, la persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El decomiso representa una acción relevante en el contexto de la estrategia estatal para reducir la circulación de drogas sintéticas en Mexicali, ciudad relevante en el mundo del crimen organizado por su frontera con Estados Unidos.

El resultado del operativo fue calificado por la administración estatal como parte de los avances en la colaboración entre las fuerzas de seguridad en el estado, orientada a retirar narcóticos de las calles y fortalecer la seguridad en la entidad.

Estos fueron los paquetes asgurados

Una fotografía compartida por la gobernadora del estado reveló la presentación de los ilícitos tras el decomiso.

En la imagen se observa una mesa cubierta con papel que lleva el logotipo y el nombre de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Sobre el papel se encuentran 11 paquetes rectangulares envueltos con lo que pareciera ser cinta de precaución, la cual estaría desgastada pero aun conservando las características marcas amarillas y negras.

Junto a ellos hay una bolsa transparente con numerosos comprimidos de color azul claro, lo que revela la presencia de las pastillas de fentanilo.

Al fondo, un panel con el emblema de la policía municipal y la sigla DSPM refuerza el contexto institucional.

Hasta el momento no se sabe si este decomiso estaría relacionado con alguno de los cárteles de la droga que operan en el estado, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexicali y su importancia para el trasiego de drogas

Mexicali, capital de Baja California, ocupa un lugar relevante en el mapa del trasiego de drogas por su proximidad con la frontera de Estados Unidos y su acceso a rutas que conectan con distintos puntos del país.

Según análisis previos, su ubicación geográfica facilita el movimiento de cargamentos ilícitos, convirtiéndola en un objetivo prioritario para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad habrían intensificado los operativos en la región, buscando detectar y bloquear el transporte de sustancias ilegales, como el fentanilo, que tiene alta demanda en el mercado estadounidense.

El reciente decomiso en Mexicali evidencia la relevancia de la ciudad en las estrategias de los grupos delictivos, así como la necesidad de mantener y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir este delito.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras realizó la detención de un abogado de 34 años y su pareja de 20, ambos residentes de la capital, como presuntos responsables de la violación y agresión sexual a una menor de catorce años. El material clave del caso está en los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos, pues se sospecha que las grabaciones realizadas durante el acto constituirán una prueba concluyente en el inminente proceso penal.

El Ministerio Público procesó rápidamente a los detenidos, quienes enfrentan cargos según el artículo 249 del Código Penal (violación) y el artículo 175 del Código Procesal Penal (agresiones sexuales y aseguramiento de pruebas), lo que asegura un proceso riguroso y sanciones graves en caso de resultar culpables.

Desde el momento del arresto, la víctima permanece protegida y bajo la atención constante de especialistas que buscan restablecer su bienestar emocional. De acuerdo con el expediente policial, la investigación demostró que el delito fue planificado: la mujer atrajo a la adolescente bajo el pretexto de una “pijamada” en plenas celebraciones de San Valentín, para luego concretar la agresión junto a su pareja.

La DPI llevó a cabo el operativo tras recibir una denuncia formal que derivó en la rápida emisión de la orden de captura por parte de la Fiscalía de Turno de Tegucigalpa. La localización y seguimiento técnico permitieron identificar ubicaciones estratégicas donde los sospechosos se movilizaban: el bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores, ambos en el Distrito Central.

La participación del abogado entre los implicados causó indignación pública, dado que se espera de los profesionales del derecho un mayor respeto por la ley y el bienestar de los ciudadanos. A partir del análisis del expediente, las autoridades señalaron que la mujer de veinte años aprovechó su parentesco con la menor para obtener acceso al domicilio, alegando la realización de una actividad social inocente.

El abogado llegó a la vivienda y, junto con su pareja, intentaron manipular y coaccionar a la adolescente para participar en actos sexuales. Ante la negativa de la víctima, los implicados emplearon la fuerza y la intimidación. El elemento agravante surgió de la presunta grabación del delito, lo que aumenta la gravedad de los hechos investigados.

Durante el arresto se decomisaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en la Unidad de Extracción de Información y Análisis de la DPI. Se espera que las investigaciones forenses confirmen la existencia de imágenes o videos que respalden la denuncia presentada.

La fiscalía solicitará la detención judicial de ambos imputados para impedir cualquier intento de huida o de presión sobre la víctima o posibles testigos. Las pruebas recabadas y el contexto de parentesco servirán como sustento principal en la audiencia inicial y los siguientes pasos del proceso.

El Ministerio Público de Honduras está a cargo de la acusación y de asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. La normativa penal hondureña tipifica este tipo de delitos con especial severidad cuando hay uso de fuerza o intimidación, y trata con máxima protección los casos en que la víctima es menor de edad.

La Policía Federl decomisó más de 25 kilos de cocaína en dos operativos llevados a cabo en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

Según pudo saber Infobae, en una operación realizada en la provincia de Santiago del Estero, personal de las fuerzas de seguridad federales detuvo a un ómnibus de larga distancia que transitaba por la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Pozo Hondo, a unos 60 kilómetros de la capital provincial.

La jornada comenzó con la implementación de un control vehicular, dispuesto por la Jefatura de la dependencia interviniente, tras recibir información que señalaba el movimiento sospechoso de un vehículo de pasajeros en la zona. El despliegue incluyó el uso de un can detector de narcóticos y la presencia de personal especializado, en el marco de un procedimiento preventivo orientado a interceptar posibles cargas ilegales.

Alrededor de las primeras horas del día, el control detuvo la marcha de un ómnibus Mercedes Benz, modelo O-500 RSD, identificado con la inscripción “OJEDA TOURS MIX” y dominio JRN916, en el que viajaban quince personas, incluidos dos choferes y una coordinadora. El conductor indicó que el recorrido había partido de la ciudad de Orán, Salta, con destino a la capital de la provincia de Córdoba.

Durante la inspección inicial, el binomio cinotécnico compuesto por el can “D123” Yana marcó la posible presencia de drogas en una de las bodegas, ubicada debajo de un escalón cubierto por una tapa metálica, en la zona donde se hallan las baterías del vehículo. Personal de las fuerzas, en presencia de testigos, procedió a la apertura del compartimiento y extrajo dos cajas de cartón selladas con cinta engomada.

En el interior de las cajas se hallaron doce “ladrillos” compactos. El procedimiento incluyó la realización de pruebas orientativas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína. La droga fue inmediatamente incautada, conforme dispuso el magistrado de turno, quien también ordenó la detención del conductor, los choferes y la coordinadora, así como el secuestro preventivo del ómnibus completo y su traslado para una revisión exhaustiva en sede policial. Finalmente, el pesaje total arrojó que se trataba de una carga de 14 kilos.

De acuerdo con la información recabada, la inspección posterior del vehículo y de las pertenencias de los pasajeros no arrojó resultados positivos adicionales. El resto de los ocupantes del ómnibus no fue objeto de medidas restrictivas, por decisión del magistrado.

Operativo en la terminal de Orán por los Carnavales

La vigilancia sobre el transporte interprovincial se intensificó durante el feriado de Carnaval en San Ramón de la Nueva Orán, donde las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en la terminal local.

El operativo obedeció a directivas emitidas por la Superioridad y contó con el apoyo del personal del Plan Güemes, con el objetivo de detectar movimientos irregulares en colectivos de larga distancia que circulaban en la región.

El ambiente de la terminal reflejaba el flujo constante de pasajeros propios de un fin de semana largo. Sin embargo, la atención de los agentes se centró en una unidad de la empresa “BALUT”, cuando uno de los pasajeros comenzó a mostrar señales de nerviosismo frente a las preguntas del personal. La actitud titubeante del individuo llevó a los agentes a solicitar autorización judicial, tras lo cual se convocó a dos testigos para proceder a la requisa de sus pertenencias.

Durante la inspección, en presencia de los testigos, se hallaron en el bolso de mano del pasajero varios paquetes con relieve de un delfín, un sello que, según fuentes de la investigación, podría vincularse al denominado “Clan del Delfín Castedo”, una organización señalada previamente en causas relacionadas con el tráfico de drogas en el norte argentino.

De acuerdo con información oficial a la que pud acceder Infobae, el itinerario declarado por el sospechoso incluía los tramos Aguas Blancas - Orán y Orán - Barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), trayectos identificados como corredores habituales para el traslado de estupefacientes.

Consultada la Fiscalía actuante, se dispuso la detención del individuo y el secuestro de los elementos hallados en su poder.

Las autoridades no revelaron la identidad del pasajero, aunque confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad, residente en el norte del país. La decisión judicial incluyó la apertura de una investigación para determinar el contenido exacto de los paquetes y su posible conexión con la organización criminal mencionada.

El contenido de los paquetes será sometido a peritajes para determinar la sustancia, pero se intuye que se trata de más de 10 kilos de cocaína.

La investigación permanece abierta y las autoridades trabajan en la reconstrucción del trayecto realizado por el acusado, así como en la identificación de posibles contactos en los destinos mencionados.

Y hasta el momento, el resto de los pasajeros del colectivo inspeccionado no fue objeto de medidas judiciales, según precisaron fuentes oficiales.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que comenzará a tratar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en el marco de la ejecución de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por el direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz. El monto que está en juego, establecido como reparación al Estado nacional, asciende a $684.990.350.139,86.

La convocatoria fue dispuesta por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes estudiarán los recursos presentados contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).

Dicha sentencia dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado, en ejecución de la resolución firme dictada en 2022. El monto originalmente fijado en $84.835.227.378,04 fue reformulado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

La condena contra la ex presidenta quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y dejó confirmada la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En una primera fase, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes titularidad de CFK y Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas al empresario, entre ellas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Se trata principalmente de inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, que deberán ser tasados antes de su eventual subasta. También se dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La decisión del Tribunal Oral respondió al pedido formulado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la incautación para satisfacer la suma fijada en la condena.

Uno de los puntos que ahora deberá resolver Casación es la inclusión de 19 propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa y recibieron esos bienes por herencia. El TOF 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incorporó esas propiedades al esquema de decomiso. Las defensas apelaron esa decisión.

Los abogados de la ex mandataria y el apoderado de sus hijos sostuvieron que se trata de inmuebles de terceros ajenos al proceso penal y que su afectación vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.

En sentido contrario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó confirmar lo resuelto por el Tribunal Oral. Señaló que deben analizarse los “patrones de incremento patrimonial injustificado” y la vinculación entre el delito y la expansión patrimonial.

En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal presentó un nuevo pedido para ampliar el decomiso. Se reclamó incorporar 141 inmuebles adicionales -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez-, además de 46 vehículos y distintas sumas en dólares.

Entre los bienes identificados figuran el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución -sede del arresto domiciliario de la exvicepresidenta-; el hotel La Aldea, en El Chaltén; y departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. También se solicitó el decomiso de USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros montos depositados en cuentas bancarias.

Así las cosas, la audiencia del 5 de marzo será la instancia en la que la Sala IV escuchará los argumentos de las partes antes de resolver sobre el alcance del decomiso dispuesto por el TOF 2.

La detención de dos hombres con aproximadamente 130 mil pastillas de fentanilo en Nogales, Sonora, marcó un golpe relevante contra el tráfico de drogas sintéticas en la frontera norte de México.

El operativo, desarrollado por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales en coordinación con fuerzas federales y estatales, se realizó el pasado 16 de febrero de 2026 tras una persecución derivada del reporte de robo de un vehículo.

Tras los hechos, el comisario de seguridad del municipio, Luis Arturo Corrales Ley, confirmó los hechos e informó detalles sobre cómo sucedió la detención, mediante un video compartido en redes sociales.

Localización y persecución del vehículo robado

Según el reporte hecho por el comisario municipal, el seguimiento inició luego de que agentes del Departamento de Vehículos Robados identificaron una camioneta blanca de la marca Chevrolet, modelo Tahoe, con reporte de robo emitido horas antes.

Al confirmar en la base de datos que coincidía con el vehículo buscado, los elementos intentaron detener a los ocupantes, quienes ignoraron las instrucciones y emprendieron la fuga.

Luis Arturo Corrales explicó que la persecución recorrió varias calles hasta que los sospechosos abandonaron la unidad y huyeron a pie, dejando las puertas abiertas.

Tras la huida, las autoridades comenzaron una persecución que terminó a pocos metros del lugar donde dejaron la camioneta.

Según las declaraciones de Corrales Ley, el apoyo de unidades cercanas y la coordinación por radio permitieron asegurar a los individuos en el perímetro inmediato.

Hallazgo de fentanilo en el vehículo asegurado

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una maleta en la que se localizaron 130 mil pastillas falsas de M30, mejor conocidas como pastillas de fentanilo.

El cargamento, que arrojó un peso aproximado de 13 kilogramos, quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, las autoridades reportaron que en el interior de la camioneta se localizaron cargadores abastecidos de arma larga.

Reportes de medios locales señalaron tras la cobertura del hecho que los sujetos fueron identificados como Jesús “N”, de 27 años de edad, y Michael “N”, de 20 años.

Hasta el momento las autoridades no han informado si los detenidos pertenecerían a algún grupo delictivo con operaciones en la región.

El comisario Corrales destacó que el aseguramiento resultó del trabajo coordinado de las distintas instancias de los tres niveles de gobierno, junto con la SEDENA y la Guardia Nacional y la SSPC.

Coordinación y estrategia de seguridad en Nogales

El operativo fue presentado como resultado de las estrategias trazadas en las mesas de seguridad que diariamente analizan la problemática delictiva en la región.

Corrales Ley subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener y fortalecer la seguridad pública: “Vamos a seguir trabajando y eso ténganlo por seguro por siempre, para que cada día tengan una mejor seguridad en Nogales”.

La detención y aseguramiento de fentanilo se integró de inmediato a la investigación federal, mientras las autoridades locales reiteraron el compromiso de mantener acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad de la ciudadanía en Nogales, Sonora.

Tras avanzar el viernes último con el rechazo a los pedidos de la detenida Cristina Kirchner para dejar de usar tobillera electrónica y aliviar restricciones a su encierro domiciliario, a la Cámara Federal de Casación Penal le resta tomar una decisión sobre la ejecución de bienes de la ex presidenta y su entorno familiar, como parte de la condena en la causa Vialidad. Esta medida apunta a cubrir más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como reparación al Estado nacional.

Está semana la fiscalía avanzó con un nuevo pedido de decomiso de más propiedades y millones de dólares, mientras está pendiente de resolución un tema clave: qué pasará con 19 propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Los bienes de los hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incluyó en una primera etapa a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola un total de 20 propiedades de la familia Kirchner. Dentro de ese conjunto, solo una figura a nombre de la ex mandataria, mientras que las restantes pertenecen a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes los recibieron como herencia. Este es el punto a estudio del máximo tribunal penal federal y eje del conflicto que Casación está ya en condiciones de definir: si pueden afectarse al decomiso bienes heredados por parte de personas ajenas al proceso penal. El TOF2 ya dio el sí y esa decisión está apelada.

El tema es cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad y la decisión será de los mismos jueces que ya confirmaron por mayoría el uso de tobillera electrónica y dieron el aval a todo lo resuelto sobre visitas y permisos para CFK en su detención domiciliaria. Esa decisión fue firmada el viernes por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con disidencia de Mariano Borinksy.

“Avasallamiento”, dijo la defensa

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF 2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.

En concreto, la ex jefa de Estado y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya pidió rechazar los planteos y confirmar la decisión del Tribunal Oral sobre esos bienes porque deben tenerse en cuenta “patrones de incremento patrimonial injustificado” entre “la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio”. En ese sentido, incluir esas propiedades en la ejecución está a tono con “estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos” y también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Qué está en juego

En Comodoro Py hay coincidencia: el proceso de ejecución del decomiso en la causa Vialidad es inédito por su magnitud y sus protagonistas. Y sólo está comenzando. Muestra de ello es que a esta primera tanda de bienes se sumó también esta semana otro pedido fiscal sobre más propiedades y esta vez, también, se incluyó dinero a nombre de Florencia Kirchner: poco más de cinco millones de dólares embargados y hallados en una caja de seguridad y en cuentas bancarias.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de 111 bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales Luciani y Mola y se incluyó lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.

El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.

Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación. La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

Ahora la fiscalía reclamó sumar otros 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 y $ 3.280,24 depositados en cuentas también bajo titularidad de esta última. Con este nuevo pedido a estudio del Tribunal Oral Federal 2, sumarían 252 propiedades cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas y sociedades vinculadas como Los Sauces y Hotesur, que si prosperan los reclamos fiscales, pasarían al Estado Nacional.

El hallazgo, resultado de una investigación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha abierto una nueva línea en la lucha contra las organizaciones delictivas que utilizan zonas montañosas y de difícil acceso para resguardar armas y grandes cantidades de supuesta droga, de acuerdo con el reporte oficial.

Actualmente, el lugar permanece bajo vigilancia y la investigación se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades anticipan que en los próximos días se ampliará la información sobre la cantidad de droga incautada, el tipo de armamento decomisado y la posible conexión de estos hechos con otras actividades delictivas en Cortés.

Las acciones en Omoa no son aisladas. El Ministerio Público informó que el operativo responde a un seguimiento tras la huida de varios integrantes de una estructura criminal, días atrás, en San Pedro Sula.

En ese episodio, miembros de la Mara Salvatrucha escaparon a bordo de un autobús, presuntamente con evidencia vinculada a delitos bajo investigación. La información recolectada permitió identificar puntos de resguardo y, en consecuencia, desplegar una operación que incluyó labores de inteligencia y vigilancia en diversas zonas del departamento.

El búnker desmantelado se encontraba camuflado entre la vegetación del sector Vida Nueva, a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa. Las características del terreno dificultaron el acceso y obligaron a los agentes a movilizarse a pie con herramientas y equipo de protección. El espacio no era visible a simple vista y contaba con accesos discretos que dificultaban su detección externa.

Dentro del sitio, la ATIC y la Policía Militar del Orden Público localizaron numerosas caletas excavadas bajo tierra. Las autoridades especificaron que estos compartimientos contenían paquetes de color rojo con supuesta droga, así como armas de fuego y municiones. El hallazgo fue posible gracias al apoyo del escuadrón canino de la Policía Militar, cuyos perros marcaban los puntos donde los agentes comenzaron a excavar.

La evidencia fue contabilizada, embalada y trasladada bajo custodia a instalaciones del Ministerio Público, donde se someterá a peritajes técnicos.

Se determinará la naturaleza y el peso exacto de la sustancia incautada, además del origen y posible destino. También se realizarán análisis balísticos a las armas con el objetivo de establecer si fueron empleadas en delitos en la zona norte del país.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la cantidad total de paquetes decomisados ni el tipo exacto de droga, pero sí confirmaron que se trata de una cantidad considerable. Tampoco se reportaron detenciones durante la operación, que sigue bajo la dirección de unidades especializadas abocadas al seguimiento de la estructura criminal señalada.

Este procedimiento es uno más en una serie de intervenciones orientadas a identificar y desarticular centros de almacenamiento clandestinos, rutas y escondites usados por grupos criminales para ocultar sustancias ilícitas y armamento. “La desarticulación de centros de almacenamiento clandestino es parte de la estrategia para debilitar la logística de las estructuras criminales que operan en la región norte del país”, comunicó el Ministerio Público.

Las intervenciones, que suelen prolongarse por varias horas a causa de la complejidad geográfica, permiten a las autoridades asegurar el perímetro, evitar intentos de fuga y comprobar que no existan escondites adicionales. Todo el material decomisado durante la operación pasará a integrar la investigación abierta, orientada a establecer responsabilidades y posibles vínculos con otras redes delictivas activas en Cortés

La fiscalía reclamó este jueves que se avance con el decomiso de nuevos bienes y dinero para cumplir con la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Se trata de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Báez-; 46 automotores y 4.664.000 dólares embargados en una caja de seguridad abierta a nombre de la hija de la condenada ex presidenta, en el marco de la ejecución del decomiso multimillonario ordenado.

Los fiscales identificaron nuevos bienes y dinero y así lo informaron al Tribunal Oral Federal 2 que tiene que ejecutar el decomiso por 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En concretó se pidió respecto de Cristina Kirchner “el decomiso de 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA; USD 4.664.000, USD 992.134 y $ 53.280,24″ a nombre de Florencia Kirchner, su hija. La primera suma está en una caja de seguridad bancaria y la segunda depositada en una cuenta, todo embargado.

Sobre Lázaro Báez se reclamó, entre otros nuevos bienes identificados, el decomiso de inmuebles en Santa Cruz y automotores a nombre de sociedades donde tiene participación. También de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, “en la cual Báez tiene el 95 % de participación accionaria”.

“Ni un solo peso” depositado

“Todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, advirtieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Una primera tanda de 111 bienes que el Tribunal Oral Federal 2 ordenó ya decomisar para recuperar el dinero parte de los delitos fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación, que tiene que resolver sobre el asunto.

Los condenados, agregó ahora la fiscalía, “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme".

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, analizaron poco después.

Muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”, se advirtió además.

Los nuevos bienes

La fiscalía solicitó el decomiso para el Estado nacional del departamento de San José 1111, en Constitución, “ya que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015″. Allí cumple arresto domiciliario CFK condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de otro condenado, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.

Además se reclamó decomisar el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero de la sociedad “Los Sauces” . Uno de ellos es un duplex de más de 600 metros cuadrados.

“Estas propiedades se encuentran en el exclusivo barrio de Puerto Madero, más precisamente en el complejo Madero Center (el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde, tal como se comprobó por sentencia firme, se realizaron las maniobras de lavado de dinero por las cuales se condenó a Lázaro Báez, entre otros)”, agregó el pedido fiscal.

Los representantes del Ministerio Público advirtieron que “existe una vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades -pertenecientes a las personas condenadas- y el delito fuente que motiva el decomiso, además de una concomitancia temporal evidente”.

“Luego de la constitución de Los Sauces SA por parte de Néstor Carlos Kirchner, Cristina E. Fernández y el hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner (7/11/2006), y de la adquisición de Hotesur SA por Néstor y Máximo Kirchner (7/11/2008), se inició un proceso cuya nota distintiva fue la interconexión económica que se estableció entre esas sociedades -pertenecientes a la familia Kirchner- y Lázaro Antonio Báez, sus empresas y su entorno", fundamentó el pedido.

Un duro golpe al crimen organizado lograron la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente de Santiago junto a la Brigada Antinarcóticos Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), al desarticular una banda narco dedicada al tráfico de grandes volúmenes principalmente de marihuana, decomisando alrededor de 1.200 kilos de cannabis sativa, vehículos utilizados para el transporte de la droga, teléfonos celulares y armamento.

De acuerdo al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Fernando Anais, la primera fase de la llamada Operación Aguas Escondidas culminó con la detención de varios imputados, entre ellos un ciudadano chileno, pero la investigación seguirá abierta por un buen tiempo a fin de “llegar a la cúspide de esta estructura criminal”.

Según antecedentes entregados este martes por el Ministerio Público, la organización ingresaba la droga proveniente de Bolivia por la Región de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), la que era posteriormente trasladada hasta diversas casas de seguridad en la comuna santiaguina de El Bosque para ser comercializada en el sector sur capitalino.

El Jefe Nacional contra el Crimen Organizado, Erick Menay, aplaudió el impacto y la magnitud del operativo, detallando que con este decomiso se sacaron de las calles más de 1 millón de dosis de droga, estimando su avalúo en más de $6.000 millones de pesos (USD 7 millones).

“Estamos apoyando colaborativamente una persecución penal eficiente y efectiva, especialmente en sectores que presentan altos índices de violencia. Este trabajo ha sido permanente y coordinado”, señaló en un punto de prensa, recalcando la labor conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad Pública en la lucha contra el crimen organizado.

“Todos los delitos transnacionales van a ser enfrentados de manera conjunta para fortalecer la persecución penal y generar la seguridad que demandan los vecinos”, remató la autoridad policial.

Decomisos en 2025

Por su parte, el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, entregó las cifras de los decomisos logrados durante 2025 por la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Policía Marítima y Gendarmería, instituciones que en total incautaron 134 toneladas de sustancias ilícitas, un 135% más que en 2024.

“Durante 2025, las policías han eficientado el combate al crimen organizado, evitando que 134 toneladas de droga lleguen a nuestros jóvenes, hogares y barrios”, enfatizó la autoridad, tal como consignó BioBíoChile.

Según Collado, a pesar de que también se han incrementado los decomisos de drogas sintéticas, la marihuana sigue siendo la sustancia con mayor volumen de incautación en el país.

“Cada gramo de droga que incautamos es un espacio que le ganamos al crimen organizado. Desde el Ministerio de Seguridad hemos trabajado de manera seria y responsable para fortalecer las capacidades institucionales”, cerró.

Así las cosas, esta jornada se lleva a cabo la audiencia de formalización de los detenidos y todo apunta a que quedarán en prisión preventiva mientras dure la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este martes 3 de febrero que el Ministerio Público Federal inició carpetas de investigación tras una serie de operativos realizados en los municipios de Cotija y Tacámbaro, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron armas, granadas y diversas dosis de drogas.

Las autoridades señalaron que se busca a quienes resulten responsables por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En ambos casos, los aseguramientos fueron realizados tras revisar dos vehículos que se encontraban en presunto estado de abandono.

Según las autoridades, la apertura de estas investigaciones forma parte de las acciones coordinadas bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participan distintas instancias del gobierno federal y estatal.

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, la FGR anunció que busca recabar todos los datos de prueba necesarios para identificar y proceder contra los implicados en estos hechos.

Aseguramiento en Cotija

Las autoridades informaron que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el poblado de San Pablo, municipio de Cotija.

Durante su recorrido, los efectivos localizaron un vehículo en estado de abandono.

Tras una inspección al interior del automóvil, los agentes aseguraron nueve granadas de fragmentación, además de dos armas de fuego tipo fusil, sin embargo, en los informes no se detallaron modelos o calibres.

Además, dentro del mismo vehículo se encontraron también cargadores y cartuchos útiles, evidencia que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Aseguramiento en Tacámbaro

En una segunda intervención vinculada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal militar se desplazó frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tacámbaro.

Durante el operativo, los elementos localizaron un vehículo que llamó la atención de las autoridades.

Al revisar el contenido del automóvil, se aseguraron un kilo 100 gramos de metanfetamina, distribuida en envoltorios de plástico, y 100 gramos de marihuana en el mismo tipo de empaque.

Las imágenes compartidas por las autoridades revelarían que el empaquetado de las drogas estaría pensado para llevar a cabo su distribución mediante narcomenudeo.

Además, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo escuadra, así como cargadores y cartuchos útiles al calibre correspondientes.

Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia implementada por el gobierno federal para enfrentar la crisis de violencia y la presencia de grupos delictivos en el estado.

La estrategia comenzó tras los asesinatos del líder limonero, Bernardo Bravo, y el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; ataques que pusieron en el ojo publico la situación actual de inseguridad que aqueja la entidad.

Además de reforzar la seguridad, los informes oficiales detallan que este plan busca ayudar a resolver otras problemáticas mediante la aplicación de 12 ejes de fortalecimiento, entre los que destaca la educación, el desarrollo económico y la cultura.

La estrategia fue anunciada el pasado 9 de noviembre de 2025 por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.

Entre las instituciones de seguridad que integran esta estrategia se encuentra la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Casi veinte años después de que le aseguraron más de un millón de dólares, Jesús Raúl Beltrán Uriarte, conocido como “El Tío” y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, logró que un tribunal federal ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si fue legal declarar ese dinero y otros bienes como abandonados.

De acuerdo con información de Milenio, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México decidió por unanimidad que la FGR debe dejar sin efecto un acuerdo que permitía al Estado quedarse con el dinero y varios vehículos incautados en 2007. Ese efectivo estaba guardado en una caja fuerte de un banco a nombre de la esposa de Beltrán Uriarte.

El tribunal señaló que la FGR no explicó bien por qué decidió quedarse no solo con el dinero, sino también con cuentas bancarias, vehículos y propiedades. Además, no tomó en cuenta las pruebas que presentó la defensa.

Por eso, los magistrados ordenaron al Ministerio Público Federal revisar de nuevo esas pruebas y decidir si corresponde o no devolver los bienes a Beltrán Uriarte.

El expediente muestra que el primer intento de “El Tío” para recuperar el dinero fue rechazado en 2007, porque el juzgado consideró que no tenía derecho a reclamarlo, ya que estaba a nombre de su esposa. Después presentó otra demanda, en la que pidió que se liberaran no solo el dinero, sino también las cuentas, vehículos y propiedades.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal le dio la razón en 2025, pero la FGR impugnó esa decisión. Ahora, el tribunal colegiado confirmó que la autoridad debe analizar a fondo las pruebas sobre la propiedad de los bienes reclamados.

Quién es El Tío

Jesús Raúl Beltrán Uriarte, apodado “El Tío”, es un personaje clave en la historia del narcotráfico en México, vinculado de forma directa al Cártel de Sinaloa y considerado parte del círculo de mayor confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su relación con Guzmán Loera es de tipo familiar, ya que ambos son compadres, lo que le brindó acceso a las esferas más altas de la organización.

Originario de Sinaloa, Beltrán Uriarte comenzó a escalar posiciones dentro del cártel en los años noventa y dos mil. Pronto fue reconocido por su capacidad para operar con discreción y eficacia, lo que le permitió convertirse en el principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”.

“El Tío” se especializó en la administración y protección de bienes y recursos financieros de la organización. Controlaba el movimiento de grandes cantidades de efectivo tanto en cuentas bancarias como en efectivo físico, utilizaba prestanombres y familiares para ocultar la verdadera titularidad de los activos, y supervisaba la adquisición de propiedades, vehículos y empresas fachada distribuidas principalmente en Jalisco y Sinaloa.

Su rol incluía el diseño y supervisión de rutas para el trasiego de drogas, especialmente cocaína, marihuana y metanfetaminas, desde Sudamérica hacia Estados Unidos, utilizando conexiones con otras células logísticas del cártel.

