Un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de cuatro hombres que transportaban un millonario cargamento de ketanol, un medicamento utilizado como insumo principal para la fabricación de drogas sintéticas como ketamina, “gato” y “tusi”. Las acciones policiales se desarrollaron en la madrugada de este 7 de mayo cerca del peaje de la Ruta 32, en la vía que conecta Limón y San José, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaba destinado inicialmente a San José y posteriormente sería trasladado a zonas costeras, especialmente Jacó, para su distribución en el mercado ilícito. Según el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el valor de las sustancias incautadas podría superar los ₡10 millones (21,897,40 dólares) en el mercado ilegal. Además del ketanol, las autoridades decomisaron marihuana, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y diversas joyas en poder de los detenidos. Los sujetos, identificados por sus apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, permanecen bajo investigación mientras se determina la estructura criminal responsable del traslado y procesamiento de estas sustancias.

La modalidad de tráfico de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes sintéticos representa una tendencia en aumento en Costa Rica, según las fuentes oficiales. El “tusi”, también conocido como “cocaína rosada”, y el “gato” o “keta” son drogas sintéticas cuya fabricación requiere compuestos como el ketanol, cuya circulación y uso están estrictamente regulados por la legislación nacional e internacional.

Contexto legal: cargos y penas aplicables en Costa Rica

El marco jurídico costarricense es claro respecto a los delitos vinculados con la producción, el tráfico y la distribución de drogas sintéticas o sus precursores. Tanto el Código Penal como la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas (Ley 8204) establecen sanciones severas para quienes, sin autorización legal, distribuyan, comercien, suministren, fabriquen, elaboren, refinen, transformen, extraigan, preparen, cultiven, produzcan, transporten, almacenen o vendan drogas, sustancias o productos relacionados, así como a quienes posean estos insumos con fines ilícitos.

En particular, el artículo 58 de la Ley 8204 dispone que la pena de prisión para estos delitos oscila entre ocho y quince años, aplicable tanto para el tráfico como para la fabricación, el transporte y el almacenamiento ilegal de sustancias controladas o precursores químicos. Esta normativa incluye, además, la posesión sin autorización de insumos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Las penas pueden agravarse en función de la cantidad de sustancia, la participación en organizaciones criminales o la reincidencia.

El Código Penal de Costa Rica también contempla en su artículo 50 y siguientes la imposición de penas principales y accesorias, como prisión, multa e inhabilitación, así como medidas complementarias como el decomiso de bienes y utilidades provenientes de actividades ilícitas. El límite máximo de prisión en el país es de cincuenta años, y en casos de concurso material de delitos, el juez puede acumular las penas hasta el triple de la mayor, sin exceder este tope.

Para la persecución penal de estos delitos no se requiere denuncia previa, ya que son considerados de acción pública. Además, la ley costarricense prohíbe cualquier tipo de comercio, industrialización, transporte o manipulación de estas sustancias fuera de los límites estrictamente autorizados para fines médicos o de investigación. El tráfico y la producción de drogas sintéticas, así como la tenencia de precursores con fines ilícitos, son tipificados como delitos graves, con penas privativas de libertad que reflejan la gravedad de la amenaza que representan para la salud pública y la seguridad nacional.

El caso de los cuatro detenidos con un cargamento de ketanol en Costa Rica pone en evidencia la sofisticación y alcance de las redes criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región. La legislación costarricense, a través de la Ley 8204 y el Código Penal, contempla penas de entre ocho y quince años de prisión para quienes sean encontrados culpables de estos delitos, con posibilidad de agravantes si se demuestra participación en estructuras organizadas o reincidencia. La investigación continúa mientras las autoridades buscan desmantelar la organización y evitar la proliferación de estupefacientes sintéticos en el país.

Una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) captó en grabaciones a dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia mientras pactaban envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en sociedad con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación revelada por Noticentro1, la operación detectó el involucramiento directo de uniformados en las transacciones y logística del narcotráfico internacional, lo que revela el alcance de la infiltración de redes criminales en las instituciones de seguridad y anticipa un proceso judicial sin precedentes en la cooperación entre ambos países.

La indagación comienza en julio de 2023, cuando el organismo norteamericano documentó la incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Amberes (Bélgica), tras el seguimiento minuto a minuto del envío ilegal desde Colombia, incluido el detalle de los contenedores y embarcaciones, según los documentos enviados a la justicia colombiana y citados por el noticiero nacional.

“Las autoridades del orden público llevaron a cabo vigilancia antes, durante y después de ambas reuniones entre sujeto indagado y testigo cooperante 1”, añadieron.

Este decomiso singulariza la magnitud operativa de las alianzas entre funcionarios y carteles, y constituye la base del proceso judicial en marcha, según explicó la DEA.

La investigación iniciada por la DEA halló que al menos dos oficiales, uno de ellos identificado como el mayor Andrés Osorio, formaban parte de la nómina tanto del Clan del Golfo como de Los Pachenca (también conocidos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Acsn).

“Estaba brindando servicios a algunas de las Organizaciones de Tráfico de Droga más grandes de Colombia, conocidas por importar cocaína a los Estados Unidos”, destacó la DEA.

De acuerdo con los documentos remitidos a tribunales colombianos, Osorio y otro uniformado utilizaban su posición para facilitar el paso de grandes cargamentos de droga, operando en favor de organizaciones criminales conocidas por enviar cocaína a Estados Unidos.

“Se comunicaba directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de droga y, para su beneficio financiero personal, usaba su posición de confianza pública y procesos legales en Colombia para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia en nombre de otras Organizaciones de Tráfico de Droga”, destacó la DEA en el informe.

Durante las conversaciones intervenidas por la DEA, Osorio expresó abiertamente su intención de expandir el alcance de la estructura delictiva. “Quiero hacer crecer la organización criminal y podemos llegar a ser imparables”, manifestó el alto oficial en las conversaciones reveladas por el medio citado.

De igual forma, la DEA indica que, durante las conversaciones grabadas, se coordinó el envío adicional de tres toneladas de cocaína desde Colombia, además del cargamento incautado en Bélgica.

“En una conversación grabada, sujeto indagado explicó que los propietarios de la cocaína querían que los oficiales corruptos facilitaran el despacho de tres toneladas de cocaína desde Colombia adicionales”, destacó la agencia estadounidense.

Los agentes demostraron con estas pruebas cómo los funcionarios aprovechaban su capacidad de controlar procesos administrativos y de seguridad portuaria para el beneficio económico personal y de las bandas.

Este testimonio, junto con las evidencias materiales, refuerza la hipótesis de que los oficiales aportaban al desarrollo logístico y estratégico del tráfico internacional.

Esta estructura ilegal también generó una fortuna para los implicados: sus bienes, valorados en miles de millones de pesos, están bajo evaluación de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano avaló la extradición de uno de los oficiales implicados en la red ilegal para que responda ante la justicia internacional por sus delitos.

Las diligencias se centran en identificar a quienes, además de Osorio, formaban parte de la red de complicidad interna, con el propósito de desarticular los canales de corrupción utilizados por los carteles para asegurar el tránsito de droga a destinos internacionales.

Las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía evidencian la colaboración sistemática entre agentes del orden y narcotraficantes para el envío de cargamentos a gran escala, el manejo de recursos financieros derivados del tráfico ilícito y la puesta en marcha de mecanismos para burlar los controles legales en los puertos de Colombia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, de haber colaborado con “Los Chapitos” en el secuestro y asesinato de Alexander Meza León, informante de la DEA, en octubre de 2023.

Según la acusación, el mando policial habría recibido sobornos mensuales y facilitado la operación que terminó con la ejecución de Meza y otras 7 víctimas, según la acusación difundida este 29 de abril.

La investigación oficial detalla que Valenzuela Millán habría recibido al menos 30 mil pesos de Los Chapitos cada mes a cambio de permitir que el grupo criminal utilizara recursos y agentes de la Policía Municipal para sus operaciones.

Más de 40 elementos de la corporación también recibieron pagos, según documentos judiciales. El caso se procesa en el Distrito Sur de Nueva York.

Esta nueva acusación reveló que el 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo las órdenes de Valenzuela Millán detuvieron a Meza León y a uno de sus familiares en Culiacán y los entregaron a sicarios de "Los Chapitos".

Cabe señalar que “Néstor Isidro Pérez Salas, alias ”El Nini" fue acusado por la muerte de Meza León cuando se encontró con la justicia estadounidense.

Según la información atribuida a la investigación de la DEA y el Departamento de Justicia, la represalia se debió a que Meza León colaboraba con autoridades estadounidenses en investigaciones sobre el tráfico de drogas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus asociados.

La comunicación entre los involucrados se realizó por medio de teléfonos celulares para coordinar los secuestros y asesinatos, indicaron autoridades de EEUU.

Hasta el momento no se han revelado fotos de “Juanito”, pero se sabe que es un hombre de 35 años.

La muerte de las 8 personas, incluido Alexander Meza

En octubre de 2023, un comando armado, presuntamente bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, privó de la libertad en Culiacán a las siguientes personas:

• Alexander Meza León
• Germán Alexis Beltrán Gutiérrez
• Jesús Alberto Chaidez Beltrán (de 13 años)
• Alberto León Mendoza
• Joel Alejandro León Valenzuela
• Alexis Alberto Meza León
• Abel Ruiz Beltrán
• Kevin Aly Sarmiento Zavala
• Tres personas más cuya identidad permanece reservada (sobrevivientes)

La mañana del 28 de octubre, tras un operativo federal que incluyó patrullajes aéreos y terrestres, los cuerpos de ocho víctimas fueron localizados en calles de Tamazula, Durango, con huellas de violencia.

Junto a los restos fue hallada una cartulina con el mensaje: “Por sapos”, lo que reforzó la versión de que el crimen fue un acto de venganza relacionado con la colaboración Alexander Meza con autoridades estadounidenses.

Sobornos y acceso a recursos municipales

El Departamento de Justicia sostiene que Juan Valenzuela Millán operó como enlace entre “Los Chapitos” y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024.

Durante ese tiempo, se señala que permitió el uso de patrullas, información y apoyo logístico oficial para operaciones del cártel, incluida la localización y captura de personas.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Juan Valenzuela Millán recibía un soborno mensual de 30 mil pesos.

La acusación indica que los pagos mensuales garantizaban acceso irrestricto a la estructura y recursos de la policía local.

Cargos en Nueva York y consecuencias legales

El proceso contra Valenzuela Millán se lleva en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

La acusación detalla el uso del correo, medios e instalaciones de comercio internacional para cometer los crímenes, lo que permitió que la corte estadounidense asumiera jurisdicción.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, Juan Valenzuela Millán enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad de los delitos imputados, incluido el asesinato del colaborador de la DEA.

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a un familiar de esta persona, en un caso donde autoridades de Estados Unidos acusan a funcionarios de alto rango, incluidos actuales líderes políticos de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de drogas hacia ese país.

Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de secuestro con resultado de muerte.

La acusación sostiene que Millán habría recibido pagos mensuales de más de USD mil 600 (más de 28 mil pesos) por parte de la célula de los Chapitos a cambio de garantizar protección y acceso a la corporación policial.

La justicia federal de Estados Unidos señala que en octubre de 2023, Millán habría usado sus atribuciones dentro de la policía para coordinar el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes fueron torturados y asesinados. El motivo habría sido la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

La acusación formal, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, implica a funcionarios activos y ex funcionarios sinaloenses. Entre los mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares y Enrique Díaz Vega, además de altos ex mandos policiacos como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos, principalmente hacia Estados Unidos.

El caso alcanza a funcionarios en activo y ex altos mandos de Sinaloa

El expediente criminal, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, es la continuación de una serie de cargos emitidos desde 2023. Las autoridades estadounidenses atribuyen al menos 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, entre ellos miembros de la dirección principal, por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y por haber afectado de manera directa las operaciones del cártel.

Según la acusación, algunos ex funcionarios habrían participado de modo directo en hechos de violencia y represalias ordenadas por la organización criminal. En el caso de Millán, además de operar desde la policía municipal, habría utilizado a otros agentes como parte de la estructura de apoyo al narco, realizando arrestos, secuestros y asesinatos para mantener el control territorial en Culiacán bajo la tutela de los Chapitos.

Acusaciones por narcotráfico, armas y violencia en Culiacán

Los cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, así como secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer este delito. En Estados Unidos, los delitos que se le imputan conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las pruebas presentadas por el Distrito Sur de Nueva York sostienen que el pago mensual a Millán, entregado por la facción de los Chapitos, era a cambio de garantizar un acceso “ilimitado” a la corporación policiaca de Culiacán. Esta complicidad habría facilitado labores de vigilancia, protección de cargamentos, así como operaciones de represión violenta contra presuntos informantes o rivales del cártel.

Por otra parte, la inclusión de funcionarios civiles, como el actual gobernador y miembros recientes de la administración del estado, coloca a la estructura del gobierno de Sinaloa bajo un intenso escrutinio internacional en materia de infiltración por el narco. Las autoridades estadounidenses acusan que la colaboración de estos funcionarios permitió sostener el tráfico internacional de drogas a gran escala y dificultó los esfuerzos de persecución de las agencias norteamericanas.

Estado de la acusación y alcances judiciales

El caso permanece bajo jurisdicción de la corte federal en Nueva York, donde se suma a una cadena de investigaciones que buscan desarticular las redes de connivencia entre autoridades mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Desde 2023, la fiscalía de dicho distrito ha presentado más de una treintena de acusaciones formales similares, dirigidas a desmantelar la protección institucional del narcotráfico sinaloense.

Las autoridades estadounidenses, representadas por Jay Clayton como fiscal federal y Terrance C. Cole de la DEA, insisten en que el involucramiento de altos mandos policiacos y gubernamentales representa uno de los principales obstáculos en el combate binacional al tráfico de drogas y a la violencia derivada de las pugnas internas por el control de la plaza en Sinaloa.

Según el expediente judicial, la pena de cadena perpetua es obligatoria en caso de una sentencia condenatoria para Juan Valenzuela Millán.

• Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la DEA y a un familiar en represalia por colaborar con autoridades estadounidenses.
• Las acusaciones incluyen a funcionarios activos y ex funcionarios estatales, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
• El expediente presentado en Nueva York contempla más de 30 acusaciones similares contra miembros y aliados del cartel desde 2023.

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua durante un operativo que el gobierno federal desconocía ha generado una polémica sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que la intervención fue con la autorización de la gobernadora panista María Eugenia Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. Hecho que representa una violación a la soberanía, según la mandataria federal.

En medio de este clima político, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló, desde su cuenta oficial en ‘X’ que el Movimiento de Regeneración (Morena) rechaza la cooperación con el gobierno que encabeza Donald Trump a través de “un falso escudo de nacionalismo y la supuesta defensa de la soberanía; los Morenonarcos se alejan de Estados Unidos. No por dignidad, ni patriotismo, sino por miedo”.

Motivos ocultos para que Morena rechace la cooperación con EEUU en materia de seguridad

De acuerdo con el líder del tricolor, el rechazo que tienen los militantes de Morena (partido con el que Sheinbaum llegó a la presidencia) para trabajar conjuntamente con las agencias de inteligencia norteamericanas como la CIA, la DEA y el FBI se debe a que temen ser investigados por sus vínculos con el narcotráfico.

“Saben que, tarde o temprano, la investigación tocará a sus puertas. Están muertos de miedo todos los narcopolíticos de Morena”, señaló Alejandro Moreno.

El senador lanzó una advertencia a los políticos que militan en el partido guinda: “Pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado”.

De acuerdo con el priista, Morena se niega a cooperar con Estados Unidos “no porque amen a México, sino porque temen a la justicia”, y esto, según Moreno Cárdenas, representa un gobierno que le teme “más a la verdad que al crimen”.

Políticos señalados por presuntos nexos con el narcográfico

En agosto de 2025, Infobae México reportó que el nombre de once funcionarios públicos revelados por la plataforma narcopoliticos.com, creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas junto con la organización civil Defensorxs, donde se acusa a estos políticos de estar presuntamente vinculados con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre ellos, se mencionó a:

Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en el portal por presuntamente haber trabajado primero con Los Zetas (hoy Cártel del Noreste) y, tras una supuesta traición, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La plataforma asegura que en enero de 2015 la entonces PGR presentó una acusación por el desvío de $209 millones durante la gestión de Gallardo como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El medio Diario 24 Horas señala que la investigación original habría abarcado una red de vínculos entre Gallardo y Los Zetas, hipótesis retomada más tarde por la UIF al analizar posibles transferencias de recursos hacia la organización criminal. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada judicialmente.

Entre la documentación figuraron referencias aportadas por los Guacamaya Leaks para el periodo 2016-2022. Allí, la Secretaría de la Defensa Nacional notificó sobre la supuesta relación de Gallardo con el CJNG. Al mismo tiempo, el Cártel del Noreste ha colocado narcomantas en las que advierte al gobernador por la presunta traición.

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán y militante de Movimiento Ciudadano, figura en la lista por supuestos nexos con el CJNG. Según narcopoliticos.com, en diciembre de 2024 la funcionaria encabezó el aniversario 193 del municipio, evento durante el cual se repartieron juguetes donados por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La entrega fue acompañada de una lona donde podía leerse: “Los niños de Coalcomán agradecemos al sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos”. El fiscal de Michoacán informó el 15 de enero que Anavel Ávila Castrejón está bajo investigación por participar en estos actos públicos.

Entre los gobernadores señalados está también Rubén Rocha Moya, titular del ejecutivo en Sinaloa por Morena. La plataforma, citada por Infobae México, alega que Rocha Moya tiene una “ficha roja” en Estados Unidos relacionada con El Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Esta ficha estaría motivada por la supuesta relación del gobernador con ese grupo tras la muerte de Héctor Melesio Cuén en julio de 2024, ocurrida durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo líder del cártel.

El sitio sostiene que Rocha Moya habría utilizado la estructura del Cártel de Sinaloa para lograr la gubernatura y consolidar su votación. Una carta atribuida a Zambada señala que se había convocado a una reunión para dirimir diferencias entre figuras políticas sinaloenses, reunión a la que estarían citados Iván Archivaldo Guzmán, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desde una torre de 21 pisos en Ciudad Juárez opera la Plataforma Centinela, un sistema que, según las autoridades, concentra 10 mil cámaras, 75 drones, lectores de placas y reconocimiento facial para vigilar ciudades, carreteras y cruces fronterizos en tiempo real.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación entre México y Estados Unidos. A semana de que trascendiera que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua —en una operación que el gobierno federal desconocía—, Chihuahua presenta una plataforma cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP coordinando operativos en la franja fronteriza.

La infraestructura, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, se posiciona, según sus impulsores, como la torre de seguridad más equipada de América Latina.

Tres pisos, tres niveles de respuesta

La Torre Centinela no es solo una sala de monitoreo. Su arquitectura operativa revela cómo funciona la cadena de mando:

• Piso 16: personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) monitorea en tiempo real las miles de cámaras distribuidas en el estado.
• Piso 17: el equipo de inteligencia policiaca revisa imágenes hacia atrás para reconstruir hechos delictivos.
• Piso 18: cuando un caso tiene implicaciones federales o binacionales, se activa la coordinación con FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP y DEA, todos con presencia física en ese nivel.

La lógica es escalar la información según su complejidad, no duplicarla.

Qué puede ver y rastrear el sistema

Las 3 mil cámaras tipo PTZ —que rotan, hacen zoom y amplían su campo de visión de forma remota— permiten a los agentes obtener imágenes claras antes de intervenir en un sitio. Las mil 791 lectoras de placas registran cada vehículo que cruza zonas estratégicas y carreteras.

Con un número de placa, el sistema rastrea en segundos cuándo y por dónde pasó un vehículo, quién lo conduce y qué ruta siguió. Incluso detecta matrículas sobrepuestas: si la placa no corresponde con el número de serie del vehículo, el sistema lanza una alerta automática.

A eso se suman 75 drones para zonas de difícil acceso y sistemas antidrones para neutralizar aeronaves usadas por grupos criminales, obligándolas a aterrizar o regresar a su punto de origen.

Los “escorpiones”: centros de mando sobre ruedas

Uno de los elementos menos conocidos de la plataforma son las unidades llamadas escorpiones: vehículos que funcionan como centros de mando móviles con videovigilancia, lectores de placas y reconocimiento facial incorporados. Operan con paneles solares o generadores, sin necesidad de personal permanente en el sitio.

Fueron desplegados, por ejemplo, en Cerocahui, localidad de la Sierra Tarahumara sin redes de comunicación, tras el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022.

13 subcentros y la red que cubre el estado

La Torre Centinela no opera sola. Se alimenta de 13 subcentros distribuidos estratégicamente en Chihuahua, desde la franja fronteriza hasta la sierra. Actualmente 11 están en operación y cada uno extiende su cobertura a municipios colindantes, reduciendo tiempos de respuesta y cerrando los puntos ciegos del territorio.

El objetivo declarado por Gilberto Loya, secretario de la SSPE, es que ningún punto del estado quede fuera del alcance de esta red.

Una operación conjunta entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió la detención de cinco integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales en la provincia de Limón, Costa Rica.

Los arrestos tuvieron lugar tras un año de investigación, centrada en la comunidad de Cahuita, donde los agentes realizaron ocho allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al grupo, incluyendo un hotel, un bar, una empresa de prefabricados de concreto y varias viviendas, según medios costarricenses como Diario Extra, AM Prensa y La Teja.

De acuerdo con la información oficial, la estructura criminal utilizaba negocios formales y bienes de alto valor para legitimar el dinero proveniente del narcotráfico. Entre las principales estrategias detectadas por las autoridades figura la adquisición de vehículos de lujo y la inversión en empresas y hospedajes, que servían como fachadas para canalizar y ocultar el origen ilícito de sus recursos. El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó ante medios de Costa Rica que estos esquemas responden a patrones típicos de legitimación de capitales, donde los sospechosos buscan introducir recursos ilegales en la economía formal mediante compras e inversiones.

La operación, según los medios costarricenses, resultó en la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes según las investigaciones mantenían el control de la venta local de drogas a través de varios puntos de distribución. Entre los detenidos se encuentra Carlos Vaz Mc Leod, empresario de 46 años, señalado como presunto líder de la organización y conocido por sus vínculos con alias “Pecho de Rata”. Vaz fue arrestado en Cahuita el martes 21 de abril y permanece bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

Las pesquisas revelaron que esta banda operaba inicialmente como una facción del llamado “Cártel Caribe”, liderado por “Pecho de Rata”, y posteriormente se independizó tras la captura de ese cabecilla. El grupo utilizaba la fachada de empresas comerciales para facilitar el funcionamiento de la organización, permitiendo el control de los puntos de venta de droga en la zona y desviando la atención de las autoridades sobre el origen del dinero.

Entre la evidencia decomisada durante los allanamientos figuran armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, drogas y documentación relevante para la investigación. Los agentes continúan el rastreo y aseguramiento de bienes que podrían estar relacionados con las actividades ilícitas de la organización, según los medios de Costa Rica.

El caso sigue en investigación y las autoridades no descartan futuras detenciones, ya que se mantienen en curso diligencias para ubicar a otros sospechosos vinculados con la estructura criminal. Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como objetivo debilitar las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico y la legitimación de capitales, al afectar los mecanismos que utilizan para ocultar y reinvertir el dinero generado por estas actividades.

La investigación también permitió identificar que el líder detenido, Carlos Vaz, figuró en el pasado como fiscal de un partido político limonense, el Partido Auténtico Limonense, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, reportes oficiales señalan su presencia en incidentes violentos ocurridos en la región en años anteriores.

Tanto el operativo como la investigación han sido coordinados por el Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ y autoridades internacionales, quienes han destacado la importancia de frenar el flujo de recursos ilícitos para combatir el narcotráfico y sus redes de lavado de dinero.

La designación de 23 individuos y empresas por parte de las autoridades de Estados Unidos reveló este jueves una sofisticada red de tráfico de precursores químicos, cruciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.

Entre las personas arrestadas destaca el caso de Karina Guadalupe C.T, señalada por la DEA como una de las líderes femeninas más influyentes en la logística de precursores del Cártel de Sinaloa. Su detención en marzo de 2026, tras meses de seguimiento, expone la creciente relevancia de mujeres en posiciones clave dentro de la estructura criminal.

Karina C.T y su liderazgo en la logística del CDS

El papel de Carrillo Torres ha sido descrito como estratégico: supervisaba cadenas de suministro, gestionaba empresas fachada y facilitaba la compra internacional de químicos procedentes principalmente de Asia. De acuerdo con fuentes oficiales, la detenida mantenía vínculos directos con integrantes de alto rango del cártel, actuando como nexo entre proveedores extranjeros y laboratorios mexicanos.

A raíz de los hechos, la presencia femenina en la operación logística del narcotráfico químico no es un hecho aislado. Las mujeres han pasado de ocupar roles tradicionalmente secundarios a ocupar posiciones de liderazgo en áreas de administración, transporte y lavado de activos. Este cambio responde, en parte, a la necesidad de sofisticar las operaciones y reducir la visibilidad ante las autoridades.

El Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como la organización criminal transnacional más grande del mundo, ha diversificado su estructura interna para adaptarse a la presión internacional. La red abarca más de 40 países y emplea a decenas de miles de personas, con una capacidad operativa que va desde la producción de fentanilo y metanfetamina hasta la distribución global y el blanqueo de capitales.

Tras la detención de líderes históricos como Ismael “El Mayo” Zambada-García y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cártel ha experimentado una fragmentación en facciones como “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Este contexto ha favorecido la emergencia de nuevos actores, incluidas mujeres, en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Empresas fachada y redes internacionales: la sofisticación logística

El arresto de Carrillo Torres ilustra cómo las mujeres han accedido a la gestión de empresas pantalla, clave para ocultar movimientos financieros y adquisición de insumos prohibidos. Expertos señalan que su perfil combina discreción, capacidad de negociación y una red de contactos internacionales, lo que les permite evadir controles y sostener el flujo de precursores esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han detectado la utilización de negocios fachada para el tránsito de productos químicos, frecuentemente camuflados en cargamentos legales. La participación femenina en la administración de estas empresas ha contribuido a diversificar los métodos de ocultamiento y a fortalecer la resiliencia de la red criminal.

El Cártel de Sinaloa ha perfeccionado sus canales de importación de precursores, principalmente desde China e India, para abastecer laboratorios en el norte y occidente de México. La logística involucra múltiples capas de intermediarios, transportistas y operadores financieros, entre los que cada vez es más frecuente la presencia de mujeres con formación en comercio internacional y finanzas.

Esta sofisticación ha permitido al cártel mantener la producción a pesar de los esfuerzos internacionales para restringir el acceso a químicos esenciales. La reducción de la pureza del fentanilo detectada en los últimos años estaría relacionada con estas restricciones, aunque la organización ha logrado compensar esas limitaciones mediante innovación química y nuevas rutas de suministro.

En el caso de las mujeres líderes, como Carrillo Torres, su papel no se limita a la importación de insumos. También coordinan la distribución interna y la reconversión de empresas, lo que facilita el reciclaje de ganancias ilícitas en el sistema financiero legal. Esta capacidad de adaptación ha sido reconocida por autoridades estadounidenses como uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico.

Desafíos para la DEA y el futuro del liderazgo femenino del CDS

El Cártel de Sinaloa ha expandido su alcance más allá de las fronteras mexicanas, consolidando alianzas con redes criminales globales y utilizando mecanismos avanzados de lavado de dinero. El empleo de criptomonedas, bancos subterráneos y empresas fachada ha complicado la trazabilidad de los flujos financieros, una tarea en la que la intervención femenina ha resultado determinante.

Según la DEA, el impacto del cártel en Estados Unidos es devastador: la organización es responsable directa de buena parte de las más de 84 mil muertes por sobredosis registradas en 2024, principalmente a causa de fentanilo y metanfetamina. El uso de redes sociales y mensajería instantánea ha facilitado la distribución y el reclutamiento de nuevos integrantes, incluso adolescentes.

El avance de mujeres en la estructura logística del narcotráfico responde, según los hechos, a una combinación de factores: la necesidad de diversificar perfiles, el aumento de controles sobre operadores masculinos y la percepción de menor sospecha por parte de autoridades. Esta tendencia ha generado una nueva dinámica interna y ha obligado a las agencias antidrogas a replantear sus estrategias de investigación.

La detención de las 23 personas, con la inclusión de figuras femeninas en puestos clave, evidencia la evolución del Cártel de Sinaloa hacia una estructura más compleja y menos predecible. Las investigaciones continúan, y las autoridades esperan que estos arrestos permitan desmantelar nuevas células y revelar la profundidad de la participación femenina en el tráfico de precursores.

El nuevo rol de las “buchonas” en la estructura criminal

En los últimos años, el término “buchona” ha pasado de referirse únicamente a las parejas de narcotraficantes, a designar a mujeres con roles cada vez más activos dentro de las organizaciones criminales mexicanas. Según la tesis de Alejandra León para El Colegio de la Frontera Norte, estas mujeres moldean su imagen para encajar con los estereotipos de la narcocultura, pero su función va mucho más allá de la apariencia.

El especialista en seguridad Ghaleb Krame sostiene que el papel de las buchonas ha evolucionado: ya no se limita al acompañamiento, sino que abarca tareas operativas como mensajería financiera, intermediación y exploración para las células criminales. Krame describe casos en los que estas mujeres viajan con pasaportes limpios, hablan inglés y pasan desapercibidas, convirtiéndose en piezas clave para la logística y la negociación.

Para Krame, la imagen mediática de la buchona como “la novia del narco” es solo la superficie. Las organizaciones criminales valoran su capacidad de operar con bajo perfil y de utilizar lo que el experto llama “poder blando”. Una mujer con visa limpia y disciplina puede resultar más útil que un grupo de hombres armados, facilitando operaciones sensibles sin levantar sospechas.

El fenómeno incluso ha llegado a la política, con buchonas participando en campañas locales o aspirando a cargos públicos. Este cruce entre lo criminal y lo político fortalece una red narco-estado donde el respaldo económico y la intimidación silenciosa consolidan su influencia. La estética y el poder ya forman parte del mismo engranaje, donde la mujer no es solo acompañante, sino un nodo esencial para el funcionamiento del cartel.

El caso de Karina Guadalupe C.T se perfila como un punto de referencia en el análisis de género dentro del crimen organizado. Su arresto, lejos de ser un hecho aislado, anticipa el surgimiento de nuevas liderazgos femeninos en la logística criminal, una tendencia que podría reconfigurar el mapa del narcotráfico en los próximos años.

Un piso completo del edificio de seguridad más moderno de Chihuahua estaría destinado a operar como búnker permanente de agentes extranjeros. El nivel 18 de la Torre Centinela —sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Ciudad Juárez— habría sido asignado a personal de la DEA, FBI, HSI y CBP, de acuerdo con declaraciones del director de la corporación policiaca estatal, Gilberto Loya Chávez.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación México-Estados Unidos: apenas días después de que se revelara que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua, en una operación que el gobierno federal asegura desconocía.

