Luego de dar a conocer recompensas y sanciones contra líderes y cómplices del Cártel de Sinaloa (CDS) en México, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) aseguró que buscan desmantelar el financiamiento de la organización.

Por medio de una publicación realizada en la red social X, la DEA compartió declaraciones de Terry Cole, titular de la dependencia, en donde aseguró que, junto al gobierno de Donald Trump, se está enfrentando al Cártel de Sinaloa “con acciones urgentes y decisivas”.

“Las sanciones anunciadas contra casi 50 líderes y facilitadores de cárteles, son un componente crítico de nuestro enfoque de todo el gobierno para desmantelar las líneas de financiamiento del cártel”, se señala en el escrito.

En ese sentido, la Administración aseguró que mediante el congelamiento de activos y el bloqueo de transacciones monetarias del cártel, busca que sea más difícil para mover dinero, traficar drogas mortales y facilitar sus operaciones a través de la corrupción.

“La DEA, junto con socios nacionales e internacionales, hará responsable a cada individuo y a cada colaborador, independientemente de su función, ubicación o fachada”, dijo, sobre los señalados el pasado 29 de septiembre.

También se tiene la recompensa por información para dar con el paradero del líder de plaza del cártel en Mexicali, Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.

Departamento del Tesoro sanciona a líderes y miembros del Cártel de Sinaloa

Esto se da luego de que el pasado 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer que había sancionado a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder de la facción de La Mayiza de dicho cártel, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, así como miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que la medida que esta medida subrayaba que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero, estaba fuera del alcance de las autoridades de esa dependencia. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, dijo Bessent.

En el comunicado en el que se dio a conocer la información, se señaló que en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles de la droga, la OFAC ha priorizado la persecución de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, llevando a cabo más de 300 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025. La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, incluyendo funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que se hacen pasar por testaferros legítimos.

“La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU., incluido el Comando Norte de EE. UU. y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles”, se lee en el comunicado.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, actual líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, y a quien sancionó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus actividades dentro del grupo criminal.

La oficina de San Diego compartió en sus redes sociales la ficha de búsqueda con una nueva fotografía del hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, en la que identificaron como su última ubicación la Ciudad de México; antes refería solo a México. Además, actualizaron su estatura a 1.80 metros y su peso a 81.64 kilogramos.

“El Mayito Flaco” cuenta con acusaciones en el Distrito Sur de California desde julio de 2014 por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Sin embargo, horas más tarde de la publicación de esta nota, la DEA bajó la ficha en la que refería la Ciudad de México como la última ubicación y volvió a poner solo “México”, además de que su peso y altura también fueron cambiadas.

Aunque se creía que Zambada Sicairos había nacido en el estado de Sinaloa al igual que su padre, la OFAC destapó que el líder criminal nació en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, en el año 1982, por lo que cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, reveló que en el año 2001 intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país, al intentar llamarse Francisco Sicairos Aispuro.

Asumió el control luego de la detención de su padre en julio de 2024: actualmente mantiene una disputa con Los Chapitos

Luego de la captura de “El Mayo” el 24 de julio de 2024 en Estados Unidos, que se ejecutó junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del cártel comenzaron una guerra interna que hasta el momento mantiene una ola de violencia en Sinaloa y otros estados en los que tienen presencia junto a sus aliados.

Aunque a lo largo de los años el Cártel de Sinaloa sostuvo dos disputas previas por el control de los negocios criminales, sin embargo, la actual ha sido calificada como la más violenta y prolongada tanto por periodistas sinaloenses, defensores de derechos humanos y madres buscadoras.

En el mes de julio pasado, María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, explicó a esta casa editorial que la disputa del cártel no se ha enfocado solo en personas relacionadas con los grupos, sino que también ha provocado que cientos de civiles sean alcanzados por la violencia.

“Es diferente esta guerra en sí, más prolongada y mucho más sanguinaria. Creo que en las anteriores sí había desapariciones, pero era solamente con las personas que tal vez trabajaban o estaban con ellos, ahora no les importa quién seas ni si perteneces (a una facción) ni con quién estés”, explicó.

EEUU sancionó a dos redes vinculadas a Los Mayos en Baja California

Este martes, la OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas por operar como líderes y facilitadores de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, así como a “El Mayito Flaco”.

Una de las redes tiene como ubicación el municipio de Tijuana, controlada por Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y Rene Arzate García, “La Rana”, sancionados originalmente en agosto de 2023. Los hermanos mantienen el control del territorio desde hace década y media y mantienen una alianza con Los Mayos en la guerra que comenzó desde septiembre de 2024.

“La Rana” y su hermano enfrentan cargos de narcoterrorismo recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Además, fueron sancionados los lugartenientes de la red: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, encargados de ejercer violencia y de gestionar la producción y transporte de fentanilo hacia Estados Unidos.

Otros fueron la pareja sentimental de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Félix Rivera, quien funge como facilitadora financiera a través de la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, para coordinarse con centros de intercambio en el sur de California y lavar recursos del narcotráfico mediante transacciones espejo.

La OFAC también designa a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, socios tijuanenses que operan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para lavar dinero. A esa red se suman Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, este último descrito como enlace central para actividad de múltiples cárteles en la ciudad.

La red de Mexicali involucra al exesposo de la gobernadora de Baja California

Estados Unidos también sancionó a la red que controla Mexicali: Los Rusos. Este brazo armado de Los Mayos está liderado por Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”.

Dentro del esquema de corrupción ubicaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, junto con su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

Las autoridades de ese país señalaron al exesposo de la gobernadora de recibir pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García (también sancionado por mantener una alianza con “El Ruso”). Con estos pagos, Carlos Torres habría permitido las operaciones del Cártel de Sinaloa en el estado.

Por su parte, Luis Alfonso Torres fue identificado como el encargado de recibir los sobornos brindados por Mendívil y blanquearlos a través de empresas y campañas políticas.

Otro sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno estatal de Baja California, por ofrecer favores políticos al líder sinaloense José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, sancionado originalmente en enero de 2023 y quien fue detenido en días pasados en la alcaldía Cuauhtémoc al ser requerido por el gobierno estadounidense.

En la red también se identificó a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, socio de Rivera Zazueta, por traficar cocaína y metanfetamina y utilizar cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas para transferir las ganancias ilícitas de vuelta a México.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitó una pena de 92 meses de prisión, equivalentes a siete años y ocho meses, para Carlos Omar Félix Gutiérrez, operador de Los Chapitos acusado de participar en la producción y distribución mayorista de fentanilo.

La petición fue presentada ante la jueza Katherine Polk Failla en la víspera de la audiencia de sentencia del mexicano, quien se declaró culpable en enero de este año de un cargo menor incluido en el segundo cargo de la acusación: conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo. La sentencia está prevista para este martes 29 de septiembre en un tribunal federal de Manhattan.

Los fiscales argumentaron que los 92 meses son una pena suficiente y proporcional al papel que desempeñó Félix Gutiérrez dentro de la organización, además de cuatro años de libertad supervisada. La cifra coincide con la condena impuesta en agosto a su coacusado Silvano Francisco Mariano, “El Rayo”, quien también operaba laboratorios clandestinos para Los Chapitos.

La Oficina de Libertad Condicional había recomendado una pena menor, de 84 meses de prisión, mientras que Félix Gutiérrez solicitó que se le impusiera la pena mínima obligatoria de cinco años. Su defensa argumentó circunstancias personales difíciles y buen comportamiento durante los aproximadamente tres años que lleva detenido.

El operador de nivel medio que producía y vendía fentanilo

En su escrito, la Fiscalía estableció una diferencia entre Félix Gutiérrez y los principales dirigentes de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes enfrentan acusaciones mucho más graves dentro del mismo expediente.

Sin embargo, los fiscales señalaron que esa diferencia no significa que el acusado tuviera un papel menor. De acuerdo con la Fiscalía, Félix Gutiérrez participaba directamente en la producción y venta de fentanilo en cantidades mayoristas, además de estar dispuesto a intercambiar drogas por armas de fuego.

La acusación lo ubica junto con “El Rayo” en un nivel intermedio de la estructura investigada. Ambos estaban relacionados con laboratorios clandestinos donde se procesaban precursores químicos procedentes de China para producir fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado a Félix Gutiérrez como uno de los acusados por conspiraciones relacionadas con importación y tráfico de fentanilo, posesión de armas y lavado de dinero.

Para los fiscales, los laboratorios constituían una pieza fundamental de las operaciones de Los Chapitos, debido a que permitían mantener la producción del opioide sintético que posteriormente era enviado a Estados Unidos.

La Fiscalía también destacó que Félix Gutiérrez no se limitaba a funciones relacionadas con la fabricación. La investigación de la DEA documentó su participación personal en negociaciones para vender el fentanilo, incluso mediante contactos que terminaron siendo fuentes confidenciales de la agencia.

La negociación que terminó en una operación de la DEA

La investigación comenzó a tomar forma durante 2022, cuando una fuente confidencial identificada como “CS-1” se reunió con Félix Gutiérrez en México. El encuentro, ocurrido el 6 de octubre, fue grabado por las autoridades.

Durante la conversación, el mexicano ofreció fentanilo, cocaína y metanfetamina y aseguró que contaba con rutas para enviar drogas a distintas ciudades de Estados Unidos. También habló de los precios del fentanilo y señaló que “El Rayo” tenía contactos en Sinaloa.

La posibilidad de obtener armas automáticas también resultó atractiva para los operadores. Las negociaciones continuaron durante los meses siguientes.

El 10 de octubre de 2022, Félix Gutiérrez informó a la fuente de la DEA que un kilogramo de fentanilo tenía un precio de 25 mil dólares en Nueva York, mientras que podía enviarse la misma cantidad a San Diego por 11 mil 500 dólares.

El 3 de noviembre, Félix Gutiérrez y “El Rayo” se reunieron nuevamente con “CS-1” en la Ciudad de México. Ahí hablaron sobre nuevos cargamentos de droga y la posibilidad de conseguir armas.

Finalmente, el 17 de enero de 2023, los operadores coordinaron la entrega de un kilogramo de fentanilo en San Diego. La DEA pagó los 11 mil 500 dólares acordados y posteriormente decomisó la droga. En febrero, la fuente realizó además una transferencia de 925 dólares a “El Rayo” como pago parcial.

La operación terminó el 16 de marzo de 2023, cuando agentes colombianos detuvieron a Félix Gutiérrez y a Mariano en Bogotá, después de que ambos descendieran de un vuelo procedente de México.

Inicialmente, Félix Gutiérrez enfrentaba seis cargos y una posible condena mucho mayor. Sin embargo, el 21 de enero de 2026 aceptó su culpabilidad por la conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo.

El caso forma parte del expediente 1:23-cr-00180, una investigación federal que incluye a decenas de presuntos integrantes y colaboradores de Los Chapitos. En ese mismo proceso fueron incorporadas posteriormente acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

La petición de 92 meses no constituye todavía la sentencia definitiva. La decisión corresponde a la jueza Katherine Polk Failla, quien deberá determinar la pena que finalmente cumplirá Félix Gutiérrez.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y la DEA permitió la captura en zona rural de Turbo, Antioquia, de un hombre señalado de integrar el Clan del Golfo y de coordinar rutas internacionales para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El detenido, conocido con los alias de ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, tiene 48 años y, según las autoridades, haría parte de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez de esa organización criminal.

La captura se produjo en desarrollo de operaciones adelantadas por tropas de la Séptima División del Ejército, con participación de la Brigada 17 y coordinación con la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre estaría relacionado con el envío de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína al mes hacia destinos de Centroamérica y Norteamérica.

Era requerido por una corte federal en Estados Unidos

Según el expediente citado por las autoridades, alias ‘Ñato’ tendría un historial delictivo superior a siete años y habría participado en el envío de droga mediante rutas aéreas y marítimas.

El hombre es solicitado en extradición por una corte federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, por hechos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

Además, tenía vigente una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que el detenido habría intentado ocultarse de los operativos haciéndose pasar por ganadero de la región.

La operación se concentró en una zona rural de Turbo, uno de los puntos estratégicos del Urabá antioqueño, donde las autoridades han identificado corredores utilizados por organizaciones criminales para actividades relacionadas con el narcotráfico.

El señalamiento contra el capturado también incluye su presunta participación en embarques de estupefacientes hacia Centroamérica, desde donde las cargas continuarían hacia otros mercados internacionales.

Drones fueron utilizados durante el seguimiento

Para ubicar al señalado narcotraficante, las autoridades utilizaron aeronaves remotamente tripuladas suministradas por el Gobierno de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, los drones estaban equipados con sistemas electro-ópticos e infrarrojos, conocidos como EO/IR, que permiten realizar observaciones tanto de día como de noche.

Los equipos también cuentan con capacidad para obtener imágenes térmicas y medir distancias mediante telémetro láser.

Estas herramientas permitieron detectar diferencias de temperatura y mantener la observación incluso en condiciones de baja visibilidad, características que habrían resultado útiles en el área rural donde se encontraba escondido el capturado.

Las autoridades sostienen que la detención representa una afectación a las redes logísticas y financieras del Clan del Golfo que operan en el Urabá antioqueño y Córdoba.

Según la evaluación oficial, la estructura a la que estaría vinculado alias ‘Ñato’ tendría participación en procesos de acopio, transporte y salida de estupefacientes hacia corredores marítimos del Caribe.

El Ejército afirmó que la captura busca afectar las conexiones utilizadas por estas redes para transportar droga y mantener vínculos con organizaciones internacionales.

Las autoridades también informaron que se reforzarán las operaciones militares contra estructuras criminales en Antioquia, Córdoba y Chocó, dentro de la estrategia de la Séptima División para atacar sus fuentes de financiación ilegal.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con la orden de captura y la solicitud de extradición formulada desde Estados Unidos.

Rojas fue entregado a autoridades estadounidenses el viernes 25 de septiembre en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá. Luego fue trasladado bajo custodia de agentes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) hacia San Diego, donde llegó a las 4:30 p.m., hora del Pacífico (6:30 p. m. en Colombia).

Además de la presencia del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que fue vehemente en su discurso durante el acto de entrega, el director de la DEA, Terry Cole, se refirió a este caso mediante un mensaje que compartió desde la cuenta de X de la entidad.

“La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia pueden lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen las instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, destacó Cole.

La extradición se produjo después de que el mandatario colombiano ordenara el 26 de agosto de 2026 continuar con el trámite.

La acusación incluye cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California presentó el 7 de marzo de 2025 una acusación sustitutiva contra Rojas, con dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

La investigación, a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, sostiene que el acusado habría coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos y se habría beneficiado de la producción de la droga en el suroeste de Colombia.

“Araña” era portavoz y uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, grupo armado que, según la agencia estadounidense, contaba con cerca de 1.000 integrantes en esa región del país. Además, fue nombrado gestor de paz durante la administración de Gustavo Petro.

El comunicado emitido por la DEA señala que Rojas difundió en redes sociales e intervino en medios como representante de la organización. También se menciona que el acusado se presentaba como integrante de alto rango de esa estructura.

La extradición había sido suspendida durante negociaciones de paz

Las autoridades colombianas detuvieron a Rojas el 12 de febrero de 2025 mediante una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por delitos relacionados con narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025. Sin embargo, el entonces presidente Gustavo Petro suspendió el trámite mientras Rojas participaba en una ronda de diálogos de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano.

La DEA sostuvo que los Comandos de la Frontera integraban la Segunda Marquetalia, organización conformada por exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que retomaron las armas después del acuerdo de paz de 2016.

Como parte del seguimiento que hizo el Gobierno de Donald Trump en su primer periodo presidencial, Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera el 1 de diciembre de 2021.

Alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, deberá comparecer ante una corte federal en San Diego

El fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, afirmó que el traslado de alias “Araña” hace parte de una estrategia contra las redes de narcotráfico entre Colombia y México.

Por su parte, Cole añadió que Rojas enfrenta acusaciones por supuestamente coordinar cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

El acusado tiene prevista su primera comparecencia judicial el domingo 28 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m. (4:00 p. m. hora colombiana), ante el juez magistrado Steve B. Chu, en el Distrito Sur de California.

“La extradición de Rojas debe enviar un mensaje claro a los líderes de los cárteles: el FBI y nuestros socios del HSTF (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) seguimos firmes en nuestra lucha para desmantelar las organizaciones de narcotráfico que facilitan el flujo de drogas letales hacia nuestras comunidades”, advirtió el agente especial a cargo Mark Remily de la oficina del FBI en San Diego.

José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco” o “Don Flaco”, fue detenido en Cuauhtémoc en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el FBI y la DEA, con fines de extradición a Estados Unidos. La periodista Anabel Hernández afirmó en su podcast Narcosistema que el operador del Cártel de Sinaloa actuó durante años con la protección del gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la capital, una acusación que el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó de forma pública.

Hernández difundió por primera vez un audio de un testigo colaborador de la DEA que, según la periodista, escuchó de manera directa el nombre de Sheinbaum vinculado al reparto de droga incautada. La comunicadora sostuvo que esa relación permitió a José Ángel Rivera Zazueta operar sin obstáculos en la Ciudad de México durante varios años.

Anabel Hernández vincula a Claudia Sheinbaum con la protección de El Flaco en la capital

Hernández relató que un exsocio de Rivera Zazueta, convertido en colaborador de la DEA, le describió en una entrevista de noviembre de 2023 en California cómo funcionaba la protección. El testigo afirmó ante la periodista que la organización debía entregar la mitad de cada cargamento decomisado a cambio de que las autoridades liberaran el resto.

“No, no, trae a todos ahí decomisando para quedarse con la mitad. Y si no le das la mitad, te detiene y te quita todo”, relató el excolaborador del Flaco a Hernández en el audio difundido en Narcosistema. El testigo identificó a Sheinbaum como la persona que ordenaba ese reparto cuando ejercía como jefa de Gobierno.

Hernández documentó estas acusaciones desde 2024 en el capítulo “La heredera” de su libro La historia secreta, que atribuye a Rivera Zazueta una base de operaciones en la capital con el consentimiento de Sheinbaum. El texto menciona también al entonces secretario de Seguridad Pública capitalina, García Harfuch, y a la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional como parte del esquema de protección.

La periodista sostuvo que el libro generó molestia en el entonces candidato presidencial de Morena y que expuso por primera vez la relación entre el operador y el gobierno capitalino. Hernández añadió que Rivera Zazueta pagaba entre USD 1,000 y USD 2,000 por cada kilogramo de cocaína que llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dinero que distribuía entre integrantes de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.

La comunicadora señaló que esa protección permitió a Rivera Zazueta refugiarse en la capital en 2020, después de huir de una orden de captura emitida en Italia. Hernández ubicó su llegada a la Ciudad de México en el mismo periodo en que Sheinbaum ejercía como jefa de Gobierno.

Hernández relató además que el testigo colaborador situó una bodega del operador en la colonia Roma, dato que la periodista había publicado en 2024. Años después, la detención de Rivera Zazueta ocurrió finalmente en la alcaldía donde se ubica esa colonia.

La autora interpretó la coincidencia entre el punto que documentó en su libro y el lugar real de la captura como una confirmación de su investigación. Hernández afirmó que esa información ya era del conocimiento del gobierno de Estados Unidos desde 2023, cuando el testigo colaboraba con la DEA.

La periodista planteó que la detención respondió a presión de Washington y no a una decisión voluntaria del gobierno mexicano de romper el vínculo con el operador. Hernández comparó el caso con el de Genaro García Luna, exfuncionario condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La comunicadora afirmó que el gobierno estadounidense utiliza la colaboración en materia de seguridad para forzar a las autoridades mexicanas a detener a narcotraficantes que podrían señalar a funcionarios locales. Hernández sostuvo que ese mecanismo explica por qué el operativo se ejecutó pese a los presuntos vínculos que ella documentó.

Omar García Harfuch niega vínculos políticos de Rivera Zazueta tras su detención

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que Rivera Zazueta tuviera nexos identificados con políticos mexicanos. Harfuch hizo esa afirmación durante la conferencia mañanera del 25 de septiembre, la cual recogió Infobae.

“Con políticos no, no tenemos ningún vínculo de este sujeto”, afirmó Harfuch ante Infobae. El funcionario explicó que el Gabinete de Seguridad no contaba con información que acreditara ese tipo de conexiones.

Harfuch relató al medio que las autoridades mexicanas ya mantenían contacto con agencias de Estados Unidos y con autoridades italianas antes de la captura. El funcionario indicó que la ubicación del operador se derivó de intercambios de información con el FBI, la DEA e Interpol México.

El secretario detalló que las corporaciones ubicaron a Rivera Zazueta luego de que el operador participara en un evento civil privado. “No se pudo detener ahí porque había mucha gente. Posteriormente se detiene a solas”, explicó Harfuch ante el medio.

García Harfuch precisó que Rivera Zazueta era buscado principalmente por su presunta participación en el traslado de precursores químicos y que la carpeta de investigación permanecía abierta en la Fiscalía General de la República. El funcionario añadió que el detenido formaba parte de un conjunto más amplio de personas investigadas.

La agencia Reuters confirmó la captura y consignó que Rivera Zazueta había sido sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en enero de 2023 por su presunta participación en el tráfico de fentanilo. La agencia citó a Harfuch como la fuente que anunció el arresto a través de la red social X.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos calificó a Rivera Zazueta como uno de sus objetivos prioritarios y destacó el intercambio de información con las autoridades mexicanas que permitió la captura. La DEA señaló que continuará la colaboración para desarticular redes de precursores químicos vinculadas con drogas sintéticas.

La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. El proceso judicial continuará conforme a las disposiciones legales correspondientes antes de que se resuelva un eventual traslado del operador.

Quién es José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, según la investigación periodística

Rivera Zazueta nació el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa. El operador controló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de la caída de Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada.

Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project, citada por Infobae, indicó que Rivera Zazueta residió en Kaohsiung, ciudad portuaria de Taiwán, desde donde coordinaba el envío de precursores químicos para El Mayo Zambada. Esa base le permitió mantener contacto directo con proveedores del este asiático.

En 2019, El Mayo Zambada envió a Rivera Zazueta a Italia para abrir una ruta aérea de cocaína hacia Europa desde el aeropuerto de Catania, en Sicilia. El plan contemplaba un primer envío de 1,5 toneladas destinadas a la ‘Ndrangheta, organización calabresa señalada de controlar cerca del 80% de la cocaína que ingresa al continente europeo.

Un informante alertó a la policía financiera italiana en Catania y el capitán Pablo Leccese identificó a tres cómplices guatemaltecos de la célula. Las autoridades italianas detuvieron a dos de ellos en enero de 2020 y decomisaron 385 kilogramos de cocaína, mientras Rivera Zazueta evadió la captura.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rivera Zazueta el 30 de enero de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 14059, por colaborar con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals en el envío de precursores químicos con etiquetado falso. La dependencia también lo responsabilizó de mover cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia y Guatemala.

Registros del Tesoro citados por Infobae señalan que Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad bajo el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con fotografía distinta a la de sus registros oficiales. Ese cambio le generaba una CURP diferente y le permitía moverse entre América, Asia y Europa.

Según la investigación de Hernández, Rivera Zazueta llegó a trasladar entre 500 y 800 kilogramos de cocaína por semana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La periodista sostuvo en su libro que el operador también sobornaba a funcionarios federales de ese gobierno, incluidos mandos de la Guardia Nacional.

El expediente judicial abierto en Catania permanece activo y forma parte de los antecedentes que Estados Unidos podría usar en el proceso de extradición. Rivera Zazueta enfrenta ahora una investigación que, según la Fiscalía General de la República, continúa más allá de la detención ya ejecutada.

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, publicó, de nuevo, la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa.

La publicación de la ficha fue parte del “Fugitive Friday” (Viernes de fugitivos).

Según la información de la DEA, Zambada Sicairos es buscado en San Diego, California por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada y se advierte que su última ubicación fue en México.

La primera ficha de búsqueda de la DEA contra el hijo de El Mayo Zambada se emitió el 26 de septiembre de 2025, un año después del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

“El fugitivo podría estar armado y ser peligroso. No intente detenerlo”, advierte la ficha publicada para su captura.

Autoridades estadounidenses lo describen como un hombre hispano con una altura de 1.75 metros y un peso de 80 kilos, pelo color café, al igual que sus ojos.

Cabe recordar que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue capturado el 25 de julio de 2024, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

Esto desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa por la presunta traición del miembro de Los Chapitos en contra de su padrino, al secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos.

Desde ese momento, la facción de Los Mayos, encabezada por Mayito Flaco, y la de Los Chapitos, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, han protagonizado una serie de enfrentamientos armados en el estado de Sinaloa.

En agosto de 2025, el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) recordó la recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

¿Quién es “Mayito Flaco”?

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” o “El Caballero”, es uno de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Tras la captura de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024, Zambada Sicairos se convirtió en una de las principales figuras de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa que permaneció vinculada a la familia Zambada.

Su nombre ya aparecía en expedientes judiciales de Estados Unidos desde 2013, cuando fue acusado en el Distrito Sur de California por delitos relacionados con el tráfico de drogas. De acuerdo con la acusación retomada por medios mexicanos, las autoridades estadounidenses lo señalaron por participar en operaciones para trasladar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además de actividades relacionadas con el lavado de ganancias del narcotráfico.

Durante años, Zambada Sicairos mantuvo un bajo perfil público, una característica que también distinguió a su padre. La DEA lo incluyó entre sus fugitivos y en 2023 lo designó como “Fugitivo de la semana”, al señalarlo por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Su relevancia aumentó después de la detención de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 25 de julio de 2024. A partir de entonces se intensificó la disputa entre las facciones vinculadas a los Zambada y Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de “El Chapo”. Diversos reportes identifican a Zambada Sicairos como una de las figuras centrales de La Mayiza en ese conflicto.

Actualmente, “Mayito Flaco” permanece prófugo de las autoridades estadounidenses y es considerado una de las principales figuras de La Mayiza. Su papel dentro de la estructura criminal y la disputa por territorios y rutas de tráfico han colocado su nombre entre los principales objetivos de las autoridades de México y Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este miércoles 23 de septiembre la cooperación bilateral que permitió la detención de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas. “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

La detención ocurrió el pasado martes 22 de septiembre en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Rivera Zazueta enfrentaba una orden de detención provisional con fines de extradición y estaba señalado desde 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense como importador de precursores químicos de China a México que terminaban sirviendo para la fabricación de fentanilo y otras drogas.

Reportes extraoficiales vincularon previamente a “Don Flaco” con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con esas versiones, habría operado como principal operador de los Zambada en la Ciudad de México.

Johnson atribuyó la detención al intercambio de información entre agencias de ambos países

En un primer mensaje de este 23 de septiembre, el embajador Johnson retomó un comunicado de la SSPC y afirmó que la cooperación en acción da resultados. Sostuvo que el intercambio de información entre Estados Unidos y México permitió a las autoridades mexicanas detener a otro fugitivo buscado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Agregó que cuando ambos países trabajan juntos no hay dónde esconderse, y advirtió que quienes buscaran traficar drogas letales y envenenar a las comunidades estadounidenses serían encontrados y rendirían cuentas.

En un segundo tuit, publicado horas después en respuesta al mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el diplomático precisó que Don Flaco ayudó a financiar el tráfico de precursores químicos provenientes de China y que había sido designado por la OFAC. Johnson atribuyó la cooperación bilateral al impulso del presidente estadounidense Donald Trump para detener el flujo de drogas letales y lograr que los responsables rindieran cuentas.

Ambas publicaciones del embajador estadounidense incluyeron el hashtag #JuntosLogramosMás, utilizado previamente por la embajada de Estados Unidos en México para referirse a operativos conjuntos entre ambos países en materia de seguridad.

Esto se sabe sobre la detención de “Don Flaco”

De acuerdo con información oficial de las autoridades mexicanas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México, en coordinación con la SSPC, identificaron la alcaldía Cuauhtémoc como zona de movilidad del detenido a partir del intercambio de información con el FBI y la DEA. Con esos datos, desplegaron un operativo en la colonia Hipódromo, donde finalmente localizaron y detuvieron a “Don Flaco”.

García Harfuch confirmó en su cuenta de X que la detención formó parte de una operación conjunta entre la AIC, la SSPC, el FBI y la DEA.

El Registro Nacional de Detenciones documentó la aprehensión con una descripción física del detenido: 39 años de edad, complexión delgada, tez morena clara, barba y bigote poblado, playera manga larga color vino con la leyenda “Project Rock”, pants gris y tenis blancos con vivos azul y gris.

El documento registró además una cicatriz por operación de tendón de aquiles en el tobillo derecho, un tatuaje con el nombre de Regina en la muñeca derecha y otro con la frase “In my eyes, you’re everything” en el costado derecho del pecho.

El Departamento del Tesoro señaló a Rivera Zazueta en enero de 2023 por importar precursores de China

La OFAC designó a “Don Flaco” el 30 de enero de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 14059, como líder de una organización dedicada a la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas con sede en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México. Según el comunicado del Tesoro, la red operaba con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y hasta Australia.

El documento del Tesoro detalló que “Don Flaco” importaba precursores químicos de China hacia México, utilizados para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B (mejor conocido como Tussi) y ketamina. La dependencia lo señaló también como responsable de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala y otros países de Centroamérica y Europa.

El comunicado del Tesoro precisó que Rivera Zazueta trabajó de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada por la OFAC desde el 15 de diciembre de 2021, la cual envió precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones de narcotráfico en México. La designación de 2023 incluyó también a Nelton Santiso Águila, ciudadano mexicano, y al guatemalteco Jason Antonio Yang López -ya detenido-, señalados por colaborar en la obtención e importación de esos precursores.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) destacó su colaboración en labores de inteligencia compartidos con las autoridades mexicanas que favorecieron la detención de José Ángel Rivera, alias “Don Flaco”, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la agencia estadounidense aseguró que el intercambio de información “ayudó” a las autoridades para localizar y detener al sujeto, identificado como uno de los presuntos operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Don Flaco” también es señalado como presunto coordinador y financista del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos, como parte de sus actividades dentro del cártel.

“La DEA continuará trabajando con nuestros socios internacionales para interrumpir los químicos, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas mortales”, escribió la agencia.

Operador de “El Mayo” que fue sancionado en 2023 por la OFAC

“Don Flaco” fue detenido este martes en la Ciudad de México como parte del cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra al ser requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Su captura se derivó del intercambio de información con el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la DEA, que permitió ubicar la alcaldía Cuauhtémoc como su zona de movilidad.

El operativo se desplegó en la colonia Hipódromo, donde los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo ubicaron y arrestaron.

José Ángel Rivera Zazueta fue identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa, con una red de precursores químicos que abarcaba Asia, América, Europa, África y Oceanía.

El 30 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Rivera Zazueta por colaborar de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada previamente el 15 de diciembre de 2021 por enviar precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones de narcotráfico en México.

Las autoridades estadounidenses también señalaron a Rivera Zazueta de mover cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.

Según registros de la OFAC, Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad bajo el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con una fotografía distinta a la de sus registros oficiales.

Ese cambio de identidad generaba una CURP diferente, lo que le permitió desplazarse por América, Asia y Europa mientras trasladaba entre 500 y 800 kilos de cocaína a la semana, de acuerdo con la investigación de la periodista Anabel Hernández, autora de La historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Hernández, tras la caída de Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó en manos de Rivera Zazueta, convirtiéndose en la pieza central para el ingreso y salida de precursores químicos y narcóticos a través de la capital, al menos desde 2020.

La periodista también reportó que Rivera Zazueta sobornaba con miles de dólares mensuales a miembros de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades aduaneras presentes en el aeródromo. De acuerdo con su relato, se pagaban entre mil y 2 mil dólares por cada kilo de cocaína que lograba cruzar por esa vía.

La droga que llegaba al aeropuerto se distribuía después en bodegas dentro de la Ciudad de México, entre ellas una ubicada en la colonia Roma, según su investigación.

El expresidente de la República, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones atribuidas al testigo de la DEA Juan Fernando Álvarez Meyendorff, a quien vinculó con la Junta del Narcotráfico, y afirmó que durante los 13 años que estuvo preso en Estados Unidos no existe “un solo rastro de su cercanía a mí”.

La reacción del líder de la oposición ocurrió tras las revelaciones de Semana sobre declaraciones de Álvarez Meyendorff, que habría asegurado que entregó $12.000.000.000 para una campaña de Petro. El presidente cuestionó que no se hubiera precisado si esa supuesta entrega se refería a una campaña presidencial o al Congreso de la República.

Petro sostuvo que el caso no depende de facultades presidenciales, pues la extinción de dominio sobre los bienes del empresario no está entre sus competencias legales ni constitucionales. También negó haber intervenido en la Fiscalía General de la Nación, entidad que investiga a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos.

El exmandatario identificó a Álvarez Menderyoff como uno de los “capos invisibles” de Colombia y afirmó que su patrimonio, calculado por él en $2 billones, se habría formado mediante actividades ligadas a la cocaína desde su asociación con integrantes del cartel del Norte del Valle a finales de los años noventa.

Petro cuestionó la versión sobre una presión para impedir una declaración en Estados Unidos

Gustavo Petro planteó que la hipótesis expuesta por el narcotraficante invierte el sentido de los hechos. Al referirse a la versión según la que la pérdida de los bienes buscaba impedir su testimonio en Estados Unidos, escribió: “Creo que la situación es diferente: En sus trece años de prisión en Estados Unidos no me mencionó nunca ni hay un solo rastro de su cercanía a mí”.

El expresidente colombiano afirmó que Álvarez Menderyoff fue capturado durante la administración del entonces fiscal Eduardo Montealegre y que la incautación de sus propiedades ocurrió 13 años después, en 2025. Según Petro, el hombre pretende recuperar bienes que considera propios pese al origen que les atribuyó.

A la par, cuestionó la denuncia según la que la fiscal general perseguiría esos activos por órdenes de la Presidencia. “El narco cree que tiene derecho a sus bienes por dos billones a pesar de la comisión de sus delitos para obtenerlos”, sostuvo Petro, antes de negar haber pedido favores o cargos en la Fiscalía.

En sus declaraciones, defendió la terna de mujeres que presentó para elegir a la fiscal general y señaló que no las conocía personalmente. Dijo que las seleccionó por su trayectoria en la defensa de derechos humanos, con el propósito de separar a la Fiscalía del poder presidencial y evitar su politización.

La denuncia sobre USD 700 millones abrió preguntas sobre la incautación de activos

En su extenso mensaje, Gustavo Petro recogió la versión de que los bienes de Álvarez Menderyoff habrían sido entregados a una persona identificada como Chalala, quien presuntamente los vendió e invirtió los recursos en Estados Unidos. El presidente preguntó si la justicia de ese país incautó activos cercanos a USD 700.000.000.

“¿La justicia de los Estados Unidos habrá incautado estos bienes por cerca de USD 700 millones, o la incautación de bienes del narcotráfico solo opera en Colombia y no en los Estados Unidos?”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

De acuerdo con Petro, la legislación colombiana establece que esos bienes debían pasar a custodia y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Añadió que las haciendas sujetas a extinción de dominio o ya extinguidas debían destinarse al campesinado, mientras que las viviendas debían convertirse en sedes de universidades públicas y cooperativas de producción.

El expresidente aseguró que nunca recibió de la directora de la SAE información sobre la entrada de bienes de esa cuantía procedentes de un solo narcotraficante. También relacionó las acusaciones con su presión para que los activos decomisados al narcotráfico fueran entregados a la población.

El exjefe de la DEA, Derek Maltz Sr., pidió que México considere solicitar inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados del ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles, según un mensaje publicado este 20 de septiembre.

Maltz sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente una intervención militar unilateral de Estados Unidos, aunque respalda la cooperación bilateral en materia de seguridad. El ex funcionario planteó que los recursos estadounidenses se coordinen con México y respeten su soberanía.

El exjefe de la DEA también exigió investigar y procesar a funcionarios y políticos corruptos que apoyen de manera consciente las operaciones de los cárteles. En su mensaje, afirmó que desmantelar las redes de protección permitiría neutralizar a esas organizaciones.

Claudia Sheinbaum rechaza la intervención extranjera en asuntos nacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este 20 de septiembre la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos nacionales durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en Baja California Sur, y sostuvo que el rumbo de México debe definirse sin presiones externas.

“México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”, advirtió la mandataria al cuestionar a quienes plantean acudir al extranjero para resolver asuntos internos. Sheinbaum afirmó que ninguna potencia extranjera ni élite debe decidir el futuro del país, porque la soberanía emana del pueblo.

La presidenta también señaló que “el pueblo manda” y vinculó esa postura con los principios de los Sentimientos de la Nación y la Independencia de México.

En el acto, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío aseguró que su administración protegerá humedales, dunas, manglares, arrecifes marinos y áreas naturales protegidas.

Exdirector interino de la DEA afirma que los cárteles mexicanos son “terroristas muy sofisticados”

Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó el pasado 9 de julio al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a solicitar el uso de fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos contra los grupos criminales, una propuesta que choca con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación bilateral sin tropas extranjeras en territorio nacional.

El exfuncionario sostuvo que Washington enfrenta una “guerra química” contra los cárteles, a los que describió como organizaciones terroristas que emplean drogas sintéticas para matar estadounidenses y desestabilizar comunidades en el hemisferio occidental.

Maltz publicó su postura en la red social X y acompañó el mensaje con una entrevista para Newsmax. Ahí afirmó que los grupos criminales mexicanos “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

Aseguró que esas organizaciones han matado a más estadounidenses que todas las agrupaciones terroristas juntas, por lo que “tienen que ser aniquilados”.

Maltz ubica la ofensiva de Estados Unidos desde enero de 2025

El exdirector interino de la DEA señaló que la ofensiva estadounidense contra los cárteles comenzó el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump declaró terroristas a esas organizaciones y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Desde esa fecha, afirmó, las agencias del gobierno de Estados Unidos están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar la capacidad operativa de los grupos criminales.

Maltz dirigió de manera interina la DEA entre enero y mayo de 2025, durante el inicio del segundo mandato de Trump. Tras dejar el cargo, ha mantenido una postura pública de presión hacia las autoridades mexicanas, a las que exige una respuesta más firme ante la corrupción institucional que, según Washington, favorece a las organizaciones criminales transnacionales.

La administración Trump ha exhortado a países de América Latina a aceptar operaciones conjuntas dentro de sus fronteras. Sheinbaum ha rechazado de forma reiterada esa posibilidad bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Sheinbaum ha fijado que México requiere cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano. Para la presidenta, la soberanía nacional “no es negociable”.

En mayo de 2026, Trump advirtió durante un acto por el Día de las Madres en la Casa Blanca: “Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, en referencia directa a México.

Un mes después, el vicepresidente JD Vance declaró en entrevista con N+ Univisión que Estados Unidos “tomará acción militar” si lo considera necesario para proteger a su población, aunque expresó que prefiere la coordinación con México.

Al ser cuestionado sobre si respetaría la línea roja mexicana de no permitir operaciones estadounidenses en territorio nacional, Vance no respondió con un sí o un no. Como escenario hipotético, planteó la posibilidad de un cargamento de armas y fentanilo y dijo: “Por supuesto que iremos tras él”.

Trump también describió ese mes a Sheinbaum como “una mujer muy asustada” y aseguró que “los cárteles dirigen México, y es triste”. La mandataria respondió que la cooperación bilateral existe, aunque una intervención militar estadounidense “no es una opción”.

La Coalición Anticarteles de las Américas fue creada por la administración Trump a principios de 2026 y ya reúne a casi 20 países latinoamericanos. Maltz exhortó a México a incorporarse a este mecanismo en su publicación de X.

El Cártel del Golfo dejó de ser una organización criminal unificada, pero la fragmentación de su estructura no significó su desaparición. Por el contrario, sus principales facciones mantienen disputas internas y, al mismo tiempo, han establecido alianzas que le han permitido conservar y ampliar sus redes fuera de su histórico bastión en Tamaulipas.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) documentó en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 que el grupo mantiene una presencia significativa en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de registrar presencia en otras zonas del país, incluidas entidades del occidente y el centro. El mapa elaborado por la agencia también identifica actividad en torno a Ciudad de México.

El reporte estadounidense ubica además presencia del Cártel del Golfo en Jalisco, Nayarit y Michoacán, estados asociados históricamente con la operación de otros grupos criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

La expansión descrita por la DEA no implica que el Cártel del Golfo tenga el mismo nivel de control en todas esas entidades. El propio mapa distingue entre presencia significativa, presencia y zonas con presencia limitada o nula.

La fragmentación que no acabó con el Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales con mayor antigüedad en México. Su principal bastión histórico se encuentra en Tamaulipas, desde donde durante décadas construyó rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La organización alcanzó uno de sus periodos de mayor poder bajo figuras como Juan García Ábrego y posteriormente Osiel Cárdenas Guillén. Su estructura comenzó a fracturarse con las detenciones de sus principales dirigentes y, especialmente, después de la ruptura con Los Zetas, grupo que surgió originalmente como brazo armado del Cártel del Golfo.

La DEA señala que, para 2025, el grupo ya no funcionaba como una organización unificada. Sus dos principales facciones eran identificadas como Los Metros y Los Escorpiones, enfrentados por rutas de tráfico, territorio y el control general de la estructura criminal. La disputa incluye puntos estratégicos como el puerto de Altamira, en Tamaulipas.

Los Escorpiones mantienen además una confrontación con el Cártel del Noreste (CDN) y otras facciones del propio Cártel del Golfo por el control de Reynosa, mientras que Los Ciclones aparecen como una tercera facción de menor peso que también mantiene enfrentamientos con grupos rivales.

La alianza con el CJNG abrió nuevas rutas

Uno de los elementos que explican la expansión señalada por la DEA es la alianza entre Los Metros y el CJNG.

Según la agencia estadounidense, esta alianza proporciona protección a Los Metros frente a Los Mayos, el Cártel del Noreste y otras facciones del propio Cártel del Golfo. A cambio, la relación facilita el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permite al CJNG obtener acceso a puntos de entrada fronterizos y al puerto de Altamira, utilizado para la importación de precursores químicos.

Esta relación también ayuda a explicar la presencia registrada en entidades del occidente del país. El mapa de la DEA identifica presencia del Cártel del Golfo en Jalisco y Nayarit, territorios donde el CJNG tiene una posición histórica de mayor relevancia.

Así, la estructura actual del Cártel del Golfo combina fragmentación, disputas internas y alianzas con otras organizaciones, en lugar de reproducir el modelo de un cártel centralizado bajo un solo liderazgo.

Drogas, migrantes y huachicol fiscal

Las actividades atribuidas al Cártel del Golfo tampoco se limitan al tráfico de drogas.

La DEA señala que sus redes participan en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. La organización también utiliza rutas para el tráfico de personas, particularmente de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

En territorio estadounidense, la DEA identifica socios, facilitadores y afiliados del grupo en aproximadamente 16 estados, principalmente Texas, Oklahoma, California y zonas del sureste, aunque también menciona presencia en estados como Nebraska, Virginia, Pensilvania y Nueva York.

El Valle del Río Grande, en Texas, constituye una de las zonas relevantes para sus operaciones de tráfico de drogas. Parte de los recursos obtenidos serían enviados posteriormente a México en efectivo, mientras que la DEA también documenta mecanismos de lavado mediante casas de cambio en el área de Brownsville.

A estas actividades se suma el llamado “huachicol fiscal”, mediante el cual redes criminales participan en el contrabando de hidrocarburos. La DEA vincula al Cártel del Golfo con el robo de petróleo y su traslado hacia Estados Unidos para su comercialización, dentro de esquemas financieros basados en operaciones comerciales.

EEUU endurece la persecución contra sus integrantes

El nuevo señalamiento sobre las redes del Cártel del Golfo ocurre mientras Estados Unidos utiliza la designación del grupo como organización terrorista extranjera para ampliar las herramientas legales contra sus integrantes y colaboradores.

El 16 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre la acusación contra José Flores-Flores, un ciudadano mexicano de 21 años originario de Reynosa, a quien señala de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Flores-Flores permanecía bajo custodia tras su arresto.

El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas como parte de las acciones contra las estructuras del Cártel del Golfo.

De esta manera, el mapa presentado por la DEA muestra una organización distinta a la que dominó amplias zonas del noreste mexicano décadas atrás: fragmentada en facciones, enfrentada internamente, pero capaz de mantener alianzas y redes que alcanzan otras regiones de México y Estados Unidos.

Dos montenegrinos fueron detenidos en Uruguay en 2023 en el marco de un operativo antidrogas que terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína que ingresó al país desde Argentina. Estuvieron dos años presos por ser cómplices del narcotráfico y en 2025 fueron extraditados a su país.

En agosto de 2025, la Policía de Montenegro llegó a Uruguay a buscar al narcotraficante Ardijan Ajdrapasic, de 27 años, que estaba requerido por la Justicia de su país por otros delitos, consignó La Diaria. La droga incautada en Uruguay, que iba a ser enviada a Europa tenía estampadas las imágenes de Pluto y Mickey Mouse.

Los dos montenegrinos eran parte del clan Škaljari.

El caso volvió a ser mencionado esta semana en Uruguay, en el marco de una alerta por un posible avance de las organizaciones criminales europeas en el país, entre ellas, la mafia albanesa.

El avance del grupo criminal surgido en Albania a principios de los 90 fue un tema de conversación en una reunión que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) mantuvo en agosto en Buenos Aires con autoridades policiales de toda la región.

Por el momento no se conocen actividades de ese grupo en el territorio pero la Policía uruguaya está en alerta, informó el noticiero uruguayo Telemundo días atrás.

La mafia albanesa es una red de crimen organizado transnacional que opera en Europa, América Latina y otras regiones. Se consolidó como un actor clave del narcotráfico internacional por el envío masivo de cocaína desde puertos como el de Ecuador hacia Europa. Una de las alianzas estratégicas que mantiene es con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa.

En Ecuador se los responsabiliza por el avance de la violencia de la última década.

Este asunto fue tema de conversación la semana pasada en Uruguay, luego de que el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva alertara sobre el número de ingresos de ciudadanos albaneses registrado en los últimos años.

La Policía está haciendo un seguimiento de estos ingresos porque se trata de una nacionalidad, según las autoridades, considerada de riesgo. Sin embargo, por el momento no se detectó actividad criminal de este grupo en el país.

El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló ante los medios que son pocos los ciudadanos de estas nacionalidades que llegan al país.

“Tenemos registros que indican el ingreso de ciudadanos de esa región de Europa. También tenemos registros sobre el egreso de esas personas”, dijo el ministro en una rueda de prensa. Reconoció que la cantidad de ingresos supera a la de los egresos, pero no en una proporción muy elevada.

“Hay registros de movimientos que superan los egresos, pero es muy mínima la cantidad. Estamos hablando de 745 movimientos de ingresos y unos 730 de egresos. Estamos hablando de una diferencia mínima de gente que se ha quedado en el país. Muchos de ellos, aparte, con visa”, expresó.

Tiempo atrás, albaneses provenientes de Ecuador y Perú –dos puntos clave de la operación de esta mafia– se alojaron en lugares cercanos al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en un momento en el que hubo cancelaciones de vuelo, detalló Teledoce. Rápidamente retomaron el camino hacia Europa.

En las últimas grandes incautaciones realizadas en Uruguay no se detectó presencia de estos grupos criminales y tampoco se ha logrado probar presencia permanente de las organizaciones en el país.

Proponen pedir visa para quienes llegan de Serbia y Montenegro

El senador opositor Da Silva le preguntó tiempo atrás al ministro del Interior por el ingreso de 26 albaneses en 2025. “No sé qué andarán haciendo esos albaneses en Uruguay. ¿Se les hace un seguimiento?”, preguntó el legislador. Además, dijo que los montenegrinos que ingresaron fueron 69 y los serbios 651.