La estructura financiera que gestionaba “El Tío” facilitaba el lavado de dinero mediante inversiones en bienes raíces, compra de vehículos de lujo, transferencias internacionales y empresas ficticias. Instrumentaba mecanismos para evadir controles bancarios y judiciales, utilizando familiares para registrar cuentas y propiedades a su nombre.

Beltrán Uriarte contaba con una red de protección compuesta por elementos de seguridad privada, agentes corruptos y contactos en diversas instituciones locales y federales.

El 16 de diciembre de 2006 fue capturado en Zapopan, Jalisco, en un operativo del Ejército mexicano. Al momento de su detención, se encontraba en una residencia de alto nivel con fuertes medidas de seguridad.

La influencia de Beltrán Uriarte permaneció vigente a través de su hijo, Jesús Raúl Beltrán León, alias “El Chuy” o “El Trébol”, quien asumió funciones de coordinador y jefe de seguridad para los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”.

El hijo de “El Tío” fue arrestado en 2014 y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 28 años de prisión.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en el marco de la estrategia para el combate al delito de robo de vehículos y autopartes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron alrededor de 150 toneladas de piezas automotrices, placas de circulación y vehículos semicompletos.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, el cual aparentemente funcionaba como un hotel. Sin embargo, tras labores de vigilancia fija y móvil, así como el análisis de información recabada en campo y gabinete, las autoridades detectaron movimientos inusuales relacionados con el almacenamiento y traslado de autopartes.

De acuerdo con la SSC-CDMX, al ingresar al inmueble con la orden judicial correspondiente, se constató que las 42 habitaciones del lugar eran utilizadas como áreas de resguardo de refacciones automotrices, mismas que se encontraban clasificadas por modelo, marca y tipo de vehículo, lo que evidencia un posible esquema organizado de robo y distribución de autopartes.

Esto fue lo asegurado

Durante la diligencia fueron asegurados diversos indicios, entre ellos:

• Aproximadamente 150 toneladas de autopartes y refacciones automotrices
• Placas de circulación de diferentes entidades
• Vehículos semicompletos, presuntamente relacionados con el delito de robo
• Herramientas y materiales utilizados para el desmontaje y almacenamiento de piezas

Las autoridades señalaron que este tipo de inmuebles suelen ser utilizados por grupos delictivos para ocultar actividades ilícitas bajo giros comerciales aparentemente legales, como hoteles, talleres o bodegas, lo que dificulta su detección sin trabajos previos de inteligencia.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de las autopartes, así como la posible relación del predio con bandas dedicadas al robo de vehículos en la capital y zona metropolitana.

La SSC-CDMX destacó que este aseguramiento forma parte de una estrategia integral para reducir el robo de vehículos y autopartes, delito que impacta directamente en el patrimonio de la ciudadanía y que está vinculado a otros ilícitos como la falsificación de documentos y el comercio ilegal.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con operativos coordinados y acciones de inteligencia para desarticular redes criminales, e hicieron un llamado a la población para denunciar actividades sospechosas relacionadas con la compra-venta irregular de autopartes.

El decomiso, realizado en el marco de una inspección conjunta entre la Policía Militar del Orden Público y el Instituto Nacional Penitenciario, expone la continuidad de riesgos estructurales en la gestión penitenciaria, incluso en establecimientos ideados para albergar a miembros de las estructuras criminales más peligrosas y donde, en teoría, deben regir los niveles de seguridad más estrictos.

Entre los aspectos que más inquietan a las autoridades y a la opinión pública se encuentra la posibilidad de que la presencia de materiales prohibidos como armas y municiones no sea un caso aislado.

Las autoridades han anunciado que reforzarán los operativos de inspección y evaluarán la adopción de tecnologías adicionales para mantener el control interno y minimizar la circulación de objetos ilícitos dentro de los penales.

Expertos y organizaciones internacionales en materia de justicia penal insisten en la urgencia de mejorar los equilibrios entre seguridad carcelaria y condiciones humanas de reclusión, alertando sobre el riesgo que supone la presencia de armamento no solo para el personal penitenciario, sino también para la estabilidad interna del propio sistema.

De acuerdo con fuentes oficiales, el material decomisado —que comprende cinco pistolas, 83 proyectiles de diferentes calibres y ocho cargadores— se localizó en un módulo reservado para internos considerados de alta peligrosidad.

La Fiscalía vinculada al sistema penitenciario ya inició peritajes y revisiones forenses sobre los objetos, con el objetivo de dilucidar la procedencia de las armas y deslindar responsabilidades tanto por su ingreso como por su ocultamiento en el penal.

Este episodio adquiere una dimensión singular al producirse dentro de La Tolva, penitenciaría inaugurada en 2017 y promovida por el Estado como emblema de modernización y férreo aislamiento para las figuras de mayor perfil criminal en Honduras.

Conocida formalmente como Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Morocelí y popularmente como El Pozo II, el complejo dispone de más de 400 cámaras de vigilancia, puertas electrónicas, torres de observación y un régimen sumamente restrictivo tanto para visitas como para la circulación interna de los reclusos.

Pese a ello, el descubrimiento de armamento oculto desafía la imagen de invulnerabilidad que las autoridades proyectaron desde su creación.

Esta incautación, ejecutada a finales de enero, ocurre en un contexto de escalada de esfuerzos oficiales por controlar la criminalidad y fortalecer la seguridad en los recintos de máxima seguridad.

Los procedimientos de revisión periódica persiguen, además de decomisar artefactos prohibidos, desarticular redes de comunicación clandestinas e impedir que pandillas o estructuras criminales mantengan capacidad de gestión delictiva desde el interior.

A lo largo de los años, operativos similares en otras cárceles hondureñas han permitido detectar no solo armas y municiones, sino también teléfonos móviles, sustancias estupefacientes y objetos de contrabando, pese a la existencia de protocolos y dispositivos de control.

El patrón recurrente de hallazgos subraya la persistencia de fallos en los procedimientos de inspección y despierta sospechas sobre posibles colaboraciones internas que faciliten el ingreso y el ocultamiento de artículos prohibidos.

El impacto de la circulación ilegal de armas trasciende el ámbito penitenciario. El tráfico y uso ilícito de armamento y municiones resulta un factor decisivo en los índices de criminalidad nacional. Según datos de decomisos oficiales previos, miles de armas de fuego han sido sacadas de circulación en campañas recientes, lo que visibiliza la magnitud y persistencia del problema en Honduras. Por ello, la incautación ocurrida en La Tolva vuelve a poner en relieve la necesidad de mantener y fortalecer la vigilancia tanto en recintos de máxima seguridad como en la sociedad en general.

Actualmente, tanto las autoridades judiciales como el Instituto Nacional Penitenciario mantienen bajo resguardo los artículos decomisados e investigan la posible cadena de responsabilidades vinculadas con el caso.

El proceso legal busca esclarecer cómo se vulneraron los sistemas de control y de qué modo se permitió el ingreso del arsenal a un entorno destinado al confinamiento más estricto de líderes y miembros de estructuras criminales.

La Armada francesa interceptó una embarcación pesquera con 4.87 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur, frustrando la llegada del cargamento a Australia, uno de los mercados más rentables a nivel mundial para el tráfico de drogas. La operación, realizada el 16 de enero conforme a la Armada de Francia en la Polinesia Francesa, involucró amplios recursos humanos y materiales, y marca uno de los decomisos más significativos del año en la región.

La magnitud de esta incautación cobra mayor relevancia por su contexto internacional: la Organización de las Naciones Unidas advirtió en informes recientes que grupos delictivos dedicados al tráfico de cocaína y metanfetamina intensificaron su presencia en el Pacífico, multiplicando los traslados de grandes cargamentos desde América del Norte y América del Sur hacia destinos de alto consumo como Australia y Nueva Zelanda. Según la ONU, estas organizaciones recurren cada vez más a rutas marítimas de largo alcance y a barcos pesqueros o mercantes con el objetivo de evadir los controles.

Tras la detención, la Marina Mercante de Honduras confirmó la identidad de los diez ciudadanos hondureños tripulantes: Cristopher Alexander Turcios, Jonny Smith Hernández (quien capitaneaba la nave), Miguel Zúñiga, Héctor Leonardo Rivera Martínez, Lesguin Antonio Morales Mena, Abrahán Josué Hernández Ruiz, Aron Cristopher Fuentes, Adán Santos, Gerson Manuel Triminio y Deison Meléndez. El undécimo tripulante es de nacionalidad ecuatoriana, aunque su nombre no se dio a conocer oficialmente.

La embarcación “Raider”, registrada bajo bandera hondureña, zarpó desde las Islas de la Bahía el 28 de noviembre con destino inicial a Panamá. Allí permaneció cerca de un mes antes de retomar su curso hacia Australia. Según relató Walter Azzad, funcionario de la Marina Mercante hondureña, la nave habría sido “contaminada” mientras estaba en Panamá, término que empleó para indicar la carga ilícita introducida sin participación comprobada de las autoridades marítimas.

Azzad precisó que los hondureños fueron contratados por armadores panameños para trasladar la nave y mercancía a Australia, sin especificar el tipo de mercancía declarada, ya que esa información sigue bajo investigación.

El proceso de vigilancia que derivó en la incautación fue internacional: Estados Unidos detectó la embarcación cuando transitaba el Pacífico ante la sospecha de que transportaba alrededor de cinco mil kilogramos de cocaína, y luego compartió los datos con las autoridades francesas, responsables de su intercepción en esa zona marítima.

A pesar de la detención, la fuente oficial francesa confirmó que no presentarán cargos judiciales contra los tripulantes, ya que la incautación tuvo lugar en aguas internacionales bajo acuerdos de cooperación.

No obstante, Honduras y Ecuador mantienen la facultad para iniciar procedimientos legales conforme a sus legislaciones nacionales. Según Azzad, “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios” para garantizar el respeto de los derechos de los hondureños durante el proceso.

Por el momento, no existe información oficial acerca de una posible repatriación o transferencia bajo custodia de los detenidos, ni sobre eventuales juicios a su retorno.

Las autoridades hondureñas indicaron encontrarse en gestiones diplomáticas y legales, buscando acceder a mayores detalles del caso y recabar testimonios de sus nacionales.

La investigación permanece abierta bajo la coordinación de varias agencias internacionales, mientras se profundiza en los aspectos logísticos y financieros asociados a la droga decomisada.

La Policía Nacional de Honduras incautó recientemente 10 kilos de presunto clorhidrato de cocaína durante una inspección en la terminal marítima de Puerto Cortés, un puerto clave para el comercio internacional en el norte del país.

Esta operación, respaldada por el Ministerio Público, forma parte de una estrategia nacional que busca limitar el uso de infraestructuras logísticas por parte de redes de narcotráfico, y se inscribe en las acciones de control desplegadas en puntos críticos para la ruta marítima entre Colombia y Estados Unidos.

Según informaron las autoridades, tras efectuarse los procedimientos legales iniciales y constatar que no se hallaron pruebas directas que vincularan a la tripulación o a empleados portuarios, la fiscal a cargo del caso autorizó la continuación del viaje de la embarcación.

El buque, luego de abandonar el centro logístico donde se llevó a cabo el operativo, retomó su trayecto hacia Estados Unidos, siguiendo los protocolos acordados para estos casos.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Marina Mercante, quienes localizaron 10 paquetes rectangulares con una sustancia blanca dentro de la bodega de carga de la proa, concretamente en el cuadrante cinco del buque inspeccionado.

De acuerdo con el reporte, los paquetes estaban ocultos en un compartimiento, lo que propició el aseguramiento inmediato del hallazgo.

Las autoridades explicaron que la intervención constituyó parte de los controles rutinarios a los que se someten los buques que transitan por Puerto Cortés.

Estas revisiones abarcan las bodegas, los compartimientos y demás sectores susceptibles de ocultar sustancias ilegales, con el fin de impedir que el puerto se constituya en punto de paso para el tráfico internacional de drogas.

Tras el decomiso, los agentes antidrogas elaboraron el acta correspondiente y remitieron muestras de la sustancia hallada a los laboratorios forenses, donde especialistas buscarán confirmar la composición química, el grado de pureza y el valor estimado de la droga en el mercado ilícito.

Los resultados de estos análisis serán incluidos en el expediente del caso y servirán como respaldo técnico para la investigación, tal como detallaron las autoridades.

Por el momento, no se ha informado de personas detenidas ni de personal portuario bajo investigación, aunque las pesquisas continúan para determinar cómo se introdujeron los paquetes al buque.

Autoridades señalaron que, debido a la estratégica ubicación de Puerto Cortés y su volumen de tránsito internacional, los controles se mantienen activos de manera permanente, y anunciaron que las inspecciones seguirán conforme al marco legal vigente.

Mientras tanto, la sustancia decomisada permanece bajo custodia del Ministerio Público, a la espera de los resultados definitivos de los análisis de laboratorio, que permitirán determinar oficialmente la naturaleza de la droga y avanzar en las diligencias del caso.

La posición geográfica del país, ubicado entre Sudamérica y Norteamérica, sigue situando a Honduras como territorio de tránsito para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que utilizan rutas terrestres y marítimas para trasladar cargamentos hacia los mercados internacionales, especialmente a Estados Unidos.

En lo que va de 2026, el decomiso reportado en Puerto Cortés es el primero oficialmente confirmado en esa terminal marítima. Las autoridades han reiterado que las inspecciones se mantendrán de forma continua en la lucha por identificar y asegurar estupefacientes movilizados por vía marítima.

El hallazgo se dio en medio de las operaciones preparadas hace varias semanas y que realizan las Fuerzas Armadas para fortalecer el control territorial en la frontera norte del país, lo que permitió a los soldados encontrar una embarcación, en cuyo interior hallaron 2.204 paquetes de droga.

Al ver a los militares, quienes estaban en la embarcación la orillaron y se adentraron a la selva, por lo que en el operativo no hubo detenidos, explicó el Ejército en una rueda de prensa.

"Inteligencia militar presume que esta droga era de los Comandos de la Frontera. Desde el Valle del Cauca, de Colombia, transportan hacia nuestro territorio para buscar salir por varias vías, sobre todo la fluvial, con destino a Brasil", dijo un militar en la rueda de prensa en Sucumbíos.

Con el rostro cubierto por temas de seguridad, el delegado del Ejército anotó que la droga decomisada está valorada en el mercado en 5,5 millones de dólares.

Los militares sacaron vía aérea la droga, cuyo tipo no se ha revelado, y aseveraron que no "existirá tregua" contra las mafias y la delincuencia organizada.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.

El Gobierno de Ecuador vincula al grupo Comandos de la Frontera a una emboscada ocurrida el año pasado en la Amazonía local, donde fueron asesinados once soldados que participaban en operaciones contra la minería ilegal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detuvieron a una pareja y les aseguraron rifles de alto calibre, automóviles con reporte de robo y otros objetos ilegales en las inmediaciones de la colonia La Tomatera, municipio de Navolato, Sinaloa.

Según la información proporcionada por la SSP, la intervención se originó luego de recibir una denuncia anónima al número 089, la cual alertaba sobre un automóvil robado en dicha zona.

Tras la denuncia, personal del GOES asistió al llamado y localizó a una mujer y un hombre junto con dos unidades, una de ellas con las características reportadas, por lo que procedió a una revisión en el sitio.

Resultados del operativo en La Tomatera

Mediante un comunicado, las autoridades detallaron el aseguramiento de los siguientes objetos:

• Dos vehículos con reporte de robo
• Dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm
• Seis cargadores calibre 7.62 mm con 30 cartuchos cada uno
• Tres cargadores calibre 5.56 mm con 30 cartuchos cada uno
• Un chaleco con dos placas balísticas

En la imagen de la detención se observa un rifle más, sin embargo las autoridades no detallaron de qué tipo sería y tampoco lo incluyeron en el reporte oficial.

Además, la SSP señaló que la joven detenida es menor de edad.

Según el informe, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la posible relación de los implicados con otros hechos ilícitos en la región.

Por último, la SSP reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos, recordando que el número 911 está disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas. De acuerdo con las autoridades estatales y federales, la colaboración ciudadana ha permitido fortalecer la respuesta ante delitos de alto impacto en la entidad.

Jornada violenta en Sinaloa

Este 5 de enero Sinaloa registró hechos de violencia de alto impacto, entre ellos el asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán.

El funcionario fue atacado cuando transitaba en una pickup Toyota, modelo Tacoma, por la sindicatura de Aguaruto.

Según reportes, sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon en su contra, y aunque recibió atención médica, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas

La SSPyTM confirmó que mantiene coordinación con instancias investigadoras para esclarecer el caso y localizar a los responsables, además, expresó su solidaridad con la familia del mando asesinado y reiteró su compromiso de brindar acompañamiento institucional y jurídico.

Francisco Javier Zazueta Lizárraga acumulaba 32 años de servicio y había sido condecorado en dos ocasiones con el Mérito Policiaco, además de obtener el reconocimiento como Policía del Mes.

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Jared “N“, quien fue detenido el pasado 29 de diciembre de 2025 cuando conducía un tractocamión con aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia con características de cocaína en la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, en Sonora.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, durante la audiencia inicial.

A Jared “N” se le imputó su probable participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína. Según reportes oficiales, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó que el imputado permanezca bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

La detención ocurrió tras un operativo coordinado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades estatales.

Según la información oficial, Jared “N” transportaba la sustancia en cajas de filete congelado.

La FGR recordó que al imputado se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Cómo fue la detención de Jared “N”

La detención de Jared “N” ocurrió el 29 de diciembre en Caborca, Sonora, cuando fuerzas federales interceptaron un tractocamión con dos semirremolques que transportaba cajas de cartón.

Elementos federales realizaron la inspección y localizaron en el vehículo paquetes con cocaína.

Tras los hechos, Jared “N” fue arrestado en el lugar tras el hallazgo del cargamento oculto.

Discrepancia en las cifras

El operativo en el que fue detenido Jared “N” en Caborca generó discrepancias en las cifras oficiales sobre el decomiso de cocaína.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad Nacional informaron inicialmente que el aseguramiento fue de 172 kilos, con un valor estimado en 37 millones de pesos, tras localizar 86 paquetes ocultos en el tractocamión de dos semirremolques.

El gobernador Alfonso Durazo, en cambio, aseguró que el total incautado ascendía a 400 kilos.

La noticia de la prisión preventiva, confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), precisó finalmente que el cargamento asegurado alcanzó cerca de 400 kilogramos, con lo que se esclareció la diferencia en los reportes oficiales.

Datos relevantes de la noticia

• Prisión preventiva Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Jared “N”, quien permanece bajo esta medida cautelar mientras se define su situación jurídica por el delito de transporte de cocaína
• Cifras contradictorias La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad Nacional reportaron inicialmente el decomiso de 172 kilos de droga, mientras que el gobernador Alfonso Durazo sostuvo que eran 400 kilos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la cantidad asegurada fue cercana a los 400 kilogramos
• La detención Jared “N” fue arrestado el 29 de diciembre sobre la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, en Sonora, cuando conducía un tractocamión que transportaba cajas de filete congelado donde se ocultaba la droga
• Coordinación interinstitucional El operativo fue realizado por la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Sedena, la SSPC y autoridades estatales, bajo la coordinación de la FGR
• Presunción de inocencia La FGR reiteró que Jared “N” se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente

Como parte de los operativos de seguridad desplegados en el cierre de 2025, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas en distintos municipios de Michoacán en acciones vinculadas al "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia“.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se realizaron durante patrullajes preventivos y recorridos de reconocimiento en huertas de aguacate, zonas consideradas de alta vulnerabilidad por la presencia de extorsiones, control territorial y grupos armados.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos útiles y tres vehículos, además de poner a disposición del Ministerio Público a las nueve personas detenidas, quienes quedaron sujetas a la determinación de su situación jurídica conforme a la ley.

Resultados acumulados del “Plan Michoacán” en 2025

Las detenciones recientes se suman a los resultados globales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado desde el 10 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2025. En ese periodo, el Gobierno federal reportó la detención de 287 personas, como parte de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Además, se informó el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores y 241 vehículos, lo que representa un impacto relevante en la capacidad logística de las organizaciones criminales que operan en la región.

Uno de los datos más sensibles del balance oficial es el decomiso de 190 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo, lo que confirma el uso recurrente de estos dispositivos en zonas como Tierra Caliente, donde en los últimos años se ha documentado un incremento en su utilización.

En materia de drogas, las autoridades reportaron el aseguramiento de 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

Campamentos desmantelados y tomas clandestinas: el otro bastión de la seguridad en 2025

Como parte de los resultados operativos, el Plan Michoacán permitió el desmantelamiento de 18 campamentos clandestinos y la inhabilitación de 43 tomas clandestinas, acciones orientadas a debilitar la estructura operativa y financiera de los grupos criminales.

Acciones conjuntas entre elementos federales resultaron en el decomiso de 172 kilos de cocaína valuados en 37 millones de pesos en Caborca, Sonora.

La incautación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional mediante su informe de actividades destacadas, el cual reveló los decomisos, operaciones y aseguramientos relevantes del lunes 29 de diciembre de 2025.

Junto con este golpe al narcotráfico, se ejecutaron otros operativos en Colima, Michoacán, Nayarit, Veracruz y Yucatán.

Decomiso millonario en Caborca, Sonora

El Gabinete de Seguridad de México informó que fuerzas federales lograron el aseguramiento de 172 kilos de cocaína valuados en 37 millones de pesos en el municipio de Caborca, Sonora, durante un operativo efectuado el 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información oficial, el cargamento se encontraba oculto en un tractocamión que transportaba dos semirremolques, entre cajas de cartón, y fue localizado por elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la inspección, se encontraron 86 paquetes de cocaína, con un peso total de 172 kilos, cuyo valor fue estimado en 37 millones de pesos. Una persona fue detenida tras el decomiso.

Cabe señalar que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, destacó el decomiso en sus redes sociales. Sin embargo, él aseguró que fueron 400 kilos de cocaína los incautados en la operación.

Hasta el momento no se ha hecho alguna aclaración sobre la diferencia en los datos.

Otras acciones realizadas en Sonora

Durante los operativos en Sonora, además del decomiso millonario en Caborca, autoridades rescataron en Cajeme a una persona privada de la libertad. En esa acción participaron la Semar, la Fiscalía Estatal, la Policía Estatal y la Policía Municipal, quienes arrestaron a tres hombres y aseguraron un arma corta, un cargador, seis cartuchos, dos vehículos, 35 mil pesos y tres celulares.

En otro punto de Cajeme, en la colonia Russo Vogel, las fuerzas federales y estatales detuvieron a dos personas y les decomisaron 254 dosis de diversas drogas.

Resultados de seguridad en diversos estados del país

En Colima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal detuvieron a dos personas en la colonia Santa Elena, a quienes les decomisaron 30 dosis de metanfetaminas, una réplica de arma corta y dos teléfonos celulares.

En Michoacán, en el municipio de Buenavista, fuerzas del Ejército Mexicano y la Policía Estatal intervinieron un palenque clandestino, deteniendo a un individuo y asegurando un arma corta, cargadores y cartuchos.

En la capital de Nayarit, Tepic, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron dos vehículos, un arma larga, tres armas cortas, cargadores, 524 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y cuatro portacargadores.

En Veracruz, en el municipio de Las Choapas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal catearon dos inmuebles, detuvieron a dos personas y aseguraron un arma corta, un cargador, 55 cartuchos, varias dosis de drogas y una motocicleta.

En Yucatán, el operativo se concentró en el municipio de Progreso, donde agentes de la FGR, la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble señalado como punto de venta y distribución de estupefacientes. Dos personas fueron detenidas y se decomisaron 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas, 36 cartuchos y 405 mil 882 pesos en efectivo.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que estos resultados forman parte de los cuatro ejes de la estrategia nacional: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las motocicletas que las autoridades mexicanas aseguraron al exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, Ryan James Wedding, tendrían un valor estimado de cerca de 40 millones de dólares.

Las declaraciones fueron hechas por la agencia, mediante la cuenta oficial del FBI Los Ángeles. Asimismo, afirmaron que hubo colaboración entre instituciones mexicanas, estadounidenses y canadienses para lograr el decomiso realizado en predios del Edomex y la CDMX.

Según reportes de autoridades estadounidenses, se cree que Wedding actualmente está operando su red de trafico de drogas desde México.

Cerca de 40 millones de dólares en motocicletas

Según las afirmaciones hechas por el FBI Los Ángeles, la incautación de las 62 motocicletas de alta gama representaría un valor aproximado de 40 millones de dólares, la cual fue posible realizar mediante la cooperación entre autoridades mexicanas, el FBI, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los operativos realizados en el Edomex y la CDMX permitió asegurar una cantidad significativa de motocicletas que, según el FBI, están ligadas a Wedding y estarían relacionadas con actividades de fraude y delitos financieros.

“Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding”, escribió la institución en la publicación.

En el reporte recordaron que Ryan James Wedding continúa prófugo y es considerado prioridad tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Además, revelaron imágenes donde puede verse a detalle que entre las motocicletas encontradas hay marcas reconocidas a nivel global, como Ducati, Suzuki, Honda y MV Agusta, entre otras.

Sobre las obras de arte decomisadas en los operativos, las autoridades de EEUU no revelaron cifras aproximadas del valor como en el caso de las motocicletas.

Recompensa actual por Ryan James Wedding

El FBI mantiene activa una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena del capo señalado por traficar grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos y Canadá.

Según reportes, las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con la agencia mediante mensajes a los números oficiales publicados en sus redes o también pueden aportar la información en oficinas locales del FBI, embajadas y consulados estadounidenses.

La colaboración internacional ha sido señalada por las autoridades como un elemento clave en la investigación y en la localización de activos vinculados a Wedding.

Delitos señalados por EEUU contra el exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Ryan Wedding actúa en colaboración con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor alcance global.

De acuerdo con la información revelada por autoridades de EEUU, estos son los delitos por los que se le busca:

• Conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de distribuirla
• Conspiración para exportar cocaína
• Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas
• Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante
• Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante
• Conspiración para blanquear instrumentos monetarios

Las autoridades chilenas realizaron dos decomisos de droga proveniente de Bolivia que estaba camuflada en mercadería de exportación.

El 18 de diciembre se informó sobre el hallazgo de casi 700 kilos de cocaína oculta en un contenedor de madera que tenía como destino final España; y cinco días más tarde se dio a conocer la incautación de 110 kilos de marihuana en un camión que transportaba soja a granel con destino a Colombia.

El primer procedimiento se desarrolló en el marco de la operación “Mercurius”, llevada a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) —mediante la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco)— y la Policía Marítima de la Armada. La indagación estuvo liderada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica.

Las primeras diligencias permitieron identificar anomalías en la documentación y en la logística del envío, asociadas al tráfico de drogas mediante técnicas poco habituales, entre ellas la impregnación de estupefacientes en productos lícitos.

Durante la revisión, perros adiestrados de la Policía Marítima y de Aduanas reaccionaron frente al cargamento, aunque los exámenes iniciales no entregaron resultados concluyentes. Por orden del Ministerio Público, el material fue sometido después a análisis científicos especializados, efectuados por el Servicio de Salud de Arica.

El jueves 18 de diciembre, los peritajes confirmaron que la madera —correspondiente a la especie tajibo— contenía cerca de 700 kilos de clorhidrato de cocaína infiltrado en su estructura. El lote consistía en nueve pallets, con un peso total aproximado de 19,5 toneladas, enviados desde Bolivia con destino a Barcelona.

Este hecho eleva la alerta sobre nuevas formas de ocultamiento de narcóticos en cadenas comerciales internacionales y mantiene vigente la investigación para determinar quiénes están detrás del envío y qué redes criminales participaron.

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero, a cargo de la investigación, señaló en un punto de prensa que el contrabando detectado es “novedoso”, porque “es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores”, manifestó citado por el medio Arica al Día.

En el segundo caso, la Aduana Regional de Arica encontró más de 110 kilos de marihuana ocultos en una carga de soya cuyo destino final era Colombia.

“Los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado, cuando se presentó a los controles habituales un camión procedente desde Bolivia, conducido por el ciudadano boliviano G.O.R., el cual transportaba una carga de soya a granel en tránsito”, señala el reporte oficial. El chofer del camión fue arrestado y el cargamento fue puesto a disposición de los carabineros.

En tanto, la Fiscalía de Bolivia informó que inició una investigación sobre el hallazgo de cocaína impregnada en madera de exportación. “Nosotros estamos cooperando, se ha abierto un proceso penal y la Policía Boliviana y la Fiscalía están realizando diligencias para investigar este hecho que llama la atención”, señaló el fiscal general Roger Mariaca en una rueda de prensa.

El método de ocultar cocaína en madera boliviana de exportación se ha documentado con mayor visibilidad en los últimos años, a través de decomisos oficiales y en reportes de los medios de comunicación. Sin embargo, no hay estadística oficial pública que cuantifique este procedimiento.

El Valle de Uco en la provincia de Mendoza fue escenario de un amplio operativo policial que derivó en el decomiso de tres toneladas de carne no apta para el consumo y la detención de una persona, como parte de la investigación por robos de ganado en la zona sur de San Carlos.

Las acciones, que se desplegaron en los tres departamentos de la región, permitieron desbaratar un esquema de faenamiento clandestino que se encontraba bajo la lupa judicial desde hacía varios meses.

De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad mendocino, a la que pudo acceder el medio local Los Andes, el operativo incluyó catorce allanamientos simultáneos en San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La medida fue ordenada por el fiscal Jorge Quiroga, titular de la Fiscalía Valle de Uco, que coordina la investigación sobre abigeato en el sur de la provincia de Mendoza.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Investigativa San Carlos y la Policía Rural, en colaboración con los efectivos de Maipú, Luján de Cuyo y el apoyo de Cuerpos Especiales Valle de Uco. También participaron de los trabajos las Unidades Especiales de Patrullaje (UEP) de Tunuyán y San Carlos.

