El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, superó los USD 4.4 millones tras la publicación de su declaración patrimonial en un portal del Ministerio de Hacienda, habilitado este lunes.

La difusión ocurre después de la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero, promovida por el mismo gobierno, y es la primera divulgación oficial de este tipo desde 2019.

Los datos oficiales, citados por la agencia de noticias EFE, consignaron activos por USD 4.561.160,23 y pasivos por USD 94.681,99. De esa diferencia surge un patrimonio neto de USD 4.466.478,24.

La información quedó disponible para consulta ciudadana en la sección Consulta Activos y Pasivos del portal de Hacienda, según EFE. La apertura se produjo después de que la nueva normativa obligara a funcionarios y empleados estatales a presentar su información patrimonial junto con la declaración anual del impuesto sobre la renta.

Es la primera vez que se conoce públicamente el patrimonio del mandatario salvadoreño desde que asumió la Presidencia en junio de 2019, de acuerdo con EFE. Hasta ahora, las declaraciones patrimoniales entregadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia permanecían bajo reserva.

Medios locales atribuyeron la divulgación a una exigencia del Fondo Monetario Internacional para publicar el patrimonio de funcionarios públicos, indica la nota de EFE. Ese organismo alcanzó con el Gobierno de Bukele en 2024 un acuerdo de financiamiento por USD 1,400 millones.

Reciente normativa previene la corrupción

La Ley Anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa establece que quienes estén obligados a declarar patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia también deben incorporarlo en su declaración anual de renta, con detalles de bienes propios y de su cónyuge.

La norma dispone que la información incluya “los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles” realizadas durante el período declarado en el impuesto sobre la renta.

La Ley Anticorrupción de El Salvador obliga a los funcionarios y empleados públicos que ya deben declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia a presentar, desde el ejercicio fiscal de 2025, un informe jurado de activos y pasivos junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta; la norma también ordena su publicación en un portal electrónico y fija la destitución inmediata para quien incumpla, mienta de forma manifiesta o niegue su consentimiento para hacer pública esa información.

La ley, vigente desde el 11 de agosto de 2025, dispone que el Ministerio de Hacienda publique cada declaración en un plazo máximo de 15 días hábiles después de su presentación.

Esa información deberá mantenerse actualizada de forma permanente mientras el sujeto obligado siga en funciones.

El artículo 18 establece que la obligación alcanza a todos los funcionarios y empleados públicos, a quienes por ley ya deben declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia. El nuevo documento se denomina Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos.

Ese informe deberá incluir no solo la información del declarante, sino también la de su cónyuge por matrimonio o conviviente por unión no matrimonial y la de sus hijos. La declaración deberá consignar los saldos de activos fijos y circulantes, los pasivos y el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el período declarado en el impuesto sobre la renta.

La información patrimonial deberá publicarse en un portal del Ministerio de Hacienda

La ley ordena al Ministerio de Hacienda establecer, en coordinación con el ente rector del SINAC, el contenido del informe de activos y pasivos. También le impone crear un portal electrónico específico para publicar esas declaraciones de forma accesible para la ciudadanía.

El texto legal señala que la Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos tendrá el tratamiento de información oficiosa. Para su publicación, Hacienda deberá generar un formato que excluya únicamente datos sensibles que puedan exponer al funcionario a un riesgo.

Entre los datos que no deberán hacerse públicos figuran domicilios, direcciones, números de teléfono, números de identidad y números de cuentas. En esos casos, la publicación deberá conservar los montos y las generalidades de la información patrimonial.

Las declaraciones patrimoniales ya derivaron en condenas contra expresidentes

Las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el patrimonio de funcionarios derivaron en condenas civiles y penales, según EFE.

Entre los casos mencionados están los de los expresidentes Elías Antonio Saca, que gobernó entre 2004 y 2009 y está en prisión por corrupción, y Mauricio Funes, que presidió entre 2009 y 2014, murió en 2025 y fue procesado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una ampliación de denuncia judicial formalizada el lunes por los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes solicitan esclarecer el origen y las condiciones financieras de la compra de dos propiedades: un departamento en Caballito y una vivienda en el Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz.