Esta semana, entrevistado en el programa Así nos va de Radio Carve, dijo que está haciendo un seguimiento de esta situación.

“A mi entender hay movimientos raros. Se enfavelaron muchos barrios. No es normal que salgan en TikTok estos malandras (…) Empezás a atar cabos y le pregunté [a Negro]”, planteó en la entrevista radial. Da Silva dijo que Uruguay requiere visa para los ciudadanos albaneses que llegan al país, pero no para los ciudadanos de Montenegro.

En una rueda de prensa en el Parlamento insistió en su preocupación. “Hay algunas nacionalidades que son complicadas, que no vienen acá a ver las llamadas [de candombe]. Yo estoy muy preocupado por los albaneses, por los montenegrinos y por algunos serbios”, señaló.

Da Silva dijo que requerir visa permitiría tener una “red previa” de control.

“Los albaneses dominan las mafias del narcotráfico mundial. ¿Y desde cuándo Uruguay es un destino atractivo para los albaneses? ¿Desde cuándo?”, expresó.

Cuatro detenidos en La Reforma esperan la decisión sobre un pedido de extradición de Estados Unidos, presentado el 13 de julio de 2026. La solicitud está relacionada con una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una presunta red que utilizaba Guanacaste como punto de tránsito para la cocaína y que, según el expediente, recibía aeronaves cargadas con droga para enviarla fuera de Costa Rica.

Un informe de la DEA, conocido por CR Hoy, estimó en USD 7.2 millones el valor de un cargamento vinculado con la organización. La investigación situó a Costa Rica dentro de una ruta aérea que tenía a México como escala y a Wisconsin como destino final, donde cada kilogramo de cocaína podía alcanzar un valor aproximado de USD 18,000 en Milwaukee.

El expediente apunta contra los costarricenses Ariel Antonio Castillo García, David Rodríguez Ramírez y Leonel de Jesús Carvajal Duarte, además del mexicano José Kenji Takashima Montoya.

Según el documento citado por CR Hoy, la pesquisa comenzó con el seguimiento a Castillo, una circunstancia que llevó a la DEA a considerar que habría ocupado una posición de liderazgo dentro de la estructura investigada.

La investigación ubicó a Guanacaste como punto de tránsito de la cocaína

La DEA sostuvo que el grupo recibía aeronaves con paquetes de droga en pistas ilegales de Guanacaste y luego reexportaba la carga hacia México, con el objetivo de que ingresara a territorio estadounidense.

La operación investigada se centró en el uso de Costa Rica como puente para transportar la cocaína mediante avionetas de alcance limitado.

El agente especial a cargo de la declaración jurada concluyó que la cocaína tenía como destino Wisconsin. Para esa valoración tomó en cuenta la trayectoria centroamericana de los cargamentos, la presencia de Takashima Montoya, oriundo de Sinaloa, el uso de aeronaves con una autonomía que impedía vuelos transoceánicos y el hallazgo de dinero estadounidense durante las diligencias.

El informe señaló que la droga procedía principalmente de Colombia, aunque también mencionó a Bolivia y Perú como posibles países de origen.

El investigador sostuvo que Estados Unidos es el mercado de drogas más lucrativo de la región y que tiene capacidad para absorber grandes cantidades de cocaína.

La DEA y la Policía de Control de Drogas (PCD) observaron el 30 de noviembre de 2025 a los cuatro investigados cuando cargaban lo que parecía cocaína en una aeronave monomotor. La operación ocurrió en una pista clandestina próxima a Filadelfia, Guanacaste, donde los agentes identificaron un avión similar a una Cessna.

El documento describió la aeronave como un modelo de autonomía limitada. Ese tipo de avioneta puede recorrer hasta 1,482 kilómetros (800 millas náuticas), una distancia que, según el informe, permitiría alcanzar territorio mexicano o zonas marítimas cercanas a Estados Unidos.

El operativo frustró un supuesto traslado de droga hacia Filadelfia

La DEA recibió información el 9 de diciembre de 2025, cerca de la medianoche, sobre la salida de los cuatro hombres desde la casa de Carvajal en Bagaces.

El grupo se desplazaba en caravana hacia Filadelfia, aunque modificó su ruta ante la presencia policial, en apariencia cuando se preparaba para cargar nuevamente una avioneta con droga.

Las autoridades interceptaron tres vehículos: una Toyota Hilux conducida por Castillo, con Takashima como pasajero; una camioneta Chevrolet manejada por Carvajal; y un Renault Duster al mando de Rodríguez. La sospecha de los investigadores era que los detenidos se disponían a trasladar una carga hacia la pista clandestina para continuar con la operación aérea.

Dentro de la Chevrolet, los agentes hallaron luces portátiles de aterrizaje, combustible de aviación en estañones, tres neumáticos de avión, un monocular de visión nocturna, radios de comunicación, teléfonos y una pistola Beretta calibre .40. Los elementos incautados formaron parte de la evidencia sobre la presunta logística utilizada por la organización para operar vuelos desde pistas clandestinas.

En el Renault Duster, la Policía encontró 13 paquetes blancos que contenían ladrillos de cerca de un kilogramo cada uno. Los envoltorios llevaban el símbolo de Porsche y las pruebas aplicadas a parte de la sustancia confirmaron que era cocaína.

El decomiso alcanzó 400 kilogramos de cocaína. Según la estimación incorporada al expediente, la carga tenía el valor señalado por el agente de la DEA, de acuerdo con el precio que podía obtener en Milwaukee, ciudad identificada como el destino del producto ilícito.

La PCD decomisó a Takashima dos celulares, una llave de hotel, una billetera con colones y moneda estadounidense, un pasaporte mexicano, una tarjeta de identidad y una licencia de conducir. También llevaba más de USD 200 en efectivo, mientras que Carvajal portaba USD 120 y un permiso de portación de armas.

Los allanamientos revelaron combustible, armas y registros de hospedaje

Después de las capturas, la PCD realizó allanamientos en dos viviendas y un apartamento ubicados en Guanacaste. En esos inmuebles se localizaron teléfonos, una escopeta, un revólver, municiones, un dron, motocicletas, radios, cargadores, recipientes vacíos y envases con combustible de aviación.

Las autoridades también encontraron documentos de Rodríguez, entre ellos tarjetas bancarias, una cédula y dos identificaciones como trabajador de seguridad privada. La documentación del Ministerio de Justicia incorporada al caso registraba visitas realizadas a Rodríguez en la cárcel de San Ramón.

En una de las propiedades, los agentes hallaron un altar dedicado a la Santa Muerte. El informe indicó que los narcotraficantes suelen recurrir a esta figura en busca de protección frente a la Policía, rivales, traiciones y la muerte.

La habitación de hotel de Takashima fue registrada como parte de las diligencias. Allí aparecieron USD 2,450 dentro de una riñonera escondida en el forro de una maleta, junto con documentos y facturas que reflejaban pagos en efectivo por varias noches de alojamiento.

Los comprobantes identificaban a Ganadería Rancho Las Tres Palomas S. A. como cliente de los pagos. Además, consignaban una dirección de correo electrónico cuyo usuario coincidía con el nombre de Castillo, de acuerdo con los datos reseñados por el medio.

El Tribunal Penal de San José aún debe resolver la extradición

Los cuatro investigados permanecen en prisión desde su detención a finales de 2025. La solicitud formal de extradición de Estados Unidos llegó meses después y el Tribunal Penal de San José todavía no ha emitido una resolución sobre el requerimiento.

Castillo nació en San José, Rodríguez es oriundo de Chacarita, Puntarenas, y Carvajal procede de Palmar Norte de Osa. Los tres costarricenses tienen entre 36 y 51 años, mientras que Takashima Montoya nació en Salvador Alvarado, Sinaloa.

La causa reúne los decomisos, los allanamientos y el seguimiento de las autoridades como elementos para sostener la hipótesis de una red de tráfico de drogas. La decisión judicial sobre la extradición definirá el próximo paso en el proceso contra los cuatro detenidos.

Agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) allanaron la vivienda de Hayden Panettiere en Los Ángeles, más de una semana después del fallecimiento de la actriz, en el marco de una investigación por presunto tráfico de narcóticos ilegales.

El operativo, realizado el 25 de agosto, se sustentó en una orden judicial que autorizaba la búsqueda de pruebas relacionadas con estupefacientes del mercado negro, según confirmó a la revista People una fuente cercana al caso.

El medio TMZ fue el primero en revelar el registro llevado a cabo por agentes federales. Ya en agosto, otra fuente había informado a People que la DEA participaba en las pesquisas sobre la muerte de la intérprete, de 36 años, ocurrida en Carolina del Sur pocos días antes de que cumpliera 37. Hasta el momento, ni la DEA ni representantes de la familia de la actriz emitieron declaraciones públicas sobre los resultados del allanamiento ni sobre el estado actual de la causa.

Cómo fue hallada la actriz

Panettiere fue encontrada inconsciente alrededor de la 1:50 p. m., hora local, el domingo 16 de agosto, en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia le brindaron asistencia médica apenas llegaron al lugar, pero la actriz fue declarada muerta en el sitio pocos minutos después.

Un portavoz de la policía señaló que la investigación preliminar “no había indicado ningún indicio de delito ni de circunstancias sospechosas”. En la grabación de la llamada a la central de emergencias, los operadores mencionan una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco” durante la atención del episodio, aunque las autoridades no confirmaron de manera oficial cuál fue la causa exacta del deceso.

El hallazgo de Narcan y la bolsa de medicamentos

De acuerdo con las autoridades, Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y su hermano Zach se encontraban en la vivienda en el momento en que sufrió el paro cardíaco. El informe policial señala que Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que Panettiere había estado tomando en los días previos a su muerte.

El 17 de agosto, una fuente indicó a People que en la residencia se había encontrado Narcan, un tratamiento utilizado para revertir con rapidez los efectos de una emergencia por opioides que pone en riesgo la vida. La presencia de este fármaco en el lugar alimentó las primeras hipótesis sobre una posible sobredosis, aunque ese dato tampoco fue confirmado de manera oficial por los investigadores.

Ese mismo día, la oficina forense del condado de Greenville informó que la autopsia había concluido y que “no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte”. El resultado descartó de plano la hipótesis de un ataque físico o un hecho violento, aunque las autoridades no revelaron si se realizaron estudios toxicológicos adicionales ni cuándo se conocerán sus resultados.

Una trayectoria marcada por la lucha contra las adicciones

Panettiere, quien dejó como heredera a su hija Kaya, de 11 años, había hablado en público en varias ocasiones sobre su batalla contra la adicción al alcohol y las sustancias, un tema que abordó abiertamente en entrevistas a lo largo de su carrera. La actriz también atravesó, según relató en el pasado, episodios de depresión posparto tras el nacimiento de su hija.

La intérprete inició su carrera en 1994, cuando fue elegida para la telenovela de ABC One Life to Live. Más adelante protagonizó producciones como la serie de ciencia ficción Heroes, en la que interpretó a Claire Bennet, y la serie dramática musical de ABC Nashville, donde dio vida a Juliette Barnes durante seis temporadas. En el cine, formó parte del elenco de las películas Scream 4 (2011) y Scream 6 (2023), además de otros títulos que consolidaron su presencia en Hollywood durante más de dos décadas.

Frank Mahonri Cruz-Marentes, un ciudadano mexicano de 37 años extraditado de Perú a Estados Unidos en noviembre de 2025, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 72 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cruz-Marentes admitió este 14 de septiembre de 2026 su responsabilidad por las operaciones realizadas entre enero de 2019 y abril de 2021, mediante una red que recolectaba dinero de organizaciones de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses.

El caso es procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, conforme al cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Recorrían EU para recoger el dinero del narcotráfico

Según los registros judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Cruz-Marentes consiguió contratos con organizaciones de narcotráfico asentadas en México para encargarse de recoger las ganancias generadas por la venta de drogas en territorio estadounidense.

La operación tenía un alcance que abarcaba ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York, además de otros puntos del país.

Una vez que recibía las instrucciones, Cruz-Marentes se comunicaba con una red de mensajeros y titulares de cuentas bancarias con base en el Valle Imperial, California, para coordinar la recepción y depósito del efectivo.

Los integrantes de la red utilizaban teléfonos desechables y frases clave para comunicarse y establecer los detalles de cada operación, de acuerdo con la acusación federal.

Los mensajeros salían desde San Diego hacia diferentes ciudades para recoger el efectivo. Antes de concretar cada encuentro, verificaban los puntos de reunión mediante fotografías y códigos previamente establecidos.

Dinero oculto en bolsas, cajas y cuentas fachada

La investigación estadounidense sostiene que las ganancias del narcotráfico eran trasladadas en distintos tipos de contenedores para ocultar el efectivo durante su traslado.

Entre los métodos descritos en los documentos judiciales estaban bolsas de basura, bolsas de lona y cajas de zapatos.

Una vez que el dinero llegaba a la red de Cruz-Marentes, los integrantes realizaban depósitos masivos en cuentas bancarias pertenecientes a negocios ficticios utilizados como fachadas.

El objetivo era introducir el dinero en el sistema financiero para posteriormente moverlo fuera de Estados Unidos.

Después de los depósitos, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales en México, desde donde, según las autoridades estadounidenses, el dinero era distribuido nuevamente a las organizaciones de narcotráfico que habían generado las ganancias.

Extradición desde Perú y sentencia en diciembre

El proceso contra Cruz-Marentes comenzó antes de su llegada a Estados Unidos. En septiembre de 2025, el gobierno de Perú autorizó su extradición a territorio estadounidense para que fuera procesado por la presunta conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La resolución peruana señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud estadounidense y que el mexicano aceptó voluntariamente someterse a un procedimiento simplificado de extradición.

Tras su traslado a Estados Unidos, el expediente quedó registrado bajo el número 20cr2682-GPC.

Cruz-Marentes será sentenciado el 18 de diciembre de 2026 por el juez de distrito estadounidense Gonzalo P. Curiel. El caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Blanca Quintero y Keith D. Ellison.

La investigación involucró a Homeland Security Investigations (HSI), la DEA, el Servicio de Impuestos Internos mediante su división de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación fue realizada por el California Homeland Security Task Force, como parte de la denominada Operación Take Back America, una iniciativa federal estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales y otras estructuras delictivas.

La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

Édgar Valdez Villarreal construyó su red desde Nuevo Laredo con cargamentos de 20 kilos

La DEA identificó a Édgar Valdez Villarreal en 1997 como un exjugador de fútbol americano colegial de Laredo, Texas, que había huido a México para evitar una condena por distribución de marihuana. El hombre tenía entonces 24 años y su conocimiento del corredor entre Laredo y Nuevo Laredo le permitió iniciar un pequeño negocio de tráfico de cocaína con cargamentos de entre 20 y 30 kilos.

Esos primeros envíos tenían como destino Nueva Orleans, Luisiana, y Memphis, Tennessee. La Barbie negociaba precios, fechas y lugares de entrega directamente con compradores estadounidenses a quienes invitaba a sus propiedades en Nuevo Laredo, según reveló un testigo protegido de la DEA citado por el medio.

Uno de esos clientes fue Craig Petties, quien recibía entre 50 y 60 kilos de cocaína cada tres o cuatro semanas en Memphis. La droga viajaba oculta en cajas de tráileres y las ganancias regresaban a México por la misma vía.

Valdez vivía de forma ostentosa y se desplazaba con hombres armados que portaban uniformes de la extinta Policía Federal y de la policía local de Nuevo Laredo. El propio capo usaba esos uniformes y viajaba en una Suburban negra con sirenas, según el mismo testigo protegido.

CMG Trucking: la empresa de Carlos Montemayor que se convirtió en el brazo logístico del cartel

En 2002, Valdez identificó la necesidad de contar con su propia operación de traslado en suelo estadounidense y se alió con Carlos Montemayor, un empresario tamaulipeco con residencia en Estados Unidos. Montemayor había fundado CMG Trucking en Texas en 1992 y acumulado entre USD 4 y USD 5 millones de forma legal.

La alianza entre ambos fue definida por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos como una “relación simbiótica”. Montemayor aportaba su flotilla de camiones, sus centros de distribución y su experiencia logística; Valdez aportaba la cocaína colombiana que le garantizaba su socio Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo.

La droga cruzaba desde Nuevo Laredo hasta bodegas clandestinas en Atlanta y Memphis. Los mismos camiones regresaban a Tamaulipas cargados con al menos un millón de dólares en efectivo, según el DOJ citado por Univision.

Valdez selló la alianza de forma definitiva en 2004 al casarse con Priscila Montemayor, hija de Carlos. El matrimonio convirtió un pacto comercial en un vínculo familiar.

Roberto López, alias Shrek, dirigió la logística de camiones en territorio estadounidense

Con la expansión de la red, los envíos pasaron de 20 kilos mensuales a hasta 180 kilos por despacho hacia Memphis. Montemayor abrió después un segundo centro de distribución en Atlanta al que llegaban cargamentos semanales de entre 100 y 300 kilos.

Para gestionar esa operación en suelo estadounidense, Montemayor contrató a Roberto Omar López, alias Shrek, un hombre nacido en San Antonio, Texas, con experiencia en el mundo del transporte. López dirigió la logística de los camiones cargados con cocaína y también obtenía armas en Estados Unidos para enviarlas a México durante la guerra contra Los Zetas.

La fiscalía federal estadounidense describió la red de Montemayor como “particularmente disciplinada y eficiente”, con un control estricto sobre los trabajadores y todos los aspectos del tráfico de drogas. La DEA inició la investigación en junio de 2005 tras interceptar conversaciones telefónicas de trabajadores en el centro de distribución de Atlanta, según Milenio.

Esas escuchas revelaron el movimiento de cientos —y después miles— de kilos de cocaína colombiana con destino a Dallas, Memphis y Atlanta. El DOJ decidió montar una operación para identificar y procesar a los seis individuos que coordinaban el esquema.

Cerca de 2005, Montemayor y Valdez formalizaron su alianza con Arturo Beltrán Leyva, un traficante que operaba desde la Ciudad de México con el respaldo del Cártel de Sinaloa. La conexión con Beltrán Leyva se estableció a través de una afición compartida: los caballos.

La red mantuvo operaciones en Misisipi, Georgia, Nueva York y Washington, además de los centros ya establecidos. Valdez enviaba unos 600 kilos de cocaína cada tres meses a Memphis, Dallas y San Diego, de acuerdo con datos de la DEA.

Montemayor llegó incluso a invertir en cargamentos propios, que transportaba junto a los de su yerno. La DEA asegura que esos cargamentos propios superaron en volumen a los de Valdez.

La brigada antidrogas de Atlanta decomisó cientos de kilos de cocaína y varios millones de dólares en efectivo durante la investigación. Las autoridades identificaron a Montemayor en la cúpula de la red tras seguir las comunicaciones de sus operadores en los centros de distribución, según Univision.

Valdez fue detenido en agosto de 2010 en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a un programa de testigos protegidos. Desde 2004 había mantenido contacto con el gobierno estadounidense para convertirse en infiltrado y negociar una reducción de condena, según Milenio; un juez lo sentenció a casi 50 años de prisión.

Carlos Montemayor fue arrestado en noviembre de 2010 y extraditado cinco años después. Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para importar y distribuir cocaína, y recibió una condena de 34 años y tres meses, además de una multa de USD 192 millones.

Roberto López, Shrek, fue el último en ser sentenciado: recibió poco más de 18 años de prisión y cerró un caso que la DEA había abierto más de dos décadas antes. Rubén Hernández, alias Secre, contador y coordinador logístico de Valdez, y Jesús Héctor Flores, quien custodiaba los almacenes de cocaína, también fueron procesados y condenados.

El origen de la polémica: una encuesta en X

La discusión se originó luego de que el empresario Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicara en su cuenta de X una pregunta dirigida a sus seguidores sobre si permitirían el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses para detener a políticos mexicanos con órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos.

El sondeo, de carácter no científico y respondido de manera voluntaria por usuarios de esa red social, fue retomado por Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, quien lo presentó como evidencia de que los mexicanos “abrumadoramente” respaldarían el uso de fuerzas militares estadounidenses para capturar a políticos señalados por corrupción. Maltz ha protagonizado en las últimas semanas otras publicaciones polémicas, entre ellas un video generado con inteligencia artificial sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La respuesta desde la mañanera

Un reportero cuestionó a la presidenta sobre este episodio, calificando de “absurda” la interpretación difundida por Maltz. Según explicó, una encuesta distinta —cuya metodología y origen no quedaron plenamente precisados durante la conferencia— arrojaría resultados opuestos: 9% a favor de una intervención como la planteada y 91% en contra.

Sheinbaum coincidió en que la lectura promovida por Maltz no refleja el sentir de la población:

• La gran mayoría de los mexicanos, dijo, rechaza cualquier intervención extranjera “por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista”.
• Subrayó que su gobierno mantendrá una postura de “coordinación sin subordinación” frente a Washington.
• Señaló que esa posición responde a un mandato constitucional y no a una preferencia coyuntural.

Durante el intercambio se leyeron también los resultados de otro ejercicio de opinión sobre el combate al narcotráfico, con la siguiente distribución:

• 50% respalda cooperación con EU sin subordinación.
• 33% considera que solo el gobierno mexicano debe combatir al crimen organizado.
• 9% aceptaría operativos estadounidenses para detener o eliminar miembros de organizaciones criminales.
• 8% no supo o no contestó.

Señalamientos sobre una posible estrategia coordinada

En la misma conferencia, un periodista planteó la hipótesis de que la difusión de encuestas como la de Levy formaría parte de una estrategia más amplia, con paralelismos en otros países de Sudamérica, orientada a influir en cambios de régimen mediante campañas digitales y granjas de bots. Citó como ejemplo el caso del argentino Fernando Cerimedo, señalado en el pasado por su vínculo con este tipo de operaciones. Se trata, hasta ahora, de una lectura interpretativa expuesta por el propio reportero y no de una acusación formal confirmada por el gobierno mexicano.

El debate pendiente: regular redes sociales e inteligencia artificial

Sheinbaum aprovechó la pregunta para retomar un tema que, según dijo, sigue sin resolverse: la regulación de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, especialmente en contextos electorales.

La presidenta recordó que su gobierno ya propuso una norma para que los contenidos generados con inteligencia artificial en campañas políticas se etiquetaran de forma visible, propuesta que —afirmó— no todos los partidos respaldaron. Consideró necesaria una discusión amplia sobre el tema, pero advirtió sobre el riesgo de que cualquier regulación sea interpretada como censura gubernamental, en especial en periodo electoral.

Como alternativa, mencionó que su administración ha optado por usar mecanismos como el derecho de réplica durante la propia mañanera para exponer públicamente el contenido que circula en redes, en lugar de recurrir a medidas restrictivas.

Contexto de fondo

El episodio se inserta en un periodo de tensión persistente entre Washington y la administración de Sheinbaum en torno a la cooperación en seguridad. Voces estadounidenses, incluido Maltz, han planteado en meses recientes una participación más directa de fuerzas de ese país en territorio mexicano, escenario que el gobierno mexicano ha rechazado de manera sistemática. Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia han emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre la publicación más reciente de Maltz.

“Yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”, desafió el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a un agente de la agencia antidrogas estadounidense cuando faltaba poco más de un año para su caída definitiva. La detención de la madre de sus hijos, Gianina García Troche, lo había acorralado pero aún así se mostraba desafiante ante quienes lo buscaban casi como a ningún otro delincuente.

Marset escribió esa respuesta a un agente de la Agencia de Control de Drogas (DEA) el 26 de marzo de 2025 –casi un año antes de su caída–, quien le había escrito para proponerle que se entregara. El intercambio forma parte de uno de los documentos presentados por los fiscales de Estados Unidos, que fueron informados por el semanario uruguayo Búsqueda.

El narco uruguayo, considerado el “Pablo Escobar de la era moderna”, es acusado en el Tribunal de Distrito Este de Virginia. Allí las autoridades presentarán evidencia de que envió cocaína a Estados Unidos y que conspiró con personas locales para su distribución.

El agente especial Michael Greisen primero se apersonó a una mujer identificada como la pareja de Marset en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Ella no se mostró dispuesta a colaborar. Luego llegó el mensaje que le mandó a Marset en marzo de 2025. Se lo envió por WhatsApp. De perfil, el todavía prófugo tenía una foto con su hijo.

Greisen le ofreció una forma “discreta y profesional” de resolver sus asuntos pero le advirtió que sus problemas en Estados Unidos no iban a desaparecer. “De lo contrario, simplemente está esperando el día de su inminente captura (…) Mantendremos la presión hasta capturarlo, tal como hicimos con El Chapo, el Mayo, Caro Quintero, Otoniel y muchos otros. La decisión es suya”, presionó el agente antidrogas.

Marset, de acuerdo a los chats publicados por Búsqueda, se negó.

—No me van a capturar nunca (…) La justicia no existe —contestó el narcotraficante.

El agente de la DEA le dijo que lo único que estaba haciendo era ofrecerle “una salida” para sus hijos.

—¿Los van a matar o qué? —respondió Marset, antes de decirle que era “mucho más inteligente que toda la DEA junta”.

Y agregó:

—Mirá que nadie es inmortal. Hijo de puta. Vos debés ser un sapo más. Convertido en DEA —insistió.

Después de ese mensaje, lo llamó y hablaron durante dos minutos.

—Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda la vida, si es necesario. Nunca me atraparán (…) Dejen en paz a mi novia, porque la cosa se va a poner fea. Miren, no le temo a eso, ni a la DEA, ni a nadie, a nadie. No le temo a nadie. Todos somos mortales —dijo Marset a Greisen en la charla por teléfono.

El agente le advirtió que los cargos en su contra no iban a desaparecer.

—Soy un delincuente; seré un delincuente toda mi vida, venga quien venga a buscarme.

Tras cortar la llamada, hubo un nuevo intercambio por WhatsApp. El agente de la DEA le dijo que le había escrito directamente para hablar como hombres.

—Tienes mi número por si cambias de opinión —cerró Greisen.

El juicio contra Marset comenzará en enero con cuatro cargos: conspiración para lavar dinero, conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción de los Estados Unidos y lavado de dinero.

La defensa de Marset pidió desestimar el juicio y solicitó que se anule la incautación de cripto activos.

Casi un año después de esa conversación, el 13 de marzo de 2026, Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra por la Policía de Bolivia y luego entregado a la DEA, que lo escoltó hasta su expulsión del país.

Cuando cayó detenido, Marset declaró que buena parte de sus ganancias las había “reinvertido” y que tenía unas 10 toneladas de cocaína para seguir traficando.

Las autoridades de República Dominicana interceptaron una embarcación rápida con 595 paquetes de presunta cocaína en aguas ubicadas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Durante el operativo fueron detenidos tres extranjeros —dos colombianos y un venezolano—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por una presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Las instituciones actuaron bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá establecer mediante análisis el tipo de sustancia y el peso exacto de los paquetes ocupados.

El operativo comenzó tras una alerta de inteligencia sobre una embarcación sospechosa

Según el reporte de la DNCD, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una lancha que se acercaba a las costas dominicanas con un posible cargamento de narcóticos procedente de Sudamérica.

A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un dispositivo por aire, mar y tierra. Las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y localización, mientras que las unidades marítimas de la Armada participaron de la persecución y posterior intercepción.

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que la institución brindó apoyo aéreo a la DNCD durante el desarrollo de la operación. El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, indicó que los equipos de superficie interceptaron la nave cuando intentaba ingresar a las aguas jurisdiccionales del país.

La embarcación fue detenida tras varias horas de seguimiento

La lancha fue localizada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de una nave tipo Go Fast de 32 pies de eslora, unos 9,8 metros, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

Este tipo de embarcaciones suele ser utilizado por organizaciones dedicadas al traslado marítimo de cargamentos ilícitos entre distintos puntos del Caribe. La DNCD sostuvo que las redes investigadas emplean lanchas rápidas para transportar sustancias desde Sudamérica hacia el territorio dominicano.

Tras la intercepción, los agentes abordaron la embarcación y detuvieron a los tres ocupantes. Las autoridades no difundieron las identidades de los arrestados ni precisaron el punto de partida de la lancha.

Hallaron 24 pacas con 595 paquetes envueltos en cinta adhesiva

Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron 24 pacas que contenían 595 paquetes de presunta cocaína. Según la DNCD, los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, una modalidad que suele ser objeto de análisis en las investigaciones para establecer posibles vínculos entre cargamentos y estructuras criminales.

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, confirmó que el decomiso se produjo durante una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad. El organismo aclaró que la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los peritajes del INACIF.

Además de los paquetes, las autoridades decomisaron cinco tanques de combustible, un garrafón adicional, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Los teléfonos, el GPS y la documentación incautada quedaron bajo análisis para determinar la ruta prevista por la embarcación, los contactos de los detenidos y la posible participación de otras personas en la operación.

El Ministerio Público busca identificar a otros integrantes de la red

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones para ubicar y detener a otras personas que podrían estar vinculadas con el traslado del cargamento. La pesquisa apunta a establecer la estructura logística que habría permitido la salida de la embarcación, su recorrido marítimo y el eventual destino final de la droga.

Los tres detenidos enfrentan una investigación por presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre narcóticos y sustancias controladas. La autoridad antidrogas indicó que los procedimientos judiciales avanzarán conforme se incorporen los resultados de los análisis forenses.

En una declaración difundida tras el operativo, la DNCD sostuvo que la coordinación con agencias aliadas permite reforzar la vigilancia de las rutas marítimas empleadas por organizaciones de narcotráfico en el Caribe.

La DNCD señaló que durante 2026 las autoridades dominicanas decomisaron más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operativos ejecutados en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otros puntos del territorio nacional. El organismo atribuyó esos resultados al despliegue de operaciones de interdicción y a la cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, sumó un nuevo capítulo a la polémica generada por la encuesta de Simón Levy sobre una eventual intervención militar estadounidense en México. Esta vez, el exfuncionario retomó una publicación de la periodista Michelle Rivera, quien resumía los resultados del sondeo, y la acompañó con un mensaje propio en el que celebra el uso de “todas las herramientas disponibles” —incluido el ejército de EE.UU.— contra el crimen organizado.

El repost que reavivó el tema

La publicación original, de la periodista Michelle Rivera, señalaba que Maltz había compartido la encuesta realizada por Simón Levy, en la que —según los resultados difundidos— una amplia mayoría de los participantes se dijo a favor de que fuerzas especiales militares de Estados Unidos intervengan para detener a políticos mexicanos señalados por corrupción y llevarlos ante la justicia estadounidense.

Sobre ese contenido, Maltz añadió, traducido del inglés:

• Que “diezmar” a los cárteles del terror utilizando todas las herramientas disponibles —incluidas las “incomparables capacidades” del ejército de EE.UU.— representa una gran victoria para el pueblo de México y para la seguridad global.
• Que estas organizaciones han llevado “muerte, destrucción, corrupción y miedo” a comunidades de ambos lados de la frontera.
• Que es momento de “desmantelar sus redes” y “destruir sus capacidades”.
• Una exigencia, en mayúsculas, de que “LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEBEN SER HECHOS RESPONSABLES”.

Una encuesta sin sustento metodológico

Vale recordar que el sondeo en cuestión —publicado por Levy, exsubsecretario de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— reportó que 89% de los participantes respaldó el ingreso de fuerzas especiales de EE.UU. a territorio mexicano, frente a un 11% que priorizó la soberanía nacional. La publicación no ofrece datos sobre metodología, tamaño de muestra ni representatividad estadística, por lo que no puede considerarse una medición oficial de la opinión pública.

Maltz reitera su discurso

Con este mensaje, el exfuncionario no solo reforzó su respaldo a la encuesta, sino que amplió el argumento: pasó de hablar de “capturar políticos corruptos” a plantear abiertamente el uso de las capacidades militares de Estados Unidos como parte de una estrategia de “desmantelamiento” contra el crimen organizado.

Este discurso se suma a una serie de posicionamientos previos del exfuncionario, entre ellos:

• Su señalamiento directo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos acusados —junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa— en una acusación formal presentada en abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.
• Su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que México se sume a la Coalición Anticarteles de las Américas.
• La afirmación de que la corrupción sistémica mexicana funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles.

Cabe señalar que Rocha Moya e Inzunza Cázarez no han sido condenados: se trata de una imputación penal, no de una sentencia, y ambos han rechazado categóricamente los señalamientos en su contra, mismos que aún deberán probarse ante un tribunal estadounidense. Además, al tratarse de un gobernador y un senador en funciones, ambos cuentan con fuero constitucional, lo que mantiene abierto el debate sobre una eventual extradición.

El trasfondo diplomático

El mensaje se da en un contexto de tensión persistente entre Washington y el gobierno de Sheinbaum en torno a la cooperación en seguridad, en el que la mandataria mexicana ha insistido en defender la soberanía nacional frente a las presiones de voces estadounidenses que plantean una intervención más directa.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado sobre esta publicación al cierre de esta nota.

Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA durante parte de 2025 en la administración de Donald Trump, volvió a generar controversia en redes sociales al compartir los resultados de una encuesta que asegura que la mayoría de los mexicanos respalda el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses a territorio nacional para capturar a políticos señalados por corrupción.

El mensaje que encendió el debate

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Maltz retomó una publicación del empresario Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó la pregunta directa a sus seguidores: si, como mexicanos, estarían dispuestos a permitir que fuerzas especiales de Estados Unidos ingresen al país para detener a políticos con órdenes de arresto en esa nación.

Según la imagen difundida, el 89% de los participantes respondió afirmativamente, mientras que solo el 11% optó por la opción que defendía la soberanía nacional.

Al compartir esos resultados, el exfuncionario estadounidense escribió:

• Que la encuesta demuestra que los ciudadanos mexicanos “abrumadoramente” quieren el uso de fuerzas militares especiales.
• Que dichas fuerzas deberían capturar a políticos corruptos en México.
• Que esos funcionarios deberían enfrentar la justicia en Estados Unidos.

Es importante señalar que el sondeo no constituye una medición oficial de la opinión pública mexicana. La publicación original no ofrece datos sobre metodología, tamaño de la muestra ni representatividad estadística, por lo que su alcance real como termómetro social es limitado.

Un patrón de declaraciones contra funcionarios mexicanos

El mensaje no es un hecho aislado. Maltz ha mantenido una postura pública recurrente y beligerante frente a lo que considera complicidad política con el crimen organizado en México, particularmente en el caso de Sinaloa.

Entre sus publicaciones más recientes destaca la difusión de un video generado con inteligencia artificial en el que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aparecía “diciendo” en inglés que se verían pronto en Estados Unidos, en referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Rocha Moya, junto con el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, figura en un expediente penal del Distrito Sur de Nueva York que los vincula con estructuras de protección al crimen organizado.

El exfuncionario también ha:

• Exigido públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se detenga a funcionarios señalados en ese expediente.
• Pedido que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el respaldo de la llamada “coalición contra los cárteles de las Américas”.
• Sostenido que la corrupción sistémica en México funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles, al permitir la producción de drogas y proteger rutas de tráfico.

¿Quién es Simón Levy, el autor de la encuesta?

El origen del sondeo tampoco está exento de controversia. Simón Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística durante el gobierno de López Obrador, enfrenta dos órdenes de aprehensión en la Ciudad de México derivadas de carpetas de investigación abiertas en 2021 y 2022, una por una presunta agresión y otra vinculada a una irregularidad ambiental en una construcción.

En octubre pasado, Levy fue reportado como detenido por Interpol en Portugal y liberado horas después al contar con nacionalidad europea, según confirmó la propia presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el propio Levy ha desmentido esa versión, asegurando en entrevistas que reside entre Washington y San Diego y calificando como falsa la documentación de Interpol difundida por el gobierno mexicano.

Cuestionada sobre el caso en semanas recientes, la mandataria mexicana ha evitado profundizar en el tema, limitándose a señalar que existen procesos legales pendientes en su contra.

El trasfondo diplomático

Las publicaciones de Maltz se dan en un contexto de tensión permanente entre Washington y la administración de Sheinbaum en torno a la lucha contra el narcotráfico, en el que la presidenta mexicana ha insistido reiteradamente en la necesidad de respetar la soberanía nacional frente a las presiones de funcionarios y voces estadounidenses que plantean una participación más directa de fuerzas de ese país en territorio mexicano.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado de manera específica sobre esta última publicación de Maltz al cierre de esta nota.

El oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias “Rojo”, detenido el 18 de octubre de 2025, podría convertirse en el primer policía costarricense extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional. El Tribunal Penal de Golfito autorizó su entrega a pedido de la Fiscalía de California, una decisión que ahora debe revisar el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea, según CRHoy.

La resolución del 27 de julio también alcanzó a William Ramírez, alias “Rambo”; Greivin Castro, conocido como “Precioso”; y Jorge Cordero, alias “Candado”. Los cuatro son requeridos dentro del mismo expediente por autoridades judiciales estadounidenses.

Las defensas presentaron recursos de apelación aproximadamente un mes antes y esos planteos continúan en trámite. Goicoechea deberá determinar si mantiene la autorización judicial y los sospechosos son enviados a territorio estadounidense, o si rechaza las solicitudes.

La investigación comenzó con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que contó con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense. La organización operaba desde Golfito y trasladaba cocaína desde Colombia a través de Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

Desde 2017, la red movilizó toneladas de droga mediante embarcaciones, aviones y furgones de carga. Las autoridades decomisaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a la estructura durante las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice detenido que luego colaboró con la DEA aportó información sobre la operación.

El testigo identificó a los involucrados al observar sus fotografías y confirmó que se había reunido con ellos personalmente y por medios electrónicos para coordinar actividades de narcotráfico. Las comunicaciones intervenidas reforzaron la investigación sobre la estructura criminal.

La organización compró terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad próxima a la frontera con Panamá. Utilizaba esas propiedades para ocultar cargamentos transportados por tierra y para acondicionar superficies llanas destinadas al aterrizaje de avionetas.

Las aeronaves realizaban vuelos de largo alcance y a baja altura para evitar los radares del Servicio de Vigilancia Aérea. Tras llegar a las pistas clandestinas, la droga era descargada y escondida en búnkeres o camiones.

El papel atribuido a “Rojo” en la Zona Sur

Amador Corella habría custodiado cargamentos de cocaína movilizados por tierra y mar a través del Pacífico Sur y la frontera sur de Costa Rica. También coordinaba el traslado de la sustancia una vez que ingresaba desde Panamá, con el objetivo de asegurar su paso hacia el norte del país.

El expediente le atribuye la recepción de estupefacientes trasladados en lanchas rápidas y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas. Se presume que cobraba sumas fijas por cada kilogramo de cocaína que atravesaba las fronteras bajo su supervisión.

En sus primeros vínculos con actividades ilícitas, “Rojo” actuaba como intermediario logístico: daba soporte a los traslados, verificaba el estado de los cargamentos en carretera e informaba sobre movimientos policiales al cabecilla de una organización criminal. Con el tiempo, habría acumulado contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur.

Luego comenzó a operar de forma independiente y a adquirir sus propios cargamentos de cocaína. En vez de limitarse a cobrar comisiones por proteger mercancía ajena, presuntamente compraba la droga para revenderla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México.

A partir de su arresto, las autoridades iniciaron pesquisas sobre un grupo de policías que presuntamente colaboraba con bandas de la región. Informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal indican que “Rojo” lideró el reclutamiento de decenas de agentes activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur.

Esos funcionarios habrían utilizado bases de datos y canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y desplazamientos de patrullas. Paralelamente, Amador Corella habría coordinado el contrabando de licor desde la frontera sur con la banda de “Los Whiskeros”, con el fin de evadir controles fiscales y aduaneros.

El expediente de extradición señala que Ramírez Arguedas, conocido como “Kimba”, y Castro Muñoz, alias “Muñeco” o “Lalo”, dirigían y supervisaban las operaciones. Cordero Obregón, identificado como “Gordo” o “Pallín”, trabajaba para ellos, incluso en actividades de legitimación de capitales.

Un operativo desarrollado por autoridades de Costa Rica, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), permitió detener a cinco personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La acción fue desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico y con información aportada por la agencia estadounidense.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los detenidos son tres costarricenses, un mexicano de apellido Romero y un ciudadano de nacionalidad peruana.

Las capturas se realizaron en diferentes momentos y puntos del país. Durante la jornada de este jueves fueron intervenidos varios sospechosos, entre ellos el ciudadano mexicano, mientras que el peruano fue ubicado y detenido en el centro de Alajuela, provincia situada al oeste de San José.

A esas capturas se suman las de dos costarricenses detenidos durante la noche anterior en el sector de Esparza, en la provincia de Puntarenas.

Como parte de las diligencias, las autoridades también intervinieron un apartamento localizado en una torre situada al costado sur del Parque Metropolitano La Sabana, uno de los sectores de mayor desarrollo inmobiliario de la capital costarricense.

Según Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), durante el operativo, la información compartida por la agencia antidrogas estadounidense apunta hacia una posible relación de los investigados con la organización mexicana.

“Lo que presumimos es que se trata de un grupo que está ligado al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la información que estamos recibiendo por parte de la DEA”, señaló la autoridad.

La investigación continúa abierta y la presunta relación de los sospechosos con la organización criminal deberá ser determinada dentro del correspondiente proceso judicial.

Cocaína, armas y dinero en efectivo

Las autoridades reportaron de manera preliminar el decomiso de tres kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo y armas durante las diferentes intervenciones.

El Ministerio de Seguridad Pública calificó las acciones como un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y destacó la coordinación entre cuerpos policiales nacionales e internacionales.

“Esto es importante porque se le da nuevamente un golpe al narcotráfico”, afirmó Madden.

La participación de diferentes cuerpos especializados permitió desarrollar intervenciones simultáneas y dar seguimiento a los sospechosos en distintos puntos del territorio costarricense.

Dos sospechosos ya habían sido investigados

Las autoridades revelaron además que dos de las personas intervenidas en el apartamento cercano a La Sabana ya habían sido investigadas este mismo año por la Policía de Control de Drogas.

Ese expediente, según la información suministrada durante el operativo, había sido previamente judicializado, por lo que ambos sospechosos deberán enfrentar no solamente las actuaciones derivadas de las diligencias de este jueves, sino también el proceso relacionado con aquella investigación.

“Van a ser presentados para que afronten no solamente la causa del día de hoy, sino la causa que ya se investigó en su momento”, detalló Madden.

El caso se encuentra ahora bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los detenidos y valorar las eventuales solicitudes de medidas cautelares.

La posible conexión con el Cártel de Sinaloa coloca nuevamente bajo atención las redes internacionales que utilizan países de Centroamérica como puntos estratégicos dentro de las rutas del narcotráfico.

Por ahora, las autoridades costarricenses mantienen las diligencias para establecer qué función habría desempeñado cada sospechoso dentro de la presunta estructura, el origen y destino de la droga, así como el alcance de sus conexiones internacionales.

Los investigadores también deberán determinar si existen más personas vinculadas con el grupo y establecer la dimensión de las operaciones desarrolladas en territorio costarricense.

La investigación es dirigida por la Fiscalía de Narcotráfico, mientras los detenidos serán puestos a las órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.

Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA, volvió a pedir públicamente que el gobierno mexicano extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que enfrente cargos en Estados Unidos. En su más reciente mensaje en la red social X, Maltz solicitó a México “hacer lo correcto” y permitir que el mandatario sea juzgado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

No es la primera vez que el exfuncionario se pronuncia en este sentido. De acuerdo con publicaciones revisadas en su cuenta de X, Maltz ha insistido en el tema al menos en tres ocasiones distintas desde finales de agosto:

• El 22 de agosto, pidió directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinar un operativo de detención y traslado internacional.
• El 28 de agosto, compartió una animación hecha con inteligencia artificial en la que Rocha Moya “decía” que pronto se vería en Estados Unidos.

• El 29 de agosto, difundió una imagen generada con IA que mostraba al gobernador con licencia escoltado por agentes de la DEA, el FBI y el HSI, acompañada de un mensaje en el que expresaba su deseo de verlo trasladado a Nueva York.

¿Qué dijo exactamente el ex funcionario de la DEA?

En su publicación, Maltz calificó los señalamientos contra el mandatario sinaloense como “extraordinariamente graves” y expresó confianza en el trabajo de los fiscales neoyorquinos, a quienes atribuyó experiencia en casos internacionales de crimen organizado.

El ex jefe de la agencia antidrogas sostuvo que los servidores públicos “encargados de proteger a los ciudadanos deben rendir cuentas cuando la evidencia respalda cargos criminales” y llamó a que, en caso de proceder, se respete el debido proceso para el gobernador.

Maltz también solicitó a México que “haga lo correcto” y permita que Rocha Moya sea juzgado bajo las leyes estadounidenses, en un mensaje acompañado de banderas de ambos países y hashtags relacionados con la aplicación de la ley.

El contexto: una cooperación antidrogas que ya venía tensa

El pronunciamiento de Maltz llega en medio de un reacomodo en la relación entre México y la DEA, luego de años de distanciamiento durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el vínculo se ha reconstruido principalmente a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el actual administrador de la DEA, Terrance Cole.

Sin embargo, ese acercamiento no ha estado libre de fricciones. La propia presidenta Sheinbaum ha cuestionado en semanas recientes los elogios públicos de Cole hacia García Harfuch, a los que calificó como parte de posibles tácticas de injerencia para generar divisiones dentro del gabinete de seguridad mexicano.

En ese mismo periodo, el director de la DEA aseguró en una entrevista que existían funcionarios mexicanos de alto nivel presuntamente vinculados con organizaciones criminales, sin identificarlos ni precisar a qué acusación del Departamento de Justicia se refería.

El regreso que tensó a Morena y generó controversia

El caso de Rocha Moya escaló en agosto, cuando el gobernador sorprendió al reincorporarse a sus funciones el 21 de agosto, tras 112 días de licencia solicitada en mayo para comparecer ante la FGR. El regreso duró apenas un día: horas después, ante la presión política, volvió a pedir licencia indefinida.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió públicamente que el movimiento le pareció “imprudente” y afirmó que se enteró del regreso “por la publicación del propio gobernador” en redes sociales, sin que mediara aviso institucional previo. La mandataria subrayó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”, aunque evitó mencionar directamente al gobernador en ese mensaje.

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado precisando que la decisión de Rocha Moya fue personal y no tuvo relación con el Gobierno federal. Dentro de Morena, 23 gobernadoras y gobernadores de la llamada Cuarta Transformación firmaron un pronunciamiento conjunto en el que marcaron distancia de la decisión y expresaron respaldo “absoluto y categórico” a Sheinbaum, llamando a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad”. Desde la oposición, el dirigente priista Alejandro Moreno acusó al gobernador de ser un “narcopolítico” protegido por Morena.

Tras la controversia, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia de Rocha Moya, abriendo paso a la designación de un gobernador o gobernadora interina que deberá mantenerse en el cargo hasta las elecciones de junio de 2027.

Lo que sí hay, y lo que aún falta

A diferencia de lo que podría sugerir el llamado de Maltz, sí existe una solicitud formal de extradición contra Rocha Moya. El 28 de abril de 2026, la SRE confirmó haber recibido la petición de Estados Unidos, junto con la de otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la Ley de Extradición Internacional. La propia Cancillería señaló en su momento que la documentación estadounidense no incluía pruebas suficientes para determinar responsabilidad, por lo que solicitó información adicional mediante nota diplomática.