En concreto, se realizaron siete allanamientos en San Carlos, seis en Tunuyán —dos de ellos en carnicerías— y uno en Tupungato. El resultado fue el secuestro de cerca de 2.400 kilogramos de carne vacuna congelada, 495 kilogramos de carne fresca y más de 32 kilogramos de achuras, además de nueve vacunos y dos chivos faenados.

Durante la requisa, la Policía incautó tres freezers industriales repletos de carne, 30 cuchillos de distintos tamaños y marcas, una máquina de moler carne, una balanza digital, motosierras, ganchos metálicos, cinco delantales, una chaira, un par de botas de goma, un aparejo y una picana para animales.

También se decomisaron sogas, una bolsa cerrada con caravanas de manejo, un rifle de aire comprimido, cuatro teléfonos celulares y tres cartuchos calibre 7,62.

De acuerdo con el reporte oficial, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia tras los procedimientos, mientras que la mercadería incautada quedó bajo resguardo para su análisis sanitario.

La Fiscalía Valle de Uco continúa con la investigación para determinar si existen más personas involucradas y si la carne decomisada había llegado a circuitos de comercialización.

Decomisaron más de 300 chivitos faenados de manera clandestina en Neuquén

Días atrás, las autoridades de la provincia de Neuquén encontraron la carne de 300 chivitos faenados en dos operativos distintos. Las cargas no contaban con la documentación habilitante, así como tampoco cumplían con el protocolo correspondiente para su traslado.

El operativo estuvo en manos del personal de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), que trabajaban en el norte de la provincia del Neuquén, muy cerca del límite con Mendoza.

Las acciones tuvieron lugar en localidades como Rincón de los Sauces y Pata Mora, dos de los principales puntos estratégicos de circulación de ganado en pie y carne destinada al consumo humano. Según el organismo, los controles buscan preservar la salud pública frente a una modalidad de faena y comercialización ajena a los circuitos habilitados y sin garantías de higiene ni trazabilidad.

La operación resultó en el decomiso de nueve chivos en Rincón de los Sauces asociados a prácticas de faena informal y en la retención de aproximadamente 300 animales en Pata Mora, transportados sin documentación ni condiciones reglamentarias. El personal de Cippa, con apoyo de Senasa, Policía provincial y reparticiones de Bromatología Municipal, reforzó la fiscalización ante la cercanía de fechas festivas.

Uno de los principales objetivos del Cippa reside en el control integral del ingreso, tránsito y comercialización de alimentos en la provincia, priorizando la protección de la salud pública. El organismo subraya que la mayor preocupación se centra en el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos, condiciones en las cuales aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron una acción coordinada que concluyó con el aseguramiento de 37 millones de pesos en efectivo, la detención de dos hombres y el resguardo de diversos objetos en municipio de Naucalpan.

Los hechos fueron informados por la SSEM mediante sus canales oficiales, detallando que los dos hombres están “implicados en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Inspección y hallazgo de armas y dinero

El operativo se llevó a cabo en la avenida Lomas Verdes, donde agentes observaron a dos individuos a bordo de una camioneta Dodge Durango, blindada, manipulando objetos en el interior y mostrando una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Los elementos de seguridad ordenaron a los ocupantes detener la marcha y descender del vehículo, solicitud que fue rechazada en dos ocasiones.

A través de los cristales, los uniformados detectaron armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo.

Ante la negativa de los sospechosos a colaborar, se pidió el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el Ministerio Público.

Las autoridades informaron que posteriormente, ya en el Ministerio Público y en presencia del representante legal de los detenidos fue realizada la revisión.

Objetos asegurados

Durante la inspección formal del vehículo, las autoridades aseguraron lo siguiente:

• 37 millones de pesos en efectivo
• 2 armas cortas
• 4 cargadores
• Cartuchos útiles
• 1 camioneta Dodge Durango blindada

Según reportes oficiales, no se contaba con permiso de portación al de una de las armas al momento de la revisión.

Además de los objetos mencionados, autoridades del Edomex compartieron una fotografía donde pueden verse chalecos antibalas, sin embargo, esos no fueron mencionados en el informe oficial.

Asimismo, en los videos publicados en redes sociales se observa que el efectivo fue bajado de la camioneta blindada dentro de bolsas de seguridad, similares a las que las empresas de transporte o los bancos suelen utilizar.

Detenidos y delitos señalados

Los detenidos, identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53, no pudieron demostrar la posesión del dinero, ni de una de las armas, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Enfrentan acusaciones por presunta resistencia, portación y acopio de armas prohibidas, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Seguridad indicó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer el origen del dinero y determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos en la zona.

Datos clave de la noticia

• Autoridades del Estado de México y la Secretaría de la Defensa aseguraron 37 millones de pesos en efectivo y detuvieron a dos hombres en Naucalpan.
• Los detenidos fueron sorprendidos en una camioneta blindada con armas de fuego y dinero, mostrando una actitud evasiva ante la policía.
• Durante la revisión formal del vehículo se encontraron armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y los 37 millones de pesos.
• Los hombres no pudieron acreditar la posesión legal del dinero ni de una de las armas.
• Se les acusa de resistencia, portación y acopio de armas prohibidas, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita; las investigaciones siguen abiertas.

Cerca de 30 paquetes tipo ladrillo con presunta cocaína fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante acciones de vigilancia en las inmediaciones del puerto de Acapulco, Guerrero.

El aseguramiento de la droga fue realizado como resultado de recorridos de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera por personal adscrito a la Octava Región Naval, quienes se encontraban a bordo de buques tipo patrullas interceptoras.

La operación, desarrollada en áreas próximas al puerto, permitió el hallazgo de un bulto tipo costalillo, el cual contaba en su interior con 30 paquetes tipo ladrillo de polvo blanco con características propias del clorhidrato de cocaína.

El peso aproximado total de la droga fue de 30 kilogramos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Este procedimiento forma parte de los protocolos establecidos en coordinación con otros niveles de gobierno, la cual se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y busca fortalecer la justicia y la paz en el estado de Guerrero.

La Secretaría de Marina subrayó que estos resultados “reafirman el compromiso con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país”.

Marina interceptó cerca de 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

Un hecho similar ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando elementos navales aseguraron cerca de 1.6 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.

De acuerdo con la Marina, el decomiso se registró en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea.

En la acción también participaron unidades aéreas de la Armada de México, las cuales dieron seguimiento a rutas identificadas de uso por presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Como resultado de la vigilancia, fueron identificados y asegurados 54 bultos tipo costalillas, en los que se localizaron entre 30 a 10 grupos de bultos que sumaron mil 600 paquetes con un peso aproximado de mil 600 kilogramos de cocaína.

El valor estimado de este decomiso fue de una afectación económica a los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos, así como alrededor de 3 mil 200 millones de dosis que se evitó llegaran a manos de jóvenes.

Con ese aseguramiento, la Marina destacó que sumaban más de 48 toneladas de droga decomisada en el mar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En mayo pasado también se registró el decomiso de 1.3 toneladas de cocaína en costas de Guerrero por parte de elementos de la Marina durante recorridos de vigilancia.

La acción se desarrolló cuando el personal avistó 68 bultos tipo costalillos de color negro, los cuales se encontraban amarrados unos con otros y que en su interior contenían paquetes tipo ladrillo con polvo blanco.

Se estimó que el aseguramiento implicó una afectación de 382 millones de pesos a la delincuencia organizada.

En la semana previa a las Fiestas, las autoridades de Neuquén encontraron la carne de 300 chivitos faenados en dos operativos distintos. Las cargas no contaban con la documentación habilitante, así como tampoco cumplían con el protocolo correspondiente para su traslado.

El operativo estuvo en manos del personal de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), que trabajaban en el norte de la provincia del Neuquén, muy cerca del límite con Mendoza.

Las acciones tuvieron lugar en localidades como Rincón de los Sauces y Pata Mora, dos de los principales puntos estratégicos de circulación de ganado en pie y carne destinada al consumo humano. Según el organismo, los controles buscan preservar la salud pública frente a una modalidad de faena y comercialización ajena a los circuitos habilitados y sin garantías de higiene ni trazabilidad.

De acuerdo a lo informado por el portal de LM Neuquén, la operación resultó en el decomiso de nueve chivos en Rincón de los Sauces asociados a prácticas de faena informal y en la retención de aproximadamente 300 animales en Pata Mora, transportados sin documentación ni condiciones reglamentarias. El personal de Cippa, con apoyo de Senasa, Policía provincial y reparticiones de Bromatología Municipal, reforzó la fiscalización ante la cercanía de fechas festivas.s centrales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Uno de los principales objetivos del Cippa reside en el control integral del ingreso, tránsito y comercialización de alimentos en la provincia, priorizando la protección de la salud pública. El organismo subraya que la mayor preocupación se centra en el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos, condiciones en las cuales aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana, una situación incompatible con las exigencias de inocuidad necesarias.

Por esto mismo, desde el organismo, recomendaron a la población adquirir únicamente productos de origen animal en comercios habilitados, y siempre verificar tanto la procedencia como el cumplimiento de la cadena de frío y la existencia de documentación. De esta manera, recordaron que el consumo de productos por fuera de los canales legales conlleva peligros tanto visibles como invisibles.

Decomisaron más de 1.600 kilos de carne en mal estado en Neuquén

A mediados del mes pasado y también a partir de un control realizado sobre las rutas en Neuquén, se logró decomisar más de mil kilos de carne que se encontraban en mal estado. Con el fin de terminar con la comercialización informal, también se realizaron operativos en la localidad de Zapala.

El reciente decomiso de más de 1.600 kilos de carne en mal estado y sin documentación sanitaria en la provincia puso en evidencia la magnitud de la comercialización informal de productos cárnicos en la región. La intervención, liderada por el Cippa, se realizó en colaboración con la Policía y el área de Bromatología, y abarcó tanto operativos en rutas como inspecciones en carnicerías de la ciudad de Zapala.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento compuesto por 48 medias reses de cerdo, cuyo peso total alcanzó los 1.430 kilos. Este lote carecía de certificado sanitario, documentación tributaria y sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar arrojaron valores entre 16° C y 20° C, superando ampliamente el rango permitido para el transporte seguro de carne, lo que representa un riesgo sanitario considerable para los consumidores. Según explicaron los especialistas, la ruptura de la cadena de frío favorece la proliferación de bacterias y la posibilidad de contaminaciones cruzadas, comprometiendo la inocuidad del alimento.

Autoridades federales y estatales realizaron una intervención en el Centro Penitenciario Aguaruto este martes 16 de diciembre de 2025, que resultó en el decomiso de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, y equipos de conectividad satelital Starlink, entre otro objetos.

La localización y aseguramiento fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mediante sus canales oficiales, donde detallaron que los trabajos abarcaron dos módulos del penal ubicado en la ciudad de Culiacán.

En qué consistió el operativo de revisión en el Penal de Aguaruto

Autoridades sinaloenses realizaron una revisión preventiva al interior de dos módulos pertenecientes al Penal de Aguaruto. Las inspecciones fueron realizadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) junto a custodios del centro penitenciario.

Además, en los trabajos colaboraron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes supervisaron el perímetro del inmueble para garantizar que las acciones se llevaran sin contratiempos en la zona.

Las autoridades detallaron que este operativo formó parte de los trabajos realizador por el Grupo Interinstitucional en la entidad.

Objetos decomisados en el penal de Aguaruto

tras la inspección, las fuerzas de seguridad informaron sobre la incautación de los siguientes objetos prohibidos:

• Droga
• • 34 dosis de hierba seca, identificada como marihuana.
  • 94 dosis de polvo blanco, identificado como cocaína.
• Municiones
• • 12 cartuchos calibre .22
• Telefonía y electrónica
• • 46 teléfonos celulares
  • 2 radios de comunicación
  • 2 cargadores para radio
  • 1 báscula
  • 1 máquina selladora térmica
  • 2 antenas de internet satelital Starlink
• Otros artículos
• • 1 botella de whisky
  • 16 puntas (objetos punzocortantes)
  • 281 pesos mexicanos

Adicionalmente las autoridades detallaron que no se reportaron incidentes y se mantuvo apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Los artículos decomisados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán las responsabilidades legales correspondientes y ampliarán las investigaciones en el Centro Penitenciario Aguaruto.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirmaron su compromiso con la seguridad penitenciaria y exhortaron a la población a realizar denuncias anónimas al 089 o comunicarse al 911 en caso de emergencias.

Dispositivos Starlink y su uso delincuencial en México

La utilización de dispositivos Starlink por parte de grupos delictivos en México ha resaltado tras cateos en centros penitenciarios, decomisos a delincuentes que operan en las calles o videos en redes sociales donde los miembros de cárteles presumen la tecnología que disponen.

El propietario de Starlink es SpaceX, una empresa estadounidense de transporte aeroespacial y servicios satelitales fundada y dirigida por Elon Musk.

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, permite acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales o con cobertura limitada, lo que resulta atractivo tanto para la población general como para organizaciones criminales.

En los últimos meses, reportes de medios han identificado que cárteles y otros grupos ilícitos usan antenas y equipos Starlink en regiones remotas y áreas rurales donde la infraestructura de telecomunicaciones tradicionales es escasa o inexistente.

El acceso a Starlink les permitiría coordinar operaciones, comunicarse sin depender de redes locales, monitorear rutas de tráfico ilegal y recibir instrucciones en tiempo real.

La Cámara Federal de Casación Penal dio este lunes un nuevo paso en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez por lavado de activos, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la defensa de su hijo Martín Báez y por la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que despejó el camino para que continúe el proceso de ejecución de los decomisos ordenados en la sentencia condenatoria, que ya se encuentra firme.

Las resoluciones fueron dictadas por la Sala IV del más alto tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En ambos pronunciamientos, los camaristas rechazaron los planteos dirigidos contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de iniciar la ejecución de los decomisos dispuestos en la causa, al concluir que los recursos extraordinarios no reunían los requisitos formales para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso del planteo presentado por la defensa de Martín Báez, hijo mayor del ex titular de Austral Construcciones, Casación sostuvo que la sentencia cuestionada no constituía una “sentencia definitiva ni equiparable a tal”, como exige el artículo 14 de la Ley 48. Además, señaló que el recurso no refutó de manera concreta los fundamentos centrales de la decisión impugnada y se limitó a expresar una discrepancia con el criterio adoptado por el tribunal oral, sin demostrar la existencia de una “cuestión federal” ni un supuesto de “arbitrariedad” que habilitara la vía extraordinaria.

Un razonamiento similar aplicó la Sala IV para analizar el recurso presentado por la UIF. Según el tribunal, el organismo no logró acreditar que la resolución cuestionada vulnerara derechos federales ni que se encontrara configurado alguno de los supuestos excepcionales que permiten abrir la instancia de la Corte.

Las resoluciones se inscribieron en el proceso de ejecución de la sentencia dictada el 26 de abril de 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que condenó a Lázaro Báez, además de familiares, allegados y empresarios, a 12 años de cárcel por lavado de activos y ordenó el decomiso de un total de 61.130.860,86 dólares. También dispuso la incautación de distintas sumas en pesos actualizables conforme al índice de precios al consumidor del INDEC. Esa condena fue confirmada por Casación el 28 de febrero de 2023 y quedó firme el 29 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas.

Apenas quedó firme la condena, el juez Néstor Costabel, integrante del tribunal oral que llevó adelante el juicio, dispuso iniciar la ejecución del decomiso conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación. En esa resolución ordenó poner a disposición del Estado Nacional, bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, el dinero y los bienes inmuebles individualizados oportunamente por la fiscalía.

El decomiso, en rigor, alcanza activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares e incluye dinero en efectivo, cuentas bancarias en el exterior, activos financieros y más de 70 propiedades ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. En particular, la sentencia ordenó la incautación de fondos depositados en el Banco Lombard Odier de Suiza y en el Banco CBH de Bahamas, que concentran casi cuatro millones de euros y más de 900.000 dólares. El fallo también dispuso la repatriación de esos fondos.

El planteo presentado por la UIF estuvo centrado en el destino de los bienes decomisados. Según argumentó el organismo, la decisión de transferir los fondos a la órbita de la Corte afectaría el esquema de autofinanciamiento y la autonomía operativa previstos en la Ley 25.246, que regula el sistema de prevención del lavado de activos. En ese sentido, el organismo sostuvo que los recursos provenientes del decomiso debían ser asignados a la entidad para fortalecer su capacidad institucional en la lucha contra el crimen organizado.

Tanto el tribunal oral como la Cámara de Casación descartaron ese planteo al considerar que la ejecución de la sentencia debía ajustarse al procedimiento legal vigente, sin que correspondiera, en esta etapa, revisar o redefinir el mecanismo previsto para la administración de los bienes decomisados.

La causa conocida como la “ruta del dinero K” investigó una compleja maniobra de lavado de dinero atribuida al empresario Báez, que incluyó la utilización de sociedades offshore, testaferros y transferencias financieras irregulares para sacar fondos del país y luego reintroducirlos al circuito formal. El expediente adquirió una fuerte notoriedad pública a partir de la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y de Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en el barrio porteño de Puerto Madero.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires decomisó 59.138 dólares, incluídos los 10.000 que se pueden sacar del país sin declarar, secuestrados a un ciudadano chileno condenado por intento de contrabando de divisas por intentar abordar un avión con el dinero oculto en su equipaje.

Gran parte de ese dinero ya había sido decomisado cuando se lo condenó en 2024 y ahora se sumaron los 10.000 dólares, máximo permitido para sacar del país sin declarar. Para la Justicia todo fue parte de un mismo hecho delictivo.

La resolución, firmada por la jueza de Cámara Sabrina Namer, cerró un debate que llevaba más de un año entre la defensa y la fiscalía: qué hacer con los USD 10.000 que no habían sido alcanzados por el decomiso inicial previsto en la sentencia original. El fallo de 2024 había ordenado confiscar USD 49.138, pero el excedente -equivalente a la suma que puede sacarse del país sin declarar- quedó bajo custodia judicial a la espera de que se definiera si debía devolverse o no.

El hallazgo

El ciudadano chileno fue detenido en febrero de 2020 cuando intentaba abordar un vuelo internacional en el aeropuerto de Ezeiza. Según el expediente, llevaba el dinero fraccionado en fajos pequeños y oculto dentro de una valija carry on y entre la ropa allí guardada, con el objetivo de evitar su detección.

El tribunal destacó que el imputado “sabía de la prohibición vigente e igualmente intentó sustraer al control aduanero, mediante su ocultamiento, las divisas descubiertas”, según la sentencia. El fallo también remarcó la presencia de carteles informativos de la AFIP que advertían sobre el límite de USD 10.000 y la existencia de una declaración jurada aduanera previa firmada por el propio acusado, en la que había consignado no ingresar sumas superiores a ese monto.

La condena

El 14 de noviembre de 2024, el TOPE Nº1 lo condenó a dos años y dos meses de prisión en suspenso, más la inhabilitación para el comercio, la inhabilitación perpetua para ejercer en fuerzas de seguridad y otras restricciones. También ordenó el decomiso de USD 49.138, es decir, de todo lo que excedía el límite legal.

El resto —los USD 10.000— quedó pendiente porque se había iniciado una investigación paralela por posible lavado de dinero, que después terminó archivada con un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal Económico 11. Una vez cerrada esa pesquisa, la defensa reclamó la devolución del dinero.

Pero la fiscalía se opuso. En su dictamen advirtió que devolver la suma habilitada por ley iría contra el efecto preventivo de la pena: “Incentivaría a las personas a intentar exportar del país, en varias oportunidades, sumas apenas superiores a los USD 10.000 o a hacerlo mediante varias personas”, sostuvo. Y agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Ministerio Público, todo el dinero ocultado —aún dentro del tope permitido— constituye objeto del delito.

La respuesta del tribunal

El tribunal consideró que la totalidad de los USD 59.138 formó parte del mismo hecho delictivo, ya que el condenado intentó egresar con esa suma sin declarar y con maniobras de ocultamiento. Por eso, entendió que los USD 10.000 debían tener el mismo destino que el resto del dinero.

“La totalidad del dinero secuestrado fue el objeto del delito”, sostuvo la resolución.

El tribunal rechazó el pedido de la defensa y ordenó que todo el dinero quede en poder del Estado.

“Intentar egresar del país con el dinero señalado en las condiciones descriptas, accionar que no logró consumarse por la intervención de las fuerzas de seguridad aeroportuarias, permite sostener fundadamente que la totalidad del dinero involucrado se encontraba íntimamente vinculado al delito investigado y respecto del cual recayó sentencia condenatoria firme”, concluyó la jueza Namer.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la policía municipal de Atizapán de Zaragoza, aseguraron un inmueble en este municipio en operativo por denuncia e ventas de drogas.

El predio asegurado está ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, donde fueron localizadas diversas armas, cartuchos, equipo para la presunta venta de droga y envoltorios con posibles estupefacientes. En la acción también fue detenido un hombre identificado como Julio “N”.

De acuerdo con la FGJEM, el operativo derivó de trabajos de inteligencia realizados tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible comercialización de narcóticos en dicho domicilio.

Operativo nace por denuncia ciudadana

Con base en esta información, el Agente del Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes y solicitó a un juez una orden para ejecutar una técnica de investigación de cateo con el fin de verificar la actividad ilícita.

La autoridad judicial otorgó el mandamiento y, una vez autorizado, elementos de la Fiscalía mexiquense, acompañados por personal de la Secretaría de Marina y policías municipales, se trasladaron al inmueble para cumplimentar la orden. Durante la intervención, los agentes localizaron diferentes indicios relacionados con la presunta venta y distribución de droga.

Entre los objetos asegurados se encuentran armas de fuego, un cargador, cartuchos útiles, básculas tipo gramera utilizadas comúnmente para el pesaje de sustancias, así como diversas bolsas que contenían material con las características de estupefacientes.

Todo lo incautado fue embalado y trasladado para su análisis correspondiente, con el fin de integrarlo a la carpeta de investigación.

Detención de una persona

En el mismo operativo fue detenido Julio “N”, quien se encontraba al interior del inmueble al momento del cateo. Las autoridades detallaron que el individuo quedó a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. De comprobarse su participación en la posible comercialización de drogas o posesión de armas, podría enfrentar cargos de carácter federal o del fuero común.

La FGJEM informó que, tras la diligencia, el domicilio quedó asegurado y bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en la operación del presunto punto de venta de droga.

Asimismo, no se descartó que el inmueble pudiera estar vinculado con otras actividades delictivas, por lo que se ampliará el análisis de la información recabada.

Autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a continuar realizando denuncias anónimas que permitan detectar actividades ilícitas y fortalecer la respuesta de las corporaciones de seguridad.

La Fiscalía mexiquense precisó que las diligencias continúan en curso y que, conforme avancen las investigaciones, se dará a conocer más información sobre el caso.

La detenida ex presidenta Cristina Kirchner apeló hoy ante la Cámara Federal de Casación las nuevas restricciones impuestas a sus visitas y también el decomiso de sus bienes.

Se trata de resoluciones del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó a seis años de prisión en la causa Vialidad y que impuso límites a las visitas en su arresto domiciliario luego de una reunión con 9 economistas.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó dos recursos ante el Tribunal para llegar a Casación.

En uno cuestiona la decisión del TOF2 que impuso la prohibición de recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.

También la obligación de pedir "autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, determinó el juez del TOF2 Jorge Gorini.

Además, la presentación de la defensa de la ex mandataria señaló que la decisión del tribunal es “arbitraria, infundada y contradictoria”. Remarcó que antes del 19 de noviembre no existía una regla sobre la cantidad de visitante y que todas las visitas estaban autorizadas.

Justamente, todo comenzó cuando nueve economistas visitaron a CFK en su domicilio. Según el planteo presentado por la defensa, “estaban incluidas en una nómina ya presentada y autorizada; el Tribunal había aprobado en múltiples ocasiones visitas grupales previas (6 y 7 personas) sin ningún reproche”.

Señalaron que el encuentro no rompió con las reglas que el tribunal había interpuesto sobre “no alterar la tranquilidad del barrio” y que los organismos de control “informaron durante meses que Cristina Fernández cumplió estrictamente con todas sus obliga”.

Ante esto, la defensa recurrió ahora al máximo tribunal penal federal del país, que una vez que reciba el recurso fijará fecha de audiencia.

De manera paralela, la defensa apeló el decomiso de 20 propiedades resuelto por el Tribunal.

La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Falta de prudencia

Cuando se concedió la prisión domiciliaria, se impusieron a la ex presidenta normas sobre las visitas.

Fue el 17 de junio pasado: no debe adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del barrio y tiene que informa al Tribunal sobre el acceso de toda persona no incluída en el listado ya aprobado.

En la resolución que ahora cuestiona Cristina Kirchner se recordó que en septiembre se hizo el primer control de las condiciones de detención y se ratificaron esas reglas.

Pero el 17 de noviembre. la ex presidenta difundió desde su cuenta en X una reunión con un grupo de economistas que, según indicó, representaban a “más de ochenta profesionales” y le habían presentado un documento de unas cuatrocientas páginas.

El tribunal verificó que todas las personas que participaron del encuentro estaban incluidas en la nómina presentada el 12 de noviembre, pero remarcó que jamás se pidió autorización para que ingresaran en forma simultánea.

“La visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”, apuntó Gorini.

Lo ocurrido “excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta”.

Horas después, la ex jefa de Estado hizo un descargo a través de su cuenta de X, afirmando que el verdadero motivo de las restricciones obedeció a la temática del encuentro, que versaba sobre alternativas al plan económico del actual gobierno.

El fallo cuestiona además el modo en que la propia condenada difundió la reunión: “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”.

Un encuentro de tal magnitud “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza este régimen excepcional”.

El tribunal recordó que el régimen en establecimientos penitenciarios prevé una visita semanal de dos horas y señaló que el esquema que rige para la ex presidenta ya era “suficientemente garantizador” respecto de los derechos básicos.

A raíz de ello, justificó las nuevas restricciones impuestas, que ahora fueron apeladas ante Casación.

Se reclama que se libere su régimen de visitas. Si el recurso es concedido, será examinado por la Sala IV de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

La Corte Suprema de Justicia comenzó el procedimiento formal para incorporar al patrimonio del Estado los fondos y bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. El monto supera los 61 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio y los condenó recibió un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero.

Allí se informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias, la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas” y también de bienes inmuebles que estén registrados a nombre de Lázaro Báez y su hijo mayor. Ambos quedaron con condena firme por lavado de activos.

Esos bienes deberán ser inscriptos “bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y 522 del Código Procesal Penal, detalla el oficio.

En cuanto al dinero en efectivo decomisado, la Corte pidió al TOF 4 que lo transfiera a dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, que pertenecen al máximo tribunal.

Se trata de dinero secuestrado y también del obtenido en subasta judicial de bienes.

Además, requirió que se remita toda la documentación relativa a las subastas.

En la sentencia dictada en abril de 2021 al término del juicio oral por la llamada “ruta del dinero” se ordenó decomisar un total de 61.130.860,86 de dólares.

En el veredicto se incluyeron distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso ajustar “conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 de pesos.

El 28 de febrero de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión.

El 29 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles recursos de las defensas, dejó firme las condenas y los decomisos.

Apenas quedó firme la condena, el juez del Tribunal que llevó adelante el debate, Néstor Costabel, dispuso la ejecución del decomiso.

La medida incluye propiedades, cuentas bancarias en el exterior y activos líquidos en distintas monedas.

El magistrado firmó en ese momento una resolución que ordenó la transferencia de todos los bienes al Estado Nacional, bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia, algo que ahora comienza a instrumentarse.

El detalle del decomiso

La sentencia firme dispuso la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares.

El fallo también alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.

Se ordenó la repatriación del dinero. También hay más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.

La causa

La causa conocida como “ruta del dinero K” investigó la operatoria de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La investigación reveló una red de sociedades off-shore, testaferros y movimientos financieros irregulares.

Báez fue condenado a 12 años de prisión.

El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en Puerto Madero.

En estos días, el Ejército Mexicano localizó más de 2 mil litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas, los cuales se encontraban ocultos bajo tierra en una zona serrana de Ensenada, Baja California. El hallazgo fue realizado por personal del 67° Batallón de Infantería, quien desplegó un operativo de reconocimiento en el ejido Benito Juárez, a 120 kilómetros al sur del puerto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los insumos estaban enterrados y cubiertos con hules de plástico en más de 40 bidones de 50 litros, todos con sustancias consideradas esenciales para laboratorios de drogas sintéticas. Entre los materiales detectados se confirmó Fenil-2-Propanona (P2P), compuesto clasificado como precursor directo para la fabricación de metanfetaminas.

De acuerdo con la comunicación oficial, el aseguramiento representa “un golpe a la delincuencia organizada” con un valor que asciende a 45 millones de pesos aproximadamente. A la par, y tras el decomiso, los químicos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dará seguimiento a la investigación sobre la procedencia de los insumos y su posible relación con células dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

¿Cómo operaban los responsables del “escondite químico”?

Autoridades castrenses detallaron que el descubrimiento ocurrió durante patrullajes de vigilancia desplegados en zonas serranas de difícil acceso. La estructura subterránea utilizada para ocultar los químicos mostró un patrón similar al detectado en otros estados donde operan grupos delictivos especializados en la producción de metanfetaminas.

Los militares encontraron los bidones enterrados en una zona con vegetación densa y rutas secundarias que permiten el ingreso de vehículos ligeros sin llamar la atención. Así mismo, los recipientes estaban acomodados de forma compacta y protegidos con varias capas de plástico. Esto último con la finalidad de evitar filtraciones y reducir el riesgo de detección aérea.