Qué harían las agencias de EU desde la Torre Centinela

Según Loya Chávez, la presencia estadounidense en el edificio se limitaría a tareas de análisis e intercambio de inteligencia:

• Analistas y personal técnico de DEA, FBI, HSI y CBP operarían desde el piso 18
• El esquema también contemplaría la participación de Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional
• El acuerdo habría sido gestionado desde octubre pasado
• Las agencias no realizarían trabajo policiaco en campo, según las autoridades estatales

“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, declaró el funcionario.

El edificio que ya operaría —y lo que aún faltaría autorizar

La Torre Centinela habría arrancado operaciones el lunes pasado con 150 trabajadores distribuidos en los pisos 13, 14 y 15, dedicados a inteligencia, análisis táctico y videovigilancia, según el vocero de la dependencia, Jorge Armendáriz.

El centro de fusión concentraría tecnología de punta para investigar:

• Tráfico de migrantes y armas
• Narcotráfico
• Delincuencia organizada

Sin embargo, el propio director Loya reconoció que los procesos formales aún no habrían concluido: “en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”, dijo.

El nudo legal: soberanía y líneas que no deben cruzarse

La declaración del funcionario chihuahuense expone una tensión que ya tiene nombre propio en el debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con una agencia extranjera —en referencia al episodio de la CIA— sin notificar a la Cancillería, en posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.

Esa misma ley sería la que el estado de Chihuahua deberá cumplir para formalizar la presencia de las agencias en la Torre Centinela. Por ahora, las autoridades estatales aseguran que la colaboración en curso sería suficiente bajo sus facultades locales —una interpretación que, a la luz del conflicto diplomático reciente, el gobierno federal podría no compartir.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un toque de queda nocturno en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en otras provincias y localidades estratégicas, a partir del 3 de mayo.

La restricción, que busca contener el avance del narcotráfico y reducir la violencia, estará vigente hasta el 18 de mayo y limitará la circulación desde las 23:00 hasta las 5:00.

La medida, que abarca nueve provincias y varios municipios, se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero y recientemente prorrogado para hacer frente al aumento de la criminalidad.

Noboa subrayó que la decisión responde a la necesidad de “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia estatal en los territorios priorizados”.

El gobierno aspira a replicar los resultados de operativos anteriores, que incluyeron detenciones, decomisos de armas y la destrucción de pistas clandestinas usadas por organizaciones criminales.

El toque de queda afectará a Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de zonas específicas en Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

La prohibición de circulación nocturna se suma a la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo coordinado con fuerzas de seguridad para intensificar los controles.

Las autoridades justificaron la orden al señalar que Ecuador es actualmente un punto clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, ya que por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.

Esta situación ha alimentado una escalada de violencia que posicionó al país con uno de los índices de homicidios más altos de la región: en 2025 se registraron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 9.300 homicidios el año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado su respaldo a la política de mano dura implementada por Noboa. Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas. Según la embajada estadounidense, se analizaron estrategias para profundizar la colaboración bilateral ante el avance de las redes criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró a Ecuador en “conflicto armado interno”, una figura legal que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Bajo este esquema, el gobierno ha endurecido las acciones contra las bandas, a las que califica de “terroristas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de abusos y excesos en los procedimientos policiales y militares.

Cambios en los ministerios de Salud y Energía

Junto con las nuevas medidas de seguridad, el presidente Noboa anunció ajustes en su gabinete. Jaime Bernabé Erazo fue designado como nuevo titular del Ministerio de Salud, asumiendo el cargo de manera inmediata.

En el área energética, se prevé el nombramiento de una nueva autoridad a partir del 30 de abril, con el objetivo de fortalecer la red nacional y garantizar el suministro en medio de la crisis.

Durante este período, el gobierno implementará acciones para estabilizar la infraestructura y asegurar el acceso a servicios básicos en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso un alivio temporal en las tarifas eléctricas para las familias impactadas por la tormenta solar, con un subsidio de hasta 180 kWh por hogar. La administración busca así responder tanto a la emergencia de seguridad como a los desafíos en materia de servicios públicos.

(Con información de Reuters y AFP)

El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, visitó el sábado Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y los principales responsables de seguridad del país, en una jornada que subrayó el peso de la alianza bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los encuentros tuvieron lugar en Guayaquil, la mayor ciudad del país y epicentro de la violencia criminal que azota al Ecuador desde hace tres años.

La Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó la visita y precisó que Cole también se reunió con el ministro del Interior, John Reimberg, y con altos mandos de las cúpulas militar y policial. En los encuentros se analizaron estrategias para profundizar la cooperación antidrogas y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Noboa señaló en sus redes que ambos países “suman esfuerzos” para enfrentar esas amenazas.

La visita se produce en el momento de mayor intensidad de la relación de seguridad entre Quito y Washington en al menos tres décadas. Desde diciembre de 2025, personal de la Fuerza Aérea estadounidense opera de forma temporal en la base de Manta, bajo el amparo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y otros acuerdos suscritos durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en 2024. En marzo de 2026, el Comando Sur difundió imágenes de una operación conjunta nocturna contra instalaciones del grupo delictivo Comandos de la Frontera. A esa presencia se suma el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de unidades locales.

Ecuador llegó a ese punto de estrecha colaboración tras convertirse en escenario de una crisis de violencia sin parangón. El país cerró 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, según el organismo de monitoreo ACLED. El total de asesinatos superó los 9.200, frente a los 7.063 de 2024 y los 8.248 de 2023. Nueve de cada diez casos guardan relación con la violencia criminal, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentró casi la mitad de los homicidios.

La escalada tiene raíces estructurales. Ecuador pasó en la última década de ser un país de tránsito para la cocaína andina a convertirse en un nodo logístico del narcotráfico global, con bandas como Los Choneros y Los Lobos disputándose el control de puertos y rutas de exportación. La captura en 2025 de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, no contuvo la violencia: según ACLED, aceleró la fragmentación de los grupos y desató nuevos enfrentamientos, sobre todo en la provincia de Manabí.

La respuesta de Noboa pivotó sobre la militarización. En enero de 2024 declaró un conflicto armado interno y desplegó el Ejército en calles y cárceles. En noviembre de 2025 buscó autorización ciudadana, mediante referéndum, para instalar bases militares extranjeras permanentes, pero cerca del 60% de los votantes la rechazó. El gobierno optó entonces por intensificar la cooperación bajo los marcos legales vigentes, que permiten presencia temporal sin necesidad de reformar la Constitución.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado sitúa a Ecuador en el cuarto puesto mundial de su índice de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10. Para Washington, el país andino es hoy su principal socio antidrogas en la región, papel que Noboa ha cultivado como eje de su política de seguridad y que la administración Trump ha correspondido con una escalada operativa en el Pacífico sur que no tiene precedente desde el cierre de Manta hace dieciséis años.

En lo que representa un giro histórico en las políticas de seguridad nacional y cooperación internacional, Costa Rica ha comenzado a recibir un despliegue permanente de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente del país, busca blindar las fronteras y el territorio costarricense ante el avance sostenido de las estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la región.

El contingente estadounidense, compuesto por una robusta planilla de investigadores de campo, especialistas técnicos y personal administrativo, no operará de forma aislada. Según confirmó Claire Thomas, encargada de prensa de la Embajada de EE.UU, los funcionarios se han establecido en las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José.

Desde ese centro neurálgico, se coordinarán acciones de inteligencia y operativos tácticos de última generación, utilizando tecnología de punta para la detección y neutralización de cargamentos de droga y redes de lavado de dinero.

Este movimiento no es casualidad. Responde a la implementación del programa regional “Escudo de las Américas”, una estrategia diseñada por Washington para fortalecer las capacidades de respuesta de sus aliados estratégicos en el continente.

En el caso del país tico ha pasado de ser una zona de tránsito a un punto crítico de almacenamiento y logística para los carteles, lo que ha disparado las tasas de criminalidad interna y ha convertido la seguridad en la principal preocupación de la ciudadanía.

La importancia de este apoyo para la seguridad y soberanía de Costa Rica

La llegada de estos especialistas técnicos y operativos marca un hito por varias razones fundamentales. En primer lugar, la transferencia de capacidades tecnológicas. El acceso a herramientas de interceptación, análisis de datos masivos (Big Data) y vigilancia satelital que aporta el gobierno estadounidense permite a las autoridades costarricenses nivelar la cancha frente a organizaciones criminales que cuentan con presupuestos multimillonarios y armamento de guerra.

En segundo lugar, este despliegue cobra una relevancia jurídica crucial gracias al tratado de extradición actualizado entre Costa Rica y Estados Unidos en 2025. La presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI en San José facilita la construcción de expedientes judiciales sólidos que pueden ser procesados en cortes estadounidenses.

Esto envía un mensaje contundente a los líderes del narcotráfico: la impunidad se reduce drásticamente cuando las investigaciones conjuntas pueden derivar en sentencias fuera de las fronteras nacionales, donde el poder de corrupción de las bandas criminales es nulo.

Al integrar bases de datos de inteligencia regional, el país puede anticipar movimientos de embarcaciones en el Pacífico o aeronaves sospechosas antes de que ingresen a aguas jurisdiccionales.

Finalmente, este apoyo robustece la confianza institucional. En un contexto donde el narcotráfico intenta infiltrar las estructuras estatales, la colaboración estrecha con agencias internacionales bajo estrictos protocolos de confianza ayuda a depurar y fortalecer los cuerpos policiales locales. El despliegue en Pavas no solo simboliza una alianza militar o policial, sino un compromiso político de largo plazo para recuperar la paz social en Costa Rica.

A medida que el personal operativo comienza sus funciones, el país entra en una nueva fase de su lucha contra el crimen organizado, donde la tecnología de última generación y la cooperación judicial serán las armas principales para desarticular las redes que amenazan la estabilidad democrática de la nación.

Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la división cono sur de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agencia antidrogas estadounidense. En los encuentros también estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, y uno de los temas centrales fue el uso del fentanilo, el potente opioide conocido como “droga zombie”.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado uruguayo, Mario Layera, fue quien entrevistado en La Diaria Radio dio a conocer este detalle.

Uruguay está en alerta desde hace tiempo por el posible ingreso del fentanilo al país. Su poder es tal que unos pocos miligramos puede intoxicar a muchas personas. En enero de 2025, a pocos meses del cambio de autoridades en el país, el gobierno admitió que sería “muy difícil” evitar el ingreso de este sintético.

“Fue uno de los temas que expuso Estados Unidos, justamente, en forma –diríamos– preventiva. Se estima –y ha sido la conducta que se ha seguido o la tendencia– que las cosas que suceden en diferentes países, a veces, con un mercado mayor, luego se contamina o se continúan por toda la región”, dijo el jerarca, consignó El Observador.

“Vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo. Por ahora, el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente”, agregó.

En noviembre de 2024, por ejemplo, la dirección del hospital público Maciel de Montevideo presentó una denuncia e inició una investigación administrativa luego de constatar que le faltaban al menos 12 ampollas de fentanilo, que fueron robadas de un block quirúrgico. Esa vez, las autoridades estimaban que el robo fue para revender la droga porque era una cantidad muy grande para el consumo personal.

Para Layera, Uruguay no es ajeno a esta realidad y recordó que el país mantiene en estado de alerta a todas las instituciones por este tema.

“Todas las unidades de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta. Están viendo y observando. Se van a continuar las reuniones a los efectos de ir estableciendo realmente en qué situaciones estamos. Hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal y que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia como se ha observado en otros lugares”, señaló Layera.

Durante el gobierno anterior, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, había advertido en una entrevista con En Perspectiva el efecto que puede tener el fentanilo en la población.

“La diferencia que tiene el fentanilo con otras sustancias es que hablamos de microgramos. O sea, con dosis muy pequeñas… A veces dicen: ‘¿Cómo no hacen nada para que no entre?’. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero con lo que entra en el grafo [la mina] de un lápiz intoxicamos a un pueblo”, afirmó, en esa vieja entrevista.

Todos los opioides, explicó, se utilizan para “reducir el dolor” y no solamente el físico: también “el espiritual”. “Entonces, en sectores excluidos de la sociedad, juega un papel. Por eso es una droga que afecta particularmente a estos sectores”, comentó.

El crecimiento del consumo de la droga en Estados Unidos fue parte de un “contexto histórico particular” porque un laboratorio promovió sustancias adictivas. Cuando se conoció públicamente esta práctica ilegal y se iniciaron los controles, ya había “un montón” de adictos. Adquirir las sustancias del laboratorio fue cada vez más difícil y las personas comenzaron a comprar heroína, pero hubo problemas de stock. “Ahí fue que los narcos introdujeron el fentanilo”, relató Radío.

Un centro de ventas de pasajes aéreos localizado en la exclusiva zona de El Poblado, en Medellín, Antioquia, fue identificado como punto de conexión clave entre narcotraficantes internacionales y la mafia radicada en Dubái, según reveló El Tiempo.

Los capos lo utilizaban para movilizarse en viajes de placer y evadir a las autoridades, mientras las pesquisas cruzan fronteras entre Europa, Colombia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al menos cinco detenciones de mafiosos de diversas nacionalidades —españoles, británicos, centroamericanos y colombianos— están listas en la ciudad más poblada de la federación soberana de siete emiratos situada en el golfo Pérsico.

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Las capturas iniciaron a mediados de marzo de 2026 con el arresto de un colombiano apodado “Burger King”, requerido por una corte de Texas, que fue aprehendido en un vuelo con destino a Bali. Este dato, omitido en la mayoría de las coberturas internacionales sobre las redes delincuenciales en Dubái, permite entender el alcance de la colaboración entre autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y España.

La agencia de viajes de Medellín, nexo entre capos y Dubái

Diversos boletos aéreos, que sirvieron a capos de la droga para desplazarse a Grecia, asistir a bodas en Italia e incluso escapar de la persecución policial en Holanda, fueron expedidos en el local medellinense. Una fuente federal detalló al medio citado que: “La mayoría de sus clientes no están en Itagüí ni Bello, sino en Dubái”. El destino lujoso, conocido por su aparente hermetismo y exclusividad, se convirtió en refugio para quienes intentan permanecer alejados del radar del FBI y la DEA.

La agencia, operada por un colombiano apodado “Calvete”, aparece como más que intermediaria. El Tiempo accedió a chats y fotografías que demuestran su vínculo con al menos tres capos investigados, donde incluso gestionaba encuentros sociales y operaciones asociadas con el tráfico de drogas.

Entre los clientes figura Ignacio Torán, arrestado en febrero en España y señalado como líder de una red transnacional de narcotráfico bajo la tutela de Óscar Sánchez Gil, alias el Anodino, que previamente fue inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Durante semanas, las agencias antimafia siguieron a Torán y Sánchez, documentando reuniones en las que, según las pruebas citadas, Sánchez suministraba información sobre cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Ecuador.

Uno de los chats que vinculan a la agencia con la organización criminal, fechado el 26 de mayo de 2024 y divulgado por el periódico citado, presenta una invitación directa de Torán: “Vente a Dubái, así estamos los tres y es el cumple de mi amigo ‘Peri’. Tenemos barco. Vennnn (sic), no cambies el tema, Dubái te espera”. Perikles David Daremas, “Peri”, portador de pasaporte británico y también bajo investigación, es identificado en los archivos de la policía europea.

Rutas de lavado, apoyo local y nuevas investigaciones

Las transacciones económicas entre los miembros de la red incluyen pagos en efectivo y la supuesta venta de relojes de lujo, elementos que permitieron seguir el rastro del dinero ilícito. Una de estas operaciones se realizó a través de un sujeto de origen centroamericano, con montos considerados millonarios por los investigadores.

Además del intermediario en viajes, las autoridades investigan la identidad de un miembro de la Policía de Colombia que proporcionaría información sobre contenedores destinados a Europa. Chats bajo observación de agencias antimafia citados por elismo medio señalan que este enlace envía listados semanales de contenedores, alertando a la organización sobre inspecciones inminentes en la cadena logística.

Óscar Sánchez, identificado en el proceso judicial, expuso en uno de los mensajes: “Tienen ellos un enlace en Colombia que les da un listado todas las semanas de contenedores. Entonces, se revisan así”. También se mencionó una exportadora de fruta colombiana implicada en la introducción de cocaína a Europa, con la estrategia de enviar primero cargamentos sin droga para no levantar sospechas y posteriormente incluir hasta dos envíos semanales de sustancias ilícitas.

La red, además, operaba mecanismos sofisticados de lavado de dinero a través de concesionarios de vehículos y un grupo financiero, tal como consta en los expedientes en poder de las autoridades. La fase siguiente de la investigación apunta al uso de fondos del narcotráfico para adquirir propiedades de alto valor tanto en Dubái como en Colombia.

En esta cadena delictiva fueron identificadas empresas y personas que, tras la revelación de estos vínculos, enfrentan inminentes órdenes de captura simultáneas en Dubái, Colombia y España, como parte de una ofensiva coordinada entre estos países para desarticular la estructura criminal.

El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.

"Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses", indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.

Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.

A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.

La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.

En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.

La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.

Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.

Esa declaración establece lo siguiente:

1. Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
2. Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
3. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
4. Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.

El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

Mientras el ELN se sentaba a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro, documentos judiciales a los que tuvo acceso El Colombiano muestran que la guerrilla coordinaba un intercambio de armas por cocaína con Antoine Kassis, primo segundo del dictador sirio Bashar al‑Asad. Los registros dejan al descubierto la doble vida de los insurgentes, quienes, pese a los compromisos con la paz, mantenían nexos con redes criminales internacionales.

Los expedientes consultados incluyen el Caso N°1:25-CR-51 de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, junto con documentos judiciales en Colombia, y permiten reconstruir cómo se gestó esta operación transnacional. Según los papeles, los acercamientos entre Kassis y el ELN comenzaron en abril de 2024, cuando el primo de Al‑Asad, desde su residencia en Líbano, ofreció su infraestructura para coordinar un negocio ilícito de narcotráfico y armas.

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Los documentos detallan con precisión la logística planificada en temas como transporte de armas, selección de arsenales, rutas internacionales de cocaína y mecanismos de lavado de activos mediante cuentas bancarias y criptomonedas. Incluso se registran intercambios de mensajes entre los involucrados que prueban la intención de concretar el trueque.

Intermediarios colombianos y manejo de capitales

Según los documentos, los intermediarios en Colombia fueron Alirio Rafael Quintero Quintero (“Ramsés” o “Rafa”) y Wisam Kherfan Okde (“Plumita” o “Simón”), sindicados de mover fondos de origen ilícito para el ELN y otros grupos criminales.

La Fiscalía de Estados Unidos le atribuye a Quintero dos transferencias realizadas en febrero de 2023 y abril de 2024, por un total de US$1’081.579 (aproximadamente 3.968 millones de pesos), que fueron convertidos en criptomonedas y distribuidos a través de plataformas virtuales. Los registros muestran cómo Kherfan supervisó la distribución internacional de estos fondos y coordinó contactos con operadores en Ghana y Marruecos.

La mesa de paz y la política colombiana

Los papeles consultados muestran que, mientras ocurrían estas negociaciones ilícitas, el ELN congeló unilateralmente la mesa de paz con el Gobierno, alegando incumplimientos en compromisos económicos y legales. Sin embargo, los documentos evidencian que los planes de trueque con Kassis continuaron pese a la suspensión de los diálogos.

El ataque con cilindrosbomba en Arauca, ocurrido en septiembre de 2024 y que dejó dos militares muertos y 25 heridos, aceleró la urgencia de adquirir armas. Los registros judiciales también reflejan que, tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad en diciembre de 2024, la guerrilla mantuvo la coordinación con Kassis para continuar con la operación de intercambio, incluso planeando reuniones en Nairobi, Kenia.

La intervención de la DEA

Los documentos detallan que la DEA interceptó la negociación en Nairobi, reemplazando al inspector de armas del ELN. Antoine Kassis fue capturado en el hotel Windsor y semanas después extraditado a Estados Unidos. Según los registros judiciales, el jurado lo halló culpable de conspiración para el narcoterrorismo y de proveer recursos a una organización terrorista extranjera. La sentencia está prevista para el 2 de julio, con una condena mínima de 20 años, aunque los cargos podrían implicar cadena perpetua.

Situación de los intermediarios y seguimiento judicial

Los papeles judiciales consultados por el medio también documentan que Quintero y Kherfan fueron capturados en Colombia y permanecen en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá. Ambos han presentado acciones legales para impedir su traslado a Estados Unidos, alegando supuestos montajes judiciales de la DEA. En noviembre de 2025, la Corte Suprema aprobó la extradición de Kherfan, mientras que la de Quintero sigue pendiente.

Vínculos internacionales y antecedentes

Los documentos evidencian que el ELN no operaba de manera aislada, sino que formaba parte de una red internacional de narcotráfico y terrorismo, con conexiones documentadas con Hamas, Hezbolá y el cartel de Sinaloa. Los registros judiciales recuerdan casos previos, como el tráfico de cocaína camuflada en exportaciones de ganado hacia Líbano, Egipto e Irak, coordinadas por figuras del crimen organizado colombiano.

Impacto y contexto actual

Hoy, Siria se encuentra bajo un gobierno de transición encabezado por Ahmed Husseín al-Charaa, mientras que el ELN mantiene alrededor de 6.000 combatientes activos en regiones como Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Arauca y Antioquia. Los documentos consultados muestran que, pese a la clausura de la mesa de paz, la guerrilla sigue buscando abastecimiento de armas y manteniendo redes ilícitas internacionales, lo que representa un desafío para la seguridad en Colombia y la estabilidad regional.

Estos documentos dejan en evidencia que, incluso durante los diálogos de paz, el ELN no abandonó sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, manteniendo operaciones complejas que comprometen la seguridad del país y la integridad de los procesos de paz.

El nombre de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la violenta banda criminal La Inmaculada, cobró protagonismo en la investigación que las autoridades de Estados Unidos adelantan sobre el posible financiamiento del narcotráfico en la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.

La magnitud del caso crece, pues se vinculó el nombre de un testigo clave: Marín habría contactado a fiscales federales en Nueva York tras su extradición, mientras las pruebas sobre su rol en una red transnacional de tráfico de drogas lo sitúan en el centro de una trama que podría salpicar esferas políticas de primer nivel, según reveló El Tiempo.

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Un elemento poco reportado que diferencia este caso es que el indictment (acusación formal) , fechado el 11 de septiembre de 2024 y citado por el mismo medio, incluye la declaración jurada de Wenceslao A. Sosa, agente especial de la DEA, donde se documenta que ‘La Inmaculada’ ha operado de modo permanente desde aproximadamente 2024 hasta la actualidad. La estructura ha mantenido nexos directos con carteles como La Línea, Sinaloa y la Oficina de Envigado para el tráfico masivo de cocaína a territorio estadounidense.

Además, la información del expediente judicial refiere que alias Pipe Tuluá coordinó en persona la distribución de estupefacientes en ciudades como Denver, Colorado, y Dallas,Texas, con operaciones organizadas desde Juárez, México.

El indictment detalla operaciones concretas y vínculos con carteles mexicanos

Las interceptaciones legales a Andrés Felipe Marín comenzaron en junio de 2024. De acuerdo con el indictment citado por El Tiempo, se cerró una compra de cocaína ese mismo mes, en la que participó un agente encubierto de la policía colombiana.

“Marín Silva ordenó a los miembros de la organización criminal trasnacional con sede en Juárez, México, que se pusieran en contacto con el agente encubierto para coordinar la distribución de más de 100 kilogramos de cocaína en la zona de Dallas, Texas. Tras una coordinación adicional, el agente encubierto compró un kilogramo de cocaína el 15 de junio de 2024, como prueba para establecer la confianza entre el mensajero con sede en Dallas”, señala el documento.

Un mes después, en julio, las autoridades identificaron a los socios de alias Pipe Tuluá en Juárez como miembros del cartel La Línea. Estos trabajaban en asociación con La Inmaculada para introducir droga en Estados Unidos. Para ese momento, Marín tenía al menos diez kilogramos disponibles para la venta en Colorado. El testimonio recabado sostiene que, aun estando preso en la cárcel La Picota, en Bogotá, el cabecilla de la banda se mantenía activo en las operaciones delictivas.

En agosto de 2024, un narcotraficante residente en Sinaloa siguió instrucciones de Marín para contactar al agente encubierto y coordinar nuevos envíos destinados a Dallas. Por su parte, el proceso judicial contra el señalado incluye las declaraciones de un testigo colaborador —antiguo miembro de La Inmaculada— que confirmó la vigencia de la red criminal y su continuidad bajo órdenes de ‘Pipe Tuluá’.

El caso Juan Fernando Petro y la estrategia de colaboración judicial

Días antes de la extradición, el propio Andrés Felipe Marín aseguró haber sido contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la campaña electoral. Según El Tiempo, el acercamiento habría tenido como objetivo negociar futuros beneficios judiciales a cambio de respaldo político o financiero, extremo que Juan Fernando Petro negó tajantemente. La defensa de alias Pipe Tuluá no descarta que declare contra la campaña Petro con el propósito de solicitar una reducción de su condena, estrategia que se refuerza con la entrega de pruebas que incluyen fotografías, admitidas y analizadas por las autoridades.

Por otro lado, Marín rechazó públicamente la acusación de narcotráfico: sostiene que nunca envió cocaína a Estados Unidos y se declaró no culpable ante el tribunal. Sin embargo, la documentación judicial —incluyendo las interceptaciones y el testimonio de un colaborador— argumenta lo contrario y lo ubica como eje de una compleja estructura criminal de alcance internacional.

Actualmente, Andrés Felipe Marín permanece recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, en Texas. Su defensa a cargo del abogado Alexei Schacht sigue una estrategia basada en la colaboración con la justicia de Estados Unidos, y el expediente sobre Juan Fernando Petro figura como uno de los principales temas en negociación con las autoridades federales.

(Desde New York, Estados Unidos) A las 11.40, (hora del este) Nicolás Maduro ingresó al recinto de la Corte de New York. Canoso, más delgado y sin esposas, el exdictador de Venezuela vestía un mameluco beige y zapatillas deportivas. Saludó a sus abogados y se calzó los auriculares para escuchar la traducción del inglés al español. Nunca sonrió, y su mirada estaba blanco, vacía.

La audiencia fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, que presionó con preguntas simples y filosas a Barry J. Pollack -abogado de Maduro- y al fiscal federal adjunto Kyle Wirshba.

Pollack alegó que Maduro sólo tendrá una defensa legal de élite acorde a sus acusaciones si Estados Unidos permite que Venezuela pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen ilícito.

Wirshba replicó que esos fondos están congelados por “razones de seguridad nacional”, y que Maduro podría recurrir a los abogados oficiales para respetar el concepto constitucional -Enmienda VI- que establece el principio de defensa en juicio.

Hellerstein, que tiene 92 años y se lo escucha muy bajo, enfrentó los planteos legales del fiscal Wirshba, que transpiró durante los treinta minutos que le dedicó el juez de New York.

Wirshba no pudo contestar con certeza por qué debía bloquearse la posibilidad de solventar la defensa de Pollack, si la amenaza de seguridad nacional que implicaría Maduro se disolvió con su captura en Caracas y su detención en Manhattan.

Hellerstein relativizó el argumento de la defensa en juicio presentado por Pollack, pero fue enfático al soslayar la tesis de seguridad nacional presentada por Wirshba para evitar que los fondos embargados por Estados Unidos terminen en poder de Maduro.

“Ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, sostuvo el juez federal en referencia a Maduro, frente a los argumentos del fiscal Wirshba. Y completó, ante el silencio absoluto de la Corte: “Está acá”.

La posición de Hellerstein abre un escenario inesperado para la administración Trump y los fiscales del caso.

Si el juez federal resuelve que Estados Unidos debe levantar las sanciones para los fondos opacos de Venezuela que se usarán para la defensa del exdictador y sus socios corruptos, es muy probable que la Casa Blanca presente una apelación para bloquear la decisión de Hellerstein.

Pero al margen de esta posible coyuntura, Donald Trump se vería ante la encrucijada de tener que liberar fondos opacos para que sean usados para pagar los honorarios de las defensas de Maduro y su cómplices, que están siendo juzgados en los tribunales de Estados Unidos.

Cuando terminaron las exposiciones de Pollack y Wirshba, el juez Hellerstein avanzó al segundo capítulo de la audiencia vinculado a la evidencia secreta que aportó la DEA.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores, que también estaba en la audiencia, se encuentran imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-, y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Pollack sostuvo que las pruebas secretas del expediente no deben tener trabas de acceso porque eso fortalece la defensa en juicio.

Wirshba, al contrario, afirmó que compartir las evidencias puede poner en peligro a los testigos y fuentes que colaboraron para fortalecer el caso contra Maduro y sus cómplices.

Hellerstein escuchó los argumentos de las dos partes y tras más de una hora de debate cruzado entre Pollack y Wirshba, levantó la audiencia.

Ahora su señoría debe decidir si ordena que Estados Unidos levante las sanciones sobre los fondos opacos que se usarían para la defensa de Maduro y Cilia Flores, y resolver si la defensa del dictador puede compartir la evidencia secreta que prueba sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Al margen de las posibles variables que protagonice Hellerstein, lo cierto es que el proceso contra Maduro continuaría pese a los esfuerzos en contrario del abogado Pollack.

Así se puede desprender de los juicios de valor y de las preguntas que formalizó Hellerstein durante la audiencia en la corte de New York.

“All rise”, se escuchó cuando el reloj del tribunal marcaba las 12.45 (hora del este). Se había terminado la audiencia, y el juez federal se fue del recinto con paso cansino.

Maduro se levantó como un autómata y le dio la mano al abogado Pollack. El dictador dejó la corte rodeado por cinco custodios del US Marshall.

Volvió a prisión, su destino perpetuo.

Se trata de una defensa diseñada por el abogado Barry J. Pollack, que hace una peculiar interpretación de las enmiendas de la constitución para sostener un argumento jurídico que sería rechazado por el tribunal de Manhattan. El letrado arribo esta mañana en medio de manifestaciones de personas a favor y en contra del acusado frente al juzgado.

La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.

En un escrito de 17 fojas, el abogado defensor de Maduro sostuvo:

-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación, a la que accedió Infobae.

Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:

“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).

La refutación de los argumentos presentados por Pollack es lineal y simple.

Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa.

No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.

A su vez, Maduro y Flores de Maduro tienen que probar que no disponen de fondos propios -su fortuna presunta es incalculable-, y la VI enmienda garantiza un abogado que no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).

El tribunal de New York puede asignar un abogado de oficio que conoce las normas y puede cumplir con la defensa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos.

Este es un derecho que Maduro tiene a disposición cuando lo desee.

Y respecto a la V enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que asigna a la Casa Blanca una amplia autoridad normativa para regular transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, pese a que la dictadura caribeña estaba dispuesta a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ratificó que no habrá fondos de Venezuela para solventar a los letrados del presunto narcotraficante.

Nicolás Maduro está acusado por cometer narcoterrorismo, y en este contexto la DEA redactó un informe que prueba las vinculaciones del exdictador caribeño con el régimen iraní.

Infobae accedió a ese dossier de 28 fojas, que sostiene lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Si no hay sorpresas legales, el juez Hellerstein resolverá hoy el planteo del abogado de Maduro, y una presentación hecha por los fiscales federales que intentan evitar que la prueba recogida contra el exdictador sea compartida con los otros acusados del caso.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores también están imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-,y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Si prosperará el pedido de Pollack, todos los socios ilegales de Maduro podrían acceder a las evidencias del caso. La defensa del exdictador fuerza la interpretación del derecho para lograr una coartada que beneficie a su cliente ante las evidencias en contra.