Según la denuncia, que fue difundida por el diario La Nación, el Jefe de Gabinete habría conseguido un préstamo no bancario de dos personas para comprar el departamento en la zona de Caballito. Operación que realizó sin vender otra propiedad a pesar de que su declaración jurada de 2024 muestra una escasez de ahorros.

Además, según las publicaciones, la compra se hizo a un menor precio del mercado y con un préstamo de USD 200.000 que le hicieron las dueñas anteriores, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Las supuestas acreedoras del dinero utilizado por Adorni negaron conocer al funcionario o recordar algún vínculo, lo que incrementó las dudas sobre la operación.

Los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble señalan como involucrada a la escribana Adriana Nechevenko, cuya citación como testigo fue solicitada, con el objetivo de precisar su actuación y detallar la documentación firmada en dichas transacciones.

La presentación judicial advierte que no constan detalles sobre el costo financiero, la tasa de interés ni los plazos del préstamo. Por la condición de funcionario, la denuncia recuerda la obligación de Manuel Adorni y su cónyuge de declarar bienes y operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en cumplimiento de la Resolución 192/2024 publicada el 6 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial.

Además, los denunciantes pidieron extender la investigación y que el juzgado determine las medidas necesarias para revisar el financiamiento de los inmuebles adquiridos por el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.

La estructura financiera de la operación de compra, el préstamo de ambas jubiladas, fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.

El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, extendió el plazo de vencimiento para la presentación de la declaración patrimonial de quienes desempeñan funciones dentro del Estado, que deben actualizarse cada año. Este requisito también es necesario al asumir y finalizar las tareas en cada cargo.

La medida se formalizó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 6/2025, en la que instruyeron a las áreas responsables de personal a “divulgar el contenido de la presente resolución a los funcionarios obligados de su respectiva jurisdicción”.

La nueva fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo 31 de julio, modificando de esta manera el plazo máximo primeramente establecido, que vencía el próximo 30 de mayo. Así se había fijado mediante la Resolución MJ y DH Nº 1695/2013.

Este cambio se ejecuta con el fin de que los empleados públicos cuenten con el tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones fiscales del período 2024 y responde a la interdependencia entre las declaraciones fiscales exigidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y las previstas por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

La información que deberán suministrar “será la correspondiente al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la presentación”.

A su vez, la ley puntualiza que las personas referidas en el artículo 5° que no efectúen la presentación del documento a la fecha ante el organismo fiscal “deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del Impuesto a las Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales y si correspondiere otra similar que presenten en cualquier concepto, a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, además del anexo reservado correspondiente”.

En este sentido, destaca que los alcanzados por este punto “deberán acceder al sitio ‘web’ de ARCA” y continuar desde allí. En tanto, aquellos que no corresponda la utilización de los mencionados formularios, “deberán acceder al mismo sitio web y completar el mismo formulario mediante el uso de la respectiva ‘Clave Fiscal’ cargando manualmente la información allí requerida”.

El plazo vigente para informar el tributo sobre las ganancias obtenidas y para el patrimonio es a finales de junio, un detalle que, también, obligó a adecuar los vencimientos. Es por ello que la Oficina Anticorrupción resulta ser autoridad de aplicación de las leyes relacionadas, y en tal carácter, “le corresponde dictar las instrucciones complementarias que sean necesarias para permitir a los funcionarios declarantes un adecuado cumplimiento de las exigencias legalmente previstas”.

Cabe recordar que a partir del decreto 695/2024, el Ejecutivo estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, introdujo un nuevo sistema de ingreso al Estado, a través de una evaluación general de conocimientos y competencias, de carácter anónimo.

Desde entonces se estableció que toda designación está sujeta a la verificación de requisitos legales y éticos, y debe contar con la presentación de declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales cuando el cargo lo exija. “No podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”, refería el documento en dicho punto. En esta misma línea, establecía que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado debía verificar el cumplimiento de los requisitos, y en casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podía consultar a la Oficina Anticorrupción.

Además, era obligatorio el certificado de aptitud psicofísica para formalizar cualquier incorporación. La norma reguló también la contratación por tiempo determinado y la incorporación en plantas transitorias, limitadas a tareas estacionales o con plazo definido; al tiempo que oficializó la creación del Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.