Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense, fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU. Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones.

Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

El mexicano organizó el lavado con una red de cómplices

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos. Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico.

Una vez que los cómplices entregaban el efectivo, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión, es decir, un porcentaje del monto total lavado.

El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.

La DEA de Detroit coordinó la investigación con oficinas en México, Texas, Illinois y Ohio

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingés) también en Detroit. Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso.

La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington, Kentucky. La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red que Gordiano Valenzuela operó.

El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de la iniciativa federal para desmantelar cárteles transnacionales

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF. Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero.

El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

Otro mexicano CEO de una casa de cambio también usó criptomonedas para lavar dinero del narco en Estados Unidos

El caso de Gordiano Valenzuela no fue aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia que operaba en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación.

La investigación reveló que Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El dinero ilícito ingresaba al circuito financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo: Kleiman contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda. Pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas.

Estados Unidos fijó el 5 de agosto una recompensa de hasta USD 25 millones por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, a quien identificó como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero de 2026.

El anuncio fue acompañado por cargos penales contra ocho mandos del cártel y por un paquete total de hasta USD 102 millones repartido entre ocho fugitivos. Durante una conferencia de prensa, el fiscal general en funciones Todd Blanche dijo: “El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”.

Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Por ese origen tuvo nacionalidad estadounidense y mexicana, una condición que lo colocó bajo atención de autoridades de ambos lados de la frontera.

Su ascenso ocurrió después de la muerte de “El Mencho” en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Esa baja abrió una nueva etapa en la dirección del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización a la que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera y entre las estructuras narcoterroristas más violentas y peligrosas.

Juan Carlos Valencia heredó una red familiar ligada al Cártel del Milenio y a Los Cuinis

Juan Carlos Valencia González fue hijo biológico de Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona” o “El Juanito”, fundador del extinto Cártel del Milenio. Su madre fue Rosalinda González Valencia, después esposa de “El Mencho” y figura de peso dentro del clan de Los Cuinis, identificado durante años como cerebro financiero del CJNG.

Durante su infancia, Rosalinda González migró de manera indocumentada a Estados Unidos, donde trabajó en campos agrícolas. Más tarde la familia se trasladó a México y quedó vinculada de forma directa con la consolidación de la organización criminal.

De manera extraoficial se indicó que Rosalinda González conoció a Nemesio Oseguera cuando Juan Carlos tenía dos años, en California. Con el tiempo, esa relación personal se convirtió en una alianza familiar y criminal que conectó al Cártel del Milenio, al grupo de los Valencia, a Los Cuinis y después al CJNG.

El Cártel del Milenio y el Cártel de los Valencia no fueron estructuras marginales. Llegaron a traficar hasta un tercio de la cocaína que ingresó desde México hacia California y Chicago, mientras combinaban producción y distribución con una fachada de negocios legales, incluida la agricultura local.

Ese esquema permitió que operaran con discreción antes de que una de sus facciones evolucionara hasta convertirse en el CJNG. La trayectoria del grupo también pasó por matrimonios, alianzas y reacomodos internos que redefinieron mandos y rutas.

El 15 de agosto de 2003, Armando Valencia Cornelio fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y autoridades federales. La acusación formal incluyó delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, delitos que derivaron en una condena larga en México y en una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Tras esa detención, el Cártel del Milenio se debilitó y se fragmentó en varias facciones que pelearon por el control de plazas criminales. De ese proceso surgió la estructura que después se consolidó como el CJNG.

Rubén Oseguera Cervantes inició su carrera delictiva como uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio. Después construyó su propia organización y encabezó la expansión que convirtió al CJNG en una de las estructuras criminales con mayor influencia en el país.

En 2020, 17 años después de su captura, “El Maradona” fue liberado. Padecía cáncer linfático y obtuvo una reducción de sentencia por buen comportamiento y por razones de salud; salió del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, sin declaraciones oficiales sobre su paradero.

El “Pelón” fue señalado como operador violento y fundador de células armadas del cártel

Antes de que se anunciara la nueva recompensa, el gobierno de Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por información que condujera a la captura de Valencia González. También era identificado con los alias “R3” y “Tricky Tres”.

Reportes de la Sedena y documentos judiciales lo ubicaron como fundador de Grupo Delta y Grupo Élite. Esas células armadas tuvieron entrenamiento militar y se especializaron en la disputa de territorios frente a rivales como el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana.

La Sedena documentó que esos grupos contaron con adiestramiento especializado, tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y presencia de exmilitares colombianos como instructores. Ese perfil lo colocó como un operador de alto nivel dentro del aparato armado del CJNG.

El periodista Ángel Hernández dijo en una entrevista para un canal de YouTube que “El R3 es efectivamente una persona de alto rango, de confianza, por supuesto, de Nemesio Oseguera Cervantes, un operador importante y violento como lo era El Menchito”. También sostuvo que su nombre “no había dado tanto ruido porque en realidad se trata de hombres de un perfil un tanto bajo, no es un perfil tan grande como, por ejemplo, Los Chapitos, otros narcotraficantes que heredan sus posiciones, pero que siempre ha operado”.

La FGR lo habría relacionado con el secuestro de dos mujeres de la Defensa en Puerto Vallarta en 2022. Ese hecho habría sido ordenado como represalia tras la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, identificado como lugarteniente del CJNG.

También se le habría vinculado con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar en 2016, con el ataque contra el exfiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y con el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos. Una acusación formal en un tribunal del Distrito de Columbia lo señaló además por conspiración y distribución de opioides sintéticos, así como por posesión de armas de fuego.

Informes oficiales también lo ubicaron como responsable de narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, en febrero de 2024. En ese episodio, su grupo de pistoleros se activó ante la posibilidad de una detención.

¿Seguirá con el apoyo a Los Chapitos?

La cooperación que durante meses mantuvo el CJNG con la facción de Los Chapitos dependió, en buena medida, de Nemesio Oseguera Cervantes. Tras su muerte el 22 de febrero, ese vínculo perdió su principal punto de contacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la relación entre ambas estructuras criminales quedó debilitada. La colaboración había sido documentada desde 2024 por el Gabinete de Seguridad.

En ese periodo, el CJNG habría proporcionado recursos económicos, armamento y personal a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El apoyo se concentró sobre todo en el sur de Sinaloa, donde operadores de ambos grupos coincidieron en objetivos estratégicos.

Con la muerte de “El Mencho”, Juan Carlos Valencia González quedó señalado como heredero de esa estructura y como el nuevo rostro del mando criminal. Por esa razón, Estados Unidos elevó a USD 25 millones la recompensa por su paradero.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole confirmó el 5 de agosto que mantuvo comunicación constante con Omar García Harfuch y colocó entre sus objetivos a quien habría ordenado el atentado de 2020 contra el hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSPC, en un mensaje que vinculó la cooperación bilateral con la ofensiva contra mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El señalamiento ocurrió durante una conferencia en la que se anunciaron cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y recompensas por más de USD 100 millones para capturar a ocho de sus integrantes. En ese mismo espacio, Cole respondió a una pregunta sobre si la cooperación de México en seguridad podía mejorar.

El funcionario estadounidense optó por destacar la relación con el secretario mexicano en vez de entrar a la insinuación. “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”, dijo.

Ese intercambio mostró de forma directa que la comunicación entre la DEA y García Harfuch seguía activa al más alto nivel. También dejó ver que, para Cole, la coordinación con México formaba parte de la estrategia para perseguir a operadores del narco con peso regional y nexos violentos.

Cole ligó la cooperación con la búsqueda del responsable del atentado de 2020

En la misma comparecencia, Cole lanzó una advertencia dirigida a traficantes, funcionarios coludidos y operadores del CJNG. “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico”.

Dentro de ese mensaje incluyó nombres específicos. Mencionó a El Jardinero, de quien dijo que había sido capturado recientemente; al Sapo, identificado como Hugo Méndez Gaitán; y al Tarjetas, identificado como Julio Montejo Pinzón.

Sobre este último, Cole sostuvo que se trataba del “mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”. Con esa frase, el director de la DEA conectó la acusación contra integrantes del CJNG con uno de los ataques más notorios contra un funcionario de seguridad en México.

La referencia al atentado de 2020 colocó a García Harfuch no solo como interlocutor del gobierno de México ante Estados Unidos, sino como víctima de una agresión atribuida a un operador mencionado por el propio jefe de la agencia antidrogas. El énfasis de Cole apuntó a que la persecución no se agotaba en el tráfico de drogas, sino que alcanzaba hechos de violencia directa contra autoridades.

La relación entre Cole y García Harfuch venía de meses atrás

La declaración ocurrió cinco meses después de una reunión presencial entre ambos funcionarios en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia difundió una fotografía en la que Cole apareció sonriente junto a García Harfuch.

En ese momento se informó que el encuentro había servido para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y sobre la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera. La imagen y el mensaje público mostraron que la interlocución ya se había formalizado desde semanas antes.

Después de esa reunión, García Harfuch retomó la publicación y precisó que había asistido en representación del Gabinete de Seguridad de México. Añadió que la conversación abordó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes.

También señaló que el encuentro había respondido a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese dato colocó la reunión en el marco de la política de seguridad del gobierno federal y no como un contacto aislado entre funcionarios.

Cole incluso afirmó que la relación tenía un componente operativo previo. “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”, declaró.

El titular de la DEA dijo que su experiencia en México marcó esa coordinación

La mención a su trabajo en campo en México remitió a su etapa como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. Esa experiencia formó parte de la trayectoria que el funcionario había expuesto semanas antes en una pieza difundida el 24 de junio, en el contexto de la operación “América libre de fentanilo”.

En ese video, Cole dijo que había servido en Colombia, Afganistán y México. Afirmó que ese recorrido le permitió entender la dimensión global del combate al narcotráfico.

Durante la conferencia del 5 de agosto también advirtió que la cooperación bilateral no se limitaba a los expedientes ya conocidos. “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”, sostuvo.

La frase sugirió que la coordinación entre autoridades de ambos países seguía abierta a nuevas acciones. También dejó asentado que, desde la visión del director de la DEA, la relación con García Harfuch se mantenía activa mientras avanzaban casos ya públicos y otros que todavía no habían sido revelados.

Quién es Julio Montejo Pinzón ”El Tarjetas"

Las investigaciones de seguridad en México señalaron a Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría ordenado el atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch.

El ataque: Ocurrió en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde el convoy de García Harfuch recibió cientos de impactos de bala.

El señalado: Informes de inteligencia y de instancias de seguridad ubicaron a El Tarjetas (también conocido como Julio Montejo Pinzón) como un mando regional del CJNG en Jalisco vinculado con la planeación de esta agresión.

Estatus legal y de búsqueda: Su nombre figura en investigaciones de autoridades mexicanas y en acusaciones formales de agencias de Estados Unidos, las cuales han emitido fichas de búsqueda y ofertas de recompensa por su localización debido a sus nexos con la estructura criminal.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron las diversas acciones que llevan a cabo para erradicar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el aumento de recompensas, captura de funcionarios ligados así como el organigrama del peligroso cártel, en el que se incluye a varias mujeres entre familiares, parejas y empleadas.

Se fijó este miércoles 5 de agosto una recompensa de hasta USD 2 millones para localizar a Griselda Margarita, señalada por su presunto papel en una red de fraude de tiempos compartidos y lavado de dinero ligada al CJNG, en un caso que exhibió cómo esposas, novias, familiares y empleadas habrían sido usadas para resguardar activos, operar empresas y mover recursos del cártel.

La acusación presentada en un tribunal federal de Brooklyn también incluyó a Julio César, alias “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César” y “CH Jiménez”, identificado como integrante de alto rango del grupo criminal. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

En el caso de Montero, la acusación agregó un cargo por conspiración para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Las autoridades estadounidenses precisaron que los dos eran ciudadanos mexicanos y no estaban bajo custodia de Estados Unidos.

El expediente sostuvo que, desde aproximadamente 2012, el CJNG operó un esquema de fraude de pago por adelantado contra dueños de tiempos compartidos en México, incluidas varias ciudades de Jalisco. Las víctimas, muchas de ellas residentes y ciudadanas de Estados Unidos, entregaban dinero por supuestas tarifas e impuestos para vender o rentar sus propiedades, pero no recibían los fondos prometidos ni recuperaban su dinero.

Entre 2019 y 2024, unas 6,000 víctimas estadounidenses informaron pérdidas por alrededor de USD 350 millones atribuibles a fraudes de tiempos compartidos en México. Hasta la fecha, la OFAC había sancionado a más de 70 personas y entidades por su participación en esa modalidad atribuida al CJNG.

Griselda fue ubicada en la oficina central del fraude de tiempos compartidos

La autoridad estadounidense señaló que Griselda Margarita trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG. Desde ahí, presuntamente supervisaba la operación de centros de llamadas y la recepción y el lavado del dinero obtenido de las víctimas.

El caso la colocó como una pieza operativa dentro de una estructura que no solo engañaba a propietarios de inmuebles vacacionales, sino que también reciclaba las ganancias. La acusación sostuvo que la red incluso volvía a contactar a las víctimas con falsos abogados o supuestos funcionarios que ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos por adelantado.

Las autoridades también recordaron que ya había sido sancionada por la OFAC por su presunta participación en ese esquema. Si fuera declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo imputado.

Karely Lizbeth apareció como esposa y dueña de una licorería

Dentro de la red centrada en la familia de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, la OFAC identificó a Karely Lizbeth como su esposa. La señaló como propietaria de la tienda de bebidas El Almacén Licorería.

La misma acción la vinculó, junto con Areli Isis M, prima de Jardinero, a Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., una empresa mayorista de ropa. Además, Petrocoda S.A. de C.V., una compañía gasolinera, habría permanecido bajo control de Jardinero a través de Medina Flores y del subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La designación sostuvo que su esposa y prima habrían actuado en nombre o representación, directa o indirectamente, de Audias Flores Silva. El caso mostró un patrón: personas cercanas a mandos del cártel aparecían al frente de negocios formales usados para ocultar el interés real sobre activos y ganancias.

Areli Isis fue señalada como prima y operadora de empresas

Areli Isis fue descrita como prima de Jardinero y como una de las personas mediante las cuales se habría mantenido el control de activos empresariales. Su nombre apareció en la operación de Petrocoda y en la propiedad de la comercializadora de ropa compartida con ella.

La acusación administrativa no la ubicó como figura armada ni como jefa de plaza, sino como parte del mecanismo financiero y patrimonial del grupo. Ese es uno de los rasgos que destacaron las sanciones: la red familiar no solo servía para encubrir bienes, sino para reducir el riesgo de que las compañías quedaran expuestas de inmediato ante investigaciones.

Martha Alicia fue identificada como esposa y socia comercial

La OFAC también incluyó a Martha Alicia, a quien identificó como integrante del CJNG y esposa de Roberto J.A. Ambos controlaban de manera conjunta Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.

J. por su parte, aparecía además al frente de Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. y de la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V. En ese bloque, la participación de ella fue descrita a partir de la propiedad y control de empresas que, de acuerdo con las sanciones, habrían servido de soporte patrimonial a la organización.

Liliana y los hijos de El Cachas quedaron ligados a empresas familiares

Otra historia señalada fue la de Liliana, identificada como la esposa más reciente de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, miembro de alto rango del CJNG. La OFAC la designó junto con los hijos de Botello: Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz.

Cisneros Tapia figuró como secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz aparecieron, respectivamente, como secretario y tesorero del consejo de administración de esa empresa, de la cual los cuatro eran copropietarios.

Ricardo Botello Ortiz fue ubicado como tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel Los Tres Hermanos. Las autoridades también relacionaron a la familia con Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de calzado infantil, además de una compañía de seguridad privada y otra de tequila y agave.

Alma Laura fue señalada junto con su esposo en logística y robo de combustible

En otra rama del CJNG, Alma Laura fue identificada como operativa en actividades vinculadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible. La acusación administrativa sostuvo que, junto con su esposo José Mora León, era dueña de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido al cártel.

Mena también fue relacionada con la extracción y robo de gasolina en una zona bajo control del CJNG. Ambos controlaban Strong Energy S.A. de C.V., dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V., enfocada en logística.

Su caso mostró otro perfil femenino dentro de la estructura: no el de familiar usada como prestanombres, sino el de una presunta participante directa en operaciones que combinaban combustibles y narcóticos. Esa mezcla fue descrita por las autoridades como parte de las fuentes alternas de ingresos del cártel.

Teresa de Jesús y una abogada de Puerto Vallarta aparecieron en el fraude turístico

Además de las grandes redes patrimoniales, las sanciones alcanzaron a tres mexicanos por su presunta intervención en fraudes de tiempos compartidos del CJNG: Teresa de Jesús, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriel del Villa Contreras. Los tres operaban en Puerto Vallarta.

Se indicó que habría participado en este tipo de fraude durante 15 años. En el caso de Gabriela Del V. C., fue descrita como abogada dedicada al cobro de deudas y a fraudes inmobiliarios en representación del CJNG.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que estos engaños también incluían el uso indebido del nombre de agencias del gobierno para parecer legítimos. En algunos casos, los delincuentes llamaban a víctimas y se hacían pasar por agentes de la OFAC para exigir pagos a cambio de liberar fondos supuestamente bloqueados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, líder del grupo criminal “Los Cuinis”, se declaró culpable de violar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), al pagar más de 504 mil dólares para que su hijo estudiara en la IMG Academy.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo

En un comunicado, la institución indicó que Amaral Arévalo enfrentaba sanciones desde 2015, por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de “Los Cuinis”, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que González Valencia, exesposo de Wendy, es cuñado del extinto líder de dicho cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“A pesar de la designación de la OFAC, que le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, Amaral Arévalo firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela y gestionó el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares”, se lee en el desplegado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Estados Unidos había designado al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC había sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el cártel, entre ellas altos mandos, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores, funcionarios corruptos, complejos turísticos, restaurantes, empresas inmobiliarias, agrícolas y compañías fantasma.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), confirmó este 5 de agosto que mantiene comunicación con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La información surgió en la ronda de preguntas de una conferencia de prensa donde la administración Trump anunció cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas por más de 100 millones de dólares para capturar a ocho de sus integrantes.

Cole respondió así a un periodista que le preguntó si la cooperación con México podía mejorar: “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”.

La declaración del director de la DEA llegó cinco meses después de que ambos funcionarios se reunieran en persona en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia publicó en sus redes sociales una foto de Cole sonriendo junto a Harfuch. En el mensaje, la DEA describió el encuentro como una visita para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

Cole dijo que trabajó “sobre el terreno” en México

En la conferencia de este 5 de agosto, Cole fue más allá de confirmar la comunicación. Señaló que la relación tiene raíces operativas: “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”.

Sobre la mención de haber trabajado en campo en México, Cole se refería a su anterior cargo como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. En un video difundido el 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”, el funcionario señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, afirmó, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global.

Además, en la respuesta a la prensa de este día, Cole añadió que la cooperación no se limita a los casos ya anunciados: “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”.

El periodista que formuló la pregunta insinuó que México “podría ayudar un poco más”. Cole no respondió a esa insinuación y optó por subrayar los avances de la colaboración binacional.

Harfuch reposteó la publicación de la DEA con un mensaje propio el 16 de marzo

Tras la reunión del pasado 16 de marzo, García Harfuch reposteó una publicación de la DEA y añadió un mensaje propio en el que detalló que asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México. El secretario señaló que la conversación con Cole abarcó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes, y precisó que el encuentro respondía a una instrucción directa de la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó al día siguiente, en su conferencia matutina, que Harfuch continuaría en Washington esa semana con más reuniones con agencias estadounidenses: “Son reuniones de coordinación de información, de inteligencia”, dijo la mandataria.

Harfuch acumula una agenda de seguridad con múltiples agencias de Estados Unidos

El vínculo de Omar García Harfuch con el gobierno de Estados Unidos se ha construido a lo largo de múltiples reuniones desde que asumió la SSPC en 2024. El 27 de febrero de 2025, integró la delegación mexicana que se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio.

El 7 de marzo de 2025, acudió a la sede central del FBI para reunirse con Kash Patel; la agencia describió el encuentro como un “hito histórico” tras la entrega de 29 presuntos criminales capturados en México y con cargos en aquel país.

El 31 de marzo de 2025, el secretario viajó nuevamente a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en medio de la tensión por los aranceles del 25% que Trump anunció para el 2 de abril de ese año.

El 18 de marzo de 2026 sostuvo una segunda reunión con el FBI, centrada en inteligencia y coordinación operativa, días después de su encuentro con Terry Cole.

Estados Unidos aumentó recompensas por USD 102 millones contra ocho líderes y asociados del CJNG, una medida que buscó facilitar su arresto o condena en cualquier país y golpear la estructura de mando de una organización a la que Washington ya había catalogado como terrorista y responsable del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

El paquete incluyó también restricciones de visa para 65 personas identificadas como familiares, socios personales o socios comerciales cercanos de individuos vinculados al cártel. De ese grupo, 26 visas vigentes fueron revocadas, y con esa acción el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones contra redes cercanas a narcotraficantes sancionados.

La decisión se enmarcó en el Programa de Recompensas por Narcóticos y en el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. La medida fue coordinada con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, HSI, el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Centro Nacional de Coordinación.

El gobierno estadounidense presentó el anuncio como una ofensiva directa contra el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales más violentas del hemisferio, según su propia definición. En su comunicación oficial, sostuvo que estas ofertas apoyaban a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley al intentar paralizar la cúpula de la organización.

Juan Carlos Valencia González quedó como el objetivo con la recompensa más alta

La suma más alta, de hasta USD 25 millones, recayó en Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El monto representó un aumento de hasta USD 5 millones frente a la cifra previa.

Otra de las alzas correspondió a Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, por quien se ofrecieron hasta USD 15 millones. En su caso también se trató de un incremento de hasta USD 5 millones.

A esa misma franja de USD 15 millones entraron Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Con esos montos, ambos quedaron entre los objetivos prioritarios dentro de la nueva lista.

La siguiente categoría fijó recompensas de hasta USD 10 millones para Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. El octavo nombre incluido fue Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrecieron hasta USD 2 millones.

Ese bloque respondió de forma directa a la pregunta central sobre quiénes integraron la nueva lista: Valencia González, Flores Silva, Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón, Rivera Varela y Arredondo Pinzón. La distribución de montos mostró una jerarquía interna, con una sola recompensa de USD 25 millones, tres de USD 15 millones, tres de USD 10 millones y una de USD 2 millones.

Washington ligó las medidas migratorias con la ofensiva penal contra el CJNG

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 personas por sus vínculos familiares, personales o comerciales con individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esa disposición se aplicó contra extranjeros involucrados en tráfico ilícito de drogas a escala mundial.

Del total de afectados, 26 contaban con visas vigentes y estas fueron revocadas. El dato amplió el alcance de la medida más allá de los operadores directos del cártel, pues alcanzó también a su círculo de apoyo.

La administración estadounidense informó que, desde que anunció esta política en junio de 2025, había revocado 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El mensaje político de la medida fue que los integrantes violentos de estas redes y sus facilitadores ya no podrían ingresar a Estados Unidos.

La ofensiva de recompensas se complementó con la divulgación de cargos penales contra cinco de los señalados: Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. Con ello, el anuncio no solo elevó el incentivo económico para obtener información, sino que se enlazó con una ruta judicial ya abierta contra parte de ese grupo.

Washington había designado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Bajo esa clasificación, el gobierno estadounidense sostuvo que el grupo envenenaba comunidades de su país por medio del trasiego de drogas sintéticas y tradicionales, en especial fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

• Estados Unidos ofreció hasta USD 102 millones por información que llevara al arresto o condena de ocho líderes y asociados del CJNG.
• La recompensa más alta, de USD 25 millones, fue para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder tras la muerte de “El Mencho”.
• También fueron restringidas 65 visas y revocadas 26 vigentes; el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones.

Incluyen a narcopolíticos

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, anunció este miércoles nuevas medidas para desmantelar al CJNG y sostuvo que la ofensiva incluye cargos penales, recompensas por más de USD 100 millones y arrestos, con el argumento de que esa organización mantiene el control del narcotráfico hacia territorio estadounidense mediante miedo, violencia y el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

En el mismo anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron que las investigaciones de la DEA ya derivaron en más de 100 acusaciones contra líderes y operadores asociados al cártel. También afirmaron que trabajan con socios internacionales para detener, extraditar y juzgar a los implicados en Estados Unidos.

Durante la conferencia en el Departamento de Justicia en Washington, Todd Blanche presentó las acciones acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios. La información se dio a conocer en un acto público del gobierno de Donald Trump centrado en la estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA coloca al nuevo liderazgo del CJNG como prioridad

Terri Cole, titular de la DEA, afirmó que el CJNG se convirtió en dos décadas en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Según la funcionaria, las indagatorias de la agencia documentaron el uso de violencia y corrupción en México, además de protección por parte de miembros del gobierno mexicano que habrían facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y ataques violentos.

Cole atribuyó al cártel la muerte de miles de estadounidenses por la producción y distribución de fentanilo. En su mensaje, dijo: “Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”.

La titular de la DEA aseguró que la ofensiva apenas comienza y que el objetivo es usar todas las herramientas disponibles del gobierno estadounidense. También dijo que las medidas buscan enviar un mensaje directo a los grupos criminales y a quienes los protegen desde espacios de poder.

Cole recordó que este año cayó El Mencho, identificado como líder del CJNG, pero sostuvo que su muerte no desarticuló a la organización. Afirmó que ese hecho mostró la capacidad de resistencia del cártel y que la estructura sigue activa como amenaza.

A partir de ese cambio, la funcionaria señaló que el nuevo objetivo prioritario de la agencia es Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho. Lo definió como la prioridad número uno de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos advierte a narcopolíticos y suma casos por fraude

En la misma conferencia, Cole lanzó una advertencia a traficantes y actores con protección política. Dijo: “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”.

Con esa declaración, la agencia colocó en el mismo frente a operadores del narcotráfico y a funcionarios que habrían protegido al CJNG. La acusación pública de Cole incluyó nombres específicos ligados a la estructura criminal y a hechos violentos atribuidos al grupo.

Por su parte, Kash Patel afirmó que la amenaza del narcotráfico no se limita a las dosis de fentanilo y otras sustancias que matan a ciudadanos estadounidenses. Añadió que Estados Unidos obtuvo resultados favorables para impedir que desde China lleguen a México precursores de drogas.

El director del FBI anunció además que tres personas pasaron a la categoría de las más buscadas del mundo por fraude, no por tráfico de drogas. Explicó que se trata de responsables del fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

El Tribunal Penal de Limón, en Costa Rica, aceptó las garantías enviadas por Washington y dejó a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, a un paso de ser extraditado a Nueva York. Estados Unidos aseguró que solo será juzgado por el delito pedido, sin cadena perpetua ni una pena superior a 50 años.

De acuerdo a la información de las autoridades, Estados Unidos no asumió un compromiso expreso de no solicitar la pena de muerte porque ese castigo no está previsto para el delito atribuido a Bell Fernández dentro de la legislación penal federal estadounidense. Y con el aval de la jueza del caso a esa documentación, el único paso operativo pendiente es coordinar el vuelo chárter que lo trasladará a Nueva York.

Cómo se coordinará el traslado a Nueva York

Aceptados los documentos, la Fiscalía de Costa Rica deberá coordinar la entrega con el Organismo de Investigación Judicial y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El envío de la documentación siguió una ruta institucional: la Embajada de Estados Unidos la remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de allí pasó a la Corte Suprema de Justicia y luego al Tribunal Penal de Limón, que debía decidir sobre su validez, según una publicación del medio Centroamérica360.

El medio informó que la documentación fue presentada a finales de la semana pasada para su evaluación. Además señaló que se espera que Bell Fernández sea trasladado en los próximos días en un vuelo chárter desde Costa Rica hacia Nueva York.

La solicitud de extradición había sido aprobada en junio por el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José. Ese tribunal revirtió la negativa inicial del Tribunal Penal de Limón, que había rechazado la entrega al considerar que la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por delitos de narcotráfico no podía aplicarse retroactivamente.

La acusación por narcotráfico en Nueva York

La orden de extradición fue presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 5 de noviembre de 2025, citó Infobae. De acuerdo con la acusación, Bell Fernández habría encabezado una organización transnacional dedicada al almacenamiento, distribución y exportación de grandes cargamentos de cocaína entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

Las pesquisas sostienen que el grupo utilizaba rutas marítimas para mover droga desde Sudamérica hacia Costa Rica y desde allí hacia Estados Unidos y Europa. Como parte de esa investigación, agentes encubiertos de la DEA mantuvieron reuniones con Bell Fernández en las que, según el expediente, negociaron precios, rutas y logística para el envío de estupefacientes.

Esos encuentros quedaron registrados en audios y videos incorporados al proceso judicial. Las autoridades estadounidenses también afirman que el costarricense facilitó una muestra controlada de cocaína para verificar la calidad del producto y luego acordó el envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York en agosto de 2023, sin saber que trataba con agentes infiltrados.

En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados. El organismo sostuvo que presuntamente utilizaba embarcaciones pesqueras para transportar cocaína y que participó en la consolidación de Costa Rica como punto de tránsito de droga hacia Norteamérica.

Qué dice la defensa sobre la extradición y la salud del procesado

El abogado defensor Manrique González confirmó a medios locales que ya fueron notificados de las promesas relativas a las eventuales condenas y que prácticamente se completaron todos los requisitos formales de la extradición. También dijo que su cliente afronta el proceso con serenidad y espera que las autoridades estadounidenses respeten el debido proceso para demostrar su inocencia.

González describió así su estado actual: “Él está bastante fuerte. Siempre es una persona súper fuerte, a pesar de que es una persona ya mayor y que tiene padecimientos crónicos y que su estado de salud se deterioró por las circunstancias del sistema penitenciario nacional”.

El defensor agregó que Bell Fernández comprende plenamente la situación jurídica que enfrenta y que está dispuesto a comparecer ante la justicia estadounidense. En Costa Rica, la Fiscalía suspendió temporalmente el único proceso penal que mantenía abierto, vinculado al caso PetroCoke por el presunto robo de combustible a los poliductos de Recope, lo que eliminó el principal obstáculo legal para su entrega.

Si el traslado se concreta, Bell Fernández se convertirá en el cuarto costarricense extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, después de Celso Gamboa, Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Johnny Angulo, conocido como “John Cadenas”. Centroamérica360 indicó además que el gobierno estadounidense tendría interés en pedir también la extradición de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene su capacidad operativa gracias a una estructura basada en violencia, corrupción y presuntas redes de protección dentro del gobierno mexicano que, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), facilitan actividades como el tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la organización criminal no perdió fuerza tras la muerte de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y aseguró que el grupo mantiene una amplia red que le permite continuar con sus operaciones.

“La muerte del Mencho no terminó con el CJNG. Esto resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, declaró el funcionario estadounidense durante una conferencia realizada este miércoles.

Cole sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción.

“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al CJNG y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”, afirmó el jefe de la DEA.

“El 03”, el nuevo objetivo de la DEA tras la caída de “El Mencho”

Durante su intervención, Terry Cole señaló que, con base en inteligencia de la DEA, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el control del CJNG después de la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes.

El funcionario estadounidense identificó a Valencia González como la nueva cabeza de la organización criminal y aseguró que actualmente es el principal objetivo de la agencia antidrogas.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó Cole.

El señalamiento ocurre luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incrementara a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Valencia González.

La administración estadounidense también anunció recompensas contra otros integrantes del CJNG, entre ellos Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En total, Washington ofreció recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del grupo criminal, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.

CJNG mantiene presión de Estados Unidos tras muerte de su fundador

Estados Unidos mantiene al CJNG como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al considerar que representa una amenaza por sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la organización cuenta con una estructura internacional que combina actividades ilícitas con mecanismos financieros y redes de apoyo para mantener sus operaciones.

Las nuevas acciones contra el CJNG incluyen también restricciones de visa contra familiares, socios personales y comerciales cercanos a integrantes del grupo sancionados por Washington.

De acuerdo con el Departamento de Estado, 65 personas fueron incluidas en estas medidas y 26 visas vigentes fueron revocadas como parte de la estrategia para limitar el movimiento de operadores vinculados con la organización criminal.

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), felicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la captura de Ramón Ángel N, alias El R1, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre de 2025.

Por medio de sus redes sociales, la DEA compartió el mensaje posteado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves, donde da a conocer la detención del sujeto, y puso el siguiente mensaje: “Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1,” #Administrador de la DEA Cole".

Detienen a R1

El pasado jueves, Omar García Harfuch dio a conocer, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

En su mensaje, Harfuch dijo que esta detención se dio después de meses de trabajo de inteligencia e investigación, en una operación entre la SSPC, que él encabeza, y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro de Inteligencia Nacional.

Harfuch dio a conocer que el R1 era identificado como el líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que fue liderado por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

““R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", señaló Harfuch.

Con la detención del R1, dio a conocer el funcionario, ya sumaban 31 detenidos por el “cobarde” homicidio de Manzo.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta @Claudiashein para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de justicia de Michoacan y la Secretaría de seguridad pública de Michoacan”, concluyó Harfuch.

¿Por qué asesinaron a Manzo?

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, Harfuch dio a conocer la razón por la que el grupo delictivo mencionado habría decidido terminar con la vida de Manzo.

De acuerdo con la versión oficial, dada a conocer por el funcionario, el asesinato se ordenó porque el grupo delictivo sintió que Manzo, de alguna manera, los estaba provocando.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana frente a medios de comunicación.

“Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

Dos agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sostuvieron una reunión privada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el presunto líder criminal capturado el pasado viernes en Sarapiquí, confirmó este martes el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

El encuentro se realizó durante la mañana del lunes en el Primer Circuito Judicial de San José, horas antes de que se desarrollara la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Arias Monge.

Según explicó Díaz, la propia DEA autorizó informar públicamente sobre la reunión, luego de que surgieran cuestionamientos por el traslado del detenido desde el centro penitenciario La Reforma desde las primeras horas de la mañana, pese a que la audiencia estaba prevista para la tarde.

De acuerdo con el jerarca del Ministerio Público, el objetivo principal de la conversación fue comunicarle a Arias Monge el interés de las autoridades estadounidenses de impulsar un eventual proceso de extradición por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional y conocer cuál sería su posición frente a ese escenario.

“La DEA me ha permitido comentarles a ustedes que lo que se suscitó el lunes en la mañana fue una conversación de alias ‘Diablo’ con dos oficiales de la DEA”, indicó Díaz.

El fiscal aclaró que el encuentro fue completamente privado y que ningún funcionario del Ministerio Público ni de otra institución costarricense participó en la conversación.

“No sé qué conversaron. Yo no estuve en esa reunión y no estuvo ningún funcionario del Ministerio Público. Solo los funcionarios de la DEA”, afirmó.

Díaz explicó que este tipo de diligencias forman parte de los procedimientos habituales cuando una persona detenida en Costa Rica es de interés para las autoridades estadounidenses por investigaciones de narcotráfico.

Aunque hasta el momento Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra Arias Monge, el acercamiento evidencia que las autoridades de ese país ya iniciaron gestiones relacionadas con el caso.

El fiscal recordó que la DEA siguió un procedimiento similar con el exmagistrado Celso Gamboa y con Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quienes posteriormente fueron requeridos por la justicia estadounidense para responder por presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Díaz sostuvo que la reunión también permite aclarar las dudas surgidas tras las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien cuestionó públicamente por qué el traslado de Arias Monge se efectuó desde las 7:00 a. m. si la audiencia judicial estaba programada varias horas después.

Según el fiscal, el desplazamiento obedeció precisamente a la necesidad de facilitar el encuentro solicitado por la DEA y no respondió a ninguna irregularidad en el procedimiento.

El jerarca también defendió la forma en que se ejecutó el traslado tanto de Arias Monge como de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al asegurar que se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos para privados de libertad considerados de alto riesgo.

Asimismo, rechazó las críticas que han surgido sobre la denominada Operación Némesis, el despliegue policial que permitió la captura de alias “Diablo” el pasado 24 de julio.

Díaz aseguró que el operativo fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), descartando que el éxito de la intervención fuera producto de la casualidad.

La captura de Arias Monge fue considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica en los últimos años. El presunto narcotraficante permanecía como uno de los hombres más buscados del país y sobre él pesaba una recompensa de 500,000 dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por ahora, el proceso de extradición aún no ha comenzado formalmente. El siguiente paso dependerá de que las autoridades estadounidenses presenten la solicitud oficial ante Costa Rica. Una vez recibida, corresponderá a los tribunales nacionales analizarla y resolverla conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente y al tratado bilateral de extradición entre ambos países.

El programa, organizado por la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA), busca fortalecer la cooperación internacional frente al tráfico ilícito de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas ilegales.

Durante la ceremonia de apertura, Greg Garza, director de ILEA San Salvador, subrayó que ningún país puede enfrentar en solitario el crimen organizado vinculado al desvío de precursores químicos.

“Tenemos que hacerlo juntos, unidos, para combatir este tipo de crimen”, expresó Garza durante la inauguración del curso. El directivo destacó la velocidad con la que evolucionan las amenazas y la importancia de espacios de formación e intercambio para actualizar estrategias y compartir experiencias.

El curso reúne a especialistas de los siete países mencionados, quienes durante una semana abordarán amenazas comunes, mecanismos de control fronterizo y metodologías de investigación criminal en torno a los precursores químicos.

“Los instructores aquí tienen mucha experiencia en estos temas y esperamos que puedan compartir algo con todos ustedes”, agregó Garza.

En representación del equipo de instructores de la DEA, Richard Harrison, manifestó su satisfacción por participar en la capacitación. “Me siento realmente honrado de estar aquí, al igual que mi equipo. Venimos varias veces al año, pero una de las mejores cosas es ver las contribuciones que podemos hacer al compartir nuestros conocimientos con ustedes”, afirmó Harrison.

El representante de la agencia estadounidense enfatizó el enfoque práctico del curso, orientado a fortalecer las capacidades de los investigadores y a fomentar el intercambio de experiencias entre los asistentes.

El evento marca una nueva etapa en la agenda formativa de ILEA San Salvador, centro reconocido por su trabajo en la capacitación de fuerzas de seguridad y operadores judiciales de América Latina. La academia, respaldada por la DEA y otras agencias internacionales, ha consolidado su papel en el desarrollo de competencias para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

En el transcurso de 2026, ILEA San Salvador también ha impartido el Curso Antipandillas Avanzado, dirigido a cuarenta delegados de distintos países de la región. El programa, impulsado por instructores de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, abordó técnicas de investigación, análisis de estructuras criminales y estrategias para combatir la violencia vinculada a pandillas.

El Curso Antipandillas Avanzado incluyó módulos prácticos y teóricos enfocados en la identificación de redes delictivas, la recopilación de pruebas y la cooperación internacional en materia de persecución penal. Los delegados participantes destacaron la utilidad de los conocimientos adquiridos para enfrentar desafíos comunes en sus países de origen.

La agenda académica de ILEA San Salvador se ha expandido a nivel internacional, posicionando a la institución como un referente en la formación de profesionales de la seguridad y la justicia de América Latina.

Los cursos impartidos por la academia, tanto en materia de precursores químicos como en el combate a las pandillas, reflejan la prioridad que otorgan los gobiernos de la región a la cooperación y la capacitación continua para enfrentar amenazas complejas y transnacionales.

“Esperemos que compartan los conocimientos de ustedes, las cosas que les afectan a ustedes”, resumió Greg Garza durante la inauguración. La expectativa, según los organizadores, es que los participantes no solo amplíen sus capacidades técnicas, sino que también establezcan redes de contacto para fortalecer la colaboración en futuras investigaciones.

La participación de la DEA y de organismos nacionales como la PNC, la FGR y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la organización de estos cursos evidencia el interés compartido por desarrollar estrategias integrales frente al crimen organizado. Los programas buscan dotar a los funcionarios de herramientas actualizadas y promover la coordinación regional, clave para enfrentar fenómenos que trascienden fronteras.

El acto de apertura concluyó con la declaración oficial de inauguración del curso de investigaciones de desvío de precursores químicos, que se desarrollará a lo largo de esta semana.

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, mexicana de 45 años e identificada como pareja de un líder de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos de violar deliberadamente las sanciones impuestas contra personas vinculadas con el narcotráfico, luego de canalizar 504 mil 497.48 dólares para pagar las colegiaturas de su hijo en la prestigiosa IMG Academy, en Florida.

La declaración de culpabilidad ocurrió este martes 28 de julio de 2026, de acuerdo con documentos judiciales. Amaral Arevalo admitió haber realizado operaciones con la institución educativa pese a que desde 2015 se encontraba incluida en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acusada habría firmado contratos con IMG Academy para inscribir a su hijo y gestionó los pagos de matrícula a través del sistema financiero estadounidense, conducta que las autoridades consideran una violación de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

Una sancionada por sus vínculos con Los Cuinis

La OFAC sancionó a Amaral Arevalo el 19 de agosto de 2015 por su presunta colaboración con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, organización señalada como estrechamente vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sanción le impedía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, según los documentos judiciales, la mujer continuó realizando operaciones relacionadas con la educación de su hijo.

Amaral Arevalo es exesposa y actualmente pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a ese país.

González Valencia, conocido como “Lalo” o “Silverio”, es hermano de Abigael González Valencia, fundador de Los Cuinis, y de José González Valencia, alias “La Chepa”. También es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG, por el matrimonio de este último con Rosalinda González Valencia.

Tras la detención de Abigael González Valencia en México, Gerardo González Valencia asumió el liderazgo de Los Cuinis, organización identificada por autoridades estadounidenses como una estructura financiera estrechamente ligada al CJNG.

IMG Academy ya había sido sancionada por la OFAC

El caso de Amaral Arevalo se relaciona con una investigación más amplia sobre las operaciones de IMG Academy. En febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la institución por realizar convenios de colegiatura con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Entre 2019 y 2025, la academia celebró acuerdos anuales con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel mexicano y procesó pagos relacionados con la educación de sus hijos. La OFAC identificó 89 aparentes violaciones a los programas de sanciones antinarcóticos.

La institución, ubicada en Bradenton, Florida, es reconocida como una de las principales academias deportivas privadas de Estados Unidos y ofrece programas de internado en disciplinas como tenis, futbol, golf, basquetbol y futbol americano, con colegiaturas anuales que pueden alcanzar entre 75 mil y 100 mil dólares.

La OFAC calificó el caso como no grave y no auto denunciado, aunque señaló una “desatención temeraria” de las obligaciones de cumplimiento por la falta de controles adecuados para verificar a los pagadores.

Tras un cambio de propiedad en 2023, la academia contrató a un nuevo director jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento basado en riesgos.

DEA acusa uso de escuela para mover recursos

El Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalaron que la declaración de culpabilidad demuestra la manera en que las organizaciones criminales pueden utilizar instituciones legítimas para mover recursos.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, acusó que Amaral Arevalo canalizó más de medio millón de dólares vinculados con actividades del narcotráfico para cubrir las colegiaturas de su hijo.

Por su parte, Terrance C. Cole, titular de la DEA, sostuvo que la acusada utilizó una escuela y centro de entrenamiento deportivo como vehículo para canalizar recursos relacionados con el CJNG.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso expone el alcance de las redes financieras de los cárteles y la forma en que sus operadores buscan utilizar instituciones y servicios dentro de Estados Unidos.

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia está programada para el 2 de diciembre de 2026.

La investigación está a cargo de la DEA, con apoyo de la OFAC, y forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para desmantelar cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes financieras vinculadas con actividades ilícitas.

Los letales ataques militares de la administración Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos, pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, y socavando los métodos de investigación tradicionales, según una evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas (DEA), una reunión informativa a puerta cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto en activo como retirados.

En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus métodos de transporte, más allá de las lanchas rápidas, y a evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a Sudamérica y Centroamérica no habían reducido la pureza de la droga.

Según la evaluación de la DEA, los narcotraficantes también están recurriendo más a las aeronaves, que despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen al este, a Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses.