Hellerstein resolvería en contra del planteo de Pollack respecto a anular el juicio contra Maduro y a favor de los fiscales para trabar que los socios del exdictador accedan a la prueba aportada por la DEA.

La audiencia está prevista para el mediodía de New York.

Las Fuerzas Militares de Colombia, en colaboración con la Gobernación de Tolima, continúan la búsqueda de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido como alias Chapolo, identificado como el principal líder del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, bajo órdenes directas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

De hecho, la gobernadora Adriana Magali Matiz resaltó que, en medio del operativo militar, se ha sumado la la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para dar captura al señalado líder guerrillero.

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La mandataria departamental, en una rueda de prensa, recalcó que el plazo máximo para detener a este sujeto es el 31 de marzo, fecha también fijada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por lo que instó a priorizar sus esfuerzos y brindar la tranquilidad a la población tolimense.

“Aquí también nos está apoyando la DEA (Drug Enforcement Administration) en este tema de alias Chapolo, así que esperamos resultados contundentes de aquí al 30 de marzo para poder darle tranquilidad a la gente del sur del departamento del Tolima”, expresó Matiz a los medios de comunicación.

Así mismo, la gobernadora recordó que por alias Chapolo se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura, cuya presencia genera preocupación en el sur del Tolima.

La respuesta directa al hecho consiste en que la DEA aporta recursos y personal especializado para reforzar la localización y captura del cabecilla del frente guerrillero.

Quién es alias Chapolo

Nacido en Rioblanco, Jhan Carlos Rodríguez Masmela (alias Chapolo) encabeza la lista de los delincuentes más buscados en el departamento del Tolima.

Es vinculado desde 2022 con actividades de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, extorsión a transportadores y comerciantes, y amenazas a campesinos y productores de café en los municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco.

Entre los hechos atribuidos al cabecilla figura un ataque armado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 en Campoalegre (Huila), la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco y varios homicidios perpetrados en San Antonio. La Fiscalía mantiene una orden de captura vigente contra Rodríguez Masmela, considerada de alta prioridad.

Las autoridades han señalado que alias Chapolo impone un sistema de “carnetización ilegal” en zonas rurales, un mecanismo destinado a ejercer control social y amedrentar a la población civil y a candidatos políticos. A través de esta práctica, el Frente Ismael Ruiz busca identificar, controlar e intimidar a los habitantes de los municipios rurales bajo su influencia, especialmente en San Antonio.

Por otra parte, registros de la investigación oficial presentada por la Policía Nacional de Colombia muestran que durante la campaña electoral, Rodríguez Masmela habría enviado mensajes intimidatorios mediante WhatsApp a candidatos al Congreso, con el propósito de interferir en las campañas electorales del departamento del Tolima.

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, manifestó en diálogo con Caracol Radio que, tras una reunión con el embajador de los Estados Unidos, se identificaron los principales patrones criminales de la zona.

El funcionario local detalló que, aunque Tolima no figura entre los mayores territorios productores de cocaína, como el Cauca, sí registra delitos como microtráfico, sicariato y préstamos ilegales que sirven para ocultar ingresos del narcotráfico y generan consecuencias más allá de las fronteras nacionales.

Incluso, reveló que el líder guerrillero se encuentra con dificultades médicas tras los operativos militares en la región.

“Chapolo sigue atormentando a un sector importante de Rioblanco, amenazando al alcalde, a las autoridades, a la comunidad, tratando de perturbar la tranquilidad, queriendo hacer ver que es un gran bandido, cuando es un pequeño bandido. A toda esta población, personas que lo conozcan, que le llevan medicamentos —sabemos que tiene una lesión en uno de sus pies—, que se ganen los 200 millones de la recompensa”, indicó.

La apuesta de la DEA y las autoridades colombianas pone el foco en la pronta neutralización de estructuras criminales que—si bien no operan en cifras tan altas como otras regiones—, han demostrado capacidad de perturbar la estabilidad regional y representar un riesgo para intereses estadounidenses.

Una investigación de la agencia Associated Press divulgada el 21 de marzo de 2026 puso bajo escrutinio a la administración de Gustavo Petro al revelar que la DEA analiza registros que sugieren el presunto uso de funcionarios y exasistentes de campaña para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de la estatal Ecopetrol.

Según el informe de AP, la información confidencial apunta a que fondos ligados a estructuras internacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles en Venezuela habrían sido canalizados hacia el extranjero con destino a un supuesto uso personal del mandatario tras concluir su periodo.

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El documento, citado por Associated Press, recoge una entrevista realizada en 2024 a una fuente anónima que vincula a excolaboradores de campaña y funcionarios de Ecopetrol con maniobras de lavado de fondos presidenciales fuera del país.

La fuente anónima indicó que el objetivo de esos recursos sería el aprovechamiento personal por parte de Petro una vez finalice su mandato.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, respondió a los señalamientos de Associated Press afirmando que las acusaciones carecen de “toda realidad o lógica”. Roa subrayó que las imputaciones no corresponden a la operativa ni a los hechos relativos a la estatal petrolera. Además, el gobierno colombiano, hasta el cierre del informe, no ha emitido ningún comunicado oficial adicional en relación con la investigación difundida.

Las autoridades estadounidenses, indicaron a AP que la investigación permanece en fase preliminar y que “no existen pruebas directas que involucren a Gustavo Petro en delitos”. El contenido de la pesquisa, por ahora, se limita a declaraciones bajo reserva y al análisis de registros internos en poder de la DEA.

El reporte detalló que fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes acerca de posibles vínculos con el jefe de Estado y sobre denuncias de sobornos supuestamente solicitados por personas cercanas al Ejecutivo.

Según el informe de AP, las pesquisas apuntan a que allegados al gobierno habrían pedido pagos ilegales a cambio de frenar extradiciones desde la cárcel La Picota hacia Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el reporte subraya que la información aún se limita a testimonios y registros internos de la DEA, sin que se hayan radicado cargos formales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico internacional en el desarrollo de una presunta investigación referida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo impliquen y la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

De acuerdo con el informe citado por la agencia de noticias, los registros de la DEA contienen información reservada sobre posibles nexos de Gustavo Petro con organizaciones del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

La agencia destacó que una entrevista realizada en 2024 con una fuente anónima plantea que el mandatario habría empleado a antiguos asistentes de campaña y empleados de Ecopetrol, empresa petrolera estatal, para transferir fondos a otros países y utilizarlos una vez finalizada su presidencia.

Sin embargo, el reporte aclara que hasta el momento no existe confirmación de que las autoridades estadounidenses hayan hallado pruebas que liguen de manera directa al mandatario colombiano con actividades delictivas y no se han presentado cargos formales.

El presidente Petro también mantuvo su postura habitual, asegurando que no sostiene nexos con organizaciones criminales y que nunca ha sido investigado por estos hechos en Colombia. En su declaración, atribuyó estas versiones a “señalamientos sin pruebas concluyentes”.

Una de las reacciones más visibles provino del candidato Abelardo De La Espriella, que arremetió contra el presidente en redes sociales.

De La Espriella afirmó: “Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa”.

Agregó que, de alcanzar la jefatura de Estado, entregaría a Petro a la justicia de Estados Unidos por su presunta relación con el “narcoterrorismo”, y concluyó su mensaje con una advertencia en italiano dirigida a Petro.

En un informe de The New York Times, publicado el 20 de marzo de 2026, se indica que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es investigado por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Según ese medio, la investigación sobre el presidente colombiano está en una etapa preliminar y examina posibles conexiones de Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico, así como la eventual recepción de donaciones por parte de su campaña presidencial provenientes de esos grupos.

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El reporte menciona que en el proceso intervienen agentes con experiencia en narcotráfico internacional y organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en su cuenta oficial de X. Allí afirmó que no le gustan los narcotraficantes, ya que, según el mandatario, son los “genocidas” de Colombia.

El jefe de Estado aseguró que los narcos son supuestos alistados de la “derecha criminal”.

“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente Petro incluyó una imagen suya en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se realiza en Bogotá.

El presidente Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X, en la que negó cualquier relación con el narcotráfico y defendió su administración contra este delito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, aseveró.

Detalles de lo ocurrido

Recientes reportes periodísticos de medios internacionales han puesto la atención sobre investigaciones en Estados Unidos que, según se ha informado, incluirían al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

The New York Times publicó el 20 de marzo que fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn tendrían en curso indagaciones relacionadas con supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Petro y organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con este medio, en las pesquisas participan agentes especializados en delitos internacionales y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El mismo informe del New York Times no aclara si estas diligencias podrían derivar en imputaciones formales, ni si la Casa Blanca tuvo un rol en la apertura del caso. Sin embargo, se recuerda la postura crítica del expresidente Donald Trump frente a Petro y se sugiere que la investigación podría ser utilizada dentro de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos, dada la relevancia de Colombia en la agenda regional de lucha antidrogas.

Pocas horas después, la agencia Reuters difundió información adicional bajo el titular “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos”. Reuters citó el informe inicial de The New York Times, pero añadió que, según sus fuentes, Petro no sería el objetivo principal de la investigación, sino que su nombre habría surgido en el marco de indagaciones más amplias. La agencia también recordó los antecedentes de tensión entre Trump y Petro, y sugirió que este contexto podría haber influido en el inicio de las pesquisas.

Por su parte, The Associated Press informó que la DEA considera a Gustavo Petro como “objetivo prioritario”, mientras los fiscales de Nueva York examinan presuntos lazos con organizaciones de narcotráfico.

Según la agencia, registros de la DEA ubican el nombre de Petro en diversas investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas a informantes confidenciales. Entre los aspectos investigados figuran posibles contactos con el cartel de Sinaloa y el eventual aprovechamiento de políticas de “paz total” para beneficiar a grupos criminales.

Tanto Reuters como Associated Press subrayan que Petro no sería el foco principal de los procedimientos, aunque su nombre aparece vinculado en el desarrollo de estas investigaciones. Voceros citados por Reuters también afirman que la Casa Blanca no estaría involucrada y que los fiscales evitaron hacer comentarios hasta conocer resultados concluyentes.

A modo de respuesta, la embajada de Colombia en Estados Unidos publicó un comunicado donde cuestiona la validez de los reportes, señalando la falta de confirmación oficial y el uso de fuentes anónimas, y rechaza cualquier relación entre el presidente y actividades criminales.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las evidencias contra Nicolás Maduro para probar que era un jefe narcoterrorista cuando actuaba como dictador de Venezuela se acumulan hasta el infinito en la justicia federal de los Estados Unidos.

Infobae accedió a un informe de la DEA -Administración de Control de Drogas de EE.UU- que desnuda los vínculos que consolidó Maduro con Irán cuando manejaba el régimen caribeño.

El dossier de la DEA es meticuloso y será una pieza probatoria al momento de juzgar a Maduro como narcoterrorista.

La DEA aplicó su inteligencia e información reservada sobre 3.000 documentos oficiales de ambos países, y las conclusiones impresionaron en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra.

En el documento oficial se lee lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Tras describir en términos generales la relación opaca y compleja entre Caracas y Teherán, la DEA enumera las diez áreas clave de cooperación entre la dictadura caribeña y el régimen chiíta.

Estas área son:

1. “Transferencia de Tecnología Militar: Irán suministra a Venezuela tecnología de drones (por ejemplo, ANSU-100 y ANSU-200 basados en los diseños iraníes Mohajer y Shahed), misiles antibuque (CM90/Nasir) y capacidades industriales-militares como plantas de pólvora, mejorando la defensa de Venezuela mientras permite a Irán proyectar poder en el hemisferio occidental.
2. Suministro de Uranio y Apoyo al Programa Nuclear: Irán ha realizado un levantamiento geológico en Venezuela, estableciendo que la Cuenca de Roraima tiene el potencial de suministrar uranio a Irán, con reservas estimadas de 75,000 toneladas.
3. Evasión de Sanciones a través de Mecanismos Financieros: Una arquitectura financiera compleja, que incluye el Fondo Binacional Irán-Venezuela ($2 mil millones), el FONDEN y la triangulación a través de bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, permite a Irán eludir las sanciones internacionales y lavar dinero.
4. Apoyo a Organizaciones Terroristas: Venezuela actúa como un centro logístico, financiero y documental para Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y emitiendo pasaportes a operativos (por ejemplo, 15,000 pasaportes irregulares, 173 a miembros de Hezbollah).
5. Cooperación Energética y Petroquímica: Proyectos conjuntos por valor de $2.689 mil millones, incluyendo la exploración de la Faja Petrolífera del Orinoco, la planta petroquímica VENIRAN, la rehabilitación de refinerías (€110 millones en 2022) y envíos de gasolina (60 millones de galones en 2020), financiados en parte a través de préstamos chinos vía FCCV.
6. Proyectos Industriales de Fachada: Las “fábricas socialistas” (por ejemplo, complejos de plástico, plantas de leche y maíz) sirven como coberturas para canalizar fondos y tecnología de doble uso a Irán, con financiamiento del FONDEN y el FCCV, resultando a menudo en baja producción pero alta desviación de recursos.
7. Triangulación de Tecnología Nuclear con Argentina: El eje Caracas-Teherán-Buenos Aires (2010) puede haber transferido equipos de doble uso (máquinas CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a Irán, financiados con recursos venezolanos, mejorando la infraestructura nuclear de Irán.
8. Infraestructura de Transporte y Logística: Construcción de tanqueros Aframax en astilleros iraníes, vuelos directos Caracas-Teherán y uso de embarcaciones de PDVSA para el posible contrabando de uranio y otros materiales sensibles, permitiendo transferencias ilícitas y evasión de sanciones.
9. Alineación Diplomática y Política: Alianza sostenida desde la década de 2000, con más de 265 acuerdos para 2014, un plan estratégico de 20 años en 2022 y 19 más en 2023, proporcionando cobertura política para actividades militares, nucleares y terroristas bajo la “cooperación Sur-Sur”.
10. Involucramiento del IRGC y Apoyo Interno: Presencia de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela para asesorar sobre represión y entrenamiento, crítica durante las protestas de 2019″.

Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas, y su defensa busca una salida imposible para evitar que el exdictador de Venezuela sea condenado de por vida.

Barry J. Pollack, letrado de Maduro, presentó hace dos días un recurso de 17 fojas para asegurar que la acusación contra su cliente pone en jaque la Quinta y la Sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este contexto, Pollack alega que la violación de esas dos enmiendas constitucionales son razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó Estados Unidos para condenar por narcotráfico a Maduro.

Los argumentos constitucionales de Pollack son pura falacia: asegura que Maduro no tiene dinero para pagar a sus abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

El exdictador tiene una fortuna oculta incalculable, y si su abogado Pollack decide renunciar porque no hay honorarios, el tribunal de New York puede designar a un letrado de oficio.

El 26 de marzo está convocada una audiencia para escuchar al abogado defensor de Maduro. Allí es muy probable que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, que deberá decidir si continúa representando-o no-al exdictador caribeño.

En la primera operación, desarrollada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron aproximadamente 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

La segunda intervención se realizó dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena. Allí, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento decomisado se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

En la tercera operación, la Policía Nacional y la DEA interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta, que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. En este operativo se detuvo a seis personas.

Las tres acciones se realizaron en menos de veinticuatro horas. Las autoridades indicaron que estos operativos representan “un duro golpe a las economías del narcotráfico” y aseguraron que el mar ecuatoriano “ya no es ruta para las mafias”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno, que concluyó en del sábado en cuatro provincias con altos niveles de violencia, atribuida por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.

Durante las operaciones, se incautaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron veinte vehículos, se recuperaron cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del toque de queda el pasado domingo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se detuvieron a 743 personas y se destruyeron seis “objetivos militares narcoterrorismo”. La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local.

A su vez, en El Oro, las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, detuvieron a cinco ciudadanos en el cantón Pasaje por presuntas actividades de minería ilegal. Durante el operativo se decomisó maquinaria de succión y herramientas empleadas en esta actividad ilícita.

Esta disposición se implementa como parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, tras el aumento sin precedentes de la violencia que ubicó a Ecuador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 9.235 asesinatos en Ecuador, la cifra más alta en la historia del país. El toque de queda se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, solo pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier persona que circule por la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.

(Con información de EFE)

Durante la jornada en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre los señalamientos vinculados al narcotráfico, desde sectores oficiales se remarcó que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna” sobre presuntas investigaciones en su contra. Al mismo tiempo, el Gobierno denunció la falta de fundamento jurídico y fáctico de las informaciones difundidas respecto a esta causa. Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense habría iniciado un procedimiento para investigar supuestos nexos del mandatario con organizaciones del narcotráfico y presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial con recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con drogas.

De acuerdo con los reportes publicados por The New York Times, la etapa actual de estas pesquisas se encuentra en un nivel preliminar y está bajo la supervisión de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn. Las autoridades estadounidenses han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el desarrollo de las indagaciones, según precisó el mismo medio estadounidense. Fuentes citadas por The New York Times indicaron que el caso aún no cuenta con una notificación formal ni decisiones administrativas, lo que ha motivado respuestas tanto de funcionarios colombianos como del propio presidente.

Ante la difusión de estas informaciones, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a los narcotraficantes, a quienes denominó "genocidas" de la sociedad colombiana y acusó de mantener alianzas permanentes con sectores que calificó como “derecha criminal” en el país. En ese mismo mensaje, insistió en la transparencia de su vida personal y política, indicando que puede referirse a cualquier episodio de su biografía “sin sonrojarse de nada”. El presidente también relacionó la aparición de estos señalamientos con el contexto preelectoral en Colombia, asegurando que se enmarcan en “actos electorales sucios” impulsados por la oposición y “sus amigos en los medios estadounidenses”.

Horas antes de esta publicación, Petro había señalado a través de otro mensaje que no le interesan los “procesos en Estados Unidos”, argumentando que nunca ha sido acusado formalmente de nada como lo sugiere el artículo de The New York Times. En su declaración, el mandatario sostuvo: “Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”. Según reportó The New York Times, esta serie de declaraciones buscó desligar las investigaciones internacionales de factores que afecten directamente a la política colombiana, destacando la existencia de expedientes previos que no han derivado en imputaciones contra el jefe de Estado.

La controversia se produce en un momento de estabilización de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Luego de meses marcados por declaraciones confrontativas, la relación entre Petro y el presidente norteamericano Donald Trump había entrado en una fase de mayor diálogo, que incluyó la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, relató The New York Times. Anteriormente, Trump llegó a describir a Petro como un “lunático con problemas mentales” e incluso aludió a la posibilidad de una intervención militar en Colombia. Estos episodios antecedieron a la operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, dirigida a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al tiempo que el gobierno colombiano respondía institucionalmente a través de comunicados, la situación se insertaba en el núcleo del ambiente electoral en el país sudamericano. Según detalló The New York Times, la campaña para las elecciones del 31 de mayo mantenía como favorito al candidato Iván Cepeda, afín al mandatario, en medio de una polarización acentuada por los últimos acontecimientos y los rumores difundidos por medios y portavoces internacionales.

La defensa pública de Petro contra las acusaciones no se limitó a declaraciones. Su postura también buscó enfatizar la ausencia de evidencias judiciales en Colombia que den soporte a las hipótesis divulgadas por la prensa internacional, reiterando que su vida y trayectoria política se han mantenido sujetas a escrutinio durante años sin que se hayan presentado pruebas concretas. El Gobierno colombiano, en su pronunciamiento oficial, subrayó que la información divulgada “carece de fundamento jurídico y fáctico”, insistiendo en que ninguna investigación local o extranjera ha notificado formalmente hallazgos en contra del presidente.

Según reportó The New York Times, la investigación del Departamento de Justicia no solo aborda posibles vínculos con el narcotráfico, sino también la manera en que se habría financiado la campaña presidencial de Petro. Las pesquisas, tal como detalló el medio estadounidense, aún estarían lejos de concretar imputaciones y continúan en fase preliminar con la cooperación de diversas agencias federales de seguridad.

Los señalamientos y la respuesta institucional del Ejecutivo colombiano se producen en una coyuntura en la que el país atraviesa un proceso electoral de alta competencia política, donde la opinión pública se encuentra particularmente atenta a cualquier noticia relacionada con corrupción, ilegalidad o nexos con el crimen organizado. The New York Times señaló que la repercusión mediática de estos informes contribuyó a alimentar el debate interno sobre la integridad del proceso y la utilización política de investigaciones judiciales en la contienda electoral.

Por último, los detalles publicados por The New York Times muestran que la investigación internacional incluye la recolección de datos sobre transferencias financieras y vínculos posibles con redes criminales, aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicas pruebas concluyentes ni se ha emitido comunicación formal a las autoridades colombianas o al presidente. En medio de este escenario, Petro ha enfatizado ante la ciudadanía y los medios la transparencia de su gestión y la ausencia de cargos formales contra él tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El 20 de marzo se publicó un informe de The New York Times en el que se afirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está bajo investigación penal por parte de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Las pesquisas, en una fase inicial, analizan posibles vínculos de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió donaciones de estos grupos. El medio citado indicó que en la investigación participan agentes especializados en narcotráfico internacional y entidades como la Administración para el Control de Drogas.

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El informe no menciona si la investigación llevará a cargos formales ni si la Casa Blanca influyó en su apertura; sin embargo, recuerda que el presidente Donald Trump ha criticado a Petro y podría utilizar la investigación como herramienta de presión diplomática, dado el papel de Colombia en la lucha antidrogas.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro negó cualquier relación con el narcotráfico y ha defendido su gestión contra este delito. “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió el mandatario.

Nuevos detalles sobre la investigación

Horas después de que se publicó el informe citado, Reuters publicó una noticia titulada “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos“.

Esta agencia también recordó las disputas que han protagonizado Donald Trump y Gustavo Petro en el pasado, mencionando este factor como algo que podría haber marcado el inicio de la investigación.

Aunque citan que la denuncia inicial es de The New York Times, Reuters añadió otros aspectos, como que el mandatario no sería el objetivo principal de las investigaciones, sino que sería un nombre mencionado en las mismas.

Por su parte, The Associated Press indicó que el presidente Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” para la DEA, mientras que fiscales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

“Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cartel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes”.

En ambos casos, las agencias citadas mencionan que el nombre del presidente no es el principal en los procesos investigativos, sino que se le vincula de alguna forma con los objetivos.

“Petro no es el objetivo principal de ninguna de las dos investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico que están siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, Nueva York”.

Reuters destacó que sus fuentes aseguran que la Casa Blanca no se ha involucrado en las investigaciones mencionadas, y que el nombre del mandatario colombiano habría sido mencionado por terceros. Además, resaltan que los portavoces de la Fiscalía optaron por no hacer comentarios hasta que no se tengan las conclusiones.

“El informe señala que los investigadores están examinando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes”.

Además de la publicación mencionada que hizo Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que los informes están basados en fuentes anónimas y que no hay confirmación oficial ni base legal para afirmar que el presidente tiene algún tipo de relación con criminales.

Durante la llamada “época de la gobernanza paramilitar”, la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, experimentó amenazas y su familia debió exiliarse tras denuncias públicas sobre la presunta relación entre figuras del narcotráfico y actores políticos. En este contexto, Petro ha reiterado que mantiene una política de absoluto rechazo a cualquier vínculo con el narcotráfico o a fondos irregulares para campañas políticas. Según informó Europa Press, el mandatario negó rotundamente haber establecido algún contacto con miembros del narcotráfico y defendió la transparencia en la financiación de su candidatura presidencial.

El medio Europa Press detalló que Petro declaró en sus redes sociales que “nunca” en su vida ha hablado con un narcotraficante y que no existe ninguna investigación oficial en Colombia sobre algún vínculo suyo con redes ilícitas. Para sostener esta aseveración, el presidente afirmó que durante una década se dedicó a denunciar a los sectores más poderosos del narcotráfico y sus nexos con políticos del Congreso y de gobiernos locales y nacionales. Estas declaraciones se produjeron poco después de conocerse, según fuentes citadas por Europa Press y por el diario ‘The New York Times’, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación preliminar por presuntas relaciones de personas del entorno de Petro con organizaciones criminales y posible financiamiento irregular de campaña presidencial.

El Gobierno colombiano, a través de un comunicado publicado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, sostuvo que no se ha recibido ninguna notificación formal por parte de autoridades competentes sobre investigaciones que comprometan al presidente. En el mismo texto, el Ejecutivo denunció que la información difundida al respecto carece de sustento jurídico y fáctico, solicitando a la opinión pública que “las publicaciones se lean en su contexto integral” y que los reportes sobre estas acusaciones no verificadas sean tratados con prudencia.

La Embajada en Washington destacó que Petro “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad”, tanto durante su cargo como durante su exilio ocasionado por denunciar actos ilícitos que implicaban a estructuras criminales. Según consignó Europa Press, la misión diplomática defendió la trayectoria del presidente como una de “acción firme contra la ilegalidad y las organizaciones criminales internacionales vinculadas al narcotráfico”. Para el Gobierno colombiano, este historial refleja un compromiso permanente del mandatario con el Estado de derecho y la justicia, y se apoya en hechos comprobables y no en rumores o versiones especulativas.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, Gustavo Petro insistió en que su principio personal, así como la orden para su equipo de trabajo, ha sido rechazar cualquier donación o aporte financiero proveniente de banqueros o de personas vinculadas al narcotráfico. “Ni un solo peso de narcotraficantes” ha ingresado, según el propio presidente, en el marco de su campaña que culminó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Defendió que las investigaciones intensas y productivas no han hallado evidencia alguna de ingresos ilícitos. Petro, además, consideró que cualquier proceso instruido por autoridades estadounidenses serviría como mecanismo para refutar las acusaciones promovidas, según él, por sectores de la derecha colombiana, quienes, señaló, sí mantienen articulaciones con redes criminales dedicadas al narcotráfico.

Europa Press informó que las investigaciones que involucran a colaboradores cercanos del presidente colombiano estarían a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, trabajando en conjunto con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Estas pesquisas aún se encontrarían en etapas iniciales y no han derivado en imputaciones formales ni en comunicaciones oficiales al Gobierno de Colombia.

El anuncio de la apertura de estas investigaciones coincide con una etapa de estabilidad en la relación entre Petro y la administración estadounidense, tras un periodo de meses marcados por tensiones, declaraciones cruzadas y desencuentros verbales. Europa Press recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante ese periodo, había caracterizado a Petro como “lunático con problemas mentales” e, incluso, llegó a amenazar con una intervención militar en el país sudamericano. La bilateralidad experimentó cierta normalización después de la visita de Petro a la Casa Blanca, previa a la intervención estadounidense en Caracas, Venezuela, en enero de 2026, cuyo objetivo declarado fue la detención de Nicolás Maduro.

El contexto de las investigaciones también está situado en el marco de la campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, identificado como cercano al presidente Petro, aparenta ser el favorito de cara a los comicios previstos para el 31 de mayo, según información publicada por Europa Press. Este proceso coincidente ha contribuido a que el entorno político en Colombia y la percepción pública sobre el caso adquieran mayor atención mediática.

Las declaraciones del presidente Petro y de la Embajada de Colombia en Estados Unidos reiteran la postura de rechazo absoluto a cualquier forma de criminalidad que implique vínculos con el narcotráfico. Tanto el Ejecutivo como el propio mandatario han enfatizado el compromiso con la transparencia y la integridad en la actuación pública, así como la disposición para someterse a investigaciones que permitan esclarecer los hechos y descartar sospechas que, según sus afirmaciones, carecen de fundamentos probatorios sólidos.

Fuentes estadounidenses revelaron que la investigación sobre posibles vínculos entre Gustavo Petro y delitos relacionados con el tráfico de drogas se encuentra en una etapa preliminar y cuenta con respaldo directo de agencias federales como la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). De acuerdo con The New York Times, las fiscalías de los distritos de Manhattan y Brooklyn participan coordinadamente en estas pesquisas, centradas no solo en los presuntos lazos del presidente de Colombia con actividades de narcotráfico, sino también en el supuesto financiamiento ilegal de su campaña con recursos procedentes de la droga.

Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de avanzar en estas investigaciones en un contexto político colombiano marcado por la renovación presidencial, donde el candidato Iván Cepeda, identificado como cercano a Petro, figura como principal aspirante. Esta indagación coincide además con el reacomodamiento reciente en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, tras episodios de tensión y acusaciones intercambiadas, que incluyeron expresiones despectivas por parte del presidente estadounidense Donald Trump contra Gustavo Petro, amenazas de intervención militar y un posterior acercamiento protocolar signado por reuniones en la Casa Blanca.

El medio estadounidense detalló que las tensiones bilaterales alcanzaron momentos de particular tensión cuando Trump utilizó una retórica hostil hacia Petro, refiriéndose a él como ‘lunático con problemas mentales’ y, posteriormente, sugiriendo la posibilidad de una acción militar en Colombia, en el periodo previo a una operación contra el gobierno venezolano, desarrollada por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de 2026 que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Esta secuencia de eventos consolidó una pauta marcada por el mayor intervencionismo estadounidense en América Latina, un giro calificado en The New York Times como continuación de la histórica ‘Doctrina Monroe’.

En torno al impacto potencial de la investigación en el panorama político colombiano, The New York Times reportó que el proceso se produce en el marco de una campaña electoral donde el oficialismo busca la continuidad gubernamental respaldando la candidatura de Iván Cepeda. El periódico subrayó antecedentes de la administración Trump de influir de manera directa en procesos electorales regionales, como sucedió en Honduras, donde la ayuda estadounidense estuvo condicionada al triunfo de candidatos afines a su política exterior.

Las reacciones en Estados Unidos ante la revelación de la investigación incluyeron declaraciones del congresista republicano Carlos Giménez, quien integra la Comisión de Seguridad Nacional. En palabras citadas por The New York Times, Giménez celebró la noticia y aseguró que Petro ‘tendrá que enfrentar las consecuencias de su accionar ilegal ante la Justicia estadounidense’. El legislador insistió en que ‘los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño’, refiriéndose a la residencia presidencial, y manifestó su expectativa de que, desde el Congreso estadounidense, se concrete la ‘pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro’, a quien acusó de causar daños profundos a Colombia.

The New York Times examinó el trasfondo de la investigación, resaltando que tanto la DEA como el HSI se encuentran proveyendo información y asistencia operativa a las fiscalías de Nueva York, y que el caso gira en torno a denuncias de uso de fondos provenientes de la droga en la financiación de actividades políticas. Las fuentes citadas advirtieron que la pesquisa se mantiene en etapa inicial y que la recolección de pruebas sigue su curso mientras se producen las campañas y la actividad electoral en Colombia.

El medio estadounidense recordó además que el uso político de investigaciones federales estadounidenses en América Latina no representa una novedad, reflejando una continuidad de estrategias de presión política sobre gobiernos de la región catalogados como adversos a los intereses de la Casa Blanca. Según The New York Times, la administración Trump viene reforzando esta línea con una agenda exterior orientada hacia una mayor intervención directa en el hemisferio, como quedó evidenciado a finales de 2025 con episodios recientes en Venezuela y otras naciones.