Las autoridades señalaron que este tipo de ocultamiento en áreas naturales suele utilizarse cuando grupos criminales buscan “proteger cargamentos sin necesidad de instalar laboratorios completos”. La idea es que, mientras esto sucede, esperan moverlos hacia zonas donde sí puedan procesarse o distribuirse.

Las instituciones federales señalaron que las operaciones buscan identificar rutas, puntos de almacenamiento y mecanismos de ocultamiento utilizados para mantener activo el flujo de sustancias destinadas a laboratorios clandestinos en el noroeste del país.

Modus operandi: ocultamiento químico y almacenamiento temporal

Fuentes oficiales explicaron que la técnica utilizada en Ensenada corresponde a uno de los métodos más frecuentes para encubrir precursores químicos en zonas rurales.

Puntos clave del método utilizado:

• Enterramiento profundo en zonas de difícil acceso, con rutas secundarias para movilidad discreta.
• Uso de hules o lonas industriales para proteger los bidones y evitar que la humedad afecte los contenidos.
• Distribución en recipientes de 50 litros que facilitan su traslado manual o en vehículos ligeros.
• Ubicación estratégica cerca de arroyos, barrancos o vegetación que dificulta la observación aérea.
• Almacenamiento temporal previo a su traslado a laboratorios donde serían utilizados como materia prima para drogas sintéticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025. La medida alcanza a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.

De allí que el decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado. La resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

Las defensas de los condenados, entre ellos Báez, Ganora, Pavesi y Fernández de Kirchner, así como los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, argumentando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos y la inclusión de bienes previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.

El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según la resolución, el decomiso alcanza los bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.

La decisión se fundamenta en la normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. El tribunal estableció que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable y temporalmente concomitante con el delito fuente.

El tribunal comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, conforme al reglamento vigente. Se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia local.

La resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. El proceso de realización de los bienes se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

No fue un día positivo para Cristina Kirchner en cuanto a lo judicial. Además de haber participado de la primera jornada del juicio por la causa Cuadernos, como acusada en lo que es considerado el proceso más extenso en materia de corrupción en la historia del país, este jueves además Casación rechazó los recursos presentados por las defensas de la ex presidenta y Lázaro Báez y ratificó el decomiso de casi $700 mil millones contra los condenados en la causa Vialidad.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados y confirmó la actualización del monto del decomiso en 684.990.350.139,86 pesos, fijado por el Tribunal Oral en la causa Vialidad, donde se descubrió una de las defraudaciones más importantes contra la administración pública.

Este fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 16 de octubre exigieron que se ejecutara el decomiso de manera inmediata, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario en las condenas.

La defensa de Cristina Fernández había recurrido el monto del decomiso al considerar que el método utilizado por el tribunal oral, con una actualización conforme al índice de precios al consumidor, era inadecuado, y que era más apropiado el implementado por el perito contador de parte, que arribó a un monto de poco menos de $42.500 millones. Además, los letrados habían solicitado la suspensión de la ejecución de la medida.

Se hicieron eco de ese recurso de casación las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, los demás afectados por la medida. 

Por unanimidad, los magistrados de la casación sostuvieron que la actualización efectuada sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) no resultaba arbitraria y constituía un método idóneo para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.

Por ello, y por considerar que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa, desestimaron los planteos y confirmaron lo resuelto en su momento por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.

Además, la resolución reafirma la naturaleza obligatoria del decomiso como consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento con lo establecido por el Código Penal y las Convenciones Internacionales contra la corrupción.

El monto en cuestión surge de la actualización del daño económico a la Administración Pública determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 del TOF 2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que impuso penas de prisión y el decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La cifra originalmente fijada en $ 84.835 millones fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y llevada a casi $ 685.000 millones, luego de que el fallo quedara firme por decisión del máximo tribunal el 10 de junio de 2025.

El pasado 10 de junio, en una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre del año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedara firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de bienes ya desarrollado.

En menos de 48 horas, fuerzas federales y estatales realizaron dos operativos en Concordia y Culiacán, ―en Sinaloa―, los cuales derivaron en el aseguramiento de armas largas, municiones, droga y equipo táctico, así como en la detención de dos hombres, uno de ellos menor de edad.

Las acciones formaron parte de los patrullajes y reconocimientos que mantiene el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer aseguramiento ocurrió el 31 de octubre de 2025 en una zona enmontada de El Zacate, donde elementos del Ejército Mexicano realizaban labores de reconocimiento terrestre. Durante el operativo, el personal militar localizó un depósito con armas y equipo táctico; entre ellos se encontraban los siguientes objetos:

• 645 cartuchos útiles
• 7 cargadores
• 2 chalecos tácticos
• 4 pares de uniformes tipo militar
• 4 placas balísticas

De acuerdo con el informe oficial, los uniformes y chalecos fueron incinerados en el lugar, mientras que las municiones y placas balísticas quedaron bajo resguardo y fueron entregadas a la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no reportaron detenciones en este operativo, pero destacaron que el hallazgo podría estar vinculado con grupos delictivos que operan en la zona serrana del sur de Sinaloa.

Detienen a dos hombres con fusiles y fentanilo en Culiacán

Un día después, el 1 de noviembre de 2025, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la colonia Invasión Bicentenario, ubicada en la capital sinaloense. Durante un patrullaje conjunto entre agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Guardia Nacional, los elementos detectaron a dos civiles armados que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir hacia un terreno baldío cubierto de maleza.

Tras una persecución a pie, ambos fueron interceptados y asegurados junto con el siguiente material ilícito:

• Dos fusiles calibre 7.62x39 milímetros (mm)
• Dos cargadores con cartuchos del mismo calibre
• Diez bolsas plásticas con pastillas azules con las características del fentanilo

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con las armas, municiones y la droga. Según confirmó la autoridad, uno de los detenidos es menor de edad, por lo que se dio vista a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.

La SSPE Sinaloa informó que estas operaciones forman parte del refuerzo de seguridad en la capital, ante la persistencia de reportes sobre venta y trasiego de fentanilo y armamento de alto poder.

“El objetivo es mantener presencia constante y coordinación entre las fuerzas armadas para prevenir hechos delictivos y fortalecer la tranquilidad ciudadana”, indicó la dependencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en Durango un tractocamión cargado con más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas sintéticas. El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con apoyo del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información oficial y lo publicado por el secretario Omar García Harfuch, el decomiso ocurrió en un punto de inspección sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral; en específico, a la altura del kilómetro 238+700. Durante la revisión, los agentes detectaron el vehículo, acoplado a una caja seca que transportaba diversas sustancias con características químicas empleadas para producir metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Entre los materiales asegurados destacan:

• 300 costales con 7 mil 500 kilos de acetona de plomo, sustancia empleada en procesos de cristalización de drogas.
• 36 costales con 900 kilos de ácido tartárico, utilizado como catalizador químico.
• 20 tambos con 4 mil litros de etanol, solvente común en la elaboración de narcóticos.
• 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuya composición será determinada por peritos especializados.
• 4 mil 500 kilos de sosa cáustica y 3 mil litros adicionales de sustancias líquidas sin etiquetar.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la FGR, el aseguramiento representa un golpe significativo a las redes de tráfico de precursores químicos que abastecen a laboratorios clandestinos del norte del país.

Por su parte, las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal reiteraron que estas acciones forman parte del esfuerzo coordinado para combatir el tráfico de sustancias químicas y prevenir su uso en la fabricación de drogas sintéticas que ponen en riesgo la salud y seguridad de la población.

AIC de la FGR da con bodegas destinadas a huachicol y almacenamiento de precursores químicos

En un operativo paralelo a inicios de octubre de 2025, las autoridades federales desmantelaron tres inmuebles que funcionaban como narcolaboratorios y bodegas de huachicol. Los cateos, autorizados por un juez de control tras labores de gabinete y campo, permitieron ubicar tres naves industriales presuntamente dedicadas a la fabricación de drogas sintéticas y al almacenamiento de combustible robado.

Según el reporte oficial difundido por la SSPC, se aseguraron decenas de tambos con solventes, ácido clorhídrico y thinner; más de dos mil costales con sustancia granulada; alrededor de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol; así como una pipa con aproximadamente siete mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que esta acción se inscribe dentro de la estrategia nacional para frenar la producción de drogas sintéticas y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y los inmuebles quedaron sellados bajo resguardo de las autoridades.

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales lograron asegurar más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado en 26 entidades del país, como parte de la estrategia nacional para combatir el llamado “huachicol”.

De acuerdo con un informe del Gabinete de Seguridad, el operativo más relevante se llevó a cabo en el estado de Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel y fueron detenidas 15 personas en diversas entidades, entre ellas empresarios y servidores públicos presuntamente vinculados con redes delictivas dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.

Más de mil tomas clandestinas clausuradas

El documento detalla que, a lo largo de los últimos doce meses, las autoridades identificaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas, muchas de ellas acondicionadas con material rudimentario para sustraer combustible directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas estructuras, ubicadas principalmente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, representan un alto riesgo para las comunidades debido al potencial de explosiones o derrames.

Asimismo, se informó que el fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia en zonas estratégicas del país ha permitido el aseguramiento de Además, se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas; y se aseguraron tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, todos ellos utilizados por grupos criminales para el transporte y almacenamiento del combustible sustraído de manera ilegal.

“El mercado ilícito de hidrocarburos constituye un delito de alto impacto y una afectación económica significativa para el país, por lo que se han robustecido las acciones operativas y de inteligencia para desmantelar a las organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos”, señaló el Gabinete de Seguridad.

El gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir las pérdidas financieras de Pemex y recuperar la seguridad en las zonas más afectadas por el huachicol, una práctica que durante años ha representado miles de millones de pesos en daños a la economía nacional.

Con los resultados obtenidos, las autoridades federales reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia permanente y sancionar a quienes participan en esta red delictiva, fortaleciendo así el combate a la corrupción y la impunidad que durante años permitieron la expansión del robo de combustibles en México.

Dos operativos de seguridad federales realizados el 23 de octubre en los municipios de Culiacán y Navolato, Sinaloa, dejaron un saldo de 18 personas detenidas, decenas de armas aseguradas y vehículos incautados en una jornada que confirma el alto nivel de violencia que persiste en la entidad.

Culiacán: enfrentamiento armado y siete detenidos de Los Chapitos

En un fraccionamiento ubicado al noroeste de Culiacán, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, respondió a una denuncia anónima que alertaba sobre civiles armados en la zona. Al arribar, los elementos fueron agredidos con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Tras el intercambio de fuego, las fuerzas federales lograron la detención de siete personas —seis hombres y una mujer— y el aseguramiento de un arsenal compuesto por:

• Cinco armas largas
• 33 cargadores de diferentes calibres
• 818 cartuchos útiles
• Un vehículo

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, los siete capturados forman parte de una célula vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa activa con el grupo de Los Mayos por el control territorial y operativo en la región.

Este operativo coincidió con la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya para revisar estrategias de pacificación. Sin embargo, los hechos violentos ocurridos ese mismo día evidencian los retos que enfrenta la reestructuración de las políticas de seguridad en la entidad.

Navolato: 11 capturados de Los Mayos con armas y blindaje artesanal

En el campo San Luis, municipio de Navolato, una denuncia anónima permitió la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Sinaloa. Los agentes confirmaron la presencia de sujetos armados y procedieron a su detención.

El operativo culminó con la captura de 11 hombres, quienes portaban un arsenal compuesto por:

• Dos ametralladoras
• Tres fusiles calibre 5.56 mm
• Un fusil Palmetto
• Una carabina
• Una escopeta
• Tres pistolas
• 568 cartuchos útiles
• 21 cargadores
• Dos cintas para ametralladora
• Tres chalecos tácticos
• Tres cascos tácticos

Además, se aseguraron dos vehículos: un Toyota Corolla sin placas y una camioneta Grand Cherokee con blindaje artesanal. Todo lo incautado fue entregado a la FGR para las investigaciones correspondientes.

Al igual que en las primeras acciones de seguridad, fuentes de seguridad confirmaron a este medio de comunicación que los 11 detenidos pertenecen a una célula operativa ligada a Los Mayos, el grupo rival de las fuerzas al mando de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo.

En medio del ojo del huracán: los datos sobre la inseguridad en Sinaloa

Ambos operativos se enmarcan en un contexto alarmante: según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al tercer trimestre de 2025, Culiacán lidera la lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México. El 88.3 % de sus habitantes considera que vivir en la capital sinaloense es inseguro, lo cual supera a otras zonas como Irapuato (88.2 %) y Chilpancingo (86.3 %).

La encuesta también señala que más del 70 % de los ciudadanos se sienten inseguros en espacios públicos como cajeros automáticos, transporte y calles, lo que refleja el impacto de la violencia cotidiana en la vida urbana.

¿Estrategias insuficientes?

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y estatal por contener la violencia, los operativos del 23 de octubre evidencian que las estructuras criminales siguen operando con fuerza en Sinaloa. La confirmación de que los detenidos pertenecen a las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa refuerza la hipótesis de que la entidad continúa siendo epicentro de una guerra intestina.

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la causa conocida como Vialidad, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez contra la ejecución del decomiso de más de $684.990.350.139,86.

El fallo, firmado este viernes por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 para llevar adelante la ejecución patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El eje del conflicto giró en torno a la naturaleza y alcance del decomiso ordenado en la sentencia condenatoria, así como a la competencia del tribunal para ejecutarlo. Las defensas de Fernández de Kirchner y Báez sostuvieron que la medida excedía el marco penal y debía tramitarse en el fuero civil, o bien ser absorbida por la unificación de condenas dictada por el Tribunal Oral Federal N°4.

Argumentaron que la ejecución del decomiso implicaba una “acción resarcitoria” impropia del proceso penal y que existía riesgo de duplicidad sancionatoria, en violación del principio de “ne bis in ídem”, que prohíbe castigar dos veces por el mismo hecho.

Los argumentos de la defensa

La defensa de Fernández de Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, planteó que la acusación fiscal buscaba “sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad”.

Además, denunció la existencia de litispendencia, es decir, la tramitación paralela de causas con pretensiones patrimoniales superpuestas, lo que, según su criterio, vulnera la prohibición de doble persecución. La defensa también objetó el marco temporal fijado para el decomiso, que abarca el período 2003-2015, y sostuvo que respecto de Fernández de Kirchner solo debía considerarse desde 2009, fecha en la que fue condenada como autora.

Por su parte, la defensa de Lázaro Báez argumentó que la unificación de condenas dictada por el TOF N°4 absorbía todas las consecuencias jurídicas, incluidas las accesorias como el decomiso, y que cualquier intervención posterior del TOF N°2 resultaba improcedente. Sostuvo que permitir que dos tribunales distintos ejecuten decomisos sobre un mismo patrimonio “genera riesgo de duplicidad sancionatoria y vulnera los principios de legalidad y de coherencia punitiva”.

La opinión del fiscal

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Mario Villar, solicitó el rechazo de los recursos y defendió la competencia del TOF N°2. En su dictamen, subrayó que “el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar los beneficios patrimoniales obtenidos ilícitamente y que no depende de la culpabilidad individual ni del principio de intrascendencia de la pena, sino que busca impedir que el delito resulte rentable”.

El fiscal también descartó la existencia de duplicidad sancionatoria, al afirmar que “los decomisos dispuestos en distintas causas responden a hechos y objetos procesales diferentes, con consecuencias patrimoniales independientes”.

El fallo de la Cámara

El fallo de la Cámara de Casación Penal abordó en profundidad los argumentos de las partes y reafirmó la naturaleza penal del decomiso.

El fallo también abordó el alcance temporal del decomiso, rechazando el planteo de la defensa de Fernández de Kirchner. La Cámara sostuvo que “la medida debía proyectarse sobre el período 2003–2015, que fue el marco temporal dentro del cual se acreditó la maniobra criminal juzgada. Esa delimitación no surge de una apreciación arbitraria, sino de la propia sentencia condenatoria que fijó como objeto procesal un entramado de hechos desarrollados durante ese lapso, en el que se verificó la sustracción de fondos públicos y su posterior canalización en beneficio de los imputados”.

Entre los argumentos del fallo, el juez Hornos señaló que: “el decomiso de tales activos se erige como una herramienta indispensable para recuperar lo sustraído, neutralizar las ventajas económicas obtenidas a partir de estas prácticas, evitar la impunidad y desalentar la reiteración de hechos de similar naturaleza”.

En cuanto a la ejecución práctica del decomiso, el tribunal precisó que la medida “no puede ser entendida de manera indeterminada o expansiva, sino que debe quedar estrictamente condicionada por el análisis cronológico de la fecha de adquisición, incorporación o ingreso de los bienes al patrimonio de los condenados [...] el parámetro temporal adquiere una gravitación decisiva, pues sólo resulta jurídicamente legítimo vincular al decomiso aquellas incorporaciones patrimoniales que se revelen concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal cuya ocurrencia ha sido objeto de juzgamiento en estas actuaciones, esto es, en el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015”.

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal se apoya, además, en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra la corrupción.

De esta forma, el fallo de la Cámara de Casación Penal resolvió ratificar la competencia del TOF N°2 para ejecutar el decomiso, lo que refuerza la política de recuperación de activos en causas de corrupción, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la materia.

En una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades federales lograron importantes golpes contra el crimen organizado en Baja California, Sonora y Tamaulipas, mediante cateos, inspecciones vehiculares y detenciones que dieron como resultado el aseguramiento de armas de fuego y grandes cantidades de droga con un valor estimado en cientos de millones de pesos.

Decomisan casi 300 kilos de goma de opio

En Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Durante la intervención, los agentes aseguraron 295 kilos de goma de opio y cinco kilos de metanfetamina.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada asciende a 12.9 millones de pesos. Aunque no se reportaron detenciones en este operativo, las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución de estos estupefacientes.

Metanfetamina líquida, con valor de más de 280 mdp

Por otro lado, en Sonora, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona durante una inspección de rutina a un tractocamión. En el vehículo encontraron 1,062 litros de metanfetamina líquida, distribuida en 118 garrafones.

Este aseguramiento representa uno de los más significativos en lo que va del año en la región, con un valor estimado de 284.2 millones de pesos en el mercado ilícito.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Decomisan armamento a tres estadounidenses

En el estado de Tamaulipas, autoridades de la Guardia Nacional y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a tres personas de nacionalidad estadounidense, entre ellas un menor de edad, durante una inspección vehicular.

En el automóvil localizaron un arma larga, dos cargadores, 1,163 cartuchos, una mira telescópica, un silenciador, un cañón con guardamano y el propio vehículo en el que se transportaban.

Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad competente por su presunta vinculación con el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

La SSPC hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier actividad sospechosa que contribuya a fortalecer las acciones de seguridad en el país.

Con estos aseguramientos, el gobierno de México busca debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.

Un importante decomiso de cocaína fue realizado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, tras el hallazgo de un camión abandonado con droga oculta en sus tanques de combustible. El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional (GN) y se llevó a cabo en el kilómetro 151 de la carretera federal 57, una de las rutas más transitadas del Bajío mexicano.

El vehículo tipo torton con redilas fue reportado por ciudadanos desde el 24 de septiembre al observar que permanecía estacionado por varios días sin movimiento. Elementos de la Guardia Nacional-División Carreteras, con destacamento en Palmillas, acudieron al sitio y aseguraron el camión, trasladándolo a un corralón federal para su inspección.

Durante la revisión, binomios caninos detectaron sustancias ilícitas en los tanques de combustible. Al desmantelarlos, se encontraron al menos 80 paquetes envueltos en plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína. El cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien ya abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Este decomiso de cocaína en San Juan del Río representa uno de los golpes más relevantes al tráfico de drogas en Querétaro durante 2025. La carretera 57, que conecta la Ciudad de México con San Luis Potosí y Monterrey, ha sido identificada como una vía estratégica para el traslado de estupefacientes por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades no reportaron detenidos, ya que el camión se encontraba sin tripulantes y no fue reclamado por ningún propietario. Sin embargo, se investiga si el cargamento está vinculado a células delictivas que operan en el corredor industrial del Bajío, donde se han detectado rutas de trasiego ilegal de drogas, armas y migrantes..

En el contexto del narco en Querétaro: la detención de “Franco 6” del Cártel del Golfo

Este decomiso se suma a la reciente detención de Felipe Jesús Ceballos Tovar, “Franco 6”, presunto jefe de plaza del Cártel del Golfo en Querétaro. El operativo, realizado el 2 de julio de 2025, incluyó cateos en la colonia La Nueva Unidad y el Fraccionamiento Puerta Real, donde también fue capturado Marcelino Luna Rodríguez, apodado como “El Brócoli”.

Ambos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), y las fiscalías de Querétaro y Guanajuato. Se les acusa de delincuencia organizada, distribución de drogas y homicidios.

“Franco 6” operaba en Santiago de Querétaro, San Miguel de Allende y los límites con Celaya, Guanajuato. Su captura, junto con el decomiso de cocaína en San Juan del Río, evidencia el avance de las autoridades en la desarticulación de redes criminales en el centro del país.

En una acción conjunta realizada sobre la Ruta Nº 24, en la localidad de La Pega, personal de la Policía Rural y de Bromatología interceptó un vehículo que trasladaba 92 kilos de productos cárnicos sin habilitación sanitaria.

La intervención formó parte del Plan Integral Estratégico de Prevención de Abigeatos, uno de los dispositivos centrales para desarticular el comercio ilegal de carne en el departamento de Lavalle.

El operativo refuerza una línea de acción con la que las autoridades buscan frenar prácticas ilícitas que impactan en la economía rural y representan una amenaza directa a la salud de los consumidores.

Según confirmaron voceros de la Municipalidad de Lavalle, la carne, principalmente achuras, iba sin las medidas mínimas de refrigeración ni documentación que garantizara su origen o destino.

Según informó el portal del diario Los Andes, el puesto de control, instalado en La Pega, detuvo la marcha de una camioneta que trasladaba una carga considerable de achuras y otros cortes, sin la menor precaución sanitaria.

El conductor, que circulaba sin habilitación para el transporte de alimentos, tampoco presentó el carnet de manipulación ni ningún tipo de documentación comercial de la carga. Esta omisión, señalaron desde la Municipalidad de Lavalle, constituye una infracción grave a la legislación provincial que regula el movimiento y venta de productos cárnicos.

La intervención de la Brigada de Bromatología resultó determinante para definir el destino de la mercadería. El inspector bromatológico verificó el estado de los productos e inspeccionó el vehículo, certificando que la carne no era apta para el consumo humano. “El mayor riesgo detectado fue la falta de refrigeración, que favorece el desarrollo bacteriano y la posibilidad de intoxicaciones”, indicaron los especialistas en seguridad alimentaria.

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento en el frigorífico La Favorita, ubicado en Eva Perón al 3500, en Merlo, donde la Policía localizó el camión robado junto a noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores. Los arrestados, identificados como F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23), quedaron a disposición de la justicia, acusados de robo agravado de mercadería en tránsito.

La intervención policial que culminó con sus aprehensiones se desarrolló tras una denuncia presentada por dos hombres, quienes reportaron que varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en Villa Centenario, sustrayendo tanto el vehículo como la carga.

A raíz de la denuncia, la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora iniciaron un operativo de urgencia con vigilancia y seguimiento encubierto. La investigación permitió establecer que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en el frigorífico de Merlo, lo que motivó la orden de allanamiento firmada por el Dr. Ricardo Silvestrini, de la UFI N° 11.

Tras el procedimiento, la policía dispuso la restitución del camión y la mercadería a su propietario, labrando las actuaciones pertinentes bajo la instrucción judicial correspondiente.

El reciente despliegue de fuerzas federales en varios estados del norte y centro de México ha resultado en el decomiso de más de 418.000 litros de combustible robado, así como en la desarticulación de centros clandestinos de almacenamiento, en lo que las autoridades han calificado como un golpe sin precedentes contra la red de huachicol. El Gabinete de Seguridad informó que estos operativos, realizados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato, forman parte de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los aseguramientos más significativos destaca el operativo en El Carmen, Nuevo León, donde las autoridades catearon un inmueble y detuvieron a cinco personas.

En ese lugar se localizaron 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico, además de un tractocamión, veinte contenedores, cuatro tanques de almacenamiento y seis bombas centrífugas.

Este decomiso representa uno de los mayores golpes recientes a la infraestructura logística del huachicol en la región.

Operativo en Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato

En Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano realizaron inspecciones aleatorias en la carretera Victoria-Tula, donde detuvieron a un conductor que transportaba 70 mil litros de gasolina en un tractocamión de doble remolque, sin poder acreditar la procedencia legal del combustible. La falta de documentación respaldatoria motivó el aseguramiento inmediato de la carga y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Por su parte, en San Luis Potosí, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron un tractocamión acoplado a un autotanque que trasladaba 55.000 litros de hidrocarburo sin documentación legal. Este operativo refuerza la vigilancia en rutas clave utilizadas por las redes de tráfico ilegal de combustibles.

En Villagrán, Guanajuato, la Fiscalía General de la República, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y el apoyo de la Guardia Nacional, llevó a cabo el cateo de un inmueble donde se aseguraron 30.000 litros de hidrocarburo. Estas acciones buscan contener el impacto económico que el robo de combustible genera para el país, una problemática que ha derivado en pérdidas millonarias para el erario.

El Gabinete de Seguridad detalló que los operativos se desarrollaron entre el 10 y el 12 de octubre de 2025, y forman parte de una ofensiva más amplia para recuperar recursos y fortalecer la trazabilidad de la gasolina en México. En este contexto, la administración de Claudia Sheinbaum ha intensificado los esfuerzos legales para recuperar 16.000 millones de pesos a través de juicios, al tiempo que endurece las medidas de control sobre la cadena de suministro de combustibles.

La magnitud de los decomisos y la coordinación entre distintas instancias federales reflejan la prioridad que el combate al huachicol ha adquirido en la agenda de seguridad nacional, en respuesta a las graves afectaciones económicas y sociales que provoca el robo sistemático de hidrocarburos.

Ocho personas, entre ellas una funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Malinalco y un menor de edad, fueron detenidas en el municipio de Malinalco, Estado de México, por su presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y delitos de alto impacto.

Los operativos, realizados por fuerzas estatales y federales, contaron con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

Las detenciones se efectuaron en tres acciones distintas dentro del municipio. De acuerdo con las versiones oficiales, en un primer operativo en la cabecera municipal, agentes de seguridad observaron a un grupo de personas con actitud sospechosa y procedieron a realizar una inspección.

En ese momento, aseguraron a Edson Jesús “N”, Gabriel “N”, Martín Darío “N”, Misael Saturnino “N”, Francisco Javier “N”, Nancy “N”, Jessica “N” y un menor de edad. A la par, se añade que la captura inicial ocurrió cuando los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban varios de los sospechosos.

Entre los detenidos destaca Nancy “N”, identificada por la FGJEM como servidora pública en el DIF Municipal de Malinalco. En específico, se precisa que Nancy “N” es colaboradora de la alcaldesa Marlén Nieto.

Con credenciales, uniformes militares y hasta identificaciones del Plan DN-III-E entre lo decomisado

Durante las inspecciones, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, un lanzallamas, un chaleco balístico con placa, teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, así como bolsas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana.

También se incautaron dos presuntas identificaciones del Ejército Mexicano a nombre de uno de los detenidos, dos uniformes pixelados tipo militar, camisolas, botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E y un uniforme completo de la extinta Policía Federal.

Tras su detención, los ocho implicados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, de acuerdo con ambas fuentes. Así mismo, las autoridades recordaron que los detenidos deben ser tratados como inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria.

Tres más de presunta célula del CJNG caen en Barrio San Guillermo

En una acción separada, el 6 de octubre en el Barrio San Guillermo, Martín Darío “N” y Misael Saturnino “N” fueron detenidos en posesión de envoltorios pequeños con sustancia granulada cristalina e identificada como cristal. Posteriormente, en la colonia Jalmoloya, Francisco Javier “N” fue arrestado en flagrancia con bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida granulada e igualmente con características propias del cristal.

Las primeras investigaciones de la FGJEM señalan que los detenidos formarían parte de una célula delictiva vinculada al CJNG, presuntamente, relacionada con diversos delitos de alto impacto cometidos en la región.

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo el 9 de octubre de 2025 en el poblado Rafael Pizano, ubicado en el municipio de Quitupan, Jalisco, donde aseguraron vehículos con blindaje artesanal ―conocidos también como coches “monstruo”―, armamento y equipo táctico. Esta región, ubicada en la zona fronteriza entre Jalisco y Michoacán, es considerada estratégica por el constante tráfico de armas, drogas y vehículos modificados utilizados por grupos del crimen organizado.

Durante patrullajes de vigilancia en caminos de terracería, los militares localizaron el siguiente material bélico y táctico:

• Ametralladora de alto calibre
• 17 cargadores para armas largas
• Mil 171 cartuchos útiles
• Dos chalecos tácticos
• Cuatro placas balísticas
• Un casco de protección
• Un vehículo con blindaje artesanal tipo “Monstruo”

En cuanto al procedimiento legal, todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público y, a la par, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de los vehículos y el armamento, así como su posible vínculo con actividades delictivas en la zona.

Cabe destacar que la región Quitupan se encuentra en una franja de alto riesgo por la disputa territorial entre grupos delictivos. En esta zona operan células afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como remanentes de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estos grupos buscan controlar rutas clave para el trasiego de drogas y armas, lo que ha generado enfrentamientos y una creciente militarización.

Guardia Civil toma el control de Buenavista Michoacán tras captura de policías municipales

En paralelo, las autoridades de Michoacán informaron la captura de seis elementos de la Policía Municipal de Buenavista. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, explicó en conferencia de prensa el 8 de octubre que los uniformados “no están en el Sistema del Secretariado, cuentan con armas que no están registradas y que son de uso exclusivo del Ejército”.