Lo que no se ha confirmado es que la FGR haya resuelto sobre la procedencia del trámite, ni que exista una fecha o mecanismo definido para una eventual detención. Tampoco hay, hasta el momento, una respuesta oficial de México al llamado más reciente de Maltz para que se ejecute un operativo de traslado. Las declaraciones del exfuncionario continúan circulando exclusivamente a través de su cuenta personal en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han abierto una nueva etapa en la relación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), después de las restricciones y el deterioro que marcaron el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El principal vínculo de esta nueva etapa ha sido García Harfuch, quien este año sostuvo reuniones con Terrance Cole, administrador de la DEA, en Washington y participó junto a él en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Ambos funcionarios han destacado públicamente el intercambio de información y la cooperación contra el crimen organizado. Sin embargo, el acercamiento también ha generado nuevos roces: Sheinbaum acusó a Estados Unidos de utilizar los elogios de Cole hacia García Harfuch para intentar generar divisiones dentro del Gabinete de Seguridad, mientras que la DEA ha realizado señalamientos contra funcionarios mexicanos y reivindicó su participación en recientes operaciones contra laboratorios de drogas sintéticas.

La relación, por lo tanto, ha pasado de la ruptura política de los últimos años del gobierno anterior a una colaboración más visible, aunque todavía marcada por desacuerdos sobre soberanía, injerencia y la presencia de agentes estadounidenses en México.

García Harfuch y Terry Cole, los principales interlocutores

El nuevo acercamiento entre México y la DEA ha tenido a Omar García Harfuch y Terrance Cole como sus principales interlocutores.

El secretario de Seguridad mexicano sostuvo este año dos reuniones en Washington con el titular de la agencia estadounidense. Además, Cole viajó a la Ciudad de México para reunirse con García Harfuch en un encuentro que no fue anunciado públicamente.

El 18 de agosto, ambos volvieron a coincidir durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, Argentina. Ante funcionarios de distintos países, García Harfuch habló sobre los resultados de la estrategia mexicana contra el crimen organizado y destacó la rapidez con la que, según dijo, ahora circula la información entre las autoridades de ambos países.

El secretario afirmó que desde la llegada de Cole a la DEA el intercambio se había vuelto mucho más ágil y que esa rapidez había permitido actuar oportunamente contra organizaciones criminales, incluso evitando protocolos que anteriormente retrasaban la comunicación.

Cole respondió con elogios hacia García Harfuch y lo describió como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”.

Días después, el director de la DEA reveló en una entrevista conjunta que también había visitado a García Harfuch en la Ciudad de México y agradeció la hospitalidad que, según dijo, el secretario mexicano y su equipo habían brindado a agentes estadounidenses que trabajan en el país.

La ruptura que comenzó con el caso Cienfuegos

El actual acercamiento contrasta con el deterioro que sufrió la relación entre México y la DEA durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los primeros episodios de tensión ocurrió en 2020, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, quien había sido secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue arrestado por presuntos nexos con el narcotráfico.

Aunque Cienfuegos no formaba parte del gobierno de López Obrador, el entonces presidente cuestionó las consecuencias que el caso tendría para la imagen del Ejército, una de las instituciones centrales de su administración.

Meses después, López Obrador ordenó el cierre de una unidad de inteligencia de la DEA que había operado durante dos décadas en México y que estaba especializada en el intercambio de información confidencial para combatir al narcotráfico.

El expresidente acusó a esa unidad de haber sido infiltrada por la delincuencia y de fabricar delitos, en referencia a la investigación contra Cienfuegos.

Su administración también promovió una reforma para restringir las actividades de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

La distancia aumentó durante la segunda mitad del sexenio, mientras la DEA publicaba investigaciones sobre la expansión y fortalecimiento del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmaciones rechazadas por López Obrador.

La ruptura se profundizó en 2024, después de la publicación de reportajes sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006. Las investigaciones se basaban en un informe de la DEA que nunca derivó en una acusación formal.

La cooperación volvió a ser parte de la estrategia de seguridad

Con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la relación con las autoridades estadounidenses comenzó a recuperar terreno en la estrategia contra el crimen organizado.

García Harfuch ha reconocido que los resultados no dependen únicamente de la DEA y que existe colaboración con otras dependencias de Estados Unidos. Durante casi dos años de gobierno, las autoridades mexicanas han reportado la detención de 63 mil presuntos criminales, el aseguramiento de 33 mil armas, la destrucción de 2 mil 700 narcolaboratorios y la incautación de 518 toneladas de drogas.

México también ha entregado a Washington a 92 grandes criminales mediante una excepción legal distinta al proceso ordinario de extradición.

Entre los golpes contra el crimen organizado mencionados durante este periodo se encuentra la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo del Ejército que contó con colaboración de inteligencia de Estados Unidos, según la información incluida en el material de contexto.

La administración de Sheinbaum también ha reportado una reducción a la mitad en el tráfico de fentanilo desde México y una disminución de 96% en el flujo de migrantes provenientes de Sudamérica por las fronteras mexicanas.

El choque más reciente: los laboratorios de metanfetamina en Sinaloa

La cooperación bilateral volvió a quedar en el centro de la discusión el pasado 4 de septiembre, después de que la DEA asegurara que el desmantelamiento de ocho laboratorios destinados a la producción de metanfetamina en México no habría sido posible sin su trabajo de investigación e inteligencia.

El mensaje fue publicado en respuesta a una publicación de Omar García Harfuch sobre el hallazgo de un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados en Corralejo, Sinaloa, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina.

La DEA etiquetó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Casa Blanca, y presentó la operación como resultado de la cooperación bilateral.

Sin embargo, ni García Harfuch ni el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC mencionaron expresamente a la DEA como participante en las operaciones.

El secretario mexicano atribuyó el resultado al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con intercambio de información con agencias estadounidenses, y calculó una afectación de 347 millones de dólares para las organizaciones criminales.

Por su parte, las autoridades federales informaron que tres laboratorios fueron inhabilitados el 2 y 3 de septiembre en Corralejo y Corral Viejo, con el aseguramiento de 16 mil 800 kilogramos de aparente metanfetamina y más de 7 mil 600 kilogramos de precursores químicos.

Con esas instalaciones, la Marina acumuló cinco laboratorios inhabilitados en semanas recientes, con un total de 18.2 toneladas de metanfetamina retiradas y una afectación económica superior a 400 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado oficial.

La DEA no detalló en qué consistió concretamente su participación en las ocho operaciones que mencionó ni especificó las fechas o ubicaciones de todos los laboratorios.

Sheinbaum cuestiona los elogios de la DEA a Harfuch

El acercamiento entre García Harfuch y Cole también provocó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 2 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre los elogios que el administrador de la DEA había dirigido al secretario de Seguridad y sobre si podían representar un respaldo político o electoral.

Sheinbaum respondió que Estados Unidos busca, desde su perspectiva, generar divisiones dentro de los gobiernos mediante ese tipo de reconocimientos y aseguró que su Gabinete de Seguridad mantiene coordinación y entendimiento entre las instituciones que lo integran.

La presidenta también afirmó que los comentarios favorables hacia algunos funcionarios y las críticas hacia otros forman parte de tácticas de injerencia y sostuvo que no han provocado fracturas dentro de su administración.

Además, vinculó las declaraciones de funcionarios estadounidenses con una posible intención de influir en los procesos electorales de México.

El contraste se volvió más evidente porque, mientras Cole reconocía públicamente a García Harfuch y destacaba su comunicación con él, también realizó señalamientos sobre funcionarios mexicanos de alto nivel que, según afirmó en una entrevista, trabajaban directamente con organizaciones criminales.

El director de la DEA no identificó a los funcionarios ni precisó a cuál acusación del Departamento de Justicia hacía referencia.

En esa misma entrevista aseguró que mantenía comunicación diaria con García Harfuch en materia de seguridad, pero tampoco descartó la posibilidad de una operación estadounidense en México si así lo ordenaba el presidente Donald Trump.

Una relación más cercana, pero todavía con límites

México y la DEA han dejado atrás la distancia que caracterizó los últimos años del gobierno de López Obrador, pero el restablecimiento de la cooperación no ha eliminado las diferencias entre ambas partes.

García Harfuch ha convertido la comunicación con Terrance Cole en uno de los canales más visibles de esta nueva etapa y ha destacado la utilidad del intercambio de información para actuar contra organizaciones criminales.

La DEA, por su parte, ha reconocido públicamente esa relación y ha buscado destacar su participación en operaciones contra el narcotráfico realizadas en México.

Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum ha mantenido un discurso de cautela frente a Washington y ha insistido en que la cooperación en materia de seguridad debe respetar la soberanía mexicana y no convertirse en una vía de injerencia política.

Los elogios de Cole a García Harfuch, los señalamientos contra funcionarios mexicanos y la disputa pública sobre el papel de la DEA en los recientes aseguramientos de metanfetamina muestran que la relación ha recuperado fluidez, pero todavía arrastra las tensiones acumuladas durante los últimos años.

México volvió a abrir la puerta a la DEA bajo el gobierno de Sheinbaum. La cooperación es ahora más visible y ambas partes destacan sus resultados, aunque el equilibrio entre el intercambio de inteligencia y los límites que México exige a la actuación estadounidense continúa siendo uno de los principales puntos de tensión.

Cambiando el tradicional círculo de colores que caracterizaba al histórico partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada Ruano reapareció, pero ahora vestido de amarillo con la agrupación Comunidad Elefante, de Hugo Peña.

Estrada Ruano, quien había desaparecido de la palestra electoral luego de la captura y posterior condena de su padre en Estados Unidos, participó en el Desfile Hípico de Jalapa acompañando la “Cuadra Estrada” junto con “los elefantes”.

Sin embargo, medios locales ya habían publicado fotografías suyas acompañado de otros políticos de la UCN, entre ellos Manuel Franco Morataya, quien anteriormente había anunciado su adhesión a Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y el exalcalde Rafael Alfredo Sandoval Cabrera, recordado por conducir en aparente estado de ebriedad el año pasado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente qué puesto de elección popular buscaría Estrada Ruano, pero en la localidad se habla que se estaría postulando para Alcalde de Jalapa.

¿Quién es “Marito” Estrada?

Mario Estrada Ruano, conocido como “Marito”, es hijo del narcotraficante confeso Mario Estrada Orellana, eterno candidato presidencial por la UCN.

En 2020, Estrada fue condenado en Estados Unidos a 180 meses de cárcel, luego de declararse culpable de conspirar para llevar cocaína hacia ese país.

Pero no fue lo único. Su detención la realizaron agentes de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), en una operación encubierta que se desarrollo en Miami, Florida, donde el excandidato creía que estaba reunido con líderes del cartel de Sinaloa quienes le darían financiamiento para su campaña política.

A cambio del dinero, Estrada les permitiría el trasiego de la droga por el país sin dificultades, en caso él llegara a ser electo como Presidente.

Quería sicarios para asesinar a sus rivales

En el informe público que, en su momento, compartieron las autoridades estadounidenses, revelaron que además del financiamiento, Estrada quería “sicarios” para “asesinar a sus rivales políticos”.

Más tarde se reveló que el excandidato político, presuntamente, quería acabar con la vida de la exfiscal General Thelma Aldana, ya que, a su criterio, se había convertido en un “problema”.

Luego Aldana reveló que otros de los exfiscales que estaban en la mira de Estrada eran Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Óscar Shaad, exfiscal contra los Delitos Electorales.

Estrada Ruano salió en defensa de su padre y aseguró que “fue engañado por la DEA”. Durante meses sostuvo la inocencia de su progenitor, pero después durante el proceso emitió un comunicado en el que afirmó que se “revelarían nombres” de otros candidatos que estarían relacionados con el narcortráfico. Al final, Estrada fue condenado.

También enfrentó proceso

Estrada Ruano también es político. Impulsado por su padre y por la extinta UCN, a sus 22 años fue diputado en el Congreso por el Listado Nacional en el período de 2012 a 2015. Luego, en las elecciones de 2015 fue electo como Alcalde de Jalapa, donde han mantenido un poderío electoral.

Sin embargo, en marzo de 2023 fue enviado a juicio por el Juzgado Séptimo Pluripersonal, por orden de la Sala Tercera de Apelaciones.

La denuncia contra Estrada Ruano se centraba en la falta de acciones por parte de la Municipalidad de jalapa en el tratamiento y funcionamiento del rastro municipal, el cual no tenía los cuidados necesarios y contaminaba los ríos con la sangre de los animales destazados.

La UCN y sus vínculos con el narcotráfico

Desde 2009 Estado Unidos tenía puestos los ojos en el partido político UCN. Cables filtrados por WikiLeaks y un informe financiero sugieren una supuesta relación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) con el crimen organizado.

En los informes del 4 de noviembre de 2009, el entonces embajador de EE. UU. en Guatemala, James Derham, afirmó que “hay varios diputados en el Congreso que tenían relación con traficantes de droga” y que estaba compuesto por “un pequeño partido de cinco diputados” al referirse a la UCN. Los cables WikiLeaks fueron filtrados en el 2011.

Luego de una larga lucha en los tribunales, el partido político UCN fue cancelado definitivamente en 2022 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por incumplir a las normas de financiamiento electoral, tras comprobar anomalías y fondos sin documentos ni soporte en los períodos 2014 y 2015.

Ahora, Estrada Ruano buscó un nuevo vehículo electoral con Comunidad Elefante, agrupación que ha sido señalada por medios guatemaltecos de “reciclar políticos” señalados de diferentes delitos y corrupción.

Uno de los laboratorios se encontraba en Coahuayutla de José María Izazaga y los otros dos en Zirándaro de los Chávez. En conjunto, fueron asegurados más de 260 tambos con capacidad de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores y más de 60 tanques de gas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este domingo.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que también se encontraron 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio, aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de sustancias químicas y cerca de mil kilogramos de precursores químicos. Entre los objetos asegurados había además condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de metanfetamina.

García Harfuch señaló que los laboratorios fueron ubicados durante una operación conjunta en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con autoridades de Guerrero.

El funcionario agregó que en las acciones hubo colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos y destacó que los laboratorios se encontraban en zonas de difícil acceso y alto riesgo.

“Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”, escribió.

Zirándaro y Coahuayutla: dos municipios con antecedentes de narcolaboratorios y disputa entre grupos criminales

Los tres laboratorios fueron localizados en dos municipios situados en regiones de Guerrero con presencia documentada de distintas organizaciones criminales y cercanas a la frontera con Michoacán.

Zirándaro de los Chávez forma parte de Tierra Caliente y colinda con Huetamo, Michoacán. Un reporte basado en información de seguridad federal publicado en marzo de 2026 ubicó en el municipio una presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en el conjunto de Tierra Caliente también operan grupos como La Familia Michoacana y Los Tequileros.

El municipio también cuenta con antecedentes de instalaciones relacionadas con la producción de drogas sintéticas. En enero de 2025 fue localizado otro laboratorio de metanfetamina en Zirándaro y posteriormente autoridades aseguraron grandes cantidades de sustancias químicas en la comunidad de Carachurio.

Coahuayutla de José María Izazaga, por su parte, se encuentra en la Costa Grande, en una zona serrana del occidente de Guerrero cercana a la frontera con Michoacán. De acuerdo con información de seguridad publicada en marzo de 2026, en Coahuayutla, así como en municipios vecinos como Zihuatanejo y Petatlán, existía una disputa entre la Guardia Guerrerense, Los Viagras y Los Arreola.

Otros reportes sobre la Costa Grande también han documentado la presencia en la región de grupos como La Familia Michoacana, Los Granados, Los Maldonado y células vinculadas con el CJNG, en un escenario marcado por alianzas y disputas que han cambiado en los últimos años.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han atribuido públicamente los tres laboratorios localizados este domingo en Coahuayutla y Zirándaro a ninguna organización criminal.

México mantiene colaboración con la DEA y el FBI en 2026

Aunque Omar García Harfuch informó que la localización de los tres laboratorios en Guerrero contó con “colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no precisó qué dependencia estadounidense aportó información para ubicar las instalaciones.

En otros operativos recientes, las autoridades mexicanas sí han revelado la participación o el apoyo de alguna agencia estadounidense. En agosto, por ejemplo, autoridades mexicanas informaron que un aseguramiento de fentanilo realizado en Mexicali derivó de información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La DEA es una de las agencias con las que el gobierno mexicano ha reforzado públicamente la colaboración durante 2026. En marzo, García Harfuch sostuvo una reunión en Washington con su director, Terrance Cole, para abordar la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de armas. El funcionario mexicano señaló entonces que el objetivo era fortalecer el intercambio de información y las acciones contra organizaciones criminales.

Meses después, ambos funcionarios volvieron a coincidir durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada en agosto en Buenos Aires. Durante ese encuentro, García Harfuch destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y combate al narcotráfico, mientras que la DEA ha mantenido comunicación pública sobre la coordinación con las autoridades mexicanas.

La colaboración también ha involucrado al Buró Federal de Investigaciones (FBI). En marzo, el titular de la SSPC se reunió con el director de esa agencia, Kash Patel, y ambos reafirmaron la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Además de las reuniones de alto nivel, las autoridades mexicanas han reconocido durante distintos operativos de 2026 el intercambio de información con Estados Unidos para acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. En algunos casos se ha identificado a la agencia participante y en otros, como ocurrió con los tres laboratorios de Guerrero, únicamente se ha mencionado la colaboración con “agencias de Estados Unidos”.

Un mexicano identificado como Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de dinero por aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes del narcotráfico, cuyos recursos fueron transferidos posteriormente a México mediante criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que Vázquez González aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para el lavado de dinero, luego de una investigación encabezada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington, Kentucky.

De acuerdo con documentos judiciales, el mexicano formaba parte de una organización de “intermediarios financieros” dedicada a recolectar ganancias derivadas de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses para después ocultar su origen y trasladar los recursos a México.

Utilizó criptomonedas para ocultar el origen del dinero

Como parte del esquema, Vázquez González recibió aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes de actividades ilícitas en una billetera de criptomonedas bajo su control.

Una vez que los fondos llegaban a la cartera digital, el acusado los movía rápidamente mediante distintas operaciones con el objetivo de dificultar que las autoridades pudieran rastrear su procedencia y establecer su vínculo con las ganancias del narcotráfico.

Posteriormente, Vázquez González vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses en México. El efectivo obtenido era entregado al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias ilícitas en Estados Unidos.

De esta manera, el acusado habría funcionado como uno de los eslabones encargados de transformar y movilizar recursos procedentes del narcotráfico, utilizando activos digitales como mecanismo para facilitar el traslado y ocultamiento del dinero.

Por su participación en las operaciones, Vázquez González recibió una comisión estimada en 40 mil dólares, según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González formalizó su declaración de culpabilidad ante un tribunal federal de Kentucky por el cargo de conspiración para el lavado de dinero.

La investigación fue realizada por agentes de la DEA en Lexington, quienes siguieron el flujo de los recursos y las operaciones relacionadas con las criptomonedas utilizadas dentro del esquema.

Tras declararse culpable, el mexicano permanece a la espera de conocer la sentencia que le impondrá el tribunal federal.

La audiencia está programada para el 17 de diciembre, y el delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para perseguir mecanismos utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico para mover sus ganancias fuera del sistema financiero tradicional.

El uso de criptomonedas ha permitido a grupos criminales incorporar nuevas herramientas para transferir recursos, aunque las autoridades estadounidenses han desarrollado investigaciones enfocadas en rastrear las transacciones realizadas mediante activos digitales.

En este caso, los documentos judiciales señalan que Vázquez González utilizó billeteras de criptomonedas bajo su control para recibir millones de dólares y posteriormente convertir los activos digitales en efectivo en México, obteniendo una comisión por facilitar las operaciones.

La sentencia determinará finalmente la pena que deberá cumplir por su participación en el esquema de lavado de dinero.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) respondió este 4 de septiembre a un tuit del secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobre el hallazgo de un narcolaboratorio en Sinaloa y afirmó que el desmantelamiento de ocho laboratorios destinados a la producción de metanfetamina en México en poco más de una semana no habría sido posible sin la labor de inteligencia e investigación de la agencia estadounidense.

El mensaje llegó dos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum acusara a Washington de usar los elogios hacia Harfuch como una táctica para generar divisiones dentro del Gabinete de Seguridad mexicano.

El tuit de la DEA etiquetó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Casa Blanca, y atribuyó a la cooperación bilateral la mayor incautación registrada en el gobierno de Sheinbaum: más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa.

La DEA presumió que la colaboración con México “corta cadenas de suministro” de droga sintética

En el resto del mensaje, la DEA señaló que las operaciones demostraban la eficacia de la colaboración entre ambos países para desarticular la producción de drogas sintéticas. La agencia planteó que ese trabajo conjunto permitía cortar las cadenas de suministro del narcotráfico y golpear directamente las finanzas del crimen organizado.

El mensaje no detalló fechas ni ubicaciones específicas de los ocho laboratorios a los que hizo referencia, más allá de mencionar el hallazgo en Sinaloa como el de mayor magnitud. Tampoco precisó en qué consistió, de manera concreta, la labor de inteligencia e investigación que, según la agencia, había hecho posibles esas incautaciones.

La publicación se sumó a una serie de mensajes públicos que la DEA había emitido en semanas recientes para destacar su vínculo con las autoridades mexicanas, en particular con Harfuch.

Sheinbaum acusó a Estados Unidos de buscar divisiones con los elogios a Harfuch

El 2 de septiembre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si los reconocimientos que el director de la DEA, Terry Cole, había hecho a Harfuch representaban un respaldo con fines electorales. La presidenta respondió que se trataba de una estrategia estadounidense para debilitar gobiernos mediante la división interna, y describió la táctica como algo que Washington “usa de siempre” al interior de gabinetes de seguridad extranjeros.

“Ellos buscan de una u otra manera para debilitar a los gobiernos dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, del Gabinete Federal, son tácticas que usan ellos de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared”, detalló la mandataria. Sheinbaum sostuvo que el Gabinete de Seguridad mexicano mantenía “una coordinación extraordinaria” que impedía que esos señalamientos, buenos o malos, generaran fracturas reales entre las instituciones involucradas.

La presidenta también vinculó los halagos de Cole con el calendario electoral estadounidense, al señalar que Estados Unidos usaba la relación con México como parte de sus elecciones de noviembre.

El origen de la controversia estuvo en los elogios de Cole desde Buenos Aires

El episodio que detonó el cuestionamiento a Sheinbaum se remontó al 18 de agosto, cuando Harfuch participó en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires. En ese foro, Cole describió a Harfuch como “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y repasó su trayectoria de casi dos décadas en la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México antes de asumir la SSPC.

Días después, el 27 de agosto, la DEA difundió una entrevista conjunta con ambos funcionarios grabada en el marco del mismo evento, en la que Cole reveló una reunión secreta con Harfuch en la Ciudad de México que ninguna de las dos instituciones había anunciado ni documentado públicamente, y en la que además agradeció la hospitalidad brindada a los agentes de la DEA que operan en territorio mexicano.

El tuit de Harfuch sobre 16 toneladas de metanfetamina precedió la respuesta de la DEA

En ese contexto llegó el intercambio de este 4 de septiembre. Por la mañana, Harfuch publicó en X un mensaje sobre el hallazgo del laboratorio más grande de metanfetamina localizado durante el gobierno de Sheinbaum, un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados en Corralejo, Sinaloa, en el que se aseguraron más de 16 toneladas de la droga. El secretario atribuyó el resultado al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con intercambio de información con agencias de Estados Unidos, y calculó una afectación económica de 347 millones de dólares a la estructura criminal.

Un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la (SSPC), difundido también este día, detalló que las operaciones más recientes en Sinaloa se concentraron en tres laboratorios inhabilitados el 2 y el 3 de septiembre en Corralejo y Corral Viejo, con un total de 16 mil 800 kilogramos de aparente metanfetamina y más de 7 mil 600 kilogramos de precursores químicos asegurados.

Según el documento, con esas tres instalaciones se acumularon cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en semanas recientes, con un retiro total de 18.2 toneladas de metanfetamina y una afectación económica superior a 400 millones de dólares para las organizaciones criminales.

Ni el tuit de Harfuch ni el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC mencionaron de forma explícita una colaboración con Estados Unidos en las tres operaciones de Sinaloa. La versión oficial mexicana omitió cualquier referencia a la DEA como parte de las instituciones que participaron o encabezaron los operativos, en contraste con el señalamiento de la agencia estadounidense de que esas incautaciones no habrían sido posibles sin su intervención.

Guatemala concretó esta semana la extradición de dos ciudadanos requeridos por Estados Unidos, con lo que el país llegó a 21 extradiciones desde enero de 2026 por causas ligadas al narcotráfico, una cifra que refleja la coordinación sostenida entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la DEA contra redes de cocaína y otras estructuras del crimen organizado transnacional.

El avance ocurre en un año en el que las autoridades guatemaltecas han capturado a 32 personas con órdenes de extradición. De ese total, 29 requerimientos fueron emitidos por Estados Unidos y 20 de esas solicitudes están vinculadas con delitos de narcotráfico, según la información oficial difundida por el Ministerio Público y la agencia guatemalteca de noticias.

La reciente entrega fue informada por la DEA, que precisó que los dos guatemaltecos enfrentarán cargos relacionados con tráfico de cocaína. De acuerdo con la agencia, esta operación constituyó la extradición número 21 desde Guatemala hacia Estados Unidos en lo que va del año.

El dato responde de manera directa a la cuestión central: Guatemala sumó 21 extradiciones a Estados Unidos en 2026 después de enviar esta semana a dos ciudadanos acusados en causas por cocaína. Las acciones se realizaron con apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.

Tres reos entregados el viernes elevaron a cinco las extradiciones de la semana

El antecedente inmediato de esta secuencia ocurrió el viernes 28 de agosto, cuando Guatemala extraditó a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes.

Los dos primeros eran requeridos por señalamientos de tráfico de drogas y el tercero por cargos sexuales cometidos contra menores.

Con esos traslados, el total de personas entregadas a la justicia estadounidense durante la semana subió a cinco. Según el Sistema Penitenciario, dos de los extraditados fueron llevados a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la capital, y el tercero fue trasladado al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los operativos estuvieron a cargo de guardias del Grupo Élite y contaron con apoyo de equipos de la PNC. El Sistema Penitenciario indicó que la jornada concentró la entrega de dos hombres reclamados por delitos de drogas y de un tercero requerido por un caso sexual en Estados Unidos.

Uno de los extraditados fue vinculado con Los Lorenzana y otro era requerido en Florida

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias “Chejo”, fue capturado el 21 de marzo de 2026 por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en la ruta hacia la carretera de El Chal, en Petén. Durante el operativo le incautaron un vehículo y un teléfono celular, que serían analizados dentro de la investigación.

La cartera sostuvo que Chacón Aldana era requerido por la justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico y que habría mantenido vínculos con la estructura criminal Los Lorenzana. También informó que es cónyuge de Ingrid Felipa Lorenzana Alvarenga, hija de Waldemar Lorenzana Cordón.

El ministerio agregó que Chacón Aldana ocupó el cargo de concejal segundo de la municipalidad de Huité, Zacapa, entre 2013 y 2014. En la fase final del procedimiento, el Sistema Penitenciario lo incluyó entre los internos enviados a la Fuerza Aérea Guatemalteca para continuar su extradición.

En el caso de Juan José Cordón Salas, alias “Tartajo”, el Ministerio Público informó el 7 de junio de 2024 sobre su aprehensión con fines de extradición. La orden respondía a un requerimiento para que compareciera ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Según el MP, Cordón Salas está acusado de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos. La investigación citada por la institución identificó a un grupo de traficantes guatemaltecos que había desarrollado fuentes de suministro en Colombia.

El extraditable número 13 de 2026 fue entregado por un caso sexual

Hugo Francisco Sandoval Yanes, alias “Fran” y “Frank”, fue identificado por el Ministerio Público el 24 de febrero de 2026 como el extraditable número 13 del año. El MP señaló entonces que era requerido por el Gobierno de Estados Unidos en virtud del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Guatemala por su posible participación en el delito de violación.

En la información oficial de la jornada, el Sistema Penitenciario indicó que su entrega se efectuó por un caso relacionado con abuso de menores. Su aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que dispuso su detención provisional, y su traslado se realizó por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En los otros procedimientos de la semana también fueron entregados a Estados Unidos Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, y Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco” y “Eguizabal Gálvez”. Ambos eran requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína destinada al mercado estadounidense.

En entrevista con Infobae México, a propósito de su nuevo libro Narcocracia, Hernández sostuvo que el episodio central ocurrió durante la campaña presidencial de 2006, cuando López Obrador habría sostenido una reunión con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, en un motel de paso.

Según el relato que la periodista atribuye al exintegrante del Cártel de Sinaloa, en ese encuentro el entonces candidato habría recibido una maleta con más de 500 mil dólares y habría ofrecido al grupo criminal una serie de garantías en caso de llegar al poder.

Entre ellas, Hernández mencionó limitar la actuación de la DEA en México, proteger a integrantes del cártel y permitirles continuar con sus actividades siempre que redujeran sus niveles de violencia.

“Cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel”

Hernández aseguró que posteriormente preguntó a “El Grande” qué pensó cuando López Obrador finalmente llegó a la Presidencia.

La respuesta que la periodista atribuye al exlíder criminal fue que estaba sorprendido por el triunfo electoral, pero todavía más por las acciones posteriores del nuevo gobierno.

“Cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel. En ese sentido, fue un hombre de palabra”, habría respondido Villarreal, de acuerdo con Hernández.

La periodista añadió su propia valoración sobre ese supuesto cumplimiento: “El problema es que fue un hombre de palabra con los criminales y un traidor con los mexicanos”.

Para Hernández, una de las principales evidencias de esa supuesta relación fue la política adoptada por el gobierno federal frente a las agencias estadounidenses. La periodista señaló que durante el sexenio de López Obrador se impulsaron medidas para restringir la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, particularmente de la DEA.

Desde su perspectiva, esas acciones habrían coincidido con una de las promesas que, según su investigación, fueron planteadas durante aquella reunión de 2006.

Ovidio Guzmán, “El Chapo” y Rocha Moya

Hernández también relacionó con esos supuestos compromisos algunos de los episodios más controvertidos del sexenio de López Obrador.

Entre ellos está la detención de Ovidio Guzmán López en 2019. Elementos del Ejército mexicano lograron capturar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero horas después fue liberado por decisión del gobierno federal ante la violencia desatada en Culiacán.

Para la periodista, aquella decisión constituyó otro indicio de la supuesta protección ofrecida al Cártel de Sinaloa.

A esto agregó el encuentro de López Obrador con María Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo”, durante una gira por Sinaloa en marzo de 2020.

La periodista también mencionó el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusa de haber recibido apoyo y financiamiento del Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021. Según Hernández, ese respaldo habría formado parte de una operación más amplia para favorecer a candidatos políticos.

El presunto financiamiento de las campañas de 2006, 2012 y 2018

La tesis de Hernández no se limita a la campaña presidencial de 2006. La periodista sostiene que el Cártel de Sinaloa también habría financiado las campañas de López Obrador en 2012 y 2018, aunque distingue entre las fuentes que atribuye a cada periodo.

Según su relato, el conocimiento directo de “El Grande” correspondería a los acontecimientos de 2006. Para las elecciones posteriores, dijo haber obtenido información de otros integrantes del grupo criminal, entre ellos Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, además de personas que habrían formado parte del equipo de López Obrador.

“Lo que logro saber después de saber eso (...) es que este financiamiento ocurrió en el 2012 y en el 2018”, afirmó.

Hernández también sostuvo que una investigación de la DEA, supervisada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, habría recopilado testimonios sobre la llegada de dinero del Cártel de Sinaloa a la campaña de 2006.

La periodista aseguró que, durante sus primeras declaraciones ante autoridades mexicanas y estadounidenses, “El Grande” habría mencionado tanto a López Obrador como a Genaro García Luna, y que posteriormente habría descrito una reunión en la que entregó dinero al entonces candidato.

“El Cártel de Sinaloa floreció durante el sexenio”

Hernández sostiene que el supuesto pacto no terminó con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, sino que, desde su perspectiva, algunas decisiones de su gobierno pueden entenderse como el cumplimiento de aquellos compromisos.

“El Cártel de Sinaloa floreció durante el sexenio de López Obrador”, afirmó.

La periodista vinculó ese crecimiento con la expansión de la producción y tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos y con una política de seguridad basada en evitar enfrentamientos directos con los grupos criminales, resumida en la frase “abrazos, no balazos”.

También señaló que la relación entre gobiernos mexicanos y organizaciones criminales no comenzó con López Obrador y que se trata de un fenómeno que, según su investigación, se remonta a varias administraciones.

Sin embargo, considera que durante el sexenio de López Obrador esa relación habría alcanzado una nueva dimensión.

Las afirmaciones forman parte de la investigación periodística de Hernández y de los testimonios que atribuye a “El Grande”.

“Son temas paralelos”: la respuesta directa de Sheinbaum

Cuestionada sobre si la relación comercial se ve afectada por las exigencias de seguridad de Washington, la mandataria fue clara: “A Estados Unidos les interesan tres temas: migración, seguridad y comercio”, y en los tres, dijo, México exige el mismo trato: cooperación mutua, no condicionamiento.

En materia migratoria, advirtió que la colaboración no puede ser unilateral: “no puede ser que siendo vecinos busquen que no le vaya bien a México”, pues un deterioro económico del país derivaría, según explicó, en más migración hacia territorio estadounidense.

Sobre seguridad, reiteró la postura que el gobierno mexicano ha mantenido en meses recientes: si Washington exige frenar el trasiego de drogas, México exige a cambio que no ingresen armas desde Estados Unidos y que se atienda el consumo interno de narcóticos en ese país.

Sheinbaum también minimizó el peso de declaraciones de algunos legisladores y funcionarios estadounidenses “muy influidas también por sus elecciones en noviembre”, y afirmó que, más allá de esos pronunciamientos, la relación bilateral se mantiene en términos de “respeto mutuo”.

El equipo negociador y los pendientes arancelarios

La aclaración llegó en el marco de un reporte más amplio sobre el estado de las negociaciones para renovar el T-MEC. Sheinbaum detalló que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabeza la mesa negociadora acompañado de un equipo ampliado que incluye a Julio Berdeguer, Roberto Lázari (embajador de México en EU), Diana Alarcón (representante ante el Banco Mundial, con sede en Washington) y Altagracia Gómez, enlace con el sector empresarial, a quien Sheinbaum envió condolencias por el reciente fallecimiento de su padre.

Según la presidenta, el objetivo inmediato es lograr la reducción de los aranceles de acero, aluminio y autos, además de atender un paquete adicional vinculado al llamado “artículo 301”, mecanismo que Washington aplica a distintos países en materia de capacidad de producción. Ebrard, dijo, “la semana pasada fue dos veces a Washington” y actualmente se encuentra de nuevo en esa ciudad, en lo que calificó como un “diálogo permanente”.

Contexto: México, entre los mejor posicionados frente a Trump

El reporte de Sheinbaum se da en un momento en que su gobierno ha insistido en que México es de los países mejor tratados por la política arancelaria de Donald Trump, luego de que Washington lo excluyera de los gravámenes generales aplicados al resto del mundo, dejando vigentes únicamente los aranceles del 25% en los sectores automotriz, de acero y aluminio. No obstante, ese mismo trato preferencial ha estado condicionado, según reportes previos, a que México avance en los temas de seguridad y migración que exige la Casa Blanca, con tarifas del 25 % que podrían reducirse si se alcanzan acuerdos en temas prioritarios como seguridad y migración —lo que da mayor peso a la insistencia presidencial en separar ambas agendas.

La negociación se produce, además, después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtiera meses atrás a sectores automotriz y siderúrgico mexicanos que no deben esperar que la renegociación del T-MEC elimine los aranceles impuestos por Trump, en lo que fue interpretado como un mensaje de que algún nivel arancelario llegó para quedarse, independientemente del resultado de las pláticas.

Sheinbaum concluyó que, pese a ese escenario adverso, “vamos bien” en la búsqueda de un acuerdo benéfico para México, y prometió mantener informada a la opinión pública conforme avancen las conversaciones con la administración estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que una de las estrategias de Estados Unidos para dividir al país es el reconocimiento de sus funcionarios, tal y como lo ha hecho el director de la DEA, Terry Cole, con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, o en su caso, hablar mal de ellos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre si los recientes halagos que el director de la DEA ha dado sobre el compromiso de Harfuch en el combate de los cárteles y la colaboración que han podido entablar representen un posible respaldo electoral.

“Ellos buscan de una u otra manera para debilitar a los gobiernos dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, del Gabinete Federal, son tácticas que usan ellos de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared”, detalló.

Este revés que enfrentan, explicó la presidenta, es que el Gabinete de Seguridad de México mantiene una buena coordinación y entendimiento entre las tres instituciones que lo integran, y afirmó que tanto los señalamientos buenos o malos se deben a que EEUU usa la situación con México como parte de sus próximas elecciones en noviembre.

“Tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento, no hay divisiones al interior, entonces piensan que por hablar bien de unos y hablar mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque no lo logran”, señaló.

Influencia en las elecciones de México también estaría detrás de los comentarios

La presidenta también aseguró que estos comentarios en favor de funcionarios como Harfuch se debe a una intención por parte de Estados Unidos de influir en las elecciones de México, al tiempo que descartó que estos provoquen alguna división entre autoridades federales.

Anteriormente, Sheinbaum ya había calificado como contradictorio el reconocimiento constante de la DEA hacia Harfuch debido al clima de tensión que han tenido ambos países desde el inicio de la administración de Donald Trump, ya que ha presionado con la imposición de aranceles el que México combata a los cárteles.

Y es que en las últimas semanas el director de la DEA ha agradecido tanto la hospitalidad de Harfuch como su disposición para colaborar en favor de la seguridad de ambos países.

Todo comenzó el pasado 18 de agosto tras la participación de Harfuch en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) realizada en Buenos Aires, Argentina, en la que el secretario de Seguridad Pública destacó los resultados obtenidos durante la administración de la presidenta Sheinbaum.

En el evento, Cole describió a Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”, además de destacar sus casi dos décadas de servicio público en México al repasar su trayectoria en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal y al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México antes de asumir la titularidad de la SSPC.

Halagos de Cole también se han visto empañados de señalamientos contra funcionarios por presuntos nexos con el narco

En su participación, Harfuch también destacó la comunicación que mantiene con el director de la DEA al asegurar que “desde su llegada la información ha fluido muchísimo más rápido”.

Sin embargo, en medio de todos los halagos y de compartir una entrevista conjunta con el funcionario mexicano, Terry Cole también ha señalado que funcionarios de alto nivel de “trabajar directamente con cárteles”.

Fue durante una entrevista con Ilia Calderón, para Univisión, que el funcionario estadounidense habló de una reciente acusación emitida por el Departamento de Justicia -aunque no mencionó a cuál hacia referencia- que muestra la “corrupción gubernamental” que existe en México y los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“En la acusación que se acaba de hacer pública se ve la corrupción gubernamental en México con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, aseguró.

En esa misma entrevista destacó la cooperación con México y volvió a mencionar a Harfuch, asegurando que mantiene comunicación diaria con él en materia de seguridad, pero no descartó una posible intervención en el país en caso de que así lo ordene Donald Trump.

-“¿No habrá operaciones unilaterales de Estados Unidos en suelo mexicano?

-“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, afirmó.

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, atribuyó este martes la captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú y Bolivia.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, escribió Navarro en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la Policía Nacional (PNP) sobre el operativo.

El embajador destacó la captura de “uno de los fugitivos más buscados de la región”, a quien las autoridades peruanas atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el pasado domingo en Trujillo, al norte del país.

Navarro destacó además que su captura fue posible gracias al “largo brazo de nuestra cooperación”, en respuesta a un mensaje de la PNP, que informó que el operativo se realizó en La Paz junto con la Policía boliviana y organismos internacionales.

‘Jhonsson Pulpo’, hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’ y uno de los fundadores de la banda criminal, era uno de los delincuentes más buscados del país: se ofrecían 500.000 soles por información que permitiera su captura y las autoridades le atribuían, desde la clandestinidad, el manejo de las operaciones de la organización criminal.

En declaraciones a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el líder criminal permanecía inicialmente en La Paz y explicó que, por razones de seguridad, se habían reservado los detalles de su traslado, con el objetivo de concretar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó que la captura fue resultado de un “operativo conjunto” coordinado desde enero, en el que también detuvieron a Gabriel Alexander Saúl M. G., de 23 años.

Tras ser expulsados de Bolivia y trasladados a territorio peruano, ambos quedaron bajo custodia policial. Según Astudillo, este miércoles se realizará el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia.

El imputado tenía una orden de captura internacional por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, pidió el lunes al fiscal general Todd Blanche documentos sobre una estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que permitió seguir cargamentos de fentanilo sin incautarlos de inmediato en Nuevo México. La táctica buscaba llegar a redes de tráfico más amplias, pero, según AP, parte de esas pastillas llegó a las calles durante la crisis de sobredosis por opioides sintéticos.

La revisión legislativa se sumó a dos frentes. Denunciantes de la DEA aseguraron que recibieron órdenes de no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. El fiscal general estatal, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia por documentos del caso.

El inspector general del departamento anunció una revisión nacional sobre estas políticas y las investigaciones con escuchas telefónicas.

La investigación del Congreso de Estados Unidos apunta a una práctica de la DEA sobre fentanilo

La estrategia bajo examen consistía en monitorear envíos importantes de fentanilo sin decomisarlos en el momento para reunir pruebas y avanzar sobre organizaciones criminales más grandes. Esa práctica, conocida en inglés como letting drugs “walk” (dejar que las drogas “caminen”), describe la decisión de dejar que la droga continúe su recorrido bajo vigilancia.

Según informó AP, la pesquisa del Congreso se abrió dos meses después de que la agencia revelara que agentes de la DEA siguieron repetidamente cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025 sin impedir que parte de la droga llegara a la calle.

Comer sostuvo en su carta que una política que ordene no interceptar envíos significativos pudo causar “daños considerables”.

El Departamento de Justicia modificó en 2024 la norma sobre incautación de fentanilo

La política vigente desde 2017 indicaba que los agentes debían incautar o impedir la distribución de fentanilo tan pronto como fuera posible. Esa regla fijaba como prioridad evitar que la sustancia circulara.

De acuerdo con la investigación citada por AP, el Departamento de Justicia reescribió esa norma en 2024 y otorgó mayor discreción a los investigadores para preservar operaciones en curso. Ese cambio quedó bajo análisis porque los republicanos sostienen que pudo facilitar que grandes cantidades de fentanilo no fueran decomisadas de inmediato.

Los denunciantes de la DEA y el caso de Albuquerque reforzaron las objeciones en Nuevo México

Los denunciantes de la DEA indicaron que recibieron órdenes para no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. Entre ellos figura un exsupervisor que trabajó en una de las investigaciones y que luego cuestionó el manejo del caso. Según su testimonio citado por AP, la red investigada podría haberse desarticulado antes.

La investigación periodística también señaló que la práctica continuó durante el segundo mandato de Donald Trump en la etapa previa al mayor decomiso de fentanilo anunciado por la DEA en mayo de 2025. En esa operación, las autoridades secuestraron cerca de tres millones de pastillas, aunque otras cantidades no fueron decomisadas.

En Albuquerque, agentes observaron a correos de droga entrar en hoteles con mochilas que, según la investigación, podían contener hasta 100.000 pastillas de fentanilo.

La demanda de Raúl Torrez y la revisión federal ampliaron la investigación sobre tráfico de drogas

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para forzar la entrega de documentos sobre estas operaciones. Su reclamo coincide en parte con los registros pedidos por el comité que preside Comer.

El caso también abrió una revisión de alcance nacional. En agosto de 2026, el inspector general del Departamento de Justicia anunció que examinará estas políticas y pesquisas con escuchas telefónicas para determinar si la misma táctica se usó en otras partes de Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terry Cole, respaldó esa revisión y dijo, en declaraciones a Fox News que las investigaciones de la agencia son extensas, complejas y se realizan bajo la ley.

Por ahora, siguen abiertas la pesquisa del Congreso, la demanda de Nuevo México y la revisión interna del gobierno federal.

El Comando Norte de Estados Unidos destacó la captura de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano” en Mexicali, al asegurar que ambos países también protegen su soberanía al desmantelar las redes criminales y sus estructuras financieras.

A través de sus redes sociales, el organismo militar destacó que trabajan de manera conjunta con los funcionarios de seguridad en México para combatir a los cárteles tanto en Baja California como en toda la frontera.

“Proteger la soberanía de ambas naciones significa desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestros ciudadanos, desde los operadores hasta las estructuras financieras detrás de ellos”, aseguró.

Y es que “El Chava” fue identificado como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, quien en marzo de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y enfrenta una acusación federal por conspiración para lavar instrumentos monetarios ante el Tribunal de Distrito Sur de California.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que “El Chava” también contaba con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El reconocimiento del Comando Norte de EEUU se suma el respaldo del embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien aseguró que ambos países continuarán trabajando de manera conjunta para combatir a los cárteles y destacó que esta detención era un reflejo de que “la cooperación produce resultados”.

Director de la DEA felicitó a Harfuch por la detención de “El Chava”

Otro funcionario estadounidense que se sumó al reconocimiento de la caída de Salvador Díaz Rodríguez fue el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien felicitó directamente a Harfuch por su colaboración en el desmantelamiento de redes criminales.

“Este arresto es el resultado de un trabajo constante de inteligencia, investigación y análisis financiero a ambos lados de la frontera. Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde la cúpula del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su continua colaboración”, escribió en sus redes sociales.

Díaz Rodríguez fue arrestado el pasado 27 de agosto, cuando circulaba en un Toyota Corolla color café por la avenida General Santiago Vidaurri, en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSC) lo detuvieron junto a Kitzuki Yaczely “N”, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa. En el vehículo hallaron 57 envoltorios con aproximadamente 38 gramos de metanfetamina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo identificó por operar dentro de la red financiera encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, con base en la Ciudad de México que habría lavado más de 50 millones de dólares hasta marzo 2025.

Esa estructura trasladaba ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México en beneficio de Los Chapitos y del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta. Asimismo, importaba precursores químicos de China para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetamina cristalina y ketamina.

Las autoridades estadounidenses también lo señalaron como sicario: presuntamente recaudaba cobro de piso para una organización criminal local en Mexicali y asesinaba a quienes no pagaban.

Por su parte, las facciones de Los Mayos y Los Chapitos mantienen una disputa desde el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Esta guerra ha provocado una ola de violencia que se concentra en Sinaloa, aunque también alcanzó otras entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, entre otras, que son los estados en los que también presencia junto a sus aliados.

La captura de “El Chava” se produjo, además, días después de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali, vinculada al posible uso de explosivos contra edificios institucionales y relacionada con operativos previos contra “Los Rusos”, brazo armado de Los Mayos.

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que Estados Unidos continuará buscando activos vinculados a Genaro García Luna luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico.

La agencia difundió la declaración en sus redes sociales un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara la recuperación de los fondos en la conferencia mañanera.

Cole también advirtió que Washington tiene sentencias pendientes y separadas relacionadas con García Luna.

Estados Unidos mantuvo su empeño en obtener pruebas contra García Luna durante años

La cuenta oficial de la DEA en X, @DEAHQ, publicó este 29 de agosto la declaración atribuida a Cole, acompañada de un enlace directo a la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum del 28 de agosto, titulada “México recupera 5.8 millones de dólares en el caso García Luna”.

“Durante años, Estados Unidos no cejó en su empeño de obtener pruebas contra Genaro García Luna. Esa investigación condujo a su procesamiento y condena por aceptar millones en sobornos del cártel y traicionar la confianza pública”, declaró Cole.

Genaro García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2023 fue declarado culpable en una corte federal de Nueva York por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En la misma publicación, la DEA incluyó una imagen con más declaraciones de su administrador: “Ahora, México ha recuperado 5.8 millones dólares vinculados a su red de corrupción. Estados Unidos tiene sentencias pendientes y separadas relacionadas con García Luna y también continuará buscando compensación de activos ligados a sus actividades corruptas. La corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles, y la DEA está comprometida a exponer a los funcionarios y redes que anteponen los intereses del cártel a las personas a quienes juran servir.”