La nota del diario neoyorquino también hizo referencia al efecto de estas acciones judiciales y políticas en la opinión pública colombiana, donde, de acuerdo con el testimonio de figuras estadounidenses como Giménez, existe descontento ante la figura de Petro y fuertes cuestionamientos a la actual administración. Además, The New York Times señaló que el desarrollo de esta investigación podría incidir en la percepción internacional sobre la gobernabilidad en Colombia y el nivel de involucramiento extranjero en sus asuntos internos, particularmente en períodos electorales.

El informe resaltó, finalmente, que las autoridades estadounidenses consideran que la investigación actual podría sentar un precedente en la cooperación interagencial y la coordinación internacional sobre delitos transnacionales en América Latina, fijando la atención en el desarrollo de la relación bilateral a corto y mediano plazo.

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana se reunieron en Santo Domingo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo, informó la embajada estadounidense este jueves.

El encuentro, con la presencia del subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización de Estados Unidos, Michael Buemi, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, José Manuel Cabrera Ulloa, se centró en mejorar la coordinación interinstitucional y la efectividad operativa en la región.

La reunión ocurre poco después de que Estados Unidos reabriera la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, tras un mes de cierre debido a una investigación interna de corrupción, según datos compartidos por la embajada y recogidos por EFE.

Durante la visita de Buemi al país caribeño, el encuentro sirvió para reafirmar que República Dominicana es “un miembro clave de la Coalición de las Américas contra los cárteles y un líder regional en la promoción de la seguridad hemisférica”, de acuerdo con la legación diplomática de Washington.

Acciones y estrategias abordadas en la reunión

Durante el diálogo, las autoridades trabajaron en estrategias para detectar, monitorear e interrumpir redes de tráfico ilícito, orientadas a reforzar las prioridades compartidas frente a organizaciones criminales transnacionales y terroristas designadas que operan en la región. En la reunión estuvieron presentes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, el comandante general de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez, y el comandante general de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

El subsecretario Buemi destacó el compromiso del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de actuar “hombro con hombro con la República Dominicana” para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas. “Desde la política hasta la operación, estamos alineando capacidades para negarles espacio, rutas y recursos”, afirmó, según la nota de prensa distribuida tras el encuentro.

Resultados y contexto regional

Las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas en lo que va de año. Desde agosto de 2025, Estados Unidos realiza ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar droga desde países ubicados al sur de su territorio, según la misma fuente.

Además, el 17 de marzo, la embajada de Estados Unidos en República Dominicana comunicó la firma del acuerdo para implementar el Plan de Modernización y Tecnificación de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM). El acto tuvo lugar en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, en el contexto del proceso de Reforma Policial.

Según dicha representación diplomática, el acuerdo busca fortalecer las capacidades investigativas y fomentar investigaciones respaldadas en pruebas científicas. Para ello, se estableció una cooperación entre la Policía Nacional de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), bajo la representación de Rebecca Marquez.

Con esta iniciativa, los organismos firmantes pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y respaldar el avance de la reforma policial, según la información divulgada por la embajada de Estados Unidos.

Tras la detención y liberación inmediata de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, la atención pública vuelve a centrarse en los demás integrantes de la dinastía Zambada.

La diversidad en la trayectoria de los hijos de Zambada —algunos apartados del crimen organizado, otros encarcelados o en libertad tras acuerdos judiciales e incluso colaboradores de la justicia estadounidense— revela la complejidad de una familia cuya influencia y actividades han marcado la historia reciente del narcotráfico en México.

La estructura familiar del “Mayo” Zambada se da forma a partir de las relaciones del capo con distintas esposas y parejas.

Están los hijos que tuvo con Rosario Niebla Cardoza. De esta unión nacieron Vicente Zambada Niebla, conocido como “el Vicentillo”, y las hermanas María Teresa, Midiam Patricia, Modesta Zambada y la propia Mónica del Rosario Zambada Niebla.

El propio Vicente Zambada Niebla, quien aparece frecuentemente como heredero de la organización, fue aprehendido en 2009 y se convirtió posteriormente en colaborador y testigo clave para el gobierno de Estados Unidos.

Las hijas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta han figurado en diversos registros financieros y en listas de sanciones internacionales, donde se señala un presunto involucramiento en operaciones de lavado de dinero vinculadas a las redes de su padre.

El papel de los hijos varones: liderazgo y presión judicial internacional

Entre los descendientes nacidos de la relación de “El Mayo” con María del Refugio Sicairos Aispuro y Margarita López Imperial, destacan “El Flaco” y “El Gordo”. Ismael Zambada Sicairos, denominado “Mayito Flaco”, es el único de los hijos que actualmente mantiene liderazgo operativo dentro de la facción mayista del Cártel de Sinaloa en México. Se le considera un objetivo prioritario para la DEA.

Por su parte, Ismael Zambada Imperial, apodado “Mayito Gordo” e hijo de Margarita López Imperial, fue capturado en 2014 y enfrentó un proceso de extradición a Estados Unidos. Su estadía en prisión concluyó en 2022, cuando obtuvo la liberación tras cumplir condena, según documentos judiciales estadounidenses.

Acuerdos judiciales, bajo perfil y nueva generación

El árbol genealógico de Zambada incluye otras ramas con hijos menos expuestos mediáticamente, pero cuya relación con el sistema judicial de Estados Unidos ha sido decisiva para su destino.

Serafín Zambada Ortiz, hijo de Leticia Ortiz Hernández, fue detenido en 2013. Su liberación, en 2018, se debió a su cooperación con autoridades estadounidenses.

En ese mismo núcleo familiar, Teresa Zambada Ortiz, hermana de Serafín, ha permanecido alejada del foco público y mediático, manteniendo un perfil bajo que contrasta con la notoriedad de otros hermanos.

A ellos se une Ana María Zambada Lara, hija de Alicia Lara Camberos, quien figura formalmente como parte de la descendencia directa de Ismael Zambada, aunque no se dispone de información pública relevante sobre su involucramiento en las actividades familiares.

El juez federal Frederic Block estableció el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, tras la audiencia realizada este jueves en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Durante la comparecencia se estableció el calendario del proceso, que contempla una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio. El acusado enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y conspiración, entre ellos el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Caro Quintero se declaró no culpable desde su primera presentación ante autoridades estadounidenses en febrero de 2025, luego de ser entregado por el gobierno mexicano junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado. Desde entonces, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante el proceso, la defensa ha solicitado, sin éxito, modificaciones a las condiciones de confinamiento, pues se encuentra en un programa de vigilancia riguroso y permanente. Sus abogados han señalado que el acusado permanece bajo Medidas Administrativas Especiales, lo que implica aislamiento durante la mayor parte del día y restricciones en la comunicación, incluso con su equipo legal. También han referido dificultades para preparar el caso en esas condiciones y han mencionado problemas de salud del detenido.

Fiscalía estadounidense descarta la pena de muerte

Por su parte, la fiscalía estadounidense determinó que no buscará la pena de muerte, aunque el acusado podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. El curso del proceso podría modificarse si se alcanza un acuerdo previo, aunque especialistas han señalado que este escenario es poco probable debido a la gravedad de los delitos imputados.

Otros capos recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga a internos de alto perfil vinculados con delitos de alcance internacional. Entre ellos se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exdirigente de “Los Caballeros Templarios” y “La Familia Michoacana”; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exjefe del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, quien encabezó la organización “Los Zetas”.

En ese mismo penal también permanece el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, procesado por delitos relacionados con narcotráfico, así como el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue ingresado a esa prisión el 3 de enero de 2026, acusado por autoridades estadounidenses de cargos vinculados con narcoterrorismo.

La Policía boliviana confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset utilizó más de diez identidades diferentes para operar en Bolivia y otros países.

Tras analizar los documentos incautados durante los allanamientos en la ciudad de Santa Cruz, las autoridades determinaron que Marset, conocido por sus vínculos con organizaciones criminales internacionales, empleó estos nombres falsos para evitar su identificación, evadir controles y consolidar una red delictiva de alcance transnacional.

Entre las identidades reveladas figuran Gabriel de Souza Bemer, presuntamente de nacionalidad boliviana, y Luis Pablo Amorim Santos, asociado a Brasil.

El uso de múltiples identidades formó parte de la estrategia de Marset para ocultar su verdadera personalidad y dirigir actividades ilícitas. En 2023, bajo el nombre de Amorim Santos, adquirió y jugó en el club Leones del Torno, de la segunda división del departamento de Santa Cruz.

Además de los documentos falsos, en los operativos se encontraron máscaras, lo que refuerza la hipótesis de que tanto Marset como sus colaboradores empleaban diversos métodos para dificultar su rastreo por parte de las fuerzas de seguridad.

El desmantelamiento de la estructura logística de Marset en Bolivia incluyó la incautación de 16 avionetas, entre ellas una aeronave Beechcraft, y la identificación de al menos diez viviendas utilizadas por la organización para sus operaciones y seguridad.

El Ministerio de Gobierno boliviano estimó que el daño económico causado tras estos decomisos supera los USD 15 millones. El ministro Marco Antonio Oviedo explicó que la decisión de expulsar a Marset y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se tomó por el alto riesgo de violencia que implicaba su permanencia en una cárcel boliviana.

Ya en Estados Unidos, Marset enfrenta cargos en el estado de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína.

Según la fiscal federal Jessica Aber, Marset lideraba el traslado de varias toneladas de droga desde Sudamérica hacia Europa, generando ganancias por decenas de millones de euros mediante maniobras financieras complejas. El expediente judicial indica que solo en enero de 2021, una de sus operaciones le reportó un pago de más de 17 millones de euros (más de 19,4 millones de dólares).

La red criminal de Marset operaba con el apoyo de otros especialistas en lavado de activos, como el uruguayo Federico Ezequiel “Capitán” Santoro Vasallo, con base en Paraguay, quien fue arrestado antes que Marset y acordó colaborar con la justicia estadounidense.

La información proporcionada por Santoro permitió identificar transferencias ilícitas por al menos USD 8 millones a través de bancos en Estados Unidos, Bélgica, Chile, China, Países Bajos, Paraguay, Portugal y Nueva York.

Las maniobras incluían el uso de empresas ficticias y mensajeros que transportaban grandes sumas de dinero en efectivo antes de introducirlo en el sistema bancario global.

Durante el período en que permaneció prófugo, Marset mantuvo una estricta custodia y cambió de residencia en varias ocasiones. Sin embargo, la traición de allegados motivados por una recompensa de USD 2 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos facilitó su ubicación.

El uruguayo también es señalado como autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú, Colombia, y se lo vincula con el sicario Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, procesado por homicidios en Buenos Aires y Pilar en 2024.

Actualmente, Marset permanece bajo estricta custodia en una prisión de máxima seguridad en Virginia, a la espera de su segunda audiencia judicial.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 18 de marzo la detención en México de siete personas solicitadas por distintas cortes de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores, entre otros.

Las capturas, según la autoridad federal, ocurrieron en el marco de una operación coordinada entre autoridades mexicanas y agencias internacionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir la impunidad.

Según reportó la FGR, los detenidos, quienes enfrentan procesos de extradición y fueron ubicados en diferentes estados del país, son identificados con los siguientes nombres:

• Mario “N”
• Genaro “N”
• Néstor “N”
• Noé “N”
• José “N”
• Gilberto “N”
• René “N”

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, algunos de los detenidos utilizaban alias en sus círculos de operaciones. Genaro “N” es conocido como “G”; Noé “N” usaba los sobrenombres de “Alejandro Castillón” o el “Compadre”; mientras que Gilberto “N” también operaba bajo el alias de “Gil”.

Cooperación internacional permitió las capturas

De acuerdo con la FGR, el operativo fue resultado de una colaboración entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quienes intercambiaron información con agencias estadounidenses.

En el comunicado donde fueron informadas las detenciones, presentado por el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, fue destacada la labor de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por su papel en la gestión de las órdenes de detención formal con fines de extradición.

Según los datos oficiales, las autoridades mexicanas actuaron en respuesta a solicitudes formales de asistencia jurídica de Estados Unidos y realizaron los arrestos en distintos puntos del país, entre ellos Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Los siete detenidos permanecen bajo custodia en centros de justicia de México, mientras avanzan los trámites legales para su extradición.

Perfil de los 7 detenidos en México

Entre los capturados resalta el perfil de Genaro “N”, arrestado en Baja California, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con las investigación del Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California -quienes solicitan su extradición-, este individuo es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga hacia San Diego, California, la cual sería cruzada por la frontera con vías terrestres y túneles.

Por otra parte, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue capturado José “N”, solicitado por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, Condado de Salt Lake, Utah, para responder por 12 cargos de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, hechos cometidos entre 2020 y 2021.

Otro de los detenidos fue Néstor “N”, arrestado en Apodaca, Nuevo León, tras ser acusado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, de homicidio en primer grado. Según la acusación, habría privado de la vida a una víctima con tres disparos.

En Piedras Negras, Coahuila, fue detenido Noé “N”, investigado por la DEA y reclamado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Por su parte, el quinto hombre de la lista es René “N”, sujeto buscado por el FBI desde 2012. El presunto criminal fue arrestado en San Luis Potosí por abuso sexual calificado contra menores, tras ser requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Además, en Mexicali, Baja California, fue localizado Gilberto “N”, solicitado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína y fentanilo hacia EEUU.

Por último, en Acatlán de Juárez, Jalisco, se capturó a Mario “N”, requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside, acusado de abuso sexual y violación de una menor en cuatro cargos distintos.

En el mensaje realizado por la FGR este 18 de marzo no fueron indicadas las fechas exactas de las 7 aprehensiones.

Sebastian Enrique Marset Cabrera no permaneció por mucho tiempo en tierra boliviana luego de ser esposado por la Policía de ese país. En pocas horas, el capo narco uruguayo que dominó la Hidrovía, generó nuevas rutas y mantuvo una influencia latente en Argentina, fue entregado a la DEA y enviado a Estados Unidos, uno de los cinco países que solicitaba su captura. Ya en Virginia, recibió los cargos en su contra: conspiración para cometer lavado de dinero.

En el documento, al que accedió Infobae, se destacan los nombres falsos que utilizó el narcotraficante afiliado al temible PCC brasileño con sello propio (Primer Comando Uruguayo -PCU). “Luis Paulo Amorim Santos” y “Gabriel De Souza Beumer”, son identidades que le permitieron permanecer en la clandestinidad, viajar a Dubai y jugar al fútbol de manera profesional. También mencionan su alias: “Dor”.

Para la fiscal Jessica Aber, Marset era responsable del traslado de cantidades de varias toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares, desde Sudamérica hacia Europa, una operatividad propia de los grandes narcos.

Marset está siendo acusado junto al también uruguayo Federico Ezequiel “Capitán” Santoro Vasallo, un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay que ofrecía sus servicios al narco de la Hidrovía y que fue capturado antes que él. Fuentes allegadas al caso indicaron a este medio que Santoro acordó dar información sobre la organización y su jefe a las autoridades. “Cantó”, resumieron. A cambio le redujeron la condena a 15 años.

Esa información permitió a los investigadores conocer con mayor profundidad la red criminal, pero no sabían, aún, dónde se ocultaba Marset, por quien se ofrecían 2 millones de dólares de recompensa.

Santoro movía el dinero producto del narcotráfico desde varios países de Europa hacia Sudamérica y otros lugares en el extranjero. “Mientras Marset y Santoro trabajaban estrechamente, Santoro también proporcionaba servicios de lavado de dinero para otros, y Marset utilizaba otros lavadores de dinero además de Santoro”, puntualiza la acusación.

Ambos utilizaban mensajeros y señales para entregar de manera encubierta grandes cantidades de moneda ilícita, normalmente en euros, a sus co-conspiradores, incluso en maletas al costado de caminos públicos en Europa. Sus cómplices se especializaban en introducir la moneda ilícita en el sistema bancario global, señala el procesamiento.

Lo que seguía era un movimiento internacional a través de transferencias electrónicas. Al menos una de ellas pasó por el servidor de un banco estadounidense ubicado en Richmond, Virginia. Otras se detectaron en Bélgica, Chile, China, Países Bajos, Paraguay, Portugal y Nueva York.

Para ocultar la ubicación y propiedad de los activos lavados, utilizaron empresas registradas en Sudamérica y Asia y facturas falsas para justificar las transferencias.

En menos de cinco meses, de acuerdo a la investigación, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares derivados del tráfico de drogas a través de bancos estadounidenses.

Claro que, durante el proceso, Marset amenazaba “con usar la violencia contra otros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.

Para tener noción de las cantidades que manejaban, el escrito puntualiza que en enero de 2021, a Marset debían pagarle más de 17 millones de euros provenientes de una sola remesa de cocaína.

“En total, la organización distribuyó muchos miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias de drogas en efectivo”, destaca la fiscal norteamericana.

Las fuentes estimaron que esa acusación podría ampliarse al delito de contrabando. Este viernes, Marset, que está buscando abogado, tendrá una segunda audiencia para definir su situación.

Esperan que colabore y, de esta manera, que pueda reducir su pena. Mientras tanto, permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad del condado.

Traición y preservativos

Ahora bien. El episodio de Santoro es solo una parte de los hechos que provocaron la caída del jefe narco. Fuentes ligadas a la investigación indican que Marset sufrió la traición de personas pertenecientes a su círculo íntimo, para quienes la recompensa fue demasiado atractiva.

Aunque algunos miembros de su banda no escatimaban en gastos y los ostentaban, el jefe estaba tranquilo en la casa de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se ocultaba. Su custodia, unos tres hombres armados, dormían en otra propiedad lindera. Fueron los primeros en ser reducidos por los policías.

El narco nada sospechaba. Su inquietud estaba asociada, en cambio, a un episodio protagonizado poco antes por su ex esposa, Gianina García Troche, encerrada en un penal de Paraguay. En una requisa, le secuestraron perfumes, cartera y preservativos.

El hallazgo de este último elemento, advertido en crónicas de medios paraguayos, habría calado hondo en la sensibilidad del narco, que buscó conocer si su ex tenía una relación romántica con algún hombre -dicen que ella también investigaba si él estaba con otra mujer-.

En ese momento, Marset comenzó a acometer una serie de errores y descuidos que, combinados con los otros dos factores, permitieron su captura mientras dormía.

Una versión indica que la requisa en la celda de García Troche no fue casual y que, con picardía, los profilácticos fueron plantados para hacer salir al capo de su escondite.

Las huellas de Marset en Argentina

Aunque la Justicia argentina no lo requería debido a que nunca se encontraron evidencias en su contra, la sombra de Marset podía percibirse en varios eventos a lo largo de los años. Incluso, se cree que utilizó este país como tránsito de los cargamentos enviados a Europa.

Dejó su primera huella registrada en 2020 cuando un baqueano encontró en la isla El Chaparro, frente a Victoria, Entre Ríos, 29 panes de cocaína con la marca “PCU”. En ese momento, nadie tomó noción de la importancia del hallazgo.

Ese mismo año, en el Aeropuerto de Ezeiza, perros entrenados de Aduana detectaron cocaína en pallets de soporte de una máquina que viajaba en un vuelo de cargamento de la empresa holandesa KLM.

La inspección de rutina al vuelo que había llegado desde San Pablo, Brasil, se realizó en el proceso de carga y descarga de sus contenidos: el destino final del avión era Ámsterdam. En los ladrillos se puede leer el logo de Marset, a quien también se señala como autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en una playa de Barú, Colombia, durante su luna de miel. El caso provocó gran conmoción en los fiscales de la región dedicados a combatir el crimen organizado.

Por último, muchos ven su figura detrás del sicario uruguayo Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, procesado por los homicidios de Fabián Sturm Jardón, en diciembre de 2024 en Recoleta, y el de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sostuvieron una reunión por temas de seguridad de ambos países.

Durante el encuentro, la agenda priorizó la coordinación binacional como herramienta principal para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

Dicha reunión, según el titular de la DEA, estuvo centrada en la cooperación transfronteriza para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

En tanto, Harfuch indicó en sus redes sociales que en el encuentro también se habló de la contención del tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones de alto impacto.

“Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, indicó Harfuch.

Este encuentro sucedió luego de que García Harfuch narró para el medio estadounidense Newsmax el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado por la DEA como el criminal más buscado; incluso la agencia ofreció una recompensa por información del capo con un valor de 15 millones de dólares.

De acuerdo con el secretario, la acción incluyó tres componentes: uno terrestre, con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; uno aéreo, con seis helicópteros y personal militar; y la participación de aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La conversación de García Harfuch con la cadena estadounidense se suma a su participación en otros medios, debido a su gestión y participación en operativos relevantes le han valido menciones en publicaciones como The New York Times, que resaltó el papel de García Harfuch en el fortalecimiento del intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, así como su aporte para reducir las dudas de Washington respecto a la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar a los cárteles.

Colaboración entre EUU y México en Seguridad

Según NYT, la labor coordinada entre ambos países ha permitido incrementar las detenciones de criminales buscados y facilitar extradiciones. Además, la cooperación bilateral ha sido reconocida por autoridades de alto nivel, incluyendo agencias estadounidenses como la CIA y el FBI, quienes han destacado los avances logrados en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, en la muerte de “El Mencho”, la presidenta de México ha insistido, pese a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien se intentó atribuir el operativo, que fue el resultado de las Fuerzas Armadas de México. La participación del gobierno estadounidense en este caso específico, según fuentes oficiales, fue que éste proporcionó información clave.

Tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informó que el delincuente ya estaba bajo su custodia. En un comunicado, la agencia estadounidense definió al criminal como “un Pablo Escobar de la era moderna”.

“La búsqueda ha terminado”, celebró la DEA en el comunicado en el que informaba que las autoridades bolivianas capturaron a Marset y lo entregaron a sus agentes, que se encargaron de escoltarlo hacia Estados Unidos tras su expulsión de Bolivia.

“Descrito como un ‘Pablo Escobar de la era moderna’, Marset se enfrentará a la justicia en Estados Unidos por los crímenes que se le imputan”, agrega el texto. También lo definen como “uno de los presuntos narcotraficantes más notorios de Sudamérica”.

Marset había ingresado hace casi un año a la lista de los fugitivos más buscados de la agencia antidrogas de Estados Unidos, que se había comprometido a “perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización del narcotráfico”, expresó el administrador de la DEA, Terrance Cole. Informó que el uruguayo será juzgado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de activos.

“Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura”, declaró Cole, y recordó que la agencia que administra se enfoca en “desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional al perseguir a los narcotraficantes de todos los niveles”.

“Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset. El renovado enfoque de la DEA en las alianzas y los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global continúa dando resultados para los estadounidenses”, señaló Cole en la declaración difundida.

Fue en mayo de 2025 que la DEA agregó a Marset a la lista de los más buscados y ofreció una recompensa por él de USD 2 millones. Esta decisión estuvo basada en una acusación formal realizada por el Distrito Este de Virginia que alegó que Marset es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala, que traslada cocaína desde la región hasta Europea.

Marset está acusado de traficar cocaína en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros países. Además, según la acusación formal, el uruguayo utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Tras su caída, el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi celebró la noticia. El mandatario habló con su par boliviano, Rodrigo Paz, y lo felicitó por el operativo. Este luego le agradeció a través de la red social X.

El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, convocó a una conferencia de prensa luego de que las autoridades bolivianas confirmaran la captura y destacó que el intercambio de información “fue clave” para dar con el paradero del narcotraficante.

Además, el jerarca del gobierno uruguayo dijo que Marset está implicado en algunas investigaciones en Uruguay. “Tenemos la certeza de la participación de Marset en diferentes eventos que ocurrieron en el país en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas por eso la reserva obliga a guardar silencio. Sabemos de la participación en varios hechos que fueron públicos y notorios en prensa”, expresó.

Respecto al comportamiento de bandas criminales, señaló que las organizaciones buscan “suplir liderazgos”. Por tanto, hay “fenómenos en estudio” para ver qué consecuencias puede haber estas capturas. En concreto, Negro fue preguntado por posibles represalias y llamó a “estar alertas” y “no aflojar el músculo”. “Estamos pendientes de cualquier movimiento fuera de lo normal”, expresó.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia suspenderá temporalmente la atención en su Agencia Consular de Santa Cruz, la única de este tipo en el país, a partir del lunes 16 de marzo.

La medida responde a motivos de seguridad tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la desarticulación de su red criminal con conexiones regionales, según informó la representación diplomática estadounidense.

En la misma alerta, se recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Santa Cruz que refuercen las precauciones, se mantengan informados a través de medios locales, permanezcan atentos a su entorno y reduzcan la notoriedad durante su estadía en la ciudad. El cierre de la agencia consular se mantendrá, al menos, hasta el viernes 20 de marzo aunque esta fecha podría extenderse dependiendo de la evolución de la situación.

La detención de Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica, se produjo la madrugada del viernes 13 de marzo durante un operativo policial coordinado en dos inmuebles de la ciudad de Santa Cruz. En el primer domicilio, agentes policiales detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer identificada como hermana del líder narco.

En un segundo inmueble, ubicado a poca distancia, las fuerzas de seguridad localizaron al propio Marset, quien no opuso resistencia al arresto. El procedimiento se realizó sin que se registraran víctimas entre los efectivos policiales ni entre la población civil.

La base de operaciones de Marset estaba en Santa Cruz. Desde allí, coordinaba una red internacional dedicada al tráfico de drogas, según confirmó el gobierno boliviano. Tras la detención, las fuerzas de seguridad confiscaron bienes valuados en más de USD 15 millones, incluyendo propiedades inmobiliarias, aeronaves, vehículos y estupefacientes.

Además, se supo que el uruguayo había fundado y participado como jugador en un club de fútbol de la segunda división local, Los Leones del Torno, actividad que facilitó su permanencia discreta en Bolivia.

Las autoridades presentaron a los cuatro integrantes del círculo de seguridad de Marset, quienes fueron enviados a prisión preventiva por orden judicial. Junto a ellos, se detuvo a otros cuatro individuos: un ciudadano brasileño vinculado con la organización criminal Comando Vermelho, un chileno con antecedentes por tráfico de drogas y dos personas cuya identidad no fue revelada inicialmente.

El Ministerio de Gobierno boliviano indicó que ya se tramita la expulsión de Marset hacia Estados Unidos, país que lo reclama por delitos de tráfico internacional de estupefacientes.

El uruguayo también es requerido por la justicia de Uruguay, Brasil y por organismos internacionales como Europol, Interpol y la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, una de las principales agencias federales dedicada al combate del narcotráfico, que desde mayo de 2025 lo incluyó en su lista de fugitivos prioritarios.

En febrero de este año, después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y ocupaba uno de los puestos más altos en dicha lista, Marset ascendió al tercer lugar, de acuerdo con la agencia estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia consideró la captura un avance dentro de la operación “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación regional iniciado bajo la administración de Donald Trump junto a gobiernos latinoamericanos, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la seguridad transnacional. Esta operación ha permitido la coordinación de esfuerzos policiales y judiciales en diferentes países para combatir redes criminales transfronterizas.

El cierre de la Agencia Consular estadounidense en Santa Cruz responde a la preocupación ante posibles represalias o incidentes derivados del desmantelamiento de la red criminal liderada por Marset.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos en la región a mantener vigilancia estricta y seguir las recomendaciones oficiales hasta que las condiciones de seguridad permitan restablecer los servicios consulares.

Por su parte, el gobierno boliviano afirmó que continuará los operativos para desarticular las estructuras delictivas asociadas a Marset y sus colaboradores, y reiteró su compromiso de cooperación con las agencias internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

(Con información de EFE)

El traslado de Sebastián Marset a Estados Unidos estuvo a cargo de agentes de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), según informó El País, después de que autoridades bolivianas confirmaran su detención en la madrugada de este viernes en el departamento de Santa Cruz. El operativo se realizó de forma coordinada y se arrestó tanto a Marset como a varias personas de diversas nacionalidades que integraban su estructura criminal. La captura marca un momento decisivo en los esfuerzos regionales contra el crimen organizado, ya que Marset figuraba entre los cinco más buscados por el organismo antidrogas de Estados Unidos, acusado por conspirar para cometer lavado de dinero.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó la noticia durante una conferencia de prensa, señalando que “uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro más grandes del continente ha caído”. Según consignó El País, Paz calificó este acontecimiento como un hito en la lucha latinoamericana contra el narcotráfico y las redes de delincuencia compleja, destacando la envergadura de Marset y la relevancia del operativo. Estados Unidos había ofrecido dos millones de dólares por la captura del uruguayo, intensificando así la presión internacional para su localización.

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, declaró tras recibir confirmación oficial desde Bolivia que la detención de Marset cumple con demandas judiciales pendientes. Paraguay, según recordó Rachid a El País, mantiene causas abiertas contra Marset, quien es señalado como uno de los principales líderes del tráfico regional de estupefacientes. Rachid precisó que el arresto ocurrió junto a colaboradores extranjeros, lo que apunta a la operatividad transnacional de la banda dirigida por Marset.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, adelantó que solicitaría la extradición del detenido para que comparezca ante la justicia paraguaya por los delitos que se le imputan en ese país. El medio El País detalló, no obstante, que el gobierno boliviano confirmó el traslado inmediato del uruguayo a Estados Unidos, en una operación limitada logísticamente al transporte aéreo por parte de la DEA, sin participación directa en el arresto inicial.

Al conocerse la noticia, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en medios digitales, recogido por El País, en el que enfatizó el alcance de la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos para poner fin al “reinado de caos y terror” de Marset. Según la versión oficial, la colaboración policial fue esencial para neutralizar las actividades de uno de los actores clave en el tráfico internacional de drogas.

El impacto de la captura trascendió el ámbito bilateral. Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó en redes sociales, como indicó El País, su satisfacción por la aprehensión de Marset. Petro acusó al uruguayo de haber planeado su asesinato debido a la política de lucha contra el narcotráfico que impulsa su administración, agregando una dimensión política a la operación internacional que culminó en Santa Cruz.

Las autoridades bolivianas subrayaron ante El País que la DEA no intervino en la fase de detención, limitando su actuación al traslado posterior hacia territorio estadounidense. La operación se enmarca en el intercambio de información entre agencias y refleja la presión creciente ejercida desde varios países sudamericanos sobre líderes fugitivos del crimen organizado. La coordinación entre Bolivia, Estados Unidos y Paraguay muestra un nuevo patrón en la persecución regional de figuras señaladas por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Según publicó El País, Marset se encontraba en la lista de los cinco fugitivos prioritarios de la DEA. El organismo antidrogas justificó la recompensa de dos millones de dólares afirmando que Marset había generado una sofisticada estructura para el lavado de capitales ilícitos, extendiéndose en varios países y creando una red de colaboradores de distintas nacionalidades.

El arresto de Sebastián Marset no solo responde a causas penales acumuladas en distintos sistemas judiciales, sino también a una estrategia internacional que comenzaron a definir hace meses los países más afectados por su carrera criminal. El seguimiento realizado durante meses incluyó labor de inteligencia conjunta, intercambio de información y coordinación operativa entre autoridades de América del Sur y Estados Unidos, según detalla El País. La operación aspira, de acuerdo a fuentes oficiales citadas por el medio, a sentar un precedente en la persecución de estructuras criminales transfronterizas.