Torres Piña también reveló que “a lo largo del año los agentes de policía de Buenavista han sido objeto de agresiones cuando se mueven, específicamente durante la noche y la madrugada”, lo que motivó una coordinación con la FGR para investigar el alcance de la corporación en el municipio.

Desde el lunes 6 de octubre, la policía municipal quedó fuera de funciones. “Son alrededor de 67 elementos los que están dados de alta en este municipio. Guardia Civil tiene unos elementos ahí que son los que están presentando el servicio de atención”, puntualizó el fiscal.

Enfrentamientos recientes en Buenavista: CJNG y violencia armada

El 7 de octubre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”. El saldo fue de tres agresores abatidos por elementos del Ejército y la Guardia Civil, quienes también aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta con reporte de robo.

A mediados de julio, otro enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG dejó dos agresores muertos y la incautación de un vehículo blindado con las siglas del grupo delictivo. Días antes, el 5 de julio, civiles dispararon contra policías municipales en la carretera Buenavista-Tepalcatepec, resultando en un agente herido.

Durante un operativo conjunto en la localidad de Las Lajas ―ubicado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa― elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), lograron el aseguramiento de un importante arsenal.

La acción tuvo lugar en la comunidad de Las Lajas, donde las fuerzas federales y estatales realizaban reconocimientos terrestres como parte de las labores de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva. En el sitio, los elementos localizaron 56 cargadores y un total de más de 10 mil cartuchos de diversos calibres, los cuales estaban ocultos en condiciones que sugerían su uso por parte de grupos armados.

Todo el material bélico fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar su origen y posible vinculación con organizaciones criminales que operan en la región.

Crisis de seguridad y policiales en Sinaloa: van 57 policías fallecidos

La crisis de seguridad en Sinaloa se intensificó tras el asesinato de un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Stanza Cantabria, en Culiacán, ocurrido la tarde del 7 de octubre. Con este hecho, la cifra de policías asesinados en el estado durante 2025 asciende a 57 en medio de una creciente preocupación por la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad.

El ataque se registró mientras los agentes realizaban labores de prevención en la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), un grupo de civiles armados abrió fuego contra los elementos, quienes respondieron a la agresión. Sin embargo, uno de los policías murió en el lugar a causa de las heridas por proyectil de arma.

Así mismo, se destaca que el vehículo utilizado por los agresores fue descrito como una camioneta tipo SUV, pero, hasta el momento, no se han reportado detenidos. La víctima fue identificada como Fernando de Jesús Lagunes García, hijo del Secretario de Seguridad Pública del municipio de Cosalá, según confirmó la SSP en redes sociales y el medio local Riodoce.

Culiacán asegura que hay seguridad y protección a la ciudadanía

Horas antes del ataque, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, había declarado que su administración mantiene una revisión constante de los operativos de seguridad y trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno para proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía:

“Uno de los mayores pendientes ha sido garantizar que nuestros compañeros estén en condiciones de seguridad”, afirmó el edil durante la inauguración de una planta potabilizadora en El Salado.

Gámez Mendívil subrayó que el trabajo policial requiere atención inmediata y acciones coordinadas, dada la naturaleza delicada de sus funciones: “Conforme avanzamos seguimos identificando la problemática, seguimos haciendo ajustes y mejoramos”, dijo. No obstante, el asesinato del agente ocurrió pocas horas después de sus declaraciones.

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha emitido postura pública sobre el incremento de violencia contra policías en la entidad. Mientras tanto, las autoridades continúan con los operativos de búsqueda de los responsables del ataque, en medio de una creciente exigencia por fortalecer la seguridad en Sinaloa.

Casi un centenar de envoltorios con metanfetamina fueron incautados en el fraccionamiento Portal del Roble de Ciudad Juárez, tras la detención de tres personas durante un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estad o (FGE), la intervención, realizada el martes 7 de octubre, permitió a las autoridades localizar y asegurar 97 dosis de una sustancia blanca y granulada con las características propias de la metanfetamina, distribuidas en tres bolsas de plástico transparente.

“Como resultado del trabajo conjunto y coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a dos mujeres y un hombre, por delitos contra la salud”, afirmó la FGE.

Fiscalía refuerza combate al narcomenudeo

Durante labores de patrullaje en la zona, los agentes identificaron a Yuliana D. G., Marisol H. N. y Daniel G. M., de 30, 42 y 53 años respectivamente. Al proceder con la revisión, hallaron en poder de los detenidos una primera bolsa con 50 envoltorios y un peso total de 30 gramos, una segunda con 27 envoltorios que sumaban 22 gramos, y una tercera con 20 envoltorios que contenían 18 gramos de la misma sustancia.

Tanto los individuos como la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y dar continuidad al proceso legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado destacó que este tipo de acciones forman parte de su estrategia para combatir el narcomenudeo y fortalecer la procuración de justicia en delitos que impactan negativamente en la sociedad.

Además, recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

Hallan arsenal con más de 10 mil cartuchos en Sinaloa

El hallazgo de más de 10.000 cartuchos y 56 cargadores de distintos calibres en la comunidad de Las Lajas, municipio de San Ignacio, Sinaloa, ha puesto de relieve la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa la región.

El arsenal, oculto en condiciones que apuntan a su posible uso por parte de grupos armados, fue localizado durante un operativo conjunto en el que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE).

La operación se desarrolló en el marco de labores de vigilancia y reconocimientos terrestres en zonas identificadas por su alta incidencia delictiva. Tras el aseguramiento, todo el material bélico fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que ha iniciado las investigaciones para determinar tanto el origen de las armas como su posible vínculo con organizaciones criminales que operan en la región.

Mientras las autoridades federales y estatales intensifican los operativos, la violencia contra los cuerpos de seguridad en Sinaloa continúa en aumento. El asesinato de un agente de la Policía Estatal Preventiva en el sector Stanza Cantabria, en Culiacán, ocurrido la tarde del 7 de octubre, elevó a 57 el número de policías asesinados en el estado durante 2025.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), el ataque se produjo mientras los policías realizaban labores de prevención en la zona. Un grupo de civiles armados abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, pero uno de ellos falleció en el lugar a causa de las heridas por proyectil de arma. El vehículo utilizado por los agresores fue identificado como una camioneta tipo SUV, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

La víctima fue identificada como Fernando de Jesús Lagunes García, hijo del Secretario de Seguridad Pública del municipio de Cosalá, información confirmada por la SSP a través de redes sociales y por el medio Riodoce.

Este asesinato se produjo pocas horas después de que el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, declarara que su administración mantiene una revisión constante de los operativos de seguridad y trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno para proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía.

El edil también destacó la necesidad de atención inmediata y acciones coordinadas en el trabajo policial, dada la naturaleza delicada de sus funciones.

“Conforme avanzamos seguimos identificando la problemática, seguimos haciendo ajustes y mejoramos”, expresó Gámez Mendívil, aunque el asesinato del agente se produjo pocas horas después de sus declaraciones.

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha emitido una postura pública sobre el incremento de la violencia contra policías en la entidad. Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda de los responsables del ataque, en un contexto de creciente exigencia social para fortalecer la seguridad en Sinaloa.

Un campamento clandestino ―presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras― fue localizado y destruido por fuerzas federales en el municipio de Cotija, Michoacán. En el sitio, los militares aseguraron un arsenal y más de 90 artefactos explosivos listos para ser detonados.

El hallazgo se registró en la comunidad de Plan del Cerro, donde elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano fueron atacados durante un operativo de patrullaje. Tras repeler la agresión y dispersar a los atacantes, los efectivos localizaron el campamento oculto entre la vegetación.

En el lugar se aseguraron los siguientes objetos por parte de fuerzas federales:

• Un fusil de asalto
• 94 artefactos explosivos improvisados
• 5 mil 362 cartuchos útiles
• 17 cargadores para arma larga
• 10 bultos de nitrato de amonio con un peso aproximado de 250 kilos ( material utilizado para fabricar explosivos)

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y el campamento fue incinerado.

La violencia y los enfrentamientos armados se extienden en todo Michoacán: SSP estatal

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los operativos se extendieron hacia otros municipios del Valle de Apatzingán, donde la violencia se ha recrudecido por la disputa territorial entre ambas organizaciones. En la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, tres civiles armados murieron tras enfrentarse con fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano. En esa acción se aseguraron dos armas de fuego, 241 cartuchos, ocho cargadores y una camioneta con reporte de robo.

Fuentes consultadas por Infobae México vinculan a los agresores abatidos con el bloque del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), alianza formada por el CJNG y Los Viagras para enfrentar a células rivales en municipios como Buenavista y Tepalcatepec. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente esas identidades.

La detención de “El Fabuloso” con fusil de asalto y municiones

En paralelo, el 1 de octubre fue capturado Ramiro M. E., “El Fabuloso”, durante un operativo conjunto en la comunidad de Cenobio Moreno, Apatzingán. El presunto delincuente fue detenido en posesión de un fusil AR-15 calibre .223 y 14 cartuchos útiles.

Tanto él como el armamento quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con versiones preliminares, “El Fabuloso” operaba bajo las órdenes del CJNG en la zona conocida Tierra Caliente.

Su captura se suma a una serie de golpes recientes contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Días antes, el 30 de septiembre, en Uruapan, fue asesinado “El Gárgola”, presunto miembro del “Cártel de las Cuatro Letras”, en un enfrentamiento que dejó también dos policías heridos.

En tanto, el 27 de agosto fue detenido René Belmontes, conocido como “El Rhino” o “El Chamuco”, señalado como jefe de plaza del CJNG, hecho que provocó movilizaciones armadas para intentar rescatarlo.

Las acciones forman parte de la Fuerza Tarea Michoacán, desplegada por la Estrategia Nacional de Seguridad para contener la violencia en la región. Autoridades estatales y federales mantienen patrullajes constantes ante el uso recurrente de explosivos improvisados y la reactivación de células del CJNG en municipios clave de la Tierra Caliente

Autoridades federales localizaron y aseguraron un predio clandestino presuntamente utilizado para el almacenamiento y distribución de combustible robado, conocido como “huachicol”, en el municipio de El Marqués, Querétaro.

El operativo tuvo lugar en un predio bardeado que funcionaba como pensión y taller para vehículos de carga, ubicado a un costado de la carretera federal 57 México–Querétaro, en las inmediaciones de la localidad de El Colorado.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del inmueble fueron encontrados un número indeterminado de contenedores, garrafones y tinacos de plástico que contenían aparente hidrocarburo.

Aunque las autoridades no han detallado el tipo de combustible ni el volumen asegurado, fuentes extraoficiales señalan que en el lugar también fueron decomisados dos tractocamiones y una cisterna que presuntamente eran utilizados para el traslado del material ilícito.

No hay detenidos por estos hechos

El sitio fue acordonado mientras personal especializado realizaba las maniobras para el manejo seguro del combustible, con el fin de evitar riesgos para la población y los elementos participantes en el operativo. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas durante la intervención.

La carretera federal 57 es considerada uno de los principales corredores logísticos del país y, al mismo tiempo, una de las rutas con mayor incidencia en el traslado ilegal de hidrocarburos.

Tan solo en los últimos años, Querétaro ha sido identificado como paso estratégico para bandas dedicadas al robo de combustible proveniente de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en estados vecinos como Hidalgo y Guanajuato.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan un comunicado oficial con más detalles sobre el aseguramiento, el destino del hidrocarburo decomisado y las posibles líneas de investigación para determinar si el predio operaba como centro de distribución o únicamente como almacén temporal.

Este aseguramiento se suma a una serie de acciones recientes implementadas por fuerzas federales para combatir el llamado “huachicoleo”, delito que continúa representando un riesgo para la seguridad energética y ciudadana del país. Mientras tanto, los habitantes de El Marqués permanecen expectantes ante estos hechos y a la espera de mayores resultados en la lucha contra este ilícito.

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un planteo para que el decomiso de bienes ordenado en la causa “Vialidad” deje de tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y sea derivado al fuero civil y comercial. La solicitud fue admitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), que admitió el recurso y giró la cuestión a la Cámara Federal de Casación Penal.

El pedido para evaluar la competencia, impulsado por el abogado Carlos Beraldi, implica que la ejecución patrimonial de la condena –que alcanza los 685.000 millones de pesos (unos 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial)– quede en suspenso mientras el máximo tribunal penal del país define en qué ámbito deberá tramitarse la sanción económica. Será una nueva intervención para la Sala IV de la Casación Federal, que hace dos semanas confirmó que Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en “Vialidad” debían afrontar un “pago solidario” en concepto de decomiso, entendido como una pena accesoria a la condena de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

La cifra a pagar había sido inicialmente fijada por el TOF 2 en diciembre de 2022 en 84.835 millones de pesos, pero fue actualizada con peritajes oficiales aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que llevó la cuenta a un total de 684.990.350.139,86 pesos. La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025, con lo cual se abrió la etapa de ejecución patrimonial.

Sin embargo, las distintas defensas impugnaron la metodología aplicada por el tribunal de juicio para calcular la suma a entregar por los daños provocados a la Administración Pública. En ese marco, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, consideró que la sanción ya había sido determinada de manera concreta y definitiva en la sentencia condenatoria y que la actualización por inflación era un paso técnico “para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria”.

Tras esa decisión, el TOF 2 –compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– dictó una serie de resoluciones orientadas a poner en práctica el decomiso. Así, a mediados de septiembre emitió un fallo donde señaló que sólo podían ejecutarse aquellas incorporaciones patrimoniales “concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal objeto de este proceso, que abarca el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían reclamado la ejecución inmediata sobre un listado de más de 140 bienes, entre ellos propiedades de Fernández de Kirchner en Santa Cruz –muchas de ellas cedidas a sus hijos Máximo y Florencia como adelanto de herencia–, además de inmuebles del empresario Lázaro Báez y de exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas como José López.

A pesar del pedido de los acusadores, el tribunal oral dispuso que antes de avanzar con el procedimiento debían escucharse a las defensas y a eventuales terceros interesados, a fin de resguardar el derecho de propiedad y evitar futuras nulidades en el expediente. Además, ordenó requerir información complementaria a los organismos registrales respecto a los inmuebles señalados por la Fiscalía como “decomisables” para contar con datos precisos que permitan avanzar en la ejecución.

De esa manera, los jueces del TOF 2 corrieron vista a las defensas de CFK y de otros seis condenados –entre ellos Báez y López–, y extendió la notificación a Máximo y Florencia Kirchner, para que también pudieran opinar sobre el decomiso de los bienes transferidos por su madre en 2016.

En ese escenario, Carlos Alberto Beraldi interpuso un recurso para que la concreción de la condena patrimonial no se tramite más en el fuero penal de los tribunales federales de Comodoro Py al 2002, ubicados en el barrio porteño de Retiro. Su intención es llevar adelante ese procedimiento en el ámbito civil y comercial. Ahora deberá definir, una vez más, la Cámara Federal de Casación.

Elementos del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, conformado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE), aseguraron en el municipio de Concordia un vehículo todoterreno de fabricación artesanal que contenía cargadores, cartuchos y equipo táctico en su interior.

El hallazgo ocurrió durante reconocimientos terrestres motorizados y a pie sobre la carretera libre Mazatlán–Durango. Los militares detectaron la unidad abandonada a un costado de la vía y, al inspeccionarla, confirmaron que se trataba de un vehículo modificado para resistir condiciones extremas, el cual es utilizado comúnmente por grupos delictivos en zonas serranas.

El vehículo, descrito como un “monstruo” artesanal por sus características, presentaba blindaje improvisado y adaptaciones para transitar en caminos de difícil acceso. Este tipo de unidades han sido utilizadas en enfrentamientos por células del crimen organizado, ya que permiten transportar armamento y personal en terrenos montañosos.

En su interior se localizaron los siguientes objetos:

• Tres cargadores
• 580 cartuchos útiles
• Cuatro placas balísticas
• Un casco táctico
• Diverso equipo táctico

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien ya abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del material y su posible relación con grupos criminales que operan en la zona sur de Sinaloa.

Las tareas recientes: operativos federales en regiones clave Tepuche

El decomiso en Concordia no es un hecho aislado. Forma parte de la estrategia “Todos por Sinaloa”, que ha intensificado los patrullajes en zonas rurales y carreteras estratégicas del estado.

En la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, fuerzas federales aseguraron recientemente un arsenal de armas largas, municiones y chalecos tácticos en el poblado La Pitahayita. Durante el operativo, civiles armados huyeron al detectar la presencia militar, dejando abandonado el material bélico.

En otro punto de la misma sindicatura, en el poblado Tecolotes, se realizó un segundo aseguramiento de armas y equipo táctico. Estos hallazgos confirmaron la presencia activa de grupos armados en comunidades rurales de Culiacán.

Decomiso histórico en Mazatlán: droga ligada a Los Chapitos es interceptada en altamar

A la par de estos operativos, en el puerto de Mazatlán se registró un decomiso considerado histórico. Autoridades federales aseguraron una tonelada y media de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión dentro de la Terminal de Transbordadores.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR. Durante la inspección, con apoyo de rayos X y binomios caninos, se detectó un compartimento oculto que contenía 494 paquetes y seis bolsas con droga, con un peso total aproximado de 1.5 toneladas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el cargamento estaría vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y representaba una pérdida económica superior a 426 millones de pesos para la estructura criminal.

La incautación de 60 mil litros de combustible robado en una bodega adyacente a una gasolinera Chevron en la carretera libre Tijuana-Tecate ha puesto de relieve la sofisticación y el sigilo con que operan las redes de robo de hidrocarburos en la región.

El operativo, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), permitió descubrir una toma clandestina conectada directamente al ducto que abastece de hidrocarburos a Tijuana.

Actualmente, la propiedad cuenta con una barda de bloque de aproximadamente dos metros y medio de altura y una puerta corrediza, lo que dificultaba la visibilidad desde el exterior y facilitaba las actividades ilícitas.

Bodega a lado de gasolinera Chevron

El predio intervenido se localiza junto a la estación de servicio Chevron, número 9250, en la colonia Ojo de Agua. Hace al menos dos años, el lugar funcionaba como almacén de contenedores para tráileres y estaba delimitado únicamente por una malla ciclónica.

La infraestructura del sitio fue modificada para ocultar las operaciones ilegales. Se construyó una fachada con techo y un tendedero cubierto por una lona negra de varios metros de altura, diseñada específicamente para permitir la extracción de combustible de manera discreta.

Esta adaptación permitió que la bodega funcionara como centro de acopio de huachicol sin levantar sospechas en una zona de alto tránsito.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó sobre el decomiso como parte de los resultados presentados en la Mesa de Seguridad.

En Ensenada se decomisan 30 mil litros de diésel

A través de sus cuentas en redes sociales, detalló: “En Tijuana se aseguraron 60 mil litros de hidrocarburo en dos pipas y una toma clandestina mediante un operativo entre los tres órdenes de gobierno”.

Por igual, informó que en Ensenada, la Guardia Nacional detuvo a una persona con 30 mil litros de diésel sin documentación legal.

Durante la tarde, unidades cisterna y personal especializado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acudieron al predio, que permanecía bajo resguardo de la Guardia Nacional, para trasladar los 60 mil litros de combustible asegurados.

Además, técnicos de PEMEX procedieron a la inhabilitación de la toma clandestina, que extraía de manera ilegal el hidrocarburo del ducto principal que abastece a la ciudad.

A pesar de la magnitud del hallazgo, no se reportaron personas detenidas en el operativo. El inmueble quedó asegurado por la FGR y forma parte de una investigación en curso por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.

Durante un operativo federal de seguridad en carreteras, autoridades detuvieron a dos personas que transportaban cerca de 50 kilos de droga en un autobús de pasajeros en Sonora. La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2: tramo Santa Ana – Altar, donde agentes detectaron modificaciones en la estructura del vehículo. Tras una inspección minuciosa, localizaron un compartimento oculto con 50 paquetes de droga.

Del total, 17 paquetes contenían una sustancia con características de heroína y con un peso aproximado de 16 kilos. Los otros 33 paquetes contenían una mezcla de heroína y fentanilo con un peso cercano a los 32 kilos.

Pese a la información oficial difundida por la secretaria de seguridad federal, el secretario Omar García Harfuch destacó que, según sus cifras publicadas en redes sociales, se destaca que fueron “50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo”.

Los dos conductores fueron detenidos en el lugar, se les informaron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público. El operativo forma parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en rutas federales del norte del país.

Incautan fusiles AK-47 y chalecos tácticos en Culiacán, Sinaloa

En acciones paralelas, cuatro hombres armados fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras una denuncia ciudadana al número 089 que alertó sobre su presencia en el fraccionamiento Los Ángeles. El operativo fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES). Esto en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, los individuos se encontraban a bordo de un vehículo estacionado frente a un domicilio. Al llegar al lugar, los agentes localizaron la unidad señalada. El conductor intentó huir, pero fue interceptado junto con tres acompañantes. Todos portaban armas largas y equipo táctico.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un importante lote de armamento y accesorios tácticos, entre ellos:

• Dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 (milímetros) mm
• Una carabina Colt M16 calibre 5.56x45 mm
• Una carabina adicional calibre 5.56x45 mm
• Seis cargadores para fusil AK-47
• Cinco cargadores para fusiles calibre 5.56x45 mm
• 180 cartuchos calibre 7.62x39 mm
• 100 cartuchos calibre 5.56x45 mm
• Cuatro chalecos tácticos
• Ocho placas balísticas

Los detenidos y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes para determinar su posible vínculo con actividades delictivas en la región.

Las drogas en altamar: decomisan metanfetamina de Los Chapitos en el puerto de Mazatlán

Este operativo se suma a otras acciones recientes en Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Apenas días antes, en el puerto de Mazatlán, fuerzas federales lograron el aseguramiento de más de una tonelada y media de metanfetamina oculta en el doble fondo de un tractocamión. El cargamento, presuntamente vinculado a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, fue detectado durante una inspección rutinaria en la Terminal de Transbordadores.

La operación en Mazatlán fue encabezada por efectivos de la Marina Armada de México con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR. Equipos de rayos X y binomios caninos detectaron irregularidades en el vehículo, lo que permitió descubrir 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una pérdida económica superior a los 426 millones de pesos para la estructura criminal.

Un importante arsenal fue asegurado por fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, como parte de los trabajos de reconocimiento terrestre realizados por el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Hallazgo en La Pitahayita: cartuchos, cascos y chalecos tácticos

Durante un patrullaje en las inmediaciones del poblado La Pitahayita, los elementos observaron a varios civiles que, al notar la presencia militar, huyeron entre la maleza. Al inspeccionar el área, se localizó el siguiente material bélico:

• Cuatro armas largas
• 31 cargadores
• Seis cofres metálicos para cinta eslabonada
• Dos cintas eslabonadas para ametralladora
• 6 mil 145 cartuchos útiles
• Ocho contenedores para chaleco táctico
• 23 placas balísticas
• Cuatro cascos balísticos

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del arsenal y su posible vínculo con grupos delictivos que operan en la zona.

Segundo decomiso en Tecolotes

En otro punto de la misma sindicatura, específicamente en el poblado Tecolotes, los elementos militares realizaron un segundo aseguramiento durante recorridos de vigilancia. En este sitio se incautaron:

• Tres armas largas
• Cinco cargadores
• 122 cartuchos útiles

Este doble decomiso ha reforzado la presencia de grupos armados en zonas rurales de Culiacán y evidencia la necesidad de mantener operativos constantes en áreas estratégicas del estado.

Golpes y decomisos recientes en Culiacán: de Los Chapitos a la denuncia anónima en el 089

El decomiso en Tepuche se suma a una serie de acciones recientes en Sinaloa. Apenas días antes, en el fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán, cuatro hombres armados fueron detenidos tras una denuncia ciudadana al número 089. Los sujetos se encontraban a bordo de un vehículo estacionado frente a un domicilio y, al intentar huir, fueron interceptados por fuerzas federales.

Durante la intervención, se aseguraron fusiles AK-47, cartuchos de alto calibre, chalecos tácticos y placas balísticas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que investiga su posible relación con actividades delictivas.

Además, en el puerto de Mazatlán, se logró el aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión. El cargamento, presuntamente vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue detectado mediante rayos X y binomios caninos en la Terminal de Transbordadores.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una pérdida económica superior a 426 millones de pesos para la estructura criminal.

Cuatro hombres armados fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras una denuncia ciudadana al número 089 que alertó sobre su presencia en el fraccionamiento Los Ángeles. El operativo fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía estatal.

De acuerdo con el reporte, los individuos se encontraban a bordo de un vehículo estacionado frente a un domicilio. Al llegar al lugar, los agentes localizaron la unidad señalada. El conductor intentó huir, pero fue interceptado junto con tres acompañantes. Todos portaban armas largas y equipo táctico.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un importante lote de armamento y accesorios tácticos:

• Armas largas:
• • Dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 (milímetros) mm
  • Una carabina Colt M16 calibre 5.56x45 mm
  • Una carabina calibre 5.56x45 mm
• Cargadores:
• • Seis cargadores para fusil AK-47
  • Cinco cargadores para fusiles calibre 5.56x45 mm
• Cartuchos:
• • 180 cartuchos calibre 7.62x39 mm
  • 100 cartuchos calibre 5.56x45 mm
• Equipo táctico:
• • Cuatro chalecos tácticos
  • Ocho placas balísticas

Los detenidos y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes para determinar su posible vínculo con actividades delictivas.

Aseguran más de una tonelada y media de metanfetamina ligada a Los Chapitos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa

Apenas días antes, en el puerto de Mazatlán, fuerzas federales lograron el aseguramiento de una tonelada y media de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión. El cargamento, presuntamente vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue detectado durante una inspección rutinaria en la Terminal de Transbordadores.

La operación en Mazatlán fue encabezada por efectivos de la Marina Armada de México con apoyo del ejército, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR. Tras esto, equipos de rayos X y binomios caninos detectaron irregularidades en el vehículo, lo que permitió descubrir 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una pérdida económica superior a los 426 millones de pesos para la estructura criminal.

Ambos operativos reflejan la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir el narcotráfico y desarticular redes delictivas. Ante ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de forma coordinada para impedir que armas y sustancias ilícitas lleguen a las calles.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, junto con los demás condenados en la causa “Vialidad”, el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso y como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron tanto el monto a decomisar como la metodología de actualización empleada, dos puntos que los defensores de la exmandataria habían impugnado.

El decomiso total fijado originalmente por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- fue de 84.835.227.378,04 pesos. Esa sanción, junto con las distintas condenas a prisión, resultó confirmada el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara de Casación Penal y luego ratificada, en junio pasado, por la Corte Suprema.

Al actualizar los valores del monto a decomisar en favor de la Administración Pública, los peritos oficiales del Máximo Tribunal aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y elevaron la cifra del TOF a casi 685.000 millones.

El 15 de julio, el TOF 2 dictó una providencia donde dispuso “proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de (...) -$684.990.350.139,86-, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez hábiles a partir de la notificación del presente. Ello, de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

Contra ese pasaje de la resolución, los abogados de Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel, presentaron un recurso de casación por considerar que se habían vulnerado derechos de defensa y que existió un trato desigual respecto de otros casos. A su vez, criticaron la elección del IPC como índice de actualización y calificaron la resolución como “arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia”.

Según plantearon los letrados, el tribunal convirtió lo que había sido una "estimación provisoria" en un cálculo definitivo que no pudo ser “controvertido por las partes”, lo que, a su criterio, constituyó “una severa lesión al derecho de defensa en juicio”. También citaron doctrina de la Corte Suprema para sostener que debían ser descalificadas aquellas sentencias que omitían pronunciarse sobre cuestiones propuestas o que lo hacían con afirmaciones genéricas sin fundamentación.

Al recurso de casación interpuesto por los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se adhirieron después las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda.

Así, radicadas las actuaciones en la máxima instancia penal federal, el fiscal general Mario Villar, en dictamen previo, pidió ratificar el decomiso. En su escrito reseñó que la sanción se trataba de una pena accesoria vinculada al delito de fraude a la administración originado, en rigor, en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas.

Según expresó Villar, “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”, y recordó que el decomiso, su monto y la metodología fueron debatidos en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, por lo que la cuestión está “firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”.

Sobre la crítica al uso del IPC, el fiscal de Casación remarcó que el tribunal “fundamentó adecuadamente su decisión en los informes periciales” y que ese índice fue una de las metodologías sugeridas por la propia perito del Ministerio Público Fiscal. “El razonamiento del tribunal no demuestra defectos lógicos y presenta una sólida argumentación, que respalda sus conclusiones”, indicó. Incluso puntualizó que ninguno de los peritos de parte impugnó de manera concreta la metodología elegida.

En contraste, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, había señalado que el cálculo debía ubicarse en torno a los 42.494 millones de pesos, apenas un 6% del monto fijado por los contadores de la Corte.

Al momento de expresar su voto y liderar el acuerdo de la Sala, el camarista Gustavo Hornos desestimó el agravio de la ex presidenta respecto a la supuesta estimación “provisoria” de la suma a decomisar a los condenados, ya que “la cuestión fue tratada fundadamente tanto en la sentencia condenatoria como al ser revisada en esta instancia, donde se explicó con precisión que el monto fijado en concepto de decomiso constituía una determinación concreta y definitiva de los efectos del delito”.

“La referencia a su ulterior actualización -continuó el juez- se vinculó únicamente a la necesidad de resguardar el valor real del monto dinerario frente al transcurso del tiempo y las variables económicas, y no a la apertura de un nuevo debate sobre la procedencia ni el alcance de la medida”.

Hornos consideró que en el marco del expediente se había detallado el procedimiento utilizado para calcular el monto en disputa, y remarcó que “se habían tomado como base la totalidad de la colusión en los procesos licitatorios y los sobreprecios verificados -como hipótesis de mínima en tres expedientes-”. En consecuencia, ponderó, al total se había llegado gracias a los “informes periciales, documentación administrativa y otros elementos de prueba incorporados al debate”.