Terry Cole asumió como jefe de la DEA en julio de 2025, tras su confirmación por el Senado estadounidense.

5.8 millones recuperados serán destinados a escuelas de la Montaña de Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 28 de agosto en su conferencia mañanera que México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares vinculados a la red de corrupción de Genaro García Luna. Precisó que los fondos, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, se destinarán a infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor índice de pobreza del país.

Sheinbaum explicó que García Luna, tras dejar la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, se dedicó a negocios corruptos mediante empresas que supuestamente brindaban equipos de seguridad pero que en realidad operaban con contratos fraudulentos: equipos que nunca se entregaron o que se facturaban a precios inflados. “Se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba; o se contrataba un equipo que costaba 10 pesos por 100 pesos”, señaló la mandataria.

La presidenta también recordó que la investigación se inició desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Pablo Gómez encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que Omar Reyes Colmenares la llevó a su primer resultado concreto: el regreso de recursos al erario público.

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó en la conferencia que los recursos provienen de la liquidación de 12 propiedades en Florida y una póliza de fianza vinculadas a la familia Weinberg, y que ingresaron a la Tesorería de la Federación el 25 de agosto de 2026. Reyes Colmenares informó que aún están pendientes de liquidación otros activos y que la UIF continuará buscando propiedades y cuentas de los Weinberg en otros países.

El entramado empresarial estuvo encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes obtuvieron entre 2009 y 2018 treinta contratos con la extinta Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la PGJCDMX.

El titular de la UIF detalló que el esquema de desvío operó entre 2008 y 2018 mediante contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas fachada por más de 403 millones de dólares. La UIF estima que el fraude total alcanzó 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra los Weinberg.

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch por la detención de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, señalado como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la DEA en X y destacó el trabajo conjunto de inteligencia entre autoridades mexicanas y estadounidenses que derivó en la captura del 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California.

La red a la que pertenecía Díaz Rodríguez habría lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha de su designación por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en marzo de 2025. Ese mismo día, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal en su contra por conspiración para lavar instrumentos monetarios.

La DEA felicitó a Harfuch y reconoció el trabajo binacional

Cole señaló, en la cita difundida por la agencia antidrogas: “La DEA colaboró estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y detener a Salvador ‘N’, un operador financiero de Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa. Este arresto es el resultado de un trabajo constante de inteligencia, investigación y análisis financiero a ambos lados de la frontera.”

El administrador añadió: “Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde la cúpula del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su continua colaboración.”

Harfuch anunció la detención el pasado 28 de agosto en sus propias redes sociales, donde señaló que la captura derivó de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos. El secretario confirmó además que “El Chava” contaba con investigaciones financieras abiertas en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, sostuvo que la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece las capacidades del gobierno para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.

La OFAC sancionó a “El Chava” desde 2025 por lavar dinero para Los Chapitos

El documento de designación de la OFAC describió a “El Chava” como lavador de dinero con base en Mexicali que operaba junto a Israel Daniel Páez Vargas en nombre del Cártel de Sinaloa. La OFAC lo incluyó en las listas SDGT e ILICIT-DRUGS-EO14059 bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

El organigrama publicado por la OFAC lo ubicó dentro de la red financiera encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, con base en la Ciudad de México. Esa estructura trasladaba ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México para beneficio de Los Chapitos y del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta. La misma red importaba precursores químicos de China para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetamina cristalina y ketamina.

Las autoridades estadounidenses también lo señalaron como sicario: presuntamente recaudaba cobro de piso para una organización criminal local en Mexicali y asesinaba a quienes no pagaban la cantidad requerida.

“El Chava” fue detenido con 38 gramos de metanfetamina en Mexicali

Díaz Rodríguez fue interceptado el 27 de agosto a las 6:03 de la tarde mientras circulaba en un Toyota Corolla color café sobre la avenida General Santiago Vidaurri, entre la calle de la Candelilla y la carretera Mexicali-San Felipe. Lo acompañaba Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa.

Durante la revisión al vehículo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) localizaron una bolsa con 57 envoltorios de cierre hermético que contenían una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la droga asegurada y el vehículo.

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que “El Chava” habría operado para Los Rusos, célula armada de la facción de Los Mayos, al momento de su captura, versión que contrasta con la de Harfuch, quien lo vinculó públicamente con Los Chapitos.

Los Mayos y Los Chapitos mantienen una disputa desde el pasado 9 de septiembre de 2024, luego del secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada.

La SSCBC registra en el historial delictivo de “El Chava” ocho tipos de delito cometidos entre 2014 y 2022, entre ellos privación ilegal de la libertad, secuestro exprés y portación de arma de fuego.

Un operativo de seguridad realizado en Sinaloa dejó como resultado la detención de 12 personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y vehículos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las acciones forman parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal.

De acuerdo con el funcionario, durante estas operaciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos y aproximadamente 200 cargadores.

Además, las autoridades localizaron 12 granadas, lo que representa uno de los principales resultados del operativo debido al tipo de armamento asegurado.

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Sinaloa

El despliegue de las fuerzas de seguridad también permitió el aseguramiento de más de 1.3 toneladas de marihuana, además de 1.7 millones de pesos y cinco vehículos.

Los aseguramientos forman parte de las acciones emprendidas por las autoridades para debilitar las capacidades operativas de grupos dedicados a actividades criminales en Sinaloa.

Los 12 detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes deberán determinar su posible responsabilidad en los hechos y definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El operativo contó con la participación coordinada de instituciones federales y estatales, en un despliegue que busca fortalecer la presencia de las autoridades de seguridad en diferentes zonas de la entidad.

García Harfuch informó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia y operaciones en Sinaloa como parte de la estrategia federal para combatir a las organizaciones criminales.

Guardia Nacional localiza a dos menores desaparecidos en Mazatlán

Dentro de las acciones realizadas en Sinaloa también se registró un resultado relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

En Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

El hallazgo fue informado por García Harfuch, quien señaló que las instituciones de seguridad continúan con labores operativas en la entidad.

La localización de los menores se suma a los resultados obtenidos durante el despliegue de las fuerzas federales y estatales, aunque las autoridades deberán continuar con los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias de su desaparición y localización.

Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos”

Como contexto de las acciones de seguridad reportadas por la SSPC, en Mexicali, Baja California, también fue detenido Salvador “N”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según informó Omar García Harfuch, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

El detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con acciones financieras en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La detención de Salvador “N” junto a Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, ocurre en el marco de las investigaciones dirigidas contra las estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales.

García Harfuch destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos se realiza bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad.

Mientras tanto, los resultados del operativo en Sinaloa concentran una parte importante de las acciones recientes de seguridad en la entidad.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo y las labores de inteligencia en Sinaloa para identificar y desarticular estructuras criminales, así como para reducir su capacidad de operación y financiamiento.

La referencia aludía a Joaquín Guzmán Loera, quien cumple cadena perpetua en la ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. El material no contenía declaraciones reales del mandatario sinaloense.

Maltz acompañó el clip con el texto: “Presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Sr. Rocha Moya, ojalá nos veamos en Estados Unidos”.

Rocha Moya fue acusado formalmente desde el mes abril de 2026 de tres cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de “El Chapo”. Los cargos —conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras durante la comisión de delitos de narcotráfico y conspiración para poseer ese armamento— conllevan una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua.

La publicación incluyó banderas de México y Estados Unidos intercaladas. El video también mostró una imagen con cuatro cargos atribuidos al gobernador con licencia que no corresponden a la acusación formal real en su contra.

Maltz pidió el arresto de Rocha a Harfuch desde junio

La publicación de este 28 de agosto se sumó a una serie de mensajes en los que Maltz había insistido a las autoridades mexicanas por el caso. El 6 de junio de 2026 pidió en X que detuvieran a los diez acusados y los enviaran a Estados Unidos, y sostuvo que los cárteles sobreviven gracias a funcionarios corruptos e instituciones comprometidas.

El 22 de agosto, tras el breve regreso de Rocha Moya al cargo después de 112 días de licencia, Maltz reaccionó a una nota del The Wall Street Journal sobre el regreso del gobernador y etiquetó a Harfuch en una publicación en la que escribió: “¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles del terror. Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.

En una segunda publicación ese mismo día, Maltz compartió parte del comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del 29 de abril con la acusación, resaltando una frase del entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York Jay Clayton: “Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”. Adjuntó una imagen con cuatro cargos atribuidos al gobernador con licencia —la misma que ahora circula como parte del video de inteligencia artificial— aunque esos cargos no corresponden a la acusación formal real en su contra.

Rocha Moya solicitó una segunda licencia al Congreso de Sinaloa apenas 32 horas después de reincorporarse. Le fue aprobada y en su lugar quedó gobernando de forma interina Graciela Domínguez.

La acusación formal vincula a nueve funcionarios sinaloenses más

Junto a Rubén Rocha Moya, la acusación del Distrito Sur de Nueva York nombró a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa: el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del gobierno estatal; el empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; el vicefiscal general de la FGE Dámaso Castro Zaavedra; el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades estadounidenses y presuntamente colabora con los fiscales; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación sostuvo que Rocha Moya habría pactado con Los Chapitos antes de las elecciones de 2021: la facción habría robado boletas, secuestrado opositores e intimidado candidatos para garantizar su triunfo. A cambio, Rocha habría permitido que Los Chapitos colocaran funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, y garantizado el control del cártel sobre la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación y la Policía Estatal.

Altos mandos militares de Estados Unidos, Colombia y Ecuador se reunieron el jueves en la localidad ecuatoriana de San Lorenzo, fronteriza con Colombia, para acordar estrategias coordinadas contra bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en las zonas limítrofes de ambos países sudamericanos.

En el encuentro participaron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan; el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora; el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas, Erick Rodríguez; y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Kevin J. Jarrard.

A través de un mensaje difundido en redes sociales por el Comando Sur estadounidense, Donovan señaló que “la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo”.

No obstante, agregó que hoy están “cambiando las reglas del juego”: “En una poderosa muestra de unidad regional, nos reunimos en San Lorenzo (Ecuador), en medio de esta peligrosa región. Bajo la bandera de la coalición americana contra los cárteles, consolidamos una estrategia unificada para perseguir a los líderes de los cárteles, desmantelar su logística y negarles permanentemente refugio seguro”.

El titular de Defensa de Colombia señaló que, bajo instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, se buscó fortalecer alianzas y consolidar “una respuesta firme y coordinada para proteger la seguridad” de los países involucrados. Mora afirmó que la adhesión de Colombia a la coalición permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Según detalló la cartera de Defensa colombiana, durante la reunión se acordó impulsar el intercambio de información, conocimiento del territorio y experiencias operacionales para avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre las fuerzas militares, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a las redes criminales que utilizan el Pacífico como corredor para actividades ilícitas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador describió este “tridente de la seguridad” como una herramienta destinada a compartir información, anticipar amenazas, fortalecer las operaciones coordinadas y cerrar rutas empleadas por el narcotráfico y otras economías ilícitas.

La frontera de Ecuador con Colombia se considera un punto crítico en la “guerra” declarada en 2024 por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra las bandas criminales, identificada como la principal vía de entrada de cocaína que transita por el país hacia Norteamérica y Europa. Este tráfico está vinculado con la escalada de violencia que ha ubicado a Ecuador entre los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica.

Durante 2026, Ecuador inició operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir organizaciones criminales en zonas fronterizas con Colombia. El Gobierno ecuatoriano no detalló si en estas acciones se desplegaron fuerzas estadounidenses en su territorio.

Uno de los episodios más controvertidos de estos operativos ocurrió en marzo, cuando un bombardeo sobre un supuesto centro de entrenamiento de los Comandos de la Frontera en el lado ecuatoriano generó la aparición de una bomba sin detonar en territorio colombiano.

Ecuador también recibe apoyo de Estados Unidos para interceptar embarcaciones conocidas como “narcolanchas” y semisumergibles que zarpan de sus costas con cargamentos de cocaína con destino a Norteamérica y Centroamérica.

El martes, se desarrolló un operativo conjunto en el que participaron autoridades ecuatorianas y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU, que resultó en la detención de 24 personas —incluidos dos mexicanos supuestamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación— durante una veintena de allanamientos en tres provincias ecuatorianas.

(Con información EFE y Europa Press)

En dicho encuentro, llevado a cabo después de la celebración de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026), en Argentina, ambos funcionarios hablaron de diversos temas en materia de seguridad que competen tanto a México como a la Unión Americana, siempre en un tono de respeto institucional.

Cole y Harfuch dicen que son “amigos”

Al inicio de la entrevista, cuestionan a Cole sobre qué significa para las organizaciones criminales, que tanto él como García Harfuch, aparezcan juntos frente a las cámaras, a lo que el estadounidense respondió que es reflejo del trabajo que hacen ambos.

“Es una alianza, y estamos trabajando juntos. Omar y yo mantenemos comunicación constante. Los dos queremos lo mejor para nuestros países. Yo quiero lo mejor para Estados Unidos. Él quiere lo mejor para México, pero es esta alianza la que nos permite seguir avanzando. Es muy importante tener esta relación con el secretario, y somos amigos”, dijo Cole.

Mientras que Omar García Harfuch respondió que la colaboración entre la DEA y la SSPC, actualmente, no tiene precedentes, porque cada vez comparten información más rápido, lo que permite anticiparse a los delitos en ambos países.

“Esta colaboración y esta coordinación, que también han sido sin precedentes, son muy importantes por una razón. Entre más rápido viaja e intercambia la información entre Estados Unidos y México, más podemos anticiparnos a los delitos en ambos países para que las personas dedicadas a dañar a nuestras dos naciones sean detenidas con mayor rapidez, sostuvo el funcionario mexicano.

¿Qué hacen México y EEUU para combatir la distribución de drogas sintéticas?

Respecto al combate para evitar la fabricación y distribución de drogas sintéticas en ambos lados de la frontera, el jefa de la DEA destacó los avances tecnológicos que ayudan a combatir la comercialización de esos opioides.

“Y con los opioides sintéticos, todo cambia rápidamente. Evoluciona. En mi discurso de antes hablamos de nuestro laboratorio, el laboratorio de la DEA, de clase mundial. Hablamos de nuestros químicos, de los químicos de clase mundial que tenemos. Hablamos de la identificación de nuevas nitazenas. Hablamos de la identificación de nuevos orfanos”, explicó el funcionario norteamericano.

Por su parte, Harfuch puso especial énfasis en la destrucción de narcolaboratorios, trabajo que se le ha encargado al Ejército mexicana y a la Secretaría de Marina.

“En México, el Ejército y la Marina han desmantelado y destruido, en resumen, dos mil setecientos setenta y cinco laboratorios de producción de metanfetaminas. No se trata solo de destruir estos laboratorios, sino de romper la cadena logística que tienen, porque son millones de dólares que dejan de fluir hacia las organizaciones criminales y millones de dosis que dejan de venderse en las calles de Estados Unidos y de México”, aseveró.

También sostuvieron que su estrecha relación se debe a que los dos fueron policías, por lo que los une la “aplicación a la ley”.

Colaboración entre DEA y SSPC seguirá incrementando

Al final de la entrevista, le preguntan a Cole qué sigue para la alianza de la DEA y la SSPC, y él advierte que la colaboración se seguirá “incrementando”, siempre respetando a las instituciones de ambos países.

“La información que ya se comparte pueda seguir incrementando. ¿Qué quiero decir con eso? Hemos sido y somos muy respetuosos entre instituciones respecto a dónde investiga cada una en su propio país. Pero creo que si logramos que la información llegue aún más rápido de lo que ya se hace podríamos avanzar mucho más.

“Creo que aún estamos trabajando para tener investigaciones más amplias basadas en la información que se genera en Estados Unidos y en la que se genera en México. Combinar esos casos con la información de los fiscales, creo que va a ser un gran paso que nos dará mucho más”, concluyó Cole.

Para finalizar, García Harfuch destacó que la IDEC 40 dejó en claro que más de 100 países están persiguiendo a un “enemigo en común”, que son los cárteles de la droga, por lo que desarrollarán relaciones “personales y duraderas” en beneficio de cada nación.

El respaldo de la DEA a Colombia tomó protagonismo este jueves 27 de agosto de 2026 después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, señalado como uno de los principales dirigentes del Tren de Aragua.

El director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, felicitó al mandatario y a la Policía Nacional por el operativo realizado en Bogotá.

“Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella y a la Policía Nacional de Colombia por la captura de Luis Páez Nieto, alto dirigente del Tren de Aragua”, expresó Cole en un mensaje difundido tras conocerse la detención.

El jefe de la DEA destacó el alcance de la operación y presentó el arresto como un resultado de la cooperación entre ambos países. “Este arresto golpea a TdA donde más le duele y demuestra lo que pueden lograr las alianzas decididas. La DEA se enorgullece de estar junto a Colombia”, aseveró.

Cole también se refirió al papel que atribuye al Tren de Aragua en la región. “TdA es una organización terrorista extranjera designada; impulsa la corrupción, alimenta el narcotráfico y utiliza violencia extrema para intimidar a comunidades y funcionarios gubernamentales en todo el hemisferio occidental”, agregó.

La captura fue anunciada por De la Espriella, quien aseguró que la fuerza pública ubicó en Fontibón, Bogotá, a Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi. Según el mandatario, se trata del cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y de un hombre de confianza de alias Niño Guerrero, fundador de la organización criminal de origen venezolano.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, el detenido estaría relacionado con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, señaló que es requerido por las autoridades estadounidenses.

El pronunciamiento del director de la DEA adquiere relevancia por el antecedente reciente de conversaciones entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. En esas acciones participaron el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, durante un encuentro en Tumaco.

La captura de Pérez Nieto se conoce en ese contexto de acercamiento entre las autoridades de ambos países, mientras el Gobierno incorpora este tipo de operaciones dentro de su estrategia de seguridad para los primeros 100 días de gestión. El plan contempla realizar 15 operaciones beta dirigidas a debilitar estructuras armadas y capturar a sus principales cabecillas. La meta, según la información proporcionada, es modificar el panorama de seguridad en zonas consideradas estratégicas.

El Tren de Aragua, además de enfrentar acciones de las autoridades colombianas y estadounidenses, fue declarado organización terrorista por países como Perú, Argentina y Ecuador, de acuerdo con lo señalado en la información oficial sobre la captura. Para Colombia, el operativo representa la detención de un hombre al que se atribuye una posición de liderazgo dentro de una estructura con presencia y actividades criminales en distintos países. Para Estados Unidos, el hecho tiene además una dimensión relacionada con sus investigaciones, debido a que Pérez Nieto es señalado como requerido por autoridades de ese país.

La felicitación de Terrance Cole pone el foco en la cooperación policial y de seguridad entre Washington y Bogotá. Su mensaje se produjo pocas horas después del anuncio presidencial y resaltó el papel de la Policía Nacional en la captura.

Con el detenido bajo custodia, las autoridades deberán avanzar en los procedimientos correspondientes frente a los delitos y requerimientos que pesan sobre él. Mientras tanto, el Gobierno presenta el resultado como parte de la ofensiva planteada para los primeros meses de su administración.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la bienvenida y hospitalidad que el gobierno mexicano brinda a los agentes de la agencia que operan en territorio nacional.

El reconocimiento quedó registrado en una entrevista conjunta que la DEA publicó este 27 agosto en el marco del IDEC 40, la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas celebrada en Argentina.

El agradecimiento de Cole no fue un gesto diplomático aislado, sino que se produjo en el contexto de una cooperación bilateral que, según ambos funcionarios, incluyó visitas mutuas, intercambio de información diario e investigaciones conjuntas contra el narcotráfico.

La DEA tiene presencia permanente en México a través de una oficina nacional en la Ciudad de México y oficinas residentes en otras nueve ciudades del país, según un mapa publicado en el sitio institucional de la agencia.

Cole agradeció a Harfuch el respaldo a sus agentes: el secretario no replicó

Al responder sobre los aspectos que más valora del trabajo conjunto con Omar García Harfuch, Cole dirigió un agradecimiento directo al secretario: “Realmente quiero agradecer a Omar y a su equipo por dar la bienvenida a los agentes de la DEA que trabajan en México. Dice mucho su compromiso, pero también dice mucho la hospitalidad que nos brindan mientras estamos allá”.

Antes de ese mensaje, señaló que ambas instituciones necesitan evolucionar al mismo ritmo que cambian la tecnología y las drogas sintéticas, y que por eso siguen invirtiendo en sus hombres y mujeres.

Cole cerró esa intervención con una perspectiva de largo plazo: “Esto es solo el comienzo de esta relación”. Cabe señalar que Harfuch no respondió ni aludió al agradecimiento de Cole sobre los agentes. Su intervención a la misma pregunta se centró en la trayectoria compartida con Cole y en la Operación Frontera Norte como detonador del acercamiento institucional.

La presencia de la DEA en México no es nueva ni menor. Según el sitio institucional de la agencia, sus oficinas en el país combaten los métodos de operación de los cárteles mediante investigaciones bilaterales con homólogos mexicanos, asistencia en materia de investigación, capacitación y suministro de equipo técnico a autoridades del país, y apoyo en la elaboración de leyes y regulaciones para el control de drogas.

La DEA tiene una oficina nacional en la Ciudad de México y oficinas residentes en nueve ciudades más

El mapa del sitio institucional de la DEA muestra que la agencia opera en México con una Country Office, es decir, una oficina nacional, en la Ciudad de México, que funciona como sede principal de la agencia en el país. Además cuenta con Resident Offices, oficinas residentes, en Tijuana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Guadalajara y Mérida.

Las organizaciones de narcotráfico y grupos delictivos mexicanos son, según la propia agencia, los principales contrabandistas, transportistas y distribuidores mayoristas de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína producida en México hacia Estados Unidos.

Según los datos oficiales, las oficinas de la DEA en México realizan investigaciones bilaterales, aportan pistas a las oficinas nacionales de la agencia y otras dependencias estadounidenses, imparten capacitación a sus homólogos mexicanos y les suministran equipamiento técnico para que inicien y conduzcan investigaciones penales complejas.

Cole y García Harfuch describieron una relación construida desde el trabajo en campo

En la misma entrevista, Terry Cole atribuyó la solidez del vínculo a una trayectoria compartida: los dos comenzaron como policías de patrulla.

“Empezamos como policías de patrulla, y es a través de esa experiencia que tenemos un vínculo en común”, dijo. Agregó que ambos comparten información a diario, se comunican con frecuencia y respetan las instituciones del otro.

Omar García Harfuch coincidió. “Aunque él ha estado más tiempo en la policía, ese respeto y esa confianza se valoran enormemente”, dijo entre risas. El secretario atribuyó parte de la solidez del vínculo al acuerdo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzado un mes después del inicio de la administración Trump: la Operación Frontera Norte, que derivó en el despliegue de 11 mil guardias nacionales.

“Después de ese gran despliegue, que fue un despliegue preventivo, se trató de que fortaleciéramos los lazos en investigación y pudiéramos intercambiar información con el único objetivo de arrestar personas, ampliar investigaciones y lograr mejores resultados”, dijo Harfuch.

Cole y Harfuch se reunieron en CDMX

En la misma entrevista, Terry Cole reveló que viajó a la Ciudad de México para reunirse con Omar García Harfuch, un encuentro que ninguna de las dos instituciones había anunciado ni documentado públicamente.

Cole no precisó fecha ni motivo. Lo que sí detalló fue el contenido del encuentro: los dos visitaron a fallecidos en México, sin especificar a quiénes ni en qué circunstancias.

La entrevista también confirmó un gesto similar por parte de Harfuch, cuando visitó las oficinas centrales de la DEA en Washington, ambos recorrieron juntos el memorial de víctimas del fentanilo.

Cole equiparó los dos momentos con la misma frase: “Así es como luce una verdadera relación”. Los encuentros públicos entre ambos funcionarios, previos a la publicación del video, se limitaban a una reunión en Washington documentada por la DEA el 16 de marzo de 2026 y el encuentro que tuvieron este mes en Argentina. El viaje de Cole a México no había trascendido.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) publicó este jueves 27 de agosto una entrevista conjunta con su director, Terry Cole, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, grabado en el marco del IDEC 40, la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas celebrada en Argentina.

El material, disponible desde la página oficial del evento, reveló detalles inéditos de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

En el video, Cole admitió que viajó a la Ciudad de México para reunirse con Harfuch, un encuentro que nunca fue anunciado ni cubierto por la prensa. La visita no tuvo comunicado oficial, no generó fotografías públicas y no fue confirmada por ninguna de las dos instituciones antes de la publicación del material. Cole la mencionó de pasada, como un hecho conocido, al describir la profundidad de su relación con el titular de la SSPC.

En la Ciudad de México, Cole y Harfuch rindieron homenaje a caídos

La revelación surgió en respuesta a una pregunta sobre cómo comenzó la relación entre ambos funcionarios. Cole respondió enumerando evidencias del vínculo: la trayectoria compartida como policías de patrulla, la comunicación diaria y los encuentros presenciales. Fue en esa respuesta donde mencionó el viaje: “Visité a Omar en la Ciudad de México. Él me ha visitado dos veces en las oficinas centrales de la DEA”. No precisó fecha ni motivo y pasó de inmediato al siguiente punto.

En una de ellas, ambos recorrieron el memorial de víctimas del fentanilo en EEUU. Cole describió ese gesto como una muestra de lo que, en sus palabras, “luce una verdadera relación”. El paralelismo con lo que ocurrió en la Ciudad de México fue explícito: durante su visita a México, Cole dijo que los dos rindieron homenaje a personas fallecidas, sin precisar a quiénes ni en qué circunstancias. “Eso es importante. Así es como luce una verdadera relación”, dijo.

Cole también subrayó que ambos respetan las instituciones del otro y agradeció al secretario y a su equipo la hospitalidad brindada a los agentes de la DEA que trabajan en México. “Dice mucho su compromiso, pero también dice mucho la hospitalidad que nos brindan mientras estamos allá”, dijo.

Cole cerró su intervención con una perspectiva de largo plazo: afirmó que lo ocurrido hasta ahora entre ambas instituciones “es solo el comienzo de esta relación”.

Según reportes previos de Infobae México, el registro público de los encuentros entre ambos incluye una reunión en Washington el 16 de marzo de 2026, documentada por la propia DEA en redes sociales. La visita de Cole a la capital del país no aparece en ninguna de esas coberturas previas.

Harfuch también atribuyó la solidez del vínculo a la trayectoria compartida

En respuesta a la misma pregunta, Omar García Harfuch coincidió en que la relación de respeto y confianza estuvo presente desde el principio. “Aunque él ha estado más tiempo en la policía, ese respeto y esa confianza se valoran enormemente”, dijo entre risas.

Agregó que un elemento determinante fue el acuerdo entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzado un mes después del inicio de la administración Trump: la Operación Frontera Norte.

Ese acuerdo derivó en el despliegue de 11 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera por parte de la Secretaría de la Defensa, junto con elementos de la Secretaría de Marina. “Después de ese gran despliegue, que fue un despliegue preventivo, se trató de que fortaleciéramos los lazos en investigación y pudiéramos intercambiar información con el único objetivo de arrestar personas, ampliar investigaciones y lograr mejores resultados”, dijo.

Terry Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, reveló que se enteró de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a través de una llamada directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, minutos después de concretarse la operación.

El jefe de la DEA contó que, en ese momento, Estados Unidos celebraba la medalla de oro de hockey sobre hielo. “Como media hora después, recibí una llamada de Omar, diciéndome que habían tenido éxito en una operación contra El Mencho”, relató durante el foro realizado en el marco del IDEC 40, celebrado en Buenos Aires entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, con la participación de delegados de 110 países.

La euforia que se convirtió en duelo

La noticia llegó en medio de la celebración, pero el estado de ánimo cambió de inmediato. Cole describió que, en un momento festejaban la captura, y al siguiente se entristecieron al saber el costo humano de la misión.

“Es importante que nunca olvidemos el servicio de quienes, a ambos lados de la frontera, hacen cosas extraordinarias por los dos países. En un momento celebramos, pero al siguiente recordamos el servicio a ambas naciones. Y con los opioides sintéticos, todo cambia rápidamente “, afirmó Cole.

“Por un momento estábamos celebrando la captura, pero al siguiente nos volvimos tristes, porque ese día perdieron elementos de seguridad, elementos que querían y en quienes confiaban, que estaban llevando a cabo una misión bilateral”, agregó.

García Harfuch precisó que la operación fue encabezada por tres componentes del Ejército Mexicano: las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea y un tercer grupo castrense. La misión contó, además, con apoyo significativo de tecnología estadounidense. Los registros oficiales del Ministerio de Defensa de México indican que tres militares resultaron heridos durante el operativo; los fallecidos en el enfrentamiento fueron miembros del propio CJNG.

“Respecto a lo que mencionó Terry sobre la operación de El Mencho, sentimos una enorme solidaridad con todo el personal militar que perdió la vida”, afirmó Garcia Harfuch.

Una llamada que refleja el canal directo entre ambos países

El episodio ilustra el nivel de comunicación directa que Cole y García Harfuch describieron ante el foro. Ambos funcionarios afirmaron mantener contacto diario y compartir información de forma constante, una dinámica que, según dijeron, se profundizó tras la Operación Frontera Norte, acordada entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de febrero de 2025.

Ese acuerdo implicó el despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano en la frontera norte. García Harfuch se refirió a esa cifra como “once mil guardias nacionales” durante su intervención en el foro, aunque los registros oficiales del operativo consignan 10.000 elementos entre ambas fuerzas.

El vínculo personal detrás de la asociación institucional

Cole y García Harfuch subrayaron que su relación va más allá del protocolo. Ambos comenzaron sus carreras como policías de calle, un origen compartido que, según Cole, establece un vínculo que trasciende los cargos.

El administrador de la DEA recordó que, durante una visita a Ciudad de México, los dos funcionarios acudieron juntos a rendir homenaje a personas fallecidas en México. En Washington, García Harfuch caminó junto a Cole frente a los rostros de víctimas del fentanilo exhibidos en la sede central de la DEA. “Así es como se ve una relación verdadera”, sostuvo Cole.

García Harfuch, por su parte, destacó que el respeto y la confianza estuvieron presentes desde el primer contacto. “Aunque él lleva más tiempo en la policía”, dijo entre risas, ese antecedente común fue, a su juicio, la base sobre la que se construyó todo lo demás.

Paul Stanley descartó las declaraciones del testigo protegido de la DEA que señala al responsable del asesinato de su padre:

“No me he enterado de nada de eso, sí lo he escuchado pero así ha de estar. Después de todo lo que he visto con lo mismo, la verdad no he dado ni voz ni importancia, porque ya es muy trillado, quien hacer lana de lo mismo”, dijo el conductor al ser cuestionado sobre el documental Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley, y la reciente conferencia que dio el protegido de la DEA.

El crimen ocurrió el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. Hasta la fecha, el homicidio de Francisco Stanley no tiene una sentencia condenatoria firme.

El testigo protegido nombró al autor material y al narcotraficante que habría ordenado el crimen

Jorge Godoy López, exagente judicial y testigo protegido en el expediente del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, se presentó en conferencia de prensa acompañado por su abogada Estefanía Ávila. Señaló por nombre al hombre que, según su testimonio, disparó contra Paco Stanley: Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”.

Godoy López explicó el móvil del crimen: “Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”. Según esta versión, el conductor nunca habría completado la operación de lavado, lo que habría desencadenado la orden de ejecutarlo.

La instrucción para matar a Stanley habría provenido del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, de acuerdo con el testimonio de Godoy López.

Godoy López tardó más de 20 años en hablar por amenazas del crimen organizado

Jorge Godoy López conoció los detalles del asesinato mientras trabajaba para autoridades de Estados Unidos. En ese momento reportó la información a sus superiores, quienes archivaron el asunto. Las amenazas directas del crimen organizado lo mantuvieron en silencio durante décadas.

Su condición de testigo protegido en el caso Camarena le impedía además viajar a México. Esa restricción se mantuvo por más de 20 años. Solo cuando se levantó esa limitación pudo regresar al país y dar su testimonio público.

La abogada Ávila lo explicó así: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. El señor no tiene nada que ver en el homicidio, pero es testigo en la resolución del caso. Teme por su vida y temió por su vida”.

Paul Stanley cuestiona por qué el testigo no habló antes

El hijo del conductor fue cuestionado sobre el documental en una entrevista difundida en el canal de YouTube del comentarista de espectáculos Edén Dorantes. Stanley dijo no haber sabido de la existencia de este testigo protegido ni haber seguido el caso.

Al insistirle sobre el tema, fue directo: “Si esta persona dice que sabe, ¿por qué no lo dijo en su momento? Mi jefe ya está descansando desde hace 27 años y la imagen que tengo y la que tiene la gente que ama es la que importa”.

El documental declara inocentes a Bezares y Durante, pero sin valor jurídico

Testigos: La verdad tiene voz fue dirigido y producido por Juan Carlos Uribe junto con la periodista Arleth Garibay, y se lanzó en la plataforma de streaming Rellee TV. Además de presentar el testimonio de Godoy López, la producción busca limpiar la imagen de Mario Bezares y Paola Durante, los dos nombres que el escrutinio mediático convirtió en sospechosos durante años.

Bezares estuvo aproximadamente un año y medio en prisión y recuperó su libertad el 20 de enero de 2001 por falta de pruebas. Durante también fue liberada ese mismo día, tras alrededor de un año y cuatro meses detenida. Ninguno fue condenado.

Paola Durante reaccionó al estreno del documental: “Después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad! Gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

Las declaraciones del documental, aclara la producción, corresponden al ámbito periodístico y no constituyen una verdad jurídica dictada por una sentencia oficial en tribunales de México.

La justicia federal de Estados Unidos encontró culpables a cinco integrantes de una red que importó más de 3.500 kilogramos de cocaína a Florida usando barcos de pesca deportiva. El caso, impulsado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida y el Homeland Security Task Force (HSTF), reveló la existencia de una estructura criminal con conexiones internacionales y métodos sofisticados para el transporte de drogas por vía marítima.

La condena recayó sobre Andy Gabriel Mercedes-Hernandez, Jesus Alberto Salcedo-Perez, Keisy Estibet Peguero, Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jimenez. Según los registros judiciales, la organización utilizó embarcaciones registradas legalmente en Estados Unidos, con compartimentos ocultos, para trasladar cargamentos de cocaína desde la República Dominicana, con escala en aguas cercanas a las Bahamas, hasta la costa de Florida.

La magnitud del caso radica en la cantidad de droga incautada, que supera los 3.500 kilos, y en el valor estimado de la operación, calculado en más de 31 millones de dólares. Las autoridades federales consideran que la desarticulación de esta red representa un avance considerable en la lucha contra el narcotráfico marítimo en el sur de Estados Unidos y el Caribe.

¿Quiénes son los condenados y cómo se organizaba la estructura criminal?

Las investigaciones identificaron a Mercedes-Hernandez como el principal organizador y financiador de la red. Según la acusación, él se encargó de adquirir los barcos, coordinar la logística y supervisar tanto la descarga como el transporte de la droga hacia depósitos seguros y distribuidores locales. Salcedo-Perez figuró como propietario legal de las embarcaciones y cumplió funciones administrativas. Peguero participó activamente en la custodia y traslado de los cargamentos, mientras que Rivera-Cabrera y Rijo-Jimenez actuaron como capitanes responsables de la navegación y la seguridad en alta mar.

El esquema funcionó durante al menos dos años, con la introducción de grandes volúmenes de cocaína repartidos en distintos cargamentos. El expediente judicial detalla tres operaciones principales: 1.600 kilos transportados en el M/V Mysterry a mediados de 2023, 900 kilos en el M/V Maple Leaf en diciembre de 2024 y 1.000 kilos en el M/V Daviniki durante julio y agosto de 2025. Cada uno de estos envíos requirió planificación, inversión y una red de colaboradores para asegurar la llegada de la droga a territorio estadounidense.

¿Cómo operaba el tráfico de cocaína por vía marítima entre el Caribe y Florida?

La organización utilizó barcos de pesca deportiva para disimular el tráfico ilegal bajo una apariencia legítima. Las embarcaciones, equipadas con compartimentos ocultos, permitieron el traslado de grandes cantidades de droga sin levantar sospechas en los controles habituales. Los cargamentos partían de la República Dominicana, se recogían en aguas cercanas a las Bahamas y finalmente llegaban a la costa de Florida.

La logística incluía la descarga en puntos predeterminados y el almacenamiento temporal en depósitos antes de la distribución interna. El uso de barcos registrados legalmente y la rotación de tripulantes dificultaron la identificación de patrones por parte de las autoridades. Este método de transporte permitió a la organización operar con cierto margen de impunidad durante un periodo prolongado hasta que la investigación conjunta logró identificar y detener a los responsables.

¿Qué declaró la fiscalía federal y cómo actuaron las agencias estadounidenses?

El fiscal federal Reding Quiñones afirmó que la operación representó “industrial-scale cocaine runs into South Florida” y destacó la capacidad de la red para aprovechar mecanismos legales en el tráfico ilícito. “Estas no eran salidas de pesca, sino operaciones a gran escala para ingresar cocaína a la comunidad”, sostuvo Quiñones en el comunicado oficial difundido por la Oficina del Fiscal Federal.

La investigación fue dirigida por el Homeland Security Task Force (HSTF), una fuerza de tarea establecida por orden ejecutiva presidencial para coordinar la acción de distintas agencias federales. El caso involucró a la DEA (Drug Enforcement Administration), la Policía de Sunny Isles Beach, la Guardia Costera de Estados Unidos, Homeland Security Investigations y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que aportaron recursos de inteligencia, vigilancia y despliegue operativo en aguas internacionales y puertos de entrada.

La acusación formal quedó a cargo de la asistente de fiscal federal Lynn Kirkpatrick, con apoyo del equipo de la DEA en Miami. El proceso judicial recopiló pruebas materiales, documentos financieros y testimonios que permitieron reconstruir el recorrido de la droga y la participación de cada acusado.

¿Qué penas enfrentan los acusados y cuál es el estado del proceso judicial?

El tribunal federal estableció que cada uno de los condenados enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El cargo comprobado es el de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína, tipificado como delito grave en la legislación estadounidense. El proceso se tramita bajo el número 26-cr-20092 en la Corte del Distrito Sur de Florida.

La audiencia de imposición de sentencias se celebrará en las próximas semanas, cuando el tribunal evaluará los elementos probatorios y los antecedentes individuales de cada acusado. Según el comunicado oficial, la magnitud y reiteración de los envíos, así como la estructura y sofisticación de la organización, se consideran factores agravantes que podrían influir en la decisión final del tribunal.

Las autoridades federales subrayaron que la desarticulación de la red constituye un golpe significativo para el tráfico marítimo de cocaína en la región, aunque reconocen que las investigaciones continúan abiertas para identificar ramificaciones y posibles cómplices.

¿Cómo se financiaba la operación y cuál era el destino de la droga?

La fuente oficial precisó que el valor estimado de la droga incautada asciende a más de 31 millones de dólares en el mercado estadounidense. El financiamiento incluyó la compra, mantenimiento y operación de las embarcaciones, así como el pago a colaboradores y la logística de almacenamiento y transporte en territorio estadounidense. El dinero proveniente de la venta de la cocaína se reinvertía en nuevas operaciones, permitiendo a la organización sostener su actividad durante al menos dos años.

Los cargamentos se almacenaban provisoriamente en depósitos antes de su distribución en el sur de Florida. La organización destinaba parte de las ganancias a garantizar la seguridad de los envíos y a mantener la infraestructura necesaria para el tráfico continuado.

¿Qué es el Homeland Security Task Force y cómo se enmarca este caso en la política antidrogas?

El Homeland Security Task Force (HSTF) es una iniciativa federal lanzada por orden ejecutiva para concentrar esfuerzos en la eliminación de carteles y redes criminales trasnacionales. La fuerza de tarea reúne a agencias como la DEA, la Guardia Costera, Homeland Security Investigations y la CBP, con el objetivo de investigar, identificar y enjuiciar delitos vinculados al narcotráfico y la trata de personas.

En el caso de Florida, la acción del HSTF permitió coordinar recursos y capacidades federales en una investigación conjunta que desembocó en la condena de cinco personas por tráfico masivo de cocaína. La política federal prioriza la persecución de delitos con impacto en la seguridad nacional, el combate a organizaciones violentas y la utilización de inteligencia compartida para anticipar y neutralizar amenazas.

¿Dónde consultar información oficial y qué se espera a futuro en la causa?

La información y los documentos judiciales vinculados al caso pueden consultarse en la web oficial del Distrito Sur de Florida y en el sistema PACER, bajo el número de expediente 26-cr-20092. Las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación para identificar otros posibles involucrados y prevenir el restablecimiento de rutas similares de tráfico marítimo en la región.

La Oficina del Fiscal Federal informó que la vigilancia sobre las rutas del Caribe continúa como prioridad y que el caso refuerza la estrategia de cooperación interagencial frente al desafío que representan las organizaciones criminales internacionales.

La captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, no significó el fin de la estructura criminal que encabezaba en Michoacán y Jalisco. Tras su detención —a finales de julio— las autoridades mexicanas identificaron a su hermano Rafael Álvarez Ayala, “R2”, como el presunto sucesor al frente de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reacomodo quedó expuesto esta semana con una acusación presentada ante una corte federal de Washington. Un gran jurado del Distrito de Columbia imputó a ambos hermanos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de importarlas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

La acusación estadounidense se refiere a actividades que presuntamente se extendieron desde 2004 hasta diciembre de 2023, lo que coloca a los hermanos dentro de una estructura de narcotráfico con casi dos décadas de operaciones documentadas por las autoridades de ese país.

Pero la situación de ambos es distinta. R1 está preso en México, mientras que R2 permanece prófugo y, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría asumido el control de Los Rs después de la captura de su hermano.

La caída de R1 abrió un relevo

Ramón Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. La captura ocurrió después de un enfrentamiento en el que murió un integrante de su círculo de seguridad y también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, “El Chuy”.

Las autoridades mexicanas ubicaban a R1 como responsable de una estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de distintos puntos de Jalisco.

Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí enfrenta procesos tanto por delitos federales relacionados con armas y drogas como por el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El 7 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso por el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. La investigación de las autoridades mexicanas sostiene que R1 habría ordenado y financiado el crimen.

A ese expediente se sumó otro proceso federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína.

Sin embargo, la salida de R1 de las calles no habría dejado acéfala a la organización.

R2, el relevo que ahora busca Estados Unidos

Después de la captura de Ramón Álvarez Ayala, García Harfuch señaló públicamente a Rafael Álvarez Ayala como el sucesor de la estructura.

A diferencia de su hermano, R2 no se encuentra bajo custodia y es buscado por las autoridades. Esa condición adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos lo incluyera formalmente en la acusación federal junto con R1.

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que ambos participaron en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense y utilizaron armas de fuego para facilitar las actividades de narcotráfico.

La acusación no incluye cargos por terrorismo contra los hermanos, aunque el Departamento de Justicia recordó que el CJNG fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

La diferencia es relevante: la designación del grupo no implica que todos sus integrantes sean acusados automáticamente bajo una figura de terrorismo. En este caso, Washington optó por imputaciones relacionadas directamente con narcotráfico y armas.

Una acusación que trasciende a los dos hermanos

El caso también muestra cómo Estados Unidos está utilizando sus investigaciones contra organizaciones criminales mexicanas para perseguir a integrantes de estructuras regionales, incluso cuando sus operaciones tienen una base territorial en México.

La investigación que derivó en la acusación fue desarrollada por la DEA en Los Ángeles con cooperación de autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia ubicó el expediente dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa interinstitucional creada para perseguir a organizaciones criminales transnacionales y sus redes de tráfico.

La situación coloca a R1 y R2 frente a escenarios distintos. Ramón Álvarez Ayala deberá enfrentar primero los procesos abiertos en México, incluido el expediente por el asesinato de Carlos Manzo, mientras Rafael permanece fuera del alcance de las autoridades y señalado como el nuevo responsable de Los Rs.

Por ahora, la acusación estadounidense deja una conclusión distinta a la que podría sugerir la captura de R1: la estructura del CJNG que ambos hermanos habrían comandado no quedó desarticulada con la detención de uno de ellos. Las autoridades mexicanas sostienen que el mando pasó al segundo y ahora Estados Unidos también lo colocó en la mira.

La Policía de Ecuador informó el miércoles el arresto de 43 presuntos integrantes de las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros, organizaciones con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, durante operativos simultáneos realizados en varias provincias del país.

Las acciones, denominadas ‘Factoría’ y ‘Jericó’, contaron con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el apoyo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), según detalló la fuerza policial ecuatoriana.

Los procedimientos, desarrollados en Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, incluyeron un total de 36 allanamientos en domicilios. Entre los detenidos figuran personas identificadas como alias ‘CC’ y alias ‘León’. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades incautaron alrededor de 2,5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, más un millón de dólares, de 858.000 euros, 25 armas de fuego y mil cartuchos de diversos calibres.

Además, fueron retenidos 21 vehículos, una avioneta, cerca de mil litros de combustible de aviación, 47 terminales móviles y chalecos de protección balística.

El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Vinicio Dávila, afirmó que el objetivo de las operaciones consistió en “afectar las capacidades operativas, logísticas y económicas de estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros”. Según la comunicación difundida por la institución, la cooperación internacional resultó clave para la ejecución de los operativos.

El general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, calificó la reciente serie de acciones como una “victoria decisiva para la región”. “Estas operaciones asestan un golpe severo a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia por todo el hemisferio occidental”, señaló Donovan, y subrayó la posición de Ecuador como “país a la vanguardia” en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, en el marco de su participación en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, también llamado Escudo de las América.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció el miércoles la captura de dos ciudadanos mexicanos presuntamente asociados al CJNG, en el marco de los recientes operativos contra el crimen organizado en el país.

Según informó Reimberg en sus redes sociales, “se detuvo a dos mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica”. El funcionario destacó la coordinación con agencias de Estados Unidos y calificó la operación como “un gran golpe a estas estructuras criminales”.

Las recientes acciones de las autoridades ecuatorianas no solo tuvieron como objetivo a Los Lobos, sino que también se enfocaron en organizaciones asociadas a Los Choneros. Según la Administración de Control de Drogas (DEA), “son responsables del tráfico de cocaína a través de Ecuador y su posterior distribución a Centroamérica, México y mercados internacionales”. Además, el Gobierno de Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, incluyó a Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers en la lista de organizaciones terroristas.

El contexto de estos operativos se enmarca en la situación de “conflicto armado interno” que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde 2024. Esta medida busca reforzar la lucha estatal contra las bandas criminales responsables de la intensificación de la violencia en el país. A pesar de estas acciones, Ecuador registró un récord de homicidios en 2025, con alrededor de 9.300 casos, según datos del Ministerio del Interior.

(Con información de Europa Press y EFE)

El Comando Norte de Estados Unidos celebró este 25 de agosto el operativo que autoridades mexicanas ejecutaron contra “Los Rusos” cinco días antes en Baja California, en el marco de una alerta de viaje que la Embajada de Estados Unidos en México emitió por una amenaza no revelada oficialmente en Mexicali.

El reconocimiento llegó como respuesta al tweet que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó el 20 de agosto tras el decomiso: “La información compartida se convirtió en acciones concretas. Más de 4 millones de dosis de fentanilo potencialmente mortales fuera de nuestras calles y lejos de nuestras familias”. Johnson atribuyó los resultados de aquel día a la cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Comando Norte reconoció que México está reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur

A través de su cuenta en X, el organismo aplaudió el éxito del gobierno mexicano contra Los Rusos y señaló que el compromiso integral de México para contrarrestar a los cárteles estaba reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur.