“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro”, declaró un funcionario de la DEA a The Post. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la Operación Lanza del Sur estaba logrando “exactamente su objetivo: detectar, desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes que utilizan para traficar con narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

“Las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas durante décadas”, declaró Parnell a The Post. “Eso no significa que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos ejerciendo una presión sistémica sobre sus operaciones”.

La DEA no hizo comentarios. Un portavoz del senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, no respondió a la solicitud de comentarios.

Los hallazgos preliminares, dos meses después del inicio de los ataques en septiembre pasado, mostraron que estos habían interrumpido las rutas de contrabando, según informaron los analistas de la DEA, lo que provocó aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, los precios han vuelto a los niveles anteriores. “Los contrabandistas se han adaptado a la presión intensificada”, escribieron. “El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”.

En un ejemplo, alegan que los narcotraficantes en la península de La Guajira, en Colombia, pagan a funcionarios para que revelen la ubicación de los barcos estadounidenses y luego lanzan sus embarcaciones “una vez que los activos militares estadounidenses se han retirado de la zona”.

El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a la solicitud de comentarios.

Funcionarios del Pentágono informaron a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado que el análisis de la DEA de la cocaína confiscada mostró altos niveles de pureza, según un asesor del Congreso familiarizado con la reunión informativa. La alta pureza sugiere que el suministro se mantiene constante, dijo el funcionario de la DEA; los traficantes no necesitan diluir la droga para aumentar su inventario.

Los informes contradicen las declaraciones públicas del presidente Donald Trump. Trump ha dicho al menos 15 veces, incluso el mes pasado, que los ataques han reducido el narcotráfico marítimo hacia el país en un 97 o 98 por ciento. “¡El 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por océano o mar se han detenido!”, escribió en Truth Social en abril. Trump ha transformado la tradicional lucha antidrogas estadounidense en una campaña militar que fusiona los enfoques legales y estratégicos de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. En el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones, capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, asesinado al líder del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero, y atacado un presunto campamento de disidentes de las FARC en Ecuador.

Los ataques a embarcaciones han causado la muerte de al menos 221 personas desde septiembre. Analistas legales los han denunciado como ejecuciones extrajudiciales. Funcionarios del gobierno afirman que tienen como objetivo reducir el flujo de “veneno mortal” hacia el país.

La Casa Blanca defendió la estrategia.

“Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país, en caso de que corran la misma suerte”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado a The Washington Post. “El presidente Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para salvar vidas del flagelo de los narcóticos ilícitos, y cualquier insinuación de que estos esfuerzos no han sido efectivos es ridícula”.

La militarización estadounidense de la guerra contra las drogas, que dura décadas, ha comenzado a influir en Europa, donde una importante agencia de seguridad insta a las naciones a adoptar tácticas más agresivas.

Sin embargo, un alto funcionario de seguridad colombiano afirmó que los ataques a embarcaciones han tenido un impacto mínimo.

“Hubo un efecto disuasorio en un tipo de transporte”, dijo el funcionario. “Así que los ha obligado a buscar otros métodos. El tráfico de drogas a través de los puertos ha aumentado, almacenándolas en grandes buques”. El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Trump y otros funcionarios describieron inicialmente los ataques como parte de una guerra más amplia contra el fentanilo, la principal causa de muertes por drogas ilícitas en Estados Unidos, un tema que Trump convirtió en su principal campaña. Sin embargo, la mayor parte del fentanilo ingresa a Estados Unidos por tierra, no por mar. En las rutas marítimas objetivo de la Operación Lanza del Sur, la principal carga ilícita es la cocaína.

Cuando el ejército comenzó a destruir embarcaciones, el sheriff del condado de Monroe, Florida, Rick Ramsay, se mostró entusiasmado. Su jurisdicción incluye los Cayos de Florida, durante siglos refugio de contrabandistas.

“Esto es una guerra, y están trayendo muerte a Estados Unidos cada vez que logran que un barco llegue aquí”, dijo. “Cada barco que no llegue salvará vidas estadounidenses”.

Los “ataques cinéticos” no han detenido el flujo de cocaína en la zona, añadió. “Vemos drogas flotando cada semana”, dijo. “Flotando en las playas, detrás de las casas… La situación sigue empeorando”.

Aun así, afirmó que son un “mal necesario”.

“No te rindes solo porque estés perdiendo la batalla”.

El general de la Infantería de Marina, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. y oficial superior a cargo de la Operación Lanza del Sur, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en marzo que los ataques “probablemente no sean la herramienta más eficaz” y “no son la solución”.

“Pero al generar una fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega”, dijo, “creo que los ataques cinéticos serán una de las muchas herramientas”.

Sin embargo, según un funcionario de la DEA, los ataques han dificultado la investigación del narcotráfico. Los investigadores suelen depender de informantes de bajo nivel para obtener información sobre rutas y puntos de encuentro y así reunir pruebas contra los altos mandos y jefes. Según un funcionario, esas fuentes están siendo retiradas del terreno para protegerlas de posibles ataques estadounidenses.

Según los precios, es posible que ahora circule más cocaína en Estados Unidos. En Florida, la cocaína se vende entre 13.000 y 15.000 dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA, lo que representa una caída de aproximadamente el 50% en los últimos cinco años.

La producción mundial de cocaína, concentrada en Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, ha alcanzado un máximo histórico, informó el mes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-DG). Entre 2014 y 2024, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2026, la superficie cultivada de coca se triplicó, superando los 1.480 kilómetros cuadrados, y la producción ilícita de cocaína se cuadruplicó, llegando a las 4.100 toneladas.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete cinco o incluso diez veces mayores”, declaró un oficial de inteligencia naval ecuatoriano. “Saben que, si bien Estados Unidos puede destruir una lancha rápida, lograrán pasar diez semisumergibles —u otras lanchas rápidas que evaden la detección—”.

Xinming Du, economista de la Universidad Nacional de Singapur, informó en marzo que el auge de la cocaína en Colombia estaba vinculado a entre 1000 y 1500 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos.

Añadió que es poco probable que los ataques a embarcaciones disminuyan el suministro de cocaína en Estados Unidos.

“El cultivo de coca en origen en Colombia es el factor de suministro más directamente vinculado a las muertes por sobredosis [de cocaína] en Estados Unidos”, afirmó. “Con la producción en origen en niveles récord, el flujo total está impulsado principalmente por lo que se cultiva, más que por lo que se intercepta en tránsito”.

Derek Maltz, administrador interino de la DEA durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, ha pedido una mayor intervención militar para combatir el narcotráfico. Afirmó que los ataques envían un mensaje necesario al mundo.

“Estados Unidos está ahora mismo inmerso en una verdadera guerra contra las drogas”, declaró Maltz, quien se retiró de la DEA en mayo de 2025, al Washington Post. “Durante años hablamos de una guerra contra las drogas, pero no las combatimos como si fueran enemigos”.

“Estamos viendo incautaciones muy importantes de cocaína dentro de Estados Unidos”, dijo. “Hemos vuelto a ver incautaciones de cientos de libras de cocaína”.

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa deteniendo y abordando embarcaciones que sospecha que transportan drogas.

Como comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach, el teniente Matthew Ross es responsable de las operaciones en más de 4000 millas cuadradas de océano. En diciembre, el personal de la estación encontró 3715 libras de cocaína en una embarcación, la mayor incautación realizada por una estación de la Guardia Costera de embarcaciones pequeñas en 30 años, dijo Ross. Encontraron 1535 libras en otra en mayo, y 900 libras en una tercera ese mismo mes.

“Los contrabandistas han estado introduciendo contrabando en el sur de Florida durante 400 años”, dijo Ross. “No van a parar”.

© 2026, The Washington Post.

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Scott Gottlieb, afirmó este lunes que algunas grandes comercializadoras y cadenas de retail habrían dejado de abastecerse de productos agrícolas provenientes de una región del centro de México, ante la sospecha de una contaminación de mayor escala vinculada a un brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de la Unión Americana.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se manifiesta?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que infecta el intestino delgado y provoca síntomas como diarrea acuosa —coloquialmente descrita como “explosiva”—, dolor abdominal, pérdida de apetito, hinchazón, náuseas y fatiga, de acuerdo con información difundida por especialistas en enfermedades infecciosas. Se trata de un padecimiento generalmente autolimitado, aunque las autoridades sanitarias estadounidenses anticipan una temporada más severa de lo habitual este año debido a condiciones climáticas que habrían elevado el riesgo de contaminación.

El vínculo con el centro de México

De acuerdo con declaraciones de Gottlieb en el canal CNBC, distintos focos del brote —incluyendo casos en la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte— podrían estar relacionados con perejil y cilantro procedentes del centro de México, aunque las autoridades aún no han determinado el origen exacto de la contaminación.

Según lo expuesto por el exfuncionario:

• Pudo haberse presentado un evento de contaminación que afectó a múltiples campos de cultivo en la región.
• Entre las hipótesis que se investigan se encuentran la llegada de aguas residuales a zonas de cultivo mediante agua de riego, inundaciones, el desbordamiento de baños portátiles utilizados por trabajadores agrícolas o una posible ruptura en un canal de aguas negras.
• “So there was some event that happened in central Mexico. We don’t know what yet” (“Hubo algún evento que ocurrió en el centro de México. Todavía no sabemos qué fue”), señaló Gottlieb, subrayando que la causa continúa bajo investigación.

Un brote de dimensiones históricas

Una investigación de la FDA había vinculado previamente el brote a lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms, distribuida en establecimientos de Taco Bell —cadena propiedad de Yum Brands— en nueve estados. La compañía ya dejó de abastecerse de la región señalada y cerró su planta de producción ahí, aunque la FDA ha indicado que investiga otros productos además de la lechuga.

Hasta el momento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportan 4 mil 173 casos confirmados por laboratorio, además de más de 7 mil 400 casos sospechosos adicionales. Michigan, por su parte, ha reportado más de 9 mil casos registrados y continúa buscando el origen de los contagios activos.

Gottlieb calificó la situación como el mayor brote de ciclosporiasis en la historia de este padecimiento en Estados Unidos, y advirtió que la cifra real de casos podría ser de 10 a 20 veces mayor a la reportada oficialmente.

Reacciones y seguimiento

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. Cadenas como Kroger, Walmart, Target, Costco, Amazon Fresh, así como Taco Bell, Chipotle, Wendy’s y Taylor Farms, tampoco emitieron declaraciones al respecto.

Gottlieb no identificó a las empresas que, según él, ya retiraron producto de la región de sus cadenas de suministro, aunque señaló que esta medida “debería mitigar parte del riesgo en curso”.

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal prolongada causada por un parásito microscópico, y las autoridades estadounidenses anticipan una temporada más severa de lo habitual debido a condiciones climáticas que habrían elevado el riesgo de contaminación.

La respuesta de las autoridades mexicanas

Ante el aumento de casos en territorio estadounidense, la Secretaría de Salud de México emitió, según trascendió a mediados de julio, un aviso preventivo de viaje de nivel medio para las personas que se desplacen a Estados Unidos. El documento, citado por medios especializados, no recomienda cancelar viajes, pero sí solicita reforzar la higiene de manos, el consumo de agua segura y las medidas de prevención relacionadas con los alimentos.

De manera paralela, las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural de México habrían activado un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos y adoptar medidas preventivas.

La cooperación con Estados Unidos fue el eje del discurso del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, durante la graduación del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva en Quantico, Virginia, donde destacó el trabajo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

Según una nota de prensa oficial de la DNCD, Cabrera Ulloa agradeció a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) el respaldo para fortalecer las capacidades operativas de los países aliados y sostuvo que la alianza entre ambos países ha permitido desmantelar redes de crimen transnacional con una operatividad coordinada.

“Esta cooperación internacional supera el intercambio de información, ya que contribuye a consolidar la confianza entre instituciones, desarrollar liderazgo y capacitar personal especializado frente a amenazas comunes”, afirmó Cabrera Ulloa en su discurso, acompañado por Daniel Salter administrador adjunto principal de la DEA y Michael Mayer agente especial a cargo de la Oficina del Caribe.

La graduación de la SIU

El vicealmirante precisó este domingo que “hoy celebramos la graduación de cuarenta hombres y mujeres provenientes de seis naciones; cada uno regresará a su institución con nuevos conocimientos y mayores responsabilidades, compartiendo un mismo compromiso: servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley”.

La ceremonia, según la DNCD, sirvió para reiterar el compromiso dominicano con la integridad y la protección de la información en el marco de la cooperación regional.

El mensaje sobre República Dominicana

En su intervención, Cabrera Ulloa hizo referencia a palabras del administrador de la DEA, Terrance Cole, quien felicitó al gobierno del presidente Luis Abinader por su liderazgo en la lucha regional contra el narcotráfico.

“Esa visión resume el espíritu que hoy nos reúne”, añadió el presidente de la DNCD, quien reafirmó la decisión de República Dominicana de continuar reforzando sus instituciones mediante la colaboración con la DEA y otras naciones aliadas.

El llamado a los graduandos

Cabrera Ulloa instó a los integrantes de la promoción 128 de la SIU a asumir el reconocimiento recibido como un punto de partida para seguir ampliando sus conocimientos y convertirse en líderes comprometidos con la justicia y la cooperación internacional.

El funcionario dominicano pidió a los graduandos recordar que forman parte de una comunidad orientada a la defensa de los pueblos, más allá de las banderas que representen.

Vale recordar que este sábado, miembros de la DNCD y del Ministerio Público, extendieron los operativos de interdicción contra el microtráfico hacia los sectores del municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Durante la jornada se desplegaron 56 operativos focalizados en 13 casos específicos, arrestando a 12 personas e impactando de manera directa las estructuras del microtráfico que operan en la zona.

Como resultado de esas acciones conjuntas, encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se incautaron 484 porciones de un polvo que se presume es cocaína, con un peso de 1,155 gramos, 122 envolturas de un vegetal de presunta marihuana, equivalentes a 447 gramos, así como 160 dosis de crack, con un peso aproximado de 373 gramos.

La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, ha reavivado la discusión sobre la posible extradición de uno de los criminales más buscados de Costa Rica a Estados Unidos. Aunque el operativo “Némesis” marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado local, su futuro judicial sigue sin definirse fuera del territorio costarricense.

Durante una entrevista con Noticias Repretel, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mencionó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aún no ha solicitado formalmente la extradición de Arias Monge.

“Diablo no está requerido para ser extraditado, no lo está, no lo está”, enfatizó Soto, descartando rumores sobre un procedimiento internacional ya en marcha. El jefe oficial explicó que, si bien han existido reuniones con la DEA y se analizan posibles implicaciones transnacionales, hasta ahora no existe ninguna orden de extradición vigente.

El funcionario aclaró que Costa Rica solicitó a Estados Unidos la colaboración mediante una recompensa para facilitar la captura, pero esa gestión no debe confundirse con una petición formal de extradición. “Fue una petición nuestra que pidiéramos la recompensa para capturarlo. Pero no está pedido en extradición, aunque yo no descarto que DEA lo pueda pedir, pero hasta hoy no lo ha pedido”, puntualizó el director del OIJ en declaraciones vertidas al citado medio.

Posibilidad de extradición

El análisis de la DEA se centra en determinar si la organización de Arias Monge tiene un alcance que justifique la extradición bajo las leyes estadounidenses. Michael Soto sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal operaba principalmente en el tráfico local de drogas, estableciendo lazos con otros grupos como los de López Vega y Noni Choc. “La transnacionalidad de esta estructura es algo que ellos van a tener que revisar, porque yo le aseguro del tráfico local cien por ciento”, indicó Soto. El funcionario también reconoció que, hasta el momento, no existen pruebas de que la organización enviara droga directamente a Estados Unidos. “No lo puedo afirmar en este momento”, dijo en la citada entrevista.

En caso de que la DEA decida formalizar una solicitud de extradición, Costa Rica aplicará el procedimiento habitual en estos casos. Soto explicó que el país está preparado para colaborar con las autoridades estadounidenses, utilizando criterios de oportunidad que permitan que el sospechoso enfrente la justicia fuera del territorio nacional si así se decide. “La decisión dependerá del análisis que realicen las autoridades norteamericanas”, afirmó a Noticias Repretel.

Mientras tanto, Alejandro Arias Monge permanece bajo custodia de las autoridades costarricenses. Si la DEA no solicita la extradición, el proceso judicial continuará en en el país centroamericano y será resuelto por los tribunales nacionales, aseguró el director del OIJ. Las investigaciones sobre la estructura criminal y sus posibles conexiones internacionales seguirán abiertas mientras se espera una definición por parte de la agencia estadounidense.

Por ahora, la expectativa se centra en resguardar zonas cercanas al perímetro del centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, donde se encuentra recluido alias “Diablo”.

En un operativo de alcance transnacional que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, las autoridades han logrado la captura de Alejandro Arias Monge, conocido popularmente como alias Diablo.

Durante más de una década, este individuo se convirtió en la prioridad número uno para los cuerpos de seguridad de Costa Rica y en un objetivo de alto valor para las agencias internacionales antidrogas.

Su arresto pone fin a una compleja trayectoria delictiva que desafió abiertamente la institucionalidad costarricense y quebrantó la paz social en diversas comunidades de la región.

La detención de Arias Monge se concreta tras meses de intensa presión operativa y de inteligencia compartida entre el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos.

La búsqueda se había intensificado en los últimos tiempos luego de que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua lanzara una alerta sobre su posible paradero en la Reserva Biológica Indio Maíz, un área selvática e inhóspita cercana al río San Juan que sirvió durante años como refugio estratégico y frontera natural para evadir los controles policiales.

Para incentivar la colaboración ciudadana, el Departamento de Estado norteamericano había oficializado una recompensa de hasta quinientos mil dólares por información certera sobre su ubicación.

El perfil del enemigo público número uno y su trayectoria delictiva

Alejandro Arias Monge nació el 19 de septiembre de 1984 en la localidad de Guápiles, ubicada en el cantón de Pococí, provincia de Limón. A simple vista, Arias Monge proyectaba el aspecto de un ciudadano común, sin los rasgos extravagantes ni la estética ostentosa que habitualmente se asocian con los líderes del narcotráfico.

Sin embargo, detrás de esa fachada aparente se ocultaba una de las mentes criminales más sanguinarias y calculadoras de la historia reciente del país. Su carrera en el mundo delictivo comenzó a la temprana edad de diecinueve años, ejecutando robos simples en viviendas de su comunidad natal.

Con el paso del tiempo, el joven asaltante ascendió con rapidez en la jerarquía del crimen organizado regional. Consolidó un dominio absoluto en el cantón de Pococí y extendió su influencia operativa a zonas vecinas como Guácimo, Sarapiquí, Pocora y San Carlos.

Su organización criminal evolucionó hasta convertirse en una red transnacional con células activas en las siete provincias del territorio costarricense. Las investigaciones de las agencias antidrogas internacionales vincularon directamente su estructura con el tráfico de grandes cargamentos de cocaína que viajaban desde Colombia, atravesaban Centroamérica y México, y tenían como destino final los mercados de consumo en los Estados Unidos.

Un historial marcado por la violencia extrema y los negocios ilícitos

El apodo de Diablo no fue asignado al azar, sino que respondió a la ferocidad de los métodos empleados por su organización para someter a rivales y aterrorizar a la población. El historial judicial de Arias Monge acumula expedientes por narcotráfico, robo con violencia, lavado de activos y múltiples homicidios agravados.

Entre las ejecuciones emblemáticas atribuidas a su grupo destaca el asesinato de Ademar Jiménez Gómez en enero de 2015, cuyo cuerpo fue localizado con signos extremos de violencia en un bananal de Cariari de Pococí tras un conflicto relacionado con la pérdida de droga y dinero.

Pocos meses después, en marzo del mismo año, su banda ejecutó a Pablo Castro Barrantes en presencia de su sobrino menor de edad, en un crimen por encargo motivado por rencillas delictivas.

Además del tráfico de sustancias ilícitas, la red de Arias Monge diversificó sus ingresos hacia otras actividades criminales para sostener la logística de su fuga. En noviembre de 2023, la policía judicial lo vinculó directamente con la explotación de la lotería clandestina conocida como Tiempos Clandestinos en Limón, donde empleó la coacción para apoderarse de los puntos de venta.

Asimismo, las autoridades identificaron que utilizaba recursos del narcotráfico para financiar la minería ilegal de oro a cielo abierto en zonas fronterizas.

El desafío directos a las instituciones y las megaoperaciones policiales

La figura de Arias Monge adquirió una dimensión aún más peligrosa cuando comenzó a utilizar las redes sociales como plataforma de intimidación, publicando imágenes de armamento pesado y videos explícitos de agresiones.

El punto culminante de su desafiante postura ocurrió con la filtración de un mensaje de audio donde amenazó abiertamente a las autoridades policiales. Al estilo de los antiguos capos sudamericanos, ofreció sumas millonarias por la vida de oficiales de seguridad, declarando que nunca sería capturado y que mantenía el control absoluto en sus zonas de influencia.

Frente a esta amenaza constante, el aparato de seguridad desplegó estrategias de gran escala para asfixiar su financiamiento. Destaca el Caso Colorado, ejecutado a finales de 2023 con más de seiscientos funcionarios policiales y más de cuarenta allanamientos simultáneos en todo el país.

La estrategia oficial consistió en desmantelar la estructura logística y económica que rodeaba al fugitivo para arrebatarle los recursos que le permitían esconderse en parajes remotos. Finalmente, la combinación del cerco económico, la cooperación internacional y el incentivo de la recompensa facilitaron el operativo que concluyó con su detención, cerrando así un oscuro capítulo de violencia en la región.

John Céspedes Yanes fue extraditado este jueves de Costa Rica a Estados Unidos para responder ante la justicia federal por su presunto papel de mando en el Clan del Golfo.

El colombiano cumplía una condena de nueve años por delitos de drogas en una cárcel costarricense y deberá regresar al país cuando termine el juicio.

La acusación proviene de la Corte Federal para el Distrito Este de Texas. Según la Fiscalía costarricense, la investigación ubica a Céspedes Yanes en un rol de “dirección y coordinación” dentro de una red que, “al menos desde el 2008”, movió cocaína entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

El colombiano no estaba en libertad cuando fue entregado. Cumplía una pena de nueve años por posesión, almacenamiento y transporte de drogas. El acuerdo entre las fiscalías establece que, una vez juzgado en territorio estadounidense, deberá volver a Costa Rica para completar la condena pendiente.

El caso y la cooperación con Estados Unidos

La operación fue coordinada con la DEA. Según datos del Ministerio Público costarricense, 28 de las 41 extradiciones que el país tramita en este momento provienen de Estados Unidos, lo que equivale a cerca del 70% del total.

La Corte Federal para el Distrito Este de Texas ha tramitado varios casos vinculados al narcotráfico centroamericano, y el expediente contra Céspedes Yanes se suma a esa lista.

La presión regional sobre el Clan del Golfo

La entrega de Céspedes Yanes ocurre en un momento de presión sobre el Clan del Golfo en la región. Este jueves, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó desde Montería un ultimátum a los jefes de la organización: “Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja”, según recogió Infobae.

Según la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo incorporó cerca de 2,300 nuevos miembros solo en 2025, el mayor aumento entre las estructuras armadas ilegales de Colombia. Al cierre de ese año, los distintos grupos armados del país sumaban más de 27,000 integrantes, un aumento del 23.5% respecto de 2024.

Ante ese escenario, Estados Unidos y Colombia acordaron esta semana el Plan Patriota 2.0, una estrategia conjunta de inteligencia y operaciones que tiene al Clan del Golfo como uno de sus principales objetivos, junto con las disidencias de las FARC y el ELN.

El giro de Costa Rica en materia de extradiciones

El caso de Céspedes Yanes muestra el cambio de Costa Rica en cooperación penal internacional. El país no tiene ejército desde 1948 y ocupa una posición estratégica en las rutas de la cocaína. El Organismo de Investigación Judicial lo calificó públicamente como un “hub” de organizaciones narcotraficantes.

Esa situación llevó al Congreso a aprobar, en mayo de 2025, una reforma constitucional que levantó la prohibición de extraditar a nacionales, incluidos los extranjeros naturalizados, por delitos de narcotráfico y terrorismo.

En marzo de 2026, Costa Rica extraditó al exministro de Seguridad Celso Gamboa y a su presunto socio Edwin López, alias “Pecho de Rata”, en un vuelo de la DEA con destino a Texas. Fue la primera entrega de ciudadanos costarricenses tras la entrada en vigor de la reforma.

En abril, el país extraditó a Italia al costarricense José Johnny Angulo, acusado de enviar cocaína a la organización mafiosa Ndrangheta.

Las cifras del narcotráfico en el país

En 2025 se registraron 29 detenciones con fines de extradición, la cifra más alta hasta entonces, y las autoridades esperaban superar ese número en 2026. Actualmente, cerca de 20 costarricenses permanecen bajo arresto a la espera de ser enviados a tribunales extranjeros.

Según el Instituto Costarricense sobre Drogas, en 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cantidad en la historia del país, apenas por debajo de las 47.1 toneladas de 2020.

Días antes de la extradición de Céspedes Yanes, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial costarricense, incautó 2.6 toneladas de cocaína en Cabo Matapalo, en la costa pacífica de Costa Rica. El cargamento, transportado en una embarcación semisumergible, pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación y tenía como destino final Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este martes a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que explique el caso de uno de sus propios agentes, acusado de frecuentar fiestas con narcotraficantes durante su estancia en México. La mandataria lanzó el reclamo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en un momento en que la agencia antidrogas ha intensificado la presión sobre autoridades mexicanas tras la sentencia de cadena perpetua dictada contra Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum planteó su inquietud con una pregunta breve y sin mencionar nombres: “¿Qué pasó con esta persona?”. Aunque la presidenta no identificó al agente en cuestión, la referencia puede asociarse a dos casos recientes que involucran a la DEA en México. Por una parte, resalta el antecedente de Nicholas Palmeri, exjefe regional de la DEA, removido en 2022 luego de que se confirmara que socializó y vacacionó con abogados vinculados a jefes del narcotráfico.

Por otro lado, también se menciona el caso de Alexander Meza León, quien no era agente de la DEA pero sí una fuente confidencial que colaboró en investigaciones contra Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de sicarios de Los Chapitos. El expediente de Meza León cobró relevancia porque su asesinato tuvo repercusión en procesos judiciales recientes y expuso la vulnerabilidad de quienes cooperan con autoridades estadounidenses.

El contexto de la declaración se dio luego de que la prensa preguntara si el gobierno mexicano percibe como presión política los señalamientos del director de la DEA, Terrance “Terry” Cole. El funcionario estadounidense afirmó el 14 de julio que existe una “conexión mortífera” entre cárteles y funcionarios mexicanos, lo que Sheinbaum calificó como una declaración “muy desafortunada”, “sin sustento” y con claras motivaciones políticas.

En respuesta, la Jefa del Ejecutivo argumentó que la DEA también debe rendir cuentas sobre la conducta de sus representantes. Afirmó que México cumple con su responsabilidad para pacificar el país y colabora con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, pero insistió en que cada nación debe concentrarse en su propia tarea y que la DEA tiene “muchísimo trabajo que hacer en Estados Unidos”.

Asimismo, reiteró el reclamo de reciprocidad en materia de armas. México pide, “hasta por razones humanitarias”, que Estados Unidos impida el flujo de armamento hacia territorio nacional, una demanda que el gobierno federal ha repetido en múltiples foros bilaterales.

El caso Nicholas Palmeri, el agente de la DEA en el centro de la pregunta

El funcionario al que presumiblemente alude Sheinbaum es Nicholas Palmeri, quien ocupó el cargo de director regional de la DEA en México, el puesto más alto de las operaciones extranjeras de esa agencia. Según registros confidenciales revisados por la agencia The Associated Press, Palmeri socializó y vacacionó con abogados de Miami que representaban a jefes del narcotráfico.

La DEA lo removió del cargo de forma discreta en 2022, tras apenas 14 meses de gestión. El retiro ocurrió en un periodo marcado por el deterioro en la cooperación bilateral y un flujo sin precedentes de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.

Las investigaciones internas no se limitaron a los contactos con abogados de narcos. Otras pesquisas detectaron un manejo laxo de los protocolos sanitarios durante la pandemia de COVID-19, que derivó en el traslado aéreo de emergencia de dos agentes enfermos fuera de México. Un tercer hallazgo reveló que Palmeri autorizó el uso de fondos antidrogas para propósitos indebidos y solicitó un reembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños.

“El puesto de director regional en México es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo como esto, es problemático”, declaró Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia, a The Associated Press.

Alexander Meza León, el informante de la DEA asesinado que reaparece en el expediente

El segundo caso de la DEA involucra a Alexander Meza León, quien no era un agente de la agencia sino una fuente confidencial que colaboraba con ella en investigaciones contra Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de sicarios de Los Chapitos. La distinción es relevante: Meza León era un informante civil, no un funcionario de la DEA.

En octubre de 2023, un comando armado bajo las órdenes de “El Nini” secuestró a Meza León junto con diez personas más en Culiacán. El 28 de octubre de ese año, los cuerpos de ocho de las víctimas —entre ellas un niño de 13 años, Jesús Alberto Chaidez Beltrán— aparecieron en las calles de Tamazula, Durango, con señales de tortura y heridas de bala en el cráneo y el tórax. A un lado de los cadáveres, los perpetradores dejaron una cartulina con el mensaje “Por sapos”.

La acusación de abril de 2026 retomó el caso de Meza León para señalar al excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, por presuntamente haber movilizado policías para auxiliar a Los Chapitos en el secuestro. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para narcotráfico y de secuestro que resultó en muerte.

La tensión bilateral, entre la soberanía y la cooperación

El episodio de este martes no es el primero en que Sheinbaum confronta a la DEA con sus propios antecedentes. El 15 de julio, la mandataria ya había respondido a Cole con un rechazo tajante: “Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga en todo caso colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”.

El gobierno mexicano opera bajo una postura de colaboración condicionada. Sheinbaum ha subrayado que los aproximadamente 250 agentes extranjeros acreditados en el país —entre ellos personal de la DEA, el FBI y la CIA— deben sujetarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, e informar periódicamente sobre sus actividades. La mandataria ha señalado que esa exigencia no es negociable.

El desequilibrio en las extradiciones también forma parte del argumento mexicano. México ha entregado a 90 personas requeridas por la justicia estadounidense, mientras mantiene 269 solicitudes de extradición dirigidas a autoridades de ese país sin respuesta. Para Sheinbaum, esa asimetría ilustra la necesidad de construir la relación bilateral sobre bases de reciprocidad efectiva.

Ismael “El Mayo” Zambada llegó este lunes a una corte de Nueva York para recibir una sentencia de cadena perpetua, en una audiencia en la que el juez Brian Cogan reconoció el deterioro físico y cognitivo que enfrenta el histórico líder del Cártel de Sinaloa y recomendó que su estado de salud sea tomado en cuenta durante su reclusión.

Durante la sesión en la Corte del Distrito Este de Nueva York, —en la que estuvo presente el periodista Arturo Ángel, de quien se retoman las declaraciones del capo—, el magistrado señaló que tanto la Fiscalía estadounidense como la defensa de Zambada García coincidieron en que presenta problemas de salud.

Cogan hizo referencia a información médica incluida en el memorando de sentencia presentado por los abogados del narcotraficante —cuyos detalles permanecen bajo reserva—, para señalar que se encuentra a punto de avanzar hacia un deterioro cognitivo.

El juez explicó que recomendará a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que el narcotraficante sea enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada, una petición que había sido planteada por su defensa ante los padecimientos físicos y mentales que enfrenta.

Aunque los detalles de sus enfermedades permanecen clasificados, durante la audiencia quedó establecido que Zambada presenta afectaciones físicas y cognitivas de carácter progresivo. Esa condición fue considerada por el juez al momento de emitir su recomendación sobre el lugar donde deberá cumplir su condena.

Así de desarrolló la audiencia de sentencia

La condición de salud del cofundador del Cártel de Sinaloa fue evidente durante el desarrollo de la audiencia. Zambada ingresó a la sala caminando por su propio pie, aunque con dificultad y cojeando. Vestía un uniforme naranja de manga larga con una camisa caqui de manga corta encima y avanzó hasta su lugar sin esposas.

Al entrar, saludó a los presentes con un “buenas tardes”, aun cuando la audiencia todavía se desarrollaba por la mañana. Después, al momento de sentarse, soltó la expresión: “Ay cabrón”, una frase que reflejó la dificultad física que le representaba realizar ese movimiento.

Durante la sesión también mostró problemas para escuchar y comprender algunas intervenciones, incluso con el apoyo de un traductor. En un momento solicitó al intérprete que hablara más despacio para poder seguir el desarrollo de la audiencia.

Antes de escuchar la sentencia, Zambada leyó una carta ante el tribunal en la que asumió la responsabilidad por su papel dentro de las actividades criminales del Cártel de Sinaloa y pidió disculpas a las personas afectadas por sus acciones.

“Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o han sido afectados por mis acciones”, expresó.

El narcotraficante también aseguró que no existía justificación para sus actos y afirmó que aceptaba el castigo impuesto por la justicia estadounidense.

“No hay justificación para lo que hice. Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado”, señaló durante su intervención.

Llama a que cesen los enfrentamientos en México: “Nadie ganará esta guerra”

En su mensaje, Zambada sostuvo que la violencia había sido la única realidad que conoció desde su infancia y lanzó un llamado para que terminen los enfrentamientos en México.

“La violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro. Nadie ganará esta guerra”, afirmó.

La captura de Zambada, quien durante décadas fue considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y nunca había sido detenido en México, ocurrió el 25 de julio de 2024. Su traslado a Estados Unidos provocó una ruptura dentro de la organización criminal entre las facciones identificadas como Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que derivó en una escalada de violencia en Sinaloa.

Tras la audiencia, autoridades estadounidenses destacaron la sentencia como un golpe contra la estructura criminal. El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, afirmó que la condena no representa el fin de las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa.

“Ya seas un narcotraficante o un funcionario gubernamental corrupto, la DEA va tras de ti”, declaró Cole durante una conferencia de prensa.

El funcionario sostuvo que Zambada ayudó durante décadas a dirigir una organización señalada por Estados Unidos por tráfico de drogas, corrupción y violencia, y aseguró que la agencia continuará persiguiendo a los líderes criminales que representen una amenaza para ese país.

Un ciudadano estadounidense identificado como Janero “N” fue detenido este lunes en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de autoridades federales. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el hombre estaría vinculado con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, además de ser requerido por autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de estupefacientes en el estado de Michigan.

La captura ocurrió en la colonia Tellería, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el titular de la SSPC, la detención fue resultado de la cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), luego de que se identificara que Janero “N” contaba con una orden de arresto vigente emitida en Michigan.

Tras su captura, el hombre fue informado de sus derechos y trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde continuará el procedimiento correspondiente para su deportación a Estados Unidos, país que lo requiere para enfrentar el proceso penal en su contra.

Janero “N” era requerido por tráfico de estupefacientes en Michigan

Las autoridades mexicanas informaron que Janero “N” era buscado por la justicia estadounidense por un caso relacionado con tráfico de estupefacientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la investigación en Michigan ni los cargos específicos que enfrenta en ese estado.

La orden de arresto en su contra fue uno de los elementos que activó la coordinación entre instituciones mexicanas y agencias estadounidenses para ubicarlo en territorio nacional.

El secretario Omar García Harfuch señaló que el detenido estaría relacionado con Los Chapitos, aunque las autoridades no han informado qué función habría desempeñado dentro de la estructura criminal ni desde cuándo presuntamente formaba parte de esa organización.

Los Chapitos mantienen una disputa interna en Sinaloa

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa asociada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Tras la captura y extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos en 2017, sus hijos asumieron parte del control de la organización criminal y consolidaron una estructura propia dentro del cártel.

La facción mantiene una disputa interna desde 2024 con el grupo identificado con los aliados de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de la ruptura entre ambos sectores del Cártel de Sinaloa. El enfrentamiento provocó un aumento de la violencia en el estado y el despliegue de más elementos federales en la entidad.

Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, una medida que incrementó las acciones de las autoridades estadounidenses contra sus integrantes, operadores financieros y redes de distribución.

Operativo ocurre en medio de mayor presión contra cárteles mexicanos

La detención de Janero “N” se registró en un contexto de mayor cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero también de diferencias públicas sobre las estrategias contra el crimen organizado.

En días recientes, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que existe una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y autoridades mexicanas. La declaración fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al funcionario estadounidense concentrarse en las tareas que corresponden a la agencia antidrogas dentro de su propio país.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo será entregado Janero “N” a Estados Unidos ni si existe una acusación formal en su contra ante una corte estadounidense.

El Mayo Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa que eludió durante más de tres décadas a todas las autoridades del mundo, acumuló a lo largo de su carrera criminal un rastro de masacres, corrupción institucional y ejecuciones ordenadas a sangre fría que los tribunales estadounidenses documentaron con precisión. Hoy enfrenta cadena perpetua en Nueva York tras ser engañado y entregado por su propio ahijado.

Su historia abarca cinco décadas de narcotráfico, dos entrevistas clandestinas con periodistas mexicanos y una guerra interna que, tras su caída, dejó más de mil 600 muertos en Sinaloa en menos de un año.

Los inicios: del Cártel de Guadalajara al imperio sinaloense

Ismael Zambada García nació en El Álamo, Culiacán, Sinaloa. Según su propia declaración ante un tribunal federal en agosto de 2025, entró al mundo del narcotráfico a los 19 años, en 1969, cuando un amigo lo llevó a las montañas de Sinaloa para sembrar marihuana oculta entre cultivos de maíz. Aquella primera cosecha produjo aproximadamente 60 libras, que vendió a unos 15 dólares el kilogramo.

Su primera estructura criminal fue el Cártel de Guadalajara, la organización pionera del tráfico de drogas en México, liderada por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue en ese entorno donde Zambada aprendió las reglas del negocio: la logística, la corrupción y el silencio.

Cuando esa organización se desintegró tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, Zambada no cayó con ella. Emergió fortalecido. A finales de los años 80, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Juan José “El Azul” Esparragoza, cofundó el Cártel de Sinaloa. Según la fiscalía federal de Estados Unidos, desde sus primeros años la organización estableció vínculos directos con el Cártel de Medellín de Colombia para abastecer el mercado estadounidense.

Los envíos crecieron hasta el punto en que el cártel recibía, de manera rutinaria, entre 15 y 20 vuelos nocturnos, cada uno cargado con entre mil y mil 500 kilogramos de cocaína. Zambada nunca quiso el protagonismo de El Chapo. Operó siempre en las sombras, delegando las operaciones visibles mientras controlaba la logística, las finanzas y la red de corrupción. Esa estrategia le permitió sobrevivir durante más de 35 años sin ser detenido por ninguna autoridad, ni mexicana ni estadounidense.

El caso Kiki Camarena: el crimen que sacudió dos países

El 7 de febrero de 1985, mientras Zambada era miembro activo del Cártel de Guadalajara, ocurrió uno de los hechos más graves en la historia del narcotráfico mexicano. Enrique “Kiki” Camarena, agente encubierto de la DEA infiltrado en esa organización, fue secuestrado en plena luz del día frente al consulado de Estados Unidos en Guadalajara por policías corruptos al servicio del cártel.

Durante más de 30 horas, Camarena fue sometido a torturas sistemáticas en una casa ubicada en el número 881 de la calle Lope de Vega, en el barrio Jardines del Bosque, propiedad de Rafael Caro Quintero. Murió el 9 de febrero de ese año. Su cuerpo, junto al del piloto y agente del programa de erradicación de drogas Alfredo Zavala Avelar, fue hallado el 5 de marzo de 1985, envuelto en plástico en una zona rural de La Angostura, Michoacán.

El crimen desató un terremoto diplomático entre México y Estados Unidos, el primero de esa magnitud en la historia del narcotráfico binacional. La DEA lanzó la llamada Operación Leyenda, una investigación masiva que derivó en detenciones, extradiciones y señalamientos que llegaron hasta funcionarios del gobierno mexicano de la época.

La desintegración del Cártel de Guadalajara que siguió al escándalo no frenó a Zambada. Según documentos judiciales, su paso por esa estructura fue el trampolín desde el que construyó su propio reino en Sinaloa.

La guerra de Ciudad Juárez: miles de muertos en una sola ciudad

El episodio más sangriento atribuido directamente a Zambada por la fiscalía estadounidense fue la guerra por la plaza de Ciudad Juárez, desatada en 2008. Ese año, Zambada y El Chapo enviaron un ejército de sicarios para exterminar a La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez de Vicente Carrillo Fuentes, hermano del legendario “Señor de los Cielos”.

Las tropas de Zambada operaron a través de tres grupos: Gente Nueva, los Artistas Asesinos y la pandilla de los Mexicles. La facción de Zambada los financió con dinero y armamento de grado militar. Los fiscales describen los métodos empleados durante ese periodo como actos de “violencia extrema”, que incluían “la mutilación o desmembramiento del cuerpo en un acto ritual” y su exhibición pública como advertencia.

Las cifras de esa guerra son escalofriantes. En 2007, antes del estallido pleno del conflicto, Juárez registró alrededor de 301 ejecuciones en todo el año. Con la guerra en curso, 2008 cerró con cerca de mil 600 homicidios. En 2009 la cifra superó los 2 mil 700 asesinatos. El año más letal fue 2010, cuando se documentaron aproximadamente 3 mil 111 homicidios en una ciudad de 1,3 millones de personas.

Ese año, Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Al otro lado del río Bravo, El Paso era simultáneamente uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. Al final de la guerra, el Cártel de Sinaloa se convirtió en el grupo hegemónico de esa plaza.

Ejecuciones ordenadas: los casos documentados por la fiscalía

La acusación federal presentada en Texas vincula a Zambada con al menos tres órdenes de ejecución directas, con nombres, fechas y métodos documentados.

El primero ocurrió en septiembre de 2009. Un integrante del cártel perdió 300 kilogramos de marihuana en un decomiso realizado por autoridades en Sierra Blanca, Texas. Zambada ordenó su ejecución. El hombre fue secuestrado en Horizon City, trasladado a México y asesinado. “El cuerpo mutilado fue encontrado en Juárez, donde había sido golpeado y estrangulado y sus manos habían sido cortadas y colocadas sobre el pecho como mensaje para aquellos que pensaran en robar al cártel”, cita textualmente la acusación.

El segundo caso data de mayo de 2010. Zambada ordenó el secuestro de un residente de Columbus, Nuevo México, como represalia contra rivales del Cártel de Juárez. Sus sicarios irrumpieron en una boda celebrada en Ciudad Juárez y se llevaron a tres hombres. Los cuerpos aparecieron días después en una camioneta, con señales de tortura.

El tercer episodio ocurrió en noviembre de 2023, en Tijuana. Tras el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína, Zambada ordenó represalias. Al menos tres personas fueron asesinadas, según la fiscalía.

El asesinato de su propio sobrino “Cheyo Ántrax”

Apenas meses antes de su captura, en mayo de 2024, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”. La razón: el sobrino cobraba deudas en nombre del cártel para beneficio propio y sin autorización.

El cuerpo fue hallado en un automóvil a la orilla de una carretera en Culiacán, Sinaloa. El caso figura en el escrito de sentencia presentado por la fiscalía estadounidense al juez Brian M. Cogan como prueba de la disciplina interna con la que Zambada gobernaba su organización. Ni los lazos de sangre garantizaban protección.

“El acusado participó en asesinatos sistemáticos de miembros del propio cártel, miembros de cárteles rivales, y personal de las fuerzas del orden y militares que traicionaron o actuaron en contra de los objetivos del Cártel”, se lee en el documento judicial.

La corrupción como columna vertebral del cártel

Bajo el liderazgo de Zambada, el Cártel de Sinaloa destinó millones de dólares al año para sobornar a policías, comandantes militares y funcionarios políticos de todos los niveles del Estado mexicano. El juicio contra El Chapo en Nueva York ya había revelado el rol de Zambada como “el gran corruptor”.