De acuerdo con información de El País, la extradición a Estados Unidos se concretó desde el departamento boliviano de Santa Cruz, inmediato tras el arresto. El traslado resultó exclusivamente logístico, ya que Bolivia aclaró que no se permitió la intervención de la DEA en el operativo de detención propiamente dicho.

La detención de Marset ha generado reacciones entre autoridades y observadores del combate al narcotráfico en la región. El seguimiento de su caso por parte de la DEA y las reiteradas solicitudes de captura consiguieron finalmente una respuesta regional organizada, que culminó con la transferencia del detenido a Estados Unidos. La investigación sobre la red de colaboradores del uruguayo y las repercusiones legales en los países con causas abiertas contra él continúan, mientras en Washington se refuerza la colaboración hemisférica en la lucha contra las estructuras mafiosas de alcance internacional, reportó El País.

Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado la madrugada de este viernes en una zona elegante y residencial de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Sebastián Marset, el uruguayo de 34 años acusado de liderar una de las mayores organizaciones criminales de la región, fue aprehendido por agentes de la Policía boliviana cuando dormía en una vivienda alquilada en el barrio Las Palmas, en las calles Río Urigaito y Las Salinas .

El operativo policial —en el que participaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop)— se planificó con al menos tres meses de anticipación, pero fue en las últimas semanas cuando se intensificó la investigación. Para cercar al capo, el Ministerio de Gobierno dispuso el traslado de unidades especializadas de la Policía a la ciudad de Santa Cruz.

Según el relato del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, los agentes fueron trasladados a la capital cruceña “con absoluta reserva” y posteriormente fueron aislados para evitar filtraciones de la investigación. A este equipo especializado se lo alojó en una casa “a unos kilómetros” de la ciudad.

La operación, que fue calificada por el presidente Rodrigo Paz como “quirúrgica”, tenía dos objetivos: ingresar primero a la vivienda donde estaban los guardias de Marset y posteriormente a la que era la residencia del capo. A las 02:30 de este viernes inició el megaoperativo con el cierre de calles aledañas para evitar intentos de fuga.

“Tomamos la primera vivienda y la neutralizamos para que la seguridad de Marset no se traslade a la vivienda del narcotraficante”, explicó Oviedo. Posteriormente pasaron al segundo domicilio donde el uruguayo se encontraba “descansando”, solo y sin seguridad.

“Se lo ha detenido con las formalidades de trato humano”, afirmó el ministro. Oviedo reveló que Marset “guardó silencio todo el tiempo” y que la operación fue “muy corta, muy rápida y sin víctimas ni heridos”.

Según registros de cámaras de seguridad de la zona, Marset fue sacado de su domicilio encapuchado a las 5:09 de la madrugada y trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde minutos antes había aterrizado un avión Beechcraft King Air 350C procedente de Lima, Perú.

El narcotraficante fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo guiaron hasta la aeronave con las manos y los pies esposados. Según páginas especializadas en rastreo de vuelos, el avión voló a Lima y se presume que desde ahí partió hacia Estados Unidos.

“Se lo expulsó de manera inmediata porque nuestro sistema penitenciario es muy frágil”, justificó el ministro Oviedo y afirmó que su presencia en una cárcel boliviana hubiera producido caos y “asesinatos”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el operativo se produjo la captura de dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya de apellido Marset, quien se presume que es media hermana del narcotraficante. Estas cuatro personas fueron trasladadas a celdas policiales para su imputación por los delitos vinculados al tráfico de armas y a la organización criminal.

En el lugar se encontraron múltiples dispositivos electrónicos, “armamento sofisticado” y dos vehículos, un Mercedes-Benz Clase G y una camioneta Toyota Hilux. Ambos “tenían un blindaje tipo 7, que es el más alto que se puede conseguir para una movilidad”, detalló el ministro Oviedo.

En paralelo se realizaron allanamientos en la zona residencial del Urubó y en la localidad de Warnes, distante a 35 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. En ambos lugares se encontraron 11 avionetas, armas de grueso calibre, vehículos, tarjetas de crédito, documentos y diversos tipos de droga.

Según se difundió en los medios locales, la casa en la que vivía Marset era alquilada y hasta hace poco estaba en venta. En el letrero en el que se ofrecía el inmueble se detallaba que cuenta con siete habitaciones, cuatro salas, dos cocinas y garaje para cinco vehículos en una superficie de 900 metros cuadrados.

Marset se encontraba prófugo de la justicia desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, ciudad en la que vivió en los últimos años y que era su “centro de operaciones”, según autoridades del Gobierno boliviano.

“Sebastián Marset elige quedarse en Bolivia porque le dieron las condiciones”, afirmó en una entrevista la criminóloga Gabriela Reyes, quien considera que es importante ampliar las investigaciones para identificar la red de protección que tuvo el narcotraficante durante los últimos años. “Tenía protección policial, judicial y, como se ve, no llegó a la protección política”, afirmó.

Para la especialista y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, la detención del capo es solo “la punta del iceberg de algo mucho más profundo”.

El uruguayo es acusado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de droga y era requerido por varios países. También se le acusa de estar implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Policía boliviana arrestó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este viernes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana, hora local, y se extendió hasta pasadas las 09:00.

En imágenes difundidas por medios locales se observa a policías fuertemente armados salir de una vivienda de color blanco y custodiando a cuatro personas enmanilladas. Se presume que los detenidos eran parte de su equipo de seguridad.

Tras su detención, el narcotraficante fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru donde fue entregado a las autoridades de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como un “punto de inflexión” en la lucha contra el crimen organizado. “Es un hecho histórico para la región y la humanidad; uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y las capacidades del Estado”, afirmó Paz en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que la tarea de inteligencia y seguimiento al uruguayo se realizó hace varias semanas y en “absoluta discreción” por parte de agentes policiales de Bolivia. El ministro descartó la presencia de la DEA durante el operativo.

“No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a EE. UU. porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, afirmó Oviedo.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se le acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

En 2023 escapó de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública con otra identidad. Desde ese operativo del que logró huir, se desconocía su paradero. En mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como “un punto de inflexión” en el combate al crimen organizado en el país. El narcotraficante fue detenido la madrugada de este viernes en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

“Uno de los narcos considerados entre los más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa. “Resaltar que no hubo ni una baja institucional de nuestra Policía Boliviana, ni un civil, ni un vecino afectado. Fue una acción quirúrgica de la Policía para quitar un mal de la patria”, agregó el mandatario.

La operación de captura inició cerca de las 2:30 de la mañana, hora local. Los agentes policiales de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) realizaron allanamientos en cuatro inmuebles del barrio residencial y lograron la detención del capo y otras cuatro personas, quienes presuntamente serían parte de su equipo de seguridad. En el lugar se decomisó armamento de grueso calibre y municiones.

Posteriormente, Marset fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y expulsado del país. En imágenes obtenidas a través de fuentes policiales, se observa al narcotraficante en el aeropuerto rodeado de oficiales de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) quienes lo trasladaron hasta Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, descartó la participación de la agencia norteamericana en el operativo. “No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, informó en conferencia de prensa.

Tras darse a conocer la detención del narcotraficante, la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo esa oficina en sus cuentas de redes sociales.

El mensaje, que acompaña una foto de Marset con el letrero “capturado”, agrega que el uruguayo enfrentará la justicia y afirma que “el Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, en referencia al bloque recientemente conformado por Estados Unidos y 12 países latinoamericanos.

El narcotraficante acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos, es requerido por la justicia de al menos tres países latinoamericanos y agencias policiales internacionales como la DEA, que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura.

El presidente Paz afirmó que la captura de Marset es el inicio de una serie de acciones para consolidar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país. “Bolivia hoy ha ganado. Debemos asumir con grandeza este paso para construir una patria digna y libre de narcotráfico, corrupción e impunidad”, afirmó.

Sebastián Marset era uno de los narcotraficantes más buscados en la región. En los últimos años vivió en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública y llegó a participar en un equipo de fútbol local con otra identidad y a tener operaciones comerciales.

En julio de 2023 logró escapar junto a su familia de un operativo en Santa Cruz y desde entonces se encontraba prófugo de la justicia.

En un megaoperativo en Bolivia, la captura y traslado a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset marcaron un hito en la lucha regional contra el crimen organizado. Marset fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y subido a un avión por efectivos de la agencia antidrogas de Estados Unidos, con presencia de policías locales.

Marset fue llevado a Estados Unidos porque se lo busca por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

Las imágenes del procedimiento muestran a Marset sentado frente a una mesa acompañado por cuatro agentes de la DEA, dos con el rostro cubierto y altamente armados. Otra fotografía lo registra en la pista de aviación, rodeado por policías y bajo constante supervisión.

Persecución internacional y antecedentes de Sebastián Marset

La detención de Marset es el resultado de años de persecución internacional. En 2023, había logrado escapar de un operativo en la misma ciudad boliviana. Tras esa fuga, la justicia de Bolivia abrió procesos por narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja para su arresto.

El nombre de Sebastián Marset ya figuraba entre los narcotraficantes más perseguidos. La detención fue posible gracias a la coordinación entre fuerzas policiales de Sudamérica y Estados Unidos. El operativo, iniciado de madrugada y prolongado por más de cinco horas, incluyó vigilancia intensiva para bloquear cualquier nueva fuga del detenido.

El Departamento de Estado norteamericano felicitó y agradeció al presidente de Bolivia Rodrigo Paz por su liderazgo en la captura del narco uruguayo Sebastián Marset. Mediante un breve comunicado publicado en redes sociales, Washington resaltó además la iniciativa “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) lanzado recientemente en Florida junto a Donald Trump y de la que participaron presidentes de América Latina.

“CAPTURADO. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y a la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, que se fortalece rápidamente, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señala la publicación que acompaña una imagen de Marset y el pedido de recompensa de 2 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.

La detención Marset marca el fin de su actividad como uno de los principales delincuentes vinculados al narcotráfico en la región. El operativo, según fuentes oficiales bolivianas, se realizó en el marco de una colaboración reforzada entre Estados Unidos y Bolivia, impulsada por la gestión del presidente Rodrigo Paz.

El impacto de la captura extiende sus efectos a la política de seguridad regional, ya que las autoridades sostienen que “Shield of the Americas” representa una estrategia conjunta que fortalece la seguridad en el continente, al tiempo que reduce la capacidad operativa de organizaciones criminales.

La cooperación entre fuerzas de seguridad de Bolivia y Estados Unidos permitió la localización de Marset, que ahora enfrentará cargos y comparecerá ante la justicia, conforme a los actuales acuerdos bilaterales.

El operativo

La Policía boliviana arrestó este viernes al narcotraficante uruguayo Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este martes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana. A las 8:30,hora local, el Ministerio de Gobierno informó el traslado de 200 policías de élite desde El Alto hacia Santa Cruz, para apoyar el resguardo policial.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

Marset fue llevado a Estados Unidos donde era requerido por las autoridades por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

Anuncian la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo una nueva dirección, tras un periodo de cierre temporal derivado de auditorías internas. La decisión responde a la intención de fortalecer la transparencia y la integridad en las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Durante el cierre, las autoridades estadounidenses revisaron los programas de visas y otros procesos internos, con el objetivo de garantizar que los procedimientos alcancen niveles más altos de honestidad y resistencia ante posibles irregularidades.

“Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos”, declaró Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

La medida buscó dejar en claro que la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos. “La integridad y la transparencia fueron la base de esta medida”, afirmó la embajadora, quien sostuvo que no permitirá que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen el trabajo vital del personal de la DEA.

Con la reactivación de la oficina, se inicia una nueva etapa marcada por el liderazgo renovado y la supervisión directa del administrador de la DEA, Terry Cole. La meta es que todos los integrantes cumplan con los estándares esperados por la misión diplomática estadounidense, mientras las auditorías y las investigaciones internas siguen en curso.

Para quienes se preguntan “¿qué ocurrió con la oficina de la DEA en Santo Domingo?”, la sede fue clausurada temporalmente para someterse a auditorías y reforzar su funcionamiento. Ahora vuelve a operar con una estructura renovada y un compromiso firme frente a la corrupción y el narcotráfico.

La reapertura se produce en paralelo con la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada recientemente en Florida. En ese evento, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado de líderes de la región, destacó la importancia de la soberanía y el control de fronteras en la lucha contra el narcoterrorismo.

La participación activa de la República Dominicana en esa conferencia fue resaltada como una muestra de la fortaleza de la alianza bilateral. Según la embajadora Campos, “seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas”.

La reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo, bajo nueva dirección, representa un avance relevante en la estrategia regional para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad. Estados Unidos reitera su respaldo a la República Dominicana y enfatiza que la cooperación en seguridad es fundamental para el futuro de ambas naciones.

Campos concluyó que Estados Unidos permanece “plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la lucha contra los narcotraficantes”, reiterando la determinación de erradicar la criminalidad que amenaza a la juventud de ambos países.

El relanzamiento de esta oficina busca consolidar la confianza y la integridad en la cooperación internacional, enviando el mensaje de que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo pilares esenciales en la relación entre ambos gobiernos.

El Gobierno de Bolivia presentó ante la comunidad internacional su política antidrogas durante la 69ª Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena, Austria. La propuesta fue desarrollada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que el país busca fortalecer la cooperación internacional y aplicar un enfoque integral frente al narcotráfico.

La estrategia boliviana se sustenta en cinco ejes: el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional; el control responsable de los cultivos de hoja de coca mediante monitoreo y trazabilidad; la planificación estratégica y el uso de tecnología para mejorar la interdicción; la prevención y el tratamiento del consumo desde una perspectiva de salud pública; y el combate a las finanzas del narcotráfico.

El ministro Oviedo destacó que estas acciones buscan dar respuesta a un escenario en el que el narcotráfico adopta nuevas dinámicas y se vincula con otras economías ilícitas. En ese sentido, señaló que el fenómeno ya no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional. “Hoy enfrentamos una realidad compleja que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional”, afirmó durante su intervención ante el organismo internacional.

Oviedo advirtió además que las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas que operan con una lógica empresarial y se articulan con distintos delitos transnacionales. Entre ellos mencionó el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando.

En ese contexto, alertó que uno de los desafíos más urgentes para la comunidad internacional es la expansión de las drogas sintéticas y la proliferación de precursores químicos, fenómenos que se aprovechan de cadenas globales de suministro.

Ante este escenario, el ministro sostuvo que enfrentar el narcotráfico requiere respuestas coordinadas entre los Estados. “Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales”, señaló, al insistir en la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y el sistema internacional de fiscalización de drogas.

La delegación boliviana participa en la Comisión de Estupefacientes, el principal órgano de decisión sobre políticas de drogas a nivel mundial, para exponer su enfoque frente al narcotráfico y promover acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

Bolivia es uno de los tres países productores de hoja de coca en el mundo, junto con Colombia y Perú. Aunque una parte de esa producción se destina al consumo tradicional y legal de la hoja —reconocido en la legislación boliviana—, otra parte se desvía a la producción de cocaína, lo que sitúa al país dentro de las dinámicas regionales del narcotráfico.

Según datos de las Naciones Unidas, Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, de las que sólo 22.000 son reconocidas como legales. Si bien no hay datos oficiales sobre producción de cocaína, el zar antidrogas Ernesto Justiniano estimó en una entrevista con AFP que la fabricación anual bordea en la actualidad “las 300 toneladas al año”.

Adicionalmente, el país es considerado una región de tránsito de drogas producidas en otros países sudamericanos hacia mercados en Europa y, en menor medida, Norteamérica.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado la necesidad de reforzar la cooperación internacional y ha respaldado el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al país, después de casi 20 años sin presencia formal por la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2008, en medio de acusaciones de injerencia política.

Un nuevo cargamento de clorhidrato de cocaína fue incautado por el Ejército Nacional en el departamento de Nariño, evitando la comercialización de 693.000 dosis de este estupefaciente.

La operación tuvo lugar en inmediaciones de la vereda Inantas, municipio de Yacuanquer, donde soldados del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas DEA, decomisaron 277 kilogramos de droga.

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Se trató de un esfuerzo articulado basado en información de inteligencia militar, que permitió instalar un puesto de control y detener una camioneta que transportaba más de 200 paquetes embalados con el alcaloide.

Durante el procedimiento, fue incautado el vehículo y capturado el sujeto que conducía el cargamento. Las primeras indagaciones apuntan a que el estupefaciente pertenecería al grupo armado organizado ELN, específicamente al Frente Manuel Vásquez Castaño, que opera en la región.

La afectación económica para el grupo insurgente se estima en USD9,3 millones en el mercado ilegal internacional. Este golpe al tráfico ilegal evitó que la sustancia incautada llegara a las calles y se distribuyera entre consumidores. Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán operaciones sostenidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente del país.

Destruyen una tonelada de explosivos artesanales vinculados a estructura criminal en zona rural de Tumaco

En paralelo, en una operación conjunta en la zona rural del municipio de Tumaco, la Policía Nacional y la Armada Nacional destruyeron de manera controlada cerca de una tonelada de explosivos artesanales.

El material, hallado en 16 bultos en las inmediaciones del corregimiento La Espriella, estaría vinculado a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según reportes de inteligencia. Las investigaciones señalan que estos explosivos serían usados para fabricar artefactos improvisados con el fin de afectar la seguridad y el control territorial en la región.

“La Policía Nacional, a través de la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional, logró la ubicación y destrucción controlada de aproximadamente una tonelada de explosivos de fabricación casera en zona rural de Tumaco, en inmediaciones del corregimiento de La Espiella. El material, distribuido en 16 bultos, pertenecería a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y, según información de inteligencia, estaba listo para ser empleado en la elaboración de artefactos explosivos improvisados, con los que se pretendería afectar la seguridad y el control territorial en la región”, indicó puntualmente el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño.

Esta acción contó con el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), lo que robusteció la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras delictivas.

La destrucción técnica de los explosivos se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, sin causar daños materiales ni víctimas. Las autoridades aseguraron que la operación neutralizó una amenaza concreta de posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en Nariño.

“Es importante resaltar que esta operación contó con el apoyo de la HSI, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en articulación con autoridades colombianas, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras criminales. De manera contundente, es importante destacar que en el desarrollo de esta operación no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas, gracias a la planeación técnica y a la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad”, complementó el oficial.

Policía señaló que continuarán ejecutando acciones coordinadas para debilitar las capacidades logísticas de los grupos criminales en la región y preservar la tranquilidad de las comunidades.

“Con esta acción se logra contrarrestar una amenaza real, evitando posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en el departamento de Nariño”, finalizó el coronel.

Las instalaciones clandestinas desmanteladas tenían capacidad para generar hasta siete toneladas mensuales de cocaína, de acuerdo con información oficial difundida al cierre de la operación. Según reportó el medio Europa Press, la reciente ofensiva conjunta entre las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador resultó en el desmantelamiento de cinco centros de elaboración de drogas ilegales y la incautación de 1.373 kilogramos de cocaína en el suroeste colombiano.

De acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, las fuerzas participantes, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y entidades ecuatorianas, destruyeron cinco laboratorios identificados como pertenecientes a la red criminal encabezada por el individuo conocido como alias "Araña". Europa Press detalló que los centros estaban situados en las localidades de Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño), regiones señaladas como puntos estratégicos en los corredores transnacionales del narcotráfico.

El ministro Sánchez, citado por Europa Press, indicó que estos laboratorios integraban una estructura fundamental para el tráfico de drogas en la región, al funcionar no solo en la producción de la sustancia, sino también en su transformación: dos instalaciones estaban destinadas a la fabricación de cocaína y las otras tres al procesamiento de pasta base, comúnmente conocida como crack. El destino de la droga producida era, según Europa Press, su transporte inicial hacia Ecuador y, posteriormente, a Centroamérica y Estados Unidos, lo que encaja dentro de las rutas utilizadas tradicionalmente para el envío de cargamentos ilícitos hacia el norte del continente.

El resultado de la operación incluyó además la incautación de 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de pasta base en suspensión, 4.450 galones (aproximadamente 8.900 litros) de insumos químicos líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos, elementos esenciales para el procesamiento de los estupefacientes. Entre el material decomisado, informó Europa Press, sobresalen siete destiladores industriales y 24 equipos técnicos vinculados a las fases de síntesis y refinamiento de la droga.

Pedro Sánchez manifestó que estas acciones forman parte de la respuesta estatal contra las economías ilícitas y resaltó que el poder de coordinación internacional incrementa la presión sobre las redes criminales. Según consignó Europa Press, Sánchez remarcó que una de las metas de estos operativos es “golpear las finanzas de los grupos criminales”, así como cerrar las rutas de tráfico que generan inestabilidad en la región y deterioran la seguridad de las comunidades locales.

La relevancia de las estructuras ilegales desarticuladas fue subrayada por el ministro, quien puso en contexto las dimensiones transnacionales del tráfico de drogas. Tal como precisó Europa Press, Sánchez recordó que estos enclaves de procesamiento y tránsito de narcóticos han sido objetivos priorizados incluso por la política antidrogas de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

Según la información consolidada en el reporte de Europa Press, las autoridades aseguraron que continuarán con la cooperación internacional para dificultar la operatividad de redes como la liderada por alias “Araña” y, al mismo tiempo, proteger a los habitantes de zonas donde el narcotráfico tiene impacto directo en la vida cotidiana y la economía local. Insistieron en la necesidad de mantener la presión mediante acciones conjuntas, dado que la fragmentación de las rutas y la destrucción de infraestructuras suponen un golpe para la logística criminal.

Las cifras reportadas, la dimensión de la infraestructura intervenida y la cooperación internacional en el operativo evidencian el alcance de la red narcotraficante y el enfoque trasnacional con el que las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador abordan la problemática en la región andina.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó el apoyo de agencias internacionales en un operativo contra el narcotráfico que permitió desarticular una red criminal vinculada con organizaciones locales y estructuras transnacionales, y aseguró que el país “no luchará solo” en su estrategia contra estas organizaciones.

La operación, ejecutada tras más de un año de investigación, contó con la cooperación de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de Europol, según confirmó el mandatario en una declaración difundida la noche del 4 de marzo.

De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, la investigación se extendió durante un año y ocho meses y culminó con la ejecución de 26 allanamientos simultáneos en varias ciudades del país. Los operativos se realizaron en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro y fueron ejecutados por la Policía Nacional del Ecuador con el apoyo de organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico. Como resultado, 16 personas fueron detenidas y se incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a las estructuras investigadas.

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Según explicó el presidente, la operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico que mantenía vínculos con la organización criminal conocida como Los Lobos y evidenció la presencia de estructuras extranjeras en el país. En particular, mencionó que la investigación permitió documentar cómo grupos asociados con la denominada mafia albanesa lograron infiltrarse en empresas ecuatorianas para facilitar operaciones de lavado de dinero y logística para el tráfico de drogas.

El mandatario sostuvo que los resultados del operativo son parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales. Durante su declaración, difundida en sus redes sociales, el presidente subrayó que la cooperación internacional ha sido clave para avanzar en investigaciones de alcance transnacional y reiteró que Ecuador mantiene alianzas operativas con distintas agencias de seguridad extranjeras. “En esta guerra tienen mi compromiso de que el Ecuador no luchará solo”, señaló.

El pronunciamiento presidencial se produce en un contexto regional marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y por la presencia de organizaciones transnacionales que utilizan rutas marítimas y puertos de América Latina para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. Ecuador, debido a su ubicación geográfica y a su infraestructura portuaria, ha sido identificado en investigaciones internacionales como un punto relevante en esas rutas de tráfico.

En paralelo a las declaraciones del mandatario ecuatoriano, el United States Southern Command (Southcom) reiteró públicamente el respaldo de Washington a los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y lo que denomina “narcoterrorismo”. En un mensaje difundido en redes sociales, el comandante del organismo, Francis L. Donovan, señaló que Estados Unidos trabaja activamente con países de América Latina y el Caribe para enfrentar estas amenazas.

El mensaje del Southcom destacó que las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra organizaciones catalogadas como terroristas designadas son parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en el hemisferio occidental. Donovan afirmó que los ciudadanos de la región han experimentado de cerca las consecuencias de la violencia vinculada al narcotráfico y sostuvo que es momento de que los socios regionales adopten acciones decisivas contra estas redes.

El comandante Donovan, realizó una visita oficial a Quito el 1 y 2 de marzo, donde mantuvo reuniones con el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado. Según el comunicado oficial del Comando Sur, el encuentro tuvo como objetivo “discutir la cooperación en seguridad y reafirmar el fuerte compromiso de Estados Unidos de apoyar los esfuerzos del país para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional”.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que continuará fortaleciendo las alianzas internacionales en materia de seguridad, mientras las autoridades mantienen operativos y procesos judiciales derivados de la investigación que llevó a los recientes allanamientos y detenciones..

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a René Arzate-García y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos jefes operativos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana. Esta disposición, comunicada oficialmente el 26 de febrero y respaldada por la autoridad diplomática estadounidense, apunta a fortalecer la colaboración internacional contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas al narcotráfico, según reportó Reuters en su cobertura global del anuncio.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la recompensa asciende a 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos, en el marco del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), una iniciativa sostenida con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de California. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a la importancia estratégica del corredor de Tijuana para el tráfico de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense.

Según antecedentes judiciales y documentos institucionales, René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, apodado “Aquiles”, fueron señalados por el Departamento de Estado y la DEA como responsables del control de la plaza Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante al menos quince años. Entre los elementos referidos por las autoridades estadounidenses figuran el uso sistemático de violencia, alianzas con otros grupos de crimen organizado y la influencia sobre sectores políticos y policiales locales.

¿Quiénes son René y Alfonso Arzate-García y cuál es su papel en el Cártel de Sinaloa?

René Arzate-García y Alfonso Arzate-García han sido descritos por la DEA como actores clave en la operación del Cártel de Sinaloa en la región noroeste de México. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ambos han mantenido el control de la plaza Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de drogas hacia el territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que los hermanos han consolidado su posición mediante el uso de violencia y una red de contactos que abarca el ámbito criminal, político y policial.

La permanencia de los Arzate-García al frente de la plaza, sostiene la DEA, se debe a su capacidad para negociar y coordinar con otros grupos delictivos, así como a la consolidación de una estructura operativa capaz de soportar choques internos y externos. “Han logrado mantener la operación de este corredor clave a pesar de múltiples disputas”, indicó el Departamento de Estado en su declaración del 26 de febrero, citada por Reuters.

¿Por qué Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa?

La recompensa de hasta 10 millones de dólares, según el Departamento de Estado, forma parte de un esfuerzo para desmantelar redes de tráfico de drogas y crimen organizado transnacional que operan en la frontera norte de México. El Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) permite que ciudadanos de cualquier país aporten información que conduzca al arresto o condena de figuras clave del narcotráfico.

De acuerdo con Reuters, existen canales de comunicación seguros y confidenciales habilitados para recibir información, como líneas telefónicas internacionales, aplicaciones cifradas y correos electrónicos institucionales. El Departamento de Estado subrayó: “Las identidades de quienes colaboren permanecerán bajo estricta confidencialidad”.

¿Qué cargos y sanciones enfrentan René y Alfonso Arzate-García?

En 2014, René y Alfonso Arzate-García fueron acusados formalmente de delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de California, según registros judiciales de esa institución, quedando en calidad de prófugos desde entonces. El 9 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro los sancionó al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, imponiendo restricciones y congelando activos de personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación adicional contra René Arzate-García, que incluyó cargos de narcoterrorismo, operación de empresa criminal continua, apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración internacional para distribuir metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero. “Las nuevas imputaciones buscan desarticular la capacidad operativa del cartel en uno de los corredores más sensibles para la seguridad nacional”, señala el comunicado difundido por la autoridad judicial.

¿Qué relevancia tiene el tráfico de fentanilo y cómo cambia el marco legal?

El Departamento de Estado subraya el impacto del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según la administración estadounidense previa, fue designado formalmente en 2024 como arma de destrucción masiva por el Departamento de Seguridad Nacional. Esta designación amplía el margen legal para enjuiciar delitos relacionados con fentanilo bajo normativas reservadas para armas químicas o biológicas, lo que permite la aplicación de penas más severas.

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) fue decretada por el Departamento de Estado en 2025. Este nuevo estatus endurece las acciones judiciales y financieras contra integrantes y colaboradores de la organización, según la DEA y el Departamento del Tesoro. Un comunicado recogido por Reuters precisa: “El fentanilo ha sido designado como arma de destrucción masiva, lo que representa un cambio en la forma en que se enfrentan los delitos asociados a su tráfico”.

De acuerdo al reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el flujo de fentanilo vía Tijuana figura entre los principales factores de la crisis de sobredosis registrada en Estados Unidos en los últimos años. El CDC constató que en 2025 ocurrieron más de 80.000 muertes por sobredosis de opioides sintéticos.

¿Qué mecanismos existen para aportar información y quiénes pueden participar?

El Departamento de Estado aclaró que la recompensa está disponible para cualquier persona que proporcione información relevante, salvo funcionarios y empleados gubernamentales. Los canales habilitados para reportar datos son:

• Llamada o mensaje vía WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670
• Threema ID: PTJ4HS3J
• Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov
• Contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano (fuera de EE.UU.)
• Oficina local de la DEA (dentro de EE.UU.)

El Departamento de Estado enfatizó que “todas las identidades serán resguardadas de forma estricta”. La colaboración ciudadana, según el comunicado oficial, contribuyó en casos previos de alto perfil.

¿Qué significa la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista?

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado en 2025 otorga nuevas facultades legales para investigar, sancionar y decomisar bienes vinculados a actividades criminales, de acuerdo con el Departamento del Tesoro. Este marco legal permite a la justicia estadounidense adoptar medidas excepcionales para perseguir a los integrantes del cartel y fortalecer la cooperación judicial internacional.

El endurecimiento habilita a los fiscales estadounidenses a procesar acusados bajo cargos de terrorismo o apoyo a organizaciones terroristas. Las autoridades esperan que esta estrategia acelere el desmantelamiento de redes logísticas y financieras asociadas al tráfico de drogas sintéticas.

¿Cuál es el impacto de la recompensa y las nuevas acusaciones en México y Estados Unidos?

La activación de la recompensa y la presentación de nuevas acusaciones refuerzan la presión sobre las estructuras del Cártel de Sinaloa en la frontera norte de México. Las autoridades estadounidenses estiman que la colaboración internacional y la participación ciudadana facilitarán la localización de los hermanos Arzate-García y la obtención de resultados judiciales eficientes, según el Departamento de Estado.

La medida surge en el contexto de una política bilateral de cooperación entre Estados Unidos y México, enfocada en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas y la violencia asociada. Un reporte oficial enfatizó: “La expectativa de las autoridades es que el anuncio incentive nuevas pistas sobre el paradero de los prófugos y fortalezca la aplicación de la ley en ambos países”.

Las autoridades estadounidenses han sancionado previamente a René y Alfonso Arzate García en agosto de 2023, según consignó el medio Europa Press basado en información oficial. Ambos han figurado como principales líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana durante más de 15 años, con acusaciones formales desde 2014 por tráfico de drogas ante un tribunal de California, que los considera fugitivos desde hace más de una década. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido ahora una recompensa de hasta cinco millones de dólares cada uno —alrededor de 4,23 millones de euros por persona— por información que permita localizar, capturar o lograr la condena de René Arzate García, conocido como 'la Rana', y su hermano, Alfonso Arzate García, apodado 'Aquiles'.