El mensaje etiquetó al embajador Ronald Johnson, a la DEA, al secretario de Guerra y a la oficina de prensa del Departamento de Defensa, lo que situó el reconocimiento entre los más altos niveles de la cadena de mando militar estadounidense.

Agregó que, a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto (JIATFCC, por sus siglas en inglés), continuaba identificando, desarticulando y desmantelando las operaciones de los cárteles que representaban una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera con México.

El Comando Norte es uno de los once mandos de combate unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, creado el 1 de octubre de 2002. Su nombre responde a su área de responsabilidad: América del Norte.

Cubre el territorio continental de Estados Unidos, Canadá, México y las Bahamas, además del espacio aéreo y marítimo circundante, incluyendo el Golfo de México, el Estrecho de Florida y porciones del Caribe.

Esto se sabe sobre el golpe contra “Los Rusos” del pasado 20 de agosto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó hace cinco días que como parte del seguimiento a líneas de investigación y con el intercambio de información con la DEA, elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, ejecutaron un cateo en un inmueble del fraccionamiento Hacienda del Bosque en Mexicali, vinculado al grupo delictivo “Los Rusos”.

En el inmueble se aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo equivalentes a más de 4 millones de dosis, un arma de fuego corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

García Harfuch señaló que “la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y mantener acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas.

Medios estadounidenses vincularon la alerta de viaje de la Embajada con golpes a Los Rusos

La noche del pasado 24 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a Mexicali para el día siguiente. La alerta pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de incidente y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas, sin precisar la naturaleza ni el origen de la amenaza.

El diario New York Post, en una nota del periodista Ben Chapman publicada este 25 de agosto, señaló que la alerta habría estado relacionada con mensajes de Los Rusos que advertían ataques contra instalaciones de seguridad pública.

Ed Calderon, consultor de seguridad radicado en Texas y exfuncionario de la Policía Estatal de Baja California, dijo al New York Post que “la facción de Los Rusos ha estado en una racha de buscar y ejecutar personas que trabajan para corporaciones policiales estatales” y atribuyó las amenazas a una represalia por los operativos recientes contra el grupo. Hasta el momento las autoridades de México y Estados Unidos no han confirmado esa hipótesis.

La tarde de este día el Centro Coordinador Operativo Estatal de Baja California informó que no se registraron hechos sospechosos durante el 25 de agosto.

Los Rusos son uno de los brazos armados de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que responde a Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”.

Su presunto líder, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es señalado por la DEA y el FBI como responsable del trasiego de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Omar García Harfuch construyó con la DEA un canal de comunicación diaria e intercambio de inteligencia en tiempo real que lo convirtió en el interlocutor de seguridad más valorado por Washington dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México logró ese vínculo a través de resultados operativos concretos, un cambio de doctrina anticrimen y una red de coordinación que abarca varias agencias estadounidenses, todo ello sin ceder terreno en materia de soberanía.

Los continuos reconocimientos llegaron en un momento de tensión bilateral: la administración de Donald Trump mantiene amenazas arancelarias, exige la extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el propio director de la DEA, Terrance Cole, había advertido semanas antes sobre una “peligrosa conexión” entre cárteles y estructuras del gobierno mexicano.

El canal informal que aceleró la confianza

El mecanismo central de la relación tiene una característica que Harfuch describió sin rodeos: la capacidad de operar al margen de los tiempos burocráticos.

Desde que Cole asumió la dirección de la DEA el 23 de julio de 2025, el secretario mexicano construyó con él un vínculo de contacto cotidiano. En su discurso ante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires.

Harfuch aseguró que “desde su llegada, la información ha fluido muchísimo más rápido. Hemos tenido solicitudes a veces de información informal que nos ayuda a poder operar mucho más rápido”.

“Perdón el término, pero saltándonos todos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo. Eso es lo que se traduce en confianza”, agregó.

Cole confirmó ese vínculo desde su lado, pues afirmó mantener comunicación diaria con el secretario mexicano y calificó el flujo como “fluido”. El representante de la DEA en México, René Amarillas, fue reconocido por Harfuch en Buenos Aires como la pieza operativa que sostiene esa coordinación en el día a día.

Una red que va más allá de la DEA

La coordinación de García Harfuch con las agencias estadounidenses no se limita a la DEA. El 18 de marzo de 2026 se reunió en Washington con el director del FBI, Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad mexicano, para intercambiar información y establecer objetivos comunes en materia de crimen organizado transnacional.

En el plano operativo, coordinó acciones contra El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), combinando inteligencia militar mexicana con tecnología aportada por Estados Unidos. En paralelo, articuló la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para identificar y desarticular redes financieras vinculadas a organizaciones criminales. “Como nunca antes”, describió el propio secretario esa dinámica ante la audiencia de Buenos Aires.

El giro doctrinario que Washington valoró

Uno de los elementos de mayor peso en el acercamiento con las agencias estadounidenses fue un cambio de enfoque estratégico: abandonar la lógica de perseguir únicamente a los jefes de las organizaciones criminales para atacar las estructuras que les permiten sostenerse y reorganizarse tras cada golpe.

Esa doctrina es compartida por la DEA y el FBI en su aproximación al crimen transnacional. Cole lo reconoció al señalar, durante la IDEC, que García Harfuch “comprende las amenazas globales que enfrentamos contra las organizaciones criminales transnacionales”.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenible”, agregó el secretario durante su discurso en Buenos Aires.

Los límites que México no negoció

La cooperación tiene un perímetro que Harfuch delimitó con precisión descartando cualquier presencia de agentes extranjeros en suelo mexicano, citando la Constitución como frontera.

Harfuch formalizó esos límites bajo cuatro principios expuestos en la IDEC: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía nacional. Esos criterios, lejos de generar fricción, fueron aceptados por Washington como las condiciones de una relación que ambos lados describieron como la más sólida en años.

El espaldarazo público en Buenos Aires

Fue en ese contexto donde Cole eligió el escenario de la IDEC para hacer explícito el reconocimiento. Ante los responsables de seguridad de más de 100 países, el director de la DEA presentó a García Harfuch como “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y recordó el atentado que sufrió en 2020 a manos de una célula del CJNG.

Aquel 26 de junio, un comando de al menos 28 sicarios emboscó su convoy en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en Lomas de Chapultepec. Los agresores emplearon rifles Barrett calibre .50, armas largas y granadas de fragmentación. El vehículo blindado recibió más de 400 impactos; Harfuch resultó con tres heridas de bala. En el ataque murieron dos de sus escoltas y una mujer civil que transitaba por la zona.

“Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo, tu amistad y colaboración. Aprecio que estés aquí. Esta delegación aprecia que estés aquí. Estos más de 100 países aprecian que estés aquí”, dijo Cole al presentarlo ante la audiencia internacional.

La presidenta Sheinbaum reveló después, en su conferencia matutina, que en un principio había propuesto a su gabinete que el secretario no asistiera a la cumbre, dado el historial conflictivo entre México y la agencia. La postura de asistencia se impuso por votación entre los integrantes del gabinete de seguridad.

La agenda bilateral antes de Buenos Aires

La relación de Harfuch con las agencias estadounidenses se construyó a lo largo de una agenda de encuentros que arrancó semanas después de asumir la SSPC en octubre de 2024.

El primero ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando el secretario integró la delegación mexicana encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, que se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Defensa Pete Hegseth. La agenda abordó los avances en incautaciones, detenciones y operativos desde la conversación entre Sheinbaum y Trump del 3 de febrero, así como acciones coordinadas para frenar el tráfico de fentanilo y de armas. Ese mismo día, México concretó la primera entrega masiva de 29 objetivos al Departamento de Justicia.

Ocho días después, el 7 de marzo, Patel convocó a Harfuch a la sede central del FBI en el edificio J. Edgar Hoover, en Washington, para celebrar formalmente esa extradición. La agencia difundió imágenes del encuentro en sus redes oficiales junto al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio, y lo describió como un “hito histórico”. El FBI destacó que el encuentro fortalecía la alianza entre ambos países “en pos de la justicia y la seguridad comunitaria”.

El 31 de marzo de 2025, Harfuch viajó nuevamente a Washington, acompañado por el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez. Se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para dar seguimiento a las conversaciones bilaterales en materia de seguridad, en medio de la tensión por los aranceles del 25% que Trump anunció para el 2 de abril. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el viaje y precisó que el encuentro buscaba resaltar la “cooperación sin subordinación”.

Ya en 2026, el 16 de marzo, Harfuch se reunió en Washington con el director de la DEA, Terrance Cole, en un diálogo centrado en el combate al fentanilo y el tráfico de armas hacia México. La agencia publicó en sus redes una fotografía de ambos funcionarios y describió el encuentro como una sesión de trabajo sobre colaboración transfronteriza. Harfuch asistió por instrucción directa de Sheinbaum.

El 8 de agosto de 2026, recibió al embajador estadounidense Ronald Johnson en una mesa de trabajo que reunió también a representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Agricultura. El encuentro buscó generar las condiciones para reanudar las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán, suspendidas días antes por alertas de seguridad contra su personal en zonas aguacateras.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusó que altos funcionarios mexicanos “trabajan directamente con cárteles” y advirtió que no se detendrán en su ofensiva para desmantelar al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una entrevista con Ilia Calderón para Univisión, el funcionario estadounidense aseguró que la reciente acusación emitida por el Departamento de Justicia -aunque no mencionó cuál- muestra la “corrupción gubernamental” que existe en México.

“En la acusación que se acaba de hacer pública, se ve la corrupción gubernamental en México con altos funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, aseguró.

Cabe señalar que la más reciente acusación emitida en contra de funcionarios mexicanos fue la de abril pasado, en la que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios de esa entidad fueron señalados por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos; sin embargo, hasta el momento no se ha apuntado a posibles políticos con vínculos con el CJNG por las autoridades estadounidenses.

Destaca cooperación con México, pero no niega una posible intervención en caso de que lo ordene Trump

Cole también destacó que mantiene comunicación diaria con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en materia de seguridad.

Además, explicó que la relación bilateral no solo se enfoca en compartir información de inteligencia, sino que también brindan apoyo en operaciones que se realizan en México.

“Sí, tenemos comunicación diaria, entre yo mismo y el secretario Omar García Harfuch. La comunicación es fluida. Estamos compartiendo información no solo sobre objetivos mexicanos, designados terroristas extranjeros como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, sino que también estamos apoyando operaciones en México”

Terry Cole también aseguró que continuarán trabajando con sus homólogos mexicanos para el intercambio de información e inteligencia con el objetivo de desmantelar a los cárteles.

Sin embargo, al ser cuestionado acerca de una posible intervención u operación unilateral por parte de EEUU en territorio mexicano, el director de la DEA no negó que en caso de ser ordenado por el presidente Donald Trump no puedan hacerlo.

-¿No habrá operaciones unilaterales de Estados Unidos en suelo mexicano?

“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, aseguró.

Advirtió que van por Los Chapitos y Juan Carlos Valencia, líder del CJNG

Cole también aseguró que no cederán frente a los cárteles y recordó que tanto Ismael “El Mayo” Zambada como Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundadores del Cártel de Sinaloa, ya fueron condenados a cadena perpetua en Estados Unidos.

Además, explicó que nunca olvidará a sus caídos porque a pesar de los años transcurridos desde el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena -ocurrido en febrero de 1985-, actualmente Rafael Caro Quintero, a quien se le acusa del homicidio, ya enfrenta la justicia en ese país.

“Reemplazan rápidamente el liderazgo, pero su liderazgo actualmente está en prisión en Estados Unidos porque no vamos a ceder (…) Lo que viene para el liderazgo de Sinaloa, Los Chapitos, pronto será lo mismo. No vamos a ceder. Seguiremos persiguiendo. Y creo que la semana pasada, cuando divulgamos las recompensas, íbamos tras todo el liderazgo. Y con la cooperación de México, que ha incrementado sus esfuerzos en Sinaloa, en Jalisco, podemos hacer esto juntos", aseguró.

Sus declaraciones se dan en medio de una ofensiva que Estados Unidos ha realizado en contra de los cárteles mexicanos desde el inicio de la administración de Donald Trump. Tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han sido los principales objetivos de sanciones y acusaciones, además de funcionarios públicos como Rocha Moya.

La mandataria fue interceptada por la prensa al descender de su vehículo, aún con cubrebocas, y ahí comparó la decisión con el regreso del propio Rocha Moya a la gubernatura tras su primera licencia, calificando ambos movimientos como decisiones de carácter personal.

“No he hablado con él”: Sheinbaum niega injerencia directa

Ante el cuestionamiento sobre si personalmente había solicitado al gobernador que se retirara del cargo, Sheinbaum fue tajante:

• Negó haber sostenido comunicación directa con Rocha Moya previo al anuncio, precisando que “no he hablado con él”.
• Aclaró que fue la secretaria de Gobernación quien mantuvo contacto con el mandatario estatal.
• Señaló que su última conversación con él se remonta a la primera vez que pidió licencia, cuando —según explicó— “pidieron su ayuda”.

Este punto cobra relevancia luego de que trascendieran reportes, incluido uno del New York Times, sobre la situación política de Rocha Moya en medio de la violencia que atraviesa el estado.

Descarta impacto en la 4T y evita hablar de sucesión

Cuestionada sobre si la salida del gobernador afecta al movimiento presidencial, Sheinbaum respondió de manera escueta que no, y subrayó que se trata de un asunto exclusivamente sinaloense: “Es para Sinaloa, personal, ya estuvimos”, declaró.

La presidenta también fue interrogada sobre si respaldaría a una mujer para ocupar la gubernatura de Sinaloa, pregunta ante la cual se despidió sin profundizar, indicando que el tema se abordaría en una sesión posterior de la mañanera.

De la primera licencia al regreso fallido: así llegó Rocha Moya a pedirla de nuevo

El caso de Rubén Rocha Moya ha tenido giros vertiginosos en menos de una semana. Todo se remonta al 1 de mayo de 2026, cuando el gobernador solicitó por primera vez licencia al cargo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, junto con otras nueve personas, por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La acusación federal, presentada en Nueva York, imputa al gobernador cargos relacionados con conspiración para el tráfico de narcóticos y posesión de armamento vinculado a esas actividades. Durante esa primera licencia, que se extendió 112 días, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quedó al frente del Ejecutivo estatal de manera interina.

El viernes 21 de agosto, Rocha Moya sorprendió al anunciar su regreso a la gubernatura, asegurando que retomaba el cargo para continuar con el mandato constitucional que concluye en octubre de 2027. Sin embargo, Sheinbaum señaló que no fue informada sobre ese regreso y que se enteró por la publicación del propio gobernador en redes sociales. La reincorporación generó un rápido deslinde tanto del gobierno federal como de Morena, cuya dirigencia nacional afirmó que no fue consultada sobre la decisión. Apenas 34 horas después, y en medio de la presión política, Rocha Moya dio marcha atrás y presentó una nueva solicitud de licencia, esta vez indefinida, ante el Congreso de Sinaloa.

El mensaje de Sheinbaum en X que antecedió a la nueva licencia

Horas antes de que Rocha Moya formalizara su segunda salida, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X que fue interpretado como una clara señal de presión hacia el gobernador sinaloense. En su publicación, la mandataria advirtió que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, y agregó una frase que rápidamente se viralizó: que ese interés no representa “el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”.

Aunque el mensaje no mencionó directamente a Rocha Moya, su publicación llegó apenas un día después de que el gobernador anunciara su regreso al cargo, por lo que el señalamiento fue leído de manera generalizada como dirigido a él. La postura presidencial fue respaldada por otras gobernadoras y gobernadores de Morena, quienes se desmarcaron de la decisión de Rocha Moya y cerraron filas con la presidenta, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, exhortó públicamente al mandatario a reconsiderar y mantenerse fuera del cargo mientras la FGR concluye sus investigaciones. Fue en ese contexto de presión —del gobierno federal, de su propio partido y de la opinión pública— que Rocha Moya formalizó, horas más tarde, su segunda solicitud de licencia.

Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, publicó este 22 de agosto en X una frase dirigida al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya: “Es hora de rendir cuentas”. Con ese encabezado, Maltz republicó parte del comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que en abril pasado anunció la acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por narcotráfico y delitos conexos con armas, por su presunto vínculo con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El mensaje llegó el mismo día en que Rocha Moya solicitó una segunda licencia al Congreso de Sinaloa —apenas 32 horas después de reincorporarse al cargo—, y momentos después de que el propio Maltz solicitara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que arrestaran y deportaran al gobernador a Estados Unidos.

En ese primer tuit, publicado en respuesta a una nota del The Wall Street Journal, el exfuncionario etiquetó directamente a Harfuch y escribió: “Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.

Maltz republicó el comunicado del DOJ casi cuatro meses después de la acusación

El cuerpo mensaje más reciente de Maltz fue el comunicado en el que participaron el exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, el 29 de abril de 2026.

En ese documento, la fiscalía de Estados Unidos anunció la apertura de la acusación formal contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Maltz no añadió análisis ni argumentos propios al comunicado fuera de los diez nombres involucrados en el caso y los cargos por tráfico de drogas y delitos con armas.

La cita de Clayton que eligió reproducir fue: “El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

Al tuit, Maltz adjuntó una imagen en la que se lee en inglés: “Gobernador de Sinaloa enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York. Presunto papel como político corrupto”, seguido de cuatro cargos: conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración de lavado de dinero, conspiración para operar como empresa criminal continua, y soborno y corrupción. La imagen incluye una fotografía de Rocha Moya sobre la bandera de México y el sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos al pie.

Cabe señalar que la ilustración contiene cargos que no pesan sobre Rocha en EEUU. Derek Maltz fungió como administrador interino de la DEA del 20 de enero al 2 de mayo de 2025, designado por la administración Trump tras 28 años como agente especial de carrera en la agencia.

Rocha Moya regresó, se reunió con su gabinete y pidió licencia en 32 horas

El 21 de agosto, Rocha Moya anunció su regreso a la gubernatura tras 112 días de licencia. Ese mismo día sostuvo una reunión con todos los integrantes de su gabinete en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno en Culiacán, donde se puso al corriente de los asuntos tratados durante su ausencia. También recibió en su despacho a magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, encabezados por su presidente, Jesús Iván Chávez Rangel.

El gobernador argumentó que la FGR declaró en conferencia de prensa que “no existen los mínimos elementos de prueba” que sustenten su participación en conducta penal alguna y calificó las acusaciones estadounidenses de “falsas”, “patrañas” y “calumnias”. La Secretaría de Gobernación se deslindó ese mismo día y precisó que la decisión fue personal, al tiempo que aclaró que la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre los diez acusados.

La solicitud de segunda licencia, enviada este 22 de agosto al diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Diputación Permanente, tiene carácter indefinido y abarca un periodo mayor a 30 días.

Llegó tras el deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien publicó en redes que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, sin mencionar al gobernador por su nombre.

Los cargos implican una pena mínima de 40 años

La acusación formal —identificada como S9 23 Cr. 180 y certificada el 23 de abril de 2026— imputa a Rocha Moya tres cargos: conspiración para la importación de narcóticos desde al menos 2012, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de delitos de tráfico de drogas, y conspiración para poseer ese armamento. Los tres en conjunto conllevan una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua.

La acusación sostiene que Rocha Moya habría garantizado a la facción de Los Chapitos —liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— control total sobre las fuerzas del orden estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación y la Policía Estatal. A cambio, Los Chapitos le habrían proporcionado apoyo electoral y protección política desde su campaña de 2021.

Derek Maltz, exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pidió este 22 de agosto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que arrestara y deportara a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos, después de que el gobernador de Sinaloa anunciara su regreso al cargo tras 112 días de licencia.

Rocha Moya enfrenta acusaciones federales en Nueva York que lo vinculan directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y conllevan en caso de resultar culpable una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua.

Maltz reaccionó a una nota del The Wall Street Journal sobre el regreso de Rocha Moya al poder con un comentario en esa publicación.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles del terror. Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, escribió en X, donde etiquetó directamente a García Harfuch en el mensaje.

Maltz fungió como administrador interino de la DEA del 20 de enero al 2 de mayo de 2025, designado por la administración Trump en sustitución de Anne Milgram, tras 28 años como agente especial de carrera en la agencia.

Tres días antes del comentario del 22 de agosto, Maltz había publicado un mensaje en el que elogió la presencia de Harfuch como orador en la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley contra las Drogas (IDEC), celebrada en Argentina. Además, contrastó esa participación con lo ocurrido en 2023, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no envió representantes a la edición del IDEC celebrada en Jamaica, con más de 130 países participantes. “Esto fue totalmente inaceptable y un indicador claro para mí de que la administración de AMLO no tenía compromiso para librar esta difícil batalla juntos”, escribió.

Maltz señaló a Rocha Moya desde junio de 2026

No fue la primera vez que Maltz apuntó contra Rocha Moya y dirigió el mensaje a García Harfuch. El 6 de junio de 2026, más de un mes después de conocerse la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, publicó en X que era hora de que los funcionarios mexicanos liderados por García Harfuch detuvieran a los acusados y los mandaran a Nueva York para que “rindan cuentas ante la justicia”.

En aquella publicación, Maltz sostuvo que los cárteles “no operan en el vacío”, sino que dependen de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales. “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, señaló entonces.

Rocha Moya regresó al cargo el 21 de agosto pese a que las investigaciones de la FGR continúan

El gobernador anunció su regreso en redes sociales el viernes 21 de agosto. Argumentó que la FGR declaró en conferencia de prensa que “no existen los mínimos elementos de prueba” que sustenten su participación en conducta penal alguna. Calificó las acusaciones de “falsas”, “patrañas” y “calumnias” con “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”.

La Secretaría de Gobernación se deslindó del anuncio ese mismo día y precisó que la decisión fue personal. Aclaró que la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre los diez acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Solo cinco de los diez señalados declararon ante la fiscalía federal, entre ellos Rocha Moya, quien compareció el 26 de mayo de 2026 en las instalaciones de la FGR en Culiacán.

El regreso de Rocha al poder ha sido vinculado por especialistas en seguridad como una posible estrategia para recuperar el fuero que brinda el cargo de gobernador, esto a tan solo dos días de la captura de Fausto Corrales, presunto testigo clave del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, y del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Según una carta revelada en el año 2024 por la defensa de “El Mayo”, aquel 25 de junio el fundador del Cártel de Sinaloa fue citado a la finca Huertos del Pedregal por Los Chapitos, con el objetivo de mediar problemas entre Rocha y Cuén. Hasta el momento las autoridades mexicanas no han confirmado esa versión.

Sheinbaum publicó un mensaje sobre el poder y la responsabilidad un día después del regreso de Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió este 22 de agosto un mensaje en el que, sin mencionar a Rocha Moya por su nombre, sostuvo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. El texto circuló en sus redes sociales un día después de que el gobernador sinaloense anunciara su regreso al cargo.

“El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”, escribió Sheinbaum. Añadió que México merece servidores públicos que entiendan que “los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.

La mandataria cerró con una frase dirigida a la ciudadanía: “El pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación”.

A su arribo a la inauguración del Centro Nacional de Atención Agraria, en Ciudad de México, la prensa cuestionó directamente la decisión del gobernador, ella respondió que se enteró por el mensaje de Rocha en X e hizo referencia a que ya había publicado el texto en sus redes, sin dar más detalles.

Omar García Harfuch escribió este 22 de agosto en su cuenta de Instagram que las organizaciones criminales operan sin fronteras y que esa realidad obliga a los Estados -países- a responder con mayor coordinación, intercambio de información y confianza.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el mensaje días después de su participación en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde viajó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La IDEC reunió entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad de más de 100 países del 18 al 20 de agosto, bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”. El foro fue organizado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, y desde su creación en 1983 opera como plataforma de planificación operativa y estratégica contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

Harfuch destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad

En la publicación, García Harfuch atribuyó los avances presentados en el foro al esfuerzo coordinado del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías y las policías estatales y municipales.

El secretario reafirmó que México fortalece su cooperación internacional bajo cuatro principios: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía. Señaló que esa cooperación debe ser “cada vez más efectiva” frente a organizaciones que no reconocen límites territoriales.

García Harfuch escribió también que el poder de los cargos públicos es temporal, pero que la responsabilidad de proteger a la población permanece. “Mientras tengamos el privilegio de servir, debemos utilizar cada capacidad del Estado para proteger a la población y sacar de las calles a quienes destruyen vidas”, sostuvo.

El secretario evocó a elementos caídos en el combate al crimen: “Tenemos la obligación de hacer más porque estamos vivos. Muchos compañeros entregaron su vida luchando contra el crimen y protegiendo a los demás. Honrar su memoria significa no detenernos”.

Los datos que Harfuch presentó el 18 de agosto ante delegaciones de más de 100 países en Buenos Aires

La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum registró una caída del 51% en homicidios dolosos: el promedio diario pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, según datos revelados por Harfuch. Entre 2006 y 2018, ese indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios, un aumento acumulado de 251%.

El gabinete de seguridad detuvo a más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto desde el inicio de la administración, lo que elevó la población penitenciaria casi 14% y afectó la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 518 toneladas de droga desde octubre de 2024, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, el 80% de procedencia estadounidense, además de más de dos millones de cartuchos.

En el frente de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36% su personal, extendió su presencia a nueve países y realizó cerca de 320 mil geolocalizaciones judicializadas entre octubre de 2024 y julio de 2026. Al inicio de la administración contaba con una sola plataforma aérea; al momento del foro operaba 16.

La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó más de 8 mil 600 millones de pesos e inhabilitó más de 24 mil 600 cuentas vinculadas a organizaciones criminales, en coordinación con agencias de Estados Unidos y organismos financieros internacionales.

En el mensaje publicado este 22 de agosto en Instagram, García Harfuch cerró con el compromiso de seguir trabajando, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, “con firmeza, inteligencia y coordinación para construir un México más seguro”.

Jorge Godoy López, expolicía judicial de Jalisco y testigo protegido de la DEA, pasó más de dos décadas sin poder regresar a México. Su silencio no fue voluntario.

El caso del agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar lo mantuvo fuera del país desde finales de los años noventa. Más de veinte años después pudo aparecer en público y señalar, por nombre, al hombre que habría apretado el gatillo contra Francisco “Paco” Stanley el 7 de junio de 1999: Carlos Acevedo, alias “El Pato”.

El caso del asesinato de Stanley —ocurrido frente al restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México— cumple 27 años sin una sentencia condenatoria. La carpeta de investigación permanece abierta.

La condición de testigo protegido bloqueó su regreso a México por más de 20 años

Godoy López se convirtió en informante de la DEA después de pasar 28 meses en prisión. Antes había trabajado como guardaespaldas de narcotraficantes dentro del Cártel de Guadalajara, bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Esa trayectoria lo colocó en el centro de uno de los casos más sensibles para las autoridades estadounidenses: el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en 1985.

Su condición de testigo en ese expediente le imponía restricciones de movimiento. No podía pisar territorio mexicano. Según declaró su abogada Estefanía Ávila, el temor también jugó un papel concreto: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. Teme por su vida y temió por su vida”.

Cuando Godoy López supo del asesinato de Stanley en 1999, reportó la información a sus superiores en Estados Unidos. Las autoridades archivaron el caso sin darle seguimiento.

“El Azul” habría dado la orden desde adentro de un penal

Según el testimonio de Godoy López, la orden de ejecutar a Stanley provino de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y figura central del Cártel de Sinaloa. La instrucción habría sido impartida desde el interior de un penal.

El móvil, según su versión, fue una deuda de 4,000,000 de dólares. Ese dinero habría sido entregado a Stanley para que lo lavara. El conductor nunca completó la operación ni devolvió el dinero. “Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, declaró Godoy López en conferencia de prensa.

Carlos Acevedo, “El Pato”, habría sido exagente de la Dirección Federal de Seguridad. Nunca fue detenido. El productor Juan Carlos Uribe, responsable de la docuserie donde aparece el testimonio de Godoy López, señaló que tampoco existe fotografía conocida de él.

La docuserie que rompió el silencio

La aparición pública de Godoy López ocurre en paralelo al estreno de Testigos: la verdad tiene voz, una docuserie producida por Juan Carlos Uribe y disponible en la plataforma Rellee TV. La producción incluye el testimonio de tres testigos del caso; Godoy López es el único que viajó a México y habló ante la prensa.

El exinformante también aclaró que sus declaraciones no buscan implicar a Mario Bezares ni a Paola Durante, quienes fueron señalados públicamente como posibles autores intelectuales del crimen en su momento. Según Godoy López, ninguno de los dos fue mencionado cuando se dio la instrucción de ejecutar a Stanley.

Godoy López afirmó que se presentará ante la Fiscalía para poner su testimonio a disposición de las autoridades. Hasta este 22 de agosto de 2026, la justicia mexicana no ha emitido pronunciamiento alguno sobre sus declaraciones.

A seis meses del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acumuló una cadena de golpes que desmanteló parte de su cúpula: la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los cuatro candidatos que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch señaló para asumir el liderazgo; la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo; y el operativo más reciente contra el entorno de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, jefe regional en Michoacán y Jalisco.

Todo se remonta al 22 de febrero de 2026, cuando Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutaron un operativo en el complejo Tapalpa Country Club, en la sierra de Jalisco, resultado de meses de inteligencia conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y agencias de Estados Unidos.

Aquel día Oseguera Cervantes resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento y murió en el trayecto aéreo hacia la Ciudad de México. El Ejército aseguró armamento de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves. Dos personas más fueron detenidas en el lugar.

“El Tuli” y Rubén Guerrero Valadez murieron el mismo día que El Mencho: uno coordinando el caos, el otro en el mismo operativo

El operativo de Tapalpa no solo acabó con el fundador del cártel. Entre los siete abatidos ese 22 de febrero figuró Rubén Guerrero Valadez, hijo del jefe regional Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, presente en el complejo durante el despliegue militar. Su muerte fue el primer golpe contra la estructura familiar que controlaba la célula más arraigada del CJNG en la frontera entre Michoacán y Jalisco.

Horas después, mientras la violencia se extendía a 14 estados del país, Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, coordinaba desde El Grullo, Jalisco, los bloqueos carreteros, los incendios de vehículos y los ataques contra instalaciones militares y comercios.

Era señalado como uno de los operadores logísticos y financieros más cercanos a El Mencho dentro del cártel, responsable de la capacitación táctica de reclutas y la supervisión de operaciones violentas en el occidente del país. Ofreció 20 mil pesos por cada militar asesinado el día que murió su líder.

Sin embargo, Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas lo localizaron. Al intentar huir en un vehículo, abrió fuego contra los militares y fue abatido en el lugar. Le aseguraron 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares en efectivo.

Los restos de Oseguera Cervantes fueron sepultados el 2 de marzo en el panteón Recinto de la Paz, en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. A su lado quedó la tumba de Macías Ureña. La lápida blanca de El Tuli, con las fechas 1976–2026, incluye una frase que describe el vínculo entre ambos: “Hoy descansan dos hombres que dejaron huella y su lealtad fue hasta la muerte”.

“El Pepe”: el primer detenido del círculo íntimo

El 15 de marzo, fuerzas federales capturaron en Jalisco a José “N”, alias “El Pepe”, operador logístico señalado como el hombre que trasladó a la pareja sentimental de Oseguera Cervantes hacia las cabañas del Tapalpa Country Club dos días antes del operativo.

Ese movimiento, según reportes oficiales, fue una de las pistas que permitió a la Defensa confirmar que El Mencho se encontraba en el sitio.

Fue el primer detenido del círculo inmediato del capo tras su muerte. En el aseguramiento se decomisaron drogas y armamento. Fue trasladado a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Guadalajara.

“El Jardinero” cayó sin un disparo en Nayarit tras 19 meses de seguimiento

El 27 de abril llegó el golpe más mediático de los seis meses. La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en la comunidad de El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento e inteligencia binacional con agencias de Estados Unidos.

Más de 500 elementos navales y cuatro helicópteros participaron en el operativo. Flores Silva contaba con un dispositivo de seguridad de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. Cuando los marinos irrumpieron, sus escoltas se dispersaron. Él bajó de un vehículo e intentó ocultarse en una tubería de drenaje de la carretera, donde fue encapsulado y detenido. La operación no requirió un solo disparo. Tras la detención, el CJNG respondió con quema de vehículos y tiendas en Nayarit, sin víctimas.

Era uno de los cuatro candidatos a suplir a El Mencho que Omar García Harfuch había señalado en febrero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había sancionado desde abril de 2021 y lo señalaba como comandante regional con control sobre Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

La DEA lo vinculaba con laboratorios clandestinos de metanfetaminas, redes de trasiego aéreo y marítimo de cocaína y heroína desde Centroamérica y distribución en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. Washington ofrecía 5 millones de dólares por su captura, sin embargo, a pesar de estar detenido la cifra ascendió a 15 millones.

El 4 de mayo fue vinculado a proceso en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con prisión preventiva y dos meses de plazo para investigación complementaria.

Desde el penal del Altiplano, la defensa de Flores Silva ha librado una batalla legal paralela para frenar su extradición a los Estados Unidos. El mismo día que se le dictó prisión preventiva, el 30 de abril, sus abogados presentaron una demanda en la que argumentaron que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento y que su cliente se encontraba incomunicado.

La jueza Azucena Lazalde Íñiguez concedió la suspensión y ordenó que ninguna autoridad federal ejecutara la entrega mientras no existiera sentencia ejecutoria. La FGR intentó revertir esa suspensión, pero el 14 de mayo un Tribunal Colegiado declaró improcedente su queja.

A comienzos de junio, Flores Silva promovió un amparo adicional en el que alegó el riesgo de una expulsión exprés sustentada en la Ley de Seguridad Nacional; el juez Alejandro Latorre Lozano lo desechó por improcedente. El 30 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Edomex admitió a trámite un recurso de queja para revisar esa resolución.

“El Güero Conta” cayó el mismo día que su jefe: el cerebro financiero que sostenía la operación del Jardinero

Horas después de la detención de Flores Silva, elementos de la Guardia Nacional arrestaron en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, principal operador financiero y primer hombre de confianza de El Jardinero.

Su nombre era desconocido fuera de los círculos de seguridad, aunque ya aparecía en corridos de regional mexicano. Las autoridades lo vigilaron durante meses en domicilios de Ahualulco de Mercado y Teuchitlán antes de ejecutar la detención.

Le aseguraron un fusil abastecido con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina y dinero en efectivo. Las investigaciones establecieron que Villaseñor Olivares administraba y lavaba recursos ilícitos mediante empresas fachada, socios y familiares, y canalizaba esos recursos hacia la compra de aeronaves, embarcaciones, propiedades e inversiones en una empresa tequilera.

Con la caída simultánea de El Jardinero y su contador, la estructura financiera que sostenía esa fracción del CJNG quedó sin sus dos cabezas en un mismo día. El 5 de mayo fue vinculado a proceso por posesión de metanfetamina, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Quedó en prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, con tres meses de plazo para investigación complementaria.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1” de Los Rs, detenido como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan

El 30 de julio, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército detuvo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro, Tzitzio y zonas de Jalisco.

Su apodo es el mismo que tenía Rubén Guerrero Valadez, el hijo del Tío Lako abatido en el operativo de Tapalpa el 22 de febrero.

Según fuentes oficiales, en la captura de Álvarez hubo un enfrentamiento y un integrante de su círculo de seguridad murió. También fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Omar García Harfuch señaló en la conferencia del 31 de julio que Álvarez Ayala habría ordenado y financiado el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. Al momento de la detención del R1, sumaban 31 personas vinculadas a proceso por ese crimen, entre autores materiales, reclutadores, operadores logísticos y colaboradores.

El arresto también fortaleció la investigación del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan. Francisco “N”, hijo de Álvarez Ayala, habría pedido a su padre que ordenara el crimen tras amenazarla en múltiples ocasiones.

El pasado 21 de agosto el medio Pie de Nota publicó una entrevista exclusiva al hijo del R1, en la que se dijo inocente. Permanece libre y en búsqueda por parte de autoridades mexicanas.

Harfuch reveló además que hay indicios de que Rubén Oseguera Cervantes tuvo conocimiento del asesinato de Manzo, aunque quien lo ordenó y financió sería el R1.

El 7 de agosto de 2026, un juez de control con sede en Michoacán lo vinculó a proceso por homicidio calificado en el caso Manzo, con prisión preventiva y tres meses de plazo para investigación complementaria.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y Álvarez Ayala compareció por videoconferencia desde El Altiplano. Ese mismo día la FGR obtuvo una segunda vinculación a proceso contra él y “El Chuy”, por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cocaína y clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, delitos derivados de lo encontrado el 30 de julio en Atotonilco el Alto.

El Tío Lako escapó del operativo más reciente, pero cayeron su hija y su pareja en Michoacán

El 19 de agosto, tres días antes de cumplirse seis meses del abatimiento de El Mencho, Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional, la SSPC, la FGR y la Semar ejecutaron un operativo en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

El objetivo era Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, jefe regional del CJNG de más de 70 años que opera desde Tinaja de Vargas y es señalado por controlar rutas de droga, extorsionar a productores agrícolas y robar combustible en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Las autoridades también lo señalan por haber ordenado agresiones contra la Guardia Nacional el 22 de febrero, el día que murió su hijo Rubén Guerrero Valadez en Tapalpa.

Guerrero Martínez no fue localizado. Entre los 12 detenidos figuraron Marisol “N”, su hija, y Lourdes “N”, su pareja sentimental. Las autoridades aseguraron 64 vehículos —uno blindado—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm., nueve armas largas, ocho artefactos explosivos improvisados, un dron y droga diversa.

Los detenidos fueron trasladados en helicóptero a una base aérea y luego en avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para quedar a disposición de la FGR. La reacción del CJNG generó narcobloqueos en 15 puntos carreteros de Michoacán, todos reabiertos horas después y sin víctimas mortales.

“El 03” asumió el mando y Estados Unidos puso por él la misma recompensa que por Osama Bin Laden

La cadena de golpes no cerró el expediente del CJNG. El que quedó al frente fue Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, hijastro de Rubén Oseguera Cervantes y ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California.

El 5 de agosto, el jefe de la DEA, Terry Cole, lo confirmó en conferencia: “El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”. Omar García Harfuch había adelantado el 16 de junio que Valencia González era “uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene”, y que el CJNG operaba con líderes regionales en territorios bien definidos desde la muerte de El Mencho, lo que habría evitado un descontrol mayor al interior de la organización.

Además, el Departamento de Estado de EEUU anunció un paquete de 102 millones de dólares (mdd) en recompensas contra ocho integrantes del CJNG. Los montos ofrecidos por información que resulte en el arresto de los señalados son: 25 mdd por Juan Carlos Valencia González, “El 03”; 15 mdd por Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; 15 mdd por Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, yerno de El Mencho; 10 mdd por Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa” o “El RR”; 10 mdd por Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; 10 mdd por el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; y 2 mdd por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

El Jardinero ya está preso y aun así su recompensa aumentó a 15 mdd.

La cifra por Valencia González igualó lo que Washington ofreció en su momento por Osama Bin Laden y Saddam Hussein, y superó la más alta jamás fijada por un narcotraficante mexicano: los 20 mdd por Rafael Caro Quintero, los 15 mdd por su propio padrastro y por Ismael “El Mayo” Zambada, y los 5 mdd que se ofrecieron por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El balance de seis meses muestra una ofensiva sostenida pero incompleta. La pregunta que queda abierta es si la presión alcanzará para derrumbar al nuevo liderazgo, o si el cártel que El Mencho construyó durante décadas seguirá funcionando sin él, como ya lo hace en los 32 estados de la República y en al menos 40 países del mundo.

Jorge Godoy López, exagente de la policía judicial de Jalisco, testigo protegido de la DEA y custodio de narcos bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, regresó a México después de más de 20 años para señalar por nombre al asesino del conductor Paco Stanley: Carlos Acevedo, alias “El Pato”, habría apretado el gatillo el 7 de junio de 1999 por orden de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, según el testimonio de Godoy presentado en la docuserie Testigos: la verdad tiene voz.

Godoy López pasó de escolta de narcos a informante pagado de la DEA

Godoy López nació en Jalisco y se incorporó a la policía judicial del estado durante los años 80, época en que el Cartel de Guadalajara controlaba prácticamente todo el tráfico de drogas en México. Según un archivo de 1997 del Los Angeles Times, en ese periodo pasó de agente a guardaespaldas de narcotraficantes bajo el mando de Fonseca Carrillo “Don Neto”, uno de los capos más poderosos de aquella organización.

Fue detenido y pasó 28 meses en prisión. Al salir, se convirtió en informante pagado de la DEA. Fue en ese rol que tuvo acceso a información sobre el asesinato de Stanley, que ocurrió en 1999, y reportó los detalles a sus superiores en Estados Unidos. Según su propio testimonio, las autoridades archivaron el caso sin darle seguimiento.

Su condición de testigo protegido en el expediente del agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar —asesinado por el Cartel de Guadalajara en 1985— le impidió viajar a México por más de dos décadas. Solo al levantarse esa restricción pudo regresar al país y hablar públicamente.

“El Pato” disparó; “El Azul” dio la orden desde prisión

En conferencia de prensa, acompañado por la abogada Estefanía Ávila, Godoy López afirmó que el autor material del crimen fue Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”, un exagente de la Dirección Federal de Seguridad. La orden, dijo, provino de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, quien la habría impartido desde el interior de un penal.

El móvil, según su versión, fue una deuda de 4 millones de dólares que Stanley habría recibido para lavar y que nunca devolvió. “Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, declaró Godoy López.

Godoy quiere ir a la Fiscalía

Carlos Acevedo “El Pato” nunca ha sido detenido. La carpeta de investigación sobre el homicidio de Stanley permanece abierta. Godoy López manifestó su disposición a presentarse ante la FGR para formalizar su testimonio. “Yo vengo a ponerme a las órdenes de las autoridades correspondientes, porque yo estoy diciendo la verdad y sé cómo se desarrollaron todos los hechos”, dijo.

La abogada Ávila explicó que su cliente “temió por su vida” durante años y que solo ahora, con las restricciones levantadas, pudo regresar. Godoy también aclaró que no busca involucrar a Mario Bezares ni a Paola Durante, los dos nombres que el escrutinio mediático convirtió en sospechosos sin que ninguno fuera condenado.

La docuserie Testigos: la verdad tiene voz, producida por Juan Carlos Uribe y disponible en la plataforma Rellee TV, es el vehículo a través del cual Godoy López decidió romper el silencio. Hasta este 22 de agosto de 2026, la justicia mexicana no ha emitido pronunciamiento alguno sobre su testimonio.

Una lancha sin nombre ni matrícula, con 1,360 paquetes de cocaína y dos motores de alta potencia, fue interceptada este viernes frente a las costas del sur de la República Dominicana tras más de 15 horas de seguimiento continuo, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas en un comunicado citado por la agencia EFE.

El peso preliminar del cargamento asciende a 1.3 toneladas de presunta cocaína, distribuidas en 55 pacas. La embarcación, de unos 9.75 metros de eslora (32 pies), también llevaba 30 bloques de una sustancia que aparenta ser marihuana, para un total de 1.390 paquetes. Tres ciudadanos dominicanos fueron detenidos durante el operativo.

El operativo comenzó al detectar la lancha en aguas del mar Caribe. Las autoridades la rastrearon durante más de 15 horas hasta interceptarla a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en las inmediaciones del municipio de Baní.

Cómo fue la intercepción

La embarcación estaba equipada con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, lo que le permitía desplazarse a alta velocidad. No tenía nombre ni matrícula registrada.

Además de la droga, los agentes hallaron una radio de comunicación satelital, 12 tanques de combustible, lonas, sogas y provisiones de alimentos y bebidas energéticas, elementos que apuntan a una travesía planificada de larga distancia.

Participación de Estados Unidos y Colombia

El dispositivo fue ejecutado por aire, mar y tierra con la participación de la DEA de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea Colombiana.

La DNCD señaló que el modo de operación de la red consiste en introducir drogas procedentes de Sudamérica mediante embarcaciones rápidas. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles integrantes de la organización.

Los 1,390 paquetes incautados fueron remitidos bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará mediante análisis el tipo y el peso exacto de las sustancias.

Más de 27 toneladas incautadas en 2026

Este decomiso se suma a una serie de intervenciones. La DNCD contabiliza más de 27 toneladas de drogas incautadas en lo que va de 2026, cifra que incluye operaciones terrestres y marítimas en distintas provincias del país.

Solo un día antes, el 20 de agosto, la misma institución había ejecutado 1,563 operativos en las provincias de La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, con 82 detenidos y más de 15,700 gramos de sustancias controladas confiscadas, según informó Acento, portal dominicano.

El marco regional

El operativo de este viernes se inscribe en un contexto regional de presión antinarcóticos. La Operación Lanza del Sur, lanzada por el Mando Sur de Estados Unidos en septiembre de 2025, fue reemplazada el 4 de agosto de 2026 por la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), una estructura de alcance más amplio que, según el general Francis L. Donovan, está diseñada para “enfrentar todas las amenazas en el hemisferio occidental”.

La campaña acumula un costo de unos USD 820 millones y ha resultado en la destrucción de al menos 67 embarcaciones y la muerte de 221 personas desde su inicio, de acuerdo con datos de The Hill, medio estadounidense, y CNN. Su efectividad, no obstante, es objeto de debate: Donovan admitió ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado que los ataques a embarcaciones “probablemente no son la herramienta más eficaz” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Entre octubre de 2025 y junio de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta Sur interceptó 305,5 toneladas métricas de cocaína y negó a redes narcotraficantes más de USD 7.700 millones, según sus propios registros.

El regreso de Jorge Godoy López a México, tras dos décadas de ausencia, reavivó el interés público sobre el caso Paco Stanley. El exagente y testigo protegido de la DEA, vinculado al polémico expediente de “Kiki” Camarena, decidió romper el silencio y ofrecer detalles inéditos sobre el asesinato del conductor, ocurrido en 1999.

Godoy, quien fuera policía judicial en Jalisco y después custodio de figuras del narcotráfico bajo el mando de “Don Neto”, aseguró que su retorno al país tiene un propósito puntual: cooperar con las autoridades mexicanas y cerrar el caso Stanley.

El expolicía, que vivió bajo amenaza y restricciones migratorias por más de veinte años, manifestó estar dispuesto a acudir a la Fiscalía General para poner a disposición su testimonio.

El testigo de la DEA anuncia su disposición ante la Fiscalía

Durante una conferencia de prensa, Godoy subrayó su intención de colaborar con el Ministerio Público. Declaró:

“Yo vengo a ponerme a las órdenes de las autoridades correspondientes, porque yo estoy diciendo la verdad y sé cómo se desarrollaron todos los hechos”.

El exagente recalcó que no busca involucrar a Mario Bezares ni a Paola Durante, dos figuras mediáticas que arrastraron sospechas por años.

El testigo explicó que su silencio prolongado se debió a amenazas del crimen organizado y a su condición de protegido en el expediente estadounidense. Solo cuando se levantaron las restricciones, Godoy pudo regresar a territorio mexicano y relatar lo que sabe sobre la ejecución del presentador.

Godoy afirmó que su interés no es contactar a la familia Stanley ni a los antiguos sospechosos. Su objetivo, puntualizó, es “decir la verdad y liberar esa carga”, dejando el resto en manos de la justicia mexicana.

La abogada Estefanía Ávila ahondó sobre las razones por las que Godoy tardó tanto en dar su versión.

“Actualmente, el gobierno es otro. Sabemos perfectamente que para que un caso lleve 27 años sin ser resuelto es porque no existieron los medios probatorios o no existió la información adecuada para poder llegar a la resolución del mismo. Es momento en el que el señor Godoy pudo venir, presentarse, dar la cara, hablar, porque era testigo protegido en el caso de Kiki Camarena”, destacó.