El propio Zambada reconoció ante el periodista Diego Enrique Osorno en 2021 que el negocio del narcotráfico estaba sostenido por la complicidad institucional. Negó, en esa misma conversación, haber entregado dinero personalmente al entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el cártel, aunque admitió que García Luna tenía acuerdos con otras facciones.

Su hermano de “El Mayo”: El Rey Zambada

Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, hermano de El Mayo y jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, donde controlaba las operaciones del aeropuerto capitalino. Fue él quien subió al estrado en el juicio de Nueva York y describió con precisión cómo el cártel compró al hombre que dirigía la seguridad pública de México.

Según su testimonio, en 2006 el abogado del cártel Óscar Paredes Echegaray coordinó dos reuniones en el restaurante Champs Elysées, sobre Paseo de la Reforma, a metros de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. En la primera, Paredes subió al salón privado del segundo piso con una maleta deportiva y un portafolio que sumaban 3 millones de dólares.

El Rey esperó en el bar del piso de abajo. Quince minutos después vio salir a García Luna con sus escoltas cargando el equipaje. Tres semanas más tarde, en el mismo lugar, se entregaron 2 millones de dólares más, todo por la protección del cártel durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Dijo que no iba a haber problemas con mi hermano”, declaró El Rey ante el jurado. El cártel obtuvo además el compromiso de colocar mandos policiales de confianza en las plazas bajo su control y recibir información anticipada sobre operativos. El Rey también pagó 350 mil dólares al sobrino de García Luna para infiltrar a un agente del cártel, Edgar Bayardo, dentro de la SIEDO. Bayardo murió acribillado en un café de la Ciudad de México en 2009.

El Rey fue detenido en octubre de 2008 en la colonia Lindavista, extraditado a Estados Unidos en 2012 y sentenciado a 12 años de prisión. Testificó primero en el juicio de El Chapo en 2018 y luego en el de García Luna en 2023. Fue liberado en marzo de 2020 por su cooperación. El jurado de Brooklyn validó su testimonio como pieza central de la condena de García Luna, dictada el 16 de octubre de 2024: 38 años y 6 meses de prisión.

La entrevista con Julio Scherer: “si me atrapan o me matan, nada cambia”

En febrero de 2010, Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, recibió en la redacción un mensaje anónimo. El texto era escueto: indicaba un día, un lugar y una hora. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar con él. No agregaba una palabra más.

Scherer, que por entonces tenía 83 años y rechazaba cualquier tipo de escolta personal, aceptó. Lo que siguió fue un traslado en distintos vehículos por caminos rurales del noroeste de México, presumiblemente en la región conocida como el Triángulo Dorado, la zona montañosa que se extiende entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Cada cambio de automóvil era una medida para evitar rastreos.

Al llegar a una casa rústica, vigilada por guardaespaldas armados, Zambada le tendió la mano y le dijo: “Tenía mucho interés en conocerlo. Lo esperaba para que almorzáramos juntos”. Sobre la mesa había leche, carne, frijoles, tostadas, queso y café endulzado. Zambada no permitió el uso de grabadora.

La conversación que Scherer reconstruyó de memoria para la edición 1744 de Proceso, publicada en abril de 2010, se convirtió en uno de los documentos periodísticos más citados de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón. Durante el encuentro, el capo confesó vivir en un estado permanente de pánico ante la posibilidad de ser encarcelado.

Cuando Scherer le preguntó si consideraría quitarse la vida antes de pisar una celda, Zambada respondió: “Quiero pensar que sí, que me mataría”. Años después, cuando llegó el momento, no lo hizo. Zambada habló con orgullo de su familia, una esposa, cinco mujeres, 15 nietos y un bisnieto, todos viviendo en las montañas y describió las cuatro ocasiones en que había sentido al ejército sobre su cabeza: “Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo”.

La frase más recordada de esa entrevista fue su respuesta ante un escenario hipotético: si él fuera capturado o muerto, ¿qué cambiaría? “Encerrados, muertos o extraditados, sus relevos ya andan por ahí”, respondió. Y añadió: “Si me atrapan o me matan... nada cambia”.

La edición de Proceso con esa entrevista fue comprada en su totalidad en el estado de Sinaloa antes de que pudiera circular. La única prueba gráfica del encuentro fue una fotografía en la que Zambada aparece junto a Scherer, con el brazo sobre el hombro del periodista.

La segunda entrevista: Diego Enrique Osorno en la sierra de Sinaloa (2021)

Once años después del encuentro con Scherer, Zambada volvió a buscar a un periodista. Esta vez, el elegido fue Diego Enrique Osorno, reportero, documentalista y cronista mexicano, autor de libros como El Cártel de Sinaloa.

El contacto llegó en 2021, en plena pandemia de covid-19. Osorno relató que, al comenzar la conversación, Zambada se mostró impaciente: le habían asignado 30 minutos para la entrevista y el periodista estaba presentándose. Fue hasta que Osorno mencionó el nombre de Julio Scherer cuando el capo se incorporó en su silla y cambió de actitud. “Lástima que no lo podemos revivir”, dijo Zambada. Luego hablaron durante tres horas.

El encuentro se produjo en las montañas del norte de Sinaloa, en una casa que Osorno describió como parecida a la que Scherer había visitado años atrás. Sobre la mesa, carne asada, verduras, frijoles y tortillas. El capo, sentado en una mecedora, habló con un tono que Osorno describió como ascético.

Las revelaciones de esa conversación, publicadas en el libro En la Montaña por editorial Anagrama, fueron múltiples. Zambada afirmó que el negocio del narcotráfico existía porque Estados Unidos lo demandaba: “Nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos”. Luego añadió: “No crean que nuestra vida es buena. Luchamos, como todos. Hay que trabajar duro para mantener el negocio y la familia”.

Sobre el fentanilo, el cargo que hoy podría costarle la pena de muerte, Zambada fue categórico: “Nada más lo he visto por la televisión”, afirmó, desmarcando a su facción del opioide. También negó haber entregado dinero personalmente a García Luna y anticipó, con precisión, que el gobierno de Estados Unidos terminaría designando a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esa designación ocurrió en febrero de 2025.

Osorno es el tercero de los periodistas que se sabe tuvieron contacto directo con Zambada antes de su detención. Los otros dos fueron Julio Scherer y su hija, María Scherer Ibarra.

El Vicentillo: cuando el hijo negoció con la DEA

Uno de los golpes más dolorosos para Zambada no vino de un rival, sino de su propio linaje. El 19 de marzo de 2009, el Ejército Mexicano detuvo en una residencia de Lomas del Pedregal, en la Ciudad de México, a Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo mayor del capo. Fue hallado junto a cinco escoltas en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, con destino al Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Lo que ocurrió después sacudió al Cártel de Sinaloa desde adentro: el hijo de El Mayo se convirtió en testigo colaborador de la DEA.

El Vicentillo proporcionó datos sobre operaciones del cártel, sobre organizaciones rivales, sobre familiares y sobre su propio padre. Fue sentenciado a 15 años de prisión en mayo de 2019, pero liberado antes de cumplirlos por su cooperación. En abril de 2021 su nombre desapareció del registro de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

La fiscalía estadounidense prevé que El Vicentillo figure en la lista de testigos potenciales contra su padre en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. De concretarse, padre e hijo se verían frente a frente en un tribunal.

El Traidor

En 2011, mientras El Vicentillo purgaba su condena en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, escuchó por radio una entrevista con la periodista Anabel Hernández a propósito de su libro Los señores del narco. Decidió que era el momento de hablar. A través de su abogado Fernando Gaxiola, le hizo llegar hojas escritas a mano desde su celda: su diario personal, en el que describía operaciones, rutas, sobornos y nombres de funcionarios en la nómina de su padre.

El material que Gaxiola entregó a Hernández a lo largo de años fue la base del libro El Traidor. El diario secreto del hijo del Mayo (Grijalbo, 2019). En sus páginas, El Vicentillo afirma que El Mayo era el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, por encima del Chapo, y que los sobornos mensuales a comandantes y funcionarios en los estados donde operaba el cártel superaban el millón de dólares. También describio acuerdos con militares de alto rango y señala presuntos vínculos con tres expresidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Son alegaciones del propio Vicentillo, no hechos probados en juicio. Una frase del diario resume la filosofía de El Mayo: “Mi papá decía que los sobornos han sido tan costosos, incluido al Presidente, que a fin de cuentas trabajamos para el Gobierno”.

La voz que nadie grabó

Uno de los rasgos más documentados de Zambada es que no existe una sola grabación conocida de su voz. Ni la DEA, ni la FGR, ni ningún otro organismo de inteligencia logró interceptar una llamada suya en más de cinco décadas de operaciones. El dato fue confirmado por el periodista especializado Jesús Esquivel en la serie documental “Los más buscados del mundo”, estrenada por Netflix en el año 2020.

Zambada prohibió que sus subordinados pronunciaran su nombre. En las reuniones de más alto nivel del cártel no decía una sola palabra: cuando necesitaba dar una orden, llamaba a un colaborador fuera del recinto y se la dictaba en privado. Usó durante años al Chapo como intermediario público: todas las llamadas interceptadas, todas las negociaciones grabadas, todos los registros de voz que sirvieron de evidencia en el juicio de Nueva York fueron de Guzmán Loera, nunca de Zambada. “Entendió desde joven la importancia de pasar desapercibido”, señaló Esquivel.

Esa disciplina, más que cualquier operativo de seguridad, fue el verdadero escudo que lo mantuvo libre durante 35 años.

La guerra por Tijuana

El Cártel de Sinaloa libró simultáneamente otra disputa territorial igualmente sangrienta: la conquista de Tijuana, entonces controlada por el Cártel de los Arellano Félix. El conflicto entre ambas organizaciones arrancó a principios de los años 90, cuando los hermanos Arellano Félix intentaron asesinar a Zambada en al menos dos ocasiones, incluida una oferta de 3 millones de pesos por su cabeza.

El episodio que marcó el punto de quiebre ocurrió el 10 de febrero de 2002, durante el Carnaval de Mazatlán. Ramón Arellano Félix, el brazo operativo del cártel, llegó a la ciudad con la intención de asesinar a Zambada. Murió en un tiroteo con un policía ministerial en la zona hotelera.

Según documentos judiciales, fue El Chapo quien ordenó la parada de tráfico que derivó en la muerte de Ramón, aunque la versión oficial la atribuye a una revisión rutinaria. La disputa se extendió por casi dos décadas más.

El quiebre definitivo llegó desde adentro. En 2008, cuando Eduardo Arellano Félix fue detenido, Teodoro García Simental, “El Teo”, uno de los principales operadores del cártel tijuanense, rompió con la facción de Luis Fernando Sánchez Arellano y se alió con el Cártel de Sinaloa.

Desde Tijuana, donde siguió operando, desató una guerra interna que disparó los homicidios en la ciudad. Fue capturado en enero de 2010 en La Paz, Baja California Sur. Para entonces, el Cártel de Sinaloa ya controlaba la plaza. Los hermanos Arzate García, alineados con la facción de El Mayo, quedaron como jefes de plaza en la ciudad.

La designación terrorista

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera (FTO) y como terrorista global especialmente designado (SDGT). La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, también alcanzó al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste, a los Cárteles Unidos y a la Nueva Familia Michoacana.

Las consecuencias jurídicas son directas: cualquier persona o empresa bajo jurisdicción estadounidense que proporcione apoyo material a estas organizaciones, es decir, dinero, servicios, asesoría, transporte, comete un delito federal. Los activos de los integrantes designados quedan bloqueados en el sistema financiero de Estados Unidos.

Sus miembros son inadmisibles en territorio norteamericano y pueden ser deportados si ya se encuentran en él. Lo que hace el dato aún más llamativo es que El Mayo lo anticipó con cuatro años de antelación: en su conversación con Diego Enrique Osorno .

La captura: la traición del ahijado y una guerra sin fin

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada aterrizó en un aeródromo privado de Santa Teresa, Nuevo México, a bordo de un avión Beechcraft King Air. Lo acompañaba Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y ahijado del propio Zambada. Al bajar del avión, fue detenido por agentes del FBI.

Según la carta que el capo envió desde prisión, fue víctima de una trampa. Guzmán López le hizo creer que viajaban al norte de México para inspeccionar posibles pistas de aterrizaje clandestinas. En cambio, lo subió a un avión rumbo a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra Guzmán López por el presunto secuestro y lo acusó de traición a la patria.

Durante la operación, el político sinaloense Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado. Dos escoltas de Zambada, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaídez, desaparecieron y no han sido localizados. La FGR mantiene abiertas siete investigaciones y 32 órdenes de aprehensión vinculadas al caso.

La caída de Zambada desató de inmediato una guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa. En sus primeros diez meses, ese conflicto dejó más de mil 600 asesinados, mil 800 desaparecidos, más de 100 bloqueos carreteros, el incendio de más de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de al menos 3 mil familias en zonas rurales de Sinaloa.

La carta de aceptación

El pasado 6 de julio de 2026, el abogado Frank A. Pérez entregó al juez Brian M. Cogan un memorando de sentencia en nombre de Zambada. El texto central es directo: “El acusado Ismael Zambada García se ha declarado culpable, plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Él acepta este resultado y no solicita al Tribunal que lo sentencie fuera de la ley”.

La defensa aclaró además que el capo no buscará, ni en el futuro, ninguna reducción de condena, y que instruyó a sus abogados desde el primer día para no interponer mociones ni alargar el proceso. El único pedido concreto es el penal: Zambada, de 76 años, padece diabetes, hipertensión y problemas en las rodillas, y solicita cumplir prisión de por vida en una instalación médica federal.

Este lunes 20 de julio, ante el mismo juez que condenó al Chapo y a García Luna, se dicta la sentencia formal.

El secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada García tuvo un fuerte impacto en la economía del estado de Sinaloa, y ha dejado, hasta el momento, una pérdida económica en la entidad de más de mil millones de dólares.

Así lo aseguró el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) Mike Vigil, quien en entrevista exclusiva para Infobae México, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido razón al mostrar inconformidad y molestia con la manera en la que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, aprehendió al capo del Cártel de Sinaloa.

“Totalmente, porque como ha dicho, sabe perfectamente bien que se violó la soberanía, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, y bajo este gobierno van a seguir haciéndolo y eso tiene muchas consecuencias”.

Dijo que el gobierno estadounidense no vio las consecuencias de ese acto, que fueron, entre otras, miles de muertes y secuestros. Recordó que El Mayo Zambada fue secuestrado el 25 de julio de 2024, y la guerra interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, comenzó el 9 de septiembre de ese mismo año, misma que no ha parado hasta el momento.

“Hasta el momento ha causado más de 7 mil desaparecidos, y te garantizo que están muertos, y los muertos confirmados, que son aproximadamente 4 mil 500, eso pone la cifra de muertos de más de 11 mil personas”.

Mike Vigil aseguró que esto ha causado mucho daño a la economía de Sinaloa, pues debido a este brote de violencia, muchas empresas que se encontraban en la entidad tuvieron que cerrar. “Eso se calcula a más de mil millones de dólares que ha perdido México, y aparte de eso, ha causado fricción y daño a las fuerzas bilaterales entre México y Estados Unidos para trabajar contra el narcotráfico, eso va a dañar el intercambio de información, y la coordinación entre los dos países”.

Dijo que la detención de El Mayo Zambada en Estados Unidos no tuvo ningún impacto significativo en contra del narcotráfico.

“El costo de más de 11 mil vidas, el costo de la pérdida de más de mil millones de dólares en la economía de Sianaloa, y además esa violencia se ha extendido a Durango, Chihuauha, Sonora y Baja California Norte”, aseguró Mike Vigil.

Señaló que había una mejor manera de detener al capo del narcotráfico, que era que Estados Unidos trabajara conjuntamente con México y juntos atacaran toda la infraestructura. Esa era la única forma de tener un impacto fuerte y duradero.

Terry Cole asegura que Gobierno de México y cárteles tienen una “relación letal”

Las declaraciones del ex agente de la DEA se dan luego de que hace unos días, el actual titular de esa misma corporación, Terry Cole, declarara que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico mexicanos y la administración federal del país.

Cole dijo que hay una “relación letal” entre los grupos criminales y funcionarios corruptos en México, y subrayó que desmantelar esa alianza respresenta una de las principales prioridades de la agencia estadounidense.

Cole sostuvo que esa red también incluye a los vínculos entre las organizaciones criminales y autoridades mexicanas.

“Son parte de la misma estructura”, afirmó, y reiteró que combatir esas conexiones constituye la prioridad número uno de la dependencia.

Dichas declaraciones fueron realizadas el pasado lunes durante la apertura de la cumbre sobre adicciones y fentanilo, que se llevó a cabo del 13 al 16 de julio en Orlando, Florida.

Tras estos señalamientos, el gobierno mexicano salió a desmentir la información y dijo que las afirmaciones del funcionario estadounidense carecían de sustento y no correspondían a los resultados que el Estado mexicano había presentado públicamente en materia de combate a la delincuencia organizada.

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, se señaló.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que se investiguen los posibles vínculos de políticos “de cualquier partido” con el narcotráfico, luego de las declaraciones de Terrance Cole, director de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En entrevista con medios de comunicación, subrayó que la gravedad de las acusaciones obliga a la actuación responsable y transparente de todas las instituciones mexicanas, sin distinción partidista.

López Rabadán explicó que la Comisión Permanente del Congreso está construyendo un acuerdo para fijar una postura pública y plural sobre la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

Señaló que la muerte del migrante mexicano, Lorenzo Salgado, en Houston, así como otros hechos similares, han generado preocupación en todos los grupos parlamentarios.

Destacó que, como presidenta de la Cámara de Diputados, propuso generar un documento conjunto que exprese el compromiso del Congreso con la defensa de la vida y los derechos humanos sin fronteras.

Durante su posicionamiento público, López Rabadán afirmó que no se debe minimizar las declaraciones del director de la DEA, quien ayer acusó que “existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa”.

La legisladora del PAN calificó la acusación como “de enorme gravedad” y enfatizó que no debe aceptarse sin pruebas, pero tampoco ignorarse.

Afirmó que estas declaraciones obligan a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes y objetivas cuando surgen señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas en el poder.

Para la legisladora, la respuesta de México no debe limitarse a rechazar las declaraciones ni atribuirlas solo a motivos políticos y aseveró que en cambio, se debe demostrar que nadie está por encima de la ley.

“Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos... Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia.

“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, remarcó.

Subrayó que esta exigencia incluye a funcionarios de cualquier partido, nivel de gobierno o responsabilidad.

“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada.

“Con todo el peso de la ley. No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas”, puntualizó.

La diputada se refirió a la atención especial que requieren los casos de Baja California y Sinaloa, donde existen señalamientos públicos sobre posibles relaciones entre autoridades y el crimen organizado.

Aclaró que no se puede afirmar que los funcionarios sean cómplices, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad solo con declaraciones políticas.

Insistió en que si las investigaciones acreditan que algún funcionario, sin importar su partido o cargo, tiene vínculos, da protección o utiliza recursos públicos para beneficiar a organizaciones criminales, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada conforme a la ley, sin encubrimiento ni cálculos partidistas.

López Rabadán contextualizó que los señalamientos del director de la DEA ocurren en un entorno de acusaciones judiciales, testimonios y decisiones administrativas que deben ser esclarecidos por las autoridades mexicanas.

También mencionó la reciente decisión de Estados Unidos de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas globales, lo cual incrementa la presión internacional sobre México y tiene consecuencias directas para la relación bilateral.

Pidió que las instituciones mexicanas den un ejemplo claro y apegado a la legalidad, demostrando con hechos su compromiso con la ciudadanía y la transparencia.

Consultada sobre casos como la extradición de García Cabeza de Vaca o el regreso al cargo de Rocha Moya en Sinaloa, López Rabadán recalcó que la exigencia es la misma para todos:

“Quienes están en el ejercicio de poder, quienes son señalados por autoridades internacionales o por la misma ciudadanía mexicana, deben ser investigados y, en su caso, sancionados”.

Precisó que no se trata de esperar pruebas del extranjero, sino de hacer cumplir la ley nacional y garantizar procesos claros y sin encubrimientos, sin importar la filiación política.

López Rabadán también opinó sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en la devolución a Estados Unidos de un piloto vinculado al narcotráfico.

Consideró que estos hechos requieren ser esclarecidos y transparentados ante la opinión pública, reiterando la obligación institucional de informar y rendir cuentas.

La mandataria rechazó las declaraciones del titular de la DEA y las calificó de “muy desafortunadas”, “sin sustento” y “sin fundamento”, al sostener que esos señalamientos chocaron con la reducción de 48% en homicidios dolosos que presentó su gobierno como prueba de su estrategia de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la baja de delitos que contradecía cualquier acusación sobre presuntos vínculos entre su administración y la delincuencia organizada. Para Sheinbaum, si un gobierno estuviera ligado a un grupo criminal, no podría mostrar una disminución en los asesinatos.

La presidenta también afirmó que el pronunciamiento tuvo una intención política. Incluso señaló que la declaración apareció el mismo día en que su administración informó la caída en los homicidios dolosos, aunque se precisó que los dichos de Terry Cole ocurrieron la noche del lunes, durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, y no el martes después del informe de seguridad.

“Me parece una declaración muy desafortunada. Es una declaración política y una declaración sin sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, dijo Sheinbaum ante la prensa.

Sheinbaum sostuvo que la baja en homicidios desmentía cualquier vínculo con el narco

La respuesta de la mandataria se centró en una idea: la reducción de delitos de alto impacto era incompatible con la acusación lanzada desde Estados Unidos. “Si un gobierno está vinculado con un grupo delictivo no puede haber una reducción de los homicidios. Es una contradicción”, expresó.

Con ese argumento, Sheinbaum negó que existiera una relación entre el gobierno mexicano y el narcotráfico. Su postura fue que los resultados en seguridad desmentían por sí mismos ese tipo de afirmaciones.

La presidenta insistió en que el titular de la DEA debía presentar pruebas y no posicionamientos políticos. A su juicio, las declaraciones carecieron de respaldo y por eso las descalificó de manera abierta.

La presidenta pidió a la DEA enfocarse en Estados Unidos

Sheinbaum pidió que la agencia estadounidense concentrara sus esfuerzos en combatir la producción, distribución y consumo de drogas dentro de Estados Unidos. También planteó que debía investigar casos de presunta corrupción al interior de la propia organización.

“Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar con declaraciones que en realidad es política”, afirmó la mandataria.

En otro momento, reforzó el mismo reclamo con una crítica directa al papel de la agencia fuera de territorio estadounidense. “La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, normalmente dedica su trabajo fuera, debería estar dedicado al trabajo dentro de su país”, señaló.

Sheinbaum reiteró que México mantuvo disposición para colaborar con autoridades de Estados Unidos, pero dejó claro que esa relación debía darse bajo condiciones de respeto mutuo. La presidenta cerró su respuesta con un rechazo total a los dichos del funcionario.

“Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización y a que siga en todo caso colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, respondió de forma tajante.

“Hay una serie de Estados Unidos que justamente explica esto y así como esta serie parece ficción es una realidad, hay producción y distribución de metanfetamina en los Estados Unidos y además la mayor venta de drogas. Quién la vende, cómo la venden, cómo la disribuyen, cómo lavan el dinero, eso es algo que la DEA debería estar investigando”, acotó.

Además recordó otro hecho relevante en este contexto ya que hay varios agentes de la DEA que trabajaron en México y estuvieron involucrados directamente en el crimen organizado.

Nicholas Palmeri, jefe de DEA en México, habría sido destituido por vínculos con abogados de capos

El caso al que se refiere se trata de Nicholas Palmeri, ex jefe de DEA en México, que fue destituido presuntamente por vínculos con abogados de capos

“El puesto de director regional en México es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo como esto, es problemático”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia.

La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, señaló la agencia AP.

El hecho de que Nicholas Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos, actividades detalladas en registros confidenciales revisados por The Associated Press, a la larga provocó su caída después de sólo 14 meses de ser el poderoso director regional de la agencia antinarcóticos, el cual supervisa a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.

Pero investigaciones internas por separado generaron otras señales de alerta, incluidas quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de COVID-19, a consecuencia de lo cual dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera de México. Y otra, divulgada la semana pasada, encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados y solicitó que se le reembolsaran con el fin de pagar su propia fiesta de cumpleaños.

“El puesto de director regional en México es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo como esto, es problemático”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia.

Las autoridades federales informaron la incautación de más de 54 kilogramos de metanfetamina y el hallazgo de laboratorios clandestinos en Palm Beach, lo que evidencia un crecimiento sin precedentes del tráfico y la producción local de esta droga en el sur de Florida. El fenómeno impacta a condados como Palm Beach y Martin, donde la presencia de metanfetamina supera históricamente a la cocaína en volumen durante el último año, según datos oficiales. Los operativos, realizados a inicios de julio de 2026, responden a un contexto de presión por el aumento de precios de la cocaína y la diversificación de las rutas de ingreso de estupefacientes en la región.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la reciente incautación de casi 120 libras de metanfetamina representa una cifra inédita en el sur de Florida. Parte de la droga confiscada incluía mezclas con fentanilo, lo que incrementa el riesgo sanitario. Autoridades federales y del Martin County Sheriff’s Office confirmaron que la detección de laboratorios en Palm Beach indica una tendencia hacia la producción local, modificando el patrón tradicional de ingreso desde otros estados o países. Estos datos fueron reportados por medios como NBC Miami y WPTV News, que citaron fuentes institucionales.

El incremento del tráfico de metanfetamina, históricamente vinculado al oeste de Estados Unidos, ahora se consolida en el sureste del país. Desde 2025, la DEA y otras agencias federales registran un crecimiento sostenido, impulsado por factores económicos, rutas de contrabando marítimas y terrestres, y cambios en la rentabilidad de las drogas ilícitas. Las autoridades atribuyen este repunte al encarecimiento de la cocaína y a la mayor accesibilidad de la metanfetamina para distribuidores y consumidores.

¿Por qué la metanfetamina crece en el sur de Florida?

El aumento de la metanfetamina en el sur de Florida responde a una combinación de factores económicos y logísticos. Según la DEA, el precio de la cocaína en la región oscila entre 600 y 1.000 dólares por onza, mientras que la metanfetamina puede adquirirse por la mitad, lo que la convierte en una opción más viable para redes de distribución y consumidores. Así lo explicó el agente especial Kevin Bobbitt, de la oficina de la DEA en West Palm Beach, quien declaró a NBC Miami: “Desde el punto de vista económico, es mucho más barato conseguir metanfetamina”.

De acuerdo con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., entre octubre de 2025 y junio de 2026 se registraron 1.953 incautaciones de metanfetamina en Florida, superando a las 1.701 de cocaína. El volumen incautado de metanfetamina en ese periodo alcanzó 10.329 libras (4.686 kilogramos), frente a 4.910 libras (2.228 kilogramos) de cocaína. Esta diferencia marca un cambio de tendencia en las drogas más traficadas en la región.

¿Cómo está actuando la DEA frente a la metanfetamina en Florida?

Las estrategias de la DEA y las agencias locales incluyen operativos conjuntos, refuerzo de la presencia policial y campañas para que la comunidad reporte actividades sospechosas. Uno de los operativos más recientes, conocido como “Hurricane”, fue coordinado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), logrando la detención de 46 personas, la incautación de 94 armas de fuego y el decomiso de 9,4 kilogramos de diferentes drogas, incluida la metanfetamina.

El fiscal federal Jason Reding Quiñones declaró que “los agentes y oficiales han logrado sacar de circulación armas ilegales y narcóticos en Palm Beach County y en todo el sur de Florida”. Por su parte, el agente especial Miles Aley, a cargo de la división Miami de la DEA, remarcó que “el trabajo conjunto de las agencias federales, estatales y locales permite comunidades más seguras”.

¿Cuáles son los riesgos del aumento de laboratorios clandestinos?

El hallazgo de laboratorios clandestinos en Palm Beach confirma un cambio de dinámica: parte de la metanfetamina ya no solo ingresa desde el exterior, sino que también se produce localmente. Este fenómeno complica la labor policial, al multiplicar los puntos de producción y dificultar la detección, según la DEA.

Además, parte de la droga incautada presentaba mezclas con fentanilo, un opioide sintético de alta toxicidad. Esto eleva el riesgo de intoxicaciones y sobredosis entre los consumidores, según alertó la DEA. En palabras del mayor Rubén Romero, del Martin County Sheriff’s Office, “lo único que podemos hacer es interrumpir sus operaciones para que los traficantes no puedan entrar con tanta facilidad, quitarles el producto, educar a la comunidad sobre los riesgos de la metanfetamina y la cocaína y poner más oficiales en las calles”.

¿Qué impacto tiene la geografía de Florida en el tráfico de drogas?

La posición geográfica de Florida facilita el ingreso de drogas por mar y tierra, lo que convierte a la región en un punto estratégico para el narcotráfico. Las autoridades destacan que la cercanía con el Caribe y la existencia de rutas marítimas y terrestres favorecen la llegada de cargamentos desde Sudamérica, Centroamérica y otras zonas productoras.

La DEA y el Martin County Sheriff’s Office subrayan que la expansión de laboratorios clandestinos responde a la necesidad de reducir costos y riesgos asociados al transporte de grandes volúmenes de droga. La producción local permite una distribución más ágil y dificulta la trazabilidad de los cargamentos.

¿Qué dice la estadística sobre la metanfetamina en Florida?

• En el último año fiscal, la DEA y el Servicio de Inspección Postal reportaron más de 10.000 libras (4.500 kg) de metanfetamina incautadas en Florida.
• En el mismo periodo, las incautaciones de cocaína alcanzaron poco más de 4.900 libras (2.200 kg).
• El precio de la metanfetamina se mantiene en torno al 50 % del valor de la cocaína, según fuentes oficiales.
• Las operaciones federales y estatales han desmantelado al menos un laboratorio clandestino en Palm Beach en los últimos meses.

¿Qué medidas se están tomando para combatir el tráfico de metanfetamina?

Las autoridades refuerzan los controles en puertos, aeropuertos y carreteras, además de aumentar la presencia policial en zonas identificadas como vulnerables al narcotráfico. La DEA sostiene que la colaboración ciudadana es esencial para detectar laboratorios clandestinos y redes de distribución.

El fiscal federal y representantes de la DEA insisten en la importancia de la cooperación interinstitucional. Tras la operación Hurricane, la fiscalía federal aseguró que se mantendrán los controles y operativos en los condados más afectados. Las campañas de información y prevención también forman parte de la estrategia para reducir el consumo y el tráfico.

¿Cómo afecta esto a la población y qué se puede esperar?

El avance de la metanfetamina en el sur de Florida implica riesgos adicionales para la salud pública debido a la presencia de mezclas con fentanilo y a la proliferación de laboratorios clandestinos. Las autoridades anticipan que el fenómeno podría extenderse a otros condados, por lo que recomiendan a los residentes informar sobre cualquier actividad sospechosa y mantenerse atentos a las campañas de prevención.

El despliegue de nuevas operaciones y la coordinación entre agencias federales, estatales y locales seguirán siendo las principales herramientas para enfrentar el incremento de la metanfetamina en la región. Se prevé que las acciones policiales continúen en los próximos meses, con énfasis en la detección de laboratorios y la desarticulación de redes de distribución.

El Gobierno de México rechazó este martes las acusaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien señaló la existencia de vínculos entre los cárteles y las autoridades mexicanas. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal calificó las afirmaciones de infundadas y presentó un balance de resultados para refutarlas.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, se lee en el comunicado.

El documento, fechado el 14 de julio de 2026 en Ciudad de México, lleva la firma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, agrega el texto.

Las cifras con las que México responde

Desde el arranque de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 59 mil 582 personas, entre las que se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, "sin distinción alguna“, según precisa el comunicado.

En materia de aseguramiento de bienes, las instituciones de seguridad decomisaron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Dentro de ese volumen se incluyen 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, cifra que el Gabinete presenta como evidencia directa del combate al tráfico de la sustancia que más preocupa a las autoridades estadounidenses.

El operativo también alcanzó la infraestructura del narcotráfico: fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetaminas.

Operación Enjambre y funcionarios detenidos

Uno de los argumentos centrales del comunicado para refutar las acusaciones es la persecución de servidores públicos corruptos. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones complementarias, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas.

Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones. El Gabinete de Seguridad señaló que ese dato confirma que "en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas“, en respuesta directa a la acusación de connivencia con el crimen organizado.

La caída en homicidios como termómetro

El Gabinete también incluyó un indicador de violencia general. De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída del 48 %, equivalente a 41 homicidios menos por día en todo el país, de acuerdo con los datos presentados en el propio escrito.

El documento presenta esa reducción como reflejo directo de la estrategia de seguridad, aunque no desglosa los factores específicos que explican la baja ni ofrece comparativos por entidad federativa.

Cooperación bilateral y soberanía

El documento cerró con un mensaje dirigido a Washington. El Gabinete reconoce que los mecanismos de cooperación bilateral han producido resultados concretos, entre ellos la detención de “objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos“.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirmó su disposición a fortalecer esa cooperación, pero estableció las condiciones bajo las cuales está dispuesto a hacerlo: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. El objetivo declarado es combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Lo que dijo Terry Cole

"Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones“, declaró Terry Cole este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida. El titular de la DEA advirtió que la agencia no limitará sus acciones a los integrantes de los grupos criminales: también perseguirá a quienes, desde cargos públicos, presuntamente permitan o faciliten su actividad. Cole señaló que el foco de la ofensiva abarca las estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como a sus presuntos protectores dentro del aparato gubernamental.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó este 14 de julio que el gobierno de Morena enfrenta una crisis de legitimidad ante la comunidad internacional, después de que el titular de la DEA, Terrance Cole, hablara de una “conexión mortífera” entre cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos.

Este señalamiento ocurre mientras en Estados Unidos sigue abierto un proceso penal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta protección al Cártel de Sinaloa.

Moreno retomó en un mensaje en X las declaraciones que Cole hizo durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando. Según el dirigente priista, esos dichos confirman denuncias que la oposición sostuvo durante años sobre una presunta relación entre poder político y narco.

Terrance Cole dijo que la DEA también apunta a funcionarios públicos

Durante ese encuentro en Florida, Cole sostuvo que la estrategia de la DEA no se limitará a perseguir a integrantes de grupos criminales. También alcanzará a quienes, desde cargos públicos, presuntamente faciliten sus operaciones.

El funcionario estadounidense dijo que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles y servidores públicos que permiten su funcionamiento.

Moreno aseguró que la DEA ya no distingue entre estructuras del crimen organizado y de gobierno. En su posicionamiento, sostuvo que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador habrían construido alianzas con organizaciones criminales para ganar elecciones y controlar regiones del país.

Añadió que las acusaciones ya no provienen solo de la oposición mexicana, sino de autoridades del principal socio y aliado del país: Estados Unidos. También señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esos señalamientos, aunque insistió en responsabilizar al partido gobernante.

Alito acusó a Morena de pacto criminal tras señalamientos de la DEA

Moreno calificó a Morena como un “narcopartido” y pidió una investigación internacional bajo la figura de organización terrorista. También llamó a entregar a los funcionarios señalados y abrir expedientes de los llamados narcopolíticos.

El dirigente priista sostuvo que México no estará en paz mientras existan funcionarios, empleados o cómplices de los cárteles dentro de gobiernos federales y estatales. También afirmó que la soberanía está comprometida en regiones dominadas por la delincuencia, donde, desde su perspectiva, se decide el resultado de elecciones y la designación de autoridades.

“MORENA decidió colocarse del lado de quienes asesinan, extorsionan, secuestran y envenenan a ciudadanos de ambas naciones. Ahora tendrán que asumir las consecuencias de esa alianza criminal”, declaró el dirigente del PRI.

En la parte final de su posicionamiento, Moreno habló de un “cerco internacional” sobre Morena y aseguró que dentro del partido algunos ya buscarían tomar distancia ante un posible desgaste político. También sostuvo que la ventana de oportunidad para el Estado mexicano se estaría cerrando.

Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios, señalados por fiscales de Estados Unidos

Dichas declaraciones llegaron después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. Entre los acusados figuraron exsecretarios estatales, mandos policiales y alcaldes, señalados por supuestamente recibir pagos, filtrar operativos y favorecer actividades del grupo criminal.

Los cargos presentados por fiscales de Estados Unidos alcanzan a 10 personas e incluyen señalamientos por tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de protección institucional, sobornos y posesión ilegal de armas de fuego. Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los implicados ni un fallo que acredite vínculos institucionales entre el gobierno federal y organizaciones criminales.

Entre los acusados estuvieron Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos que presuntamente facilitan sus operaciones, y advirtió que la agencia perseguirá a quienes permitan la actividad criminal desde el servicio público.

La declaración ocurrió este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando, Florida, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. El pronunciamiento se dio dos meses y medio después de que fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, dentro de un proceso judicial que permanece abierto.

Durante su intervención, Cole sostuvo que la estrategia de la agencia no se limitará a los integrantes de los grupos criminales, sino también a las personas que, desde posiciones de poder, presuntamente permitan su funcionamiento.

“Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones”, afirmó el funcionario estadounidense.

Cole sostuvo que la DEA enfocará sus acciones contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, pero también contra quienes presuntamente faciliten sus operaciones desde cargos públicos.

Sus declaraciones ocurrieron dos meses y medio después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso y, hasta ahora, no existe una resolución que determine la culpabilidad de los señalados ni que establezca vínculos entre el Gobierno de México, como institución, y organizaciones criminales.

Estos son los nueve funcionarios acusados por EEUU de presunta protección al Cártel de Sinaloa

La acusación incluye a servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos sobornos, filtración de operativos y uso de sus cargos para favorecer las actividades del grupo criminal

Los señalamientos, presentados el 29 de abril de 2026, incluyen delitos relacionados con narcotráfico, protección a una organización criminal y posesión ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Entre los acusados se encuentran:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado de presuntamente permitir operaciones del cártel a cambio de apoyo político y electoral, así como de colocar funcionarios afines a los intereses de la organización.
• Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno estatal, acusado de presuntamente servir como enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos”.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado de presuntamente colaborar como intermediario entre funcionarios y líderes criminales, además de proporcionar información sobre rivales políticos.
• Dámaso Castro, vicefiscal general de Sinaloa, acusado de recibir pagos para alertar sobre operativos contra laboratorios y miembros del grupo criminal.
• Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa, señalados de presuntamente recibir sobornos para permitir operaciones del cártel y favorecer la liberación de integrantes detenidos.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, acusado de proporcionar información anticipada sobre operativos para permitir el movimiento de drogas y equipo.
• José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

Los cargos forman parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos de fiscales estadounidenses y no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los involucrados.

Las autoridades detuvieron a alias Mono, señalado como responsable de las finanzas y la coordinación de operaciones de tráfico de drogas dentro del grupo delincuencial Los Chivos, y notificaron con fines de extradición a alias Menor, identificado como cabecilla de esa organización.

Ambos sujetos eran requeridos por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

Según explicó Sánchez, los capturados funcionaban como “enlaces directos con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos”.

El ministro aseguró que esta acción representa un golpe a las redes transnacionales del narcotráfico, pues debilita su capacidad logística y sus mecanismos de coordinación internacional.

“Con este resultado golpeamos las redes transnacionales del narcotráfico, debilitando su capacidad logística, financiera y de coordinación internacional”, señaló el funcionario.

El ministro emitió un reconocimiento público a los integrantes de la Policía Nacional y resaltó la cooperación internacional con la DEA. “Mi reconocimiento a nuestros policías y a la cooperación con la DEA por este contundente resultado en defensa de la seguridad de Colombia y de la región”, expresó.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para denunciar actividades criminales, así como el número 141 para reportar casos de reclutamiento infantil.

“El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez en su pronunciamiento en su red social de X, enfatizando la importancia de la colaboración social para combatir el crimen organizado.

Detenidos en Santa Marta seis miembros de red de narcotráfico con nexos internacionales

Una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, permitió la captura de seis presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína en Santa Marta.

Los detenidos están solicitados en extradición por la Corte Distrital del Estado de Ohio, que los requiere por cargos relacionados con el envío de cargamentos de droga hacia territorio norteamericano.

Según explicó la Dijín, la organización desmantelada mantenía alianzas directas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), señaladas como el principal grupo armado criminal en Magdalena y La Guajira. Este apoyo garantizaba respaldo logístico y protección durante el transporte de la droga.

Las investigaciones, iniciadas en 2024, revelaron que los envíos se realizaban mediante aeronaves privadas que partían del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, aprovechando la colaboración de trabajadores con acceso a zonas restringidas. La infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas permitieron documentar la estructura jerárquica de la red.

Entre los capturados figura alias Barbas, identificado como responsable de la producción y logística, y alias Conde, supervisor de seguridad aeroportuaria, quien facilitaba el paso clandestino de los cargamentos.

“Esta operación no solo afecta las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales, sino que envía un mensaje claro de contundencia contra el narcotráfico y la corrupción interna”, destacó la Dijín.

El proceso investigativo permitió vincular a la estructura criminal con la llamada Operación Ohio, en la que se incautaron 40 kilogramos de cocaína y se capturó a tres personas en flagrancia. Además de rutas hacia Estados Unidos, se detectaron conexiones con puertos europeos y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites de extradición. Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta para identificar más colaboradores y determinar la posible participación de otros implicados.

Leo Sharp fue veterano, horticultor y, a los 77 años, uno de los traficantes más productivos del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Movió más de una tonelada de cocaína entre la frontera sur y Detroit antes de que la DEA lo cazara en una autopista de Míchigan en 2011.

Murió en 2016, a los 92 años, sin haber terminado de cumplir su condena. Clint Eastwood inmortalizó su historia en The Mule, película estrenada en 2018 justo cuando el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Brooklyn sacaba a la luz los nombres más insospechados de la organización.

Nadie sospechaba del anciano que cruzaba Arizona al volante de su camioneta Lincoln. Esa era, según el propio Sharp, toda su estrategia: “La policía no se va a molestar en parar a un viejo que atraviesa Arizona en coche”, dijo en una entrevista con la cadena ABC de Estados Unidos.

Cuando la jardinería dejó de alcanzar

Sharp nació el 7 de mayo de 1924 en Michigan City, Indiana. Combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y recibió una Estrella de Bronce por su servicio. Al regresar, se instaló en una granja en su ciudad natal, donde vivió y trabajó durante décadas, y se dedicó al cultivo de lirios de día, una especialidad en la que llegó a destacar a nivel internacional.

La American Hemerocallis Society tiene registradas aproximadamente 180 especies de esa planta con su nombre. En 1986 bautizó una nueva variedad como Siolam Leo Sharp. Era un hombre de tierra, de temporadas y de paciencia. Nada en su trayectoria anticipaba lo que vendría después.

Con el paso de los años, el negocio de las flores se fue a pique. La venta de semillas por internet desplazó a los cultivadores tradicionales y Sharp acumuló deudas. Fue entonces cuando el Cártel de Sinaloa llegó a su vida.

Según Darryl Goldberg, su abogado defensor, fue un empleado de Sharp, de origen mexicano, quien lo contactó con la organización. “Tiene sentido que un campesino de ascendencia mexicana lo haya presentado”, declaró Goldberg. Al principio, Sharp trasladaba dinero de Estados Unidos a México. Pronto el flujo se invirtió: de regreso cruzaba cocaína.

Sus viajes se volvieron rutina. Conducía su camioneta Lincoln por la interestatal sin llamar la atención, un anciano más en la carretera. Los narcotraficantes mexicanos lo llamaban “El Tata” y lo consideraban uno de sus transportistas más confiables. Por viaje llegaba a mover entre 100 y 300 kilogramos. Solo entre febrero y junio de 2010 introdujo a Detroit aproximadamente una tonelada de cocaína.

Lo que más sorprendió a los agentes no fue el volumen, sino que una sola persona fuera responsable de moverlo.