Explicó además que el decomiso configuraba una pena accesoria a la principal que “constituye un efecto de la sentencia condenatoria” y que “se encuentra dirigido a reparar el equilibrio quebrado y a restituir a la comunidad lo indebidamente detraído”.

Para el juez de Casación, la cuestión vinculada al monto a decomisar y a su actualización por inflación “también ya fue objeto de un análisis exhaustivo por este tribunal”, y, de ese modo, “no puede sostenerse que los pronunciamientos recurridos hayan introducido una novedad o alterado la decisión ya firme sobre el ‘quantum’ del decomiso’”.

“Cabe destacar que la resolución recurrida se dictó en el marco de la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria, una vez adquirida su firmeza por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025. En tal carácter, la intervención del tribunal oral se encuentra prevista en los arts. 490 y 491 del CPPN, que expresamente regulan la ejecución de las sentencias firmes -en este caso el aspecto patrimonial de la sentencia- y facultan al órgano a cargo de la ejecución a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la condena. Desconocer ello equivaldría a ignorar que, una vez firme la condena, el debate sobre la procedencia y extensión del decomiso queda clausurado, y solo resta su ejecución conforme a la normativa procesal aplicable”, aclaró el líder del acuerdo.

Además, precisó: “La defensa sostiene que la actualización del decomiso constituiría una nueva determinación del monto de la sanción y, por ende, integraría la sentencia definitiva. Sin embargo, tal premisa es errónea en tanto el ‘quantum’ ya fue fijado en la sentencia firme, y lo que se ordenó en esta oportunidad fue únicamente su adecuación al contexto económico mediante índices técnicos. Se trata, entonces, de la ejecución de un pronunciamiento firme”.

En otro orden de temas, el magistrado afirmó que tampoco podría avanzar el cuestionamiento introducido por los abogados de la ex presidenta contra la resolución que dispuso la actualización del monto del decomiso, a los que consideró arbitraria. En ese marco, dijo: “Al contrario de lo que se alega, el auto impugnado contiene una motivación suficiente y clara respecto de la metodología adoptada, de modo que no se verifica el vicio de nulidad que se postula”.

“En efecto -añadió el juez antes de resaltar la ”solidez técnica" del dictamen de la perito interviniente-, el tribunal explicó que siguió la metodología de reexpresión monetaria sugerida por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello no fue realizado de manera automática, sino porque concurrían múltiples razones que avalaban esa elección".

A su término, el juez Mariano Borinsky adhirió a la postura de Hornos y rechazó los agravios de las defensas. Bajo esos términos, señaló: “En cuanto a la actualización monetaria del decomiso llevada a cabo por el tribunal de ejecución, se aprecia que los cuestionamientos invocados por los recurrentes no logran rebatir el razonamiento seguido para sustentar dicho temperamento”.

Luego destacó: “El parámetro económico seguido por el a quo, en las particulares circunstancias del caso, no luce arbitrario, en tanto constituye la vía idónea para mantener el valor del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria. De la lectura del decisorio impugnado se advierte que allí se les otorgó debida intervención a las partes, previamente a resolver la actualización del monto debido y, en ese escenario, pudieron presentar peritos de parte para sustentar su visión, de modo que no se aprecia un apartamiento palmario del derecho aplicable conforme las constancias de la causa.

Y señaló: “Conforme lo explicitó en su decisión, el a quo escogió el mecanismo de actualización propuesto por la perito contadora oficial perteneciente al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual también fue considerado como un método plausible por las profesionales que participaron de la junta pericial en representación del Ministerio Público Fiscal. El tribunal a quo empleó la misma técnica de actualización que había utilizado al momento de determinar provisoriamente el monto del decomiso en la sentencia condenatoria, es decir, índices de precios al consumidor (IPC)“.

De acuerdo al camarista Borinsky, “la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no brindó en su recurso de casación razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en la instancia previa, ni aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el tribunal a cargo de la ejecución de la pena, resulte una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva. De la lectura de la resolución recurrida tampoco se advierte un déficit de fundamentación que conlleve su descalificación como acto jurisdiccional válido".

Por último, el juez Diego Barroetaveña advirtió: “Los antecedentes de la causa (...) ponen en evidencia el amplio marco de discusión y el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las partes para abordar y atacar todos los aspectos vinculados al decomiso ordenado, inclusive en esta etapa ya que, en forma previa al decreto del 15 de julio pasado tuvieron intervención los peritos de parte que dictaminaron sobre el asunto, lo que nos exime de mayores fundamentos para indicar que no se vio vulnerado derecho constitucional alguno, y si la parte recurrente omitió ejercer alguna defensa debido a un error en su estrategia o por otras razones, corresponde se haga cargo de asumir las consecuencias de su actividad pero no es posible convalidar una tergiversación de los términos de la sentencia que, reiteramos, ya se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada y resulta inmutable".

Y concluyó: “Va de suyo que la provisoriedad de la actualización a la que alude la parte recurrente era una obviedad, como lo marcamos en oportunidad de fallar con anterioridad, dado que el importe nominal en pesos del decomiso revaluado al momento de dictar la sentencia debía volver a ponerse al día, a fin de mantener actualizado su valor una vez que adquiriera firmeza la sentencia. Esa circunstancia incluso fue señalada por el tribunal de la anterior instancia y por nuestra parte, por lo que resulta cuanto menos sorprendente el tardío reclamo de los recurrentes, quienes intentan otorgarle a la actualización un alcance del que carece”.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, aseguraron aproximadamente 1.6 toneladas de cocaína en una operación realizada en el mar al suroeste de Acapulco, Guerrero.

La acción forma parte de las estrategias para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles mexicanas y fue ejecutada en mar abierto, donde participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con la información oficial, el personal desplegado efectuó recorridos de vigilancia marítima y aérea por rutas identificadas de presunto tráfico ilícito. Durante el operativo, los elementos detectaron embarcaciones sospechosas y localizaron 54 bultos tipo costalillas en plena navegación.

Tras su inspección, estos contenían mil 600 paquetes confeccionados con un peso total cercanos los kilos de cocaína incautados por fuerzas navales. Así mismo, la carga decomisada fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Según cifras de la propia institución naval, con este decomiso, durante la actual administración el total de droga asegurada en el mar supera las 48 toneladas.

Además, estiman que se evitó que unas 3 mil 200 millones de dosis llegaran al consumo local, lo que representa, de acuerdo con sus cálculos, una afectación económica para los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.

La serie de operativos recientes en el Pacífico mexicano

En acciones definidas por la cooperación entre la Semar, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, también se aseguró una embarcación menor con 601 kilos de cocaína y la detención de cuatro tripulantes en aguas de Guerrero. Los arrestados fueron informados de sus derechos y presentados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Este decomiso del 25 de agosto pasado se suma a uno previo; es decir cuando las autoridades reportaron la incautación de 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero, dentro de las tareas coordinadas con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conjunto, estos operativos evitaron la entrada de 1,2 millones de dosis a las calles, con un impacto económico calculado en casi 140 millones de pesos para las estructuras criminales.

El dominio de los cárteles en el mar: la droga va desde el Golfo de México a puertos del noroeste

El tráfico marítimo de drogas en México se caracteriza por la participación activa del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Estas organizaciones emplean rutas desde puertos clave, como Mazatlán, Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas.

Esto anterior al utilizar embarcaciones estratégicas y recursos tecnológicos para el envío de cargamentos hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales, según estudios del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE).

Así pues, las operaciones federales buscan frenar la influencia de estos grupos en aguas nacionales e internacionales, así como impedir que grandes cantidades de estupefacientes lleguen a consumidores nacionales y extranjeros.

Una operación reciente de la Policía Metropolitana de Cartagena sumó un nuevo capítulo en la lucha contra el microtráfico dentro de la ciudad, con la captura de tres individuos que, según el informe oficial, conformaban un expendio de drogas que operaba en las inmediaciones del emblemático muelle de Los Pegasos, un área de alta concurrencia turística situada en el Centro Histórico.

Como resultado del despliegue policial, las autoridades lograron la detención de alias Paola, de 43 años y oriunda de Bogotá, junto a “el Nelson”, de 25 años, y “el Brayan”, de 26.

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A estos presuntos integrantes de una red local de tráfico de estupefacientes se les señala de comercializar tanto cocaína como marihuana en zonas frecuentadas por turistas y residentes. En el procedimiento, los agentes incautaron 30 dosis de cocaína y 80 cigarrillos de marihuana, sustancias que, de acuerdo a la investigación, se ofrecían abiertamente en el entorno del muelle.

Rentas millonarias por la venta de droga

Las pesquisas realizadas por los investigadores apuntan a que el grupo desarticulado mantenía un flujo mensual que superaba las 5.000 dosis de drogas ilícitas distribuidas en la ciudad, lo que equivalía a rentas para la organización calculadas en más de 100 millones de pesos.

Este hallazgo refuerza las preocupaciones respecto al impacto económico que representa el microtráfico en las finanzas criminales locales. Durante la verificación, se estableció que “Paola” tenía antecedentes judiciales, dos anotaciones previas por tráfico de estupefacientes (en 2017 y 2018), además de otra relacionada con daño en bien ajeno en el año 2016.

El operativo, que puso fin a las actividades de este expendio flotante, fue destacado por el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. El oficial enfatizó en medio de declaraciones a los medios de comunicación la trascendencia del resultado, señalando que “estas acciones permiten erradicar puntos de expendio y afectar de manera directa las rentas criminales de estas organizaciones”. Peña Araque también resaltó la relevancia de la colaboración ciudadana, explicando que la información proporcionada por los habitantes resultó determinante para localizar y capturar a los sospechosos en el área del muelle de tablas.

Cifras de drogas incautadas

Luego de la captura, tanto los presuntos responsables como las sustancias y elementos confiscados quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de definir el destino judicial de los implicados en las próximas horas. Este hecho se suma a una tendencia que, durante el año en curso, muestra la intensificación de las acciones policiales en Cartagena. Según cifras oficiales, la Policía realizó la detención de más de 2.082 personas vinculadas al tráfico de drogas desde que inició 2023 y se han incautado más de 571 kilos de diferentes estupefacientes, abarcando desde marihuana hasta base de coca y cocaína.

La operación contra este expendio flotante refuerza el programa institucional orientado a recuperar la tranquilidad de las zonas más transitadas de Cartagena, frecuentadas por visitantes nacionales y extranjeros. El impacto de las actividades delictivas asociadas al microtráfico tiene efectos directos sobre la percepción de seguridad y la calidad de vida urbana, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la participación de la ciudadanía para combatir este fenómeno.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Cartagena reiteró su llamado a la comunidad para que continúe reportando movimientos sospechosos relacionados con el microtráfico mediante la línea de atención 123, con el fin de fortalecer los dispositivos de control y vigilancia destinados a combatir este flagelo. Las autoridades recalcaron que cada denuncia ciudadana es fundamental para combatir la criminalidad, proteger los sectores turísticos y residenciales y mantener el control sobre las zonas donde se concentra la mayor actividad económica y social de la ciudad, como el Centro Histórico y los alrededores del muelle de Los Pegasos.

El despliegue de un operativo interinstitucional en Amozoc ha resultado en la detención de 11 personas y el aseguramiento de inmuebles, armas y drogas, según informó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención, que se realizó tanto por tierra como por aire, se organizó tras denuncias presentadas en los últimos tres días, relacionadas con desapariciones ocurridas a principios de agosto.

“El dispositivo fue desplegado tras denuncias realizadas en los últimos tres días ante la FGE, correspondientes a desapariciones ocurridas a principios de agosto del presente”, dijo la Fiscalía.

La FGE detalló que el operativo se centró en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas y contó con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Policía Municipal de Amozoc.

Estas acciones permitieron avances relevantes en las investigaciones orientadas tanto al esclarecimiento de los hechos como a la localización de los desaparecidos.

En la colonia Los Pinos, dentro del municipio de Amozoc, las autoridades aseguraron un inmueble y detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Felipe N, quienes se le investigan por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de arma e instrumento prohibido.

Además, en el lugar, los agentes hallaron envoltorios con una sustancia granulada que corresponde a las características del narcótico conocido como cristal, además de otros indicios relevantes.

Por otra parte, en la colonia La Concepción, también en Amozoc de Mota, se detuvo a diez personas —ocho hombres y dos mujeres— identificadas como Liliana N., Jan Carlos N., José Bryan N., Luis Ángel N., Christian N., Karen N., Jovany Jesús N., Diego Jesús N., Eduardo N. y Miguel Sebastián N.

A todos ellos se les señala por delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de narcomenudeo con fines de suministro. En este inmueble, los agentes aseguraron múltiples dosis del estupefaciente denominado cristal.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también localizaron una camioneta Toyota Hilux blanca sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo.

En el interior del vehículo se encontraron tres armas largas tipo AR-15, tres armas cortas tipo Glock calibre 9 milímetros y una cantidad considerable de cartuchos útiles.

La FGE mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y, de manera prioritaria, para localizar a las personas desaparecidas.

En el municipio de Amozoc, Puebla, la angustia de los familiares de personas desaparecidas se ha transformado en movilizaciones públicas para exigir que las autoridades intensifiquen la búsqueda y den respuestas claras sobre lo ocurrido.

El Sol de Puebla documentó que hasta ahora son trece las víctimas, entre ellas un menor de edad. De acuerdo con lo narrado por parientes, los desaparecidos no tenían vínculo alguno entre sí, pero todos respondieron a una supuesta convocatoria laboral que ofrecía un sueldo atractivo y un posible traslado a Jalisco.

Las denuncias comenzaron con once casos, correspondientes a personas vistas por última vez entre el 10 y 11 de agosto. En los días recientes se añadieron dos más, y los familiares detectaron un patrón en común: a cada uno le pidieron asistir vestido de negro, con camisa o playera y pantalón, justo antes de perder contacto con ellos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la reciente detención de 14 personas acusadas de participar en el ingreso ilegal de diésel al país. Entre los detenidos se encuentran empresarios, elementos de la Marina y funcionarios de aduanas, lo que revela la magnitud del caso y el nivel de complicidad dentro de distintas estructuras.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum destacó que el operativo forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y los delitos relacionados con el contrabando de combustibles.

“Es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.

Las autoridades federales informaron este domingo sobre la desarticulación de una red vinculada al tráfico ilegal de hidrocarburos, tras el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, realizado en marzo de este año.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; la Secretaría de Marina (Semar), dirigida por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, la organización criminal utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos en distintas instituciones para trasladar y comercializar grandes volúmenes de combustible robado.

Entre los detenidos figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el exjuez Anuar González Hemadi, así como Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N., cuyas identidades completas y roles dentro de la red aún no han sido esclarecidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la indagatoria lleva dos años en curso: “cuando llega este tanque cargado de diésel pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, aseguró.

Añadió que el modus operandi consistía en introducir combustible sin pagar impuestos y revenderlo en gasolineras o a flotillas con permisos legales: “lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos, y después lo venden, al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible (…) y tienen ganancias muy altas”, explicó.

Las autoridades mencionaron que la investigación inició luego de que el almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina, presentó denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la institución.

“El propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace dos años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque, cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, explicó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Según la exposición en el evento, la colaboración del exsecretario resultó relevante para que la Fiscalía General de la República pudiera recabar pruebas e identificar a funcionarios y particulares implicados en los hechos.

Tanto Omar García Harfuch como Alejandro Gertz Manero y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reconocieron públicamente el papel de Ojeda Durán, refiriéndose a su gestión como una etapa que permitió detectar y señalar conductas ilícitas, y destacaron su disposición para permitir que las investigaciones avanzaran sin protección a familiares o subordinados.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, que derivó en el aseguramiento de un importante arsenal y diversos químicos.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el titular dio a conocer que la acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según información oficial, las autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado para el resguardo de armas y materiales ilícitos. En el lugar se aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, sustancias químicas y equipo táctico, todo ello con posible relación con la operación de grupos criminales en la zona.

FGR y fuerzas federales incautan 150 kilos de sustancias ilícitas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, tras obtener la orden de cateo al inmueble ubicado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, otorgada por un Juez de Control, los agentes ingresaron al inmueble y hallaron:

• cinco armas cortas
• 59 cargadores de distintos modelos
• 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm
• cuatro cascos tácticos y equipo especializado

Entre el armamento destacan un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora del mismo calibre, cinco ametralladoras de diversos tipos, 25 fusiles y cinco pistolas.

Durante la inspección también se decomisaron cinco costales con aproximadamente 150 kilogramos de una sustancia sólida con características de metanfetamina, así como dos bidones con 80 litros de un compuesto líquido identificado de manera preliminar como la misma droga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el predio quedó bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades precisaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales en Sinaloa y garantizar mayor tranquilidad a la población.

Ejército detiene a dos civiles armados tras persecución en Culiacán

El sábado 30 de agosto, la SSP de Sinaloa informó que en otro operativo distinto al cateo realizado en la ciudad, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas luego de una persecución registrada en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y corporaciones estatales, cuando los agentes ubicaron un vehículo sedán de color azul cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados e incrementó la velocidad para huir.

La persecución concluyó cuando el conductor perdió el control del automóvil. Tras descender de la unidad, los dos ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron asegurados en el lugar por personal militar. Durante la inspección al vehículo se localizaron una carabina M4 calibre 5.56 mm, un arma corta calibre 9 mm con su respectivo cargador y varios cargadores adicionales para armas largas.

Entre la vegetación del cerro en Guadalupe y Calvo, la Célula BOI de la Agencia Estatal de Investigación localizó un punto de vigilancia clandestino, conocido como “halconeo”, durante un operativo realizado este sábado.

La acción, desarrollada en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, permitió el hallazgo de un arsenal y equipo táctico ocultos, según informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).

“En la parte alta de un cerro y entre la maleza encontraron un arma de fuego tipo fusil, cargadores y cientos de municiones”, detalló la FGE.

Fuerzas de seguridad hallan arsenal oculto en cerro de Chihuahua

El despliegue de las fuerzas de seguridad se centró en la brecha de terracería que conecta Guadalupe y Calvo con el sitio denominado Rancho de Roberton.

Al inspeccionar la zona alta del cerro, los agentes detectaron el punto de halconeo y, entre la maleza, encontraron un arma de fuego tipo fusil marca Anderson Manufacturing, calibre .223 mm, junto a 12 cargadores del mismo calibre y 250 cartuchos calibre .223 mm.

Además, se incautaron una pechera táctica, dos pantalones tácticos color verde pixelado y una camisola táctica del mismo tono.

La FGE destacó que la intervención tuvo como objetivo prevenir e inhibir la comisión de delitos en la región.

Las autoridades subrayaron que los operativos se mantienen activos para garantizar la seguridad de quienes transitan por esta vía, así como para la búsqueda y localización de personas armadas, individuos con órdenes de aprehensión y vehículos reportados como robados, con el propósito de generar confianza entre la ciudadanía.

La coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional refuerza la presencia institucional en áreas consideradas de riesgo, mientras continúan las labores para asegurar la tranquilidad en los caminos de Guadalupe y Calvo.

Decomisan camioneta robada con arsenal en carretera Balleza–Guachochi

Un operativo conjunto realizado en el tramo carretero Balleza–Guachochi, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo que transportaba armas de alto poder, cargadores y cientos de cartuchos útiles.

El hallazgo se suma al decomiso ocurrido recientemente en Guadalupe y Calvo, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región serrana de Chihuahua.

De acuerdo con el informe oficial, la célula del Grupo de Operaciones Especiales B.O.I. patrullaba la zona con el objetivo de proteger a la población y localizar vehículos con reporte de robo, además de personas con mandamientos judiciales pendientes.

Fue a la altura del ingreso al poblado de Balleza donde los agentes detectaron una pick up color negro, cuyos ocupantes descendieron y huyeron entre la maleza al notar la presencia de las autoridades.

La camioneta, una Nissan Frontier modelo 2016, resultó tener reporte de robo con violencia desde el pasado 3 de julio en la ciudad de Chihuahua. Durante la inspección, las corporaciones localizaron un fusil Norinco calibre 7.62x39 mm, un fusil AR-15 Bushmaster calibre 5.56x45 mm.

Además de 14 cargadores de distintos calibres, 310 cartuchos útiles y una placa balística nivel IV, equipo utilizado para resistir impactos de fusiles de asalto.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen del arsenal y la identidad de los sujetos que lograron escapar.

Las autoridades reiteraron que los operativos en la Sierra Tarahumara se mantendrán con el fin de inhibir actividades delictivas en la zona.

Más de 3 toneladas de metanfetamina fueron decomisadas por agentes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de Ensenada del estado de Baja California.

El aseguramiento se efectuó por parte de los agentes cuando realizaban patrullajes de seguridad en el municipio antes citado.

A lo lejos, los uniformados detectaron dos camionetas todo terreno que descendían entre los cerros por un camino de terracería, por lo que les dieron seguimiento.

Luego de darles alcance, metros adelante ubicaron las camionetas sin ninguna persona a bordo, por lo que efectuaron una inspección al interior de cada uno de los vehículos.

Derivado de la revisión fueron hallados recipientes con droga sintética identificada como metanfetamina, la cual tenía un peso de más de 3.5 toneladas.

Tanto los vehículos como la droga asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

La acción se llevó a cabo en el marco del “Plan para el Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera Norte”, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad para evitar la comisión de delitos y el trasiego de drogas.

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Tamaulipas que pretendían enviar a EEUU

Este jueves se informó el aseguramiento de un cargamento de más de media tonelada de metanfetamina que se encontraba oculta entre tarimas con piedra en el estado de Tamaulipas.

La acción se efectuó por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) durante una inspección de seguridad en una estación de ferrocarril en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dicho cargamento fue localizado en un contenedor procedente del estado de San Luis Potosí que tenía como destino Arkansas, Estados Unidos, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección preventiva con apoyo de un binomio canino.

En la revisión fueron detectados bultos anormales en uno de los vagones, por lo que al inspeccionarlo localizaron 20 tarimas con piedra que contenían 720 paquetes de droga sintética con un peso de más de 531 kilos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el costo de la metanfetamina decomisada es de 144 millones de pesos, lo que representa una afectación millonaria para los grupos delictivos.

La Guardia Nacional informó que la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones. Por este hecho no se reportaron personas detenidas.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un cargamento de más de media tonelada de metanfetamina que se encontraba ocultaba entre tarimas con piedra en Tamaulipas.

La acción se realizó durante una inspección de seguridad en una estación de ferrocarril en la ciudad de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los elementos localizaron un contenedor procedente del estado de San Luis Potosí que se dirigía a Arkansas, Estados Unidos, por lo que realizaron una inspección preventiva con apoyo de un binomio canino.

Durante la revisión, los agentes detectaron bultos anormales en uno de los vagones, lo que derivó en el hallazgo de 20 tarimas con piedra que contenían 720 paquetes de droga sintética con un peso de más de 531 kilos.

Las autoridades federales informaron que el costo de la metanfetamina asegurada es de 144 millones de pesos, lo que representa una afectación millonaria para los grupos delictivos.

La Guardia Nacional (GN) informó que la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Conductor transportaba más de 200 kilos de metanfetamina ocultos en costales de cebollas

Este decomiso se suma al realizado en la carretera Reynosa-San Fernando del estado de Tamaulipas, en el que un conductor fue detenido cuando transportaba en un tractocamión más de 200 kilos de metanfetamina ocultos en costales de cebollas.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de Donaldo “B” por su presunta participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte.

Dicho proceso legal se realizó luego de que fuera detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), durante recorridos de vigilancia en la carretera antes citada.

Al detenerlo, los agentes realizaron una revisión en la unidad con apoyo de un binomio canino, lo que permitió la localización de 262 kilos y 24 gramos de metanfetamina que se encontraba oculta en costales de cebollas.

Donaldo “B” fue detenido por estos hechos. En tanto, la droga y el vehículo fueron asegurados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La acción se efectuó en colaboración del Gabinete de Seguridad, a través de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron apoyo y protección perimetral durante la revisión y traslado tanto del detenido como de la droga y el vehículo asegurados hasta las instalaciones de la Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas.

El Juez de Control determinó para Donaldo “N” la medida cautelar de prisión preventiva en el CEDES de Reynosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Un operativo encabezado por el Ejército Mexicano ―así como con el apoyo de fuerzas federales y estatales― en Rosario, Sinaloa, dejó como saldo la detención de dos civiles armados y el aseguramiento de un arsenal tras un enfrentamiento en el poblado de Matatán.

De acuerdo con el comunicado oficial, los militares realizaban reconocimientos terrestres cuando fueron atacados por hombres armados. Sin embargo, se detalla que la agresión fue repelida de inmediato, lo cual permitió la captura de los presuntos responsables, quienes resultaron lesionados y recibieron atención médica.

Posteriormente, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la zona fueron asegurados los siguientes objetos y arsenal:

• Cinco armas largas
• 45 cargadores
• Cartuchos útiles
• Equipo táctico

Finalmente, las autoridades confirmaron que tanto el armamento como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación.

Dominio criminal en Rosario: entre remanentes de Los Beltrán Leyva y “La Mayiza” en Sinaloa

El municipio de Rosario, Sinaloa, se encuentra en una zona disputada entre remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, bajo el mando local de Genaro Bautista Álvarez, apodado como “El Apache”, y la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Esta pugna territorial ha generado militarización y frecuentes enfrentamientos entre grupos armados que buscan consolidar control en la región serrana.

Ante este panorama, el gobierno de Sinaloa anunció el refuerzo de la seguridad en Rosario, mediante operativos de vigilancia permanente coordinados con fuerzas federales.

Durante una Mesa de Seguridad a nivel estatal, se acordó el envío de más elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) para contener acciones delictivas como bloqueos carreteros y despojo de carga.

San Ignacio: un nuevo decomiso de explosivos y miles de cartuchos

Horas antes, otro enfrentamiento se registró en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde militares y elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos en el poblado Las Lajas. El choque armado dejó un agresor abatido y un importante aseguramiento de armamento y municiones.

Según reportó Infobae México, los efectivos decomisaron:

• 6 armas largas
• 91 cargadores
• 7,191 cartuchos útiles
• 29 cintas eslabonadas
• 4 artefactos explosivos improvisados

La presencia de explosivos caseros refuerza la hipótesis de que células vinculadas al Cártel de Sinaloa utilizan nuevas tácticas de violencia en la región serrana. La FGR abrió una investigación para rastrear su procedencia y conexiones criminales.

Compromiso de seguridad: la llamada reiterativa de “Todos por Sinaloa”

El Gobierno de México y el de Sinaloa destacaron que estos resultados son parte del compromiso permanente para combatir el crimen organizado en México y proteger a la población. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima al 089 o reportar emergencias al 911.

La incautación de 1,975 kilogramos de pastillas azules identificadas como fentanilo, junto con 1,015 kilogramos de polvo rosa conocido como “tusi rosa” y 195 gramos de cocaína en piedra, marcó el resultado de un operativo conjunto realizado en Ciudad Juárez.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), la acción desarrollada por la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, culminó con la detención en flagrancia de dos individuos el pasado 26 de agosto.

“Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud”, comunicó la FGE.

Según el reporte oficial, la intervención tuvo lugar la tarde del martes en la intersección de las calles Ramón Aranda y Soto, dentro de la colonia Chihuahua. Los detenidos, identificados como Bernardo L. N., de 57 años, y Paulo A. M., de 18 años, portaban los estupefacientes al momento de su arresto.

Entre las sustancias aseguradas se encontraba:

• Un envoltorio de plástico transparente que en su interior mantenía una sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra, con un peso de 195 gramos.
• Una aparente bolsa de plástico transparente que contenía pastillas en color azul con la leyenda “M30”, con las características propias del fentanilo, con un peso total de 1.975 kilogramos.
• Paquete confeccionado con fleje transparente con un polvo en color rosa con las características de la cocaína rosa, comúnmente conocida como “tusi”, con un peso de 1.015 kilogramos.

Las autoridades subrayaron que estos operativos, realizados de manera permanente por los cuerpos policiales, buscan garantizar la seguridad de la población y sostener el combate directo contra los delitos relacionados con drogas, mediante la detención de quienes los infringen.

“Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores”, puntualizó la autoridad.

En cumplimiento de la legislación vigente, la Fiscalía de Distrito Zona Norte recordó que los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Qué es el “tusi rosa”?

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) alertó sobre la cocaína rosa, también conocida como tusi, una sustancia en polvo teñida de color rosa que puede tener un olor dulce y que suele generar efectos alucinógenos. Aunque se comercializa bajo el nombre de “cocaína rosa”, la agencia subraya que en la mayoría de los casos no contiene cocaína.

El compuesto original del tusi era el 2C-B, una feniletilamina psicodélica, pero cuando se volvió difícil de conseguir, los grupos del narcotráfico comenzaron a fabricar mezclas de distintas drogas, teñidas de rosa, para venderlas como cocaína rosa. Esta práctica, según la DEA, implica que los consumidores rara vez sepan qué sustancias están ingiriendo, lo que eleva los riesgos de intoxicación.

Los análisis de laboratorio de la DEA han detectado combinaciones como ketamina y MDMA, mezclas de metanfetamina, ketamina y MDMA, así como cocaína con fentanilo y fentanilo con xilazina. Debido a ello, los efectos de esta droga pueden variar considerablemente.

“Al igual que el MDMA o el éxtasis, la cocaína rosa es una droga psicodélica que altera la mente. Ingerir una sustancia o cóctel de drogas desconocido es peligroso y puede ser mortal”, advirtió la agencia.

Respecto a su aspecto, la DEA explicó que el polvo se tiñe de rosa con colorantes alimentarios o polvos de hornear coloreados para diferenciarlo de drogas como la cocaína y la metanfetamina.

Sin embargo, detrás de ese color llamativo, se esconde un cóctel de alto riesgo que puede tener consecuencias fatales para quienes lo consumen.