Abogada confronta a la prensa sobre status del expediente

Durante la conferencia de prensa, la litigante de Godoy aclaró cuáles son los siguientes pasos que realizarán, pero un reportero la cuestionó sobre el status de la carpeta de investigación.

“Nosotros vamos a la Fiscalía a ponernos al servicio de las leyes, autoridades, para cooperar en todo lo referente a la resolución total del caso de Paco Stanley, comentaba la carpeta que está cerrada, ¿le consta? Usted podría comentar quién es el homicida de Paco", dijo.

Cuando el periodista señaló que no tenía esa información y que sus dichos fueron porque la familia de Stanley habría declarado algo similar anteriormente, la experta en leyes apuntó:

“Si no existe el imputado, como va a estar cerrada. La carpeta sigue abierta, no ha habido una resolución porque no tienen al homicida, nosotros buscamos cooperar con las autoridades para que se cierre la carpeta con nombre y apellido”.

La versión de Godoy sobre el autor del crimen

Uno de los elementos más contundentes presentados por Godoy fue la identificación del presunto responsable directo del asesinato.

Según su testimonio en la docuserie Testigos: la verdad tiene voz, Carlos Acevedo “El Pato” habría sido quien disparó contra Stanley el 7 de junio de 1999. Godoy sostuvo que la orden vino de un mando superior, presuntamente desde prisión, y que el móvil fue una deuda de USD 4 millones relacionada con operaciones de lavado de dinero.

En palabras de Godoy:

“Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”.

El conductor, según esta versión, no habría completado la operación, lo que habría desencadenado el encargo de ejecutarlo.

El caso Paco Stanley: una herida abierta

El homicidio de Francisco Stanley ocurrió frente al restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, y permanece sin sentencia condenatoria firme. El reciente testimonio de Godoy y el estreno de la docuserie reabrieron una discusión pública sobre la verdad y la justicia en uno de los casos más mediáticos del país.

En resumen, Jorge Godoy López ofreció su versión sobre el asesinato de Paco Stanley y aseguró que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía. Sostuvo que la orden para ejecutar al conductor fue motivada por un conflicto de lavado de dinero y señaló a Carlos Acevedo como el presunto autor material.

Mientras tanto, los principales señalados en el pasado se mantienen exonerados, y la familia Stanley, así como la sociedad mexicana, esperan que la verdad y el cierre de este expediente lleguen finalmente a la luz.

La empresa de cosméticos Neutrogena reconoció el jueves 20 de agosto haber dejado desprotegida a la actriz Hayden Panettiere tras sus declaraciones sobre la depresión posparto. La compañía emitió un comunicado oficial en redes sociales luego de enfrentar días de fuertes críticas y peticiones de boicot por parte de usuarios que recordaron el despido de la intérprete en 2015.

Panettiere, de 36 años, murió el domingo pasado en Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades aún investigan lo ocurrido con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El comunicado de Neutrogena tras la muerte de Hayden Panettiere

La marca expresó sus condolencias a los seres queridos de la actriz y destacó su labor como embajadora durante más de una década. Según informó CBS News, la empresa admitió que no brindó el respaldo necesario a la artista en un periodo complejo de su vida personal. “Estamos orgullosos de haber colaborado con ella y entendemos que la hicimos sentir desamparada en un momento tan difícil”, señaló la firma.

“Esto no es lo que representa Neutrogena ni lo que queremos ser. El coraje de Hayden al compartir sus desafíos ayudó a inspirar conversaciones importantes y mayor conciencia”, remarcaron.

Como respuesta a la controversia, la organización anunció una inversión significativa destinada a un socio comunitario de salud. El objetivo consiste en facilitar el acceso a recursos para mujeres que atraviesan cuadros de depresión posparto. La compañía indicó que compartirá más detalles sobre este plan una vez que las acciones estén organizadas, según reportó CBS News.

El fallecimiento de la actriz provocó que seguidores rescataran clips de entrevistas recientes donde ella abordaba su salida de la marca. Según EFE, estas declaraciones se volvieron virales y desataron una ola de indignación pública. Los usuarios señalaron la falta de apoyo corporativo hacia la salud mental, lo que derivó en llamados masivos para dejar de consumir los productos de la empresa.

Testimonios de Panettiere sobre su despido

En su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, y en una aparición reciente en el pódcast On Purpose con Jay Shetty, la actriz relató los detalles de su desvinculación. Panettiere recordó que, tras hablar honestamente sobre su experiencia en el programa Live with Kelly and Michael en 2015, recibió la noticia de que la marca deseaba finalizar su contrato. “Fue lo último que pensé que usarían como motivo para despedirme”, declaró a CBS News.

La intérprete manifestó que en aquel momento no recibió ninguna comunicación de agradecimiento por sus diez años de colaboración. “Recuerdo que eso realmente me rompió el corazón”, confesó en el pódcast citado por CBS News. A pesar del dolor, afirmó que no se arrepentía de haber alzado la voz sobre un tema que consideraba incomprendido y estigmatizado.

Trayectoria de Hayden Panettiere

La carrera de la artista comenzó en su infancia y abarcó más de tres décadas en la industria del entretenimiento. Participó en producciones como Remember the Titans, Bring It On y la franquicia de terror Scream.

Además, su interpretación de Juliette Barnes en la serie Nashville le otorgó dos nominaciones a los premios Globo de Oro, según CBS News. La actriz, nacida en Palisades, Nueva York, también tuvo apariciones en programas como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Investigación sobre la muerte de la actriz

Los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la actriz tras recibir un aviso de su pareja, el actor Brian Hickerson, y el hermano de este.

Las autoridades la encontraron en estado de paro cardíaco, informó CBS News. Si bien una autopsia preliminar descartó signos de violencia, la DEA se unió a la investigación para esclarecer las causas exactas del deceso, señaló EFE.

La Policía de Ecuador detuvo el jueves a Rubén Bermúdez Loor, buscado por la Justicia de Estados Unidos bajo cargos de presunto narcotráfico y sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol. El operativo, realizado en el norte de Guayaquil, contó con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y se enmarcó en una acción regional que incluyó a Guatemala y Colombia, donde fueron capturadas otras dos personas.

La detención de Bermúdez se ejecutó mediante coordinaciones entre la policía ecuatoriana y la DEA, con el objetivo de su extradición a Estados Unidos. Según informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, la operación regional también condujo al arresto en Guatemala de Wilson Mendoza, quien ocupó “varios altos cargos” en la entonces Secretaría Nacional del Agua entre 2007 y 2015, durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

Las autoridades guatemaltecas indicaron que Mendoza, de 61 años, es requerido por Estados Unidos por “conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada” a ese país. Mendoza fue capturado cuando intentaba regresar a Ecuador. Reimberg señaló que el ex funcionario llegó a ser asesor del ex ministro correísta Walter Solís, actualmente refugiado en México y condenado por casos de corrupción, y que se lo vincula a Los Choneros, la organización criminal más antigua del país, clasificada como “terrorista” por Estados Unidos.

La Policía de Guatemala informó que, en lo que va del año, fueron arrestadas 32 personas con fines de extradición a Estados Unidos, de las cuales 19 enfrentan cargos por narcotráfico y 12 por otros delitos. Estos datos refuerzan el papel de Guatemala como punto de tránsito relevante en la lucha regional contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

La operación se extendió a Colombia, donde fue capturado con fines de extradición Elixandro Ico Cuervo, acusado de ser el nexo con disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos. Las investigaciones señalan que Ico Cuervo habría facilitado el flujo de recursos ilícitos a través de empresas en Colombia y Ecuador.

El Gobierno de Ecuador extraditó a Estados Unidos a varios criminales en los últimos dos años, entre ellos a Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, máximo líder de Los Choneros, quien permanece a la espera de un juicio en Nueva York.

En uno de los últimos megaoperativos de la Policía de Ecuador, la fuerza del orden incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas en cajas de fruta que tenían como destino final España, informó Reimberg. La droga fue detectada durante una operación en el Puerto Marítimo de Guayaquil, donde los agentes hallaron 1.080 cajas impregnadas de estupefaciente.

Según detalló el ministro en su cuenta de la red social X, el contenedor interceptado tenía previsto llegar a España. El valor estimado de la cocaína se calcula en 37,58 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 58,57 millones de dólares en el europeo.

Ecuador figura como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo, solo superado por Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, el país reporta 200 toneladas anuales y alcanzó un récord histórico cercano a 300 toneladas en 2024.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores globales de cocaína, y con puertos estratégicos como el de Guayaquil, además de una economía dolarizada, Ecuador se consolidó en los últimos años como un punto clave en las rutas del tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.

(Con información de EFE)

Después de más de 20 años, Jorge Godoy López, testigo protegido por la DEA debido al caso del agente Enrique “Kiki” Camarena, señaló por nombre al hombre que, según su testimonio, disparó contra Paco Stanley el 7 de junio de 1999: Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”.

En conferencia de prensa y acompañado por la abogada Estefanía Ávila, Jorge Godoy explicó que el móvil del crimen fue una deuda de 4 millones de dólares. Ese dinero le fue entregado a Paco Stanley para que lo lavara. El conductor nunca habría completado la operación, y eso habría desencadenado la orden de ejecutarlo.

“Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, declaró Jorge Godoy López en la conferencia de prensa.

Veinte años de silencio por amenazas

Jorge Godoy López conoció los detalles del asesinato mientras trabajaba para autoridades de Estados Unidos. En ese momento reportó la información a sus superiores, quienes archivaron el asunto sin darle seguimiento. Las amenazas directas del crimen organizado hicieron el resto: el testigo optó por el silencio durante décadas.

Su condición de testigo protegido en el expediente de Enrique Camarena Salazar le impedía viajar a México. Esa restricción se mantuvo por más de 20 años. Solo al levantarse esa limitación pudo regresar al país.

La abogada Estefanía Ávila explicó la situación de su cliente: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. El señor no tiene nada que ver en el homicidio, pero es testigo clave en la resolución del caso. Teme por su vida y temió por su vida”.

La declaración llega con el estreno de una docuserie

La aparición pública de Jorge Godoy López ocurre en paralelo al estreno de Testigos: la verdad tiene voz, una docuserie creada por Juan Carlos Uribe disponible en la plataforma Rellee TV. El proyecto busca aportar nuevas versiones sobre el crimen y limpiar la imagen de Mario Bezares y Paola Durante, los dos nombres que el escrutinio mediático convirtió en sospechosos sin que ninguno fuera condenado.

“Queremos darle claridad y paz a la familia Stanley, que fueron los principales afectados, y al pueblo de México”, declaró la producción de la docuserie.

El asesinato de Francisco Stanley ocurrió hace 27 años afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, y no tiene una sentencia condenatoria firme.

¿Qué han dicho Paola Durante y Mayito de la nueva versión del asesinato de Paco Stanley.

Mario Bezares y Paola Durante fueron detenidos en su momento, sometidos a un proceso judicial prolongado y absueltos. Ambos cargaron durante años con la sospecha pública sin que la justicia probara su participación en el crimen.

Sobre la nueva versión del asesinato y el documental, la familia de “Mayito” declaró en su momento: “La justicia habló hace muchos años y mi esposo fue absuelto por las instancias correspondientes. Si hoy aparecen nuevas personas haciendo declaraciones, será la sociedad quien las escuche y quien forme su propia opinión. Nosotros no vivimos desde el rencor ni desde la necesidad de demostrar nada más”.

Por otro lado, Paola Durante aplaudió que hayan limpiado su imagen: “... yo todavía no lo he visto (el documental) lo voy a ver hoy con mi familia pero ya me dijeron que lo pueden ver en la plataforma… dura 50 minutos por lo que ya me enteré está buenísimo y ahí por fin van a saber qué fue lo qué pasó, después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad!, gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

Costa Rica reforzó esta semana su cooperación con Estados Unidos para combatir las estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico, en medio de reuniones de alto nivel desarrolladas en Buenos Aires, Argentina, en las que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reconoció el trabajo efectuado tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Control de Drogas (PCD).

Los encuentros se produjeron durante la 40.ª reunión de la IDEC XL, una conferencia internacional para el control de drogas que congrega a representantes de organismos policiales, autoridades gubernamentales y especialistas en fiscalización de estupefacientes de más de 130 países.

Uno de los principales protagonistas de la agenda fue el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien mantuvo dos reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses para definir nuevas líneas de colaboración en áreas como narcotráfico, investigación criminal y posibles actos de corrupción relacionados con funcionarios públicos.

Previo al inicio de las actividades, Díaz sostuvo un encuentro con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, acompañado por funcionarios de la agencia estadounidense destacados en Costa Rica y Centroamérica.

Durante la reunión, ambas delegaciones analizaron las principales amenazas asociadas con el tráfico internacional de drogas y acordaron establecer nuevas líneas de cooperación y apoyo para fortalecer las investigaciones y la capacidad de respuesta de ambos países.

Cole también entregó al fiscal general una distinción por la labor desarrollada por las autoridades costarricenses.

“En reconocimiento a nuestros socios costarricenses por su inquebrantable colaboración con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Su firme compromiso con la seguridad fortalece la profunda amistad entre nuestras naciones”, señala el reconocimiento otorgado a Díaz y firmado por el administrador de la agencia antidrogas estadounidense.

Casos de detenidos en altamar forman parte de la agenda

Díaz también sostuvo una segunda reunión con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con quien conversó sobre mecanismos de coordinación internacional y las necesidades de Costa Rica para incrementar sus capacidades de investigación contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los puntos abordados fue el tratamiento judicial de personas detenidas en altamar por autoridades estadounidenses.

El fiscal general aseguró que, cuando las condiciones del caso y el ordenamiento jurídico costarricense lo permiten, estos expedientes son tramitados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, con la intención de acelerar la respuesta judicial.

“La lucha contra el narcotráfico no puede entender de fronteras. Costa Rica necesita fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas, pero también requiere aliados estratégicos que permitan enfrentar a estas organizaciones donde quiera que operen”, afirmó Díaz.

El jerarca agregó que “nuestra responsabilidad es que esa cooperación internacional se traduzca en investigaciones sólidas y en respuestas judiciales oportunas”.

Según la información divulgada por el Ministerio Público, Randall reconoció el modelo costarricense de respuesta y señaló que la experiencia del país está siendo utilizada como referencia para otras naciones, especialmente en lo relativo a la articulación de mecanismos de cooperación internacional y la respuesta judicial frente a investigaciones vinculadas con narcotráfico.

Fiscalía apunta ahora a corrupción vinculada con organizaciones criminales

El Ministerio Público aseguró que durante los encuentros también se revisaron los compromisos establecidos por Costa Rica desde 2024 y los avances alcanzados durante los últimos dos años.

Según Díaz, varios de aquellos objetivos ya fueron cumplidos, por lo que actualmente se trabaja en una segunda etapa orientada a profundizar el intercambio de información, fortalecer las capacidades investigativas y atacar posibles redes de corrupción que faciliten las operaciones de organizaciones criminales.

“Los resultados que hoy presentamos son producto de un trabajo sostenido y de una cooperación internacional que ha permitido convertir objetivos planteados en el 2024 en resultados concretos”, señaló el fiscal.

Díaz agregó que “el desafío ahora es ir más allá: fortalecer nuestras capacidades, profundizar el intercambio de información y seguir golpeando las estructuras criminales y la corrupción que pueda facilitar sus operaciones”.

Durante su participación en Argentina, el fiscal general también sostuvo reuniones de cooperación con sus homólogos de Panamá, Honduras y Guatemala.

DEA también reconoce a la Policía de Control de Drogas

El reconocimiento estadounidense no se limitó al Ministerio Público. La DEA también distinguió a la Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su colaboración en investigaciones relacionadas con narcotráfico y por operaciones que permitieron decomisos de cocaína y capturas de personas vinculadas con organizaciones criminales.

La distinción fue recibida por el director de la PCD, Stephen Madden, también de manos de Terrance Cole, durante la conferencia desarrollada en Argentina.

La DEA calificó a la Policía de Control de Drogas como un “socio estratégico en la región” para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La participación de Madden en el encuentro internacional también permitió establecer contactos con representantes de organismos policiales y autoridades antidrogas de otras naciones.

La conferencia tiene precisamente entre sus objetivos que los países participantes analicen los principales desafíos del narcotráfico internacional y logren priorizar, seleccionar y acordar objetivos comunes para investigaciones y operaciones.

Para las autoridades costarricenses, la participación en este tipo de espacios busca además fortalecer las capacidades operativas de la PCD, consolidar los mecanismos de cooperación existentes y aumentar el intercambio de información estratégica con agencias extranjeras.

Las reuniones y reconocimientos se producen en momentos en que las autoridades costarricenses buscan aumentar la coordinación internacional frente a organizaciones que operan simultáneamente en distintos países y utilizan rutas marítimas y terrestres para el traslado de drogas.

Tanto el Ministerio Público como la PCD sostienen que la cooperación con agencias extranjeras será una de las herramientas centrales para investigar esas estructuras, identificar a sus integrantes y llevar los casos ante los tribunales costarricenses.

Félix Helou, abogado que encabeza la defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna, confirmó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) sostuvieron una reunión con el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar).

Fue en entrevista con Azucena Uresti que Helou confirmó la reunión, aunque aseguró desconocer los temas que tocaron los agentes de Estados Unidos con el excontralmirante, quien fue detenido en abril en Buenos Aires y enfrenta acusaciones en México por presunto huachicol fiscal.

El encuentro se realizó en medio de los trámites para el traslado de Farías Laguna a México, en el que sus abogados afirmaron no haber sido notificados debido a que su proceso en Argentina aún no termina.

“También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna (…) No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, afirmó.

Esto lo confirmó luego de que el periodista Arturo Ángel reportó la reunión, la cual se llevaría a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además, el comunicador citó a fuentes con conocimiento del caso que le habrían confirmado que el contexto de la negociación para trasladarlo a México sería que el gobierno de Donald Trump intervino para convencer al gobierno de Javier Milei para entregar a Fernando Farías sin extradición.

No descarta una posible colaboración con EEUU

Helou tampoco descartó que Fernando Farías colabore con el gobierno de Estados Unidos debido a que “siempre hay una posibilidad” debido a que ese país y México mantienen intercambio constante.

Sobre las condiciones en las que se realizará el traslado del excontralmirante, el abogado detalló que él no recibió ninguna notificación al respecto, ya que el proceso de extradición solicitado por México tiene una audiencia fijada para el 27 de agosto que debe seguir un procedimiento estricto.

Sin embargo, fue enfático al señalar que ese proceso, “Si no se respeta, es ilegal”. Además, el abogado explicó que un juez debe ser quien analice los procesos de deportación y extradición que mantiene en Argentina, no solo ser enviado a México sin enfrentarlos.

“Debería existir una causa y el juez la debería analizar y fallar al respecto. Pero así, de la noche a la mañana, con noticias que lo suben a un avión o no suben a un avión, me recuerda a esas situaciones donde operaciones de inteligencia secuestran a gente por fuera del sistema legal”, dijo.

Sheinbaum confirmó su envío a México y pidió a la SRE y FGR informar, pero hasta ahora no lo hacen

El traslado de Fernando Farías a México no ha esclarecido por las autoridades pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que serían la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quienes informarían sobre las condiciones en que se realizará, y solo se limitó a confirmarlo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la mandataria reiteró que el excontralmirante será enviado a México, pero explicó que el proceso se retrasó debido a que tenía un “asunto jurídico” pendiente en Argentina.

Al respecto, el abogado explicó que Fernando Farías ingresó a Argentina con un pasaporte falso debido a su “estado de necesidad”, pero que antes de ser detenido solicitó formalmente asilo político.

Sin embargo, Argentina se lo negó de inmediato y la defensa pidió la reconsideración de ese rechazo, argumentando que la solicitud original fue presentada con errores técnicos.

Farías Laguna se encuentra en el penal de Ezeiza, a la espera de su traslado a México

Helou detalló que Fernando Farías se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad Ezeiza, en el que tiene acceso a luz natural solo cuatro horas al día.

“No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, denunció.

Hasta el momento, el excontralmirante se encuentra detenido en el penal, a la espera de su traslado a México para enfrentar las acusaciones que la FGR tiene en su contra por presuntamente liderar junto a su hermano, Manuel Roberto Farías, una red de huachicol fiscal.

La FGR, la Secretaría de Marina y la SSPC catearon este miércoles 20 de agosto un inmueble en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, al sur de Mexicali, vinculado al grupo delictivo Los Rusos y al secuestro del cantante de corridos tumbados conocido como el Gadafi. El operativo —coordinado también con la DEA— produjo el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma corta, un cargador, una motocicleta y dos vehículos.

El cateo fue la segunda acción de una misma cadena operativa que arrancó en San Luis Río Colorado, Sonora, donde autoridades federales reventaron una casa de seguridad de Los Rusos en la colonia Independencia. Allí liberaron a dos personas que permanecían cautivas y detuvieron a tres individuos, dos de ellos originarios de Colombia e integrantes del grupo de sicariato de la célula de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias el Isra.

El cateo en Mexicali: 120 kilos de fentanilo y un arsenal en el fraccionamiento Hacienda del Bosque

De acuerdo con los primeros reportes, las fuerzas federales rodearon la vivienda ubicada en el cruce de la avenida Hacienda Carpizo y la calle Sorrento. El acceso al inmueble se pospuso cerca de 24 horas mientras las autoridades esperaban la orden de cateo, y durante ese tiempo utilizaron drones para vigilar el domicilio y restringieron la movilidad de los residentes del fraccionamiento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó los resultados del operativo este jueves en su cuenta de X. García Harfuch atribuyó la acción al intercambio de información con la DEA y a labores de inteligencia desarrolladas por autoridades mexicanas en Baja California.

El funcionario sostuvo que la cooperación internacional, sumada a las capacidades de investigación de las instituciones mexicanas, “permite convertir información de inteligencia en acciones contra organizaciones criminales y sus redes logísticas”. Las autoridades no informaron de personas detenidas durante el cateo en Mexicali.

El Gabinete de Seguridad precisó que en el inmueble se aseguraron también una cuatrimoto y una camioneta Ford Ranger blanca con placas irregulares. Fuentes federales habían anticipado la noche anterior que dentro de la vivienda podría haber un arsenal y, posiblemente, un individuo vinculado a Los Rusos identificado solo como Samuel, aunque no se confirmó su captura.

La investigación de secuestro que detonó el operativo en San Luis Río Colorado, Sonora

El punto de partida de toda la cadena operativa fue la investigación de un secuestro cometido en un domicilio de la colonia Independencia de San Luis Río Colorado. Autoridades federales identificaron ese inmueble como casa de seguridad de Los Rusos y lo allanaron, lo que derivó en la liberación de dos personas y el arresto de tres sicarios.

Los dos liberados son Mirna Yaneth Cartagena González, de 49 años, y Enghles Aralp Gastélum Cartagena, de 30 años, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa. Este último es el cantante conocido como el Gadafi, cuyo rescate fue el detonador directo del operativo posterior en Mexicali.

De los tres detenidos en Sonora, dos son de nacionalidad colombiana e integran el aparato de sicariato de la célula de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias el Isra. Las autoridades locales de Mexicali señalaron que las corporaciones federales no compartieron con sus homólogos municipales los detalles del objetivo de la intervención.

Los Rusos: estructura, liderazgo y golpes previos del gobierno mexicano

Los Rusos son una célula vinculada al Cártel de Sinaloa y alineada con la facción de Los Mayos, según la clasificación de las autoridades de México y Estados Unidos. La DEA identifica a Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, como el líder del grupo y sostiene que la organización controla el corredor de tráfico de drogas de Mexicali.

La agencia estadounidense acusa a la estructura de trasladar fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos. Desde septiembre de 2025, la DEA ofrece una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Ponce Félix.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en septiembre de 2025 a Ponce Félix y a Los Mayos, y describió a Los Rusos como el principal brazo armado de esa facción, con control de rutas en Baja California. El cateo de este miércoles no es el primer golpe del gobierno mexicano contra esta célula: en marzo pasado, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 12 presuntos integrantes tras cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En julio, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron en San Luis Río Colorado 81 armas de fuego y 274,800 cartuchos atribuidos a una célula de Los Rusos, según la Secretaría de la Defensa. El operativo de esta semana, que encadenó el rescate del Gadafi en Sonora con el cateo en Mexicali, representa la acción más reciente de esa presión sostenida.

Quién es el Gadafi: cantante de corridos tumbados con vínculos declarados a Los Rusos

Enghles Aralp Gastélum Cartagena, de 30 años y originario de Culiacán, Sinaloa, es un artista local de corridos tumbados conocido en el medio como el Gadafi. Su música hace referencias constantes al grupo delictivo de Los Rusos, de acuerdo con información del semanario Zeta Tijuana.

El cantante y su madre, Mirna Yaneth Cartagena González, de 49 años, fueron las dos víctimas liberadas durante el primer allanamiento en San Luis Río Colorado. Ambos son originarios de Culiacán y se encontraban cautivos en la casa de seguridad de Los Rusos cuando las autoridades federales ejecutaron el operativo.

Según información de Infobae, la identidad del grupo Los Rusos genera confusión porque existe otra célula con el mismo nombre: el brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, liderada por Juan José Ponce Félix. El nombre compartido ha complicado el rastreo público de ambas estructuras, que operan en regiones distintas del país.

La célula a la que pertenecen los sicarios detenidos en Sonora responde a la estructura de Los Rusos vinculada al Cártel de Sinaloa y activa en el noroeste del país, no a la organización homónima con presencia en Guerrero y Oaxaca. El rescate del Gadafi y el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo en Mexicali muestran el alcance territorial y la diversidad de actividades de esta red criminal en el corredor fronterizo de Baja California y Sonora.

El Departamento de Justicia abrió una revisión oficial sobre la decisión de dejar circular cargamentos de fentanilo para sostener investigaciones más amplias contra redes de narcotráfico en Estados Unidos. Esta práctica es atribuida a la Drug Enforcement Administration (DEA) en Nuevo México y ahora estará bajo examen del organismo federal.

La Oficina del Inspector General del DOJ anunció el lunes una pesquisa sobre políticas, protocolos y tácticas aplicadas en causas federales en las que agentes habrían conocido entregas de fentanilo antes de que ocurrieran y aun así no intervinieron para no afectar procesos penales de mayor alcance.

Este proceso de revisión también abarcará la forma en que el departamento evalúa riesgos, decide medidas de mitigación y documenta desacuerdos internos con posibles efectos en ciudades expuestas a crisis de sobredosis.

De este modo, el foco principal abarcará los últimos dos años, aunque el inspector general dejó abierta la posibilidad de revisar hechos anteriores si resultan necesarios para entender el contexto de expedientes vinculados con Nuevo México.

Las denuncias surgieron tras envíos no incautados en Albuquerque

De acuerdo con el reporte de Associated Press, la revisión tomó impulso después de una investigación periodística que reveló que agentes de la DEA vigilaron varias entregas de fentanilo en Albuquerque entre 2023 y 2025 sin decomisar la droga.

Uno de los episodios citados incluyó 74.000 pastillas que llegaron a un parque de casas móviles y no fueron interceptadas, según un informe interno de la agencia.

El caso ganó peso por el contexto sanitario y judicial en el que se produjo. La sustancia se encontraba en circulación durante la crisis de drogas más letal de la historia reciente del país y mientras la propia DEA impulsaba la campaña “One Pill Can Kill”, orientada a advertir que incluso dosis mínimas pueden resultar mortales. Sin embargo, la agencia difundía mensajes de prevención al mismo tiempo que dejaba pasar cargamentos bajo vigilancia.

Otro de los elementos bajo escrutinio es si la táctica se repitió en otras ciudades. El inspector general indicó que la revisión podría extenderse si aparecen nuevos datos. The Hill detalló que el informe final será público una vez concluida la pesquisa, lo que abre la puerta a una evaluación más amplia sobre las investigaciones federales relacionadas con opioides sintéticos.

Cuestionamientos internos y papel de los denunciantes

El agente David Howell, sostuvo que las autoridades federales “envenenaron a nuestra comunidad para armar casos” en Nuevo México. Su denuncia se convirtió en uno de los disparadores del examen externo. Howell espera que la revisión pruebe que hubo una inacción deliberada que puso en riesgo a la población.

Además, el actual administrador de la DEA, Terry Cole, pidió una investigación más acotada tras la publicación de esos hallazgos. Cole afirmó en una declaración previa que su solicitud no debía interpretarse como una falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la agencia. Hasta el anuncio del nuevo examen, la DEA no había respondido de inmediato a pedidos de comentarios.

A las objeciones de Howell se sumaron otros dos denunciantes en semanas recientes. Uno aseguró que sus colegas dejaron pasar 350.000 pastillas de fentanilo detectadas desde la primera llamada interceptada en una escucha de 2024.

Ese envío formó parte de una causa que luego derivó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA, aunque registros judiciales muestran que los agentes tuvieron oportunidades previas de decomisar miles de pastillas y no lo hicieron durante meses.

Un segundo denunciante presentó este mes una queja en la que afirmó que agentes siguieron, pero no arrestaron, a un correo de droga que realizó entregas repetidas desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023. Los investigadores calcularon que cada viaje transportó entre 50.000 y 100.000 pastillas, todas fuera de decomiso.

Debate por las reglas y respuesta de las autoridades

El presidente de Empower Oversight, Tristan Leavitt, quien representa a Howell, declaró en Associated Press que su organización recibe con satisfacción una revisión independiente de las tácticas usadas por la DEA y por la Fiscalía federal de Nuevo México.

Leavitt reclamó además que el Departamento de Justicia vuelva a una política anterior aprobada en 2017 que ordenaba “incautar o impedir la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”.

Ese punto resulta central porque, según AP, el Departamento de Justicia reescribió en 2024 esas directrices y otorgó a las fuerzas de seguridad un margen más amplio para decidir si actuaban o no frente al tráfico de fentanilo, con el argumento de preservar beneficios investigativos.

La revisión actual deberá aclarar de qué manera se aplicó esa discrecionalidad y si existieron controles suficientes para equilibrar las pesquisas con la protección de la comunidad.

En paralelo, autoridades estatales de Nuevo México mantienen una investigación propia para determinar si agentes de la DEA violaron leyes locales al permitir que cientos de miles de pastillas llegaran a las calles de Albuquerque.

El fiscal general estatal, Raúl Torrez, amenazó hace poco con demandar al Departamento de Justicia después de que el gobierno federal rechazara entregar una serie de documentos solicitados. La DEA tampoco permitió que Howell declarara ante los investigadores estatales.

Torrez sentenció en una carta enviada este mes a las autoridades federales que el estado carga con los daños sociales y financieros causados por la entrada de fentanilo en sus comunidades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires. Los funcionarios abordaron la cooperación entre ambos países para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, según publicó Monteoliva en su cuenta de X.

La ministra argentina describió el encuentro como una oportunidad para compartir estrategias que funcionan y para darle continuidad a las políticas de seguridad que ambos gobiernos llevan adelante.

“Con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”, escribió Monteoliva tras el encuentro junto con dos imágenes de la reunión, la cual se llevó a cabo en una sala cerrada y con las banderas de ambos países adornando la mesa presente.

La IDEC reúne a más de 600 funcionarios de seguridad de más de 100 países en Buenos Aires

El contexto de la reunión México-Argentina fue el encuentro internacional de la IDEC, el cual se realiza en el Palacio Libertad de Buenos Aires bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”.

El evento fue organizado conjuntamente por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por Monteoliva, y convocó a entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de más de 100 países miembros y observadores.

El foro, creado por la DEA en 1983 con menos de una docena de países participantes, evolucionó en cuatro décadas de un espacio de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica. Este año marcó su 40ª edición. Entre los temas centrales del encuentro están el combate al narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el intercambio de inteligencia, el narcoterrorismo y la coordinación de operaciones contra redes criminales transnacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viaje de Harfuch el viernes 14 de agosto, tras una decisión unánime del gabinete federal. La asistencia del secretario no estaba contemplada en un principio; la mandataria explicó que la determinación se tomó de manera colectiva ante la relevancia del foro.

Harfuch expuso ante el mundo una reducción del 51% en homicidios dolosos en México

El pasado 18 de agosto en su intervención ante las delegaciones reunidas en Buenos Aires, Harfuch presentó los resultados de la estrategia nacional de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Según el reporte del titular de la SSPC, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, una caída del 51% en menos de dos años, lo que revirtió más de una década de crecimiento sostenido: entre 2006 y 2018, ese indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios.

El secretario también detalló el balance de decomisos acumulados desde octubre de 2024: 518 toneladas de droga aseguradas, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. Las autoridades decomisaron más de 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales el 80% provenía de Estados Unidos, y cerca de 2 millones de cartuchos.

El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. En esos operativos se aseguraron 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de precursores químicos. Harfuch señaló que cada laboratorio destruido impidió que millones de dosis llegaran a las calles.

Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad detuvo a más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, lo que elevó la población penitenciaria casi 14% y afectó la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Además, en tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, México trasladó a 92 objetivos de alto impacto en menos de tres meses, sin una sola fuga de información y sin incidentes en los 12 penales involucrados.

El director de la DEA describió a Harfuch como “socio de confianza” de Estados Unidos

La reunión bilateral entre Harfuch y Monteoliva se produjo en un foro donde el secretario mexicano también recibió un reconocimiento público del director de la DEA, Terry Cole. El jefe de la agencia antidrogas de EEUU describió a Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y repasó casi dos décadas de su trayectoria en la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la seguridad de la Ciudad de México.

Cole también recordó el atentado de 2020 que el CJNG ejecutó contra Harfuch, y destacó que el secretario comprende las amenazas que ambos países enfrentan juntos: organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas, extienden la violencia y corrompen instituciones.

En el marco de la celebración de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que tiene lugar entre el 18 y el 20 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que reafirmaron la alianza estratégica en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de destacar la sintonía ideológica entre ambas naciones.

Si bien la funcionaria de la administración de Javier Milei admitió que la región mantiene altos índices de violencia y detalló que al menos el 50% de los homicidios están vinculados al crimen organizado, Monteoliva destacó la reducción en la tasa de homicidios a nivel local, que se sitúa en un 19%, y habló de la necesidad de ampliar la coordinación regional. “El desafío es trabajar en un esquema bilateral con los países”, afirmó.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, más de 700 representantes de más de 180 países se congregaron en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires para compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades para combatir el narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo.

Además de la ministra, también representaron al Poder Ejecutivo el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); y el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Martín Verrier. También participó el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas. Por cuestiones de agenda, el presidente Javier Milei no pudo asistir a las plenarias.

Durante el intercambio con la prensa, Monteoliva habló de la coorganización del megaevento que se celebra por primera vez en el país y remarcó la sintonía de la administración libertaria con Estados Unidos. “Para nosotros significa, en primer lugar, un voto de confianza como país por todo lo que venimos haciendo y por supuesto, un reconocimiento también a nuestra tarea en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las drogas”, expresó.

Tras la consulta de Infobae, la ministra garantizó que la armonía política e institucional “facilita” el trabajo y proyectó a la Argentina como “un socio fundamental” en el hemisferio sur para Estados Unidos. “Cuando hay una sintonía en el trabajo entre nuestros países, todo se facilita. Acá ganamos todos. Cuando articulamos, cuando cooperamos, nos va mejor a todos. Es clave esa sintonía política e institucional”, precisó.

En otro pasaje de la conferencia, la ministra se mostró alineada con la decisión de Estados Unidos de declarar al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas, algo que la administración libertaria mantiene en estudio, según supo Infobae. “La lucha contra el crimen organizado es una sola. No alcanza con las detenciones de sus cabezas, las detenciones de sus líderes. Es el desbaratamiento de una organización criminal”, respondió ante la consulta de si respaldaría a Estados Unidos ante un eventual conflicto.

Por último, Monteoliva detalló que el principal desafío lo ubica en las fronteras y la hidrovía, y resaltó el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en la tarea. “Podemos dar respuesta en distintos frentes y eso implica que las fuerzas federales adecuen sus capacidades, que tengamos planes de intervención claros y que no perdamos en ningún momento el conocimiento del contexto ni esa capacidad proactiva”, expresó.

A su turno, Cole ponderó el rol del mandatario libertario y sostuvo que la Argentina “lidera” y se ubica a la vanguardia de la región. “Esta es una región de excelencia, y Argentina la lidera. Bajo su liderazgo, este gabinete, esta secretaría, este Ministerio de Seguridad está a la vanguardia en la región. Están haciendo cosas extraordinarias contra los narcotraficantes y contra los terroristas. Son líderes en la región y quiero que el pueblo argentino lo sepa. Este es un modelo para la región”, celebró el designado por Trump al frente de la DEA.

Asimismo, Cole reveló que la administración republicana continuará destinando recursos e invirtiendo en tecnología para potenciar la asociación. “La DEA y el gobierno de los Estados Unidos valoran enormemente esta alianza. Esto es lo que significa una verdadera asociación. Es un honor y un privilegio estar aquí, en este país extraordinario”, planteó.

Por último, el funcionario republicano planteó que los narcoterroristas “no conocen de fronteras”, y anticipó que se incrementará la presión en Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.

“Verán una presión constante sobre los grupos designados como terroristas: las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, como nunca antes se había visto. Habrá más presión en Perú. Habrá más presión en Bolivia. Habrá más presión en la zona de la Triple Frontera que nunca antes, lo que generará cambios en las tendencias del tráfico”, aseveró.

“No se trata únicamente de encontrar droga, sino de anticiparnos a las organizaciones criminales, identificar sus rutas, afectar su estructura logística, también su estructura financiera”, sostuvo la entidad al presentar el resultado.

El operativo, ejecutado a través de la Dirección Antinarcóticos y en coordinación con la Sección Especializada Antidrogas del país centroamericano, se desarrolló en Cartago. En el procedimiento también fueron hallados 53 kilos de marihuana, de acuerdo con el reporte oficial.

La Policía resaltó la operación en la estrategia Esmeralda Plus y subrayó su dimensión internacional. “La cooperación internacional fue vital para que la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la DEA y la Sección Especializada Antidrogas del país centroamericano, incautara 1.092 kilos de cocaína y 53 kilos de marihuana en Cartago, Costa Rica”, señaló.

Sobre el impacto económico, la institución afirmó que la incautación “afecta en más de USD 36,4 millones las finanzas del narcotráfico y evita la comercialización de millones de dosis”.

Incautaron más de dos toneladas de marihuana en una fundación para mascotas en Bogotá

El decomiso de más de dos toneladas de marihuana en Suba revela la persistencia del tráfico de drogas en Bogotá y el uso de fachadas para encubrir actividades ilícitas. Las autoridades frustraron la distribución de unas 155 mil dosis tras intervenir una supuesta fundación de mascotas que funcionaba como centro de acopio.

La operación, realizada el 19 de agosto de 2026 por la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, concluyó con la captura de cuatro personas, una de ellas con antecedentes por delitos similares. El procedimiento se concretó tras una denuncia ciudadana sobre movimientos irregulares en una vivienda de la vereda Guaimaral.

Los agentes incautaron 2.138 kilos de marihuana ocultos en el predio, cuyo valor en el mercado negro ronda los $723 millones según la Policía Metropolitana de Bogotá. Este decomiso impacta las finanzas de los grupos criminales y busca reducir delitos asociados al tráfico de drogas.

En lo que va de 2026, la Policía ha incautado más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá. Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de sustancias ilegales.

La colaboración ciudadana fue clave para identificar y desarticular el centro de acopio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a reportar actividades sospechosas a la línea de emergencia 123. La desarticulación de esta estructura representa un nuevo golpe contra el tráfico de drogas y resalta la importancia de la denuncia y la acción coordinada entre la ciudadanía y las autoridades.

La cooperación internacional y el trabajo articulado entre instituciones policiales han elevado los estándares de la lucha contra el narcotráfico, permitiendo operaciones más sofisticadas y coordinadas en diferentes países. Estas acciones dificultan la consolidación de rutas y centros logísticos para el tráfico de estupefacientes, lo que obliga a las organizaciones criminales a replantear sus estrategias y debilita su capacidad de adaptación.

Por otro lado, la participación activa de la ciudadanía es un pilar fundamental para la efectividad de estos esfuerzos. Las denuncias y la vigilancia comunitaria no solo facilitan la identificación de nuevas modalidades delictivas, sino que también promueven una cultura de corresponsabilidad en la seguridad pública.

A medida que las autoridades fortalecen los mecanismos de colaboración y respuesta, se incrementan las posibilidades de incidir de manera sostenida en la reducción del tráfico de drogas, consolidando avances en la protección de la salud y el bienestar social tanto en Colombia como en el ámbito regional.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que existe una contradicción entre el reconocimiento público que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, hizo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el historial de tensiones que México ha mantenido con la agencia estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria refirió que la relación entre la DEA y el gobierno mexicano alcanzó su mayor nivel de cercanía durante la administración de Felipe Calderón, mientras que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó la colaboración, aunque, según señaló, con menor grado de intervención estadounidense.

Sheinbaum sostuvo que el escenario cambió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se establecieron nuevas reglas para regular la actuación de los agentes estadounidenses en territorio mexicano.

La presidenta vinculó ese cambio con la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, ocurrida en octubre de 2020, caso en el que posteriormente el Departamento de Justicia estadounidense retiró los cargos y entregó al militar a México.

“Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento particularmente con la DEA porque la DEA lo detuvo”, explicó.

México puso límites a agencias estadounidenses

Sheinbaum señaló que, después de ese episodio, México modificó las reglas para las agencias extranjeras que operan en el país y reforzó el marco legal para establecer que la cooperación en materia de seguridad debe realizarse bajo criterios de respeto a la soberanía nacional.

La mandataria también recordó que, después de que Estados Unidos designara a determinados grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, su administración impulsó modificaciones constitucionales y legales relacionadas con la seguridad nacional.

El objetivo, explicó, fue garantizar que la presencia de agentes estadounidenses y la relación entre las agencias de ambos países permanecieran dentro de un marco de protección de la soberanía y defensa de los intereses de México.

Pese a esos antecedentes, Sheinbaum afirmó que durante su administración se ha mantenido una relación institucional con las distintas agencias estadounidenses, incluida la DEA.

Sheinbaum dudó antes de enviar a Harfuch a Argentina

La presidenta también explicó que inicialmente había decidido que García Harfuch no acudiera a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), organizada por la DEA en Buenos Aires, Argentina.

La invitación al secretario de Seguridad fue analizada por la mandataria debido a las dudas que tenía sobre la conveniencia de que un funcionario mexicano participara en un encuentro convocado por la agencia estadounidense.

Sin embargo, Sheinbaum llevó el asunto ante el Gabinete de Seguridad, que, según relató, decidió por unanimidad que Harfuch debía acudir.

La razón fue mostrar directamente ante representantes de distintos países la estrategia de seguridad implementada por México, así como los resultados obtenidos durante la actual administración.

“Es importante que vaya el secretario de Seguridad para que todo mundo conozca lo que estamos haciendo en México”, señaló Sheinbaum.

La presidenta explicó que la participación también permitiría evitar versiones falsas sobre la política de seguridad mexicana y exponer ante autoridades extranjeras el modelo de cooperación que mantiene México con Estados Unidos y otros gobiernos.

La relación con EU debe respetar la soberanía, afirma

Sheinbaum sostuvo que la presencia de Harfuch en Argentina permitió explicar que México mantiene una relación de cooperación con instituciones estadounidenses, pero bajo un esquema distinto al que, según su versión, existió durante administraciones anteriores.

La mandataria destacó que el objetivo fue mostrar cómo funciona actualmente la coordinación entre las autoridades mexicanas y extranjeras, así como los límites establecidos para la actuación de agentes de otros países en territorio nacional.

Entre los resultados que, dijo, fueron expuestos ante representantes internacionales se encuentran la reducción de los homicidios y las acciones implementadas desde el gobierno federal para atender las causas de la violencia, fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar la coordinación entre autoridades.

El viaje de Harfuch ocurrió mientras en Buenos Aires se desarrolla la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, reunión que congrega a autoridades de seguridad de numerosos países para discutir mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La participación mexicana también permitió a la administración de Sheinbaum enviar un mensaje sobre la forma en que busca mantener la cooperación internacional en materia de seguridad: intercambio de información y coordinación operativa, pero bajo reglas que el gobierno mexicano considera compatibles con la defensa de su soberanía.

La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad está ampliando su objetivo: ya no se concentra únicamente en localizar y detener a líderes del crimen organizado, sino en identificar las redes financieras, logísticas y operativas que permiten a las organizaciones criminales mantener sus estructuras.

Este hecho fue expuesto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde coincidió con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole.

Durante su participación, Harfuch destacó que el intercambio de información con la DEA se ha acelerado y que las agencias de ambos países mantienen una comunicación que permite compartir inteligencia estratégica y operativa para localizar objetivos prioritarios y fortalecer investigaciones. El funcionario incluso señaló que algunas solicitudes de información se realizan de manera informal para evitar procesos que pueden retrasar la respuesta de las autoridades.

El secretario puso como ejemplo la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que, según explicó, se utilizó inteligencia de autoridades mexicanas y tecnología estadounidense.

Una cumbre internacional contra el narcotráfico

Las declaraciones de Harfuch se dieron durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se desarrolla del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires y es organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad de Argentina.

El encuentro reúne a entre 400 y 600 altos funcionarios de seguridad y delegados de más de 100 países, de acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Las reuniones se realizan a puerta cerrada y buscan fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

En ese escenario, el titular de la DEA calificó a Harfuch como un “socio de confianza” y destacó la colaboración entre ambos países. El funcionario mexicano, por su parte, señaló que la coordinación con la agencia estadounidense se incrementó de manera significativa y que existe intercambio de información en tiempo real.

UIF y OFAC ya golpeaban las finanzas del CJNG

Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia ocurrió semanas antes, cuando Harfuch reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México se adelantó a Estados Unidos en una investigación contra una red vinculada con el CJNG.

Para el 24 de julio de 2026, la UIF había presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra 55 personas y empresas relacionadas con la estructura financiera del grupo criminal antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense hiciera públicas sus designaciones. El universo estaba compuesto por 39 personas físicas y 16 personas morales.

Harfuch explicó entonces que la coordinación entre ambas instituciones se había realizado con anticipación para que las acciones de México y Estados Unidos fueran conjuntas. Es decir, la investigación financiera mexicana ya estaba en marcha cuando Washington anunció sus sanciones.

Este hecho muestra que la cooperación no necesariamente opera bajo un esquema en el que un país espera las acciones del otro. La información financiera puede generar investigaciones en México y, al mismo tiempo, alimentar medidas internacionales contra las mismas estructuras criminales.

155 órdenes de captura y 92 objetivos enviados a EU

Esta coordinación también quedó reflejada en los datos presentados por Harfuch en Buenos Aires.

México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF.

Además, la cooperación con autoridades estadounidenses permitió detener a 14 personas consideradas objetivos prioritarios del FBI, mientras que seis integrantes de la lista de los diez fugitivos más buscados por esa agencia ya fueron capturados, según el balance presentado por el secretario.

Otro resultado fueron tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitieron trasladar a 92 objetivos de alto impacto requeridos por la justicia estadounidense. Entre ellos había integrantes de distintos cárteles y facciones, de acuerdo con Harfuch.

La cifra permite dimensionar que la cooperación bilateral no se limita a intercambiar nombres de presuntos criminales. Incluye investigaciones, detenciones, extradiciones, inteligencia operativa y seguimiento financiero.

Así, el modelo que México y Estados Unidos están mostrando en la IDEC apunta a una estrategia en varios frentes: capturar objetivos prioritarios, seguir el dinero, identificar empresas y operadores financieros, compartir inteligencia y coordinar acciones judiciales.

El caso de los 55 objetivos vinculados con el CJNG resulta particularmente ilustrativo. La investigación no terminó con la identificación de presuntos integrantes de una organización criminal, sino que avanzó hacia sus personas morales, movimientos financieros y estructuras económicas.