Cuando quiso salirse, el cártel respondió con amenazas. “Amenazaron a Sharp y dijeron que matarían a su familia”, declaró Goldberg ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Míchigan.

La DEA lo siguió durante meses antes de detenerlo

La captura no fue casual. Agentes de la DEA habían intervenido su teléfono y rastreado sus movimientos durante meses. Lo que encontraron los sorprendió: una sola persona, de casi 80 años, era responsable de mover cantidades de droga que habrían requerido una red de varios operadores.

El 21 de octubre de 2011, Sharp conducía por la interestatal 94 rumbo a Detroit cuando un patrullero del estado de Míchigan lo detuvo con el pretexto de una infracción menor.

Sharp se mostró ofendido cuando el agente le preguntó si llevaba armas. Se negó a que revisaran su vehículo. Un perro detector de narcóticos ya estaba en el lugar. En la parte trasera de la camioneta había 104 ladrillos de cocaína, 200 kilogramos en total.

La investigación, coordinada por el fiscal adjunto Chris Graveline en el Distrito Este de Míchigan, culminó con cargos contra 25 personas, incluido Sharp.

Tres años de condena, uno en prisión

El 7 de mayo de 2014, día en que cumplía 90 años, Sharp fue sentenciado a tres años de prisión tras declararse culpable de transportar más de una tonelada de cocaína. Como parte del acuerdo con la fiscalía, entregó su propiedad en Florida y 500,000 dólares al gobierno de Estados Unidos.

Ante el juez, dijo: “Estoy realmente desconsolado por haber hecho lo que hice, pero ya está hecho”.

Su abogado había pedido clemencia. “El señor Sharp ya estaba matando nazis en las montañas antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y así no es como debemos honrar a nuestros héroes, aunque hayan caído en desgracia”, argumentó Goldberg. La condena fue menor a la que enfrentaba, pero Sharp entró a prisión.

Cumplió aproximadamente un año en el FMC Rochester, el centro médico federal en Minnesota donde fue enviado por sus problemas de salud y una de las prisiones donde hoy el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada pide cumplir su condena.

En 2015, con una enfermedad terminal diagnosticada, fue liberado por razones humanitarias. Vivió los últimos 16 meses de su vida en libertad. Murió el 12 de diciembre de 2016 en Míchigan, por causas naturales, a los 92 años.

Clint Eastwood llevó su historia al cine

En 2014, el periodista Sam Dolnick publicó en The New York Times el perfil “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule”. Los derechos del texto fueron adquiridos ese mismo año por Imperative Entertainment. Cuatro años después, Clint Eastwood dirigió y protagonizó The Mule, adaptación libre de la historia de Sharp estrenada el 14 de diciembre de 2018.

En la película, el personaje se llama Earl Stone, es veterano de la Guerra de Corea y trabaja como mensajero para un cártel mexicano. Fue el primer papel protagónico de Eastwood en una película dirigida por él mismo desde 2008.

Bradley Cooper interpreta al agente de la DEA que lo persigue, basado en el agente real Jeff Moore, quien arrestó a Sharp en 2011. Completan el elenco Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest y Andy García.

The Mule recaudó 173,600,000 dólares en taquilla mundial, frente a un presupuesto de producción de 50,000,000 dólares. En Rotten Tomatoes obtuvo una aprobación del 70%.

El Fiscal General de Honduras, Pablo Emilio Reyes Theodore, sostuvo este viernes una reunión con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron distintas estrategias orientadas a reforzar el intercambio de información de inteligencia, ampliar los mecanismos de cooperación institucional y fortalecer las capacidades operativas para enfrentar las estructuras criminales que operan a nivel regional.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el titular del Ministerio Público en Estados Unidos, enfocada en consolidar alianzas con agencias y organismos internacionales dedicados a la investigación y persecución de delitos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con la información oficial, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos de carácter transnacional que afectan la seguridad de la región.

Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de fortalecer los canales de cooperación entre las instituciones encargadas de la investigación criminal, con el objetivo de facilitar el desarrollo de operaciones conjuntas y optimizar el intercambio de información estratégica.

Las autoridades también abordaron mecanismos para continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de los equipos especializados que participan en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado.

Previo a la reunión con el director de la DEA, Reyes Theodore sostuvo un encuentro con representantes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se revisaron los esfuerzos conjuntos que ambos países impulsan para combatir el crimen transnacional y reforzar la seguridad en el Hemisferio Occidental.

Durante esa reunión, las partes intercambiaron experiencias sobre las investigaciones desarrolladas en el combate a organizaciones criminales y analizaron la importancia de mantener una cooperación estrecha para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

La visita del Fiscal General a Estados Unidos se enmarca en las acciones de fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional que impulsa el Ministerio Público para mejorar las capacidades de investigación y persecución penal frente a delitos de alto impacto.

En los últimos años, la colaboración entre Honduras y las agencias estadounidenses ha permitido el desarrollo de investigaciones conjuntas, intercambio de asistencia técnica y capacitación especializada para fiscales e investigadores que participan en casos relacionados con el crimen organizado.

Las autoridades hondureñas han reiterado que la cooperación internacional constituye un elemento fundamental para enfrentar las redes criminales que operan en la región, debido a la naturaleza transnacional de delitos como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos y otras actividades vinculadas a estructuras delictivas.

Con este nuevo acercamiento entre el Ministerio Público y la DEA, ambas instituciones buscan consolidar una coordinación más estrecha que permita fortalecer las investigaciones y continuar desarrollando acciones conjuntas dirigidas a reducir el impacto del crimen organizado en Honduras y el resto del continente.

Las reuniones sostenidas por el Fiscal General forman parte de los esfuerzos encaminados a fortalecer las relaciones de cooperación con instituciones internacionales dedicadas al combate de delitos de alto impacto.

El Ministerio Público ha señalado en reiteradas ocasiones que el intercambio de información, la asistencia técnica y la coordinación entre agencias especializadas resultan fundamentales para enfrentar las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y que requieren respuestas conjuntas por parte de los Estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes 10 de julio que las agencias de Estados Unidos solo podían operar en México con permiso del gabinete de seguridad y bajo la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y advirtió que cualquier actuación fuera de ese esquema implicaba una falta de la embajada estadounidense o de alguna autoridad mexicana, como ocurrió en Chihuahua.

“Nosotros tenemos una política distinta a la que tenía Calderón. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento por la Secretaría de Marina durante ese sexenio y por la Secretaría de Seguridad Pública que su titular era García Luna”, señaló Sheinbaum.

La mandataria explicó que el gobierno tenía un registro de las personas dedicadas a labores de distintas agencias estadounidenses en el país. Detalló que esos perfiles eran puestos a consideración por la embajada ante un comité del gabinete de seguridad, que definía si era factible autorizar su trabajo en territorio nacional.

Añadió que el permiso estaba condicionado a que esas personas actuaran dentro del marco constitucional y legal mexicano. También dijo que existía un “número importante” de autorizaciones vigentes y que los agentes debían entregar un informe mensual, como lo establecía la ley federal.

Las operaciones de inteligencia quedaron reservadas a instituciones mexicanas

Sheinbaum marcó una diferencia con el sexenio de Felipe Calderón. Sostuvo que en ese periodo se abrieron las puertas a las agencias estadounidenses para realizar operaciones de inteligencia, planeación y ejecución dentro de México.

Precisó que esa apertura ocurrió en particular a través de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por Genaro García Luna. Frente a ese antecedente, afirmó que su gobierno mantuvo una política distinta en la relación con las autoridades de Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que las operaciones de inteligencia en el país solo podían ser realizadas por instituciones mexicanas. Aseguró que no podía haber participación de agentes o personal de agencias del gobierno estadounidense en operativos dentro del territorio nacional, porque eso implicaba una cesión de soberanía.

En su explicación, Sheinbaum defendió que el modelo actual se basó en colaboración y coordinación, no en subordinación. Dijo que bajo ese esquema se obtenían mejores resultados y pidió comparar esa etapa con lo ocurrido durante la administración calderonista.

Sheinbaum citó Rápido y Furioso como ejemplo del modelo anterior

Como ejemplo de los riesgos de esa apertura, la mandataria recordó el operativo Rápido y Furioso. Describió que en esa acción entraron armas desde Estados Unidos con un chip geolocalizador, con la intención de rastrear su destino una vez que fueran entregadas a grupos delictivos.

Según su versión, los delincuentes retiraron el chip y se quedaron con más de 2,000 armas de alto calibre que llegaron de manera gratuita a sus manos. Calificó esa intervención como una operación “muy irresponsable”.

Sheinbaum agregó que ese episodio terminó con la vida de mexicanos y estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. En ese contexto, presentó la política actual como una forma de evitar que se repitieran esquemas de cooperación que, a su juicio, permitieron injerencia extranjera y operaciones fuera del control de las autoridades nacionales.

La mandataria sostuvo que la diferencia central estuvo en quién ejecutó las operaciones y bajo qué marco legal. Dijo que las labores de inteligencia en territorio nacional solo podían realizarlas instituciones mexicanas y que permitir la actuación directa de agencias de Estados Unidos implicaba una cesión de soberanía.

Sheinbaum afirmó que, entre 2006 y 2012, los homicidios dolosos pasaron de 28.6 al día a 70.9, casi tres veces más que al inicio del sexenio calderonista. Añadió que, con Enrique Peña Nieto, hubo una reducción inicial, pero después la cifra volvió a crecer hasta casi 100 asesinatos diarios al final de ese gobierno.

La presidenta vinculó la “guerra contra el narco” con un régimen fuera del marco legal

En su explicación, la presidenta dijo que la llamada guerra contra el narco operó como un régimen de excepción. Señaló que en ese periodo el Ejército y la Marina participaron en tareas de seguridad pública sin una base legal específica, porque la legislación de entonces solo contemplaba su intervención en seguridad nacional y seguridad interior.

También afirmó que hubo operaciones al margen de la ley, con instrucciones para disparar contra presuntos delincuentes sin juicio previo y fuera de supuestos de defensa propia. Distinguió ese esquema de los casos de enfrentamiento, en los que la ley sobre uso de la fuerza sí permite repeler una agresión para proteger la vida de los elementos de seguridad.

Sheinbaum mencionó además el operativo Rápido y Furioso como ejemplo de esa apertura hacia agencias estadounidenses. Recordó que en esa operación entraron al país más de 2,000 armas de alto calibre con dispositivos de geolocalización, pero los grupos delictivos retiraron los chips y se quedaron con el armamento.

Afirmó que esa maniobra terminó con la vida de mexicanos y estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. También citó un caso en Morelos en el que, según su relato, un narcotraficante fue ejecutado y la DEA reconoció la operación como propia.

La presidenta sostuvo que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero ya con cambios legales y constitucionales para dar sustento a esas tareas. Según su versión, ahí cambió la lógica de la estrategia: detener a los delincuentes y llevarlos ante la fiscalía y el Poder Judicial, salvo en casos de enfrentamiento.

Sheinbaum dijo que Calderón protegió al Cártel de Sinaloa de otros cárteles

Al referirse a la detención de Ismael Zambada García y a los hechos posteriores en Sinaloa, la mandataria dijo que la evidencia circunstancial apuntaba a una ruptura dentro del propio Cártel de Sinaloa. Según planteó, un miembro de ese grupo habría traicionado a otro con una presunta injerencia extranjera que no fue informada al gobierno mexicano.

Aseguró que esa acción provocó una división interna que derivó en violencia en Sinaloa y en otras partes del país. Su argumento fue que, si las autoridades mexicanas hubieran recibido la información sobre el paradero de los involucrados, el resultado habría sido distinto porque el Estado mexicano habría ejecutado la detención.

Sheinbaum dijo que existía al menos una contradicción entre versiones sobre el traslado de esos dos delincuentes a Estados Unidos. Por un lado, mencionó una versión según la cual ambos llegaron de casualidad a la frontera; por otro, señaló que el FBI presentó la avioneta como parte de su propia operación, lo que a su juicio sugería participación directa.

Subrayó que correspondería a la FGR determinar si esos hechos derivaban en alguna denuncia penal. Aclaró que su gobierno no defendería a ningún narcotraficante y sostuvo que, si había pruebas suficientes, debían ser detenidos El Mayo, Joaquín Guzmán López y otros involucrados.

La presidenta afirmó que el actual gobierno no pactó con grupos criminales y que el gabinete de seguridad, junto con la fiscalía, actuó contra cualquier integrante de la delincuencia organizada sin importar el grupo o la entidad donde operara. Dijo que ese criterio se aplicó en coordinación con gobiernos estatales de los 32 estados, sin importar su partido.

El gobierno reportó más de 50,000 detenciones y una baja en homicidios

Sheinbaum informó que, en casi dos años de su administración, se detuvo a más de 50,000 personas, entre ellas presuntos delincuentes de alto perfil y coordinadores de grupos criminales. Aseguró que ese trabajo contribuyó a reducir los homicidios a 50.4 diarios y anticipó que el martes siguiente presentaría una nueva actualización con una disminución adicional.

Explicó que la estrategia incluyó atención a las causas, programas para jóvenes, becas, trabajo territorial casa por casa, ferias de servicios y acciones para acercar empleo y resolver problemas familiares. A eso sumó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano.

En la relación con Estados Unidos, dijo que su gobierno rechazó la posibilidad de que fuerzas federales de ese país actuaran en territorio mexicano. Sostuvo que la coordinación funcionó mejor cuando Washington compartió información y México ejecutó los operativos dentro de su propio marco legal.

Disminuyó 70% la entrada de fentanilo a EEUU

Añadió que, bajo ese esquema, la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos disminuyó 70%. También señaló que autoridades estadounidenses realizaron decomisos de armas a petición de México, en un esfuerzo conjunto dentro de cada territorio.

La mandataria insistió en que la cooperación bilateral debía mantenerse en el marco del Estado de derecho de ambos países y con respeto a la soberanía mexicana. Dijo que actuar de manera unilateral, o aliarse con un grupo criminal contra otro, solo generó más violencia, como a su juicio ocurrió durante el sexenio de Calderón y volvió a reflejarse en Sinaloa tras el traslado de los dos capos a territorio estadounidense.

• Sheinbaum dijo que las agencias de Estados Unidos solo podían trabajar en México con autorización del gabinete de seguridad y bajo la Constitución.
• Afirmó que las labores de inteligencia y los operativos dentro del país quedaron exclusivamente en manos de instituciones mexicanas.
• Señaló que durante el sexenio de Calderón hubo apertura a agencias estadounidenses y puso como ejemplo a Rápido y Furioso, con más de 2,000 armas entregadas a grupos delictivos.

La defensa de Rafael Caro Quintero manifestó su rechazo a la petición del Gobierno de Estados Unidos para que el juicio en contra del fundador del Cártel de Guadalajara se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, al considerar que esa medida vulnera el principio de presunción de inocencia y podría predisponer a los integrantes del jurado en contra del acusado.

De acuerdo con reportes periodísticos, los abogados del narcotraficante mexicano enviaron una carta al tribunal en la que sostienen que la solicitud presentada por los fiscales únicamente “enrarecerá” el proceso judicial y generará una percepción anticipada de culpabilidad sobre su cliente.

El equipo legal, encabezado por el abogado Mark de Marco, argumentó que recurrir a un jurado anónimo transmitiría la idea de que Caro Quintero representa un peligro extraordinario para quienes participen en el juicio, lo que, a su juicio, comprometería el derecho del acusado a recibir un proceso imparcial.

Actualmente, el juicio contra el narcotraficante mexicano está programado para comenzar en marzo de 2027, mientras continúan las audiencias y las negociaciones previas entre ambas partes.

Fiscalía busca proteger al jurado

La petición de la Fiscalía estadounidense surgió tras la tercera audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde los fiscales solicitaron que la identidad de los integrantes del jurado permanezca reservada y que éstos reciban medidas especiales de protección.

La propuesta contempla que los nombres y datos personales de los jurados únicamente sean conocidos por las autoridades judiciales. Además, plantea que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sea el encargado de trasladarlos diariamente entre sus domicilios y el tribunal, así como mantenerlos separados del público durante el desarrollo de las audiencias.

De acuerdo con los fiscales, estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier tipo de intimidación, presión o acoso contra los ciudadanos que participen como jurados, debido a que se trata de un caso relacionado con delitos considerados de “gravedad excepcional”.

Continúan las negociaciones con la Fiscalía

Mientras el tribunal analiza la petición sobre el jurado, la defensa y los fiscales estadounidenses mantienen conversaciones iniciadas a mediados de junio para definir el rumbo del caso.

Entre las alternativas que siguen sobre la mesa se encuentra la posibilidad de que Rafael Caro Quintero alcance un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. De concretarse, el exlíder criminal podría evitar un juicio prolongado por los delitos que le atribuyen.

El capo mexicano enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir una empresa criminal dedicada al narcotráfico, además de cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas para facilitar esas actividades ilícitas.

Sin embargo, uno de los procesos más relevantes para el Gobierno de Estados Unidos es el relacionado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El caso Camarena marcó un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y convirtió a Caro Quintero en uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses durante décadas.

Tras ser detenido nuevamente en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Caro Quintero enfrenta uno de los juicios más importantes y mediáticos vinculados con el narcotráfico. Ahora, el tribunal deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía para proteger la identidad del jurado o si da la razón a la defensa, que insiste en que esa medida pondría en riesgo el derecho de su cliente a un juicio justo e imparcial.

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Washington en el combate al crimen organizado, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos que operan en territorio mexicano.

El llamado llega en un momento en que la administración de Donald Trump ha exhortado a los países latinoamericanos para que acepten operaciones conjuntas dentro de sus fronteras, estrategia que Sheinbaum ha rechazado de forma sistemática bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Maltz publicó sus declaraciones en la red social X y las acompañó de una entrevista difundida por Newsmax, en la que sostuvo que los cárteles “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

Afirmó que han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas juntas y que, por esa razón, “tienen que ser aniquilados”.

El ex funcionario precisó que la ofensiva contra los cárteles arrancó el 20 de enero de 2025, cuando Trump declaró a esas organizaciones como terroristas y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva. Desde entonces, dijo, las agencias del gobierno de Estados Unidos están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales.

En la misma entrevista, Maltz sostuvo que la administración Trump ha reconocido que el país enfrenta una “guerra química” con sus adversarios: “Han convertido las drogas en un arma para matar estadounidenses a niveles récord”, afirmó.

Señaló que los cárteles han utilizado las drogas sintéticas como arma no solo para matar estadounidenses, sino también para desestabilizar comunidades en todo el hemisferio occidental.

Maltz ejerció como director interino de la DEA entre enero y mayo de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump. Desde entonces ha mantenido una postura pública de presión hacia las autoridades mexicanas, a quienes ha exigido mayor firmeza frente a la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.

Sheinbaum sostiene que la soberanía “no es negociable”

La postura de la presidenta mexicana ha sido consistente desde el inicio de su gobierno. Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones las ofertas de Trump de enviar tropas a territorio nacional y ha fijado una línea: la cooperación con Estados Unidos es necesaria, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano.

En mayo de 2026, Trump amenazó con actuar durante un evento del Día de las Madres en la Casa Blanca: “Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, en referencia directa a México.

En junio, el vicepresidente JD Vance fue más explícito. En entrevista con N+ Univisión, sostuvo que Estados Unidos “tomará acción militar” si lo considera necesario para proteger a su población, aunque dijo preferir la coordinación con México. Al ser cuestionado sobre si respetará la “línea roja” de no operar en territorio mexicano, Vance evitó responder con un sí o un no y planteó un escenario hipotético: “Por supuesto que iremos tras él”, dijo, en referencia a un eventual cargamento de armas y fentanilo.

El mismo mes, Trump describió a Sheinbaum como “una mujer muy asustada” y afirmó que “los cárteles dirigen México, y es triste”. La presidenta respondió reiterando que la cooperación existe, pero que una intervención militar estadounidense “no es una opción”.

La coalición

En el tuit publicado este jueves, Maltz exhortó a México a sumarse a la Coalición Anticarteles de las Américas, mecanismo creado a principios de 2026 por la administración Trump. Casi 20 países latinoamericanos ya forman parte de ella.

Guatemala se convirtió en mayo de 2026 en el segundo país de la región en aceptar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos dentro de su territorio, después de que Ecuador acordara un trato similar a inicios de año.

Maltz reconoció en su entrevista que la cooperación con las autoridades mexicanas ha dado resultados concretos. Mencionó la reciente captura del sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, Isaí Martínez Zepeda, como ejemplo de acción positiva, y señaló que las autoridades mexicanas van tras los laboratorios clandestinos con mayor intensidad.

Con base en inteligencia recopilada por drones estadounidenses, las fuerzas federales mexicanas ya han desamantelado laboratorios de drogas sintéticas, y el exlíder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido con apoyo de inteligencia.

El secretario de Estado Marco Rubio ha calificado la colaboración en materia de seguridad bajo el gobierno de Sheinbaum como de un nivel “sin precedentes históricos”.

Un operativo coordinado entre el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de un hombre de apellido González, quien trasladaba aparente cocaína oculta en un vehículo por la ruta del Cerro de la Muerte.

Según informaron autoridades del Ministerio Público, la captura de González fue resultado de una alerta recibida por los cuerpos de seguridad, los cuales organizaron un despliegue en el sector mencionado. El sujeto, que conducía un automóvil, fue interceptado en el marco de un operativo en el que participaron agentes del OIJ y funcionarios de la DEA.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron un doble forro en el interior del automóvil. En ese compartimento localizaron la sustancia ilícita que, de acuerdo con el reporte oficial, sería cocaína. Las autoridades no detallaron la cantidad exacta encontrada ni el destino final de la droga.

De acuerdo con informes recopilados por el Ministerio Público en sus Redes Sociales, la colaboración entre el Ministerio Público, el OIJ y la DEA responde a acciones conjuntas para desarticular redes de tráfico de drogas que utilizan rutas nacionales para el traslado de estupefacientes. El Cerro de la Muerte ha sido identificado como uno de los tramos más empleados por organizaciones criminales, debido a su geografía y a la conectividad con diversas zonas del país.

La detención de González se suma a otros operativos recientes en los que las autoridades han intensificado los controles en puntos estratégicos. Según el Ministerio Público, la alerta que permitió la intervención surgió de una investigación previa sobre movimientos irregulares en la región.

El caso fue remitido a la fiscalía correspondiente para el proceso judicial. Las autoridades informaron que el vehículo permanecerá decomisado como parte de las diligencias, mientras avanzan las pesquisas para determinar si existen más personas vinculadas a la red de tráfico.

Otros casos

El transporte de cocaína en Costa Rica es un delito grave con penas de hasta 20 años de cárcel. En operativos recientes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Guardacostas reportaron detenciones en rutas terrestres y en el mar, con decomisos que incluyeron desde 93 kilos hasta más de tres toneladas.

En alta mar, el Servicio Nacional de Guardacostas detuvo cerca de Cabo Matapalo a cuatro extranjeros: tres colombianos y un ecuatoriano. Según las autoridades, tripulaban una embarcación de bajo perfil con más de tres toneladas de cocaína distribuidas en 2.601 paquetes, en una operación realizada con información provista por agencias internacionales.

En el Pacífico, cuatro costarricenses de apellidos Madriz, Solórzano, Pérez y Herrera fueron apresados en una lancha pesquera luego de arrojar barriles plásticos al mar. Los contenedores fueron recuperados y el caso quedó registrado como el primer decomiso de cocaína en estado líquido en el país.

En tierra, en la Ruta 32 en Limón, un hombre de apellido Smith fue interceptado con 93 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un doble compartimento del vehículo; también se le incautó un arma de fuego. En otro procedimiento, tres hombres de apellidos Cheves, Salas y Medina fueron detenidos en la vía pública cuando trasladaban 110 paquetes de cocaína.

En 2020, la periodista Anabel Hernández publicó una columna en el medio alemán DW en la que dio a conocer que de acuerdo con documentos oficiales de una corte federal de Estados Unidos, se revelaba un aspecto poco conocido de la trayectoria criminal de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”: además de ser uno de los narcotraficantes más violentos de México, también colaboró como informante confidencial de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En el texto, Hernández sostiene que el operador de la organización de los Beltrán Leyva desempeñó un papel de doble agente, pues mientras continuaba formando parte de una de las estructuras criminales más poderosas del país, entregaba información a las autoridades estadounidenses sobre otros capos y sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado.

La periodista explica que los documentos judiciales muestran que Valdez Villarreal colaboró con la DEA entre 2008 y 2010, periodo en el que la violencia entre los principales cárteles alcanzó algunos de sus niveles más altos debido a la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la columna, el caso ilustra la complejidad de las relaciones entre organizaciones criminales, agencias de seguridad y autoridades de ambos lados de la frontera.

La ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa cambió su destino

Edgar Valdez Villarreal nació en Nuevo Laredo, Texas, en 1973, y desde joven acumuló diversos antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con posesión de marihuana, conducción bajo los efectos de drogas y otros delitos, aunque en repetidas ocasiones logró evitar penas de prisión.

Posteriormente se trasladó a México, donde inició su carrera dentro del narcotráfico en Tamaulipas y, con el paso del tiempo, se incorporó a la organización encabezada por Arturo Beltrán Leyva, convirtiéndose en uno de sus hombres de mayor confianza.

Durante los primeros años de la década de 2000, “La Barbie” fue identificado como uno de los principales operadores armados de los Beltrán Leyva y participó activamente en la guerra contra el Cártel del Golfo y Los Zetas, enfrentamientos que coincidieron con una escalada de violencia caracterizada por ejecuciones, decapitaciones y otros actos de extrema brutalidad.

La columna señala que el primer acercamiento de Valdez Villarreal con autoridades estadounidenses ocurrió en 2004, cuando buscó negociar la eliminación de procesos judiciales pendientes en Texas.

Según Hernández, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pretendía que colaborara para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Arturo Beltrán Leyva, propuesta que inicialmente rechazó.

Sin embargo, el escenario cambió tras la fractura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Fue entonces, asegura la periodista, cuando “La Barbie” retomó el contacto con las autoridades estadounidenses mediante un intermediario y comenzó a colaborar con la DEA.

La información que entregó iba más allá del narcotráfico

En su columna, Anabel Hernández sostiene que la importancia de “La Barbie” como informante no se limitaba a su conocimiento sobre las operaciones de los Beltrán Leyva.

También habría proporcionado información relacionada con presuntos actos de corrupción dentro de las instituciones de seguridad mexicanas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Entre los nombres mencionados por la periodista figura Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, así como otros altos mandos policiacos con quienes, según la versión expuesta en la columna, Valdez Villarreal habría tenido contacto directo.

Hernández recuerda además que, tras la captura de “La Barbie” en agosto de 2010, el narcotraficante le envió una carta que fue publicada en el periódico Reforma en 2012, en la que afirmaba que García Luna y miembros de su círculo habían recibido dinero del narcotráfico y aseguraba que existían reuniones entre funcionarios y líderes criminales.

La periodista también señala que uno de los funcionarios mencionados en la columna era Armando Espinosa de Benito, a quien identifica como un enlace entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas, y sobre quien plantea señalamientos relacionados con el manejo de información de inteligencia.

Finalmente, Hernández plantea una serie de cuestionamientos sobre el papel de las autoridades estadounidenses. Si la DEA recibió información de “La Barbie” entre 2008 y 2010 sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios mexicanos, se pregunta por qué esas denuncias no derivaron entonces en acciones para frenar esas conductas.

La columna concluye señalando que el proceso judicial que años después enfrentó Genaro García Luna en Estados Unidos podría ayudar a esclarecer no sólo las redes de corrupción dentro de México, sino también el nivel de conocimiento que tuvieron las autoridades estadounidenses sobre esos hechos y la forma en que administraron la información proporcionada por uno de los narcotraficantes más notorios del país.

Una nueva controversia sacude a las agencias de seguridad de Estados Unidos luego de que el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, solicitara una investigación independiente sobre una operación que presuntamente permitió la distribución masiva de fentanilo en el estado de Nuevo México durante dos años para rastrear a organizaciones criminales.

Aunque las circunstancias y los delitos investigados son distintos, el caso ha sido comparado con el polémico operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado entre 2009 y 2011, cuando autoridades estadounidenses permitieron que miles de armas cruzaran ilegalmente hacia México con la intención de identificar a los líderes de los cárteles que las adquirían.

En ambos casos, el elemento que ha generado mayor polémica es la presunta decisión de permitir que actividades ilícitas continuaran temporalmente como parte de una estrategia de inteligencia, con el propósito de seguir la ruta de los responsables hasta niveles superiores de las organizaciones criminales.

La estrategia que marcó el caso Rápido y Furioso

El operativo “Rápido y Furioso” comenzó a gestarse el 26 de octubre de 2009, cuando altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el entonces director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Kenneth Melson; la administradora de la DEA, Michele Leonhart; y el director del FBI, Robert Mueller, acordaron implementar una estrategia para combatir el tráfico de armas hacia México.

El plan consistía en no detener inmediatamente a los compradores sospechosos de adquirir armamento de alto poder. En cambio, los agentes debían seguir el recorrido de las armas hasta identificar a los integrantes de los cárteles mexicanos que finalmente las recibían.

La operación arrancó pocos días después, cuando una tienda de armas alertó a la ATF sobre un hombre que había comprado varios rifles AK-47. Conforme avanzó la investigación, las compras crecieron hasta sumar cientos de armas, mientras los agentes recibían instrucciones de limitarse a observar su traslado sin intervenir.

De acuerdo con investigaciones posteriores, alrededor de 2 mil 500 armas terminaron cruzando ilegalmente la frontera hacia México.

Sin embargo, la estrategia fue duramente cuestionada desde sus primeras etapas por agentes que consideraban insuficiente el marco legal para evitar que ese armamento terminara siendo utilizado en hechos violentos.

Las críticas se intensificaron en diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y, durante la investigación, se determinó que una de las armas recuperadas estaba vinculada con el operativo.

La existencia de “Rápido y Furioso” se hizo pública en 2011 tras diversas filtraciones, lo que provocó una crisis política entre ambos países y abrió investigaciones tanto en Estados Unidos como en México.

Mientras el gobierno mexicano aseguró inicialmente desconocer la operación, posteriormente surgieron versiones encontradas sobre el grado de conocimiento que tuvieron autoridades nacionales. Años después, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con la estrategia.

La nueva investigación por el presunto libre tránsito de fentanilo

Quince años después de aquella polémica, una nueva denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas por agencias estadounidenses.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, solicitó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una investigación independiente sobre las acusaciones hechas por el agente especial David M. Howell.

Según el denunciante, entre 2023 y 2025 se permitió deliberadamente la venta y distribución de grandes cantidades de fentanilo en Nuevo México con el objetivo de seguir las cadenas de distribución y fabricación de esta droga sintética.

Las acusaciones, difundidas por medios estadounidenses, sostienen que la estrategia buscaba identificar a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos, aun cuando el fentanilo ya representaba una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

Ante ello, Cole señaló que las decisiones operativas adoptadas por agentes que enfrentan diariamente a organizaciones criminales deben ser revisadas mediante una evaluación independiente y objetiva para determinar si existieron irregularidades.

Hasta el momento, la DEA no ha confirmado que dicha operación haya ocurrido en los términos denunciados, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Similitudes y diferencias entre ambos casos

Aunque uno involucra armas de fuego y el otro presuntamente drogas sintéticas, ambos expedientes comparten un principio operativo similar: permitir que una actividad ilícita continúe bajo vigilancia con la intención de identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de organizaciones criminales.

No obstante, existen diferencias importantes.

En el caso de “Rápido y Furioso”, la operación fue confirmada oficialmente tras las investigaciones realizadas por el Congreso estadounidense y derivó en consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos.

En contraste, la presunta operación relacionada con el fentanilo aún se encuentra bajo revisión y su existencia depende de las conclusiones que arroje la investigación solicitada por la propia dirección de la DEA.

Pese a ello, el paralelismo ha reavivado el debate sobre los límites de las operaciones encubiertas y los riesgos de permitir que armas o drogas permanezcan en circulación como parte de estrategias de inteligencia. Para especialistas en seguridad, ambos casos ilustran el delicado equilibrio entre la obtención de información para desmantelar redes criminales y las posibles consecuencias de dejar que productos altamente peligrosos lleguen a manos de organizaciones delictivas.

La mañana de este 27 de junio, el medio estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que señaló que funcionarios del partido gobernante en México, Morena, presuntamente se habrían “ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido”, según declararon ocho testigos.

Esta información se suma a una serie de tensiones entre México y Estados Unidos desatadas luego de que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —actualmente con licencia— y a otros 9 funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ante los hechos, la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido clara: estas acciones responden a una injerencia de Estados Unidos, quien busca inmiscuirse en los asuntos internos de México, por lo que es necesario no responder a ello y defender la soberanía nacional, así lo ha reiterado.

No obstante, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con el narcotráfico, los hechos ya han ocasionado una convulsión política entre Morena y los partidos de opocisión. En ese contexto, luego de la publicación de este reportaje, figuras clave del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) no hicieron esperar sus reacciones.

Alito Moreno señala narcogobierno de Morena y los llama “ratas”

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reaccionó al reportaje del medio estadounidense y lanzó una acusación contra Morena: “empezaron a saltar como ratas”.

El priísta retomó en su cuenta de X el contenido del reportaje para cuestionar al oficialismo. “En exclusiva, The New York Times revela hoy que más de 10 funcionarios del gobierno son testigos colaboradores de la DEA. Los narcopolíticos de Morena, como habíamos advertido, empezaron a saltar como ratas del barco”, escribió.

Alejandro Moreno también señaló que en México existe un narcogobierno liderado por Morena dando a entender que estas acusasiones lo comprueban. “El narcogobierno de Morena en México mira para otro lado, y no investigan a sus funcionarios porque con ellos impera la impunidad, el pacto con los cárteles del crimen organizado y la corrupción. Tiempo al tiempo. Van a caer”, publicó el funcionario.

Otras reacciones priístas y panistas

A esa reacción se sumó el priísta Mario Di Costanzo, quien también se refirió en X a la publicación periodística y a sus posibles efectos políticos. “Urgen reunión con AMLO; las ratas corren, es sálvese quien pueda: funcionarios del gobierno de Morena se ofrecen como informantes en Estados Unidos”, escribió en un primer mensaje.

En una segunda publicación, Di Costanzo insistió en esa línea y escribió: “Se confirma que las ratas se convierten en sapos: gobernadores y congresistas de Morena buscan ser informantes de Estados Unidos y declarar sobre el narcogobierno”. También añadió que “Palenque tiembla y urge a una reunión”, con lo que reforzó la narrativa opositora de una presunta crisis interna en el partido gobernante.

Por su parte, la diputada del PAN América Rangel también se posicionó sobre las acusaciones publicadas por The New York Times este 27 de junio.

A través de su cuenta de X, la legisladora adelantó que “van a caer todos los narcopolíticos de Morena”, compartiendo el post del periodista Steve Fisher, uno de los autores del texto estadounideses.

“Uno por uno, como fichas de dominó”, señaló la diputada federal por la delegación Miguel Hidalgo.

Las publicaciones de Moreno y Di Costanzo se sumaron al cruce de posicionamientos que provocó el reportaje del diario estadounidense entre figuras de oposición y el oficialismo. Los mensajes del PRI buscaron colocar la información difundida por The New York Times como un nuevo frente de presión política contra Morena por los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con el narcotráfico.

El nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, sostuvo este miércoles una reunión con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en la que ambas autoridades analizaron la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

Durante el encuentro, el diplomático estadounidense reiteró el respaldo de Washington a la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz, tras la reciente crisis política y los prolongados bloqueos de carreteras que afectaron al país por casi 50 días.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Martini y Justiniano dialogaron sobre la “cooperación de seguridad continua y en expansión entre EEUU y Bolivia”. La representación diplomática señaló además que, durante la reunión, “el encargado de Negocios Martini reafirmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al gobierno de Bolivia elegido democráticamente”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa destacó que el encuentro permitió revisar las áreas de colaboración entre ambos países y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en temas de seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.

Según la información difundida por la representación diplomática, Justiniano explicó el rol que desempeñarán las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción decretado el 20 de junio para enfrentar los bloqueos de carreteras. El ministro expuso las tareas militares vinculadas a la protección de la seguridad pública y al restablecimiento del orden en distintas regiones del país.

La reunión forma parte de una serie de contactos que Martini ha sostenido desde su llegada a Bolivia hace un par de semanas. En los últimos días se reunió con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y con el canciller Fernando Aramayo, encuentros en los que manifestó su interés en ampliar la cooperación bilateral.

Bolivia y Estados Unidos están retomando el diálogo diplomático tras casi dos décadas sin relaciones a nivel de embajadores. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones en noviembre pasado, ha convertido este acercamiento en uno de los pilares de la nueva política exterior del país.

El punto central de la cooperación tiene que ver con temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, en un momento en el que la administración de Paz busca fortalecer la capacidad institucional del Estado para hacer frente al avance del crimen organizado transnacional.

En esa línea, las autoridades bolivianas han anunciado el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que volverá a operar luego de su expulsión en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Según informó el ministro Justiniano, la presencia de la agencia estadounidense tendrá como base La Paz y estará enfocada en tareas de inteligencia e intercambio de información.

“Vendrán dos personas de la DEA, más que todo para tener una presencia, probablemente en La Paz, trabajando tipo oficina, donde podremos nosotros colaborar o trabajar temas de inteligencia principalmente”, explicó la autoridad tras una reunión en Washington.

El acercamiento bilateral también ha estado acompañado por la inclusión de Bolivia en el denominado “Escudo de las Américas” que conformó el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado y por el respaldo político de la Casa Blanca a la administración de Paz en medio de los bloqueos y conflictos sociales registrados en las últimas semanas.

El jefe de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad número uno de la agencia, en un mensaje difundido este 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”

El funcionario federal advirtió que el fentanilo representa una amenaza nunca antes vista que ha destrozado familias y devastado comunidades.

Además, detalló que desde el inicio de la administración de Donald Trump, la DEA ha realizado el decomiso de más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis letales.

La mención de los dos cárteles más peligrosos de México quedó enmarcada en el mensaje dirigido a los estadounidenses, sin mayor profundización.

La DEA cazó a facilitadores, distribuidores y a todo individuo que se benefició del fentanilo

En el video, compartido en los canales oficiales de la agencia federal, Cole afirmó que han rastreado a cada facilitador, distribuidor y cada individuo que se beneficia del fentanilo, descrito también por él como "veneno".

Señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, dijo, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global. Cole describió la labor contra el narco como “la base” de la agencia y el eje en el que se formó como agente especial de carrera.

Además, atribuyó al presidente Trump y al fiscal general en funciones Todd Blanche haber dado a la institución las condiciones para atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles.

Cole prometió una América libre de fentanilo como compromiso institucional

Terry Cole rechazó que la frase “América libre de fentanilo” fuera un eslogan y señaló que es su promesa al pueblo estadounidense. Sostuvo que se está respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma inquebrantable resolución que ha definido a la agencia durante más de cinco décadas.

Subrayó que cada día al entrar a las oficinas centrales de la DEA ve “los rostros del fentanilo”, en referencia a los estadounidenses que perdieron la vida a manos de los cárteles. El video compartido muestra que diversos muros del inmueble han sido cubiertos con fotografías de víctimas, producto de la crisis que aqueja a la nación.

Afirmó que la agencia nunca estuvo más enfocada, más alineada ni más dedicada a combatir la crisis que en este momento, y que la se ha puesto todo el peso en la lucha contra los cárteles.

El mensaje cerró con una declaración de postura operativa dirigida a los hombres y mujeres de la DEA: “A todo gas, sin frenos”.

El fentanilo es un opioide sintético legal que los cárteles falsifican

El fentanilo es un fármaco opioide sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para uso como analgésico y anestésico. Al igual que el EEUU, en México también es legal con fines médicos y de forma controlada

Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, de acuerdo con una ficha informativa que la DEA publicó en diciembre de 2024.

A pesar de su uso médico legal, los cárteles lo falsifican en pastillas que imitan fármacos de prescripción como la oxicodona para su distribución ilegal. La propia DEA advirtió que cinco de cada diez pastillas analizadas contienen una dosis potencialmente letal.

El fentanilo se puede inyectar, inhalar, fumar, tomar en pastillas o comprimidos, en parches o añadido a papel secante. Los cárteles lo venden solo o mezclado con heroína, cocaína u otras sustancias.

Según EEUU, en el mercado ilegal se le conoce con los siguientes nombres para intentar pasar desapercibido de las autoridades:

• Apache
• China Girl
• China Town
• Dance Fever
• Friend
• Goodfellas
• Great Bear
• He-Man
• Jackpot
• King Ivory
• Murder 8
• Tango & Cash

Entre sus efectos figuran relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria y constricción de pupilas. Una sobredosis puede provocar coma, cianosis e insuficiencia respiratoria con resultado de muerte.

Los reportes de fentanilo aumentaron de casi 5 mil 400 en 2014 a más de 56 mil 500 en 2017, según el Sistema Nacional de Información de Laboratorios Forenses de EEUU.

El fentanilo y otros opioides sintéticos fueron responsables de aproximadamente 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2024 de la DEA.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de opioides sintéticos superaron las 260 mil en Estados Unidos entre 2013 y 2021, con más de 71 mil solo en 2021.

La DEA permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo circularan por Nuevo México entre 2023 y 2025 mientras sus agentes observaron cargamentos sin incautarlos.

Según registros oficiales y tres agentes actuales y retirados citados por The Associated Press, la táctica buscó construir causas más grandes contra redes de tráfico.

En un estado que sigue en el centro de la crisis, las muertes por sobredosis cayeron 14% en todo Estados Unidos el año pasado, pero en Nuevo México aumentaron 21%, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia.

Albuquerque concentra, además, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, un barrio conocido localmente como “War Zone”.

Según la investigación de The Associated Press, en múltiples episodios los agentes siguieron entregas de pastillas, descifraron comunicaciones, vigilaron operaciones en tiempo real y, aun así, no retiraron la droga de circulación.

David Howell, agente especial de la DEA y denunciante del caso, resumió esa práctica con una acusación directa al medio: “Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos. Por nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero 100% hicimos que muriera gente”.

Entregas vigiladas que no fueron incautadas

Uno de los expedientes revisados por la agencia describe una operación de junio de 2023 en un parque de casas móviles de Albuquerque.

Según un informe de 66 páginas, los agentes interceptaron conversaciones codificadas por teléfono, vigilaron de cerca la transacción y dejaron que traficantes entregaran 74.000 pastillas, una cifra que luego fiscales federales confirmaron en un escrito judicial.

Días antes, otro informe mostró que los investigadores observaron cómo la misma red de distribución entregaba un neumático de auxilio que ocultaba otro cargamento sospechado de contener fentanilo. Esa remesa tampoco fue incautada, según la publicación.

Howell presentó una denuncia formal por represalia en 2023 para alertar sobre lo que consideraba una táctica de alto riesgo para la seguridad pública.

Dijo que pasaron meses antes de que las autoridades desarticularan a los traficantes y que hoy no existe una contabilidad sobre el destino final de esos envíos.

Un exsupervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, afirmó que él y sus colegas en Albuquerque dejaron pasar “millones” de pastillas durante una investigación multiestatal el año pasado.

En sus revelaciones como denunciante, Howell sostuvo que en esa causa se permitió la entrega de al menos 1,8 millones de pastillas de fentanilo.

Esa investigación terminó en mayo de 2025 con lo que la DEA presentó como la mayor incautación de fentanilo de su historia: más de 3 millones de pastillas, en un operativo anunciado por la entonces fiscal general Pam Bondi.

El exsupervisor dijo al medio que el volumen finalmente secuestrado llegaba a las calles cada mes mientras la causa seguía abierta y que la organización podía haber sido desmantelada seis meses antes.