El hallazgo de más de 1.800 cartuchos útiles y 30 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado en el municipio de Moris marcó un nuevo golpe a las operaciones delictivas en la región, según informaron las autoridades participantes en el Operativo Conjunto.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción, que involucró a la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (S.S.P.E.), la Guardia Nacional y la DEFENSA, se enmarca en los esfuerzos coordinados para frenar la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.

“Durante el Operativo Conjunto en el que participan la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (S.S.P.E.), Guardia Nacional y DEFENSA, para inhibir los delitos en el municipio de Moris, aseguraron mariguana, un arma de fuego, cargadores y cartuchos”, detalló la FGE de Chihuahua.

Camionera abandonada alertó a las autoridades

El operativo se desplegó el 22 de agosto alrededor de las 16:00, cuando los agentes detectaron un vehículo tipo pickup, marca Ford, color blanco y de cuatro puertas, con placas de circulación de Chihuahua, estacionado a un costado de la carretera que conecta El Pilar de Moris con El Frijolar, en el paraje conocido como Pinos Tristes.

Según las autoridades, el estado de abandono del vehículo llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes procedieron a inspeccionarlo.

Durante la revisión, los agentes hallaron en el interior del vehículo tres bolsas negras que contenían una hierba verde con las características propias de la marihuana, con un peso total aproximado de 30 kilogramos. Además, localizaron dos mochilas —una negra y otra azul— que resguardaban 10 cargadores para arma larga y 1.854 cartuchos útiles de diversos calibres.

Entre el arsenal incautado se encontraba un arma larga de color negro, con cachas de madera, marca Norinco, calibre 7.62 x 39 mm, conocida popularmente como “cuerno de chivo”, sin matrícula visible.

El aseguramiento incluyó el traslado del vehículo, la droga, el arma y los cartuchos a la sede del Ministerio Público Federal en la ciudad de Cuauhtémoc, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las acciones de vigilancia continuaron el 23 de agosto en distintas localidades del municipio, sin que se reportaran incidentes adicionales. La Fiscalía General del Estado reafirmó su determinación de preservar la paz en la región mediante la colaboración interinstitucional y el sometimiento a la justicia de quienes infringen la ley.

En un operativo conjunto para frenar el tráfico de drogas, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 601 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro personas en aguas de Guerrero.

El operativo se realizó durante recorridos de vigilancia marítima y aérea. Las unidades de la Armada detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes transportando 20 bultos tipo costalilla. Al inspeccionarla, encontraron 600 paquetes envueltos en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos de cocaína.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

1.3 toneladas de cocaína “navegaban” en la zona marítima de Guerrero

Este decomiso se suma a un primer aseguramiento de 900 kilos de cocaína también en costas de Guerrero, reportado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Según el funcionario, estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia de la Semar y contribuyen a las más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en altamar desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con ambos operativos, se evitó que aproximadamente 1,2 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles, lo que representa un impacto económico estimado de casi 140 millones de pesos para los grupos delictivos.

Aseguramiento en el puerto de Veracruz: un cofre oculto y el papel aduanero en el Golfo de México

Por otro lado, en el Puerto de Veracruz, la Marina y la Guardia Nacional realizaron un operativo que permitió asegurar cientos de kilos de marihuana ocultos dentro de un congelador escondido en el interior de una embarcación. El cargamento estaba camuflado de manera estratégica para intentar evadir la revisión de las autoridades de la Aduana Marítima de Veracruz y la propia Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante la inspección, los elementos detectaron irregularidades en la embarcación y al abrir el congelador encontraron varios paquetes de marihuana, listos para su transporte y distribución. La droga asegurada y la embarcación quedaron bajo resguardo de la FGR, que iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará la responsabilidad de los implicados.

El poderío del narcotráfico mexicano en el mar: del CJNG al Cártel de Sinaloa y del Golfo

Los cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han consolidado su presencia en las rutas marítimas que conectan América Latina con mercados globales de narcóticos. Estas organizaciones operan en al menos diez países latinoamericanos, puesto que utilizan puertos estratégicos para el tráfico de drogas y precursores químicos, así como para el lavado de dinero.

Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) señala que ambos grupos han desarrollado sofisticadas redes de envío ilegal de estupefacientes. Esto al aprovechar la vulnerabilidad de algunos puertos y la complicidad de funcionarios locales.

En México, el Cártel de Sinaloa mantiene control sobre puertos clave como Mazatlán y Manzanillo desde donde despachan cargamentos hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales. Por su parte, el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ha establecido influencia en puertos del Golfo de México como Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros, mediante sobornos y extorsión para garantizar la seguridad de sus envíos.

Además de estos cárteles, otras organizaciones, como el Cártel del Golfo, también operan en rutas marítimas al destacar por actividades ilícitas como la pesca ilegal y el tráfico de drogas, motivo por el cual ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El presidente de la Sala IV de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, convocó a una audiencia para el 11 de septiembre, con el objetivo de que las partes informen sobre los cuestionamientos formulados al índice de actualización aplicado por el Tribunal Oral Federal 2 para calcular la suma de $684.990.350.139, equivalentes a unos 600 millones de dólares. Este monto corresponde al decomiso ordenado en la causa judicial conocida como “Vialidad”, en la que fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros acusados.

La Sala IV de Casación, conformada por los jueces Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego Barroetaveña, recibió esta semana el expediente relacionado con el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández. Este recurso impugna la resolución dictada el 15 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que dispuso la actualización del monto establecido en la condena.

En el veredicto del 6 de diciembre de 2022, se dispuso el decomiso de los efectos del delito por la suma de $84.835.227.378,04, estableciendo que ese valor debía ser ajustado mediante la intervención de organismos técnicos cuando la sentencia quedara firme.

En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Las partes ahora podrán exponer sus cuestionamientos ante la Cámara de Casación el 11 de septiembre y, posteriormente, el Tribunal tendrá un plazo de cinco días para resolver sobre el tema.

La sentencia de Vialidad

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en virtud de la condena impuesta en esta causa, donde se determinó la existencia de irregularidades en las obras viales otorgadas entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. También resultaron condenados el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco ex funcionarios provinciales.

La condena dictada por las maniobras fraudulentas en esta causa ordenó también el decomiso de los efectos del delito, que originalmente ascendía a $84.835.227.378,04. Esta cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema. Pero la defensa de la ex vicepresidenta cuestionó la metodología utilizada para calcular ese monto.

El jueves pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Fernández de Kirchner y concedió el recurso de Casación en contra del fallo que actualizó el monto a devolver al Estado en concepto de reparación.

En su resolución, los jueces que dictaminaron la condena, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, explicaron que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.

Una operación conjunta entre autoridades federales y estatales permitió el decomiso de armas, drogas y objetos prohibidos en el penal de Aguaruto, en Culiacán, el miércoles 20 de agosto. El despliegue incluyó la inspección de áreas específicas, mientras elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano brindaron seguridad en las zonas cercanas a las instalaciones

La revisión concluyó sin incidentes y bajo el respeto de los derechos humanos de los internos, señalaron las autoridades. Así pues, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar).

Todas estas instituciones intervinieron coordinadamente en los módulos 8 y 21 del centro penitenciario.

¿Cuál es la cantidad de drogas y el arsenal decomisado?

Durante el operativo, los agentes incautaron lo siguiente:

Armas y municiones:

• Diez armas cortas con respectivo cargador
• Tres armas largas
• Un cargador de disco calibre 7.62 x 39 milímetros (mm) abastecido
• Cinco cargadores calibre 7.62 x 39 mm abastecidos
• Tres cargadores calibre 5.56 x 45 mm abastecidos
• 30 cartuchos calibre 9 mm

Sustancias y objetos prohibidos:

• 500 dosis de marihuana
• 800 cigarros de marihuana
• 80 paquetes de cigarrillos “GREEN CHERRY”
• 41 cigarros “Padrinos Mágicos”
• 600 cajetillas de cigarrillos Marlboro
• Doce botellas de licor de 300 ml cada una
• 40 teléfonos celulares de diferentes marcas
• Una banda ancha
• Doce radios de comunicación

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) quedaron a cargo del armamento, drogas y objetos localizados, de acuerdo con la normatividad vigente. Los elementos retenidos serán objeto de análisis para determinar su procedencia y posibles responsables.

Nueva riña con tiroteo en penal de Aguaruto deja tres heridos

En el marco de este nuevo aseguramiento, una nueva riña con tiroteo se registró la mañana del 15 de agosto de 2025 entre los internos en este centro de reclusión. El incidente ocurrió en al menos tres módulos del centro y dejó un saldo de tres internos heridos: dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La SSPE de Sinaloa confirmó que, tras aplicar el protocolo de reacción del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, la situación quedó completamente controlada. Se reforzó la vigilancia con el apoyo de custodios, la policía estatal y la Guardia Nacional para contener el conflicto y evitar que escalara a una nueva ola de violencia.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló en conferencia de prensa que los disparos fueron aislados y no constituyeron un enfrentamiento generalizado. De igual forma, indicó que uno de los tres internos heridos presentó un impacto de bala en el glúteo, aunque aclaró que su estado no es de gravedad y que el control sobre el lugar se mantiene.

Elementos del Ejército Mexicano ―en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE)― lograron el aseguramiento de un arsenal y artefactos explosivos durante un operativo realizado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cuando personal militar y de la Guardia Nacional efectuaba trabajos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Las Lajas. Durante el despliegue, las fuerzas federales fueron agredidas por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento.

Tras repeler la agresión, se logró abatir a un civil armado y asegurar importante material bélico que incluye lo siguiente:

• Seis armas largas
• 91 cargadores
• 7 mil 191 cartuchos útiles
• 29 cintas eslabonadas
• Cuatro artefactos explosivos improvisados

El armamento, municiones y explosivos quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dará continuidad a las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible vínculo con grupos delictivos que operan en la región.

Decomiso en altamar: rayos X y binomio canino detectan marihuana escondida en el Puerto de Veracruz

En días recientes, autoridades federales confirmaron el decomiso de más de 330 kilos de presunta marihuana en el puerto de Veracruz durante una operación encabezada por la Armada de México y la Aduana Marítima de la entidad. La droga fue localizada dentro de un congelador horizontal tipo cofre, el cual pretendía ser enviado como mercancía de exportación.

¿Cómo fue detectada la droga?

El hallazgo se realizó el 15 de agosto durante una inspección rutinaria con rayos X. Los equipos aduaneros identificaron anomalías en el cargamento, lo que derivó en la intervención de un binomio canino de Semar y un perro detector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Ambos confirmaron la presencia de narcóticos.

La cantidad total de esta droga fue entregada a la Fiscalía General de la República para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Este no es el primer decomiso relevante en el puerto. En enero de 2025, la Semar y la Aduana interceptaron más de 572 kilos de marihuana escondidos en 16 columnas de piedra de cantera que tenían como destino República Dominicana.

Los recientes aseguramientos evidencian que el puerto de Veracruz es considerado por grupos del crimen organizado como un punto clave para el trasiego de drogas hacia el Caribe y otras regiones.

Una nueva riña, seguida de un presunto tiroteo, se registró en las primeras horas del viernes 15 de agosto de 2025 en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa. El enfrentamiento, según información de medios locales, involucró a internos de al menos tres módulos del penal y resultó en tres personas heridas hasta el momento: dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Horas más tarde. la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el incidente y detalló que la situación fue controlada por la intervención de custodios y el apoyo reforzado de elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional (GN):

“#SSPSinaloa informa que, este 15 de agosto de 2025, una vez aplicado el protocolo de reacción por el Grupo Interinstitucional en el Centro Penitenciario Aguaruto, la situación está totalmente controlada y se brindó atención médica a tres personas privadas de la libertad que derivado de una riña presentaron heridas leves. Se continuará con la revisión constante de las instalaciones y la mejora de procedimientos para reducir riesgos institucionales”, (sic), se lee en la publicación difundida en redes sociales.

Las primeras declaraciones de Rubén Rocha Moya

En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que los disparos no fueron consecuencia de un enfrentamiento, sino incidentes aislados, lo que motivó la activación de un operativo de seguridad.

“No hay, hubo tiros ahí, aislados, no hay enfrentamiento, dicen que hubo tiros, pero no adentro”, indicó Rocha Moya.

Hasta el corte de esta nota, no se registran nuevas actualizaciones respecto al despliegue de seguridad o las acciones preventivas en dicha prisión.

El 8 de agosto de 2025, autoridades de Sinaloa, en colaboración con fuerzas federales, llevaron a cabo una exhaustiva revisión en el lugar. El operativo, que abarcó tres módulos del penal, fue ejecutado por la Policía Estatal Preventiva (PEP), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional , la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la inspección, se descubrió un arsenal de armas de fuego y municiones que incluyeron los siguientes objetos:

Armas de fuego:

Una carabina calibre .223

Cuatro pistolas calibre .40Una pistola calibre .38 SuperTres pistolas calibre 9 milímetros (mm) Municiones y cargadores:

• Diversos cargadores para pistolas
• Cartuchos útiles para las armas mencionadas

• Trece teléfonos celulares
• Ocho radios de comunicación
• Dos módems Wi-Fi
• Cinco cargadores para radios

Semanas antes, se había detectado un túnel clandestino de aproximadamente 15 metros de longitud, equipado con iluminación y ventilación rudimentaria, lo que sugería una planificación para una posible fuga masiva. Este hallazgo llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a intensificar las revisiones en todos los módulos del centro penitenciario.

Dos personas fueron detenidas en Baja California tras ser sorprendidas transportando aproximadamente 330 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de la caja de un tráiler. El hallazgo se registró en el puesto de seguridad estratégico “Centinela”, ubicado en el municipio de Mexicali, durante inspecciones de rutina realizadas por la Guardia Nacional (GN) en coordinación con el Ejército Mexicano.

Durante la revisión, los agentes federales detectaron anomalías en las paredes del área de carga del tractocamión, lo que llevó a una inspección más profunda. Tras retirar las hojas de madera que cubrían el doble fondo, los guardias nacionales localizaron los paquetes con la droga. El chofer del vehículo y su acompañante fueron detenidos en el lugar sin que se registraran incidentes.

La cocaína, la unidad de transporte y las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de las acciones preventivas para impedir el tráfico de narcóticos a través de rutas terrestres que conectan con Estados Unidos, una zona históricamente utilizada por organizaciones criminales para el traslado de drogas.

La caída de “El Chepe” de Los Aquiles: trasiego de droga en la frontera norte de México

En un operativo conjunto, fuerzas federales de México lograron la detención de Marco Antonio Cabrera Flores, conocido como “Chepe”, presunto operador de la célula criminal Los Aquiles en la zona de Tijuana, Baja California. La acción estuvo coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los reportes oficiales, cotejado por este medio de comunicación, se detalla que la captura se efectuó tras un despliegue de seguridad en la zona del fraccionamiento Villa del Prado, donde Cabrera Flores se encontraba acompañado de otra persona, identificada como Biviana Jaqueline Carrillo Gómez.

Durante la intervención, se aseguraron tres armas cortas, dos cargadores, cartuchos, así como dos kilogramos de cocaína y dos kilogramos de metanfetamina. También se confiscó un vehículo vinculado al operador criminal.

La cercanía con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Fuentes consultadas por Infobae México detallan que “Chepe” mantenía cercanía con Los Aquiles, facción vinculada a la escisión de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Entre sus actividades ilícitas se encontraban la venta de drogas, “halconeo” y homicidios. La detención se considera un golpe importante a la estructura de este grupo criminal en Baja California, estado históricamente utilizado como ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que Cabrera Flores tiene 34 años, mide 1.70 metros y posee complexión robusta. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó que personal de la Primera Región Naval, en coordinación con la Aduana Marítima de Veracruz, logró asegurar e impedir la salida de aproximadamente 330.2 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana en el puerto de Veracruz.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina a mercancía que pretendía ser enviada vía marítima y que había sido declarada como un “congelador horizontal tipo cofre”. Durante la revisión con equipo especializado, los elementos detectaron variaciones en la densidad de las imágenes escaneadas, lo que levantó sospechas.

Posteriormente, las autoridades efectuaron una inspección visual y física con apoyo de un binomio canino de la Semar y un sensor canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Ambos animales modificaron su conducta frente a la carga, lo que llevó al hallazgo de paquetes con la presunta droga ocultos en el interior del congelador.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La propia institución naval federal destacó que esta acción es parte de las operaciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno para combatir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada; particularmente, la distribución de drogas desde puertos y costas mexicanas hacia otros países.

Las rutas del tráfico de drogas: Cártel de Sinaloa y CJNG están desde la costa de Guerrero hasta el Golfo de México

Los cárteles mexicanos ―especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)― han consolidado su influencia en las rutas marítimas que conectan América Latina con mercados internacionales de narcóticos. Estas organizaciones operan en, al menos, diez países latinoamericanos, a partir de utilizar puertos estratégicos para el tráfico de drogas y precursores químicos. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE), ambos cárteles han establecido redes de lavado de dinero y envío ilegal de estupefacientes en estos países.

En México, el Cártel de Sinaloa controla puertos clave como Mazatlán y Manzanillo, lo cual le ha facilitado el envío hacia Estados Unidos y otros destinos alrededor del mundo. Por su parte, el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ha establecido su dominio en puertos como Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros, ubicados en la costa del Golfo de México. Esto último al utilizar sobornos y extorsión a funcionarios para garantizar la seguridad de sus envíos.

Además de estos dos principales actores, otras células como el Cártel del Golfo también están presentes en las rutas marítimas. Este ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por actividades ilícitas como la pesca ilegal y el tráfico de drogas en el Golfo de México.

Las rutas marítimas utilizadas por estos cárteles incluyen embarcaciones como buques mercantes, semisumergibles y lanchas rápidas. Estas rutas parten de países como Colombia, Ecuador y Perú, con escalas en Centroamérica antes de arribar a las costas mexicanas. Desde allí, la droga se distribuye hacia Estados Unidos, Europa y Asia, mediante métodos sofisticados para evadir la detección de las autoridades .

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 resolvió a última hora de este jueves rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y conceder el recurso de Casación contra la resolución que actualizó el monto del decomiso fijado en la sentencia condenatoria por administración fraudulenta. La decisión, firmada por los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, afecta directamente a la expresidenta y a los demás condenados en la causa conocida como “Vialidad”.

El tribunal también analizó si era admisible el recurso de Casación para apelar esta negativa, reconociendo que, aunque la sentencia condenatoria ya se encontraba firme tras la intervención de la Corte Suprema, el recurso era admisible en la etapa de ejecución, pero sin efecto suspensivo. Esto significa que el trámite del decomiso continuará mientras se resuelve el recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La resolución se dictó en el marco del expediente en el que el tribunal había condenado a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, el fallo dispuso el decomiso de los efectos del delito, que al momento de la sentencia ascendía a $84.835.227.378,04, cifra que fue actualizada a $684.990.350.139,86 tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, presentó un recurso el pasado 12 de agosto contra la resolución del 15 de julio que dispuso la actualización del monto del decomiso. Argumentaron que el procedimiento seguido para determinar la suma definitiva era contrario a la ley vigente y solicitaron la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al decomiso, alegando la ausencia de una sentencia firme sobre el monto actualizado.

Los letrados basaron su impugnación en tres ejes: que el tribunal convirtió en definitiva una estimación provisoria del decomiso, privando a las partes de controvertir la actualización; que la decisión carecía de fundamentación sobre la elección del método de actualización; y que se apartó del criterio utilizado en otros casos, lo que evidenciaría un trato desigual hacia Fernández de Kirchner.

El tribunal analizó cada uno de estos planteos. Sobre la supuesta conversión de una estimación provisoria en definitiva, los jueces señalaron que la cifra establecida en la sentencia ya no era susceptible de modificación y que la defensa tergiversó lo expresado en el fallo original. El tribunal citó textualmente los fundamentos de la sentencia de 2022: “A los fines de emitir la sentencia y en pos de adecuar su contenido a la realidad económica a la fecha de su dictado, ellos fueron actualizados provisoriamente a través de herramientas de acceso público que utilizaban índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo... Se dispuso como fecha de inicio la de adjudicación de cada una de las obras y fue actualizado al día 6 de diciembre del año 2022, lo que arrojó en definitiva una suma total de $84.835.227.378,04 que fue lo que se fijó en el veredicto. Lo cierto es que la determinación definitiva deberá estar definida mediante la intervención de organismos técnicos que efectuarán la actualización al momento en que esta sentencia adquiera firmeza”.

Con respecto a la fundamentación del método de actualización, el tribunal sostuvo que la decisión de adoptar la metodología propuesta por los peritos oficiales y del Ministerio Público Fiscal estaba debidamente justificada. En palabras del tribunal: “Además, las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa. A tal punto que, más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”.

Sobre el argumento de trato desigual, el tribunal explicó que los precedentes citados por la defensa correspondían a situaciones procesales y materiales distintas, y que en este caso se había dado intervención a un órgano técnico y se permitió la participación de peritos de parte, garantizando el contradictorio.

En la parte resolutiva, el tribunal dispuso: “I.- RECHAZAR IN LIMINE las nulidades interpuestas por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo expuesto en el considerando III de este resolutorio. II.- CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contra la resolución dictada el 15 de julio del corriente año -en cuanto dispone actualizar o reexpresar monetariamente el monto del decomiso fijado en el punto dispositivo XI de la sentencia condenatoria dictada en autos en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86)-, sin efecto suspensivo y con los alcances y efectos detallados en el considerando IV de esta resolución”.

La decisión del Tribunal Oral Federal 2 implica que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner podrá sostener su recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero el proceso de ejecución del decomiso continuará. El caso sigue bajo la atención pública y judicial, con impacto directo sobre la situación patrimonial de la expresidenta y los demás condenados en la causa.

Ninguno de los nueve condenados en la causa de Vialidad entregó hoy la totalidad o parte de los $684 mil millones (unos 537 millones de dólares) que se estableció como decomiso de la maniobra fraudulenta. Así, el Tribunal Oral Federal 2 quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes de los condenados.

Los jueces deben resolver el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se suspenda el decomiso, se establezca un nuevo monto y que el caso pase a la justicia civil y comercial federal.

Hoy a las 9:30 horas venció el plazo de 10 días hábiles que el tribunal oral les había dado a los nueve condenados para cumplir con el decomiso. Fuentes judiciales informaron a Infobae que ninguno de ellos hizo el pago ni realizó otro tipo de presentaciones. Entre ellos están, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Con el plazo vencido, el tribunal quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes que están a su nombre para avanzar con el recupero del dinero, una de las claves de la condena en las causas de corrupción.

La única presentación de los condenados la hizo la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Fue ayer, un día antes del vencimiento del plazo.

La ex mandataria pidió la suspensión del decomiso. Para la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.

Y precisó: “La conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo bienes que sirvan a esos fines y que consecuentemente puedan ser ejecutados", agregó la ex presidenta.

Y concluyó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima“.

La expresidenta también cuestionó la metodología del cálculo que realizaron los magistrados para determinar la suma a decomisar como sanción adicional a las condenas dictadas en “Vialidad”. Impugnó el “procedimiento seguido por el Tribunal” y solicitó que “sea revisado” en tanto “adolece” de “errores fácticos y jurídicos”.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron el monto del decomiso en 684 mil millones de pesos en base a la inflación por el Índice de precios al Consumidor del INDEC. Pero el perito de la ex mandataria utilizó otro cálculo en base a la tasa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y concluyó que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos.

La defensa quiere discutir ese aspecto y así apeló el fallo del tribunal oral para que sea revisado por la Cámara de Casación. También reclamó que el caso pase a la justicia civil y comercial federal donde tramita un reclamo civil contra la ex presidenta.

En línea con la postura del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia anuló la entrega definitiva de bienes decomisados en una causa por lavado de dinero y defraudación al Estado, vinculada al desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales en Chaco. El tribunal de alzada, en rigor, revocó una resolución que había otorgado dos inmuebles y una camioneta a organismos provinciales y nacionales, y dispuso que los bienes en debate permanezcan bajo las condiciones fijadas en una decisión anterior de noviembre de 2024.

El expediente se inició en abril de 2022 a partir de una denuncia presentada por Ricardo Donato Retamozo contra sus hermanos Rubén Antonio y el fallecido Omar Naldo Retamozo. Según la presentación, mediante la empresa “RyA Construcciones”, a nombre de Omar, pero operada por Rubén -ex empleado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco (IPDUV)-, se habrían desviado 27 millones de pesos provenientes de ese organismo, destinados a la ejecución de obras públicas en la localidad chaqueña de La Clotilde. Esas obras nunca se llevaron a cabo y la denuncia sostuvo que la firma funcionaba como una empresa fantasma para concretar maniobras de facturación apócrifa.

El 20 de noviembre de 2024, el juez de primera instancia dispuso el decomiso definitivo y anticipado de los bienes de Omar Naldo Retamozo, fallecido el 20 de octubre de 2023, al comprobarse la ilicitud de su origen y su vinculación con el hecho investigado. Ordenó que los fondos y bienes decomisados se depositaran en una cuenta especial del Tesoro Nacional, destinando un 30% a la UIF y el 70% restante a financiar obras de infraestructura en la provincia del Chaco que beneficiaran de modo directo a la población más vulnerable.

En diciembre del mismo año, el Registro de la Propiedad Inmueble informó los requisitos para la inscripción de los bienes. Posteriormente, el presidente del Tribunal de Cuentas del Chaco, Juan José Fuentes Castillo, solicitó que se le otorgaran, en calidad de depositario, vehículos recuperados en distintos procedimientos judiciales, para contar con movilidad que le permitiera realizar traslados a distintas localidades del interior provincial.

El 5 de mayo de 2025, el juez de la causa ordenó la inscripción definitiva de dos inmuebles a favor del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de la Provincia del Chaco, respectivamente, y la entrega definitiva de una camioneta Toyota Hilux al presidente del Tribunal de Cuentas. En su decisión, indicó que el vehículo debía usarse solo para tareas previstas en la Constitución provincial y la Ley Orgánica del organismo.

La fiscalía apeló a través de un escrito donde alegó que la decisión era “arbitraria” y estaba en “contradicción” con el fallo de noviembre de 2024. Señaló que la camioneta había sido solicitada como "depósito" pero entregada como propiedad definitiva, que no se notificó a los herederos ni a la UIF, y que se apartaba de lo previsto en la Ley 25.246, que aborda los delitos por encubrimiento y lavado de activos de origen ilegal.

La UIF, representada por los abogados Matías Saicha Ibáñez, María Karlen e Inés Astudillo, también apeló el fallo tras cuestionar que se asignara a ese organismo solo el 30% de los bienes decomisados y que se entregaran inmuebles y un vehículo sin su intervención ni notificación.

Concedidos los recursos, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por las juezas Patricia Beatriz García, en carácter de subrogante, y Rocío Alcalá, recordó que “la resolución dictada en noviembre del año pasado año ordenó el decomiso definitivo de una serie de bienes propiedad del entonces imputado en los autos principales, Omar Naldo Retamozo, en virtud de su fallecimiento. En dicha oportunidad, además, dispuso la forma en que esos bienes se distribuirían, previo el dictado de una serie de medidas -que, vale destacar, no fueron realizadas-, tales como la publicación de edictos y la notificación antes referida a la UIF”.

Poco después, el tribunal reseñó que “en posterior ocasión, el juez se apartó de tal criterio y ordenó -en mayo siguiente- la inscripción de bienes inmuebles a favor del Gobierno Provincial y del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la entrega definitiva de un rodado al Tribunal de Cuentas de esta provincia, con ausencia de todo tipo de fundamentación lógica y jurídica que avale dicho pronunciamiento”. Al respecto, citó el artículo 305 del Código Penal: “Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino”.

Al hacer un análisis de los elementos recabados durante la tramitación de las actuaciones, la Alzada señaló que el punto 13° de la resolución dictada en noviembre dispuso que “el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o viviendas públicas en la Provincia del Chaco que beneficien de modo directo a la población más vulnerable, una vez cumplidos los mecanismos legales establecidos”, y que el juez “omitió la voluntad del legislador sobre el destino de los bienes decomisados (…) e inmotivadamente consideró viable la inscripción y entrega de los bienes”.

Luego remarcó que “los bienes inmuebles fueron dispuestos por el Juez sin impulso de las partes del proceso y sin intervención de los herederos del causante” y, sobre el punto, “se observa en lo decidido una confusión entre utilidad pública y reparación del daño, conceptos distintos conforme la naturaleza de esta causa, lo que trasunta una deficiencia en la fundamentación”.

Al referirse a la camioneta, la Cámara Federal chaqueña precisó que “en la cédula de identificación del vehículo figura como titular del mismo ‘Rubén Antonio Retamozo y otro’, es decir que el bien es del coimputado en autos, cuyo auto de procesamiento se encuentra firme”, y que “tras la digitalización de los autos principales, surge copia del estado de dominio de la mencionada camioneta, precisamente a nombre del mencionado Retamozo y su esposa (...)”.

En esa línea, las juezas afirmaron que “por imperativo legal los únicos bienes sobre los cuales el Juez puede decretar el decomiso definitivo son aquellos propios del fallecido, por lo que no podía disponer la entrega de un rodado propiedad del coimputado, respecto de quien, a la fecha, no ha sido resuelta definitivamente su situación procesal”.

Luego expresaron: “asiste también razón a lo argumentado por los recurrentes, quienes advirtieron la ausencia de constancias en autos que den cuenta de la notificación a los posibles herederos como la inscripción y publicación en el Boletín Oficial, y el efectivo diligenciamiento al Registro de Juicios Universales, resolviendo el Juez de manera prematura y apartándose de toda normativa prevista”.

Así las cosas, la Cámara consideró “procedente hacer lugar a la nulidad” planteada por los apelantes y, de ese modo, resolvió revocar la decisión adoptada en mayo pasado por el juez anterior.