De acuerdo con Europa Press, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la campaña de recompensas se desarrolla en un esfuerzo conjunto con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de California. El objetivo de esta colaboración es concentrar recursos y fortalecer las acciones destinadas a la detención y procesamiento judicial de estos líderes del narcotráfico.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, explicó que, según la DEA, los hermanos Arzate García mantienen el control de la plaza de Tijuana gracias al uso sistemático de la violencia, el establecimiento de alianzas estratégicas y un peso considerable a nivel local, donde se señala la existencia de corrupción política y policial. Europa Press publicó que Pigott enfatizó la persistencia de los Arzate en el control de este corredor clave del narcotráfico, a pesar de los conflictos internos en la zona.

Dentro de sus operaciones, los hermanos Arzate formulan una pieza esencial en el tráfico de drogas ilícitas, incluidos estupefacientes como la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo y la marihuana hacia los Estados Unidos. Esto incluye el tráfico de fentanilo ilícito, que la administración Trump llegó a catalogar como arma de destrucción masiva debido al impacto letal que ha producido en comunidades estadounidenses, según recordaron fuentes citadas por Europa Press.

La nueva acción del gobierno estadounidense se anunció simultáneamente con la presentación de una acusación adicional por parte del Departamento de Justicia contra René Arzate García. Entre los cargos aparecen los de narcoterrorismo, conducción de empresa criminal, suministro de apoyo material a una organización terrorista extranjera, participación en conspiración internacional para distribuir distintas drogas y lavado de dinero. Europa Press informó que esta acusación de “narcoterrorismo” sitúa a René Arzate en la mira de la justicia federal como uno de los actores más perseguidos en operaciones antinarcóticos transfronterizas.

Respecto a la designación oficial, el gobierno de Estados Unidos incluyó en 2025 al Cártel de Sinaloa como organización terrorista, aumentando con ello la presión jurídica sobre sus principales mandos y estableciendo herramientas legales más contundentes para combatir la red de operaciones delictivas, según publicó Europa Press.

Además de las acusaciones penales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aplicó sanciones financieras a ambos hermanos en el mes de agosto de 2023. Se congelaron activos bajo jurisdicción estadounidense e impusieron restricciones a toda relación financiera y comercial en el sistema internacional que pudiera favorecer a los implicados, reportó Europa Press.

A lo largo de los últimos quince años, la influencia de René y Alfonso Arzate García sobre la plaza de Tijuana provocó enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, consolidando al Cártel de Sinaloa como una organización dominante en la región. Según reiteró Europa Press citando fuentes oficiales, la prolongación del control ejercido por ambos hermanos sobre la ciudad fronteriza ha estado marcada por una constante adaptación a las dinámicas de violencia, ampliación del portafolio de drogas traficadas y cultivo de nexos con actores dentro de los organismos gubernamentales locales.

El despliegue de la campaña de recompensas, de acuerdo a lo expuesto por el Departamento de Estado y reflejado en Europa Press, representa uno de los mayores incentivos ofrecidos públicamente en el esfuerzo binacional para desarticular redes criminales en la frontera norte de México. Las autoridades federales estadounidenses reiteraron el llamado a la ciudadanía y a personas con información relevante a colaborar en el proceso judicial contra los hermanos Arzate, asegurando la confidencialidad de quienes aporten datos que faciliten las detenciones y futuras condenas.

Estas actuaciones se enmarcan en una ofensiva amplia del gobierno estadounidense orientada a frenar la expansión del tráfico de fentanilo y otros opiáceos sintéticos hacia su territorio, fenómeno que ha disparado las tasas de muertes por sobredosis y ha provocado presiones adicionales sobre la seguridad fronteriza, consignó Europa Press. La evolución del caso de los hermanos Arzate y la respuesta de las autoridades de ambos países continúan bajo la atención de organismos judiciales y de seguridad internacionales.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Semana y confirmada por la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Páez Cordero, conocido como alias ‘Cucaracho’, se mantuvo prófugo en Colombia durante dos años tras su escape de una prisión venezolana. Imágenes obtenidas por las autoridades, en las que se observa a Páez Cordero en una piscina de un apartamento de lujo en la ciudad de Santa Marta, permitieron localizarlo y proceder a su captura en el norte del país.

Según detalló la Policía Nacional de Colombia, la detención de alias ‘Cucaracho’ se llevó a cabo el martes en Santa Marta, donde el sospechoso ejercía funciones como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina. La Policía lo identificó no solo como un presunto narcotraficante, sino también como hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’, señalado por las autoridades como líder de la organización. De acuerdo con las investigaciones, a Páez Cordero se lo vincula con el tráfico de drogas a destinos como Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, informó a través de redes sociales que “El Tren de Aragua sigue desmoronándose. En Santa Marta, la Policía de Colombia ha capturado a alias ‘Cucaracho’, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’, líder de esta organización criminal transnacional con presencia en varios países de América Latina”. Rincón resaltó que sobre Páez Cordero pesaba una notificación roja de la Interpol, lo que indica un alto interés internacional en su captura. Además, lo responsabilizó por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia distintos destinos fuera del continente, así como por facilitar el financiamiento de estructuras criminales asociadas tanto al terrorismo como al tráfico ilegal de armas.

El funcionario también señaló que la captura de Páez Cordero tiene un impacto directo en las finanzas y operaciones logísticas del Tren de Aragua, debilitando así la capacidad criminal de esta organización. “Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras”, expresó Rincón según reportó Semana.

Por su parte, Edgar Andrés Correa, director del Gaula —la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía colombiana—, señaló públicamente que el detenido también está vinculado a actividades de extorsión y secuestro, afectando directamente a comerciantes y ganaderos de la región Caribe en Colombia. Además, explicó que Páez Cordero se relaciona con operaciones de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Según declaraciones de Correa difundidas en redes sociales, en el marco de la operación policial se incautaron elementos tecnológicos que permitirán profundizar las líneas de investigación actualmente en curso.

Semana también consignó que la Policía Nacional, trabajando en articulación con la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales, realizó un seguimiento digital que incluyó la revisión de imágenes y videos. Dicho esfuerzo permitió reunir pruebas clave para la ubicación y eventual detención de Páez Cordero. Entre las agencias extranjeras participantes se destaca la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, cuya colaboración fue considerada fundamental para el éxito de la operación.

La Policía de Colombia señaló en un comunicado reproducido por Semana que este “resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Las autoridades subrayaron que la detención representa un avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional, al neutralizar la acción de un actor clave en la coordinación de rutas y recursos para el tráfico de estupefacientes y la financiación de redes delictivas internacionales. Según el balance ofrecido por los cuerpos de seguridad, la operación impide que Colombia se utilice como refugio para personas involucradas en delitos de alcance global.

Envuelto en una trama preocupante, debido al plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti, el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recordó, este lunes, durante, una entrevista radial el caso que detectó los tentáculos del peligroso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Argentina, con motivo de la muerte de su líder máximo: Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Ocurrió en 2017 cuando, una investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que Roncaglia lideró como jefe de la PFA junto al juez federal de Campana Adrián González Charvay- decubrió que en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca esperaban más de 1376 kilos de toneladas de cocaína distruibuídos en 1984 panes multicolores. La droga estaba acondicionada dentro de ocho enormes bobinas. De ahí, el nombre de la operación que desbarató los planes de la organización: “Bobinas blancas”, uno de los mayores golpes al narcotráfico en Argentina.

Otros 486 kilos de polvo blanco fueron incautado en un departamento de Luján de Cuyo (Mendoza). Detrás de la estructura que se preparaba para exportar los rollos de acero a España y a Canadá, que saldrían desde el puerto de Campana, aparecía la sombra del sanguinario cartel mexicano que sumó poder tras la caída de otros capos.

Sucede que entre los 15 detenidos por los federales, había méxicanos afiliados, según la DEA, a un cartel que operaba en Michoacán, una región próxima a Jalisco y asediada por los soldados de “El Mencho”, pese a ser territorio de La Nueva Familia Michoacana (LNFM). “Ellos eran de ahí, de Jalisco”, recordó una fuente judicial.

Además, los responsables de esta logística operaban bajo la fachada de la empresa Can Trade Connections, a través de la cual financiaban la operación con fondos provenientes de México.

En 2025, Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva fueron expulsados. Los tres habían sido condenados en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca a penas de 15 y 14 años de prisión, respectivamente, tras ser considerados coautores penalmente responsables del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Los mexicanos dejaron la cárcel de Ezeiza el 10 de julio de ese año y, con una fuerte custodia de Interpol y de la PFA, fueron traslados hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistartini. El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió a las 23.25 con destino a la ciudad de Cáncun. La comitiva de federales regresó el 14 de julio.

Con ellos se llevaron un gran secreto: los nombres detrás del homicidio de quien fuera considerado jefe operativo de la célula del CJNG en Argentina Rodrigo Alexander Naged Ramírez, también méxicano.

Y en este punto entró en escena una inesperada figura: la de la abogada Julieta Bonanno. La letrada, oriunda del oeste del conurbano bonaerense, fue contratada para abrirle la puerta al sicario que mató a Naged y a su hijo John Naged Aguilar, de nacionalidad colombiana, en un departamento de la Avenidad Cabildo al 2600, en el barrio porteño de Núñez, donde el narco se recuperaba de un accidente cerebro vascular.

Bonanno, defensora de Naged Ramírez en la casa, acordó reunirse en ese departamento con las víctimas, el 4 de junio de 2018. Llegó con un hombre que se tapó el rostro con una capucha y nunca fue identificado. El killer logró escapar, ella terminó presa y condenada a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y mediante el uso de arma de fuego”.

Durante la investigación del doble crimen, se comprobó que Bonanno, quien cumplió 37 años el 28 de noviembre pasado en el penal de Ezeiza, viajó a México poco antes del doble asesinato, bajo la supervisión de “La Tía”, una enigmática mujer con quien entabló una relación romántica y con quién se reunió en ese país y quien impartiría las órdenes a todos los miembros de la red que actuó en Argentina.

“Hay que estar con la Tía”, aconsejaba Naged en una nota que fue secuestrada en la causa. Los detectives que participaron del caso sospechan que fue ella quien ordenó su ejecución.

Fueron poco más de 30 años de actividad criminal y miles de muertos, con una recompensa de USD 15 millones ofrecida por la DEA y una búsqueda internacional infructuosa durante décadas. Todo eso llegó a su fin este domingo 22 de febrero de 2026, cuando el Ejército mexicano, en un operativo conjunto con Estados Unidos, abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el narcotraficante más peligroso del mundo.

A los 59 años, el hombre que había construido el crimen organizado más poderoso de México murió mientras era trasladado en helicóptero a la capital, tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

La noticia tuvo repercusión mundial y la reacción fue inmediata: mientras los gobiernos de México y Estados Unidos celebraban el golpe más importante contra el narcotráfico en años, las calles de al menos siete estados mexicanos se encendieron con bloqueos, tiroteos y vehículos incendiados en represalia por parte del CJNG.

El operativo: cómo fue la caída

El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército mexicano en Tapalpa, municipio montañoso de Jalisco y uno de los refugios estratégicos del CJNG. Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —unidad táctica de élite—, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La gran diferencia respecto a intentos previos fue la cooperación con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó oficialmente: “Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

El saldo: cuatro miembros del CJNG murieron durante el enfrentamiento; "El Mencho" y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron en el traslado aéreo. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos y se incautó armamento de uso exclusivo militar, incluso lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves, evidencia clara del poder de fuego de la organización.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau declaró en redes sociales: “Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”. Señaló que es “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. Finalizó con una frase en español que rápidamente se viralizó: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

Quién era El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Miguel Hidalgo, Jalisco, en una familia humilde. Se desempeñó como policía local antes de incorporarse al narcotráfico y, eventualmente, fundar el CJNG a comienzos de la década de 2010. En solo quince años construyó una organización con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y células activas en más de 40 países.

A diferencia del Cártel de Sinaloa, enfocado en cocaína, el CJNG bajo el mando de "El Mencho" se especializó en drogas sintéticas: fentanilo y metanfetaminas, producidas a bajo costo y con márgenes de ganancia mucho mayores. Esto lo convirtió en el mayor proveedor de fentanilo para Estados Unidos, justo en el periodo más crítico de la crisis de opioides en ese país.

La violencia extrema y espectacular fue su sello estratégico: cuerpos colgados en puentes, ataques con drones cargados de explosivos, narco-tanques blindados artesanales y lanzacohetes militares. El objetivo no era pasar inadvertido, sino dejar claro el dominio ante rivales, autoridades y la población. La DEA lo comparó con Pablo Escobar por su nivel de peligrosidad y, al igual que al colombiano, se ofreció por su captura una recompensa de USD 15 millones, igualando la suma prometida en su momento por el "Chapo" Guzmán.

La ola de violencia: México en llamas

Horas después de confirmarse la muerte de El Mencho, el CJNG ejecutó su plan de represalia con una ola de violencia coordinada y simultánea. Se produjeron bloqueos de rutas con vehículos incendiados, tiroteos, ataques a comercios y una paralización general en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana.

La violencia llegó hasta Puerto Vallarta, ciudad turística de Jalisco, donde se viralizaron imágenes de columnas de humo y escenas de pánico en el aeropuerto. La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de vuelos a ese destino “debido a una situación de seguridad en curso”.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta formal: “Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”. Las autoridades canadienses hicieron lo propio. La alerta añadió: “Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”.

Este patrón de respuesta es recurrente en el narcotráfico mexicano: tras cada golpe del Estado, los cárteles demuestran su capacidad de reacción territorial, generan caos y buscan mostrar que la organización permanece funcional. No obstante, la escala y coordinación del CJNG en esta ocasión demostraron que, pese a perder a su líder, la estructura operativa sigue intacta.

La máquina del terror: los métodos del CJNG

Para dimensionar lo que representaba "El Mencho", es necesario comprender la magnitud y metodología de la violencia de su organización. El CJNG trascendió el modelo tradicional de cártel y, según analistas de inteligencia militar y seguridad policial consultados por Infobae, funcionaba como un ejército irregular con poder de fuego militar, una maquinaria de terror tanto para eliminar como para amedrentar: rivales, autoridades y población civil.

Las ejecuciones tenían una puesta en escena deliberada. Cuerpos desmembrados exhibidos en puentes a plena luz del día, acompañados de narcomensajes dirigidos a funcionarios o jefes policiales y a líderes de bandas rivales. Decapitaciones filmadas en video y difundidas en redes sociales como advertencia. Fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, Michoacán y Colima con decenas de cuerpos disueltos en ácido, práctica que el CJNG popularizó, eliminando la evidencia de cientos de desapariciones.

Lo más diferencial fue su capacidad armamentista, ampliamente superior a la de muchas fuerzas locales. El cártel diseñó vehículos blindados artesanales conocidos como “narco-tanques” o “monstruos”: camiones reforzados con acero, equipados con torretas y resistentes a ráfagas de ametralladora. Introdujeron el uso de drones armados con explosivos, táctica más tarde copiada por otros grupos. Y, como quedó demostrado en el operativo final contra "El Mencho", sus hombres disponían de lanzacohetes de uso militar, capaces de derribar aeronaves.

El ataque más audaz del CJNG ocurrió en 2015, cuando sicarios del cártel emboscaron a una columna de la Policía Federal en Jalisco, mataron a 15 agentes e hirieron a otros 20. En el mismo año, derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, desafiando abiertamente al Estado mexicano.

En cuanto a la expansión territorial, el CJNG optó por tácticas brutales: aniquilaban a los líderes locales, masacraban a sus familias como escarmiento y reclutaban por la fuerza a jóvenes, muchas veces menores, en comunidades bajo control. Las zonas rurales de Jalisco, Michoacán y Colima sufrieron un régimen de terror: toques de queda informales, cobros de piso a comerciantes y ejecuciones sumarias de quienes se resistían a colaborar. Una violencia sistémica y en muchos casos impune, que ahora queda huérfana de su arquitecto.

¿Quién manda ahora? La disputa por el CJNG

La cuestión instalada en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos es clara: ¿quién llenará el vacío? La respuesta dista de ser simple. A diferencia del caso del Cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo, donde sus hijos —los llamados Chapitos— asumieron rápidamente el control, el CJNG carece de un sucesor definitivo. El hijo biológico de El Mencho, Rubén Oseguera González (“El Menchito”), fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, descartando una sucesión directa.

El nombre más citado en expedientes y reportes de inteligencia es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia —pieza fundamental del aparato financiero del clan—, señalado como creador y jefe del Grupo élite, el brazo armado más táctico del CJNG en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece USD 5 millones por su captura.

Otro aspirante señalado por la Fiscalía General de la República es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”). Analistas consultados por referentes especializados advierten que el CJNG enfrenta una encrucijada: reestructurarse de forma controlada o fragmentarse en facciones, lo que llevaría a una posible guerra interna devastadora. La experiencia de otros cárteles decapitados sugiere que la fragmentación es el escenario inmediato más probable.

El Mundial 2026 en la mira: la alarma en Guadalajara

La caída de El Mencho se produjo en un momento de máxima sensibilidad para México: faltan menos de cuatro meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026. El epicentro de la violencia fue, precisamente, la ciudad que será sede de cuatro partidos, incluido uno de la Selección Mexicana: Guadalajara.

El Estadio Akron, que albergará estos encuentros, debió cancelar el clásico femenino entre Chivas y América pocas horas después del operativo. La Liga MX también reprogramó el partido entre Querétaro y Juárez. Mientras Guadalajara estaba bajo bloqueos, la inquietud crecía en el mundo del fútbol: ¿podrá la FIFA garantizar la seguridad en esa sede?

Expertos en seguridad aseguran que es poco probable que México pierda la sede en esta etapa. Advierten, sin embargo, que la FIFA exigirá refuerzos significativos. Ya estaban previstas 2.000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para neutralizar aeronaves no tripuladas en Guadalajara; ahora, la eficacia del operativo estará bajo observación internacional.

La violencia tuvo repercusiones políticas inmediatas. La dirigencia nacional del PRI exigió al gobierno federal y estatal replantear la estrategia de seguridad regional: “Exigimos a las autoridades federales y estatales asumir su responsabilidad y reforzar de inmediato la estrategia de seguridad para devolver la paz a las familias jaliscienses, especialmente cuando este año la entidad recibirá a miles de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Fútbol”, afirmó el partido.

Por su parte, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad, señaló: “Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional; hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en el estado.

En los círculos de seguridad trascendió una ironía política: el gobierno de México había solicitado a agencias estadounidenses evitar cualquier operativo contra "El Mencho" en el corto plazo para no desestabilizar Jalisco antes del Mundial. El operativo se realizó de todas formas, con el resultado que México buscaba evitar.

El mayor golpe del gobierno de Sheinbaum

Más allá de las repercusiones inmediatas, la muerte de "El Mencho" es el mayor éxito de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ninguna administración mexicana previa había conseguido eliminar a un capo de semejante peso criminal. El operativo, dirigido desde la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, demostró una coordinación entre agencias nacionales y con Estados Unidos sin precedentes en resultados.

La incertidumbre es si la estructura del CJNG quedará debilitada de forma duradera o, como ha sucedido previamente, se incrementará la violencia antes de que un nuevo liderazgo se consolide. “El Mencho” era el último gran capo de su generación y su muerte marca el cierre de una etapa en el narcotráfico mexicano. Sin embargo, la organización que construyó —con presencia en 40 países y control del mayor flujo de fentanilo hacia Estados Unidos— persiste tras su caída.

El arresto de Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la República Dominicana, ha puesto en jaque a la estructura diplomática y de seguridad de ambos países.

Según fuentes oficiales citadas por The Washington Post, Cordero facilitó la expedición fraudulenta de 119 visas a familiares directos de narcotraficantes dominicanos. El proceso, que normalmente tarda cerca de un año, se resolvía en cuestión de días tras el pago de $10,000 dólares en efectivo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

El avance del expediente judicial ha desterrado la hipótesis del “llanero solitario”. Expertos han explicado que la tramitación de una visa tipo S, reservada para informantes y testigos con información clave, requiere validación múltiple: recomendación del supervisor, verificación de identidad, revisión de antecedentes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firma consular.

“Es imposible que un solo funcionario burle todo el sistema de control de la DEA y del consulado sin apoyo interno”, advirtió un informe preliminar del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Las pesquisas han descubierto la existencia de “puntos ciegos” generados por otros oficiales, quienes habrían ignorado deliberadamente las alertas a cambio de beneficios económicos.

Tres agentes y personal consular bajo la lupa

En las últimas 48 horas, el Departamento de Justicia convocó a consultas a tres agentes de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Según fuentes gubernamentales citadas por los medios locales, estos oficiales co-firmaron formularios de “certificación de riesgo”, requisito ineludible para autorizar la entrada de supuestos informantes a territorio estadounidense.

La fiscalía investiga si este personal administrativo de la sección consular omitió deliberadamente las entrevistas presenciales a familiares de narcotraficantes, recibiendo pagos a cambio.

Alberto Sandoval, especialista en seguridad, afirmó en un medio dominicano “Un funcionario con este nivel de acceso no actúa solo. El informe final revelará si participaron empresarios, promotores artísticos o incluso miembros de organismos oficiales”.

Por su parte, el politólogo Luis González señaló que podrían existir vínculos tanto en la República Dominicana como en el consulado estadounidense, aunque no descarta que algunos hayan sido engañados en su buena fe.

Cierre de la oficina y estrategia judicial

La gravedad del caso ha motivado el cierre indefinido de la oficina de la DEA en la capital dominicana. El Departamento de Justicia reveló el 20 de febrero que los beneficiarios de las visas eran en su mayoría familiares directos de capos del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de corrupción institucionalizada.

“El arresto de Cordero envía un mensaje negativo al mundo y debilita el esfuerzo bilateral contra el crimen organizado en la región”, declaró Sandoval, en referencia al pacto entre los gobiernos dominicano y estadounidense para combatir el narcotráfico.

Mientras tanto, Cordero permanece en libertad bajo palabra y vigilancia estricta, tras comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos. La audiencia clave está prevista para el 6 de marzo, fecha en la que la fiscalía planea presentar pruebas documentales y grabaciones que podrían forzar a Cordero a delatar a otros implicados de mayor rango.

No obstante, la defensa ya comenzó a revisar las comunicaciones internas de la misión diplomática, lo que podría incorporar nuevos nombres a la causa. Por lo que, la investigación sigue activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reporta que actualmente existen poco más de 131 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. Esta cifra revelaría la magnitud del problema que enfrenta el país y el impacto que tiene sobre miles de familias en distintas regiones, quienes mantienen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), detalló cuales serían las principales motivaciones detrás del secuestro de mujeres por parte de los cárteles mexicanos y en qué se diferencian con los hombres, debido a que los grupos criminales presuntamente asignan un destino diferente a las víctimas según su género.

Tráfico de órganos: el destino de muchas mujeres desaparecidas

Durante la conversación, Vigil explicó que las mujeres suelen ser víctimas de tráfico de órganos o explotación sexual, delitos que generan grandes ganancias para los cárteles.

Según datos de Mike, un corazón o un hígado pueden comercializarse entre los 50 mil y 100 mil dólares. Además, señaló que los órganos podrían tener como destino Estados Unidos o hasta otras partes del mundo.

El exfuncionario de la DEA advirtió que el tráfico de órganos es una de las actividades más lucrativas para las organizaciones delictivas, quienes ven en las mujeres una “mercancía” para abastecer redes nacionales e internacionales.

Además, afirmó que la participación de autoridades coludidas facilita la operación de estos delitos, ya que muchas veces las investigaciones no prosperan y los responsables no enfrentan consecuencias.

Asimismo, Mike también subrayó que la dificultad para acceder a trasplantes legales, tanto en México como en otras partes del mundo, incrementa la demanda en el mercado negro y abre la puerta a redes criminales que secuestran a mujeres para extraer y comercializar órganos.

El reclutamiento forzado de hombres

Por otra parte, según Vigil, el destino de los hombres desaparecidos suele ser distinto al de las mujeres, debido a que los cárteles los secuestrarían para integrarlos como sicarios o para trabajos forzados, esto derivado de la necesidad de reponer bajas provocadas por enfrentamientos, como los que ocurren actualmente en Sinaloa, con la guerra entre “Chapitos” y “Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

Según Mike Vigil, la mayoría de los hombres son secuestrados mediante falsas promesas de empleo.

“Ahora con los conflictos que están sucediendo, tienen que reclutar a sicarios, personas que van a ir a pelear contra carteles rivales", relató el exdirector de operaciones internacionales de la DEA en la entrevista.

Además, en la charla detalló que el secuestro y reclutamiento forzado sería más notable en ciudades como Jalisco y Sinaloa, donde los cárteles mantienen disputas territoriales y requieren nuevos integrantes para sus estructuras.

Métodos de ocultamiento y dificultades para las familias

En la entrevista, Mike Vigil afirmó que los cárteles recurren a múltiples métodos para ocultar los cuerpos de sus víctimas y dificultar su localización.

Explicó que los grupos criminales asesinan a rivales, personas que consideran informantes y víctimas inocentes, utilizando principalmente fosas clandestinas y fosas comunes para enterrar los cuerpos.

Además, mencionó la existencia de los llamados “pozoleros”, individuos encargados de disolver restos humanos en ácido con el objetivo de borrar cualquier evidencia y evitar su detección.

El exdirector de operaciones internacionales de la DEA agregó que la identificación de restos humanos se vuelve extremadamente compleja debido al estado en que se encuentran los cuerpos y a la falta de recursos para realizar pruebas genéticas o de ADN en las fosas comunes.

Para Vigil, la fragmentación de los cárteles, la colusión de autoridades y la impunidad profundizan el problema, dejando a las familias de las víctimas ante enormes dificultades para conocer el destino de sus seres queridos.

La recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) ofrecida por las autoridades estadounidenses por información que lleve a la captura de Luis Motta Domínguez intensificó la respuesta de la oposición venezolana tras el reciente nombramiento del exministro como viceministro de Seguimiento de Gestión de Gobierno. Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, solicitó oficialmente su destitución inmediata, según informó la agencia Europa Press. Este pedido se basa en los presuntos vínculos del funcionario con actividades de narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la designación de Motta Domínguez quedó registrada en la Gaceta Oficial número 6984. Primero Justicia explicó a través de sus redes sociales que Motta Domínguez es objeto de una solicitud de captura por parte de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), que lo señala como presunto colaborador en delitos relacionados con el narcotráfico. El partido calificó de preocupante la permanencia de funcionarios cuestionados en puestos de alto nivel, especialmente en el marco de la reorganización institucional impulsada desde la Presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Europa Press detalló que Luis Motta Domínguez fue ministro de Energía Eléctrica entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según consignó el medio, el opositor Primero Justicia recordó que desde el año 2019, Motta Domínguez enfrenta sanciones bajo el concepto de “corrupción significativa”, relacionadas con su gestión en Corpoelec, la Corporación Eléctrica Nacional. Según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el exministro habría recibido sobornos de gran cuantía a cambio de adjudicar contratos públicos durante su paso por la administración eléctrica venezolana.

El reclamo presentado por Primero Justicia incluye la exigencia de separar a Motta Domínguez no solo de su nuevo cargo, sino también de toda actividad política mientras se mantengan las investigaciones en su contra. El partido sostuvo, según citó Europa Press, que resulta indispensable que el exministro comparezca ante la justicia venezolana por los delitos que se le imputan. Desde la agrupación opositora se advirtió que la inclusión de figuras bajo sospecha en cargos estratégicos compromete la transición hacia una nueva etapa política, al considerar que estas decisiones debilitan los procesos de depuración institucional.

En el comunicado emitido desde sus plataformas digitales, Primero Justicia afirmó que “una acción destinada a entorpecer el cambio político en el país no frenarán la sed de justicia de los venezolanos.” Esta declaración surge pocos días después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la reorganización, anunciara el cierre definitivo de siete entidades vinculadas a la Presidencia y creadas entre 2000 y 2016. Según relató Europa Press, Primero Justicia interpretó este proceso como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, y reclamó que tal reorganización responda a un proceso real y no meramente formal o cosmético.

El contexto político de estas decisiones adquiere relevancia dentro del debate nacional sobre la transición en Venezuela. Europa Press puntualizó el aumento de la presión opositora para asegurar que cualquier proceso de cambio cuente con garantías de transparencia y legalidad, excluyendo a personas alcanzadas por sanciones o sospechas graves de corrupción y narcotráfico. El rol de organismos internacionales y la cooperación con agencias extranjeras como la DEA y la OFAC en asuntos venezolanos también fue resaltado en varias declaraciones públicas recogidas por Europa Press.

Luis Motta Domínguez, al frente de Corpoelec y posteriormente en diferentes cargos públicos, ha estado en el centro del debate sobre la gestión de la infraestructura eléctrica venezolana, una de las áreas más afectadas por la crisis multifactorial del país. Durante su mandato, ocurrieron múltiples apagones nacionales y denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos. Europa Press señaló que estas circunstancias motivaron parte de las sanciones y las investigaciones internacionales, así como los procesos sancionatorios aplicados por Estados Unidos y otras jurisdicciones.

La embestida opositora contra la permanencia de Motta Domínguez en la nueva estructura gubernamental representa una nueva manifestación de la disputa por el control político y administrativo en Venezuela, en la que la presencia de funcionarios sancionados agrega tensión a un panorama marcado por llamados reiterados a la justicia y a la consolidación de la transición institucional, según documenta el medio Europa Press.

El reciente decomiso de más de dos toneladas de cocaína en República Dominicana, realizado en conjunto con autoridades de Estados Unidos, marca un giro inesperado en la cooperación antidrogas entre ambos países, detalla una nota de AFP.

La operación, ejecutada tras “más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido”, se produce en un contexto de dudas y reconfiguraciones institucionales tras el cierre de la oficina de la DEA en el país caribeño.

Las autoridades dominicanas detallaron que la interceptación se llevó a cabo en las costas de la provincia Peravia y que la embarcación, de unos nueve metros de eslora, procedía de Sudamérica.

El cargamento, compuesto por 2,049 paquetes de presunta cocaína, constituye el mayor decomiso registrado en una lancha en la historia del país, según informó Carlos Devers, portavoz de la DNCD.

Además, las fuerzas conjuntas detuvieron a seis dominicanos en el operativo, que contó con la participación directa del Comando Sur de Estados Unidos.

Esta es la segunda operación reciente contra el combate al narcotráfico en ese país. El sábado 14 de febrero, Las autoridades de la República Dominicana informaron sobre el desmantelamiento de un cultivo ilegal de marihuana de 1,835 plantas en una zona montañosa de Baní, provincia de Peravia, durante un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El procedimiento, que incluyó la participación de agencias de inteligencia estatales y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se realizó tras una operación de seguimiento y vigilancia en la sección de Montería de este municipio.

Según reportó Listín Diario, los investigadores determinaron que varios individuos, entre ellos el propietario del terreno, de nacionalidad dominicana, y dos ciudadanos haitianos, estarían involucrados en el cultivo y comercialización de la marihuana.