La disputa entre agentes, fiscales y el Departamento de Justicia

Alex Uballez, exfiscal federal de Nuevo México entre 2022 y el año pasado, dijo que en ocasiones las autoridades dejaron pasar cargamentos como parte de un esfuerzo más amplio para reunir inteligencia y construir casos contra grandes traficantes.

Sostuvo que la estrategia respondió a recursos limitados de su oficina y a la idea de que procesar a organizaciones de mayor escala puede salvar más vidas que interceptar cada operación sospechosa.

Uballez defendió esa lógica con una frase breve: “Vale la pena atrapar a los peces más grandes”. También cuestionó la solidez de algunos cálculos sobre la cantidad de pastillas, al afirmar que las estimaciones basadas en llamadas interceptadas “no son confiables”.

La DEA respondió en un comunicado que las decisiones investigativas cuestionadas fueron legales, razonables dadas las circunstancias y consistentes con la guía del Departamento de Justicia.

Amanda Wozniak, vocera de la agencia, escribió que las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos.

Según Wozniak, las pesquisas incluyeron escuchas telefónicas autorizadas por tribunales, vigilancia en tiempo real, recolección de inteligencia y análisis operativo dirigidos contra organizaciones de tráfico de mayor tamaño.

La oficina del fiscal federal en Albuquerque, ahora bajo otra conducción, dijo a la agencia que la “conducta” denunciada por Howell ocurrió durante la administración anterior.

Los protocolos cambiaron en 2024

La controversia también expuso un cambio en las reglas internas. En 2017, el Departamento de Justicia adoptó un documento de dos páginas conocido como “Protocolos de Fentanilo”, que ordenaba a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” del opioide “tan pronto como sea factible” y establecía que proteger la seguridad pública era la prioridad máxima, incluso si eso comprometía una investigación.

En 2024, esas reglas fueron reescritas para conceder mayor discrecionalidad a las fuerzas federales. La versión actual indica que los investigadores pueden decidir si intervienen para impedir el tráfico de fentanilo tras ponderar el riesgo para la población frente a los beneficios de preservar la investigación.

El manual de agentes de la DEA, según la agencia, describe la incautación como el curso habitual de acción, aunque admite que puede haber situaciones en las que los objetivos investigativos se logren mejor sin hacerlo.

Varios agentes actuales y retirados compararon esa práctica con “Fast and Furious”, el escándalo de 2011 en el que autoridades permitieron el tráfico de unas 2.000 armas hacia México con la intención de rastrearlas hasta jefes de cárteles.

Howell dijo que su inquietud creció hasta el punto de empezar a señalar muertes por sobredosis que podrían haber estado vinculadas con las mismas pastillas cuya circulación la agencia toleró.

Uno de esos casos, según relató, fue el de un niño de 15 meses que murió el año pasado en Española tras ingerir residuos quemados de fentanilo.

La denuncia de Howell y la respuesta oficial

El agente, que ingresó a la DEA hace 19 años después de una década en la Marina, llevó sus denuncias a la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos, el organismo encargado de proteger a denunciantes.

Esa dependencia concluyó inicialmente que existía una “probabilidad sustancial de irregularidad” y pidió al Departamento de Justicia que investigara.

A comienzos de 2024, Howell declaró ante la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia que agentes de la DEA habían observado, pero no incautado, entregas separadas de 150.000 y 50.000 pastillas de fentanilo.

Añadió que la agencia y los fiscales federales se colocaban en una posición precaria porque no podrían demostrar que el fentanilo que pudieron haber frenado no causó la muerte de una persona.

La Oficina de Responsabilidad Profesional concluyó en 2024 que la DEA y la fiscalía federal habían tomado decisiones razonables al dejar pasar la droga y que su inacción no creó un “peligro específico para la salud pública”. La Oficina del Asesor Especial consideró razonable ese informe.

Según Howell y registros de la DEA citados por la agencia, después de denunciar el caso fue relegado durante más de un año a tareas de escritorio y recibió evaluaciones de desempeño más bajas.

Documentos internos también muestran que fiscales le prohibieron declarar en tribunales federales por un “patrón de negarse a acatar” advertencias para permitir que cargamentos no fueran incautados en investigaciones de largo plazo.

Las autoridades brasileñas informaron sobre el decomiso de un cargamento que contendría aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas entre cientos de toneladas de madera transportadas desde Bolivia, en un operativo que, de confirmarse el volumen estimado, podría convertirse en una de las mayores incautaciones de droga registradas en la historia del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, quien señaló que la operación fue detectada por el Servicio Federal de Ingresos en el marco de una investigación internacional contra el narcotráfico.

“Se ha identificado una operación internacional de narcotráfico de una magnitud sin precedentes: aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas en unas 260 toneladas de madera”, afirmó el funcionario a través de la red social X.

Según la información oficial, la sustancia fue hallada en cargamentos interceptados en las ciudades de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, y Cáceres, en Mato Grosso. El material era transportado en cuatro camiones que trasladaban grandes volúmenes de madera.

Las autoridades indicaron que la droga habría sido escondida mediante un método destinado a dificultar su detección durante los controles aduaneros y de seguridad. De acuerdo con las primeras evaluaciones, parte de la sustancia podría encontrarse incorporada al cargamento en forma líquida, una modalidad que requiere análisis especializados para determinar con precisión la cantidad de cocaína involucrada.

Los organismos encargados de combatir el tráfico de drogas advierten desde hace años que las organizaciones criminales suelen recurrir a mercancías legales para ocultar sustancias ilícitas. Los cargamentos de gran volumen, como la madera, permiten disimular irregularidades dentro de operaciones comerciales aparentemente legítimas y representan un desafío adicional para los sistemas de inspección.

En este caso, la complejidad del método empleado llevó a que la Policía Federal de Brasil iniciara peritajes forenses destinados a confirmar la composición del material decomisado y establecer la cantidad exacta de droga recuperada. La fuerza será además responsable de la custodia de las evidencias y del avance de la investigación judicial.

La operación, denominada Timber Shield (Escudo de Madera), contó con la colaboración de organismos de Brasil, Estados Unidos y Bolivia. Según explicó Durigan, participaron tanto la DEA como la Aduana Nacional de Bolivia, en una acción coordinada para identificar y desarticular una presunta red de tráfico internacional de drogas.

El caso también volvió a poner el foco sobre las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína a través de Sudamérica. Brasil comparte una extensa frontera con Bolivia y constituye uno de los principales corredores logísticos de la región, una situación que ha llevado a reforzar los mecanismos de cooperación entre agencias de distintos países.

Las ciudades donde se realizaron las incautaciones se encuentran en áreas estratégicas para el transporte terrestre de mercancías y forman parte de corredores utilizados para el intercambio comercial entre ambos países. Por esa razón, las autoridades mantienen controles permanentes sobre el movimiento de cargas en esas zonas fronterizas.

Mientras avanzan los análisis periciales, los investigadores intentan determinar el origen exacto de la sustancia, su destino final y la posible participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional.

“Si se confirma el volumen, será la mayor incautación de cocaína en la historia de Brasil y una de las mayores jamás registradas en el mundo”, sostuvo Durigan.

Por el momento, las autoridades brasileñas continúan evaluando el material secuestrado para verificar la magnitud definitiva del hallazgo y establecer las responsabilidades penales derivadas de la operación.

Las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos en contra de 10 funcionarios de Sinaloa -activos, con licencia y en retiro- han vuelto al centro de la polémica, luego de que se diera a conocer la solicitud de pensión anticipada para el Comisario general de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, la cual está firmada por la titular el Gobierno sinaloense.

Yeraldine Bonilla solicita pensión anticipada para acusado de vínculos con el crimen organizado

Cabe recordar que, el pasado 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas las acusaciones que incluyen al gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya; por su parte, a Contreras Núñez lo identifican con el alias “Cholo”, quien recibió sobornos de Los Chapitos -organización criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa- a cambio permitió que operaran libremente en la región.

El documento al que Infobae México tuvo acceso, fue presentado ante el Pleno local el pasado 18 de junio, el cual cuenta con el membrete oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde se menciona el siguiente fragmento:

“Que el C. Alberto Jorge Contreras Núñez con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.

También estipula que el monto otorgado de manera mensual podría ascender a 67 mil 477.75 pesos, una vez que el Congreso Sinaloa lo avale, ya que en la sesión del jueves solo se dio primera lectura como parte del orden del día.

Un funcionario de Sinaloa al servicio de Los Chapitos

Entre las acusaciones presentadas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala que Contreras Núñez “ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”.

A cambio de los sobornos recibidos, el exjefe policiaco junto a otros funcionarios habrían permitido que la facción criminal cometiera “actos de violencia masiva con total impunidad”. Las acusaciones refieren que de noviembre de 2022 a febrero de 2026 -fecha en que dejó el cargo- habría recibido 16 mil dólares mensuales.

Los tres cargos que pesan sobre el Comisario General, son:

• Conspiración para la importación de narcóticos;
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta prisión preventiva.

Estados Unidos sigue sin presentar pruebas por caso Rocha Moya

Las acusaciones de Estados Unidos tensaron la relación con México, debido a que los señalamientos alcanzaron de manera directa a un gobernador auspiciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llegó al poder en 2021 con el apoyo de Morena. La polémica generó que el 1 de mayo de este año, Rubén Rocha Moya pidiera licencia por más de 30 días, misma que fue avalada al siguiente día.

Además del Gobernador con licencia y del exjefe policiaco, Alberto Jorge Contreras, estos son los otros ocho acusados por los estadounidenses:

Funcionarios en activo:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, el único de los acusados que no ha solicitado licencia a su cargo, se ha mantenido lejos de los reflectores públicos y activo en redes sociales.

Funcionarios con licencia:

• Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya, también pidió licencia a inicios de mayo y se había mantenido fuera de la esfera pública hasta el 26, ya que se presentó en la FGR para brindar su testimonio, ante medios descartó los vínculos con el Cártel de Sinaloa y no proporcionó más información sobre este proceso.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán pidió licencia también el primer día de mayo, misma que se aprobó de forma exprés por el cabildo. En sus redes sociales dio a conocer que atendería el llamado de la Fiscalía, bajo discreción y sin contacto con medios se presume que acudió a la comparecencia el pasado martes.

Exservidores públicos:

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se presume que se habría entregado en Nueva York el pasado 15 de mayo, sin embargo, el dato no ha sido confirmado por ninguna autoridad.
• Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública habría tramitado un amparo para no ser extraditado, pese a este movimiento fue “detenido” en Arizona tras cruzar por la Garita de Nogales el 11 de mayo, compareció ante la corte federal de Manhattan y rechazó los cargos imputados.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió a la citación de las autoridades mexicanas el 26 de mayo, en entrevista con medios de comunicación negó los vínculos con el crimen organizado y descartó intentar ser testigo protegido del gobierno estadounidense.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.

“Si Estados Unidos no entrega las pruebas puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de junio desde Palacio Nacional.

En diversas ocasiones, de manera pública, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la soberanía de México y ha dicho que con otras naciones, específicamente con Estados Unidos, se colabora, pero el país no se subordina y se somete a ellos.

También, en varias ocasiones, se ha dado a conocer que el presidente de Estados Unidos, Danald Trump, ha ofrecido su ayuda a la mandataria nacional para lograr capturar a grandes capos del narcotráfico, ofreciendo que agentes de dependencias de seguridad estadounidense operen en territorio mexicano, a lo que ha dicho, también de manera pública, que lo ha rechazado.

En agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos no realizaría operaciones militares en México. Esto, luego de una orden ejecutiva secreta emitida por el mandatario de EEUU, según la cual ordenaba acciones contra los cárteles del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, dijo en esa ocasión Sheinbaum.

Reconoció que la posibilidad de una intervención ha sido planteada en conversaciones con Washington, pero que México la ha rechazado y ha ofrecido colaborar de otras maneras.

Sin embargo, en la actualidad, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lleva a cabo un operativo en territorio mexicano, lo que contradice las declaraciones de Sheinbaum. Dicho operativo tiene el objetivo de detener y extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; de el senador morenista Enrique Inzunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

Esto, de acuerdo con el periodista y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus, quien en entrevista con Infobae México, señaló que ante la negativa del gobierno de México de no colaborar con la detención preventiva de estos políticos, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril, llevan a cabo este operativo para ellos mismos detenerlos.

Lemus explicó que desde principios de este año, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de diversas dependencias por tierra en territorio mexicano.

“Hay operaciones en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa”, dijo el especialista, y señaló que en este último estado se llevaban a cabo las operaciones para dar con el paradero de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, asegura, recientemente cambiaron el objetivo de los operativos, y ahora van tras la detención de estos tres políticos morenistas.

Lemus explica que la dependencia estadounidense busca que en un mismo operativo se detenga a los tres señalados, y no hacerlo en diferentes movimientos.

“El problema para Estados Unidos es que están viendo costo-beneficio porque saben que va a ser un escándalo y en ese escándalo mejor quieren llevarse los más que puedan. Quieren agarrarlos y llevárselos en un solo viaje”, aseguró.

Lemus señala que podríamos estar a horas, días, semanas o meses de la detención y extradición de Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, pero “va a suceder”.

Autoridades mexicanas están enteradas del operativo de la DEA

El periodista, autor de diversos libros como El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco (2020) y El fiscal imperial. El eslabón más oscuro de la 4T (2022), señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen información de dónde están los agentes de la DEA en México, qué están haciendo. Incluso, señala, cree que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consecuentemente, debe de estar informada.

“Por lo menos, el CISEN sí sabe. Por lo menos, la Sedena y la Marina sí saben. No sé si (Omar García) Harfuch, Claudia (Sheinbaum) o el secretario ejecutivo lo sepan, el Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen, sí lo sabe perfectamente, incluso están colaborando con ellos. Si nos dice la presidenta que no sabe, que no hay operativos, pues miente la señora, y puede ser que mienta por desconocimiento, que es algo aceptable”, dice.

“El Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos ese te lo puedo asegurar al cien por ciento, ese sí sabe y ya notificó a la Sedena y a la Marina, punto. Sí”, señala.

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien en vida fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está a punto de convertirse en el segundo integrante de la familia Oseguera en declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos.

La decisión representa un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el entorno familiar del líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y considerada por autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia ese país.

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa de Antonio Oseguera y la fiscalía federal alcanzaron un entendimiento que evitará la realización de un juicio. La audiencia para formalizar el cambio de declaración fue programada para finales de julio.

Aunque todavía no se conocen los términos específicos del acuerdo ni los delitos que aceptará formalmente, el caso ha vuelto a poner bajo los reflectores a otros integrantes de la familia Oseguera que han enfrentado procesos penales en Estados Unidos.

Jessica Oseguera, la primera familiar que pactó con la justicia estadounidense

Antes de que “Tony Montana” decidiera declararse culpable, otra integrante de la familia ya había seguido una ruta similar: Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”.

Conocida también como “La Negra”, Jessica fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2020 y posteriormente procesada por su participación en operaciones financieras relacionadas con empresas vinculadas al CJNG.

Las investigaciones estadounidenses señalaron que la hija del líder criminal mantenía nexos con negocios que habrían servido para apoyar financieramente a la organización criminal. Sin embargo, en lugar de enfrentar un juicio prolongado, optó por alcanzar un acuerdo con las autoridades federales.

Tras reconocer su responsabilidad en los cargos imputados, Jessica Oseguera recibió una sentencia considerablemente menor a las penas que inicialmente enfrentaba. El acuerdo permitió cerrar el caso sin llegar a una confrontación judicial de gran escala y se convirtió en el primer antecedente de colaboración dentro del círculo familiar más cercano de “El Mencho”.

Su caso fue interpretado como una muestra de la estrategia que suelen utilizar las fiscalías estadounidenses para obtener información y evitar procesos largos y costosos.

El contraste con “El Menchito”

La historia judicial de la familia Oseguera presenta un marcado contraste con la de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera y considerado durante años el segundo hombre más importante dentro del CJNG.

A diferencia de Jessica Oseguera y ahora de Antonio Oseguera, “El Menchito” decidió enfrentar un juicio federal en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron como uno de los principales operadores de la organización criminal y lo acusaron de coordinar actividades de narcotráfico y participar en operaciones armadas para proteger los intereses del cártel.

Tras un largo proceso judicial, fue declarado culpable de diversos delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas. Como consecuencia, recibió una sentencia de cadena perpetua, además de una condena adicional de varias décadas de prisión.

El resultado de ese juicio evidenció los riesgos que implica para los líderes criminales rechazar acuerdos con la fiscalía estadounidense y optar por litigar los cargos hasta el final.

¿Quién es “Tony Montana”?

Antonio Oseguera Cervantes ha sido identificado durante años como uno de los operadores de confianza dentro de la estructura del CJNG.

Autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como responsable de actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la coordinación de operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

En Estados Unidos enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de cargos relacionados con armas de fuego. Según los expedientes judiciales, habría participado durante años en el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Su próxima declaración de culpabilidad evitará que el caso llegue a juicio y lo convertirá en el segundo integrante de la familia Oseguera que acepta responsabilidades ante la justicia estadounidense, después de Jessica Johanna Oseguera González.

Con ello, la atención vuelve a centrarse en el entorno familiar de “El Mencho”, cuyos integrantes han seguido caminos distintos frente a los tribunales estadounidenses: algunos han optado por negociar, mientras otros han enfrentado condenas ejemplares.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, advirtió que la agencia se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de que organizaciones criminales intenten introducir fentanilo a Estados Unidos aprovechando el flujo masivo de visitantes que genera la Copa Mundial de Futbol 2026, cuya organización comparten Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley para el medio News Nation, el funcionario explicó que las autoridades estadounidenses realizan un monitoreo permanente de las actividades de los grupos criminales debido a la llegada de millones de personas procedentes de distintas partes del mundo.

Según Cole, eventos de gran magnitud como el Mundial representan escenarios que pueden ser aprovechados por las redes de narcotráfico para expandir sus operaciones y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras.

Mundial y narcotráfico: una preocupación para las autoridades

El titular de la DEA señaló que los cárteles de la droga suelen buscar cualquier oportunidad para incrementar sus ganancias, por lo que el torneo internacional podría convertirse en un entorno atractivo para sus actividades.

“Los cárteles siempre buscarán el beneficio”, afirmó el funcionario, quien agregó que estas organizaciones no muestran preocupación por las consecuencias que provoca el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

Cole sostuvo que la combinación de grandes concentraciones de personas, movilidad internacional y aumento de actividades comerciales obliga a las agencias de seguridad a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y coordinación.

Ante este panorama, informó que la DEA ya comenzó la implementación de una estrategia denominada “Estados Unidos libre de fentanilo”, cuyo objetivo principal es combatir las operaciones de los grupos criminales responsables de la producción y distribución de esta droga.

Cooperación con México y combate a los cárteles

El funcionario también destacó la colaboración que mantiene con autoridades mexicanas en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

En particular, mencionó la relación de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de quien dijo existe un “flujo de información activo y libre”, lo que ha permitido fortalecer el intercambio de inteligencia entre ambos países.

Cole consideró que la cooperación bilateral es fundamental para enfrentar una problemática que trasciende fronteras y que involucra a organizaciones con capacidad de operar en distintos territorios.

Asimismo, afirmó que los cárteles mexicanos mantienen presencia en los 50 estados de Estados Unidos e incluso extienden sus operaciones a Canadá, situación que, a su juicio, representa una amenaza significativa para la seguridad y la salud pública de la región.

Las declaraciones ocurren en el contexto del inicio del Mundial de futbol, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que se espera atraiga a millones de aficionados a las tres naciones anfitrionas.

Con estas declaraciones, las autoridades estadounidenses han dejado claro que el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas seguirá siendo una de sus principales prioridades de seguridad.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló este 9 de junio mediante una publicación en su cuenta oficial de X que en conjunto con diversas agencias de Estados Unidos han arrestado a mil 343 miembros de cárteles mexicanos en la frontera sur del país entre abril y junio de 2026, en el marco de las operaciones del Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y el Centro Nacional de Coordinación.

Las detenciones, según las cifras compartidas, se produjeron en 423 operaciones que incluyeron 47 mil 971 inspecciones fronterizas, el decomiso de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, la confiscación de 421 armas y el aseguramiento de más de 700 mil dólares en efectivo.

El operativo para desmantelar a los cárteles involucra diversas dependencias federales, como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A nivel nacional, la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) acumula más de 3 mil arrestos y el decomiso de más de 150 mil libras de narcóticos desde su creación.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por más de 3 mil 100 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Del lado estadounidense, cuatro estados comparten esa línea: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Del lado mexicano, la frontera abarca Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A lo largo de ese tramo operan más de 50 puntos de cruce terrestres oficiales, entre los que destacan San Ysidro, Otay Mesa, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

Cárteles mexicanos y su designación como organizaciones terroristas

En acciones previas contra el crimen organizado, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a seis cárteles mexicanos.

El primero fue el Cártel de Sinaloa, con sede en el estado homónimo, señalado como uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. El segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente operan en casi todo el territorio mexicano y tiene presencia en el continente americano, Australia, China y el sudeste asiático.

El tercero, el Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocido como los Zetas, quienes tienen base en el noreste de México.

El cuarto, la Nueva Familia Michoacana (LNFM), sucesora de la Familia Michoacana, opera en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México bajo el mandato de los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.

El quinto, el Cártel del Golfo (CDG), quienes también operan en el noreste del país. El sexto, los Cárteles Unidos (CU),organización formada a partir de una alianza de múltiples grupos en Michoacán y comandada por el Abuelo Farías.

La designación bloqueó todos los bienes e intereses de estas organizaciones en territorio estadounidense y prohibió a ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Golpes recientes contra el narco en la frontera

Entre los operativos documentados, el HSTF desmanteló a finales del mes de mayo un narcotúnel subterráneo que conectaba Tijuana con una bodega camuflada como tienda de descuento —llamada “Buy 4 Less”— cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego.

El pasaje medía casi mil 933 pies de largo, tenía hasta 55 pies de profundidad y contaba con paredes reforzadas, sistema de riel, ventilación y electricidad.

Las autoridades incautaron mil 29 kilogramos de cocaína con valor estimado de $45 millones de dólares, repartidos en 851 paquetes hallados en dos camiones y una camioneta.

Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos. Se les identificó como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando el Tunnel Task Force de HSI detectó actividad sospechosa en el local. El operativo culminó el 29 de mayo de 2026, cuando agentes observaron el traslado coordinado de congeladores y paquetes entre varios vehículos.

Derek Maltz, ex titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detener a los “funcionarios corruptos” que recientemente fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, para enviarlos a Nueva York y que “rindan cuentas ante la justicia”.Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Maltz señaló que la lucha contra los cárteles de “Terror Mexicano” no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los sustenta, y aseguró que dichos cárteles no operan en el vacío, sino que dependen, en gran medida, de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.Además, en su publicación, expuso que “cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local”. Dijo que mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrándose de la actividad de los cárteles, dichas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán. “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, señaló. Indicó que era hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch para detener a los funcionarios corruptos que fueron acusados por la Fiscalía estadounidense y mandarlos a Nueva York para que rindan cuentas ante la justicia. Derek Maltz encabezó la DEA del 20 de enero de 2025 hasta el 2 de mayo de 2025. Hace unas semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y ex funcionarios del estado de Sinaloa de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.Se trata de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de Seguridad Pública estatal.Así como Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

El mayor hospital de Chattanooga, Tennessee, se convirtió en el escenario de un caso que expuso los límites y riesgos de la automatización en la vigilancia sanitaria.

Según documentos oficiales citados por CBS News y KFF Health News, un enfermero anestesista de Erlanger Baroness Hospital logró desviar fentanilo, un opioide de alta potencia, durante meses sin ser detectado por Sentri7, el programa de inteligencia artificial implementado en ese centro para monitorear posibles desvíos de medicamentos.

La situación reveló la falta de transparencia y supervisión sobre el uso de estas tecnologías en cientos de hospitales de Estados Unidos.

Un sistema avanzado, una falla inesperada

La administración de Erlanger Baroness Hospital había adoptado el sistema Sentri7 para automatizar el control sobre medicamentos controlados como el fentanilo. Desarrollado por la empresa neerlandesa Wolters Kluwer, el programa utiliza algoritmos de inteligencia artificial para rastrear posibles desvíos a partir de 60 indicadores de riesgo.

Según las cifras proporcionadas por la compañía a KFF Health News, más de 700 hospitales estadounidenses utilizan el mismo software, mientras su principal competidor, Bluesight, afirma que su producto ControlCheck opera en más de 1.500 centros médicos.

A pesar del despliegue tecnológico, una auditoría interna realizada tras la detección del caso reveló, de acuerdo con la orden de la Junta de Enfermería de Tennessee, al menos cinco episodios en los que el sistema no alertó sobre la desaparición de fentanilo.

El documento añade que se encontraron “inconsistencias adicionales entre la dispensación de medicamentos y la documentación de descarte que deberían haber sido marcadas por el sistema automatizado de monitoreo”.

El caso Stevenson: señales humanas que la tecnología ignoró

La secuencia de los hechos comenzó cuando compañeros de trabajo notaron que John Stevenson, el enfermero anestesista implicado, mostraba signos evidentes de incapacidad en el quirófano: voz arrastrada, cansancio extremo y dificultades para mantenerse despierto.

El episodio se registró a fines de junio de 2025. Tras someterse a una prueba de drogas, Stevenson dio positivo y fue despedido. Ante los investigadores estatales, reconoció que desde marzo de ese año había empezado a desviar “fentanilo no utilizado que de otro modo habría sido descartado después de procedimientos quirúrgicos”, primero de forma esporádica y en las semanas previas al incidente, de manera diaria.

Los reportes obtenidos por CBS News y KFF Health News detallan que Stevenson no enfrentó cargos penales, pero la Junta de Enfermería de Tennessee dejó su licencia en período de prueba y le ordenó iniciar un programa de asesoramiento por consumo de drogas. El hospital evitó proporcionar declaraciones públicas, aunque según un correo citado por ambos medios, su equipo legal evaluó divulgar una respuesta que finalmente no se concretó.

Una industria bajo presión y sin controles externos

El episodio en Erlanger Baroness Hospital puso en el centro de la discusión los desafíos de la supervisión tecnológica en la salud. KFF Health News subraya que los hospitales estadounidenses no están obligados a informar sobre la implementación de software de inteligencia artificial para control de medicamentos ni a reportar fallas.

Tres expertos en prevención de desvío de fármacos señalaron a ese medio que nunca habían visto un caso documentado públicamente donde una herramienta de IA fallara de forma tan clara.

La empresa Wolters Kluwer defendió la calidad de su sistema, asegurando a KFF Health News que el software no tiene una “fase de aprendizaje” como sugirió la orden de la Junta, ya que desde la instalación es entrenado con datos históricos del hospital.

Para la ejecutiva Kristy Drollinger, el monitoreo automatizado sigue siendo necesario porque el desvío de medicamentos es un problema endémico en el sector. “Cada centro de salud ha tenido algún episodio de desvío y probablemente lo tiene en este momento”, sostuvo Drollinger.

El desvío de medicamentos genera riesgos tanto para los pacientes como para el personal hospitalario. De acuerdo con la organización Healthcare Diversion Network, hasta un 15% de los trabajadores sanitarios estadounidenses desvió fármacos al menos una vez.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon el desvío de medicamentos a más de 200 infecciones y 13 brotes, en su mayoría de hepatitis C, desde 1985.

Pese a la sofisticación de los sistemas automatizados, especialistas como Jacob Smith, responsable de seguridad de medicamentos en Johns Hopkins Medicine, advirtieron a KFF Health News que la vigilancia humana sigue siendo indispensable, sobre todo en áreas como quirófanos, donde la lógica de dispensación y el registro de medicamentos difiere de otras unidades. “El software es una parte, pero si dependes del software para que te dé todas las señales, se te van a pasar cosas. Simplemente no es 100%”, sostuvo Smith.

Falta de transparencia y dudas sobre el futuro de la IA en la salud

El caso de Erlanger Baroness Hospital reavivó el debate sobre la transparencia y la supervisión en la aplicación de inteligencia artificial en ámbitos críticos como la salud.

Según CBS News, ni la Administración de Control de Drogas (DEA) ni las agencias estatales exigen a los hospitales detallar qué sistemas utilizan para el control de medicamentos ni reportar fallas tecnológicas.

El propio hospital, al igual que la empresa desarrolladora del software, evitó ofrecer explicaciones públicas sobre el alcance del error.

En 2022, un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud concluyó que Sentri7 —entonces llamado Flowlytics— podía descubrir casos de desvío más rápido que los métodos manuales tradicionales.

Sin embargo, el caso en Tennessee evidenció que la supervisión humana sigue siendo clave, y que la dependencia exclusiva de sistemas automatizados puede dejar brechas que comprometen la seguridad hospitalaria.

La combinación de tecnología avanzada, alta demanda de soluciones y ausencia de controles externos crea un escenario en el que las fallas pueden permanecer ocultas.

Como resumió el neurólogo David Rastall en diálogo con KFF Health News, “lo ideal para los pacientes, los cuidadores y los sistemas hospitalarios sería que cuando una IA comete un error, eso se vuelva muy transparente y público”.

La administración estadounidense ha impulsado una narrativa que busca borrar la línea entre los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como ISIS, Hamás o Hezbolá.

Esto se evidenció el días pasados, cuando Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidió a sus aliados internacionales y al G7 combatir con la misma firmeza las redes financieras globales tanto del Cártel de Sinaloa como de grupos terroristas para detener el flujo del dinero que financia sus actividades delictivas.

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), esta tendencia responde a un interés político por agrupar a todas las organizaciones que Estados Unidos considera amenazas bajo la misma etiqueta de terrorismo, aunque las características de los cárteles y los grupos terroristas sean fundamentalmente distintas.

De acuerdo con Vigil, la estrategia busca extender el término “terrorista” a cualquier grupo que desafíe la seguridad o intereses estadounidenses, lo que no implica solo un cambio en la percepción pública, sino que también abre la puerta a la aplicación de medidas militares mucho más severas.

Por qué su estrategia para combatir las redes financieras de los cárteles y grupos terroristas no funcionaría

Mike Vigil advirtió que los intentos por atacar las finanzas de los cárteles están destinados al fracaso debido a que la estrategia de Estados Unidos y sus aliados no comprende la manera en que operan estos grupos.

Explicó que, a diferencia de países como Irán, los cárteles no dependen de bancos centrales ni de grandes redes de transferencia global. ya que operan con grandes cantidades de efectivo físico y utilizan mecanismos como casas de cambio no reguladas, sistemas informales como la hawala, empresas fantasma y criptomonedas.

Destacó que las campañas para endurecer las regulaciones financieras tienen poco impacto porque los cárteles recurren a centros fuera del control del G7, como Hong Kong y Singapur, y a redes criminales chinas especializadas en mover dinero. Subrayó que ni las sanciones ni las listas negras logran frenar el flujo de recursos ilícitos.

Vigil insistió en que atacar las finanzas no será efectivo porque los cárteles pueden adaptarse con facilidad y diversificar sus métodos de lavado de dinero. Recalcó que “nunca van a parar con el blanqueo de dinero. Es muy, muy difícil”.

Agregó que, aunque existen iniciativas para sancionar a bancos y redes ligadas al narcotráfico, estas medidas no afectan de manera significativa la operatividad de los cárteles, por lo que aseguró deberían enfocarse en desarrollar leyes apropiadas para combatirlas e intercambiar inteligencia para mejorar las herramientas conjuntas.

Respecto a la estrategia para equiparar a los cárteles con grupos terroristas, el exagente de la DEA detalló que su principal diferencia radica en su motivación y objetivos debido a que los primeros tienen una ideología religiosa o política y buscan tomar el control de gobiernos o influir en la política de los Estados. Los cárteles, en cambio, carecen de una ideología política o religiosa: su único objetivo es maximizar las ganancias económicas.

Aunque ambos tipos de grupos pueden emplear violencia y métodos similares, como el uso de bombas o el asesinato de civiles, Vigil aclaró que en el caso de los cárteles la violencia contra la población suele ser colateral, resultado de enfrentamientos entre bandas rivales, y no parte de una estrategia deliberada para aterrorizar a la sociedad o presionar a gobiernos.

Finalmente, reiteró que la estrategia no logrará combatir a los grupos criminales ni a los terroristas debido a que cuentan con distintas herramientas para continuar blanqueando dinero y mantener sus actividades delictivas.

Calderón sostuvo que como presidente, solo había dos opciones: proteger a la ciudadanía como la respuesta a una situación de inseguridad, y aseguró que asumió el peso de esa decisión para servir al pueblo de México.

Por su parte, la mandataria planteó una duda durante su conferencia matutina de este lunes 1 de junio, cuestionando si la iniciativa fue realmente del exmandatario panista o si fue dictada desde el extranjero:

“Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Barack Obama, porque estaba el gobierno de Obama ¿o de las agencias de Estados Unidos? Porque a lo mejor no era el presidente y eran las agencias”

Sheinbaum señaló que durante la administración de Calderón, la DEA tuvo “total apertura”.

Asimismo, la titular del Ejecutivo recordó que este nivel de injerencia por parte de las agencias estadounidenses durante aquel sexenio es un tema que ya había documentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento.

La jefa de Estado también recordó que mientras Felipe Calderón estaba al frente de México, se llevó a cabo la operación nombrada como “Rápido y furioso”, en la que permitió la entrada de armas de Estados Unindos a México con un chip “supuestamente para saber la ubicación de grupos delictivos y que los grupos delictivos tomaron las armas y les quitaron el chip y con ellas asesinaron a un agente estadounidense”, a este episodio de la historia Shienbaum la calificó como atroz y triste porque hubieron muchos asesinatos contra la ciudadanía.

Las declaraciones de Calderón se dieron en el marco de respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante señalamientos de colaboración con agencias estadounidenses y cuestinó que se le persiga políticamente mientras otros funcionarios acusados de nexos criminales son protegidos por el gobierno federal. Quien también respaldo a la funcionaria estatal fue el también expresidente también Vicente Fox Quesada.

Ante la reaparición de los exfuncionarios en un evento para respaldar la defensa de Campos, la presidenta puntualizó que la situación en Chihuahua “no es algo político” e insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR), de manera independendiente mantiene la investigación y dijo:

“Ay bueno, ya que cada quien haga su propia conclusión, la verdad, no sé qué tan populares anden. Lo que sí, Monsiváis, como dije ayer, decía que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía y la verdad, pues sí hay mucha hipocresía, o sea, no hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo”, refiriéndose a las administraciones de Fox y Calderón.

El Partido Acción Nacional anunció este lunes una semana de acciones en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con un evento masivo como punto culminante el próximo fin de semana en esa entidad. Así lo comunicó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien adelantó que los detalles de la convocatoria se revelarán en el momento oportuno.

“Estratégicamente vamos a cuidar mucho este evento”, señaló Romero Herrera. “Va a ser un evento en donde vamos a cuidar que esté repleto de ciudadanía, de Chihuahua y de todos los lugares de donde nos quieran acompañar para respaldarla”.

PAN acusa persecución política contra la gobernadora

Antes de anunciar la movilización, Romero Herrera calificó las acciones del gobierno federal contra Maru Campos como “persecución política” directa por parte de Morena. Según el dirigente panista, la gobernadora es hostigada por haber combatido al crimen organizado en su estado.

“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el ‘pecado’ de combatir al crimen organizado”, afirmó desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

El dirigente también cuestionó la lógica del gobierno federal: si el argumento oficial es la presencia de agentes extranjeros en operativos en Chihuahua, ¿por qué no se cita a comparecer a los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores y Migración, que son las autoridades federales responsables de regular esa presencia?

“Uso faccioso de las instituciones”, la acusación central del PAN

El panista subrayó que el partido no se opone al cumplimiento de la ley, sino a lo que denomina el uso faccioso de la procuración de justicia y de la Fiscalía General de la República contra opositores.

“Lo que es increíble es el uso faccioso de las instituciones. Eso es lo que venimos a denunciar hoy”, declaró Romero Herrera.

En ese mismo contexto, el dirigente aseguró que el PAN no tomará el asunto a la ligera y que todas las mediciones internas apuntan a que la presión del gobierno federal contra Campos está generando el efecto contrario: un crecimiento sostenido en el apoyo ciudadano hacia la mandataria estatal.

El evento del fin de semana: sorpresa prometida

Romero Herrera fue cauteloso con los detalles, pero contundente en el mensaje:

• La convocatoria se dará a conocer en el momento preciso, sin adelantar información que pueda ser aprovechada por sus adversarios.
• El evento buscará mostrar un contraste claro entre la convocatoria panista y la de sus opositores.
• La dirigente del PAN en Chihuahua, Dani Álvarez, también estuvo presente en el anuncio para sumarse al respaldo institucional.

“Les aseguro que se van a sorprender”, prometió el dirigente, al tiempo que sentenció: “Si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional y con cientos de miles de mexicanas y mexicanos”.

La gobernadora Maru Campos aún no ha emitido un pronunciamiento formal sobre las acciones legales que enfrenta, aunque el PAN insiste en que no existe riesgo jurídico real y que el proceso solo incrementará su capital político.

Según las autoridades, el operativo frenó la salida de cerca de dos millones de dosis de cocaína por rutas que conectaban Colombia con Ecuador y luego con Estados Unidos, a través de aguas internacionales próximas a Guatemala, Honduras y México.

La investigación de la DEA y de la Policía colombiana estableció que el laboratorio tenía una capacidad de producción de dos toneladas por semana y que su infraestructura estaba avaluada en $2.500 millones.

“En este complejo cocalero, compuesto por 6 estructuras, fueron incautados 1710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria necesarios en la producción de estupefacientes”, dice el comunicado del Ejército Nacional publicado en su página web.

En el lugar también había dormitorios para 30 personas, víveres frescos en preparación, hornos microondas, mesas de templado y plantas eléctricas, añadió la misma institución.

La operación se ejecutó en la vereda Trejos del Mar, en el municipio de Mosquera, Nariño, donde tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales actuaron en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía y la DEA, de acuerdo con el Ejército. Según ese equipo interinstitucional, el sitio funcionaba como laboratorio para la fabricación de sustancias ilícitas.

En ese complejo, compuesto por seis estructuras, fueron incautados 1.710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria para la producción de estupefacientes, de acuerdo con el Ejército.

Por su parte, la Policía describió la instalación como un “gigantesco laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por seis estructuras interconectadas, con alta capacidad de producción”.

Según el Ejército, la cocaína producida en ese punto era transportada por vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Después, añadió la institución, era enviada a Estados Unidos por aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México.

“El estupefaciente producido era transportado vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviado a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México”, se agrega en el comunicado oficial del Ejército.

Así mismo, la Policía informó que, cuando los ocupantes detectaron la llegada helicoportada y terrestre de las unidades, huyeron hacia la vegetación de la zona. Esa misma autoridad sostuvo que el estupefaciente pertenecía a una organización criminal independiente de alcance transnacional liderada por alias Junior.

De acuerdo con información de inteligencia militar e investigación judicial citada por el Ejército, el laboratorio pertenecería a una organización criminal independiente que articulaba esquemas de “outsourcing ilegal” con el grupo armado Bloque Jacobo Arenas, señalado en el texto oficial como parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

La versión de la Policía ubicó esa alianza con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato.

Sobre ese vínculo, la Policía afirmó: “Esta red mantenía una alianza de outsourcing ilegal con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato, a quienes les pagaban impuestos criminales para asegurar el libre ejercicio del narcotráfico en la región”.

El Ejército calculó que la acción afectó las economías del grupo armado en aproximadamente 220 millones de pesos, equivalentes a cerca de USD 60.000. La misma institución aseguró que con la incautación se evitó la circulación de cerca de dos millones de dosis de cocaína.

“Con esta acción militar se impacta directamente las economías lícitas del GAO-r, en aproximadamente 220 millones de pesos (cerca de 60.000 USD). Así mismo, se evitó la circulación de cerca de 2 millones de dosis de cocaína”, se añadió en el documento.

Durante la inspección, “los investigadores de la Dijín hallaron un arsenal de insumos y maquinaria de nivel industrial”, indicó la Policía. La autoridad agregó: “Fueron encontrados hornos microondas, mesas de templado, plantas eléctricas, dormitorios con capacidad para albergar a 30 personas y víveres frescos en proceso de preparación”.

Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se prepara para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en territorio mexicano, la página oficial de su gobierno conserva un extenso registro de reuniones, acuerdos y colaboraciones con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

El expediente es público. Y habla solo.

Drones, 200 millones y el elogio de Greg Abbott

Uno de los acuerdos más significativos fue el firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una gira de trabajo en Austin en mayo de 2025. En ese encuentro, Campos presentó un plan de seguridad fronteriza que incluyó la plataforma Sentinel — un sistema de rastreo de vehículos desde parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo — y el uso de drones para patrullar el Río Bravo.

La inversión anunciada: más de 200 millones de dólares.

Abbott no escatimó en elogios: “Es el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”, declaró públicamente antes de firmar el acuerdo. Como resultado inmediato, Texas normalizó las inspecciones en los puentes fronterizos con Chihuahua, convirtiendo al estado en la única entidad mexicana con trato de excepción.

Reuniones con cónsules, primera dama y funcionarios federales de Estados Unidos

El historial binacional de Maru Campos va mucho más allá de Texas. La página oficial de su gobierno documenta:

• Diciembre 2023: La Fiscalía General del Estado celebró junto a autoridades estadounidenses, incluyendo la CBP y la Patrulla Fronteriza de El Paso, los resultados del programa binacional “Se Busca Información”, que logró detenciones en ambos lados de la frontera.

• Julio 2023: Durante una gira por Ciudad Juárez, Campos participó en una mesa de diálogo sobre migración en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), donde se reunió con el subsecretario de Estado Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan. En el encuentro refrendó el compromiso del gobierno estatal de mantener la cooperación binacional en materia migratoria sin descuidar la seguridad de los juarenses.

• Junio 2024: Reunión con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para revisar estrategias de seguridad, migración y desarrollo económico, con la presencia del fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

• Octubre 2024: Asistencia a una recepción en la Embajada de Estados Unidos con la primera dama Jill Biden, donde Campos promovió el turismo y las oportunidades de inversión en Chihuahua.

La alianza que hoy genera preguntas

El contexto actual lo cambia todo. La FGR citó a Maru Campos a comparecer como testigo el 27 de mayo, en el marco de una investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

El caso escaló políticamente luego de que el gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.

Campos ha dicho que siempre actuó conforme al Estado de Derecho. Su propio gobierno, sin embargo, dejó documentado públicamente que la colaboración con Estados Unidos fue una política de Estado sostenida, sistemática y presumida durante años.

El expediente sigue en línea. Y ahora cobra una dimensión distinta.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro este jueves durante La Mañanera que el gobierno de México no tiene ninguna obligación jurídica de rastrear ni vigilar a las ocho personas que aún no se han entregado a Estados Unidos en el caso Sinaloa.

“No hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre si el gobierno sabe el paradero de los imputados que siguen en México.

La declaración se da en un contexto de creciente presión desde Washington: el administrador de la DEA, Terry Cole, declaró ante el Senado estadounidense que la acusación contra Rocha Moya era “solo el comienzo”, y la administración Trump ha intensificado su postura frente a México en materia de seguridad.

¿Quiénes son los dos que se entregaron? — y cómo lo hicieron

Dos exfuncionarios clave del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a autoridades de Estados Unidos tras ser acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

• Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera el 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del cuerpo de alguaciles estadounidenses. Actualmente está recluido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, se entregó desde Europa, donde se encontraba de vacaciones.

Sheinbaum aseguró que ambas entregas fueron decisiones personales, sin intervención del gobierno federal: “Allá ya sabrán ellos por qué se entregaron”, respondió escuetamente ante los reporteros.

El caso mayor: 10 acusados por la Fiscalía de Nueva York

El origen de todo está en una acusación emitida el 29 de abril por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados desempeñaron un papel fundamental ayudando al Cártel de Sinaloa —clasificado como organización terrorista extranjera— al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EE.UU., alineándose con la facción de Los Chapitos a cambio de millones de dólares.