Mañana a las 9:30 horas vencerá el plazo que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa “Vialidad” tienen para presentar en la justicia los 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- que se estableció como decomiso por maniobra de defraudación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que en caso de no hacerlo el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que se rematarán los bienes de los condenados para cubrir el monto del decomiso.

Los 684 mil millones de pesos se reparten solidariamente entre los 10 condenados del caso. Eso significa que se tienen que poner de acuerdo entre los acusados para determinar cómo devuelven el dinero.

Sin embargo, este medio pudo saber que hasta el momento las partes no se pusieron en contacto para abordar el decomiso. Por lo que todo indica que mañana nadie aportará dinero al tribunal.

En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.

Pero el perito que presentó la defensa de la ex presidenta estableció que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos, un 6 por ciento de los 684 mil millones. El especialista de la ex presidenta tomó el monto ilícito que estableció la justicia al momento de los hechos y le aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″, concluyó el perito en su presentación.

Pero el tribunal tomó el monto oficial de los peritos de la Corte. En base a la disidencia del especialista de la defensa, en tribunales no se descartaba que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, haga alguna presentación o apelación.

Si no se presenta el dinero, el tribunal ordenará el decomiso de los bienes que estén a nombre de los condenados.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.000 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. Otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz. La ex presidenta cumple la condena en prisión domiciliaria.

Tres mujeres fueron detenidas en posesión de armamento, municiones y teléfonos celulares en el municipio de Culiacán, Sinaloa, como resultado de un operativo conjunto encabezado por el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, conformado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se llevó a cabo durante recorridos de reconocimiento terrestre y acciones de prevención del delito realizadas por las fuerzas federales en las inmediaciones del sector Barrancos, una de las zonas habitacionales con mayor densidad en la capital sinaloense.

Durante el despliegue operativo, el personal del Ejército detectó un vehículo en circulación que generó sospechas. Al proceder a su inspección, se localizó en su interior el siguiente armamento:

• Dos fusiles de asalto tipo AK-47 (o también llamados “cuernos de chivo”).
• Doce cargadores abastecidos
• 350 cincuenta cartuchos útiles, compatibles con armas de alto poder.
• Tres bolsos de mano y tres monederos
• Cinco teléfonos celulares

Las tres mujeres que viajaban en el automóvil fueron detenidas en el lugar y se les leyeron sus derechos conforme a los protocolos establecidos por la ley. Posteriormente, tanto las personas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con el objetivo de que se determine su situación jurídica.

Otra mujer es detenida en Costa Rica por llevar maleta repleta de municiones

En un hecho distinto, una mujer fue detenida en la caseta de peaje de Costa Rica, ubicada al sur de la ciudad, cuando transportaba una maleta con municiones y cargadores de uso exclusivo del Ejército mientras viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

Este aseguramiento también fue realizado por integrantes del Grupo Interinstitucional de Seguridad de Sinaloa, compuesto por la SSPC, Sedena, Guardia Nacional, Semar, FGR, fiscalía estatal y la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Durante las revisiones de rutina, los agentes detectaron una maleta con “peso inusual”, lo que motivó su inspección en presencia de la pasajera. Al interior del equipaje se hallaron:

• 300 cartuchos calibre .223
• 250 cartuchos calibre 9 milímetros (mm)
• 50 cartuchos calibre .40
• 50 cartuchos calibre 12 (escopeta)
• 2 cargadores para arma larga calibre .223
• 3 cargadores para arma corta calibre 9 mm

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal bajo cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La FGR quedó a cargo de la investigación para determinar el origen y destino del armamento, así como posibles nexos con grupos delictivos.

Según reportes de medios locales, este tipo de decomisos no son hechos aislados. Se ha documentado el uso de líneas de autobuses como método para transportar armas y drogas con el fin de evadir los retenes carreteros y puntos de inspección en aeropuertos.

Las operaciones, que contaron con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), permitieron interceptar una primera lancha a 121 millas del Cabo Matapalo (Pacífico sur) en la que viajaban tres sujetos de nacionalidad colombiana de apellidos, Camilo, Montano y Mañán, con un total de 1.580 kilos de cocaína, detalla la información oficial.

En la segunda acción policial, la lancha fue ubicada por el Servicio Nacional de Guardacostas encallada en la costa de Cabo Matapalo sin tripulantes con un total 834 kilos de cocaína, para un total de 2,4 toneladas de cocaína.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades locales.

Los sujetos fueron puestos a las órdenes judiciales por el delito narcotráfico, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.

En julio de 2023, el Gobierno de Costa Rica inició la "Operación Soberanía" mediante la cual busca combatir el narcotráfico. EFE

Siete presuntos miembros del crimen organizado fueron detenidos en Coyuca de Benítez, Guerrero, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) y en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El despliegue se llevó a cabo en una zona estratégica de la Costa Grande, donde operan diversas organizaciones delictivas; entre ellas, Los Granados, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción táctica incluyó patrullajes terrestres por parte de Infantería de Marina y la participación de un helicóptero Black Hawk para vigilancia aérea de acuerdo con la información oficial. De igual forma, en el operativo fueron asegurados:

• Siete fusiles de asalto
• 16 cargadores
• Un magazín
• Chalecos tácticos
• Tres pecheras
• 188 presuntas dosis de marihuana y cuatro motocicletas, utilizadas en supuestas actividades ilícitas en caminos rurales.

Aunque no se revelaron las identidades de los detenidos, fuentes castrenses indicaron que operaban bajo las órdenes de líderes locales de Los Granados. La zona donde fueron capturados es considerada un corredor clave para el trasiego de drogas hacia Michoacán y otras regiones del Pacífico.

Todo el armamento, la droga y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con los detenidos, para continuar con las investigaciones sobre su posible vínculo con células armadas que operan en Guerrero.

¿Qué otras bandas criminales “asolean” Costa Grande y Coyuca de Benítez?

Fuentes federales identifican a Coyuca de Benítez como bastión de Los Granados, grupo criminal surgido como escisión del Cártel de Los Beltrán Leyva. Esta organización mantiene presencia desde, al menos, 2009 y es señalada por delitos como narcotráfico, extorsión y secuestro. Actualmente se encuentra alineada con el también llamado “Cártel de Las Cuatro Letras”.

Además de Los Granados, otras bandas delictivas disputan el control territorial en la Costa Grande de Guerrero. Entre ellas:

• Guardia Guerrerense
• Sangre Nueva
• Los Rodríguez
• Los Viagras
• Los Arreola
• Los Maldonado
• Los Caballeros Templarios
• La Familia Michoacana

Esta fragmentación criminal ha generado un clima de violencia constante, con enfrentamientos armados, amenazas a transportistas y desplazamientos forzados.

¿Cuál es el balance de las autoridades federales?

Las autoridades destacaron que este operativo en Coyuca forma parte de la estrategia federal para desarticular grupos delictivos y recuperar el control de zonas con alta incidencia delictiva en Guerrero. Según la Semar, estas acciones buscan reducir la violencia en regiones clave mediante detenciones focalizadas y el aseguramiento de armas y recursos operativos de las organizaciones criminales.

Durante un operativo de prevención y vigilancia en la carretera estatal Silao–San Felipe, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato lograron el aseguramiento de 55 kilogramos de presunta metanfetamina cristal.

Este decomiso fue valuado en más de 25 millones de pesos, considerado el más importante en la historia de la Policía Estatal de Caminos (PEC).

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 21+300 de dicha vialidad, en el marco de la estrategia CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), cuando los oficiales atendían un reporte por un presunto accidente vehicular.

Más detalles del decomiso

De acuerdo con reportes de medios locales, un automóvil habría colisionado con un tráiler, situación que movilizó a paramédicos y personal operativo para brindar auxilio a los involucrados.

Al revisar el vehículo siniestrado como parte del protocolo, los elementos detectaron paquetes sospechosos ocultos bajo los asientos, lo que llevó a una inspección más detallada.

Fue entonces cuando las autoridades se encontaron con una sustancia parecida al cristal.

Tanto el vehículo como la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato, para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Durante el operativo fueron detenidas dos personas, identificadas como Diana “N” y Omar “N”, quienes ya fueron vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para ambos imputados.

Este aseguramiento refuerza el papel de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Policía Estatal de Caminos en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en las rutas de traslado de sustancias ilícitas.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato reiteró su compromiso con la prevención del delito y la contención del crimen organizado, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa al número 089.

Un hallazgo estremecedor marcó el cierre de un operativo de la Célula BOII de Chihuahua en Guadalupe y Calvo cuando localizaron una vagoneta completamente incinerada y, en su interior, el cuerpo calcinado de una persona con una herida de arma de fuego en la cabeza.

El descubrimiento, realizado tras un recorrido a pie por la zona, añadió una dimensión aún más grave a los hechos violentos ocurridos la noche anterior, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en un comunicado oficial.

“Efectivos de las corporaciones que integran las Células BOII, fueron enfrentados por sujetos armados, hechos en los que se abatió a dos agresores y se detuvo a otros dos”, explicó la autoridad.

Violento enfrentamiento en Chihuahua deja muertos y arsenal incautado

La noche del viernes 25 de julio, alrededor de las 20:30 horas, un despliegue conjunto de la Agencia Estatal de Investigación, la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano patrullaba la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo como parte de las estrategias de seguridad implementadas en la región.

Durante estos recorridos, los efectivos respondieron a un reporte de disparos en la zona y, al llegar a la Avenida Zaragoza, identificaron un vehículo gris, marca Toyota Sequoia, sin placas, ocupado por cuatro hombres. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes abrieron fuego contra las unidades.

La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Se produjo un intercambio de disparos mientras los agresores intentaban huir, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y quedara atascado en un desnivel. Uno de los atacantes descendió de la parte trasera del automóvil y disparó nuevamente, pero fue abatido en el acto.

Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron a otra persona sin vida y a dos más lesionadas, quienes fueron aseguradas y trasladadas bajo custodia al hospital comunitario para recibir atención médica.

Las identidades de los fallecidos permanecen desconocidas, y los detenidos se negaron a proporcionar información personal.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, “Las dos personas fallecidas al igual que los detenidos dentro del término legal de la flagrancia por el delito de tentativa de homicidio y posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército, portaban pecheras con cargadores para arma de fuego larga”.

Los dos sobrevivientes quedaron bajo arresto en flagrancia por tentativa de homicidio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El operativo permitió el aseguramiento de un arsenal significativo. Entre lo incautado se encuentran un fusil calibre .223/5,56 mm modelo A15, un fusil Norinco calibre 7,62×39 mm, un fusil Uska calibre 7,62×39 mm y un fusil Misrreseiver calibre 7,62×39 mm.

Además, se decomisaron tres pecheras porta cargadores negras, cuatro cargadores para calibre .223 mm con capacidad de 30 tiros cada uno, catorce cargadores para calibre 7,62×39 mm de 30 tiros, dos cargadores para calibre 7,62×39 mm de 40 tiros, 124 cartuchos útiles calibre 7,62×39 mm y 118 cartuchos calibre .223 mm. También se aseguró un teléfono celular Samsung gris con la pantalla rota.

El comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detalla que, tras el enfrentamiento y la detención de los agresores, los elementos de seguridad extendieron la búsqueda en la zona.

Fue durante este recorrido cuando localizaron la vagoneta incinerada y el cuerpo calcinado, lo que sugiere la posible existencia de más víctimas o implicados en los hechos violentos registrados en el municipio.

La justicia federal comenzó a investigar si Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, intentó desapoderar propiedades embargadas del empresario, condenado y detenido por la causa Vialidad, por la cual deberá pagar más de 500 millones de dólares.

Los manejos de la mujer habrían sido a través de alquileres irregulares de los bienes decomisados del empresario, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola ya ordenaron las primeras medidas de prueba, entre ellas conocer todas las propiedades desde 2016 a la actualidad que estén a nombre de Insaurralde. Si vendió bienes y qué registros ante escribano público hizo con el empresario.

Báez tiene dos condenas firmes. Una en la causa de lavado, por la llamada “Ruta del dinero K” y, la segunda, por el caso Vialidad, en el que fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros siete acusados.

Las dos quedaron firmes este año luego que fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los efectos de esa decisión es que se puede avanzar con el decomiso de los bienes.

Por la causa de lavado, Báez tiene que pagar 330 millones de dólares y por Vialidad 537 millones de dólares de manera solidaria con el resto de los condenados. Por lo tanto, el reaseguro de los bienes es fundamental para poder cumplir con el decomiso y que el Estado pudiese recuperar lo robado.

Las sospechas de la Justicia

Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron durante la mañana del 24 de junio pasado cuando Insaurralde fue a visitar a Báez a la cárcel federal de Río Gallegos. Los agentes penitenciarios detectaron que la mujer fue con una carpeta con documentos vinculados a propiedades de Báez. Le impidieron el ingreso con esos papeles e informaron de la situación a la Justicia.

Frente a eso, el abogado de Báez, Martín Villanueva, informó que la mujer no había llevado documentos sobre propiedades, sino un poder para designar nuevos abogados ante una audiencia de testigos que se iba a realizar y que Báez tenía que firmar.

Los fiscales calificaron esos argumentos de “manifiestamente inverosímiles” y señalaron que se podría estar ante una maniobra por la cual Báez buscaría desapoderarse de bienes ante la situación judicial que atraviesa con un decomiso confirmado y que se comenzó a ejecutar.

Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral Federal 2, que tiene el caso Vialidad, una serie de medidas. Pero los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entendieron que la Fiscalía tenía la propia facultad de hacer esa investigación.

Sin embargo, el tribunal sí le ordenó a los agentes de la cárcel de Río Gallegos que ante una nueva situación similar le saquen foto a toda documentación que las visitas le quieran llevar a Báez.

El procedimiento fiscal

La Fiscalía ya comenzó con las medidas. Una de ellas fue pedirle a los distintos Registro de la Propiedad Inmueble de todo el país que informen “todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad, aunque la titularidad no subsista en cabeza de esta a la fecha en que se brinda la información“.

“En relación con esto último, el pedido debe retrotraerse a tiempos anteriores, ya que, en caso de que Insaurralde haya operado en calidad de ´prestanombre o testaferro´ de Báez, bien pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercer adquirente“, explicaron los fiscales.

Lo mismo le solicitaron a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.

También le pidieron a los Colegios Públicos de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza que informen si constan registros de todo tipo de actos en los que hayan participado Báez e Insaurralde desde 2016 a la fecha.

Otra de las medidas es sobre un poder de administración de bienes que Báez firmó a favor de Insaurralde en 2020. Los fiscales señalaron que con las condenas firmes los bienes del empresario tienen que ser decomisados por lo que ese poder perdió vigencia. Por eso le ordenaron a Insaurralde que se abstenga de realizar cualquier acto sobre el patrimonio de Báez.

Las fuentes consultadas señalaron que se dispusieron otras medidas que se mantienen en reserva.

En los últimos días aparecieron sospechas sobre el alquiler de las propiedades de Báez. En el programa “WIFI”, del canal A24, Roberto Bucarey denunció que en 2022 alquiló cabañas propiedad del empresario en 28 de Noviembre, una localidad de Santa Cruz.

Bucarey relató que él y otras familias pagaban 30 mil pesos de alquiler en una cuenta bancaria a personas allegadas a Insaurralde y que reclamaban un contrato formal hasta que fueron amenazados y desalojados del lugar por una patota sindical.

El hombre hizo una denuncia penal en la justicia de Santa Cruz pero nunca avanzó y ayer, luego de hacer público su caso, fue amenazado.

Ese complejo de cabañas forma parte de los bienes que la justicia le embargó a Báez. Las fuentes consultadas señalaron que cuando un bien es embargado, el objetivo es que no se puede vender y que está a resguardo en caso de que deba ser decomisado.

Pero mientras dura la causa penal la persona puede disponer de ese bien y, en el caso de una vivienda, usarla o alquilarla. El producto de ese alquiler puede ser utilizado como parte del decomiso, pero eso no se logra si se hace de manera ilegal, como fue denunciado en el caso de las cabañas de Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los ocho condenados por el caso “Vialidad” a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu le dieron a todas las partes 10 días hábiles para cumplir el trámite. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 horas porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles. En el caso que no paguen el dinero -para lo que la justicia abrió una cuenta especial en el Banco Nación- se rematarán los bienes que están a su nombre.

Los 684 mil millones de pesos no se reparten proporcionalmente entre todos las partes. El concepto es solidario, por lo que entre los acusados definen qué cantidad de dinero da cada uno bajo el mecanismo se decisión que también consideren. En dólares al cambio oficial son 537 millones. La expectativa es alguna parte intente objetar con una apelación la decisión del Tribunal Oral.

En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron en el caso una lista de los bienes a nombre de la ex presidenta. Allí hay una caja de seguridad de 4.500.00 dólares -que era la de su hija Florencia Kirchner-. otra de un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires y sus empresas, entre ellas Los Sauces. A nombre de Los Sauces está el departamento de San José 1.111, donde actualmente cumple la prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

Todos esos bienes están embargados y podrán ser rematados para recuperar el dinero.

En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa se determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo irregularidades en las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz.

Los 684 mil millones de pesos fueron determinados por los peritos oficiales de la Corte Suprema que actualizaron el monto de 85 mil millones de pesos que se fijó en diciembre de 2022 cuando se dio el veredicto. La actualización se hizo en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Por su parte, el perito oficial de Cristina Kirchner concluyó que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos, el 6 por ciento del monto oficial. A esa cifra llegó porque tomó los montos de las obras actualizadas por la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.

El tribunal oral, en su resolución, avaló la conclusión de los peritos oficiales. “Las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa. A tal punto que, más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”, sostuvieron los jueces.

Los magistrados también señalaron que el IPC del INDEC fue el calculo que siempre se aplicó en la causa y rechazaron el peritaje del contador de Cristina Kirchner. “El cálculo de actualización que practicó partió de un valor de referencia distinto al indicado y en base al cual dictaminaron los otros expertos contables; dicha circunstancia nos exime de cualquier otra consideración en torno al método del cálculo en sí mismo”, sostuvieron.

Junto con Cristina Kirchner los condenados que deberán pagar los 684 mil millones de pesos son Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están presos. La ex presidenta y Periotti en prisión domiciliaria.

Para la ex presidenta Cristina Kirchner el decomiso de dinero en la causa Vialidad en la que fue condenada es de 42 mil millones de pesos. Se trata de un 6% de los 684 mil millones que establecieron la semana pasada los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A ese monto llegó el perito de parte de la ex presidenta, el contador público José Lucas Gaincerain, porque aplicó un cálculo distinto al de los especialistas del máximo tribunal.

Los peritos de la Corte Suprema utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Así, los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022 se actualizaron a los 684 millones de la inflación desde entonces a mayo pasado.

El especialista de la ex presidenta tomó el monto ilícito que estableció la justicia al momento de los hechos y le aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″, concluyó el perito de parte en su presentación a la que accedió Infobae.

La diferencia entre lo que establecieron los peritos oficiales y el de Cristina Kirchner deberá ser resuelto por el Tribunal Oral para determinar qué monto es el que deben devolver. Inclusive, los jueces tienen también un dictamen de los peritos de la Fiscalía con distintos montos.

Cuando eso quedé definido, los nueve condenados en el caso tendrán 10 días hábiles para devolver el dinero. Sino lo hacen se rematarán los bienes a su nombre hasta llegar a esa cifra. Pero el dictamen de la defensa de la ex presidenta abre la posibilidad que esa discusión se judicialice.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz. La ex presidenta cumple la condena en prisión domiciliaria.

Los jueces establecieron en 85 mil millones de pesos el monto de la defraudación actualizada de cuando fueron los hechos a la fecha del veredicto. Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas, el tribunal pidió una nueva actualización del monto.

Los peritos contadores del máximo tribunal utilizaron el índice de inflación, que es el que se había aplicado cuando se dictó el veredicto. Así, el monto actual del decomiso que los especialistas presentaron la semana pasada es de 684.990.350.139,86 de pesos. Son 537 millones de dólares al cambio actual.

El perito de la ex presidenta presentó aparte un dictamen de 11 páginas. Allí sostuvo que el Tribunal Oral no dijo qué parámetro se debía utilizar para hacer la actualización. También el perito marcó que a su criterio la actualización se debe hacer “desde la fecha de adjudicación de cada una de las obras bajo análisis”. Esos montos datan de 2003 a 2015 cuando se otorgaron las obras que fueron por un total de 646 millones de pesos con 185 millones de sobreprecios.

“Ante la falta de certeza he procedido a realizar el cálculo mediante un método y parámetro distinto a los fines de que el tribunal resuelva en definitiva lo que crea corresponde”, sostuvo el perito de Cristina Kirchner. Ese método fue la tasa pasiva promedio del BCRA. “Esto es, el rendimiento que habría arrojado el depósito de los fondos en una institución bancaria”, explicó y agregó que esa metodología fue avalada por la justicia en otras causas de la ex presidenta.

Así, el monto para Cristina Kirchner es de 42 mil millones de pesos, que son 33 millones de dólares al cambio oficial. “Vale destacar que desde mi perspectiva utilizar, como baremo de actualización otras herramientas similares que realizan mediciones de precios de productos específicos a cada uno, no reflejan el valor financiero del dinero ni su rentabilidad potencial, abriendo la posibilidad de generar en forma artificiosa rentabilidades que nada tienen que ver con la real evolución del valor del dinero”, concluyó.

Por su parte, los peritos de la Fiscalía hicieron cuatro cálculos de actualización en base a distintos parámetros. El resultado va de los 684 mil millones -como los especialistas de la Corte Suprema- a otros de 230 mil millones hasta los 723 mil millones.

Todo deberá ser resuelto por el Tribunal Oral.

Pedido de los fiscales

Tras la actualización del monto del decomiso, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola le pidieron al Tribunal Oral medidas para “resguardar la efectiva ejecución del decomiso”.

El planteo se hizo luego que detectaron una maniobra que podría entorpecer el decomiso de bienes. Concretamente los fiscales señalaron que el 24 de junio a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, lo fue a visitar a la cárcel federal de Ríos Gallegos para que firme una serie de documentos vinculados a sus propiedades del empresario. El Servicio Penitenciario le prohibió el ingreso e informó la situación a la justicia. La defensa de Báez explicó que eran documentos de designación de abogados.

Frente a eso, los fiscales entendieron que se deben tomar “ciertas medidas para evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.

Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral que se actualicen y se mantengan anotadas todas las medidas cautelares dictadas en la causa, que se determinen qué bienes tiene la pareja de Báez desde 2016 a la actualidad, entre otras.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1 dispuso la incautación de 13 propiedades registradas a nombre de personas físicas y jurídicas vinculadas al contador público Diego Xavier Guastini, condenado en septiembre de 2019 como uno de los líderes de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito, en su mayoría provenientes del narcotráfico, y al contrabando. Guastini no pudo cumplir con su pena, puesto que los capos narco a quienes entregó a la Justicia tomaron venganza y ordenaron su asesinato. Fue baleado por un sicario en 2019.

La resolución, firmada por la jueza Sabrina Namer, responde a un pedido presentado por el fiscal Marcelo Agüero Vera, titular de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico. La solicitud estuvo acompañada por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación.

Con esta medida, la cantidad de bienes decomisados a la estructura liderada por Guastini asciende a 26 inmuebles, dado que los 13 recientemente incautados se suman a otros 13 ya decomisados en abril de 2023. Estos activos, ahora bajo resguardo del Estado, fueron calificados por la Justicia como producto directo del narcotráfico internacional y de maniobras de lavado de dinero desplegadas entre 2013 y 2014.

El caso

La condena a Guastini y varias personas de su entorno fue dictada el 20 de septiembre de 2019, por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando, lavado de activos y delitos vinculados, tras haber reconocido su participación en el esquema.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal y los informes recolectados en el expediente, durante el período investigado, la organización ingresó al país importantes sumas de dinero obtenidas en el extranjero a cambio de la comercialización de estupefacientes.

Las ganancias de esa actividad ilegal se destinaron principalmente a la adquisición de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según informó la página web de los fiscales.

Las operaciones se concretaron a nombre de Guastini, allegados y empresas especialmente creadas, en un intento deliberado por ocultar el origen de los fondos y eludir eventuales medidas cautelares o decomisos. Este esquema formaba parte de una ingeniería de lavado ideada por el propio contador, con el objetivo de dotar de apariencia legal a sus activos.

Durante la investigación, los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los informes de los Registros de la Propiedad Inmueble y la documentación secuestrada en allanamientos resultaron elementos clave para reconstruir el flujo de fondos y confirmar el carácter ilícito de los inmuebles. Un archivo titulado “Propiedades”, hallado en la computadora personal de Guastini, fue central para el avance de la causa. Ese listado incluía la ubicación, titulares y sociedades interpuestas utilizadas para la compra de los bienes.

En todos los casos, la Justicia comprobó que ni los titulares registrales ni las personas jurídicas interpuestas justificaban, según sus declaraciones impositivas, la capacidad económica para adquirir esas unidades. En muchos casos, las empresas carecían de actividad real y presentaban balances sin movimientos o en números rojos.

Los imputados admitieron durante el debate oral haber actuado por indicación de Guastini, quien dirigía toda la estructura destinada al ocultamiento de los fondos. La jueza Namer destacó en la resolución que el decomiso resulta fundamental para revertir las maniobras de ocultamiento patrimonial y recuperar para el Estado bienes generados por el narcotráfico y el contrabando.

Además de los elementos de la investigación, en el expediente fue fundamental el testimonio del contador y financista, que terminó por exponer a los narcotraficantes. Como represalia, fue asesinado a tiros por sicarios.

El fraccionamiento Residencial Santa Margarita, en Culiacán, Sinaloa, continúa sitiado por fuerzas federales tras un operativo realizado el sábado 21 de junio, que derivó en el aseguramiento de un arsenal de alto poder y la localización de un túnel clandestino de más de 400 metros. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal mantienen vigilancia permanente en el sector, con accesos controlados, patrullajes y cateos que siguen activos.

En el lugar se aseguraron 123 armas largas, 61 armas cortas, ocho lanzagranadas, dos lanzacohetes, cientos de cartuchos, cargadores, seis vehículos —dos de ellos blindados— y tres inmuebles. Dos de las casas estaban conectadas por un túnel subterráneo de ocho metros de profundidad, que se extiende aproximadamente 400 metros, según confirmó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del 24 de junio.

El operativo, derivado de trabajos de inteligencia, se realizó en una zona habitacional de acceso restringido, ubicada junto a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Los residentes reportaron la llegada de vehículos militares y binomios caninos desde la mañana del sábado. A cuatro días del cateo, la zona, según medios locales, sigue bajo resguardo castrense.

“Es una expresión de resultados”: Gobierno de Sinaloa

Tras el hallazgo, la vocería del Gobierno de Sinaloa calificó el aseguramiento como resultado directo de la estrategia de seguridad impulsada por los tres niveles de gobierno. “Es una expresión de los resultados que está arrojando la implementación de las estrategias de seguridad. Aunque no se ha superado del todo la situación, se está avanzando en la pacificación”, declaró el vocero oficial, Feliciano Castro Meléndrez, en entrevista con medios locales.

Por su parte, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, explicó que los peritajes continúan: “Todavía se están realizando las diligencias dentro del inmueble. Será la autoridad federal la que informe el detalle completo de lo asegurado, una vez concluidas las revisiones”.

¿Un túnel en zona residencial? Esto se sabe

El descubrimiento de esta estructura inusual generó alerta entre vecinos y autoridades por el nivel de sofisticación que implica construir una estructura de esas dimensiones en una zona residencial privada. De acuerdo con reportes preliminares, el pasadizo habría servido para el movimiento discreto de armas o personas entre dos propiedades. Esto último sin ser detectado por vigilancia externa.

Actualmente, no se ha reportado ninguna detención hasta el momento, pero la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició las investigaciones correspondientes.

Parte de una ofensiva más amplia

El aseguramiento en Santa Margarita forma parte de una ofensiva más amplia contra el crimen organizado en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, fuerzas federales han intensificado operativos en Culiacán, Navolato y otras regiones del estado. Tan solo en los últimos diez meses, se han decomisado más de 500 armas —432 de ellas largas—, así como cartuchos, laboratorios clandestinos y drogas sintéticas, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Se está actuando con firmeza. No es un hecho aislado; es parte de una política de seguridad que va arrojando resultados visibles”, concluyó Castro Meléndrez.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la detención de tres hombres en posesión de un arsenal como resultado de dos cateos en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

La detención se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar dos inmuebles que eran utilizados para almacenar armas de fuego.

Tras implementar vigilancias fijas móviles en los dos predios, ubicados en la calle Francisco I. Madero en la colonia Mitras Centro y otro en la calle Paseo Churubusco de la colonia Cumbres Primer Sector, se otorgaron las ordenes de cateo para intervenir los domicilios.

La acción se llevó a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la operación fueron detenidos Christian “H”, Luis “G” y Luis “G”, a quienes les aseguraron 64 armas de fuego, 3 mil 541 cartuchos útiles, 115 cargadores, así como maquinaria y aditamentos para fabricar cartuchos.

Además, en los cateos fue asegurado dinero en efectivo, tres vehículos y diversa documentación.

La detención de estos sujetos se llevó a cabo por su relación con el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica.

En lo que respecta a los inmuebles, estos fueron sellados y puestos bajo resguardo policial.

“Con esta acción se impidió que las armas lleguen a las calles, lo que permite reducir la capacidad de fuego de grupos delictivos y contribuye en la disminución de la violencia en la entidad”, detalló en un comunicado la SSPC.

Cuáles son los cárteles que operan en Nuevo León

El estado de Nuevo León es una zona en la que se ha detectado la operación del Cártel del Noreste, quien desde inicios del año 2023 desplegó decenas de sicarios con la intención de instalarse en la entidad. Además, tiene presencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nuevo León también el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en la entidad, aunque en menor medida en comparación con el del Noreste y Sinaloa.