Durante la incursión, los equipos hallaron plantas de hasta dos metros de altura, junto a dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, herramientas y otros materiales relacionados con el cultivo.

Cierre de la Oficina de la DEA en Santo Domingo

El contexto institucional de la lucha antidrogas en República Dominicana cambió drásticamente pocos días antes del operativo. La embajada estadounidense confirmó el 12 de febrero el cierre de la oficina local de la agencia antidrogas DEA, un hecho que coincidió con la detención de un supervisor de dicha agencia en Estados Unidos bajo cargos de soborno y fraude de visados.

Este episodio sacudió la confianza sobre los mecanismos de control y supervisión de la colaboración bilateral. Las autoridades dominicanas, lejos de frenar su actividad, intensificaron las acciones en territorio nacional, logrando en lo que va de 2026 la incautación de más de 3.2 toneladas de diferentes sustancias ilícitas, según datos comunicados por Devers en rueda de prensa.

Proyecciones para la Lucha Antinarcóticos

La magnitud de los decomisos recientes sugiere una intensificación de la presión sobre las rutas marítimas del Caribe, tradicionalmente empleadas para el trasiego de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

No obstante, la reciente crisis en la representación de la DEA obliga a las autoridades dominicanas a redefinir sus alianzas y métodos de trabajo.

La reconfiguración de la colaboración bilateral se da en un contexto donde la confianza institucional enfrenta nuevos desafíos.

El arresto de un alto funcionario de la agencia antidrogas estadounidense y el cierre de su oficina en Santo Domingo han obligado a la DNCD y a sus socios internacionales a reevaluar protocolos, mientras las incautaciones récord ponen de relieve la persistencia y adaptabilidad de las redes del narcotráfico en la región.

El arresto de Melitón Cordero, quien se desempeñaba como agente especial supervisor de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, ha desencadenado una investigación federal en los Estados Unidos por cometer tres delitos:

• Conspiración para cometer soborno
• Fraude de visas
• Mal uso de posición oficial.

El caso, calificado por la embajada estadounidense en Santo Domingo como una grave violación a la confianza pública, derivó en el cierre temporal de la oficina de la DEA en el país caribeño, según reportaron medios como Dominican Today y Listín Diario.

De acuerdo con información recogida por medios internacionales y locales del país caribeño, Cordero habría utilizado su cargo para recibir pagos ilícitos a cambio de favores oficiales, facilitando la obtención de visas estadounidenses destinadas a informantes confidenciales.

Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con fiscalías federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, señalan que el exagente gestionó al menos 119 solicitudes de visado y recibir a cambio miles de dólares por cada visa, mientras estuvo asignado a la embajada en Santo Domingo, según explicó, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.

Algunas de estas gestiones, según los documentos judiciales, incluyeron la emisión irregular de documentos oficiales para beneficiar trámites migratorios de terceros.

El caso ha generado repercusiones diplomáticas. Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, calificó el episodio como una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”, frase recogida por Diario Libre.

Por su parte, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión de cerrar la oficina de la DEA corresponde a una investigación interna estadounidense, sin implicar al gobierno local.

Las leyes federales bajo las que será procesado Melitón Cordero

En el ámbito judicial, Melitón Cordero enfrenta acusaciones bajo varias leyes federales estadounidenses: el delito de conspiración para cometer soborno se enmarca en el capítulo 11 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 201), que sanciona hasta con 15 años de prisión y multas a quienes utilicen su posición para recibir pagos a cambio de favores oficiales.

El cargo de fraude de visas puede ser procesado bajo el estatuto de conspiración general (18 U.S.C. § 371), que prevé sanciones de hasta 5 años de prisión para quienes participen en acuerdos ilícitos que perjudiquen a una agencia gubernamental.

De igual manera, el mal uso de posición oficial se encuentra regulado en los apartados 203 y 205 del Título 18, que impiden a los funcionarios representar intereses ajenos ante el gobierno en asuntos donde tengan responsabilidad o información privilegiada.

Las penas máximas que podría enfrentar Melitón Cordero si es condenado

Melitón Cordero es declarado culpable de todos los cargos y recibe la pena máxima por cada uno, podría enfrentar hasta:

• Conspiración para cometer soborno: hasta 15 años de prisión
• Fraude de visas (conspiración general): hasta 5 años de prisión
• Mal uso de posición oficial: penas variables, pero en casos similares pueden llegar hasta 5 años adicionales
• Foreign Extortion Prevention Act: hasta 15 años de prisión

Si las sentencias se suman y no se cumplen de forma simultánea, Cordero podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La duración real dependerá de la decisión del tribunal y de si las sentencias se ordenan en forma concurrente o consecutiva. Además, podría enfrentar multas significativas según lo establecido en cada estatuto.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha iniciado el proceso de reubicación de su personal en República Dominicana, tras el cierre temporal de su oficina en este país caribeño. El anuncio ha generado inquietud en círculos diplomáticos y de seguridad, dado que se produce en el contexto de una investigación por presunta corrupción dentro de la propia agencia.

La decisión, comunicada oficialmente este viernes, implica el traslado inmediato de los agentes asignados en territorio dominicano. La medida se adopta “hasta nuevo aviso”, según lo informado por la representación diplomática de Estados Unidos.

La embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos, difundió el jueves un mensaje contundente sobre la gravedad del caso.

En sus palabras, la corrupción “no tiene espacio en el Gobierno estadounidense ni en ningún otro”. Campos calificó el uso indebido de un cargo oficial para beneficio propio como una “violación repugnante y deshonrada de la confianza pública”.

El mensaje se difundió a través de canales oficiales de la embajada y, hasta el momento, constituye la única referencia pública sobre la naturaleza de las acusaciones que motivaron el cierre de la oficina de la DEA.

Reacción institucional de la DEA

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, evitó detallar las acusaciones específicas que han salido a la luz. En una declaración oficial, prefirió destacar el protocolo de respuesta de la agencia: “No haremos comentarios sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas”, señaló.

Cole subrayó que la DEA “coopera plenamente con las autoridades competentes” y que se están revisando los hechos para proteger la integridad de las operaciones.

El administrador enfatizó la política de tolerancia cero ante la mala conducta. “La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas”, afirmó Cole.

Agregó que “cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda”.

Lucha antidrogas en República Dominicana

En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha destacado la cooperación con República Dominicana en materia de combate al narcotráfico.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño informó que en el último año se incautaron 48 toneladas de estupefacientes como parte de una estrategia “sin precedentes” contra el crimen organizado.

Estas cifras han sido citadas reiteradamente por autoridades estadounidenses como muestra de una relación bilateral sólida en la lucha contra delitos como el narcotráfico y el lavado de activos.

El cierre de la oficina de la DEA y la reubicación de su personal representan un desafío para la continuidad de estas acciones conjuntas. No obstante, tanto la embajada estadounidense como la DEA han insistido en que la integridad y la transparencia seguirán siendo valores centrales en su política exterior y operativa.

En su declaración, Terrance Cole defendió el profesionalismo de los integrantes de la DEA: la agencia “no tolera ninguna conducta que manche la insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales”. Cole hizo hincapié en el honor y la responsabilidad de los “miles de profesionales de la DEA” que trabajan en diferentes partes del mundo.

Perspectiva regional: cooperación y desafíos

El cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana se produce en un momento de fortalecimiento de la colaboración regional en materia de seguridad.

La reubicación del personal de la agencia podría afectar, al menos transitoriamente, los mecanismos de intercambio de información y las operaciones conjuntas que han sido clave en la lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe.

Por ahora, las autoridades estadounidenses han optado por mantener la discreción sobre los detalles de la investigación. La comunidad internacional permanece a la expectativa de nuevas revelaciones sobre el caso y sobre el futuro de la cooperación antidrogas en la región.

El arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana generó una crisis diplomática y sacudió la cooperación antinarcóticos en la región.

La abrupta detención, vinculada a una investigación sobre abusos en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, coincidió con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar la oficina de la DEA en Santo Domingo de manera indefinida.

La medida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, responde únicamente a una pesquisa interna de Estados Unidos.

En un mensaje público, la embajadora Leah F. Campos subrayó la gravedad de los hechos e hizo explícita su postura: “Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”, manifestó en la red social X.

La falta de detalles sobre las acusaciones ha alimentado la expectación sobre el destino del supervisor arrestado, identificado como Melitón Cordero, cuya comunicación permanece inaccesible.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) encabezan la investigación, y hasta el momento, ni el DHS ni la DEA han respondido a peticiones de comentarios, según informó The Associated Press.

De acuerdo con un informe del propio Departamento de Justicia estadounidense divulgado en 2019, el programa de visas al que se vincula la investigación presenta deficiencias estructurales: el organismo de control advirtió que las autoridades federales perdieron el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas en el marco del programa, elevando riesgos para la seguridad pública y nacional por la posible implicación de esos sujetos en actividades delictivas.

Este programa permite cada año la entrada a cientos de extranjeros que, en otras circunstancias, serían inelegibles para el ingreso debido a sus lazos con el crimen.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina de la DEA no guarda relación directa con la administración local ni con sus resultados en la lucha antidrogas.

La cooperación bilateral en materia de crimen y narcóticos entre ambos países ha sido históricamente estrecha. República Dominicana constituye una de las principales rutas de tránsito de estupefacientes procedentes de Sudamérica, motivo por el cual las agencias estadounidenses han mantenido presencia activa en el país.

En línea con este historial de colaboración, el presidente Luis Abinader anunció en noviembre la autorización a Estados Unidos para operar dentro de áreas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, en un intento por fortalecer las labores conjuntas contra el tráfico de drogas.

El cierre de las oficinas

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

Durante los primeros meses de 2026, Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos han logrando incautaciones de grandes cantidades de droga tanto en el mar como en tierra. Los operativos permitieron la detención de ciudadanos extranjeros y la desarticulación de varias organizaciones criminales.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló una organización en San Francisco de Dos Ríos, en la provincia de San José, incautando113 kilos de marihuana,42 kilos de cocaínay1 kilo de crack, junto a un arsenal que incluía un lanzagranadas y dinamita. Los agentes también reportaron la captura de varios integrantes de la banda.

Entre las acciones más relevantes de enero, el Ministerio de Seguridad Pública, la PCD y el Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 40 millas náuticas de Cabo Matapalo, en la zona sur del Pacífico, donde se decomisaron aproximadamente3,5 toneladas de marihuana. El operativo, realizado los días 21 y 22 de enero, contó con el apoyo de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, y resultó en la detención de tres ciudadanos colombianos.

Las autoridades detuvieron a un ciudadano nicaragüense que transportaba más de una tonelada de cocaína en una embarcación pesquera en aguas costarricenses. Días después, el 31 de enero, un control policial permitió localizar 296 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. Además, autoridades guatemaltecas reportaron el decomiso de casi 3 toneladas de cocaína en contenedores provenientes de puertos costarricenses los días 26 y 27 de enero.

En total, durante enero se decomisaron en territorio costarricense más de 3.600 kilos de marihuana, cerca de 1.400 kilos de cocaína y 1 kilo de crack. El 22 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica por su vínculo con redes de tráfico de cocaína.

En febrero, los operativos antidrogas continuaron. Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos lograron la captura de más de una tonelada de droga frente a las costas de la Isla del Coco, en un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes.

Según informó la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la operación se realizó en estrecha coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública costarricense y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), consolidando la cooperación bilateral en la lucha contra redes criminales transnacionales.

La embarcación fue interceptada tras tres días de seguimiento marítimo, lo que permitió incautar más de mil kilogramos de drogas ilícitas cerca de la Isla del Coco, considerada un punto estratégico para el tránsito de cargamentos entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades de ambos países destacaron que la intervención consiguió interrumpir rutas clave utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína y otras sustancias hacia comunidades de Costa Rica y Estados Unidos.

Estados Unidos como aliado clave para el combate del narcotráfico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a una organización liderada por una madre y sus hijos en Alajuela, dedicada al tráfico de drogas y asaltos violentos. También el 12 de febrero, la Fuerza Pública arrestó a un hombre en Sarapiquí que portaba dosis de crack, marihuana y dinero en efectivo.

La cooperación internacional ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico. La provincia de Limón figura, también como uno de los principales focos de violencia y narcotráfico. En noviembre del 2025 decomisaron 812 paquetes de cocaína, de aproximadamente 1 kilo cada uno, ocultos dentro de un contenedor que tenía como destino final Países Bajos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya colabora con el Gobierno boliviano en el intercambio de información para combatir el narcotráfico, mientras el Ejecutivo latinoamericano ajusta los detalles de un acuerdo para el retorno formal de la agencia al país tras 18 años de ausencia.

Según informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en declaraciones a The Associated Press, actualmente Bolivia recibe el apoyo de la agencia estadounidense en capacitación y soporte técnico, aunque aún no está definido el esquema operativo ni quiénes serán los responsables en el país en un presunto futuro cercano.

El funcionario destacó que la decisión política sobre el regreso de la agencia ya fue adoptada y que la Cancillería boliviana está a cargo de finalizar el acuerdo.

Justiniano descartó la instalación de bases militares extranjeras en el país, pero sostuvo que sí se realizarán operativos conjuntos. “No va a haber bases, pero si podemos hacer operativos el día de mañana con norteamericanos, brasileños, paraguayos o argentinos, pues bienvenido”, concluyó.

La llegada al poder del actual presidente Rodrigo Paz significó un cambio drástico en la política exterior boliviana, que durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) se alejó de Estados Unidos y se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Desde la asunción de Paz en noviembre pasado, el subsecretario de Estado de EEUU, Cristopher Landau, destacó el “renacimiento de las relaciones bilaterales” y la cooperación en seguridad, incluyendo el posible regreso de la DEA, expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales junto con el embajador estadounidense, a quienes acusó de interferencia política. En ese momento, la DEA contaba con 100 agentes en Bolivia, el tercer mayor productor de cocaína del mundo.

El regreso la DEA al país liderado por Paz generó rechazo inmediato de Evo Morales y del poderoso sindicato cocalero del Chapare. La agrupación de trabajadores advirtió en un comunicado que no permitirá la presencia de “bases militares extranjeras”.

Por su parte, Morales, desde el Chapare, propuso que la cuestión se someta a referendo nacional. Por su parte, Justiniano respondió y sostuvo que entre el 91% y el 92% de la hoja de coca cultivada en el Chapare termina en circuitos ilegales.

El analista Paul Coca consideró que Morales intenta mantener relevancia política, pero el contexto cambió y Bolivia necesita integrarse al escenario internacional, lo que implica un combate efectivo a las redes del narcotráfico.

La DEA estadounidense desempeñó un papel central en la creación de estrategias contra el narcotráfico y en la desarticulación de redes criminales que lograron influir en la política de Bolivia durante los años 80. La agencia también fue responsable de la formación de unidades de élite dedicadas a operaciones directas contra grupos dedicados al tráfico de drogas.

El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del actual presidente Rodrigo Paz, estuvo rodeado de sospechas sobre posibles conexiones con el narcotráfico antes de asumir el poder. Su política de “diplomacia de la coca”, que buscaba que la hoja —tradicionalmente usada en Bolivia y Perú para infusiones y como remedio contra el mal de altura— fuera excluida de la lista internacional de estupefacientes, no fue bien recibida en Washington.

Estados Unidos impulsó activamente la erradicación de cultivos de coca, una medida que encontró fuerte resistencia entre los productores locales. La defensa de estos cultivos sirvió de plataforma para el ascenso político de Morales, líder cocalero, quien en 2006 llegó a la presidencia con un discurso crítico hacia la influencia estadounidense en la región.

(Con información de The Associated Press)

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

La DEA, con presencia en Santo Domingo, ha desempeñado un rol clave en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y crimen organizado en la región. El cierre de su oficina representa un cambio significativo en la colaboración entre ambos países en asuntos de seguridad, de acuerdo con lo publicado en la cuenta oficial de la representación diplomática.

La Embajada de Estados Unidos reiteró que la medida forma parte de su compromiso con la transparencia y la confianza pública.

La Embajada no brindó más información o detalles adicionales sobre el motivo específico que la lleva a tomar esta decisión, pero enfatizó que la suspensión de la DEA en el país se mantiene hasta nuevo aviso.

Según la información difundida por el propio canciller en su cuenta oficial, la representante diplomática de Estados Unidos aseguró en una conversación telefónica que la clausura de las oficinas de la DEA obedece exclusivamente a procesos internos de la delegación norteamericana en Santo Domingo. El jefe de la diplomacia enfatizó que la decisión se limita a la estructura de la misión estadounidense y no involucra a autoridades locales.

Desde la embajada de Estados Unidos no se ofreció de momento una declaración pública adicional sobre los alcances de la investigación interna. La noticia ha generado interrogantes sobre la continuidad de la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico en la región caribeña.

El cierre de la sede de la DEA en República Dominicana se produce en un contexto de sostenida colaboración entre ambos gobiernos en la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

el canciller enfatizó que no existen funcionarios dominicanos implicados en la investigación que motivó la decisión anunciada por la embajada, de acuerdo con la versión oficial difundida este jueves.

La DEA en República Dominicana

La DEA mantiene una cooperación activa con la República Dominicana desde finales de los años 80. La colaboración se intensificó tras la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en 1988, formalizando así la presencia de la agencia en el país. Desde entonces, la DEA participa junto a autoridades dominicanas en operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero, reforzando su papel estratégico en la región.

Para los cárteles mexicanos, los drones se habrían convertido en una herramienta de uso cotidiano, gracias a la fácil adquisición de estos dispositivos en comparación con el trafico de armas y otras cuestiones que beneficiarían a las células delincuenciales.

Sobre esos hechos, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), sostuvo en entrevista con Infobae México que resulta casi inevitable el detener a las organizaciones criminales mexicanas en la obtención y utilización de drones.

Vigil explicó que la facilidad para conseguir estos dispositivos y la carencia de controles efectivos propician que los cárteles recurran cada vez más a los drones.

El exfuncionario federal estadounidense aseguró que las restricciones legales no representan una barrera real, pues los criminales tienen acceso a una amplia oferta de drones en el mercado mexicano, en Estados Unidos, en países de Centroamérica o mediante plataformas extranjeras.

Adquisición sin límites y evasión de controles

Para Mike Vigil, la legislación vigente en México y Estados Unidos no logra frenar la compra de drones por parte de las organizaciones criminales.

“Pueden comprar un millón de estos drones y reemplazarlos cada vez que se los decomisan”, señala.

El exagente enfatiza que los cárteles encuentran alternativas en comercios legales, mercados informales e incluso en sitios web internacionales, por lo que las iniciativas gubernamentales quedan rebasadas.

Además, Vigil considera que en el caso de Estados Unidos, las acciones empleadas para combatir el presunto uso por parte de cárteles en su territorio obedecería a un “teatro político”, el cual carecería de impacto real en la operatividad del crimen organizado. Esto en el contexto de las recientes restricciones aéreas ocurridas en El Paso, Texas.

Ataques entre organizaciones, el principal uso en México

Según la experiencia de Mike Vigil, el principal uso de los drones en México se ha orientado a los ataques entre organizaciones criminales.

“Los emplean para arrojar explosivos a cárteles rivales y, en ocasiones, contra elementos de las fuerzas armadas mexicanas”, detalló Vigil.

El exdirector subrayó que, aunque los drones también se usan para vigilancia o para monitorear la presencia de autoridades en la frontera, su función más extendida se vincula con acciones violentas entre grupos antagónicos, como se ha documentado en estados con fuerte presencia de cárteles.

Vigil aclaró que el uso de drones para el tráfico de drogas entre las fronteras de EEUU-México resulta limitado, ya que estos dispositivos sólo pueden transportar cargas pequeñas, de uno a dos kilos, lo que los hace poco prácticos para el envío de grandes volúmenes.

Asimismo, ante la proliferación de sistemas antidrones y bloqueadores, el exagente advirtió que los cárteles siempre encuentran la forma de reponer sus equipos, por lo que la carrera tecnológica entre autoridades y organizaciones criminales se mantiene desigual.

“Es casi imposible tener un impacto real en esta tendencia”, afirmó.

Casos recientes: ataques con drones documentados por Infobae México

Infobae México ha reportado varios episodios recientes en los que grupos criminales emplearon drones en ataques:

• En septiembre de 2025, un grupo armado destruyó una avioneta y dañó otras dos utilizando drones en una pista de Tepalcatepec, Michoacán, en un incidente atribuido al CJNG.
• En octubre de 2025, drones con explosivos impactaron una residencia vinculada a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, lo que provocó el desplazamiento de familias y la aseguración de artefactos explosivos adaptados a drones por parte de autoridades.
• En abril de 2025, un grupo armado utilizó drones con explosivos improvisados para atacar a elementos del Ejército Mexicano durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, causando lesiones a dos soldados y daños materiales.
• En enero de 2026, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y Policías Comunitarios denunciaron ataques armados y con drones mientras buscaban retomar el control de comunidades en la Costa Chica de Guerrero, enfrentándose al grupo Los Ardillos.
• En febrero de 2026, un dron lanzó un explosivo en instalaciones de seguridad en Escuinapa, Sinaloa, dejando heridos a un militar y a un trabajador del ayuntamiento.

La facilidad de acceso, la multiplicidad de proveedores y la capacidad de reemplazo inmediato consolidan a los drones como una herramienta establecida en el arsenal de los cárteles mexicanos.

En la entrevista, Mike Vigil concluyó que esta dinámica sólo cambiaría si desaparecen las organizaciones criminales en México, algo que no se vislumbra en el corto plazo.

El complejo ilegal, ubicado en la vereda San Pablo de Caney, en el municipio de Guadalupe, operaba bajo la modalidad de outsourcing para el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y estaba bajo la supervisión de alias Chejo.

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La operación se realizó tras un proceso de inteligencia conjunta de varias semanas. Las autoridades lograron ubicar el laboratorio que, de acuerdo con las investigaciones, respondía a un esquema de subcontratación criminal articulado con el bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte de las disidencias de las Farc.

Durante la intervención, los equipos de seguridad incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y destruyeron 1.054 galones de insumos líquidos fundamentales para el procesamiento del estupefaciente.

Entre los materiales hallados figuran 792 galones de acetona, 158 de solvente, 84,5 de gasolina, 50 kilogramos de soda cáustica y 20 galones de ácido sulfúrico, junto a maquinaria industrial como planta eléctrica, prensas hidráulicas y hornos microondas. Este equipamiento evidenciaba el alto grado de tecnificación y la capacidad de producción en grandes volúmenes.

El coronel Luis Roberto González Olmos, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, detalló que el estupefaciente producido en el lugar era trasladado “en caleta en camiones de carga hacia la costa de La Guajira, donde se embarcaba en lanchas rápidas tipo Go-Fast con destino a Centroamérica y Estados Unidos”. Esta modalidad permitía que la organización criminal mantuviera una ruta constante de exportación internacional.

La afectación económica generada por el operativo alcanza los 99,4 millones de dólares, cifra que representa un golpe directo a las finanzas y logística del crimen organizado en la región. Las autoridades estiman que el complejo permitía obtener ganancias superiores a $363.000 millones, consolidando su papel como uno de los principales nichos de financiación para actividades ilícitas del Frente 36 y de alias Chejo.

La intervención, en la que participaron unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contempló la destrucción de más de 50 elementos esenciales para el desarrollo del procesamiento de clorhidrato de cocaína. Las autoridades detallaron que este tipo de instalaciones no solo abastecen el mercado nacional, sino que alimentan cadenas de tráfico con alcance transnacional.

El operativo también evitó la salida al mercado de 2.750.000 dosis de estupefacientes, según cálculos de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 01 del Ejército Nacional. El comandante de esa unidad, coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, afirmó que la incautación y la destrucción del laboratorio “demuestran una vez más la afectación directa a las economías ilícitas y a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales”.

Las autoridades señalaron que la organización criminal utilizaba esquemas de outsourcing para gestionar la producción y salida del alcaloide, bajo la coordinación de alias Chejo o Alejandro, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades departamentales en Antioquia.

Según informó la Policía Nacional, la operación conjunta responde a una estrategia para desmantelar la infraestructura logística de las disidencias y restringir la exportación de drogas hacia el exterior.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron una planta eléctrica industrial con dos transformadores, 13 hornos microondas, dos resistencias conocidas como “gusanos”, dos prensas para molde, una prensa hidráulica y una prensadora al vacío. Todos estos elementos fueron destruidos en la zona, eliminando la capacidad operativa del complejo.

El operativo conjunto representa uno de los golpes más contundentes a la cadena de suministro del narcotráfico transnacional en el norte de Antioquia. Las autoridades continúan las labores de inteligencia para ubicar a los líderes de la estructura criminal y prevenir la reconstrucción de estas instalaciones en la región.

El relato de un ciudadano francés que pasó por Colombia antes de vivir una de las peores experiencias de su vida, reveló las precarias condiciones que tuvo que soportar por cuenta del régimen venezolano cuando en su momento estaba al mando el dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en los Estados Unidos.

El protagonista de la narración de los hechos que le ha dado la vuelta al mundo es Camilo Pierre Castro.

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Hoy en medio de lo que hace meses atrás no vislumbraba, estar en libertad, este ciudadano reveló la dimensión de las violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país que se encuentra en una etapa de transición, luego del resultado exitoso de la Operación Resolución Absoluta, efectuada bajo la orden del presidente estadounidense Donald Trump por parte de la Fuerza Delta el 3 de enero de 2026.

Por casos similares al de Castro, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Maduro, mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha documentado casos de “detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”, mencionan declaraciones en documentos oficiales.

A todo lo anterior, y hoy con Delcy Rodríguez en la presidencia bajo presión de Washington, el país discute una amnistía general para los implicados en 27 años de la llamada era chavista.

Por este motivo, y en diálogo con AFP, el profesor de yoga francés brindó detalles inéditos de lo que fueron los cinco meses de reclusión que enfrentó en Venezuela en 2025.

A Camilo Castro lo liberaron en noviembre y afirmó haber atravesado “un tiempo de asco, odio y rencor, pero también de amor, de esperanza, de compasión con todo un pueblo”.

Radicado a las afueras de París tras recuperar la libertad, el francés que antes de ser detenido vivía en Colombia, mencionó: “Hoy estoy bien, pero mañana no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar”.

“Resisto gracias a la meditación, al amor de mis amigos y de mi familia”, añade el francés que encontró en Colombia su segundo hogar, pero que sin saberlo, viviría en carne propia un infierno, y parte de su motivación para visibilizar su historia no lo deja claudicar en ese profundo deseo de ayudar a “los cientos de venezolanos que aún están presos”, como él mismo señala.

Cómo fue la detención de Camilo Castro: de Colombia a Venezuela

La detención de Camilo Castro se inició al intentar regresar a Colombia, donde residía, tras renovar su visa en la frontera venezolana.

El 26 de junio, apenas cruzó al lado venezolano, fue capturado por “hombres encapuchados” y trasladado a Maracaibo (occidente del país).

Allí permaneció incomunicado la primera noche en un subsuelo húmedo y en condiciones deplorables.

Castro describió el lugar de esta forma: “Muchas manchas de sangre en las paredes”, junto a una mesa “con diferentes objetos de tortura, botellas de agua, trapos, bolsas plásticas, gas lacrimógeno, insecticida”.

Después de un interrogatorio efectuado por un agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el oficial cuestionó su versión y lo acusó de actuar como espía.

A este señalamiento le siguió una acción que fue el preámbulo de una temporada de terror en Venezuela: a Castro lo rociaron con escopolamina, cuyo fin es la sumisión química.

Posterior a esta primera agresión, al francés que residía en Colombia lo trasladaron rumbo a Caracas. Esto derivó a su vez en un nuevo confinamiento que Castro detalló así: “En un sótano, en el piso. Esposado y encapuchado todo el tiempo”.

En medio del flash-back, el ciudadano francés recordó uno de los pocos momentos de alivio en medio del encierro: “A los cinco días me ofrecieron salir al sol. Es uno de los más hermosos recuerdos de mi vida”, aseveró Castro.

Las palabras de consuelo en medio del encierro por parte de los demás presos políticos y extranjeros

Pero la sensación fue efímera. Pronto fue enviado a la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas, famosa por albergar a detenidos políticos y extranjeros.

Allí, otro recluso le aseguró a Castro: “‘Aquí todos somos como tú, a todos nos secuestraron, sabemos por lo que acabas de pasar, nadie te va a hacer daño, aquí no hay delincuentes’”.

Sin embargo, el día a día adentro resultó difícil para el ciudadano que habló desde París.

La insuficiencia de alimentos y agua marcó la rutina. “Todo el tiempo teníamos diarrea, infecciones en la garganta y en los pulmones. No teníamos baños, sino un hueco en el piso, y nos daban agua solo dos veces al día. Permanentemente había un olor que no se iba”.

Las condiciones extremas incluían la exposición regular a música tradicional venezolana “a volumen muy alto”, así como sesiones de propaganda socialista de hasta cinco horas en varias ocasiones por semana.

Castro calificó todo lo mencionado en este periodo como “el mundo del absurdo”.

Por ejemplo, “muy a menudo nos humillaban en la noche. Nos sacaban a todos en fila india, esposados y con capucha. Nos insultaban”, recuerda el francés.

Todas las instancias de interrogatorio, consultas médicas o simulacros judiciales se realizaban en ese horario: “Son verdaderos vampiros. Lo hacen para quebrarnos (…) nunca se puede descansar de verdad”.

Además, Castro hizo hincapié en el efecto deshumanizador: “Se pierde toda noción de libertad, de responsabilidad, de autonomía. Te deshumanizan”.

Las falsas acusaciones en contra del ciudadano francés: lo tildaron de agente de la CIA y la DEA

En los simulacros de juicio, un magistrado al que Castro describe “como un vendedor de drogas” lo acusó de “terrorismo”, de ser “agente de la CIA, de la DEA” y de colaborar con conspiradores.

Por si lo anterior no fuera suficiente, al ciudadano francés lo sometieron a múltiples interrogatorios con polígrafo, reiterando “las mismas cuatro preguntas durante horas”, agregó el galo en diálogo con la agencia.

La amenaza permanente era el traslado al cuarto piso, utilizado como zona de castigo: “Allí los presos eran esposados, a menudo desnudados, no había colchonetas, había que dormir en el piso”.

En esas celdas, “muchas veces se torturaba a la gente”, incluyendo palizas, “asfixia con gases lacrimógenos” o insecticida aplicado a través de una bolsa plástica en la cabeza, todo acompañado de “risas y humillaciones verbales”.

Castro relata otra forma de tormento: “Otra penitencia posible era la intubación forzada (por la boca) con el pretexto de alimentarte. Tubos en la nariz, en el ano… Soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas”.

En una ocasión, buscó reclamar por sus derechos para recibir libros ofrecidos por el consulado francés.

La advertencia de un recluso con 20 años de prisión le disuadió: “‘Te van a torturar. En un minuto te destruyen el cuerpo, y en cinco minutos destruyen la existencia. Olvídate de los libros, están escritos, podrás leerlos un día. Sé inteligente’”.

Al final, y luego obtener la libertad, Camilo Castro solicitó ser reconocido como víctima en Francia.