Tras conocerse la acusación, la FGR analizó la petición de detención provisional con fines de extradición y concluyó que no había pruebas suficientes para ejecutar una acción inmediata conforme al tratado bilateral vigente. Por eso Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa, que la aprobó en sesión extraordinaria.

Rocha sigue con Guardia Nacional — y Sheinbaum lo reconoce

Uno de los momentos más tensos de la conferencia fue cuando la presidenta confirmó que Rubén Rocha sigue contando con resguardo de la Guardia Nacional, aunque aclaró que dicha protección no la decide la Presidenta de la República, sino que se solicita a través de la Secretaría de Seguridad o de la Secretaría de la Defensa, que evalúan el riesgo caso por caso.

Sobre el senador Enrique Inzunza —también acusado en el mismo expediente— Sheinbaum dijo no tener información de si solicitó o recibió resguardo similar.

La alerta roja de Interpol: la única presión real sobre los 8 restantes

Sheinbaum explicó el mecanismo que activa la presión internacional: al existir una orden de aprehensión del gobierno de EE.UU., Interpol emite una ficha roja. Eso significa que si alguno de los ocho acusados restantes abandona México, otros países podrían detenerlos.

La entrega voluntaria de los dos exfuncionarios abrió una posibilidad que inquieta a Morena: que el resto de los acusados sigan el mismo camino y, al negociar con la justicia estadounidense, revelen información comprometedora. El exembajador Arturo Sarukhán lo advirtió sin rodeos: con acuerdos de cooperación en marcha, México perdería control sobre qué información se comparte.

Por ahora, el gobierno federal mantiene su postura: sin pruebas contundentes, sin acción. Pero el cerco se estrecha.

El escándalo que rodea al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Morena ante tribunales estadounidenses domina los titulares. Pero la historia reciente de México tiene memoria: el Partido Revolucionario Institucional acumula su propio expediente de exmandatarios señalados —y en varios casos, sentenciados— por los mismos delitos que hoy se le imputan al partido en el poder.

Infobae México elaboró una radiografía del destino legal de 14 exgobernadores priistas, con un patrón que se repite: lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, desvíos millonarios y un sistema judicial que, en muchos casos, no logró sostener las condenas.

La narcopolítica que sí llegó a los tribunales

Los casos más contundentes son los que se resolvieron en cortes extranjeras, no mexicanas. Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004) es quizás el ejemplo más ilustrativo: fue condenado en Houston a nueve años de prisión por conspiración para lavado de dinero, tras comprobarse que recibió sobornos de entre 3.5 y 9.5 millones de dólares del Cártel del Golfo y Los Zetas. Deportado a México en abril de 2025, hoy está preso en el Altiplano enfrentando nuevos cargos ante la justicia nacional.

Mario Villanueva (Quintana Roo, 1993-1999), considerado el primer gran caso de narcopolítica de alto nivel en México, fue condenado en Nueva York a 17 años de prisión por entrar el estado al Cártel de Juárez. Hoy, con 77 años y oxígeno-dependiente, purga el resto de su condena en prisión domiciliaria en Chetumal.

Jorge Torres López (Coahuila, interino 2011) fue sentenciado a 36 meses en Texas por lavar 2.7 millones de dólares provenientes de sobornos de contratistas. Cumplió su pena, fue deportado y hoy vive libremente en Saltillo sin ningún proceso activo en México.

Los que el amparo y el sistema local salvaron

Varios exgobernadores enfrentaron cargos en México y terminaron exonerados. Rodrigo Medina (Nuevo León) estuvo preso apenas 18 horas en el penal de Topo Chico en 2017; un amparo por violaciones al debido proceso lo liberó de inmediato y fue absuelto al año siguiente. En julio de 2025, supuestamente fue retenido en aduanas al intentar salir a Estados Unidos.

Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010) libró seis años de prisión y en diciembre de 2025 obtuvo un amparo definitivo que bloqueó su extradición a Texas, donde la DEA lo acusaba de lavar hasta 30 millones de dólares. El argumento: non bis in idem, ya que los hechos habían sido materia de juicio en México. Hoy es Secretario de Operación Política del PVEM.

Humberto Moreira (Coahuila, 2005-2011) es el caso más emblemático de impunidad técnica. Detenido en Madrid en 2016 y señalado en testimonios bajo juramento en el juicio de García Luna, nunca ha enfrentado cargos formales en México. La FGR no ha integrado expediente alguno.

El primer exgobernador condenado en juicio oral

El hito más reciente lo protagoniza Roberto Sandoval (Nayarit, 2011-2017), quien en septiembre de 2025 se convirtió en el primer exgobernador sentenciado bajo el sistema penal acusatorio en México: siete años de prisión por falsificación de documentos para apoderarse de 58 hectáreas ejidales. La fiscalía mantiene causas abiertas por lavado de dinero relacionadas con 156 millones de pesos.

Javier Duarte: la condena que nunca terminó

Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) matematicamente completó su condena de nueve años el 14 de abril de 2026. Sin embargo, semanas antes la FGR lo vinculó a un nuevo proceso por peculado —un desvío de 5 millones de pesos de fondos de salud— imponiéndole prisión preventiva justificada. Sigue en el Reclusorio Norte, ahora enfrentando una acusación que exige 21 años adicionales.

El espejo incómodo

El escándalo de Rocha Moya y los funcionarios de Morena ante los tribunales de Nueva York no ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido, históricamente, el principal motor real de judicialización de la narcopolítica mexicana —independientemente del color del partido. El PRI lo experimentó durante dos décadas. La pregunta que queda abierta es si el desenlace será distinto.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas entre Estados Unidos y México.

La acción fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las sanciones apuntan a dos estructuras criminales distintas: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, ligado a Los Chapitos, y otra dirigida por Jesús González Peñuelas, señalado como operador histórico del Cártel de Sinaloa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a “los narcoterroristas” responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Los sancionados ligados a Los Chapitos

La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el principal operador financiero de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Según el Departamento del Tesoro, el operador asumió el papel de principal lavador de dinero de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de efectivo producto de la venta de drogas en Estados Unidos y posteriormente convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos al Cártel de Sinaloa en México.

Junto con él fue sancionado Jesús Alonso Aispuro Félix, descrito como el principal intermediario financiero de la organización y responsable de administrar transferencias millonarias mediante direcciones de criptomonedas.

Otro de los señalados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la red criminal. El Departamento del Tesoro recordó que en abril de 2024 fue acusado formalmente por lavado de dinero ligado al narcotráfico mediante criptomonedas en una corte federal de Colorado.

Asimismo, aparece Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Empresas y presuntos prestanombres

La OFAC también sancionó a las empresas mexicanas Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV y Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para apoyar financieramente las operaciones de la red criminal.

Según el gobierno estadounidense, dichas empresas eran controladas por Alfredo Orozco Romero a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas testaferros de confianza.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas compañías y personas ayudaban a ocultar y mover recursos obtenidos por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La segunda red criminal

En una segunda investigación, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Peñuelas, identificado como operador histórico del Cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia estadounidense.

Washington asegura que González Peñuelas ha participado desde 2007 en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Además, enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional en cortes federales de California y Colorado.

La DEA incluso ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

De acuerdo con la OFAC, González Peñuelas operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Junto a él fueron sancionados Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores encargados del tráfico de drogas y del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

Detalles inéditos sobre la presunta red de lavado de dinero que involucra contratos de alimentos y exportaciones petroleras en Venezuela salieron a la luz tras la más reciente declaración de las autoridades estadounidenses, centrando el foco sobre el empresario colombiano Alex Saab y las estrategias empleadas para canalizar fondos a través del sistema financiero de Estados Unidos.

La investigación, que se aceleró especialmente después de la imposición de sanciones económicas a Venezuela en 2019, expone el alcance internacional de las operaciones y señala la utilización de mecanismos de ocultamiento financiero para desviar recursos destinados a programas sociales.

En recientes declaraciones, el administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó que durante años se realizó un seguimiento detallado a las redes financieras asociadas a Saab y al régimen venezolano.

El expediente judicial, presentado ante un tribunal federal en Miami, estableció que tras la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses, la red supuestamente dirigida por el empresario y sus allegados se habría extendido, aprovechando conexiones con altos funcionarios del Estado para acceder a contratos petroleros valuados en miles de millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Los investigadores sostuvieron que parte de ese crudo era vendido bajo aparentemente falsas premisas para mantener el financiamiento de la estructura Clap y para canalizar fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses.

El caso, que generó repercusiones internacionales, describe cómo, supuestamente, Saab y otros individuos recurrieron a empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada para encubrir el verdadero origen de alimentos importados, principalmente desde Colombia y México, destinados a Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción).

El programa fue diseñado para aliviar la crisis alimentaria en poblaciones vulnerables de Venezuela. Según la DEA y el Departamento de Justicia, estas prácticas permitieron desviar “cientos de millones de dólares” de recursos asignados a políticas sociales, mientras sumas considerables eran transferidas a cuentas estadounidenses con el objetivo de ocultar su origen.

La acusación en el Distrito Sur de Florida detalló que buena parte de estos fondos se obtuvieron gracias a presuntos sobornos a funcionarios venezolanos, lo que facilitó a Saab y sus cómplices la adjudicación de contratos millonarios dentro del marco del programa Clap y en negocios relacionados con la exportación de petróleo.

Los delitos señalados hicieron posible, según la Fiscalía, la constitución de un esquema internacional basado en la corrupción y el encubrimiento de activos.

Alex Saab, de 55 años y exministro venezolano, fue señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Actualmente enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero, por los que podría recibir hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable, según el Departamento de Justicia estadounidense.

La causa se tramita en Miami luego de la deportación de Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos. Las autoridades subrayan que, aunque pesa sobre él una grave acusación, el empresario es considerado inocente en tanto no se demuestre su responsabilidad durante el proceso judicial en curso.

La DEA ejecutó expulsión de Álex Saab de Venezuela por delitos en Estados Unidos

El empresario colombiano Álex Saab fue deportado de Venezuela a EE. UU. el sábado 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, pese a contar con un perdón presidencial de Joe Biden.

Esta decisión se produjo en un contexto de tensiones entre Caracas y Washington por compromisos incumplidos tras negociaciones en Qatar. El gobierno transitorio de Venezuela comunicó oficialmente que Saab perdió la nacionalidad venezolana y que la expulsión responde a su implicación en delitos cometidos en Estados Unidos.

Saab enfrenta un segundo proceso penal en ese país, independiente al caso por el que había recibido perdón, y en el que también está implicado Álvaro Pulido, socio suyo.

Pulido había sido arrestado en Venezuela en 2023 por corrupción vinculada a Pdvsa. La deportación se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la DEA, y fue documentada en medios con imágenes de Saab abordando la aeronave.

Previo a la expulsión, Saab fue destituido de su cargo ministerial y despojado de la nacionalidad venezolana, pese a que él negó estar detenido y afirmó contar con el indulto presidencial estadounidense.

Sin embargo, fuentes federales sostienen que esa inmunidad sólo cubría el primer proceso, y que existen nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su rol como operador del régimen venezolano.

La selección de Saab como objetivo principal por parte de agencias estadounidenses se relaciona con el descontento por el incumplimiento de acuerdos bilaterales, incluyendo garantías electorales.

En respuesta a la nueva ofensiva judicial, Saab designó a Neil Shuster como abogado defensor para afrontar el nuevo proceso en tribunales federales de Estados Unidos.

El encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, son únicamente el inicio de otras operaciones.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas sobre las acusaciones contra 10 personas dadas a conocer el pasado 29 de abril.

Las declaraciones son parte de la comparecencia, del 12 de mayo, de diversos encargados de agencias, entre ellas el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Por que hay políticos ligados con criminales, cuestionó el senador

“Veo que el Departamento de Justicia, presumiblemente con su cooperación y buen trabajo de investigación, acaba de acusar a un gobernador en México de trabajar con cárteles para envenenar a nuestra gente. Todos tienen derecho a la defensa hasta que se demuestre su culpabilidad”, señaló Kennedy a los funcionarios.

Kennedy continuó señalando que hay líderes políticos con vínculos estrechos con grupos criminales y cuestionó por qué, si es por dinero o por miedo y qué está haciendo EEUU al respecto al tema.

Patel señaló que hay cooperación con México y también destacó que se trata de una combinación entre miedo y corrupción. Mientras que Cole destacó:

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero de repente, le estamos prestando atención”. Agregando que habrá otras acciones en territorio nacional.

Al iniciar su participación en la comparecencia, Terrance Cole destacó que los grupos criminales son muy adaptables.

“Nuestro enfoque es claro: atacar a los líderes, romper su mando y control. Interrumpir las cadenas de suministro, responsabilizar a quienes se lucran con la adicción y la muerte”, es parte de lo compartido por el funcionario.

Cabe recordar que junto con Rocha Moya, EEUU acusa a otros sujetos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, se trata de:

• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Dámaso Castro Saavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado
• Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

“El Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel”, es parte del informe publicado en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.

Tras las acusaciones, Rocha Moya se separó temporalmente de su cargo, mientras las autoridades mexicanas realizan las averiguaciones y exigen pruebas de la señalado por EEUU.

La agencia de noticias EFE confirmó la llegada de Saab, escoltado por agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA), incluidos miembros de la DEA, al aeropuerto de Opa-locka en el condado de Miami-Dade a las 21:15 hora local (01:15 GMT).

Desde hace varias semanas, se desconocía el paradero del testaferro y aliado del ex dictador Nicolás Maduro. Las nuevas imágenes del hombre detenido lo mostraron un rostro cansado y un buzo gris, similar al atuendo utilizado por el ex líder del régimen venezolano tras su captura el 3 de enero en Caracas.

Además, en la grabación de su ingreso a la termina aérea estadounidense se lo vio marcando sus huellas digitales en un escáner para dedos, rodeado por uniformados de la agencia federal.

Según el medio AlbertoNews, Saab fue trasladado bajo custodia desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes y partió rumbo al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto con la supervisión del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado difundido vía Instagram. El organismo precisó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Las autoridades federales en Miami acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero y corrupción con fondos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en operaciones de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, principalmente vinculados al programa CLAP.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a inicios de febrero a petición de Washington. Previamente, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami.

Los cargos contra Saab incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, habría falsificado documentos y empleado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El extraditado, quien ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dos semanas después de la operación estadounidense en Caracas, que culminó con la captura Maduro.

El ex funcionario del régimen venezolano, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y de actuar como testaferro del ex líder chavista. Ahora, el colombiano enfrentará a la justicia estadounidense, al igual que Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.

El ex jefe de inteligencia y seguridad del opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, afirmó que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no constituye únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, señaló Simonovis.

El analista explicó que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que comprenden el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién se beneficia y cómo las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

Simonovis reconoció a través de X que la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta para los venezolanos, pero aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de manera metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

La sociedad boliviana identifica el narcotráfico como uno de sus grandes problemas. Tal es la preocupación por estos días que la gente muestra una amplia aceptación de la narrativa de “narcoestado”. Una encuesta realizada meses después de las elecciones del año pasado, a cargo de la empresa Integrated Communications and Research a pedido del Instituto Interamericano para la Democracia, muestra que más de tres cuartas partes de la población creen vigente esta percepción, aunque la valoración de la democracia experimenta una recuperación relativa. Asimismo, el respaldo mayoritario a la cooperación internacional, junto con las brechas marcadas por edad, sexo y región, evidencia la necesidad de políticas adaptadas para enfrentar la situación.

El estudio muestra que la percepción social sobre el narcotráfico alcanza niveles de consenso inusuales: el 89,4% de la población lo considera un problema grave, mientras que el 75,2% comparte la idea de que el país es o puede convertirse en un narcoestado. En paralelo, el 78,3% apoya la cooperación internacional, incluida la intervención de la DEA. Las diferencias por región, edad y sexo ofrecen matices relevantes dentro de estos consensos.

De esta manera, casi la totalidad de los encuestados ve el narcotráfico como la principal amenaza nacional. El 89,4% lo considera grave o muy grave, un diagnóstico sostenido tanto por hombres como por mujeres y en todas las zonas del país. Incluso entre los jóvenes de 18 a 33 años, la alarma alcanza al 87,5%, lo que confirma que el consenso atraviesa a toda la sociedad.

La narrativa del narcoestado mantiene una presencia fuerte en la opinión pública. El 75,2% de las personas consultadas cree que Bolivia es o podría ser un narcoestado actualmente o en el pasado reciente. Los hombres muestran mayor inclinación a sostener esta percepción, superando a las mujeres por 13,4 puntos porcentuales.

Este imaginario no ha cambiado de forma significativa desde 2016, lo que sugiere una estabilidad en la preocupación social sobre el tema. Entre los jóvenes, la disposición a reconocer el problema y a aceptar la cooperación internacional es más elevada.

El 55,5% de los bolivianos identifica el presente como democrático, una cifra que representa una mejora de 13 puntos respecto a hace diez años. Sin embargo, existen diferencias notorias entre regiones. En el Oriente del país, el 64% asocia el momento político con la democracia. En Occidente, solo el 45,3% comparte esa visión, mientras que el 50,6% califica el escenario actual como “dictadura”. Esta polarización territorial influye en la agenda política y en las estrategias de comunicación institucional.

El respaldo a la cooperación internacional, incluyendo la labor de la DEA, llega al 78,3%, predominando un enfoque pragmático frente al problema. La mayoría valora la eficacia en la lucha antidrogas por encima de posturas ideológicas o de soberanía nacional.

Solo el 17,3% rechaza categóricamente la presencia de la DEA, porcentaje que aumenta en adultos mayores y mujeres, sectores donde la indecisión y la falta de familiaridad con los términos empleados resulta más frecuente. El respaldo a actores internacionales señala que la sociedad está abierta a soluciones externas que prometan resultados concretos.

Las diferencias según edad, género y región perfilan matices significativos en la interpretación del fenómeno. Los jóvenes perciben con mayor intensidad el riesgo de narcoestado, con 19,5 puntos porcentuales más que los adultos mayores. Además, apoyan la cooperación internacional 23,7 puntos por encima de quienes tienen más de 57 años.

En términos de sexo, los hombres aceptan con mayor frecuencia la etiqueta de narcoestado, mientras que las mujeres presentan mayor nivel de indecisión o desconocimiento sobre conceptos como DEA. A nivel territorial, el Oriente muestra mayor optimismo democrático y receptividad hacia la DEA; en Occidente predomina el escepticismo y una lectura más crítica del contexto político.

Bolivia se enfrenta al desafío de responder a la gravedad del narcotráfico y a la tensión entre legitimidad democrática y soberanía, en medio de consensos amplios y diferencias bien marcadas. La eficacia estatal dependerá de su capacidad para transformar este diagnóstico plural en políticas públicas y estrategias que se adapten a los distintos segmentos sociales.

La DEA regresa a Bolivia tras 18 años

El Gobierno de Bolivia anunció el regreso de la DEA a Bolivia tras 18 años de ausencia con la apertura de oficinas en La Paz, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la lucha antidrogas e impulsar la cooperación internacional frente al narcotráfico.

Bolivia permitirá que la agencia antidrogas estadounidense instale oficinas en la capital para potenciar las operaciones de inteligencia y el intercambio de datos con organismos internacionales. Estas oficinas servirán de enlace, pero no implican la realización de operativos conjuntos ni la presencia de agentes estadounidenses en regiones críticas del país.

La decisión de reabrir oficinas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en La Paz fue confirmada por las autoridades tras una reunión en Washington entre el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel William Cabrera, y representantes estadounidenses. Según precisó el viceministro, el acuerdo se centrará en “inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional”.

El antecedente relevante es la expulsión de la DEA y del entonces embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008 por orden del expresidente Evo Morales, en medio de acusaciones de conspiración. Desde entonces, las relaciones diplomáticas en materia antidrogas quedaron suspendidas casi dos décadas.

Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, región central donde mantiene el apoyo de sus bases sindicales, mientras enfrenta un proceso penal. El exmandatario denunció públicamente la existencia de un supuesto plan coordinado entre la DEA y el Ejército boliviano para detenerlo. Esas acusaciones coinciden con señalamientos del Ejecutivo, que lo vincula con la financiación de protestas a través de fondos procedentes del narcotráfico.

El restablecimiento de la cooperación con la DEA ocurre en medio de una reorganización en la política antidrogas y tras recientes acciones relevantes. Destaca el arresto del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo, quien fue entregado después a las autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos para desmantelar la red de Marset en el país. Según el ministro de Gobierno, al menos 20 personas relacionadas con esa organización fueron detenidas en las últimas semanas.

Casi 18 años después de su expulsión, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos volverá a tener presencia en Bolivia. Según información del Gobierno, la agencia tendrá oficinas en La Paz desde donde coordinará acciones de cooperación contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, coronel William Cabrera, se reunieron la semana pasada con agentes de la DEA en Washington. En este encuentro se acordó trabajar en acciones de “inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional”.

“Vendrán dos personas de la DEA, más que todo para tener una presencia, probablemente en La Paz, trabajando tipo oficina, donde podremos nosotros colaborar o trabajar temas de inteligencia principalmente”, señaló Justiniano en una entrevista con el periódico El Deber.

El viceministro descartó la presencia de agentes estadounidenses en el Trópico de Cochabamba, una de las regiones donde se produce hoja de coca y que es a la vez el bastión sindical y político del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien expulsó a la DEA del país en el año 2008.

“Ojalá que en un futuro podamos compartir algún tipo de operaciones, pero no está contemplado en el plano inmediato”, señaló la autoridad y aclaró que “desmiente” rumores que sugieren la presencia actual de agencias internacionales en zonas productoras de coca.

En el encuentro de las autoridades de antinarcóticos con sus pares estadounidenses se abordaron temas relacionados con la red criminal de Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo que fue capturado en Bolivia el 13 de marzo.

Tras su aprehensión en un operativo en Santa Cruz de la Sierra, Marset fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos. En tanto, en Bolivia se realizan allanamientos y operativos para desmantelar su organización criminal.

Según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la red aún no ha sido desarticulada pese a que al menos 20 personas vinculadas han sido detenidas en las últimas semanas.

Desde que asumió el Gobierno hace seis meses, el presidente Rodrigo Paz anunció el retorno de la DEA a Bolivia, cuyos agentes y el entonces embajador estadounidense Philip Goldberg fueron expulsados por Morales en 2008, en medio de acusaciones de conspiración contra su gestión.

La relación bilateral con Estados Unidos forma parte de la estrategia de la administración de Paz para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional, en un contexto de cambios en la política de seguridad y lucha antidrogas en Bolivia.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en producción de hoja de coca, principal insumo para la producción de cocaína, solo por detrás de Colombia y Perú. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el territorio boliviano posee aproximadamente 31.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales sólo 22.000 se consideran legales.

El viceministro señaló que Bolivia trabaja actualmente con agregados policiales y agencias de seguridad de otros países, entre ellos Brasil, Paraguay, Argentina y España, para combatir el crimen organizado.

El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, William Cabrera, se reunieron este martes con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington para fortalecer la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.

Según informó el viceministro al canal Unitel, el tema central del encuentro fue “Sebastián Marset y la institución criminal que estaba detrás de él”.

De igual forma, señaló que en el país hay otras operaciones de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho sobre las que se está trabajando. En ese marco, el viceministro señaló que se coordinarán acciones con Estados Unidos y otros países, como Perú y Brasil, para el intercambio de información y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados de la región y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares, fue capturado en Bolivia la madrugada del 13 de marzo.

En un operativo policial realizado en la zona residencial de Las Palmas, en el centro de Santa Cruz de la Sierra, Marset fue detenido y trasladado al aeropuerto de Viru Viru, donde fue entregado a las autoridades de la DEA para su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.

Tras la captura, las fuerzas policiales bolivianas realizaron múltiples operativos y allanamientos para desarticular la red criminal que lideraba el uruguayo. Según información oficial, se secuestraron al menos 16 avionetas y vehículos blindados, y se intervinieron aeródromos y viviendas en las que operaba su organización.

Sin embargo, estas acciones fueron cuestionadas por la presunta sustracción de objetos de valor —como dinero en efectivo y joyas—, por reportes tardíos sobre la existencia de cajas fuertes y por contradicciones sobre la cantidad de personas aprehendidas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el 5 de mayo ante la Asamblea Legislativa que se había detenido a 55 personas, y tres días más tarde, el viceministro de Régimen del Interior, Hernán Paredes, señaló que eran 20.

Luego de la captura también se vivió una ola de violencia en Santa Cruz, donde se produjeron al menos seis asesinatos, algunos de los cuales estarían relacionados con la disputa por el control del territorio y la organización que lideraba Marset.

Entre las personas abatidas se encontraban personas con antecedentes criminales y algunos directamente vinculados con el uruguayo, como José Pedro R.V., quien presuntamente era piloto de la red, quien fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística a pocos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

Según la criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, los asesinatos ocurridos en las últimas semanas son una “consecuencia de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a otros líderes de su red.

“Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.

En lo inmediato, y más allá de los acuerdos de cooperación con la DEA y otras instancias, el Gobierno de Bolivia anunció la conformación de un grupo de élite con sede en Santa Cruz, enfocado en combatir el sicariato y la delincuencia organizada. Este grupo está compuesto por policías especializados en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Reciéntemente, el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano, Alfredo Guzmán Salazar, quienes lideran a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mantienen conversaciones desde hace un año aproximadamente con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada.

Dichas pláticas ocurren mientras la presión judicial y operativa contra sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López aumenta en ambos lados de la frontera.

Según el reporte del medio, dos fuentes familiarizadas con los casos señalaron que Iván Archivaldo y Alfredo han sostenido contacto con autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de varios de sus integrantes.

La publicación señala que una de las fuentes informó que las conversaciones entre los hermanos Guzmán Salazar y el gobierno de EEUU llevarían alrrededor de un año.

Versiones señalan que ambos habrían esperado observar primero cómo evolucionaban los acuerdos judiciales alcanzados por sus hermanos, presos en EEUU, antes de tomar una decisión.

¿Qué buscan Los Chapitos?

Los Chapitos buscan garantías para evitar morir durante operativos o evitar ser víctimas de ataques de grupos rivales. La guerra interna desatada dentro del Cártel de Sinaloa habría debilitado considerablemente a Los Chapitos, la facción que lideran.

Además, la publicación de Los Angeles Times recordó el episodio ocurrido en julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos luego de aterrizar en Nuevo México a bordo de una aeronave en la que viajaba también Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

De acuerdo con la versión presentada por El Mayo Zambada a través de su abogado, fue secuestrado por Guzmán López y, posteriormente, entregado a agentes estadounidenses. Tiempo después, Guzmán López alcanzó un acuerdo con fiscales federales en Chicago.

Cuánto ofrece EEUU por Los Chapitos que falta detener

Cabe destacar que el propio gobierno de EEUU ofrece una millonaria recompensa a quien les entregue información destacada para dar con el paradero de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, pues los considera objetivos prioritarios.

Hace casi un año, en agosto de 2025, el gobierno estadounidense dio a conocer que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcionara información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El mismo mes de agosto del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a la detención o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermano de Iván Archivaldo.

Más de 25 personas enfrentan cargos federales en Estados Unidos tras un operativo nacional dirigido al Tren de Aragua (TdA), organización criminal designada como terrorista extranjera y originaria de Venezuela. Las autoridades incautaron 80 armas de fuego, 18 kg de drogas y USD 100.000, según el comunicado de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia informó que presentó cargos en seis distritos judiciales: Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington. La operación involucró a personas de Venezuela, Colombia y Honduras y forma parte de una campaña para desmantelar redes de narcotráfico, tráfico de armas y delitos violentos ligados a TdA.

Desde enero de 2025, el gobierno ha procesado 260 miembros y asociados de la banda en tribunales federales.

Quiénes son los acusados y cuáles son los cargos

Las personas detenidas provienen principalmente de Venezuela, Colombia y Honduras. Según la DEA, la mayoría ingresó al país de manera irregular y enfrenta acusaciones por tráfico y posesión de armas de fuego, narcotráfico, conspiración para delinquir y delitos violentos.

El operativo permitió confiscar armas de alto calibre, municiones y drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis, ketamina y Tusi. Parte de los procesados vendió armas con números de serie borrados a agentes encubiertos, como explicó la agencia federal antidrogas DEA en su informe.

Cómo operaba el Tren de Aragua en Estados Unidos

Las autoridades federales describen a TdA como una organización que extendió su red criminal desde Venezuela hacia Norteamérica, participando en asesinatos, extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero. El grupo utilizaba la violencia y el miedo para controlar territorios y sostener actividades ilícitas.

En estados como Tennessee y Florida, los acusados coordinaban ventas de armas y drogas, y mantenían vínculos con otras facciones criminales, como “Anti-Tren”. Algunos de los procesados también participaron en robos armados y ataques con armas de fuego, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuándo y dónde se realizaron los operativos

La operación más reciente se realizó en mayo de 2026 y abarcó varios estados, con epicentros en Colorado y Tennessee. Las investigaciones siguen activas y las autoridades anticipan nuevas detenciones conforme avanza la colaboración entre agencias federales y estatales.

Desde enero de 2025, la administración actual intensificó su ofensiva contra el crimen transnacional, centrando esfuerzos en organizaciones como el Tren de Aragua. Este trabajo conjunto involucra a la agencia federal antidrogas DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Task Force).

Por qué esta operación es relevante para la seguridad nacional

La ofensiva contra el Tren de Aragua busca frenar la expansión de una organización criminal con un modelo operativo basado en narcotráfico y violencia sistemática. El director interino de la DEA, Terrance Cole, afirmó: “TdA alimenta la inestabilidad y pone en riesgo a comunidades de todo Estados Unidos. Aprovechamos la fuerza integral del gobierno federal para proteger y salvaguardar nuestra nación”.

El director de la ATF, Robert Cekada, señaló la relación directa entre el tráfico de armas y la violencia urbana: “La incautación de armas y narcóticos peligrosos demuestra la conexión crítica entre el tráfico ilegal de armas y la violencia relacionada con las drogas”.

Qué consecuencias legales enfrentan los procesados

Los acusados podrían recibir penas de hasta cadena perpetua si los tribunales los hallan culpables de asociación delictiva, homicidio y tráfico de drogas. El proceso judicial involucra a fiscales federales y jueces en seis distritos, quienes decidirán el destino de los implicados conforme avancen las investigaciones.

Entre los cargos presentados figuran la conspiración para distribuir sustancias controladas, delitos con armas de fuego y participación en organizaciones criminales. La autoridad judicial recordó que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Qué acciones adicionales están previstas

La Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones en varios estados y prevé nuevas acusaciones conforme se reúnan más pruebas y testimonios. Las agencias federales informan que la coordinación entre organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para enfrentar el crimen organizado de origen extranjero.

El informe de la DEA detalla que Estados Unidos empleará todos los recursos legales y policiales para debilitar y eliminar la influencia del Tren de Aragua dentro y fuera del país, con el objetivo de proteger a la población y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas.

Un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de cuatro hombres que transportaban un millonario cargamento de ketanol, un medicamento utilizado como insumo principal para la fabricación de drogas sintéticas como ketamina, “gato” y “tusi”. Las acciones policiales se desarrollaron en la madrugada de este 7 de mayo cerca del peaje de la Ruta 32, en la vía que conecta Limón y San José, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaba destinado inicialmente a San José y posteriormente sería trasladado a zonas costeras, especialmente Jacó, para su distribución en el mercado ilícito. Según el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el valor de las sustancias incautadas podría superar los ₡10 millones (21,897,40 dólares) en el mercado ilegal. Además del ketanol, las autoridades decomisaron marihuana, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y diversas joyas en poder de los detenidos. Los sujetos, identificados por sus apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, permanecen bajo investigación mientras se determina la estructura criminal responsable del traslado y procesamiento de estas sustancias.

La modalidad de tráfico de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes sintéticos representa una tendencia en aumento en Costa Rica, según las fuentes oficiales. El “tusi”, también conocido como “cocaína rosada”, y el “gato” o “keta” son drogas sintéticas cuya fabricación requiere compuestos como el ketanol, cuya circulación y uso están estrictamente regulados por la legislación nacional e internacional.

Contexto legal: cargos y penas aplicables en Costa Rica

El marco jurídico costarricense es claro respecto a los delitos vinculados con la producción, el tráfico y la distribución de drogas sintéticas o sus precursores. Tanto el Código Penal como la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas (Ley 8204) establecen sanciones severas para quienes, sin autorización legal, distribuyan, comercien, suministren, fabriquen, elaboren, refinen, transformen, extraigan, preparen, cultiven, produzcan, transporten, almacenen o vendan drogas, sustancias o productos relacionados, así como a quienes posean estos insumos con fines ilícitos.

En particular, el artículo 58 de la Ley 8204 dispone que la pena de prisión para estos delitos oscila entre ocho y quince años, aplicable tanto para el tráfico como para la fabricación, el transporte y el almacenamiento ilegal de sustancias controladas o precursores químicos. Esta normativa incluye, además, la posesión sin autorización de insumos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Las penas pueden agravarse en función de la cantidad de sustancia, la participación en organizaciones criminales o la reincidencia.

El Código Penal de Costa Rica también contempla en su artículo 50 y siguientes la imposición de penas principales y accesorias, como prisión, multa e inhabilitación, así como medidas complementarias como el decomiso de bienes y utilidades provenientes de actividades ilícitas. El límite máximo de prisión en el país es de cincuenta años, y en casos de concurso material de delitos, el juez puede acumular las penas hasta el triple de la mayor, sin exceder este tope.

Para la persecución penal de estos delitos no se requiere denuncia previa, ya que son considerados de acción pública. Además, la ley costarricense prohíbe cualquier tipo de comercio, industrialización, transporte o manipulación de estas sustancias fuera de los límites estrictamente autorizados para fines médicos o de investigación. El tráfico y la producción de drogas sintéticas, así como la tenencia de precursores con fines ilícitos, son tipificados como delitos graves, con penas privativas de libertad que reflejan la gravedad de la amenaza que representan para la salud pública y la seguridad nacional.

El caso de los cuatro detenidos con un cargamento de ketanol en Costa Rica pone en evidencia la sofisticación y alcance de las redes criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región. La legislación costarricense, a través de la Ley 8204 y el Código Penal, contempla penas de entre ocho y quince años de prisión para quienes sean encontrados culpables de estos delitos, con posibilidad de agravantes si se demuestra participación en estructuras organizadas o reincidencia. La investigación continúa mientras las autoridades buscan desmantelar la organización y evitar la proliferación de estupefacientes sintéticos en el país.

Una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) captó en grabaciones a dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia mientras pactaban envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en sociedad con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación revelada por Noticentro1, la operación detectó el involucramiento directo de uniformados en las transacciones y logística del narcotráfico internacional, lo que revela el alcance de la infiltración de redes criminales en las instituciones de seguridad y anticipa un proceso judicial sin precedentes en la cooperación entre ambos países.

La indagación comienza en julio de 2023, cuando el organismo norteamericano documentó la incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Amberes (Bélgica), tras el seguimiento minuto a minuto del envío ilegal desde Colombia, incluido el detalle de los contenedores y embarcaciones, según los documentos enviados a la justicia colombiana y citados por el noticiero nacional.

“Las autoridades del orden público llevaron a cabo vigilancia antes, durante y después de ambas reuniones entre sujeto indagado y testigo cooperante 1”, añadieron.

Este decomiso singulariza la magnitud operativa de las alianzas entre funcionarios y carteles, y constituye la base del proceso judicial en marcha, según explicó la DEA.

La investigación iniciada por la DEA halló que al menos dos oficiales, uno de ellos identificado como el mayor Andrés Osorio, formaban parte de la nómina tanto del Clan del Golfo como de Los Pachenca (también conocidos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Acsn).

“Estaba brindando servicios a algunas de las Organizaciones de Tráfico de Droga más grandes de Colombia, conocidas por importar cocaína a los Estados Unidos”, destacó la DEA.

De acuerdo con los documentos remitidos a tribunales colombianos, Osorio y otro uniformado utilizaban su posición para facilitar el paso de grandes cargamentos de droga, operando en favor de organizaciones criminales conocidas por enviar cocaína a Estados Unidos.

“Se comunicaba directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de droga y, para su beneficio financiero personal, usaba su posición de confianza pública y procesos legales en Colombia para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia en nombre de otras Organizaciones de Tráfico de Droga”, destacó la DEA en el informe.

Durante las conversaciones intervenidas por la DEA, Osorio expresó abiertamente su intención de expandir el alcance de la estructura delictiva. “Quiero hacer crecer la organización criminal y podemos llegar a ser imparables”, manifestó el alto oficial en las conversaciones reveladas por el medio citado.

De igual forma, la DEA indica que, durante las conversaciones grabadas, se coordinó el envío adicional de tres toneladas de cocaína desde Colombia, además del cargamento incautado en Bélgica.

“En una conversación grabada, sujeto indagado explicó que los propietarios de la cocaína querían que los oficiales corruptos facilitaran el despacho de tres toneladas de cocaína desde Colombia adicionales”, destacó la agencia estadounidense.

Los agentes demostraron con estas pruebas cómo los funcionarios aprovechaban su capacidad de controlar procesos administrativos y de seguridad portuaria para el beneficio económico personal y de las bandas.

Este testimonio, junto con las evidencias materiales, refuerza la hipótesis de que los oficiales aportaban al desarrollo logístico y estratégico del tráfico internacional.

Esta estructura ilegal también generó una fortuna para los implicados: sus bienes, valorados en miles de millones de pesos, están bajo evaluación de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano avaló la extradición de uno de los oficiales implicados en la red ilegal para que responda ante la justicia internacional por sus delitos.

Las diligencias se centran en identificar a quienes, además de Osorio, formaban parte de la red de complicidad interna, con el propósito de desarticular los canales de corrupción utilizados por los carteles para asegurar el tránsito de droga a destinos internacionales.

Las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía evidencian la colaboración sistemática entre agentes del orden y narcotraficantes para el envío de cargamentos a gran escala, el manejo de recursos financieros derivados del tráfico ilícito y la puesta en marcha de mecanismos para burlar los controles legales en los puertos de Colombia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, de haber colaborado con “Los Chapitos” en el secuestro y asesinato de Alexander Meza León, informante de la DEA, en octubre de 2023.

Según la acusación, el mando policial habría recibido sobornos mensuales y facilitado la operación que terminó con la ejecución de Meza y otras 7 víctimas, según la acusación difundida este 29 de abril.

La investigación oficial detalla que Valenzuela Millán habría recibido al menos 30 mil pesos de Los Chapitos cada mes a cambio de permitir que el grupo criminal utilizara recursos y agentes de la Policía Municipal para sus operaciones.

Más de 40 elementos de la corporación también recibieron pagos, según documentos judiciales. El caso se procesa en el Distrito Sur de Nueva York.

Esta nueva acusación reveló que el 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo las órdenes de Valenzuela Millán detuvieron a Meza León y a uno de sus familiares en Culiacán y los entregaron a sicarios de "Los Chapitos".

Cabe señalar que “Néstor Isidro Pérez Salas, alias ”El Nini" fue acusado por la muerte de Meza León cuando se encontró con la justicia estadounidense.

Según la información atribuida a la investigación de la DEA y el Departamento de Justicia, la represalia se debió a que Meza León colaboraba con autoridades estadounidenses en investigaciones sobre el tráfico de drogas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus asociados.

La comunicación entre los involucrados se realizó por medio de teléfonos celulares para coordinar los secuestros y asesinatos, indicaron autoridades de EEUU.

Hasta el momento no se han revelado fotos de “Juanito”, pero se sabe que es un hombre de 35 años.

La muerte de las 8 personas, incluido Alexander Meza

En octubre de 2023, un comando armado, presuntamente bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, privó de la libertad en Culiacán a las siguientes personas:

• Alexander Meza León
• Germán Alexis Beltrán Gutiérrez
• Jesús Alberto Chaidez Beltrán (de 13 años)
• Alberto León Mendoza
• Joel Alejandro León Valenzuela
• Alexis Alberto Meza León
• Abel Ruiz Beltrán
• Kevin Aly Sarmiento Zavala
• Tres personas más cuya identidad permanece reservada (sobrevivientes)

La mañana del 28 de octubre, tras un operativo federal que incluyó patrullajes aéreos y terrestres, los cuerpos de ocho víctimas fueron localizados en calles de Tamazula, Durango, con huellas de violencia.

Junto a los restos fue hallada una cartulina con el mensaje: “Por sapos”, lo que reforzó la versión de que el crimen fue un acto de venganza relacionado con la colaboración Alexander Meza con autoridades estadounidenses.

Sobornos y acceso a recursos municipales

El Departamento de Justicia sostiene que Juan Valenzuela Millán operó como enlace entre “Los Chapitos” y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024.

Durante ese tiempo, se señala que permitió el uso de patrullas, información y apoyo logístico oficial para operaciones del cártel, incluida la localización y captura de personas.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Juan Valenzuela Millán recibía un soborno mensual de 30 mil pesos.

La acusación indica que los pagos mensuales garantizaban acceso irrestricto a la estructura y recursos de la policía local.

Cargos en Nueva York y consecuencias legales

El proceso contra Valenzuela Millán se lleva en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

La acusación detalla el uso del correo, medios e instalaciones de comercio internacional para cometer los crímenes, lo que permitió que la corte estadounidense asumiera jurisdicción.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, Juan Valenzuela Millán enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad de los delitos imputados, incluido el asesinato del colaborador de la DEA.

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a un familiar de esta persona, en un caso donde autoridades de Estados Unidos acusan a funcionarios de alto rango, incluidos actuales líderes políticos de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de drogas hacia ese país.

Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de secuestro con resultado de muerte.

La acusación sostiene que Millán habría recibido pagos mensuales de más de USD mil 600 (más de 28 mil pesos) por parte de la célula de los Chapitos a cambio de garantizar protección y acceso a la corporación policial.

La justicia federal de Estados Unidos señala que en octubre de 2023, Millán habría usado sus atribuciones dentro de la policía para coordinar el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes fueron torturados y asesinados. El motivo habría sido la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

La acusación formal, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, implica a funcionarios activos y ex funcionarios sinaloenses. Entre los mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares y Enrique Díaz Vega, además de altos ex mandos policiacos como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos, principalmente hacia Estados Unidos.

El caso alcanza a funcionarios en activo y ex altos mandos de Sinaloa

El expediente criminal, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, es la continuación de una serie de cargos emitidos desde 2023. Las autoridades estadounidenses atribuyen al menos 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, entre ellos miembros de la dirección principal, por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y por haber afectado de manera directa las operaciones del cártel.

Según la acusación, algunos ex funcionarios habrían participado de modo directo en hechos de violencia y represalias ordenadas por la organización criminal. En el caso de Millán, además de operar desde la policía municipal, habría utilizado a otros agentes como parte de la estructura de apoyo al narco, realizando arrestos, secuestros y asesinatos para mantener el control territorial en Culiacán bajo la tutela de los Chapitos.

Acusaciones por narcotráfico, armas y violencia en Culiacán

Los cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, así como secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer este delito. En Estados Unidos, los delitos que se le imputan conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las pruebas presentadas por el Distrito Sur de Nueva York sostienen que el pago mensual a Millán, entregado por la facción de los Chapitos, era a cambio de garantizar un acceso “ilimitado” a la corporación policiaca de Culiacán. Esta complicidad habría facilitado labores de vigilancia, protección de cargamentos, así como operaciones de represión violenta contra presuntos informantes o rivales del cártel.

Por otra parte, la inclusión de funcionarios civiles, como el actual gobernador y miembros recientes de la administración del estado, coloca a la estructura del gobierno de Sinaloa bajo un intenso escrutinio internacional en materia de infiltración por el narco. Las autoridades estadounidenses acusan que la colaboración de estos funcionarios permitió sostener el tráfico internacional de drogas a gran escala y dificultó los esfuerzos de persecución de las agencias norteamericanas.