La apuesta es que una organización criminal no pueda reconstruirse simplemente después de perder a uno de sus líderes. Para ello, la cooperación entre México y Estados Unidos busca alcanzar no sólo a quienes encabezan los grupos, sino también las redes que les permiten financiarse, operar y mantener sus actividades criminales.

Argentina como sede de la cumbre antidrogas más grande del mundo y los preparativos para recibir al papa León XIV fueron los dos ejes de la extensa entrevista que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, concedió este miércoles a Eduardo Feinmann en radio Mitre.

En el tramo más denso de la charla, Monteoliva expuso datos que ubican a Sudamérica como el mayor productor de cocaína del planeta y explicó por qué la elección de Buenos Aires como sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas —el foro antinarcóticos más relevante del mundo, organizado por la DEA— representa, en sus propias palabras, “un voto de confianza muy importante para nuestro país” y “un mensaje al mundo”.

Argentina en el epicentro del combate global al narcotráfico

La ministra fue categórica al describir el escenario regional: “Sudamérica es identificada hoy como el epicentro de la cocaína, el epicentro de la cocaína mundial”. Y aportó la cifra que sostiene esa afirmación: el continente produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año.

El crecimiento no es homogéneo, pero sí generalizado. “Colombia hoy produce cinco veces más que hace diez años atrás. Bolivia produce más, Perú produce más”, enumeró Monteoliva. “Es un fenómeno muy significativo”, remató.

Frente a ese cuadro, la ministra trazó una distinción técnica que considera central para entender el rol de Argentina en la cadena del narcotráfico: “La producción es local, el tránsito es regional y el consumo es global”. Argentina, aclaró, es un país de tránsito, no de producción. “No es de producción como tal, de plantaciones de hojas de coca”, precisó.

Pero la distinción no termina ahí. Monteoliva citó el último informe de la Organización Mundial de Aduanas para mostrar un cambio en el mapa de las incautaciones globales: cuando se analizan los puertos de procedencia de los cargamentos decomisados —ya sea en Sudáfrica, en puertos del norte de Europa o en el sudeste asiático— Argentina aparece en el último puesto del ranking.

“Antes era un colador, Argentina era una cosa impresionante”, intervino Feinmann. La ministra ratificó el contraste: “Argentina está en el último puesto. En el primer puesto está Brasil”. Uruguay, añadió, también se ubica por encima de Argentina en ese listado.

La nueva modalidad del “buque madre” y el cambio en la inteligencia criminal

Monteoliva describió una transformación en la logística del tráfico que obliga a repensar las estrategias de persecución. Los grandes cargamentos que antes llegaban completos a puerto cambiaron su dinámica. Ahora operan mediante lo que se denomina un “buque madre”: una embarcación que navega en alta mar cargada con grandes volúmenes de cocaína y, en pleno océano, distribuye porciones a distintos buques menores.

“A un buque madre, voy a poner un ejemplo, que vaya con x cantidad de toneladas de cocaína, se desprenden distintos buques en alta mar”, explicó. “Mil kilos, ¿sí? Y distintos buques hacen una distribución en alta mar”. La ministra subrayó que esta modalidad “era algo que hace años atrás no venía” y que está implicando “un trabajo de inteligencia criminal distinto”.

La 40ª conferencia de la DEA: “Esto no había sucedido nunca en Argentina”

En ese contexto, Monteoliva presentó la 40ª edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) —que se desarrolla entre el martes y el jueves de esta semana en Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad como coanfitrión junto a la DEA— como un hito sin precedentes. “Es la cuadragésima, la versión número cuarenta. Esto es histórico en el país”, afirmó. “Tenemos presencia de ciento veinte países. Está el director de la DEA. Eso no ocurrió nunca en Argentina, nunca en Argentina”. La ministra describió el evento como una conferencia donde, durante tres días a puerta cerrada, “se definen las políticas de drogas globales”. Y destacó el peso político de la sede: “Hoy Argentina es sede de esa referencia”.

En ese marco, Monteoliva aprovechó para exponer el caso de Rosario ante los delegados presentes. “En la región nos miran”, sostuvo. Más allá de las sesiones plenarias, la conferencia incluyó una ronda intensa de reuniones bilaterales. “Hoy me reúno con mi par de México, con el de Colombia, con el de Bolivia. Nos vamos reuniendo de a dos países, y eso ayuda muchísimo, porque es sobre todo intercambio de información”, detalló.

El mensaje que Argentina lleva a esas mesas bilaterales, según la ministra, tiene tres pilares: “Somos un socio que está, que colabora, somos un socio que comparte información y somos un socio que está dispuesto a actuar”. La organización del evento implicó además un operativo de seguridad de envergadura. “Tengo a los ministros de Seguridad de buena parte del mundo, están los jefes de policías, están todos los delegados, directores de la DEA de ciento veinte países”, describió Monteoliva.

La primera reunión en Casa de Gobierno por la visita del papa León XIV

El segundo bloque de la entrevista giró en torno a los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita apostólica está prevista del 8 al 11 de noviembre próximo. Monteoliva participó de la primera reunión formal de coordinación celebrada en Casa de Gobierno, que definió como “bien importante” y “aclaratoria”. De la mesa participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; el nuevo nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach —presente en el país desde hace pocas semanas—; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y otros sacerdotes con tareas específicas en la organización. El primer punto que la reunión dejó en claro fue la distribución de roles. “La agenda la termina y la cierra el Vaticano”, subrayó Monteoliva.

Ese fue, dijo, uno de los puntos centrales que hacía falta explicitar. El segundo: que el evento en su conjunto —desde la llegada del Santo Padre hasta el miércoles 11 de noviembre— lo organiza el Gobierno de la Nación Argentina, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Tres sedes para las misas masivas y una avanzada el 30 de agosto

La ministra confirmó los tres lugares que concentrarán las celebraciones eucarísticas multitudinarias: el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en Córdoba. Este último tiene para Monteoliva una resonancia personal: en 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país, ese mismo predio fue sede de la misa cordobesa. Sobre la posibilidad de que el estadio Monumental de River Plate sea uno de los escenarios, la ministra fue escueta: “No está definido”. La próxima fecha clave en el cronograma de preparativos es el 30 de agosto, cuando llega al país la segunda avanzada vaticana. “Ahí vamos a definir con mayor precisión lugares específicos, porque cuando estuvieron a finales de junio hicimos un relevamiento de varios lugares, pero no todos se iban a utilizar”, explicó. Los horarios de las misas, aclaró, tampoco están fijados aún: “La hora de la misa todavía no la sé”.

El dispositivo de seguridad y las dos resoluciones que prepara Monteoliva

La ministra detalló la arquitectura del operativo de seguridad. La protección inmediata del Santo Padre estará a cargo de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza. El Ministerio de Seguridad tendrá bajo su responsabilidad el diseño de los dispositivos a partir de los requerimientos del Vaticano, el control y manejo de multitudes, y el cuidado de “la investidura del Santo Padre” en conjunto con la seguridad vaticana. Pero el alcance del operativo excede ampliamente la Ciudad de Buenos Aires. “Va a implicar un despliegue especial en rutas, en fronteras. Van a venir personas de los países vecinos, en puertos, en aeropuertos”, enumeró. Y añadió que los movimientos por tierra de todas las provincias requerirán coordinación específica. Monteoliva señaló que está próxima a firmar dos resoluciones de “comandos unificados”, el instrumento legal que le permite organizar formalmente el despliegue. “Es lo que a mí me permite empezar a organizar el despliegue”, explicó. El pedido que la Iglesia llevó a la reunión fue, según la ministra, uno solo: coordinación entre todas las jurisdicciones. “Creo que se fueron muy satisfechos con la respuesta”, evaluó. “Es imposible hacerlo en solitario”.

“Nunca me imaginé que me tocaría tener esta tarea”

Monteoliva no ocultó la dimensión personal que tiene para ella la organización de esta visita. A los 17 años estuvo en Córdoba como “servidora” —una figura que se había instalado en el país desde el Encuentro Internacional de la Juventud de 1985— durante la visita de Juan Pablo II en 1987. Aquella noche, ella y otros jóvenes hicieron la vigilia cantando frente al arzobispado de avenida Hipólito Yrigoyen, donde el papa pernoctó antes de la misa en el predio de FADEA. “Yo no sé cómo durmió ese hombre, porque cantábamos toda la noche”, recordó entre risas. Casi cuatro décadas después, esa misma mujer integra la mesa que organiza la llegada de un nuevo pontífice. “Nunca me imaginé que me tocaría algún día tener esta tarea”, admitió. Y sobre lo que implica la visita más allá de su rol institucional: “Para mí es algo muy especial. Yo creo que para todos los argentinos es una bendición, independientemente de católico o no católico”. Feinmann sintetizó el arco: “A los diecisiete años estaba ahí en la visita de un papa. Y ahora usted está en la mesa de organización de la visita de un papa”. Monteoliva respondió con una sola palabra: “Exactamente”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó ante ministros y mandos de seguridad de distintos países en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina, este martes los resultados de casi dos años de la estrategia nacional de seguridad de México, con una reducción del 51% en homicidios dolosos y decomisos récord de drogas y armas, así como golpes importantes a los carteles.

En menos de dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios dolosos en México pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026. Eso equivale a 44 homicidios menos cada día, una caída del 51% que revierte más de una década de crecimiento sostenido: entre 2006 y 2018, ese indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios, un aumento acumulado de 251%.

Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad detuvo a más de 63 mil 500 personas por ese tipo de delitos, lo que elevó la población penitenciaria casi 14% y afectó la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Extradiciones sin precedente y golpes al Cártel Jalisco

En tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, México trasladó a 92 objetivos de alto impacto en menos de tres meses, sin una sola fuga de información y sin incidentes en los 12 penales involucrados. Entre los extraditados figuraron Rafael Caro Quintero, buscado durante 40 años; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Abigail González Valencia, El Cuini, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Ricardo González Sauceda, El Ricky.

“En menos de tres meses, sin una sola fuga de información. En doce penales distintos no hubo un solo motín ni un solo problema. Se enviaron a noventa y dos objetivos de alto nivel buscados desde hace mucho por Estados Unidos”, mencionó Harfuch en el panel.

El golpe más contundente al CJNG ocurrió el 22 de febrero, cuando Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder de esa organización y uno de los criminales más buscados por ambos países, murió en una operación planeada y ejecutada por el Ejército Mexicano con inteligencia y tecnología de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta USD 15 millones por información que condujera a su captura.

Dos meses después, el 27 de abril, personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina detuvo a Ovidias, El Jardinero, líder regional del CJNG, también requerido por Estados Unidos. Horas más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional capturó al segundo al mando de esa facción, identificado como operador financiero y apodado Alejandro Contador.

México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición vinculadas a investigaciones de la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF. Autoridades mexicanas detuvieron a 14 personas consideradas objetivos prioritarios del FBI, seis de ellas incluidas en la lista de los diez fugitivos más buscados por esa agencia.

Toneladas de droga, miles de armas y laboratorios destruidos

El balance de decomisos acumulados desde octubre de 2024 incluye 518 toneladas de droga, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. También se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales el 80% provino de Estados Unidos, y más de dos millones de cartuchos.

En materia de cocaína, la Secretaría de Marina aseguró cerca de 88 toneladas desde el inicio de la administración. La operación más voluminosa ocurrió frente a las costas de Michoacán, donde se decomisaron ocho toneladas en un solo evento, el mayor aseguramiento marítimo de cocaína registrado por esa institución.

El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron más de 2.700 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. En esos operativos se aseguraron 3,8 millones de litros y más de 932.000 kilogramos de precursores químicos. García Harfuch señaló que cada laboratorio destruido impide que millones de dosis lleguen a las calles y que millones de dólares financien la corrupción, el reclutamiento y la compra de armamento.

Inteligencia que opera en nueve países y finanzas criminales bloqueadas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incrementó 36% su personal desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, con cinco centros regionales de fusión, 32 estaciones y presencia institucional en nueve países. Al inicio de la administración, el CNI contaba con una sola plataforma aérea; hoy opera 16. Entre octubre de 2024 y julio de 2026, realizó cerca de 320.000 geolocalizaciones judicializadas y casi 10 mil análisis de registros de comunicaciones.

“Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas y necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito”, dijo García Harfuch.

En el frente financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a más de 2 mil 300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizó más de $8 mil 600 millones de pesos e inhabilitó más de 24 mil 600 cuentas. Esas acciones se ejecutan en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, además del Grupo Egmont y otras unidades de inteligencia financiera internacionales.

La IDEC 2026 y el llamado a la cooperación

García Harfuch expuso estas cifras ante ministros, generales y almirantes de distintos países reunidos en Buenos Aires en el marco de la IDEC, foro convocado por la DEA desde 1983. Agradeció al administrador de esa agencia, Terence Cole, y a su representante en México, René Amarillas, por el intercambio de información en tiempo real que, según el secretario, permitió acelerar operaciones sin esperar los protocolos formales habituales.

La Operación Frontera Norte, acordada entre ambos presidentes en febrero de 2025, desplegó más de 11 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y arrojó 17 mil detenciones, 11 mil 400 armas aseguradas, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga decomisada.

García Harfuch sostuvo que la cooperación con Estados Unidos se rige por cuatro principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y coordinación sin subordinación. Al cierre de su intervención, advirtió que frente a organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones, “ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenible”.

Durante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) y frente a más de 100 delegados que se reunieron en Buenos Aires, Argentina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, destacó los resultados en materia de seguridad en México, además de la cooperación que la administración de Claudia Sheinbaum sostiene con el gobierno de los Estados Unidos.

México mantiene activas 155 órdenes de captura

Durante su intervención, este 18 de agosto, Harfuch informó que México mantiene activas 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses, entre las dependencias enlistadas se encuentran:

• Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (conocido en inglés como U.S. Marshals Service o USMS)
• Administración de Control de Drogas (DEA)
• Buró Federal de Investigaciones (FBI)
• Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
• Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
• Fluido de Transmisión Automática (ATF)

“Actualmente, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses como Marshalls de Estados Unidos, por supuesto, DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF”, comentó el secretario de Seguridad en la conferencia que se desarrollará del 18 al 20 de agosto.

Ryan Wedding, entre los objetivos prioritarios

Harfuch detalló que la cooperación entre autoridades de ambos países ha llevado a la detención de 14 personas, quienes se encuentran clasificadas como “objetivos prioritarios” del FBI. De la lista de “Los diez fugitivos más buscados” han sido arrestadas seis personas.

Entre ellos destaca la detención de Ryan Wedding, del pasado 23 de enero, dada a conocer por Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch. La información que trascendió en aquel momento fue que el exatleta olímpico de snowboard, competidor en Salt Lake City 2002, se habría entregado voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Las autoridades lo consideran un objetivo prioritario y ofrecían por él una recompensa de 15 millones de dólares.

Wedding encabezaba una red transnacional de tráfico de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Colombia, México y Canadá. Patel lo describió como una versión moderna de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar debido a la violencia de su organización y su implicación en asesinatos. El gobierno de México facilitó su traslado a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia por cargos de narcotráfico y homicidio.

Harfuch destaca entrega de 92 narcotraficantes

El titular de la SSCP mencionó que los trabajos de cooperación en materia de seguridad llevaron a detenciones relacionadas con investigaciones por narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y otras actividades de organizaciones criminales.

Uno de los resultados de las operaciones conjuntas con las autoridades del gobierno de Donald Trump se centra en “tres operaciones conjuntas realizadas en total acuerdo con el Departamento de Justicia”, cuando México trasladó a 92 objetivos de alto impacto, quienes fueron requeridos por la justicia estadounidense:

“De estos 92 sujetos hay de todos los cárteles, de todos los grupos y de todas las facciones. Y había personas que llevaban 40 años tratando de ser extraditados por Estados Unidos, otros 15 y 12 años, y que no se había logrado”.

Los 92 expulsados de México tenían como destino las cortes federales en ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. La entrega fue realizada en diferentes fechas hasta concluir lo acordado con las autoridades estadounidenses:

1. Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”
2. Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”
3. Omar Treviño Morales, “El Z42”
4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”
5. Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”
6. José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito”
7. Norberto Valencia González, “Socialitos”
8. Lucio Hernández Lechuga, “El Lucky”
9. José Alberto García Vilano, “La Kena”
10. Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero”
11. Itiel Palacios García, “El Compa Playa”
12. José Jesús Méndez Vargas, “El Chango”
13. Erick Valencia Salazar, “El 85”
14. Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles”
15. Rodolfo López Ibarra, “El Nito”
16. Carlos Algredo Vázquez
17. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, “La Bola”
18. Jesús Humberto Limón López, “El Chubeto”
19. José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia”
20. Inés Enrique Torres Acosta, “El Kiki”
21. José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango”
22. Héctor Eduardo Infante
23. José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato”
24. Alder Alfonso Marín Sotelo
25. Ramiro Pérez Moreno, “El Rama”
26. Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z13”
27. Andrew Clark, “El Dictador”
28. Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío”
29. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “Alfa Metro”
30. Enrique Arballo Talamantes, “El Junior”
31. Benito Barrios Maldonado, “El Comandante”
32. Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho”
33. Francisco Conde Chávez
34. Abdul Karim Conteh
35. Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero”
36. Ismael Enrique Fernández Dávila
37. Leobardo García Corrales, “Leo”
38. Abigael González Valencia, “El Cuini”
39. José Carlos Guzmán Bernal
40. Antón Petrov Kulkin
41. Roberto Omar López, “Shrek”
42. José Francisco Mendoza Gómez, “El Yiyo”
43. Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”
44. Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”
45. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón”/“El Monstruo”
46. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
47. José Antonio Vivanco Hernández
48. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”
49. Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”
50. Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”/“El Narizón”
51. Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”
52. Servando Gómez Martínez, “La Tuta”
53. Kevin Gil Acosta, “El 200”
54. Roberto Salazar, “El Gordo Jr.”
55. Martín Zazueta Pérez, “El Piyi”
56. Ricardo González Sauceda, “El Ricky”
57. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”
58. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”
59. Armando Gómez Núñez, “Delta 1”
60. Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano”
61. Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón”
62. Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”
63. Óscar Eduardo Hernández, “El O”
64. Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez”
65. Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro”
66. Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón”
67. Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico”
68. Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus”
69. Guillermo Isaías Pérez Parra
70. Manuel Ignacio Correa, “El Argentino”
71. Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo”
72. Lucas Anthony Mendoza, “T”
73. Eliomar Segura Torres, “Helio”
74. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón
75. Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho”
76. Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina
77. Luis Carlos Dávalos López
78. Roberto González Hernández, “El 04”
79. Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo”
80. Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano”
81. María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo”
82. Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón”
83. Juan Carlos Alonso Reyes
84. Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham”
85. Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga”
86. Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo”
87. José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán”
88. Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado”
89. Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge”
90. José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP”
91. José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio”
92. José Torres Espinosa, “Big Joe”

Entre las actividades de cooperación con Estados Unidos se encuentra el cruce de información entre dependencias, la cual busca tener “etroalimentación que nos permita continuar realizando detenciones y operativos en México”.

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, destacó este martes 18 de agosto la carrera del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante delegaciones de más de 100 países reunidas en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) en Buenos Aires, Argentina.

En el evento, Cole describió al titular de la SSPC como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y destacó casi dos décadas de servicio público dedicadas a la seguridad en México.

Cole repasó la trayectoria de Harfuch en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal y al frente de la seguridad de la Ciudad de México antes de asumir la SSPC.

Además, señaló que el secretario comprende las amenazas que ambos países enfrentan juntos: organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas, extienden la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias.

También mencionó uno de los episodios más oscuros para el funcionario mexicano, cuando en el 2020 sobrevivió a un intento de asesinato encabezado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el fragmento del discurso publicado en redes sociales, Terry Cole también destacó que Harfuch conoce la importancia de compartir inteligencia, atacar a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar redes de arriba hacia abajo.

Cole confirmó comunicación constante con Harfuch desde el 5 de agosto

El discurso en Buenos Aires no fue el primer reconocimiento público de Cole hacia Harfuch. El pasado 5 de agosto, durante una conferencia de prensa en la que la administración Trump anunció cargos contra líderes del CJNG y recompensas por más de 100 millones de dólares para capturar a ocho de sus integrantes, el director de la DEA confirmó que mantenía comunicación con el secretario mexicano.

Cole respondió así a un periodista que le preguntó si la cooperación con México podía mejorar: “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”.

El periodista que formuló la pregunta insinuó que México “podría ayudar un poco más”; Cole no respondió y optó por subrayar los avances de la colaboración binacional.

Además, agregó que la relación tenía raíces operativas: “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”. Cole se refería a su anterior cargo como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica, experiencia que, afirmó, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global.

Anticipó además que la cooperación no se limitaría a los casos ya anunciados: “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”.

Ambos funcionarios se reunieron en Washington en marzo de 2026

Las declaraciones de Cole tienen como antecedente una reunión presencial en Washington. El 16 de marzo de 2026, la DEA publicó en sus redes sociales una fotografía de Cole junto a Harfuch y describió el encuentro como una visita para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

Harfuch reposteó la publicación con un mensaje propio en el que detalló que asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México. El secretario precisó que la conversación abarcó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes, y que el encuentro respondió a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El vínculo de Harfuch con el gobierno de Estados Unidos ha construido a lo largo de múltiples reuniones desde que asumió la SSPC en 2024. El 27 de febrero de 2025 integró la delegación mexicana que se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio. El 7 de marzo de 2025 acudió a la sede central del FBI para reunirse con Kash Patel; la agencia describió ese encuentro como un “hito histórico” tras la entrega de 29 presuntos criminales capturados en México. El 18 de marzo de 2026 sostuvo una segunda reunión con el FBI, centrada en inteligencia y coordinación operativa.

La IDEC, creada en 1983, reunió en Buenos Aires a funcionarios de más de 100 países

La conferencia en la que Cole destacó a Harfuch se realizó en el Palacio Libertad de Buenos Aires bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”. Según la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la DEA creó la IDEC en 1983 como un foro multilateral con menos de una docena de países participantes; en cuatro décadas evolucionó de un espacio de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica. Cada año cuenta con el copatrocinio de Estados Unidos y tiene como sede a uno de los países miembros.

En esta ocasión la organizaron la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva.

El foro reunió a entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de más de 100 países miembros y observadores. Los participantes mantuvieron conversaciones estratégicas de alto nivel para fortalecer la cooperación operativa, compartir inteligencia y coordinar prioridades frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo.

La presidenta Sheinbaum confirmó el viaje de Harfuch el viernes 14 de agosto tras una decisión que tomó por unanimidad el gabinete federal, ya que la asistencia del secretario no estaba contemplada en un principio. La conferencia se extendió del 18 al 20 de agosto.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó su primera participación en la 40ª de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) encabezada por la DEA en Buenos Aires, Argentina, en la que más de 100 países se reúnen para hablar de seguridad y combate a los cárteles.

Este año, la cumbre se realizó bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, en la que se reunirán entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de los países miembros y observadores que la integran, así como organizaciones policiales internacionales.

Durante su intervención, Harfuch expuso la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementada en el país, así como los logros que se han alcanzado con la reducción del 51% de homicidios y los decomisos de droga por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, explicó que el objetivo común “debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga no llegue a las calles y, sobre todo, que menos personas pierdan la vida por esas drogas. Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”.

Durante la conferencia fue cuestionado sobre las recientes detenciones de objetivos prioritarios

Harfuch destacó que también fue cuestionado sobre los objetivos prioritarios que han sido detenidos en los meses recientes, entre los que destaca Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, y Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, identificado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Lo anterior llevó al titular de la SSPC a hablar sobre los operativos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la dependencia que encabeza, así como del reforzamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la administración de Sheinbaum.

El funcionario también agradeció al administrador de la DEA, Terrance Cole, por haber acelerado el flujo de información entre ambos países desde su llegada al cargo. Mencionó que en ocasiones se han saltado protocolos formales para agilizar el intercambio de datos sobre criminales que operan en ambos países.

“Perdón el término, pero saltarnos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo”, admitió, y lo justificó como una muestra de confianza entre ambas naciones.

El secretario reafirmó que México mantendrá la cooperación internacional con inteligencia compartida, investigaciones paralelas, operaciones coordinadas y acciones contra las finanzas ilícitas de organizaciones transnacionales. “Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas, necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito”, señaló.

Finalmente, Harfuch hizo un llamado directo a los funcionarios presentes: “Nuestros cargos y el poder que hoy tenemos son efímeros, pero nuestra responsabilidad no. Mientras estemos aquí, usemos cada capacidad y cada recurso que nos permiten nuestras posiciones para sacar de las calles a quienes destruyen vidas”.

El foro se realizará del 18 al 20 de agosto, por lo que Harfuch participará durante esos días en las conversaciones estratégicas para el intercambio de inteligencia con el objetivo de combatir al narcotráfico, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

Sheinbaum adelantó la participación de Harfuch en la conferencia internacional de la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el pasado viernes 14 de agosto que García Harfuch viajaría a Buenos Aires para participar en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria anunció que la decisión se tomó por unanimidad del gabinete federal, ya que la asistencia de García Harfuch no estaba contemplada en un principio.

De acuerdo con la presidenta, el secretario había dejado la determinación en manos sus manos, por lo que consultó a unos 15 integrantes del gabinete —entre ellos representantes militares, navales y civiles— antes de autorizar el viaje.

Sheinbaum explicó que la primera reacción del gobierno fue rechazar la invitación. “De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, aseguró.

Sin embargo, cambiaron su postura debido el alcance del foro, ya que Sheinbaum señaló que el evento concentraría a secretarios de seguridad de todo el mundo —no solo de Latinoamérica— y que esa audiencia representaba una oportunidad para exponer los avances del país en materia de seguridad. Ese razonamiento, respaldado por unanimidad del gabinete, fue el elemento que definió la decisión final.

“Más allá de que sea la DEA, el gabinete decidió que es importante que vaya a mostrar los datos y que la estrategia de coordinación sin subordinación está dando resultados”, puntualizó la presidenta desde Palacio Nacional.

Finalmente, aseguró que su participación no implicaba subordinación a Estados Unidos, sino la intención de mostrar las acciones en materia de seguridad y los resultados obtenidos durante los últimos meses.

Un juez de la República impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres detenidos durante un operativo contra el tráfico de drogas desarrollado el pasado fin de semana por cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los sospechosos son un nicaragüense de apellido Vidaurre y un venezolano de apellido Ramírez, quienes, según la investigación policial, estarían vinculados con actividades relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal que opera en México.

El operativo estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con la colaboración de agentes de la DEA.

De acuerdo con la investigación, Vidaurre presuntamente tenía entre sus funciones la compra de droga y el envío de los cargamentos hacia Norteamérica.

El segundo detenido, Ramírez, aparentemente se encargaba del traslado de los cargamentos de droga de un lugar a otro. Para realizar estos movimientos, presuntamente utilizaba un vehículo que contaba con un compartimiento oculto.

Decomisan 991 paquetes de cocaína

Como parte del operativo, las autoridades decomisaron un total de 991 paquetes de cocaína.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, 66 paquetes fueron encontrados dentro de un vehículo ubicado en La Garita de Alajuela.

Los otros 925 paquetes fueron localizados dentro de una vivienda ubicada en el mismo sector.

Debido a la cantidad de paquetes decomisados, las autoridades estiman que el cargamento podría superar el peso de una tonelada de cocaína.

El hallazgo se produjo después de las labores de investigación y seguimiento realizadas por los cuerpos policiales que participaron en el operativo.

La detención de los dos sospechosos y el decomiso de la droga forman parte de las acciones dirigidas contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes a escala nacional e internacional.

Investigación apunta a organización mexicana

Según la investigación, los dos detenidos tendrían una aparente relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que opera en territorio mexicano.

Las autoridades atribuyen a Vidaurre una participación relacionada con la adquisición de los cargamentos y su posterior envío hacia Norteamérica.

Ramírez, por su parte, estaría vinculado con el movimiento de los cargamentos entre diferentes puntos y con el uso del vehículo que mantenía un espacio oculto para transportar la droga.

La medida cautelar de tres meses de prisión preventiva fue dictada por un juez de la República mientras avanza la investigación judicial.

Operativos con apoyo de la DEA

El Ministerio de Seguridad Pública destacó el trabajo conjunto realizado con la DEA, agencia estadounidense encargada de la lucha contra el tráfico de drogas.

Según la institución, esta coordinación ha permitido la detención de una cantidad importante de personas presuntamente vinculadas con estructuras dedicadas al tráfico nacional e internacional de drogas.

Las investigaciones abarcan operaciones relacionadas con el traslado y comercialización de estupefacientes a mediana y gran escala.

En este caso, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la participación que habrían tenido los dos detenidos y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial.

La madrugada del 16 de agosto, las autoridades de Costa Rica ejecutaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año, asestando un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA de Estados Unidos, permitió incautar aproximadamente una tonelada de droga y desarticular una estructura que operaba en el país con conexiones internacionales.

El despliegue policial se centró en La Guácima de Alajuela, donde, tras una labor de inteligencia y seguimiento que inició a principios de agosto, agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIIC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron identificar y vigilar a un grupo señalado por la DEA como responsable del tráfico de cocaína desde y hacia territorio costarricense.

Durante la madrugada, los equipos de elite interceptaron un vehículo ocupado por un ciudadano nicaragüense y un venezolano, ambos presuntamente vinculados a la red criminal. En la inspección del automóvil, los oficiales hallaron 66 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento secreto bajo el piso. Posteriormente, los agentes allanaron la vivienda de los detenidos en el sector de Altamira, en Agüacima de Alajuela, donde localizaron otros 925 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

¿Cómo se gestó la operación?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la operación se gestó a partir de una alerta internacional enviada por la DEA, que advertía sobre movimientos sospechosos de droga en la región. “Esta información la recibimos a inicios del mes de agosto, que involucraba a un grupo que estaba trasegando drogas, trayéndolas al país y sacándolas del país. Empezamos la labor de vigilancia, de seguimientos, de análisis, de inteligencia y el día de ayer se procede con la detención de un sujeto nicaragüense y otro sujeto de nacionalidad venezolana”, explicó un miembro del equipo de inteligencia en el video institucional publicado por la Presidencia de la República.

La magnitud del decomiso pone en evidencia la operatividad y alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica, así como el nivel de coordinación requerido entre autoridades locales e internacionales para combatir estas estructuras. El ministro de Seguridad Pública subrayó la importancia del trabajo conjunto: “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, manifestó al referirse al esfuerzo de los equipos especiales.

La droga incautada fue trasladada bajo resguardo policial para su análisis y conteo final, en tanto la Fiscalía coordina la presentación de cargos contra los detenidos, quienes se exponen a penas elevadas por tráfico internacional de estupefacientes. El operativo ha sido calificado por las autoridades como un ejemplo de la efectividad de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos.

Las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar si existen conexiones adicionales en otras regiones del país. El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener la ofensiva contra el crimen organizado y proteger la seguridad de la población.

La organización que Estados Unidos atribuye a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, recurrió a policías de Costa Rica para facilitar el tráfico de cocaína, según la declaración jurada que sustenta el caso en su contra en la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York. El señalamiento, conocido a partir de un documento al que accedió el medio CR Hoy, adquiere peso porque aparece en una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que también describe negociaciones para mover 700 kilogramos de droga hacia Nueva York en 2023.

La acusación ubica uno de los contactos clave entre abril y junio de 2023, cuando una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, identificada como CS-1, habló con un integrante de la estructura señalado como CC-3. Según el agente especial Brendan M. Leddy, esas conversaciones incluyeron la seguridad de cargamentos, negocios ligados a cocaína y el uso de “fuerzas armadas costarricenses” para facilitar el tráfico.

El expediente no identifica a los funcionarios que habrían colaborado con la red ni precisa a qué cuerpo policial pertenecían. Tampoco detalla qué tareas habrían cumplido ni qué habrían recibido a cambio.

El dato sobre Costa Rica no proviene, según la documentación, de una afirmación directa de Bell, sino de intercambios entre CS-1 y CC-3. La declaración de Leddy distingue ese punto de otro episodio de la investigación en el que sí se atribuyen directamente a Macho Coca comentarios sobre el uso de funcionarios corruptos.

Ese segundo episodio ocurrió el 15 de junio de 2022 en Limón, durante una reunión entre Bell y la fuente de la DEA. De acuerdo con el agente, en ese encuentro el sospechoso explicó que tenía acceso a embarcaciones para transportar cargamentos de cocaína por toneladas y que había recurrido a militares y policías corruptos, incluidos funcionarios de Honduras, para facilitar sus actividades de narcotráfico.

La referencia a policías costarricenses apareció después, en un momento en que Bell enfrentaba mayor presión de las autoridades locales. CC-3 le dijo a la fuente que Macho Coca se había ocultado por el escrutinio policial y por los problemas judiciales de uno de sus hermanos, acusado del homicidio de un supuesto narcotraficante rival.

Aun así, los contactos para concretar negocios de cocaína siguieron activos. Según la declaración citada por CR Hoy, CS-1 y CC-3 mantuvieron varias conversaciones sobre cómo brindar seguridad a los cargamentos, cómo aprovechar el apoyo de fuerzas costarricenses y cómo avanzar en futuras operaciones.

La DEA documentó nuevas reuniones en Costa Rica y un plan para enviar cocaína a Nueva York

La investigación añade que el 26 de junio de 2023 las fuentes confidenciales viajaron otra vez a Costa Rica para reunirse con CC-3. Ese día, el colaborador las llevó a una residencia en Limón, donde poco después llegó un vehículo con una persona identificada solo como “Individual-1” y varios asociados.

En ese encuentro, CC-3 comunicó que trabajarían con ese hombre y su grupo para desarrollar el negocio de cocaína que estaban negociando. La razón, según el documento estadounidense, era que Bell estaba ocupado por los problemas recientes vinculados con su hermano.

El contacto directo con Macho Coca se reanudó semanas más tarde. El 31 de julio de 2023, CS-1 lo llamó para coordinar una reunión y, al día siguiente, las fuentes se encontraron con él en San José.

Ese párrafo central de la acusación responde al núcleo del caso: la DEA sostiene que Bell no solo seguía vinculado a la operación, sino que participó en conversaciones para una eventual compra de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína con destino posterior a Nueva York. Esa negociación aparece en la misma secuencia investigativa en la que la agencia estadounidense documentó menciones al uso de policías costarricenses para facilitar el tráfico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará a Buenos Aires entre el 18 y el 20 de agosto de 2026 para presentar ante más de 100 países los resultados de la estrategia de seguridad de México en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y el gobierno de Argentina.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viaje este viernes 14 de agosto en la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, tras una decisión que tomó por unanimidad el gabinete federal.

De acuerdo con la mandataria, la asistencia de García Harfuch no estaba prevista en un inicio. El propio secretario había dejado la decisión en manos de la mandataria, quien consultó a unos 15 integrantes del gabinete —entre ellos representantes militares, navales y civiles— antes de dar luz verde.

La presidenta explicó que la primera reacción del gobierno fue rechazar la invitación, por la historia de tensiones entre la DEA y México. “De principio habíamos dicho que no, que pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, declaró Sheinbaum en la conferencia matutina.

El argumento que cambió la postura fue el alcance del foro. La mandataria señaló que el evento concentrará a secretarios de seguridad de todo el mundo, no solo de América Latina, y que esa audiencia representa una oportunidad para mostrar lo que México ha logrado.

“Más allá de que sea la DEA, el gabinete decidió que es importante que vaya a mostrar los datos y que la estrategia de coordinación sin subordinación está dando resultados”, puntualizó Sheinbaum ante los medios. La unanimidad del voto fue el elemento que definió la decisión final.

La presidenta también rechazó que la participación en el evento implique subordinación a Washington. “¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo?”, cuestionó desde el podio de Palacio Nacional.

Los resultados que García Harfuch llevará a Buenos Aires

El trasfondo del viaje son las cifras que el propio gabinete presentó el martes 11 de agosto. En 22 meses de gobierno, los homicidios dolosos a nivel nacional bajaron 51%, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, el registro mensual más bajo desde 2015.

Los delitos de alto impacto acumularon una reducción de 33% desde octubre de 2024, con una caída preliminar de 54% en la comparación de 2018 a 2026. El robo de vehículos con violencia también retrocedió 51% respecto a octubre de 2024.

García Harfuch informó en esa misma conferencia que, entre octubre de 2024 y julio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a 63.500 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo periodo se aseguraron 32.800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas —con más de 5 millones de pastillas de fentanilo— y se desmantelaron 2.725 laboratorios clandestinos.

Sin embargo, los datos de Sinaloa son los que más peso tendrán en la presentación ante la IDEC. De enero a julio de 2026, el registro diario de homicidios dolosos en ese estado cayó 30.2%, mientras que entre septiembre de 2024 y julio de 2026 la reducción acumulada llegó a 52% respecto al promedio de junio de 2025.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó que el indicador pasó de 6.9 homicidios diarios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026. Ese nivel convierte a julio en el segundo mes con el registro más bajo en el último año para el estado.

En materia de transporte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lobera, reportó que el Plan Cero Robos al Transporte eliminó por completo los asaltos en la carretera Culiacán-Mazatlán. El tramo pasó de 50 robos a cero en 385 días, con la recuperación de más de 40 unidades.

La IDEC 2026: 40 años de historia, sede en el Palacio Libertad

La conferencia a la que asistirá García Harfuch es la edición número 40 de la IDEC, un foro que la DEA creó en 1983 con menos de una docena de países. En cuatro décadas evolucionó de un espacio de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica.

La sede del evento es el Palacio Libertad, en Buenos Aires. El lema de esta edición es “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, con la coorganización del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva.

Se espera que el foro reúna entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad de más de 100 países miembros y observadores de la IDEC, junto con representantes de organismos policiales internacionales. La agenda incluye conversaciones sobre cooperación operativa, intercambio de inteligencia y coordinación frente al narcotráfico, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

La delegación mexicana llevará a Buenos Aires una postura que Sheinbaum definió con precisión: coordinación sin subordinación. La presidenta fue explícita al señalar que México no cederá ante presiones externas. “Cuando hay cosas que hacen agencias de Estados Unidos, o le envío una carta o se lo digo personalmente en una llamada y lo digo también públicamente”, afirmó.

La participación de México en un evento de la DEA marca un giro pragmático respecto a la postura inicial del gobierno. El mensaje que García Harfuch llevará al foro es que los resultados propios son el mejor argumento ante cualquier narrativa externa sobre el estado de la seguridad en el país.

La operación se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR), junto con unidades de la DNCD, y en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), procedieron a la entrega formal de David B. a la justicia estadounidense.

Dicha extradición responde a la solicitud formal de Estados Unidos, sustentada en una amplia investigación judicial sobre el tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

Más de 30 allanamientos simultáneos permitieron su captura

“El Jamaquen” es señalado por las autoridades norteamericanas como integrante de una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, así como a la comisión de delitos relacionados con el uso de armas de fuego y el lavado de activos.

Las imputaciones incluyen conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína, continuación de actividades criminales, y asociación ilícita para lavar fondos provenientes del narcotráfico.

La DNCD detalló que su captura se produjo en mayo de este año, como resultado de la Operación PT7. En ese operativo, se ejecutaron más de 30 allanamientos simultáneos en distintas localidades, entre ellas el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia.

El despliegue logró desarticular parte de la estructura de la organización a la que se atribuyen múltiples delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros ilícitos graves.

La extradición se llevó a cabo en cumplimiento del decreto 346-26, que autoriza la entrega de ciudadanos dominicanos requeridos en el extranjero por hechos vinculados al crimen organizado. De acuerdo con la DNCD este tipo de acciones forma parte de una política activa de cooperación e intercambio de información entre la República Dominicana y Estados Unidos para la localización y captura de fugitivos buscados por delitos de alto impacto, como narcotráfico, fraude, homicidio y violaciones.

“Este resultado es fruto del trabajo conjunto y la cooperación internacional que mantienen ambos países para enfrentar el crimen transnacional”, precisó la Dirección Nacional de Control de Drogas en un comunicado enviado a los medios. La institución agregó que la coordinación con agencias estadounidenses como la DEA y la U.S. Marshals permite agilizar los procesos de búsqueda, detención y extradición de personas implicadas en actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden público en ambos lados de la frontera.

“Seguiremos colaborando con nuestros homólogos estadounidenses para garantizar que quienes infringen la ley respondan ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, declaró la Dirección Nacional de Control de Drogas.

En el marco del alineamiento estratégico con Estados Unidos, la Argentina coorganizará la edición número 40 de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), uno de los principales foros mundiales de cooperación contra el narcotráfico, organizado bajo el liderazgo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). Según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, el evento se llevará adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la próxima semana, entre el 18 y el 20 de agosto.

Si bien la organización del evento data de algunos meses atrás, en Casa Rosada celebraron el hecho y destacaron la colaboración entre las naciones en materia de seguridad. “Forma parte de un voto de confianza que responde a lo que venimos haciendo y a la cooperación internacional conjunta”, expresó una importante fuente de la administración libertaria a Infobae.

El foro, que tendrá lugar la semana próxima, se desarrollará bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad y constará de tres días de reuniones plenarias que podrían desarrollarse en el Palacio Libertad. Darán asistencia altas autoridades del organismo y de otras agencias de la administración de Donald Trump, que permanecen en estricta reserva. En medio de un fuerte operativo de seguridad, se esperan delegaciones de más de 180 países y más de 700 participantes.

El IDEC fue creado por la DEA en 1983 con el objetivo de establecer una plataforma de colaboración para “fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, intercambiar inteligencia relacionada con drogas” y permitir el desarrollo de estrategias operativas conjuntas.

Sus ediciones anteriores se llevaron adelante en Grecia y en Colombia, en medio de un fuerte hermetismo por cuestiones de seguridad. “Son jornadas de trabajo, de intercambio de información en la materia en la que la Argentina y Estados Unidos son coanfitriones”, resumió una fuente en tema.

A través de un comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina anticipó: “La conferencia de este año pone de relieve la sólida y duradera alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional”.

En representación del Poder Ejecutivo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará el foro y extenderá las invitaciones al resto del Gabinete. Al cierre de esta nota, la presencia del presidente Javier Milei no estaba confirmada por cuestiones de agenda internacional.

“Que la Argentina haya sido elegida por primera vez como coorganizadora de la IDEC constituye un reconocimiento al trabajo que el país viene realizando en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y refleja la confianza internacional en las capacidades argentinas para liderar iniciativas de cooperación en seguridad”, argumentaron desde la cartera.

La organización conjunta comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, cuando a finales de noviembre de 2025 recibió a una delegación de agentes de la DEA que lidera Terry Cole: Michael Cabral, jefe de la División Cono Sur; Thomas Miles, agregado del organismo en Argentina; y al asesor Guillermo González. En aquella oportunidad, acordaron la necesidad de avanzar en la organización conjunta de la conferencia número 40.

En Casa Rosada sostienen que la conferencia representa “una oportunidad” para consolidar el liderazgo regional del país y potenciar la cooperación operativa y en materia de inteligencia. Además, les permitirá a las dos administraciones intensificar las acciones en el combate contra el crimen organizado transnacional y el financiamiento del terrorismo.

Como contó este medio, el mandatario mantiene total sintonía con la administración republicana de Estados Unidos y aspira a consolidarse como uno de los principales interlocutores de Trump en la región. A eso apuntan también los planes de colaboración conjunta y la coorganización del evento que se celebrará por primera vez en el país.

Bajo ese objetivo, en marzo de este año, el mandatario adhirió a la iniciativa Escudo de las Américas, propuesta por Trump para hacer frente al narcotráfico y al avance de China en la región. Se trata de una alianza que busca combinar la acción diplomática anunciada con un acuerdo militar firmado por el Pentágono y algunos países de la región.

La coordinación en la materia fue destacada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la DEA, que a través de un comunicado brindó detalles de los operativos realizados con la Argentina en 2025. Según expusieron, durante 2025 se confiscaron más de 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas, y se arrestó a 35 narcotraficantes.

Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense, fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU. Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones.

Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

El mexicano organizó el lavado con una red de cómplices

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos. Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico.

Una vez que los cómplices entregaban el efectivo, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión, es decir, un porcentaje del monto total lavado.

El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.

La DEA de Detroit coordinó la investigación con oficinas en México, Texas, Illinois y Ohio

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingés) también en Detroit. Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso.

La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington, Kentucky. La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red que Gordiano Valenzuela operó.

El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de la iniciativa federal para desmantelar cárteles transnacionales

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF. Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero.

El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

Otro mexicano CEO de una casa de cambio también usó criptomonedas para lavar dinero del narco en Estados Unidos

El caso de Gordiano Valenzuela no fue aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia que operaba en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación.

La investigación reveló que Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El dinero ilícito ingresaba al circuito financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo: Kleiman contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda. Pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas.

Estados Unidos fijó el 5 de agosto una recompensa de hasta USD 25 millones por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, a quien identificó como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero de 2026.

El anuncio fue acompañado por cargos penales contra ocho mandos del cártel y por un paquete total de hasta USD 102 millones repartido entre ocho fugitivos. Durante una conferencia de prensa, el fiscal general en funciones Todd Blanche dijo: “El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”.

Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Por ese origen tuvo nacionalidad estadounidense y mexicana, una condición que lo colocó bajo atención de autoridades de ambos lados de la frontera.

Su ascenso ocurrió después de la muerte de “El Mencho” en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Esa baja abrió una nueva etapa en la dirección del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización a la que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera y entre las estructuras narcoterroristas más violentas y peligrosas.

Juan Carlos Valencia heredó una red familiar ligada al Cártel del Milenio y a Los Cuinis

Juan Carlos Valencia González fue hijo biológico de Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona” o “El Juanito”, fundador del extinto Cártel del Milenio. Su madre fue Rosalinda González Valencia, después esposa de “El Mencho” y figura de peso dentro del clan de Los Cuinis, identificado durante años como cerebro financiero del CJNG.

Durante su infancia, Rosalinda González migró de manera indocumentada a Estados Unidos, donde trabajó en campos agrícolas. Más tarde la familia se trasladó a México y quedó vinculada de forma directa con la consolidación de la organización criminal.

De manera extraoficial se indicó que Rosalinda González conoció a Nemesio Oseguera cuando Juan Carlos tenía dos años, en California. Con el tiempo, esa relación personal se convirtió en una alianza familiar y criminal que conectó al Cártel del Milenio, al grupo de los Valencia, a Los Cuinis y después al CJNG.

El Cártel del Milenio y el Cártel de los Valencia no fueron estructuras marginales. Llegaron a traficar hasta un tercio de la cocaína que ingresó desde México hacia California y Chicago, mientras combinaban producción y distribución con una fachada de negocios legales, incluida la agricultura local.

Ese esquema permitió que operaran con discreción antes de que una de sus facciones evolucionara hasta convertirse en el CJNG. La trayectoria del grupo también pasó por matrimonios, alianzas y reacomodos internos que redefinieron mandos y rutas.

El 15 de agosto de 2003, Armando Valencia Cornelio fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y autoridades federales. La acusación formal incluyó delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, delitos que derivaron en una condena larga en México y en una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Tras esa detención, el Cártel del Milenio se debilitó y se fragmentó en varias facciones que pelearon por el control de plazas criminales. De ese proceso surgió la estructura que después se consolidó como el CJNG.

Rubén Oseguera Cervantes inició su carrera delictiva como uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio. Después construyó su propia organización y encabezó la expansión que convirtió al CJNG en una de las estructuras criminales con mayor influencia en el país.

En 2020, 17 años después de su captura, “El Maradona” fue liberado. Padecía cáncer linfático y obtuvo una reducción de sentencia por buen comportamiento y por razones de salud; salió del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, sin declaraciones oficiales sobre su paradero.