Estado de la acusación y alcances judiciales

El caso permanece bajo jurisdicción de la corte federal en Nueva York, donde se suma a una cadena de investigaciones que buscan desarticular las redes de connivencia entre autoridades mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Desde 2023, la fiscalía de dicho distrito ha presentado más de una treintena de acusaciones formales similares, dirigidas a desmantelar la protección institucional del narcotráfico sinaloense.

Las autoridades estadounidenses, representadas por Jay Clayton como fiscal federal y Terrance C. Cole de la DEA, insisten en que el involucramiento de altos mandos policiacos y gubernamentales representa uno de los principales obstáculos en el combate binacional al tráfico de drogas y a la violencia derivada de las pugnas internas por el control de la plaza en Sinaloa.

Según el expediente judicial, la pena de cadena perpetua es obligatoria en caso de una sentencia condenatoria para Juan Valenzuela Millán.

• Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la DEA y a un familiar en represalia por colaborar con autoridades estadounidenses.
• Las acusaciones incluyen a funcionarios activos y ex funcionarios estatales, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
• El expediente presentado en Nueva York contempla más de 30 acusaciones similares contra miembros y aliados del cartel desde 2023.

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua durante un operativo que el gobierno federal desconocía ha generado una polémica sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que la intervención fue con la autorización de la gobernadora panista María Eugenia Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. Hecho que representa una violación a la soberanía, según la mandataria federal.

En medio de este clima político, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló, desde su cuenta oficial en ‘X’ que el Movimiento de Regeneración (Morena) rechaza la cooperación con el gobierno que encabeza Donald Trump a través de “un falso escudo de nacionalismo y la supuesta defensa de la soberanía; los Morenonarcos se alejan de Estados Unidos. No por dignidad, ni patriotismo, sino por miedo”.

Motivos ocultos para que Morena rechace la cooperación con EEUU en materia de seguridad

De acuerdo con el líder del tricolor, el rechazo que tienen los militantes de Morena (partido con el que Sheinbaum llegó a la presidencia) para trabajar conjuntamente con las agencias de inteligencia norteamericanas como la CIA, la DEA y el FBI se debe a que temen ser investigados por sus vínculos con el narcotráfico.

“Saben que, tarde o temprano, la investigación tocará a sus puertas. Están muertos de miedo todos los narcopolíticos de Morena”, señaló Alejandro Moreno.

El senador lanzó una advertencia a los políticos que militan en el partido guinda: “Pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado”.

De acuerdo con el priista, Morena se niega a cooperar con Estados Unidos “no porque amen a México, sino porque temen a la justicia”, y esto, según Moreno Cárdenas, representa un gobierno que le teme “más a la verdad que al crimen”.

Políticos señalados por presuntos nexos con el narcográfico

En agosto de 2025, Infobae México reportó que el nombre de once funcionarios públicos revelados por la plataforma narcopoliticos.com, creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas junto con la organización civil Defensorxs, donde se acusa a estos políticos de estar presuntamente vinculados con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre ellos, se mencionó a:

Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en el portal por presuntamente haber trabajado primero con Los Zetas (hoy Cártel del Noreste) y, tras una supuesta traición, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La plataforma asegura que en enero de 2015 la entonces PGR presentó una acusación por el desvío de $209 millones durante la gestión de Gallardo como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El medio Diario 24 Horas señala que la investigación original habría abarcado una red de vínculos entre Gallardo y Los Zetas, hipótesis retomada más tarde por la UIF al analizar posibles transferencias de recursos hacia la organización criminal. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada judicialmente.

Entre la documentación figuraron referencias aportadas por los Guacamaya Leaks para el periodo 2016-2022. Allí, la Secretaría de la Defensa Nacional notificó sobre la supuesta relación de Gallardo con el CJNG. Al mismo tiempo, el Cártel del Noreste ha colocado narcomantas en las que advierte al gobernador por la presunta traición.

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán y militante de Movimiento Ciudadano, figura en la lista por supuestos nexos con el CJNG. Según narcopoliticos.com, en diciembre de 2024 la funcionaria encabezó el aniversario 193 del municipio, evento durante el cual se repartieron juguetes donados por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La entrega fue acompañada de una lona donde podía leerse: “Los niños de Coalcomán agradecemos al sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos”. El fiscal de Michoacán informó el 15 de enero que Anavel Ávila Castrejón está bajo investigación por participar en estos actos públicos.

Entre los gobernadores señalados está también Rubén Rocha Moya, titular del ejecutivo en Sinaloa por Morena. La plataforma, citada por Infobae México, alega que Rocha Moya tiene una “ficha roja” en Estados Unidos relacionada con El Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Esta ficha estaría motivada por la supuesta relación del gobernador con ese grupo tras la muerte de Héctor Melesio Cuén en julio de 2024, ocurrida durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo líder del cártel.

El sitio sostiene que Rocha Moya habría utilizado la estructura del Cártel de Sinaloa para lograr la gubernatura y consolidar su votación. Una carta atribuida a Zambada señala que se había convocado a una reunión para dirimir diferencias entre figuras políticas sinaloenses, reunión a la que estarían citados Iván Archivaldo Guzmán, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desde una torre de 21 pisos en Ciudad Juárez opera la Plataforma Centinela, un sistema que, según las autoridades, concentra 10 mil cámaras, 75 drones, lectores de placas y reconocimiento facial para vigilar ciudades, carreteras y cruces fronterizos en tiempo real.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación entre México y Estados Unidos. A semana de que trascendiera que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua —en una operación que el gobierno federal desconocía—, Chihuahua presenta una plataforma cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP coordinando operativos en la franja fronteriza.

La infraestructura, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, se posiciona, según sus impulsores, como la torre de seguridad más equipada de América Latina.

Tres pisos, tres niveles de respuesta

La Torre Centinela no es solo una sala de monitoreo. Su arquitectura operativa revela cómo funciona la cadena de mando:

• Piso 16: personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) monitorea en tiempo real las miles de cámaras distribuidas en el estado.
• Piso 17: el equipo de inteligencia policiaca revisa imágenes hacia atrás para reconstruir hechos delictivos.
• Piso 18: cuando un caso tiene implicaciones federales o binacionales, se activa la coordinación con FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP y DEA, todos con presencia física en ese nivel.

La lógica es escalar la información según su complejidad, no duplicarla.

Qué puede ver y rastrear el sistema

Las 3 mil cámaras tipo PTZ —que rotan, hacen zoom y amplían su campo de visión de forma remota— permiten a los agentes obtener imágenes claras antes de intervenir en un sitio. Las mil 791 lectoras de placas registran cada vehículo que cruza zonas estratégicas y carreteras.

Con un número de placa, el sistema rastrea en segundos cuándo y por dónde pasó un vehículo, quién lo conduce y qué ruta siguió. Incluso detecta matrículas sobrepuestas: si la placa no corresponde con el número de serie del vehículo, el sistema lanza una alerta automática.

A eso se suman 75 drones para zonas de difícil acceso y sistemas antidrones para neutralizar aeronaves usadas por grupos criminales, obligándolas a aterrizar o regresar a su punto de origen.

Los “escorpiones”: centros de mando sobre ruedas

Uno de los elementos menos conocidos de la plataforma son las unidades llamadas escorpiones: vehículos que funcionan como centros de mando móviles con videovigilancia, lectores de placas y reconocimiento facial incorporados. Operan con paneles solares o generadores, sin necesidad de personal permanente en el sitio.

Fueron desplegados, por ejemplo, en Cerocahui, localidad de la Sierra Tarahumara sin redes de comunicación, tras el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022.

13 subcentros y la red que cubre el estado

La Torre Centinela no opera sola. Se alimenta de 13 subcentros distribuidos estratégicamente en Chihuahua, desde la franja fronteriza hasta la sierra. Actualmente 11 están en operación y cada uno extiende su cobertura a municipios colindantes, reduciendo tiempos de respuesta y cerrando los puntos ciegos del territorio.

El objetivo declarado por Gilberto Loya, secretario de la SSPE, es que ningún punto del estado quede fuera del alcance de esta red.

Una operación conjunta entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió la detención de cinco integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales en la provincia de Limón, Costa Rica.

Los arrestos tuvieron lugar tras un año de investigación, centrada en la comunidad de Cahuita, donde los agentes realizaron ocho allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al grupo, incluyendo un hotel, un bar, una empresa de prefabricados de concreto y varias viviendas, según medios costarricenses como Diario Extra, AM Prensa y La Teja.

De acuerdo con la información oficial, la estructura criminal utilizaba negocios formales y bienes de alto valor para legitimar el dinero proveniente del narcotráfico. Entre las principales estrategias detectadas por las autoridades figura la adquisición de vehículos de lujo y la inversión en empresas y hospedajes, que servían como fachadas para canalizar y ocultar el origen ilícito de sus recursos. El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó ante medios de Costa Rica que estos esquemas responden a patrones típicos de legitimación de capitales, donde los sospechosos buscan introducir recursos ilegales en la economía formal mediante compras e inversiones.

La operación, según los medios costarricenses, resultó en la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes según las investigaciones mantenían el control de la venta local de drogas a través de varios puntos de distribución. Entre los detenidos se encuentra Carlos Vaz Mc Leod, empresario de 46 años, señalado como presunto líder de la organización y conocido por sus vínculos con alias “Pecho de Rata”. Vaz fue arrestado en Cahuita el martes 21 de abril y permanece bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

Las pesquisas revelaron que esta banda operaba inicialmente como una facción del llamado “Cártel Caribe”, liderado por “Pecho de Rata”, y posteriormente se independizó tras la captura de ese cabecilla. El grupo utilizaba la fachada de empresas comerciales para facilitar el funcionamiento de la organización, permitiendo el control de los puntos de venta de droga en la zona y desviando la atención de las autoridades sobre el origen del dinero.

Entre la evidencia decomisada durante los allanamientos figuran armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, drogas y documentación relevante para la investigación. Los agentes continúan el rastreo y aseguramiento de bienes que podrían estar relacionados con las actividades ilícitas de la organización, según los medios de Costa Rica.

El caso sigue en investigación y las autoridades no descartan futuras detenciones, ya que se mantienen en curso diligencias para ubicar a otros sospechosos vinculados con la estructura criminal. Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como objetivo debilitar las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico y la legitimación de capitales, al afectar los mecanismos que utilizan para ocultar y reinvertir el dinero generado por estas actividades.

La investigación también permitió identificar que el líder detenido, Carlos Vaz, figuró en el pasado como fiscal de un partido político limonense, el Partido Auténtico Limonense, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, reportes oficiales señalan su presencia en incidentes violentos ocurridos en la región en años anteriores.

Tanto el operativo como la investigación han sido coordinados por el Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ y autoridades internacionales, quienes han destacado la importancia de frenar el flujo de recursos ilícitos para combatir el narcotráfico y sus redes de lavado de dinero.

La designación de 23 individuos y empresas por parte de las autoridades de Estados Unidos reveló este jueves una sofisticada red de tráfico de precursores químicos, cruciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.

Entre las personas arrestadas destaca el caso de Karina Guadalupe C.T, señalada por la DEA como una de las líderes femeninas más influyentes en la logística de precursores del Cártel de Sinaloa. Su detención en marzo de 2026, tras meses de seguimiento, expone la creciente relevancia de mujeres en posiciones clave dentro de la estructura criminal.

Karina C.T y su liderazgo en la logística del CDS

El papel de Carrillo Torres ha sido descrito como estratégico: supervisaba cadenas de suministro, gestionaba empresas fachada y facilitaba la compra internacional de químicos procedentes principalmente de Asia. De acuerdo con fuentes oficiales, la detenida mantenía vínculos directos con integrantes de alto rango del cártel, actuando como nexo entre proveedores extranjeros y laboratorios mexicanos.

A raíz de los hechos, la presencia femenina en la operación logística del narcotráfico químico no es un hecho aislado. Las mujeres han pasado de ocupar roles tradicionalmente secundarios a ocupar posiciones de liderazgo en áreas de administración, transporte y lavado de activos. Este cambio responde, en parte, a la necesidad de sofisticar las operaciones y reducir la visibilidad ante las autoridades.

El Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como la organización criminal transnacional más grande del mundo, ha diversificado su estructura interna para adaptarse a la presión internacional. La red abarca más de 40 países y emplea a decenas de miles de personas, con una capacidad operativa que va desde la producción de fentanilo y metanfetamina hasta la distribución global y el blanqueo de capitales.

Tras la detención de líderes históricos como Ismael “El Mayo” Zambada-García y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cártel ha experimentado una fragmentación en facciones como “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Este contexto ha favorecido la emergencia de nuevos actores, incluidas mujeres, en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Empresas fachada y redes internacionales: la sofisticación logística

El arresto de Carrillo Torres ilustra cómo las mujeres han accedido a la gestión de empresas pantalla, clave para ocultar movimientos financieros y adquisición de insumos prohibidos. Expertos señalan que su perfil combina discreción, capacidad de negociación y una red de contactos internacionales, lo que les permite evadir controles y sostener el flujo de precursores esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han detectado la utilización de negocios fachada para el tránsito de productos químicos, frecuentemente camuflados en cargamentos legales. La participación femenina en la administración de estas empresas ha contribuido a diversificar los métodos de ocultamiento y a fortalecer la resiliencia de la red criminal.

El Cártel de Sinaloa ha perfeccionado sus canales de importación de precursores, principalmente desde China e India, para abastecer laboratorios en el norte y occidente de México. La logística involucra múltiples capas de intermediarios, transportistas y operadores financieros, entre los que cada vez es más frecuente la presencia de mujeres con formación en comercio internacional y finanzas.

Esta sofisticación ha permitido al cártel mantener la producción a pesar de los esfuerzos internacionales para restringir el acceso a químicos esenciales. La reducción de la pureza del fentanilo detectada en los últimos años estaría relacionada con estas restricciones, aunque la organización ha logrado compensar esas limitaciones mediante innovación química y nuevas rutas de suministro.

En el caso de las mujeres líderes, como Carrillo Torres, su papel no se limita a la importación de insumos. También coordinan la distribución interna y la reconversión de empresas, lo que facilita el reciclaje de ganancias ilícitas en el sistema financiero legal. Esta capacidad de adaptación ha sido reconocida por autoridades estadounidenses como uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico.

Desafíos para la DEA y el futuro del liderazgo femenino del CDS

El Cártel de Sinaloa ha expandido su alcance más allá de las fronteras mexicanas, consolidando alianzas con redes criminales globales y utilizando mecanismos avanzados de lavado de dinero. El empleo de criptomonedas, bancos subterráneos y empresas fachada ha complicado la trazabilidad de los flujos financieros, una tarea en la que la intervención femenina ha resultado determinante.

Según la DEA, el impacto del cártel en Estados Unidos es devastador: la organización es responsable directa de buena parte de las más de 84 mil muertes por sobredosis registradas en 2024, principalmente a causa de fentanilo y metanfetamina. El uso de redes sociales y mensajería instantánea ha facilitado la distribución y el reclutamiento de nuevos integrantes, incluso adolescentes.

El avance de mujeres en la estructura logística del narcotráfico responde, según los hechos, a una combinación de factores: la necesidad de diversificar perfiles, el aumento de controles sobre operadores masculinos y la percepción de menor sospecha por parte de autoridades. Esta tendencia ha generado una nueva dinámica interna y ha obligado a las agencias antidrogas a replantear sus estrategias de investigación.

La detención de las 23 personas, con la inclusión de figuras femeninas en puestos clave, evidencia la evolución del Cártel de Sinaloa hacia una estructura más compleja y menos predecible. Las investigaciones continúan, y las autoridades esperan que estos arrestos permitan desmantelar nuevas células y revelar la profundidad de la participación femenina en el tráfico de precursores.

El nuevo rol de las “buchonas” en la estructura criminal

En los últimos años, el término “buchona” ha pasado de referirse únicamente a las parejas de narcotraficantes, a designar a mujeres con roles cada vez más activos dentro de las organizaciones criminales mexicanas. Según la tesis de Alejandra León para El Colegio de la Frontera Norte, estas mujeres moldean su imagen para encajar con los estereotipos de la narcocultura, pero su función va mucho más allá de la apariencia.

El especialista en seguridad Ghaleb Krame sostiene que el papel de las buchonas ha evolucionado: ya no se limita al acompañamiento, sino que abarca tareas operativas como mensajería financiera, intermediación y exploración para las células criminales. Krame describe casos en los que estas mujeres viajan con pasaportes limpios, hablan inglés y pasan desapercibidas, convirtiéndose en piezas clave para la logística y la negociación.

Para Krame, la imagen mediática de la buchona como “la novia del narco” es solo la superficie. Las organizaciones criminales valoran su capacidad de operar con bajo perfil y de utilizar lo que el experto llama “poder blando”. Una mujer con visa limpia y disciplina puede resultar más útil que un grupo de hombres armados, facilitando operaciones sensibles sin levantar sospechas.

El fenómeno incluso ha llegado a la política, con buchonas participando en campañas locales o aspirando a cargos públicos. Este cruce entre lo criminal y lo político fortalece una red narco-estado donde el respaldo económico y la intimidación silenciosa consolidan su influencia. La estética y el poder ya forman parte del mismo engranaje, donde la mujer no es solo acompañante, sino un nodo esencial para el funcionamiento del cartel.

El caso de Karina Guadalupe C.T se perfila como un punto de referencia en el análisis de género dentro del crimen organizado. Su arresto, lejos de ser un hecho aislado, anticipa el surgimiento de nuevas liderazgos femeninos en la logística criminal, una tendencia que podría reconfigurar el mapa del narcotráfico en los próximos años.

Un piso completo del edificio de seguridad más moderno de Chihuahua estaría destinado a operar como búnker permanente de agentes extranjeros. El nivel 18 de la Torre Centinela —sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Ciudad Juárez— habría sido asignado a personal de la DEA, FBI, HSI y CBP, de acuerdo con declaraciones del director de la corporación policiaca estatal, Gilberto Loya Chávez.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación México-Estados Unidos: apenas días después de que se revelara que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua, en una operación que el gobierno federal asegura desconocía.

Qué harían las agencias de EU desde la Torre Centinela

Según Loya Chávez, la presencia estadounidense en el edificio se limitaría a tareas de análisis e intercambio de inteligencia:

• Analistas y personal técnico de DEA, FBI, HSI y CBP operarían desde el piso 18
• El esquema también contemplaría la participación de Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional
• El acuerdo habría sido gestionado desde octubre pasado
• Las agencias no realizarían trabajo policiaco en campo, según las autoridades estatales

“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, declaró el funcionario.

El edificio que ya operaría —y lo que aún faltaría autorizar

La Torre Centinela habría arrancado operaciones el lunes pasado con 150 trabajadores distribuidos en los pisos 13, 14 y 15, dedicados a inteligencia, análisis táctico y videovigilancia, según el vocero de la dependencia, Jorge Armendáriz.

El centro de fusión concentraría tecnología de punta para investigar:

• Tráfico de migrantes y armas
• Narcotráfico
• Delincuencia organizada

Sin embargo, el propio director Loya reconoció que los procesos formales aún no habrían concluido: “en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”, dijo.

El nudo legal: soberanía y líneas que no deben cruzarse

La declaración del funcionario chihuahuense expone una tensión que ya tiene nombre propio en el debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con una agencia extranjera —en referencia al episodio de la CIA— sin notificar a la Cancillería, en posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.

Esa misma ley sería la que el estado de Chihuahua deberá cumplir para formalizar la presencia de las agencias en la Torre Centinela. Por ahora, las autoridades estatales aseguran que la colaboración en curso sería suficiente bajo sus facultades locales —una interpretación que, a la luz del conflicto diplomático reciente, el gobierno federal podría no compartir.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un toque de queda nocturno en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en otras provincias y localidades estratégicas, a partir del 3 de mayo.

La restricción, que busca contener el avance del narcotráfico y reducir la violencia, estará vigente hasta el 18 de mayo y limitará la circulación desde las 23:00 hasta las 5:00.

La medida, que abarca nueve provincias y varios municipios, se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero y recientemente prorrogado para hacer frente al aumento de la criminalidad.

Noboa subrayó que la decisión responde a la necesidad de “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia estatal en los territorios priorizados”.

El gobierno aspira a replicar los resultados de operativos anteriores, que incluyeron detenciones, decomisos de armas y la destrucción de pistas clandestinas usadas por organizaciones criminales.

El toque de queda afectará a Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de zonas específicas en Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

La prohibición de circulación nocturna se suma a la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo coordinado con fuerzas de seguridad para intensificar los controles.

Las autoridades justificaron la orden al señalar que Ecuador es actualmente un punto clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, ya que por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.

Esta situación ha alimentado una escalada de violencia que posicionó al país con uno de los índices de homicidios más altos de la región: en 2025 se registraron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 9.300 homicidios el año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado su respaldo a la política de mano dura implementada por Noboa. Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas. Según la embajada estadounidense, se analizaron estrategias para profundizar la colaboración bilateral ante el avance de las redes criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró a Ecuador en “conflicto armado interno”, una figura legal que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Bajo este esquema, el gobierno ha endurecido las acciones contra las bandas, a las que califica de “terroristas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de abusos y excesos en los procedimientos policiales y militares.

Cambios en los ministerios de Salud y Energía

Junto con las nuevas medidas de seguridad, el presidente Noboa anunció ajustes en su gabinete. Jaime Bernabé Erazo fue designado como nuevo titular del Ministerio de Salud, asumiendo el cargo de manera inmediata.

En el área energética, se prevé el nombramiento de una nueva autoridad a partir del 30 de abril, con el objetivo de fortalecer la red nacional y garantizar el suministro en medio de la crisis.

Durante este período, el gobierno implementará acciones para estabilizar la infraestructura y asegurar el acceso a servicios básicos en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso un alivio temporal en las tarifas eléctricas para las familias impactadas por la tormenta solar, con un subsidio de hasta 180 kWh por hogar. La administración busca así responder tanto a la emergencia de seguridad como a los desafíos en materia de servicios públicos.

(Con información de Reuters y AFP)

El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, visitó el sábado Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y los principales responsables de seguridad del país, en una jornada que subrayó el peso de la alianza bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los encuentros tuvieron lugar en Guayaquil, la mayor ciudad del país y epicentro de la violencia criminal que azota al Ecuador desde hace tres años.

La Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó la visita y precisó que Cole también se reunió con el ministro del Interior, John Reimberg, y con altos mandos de las cúpulas militar y policial. En los encuentros se analizaron estrategias para profundizar la cooperación antidrogas y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Noboa señaló en sus redes que ambos países “suman esfuerzos” para enfrentar esas amenazas.

La visita se produce en el momento de mayor intensidad de la relación de seguridad entre Quito y Washington en al menos tres décadas. Desde diciembre de 2025, personal de la Fuerza Aérea estadounidense opera de forma temporal en la base de Manta, bajo el amparo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y otros acuerdos suscritos durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en 2024. En marzo de 2026, el Comando Sur difundió imágenes de una operación conjunta nocturna contra instalaciones del grupo delictivo Comandos de la Frontera. A esa presencia se suma el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de unidades locales.

Ecuador llegó a ese punto de estrecha colaboración tras convertirse en escenario de una crisis de violencia sin parangón. El país cerró 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, según el organismo de monitoreo ACLED. El total de asesinatos superó los 9.200, frente a los 7.063 de 2024 y los 8.248 de 2023. Nueve de cada diez casos guardan relación con la violencia criminal, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentró casi la mitad de los homicidios.

La escalada tiene raíces estructurales. Ecuador pasó en la última década de ser un país de tránsito para la cocaína andina a convertirse en un nodo logístico del narcotráfico global, con bandas como Los Choneros y Los Lobos disputándose el control de puertos y rutas de exportación. La captura en 2025 de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, no contuvo la violencia: según ACLED, aceleró la fragmentación de los grupos y desató nuevos enfrentamientos, sobre todo en la provincia de Manabí.

La respuesta de Noboa pivotó sobre la militarización. En enero de 2024 declaró un conflicto armado interno y desplegó el Ejército en calles y cárceles. En noviembre de 2025 buscó autorización ciudadana, mediante referéndum, para instalar bases militares extranjeras permanentes, pero cerca del 60% de los votantes la rechazó. El gobierno optó entonces por intensificar la cooperación bajo los marcos legales vigentes, que permiten presencia temporal sin necesidad de reformar la Constitución.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado sitúa a Ecuador en el cuarto puesto mundial de su índice de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10. Para Washington, el país andino es hoy su principal socio antidrogas en la región, papel que Noboa ha cultivado como eje de su política de seguridad y que la administración Trump ha correspondido con una escalada operativa en el Pacífico sur que no tiene precedente desde el cierre de Manta hace dieciséis años.

En lo que representa un giro histórico en las políticas de seguridad nacional y cooperación internacional, Costa Rica ha comenzado a recibir un despliegue permanente de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente del país, busca blindar las fronteras y el territorio costarricense ante el avance sostenido de las estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la región.

El contingente estadounidense, compuesto por una robusta planilla de investigadores de campo, especialistas técnicos y personal administrativo, no operará de forma aislada. Según confirmó Claire Thomas, encargada de prensa de la Embajada de EE.UU, los funcionarios se han establecido en las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José.

Desde ese centro neurálgico, se coordinarán acciones de inteligencia y operativos tácticos de última generación, utilizando tecnología de punta para la detección y neutralización de cargamentos de droga y redes de lavado de dinero.

Este movimiento no es casualidad. Responde a la implementación del programa regional “Escudo de las Américas”, una estrategia diseñada por Washington para fortalecer las capacidades de respuesta de sus aliados estratégicos en el continente.

En el caso del país tico ha pasado de ser una zona de tránsito a un punto crítico de almacenamiento y logística para los carteles, lo que ha disparado las tasas de criminalidad interna y ha convertido la seguridad en la principal preocupación de la ciudadanía.

La importancia de este apoyo para la seguridad y soberanía de Costa Rica

La llegada de estos especialistas técnicos y operativos marca un hito por varias razones fundamentales. En primer lugar, la transferencia de capacidades tecnológicas. El acceso a herramientas de interceptación, análisis de datos masivos (Big Data) y vigilancia satelital que aporta el gobierno estadounidense permite a las autoridades costarricenses nivelar la cancha frente a organizaciones criminales que cuentan con presupuestos multimillonarios y armamento de guerra.

En segundo lugar, este despliegue cobra una relevancia jurídica crucial gracias al tratado de extradición actualizado entre Costa Rica y Estados Unidos en 2025. La presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI en San José facilita la construcción de expedientes judiciales sólidos que pueden ser procesados en cortes estadounidenses.

Esto envía un mensaje contundente a los líderes del narcotráfico: la impunidad se reduce drásticamente cuando las investigaciones conjuntas pueden derivar en sentencias fuera de las fronteras nacionales, donde el poder de corrupción de las bandas criminales es nulo.

Al integrar bases de datos de inteligencia regional, el país puede anticipar movimientos de embarcaciones en el Pacífico o aeronaves sospechosas antes de que ingresen a aguas jurisdiccionales.

Finalmente, este apoyo robustece la confianza institucional. En un contexto donde el narcotráfico intenta infiltrar las estructuras estatales, la colaboración estrecha con agencias internacionales bajo estrictos protocolos de confianza ayuda a depurar y fortalecer los cuerpos policiales locales. El despliegue en Pavas no solo simboliza una alianza militar o policial, sino un compromiso político de largo plazo para recuperar la paz social en Costa Rica.

A medida que el personal operativo comienza sus funciones, el país entra en una nueva fase de su lucha contra el crimen organizado, donde la tecnología de última generación y la cooperación judicial serán las armas principales para desarticular las redes que amenazan la estabilidad democrática de la nación.

Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la división cono sur de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agencia antidrogas estadounidense. En los encuentros también estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, y uno de los temas centrales fue el uso del fentanilo, el potente opioide conocido como “droga zombie”.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado uruguayo, Mario Layera, fue quien entrevistado en La Diaria Radio dio a conocer este detalle.

Uruguay está en alerta desde hace tiempo por el posible ingreso del fentanilo al país. Su poder es tal que unos pocos miligramos puede intoxicar a muchas personas. En enero de 2025, a pocos meses del cambio de autoridades en el país, el gobierno admitió que sería “muy difícil” evitar el ingreso de este sintético.

“Fue uno de los temas que expuso Estados Unidos, justamente, en forma –diríamos– preventiva. Se estima –y ha sido la conducta que se ha seguido o la tendencia– que las cosas que suceden en diferentes países, a veces, con un mercado mayor, luego se contamina o se continúan por toda la región”, dijo el jerarca, consignó El Observador.

“Vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo. Por ahora, el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente”, agregó.

En noviembre de 2024, por ejemplo, la dirección del hospital público Maciel de Montevideo presentó una denuncia e inició una investigación administrativa luego de constatar que le faltaban al menos 12 ampollas de fentanilo, que fueron robadas de un block quirúrgico. Esa vez, las autoridades estimaban que el robo fue para revender la droga porque era una cantidad muy grande para el consumo personal.

Para Layera, Uruguay no es ajeno a esta realidad y recordó que el país mantiene en estado de alerta a todas las instituciones por este tema.

“Todas las unidades de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta. Están viendo y observando. Se van a continuar las reuniones a los efectos de ir estableciendo realmente en qué situaciones estamos. Hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal y que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia como se ha observado en otros lugares”, señaló Layera.

Durante el gobierno anterior, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, había advertido en una entrevista con En Perspectiva el efecto que puede tener el fentanilo en la población.

“La diferencia que tiene el fentanilo con otras sustancias es que hablamos de microgramos. O sea, con dosis muy pequeñas… A veces dicen: ‘¿Cómo no hacen nada para que no entre?’. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero con lo que entra en el grafo [la mina] de un lápiz intoxicamos a un pueblo”, afirmó, en esa vieja entrevista.

Todos los opioides, explicó, se utilizan para “reducir el dolor” y no solamente el físico: también “el espiritual”. “Entonces, en sectores excluidos de la sociedad, juega un papel. Por eso es una droga que afecta particularmente a estos sectores”, comentó.

El crecimiento del consumo de la droga en Estados Unidos fue parte de un “contexto histórico particular” porque un laboratorio promovió sustancias adictivas. Cuando se conoció públicamente esta práctica ilegal y se iniciaron los controles, ya había “un montón” de adictos. Adquirir las sustancias del laboratorio fue cada vez más difícil y las personas comenzaron a comprar heroína, pero hubo problemas de stock. “Ahí fue que los narcos introdujeron el fentanilo”, relató Radío.

Un centro de ventas de pasajes aéreos localizado en la exclusiva zona de El Poblado, en Medellín, Antioquia, fue identificado como punto de conexión clave entre narcotraficantes internacionales y la mafia radicada en Dubái, según reveló El Tiempo.

Los capos lo utilizaban para movilizarse en viajes de placer y evadir a las autoridades, mientras las pesquisas cruzan fronteras entre Europa, Colombia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al menos cinco detenciones de mafiosos de diversas nacionalidades —españoles, británicos, centroamericanos y colombianos— están listas en la ciudad más poblada de la federación soberana de siete emiratos situada en el golfo Pérsico.

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Las capturas iniciaron a mediados de marzo de 2026 con el arresto de un colombiano apodado “Burger King”, requerido por una corte de Texas, que fue aprehendido en un vuelo con destino a Bali. Este dato, omitido en la mayoría de las coberturas internacionales sobre las redes delincuenciales en Dubái, permite entender el alcance de la colaboración entre autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y España.

La agencia de viajes de Medellín, nexo entre capos y Dubái

Diversos boletos aéreos, que sirvieron a capos de la droga para desplazarse a Grecia, asistir a bodas en Italia e incluso escapar de la persecución policial en Holanda, fueron expedidos en el local medellinense. Una fuente federal detalló al medio citado que: “La mayoría de sus clientes no están en Itagüí ni Bello, sino en Dubái”. El destino lujoso, conocido por su aparente hermetismo y exclusividad, se convirtió en refugio para quienes intentan permanecer alejados del radar del FBI y la DEA.

La agencia, operada por un colombiano apodado “Calvete”, aparece como más que intermediaria. El Tiempo accedió a chats y fotografías que demuestran su vínculo con al menos tres capos investigados, donde incluso gestionaba encuentros sociales y operaciones asociadas con el tráfico de drogas.

Entre los clientes figura Ignacio Torán, arrestado en febrero en España y señalado como líder de una red transnacional de narcotráfico bajo la tutela de Óscar Sánchez Gil, alias el Anodino, que previamente fue inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Durante semanas, las agencias antimafia siguieron a Torán y Sánchez, documentando reuniones en las que, según las pruebas citadas, Sánchez suministraba información sobre cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Ecuador.

Uno de los chats que vinculan a la agencia con la organización criminal, fechado el 26 de mayo de 2024 y divulgado por el periódico citado, presenta una invitación directa de Torán: “Vente a Dubái, así estamos los tres y es el cumple de mi amigo ‘Peri’. Tenemos barco. Vennnn (sic), no cambies el tema, Dubái te espera”. Perikles David Daremas, “Peri”, portador de pasaporte británico y también bajo investigación, es identificado en los archivos de la policía europea.

Rutas de lavado, apoyo local y nuevas investigaciones

Las transacciones económicas entre los miembros de la red incluyen pagos en efectivo y la supuesta venta de relojes de lujo, elementos que permitieron seguir el rastro del dinero ilícito. Una de estas operaciones se realizó a través de un sujeto de origen centroamericano, con montos considerados millonarios por los investigadores.

Además del intermediario en viajes, las autoridades investigan la identidad de un miembro de la Policía de Colombia que proporcionaría información sobre contenedores destinados a Europa. Chats bajo observación de agencias antimafia citados por elismo medio señalan que este enlace envía listados semanales de contenedores, alertando a la organización sobre inspecciones inminentes en la cadena logística.

Óscar Sánchez, identificado en el proceso judicial, expuso en uno de los mensajes: “Tienen ellos un enlace en Colombia que les da un listado todas las semanas de contenedores. Entonces, se revisan así”. También se mencionó una exportadora de fruta colombiana implicada en la introducción de cocaína a Europa, con la estrategia de enviar primero cargamentos sin droga para no levantar sospechas y posteriormente incluir hasta dos envíos semanales de sustancias ilícitas.

La red, además, operaba mecanismos sofisticados de lavado de dinero a través de concesionarios de vehículos y un grupo financiero, tal como consta en los expedientes en poder de las autoridades. La fase siguiente de la investigación apunta al uso de fondos del narcotráfico para adquirir propiedades de alto valor tanto en Dubái como en Colombia.

En esta cadena delictiva fueron identificadas empresas y personas que, tras la revelación de estos vínculos, enfrentan inminentes órdenes de captura simultáneas en Dubái, Colombia y España, como parte de una ofensiva coordinada entre estos países para desarticular la estructura criminal.

El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.

"Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses", indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.

Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.

A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.

La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.

En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.

La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.

Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.

Esa declaración establece lo siguiente:

1. Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
2. Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
3. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
4. Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.

El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

Mientras el ELN se sentaba a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro, documentos judiciales a los que tuvo acceso El Colombiano muestran que la guerrilla coordinaba un intercambio de armas por cocaína con Antoine Kassis, primo segundo del dictador sirio Bashar al‑Asad. Los registros dejan al descubierto la doble vida de los insurgentes, quienes, pese a los compromisos con la paz, mantenían nexos con redes criminales internacionales.

Los expedientes consultados incluyen el Caso N°1:25-CR-51 de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, junto con documentos judiciales en Colombia, y permiten reconstruir cómo se gestó esta operación transnacional. Según los papeles, los acercamientos entre Kassis y el ELN comenzaron en abril de 2024, cuando el primo de Al‑Asad, desde su residencia en Líbano, ofreció su infraestructura para coordinar un negocio ilícito de narcotráfico y armas.

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Los documentos detallan con precisión la logística planificada en temas como transporte de armas, selección de arsenales, rutas internacionales de cocaína y mecanismos de lavado de activos mediante cuentas bancarias y criptomonedas. Incluso se registran intercambios de mensajes entre los involucrados que prueban la intención de concretar el trueque.

Intermediarios colombianos y manejo de capitales

Según los documentos, los intermediarios en Colombia fueron Alirio Rafael Quintero Quintero (“Ramsés” o “Rafa”) y Wisam Kherfan Okde (“Plumita” o “Simón”), sindicados de mover fondos de origen ilícito para el ELN y otros grupos criminales.

La Fiscalía de Estados Unidos le atribuye a Quintero dos transferencias realizadas en febrero de 2023 y abril de 2024, por un total de US$1’081.579 (aproximadamente 3.968 millones de pesos), que fueron convertidos en criptomonedas y distribuidos a través de plataformas virtuales. Los registros muestran cómo Kherfan supervisó la distribución internacional de estos fondos y coordinó contactos con operadores en Ghana y Marruecos.

La mesa de paz y la política colombiana

Los papeles consultados muestran que, mientras ocurrían estas negociaciones ilícitas, el ELN congeló unilateralmente la mesa de paz con el Gobierno, alegando incumplimientos en compromisos económicos y legales. Sin embargo, los documentos evidencian que los planes de trueque con Kassis continuaron pese a la suspensión de los diálogos.

El ataque con cilindrosbomba en Arauca, ocurrido en septiembre de 2024 y que dejó dos militares muertos y 25 heridos, aceleró la urgencia de adquirir armas. Los registros judiciales también reflejan que, tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad en diciembre de 2024, la guerrilla mantuvo la coordinación con Kassis para continuar con la operación de intercambio, incluso planeando reuniones en Nairobi, Kenia.

La intervención de la DEA

Los documentos detallan que la DEA interceptó la negociación en Nairobi, reemplazando al inspector de armas del ELN. Antoine Kassis fue capturado en el hotel Windsor y semanas después extraditado a Estados Unidos. Según los registros judiciales, el jurado lo halló culpable de conspiración para el narcoterrorismo y de proveer recursos a una organización terrorista extranjera. La sentencia está prevista para el 2 de julio, con una condena mínima de 20 años, aunque los cargos podrían implicar cadena perpetua.

Situación de los intermediarios y seguimiento judicial

Los papeles judiciales consultados por el medio también documentan que Quintero y Kherfan fueron capturados en Colombia y permanecen en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá. Ambos han presentado acciones legales para impedir su traslado a Estados Unidos, alegando supuestos montajes judiciales de la DEA. En noviembre de 2025, la Corte Suprema aprobó la extradición de Kherfan, mientras que la de Quintero sigue pendiente.

Vínculos internacionales y antecedentes

Los documentos evidencian que el ELN no operaba de manera aislada, sino que formaba parte de una red internacional de narcotráfico y terrorismo, con conexiones documentadas con Hamas, Hezbolá y el cartel de Sinaloa. Los registros judiciales recuerdan casos previos, como el tráfico de cocaína camuflada en exportaciones de ganado hacia Líbano, Egipto e Irak, coordinadas por figuras del crimen organizado colombiano.

Impacto y contexto actual

Hoy, Siria se encuentra bajo un gobierno de transición encabezado por Ahmed Husseín al-Charaa, mientras que el ELN mantiene alrededor de 6.000 combatientes activos en regiones como Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Arauca y Antioquia. Los documentos consultados muestran que, pese a la clausura de la mesa de paz, la guerrilla sigue buscando abastecimiento de armas y manteniendo redes ilícitas internacionales, lo que representa un desafío para la seguridad en Colombia y la estabilidad regional.

Estos documentos dejan en evidencia que, incluso durante los diálogos de paz, el ELN no abandonó sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, manteniendo operaciones complejas que comprometen la seguridad del país y la integridad de los procesos de paz.

El nombre de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la violenta banda criminal La Inmaculada, cobró protagonismo en la investigación que las autoridades de Estados Unidos adelantan sobre el posible financiamiento del narcotráfico en la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.

La magnitud del caso crece, pues se vinculó el nombre de un testigo clave: Marín habría contactado a fiscales federales en Nueva York tras su extradición, mientras las pruebas sobre su rol en una red transnacional de tráfico de drogas lo sitúan en el centro de una trama que podría salpicar esferas políticas de primer nivel, según reveló El Tiempo.

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Un elemento poco reportado que diferencia este caso es que el indictment (acusación formal) , fechado el 11 de septiembre de 2024 y citado por el mismo medio, incluye la declaración jurada de Wenceslao A. Sosa, agente especial de la DEA, donde se documenta que ‘La Inmaculada’ ha operado de modo permanente desde aproximadamente 2024 hasta la actualidad. La estructura ha mantenido nexos directos con carteles como La Línea, Sinaloa y la Oficina de Envigado para el tráfico masivo de cocaína a territorio estadounidense.

Además, la información del expediente judicial refiere que alias Pipe Tuluá coordinó en persona la distribución de estupefacientes en ciudades como Denver, Colorado, y Dallas,Texas, con operaciones organizadas desde Juárez, México.

El indictment detalla operaciones concretas y vínculos con carteles mexicanos

Las interceptaciones legales a Andrés Felipe Marín comenzaron en junio de 2024. De acuerdo con el indictment citado por El Tiempo, se cerró una compra de cocaína ese mismo mes, en la que participó un agente encubierto de la policía colombiana.

“Marín Silva ordenó a los miembros de la organización criminal trasnacional con sede en Juárez, México, que se pusieran en contacto con el agente encubierto para coordinar la distribución de más de 100 kilogramos de cocaína en la zona de Dallas, Texas. Tras una coordinación adicional, el agente encubierto compró un kilogramo de cocaína el 15 de junio de 2024, como prueba para establecer la confianza entre el mensajero con sede en Dallas”, señala el documento.

Un mes después, en julio, las autoridades identificaron a los socios de alias Pipe Tuluá en Juárez como miembros del cartel La Línea. Estos trabajaban en asociación con La Inmaculada para introducir droga en Estados Unidos. Para ese momento, Marín tenía al menos diez kilogramos disponibles para la venta en Colorado. El testimonio recabado sostiene que, aun estando preso en la cárcel La Picota, en Bogotá, el cabecilla de la banda se mantenía activo en las operaciones delictivas.

En agosto de 2024, un narcotraficante residente en Sinaloa siguió instrucciones de Marín para contactar al agente encubierto y coordinar nuevos envíos destinados a Dallas. Por su parte, el proceso judicial contra el señalado incluye las declaraciones de un testigo colaborador —antiguo miembro de La Inmaculada— que confirmó la vigencia de la red criminal y su continuidad bajo órdenes de ‘Pipe Tuluá’.

El caso Juan Fernando Petro y la estrategia de colaboración judicial

Días antes de la extradición, el propio Andrés Felipe Marín aseguró haber sido contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la campaña electoral. Según El Tiempo, el acercamiento habría tenido como objetivo negociar futuros beneficios judiciales a cambio de respaldo político o financiero, extremo que Juan Fernando Petro negó tajantemente. La defensa de alias Pipe Tuluá no descarta que declare contra la campaña Petro con el propósito de solicitar una reducción de su condena, estrategia que se refuerza con la entrega de pruebas que incluyen fotografías, admitidas y analizadas por las autoridades.

Por otro lado, Marín rechazó públicamente la acusación de narcotráfico: sostiene que nunca envió cocaína a Estados Unidos y se declaró no culpable ante el tribunal. Sin embargo, la documentación judicial —incluyendo las interceptaciones y el testimonio de un colaborador— argumenta lo contrario y lo ubica como eje de una compleja estructura criminal de alcance internacional.

Actualmente, Andrés Felipe Marín permanece recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, en Texas. Su defensa a cargo del abogado Alexei Schacht sigue una estrategia basada en la colaboración con la justicia de Estados Unidos, y el expediente sobre Juan Fernando Petro figura como uno de los principales temas en negociación con las autoridades federales.

(Desde New York, Estados Unidos) A las 11.40, (hora del este) Nicolás Maduro ingresó al recinto de la Corte de New York. Canoso, más delgado y sin esposas, el exdictador de Venezuela vestía un mameluco beige y zapatillas deportivas. Saludó a sus abogados y se calzó los auriculares para escuchar la traducción del inglés al español. Nunca sonrió, y su mirada estaba blanco, vacía.

La audiencia fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, que presionó con preguntas simples y filosas a Barry J. Pollack -abogado de Maduro- y al fiscal federal adjunto Kyle Wirshba.

Pollack alegó que Maduro sólo tendrá una defensa legal de élite acorde a sus acusaciones si Estados Unidos permite que Venezuela pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen ilícito.

Wirshba replicó que esos fondos están congelados por “razones de seguridad nacional”, y que Maduro podría recurrir a los abogados oficiales para respetar el concepto constitucional -Enmienda VI- que establece el principio de defensa en juicio.

Hellerstein, que tiene 92 años y se lo escucha muy bajo, enfrentó los planteos legales del fiscal Wirshba, que transpiró durante los treinta minutos que le dedicó el juez de New York.

Wirshba no pudo contestar con certeza por qué debía bloquearse la posibilidad de solventar la defensa de Pollack, si la amenaza de seguridad nacional que implicaría Maduro se disolvió con su captura en Caracas y su detención en Manhattan.

Hellerstein relativizó el argumento de la defensa en juicio presentado por Pollack, pero fue enfático al soslayar la tesis de seguridad nacional presentada por Wirshba para evitar que los fondos embargados por Estados Unidos terminen en poder de Maduro.

“Ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, sostuvo el juez federal en referencia a Maduro, frente a los argumentos del fiscal Wirshba. Y completó, ante el silencio absoluto de la Corte: “Está acá”.

La posición de Hellerstein abre un escenario inesperado para la administración Trump y los fiscales del caso.

Si el juez federal resuelve que Estados Unidos debe levantar las sanciones para los fondos opacos de Venezuela que se usarán para la defensa del exdictador y sus socios corruptos, es muy probable que la Casa Blanca presente una apelación para bloquear la decisión de Hellerstein.

Pero al margen de esta posible coyuntura, Donald Trump se vería ante la encrucijada de tener que liberar fondos opacos para que sean usados para pagar los honorarios de las defensas de Maduro y su cómplices, que están siendo juzgados en los tribunales de Estados Unidos.

Cuando terminaron las exposiciones de Pollack y Wirshba, el juez Hellerstein avanzó al segundo capítulo de la audiencia vinculado a la evidencia secreta que aportó la DEA.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores, que también estaba en la audiencia, se encuentran imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-, y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Pollack sostuvo que las pruebas secretas del expediente no deben tener trabas de acceso porque eso fortalece la defensa en juicio.

Wirshba, al contrario, afirmó que compartir las evidencias puede poner en peligro a los testigos y fuentes que colaboraron para fortalecer el caso contra Maduro y sus cómplices.

Hellerstein escuchó los argumentos de las dos partes y tras más de una hora de debate cruzado entre Pollack y Wirshba, levantó la audiencia.

Ahora su señoría debe decidir si ordena que Estados Unidos levante las sanciones sobre los fondos opacos que se usarían para la defensa de Maduro y Cilia Flores, y resolver si la defensa del dictador puede compartir la evidencia secreta que prueba sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Al margen de las posibles variables que protagonice Hellerstein, lo cierto es que el proceso contra Maduro continuaría pese a los esfuerzos en contrario del abogado Pollack.

Así se puede desprender de los juicios de valor y de las preguntas que formalizó Hellerstein durante la audiencia en la corte de New York.

“All rise”, se escuchó cuando el reloj del tribunal marcaba las 12.45 (hora del este). Se había terminado la audiencia, y el juez federal se fue del recinto con paso cansino.

Maduro se levantó como un autómata y le dio la mano al abogado Pollack. El dictador dejó la corte rodeado por cinco custodios del US Marshall.

Volvió a prisión, su destino perpetuo.

Se trata de una defensa diseñada por el abogado Barry J. Pollack, que hace una peculiar interpretación de las enmiendas de la constitución para sostener un argumento jurídico que sería rechazado por el tribunal de Manhattan. El letrado arribo esta mañana en medio de manifestaciones de personas a favor y en contra del acusado frente al juzgado.

La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.

En un escrito de 17 fojas, el abogado defensor de Maduro sostuvo:

-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación, a la que accedió Infobae.

Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:

“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).

La refutación de los argumentos presentados por Pollack es lineal y simple.

Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa.

No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.

A su vez, Maduro y Flores de Maduro tienen que probar que no disponen de fondos propios -su fortuna presunta es incalculable-, y la VI enmienda garantiza un abogado que no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).

El tribunal de New York puede asignar un abogado de oficio que conoce las normas y puede cumplir con la defensa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos.

Este es un derecho que Maduro tiene a disposición cuando lo desee.

Y respecto a la V enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que asigna a la Casa Blanca una amplia autoridad normativa para regular transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, pese a que la dictadura caribeña estaba dispuesta a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ratificó que no habrá fondos de Venezuela para solventar a los letrados del presunto narcotraficante.

Nicolás Maduro está acusado por cometer narcoterrorismo, y en este contexto la DEA redactó un informe que prueba las vinculaciones del exdictador caribeño con el régimen iraní.

Infobae accedió a ese dossier de 28 fojas, que sostiene lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Si no hay sorpresas legales, el juez Hellerstein resolverá hoy el planteo del abogado de Maduro, y una presentación hecha por los fiscales federales que intentan evitar que la prueba recogida contra el exdictador sea compartida con los otros acusados del caso.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores también están imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-,y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Si prosperará el pedido de Pollack, todos los socios ilegales de Maduro podrían acceder a las evidencias del caso. La defensa del exdictador fuerza la interpretación del derecho para lograr una coartada que beneficie a su cliente ante las evidencias en contra.

Hellerstein resolvería en contra del planteo de Pollack respecto a anular el juicio contra Maduro y a favor de los fiscales para trabar que los socios del exdictador accedan a la prueba aportada por la DEA.

La audiencia está prevista para el mediodía de New York.

Las Fuerzas Militares de Colombia, en colaboración con la Gobernación de Tolima, continúan la búsqueda de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido como alias Chapolo, identificado como el principal líder del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, bajo órdenes directas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

De hecho, la gobernadora Adriana Magali Matiz resaltó que, en medio del operativo militar, se ha sumado la la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para dar captura al señalado líder guerrillero.

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La mandataria departamental, en una rueda de prensa, recalcó que el plazo máximo para detener a este sujeto es el 31 de marzo, fecha también fijada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por lo que instó a priorizar sus esfuerzos y brindar la tranquilidad a la población tolimense.

“Aquí también nos está apoyando la DEA (Drug Enforcement Administration) en este tema de alias Chapolo, así que esperamos resultados contundentes de aquí al 30 de marzo para poder darle tranquilidad a la gente del sur del departamento del Tolima”, expresó Matiz a los medios de comunicación.

Así mismo, la gobernadora recordó que por alias Chapolo se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura, cuya presencia genera preocupación en el sur del Tolima.

La respuesta directa al hecho consiste en que la DEA aporta recursos y personal especializado para reforzar la localización y captura del cabecilla del frente guerrillero.

Quién es alias Chapolo

Nacido en Rioblanco, Jhan Carlos Rodríguez Masmela (alias Chapolo) encabeza la lista de los delincuentes más buscados en el departamento del Tolima.

Es vinculado desde 2022 con actividades de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, extorsión a transportadores y comerciantes, y amenazas a campesinos y productores de café en los municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco.

Entre los hechos atribuidos al cabecilla figura un ataque armado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 en Campoalegre (Huila), la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco y varios homicidios perpetrados en San Antonio. La Fiscalía mantiene una orden de captura vigente contra Rodríguez Masmela, considerada de alta prioridad.

Las autoridades han señalado que alias Chapolo impone un sistema de “carnetización ilegal” en zonas rurales, un mecanismo destinado a ejercer control social y amedrentar a la población civil y a candidatos políticos. A través de esta práctica, el Frente Ismael Ruiz busca identificar, controlar e intimidar a los habitantes de los municipios rurales bajo su influencia, especialmente en San Antonio.

Por otra parte, registros de la investigación oficial presentada por la Policía Nacional de Colombia muestran que durante la campaña electoral, Rodríguez Masmela habría enviado mensajes intimidatorios mediante WhatsApp a candidatos al Congreso, con el propósito de interferir en las campañas electorales del departamento del Tolima.

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, manifestó en diálogo con Caracol Radio que, tras una reunión con el embajador de los Estados Unidos, se identificaron los principales patrones criminales de la zona.

El funcionario local detalló que, aunque Tolima no figura entre los mayores territorios productores de cocaína, como el Cauca, sí registra delitos como microtráfico, sicariato y préstamos ilegales que sirven para ocultar ingresos del narcotráfico y generan consecuencias más allá de las fronteras nacionales.

Incluso, reveló que el líder guerrillero se encuentra con dificultades médicas tras los operativos militares en la región.

“Chapolo sigue atormentando a un sector importante de Rioblanco, amenazando al alcalde, a las autoridades, a la comunidad, tratando de perturbar la tranquilidad, queriendo hacer ver que es un gran bandido, cuando es un pequeño bandido. A toda esta población, personas que lo conozcan, que le llevan medicamentos —sabemos que tiene una lesión en uno de sus pies—, que se ganen los 200 millones de la recompensa”, indicó.

La apuesta de la DEA y las autoridades colombianas pone el foco en la pronta neutralización de estructuras criminales que—si bien no operan en cifras tan altas como otras regiones—, han demostrado capacidad de perturbar la estabilidad regional y representar un riesgo para intereses estadounidenses.

Una investigación de la agencia Associated Press divulgada el 21 de marzo de 2026 puso bajo escrutinio a la administración de Gustavo Petro al revelar que la DEA analiza registros que sugieren el presunto uso de funcionarios y exasistentes de campaña para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de la estatal Ecopetrol.

Según el informe de AP, la información confidencial apunta a que fondos ligados a estructuras internacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles en Venezuela habrían sido canalizados hacia el extranjero con destino a un supuesto uso personal del mandatario tras concluir su periodo.

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El documento, citado por Associated Press, recoge una entrevista realizada en 2024 a una fuente anónima que vincula a excolaboradores de campaña y funcionarios de Ecopetrol con maniobras de lavado de fondos presidenciales fuera del país.

La fuente anónima indicó que el objetivo de esos recursos sería el aprovechamiento personal por parte de Petro una vez finalice su mandato.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, respondió a los señalamientos de Associated Press afirmando que las acusaciones carecen de “toda realidad o lógica”. Roa subrayó que las imputaciones no corresponden a la operativa ni a los hechos relativos a la estatal petrolera. Además, el gobierno colombiano, hasta el cierre del informe, no ha emitido ningún comunicado oficial adicional en relación con la investigación difundida.

Las autoridades estadounidenses, indicaron a AP que la investigación permanece en fase preliminar y que “no existen pruebas directas que involucren a Gustavo Petro en delitos”. El contenido de la pesquisa, por ahora, se limita a declaraciones bajo reserva y al análisis de registros internos en poder de la DEA.

El reporte detalló que fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes acerca de posibles vínculos con el jefe de Estado y sobre denuncias de sobornos supuestamente solicitados por personas cercanas al Ejecutivo.

Según el informe de AP, las pesquisas apuntan a que allegados al gobierno habrían pedido pagos ilegales a cambio de frenar extradiciones desde la cárcel La Picota hacia Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el reporte subraya que la información aún se limita a testimonios y registros internos de la DEA, sin que se hayan radicado cargos formales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico internacional en el desarrollo de una presunta investigación referida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo impliquen y la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

De acuerdo con el informe citado por la agencia de noticias, los registros de la DEA contienen información reservada sobre posibles nexos de Gustavo Petro con organizaciones del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

La agencia destacó que una entrevista realizada en 2024 con una fuente anónima plantea que el mandatario habría empleado a antiguos asistentes de campaña y empleados de Ecopetrol, empresa petrolera estatal, para transferir fondos a otros países y utilizarlos una vez finalizada su presidencia.

Sin embargo, el reporte aclara que hasta el momento no existe confirmación de que las autoridades estadounidenses hayan hallado pruebas que liguen de manera directa al mandatario colombiano con actividades delictivas y no se han presentado cargos formales.

El presidente Petro también mantuvo su postura habitual, asegurando que no sostiene nexos con organizaciones criminales y que nunca ha sido investigado por estos hechos en Colombia. En su declaración, atribuyó estas versiones a “señalamientos sin pruebas concluyentes”.

Una de las reacciones más visibles provino del candidato Abelardo De La Espriella, que arremetió contra el presidente en redes sociales.

De La Espriella afirmó: “Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa”.

Agregó que, de alcanzar la jefatura de Estado, entregaría a Petro a la justicia de Estados Unidos por su presunta relación con el “narcoterrorismo”, y concluyó su mensaje con una advertencia en italiano dirigida a Petro.

En un informe de The New York Times, publicado el 20 de marzo de 2026, se indica que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es investigado por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Según ese medio, la investigación sobre el presidente colombiano está en una etapa preliminar y examina posibles conexiones de Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico, así como la eventual recepción de donaciones por parte de su campaña presidencial provenientes de esos grupos.

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El reporte menciona que en el proceso intervienen agentes con experiencia en narcotráfico internacional y organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en su cuenta oficial de X. Allí afirmó que no le gustan los narcotraficantes, ya que, según el mandatario, son los “genocidas” de Colombia.

El jefe de Estado aseguró que los narcos son supuestos alistados de la “derecha criminal”.

“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente Petro incluyó una imagen suya en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se realiza en Bogotá.

El presidente Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X, en la que negó cualquier relación con el narcotráfico y defendió su administración contra este delito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, aseveró.

Detalles de lo ocurrido

Recientes reportes periodísticos de medios internacionales han puesto la atención sobre investigaciones en Estados Unidos que, según se ha informado, incluirían al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

The New York Times publicó el 20 de marzo que fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn tendrían en curso indagaciones relacionadas con supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Petro y organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con este medio, en las pesquisas participan agentes especializados en delitos internacionales y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El mismo informe del New York Times no aclara si estas diligencias podrían derivar en imputaciones formales, ni si la Casa Blanca tuvo un rol en la apertura del caso. Sin embargo, se recuerda la postura crítica del expresidente Donald Trump frente a Petro y se sugiere que la investigación podría ser utilizada dentro de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos, dada la relevancia de Colombia en la agenda regional de lucha antidrogas.

Pocas horas después, la agencia Reuters difundió información adicional bajo el titular “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos”. Reuters citó el informe inicial de The New York Times, pero añadió que, según sus fuentes, Petro no sería el objetivo principal de la investigación, sino que su nombre habría surgido en el marco de indagaciones más amplias. La agencia también recordó los antecedentes de tensión entre Trump y Petro, y sugirió que este contexto podría haber influido en el inicio de las pesquisas.

Por su parte, The Associated Press informó que la DEA considera a Gustavo Petro como “objetivo prioritario”, mientras los fiscales de Nueva York examinan presuntos lazos con organizaciones de narcotráfico.

Según la agencia, registros de la DEA ubican el nombre de Petro en diversas investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas a informantes confidenciales. Entre los aspectos investigados figuran posibles contactos con el cartel de Sinaloa y el eventual aprovechamiento de políticas de “paz total” para beneficiar a grupos criminales.

Tanto Reuters como Associated Press subrayan que Petro no sería el foco principal de los procedimientos, aunque su nombre aparece vinculado en el desarrollo de estas investigaciones. Voceros citados por Reuters también afirman que la Casa Blanca no estaría involucrada y que los fiscales evitaron hacer comentarios hasta conocer resultados concluyentes.

A modo de respuesta, la embajada de Colombia en Estados Unidos publicó un comunicado donde cuestiona la validez de los reportes, señalando la falta de confirmación oficial y el uso de fuentes anónimas, y rechaza cualquier relación entre el presidente y actividades criminales.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las evidencias contra Nicolás Maduro para probar que era un jefe narcoterrorista cuando actuaba como dictador de Venezuela se acumulan hasta el infinito en la justicia federal de los Estados Unidos.

Infobae accedió a un informe de la DEA -Administración de Control de Drogas de EE.UU- que desnuda los vínculos que consolidó Maduro con Irán cuando manejaba el régimen caribeño.

El dossier de la DEA es meticuloso y será una pieza probatoria al momento de juzgar a Maduro como narcoterrorista.

La DEA aplicó su inteligencia e información reservada sobre 3.000 documentos oficiales de ambos países, y las conclusiones impresionaron en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra.

En el documento oficial se lee lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Tras describir en términos generales la relación opaca y compleja entre Caracas y Teherán, la DEA enumera las diez áreas clave de cooperación entre la dictadura caribeña y el régimen chiíta.

Estas área son:

1. “Transferencia de Tecnología Militar: Irán suministra a Venezuela tecnología de drones (por ejemplo, ANSU-100 y ANSU-200 basados en los diseños iraníes Mohajer y Shahed), misiles antibuque (CM90/Nasir) y capacidades industriales-militares como plantas de pólvora, mejorando la defensa de Venezuela mientras permite a Irán proyectar poder en el hemisferio occidental.
2. Suministro de Uranio y Apoyo al Programa Nuclear: Irán ha realizado un levantamiento geológico en Venezuela, estableciendo que la Cuenca de Roraima tiene el potencial de suministrar uranio a Irán, con reservas estimadas de 75,000 toneladas.
3. Evasión de Sanciones a través de Mecanismos Financieros: Una arquitectura financiera compleja, que incluye el Fondo Binacional Irán-Venezuela ($2 mil millones), el FONDEN y la triangulación a través de bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, permite a Irán eludir las sanciones internacionales y lavar dinero.
4. Apoyo a Organizaciones Terroristas: Venezuela actúa como un centro logístico, financiero y documental para Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y emitiendo pasaportes a operativos (por ejemplo, 15,000 pasaportes irregulares, 173 a miembros de Hezbollah).
5. Cooperación Energética y Petroquímica: Proyectos conjuntos por valor de $2.689 mil millones, incluyendo la exploración de la Faja Petrolífera del Orinoco, la planta petroquímica VENIRAN, la rehabilitación de refinerías (€110 millones en 2022) y envíos de gasolina (60 millones de galones en 2020), financiados en parte a través de préstamos chinos vía FCCV.
6. Proyectos Industriales de Fachada: Las “fábricas socialistas” (por ejemplo, complejos de plástico, plantas de leche y maíz) sirven como coberturas para canalizar fondos y tecnología de doble uso a Irán, con financiamiento del FONDEN y el FCCV, resultando a menudo en baja producción pero alta desviación de recursos.
7. Triangulación de Tecnología Nuclear con Argentina: El eje Caracas-Teherán-Buenos Aires (2010) puede haber transferido equipos de doble uso (máquinas CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a Irán, financiados con recursos venezolanos, mejorando la infraestructura nuclear de Irán.
8. Infraestructura de Transporte y Logística: Construcción de tanqueros Aframax en astilleros iraníes, vuelos directos Caracas-Teherán y uso de embarcaciones de PDVSA para el posible contrabando de uranio y otros materiales sensibles, permitiendo transferencias ilícitas y evasión de sanciones.
9. Alineación Diplomática y Política: Alianza sostenida desde la década de 2000, con más de 265 acuerdos para 2014, un plan estratégico de 20 años en 2022 y 19 más en 2023, proporcionando cobertura política para actividades militares, nucleares y terroristas bajo la “cooperación Sur-Sur”.
10. Involucramiento del IRGC y Apoyo Interno: Presencia de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela para asesorar sobre represión y entrenamiento, crítica durante las protestas de 2019″.

Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas, y su defensa busca una salida imposible para evitar que el exdictador de Venezuela sea condenado de por vida.

Barry J. Pollack, letrado de Maduro, presentó hace dos días un recurso de 17 fojas para asegurar que la acusación contra su cliente pone en jaque la Quinta y la Sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este contexto, Pollack alega que la violación de esas dos enmiendas constitucionales son razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó Estados Unidos para condenar por narcotráfico a Maduro.

Los argumentos constitucionales de Pollack son pura falacia: asegura que Maduro no tiene dinero para pagar a sus abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

El exdictador tiene una fortuna oculta incalculable, y si su abogado Pollack decide renunciar porque no hay honorarios, el tribunal de New York puede designar a un letrado de oficio.

El 26 de marzo está convocada una audiencia para escuchar al abogado defensor de Maduro. Allí es muy probable que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, que deberá decidir si continúa representando-o no-al exdictador caribeño.

En la primera operación, desarrollada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron aproximadamente 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

La segunda intervención se realizó dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena. Allí, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento decomisado se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

En la tercera operación, la Policía Nacional y la DEA interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta, que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. En este operativo se detuvo a seis personas.

Las tres acciones se realizaron en menos de veinticuatro horas. Las autoridades indicaron que estos operativos representan “un duro golpe a las economías del narcotráfico” y aseguraron que el mar ecuatoriano “ya no es ruta para las mafias”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno, que concluyó en del sábado en cuatro provincias con altos niveles de violencia, atribuida por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.

Durante las operaciones, se incautaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron veinte vehículos, se recuperaron cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del toque de queda el pasado domingo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se detuvieron a 743 personas y se destruyeron seis “objetivos militares narcoterrorismo”. La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local.

A su vez, en El Oro, las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, detuvieron a cinco ciudadanos en el cantón Pasaje por presuntas actividades de minería ilegal. Durante el operativo se decomisó maquinaria de succión y herramientas empleadas en esta actividad ilícita.

Esta disposición se implementa como parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, tras el aumento sin precedentes de la violencia que ubicó a Ecuador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 9.235 asesinatos en Ecuador, la cifra más alta en la historia del país. El toque de queda se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, solo pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier persona que circule por la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.

(Con información de EFE)

Durante la jornada en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre los señalamientos vinculados al narcotráfico, desde sectores oficiales se remarcó que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna” sobre presuntas investigaciones en su contra. Al mismo tiempo, el Gobierno denunció la falta de fundamento jurídico y fáctico de las informaciones difundidas respecto a esta causa. Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense habría iniciado un procedimiento para investigar supuestos nexos del mandatario con organizaciones del narcotráfico y presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial con recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con drogas.

De acuerdo con los reportes publicados por The New York Times, la etapa actual de estas pesquisas se encuentra en un nivel preliminar y está bajo la supervisión de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn. Las autoridades estadounidenses han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el desarrollo de las indagaciones, según precisó el mismo medio estadounidense. Fuentes citadas por The New York Times indicaron que el caso aún no cuenta con una notificación formal ni decisiones administrativas, lo que ha motivado respuestas tanto de funcionarios colombianos como del propio presidente.

Ante la difusión de estas informaciones, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a los narcotraficantes, a quienes denominó "genocidas" de la sociedad colombiana y acusó de mantener alianzas permanentes con sectores que calificó como “derecha criminal” en el país. En ese mismo mensaje, insistió en la transparencia de su vida personal y política, indicando que puede referirse a cualquier episodio de su biografía “sin sonrojarse de nada”. El presidente también relacionó la aparición de estos señalamientos con el contexto preelectoral en Colombia, asegurando que se enmarcan en “actos electorales sucios” impulsados por la oposición y “sus amigos en los medios estadounidenses”.

Horas antes de esta publicación, Petro había señalado a través de otro mensaje que no le interesan los “procesos en Estados Unidos”, argumentando que nunca ha sido acusado formalmente de nada como lo sugiere el artículo de The New York Times. En su declaración, el mandatario sostuvo: “Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”. Según reportó The New York Times, esta serie de declaraciones buscó desligar las investigaciones internacionales de factores que afecten directamente a la política colombiana, destacando la existencia de expedientes previos que no han derivado en imputaciones contra el jefe de Estado.

La controversia se produce en un momento de estabilización de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Luego de meses marcados por declaraciones confrontativas, la relación entre Petro y el presidente norteamericano Donald Trump había entrado en una fase de mayor diálogo, que incluyó la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, relató The New York Times. Anteriormente, Trump llegó a describir a Petro como un “lunático con problemas mentales” e incluso aludió a la posibilidad de una intervención militar en Colombia. Estos episodios antecedieron a la operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, dirigida a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al tiempo que el gobierno colombiano respondía institucionalmente a través de comunicados, la situación se insertaba en el núcleo del ambiente electoral en el país sudamericano. Según detalló The New York Times, la campaña para las elecciones del 31 de mayo mantenía como favorito al candidato Iván Cepeda, afín al mandatario, en medio de una polarización acentuada por los últimos acontecimientos y los rumores difundidos por medios y portavoces internacionales.

La defensa pública de Petro contra las acusaciones no se limitó a declaraciones. Su postura también buscó enfatizar la ausencia de evidencias judiciales en Colombia que den soporte a las hipótesis divulgadas por la prensa internacional, reiterando que su vida y trayectoria política se han mantenido sujetas a escrutinio durante años sin que se hayan presentado pruebas concretas. El Gobierno colombiano, en su pronunciamiento oficial, subrayó que la información divulgada “carece de fundamento jurídico y fáctico”, insistiendo en que ninguna investigación local o extranjera ha notificado formalmente hallazgos en contra del presidente.

Según reportó The New York Times, la investigación del Departamento de Justicia no solo aborda posibles vínculos con el narcotráfico, sino también la manera en que se habría financiado la campaña presidencial de Petro. Las pesquisas, tal como detalló el medio estadounidense, aún estarían lejos de concretar imputaciones y continúan en fase preliminar con la cooperación de diversas agencias federales de seguridad.

Los señalamientos y la respuesta institucional del Ejecutivo colombiano se producen en una coyuntura en la que el país atraviesa un proceso electoral de alta competencia política, donde la opinión pública se encuentra particularmente atenta a cualquier noticia relacionada con corrupción, ilegalidad o nexos con el crimen organizado. The New York Times señaló que la repercusión mediática de estos informes contribuyó a alimentar el debate interno sobre la integridad del proceso y la utilización política de investigaciones judiciales en la contienda electoral.

Por último, los detalles publicados por The New York Times muestran que la investigación internacional incluye la recolección de datos sobre transferencias financieras y vínculos posibles con redes criminales, aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicas pruebas concluyentes ni se ha emitido comunicación formal a las autoridades colombianas o al presidente. En medio de este escenario, Petro ha enfatizado ante la ciudadanía y los medios la transparencia de su gestión y la ausencia de cargos formales contra él tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El 20 de marzo se publicó un informe de The New York Times en el que se afirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está bajo investigación penal por parte de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Las pesquisas, en una fase inicial, analizan posibles vínculos de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió donaciones de estos grupos. El medio citado indicó que en la investigación participan agentes especializados en narcotráfico internacional y entidades como la Administración para el Control de Drogas.

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El informe no menciona si la investigación llevará a cargos formales ni si la Casa Blanca influyó en su apertura; sin embargo, recuerda que el presidente Donald Trump ha criticado a Petro y podría utilizar la investigación como herramienta de presión diplomática, dado el papel de Colombia en la lucha antidrogas.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro negó cualquier relación con el narcotráfico y ha defendido su gestión contra este delito. “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió el mandatario.

Nuevos detalles sobre la investigación

Horas después de que se publicó el informe citado, Reuters publicó una noticia titulada “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos“.

Esta agencia también recordó las disputas que han protagonizado Donald Trump y Gustavo Petro en el pasado, mencionando este factor como algo que podría haber marcado el inicio de la investigación.

Aunque citan que la denuncia inicial es de The New York Times, Reuters añadió otros aspectos, como que el mandatario no sería el objetivo principal de las investigaciones, sino que sería un nombre mencionado en las mismas.

Por su parte, The Associated Press indicó que el presidente Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” para la DEA, mientras que fiscales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

“Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cartel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes”.

En ambos casos, las agencias citadas mencionan que el nombre del presidente no es el principal en los procesos investigativos, sino que se le vincula de alguna forma con los objetivos.

“Petro no es el objetivo principal de ninguna de las dos investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico que están siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, Nueva York”.

Reuters destacó que sus fuentes aseguran que la Casa Blanca no se ha involucrado en las investigaciones mencionadas, y que el nombre del mandatario colombiano habría sido mencionado por terceros. Además, resaltan que los portavoces de la Fiscalía optaron por no hacer comentarios hasta que no se tengan las conclusiones.

“El informe señala que los investigadores están examinando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes”.

Además de la publicación mencionada que hizo Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que los informes están basados en fuentes anónimas y que no hay confirmación oficial ni base legal para afirmar que el presidente tiene algún tipo de relación con criminales.

Durante la llamada “época de la gobernanza paramilitar”, la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, experimentó amenazas y su familia debió exiliarse tras denuncias públicas sobre la presunta relación entre figuras del narcotráfico y actores políticos. En este contexto, Petro ha reiterado que mantiene una política de absoluto rechazo a cualquier vínculo con el narcotráfico o a fondos irregulares para campañas políticas. Según informó Europa Press, el mandatario negó rotundamente haber establecido algún contacto con miembros del narcotráfico y defendió la transparencia en la financiación de su candidatura presidencial.

El medio Europa Press detalló que Petro declaró en sus redes sociales que “nunca” en su vida ha hablado con un narcotraficante y que no existe ninguna investigación oficial en Colombia sobre algún vínculo suyo con redes ilícitas. Para sostener esta aseveración, el presidente afirmó que durante una década se dedicó a denunciar a los sectores más poderosos del narcotráfico y sus nexos con políticos del Congreso y de gobiernos locales y nacionales. Estas declaraciones se produjeron poco después de conocerse, según fuentes citadas por Europa Press y por el diario ‘The New York Times’, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación preliminar por presuntas relaciones de personas del entorno de Petro con organizaciones criminales y posible financiamiento irregular de campaña presidencial.

El Gobierno colombiano, a través de un comunicado publicado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, sostuvo que no se ha recibido ninguna notificación formal por parte de autoridades competentes sobre investigaciones que comprometan al presidente. En el mismo texto, el Ejecutivo denunció que la información difundida al respecto carece de sustento jurídico y fáctico, solicitando a la opinión pública que “las publicaciones se lean en su contexto integral” y que los reportes sobre estas acusaciones no verificadas sean tratados con prudencia.

La Embajada en Washington destacó que Petro “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad”, tanto durante su cargo como durante su exilio ocasionado por denunciar actos ilícitos que implicaban a estructuras criminales. Según consignó Europa Press, la misión diplomática defendió la trayectoria del presidente como una de “acción firme contra la ilegalidad y las organizaciones criminales internacionales vinculadas al narcotráfico”. Para el Gobierno colombiano, este historial refleja un compromiso permanente del mandatario con el Estado de derecho y la justicia, y se apoya en hechos comprobables y no en rumores o versiones especulativas.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, Gustavo Petro insistió en que su principio personal, así como la orden para su equipo de trabajo, ha sido rechazar cualquier donación o aporte financiero proveniente de banqueros o de personas vinculadas al narcotráfico. “Ni un solo peso de narcotraficantes” ha ingresado, según el propio presidente, en el marco de su campaña que culminó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Defendió que las investigaciones intensas y productivas no han hallado evidencia alguna de ingresos ilícitos. Petro, además, consideró que cualquier proceso instruido por autoridades estadounidenses serviría como mecanismo para refutar las acusaciones promovidas, según él, por sectores de la derecha colombiana, quienes, señaló, sí mantienen articulaciones con redes criminales dedicadas al narcotráfico.

Europa Press informó que las investigaciones que involucran a colaboradores cercanos del presidente colombiano estarían a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, trabajando en conjunto con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Estas pesquisas aún se encontrarían en etapas iniciales y no han derivado en imputaciones formales ni en comunicaciones oficiales al Gobierno de Colombia.

El anuncio de la apertura de estas investigaciones coincide con una etapa de estabilidad en la relación entre Petro y la administración estadounidense, tras un periodo de meses marcados por tensiones, declaraciones cruzadas y desencuentros verbales. Europa Press recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante ese periodo, había caracterizado a Petro como “lunático con problemas mentales” e, incluso, llegó a amenazar con una intervención militar en el país sudamericano. La bilateralidad experimentó cierta normalización después de la visita de Petro a la Casa Blanca, previa a la intervención estadounidense en Caracas, Venezuela, en enero de 2026, cuyo objetivo declarado fue la detención de Nicolás Maduro.

El contexto de las investigaciones también está situado en el marco de la campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, identificado como cercano al presidente Petro, aparenta ser el favorito de cara a los comicios previstos para el 31 de mayo, según información publicada por Europa Press. Este proceso coincidente ha contribuido a que el entorno político en Colombia y la percepción pública sobre el caso adquieran mayor atención mediática.

Las declaraciones del presidente Petro y de la Embajada de Colombia en Estados Unidos reiteran la postura de rechazo absoluto a cualquier forma de criminalidad que implique vínculos con el narcotráfico. Tanto el Ejecutivo como el propio mandatario han enfatizado el compromiso con la transparencia y la integridad en la actuación pública, así como la disposición para someterse a investigaciones que permitan esclarecer los hechos y descartar sospechas que, según sus afirmaciones, carecen de fundamentos probatorios sólidos.

Fuentes estadounidenses revelaron que la investigación sobre posibles vínculos entre Gustavo Petro y delitos relacionados con el tráfico de drogas se encuentra en una etapa preliminar y cuenta con respaldo directo de agencias federales como la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). De acuerdo con The New York Times, las fiscalías de los distritos de Manhattan y Brooklyn participan coordinadamente en estas pesquisas, centradas no solo en los presuntos lazos del presidente de Colombia con actividades de narcotráfico, sino también en el supuesto financiamiento ilegal de su campaña con recursos procedentes de la droga.

Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de avanzar en estas investigaciones en un contexto político colombiano marcado por la renovación presidencial, donde el candidato Iván Cepeda, identificado como cercano a Petro, figura como principal aspirante. Esta indagación coincide además con el reacomodamiento reciente en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, tras episodios de tensión y acusaciones intercambiadas, que incluyeron expresiones despectivas por parte del presidente estadounidense Donald Trump contra Gustavo Petro, amenazas de intervención militar y un posterior acercamiento protocolar signado por reuniones en la Casa Blanca.

El medio estadounidense detalló que las tensiones bilaterales alcanzaron momentos de particular tensión cuando Trump utilizó una retórica hostil hacia Petro, refiriéndose a él como ‘lunático con problemas mentales’ y, posteriormente, sugiriendo la posibilidad de una acción militar en Colombia, en el periodo previo a una operación contra el gobierno venezolano, desarrollada por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de 2026 que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Esta secuencia de eventos consolidó una pauta marcada por el mayor intervencionismo estadounidense en América Latina, un giro calificado en The New York Times como continuación de la histórica ‘Doctrina Monroe’.

En torno al impacto potencial de la investigación en el panorama político colombiano, The New York Times reportó que el proceso se produce en el marco de una campaña electoral donde el oficialismo busca la continuidad gubernamental respaldando la candidatura de Iván Cepeda. El periódico subrayó antecedentes de la administración Trump de influir de manera directa en procesos electorales regionales, como sucedió en Honduras, donde la ayuda estadounidense estuvo condicionada al triunfo de candidatos afines a su política exterior.

Las reacciones en Estados Unidos ante la revelación de la investigación incluyeron declaraciones del congresista republicano Carlos Giménez, quien integra la Comisión de Seguridad Nacional. En palabras citadas por The New York Times, Giménez celebró la noticia y aseguró que Petro ‘tendrá que enfrentar las consecuencias de su accionar ilegal ante la Justicia estadounidense’. El legislador insistió en que ‘los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño’, refiriéndose a la residencia presidencial, y manifestó su expectativa de que, desde el Congreso estadounidense, se concrete la ‘pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro’, a quien acusó de causar daños profundos a Colombia.

The New York Times examinó el trasfondo de la investigación, resaltando que tanto la DEA como el HSI se encuentran proveyendo información y asistencia operativa a las fiscalías de Nueva York, y que el caso gira en torno a denuncias de uso de fondos provenientes de la droga en la financiación de actividades políticas. Las fuentes citadas advirtieron que la pesquisa se mantiene en etapa inicial y que la recolección de pruebas sigue su curso mientras se producen las campañas y la actividad electoral en Colombia.

El medio estadounidense recordó además que el uso político de investigaciones federales estadounidenses en América Latina no representa una novedad, reflejando una continuidad de estrategias de presión política sobre gobiernos de la región catalogados como adversos a los intereses de la Casa Blanca. Según The New York Times, la administración Trump viene reforzando esta línea con una agenda exterior orientada hacia una mayor intervención directa en el hemisferio, como quedó evidenciado a finales de 2025 con episodios recientes en Venezuela y otras naciones.

La nota del diario neoyorquino también hizo referencia al efecto de estas acciones judiciales y políticas en la opinión pública colombiana, donde, de acuerdo con el testimonio de figuras estadounidenses como Giménez, existe descontento ante la figura de Petro y fuertes cuestionamientos a la actual administración. Además, The New York Times señaló que el desarrollo de esta investigación podría incidir en la percepción internacional sobre la gobernabilidad en Colombia y el nivel de involucramiento extranjero en sus asuntos internos, particularmente en períodos electorales.

El informe resaltó, finalmente, que las autoridades estadounidenses consideran que la investigación actual podría sentar un precedente en la cooperación interagencial y la coordinación internacional sobre delitos transnacionales en América Latina, fijando la atención en el desarrollo de la relación bilateral a corto y mediano plazo.

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana se reunieron en Santo Domingo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo, informó la embajada estadounidense este jueves.

El encuentro, con la presencia del subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización de Estados Unidos, Michael Buemi, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, José Manuel Cabrera Ulloa, se centró en mejorar la coordinación interinstitucional y la efectividad operativa en la región.

La reunión ocurre poco después de que Estados Unidos reabriera la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, tras un mes de cierre debido a una investigación interna de corrupción, según datos compartidos por la embajada y recogidos por EFE.

Durante la visita de Buemi al país caribeño, el encuentro sirvió para reafirmar que República Dominicana es “un miembro clave de la Coalición de las Américas contra los cárteles y un líder regional en la promoción de la seguridad hemisférica”, de acuerdo con la legación diplomática de Washington.

Acciones y estrategias abordadas en la reunión

Durante el diálogo, las autoridades trabajaron en estrategias para detectar, monitorear e interrumpir redes de tráfico ilícito, orientadas a reforzar las prioridades compartidas frente a organizaciones criminales transnacionales y terroristas designadas que operan en la región. En la reunión estuvieron presentes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, el comandante general de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez, y el comandante general de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

El subsecretario Buemi destacó el compromiso del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de actuar “hombro con hombro con la República Dominicana” para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas. “Desde la política hasta la operación, estamos alineando capacidades para negarles espacio, rutas y recursos”, afirmó, según la nota de prensa distribuida tras el encuentro.

Resultados y contexto regional

Las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas en lo que va de año. Desde agosto de 2025, Estados Unidos realiza ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar droga desde países ubicados al sur de su territorio, según la misma fuente.

Además, el 17 de marzo, la embajada de Estados Unidos en República Dominicana comunicó la firma del acuerdo para implementar el Plan de Modernización y Tecnificación de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM). El acto tuvo lugar en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, en el contexto del proceso de Reforma Policial.

Según dicha representación diplomática, el acuerdo busca fortalecer las capacidades investigativas y fomentar investigaciones respaldadas en pruebas científicas. Para ello, se estableció una cooperación entre la Policía Nacional de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), bajo la representación de Rebecca Marquez.

Con esta iniciativa, los organismos firmantes pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y respaldar el avance de la reforma policial, según la información divulgada por la embajada de Estados Unidos.

Tras la detención y liberación inmediata de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, la atención pública vuelve a centrarse en los demás integrantes de la dinastía Zambada.

La diversidad en la trayectoria de los hijos de Zambada —algunos apartados del crimen organizado, otros encarcelados o en libertad tras acuerdos judiciales e incluso colaboradores de la justicia estadounidense— revela la complejidad de una familia cuya influencia y actividades han marcado la historia reciente del narcotráfico en México.

La estructura familiar del “Mayo” Zambada se da forma a partir de las relaciones del capo con distintas esposas y parejas.

Están los hijos que tuvo con Rosario Niebla Cardoza. De esta unión nacieron Vicente Zambada Niebla, conocido como “el Vicentillo”, y las hermanas María Teresa, Midiam Patricia, Modesta Zambada y la propia Mónica del Rosario Zambada Niebla.

El propio Vicente Zambada Niebla, quien aparece frecuentemente como heredero de la organización, fue aprehendido en 2009 y se convirtió posteriormente en colaborador y testigo clave para el gobierno de Estados Unidos.

Las hijas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta han figurado en diversos registros financieros y en listas de sanciones internacionales, donde se señala un presunto involucramiento en operaciones de lavado de dinero vinculadas a las redes de su padre.

El papel de los hijos varones: liderazgo y presión judicial internacional

Entre los descendientes nacidos de la relación de “El Mayo” con María del Refugio Sicairos Aispuro y Margarita López Imperial, destacan “El Flaco” y “El Gordo”. Ismael Zambada Sicairos, denominado “Mayito Flaco”, es el único de los hijos que actualmente mantiene liderazgo operativo dentro de la facción mayista del Cártel de Sinaloa en México. Se le considera un objetivo prioritario para la DEA.

Por su parte, Ismael Zambada Imperial, apodado “Mayito Gordo” e hijo de Margarita López Imperial, fue capturado en 2014 y enfrentó un proceso de extradición a Estados Unidos. Su estadía en prisión concluyó en 2022, cuando obtuvo la liberación tras cumplir condena, según documentos judiciales estadounidenses.

Acuerdos judiciales, bajo perfil y nueva generación

El árbol genealógico de Zambada incluye otras ramas con hijos menos expuestos mediáticamente, pero cuya relación con el sistema judicial de Estados Unidos ha sido decisiva para su destino.

Serafín Zambada Ortiz, hijo de Leticia Ortiz Hernández, fue detenido en 2013. Su liberación, en 2018, se debió a su cooperación con autoridades estadounidenses.

En ese mismo núcleo familiar, Teresa Zambada Ortiz, hermana de Serafín, ha permanecido alejada del foco público y mediático, manteniendo un perfil bajo que contrasta con la notoriedad de otros hermanos.

A ellos se une Ana María Zambada Lara, hija de Alicia Lara Camberos, quien figura formalmente como parte de la descendencia directa de Ismael Zambada, aunque no se dispone de información pública relevante sobre su involucramiento en las actividades familiares.

El juez federal Frederic Block estableció el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, tras la audiencia realizada este jueves en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Durante la comparecencia se estableció el calendario del proceso, que contempla una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio. El acusado enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y conspiración, entre ellos el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Caro Quintero se declaró no culpable desde su primera presentación ante autoridades estadounidenses en febrero de 2025, luego de ser entregado por el gobierno mexicano junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado. Desde entonces, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante el proceso, la defensa ha solicitado, sin éxito, modificaciones a las condiciones de confinamiento, pues se encuentra en un programa de vigilancia riguroso y permanente. Sus abogados han señalado que el acusado permanece bajo Medidas Administrativas Especiales, lo que implica aislamiento durante la mayor parte del día y restricciones en la comunicación, incluso con su equipo legal. También han referido dificultades para preparar el caso en esas condiciones y han mencionado problemas de salud del detenido.

Fiscalía estadounidense descarta la pena de muerte

Por su parte, la fiscalía estadounidense determinó que no buscará la pena de muerte, aunque el acusado podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. El curso del proceso podría modificarse si se alcanza un acuerdo previo, aunque especialistas han señalado que este escenario es poco probable debido a la gravedad de los delitos imputados.

Otros capos recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga a internos de alto perfil vinculados con delitos de alcance internacional. Entre ellos se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exdirigente de “Los Caballeros Templarios” y “La Familia Michoacana”; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exjefe del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, quien encabezó la organización “Los Zetas”.

En ese mismo penal también permanece el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, procesado por delitos relacionados con narcotráfico, así como el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue ingresado a esa prisión el 3 de enero de 2026, acusado por autoridades estadounidenses de cargos vinculados con narcoterrorismo.