El “Pelón” fue señalado como operador violento y fundador de células armadas del cártel

Antes de que se anunciara la nueva recompensa, el gobierno de Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por información que condujera a la captura de Valencia González. También era identificado con los alias “R3” y “Tricky Tres”.

Reportes de la Sedena y documentos judiciales lo ubicaron como fundador de Grupo Delta y Grupo Élite. Esas células armadas tuvieron entrenamiento militar y se especializaron en la disputa de territorios frente a rivales como el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana.

La Sedena documentó que esos grupos contaron con adiestramiento especializado, tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y presencia de exmilitares colombianos como instructores. Ese perfil lo colocó como un operador de alto nivel dentro del aparato armado del CJNG.

El periodista Ángel Hernández dijo en una entrevista para un canal de YouTube que “El R3 es efectivamente una persona de alto rango, de confianza, por supuesto, de Nemesio Oseguera Cervantes, un operador importante y violento como lo era El Menchito”. También sostuvo que su nombre “no había dado tanto ruido porque en realidad se trata de hombres de un perfil un tanto bajo, no es un perfil tan grande como, por ejemplo, Los Chapitos, otros narcotraficantes que heredan sus posiciones, pero que siempre ha operado”.

La FGR lo habría relacionado con el secuestro de dos mujeres de la Defensa en Puerto Vallarta en 2022. Ese hecho habría sido ordenado como represalia tras la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, identificado como lugarteniente del CJNG.

También se le habría vinculado con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar en 2016, con el ataque contra el exfiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y con el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos. Una acusación formal en un tribunal del Distrito de Columbia lo señaló además por conspiración y distribución de opioides sintéticos, así como por posesión de armas de fuego.

Informes oficiales también lo ubicaron como responsable de narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, en febrero de 2024. En ese episodio, su grupo de pistoleros se activó ante la posibilidad de una detención.

¿Seguirá con el apoyo a Los Chapitos?

La cooperación que durante meses mantuvo el CJNG con la facción de Los Chapitos dependió, en buena medida, de Nemesio Oseguera Cervantes. Tras su muerte el 22 de febrero, ese vínculo perdió su principal punto de contacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la relación entre ambas estructuras criminales quedó debilitada. La colaboración había sido documentada desde 2024 por el Gabinete de Seguridad.

En ese periodo, el CJNG habría proporcionado recursos económicos, armamento y personal a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El apoyo se concentró sobre todo en el sur de Sinaloa, donde operadores de ambos grupos coincidieron en objetivos estratégicos.

Con la muerte de “El Mencho”, Juan Carlos Valencia González quedó señalado como heredero de esa estructura y como el nuevo rostro del mando criminal. Por esa razón, Estados Unidos elevó a USD 25 millones la recompensa por su paradero.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole confirmó el 5 de agosto que mantuvo comunicación constante con Omar García Harfuch y colocó entre sus objetivos a quien habría ordenado el atentado de 2020 contra el hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSPC, en un mensaje que vinculó la cooperación bilateral con la ofensiva contra mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El señalamiento ocurrió durante una conferencia en la que se anunciaron cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y recompensas por más de USD 100 millones para capturar a ocho de sus integrantes. En ese mismo espacio, Cole respondió a una pregunta sobre si la cooperación de México en seguridad podía mejorar.

El funcionario estadounidense optó por destacar la relación con el secretario mexicano en vez de entrar a la insinuación. “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”, dijo.

Ese intercambio mostró de forma directa que la comunicación entre la DEA y García Harfuch seguía activa al más alto nivel. También dejó ver que, para Cole, la coordinación con México formaba parte de la estrategia para perseguir a operadores del narco con peso regional y nexos violentos.

Cole ligó la cooperación con la búsqueda del responsable del atentado de 2020

En la misma comparecencia, Cole lanzó una advertencia dirigida a traficantes, funcionarios coludidos y operadores del CJNG. “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico”.

Dentro de ese mensaje incluyó nombres específicos. Mencionó a El Jardinero, de quien dijo que había sido capturado recientemente; al Sapo, identificado como Hugo Méndez Gaitán; y al Tarjetas, identificado como Julio Montejo Pinzón.

Sobre este último, Cole sostuvo que se trataba del “mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”. Con esa frase, el director de la DEA conectó la acusación contra integrantes del CJNG con uno de los ataques más notorios contra un funcionario de seguridad en México.

La referencia al atentado de 2020 colocó a García Harfuch no solo como interlocutor del gobierno de México ante Estados Unidos, sino como víctima de una agresión atribuida a un operador mencionado por el propio jefe de la agencia antidrogas. El énfasis de Cole apuntó a que la persecución no se agotaba en el tráfico de drogas, sino que alcanzaba hechos de violencia directa contra autoridades.

La relación entre Cole y García Harfuch venía de meses atrás

La declaración ocurrió cinco meses después de una reunión presencial entre ambos funcionarios en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia difundió una fotografía en la que Cole apareció sonriente junto a García Harfuch.

En ese momento se informó que el encuentro había servido para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y sobre la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera. La imagen y el mensaje público mostraron que la interlocución ya se había formalizado desde semanas antes.

Después de esa reunión, García Harfuch retomó la publicación y precisó que había asistido en representación del Gabinete de Seguridad de México. Añadió que la conversación abordó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes.

También señaló que el encuentro había respondido a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese dato colocó la reunión en el marco de la política de seguridad del gobierno federal y no como un contacto aislado entre funcionarios.

Cole incluso afirmó que la relación tenía un componente operativo previo. “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”, declaró.

El titular de la DEA dijo que su experiencia en México marcó esa coordinación

La mención a su trabajo en campo en México remitió a su etapa como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. Esa experiencia formó parte de la trayectoria que el funcionario había expuesto semanas antes en una pieza difundida el 24 de junio, en el contexto de la operación “América libre de fentanilo”.

En ese video, Cole dijo que había servido en Colombia, Afganistán y México. Afirmó que ese recorrido le permitió entender la dimensión global del combate al narcotráfico.

Durante la conferencia del 5 de agosto también advirtió que la cooperación bilateral no se limitaba a los expedientes ya conocidos. “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”, sostuvo.

La frase sugirió que la coordinación entre autoridades de ambos países seguía abierta a nuevas acciones. También dejó asentado que, desde la visión del director de la DEA, la relación con García Harfuch se mantenía activa mientras avanzaban casos ya públicos y otros que todavía no habían sido revelados.

Quién es Julio Montejo Pinzón ”El Tarjetas"

Las investigaciones de seguridad en México señalaron a Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría ordenado el atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch.

El ataque: Ocurrió en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde el convoy de García Harfuch recibió cientos de impactos de bala.

El señalado: Informes de inteligencia y de instancias de seguridad ubicaron a El Tarjetas (también conocido como Julio Montejo Pinzón) como un mando regional del CJNG en Jalisco vinculado con la planeación de esta agresión.

Estatus legal y de búsqueda: Su nombre figura en investigaciones de autoridades mexicanas y en acusaciones formales de agencias de Estados Unidos, las cuales han emitido fichas de búsqueda y ofertas de recompensa por su localización debido a sus nexos con la estructura criminal.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron las diversas acciones que llevan a cabo para erradicar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el aumento de recompensas, captura de funcionarios ligados así como el organigrama del peligroso cártel, en el que se incluye a varias mujeres entre familiares, parejas y empleadas.

Se fijó este miércoles 5 de agosto una recompensa de hasta USD 2 millones para localizar a Griselda Margarita, señalada por su presunto papel en una red de fraude de tiempos compartidos y lavado de dinero ligada al CJNG, en un caso que exhibió cómo esposas, novias, familiares y empleadas habrían sido usadas para resguardar activos, operar empresas y mover recursos del cártel.

La acusación presentada en un tribunal federal de Brooklyn también incluyó a Julio César, alias “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César” y “CH Jiménez”, identificado como integrante de alto rango del grupo criminal. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

En el caso de Montero, la acusación agregó un cargo por conspiración para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Las autoridades estadounidenses precisaron que los dos eran ciudadanos mexicanos y no estaban bajo custodia de Estados Unidos.

El expediente sostuvo que, desde aproximadamente 2012, el CJNG operó un esquema de fraude de pago por adelantado contra dueños de tiempos compartidos en México, incluidas varias ciudades de Jalisco. Las víctimas, muchas de ellas residentes y ciudadanas de Estados Unidos, entregaban dinero por supuestas tarifas e impuestos para vender o rentar sus propiedades, pero no recibían los fondos prometidos ni recuperaban su dinero.

Entre 2019 y 2024, unas 6,000 víctimas estadounidenses informaron pérdidas por alrededor de USD 350 millones atribuibles a fraudes de tiempos compartidos en México. Hasta la fecha, la OFAC había sancionado a más de 70 personas y entidades por su participación en esa modalidad atribuida al CJNG.

Griselda fue ubicada en la oficina central del fraude de tiempos compartidos

La autoridad estadounidense señaló que Griselda Margarita trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG. Desde ahí, presuntamente supervisaba la operación de centros de llamadas y la recepción y el lavado del dinero obtenido de las víctimas.

El caso la colocó como una pieza operativa dentro de una estructura que no solo engañaba a propietarios de inmuebles vacacionales, sino que también reciclaba las ganancias. La acusación sostuvo que la red incluso volvía a contactar a las víctimas con falsos abogados o supuestos funcionarios que ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos por adelantado.

Las autoridades también recordaron que ya había sido sancionada por la OFAC por su presunta participación en ese esquema. Si fuera declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo imputado.

Karely Lizbeth apareció como esposa y dueña de una licorería

Dentro de la red centrada en la familia de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, la OFAC identificó a Karely Lizbeth como su esposa. La señaló como propietaria de la tienda de bebidas El Almacén Licorería.

La misma acción la vinculó, junto con Areli Isis M, prima de Jardinero, a Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., una empresa mayorista de ropa. Además, Petrocoda S.A. de C.V., una compañía gasolinera, habría permanecido bajo control de Jardinero a través de Medina Flores y del subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La designación sostuvo que su esposa y prima habrían actuado en nombre o representación, directa o indirectamente, de Audias Flores Silva. El caso mostró un patrón: personas cercanas a mandos del cártel aparecían al frente de negocios formales usados para ocultar el interés real sobre activos y ganancias.

Areli Isis fue señalada como prima y operadora de empresas

Areli Isis fue descrita como prima de Jardinero y como una de las personas mediante las cuales se habría mantenido el control de activos empresariales. Su nombre apareció en la operación de Petrocoda y en la propiedad de la comercializadora de ropa compartida con ella.

La acusación administrativa no la ubicó como figura armada ni como jefa de plaza, sino como parte del mecanismo financiero y patrimonial del grupo. Ese es uno de los rasgos que destacaron las sanciones: la red familiar no solo servía para encubrir bienes, sino para reducir el riesgo de que las compañías quedaran expuestas de inmediato ante investigaciones.

Martha Alicia fue identificada como esposa y socia comercial

La OFAC también incluyó a Martha Alicia, a quien identificó como integrante del CJNG y esposa de Roberto J.A. Ambos controlaban de manera conjunta Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.

J. por su parte, aparecía además al frente de Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. y de la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V. En ese bloque, la participación de ella fue descrita a partir de la propiedad y control de empresas que, de acuerdo con las sanciones, habrían servido de soporte patrimonial a la organización.

Liliana y los hijos de El Cachas quedaron ligados a empresas familiares

Otra historia señalada fue la de Liliana, identificada como la esposa más reciente de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, miembro de alto rango del CJNG. La OFAC la designó junto con los hijos de Botello: Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz.

Cisneros Tapia figuró como secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz aparecieron, respectivamente, como secretario y tesorero del consejo de administración de esa empresa, de la cual los cuatro eran copropietarios.

Ricardo Botello Ortiz fue ubicado como tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel Los Tres Hermanos. Las autoridades también relacionaron a la familia con Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de calzado infantil, además de una compañía de seguridad privada y otra de tequila y agave.

Alma Laura fue señalada junto con su esposo en logística y robo de combustible

En otra rama del CJNG, Alma Laura fue identificada como operativa en actividades vinculadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible. La acusación administrativa sostuvo que, junto con su esposo José Mora León, era dueña de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido al cártel.

Mena también fue relacionada con la extracción y robo de gasolina en una zona bajo control del CJNG. Ambos controlaban Strong Energy S.A. de C.V., dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V., enfocada en logística.

Su caso mostró otro perfil femenino dentro de la estructura: no el de familiar usada como prestanombres, sino el de una presunta participante directa en operaciones que combinaban combustibles y narcóticos. Esa mezcla fue descrita por las autoridades como parte de las fuentes alternas de ingresos del cártel.

Teresa de Jesús y una abogada de Puerto Vallarta aparecieron en el fraude turístico

Además de las grandes redes patrimoniales, las sanciones alcanzaron a tres mexicanos por su presunta intervención en fraudes de tiempos compartidos del CJNG: Teresa de Jesús, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriel del Villa Contreras. Los tres operaban en Puerto Vallarta.

Se indicó que habría participado en este tipo de fraude durante 15 años. En el caso de Gabriela Del V. C., fue descrita como abogada dedicada al cobro de deudas y a fraudes inmobiliarios en representación del CJNG.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que estos engaños también incluían el uso indebido del nombre de agencias del gobierno para parecer legítimos. En algunos casos, los delincuentes llamaban a víctimas y se hacían pasar por agentes de la OFAC para exigir pagos a cambio de liberar fondos supuestamente bloqueados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, líder del grupo criminal “Los Cuinis”, se declaró culpable de violar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), al pagar más de 504 mil dólares para que su hijo estudiara en la IMG Academy.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo

En un comunicado, la institución indicó que Amaral Arévalo enfrentaba sanciones desde 2015, por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de “Los Cuinis”, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que González Valencia, exesposo de Wendy, es cuñado del extinto líder de dicho cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“A pesar de la designación de la OFAC, que le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, Amaral Arévalo firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela y gestionó el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares”, se lee en el desplegado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Estados Unidos había designado al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC había sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el cártel, entre ellas altos mandos, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores, funcionarios corruptos, complejos turísticos, restaurantes, empresas inmobiliarias, agrícolas y compañías fantasma.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), confirmó este 5 de agosto que mantiene comunicación con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La información surgió en la ronda de preguntas de una conferencia de prensa donde la administración Trump anunció cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas por más de 100 millones de dólares para capturar a ocho de sus integrantes.

Cole respondió así a un periodista que le preguntó si la cooperación con México podía mejorar: “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”.

La declaración del director de la DEA llegó cinco meses después de que ambos funcionarios se reunieran en persona en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia publicó en sus redes sociales una foto de Cole sonriendo junto a Harfuch. En el mensaje, la DEA describió el encuentro como una visita para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

Cole dijo que trabajó “sobre el terreno” en México

En la conferencia de este 5 de agosto, Cole fue más allá de confirmar la comunicación. Señaló que la relación tiene raíces operativas: “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”.

Sobre la mención de haber trabajado en campo en México, Cole se refería a su anterior cargo como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. En un video difundido el 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”, el funcionario señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, afirmó, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global.

Además, en la respuesta a la prensa de este día, Cole añadió que la cooperación no se limita a los casos ya anunciados: “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”.

El periodista que formuló la pregunta insinuó que México “podría ayudar un poco más”. Cole no respondió a esa insinuación y optó por subrayar los avances de la colaboración binacional.

Harfuch reposteó la publicación de la DEA con un mensaje propio el 16 de marzo

Tras la reunión del pasado 16 de marzo, García Harfuch reposteó una publicación de la DEA y añadió un mensaje propio en el que detalló que asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México. El secretario señaló que la conversación con Cole abarcó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes, y precisó que el encuentro respondía a una instrucción directa de la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó al día siguiente, en su conferencia matutina, que Harfuch continuaría en Washington esa semana con más reuniones con agencias estadounidenses: “Son reuniones de coordinación de información, de inteligencia”, dijo la mandataria.

Harfuch acumula una agenda de seguridad con múltiples agencias de Estados Unidos

El vínculo de Omar García Harfuch con el gobierno de Estados Unidos se ha construido a lo largo de múltiples reuniones desde que asumió la SSPC en 2024. El 27 de febrero de 2025, integró la delegación mexicana que se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio.

El 7 de marzo de 2025, acudió a la sede central del FBI para reunirse con Kash Patel; la agencia describió el encuentro como un “hito histórico” tras la entrega de 29 presuntos criminales capturados en México y con cargos en aquel país.

El 31 de marzo de 2025, el secretario viajó nuevamente a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en medio de la tensión por los aranceles del 25% que Trump anunció para el 2 de abril de ese año.

El 18 de marzo de 2026 sostuvo una segunda reunión con el FBI, centrada en inteligencia y coordinación operativa, días después de su encuentro con Terry Cole.

Estados Unidos aumentó recompensas por USD 102 millones contra ocho líderes y asociados del CJNG, una medida que buscó facilitar su arresto o condena en cualquier país y golpear la estructura de mando de una organización a la que Washington ya había catalogado como terrorista y responsable del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

El paquete incluyó también restricciones de visa para 65 personas identificadas como familiares, socios personales o socios comerciales cercanos de individuos vinculados al cártel. De ese grupo, 26 visas vigentes fueron revocadas, y con esa acción el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones contra redes cercanas a narcotraficantes sancionados.

La decisión se enmarcó en el Programa de Recompensas por Narcóticos y en el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. La medida fue coordinada con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, HSI, el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Centro Nacional de Coordinación.

El gobierno estadounidense presentó el anuncio como una ofensiva directa contra el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales más violentas del hemisferio, según su propia definición. En su comunicación oficial, sostuvo que estas ofertas apoyaban a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley al intentar paralizar la cúpula de la organización.

Juan Carlos Valencia González quedó como el objetivo con la recompensa más alta

La suma más alta, de hasta USD 25 millones, recayó en Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El monto representó un aumento de hasta USD 5 millones frente a la cifra previa.

Otra de las alzas correspondió a Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, por quien se ofrecieron hasta USD 15 millones. En su caso también se trató de un incremento de hasta USD 5 millones.

A esa misma franja de USD 15 millones entraron Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Con esos montos, ambos quedaron entre los objetivos prioritarios dentro de la nueva lista.

La siguiente categoría fijó recompensas de hasta USD 10 millones para Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. El octavo nombre incluido fue Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrecieron hasta USD 2 millones.

Ese bloque respondió de forma directa a la pregunta central sobre quiénes integraron la nueva lista: Valencia González, Flores Silva, Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón, Rivera Varela y Arredondo Pinzón. La distribución de montos mostró una jerarquía interna, con una sola recompensa de USD 25 millones, tres de USD 15 millones, tres de USD 10 millones y una de USD 2 millones.

Washington ligó las medidas migratorias con la ofensiva penal contra el CJNG

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 personas por sus vínculos familiares, personales o comerciales con individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esa disposición se aplicó contra extranjeros involucrados en tráfico ilícito de drogas a escala mundial.

Del total de afectados, 26 contaban con visas vigentes y estas fueron revocadas. El dato amplió el alcance de la medida más allá de los operadores directos del cártel, pues alcanzó también a su círculo de apoyo.

La administración estadounidense informó que, desde que anunció esta política en junio de 2025, había revocado 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El mensaje político de la medida fue que los integrantes violentos de estas redes y sus facilitadores ya no podrían ingresar a Estados Unidos.

La ofensiva de recompensas se complementó con la divulgación de cargos penales contra cinco de los señalados: Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. Con ello, el anuncio no solo elevó el incentivo económico para obtener información, sino que se enlazó con una ruta judicial ya abierta contra parte de ese grupo.

Washington había designado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Bajo esa clasificación, el gobierno estadounidense sostuvo que el grupo envenenaba comunidades de su país por medio del trasiego de drogas sintéticas y tradicionales, en especial fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

• Estados Unidos ofreció hasta USD 102 millones por información que llevara al arresto o condena de ocho líderes y asociados del CJNG.
• La recompensa más alta, de USD 25 millones, fue para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder tras la muerte de “El Mencho”.
• También fueron restringidas 65 visas y revocadas 26 vigentes; el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones.

Incluyen a narcopolíticos

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, anunció este miércoles nuevas medidas para desmantelar al CJNG y sostuvo que la ofensiva incluye cargos penales, recompensas por más de USD 100 millones y arrestos, con el argumento de que esa organización mantiene el control del narcotráfico hacia territorio estadounidense mediante miedo, violencia y el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

En el mismo anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron que las investigaciones de la DEA ya derivaron en más de 100 acusaciones contra líderes y operadores asociados al cártel. También afirmaron que trabajan con socios internacionales para detener, extraditar y juzgar a los implicados en Estados Unidos.

Durante la conferencia en el Departamento de Justicia en Washington, Todd Blanche presentó las acciones acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios. La información se dio a conocer en un acto público del gobierno de Donald Trump centrado en la estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA coloca al nuevo liderazgo del CJNG como prioridad

Terri Cole, titular de la DEA, afirmó que el CJNG se convirtió en dos décadas en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Según la funcionaria, las indagatorias de la agencia documentaron el uso de violencia y corrupción en México, además de protección por parte de miembros del gobierno mexicano que habrían facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y ataques violentos.

Cole atribuyó al cártel la muerte de miles de estadounidenses por la producción y distribución de fentanilo. En su mensaje, dijo: “Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”.

La titular de la DEA aseguró que la ofensiva apenas comienza y que el objetivo es usar todas las herramientas disponibles del gobierno estadounidense. También dijo que las medidas buscan enviar un mensaje directo a los grupos criminales y a quienes los protegen desde espacios de poder.

Cole recordó que este año cayó El Mencho, identificado como líder del CJNG, pero sostuvo que su muerte no desarticuló a la organización. Afirmó que ese hecho mostró la capacidad de resistencia del cártel y que la estructura sigue activa como amenaza.

A partir de ese cambio, la funcionaria señaló que el nuevo objetivo prioritario de la agencia es Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho. Lo definió como la prioridad número uno de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos advierte a narcopolíticos y suma casos por fraude

En la misma conferencia, Cole lanzó una advertencia a traficantes y actores con protección política. Dijo: “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”.

Con esa declaración, la agencia colocó en el mismo frente a operadores del narcotráfico y a funcionarios que habrían protegido al CJNG. La acusación pública de Cole incluyó nombres específicos ligados a la estructura criminal y a hechos violentos atribuidos al grupo.

Por su parte, Kash Patel afirmó que la amenaza del narcotráfico no se limita a las dosis de fentanilo y otras sustancias que matan a ciudadanos estadounidenses. Añadió que Estados Unidos obtuvo resultados favorables para impedir que desde China lleguen a México precursores de drogas.

El director del FBI anunció además que tres personas pasaron a la categoría de las más buscadas del mundo por fraude, no por tráfico de drogas. Explicó que se trata de responsables del fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

El Tribunal Penal de Limón, en Costa Rica, aceptó las garantías enviadas por Washington y dejó a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, a un paso de ser extraditado a Nueva York. Estados Unidos aseguró que solo será juzgado por el delito pedido, sin cadena perpetua ni una pena superior a 50 años.

De acuerdo a la información de las autoridades, Estados Unidos no asumió un compromiso expreso de no solicitar la pena de muerte porque ese castigo no está previsto para el delito atribuido a Bell Fernández dentro de la legislación penal federal estadounidense. Y con el aval de la jueza del caso a esa documentación, el único paso operativo pendiente es coordinar el vuelo chárter que lo trasladará a Nueva York.

Cómo se coordinará el traslado a Nueva York

Aceptados los documentos, la Fiscalía de Costa Rica deberá coordinar la entrega con el Organismo de Investigación Judicial y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El envío de la documentación siguió una ruta institucional: la Embajada de Estados Unidos la remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de allí pasó a la Corte Suprema de Justicia y luego al Tribunal Penal de Limón, que debía decidir sobre su validez, según una publicación del medio Centroamérica360.

El medio informó que la documentación fue presentada a finales de la semana pasada para su evaluación. Además señaló que se espera que Bell Fernández sea trasladado en los próximos días en un vuelo chárter desde Costa Rica hacia Nueva York.

La solicitud de extradición había sido aprobada en junio por el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José. Ese tribunal revirtió la negativa inicial del Tribunal Penal de Limón, que había rechazado la entrega al considerar que la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por delitos de narcotráfico no podía aplicarse retroactivamente.

La acusación por narcotráfico en Nueva York

La orden de extradición fue presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 5 de noviembre de 2025, citó Infobae. De acuerdo con la acusación, Bell Fernández habría encabezado una organización transnacional dedicada al almacenamiento, distribución y exportación de grandes cargamentos de cocaína entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

Las pesquisas sostienen que el grupo utilizaba rutas marítimas para mover droga desde Sudamérica hacia Costa Rica y desde allí hacia Estados Unidos y Europa. Como parte de esa investigación, agentes encubiertos de la DEA mantuvieron reuniones con Bell Fernández en las que, según el expediente, negociaron precios, rutas y logística para el envío de estupefacientes.

Esos encuentros quedaron registrados en audios y videos incorporados al proceso judicial. Las autoridades estadounidenses también afirman que el costarricense facilitó una muestra controlada de cocaína para verificar la calidad del producto y luego acordó el envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York en agosto de 2023, sin saber que trataba con agentes infiltrados.

En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados. El organismo sostuvo que presuntamente utilizaba embarcaciones pesqueras para transportar cocaína y que participó en la consolidación de Costa Rica como punto de tránsito de droga hacia Norteamérica.

Qué dice la defensa sobre la extradición y la salud del procesado

El abogado defensor Manrique González confirmó a medios locales que ya fueron notificados de las promesas relativas a las eventuales condenas y que prácticamente se completaron todos los requisitos formales de la extradición. También dijo que su cliente afronta el proceso con serenidad y espera que las autoridades estadounidenses respeten el debido proceso para demostrar su inocencia.

González describió así su estado actual: “Él está bastante fuerte. Siempre es una persona súper fuerte, a pesar de que es una persona ya mayor y que tiene padecimientos crónicos y que su estado de salud se deterioró por las circunstancias del sistema penitenciario nacional”.

El defensor agregó que Bell Fernández comprende plenamente la situación jurídica que enfrenta y que está dispuesto a comparecer ante la justicia estadounidense. En Costa Rica, la Fiscalía suspendió temporalmente el único proceso penal que mantenía abierto, vinculado al caso PetroCoke por el presunto robo de combustible a los poliductos de Recope, lo que eliminó el principal obstáculo legal para su entrega.

Si el traslado se concreta, Bell Fernández se convertirá en el cuarto costarricense extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, después de Celso Gamboa, Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Johnny Angulo, conocido como “John Cadenas”. Centroamérica360 indicó además que el gobierno estadounidense tendría interés en pedir también la extradición de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene su capacidad operativa gracias a una estructura basada en violencia, corrupción y presuntas redes de protección dentro del gobierno mexicano que, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), facilitan actividades como el tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la organización criminal no perdió fuerza tras la muerte de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y aseguró que el grupo mantiene una amplia red que le permite continuar con sus operaciones.

“La muerte del Mencho no terminó con el CJNG. Esto resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, declaró el funcionario estadounidense durante una conferencia realizada este miércoles.

Cole sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción.

“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al CJNG y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”, afirmó el jefe de la DEA.

“El 03”, el nuevo objetivo de la DEA tras la caída de “El Mencho”

Durante su intervención, Terry Cole señaló que, con base en inteligencia de la DEA, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el control del CJNG después de la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes.

El funcionario estadounidense identificó a Valencia González como la nueva cabeza de la organización criminal y aseguró que actualmente es el principal objetivo de la agencia antidrogas.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó Cole.

El señalamiento ocurre luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incrementara a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Valencia González.

La administración estadounidense también anunció recompensas contra otros integrantes del CJNG, entre ellos Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En total, Washington ofreció recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del grupo criminal, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.

CJNG mantiene presión de Estados Unidos tras muerte de su fundador

Estados Unidos mantiene al CJNG como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al considerar que representa una amenaza por sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la organización cuenta con una estructura internacional que combina actividades ilícitas con mecanismos financieros y redes de apoyo para mantener sus operaciones.

Las nuevas acciones contra el CJNG incluyen también restricciones de visa contra familiares, socios personales y comerciales cercanos a integrantes del grupo sancionados por Washington.

De acuerdo con el Departamento de Estado, 65 personas fueron incluidas en estas medidas y 26 visas vigentes fueron revocadas como parte de la estrategia para limitar el movimiento de operadores vinculados con la organización criminal.

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), felicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la captura de Ramón Ángel N, alias El R1, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre de 2025.

Por medio de sus redes sociales, la DEA compartió el mensaje posteado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves, donde da a conocer la detención del sujeto, y puso el siguiente mensaje: “Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1,” #Administrador de la DEA Cole".

Detienen a R1

El pasado jueves, Omar García Harfuch dio a conocer, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

En su mensaje, Harfuch dijo que esta detención se dio después de meses de trabajo de inteligencia e investigación, en una operación entre la SSPC, que él encabeza, y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro de Inteligencia Nacional.

Harfuch dio a conocer que el R1 era identificado como el líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que fue liderado por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

““R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", señaló Harfuch.

Con la detención del R1, dio a conocer el funcionario, ya sumaban 31 detenidos por el “cobarde” homicidio de Manzo.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta @Claudiashein para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de justicia de Michoacan y la Secretaría de seguridad pública de Michoacan”, concluyó Harfuch.

¿Por qué asesinaron a Manzo?

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, Harfuch dio a conocer la razón por la que el grupo delictivo mencionado habría decidido terminar con la vida de Manzo.

De acuerdo con la versión oficial, dada a conocer por el funcionario, el asesinato se ordenó porque el grupo delictivo sintió que Manzo, de alguna manera, los estaba provocando.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana frente a medios de comunicación.

“Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

Dos agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sostuvieron una reunión privada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el presunto líder criminal capturado el pasado viernes en Sarapiquí, confirmó este martes el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

El encuentro se realizó durante la mañana del lunes en el Primer Circuito Judicial de San José, horas antes de que se desarrollara la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Arias Monge.

Según explicó Díaz, la propia DEA autorizó informar públicamente sobre la reunión, luego de que surgieran cuestionamientos por el traslado del detenido desde el centro penitenciario La Reforma desde las primeras horas de la mañana, pese a que la audiencia estaba prevista para la tarde.

De acuerdo con el jerarca del Ministerio Público, el objetivo principal de la conversación fue comunicarle a Arias Monge el interés de las autoridades estadounidenses de impulsar un eventual proceso de extradición por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional y conocer cuál sería su posición frente a ese escenario.

“La DEA me ha permitido comentarles a ustedes que lo que se suscitó el lunes en la mañana fue una conversación de alias ‘Diablo’ con dos oficiales de la DEA”, indicó Díaz.

El fiscal aclaró que el encuentro fue completamente privado y que ningún funcionario del Ministerio Público ni de otra institución costarricense participó en la conversación.

“No sé qué conversaron. Yo no estuve en esa reunión y no estuvo ningún funcionario del Ministerio Público. Solo los funcionarios de la DEA”, afirmó.

Díaz explicó que este tipo de diligencias forman parte de los procedimientos habituales cuando una persona detenida en Costa Rica es de interés para las autoridades estadounidenses por investigaciones de narcotráfico.

Aunque hasta el momento Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra Arias Monge, el acercamiento evidencia que las autoridades de ese país ya iniciaron gestiones relacionadas con el caso.

El fiscal recordó que la DEA siguió un procedimiento similar con el exmagistrado Celso Gamboa y con Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quienes posteriormente fueron requeridos por la justicia estadounidense para responder por presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Díaz sostuvo que la reunión también permite aclarar las dudas surgidas tras las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien cuestionó públicamente por qué el traslado de Arias Monge se efectuó desde las 7:00 a. m. si la audiencia judicial estaba programada varias horas después.

Según el fiscal, el desplazamiento obedeció precisamente a la necesidad de facilitar el encuentro solicitado por la DEA y no respondió a ninguna irregularidad en el procedimiento.

El jerarca también defendió la forma en que se ejecutó el traslado tanto de Arias Monge como de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al asegurar que se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos para privados de libertad considerados de alto riesgo.

Asimismo, rechazó las críticas que han surgido sobre la denominada Operación Némesis, el despliegue policial que permitió la captura de alias “Diablo” el pasado 24 de julio.

Díaz aseguró que el operativo fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), descartando que el éxito de la intervención fuera producto de la casualidad.

La captura de Arias Monge fue considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica en los últimos años. El presunto narcotraficante permanecía como uno de los hombres más buscados del país y sobre él pesaba una recompensa de 500,000 dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por ahora, el proceso de extradición aún no ha comenzado formalmente. El siguiente paso dependerá de que las autoridades estadounidenses presenten la solicitud oficial ante Costa Rica. Una vez recibida, corresponderá a los tribunales nacionales analizarla y resolverla conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente y al tratado bilateral de extradición entre ambos países.

El programa, organizado por la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA), busca fortalecer la cooperación internacional frente al tráfico ilícito de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas ilegales.

Durante la ceremonia de apertura, Greg Garza, director de ILEA San Salvador, subrayó que ningún país puede enfrentar en solitario el crimen organizado vinculado al desvío de precursores químicos.

“Tenemos que hacerlo juntos, unidos, para combatir este tipo de crimen”, expresó Garza durante la inauguración del curso. El directivo destacó la velocidad con la que evolucionan las amenazas y la importancia de espacios de formación e intercambio para actualizar estrategias y compartir experiencias.

El curso reúne a especialistas de los siete países mencionados, quienes durante una semana abordarán amenazas comunes, mecanismos de control fronterizo y metodologías de investigación criminal en torno a los precursores químicos.

“Los instructores aquí tienen mucha experiencia en estos temas y esperamos que puedan compartir algo con todos ustedes”, agregó Garza.

En representación del equipo de instructores de la DEA, Richard Harrison, manifestó su satisfacción por participar en la capacitación. “Me siento realmente honrado de estar aquí, al igual que mi equipo. Venimos varias veces al año, pero una de las mejores cosas es ver las contribuciones que podemos hacer al compartir nuestros conocimientos con ustedes”, afirmó Harrison.

El representante de la agencia estadounidense enfatizó el enfoque práctico del curso, orientado a fortalecer las capacidades de los investigadores y a fomentar el intercambio de experiencias entre los asistentes.

El evento marca una nueva etapa en la agenda formativa de ILEA San Salvador, centro reconocido por su trabajo en la capacitación de fuerzas de seguridad y operadores judiciales de América Latina. La academia, respaldada por la DEA y otras agencias internacionales, ha consolidado su papel en el desarrollo de competencias para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

En el transcurso de 2026, ILEA San Salvador también ha impartido el Curso Antipandillas Avanzado, dirigido a cuarenta delegados de distintos países de la región. El programa, impulsado por instructores de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, abordó técnicas de investigación, análisis de estructuras criminales y estrategias para combatir la violencia vinculada a pandillas.

El Curso Antipandillas Avanzado incluyó módulos prácticos y teóricos enfocados en la identificación de redes delictivas, la recopilación de pruebas y la cooperación internacional en materia de persecución penal. Los delegados participantes destacaron la utilidad de los conocimientos adquiridos para enfrentar desafíos comunes en sus países de origen.

La agenda académica de ILEA San Salvador se ha expandido a nivel internacional, posicionando a la institución como un referente en la formación de profesionales de la seguridad y la justicia de América Latina.

Los cursos impartidos por la academia, tanto en materia de precursores químicos como en el combate a las pandillas, reflejan la prioridad que otorgan los gobiernos de la región a la cooperación y la capacitación continua para enfrentar amenazas complejas y transnacionales.

“Esperemos que compartan los conocimientos de ustedes, las cosas que les afectan a ustedes”, resumió Greg Garza durante la inauguración. La expectativa, según los organizadores, es que los participantes no solo amplíen sus capacidades técnicas, sino que también establezcan redes de contacto para fortalecer la colaboración en futuras investigaciones.

La participación de la DEA y de organismos nacionales como la PNC, la FGR y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la organización de estos cursos evidencia el interés compartido por desarrollar estrategias integrales frente al crimen organizado. Los programas buscan dotar a los funcionarios de herramientas actualizadas y promover la coordinación regional, clave para enfrentar fenómenos que trascienden fronteras.

El acto de apertura concluyó con la declaración oficial de inauguración del curso de investigaciones de desvío de precursores químicos, que se desarrollará a lo largo de esta semana.

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, mexicana de 45 años e identificada como pareja de un líder de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos de violar deliberadamente las sanciones impuestas contra personas vinculadas con el narcotráfico, luego de canalizar 504 mil 497.48 dólares para pagar las colegiaturas de su hijo en la prestigiosa IMG Academy, en Florida.

La declaración de culpabilidad ocurrió este martes 28 de julio de 2026, de acuerdo con documentos judiciales. Amaral Arevalo admitió haber realizado operaciones con la institución educativa pese a que desde 2015 se encontraba incluida en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acusada habría firmado contratos con IMG Academy para inscribir a su hijo y gestionó los pagos de matrícula a través del sistema financiero estadounidense, conducta que las autoridades consideran una violación de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

Una sancionada por sus vínculos con Los Cuinis

La OFAC sancionó a Amaral Arevalo el 19 de agosto de 2015 por su presunta colaboración con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, organización señalada como estrechamente vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sanción le impedía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, según los documentos judiciales, la mujer continuó realizando operaciones relacionadas con la educación de su hijo.

Amaral Arevalo es exesposa y actualmente pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a ese país.

González Valencia, conocido como “Lalo” o “Silverio”, es hermano de Abigael González Valencia, fundador de Los Cuinis, y de José González Valencia, alias “La Chepa”. También es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG, por el matrimonio de este último con Rosalinda González Valencia.

Tras la detención de Abigael González Valencia en México, Gerardo González Valencia asumió el liderazgo de Los Cuinis, organización identificada por autoridades estadounidenses como una estructura financiera estrechamente ligada al CJNG.

IMG Academy ya había sido sancionada por la OFAC

El caso de Amaral Arevalo se relaciona con una investigación más amplia sobre las operaciones de IMG Academy. En febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la institución por realizar convenios de colegiatura con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Entre 2019 y 2025, la academia celebró acuerdos anuales con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel mexicano y procesó pagos relacionados con la educación de sus hijos. La OFAC identificó 89 aparentes violaciones a los programas de sanciones antinarcóticos.

La institución, ubicada en Bradenton, Florida, es reconocida como una de las principales academias deportivas privadas de Estados Unidos y ofrece programas de internado en disciplinas como tenis, futbol, golf, basquetbol y futbol americano, con colegiaturas anuales que pueden alcanzar entre 75 mil y 100 mil dólares.

La OFAC calificó el caso como no grave y no auto denunciado, aunque señaló una “desatención temeraria” de las obligaciones de cumplimiento por la falta de controles adecuados para verificar a los pagadores.

Tras un cambio de propiedad en 2023, la academia contrató a un nuevo director jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento basado en riesgos.

DEA acusa uso de escuela para mover recursos

El Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalaron que la declaración de culpabilidad demuestra la manera en que las organizaciones criminales pueden utilizar instituciones legítimas para mover recursos.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, acusó que Amaral Arevalo canalizó más de medio millón de dólares vinculados con actividades del narcotráfico para cubrir las colegiaturas de su hijo.

Por su parte, Terrance C. Cole, titular de la DEA, sostuvo que la acusada utilizó una escuela y centro de entrenamiento deportivo como vehículo para canalizar recursos relacionados con el CJNG.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso expone el alcance de las redes financieras de los cárteles y la forma en que sus operadores buscan utilizar instituciones y servicios dentro de Estados Unidos.

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia está programada para el 2 de diciembre de 2026.

La investigación está a cargo de la DEA, con apoyo de la OFAC, y forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para desmantelar cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes financieras vinculadas con actividades ilícitas.

Los letales ataques militares de la administración Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos, pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, y socavando los métodos de investigación tradicionales, según una evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas (DEA), una reunión informativa a puerta cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto en activo como retirados.

En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus métodos de transporte, más allá de las lanchas rápidas, y a evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a Sudamérica y Centroamérica no habían reducido la pureza de la droga.

Según la evaluación de la DEA, los narcotraficantes también están recurriendo más a las aeronaves, que despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen al este, a Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses.

“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro”, declaró un funcionario de la DEA a The Post. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la Operación Lanza del Sur estaba logrando “exactamente su objetivo: detectar, desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes que utilizan para traficar con narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

“Las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas durante décadas”, declaró Parnell a The Post. “Eso no significa que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos ejerciendo una presión sistémica sobre sus operaciones”.

La DEA no hizo comentarios. Un portavoz del senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, no respondió a la solicitud de comentarios.

Los hallazgos preliminares, dos meses después del inicio de los ataques en septiembre pasado, mostraron que estos habían interrumpido las rutas de contrabando, según informaron los analistas de la DEA, lo que provocó aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, los precios han vuelto a los niveles anteriores. “Los contrabandistas se han adaptado a la presión intensificada”, escribieron. “El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”.

En un ejemplo, alegan que los narcotraficantes en la península de La Guajira, en Colombia, pagan a funcionarios para que revelen la ubicación de los barcos estadounidenses y luego lanzan sus embarcaciones “una vez que los activos militares estadounidenses se han retirado de la zona”.

El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a la solicitud de comentarios.

Funcionarios del Pentágono informaron a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado que el análisis de la DEA de la cocaína confiscada mostró altos niveles de pureza, según un asesor del Congreso familiarizado con la reunión informativa. La alta pureza sugiere que el suministro se mantiene constante, dijo el funcionario de la DEA; los traficantes no necesitan diluir la droga para aumentar su inventario.

Los informes contradicen las declaraciones públicas del presidente Donald Trump. Trump ha dicho al menos 15 veces, incluso el mes pasado, que los ataques han reducido el narcotráfico marítimo hacia el país en un 97 o 98 por ciento. “¡El 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por océano o mar se han detenido!”, escribió en Truth Social en abril. Trump ha transformado la tradicional lucha antidrogas estadounidense en una campaña militar que fusiona los enfoques legales y estratégicos de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. En el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones, capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, asesinado al líder del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero, y atacado un presunto campamento de disidentes de las FARC en Ecuador.

Los ataques a embarcaciones han causado la muerte de al menos 221 personas desde septiembre. Analistas legales los han denunciado como ejecuciones extrajudiciales. Funcionarios del gobierno afirman que tienen como objetivo reducir el flujo de “veneno mortal” hacia el país.

La Casa Blanca defendió la estrategia.

“Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país, en caso de que corran la misma suerte”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado a The Washington Post. “El presidente Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para salvar vidas del flagelo de los narcóticos ilícitos, y cualquier insinuación de que estos esfuerzos no han sido efectivos es ridícula”.

La militarización estadounidense de la guerra contra las drogas, que dura décadas, ha comenzado a influir en Europa, donde una importante agencia de seguridad insta a las naciones a adoptar tácticas más agresivas.

Sin embargo, un alto funcionario de seguridad colombiano afirmó que los ataques a embarcaciones han tenido un impacto mínimo.

“Hubo un efecto disuasorio en un tipo de transporte”, dijo el funcionario. “Así que los ha obligado a buscar otros métodos. El tráfico de drogas a través de los puertos ha aumentado, almacenándolas en grandes buques”. El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Trump y otros funcionarios describieron inicialmente los ataques como parte de una guerra más amplia contra el fentanilo, la principal causa de muertes por drogas ilícitas en Estados Unidos, un tema que Trump convirtió en su principal campaña. Sin embargo, la mayor parte del fentanilo ingresa a Estados Unidos por tierra, no por mar. En las rutas marítimas objetivo de la Operación Lanza del Sur, la principal carga ilícita es la cocaína.

Cuando el ejército comenzó a destruir embarcaciones, el sheriff del condado de Monroe, Florida, Rick Ramsay, se mostró entusiasmado. Su jurisdicción incluye los Cayos de Florida, durante siglos refugio de contrabandistas.

“Esto es una guerra, y están trayendo muerte a Estados Unidos cada vez que logran que un barco llegue aquí”, dijo. “Cada barco que no llegue salvará vidas estadounidenses”.

Los “ataques cinéticos” no han detenido el flujo de cocaína en la zona, añadió. “Vemos drogas flotando cada semana”, dijo. “Flotando en las playas, detrás de las casas… La situación sigue empeorando”.

Aun así, afirmó que son un “mal necesario”.

“No te rindes solo porque estés perdiendo la batalla”.

El general de la Infantería de Marina, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. y oficial superior a cargo de la Operación Lanza del Sur, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en marzo que los ataques “probablemente no sean la herramienta más eficaz” y “no son la solución”.

“Pero al generar una fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega”, dijo, “creo que los ataques cinéticos serán una de las muchas herramientas”.

Sin embargo, según un funcionario de la DEA, los ataques han dificultado la investigación del narcotráfico. Los investigadores suelen depender de informantes de bajo nivel para obtener información sobre rutas y puntos de encuentro y así reunir pruebas contra los altos mandos y jefes. Según un funcionario, esas fuentes están siendo retiradas del terreno para protegerlas de posibles ataques estadounidenses.

Según los precios, es posible que ahora circule más cocaína en Estados Unidos. En Florida, la cocaína se vende entre 13.000 y 15.000 dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA, lo que representa una caída de aproximadamente el 50% en los últimos cinco años.

La producción mundial de cocaína, concentrada en Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, ha alcanzado un máximo histórico, informó el mes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-DG). Entre 2014 y 2024, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2026, la superficie cultivada de coca se triplicó, superando los 1.480 kilómetros cuadrados, y la producción ilícita de cocaína se cuadruplicó, llegando a las 4.100 toneladas.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete cinco o incluso diez veces mayores”, declaró un oficial de inteligencia naval ecuatoriano. “Saben que, si bien Estados Unidos puede destruir una lancha rápida, lograrán pasar diez semisumergibles —u otras lanchas rápidas que evaden la detección—”.

Xinming Du, economista de la Universidad Nacional de Singapur, informó en marzo que el auge de la cocaína en Colombia estaba vinculado a entre 1000 y 1500 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos.

Añadió que es poco probable que los ataques a embarcaciones disminuyan el suministro de cocaína en Estados Unidos.

“El cultivo de coca en origen en Colombia es el factor de suministro más directamente vinculado a las muertes por sobredosis [de cocaína] en Estados Unidos”, afirmó. “Con la producción en origen en niveles récord, el flujo total está impulsado principalmente por lo que se cultiva, más que por lo que se intercepta en tránsito”.

Derek Maltz, administrador interino de la DEA durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, ha pedido una mayor intervención militar para combatir el narcotráfico. Afirmó que los ataques envían un mensaje necesario al mundo.

“Estados Unidos está ahora mismo inmerso en una verdadera guerra contra las drogas”, declaró Maltz, quien se retiró de la DEA en mayo de 2025, al Washington Post. “Durante años hablamos de una guerra contra las drogas, pero no las combatimos como si fueran enemigos”.

“Estamos viendo incautaciones muy importantes de cocaína dentro de Estados Unidos”, dijo. “Hemos vuelto a ver incautaciones de cientos de libras de cocaína”.

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa deteniendo y abordando embarcaciones que sospecha que transportan drogas.

Como comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach, el teniente Matthew Ross es responsable de las operaciones en más de 4000 millas cuadradas de océano. En diciembre, el personal de la estación encontró 3715 libras de cocaína en una embarcación, la mayor incautación realizada por una estación de la Guardia Costera de embarcaciones pequeñas en 30 años, dijo Ross. Encontraron 1535 libras en otra en mayo, y 900 libras en una tercera ese mismo mes.

“Los contrabandistas han estado introduciendo contrabando en el sur de Florida durante 400 años”, dijo Ross. “No van a parar”.

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