Para cerrar, el francés admite que quiere regresar a Venezuela, un país con el que, pese a los “malos recuerdos”, siente que ya está “unido”.

Según confirmaron las autoridades, el operativo respondió a una orden judicial emitida por una corte distrital del estado de Texas, en Estados Unidos, donde el capturado es requerido por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, “El Cantante” coordinaba la salida mensual de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense.

Para las operaciones ilícitas, la organización utilizaba lanchas tipo Go-Fast que zarpaban desde rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano, lo que permitía sortear los controles de las autoridades nacionales e internacionales. Este esquema logístico se considera de alta relevancia en el contexto del tráfico internacional de estupefacientes, por el volumen y la frecuencia de los envíos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la captura demuestra la efectividad de la cooperación internacional. “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades”, afirmó Sánchez, a través de X. El funcionario añadió que “El Cantante” alimentaba economías criminales, violencia y corrupción mediante sus actividades.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, explicó en la misma red social que el detenido es hermano de alias “El Bendecido”, capturado en 2025 en el departamento de Córdoba también con fines de extradición. “Seguimos cumpliéndole a Colombia con dignidad. No descansaremos hasta desarticular por completo las estructuras que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, sostuvo el general Rincón.

Uriel García Murillo es considerado por las agencias estadounidenses como un actor central en el tráfico de cocaína hacia el hemisferio norte. Las investigaciones reflejan que, bajo su comando, la estructura criminal mantenía una capacidad operativa que permitía despachar grandes cargamentos con regularidad, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades tanto locales como internacionales.

La detención de “El Cantante” se produjo tras labores de inteligencia desarrolladas de forma coordinada entre la Policía Nacional y la DEA. El seguimiento incluyó análisis de rutas marítimas y monitoreo de comunicaciones, lo que facilitó su ubicación en la ciudad de Medellín.

Luego de la captura, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso continúa con el trámite judicial correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, según informaron las autoridades.

La operación también pone de relieve la presencia de lazos familiares en las estructuras criminales. Alias El Bendecido, hermano de “El Cantante”, fue capturado el año anterior bajo el mismo esquema de extradición y está vinculado a actividades similares de narcotráfico internacional. Ambos casos refuerzan la hipótesis de los organismos de seguridad sobre la existencia de redes familiares en el liderazgo de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con el crimen organizado y ofreció líneas de contacto directas para reportar hechos delictivos. “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y a las agencias aliadas que participaron en esta operación por su profesionalismo, compromiso y resultados al servicio de Colombia”, expresó el ministro.

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Sonora a Rubén “N”, alias “Nido”, presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El sujeto fue arrestado durante la ejecución de tres cateos en el municipio de Nogales junto a dos hombres, identificados como José Raúl “N” y José Román “N”.

El operativo se llevó a cabo luego de labores de inteligencia y operaciones especiales de la Marina que permitieron realizar los cateos en tres domicilios de la localidad.

Derivado de la acciones se logró asegurar un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 tabletas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y tres inmuebles.

Entre los detenidos también se encuentra el segundo al mando de la célula criminal

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Rubén “N”, alias “Nido”, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, se le identifica como presunto líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas sintéticas que es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los datos señalan que José Raúl “N”, alias “Santa”, es señalado por autoridades federales como segundo al mando de la misma célula delictiva, mientras que José Román “N” es identificado como presunto integrante de la misma estructura.

La célula delictiva es identificada por mantener operaciones en la región de Nogales, Sonora.

Como resultado de la acción también se logró asegurar documentación financiera y administrativa, los cuales serían indicios de las actividades ilícitas de la célula delictiva.

Tanto los tres detenidos como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Capturan a “El Chino Arce”, jefe de plaza de Los Salazar en Sonora

Una detención reciente registrada en el estado de Sonora fue la de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de una célula criminal de Los Salazar.

El sujeto es señalado como presunto responsable del ataque armado que provocó 8 muertos y 26 heridos durante una fiesta de XV años en la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, la madrugada del 29 de diciembre de 2023.

La Fiscalía del Estado detalló que “El Chino Arce” modificó su identidad para evadir a las autoridades, pero finalmente fue localizado a través de sus tatuajes y análisis físicos tras haber llegado recientemente de Chihuahua, donde permaneció oculto varios meses.

“El Chino Arce”, también relacionado con homicidios calificados, delitos de tentativa de homicidio durante 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, fue identificado desde antes como objetivo prioritario.

La Fiscalía Estatal contaba con una ficha activa de recompensa por hasta 500 mil pesos por datos que permitieran su captura.

Tras la detención, la fiscalía puso a Jesús Iván Arce Verdugo a disposición de la autoridad judicial y anunció que solicitará la pena máxima legalmente aplicable, además de continuar las acciones para que enfrente los procesos penales correspondientes.

El agente especial a cargo de la DEA en el Caribe, Michael A. Miranda, reconoció este miércoles el firme respaldo del presidenteLuis Abinadery del gobierno de la República Dominicana a las operaciones conjuntas para frenar el narcotráfico y la criminalidad organizadaen el país. La declaración tuvieron lugar en una reunión de trabajo con altos mandos antinarcóticos dominicanos celebrada en la capital.

La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos frente al tráfico de drogas sintéticas responde a un crecimiento sostenido de esta amenaza en la región. En el centro de las preocupaciones está el avance del fentanilo y otras sustancias, fenómeno que ha generado crisis sanitarias y nuevos desafíos de seguridad para todo el hemisferio. Por este motivo, Washington lidera la campaña internacional “Proteger, Prevenir y Apoyar”, en la que República Dominicana participa como aliado estratégico.

Las autoridades de ambos países han facilitado operaciones y el fortalecimiento institucional para combatir redes criminales y el lavado de activos. Según informó el agente Miranda, la colaboración dominicana en investigaciones y arrestos resulta determinante ante organizaciones que, como remarcó, siembran inestabilidad en el Caribe y se extienden hasta Estados Unidos.

Compromiso bilateral contra el crimen organizado

Durante la reunión, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reiteró la decisión del Ejecutivo dominicano de atacar y desmantelar estructuras del narcotráfico local e internacional. Cabrera Ulloa agradeció el apoyo de la DEA y ratificó la intención de continuar optimizando las capacidades institucionales ante nuevas amenazas del crimen organizado.

El encuentro contó, además, con la presencia de otros responsables de la agencia estadounidense, entre ellos Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en República Dominicana, y el agente especial supervisor Melitón Cordero.

Miranda valoró la determinación del presidente Abinader en la lucha contra la corrupción en todos sus niveles y definió esa postura como clave para la efectividad de las políticas antidrogas y la consolidación del Estado de derecho. Para Miranda, la “cooperación sostenida” entre ambos países se basa en la confianza, el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.

Próximas acciones

A lo largo del encuentro, los equipos de la DNCD y la DEA revisaron los operativos ejecutados en los últimos doce meses y discutieron iniciativas estratégicas para fortalecer los controles regionales hacia 2026. Este análisis incluyó acciones conjuntas dirigidas a combatir no solo el tráfico de sustancias ilícitas, sino también delitos financieros vinculados.

Miranda precisó: “El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras”; también enfatizó que “la participación activa de República Dominicana” en campañas como Fentanyl Free America “reafirma que una América libre de fentanilo es posible” y que el compromiso de ambos gobiernos produce “resultados que salvan vidas”.

Ambas partes expresaron su voluntad de fortalecer aún más la cooperación de cara a futuras amenazas regionales, enfocándose especialmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas y la prevención del riesgo sanitario asociado.

Durante la cita, los organismos analizaron el impacto de las principales operaciones conjuntas realizadas durante el año anterior y definieron líneas de acción para futuras intervenciones.

La Administración de Control de Drogas (DEA) presumió, por medio de un comunicado, sus logros durante el 2025. En él, informó que ese año fue de logros históricos para la dependencia, resaltado por importantes incautaciones de drogas, la captura de objetivos de alto perfil, así como la confirmación de Terrance C. Cole como nuevo titular de la DEA.

Se señaló que el enfoque de la DEA en desmantelar a los cárteles de la droga mexicanos, interrumpir las cadenas de suministro de productos químicos y reducir la violencia en diversas ciudades de Estados Unidos en 2025, resultó en la incautación de 47 millones de pastillas de fentanilo, así como 9 mil 938 libras de polvo de fentanilo, 567 mil 668 libras de cocaína, 172 mil 853 libras de metanfetaminas y 2 mil 700 libras de heroína.

Se dijo que la cantidad de fentanilo incautada en 2025, equivale a 369 millones de vidas potenciales salvadas.

Recordó que en octubre se lanzó Fentanyl Free America, una iniciativa de control y campaña de concientización pública que busca reducir tanto la oferta como la demanda de fentanilo.

Se dijon que el fentanilo cobró más de 50 mil vidas en 2024, lo que representó una marcada disminución respecto a las casi 80 mil vidas de 2023.

La DEA dijo que ejerce una presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro de fentanilo mediante operaciones intensificadas de control y mayor inteligencia, obligando a las Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del CJNG, a modificar sus prácticas comerciales, lo que ha generado indicios alentadores de progreso.

De agosto a septiembre, la DEA se centró en los responsables del ingreso de fentanilo letal a Estados Unidos, específicamente a los cárteles de Sinaloa y al CJNG.

“La combinación de esfuerzos dirigidos contra estos dos grupos delictivos extranjeros resultó en incautaciones de drogas, incluidas en los resultados anteriores, así como en casi 1300 arrestos, 664 armas de fuego, casi 30 millones de dólares en ganancias ilícitas y otros 30 millones de dólares en activos”, se expone en el comunicado.

Recuerda algunas detenciones y extradiciones importantes durante 2025, como la extradición de 29 mexicanos a EEUU, entre ellos, Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y otros. Otro dato que se menciona es que Caro Quintero se declaró culpable de los cargos relacionados con su organización (el Cártel de Sinaloa).

También se destaca la sentencia de 30 años de prisión contra Rubén Oseguera González, uno de los líderes del CJNG, hijo de Ruben Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del mismo grupo delictivo.

En agosto, se recordó, EEUU anunció la detención de 26 fugitivos de México, todos ellos acusados de diversos cargos penales, federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, asesinato y otros delitos.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que han logrado desmantelar una red transnacional de narcotráfico y armas, cuya dirección se ejercía desde la República Dominicana, lo que pone en evidencia la creciente conexión entre organizaciones criminales internacionales y operaciones en el noreste del país.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA), la estructura operaba mediante múltiples intermediarios en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, instruidos directamente desde territorio dominicano, y ya se han formalizado cargos que contemplan severas penas de prisión para los implicados.

El informe difundido el martes por la DEA describe cómo el ciudadano dominicano Manolin Vargas D’Olon, conocido como “Robelin”, de 30 años, mantenía el control de la red criminal incluso tras ser detenido en mayo de 2025 por causas estatales en Connecticut.

El análisis forense de uno de sus teléfonos móviles expone almacenamiento de archivos de pornografía infantil, lo que llevó a una acusación aparte dictada por el gran jurado de New Haven el 9 de diciembre. De ser hallado culpable de este delito, la pena máxima prevista asciende a 20 años de prisión.

La investigación, encabezada por la DEA y el fiscal federal de Connecticut, David X. Sullivan, incluyó la realización de más de 30 compras controladas.

Estas transacciones permitieron el decomiso de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y un total de 17 armas de fuego; así lo precisaron las autoridades en declaraciones recogidas en el informe.

El análisis revela que parte del fentanilo incautado se encontraba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética que no figuraba en las listas de sustancias controladas al momento y cuya detección creciente en mezclas de drogas ha elevado el riesgo de sobredosis fatales.

Entre los seis detenidos destacan los dominicanos Manolin Vargas D’Olon (“Robelin”), álvaro Pérez (40 años) y Anderson Amador Nova (35 años), todos residentes en Waterbury, Connecticut; Giovanni Benoit (41 años), de Nueva York; ángel Vásquez (“Bebo”, 36 años), de Hamden; y Andy Martínez (46 años), de Paterson, Nueva Jersey.

Un comunicado de la DEA señala que: “Un ciudadano dominicano, que reside en República Dominicana, coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, a través de múltiples redistribuidores en esas ubicaciones”.

Según consta en los documentos judiciales citados en la investigación, Vargas D’Olon no solo controlaba la logística del narcotráfico, sino que se le atribuye la capacidad de ordenar acciones violentas contra individuos dentro de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance de las operaciones de la organización.

Las acusaciones formales alcanzan tanto la conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, como delitos asociados con tráfico y posesión de armas de fuego.

Vargas D’Olon enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por narcotráfico, mientras Benoit, Pérez y Amador Nova se exponen a un mínimo de cinco años y un máximo de 40 años.

Vásquez tiene una exposición máxima de 20 años. Varios de los implicados, incluidos Vargas D’Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez, están imputados por distribución de sustancias controladas; a su vez, Vargas D’Olon, Benoit, Vásquez y Martínez enfrentan cargos específicos por conspiración para el tráfico de armas.

Las investigaciones llevaron a la detención provisional de Vargas D’Olon, Pérez y Amador Nova, mientras que Benoit y Martínez recibieron libertad bajo fianza, sometidos a arresto domiciliario, según detalló el fiscal federal Sullivan.

Adicionalmente, Vargas D’Olon fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por su estatus migratorio irregular; Vásquez, de tenencia de arma de fuego siendo ya un delincuente condenado; y a ambos junto a Benoit se les imputa la transferencia ilegal de armas de fuego. Estos delitos pueden conllevar hasta 15 años de cárcel por cada cargo.

La multiplicidad de delitos atribuidos y el tipo de sustancias involucradas configuran uno de los casos de mayor relevancia reciente en el combate al narcotráfico en el noreste de Estados Unidos, según las autoridades federales estadounidenses.

El Cártel de Sinaloa enfrenta una disputa interna desde septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal, lo que provocó que sus facciones se dividieran.

Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, han comenzado a sufrir bajas significativas en los últimos meses, frente a algunas pocas de Los Mayos, quienes están bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Ante las detenciones y los constantes enfrentamientos entre facciones, Los Chapitos formaron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la cual comenzó a visibilizarse desde finales de 2024.

Este acuerdo cobró notoriedad con el ingreso de sicarios del CJNG a Sinaloa, así como con la aparición de mantas firmadas por ambas organizaciones, incluso con el decomiso de equipo táctico con sus siglas en Culiacán.

De enviar sicarios a combatir a Los Mayos: la estrategia que tendría “El Mencho”

En las últimas semanas se ha registrado un aumento en la violencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, la cual se ubica al sur de la entidad.

David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, explicó que los constantes enfrentamientos y balaceras ocurridas en esa región del estado se deben a que sicarios del CJNG están ingresando desde el sur para combatir a Los Mayos.

Ante este panorama, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en entrevista con Infobae México cuál sería la estrategia que “El Mencho” tendría frente a la guerra que mantiene el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Vigil, Los Chapitos estarían tratando de obtener aún más apoyo por parte del CJNG para hacer frente a los enfrentamientos, ya que les podría permitir ganar la guerra; sin embargo, considera que “El Mencho” ha analizado bien los beneficios que tendría en caso de hacerlo.

¿Enviar apoyo desmedido o esperar su caída?

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA señaló que el CJNG tendría como estrategia el posible control del territorio que le permitiría la caída del Cártel de Sinaloa ante la guerra.

“El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Si no, no hubiera durado por tanto tiempo como jefe del Cártel de Jalisco. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra, y él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo. El Cártel de Jalisco podría ser el más poderoso que existiera en México”, afirmó en entrevista.

Es así que Vigil consideró que el CJNG está brindando apoyo mínimo a Los Chapitos, ya que su organización podría beneficiarse con la caída de ambas facciones.

“Yo no creo que él se vaya a meter en una guerra total contra Los Mayos apoyando a Los Chapitos, El Mencho nada más va a estar ahí sentado esperando hasta que se acaben ellos mismos para luego entrar y tomar el control”, aseguró.

A más de un año del comienzo de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, en el estado se han registrado más de 2 mil asesinatos, esto pese al despliegue de militares para reforzar la seguridad.

La incautación de ocho toneladas de cocaína cerca del archipiélago de las Azores, realizada a partir de la intercepción de un sumergible que había partido desde Colombia, fue descrita por la Policía Judicial portuguesa como la mayor de este tipo registrada en Portugal. Este operativo, resultado de un esfuerzo combinado de diversas agencias internacionales, se convirtió en el argumento principal expuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respuesta a las críticas que ha recibido desde el gobierno de Estados Unidos. Según publicó el medio original, Petro invitó al presidente estadounidense Donald Trump a constatar, mediante fuentes oficiales, las acciones conjuntas que evidencian la disposición de su país a la cooperación internacional contra el narcotráfico.

El medio reportó que, en declaraciones difundidas a través de redes sociales, Gustavo Petro afirmó que Donald Trump podía comprobar la colaboración colombo-estadounidense consultando directamente a las agencias implicadas. Petro sugirió que el mandatario norteamericano podría contrastar los datos con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), entidad que participó en la operación, para verificar tanto la capacidad como el compromiso de Bogotá en labores conjuntas. Esta declaración se enmarca en el contexto de reiteradas acusaciones públicas vertidas por el presidente estadounidense, quien ha relacionado a Petro con actividades de tráfico de drogas.

La operación que condujo a la detención del sumergible involucró a las fuerzas policiales de Colombia, Portugal y Estados Unidos, de acuerdo con lo consignado por el medio. El director de la Policía Nacional de Colombia, William Rincón, explicó que el éxito del operativo fue consecuencia del intercambio temprano de información entre la policía colombiana y la DEA, en coordinación con las autoridades portuguesas. Según detalló Rincón, la acción coordinada permitió, además de la incautación de las drogas, el arresto de tres ciudadanos colombianos y uno venezolano, todos presuntamente vinculados al tráfico internacional de estupefacientes.

La Policía Judicial portuguesa, al informar sobre el decomiso récord de cocaína en su país, destacó el rol de varias agencias internacionales, mencionando expresamente a la DEA, a la Agencia de Crimen Nacional británica y a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés) estadounidense. Esta última, con sede en Estados Unidos, incluye en su estructura a un oficial de enlace colombiano entre otros representantes de América Latina. No obstante, en el comunicado difundido en Portugal, las autoridades lusas omitieron referencia directa a la colaboración con la policía de Colombia, según indicó el medio, a pesar de la participación de Bogotá en el operativo internacional.

Gustavo Petro sostuvo que la intervención conjunta en aguas internacionales cercanas a las Azores demuestra la capacidad de su país para actuar coordinadamente con gobiernos europeos y estadounidenses. Esta declaración llegó tras las denuncias de Trump, quien previamente instó al presidente colombiano a "que vigile su culo", agregando tensión a una relación bilateral ya compleja. El medio puntualizó que este comentario de Trump ocurrió poco después de la intervención militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

A raíz del éxito de la incautación en las Azores, la cooperación policial entre Colombia y organismos internacionales vuelve al centro del debate sobre la lucha antidrogas. De acuerdo con lo difundido por el medio, la incautación y los arrestos asociados se consideran un golpe relevante a las redes transnacionales del narcotráfico. La operación también sirve para subrayar, desde la óptica del gobierno colombiano, los resultados concretos de las alianzas bilaterales y multilaterales, en momentos de creciente presión diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las cifras presentadas por las autoridades portuguesas y colombianas evidencian la magnitud del tráfico por rutas atlánticas y subrayan la relevancia estratégica que tiene la colaboración entre agencias para abordar un fenómeno cuyas ramificaciones superan las fronteras nacionales. Además del decomiso récord, el arresto de los presuntos responsables originarios de Colombia y Venezuela enfatiza el carácter internacional de las operaciones contra el narcotráfico.

El desarrollo de este operativo, coordinado en tiempo real y sostenido sobre intercambio efectivo de inteligencia, sirvió como fundamento para la respuesta pública de Petro ante las dudas expresadas por la administración Trump. El mandatario colombiano consideró que la participación activa de fuerzas de Colombia en acciones conjuntas con Estados Unidos y Portugal desmiente las acusaciones que ha venido recibiendo de parte del jefe de Estado estadounidense, según publicó la fuente.

La ruta seguida por el sumergible, que partió de las costas colombianas y fue interceptada en aguas próximas a las Azores, vuelve a situar a la región atlántica como foco de atención en la interdicción de grandes cargamentos de estupefacientes. La cooperación entre organismos internacionales y el uso de inteligencia compartida han sido resaltados tanto por las partes involucradas como por las autoridades que analizaron el impacto del decomiso.

Al destacar la presencia de un oficial colombiano en la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur, la Policía Judicial portuguesa subrayó que la colaboración en materia de seguridad y lucha antidrogas se extiende más allá de los acuerdos bilaterales, abarcando mecanismos multilaterales de información. Según difundió el medio, estos canales permiten realizar operativos de alcance transcontinental y coordinar detenciones y decomisos de volumen elevado, como lo demuestran los sucesos recientes en el Atlántico.

El operativo en Azores y las reacciones posteriores ponen en evidencia el papel clave que los intercambios de información y la coordinación multinacional desempeñan en una lucha contra el narcotráfico cuya complejidad obliga a un abordaje conjunto. El medio original relacionó estos hechos con el contexto político de las acusaciones y defensas cruzadas entre las presidencias de Colombia y Estados Unidos, subrayando el uso de los resultados policiales como elemento central en el discurso público de Gustavo Petro frente a las imputaciones del gobierno estadounidense.

Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, fue detenido la noche de este jueves 22 de enero luego de que se entregó en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos en México.

El narcotraficante permaneció escondido en el país durante 10 años y era buscado por EEUU por liderar una organización criminal que traficaba cocaína desde Colombia, pasaba por México, y las enviaba hasta Estados Unidos y Canadá. Las autoridades lo señalaron por operar bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera su detención.

Kash Patel, director del FBI, describió a Wedding como una ”versión moderna de Pablo Escobar" y de “El Chapo” Guzmán durante el anuncio de su captura, en la que también agradeció la colaboración de autoridades mexicanas y canadienses.

¿Comparable con Pablo Escobar y El Chapo? Un exagente de la DEA responde

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas en EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) explicó que Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar ni Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos narcotraficantes que se dedican al trasiego de drogas.

La primera de las observaciones de Vigil es que Wedding no operaba como integrante del Cártel de Sinaloa, sino que en realidad se trataba de un comprador de cocaína que la enviaba a EEUU y Canadá.

“No es miembro del cártel. Simplemente él les compraba droga a Los Chapitos. Porque compras drogas de una organización criminal no quiere decir que eres miembro”, aseguró.

Esto colocaría al exatleta olímpico como un narcotraficante de medio nivel, debido a que la facción liderada por los hijos de “El Chapo” no lo consideraría como uno de sus integrantes ni jefes de plaza, sino que se trataría de un comprador más.

“Él viajaba a México. Es imposible que los Chapitos le estuvieran brindando protección porque a ellos les importa poco Wedding. Nada más es cliente, y ellos están en una guerra horrible con Los Mayos. Ellos no tienen tiempo de preocuparse de una persona como Ryan Wedding”, explicó el exagente de la DEA.

“Aunque Wedding viviera por mil años nunca llegaría a ese nivel”, señaló Vigil

Ante las declaraciones de la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, sobre que Wedding generaba más de 100 mil millones de dólares anuales en ingresos por el tráfico de cocaína, así como de que trasegaba 60 toneladas de droga al año, Mike Vigil aseguró que es una cantidad que, incluso, ni grandes cárteles han podido lograr.

“Ni los grandes cárteles meten 60 toneladas anualmente. Y la cosa de que él estaba ganando mil millones de dólares, tampoco, eso no es cierto. Ryan Wedding, a lo máximo, era un narcotraficante de medio nivel. Nunca fue un capo que pueda decir que estaba transportando 60 toneladas, para nada”, detalló.

Cabe señalar que Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano conocido por ser uno de los criminales más ricos y poderosos de la historia debido a que fundó y lideró el Cártel de Medellín, organización con la que tráfico cocaína hacia EEUU en las décadas de 1980 y 1990.

Escobar es identificado porque durante sus años de narcotraficante controló al menos el 80 por ciento de la importación de esta droga.

Por su parte, Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, se encargó de traficar drogas sintéticas a nivel internacional utilizando distintas técnicas para esconderlas en objetos como latas -además de trasladarlas por túneles transfronterizos- con lo que evitaba que las autoridades las identificaran.

Una posible colaboración con EEUU

El exagente de la DEA señaló que la permanencia de Ryan Wedding en México también implicaría que no cuenta con los recursos que las autoridades estadounidenses señalaron, ya que se trata de uno de los países en los que se mantiene un cerco para localizar y detener a los narcos.

“Yo creo que él sabía perfectamente bien que iba a ser capturado y que no tenía los recursos que dicen, por eso se entregó. Entonces ahora va a colaborar, y el pensamiento de él es: ‘Bueno, si me entrego y les digo todo lo que yo sé, entonces no voy a tener que estar mucho tiempo en prisión”, detalló Mike Vigil.

En cambio, el exagente aseguró que el comparar a Wedding con Pablo Escobar y El Chapo se podría deber a que las autoridades de EEUU intentan destacar sus detenciones.

Wedding fue enviado a los Estados Unidos junto a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, por lo que ambos enfrentaran la justicia luego de ser detenidos en México.

La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica, en coordinación con la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y el Servicio Nacional de Guardacostas, logró el decomiso de 6.452 paquetes de marihuana que eran transportados en una embarcación interceptada en aguas del Pacífico Sur costarricense, a unas 40 millas náuticas al suroeste del Cabo Matapalo, en el cantón de Corredores. La operación contó además con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información oficial, el cargamento incautado supera los 3.500 kilogramos de marihuana, lo que convierte a esta acción en uno de los decomisos más relevantes registrados en los últimos meses en la zona marítima del país. Cada uno de los paquetes tenía un peso aproximado de 550 gramos y se encontraba distribuido en el interior de la embarcación, la cual fue detectada tras labores de patrullaje e inteligencia desarrolladas por las autoridades costarricenses.

Además de la droga, los cuerpos policiales decomisaron siete estañones con combustible, cada uno con una capacidad cercana a los 200 litros, lo que evidencia que la nave estaba preparada para realizar largas travesías en altamar. Según los investigadores, este tipo de logística es común en estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes, que utilizan el Pacífico como una de las principales rutas para el traslado de droga desde Sudamérica hacia Centroamérica y Norteamérica.

El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, explicó que el resultado del operativo fue posible gracias a un despliegue conjunto de varias unidades especializadas, así como al intercambio de información con agencias internacionales. “Tras la intervención policial, se logró la detención de tres hombres de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a bordo de la embarcación”, indicó el jerarca.

Los sospechosos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Cortés, Vallecillo y Carvajal. Actualmente, los tres se encuentran a la espera de la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez determinará su situación jurídica, mientras el Ministerio Público avanza con la investigación del caso.

Según la PCD, este tipo de operaciones forman parte de una estrategia permanente de control y vigilancia marítima, enfocada en debilitar las redes de narcotráfico que operan en aguas jurisdiccionales costarricenses. El Pacífico Sur, y en particular sectores cercanos a la frontera con Panamá, es considerado un punto estratégico debido a su ubicación geográfica y a la complejidad de su litoral, lo que ha sido aprovechado históricamente por organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que el uso de embarcaciones de bajo perfil, grandes cantidades de combustible y tripulaciones extranjeras responde a patrones ya identificados en investigaciones previas. Estos grupos suelen intentar evadir los controles utilizando rutas marítimas alejadas de la costa y navegando durante varias jornadas consecutivas.

El decomiso también refleja el trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales, un aspecto que ha sido clave para mejorar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico. En los últimos años, Costa Rica ha reforzado la cooperación con agencias como la DEA, especialmente en materia de inteligencia, monitoreo y seguimiento de embarcaciones sospechosas.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública destacaron que este golpe al narcotráfico no solo implica la incautación de una importante cantidad de droga, sino también la afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que el cargamento llegue a su destino final.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la presencia policial en aguas del Pacífico y el Caribe, así como de continuar fortaleciendo los operativos conjuntos para enfrentar el tráfico de drogas, uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el país. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial para determinar posibles vínculos con otras estructuras criminales que operan en la región.

Cuatro ciudadanos colombianos señalados por autoridades de Estados Unidos como objetivos de alto valor fueron capturados en un reciente operativo conjunto realizado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia y la DEA.

Los detenidos, identificados como Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Isaac Gabriel Barros Pana, Mario Fernando Henríquez Gómez y Reinaldo Rafael Castellar Carmona, se presentaban como empresarios en los departamentos de Antioquia, Bolívar y La Guajira, respectivamente.

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Sin embargo, una corte del Distrito Sur de Florida los acusa de coordinar grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos. La información oficial indica que sigue de cerca el proceso de extradición.

De hecho, se sabe que Gustavo Adolfo Gallego Bedoya figura como el principal contacto con redes criminales no solo en México, sino también en Honduras y Jamaica. Los otros capturados desempeñaban funciones clave en almacenamiento, logística y definición de rutas marítimas para los cargamentos.

“Los otros tres capturados coadyuvaron en el almacenamiento de drogas, la definición de rutas marítimas y la logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes”, indica el informe oficial.

Las pesquisas señalan el uso de empresas fachada y diversas matrículas comerciales como mecanismo para ocultar las actividades ilícitas.

Castellar Carmona figura como propietario de Carbonos de la Guajira, según conoció El Tiempo, empresa de explotación minera registrada desde 2003.

Por su parte, Henríquez Gómez está vinculado a Comercializadora MM, centrada en el comercio mayorista de productos agropecuarios en La Guajira.

La investigación no descarta la relación directa de estas empresas con actividades criminales, pues analizan si habrían servido para mover activos originados en el tráfico de drogas.

En el caso de Barros Pana, las autoridades hallaron una matrícula comercial asociada a la gestión de comercio mayorista de metales y productos metalíferos, según el medio mencionado.

Aparte, documentos oficiales lo relacionan con solicitudes a la Agencia Nacional de Minería para explotar minas de cobre en el departamento de La Guajira. Además, medios locales lo describen como líder social wayuú y docente universitario, involucrado en varios proyectos comunitarios. Registros oficiales indican también que su nombre apareció en panfletos donde fue amenazado por presuntas conexiones con grupos delincuenciales.

Las investigaciones también se enfocan en los bienes y patrimonio de los capturados.

Gallego Bedoya utilizaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos, para movilizarse por Medellín. Los activos de Barros Pana están igualmente bajo revisión, incluido el control de dos fincas en Riohacha y una camioneta Toyota Prado, mientras las autoridades examinan si estos bienes guardan vínculo con actividades delictivas.

Las autoridades analizan además las alianzas criminales sostenidas por los capturados. Según los reportes, habrían colaborado con el clan del Golfo y el Eln para facilitar envíos de cocaína a escala internacional, usando rutas marítimas que cruzan el Caribe colombiano hacia México y Estados Unidos.

Actualmente, investigadores buscan establecer si parte de los inmuebles ligados al caso fue utilizada estratégicamente para almacenar cocaína, lo que podría ser clave para debilitar la estructura financiera del narcotráfico descrita por las autoridades.

Así las cosas, estos son los perfiles detallados de los capturados:

Gustavo Adolfo Gallego Bedoya

• Origen: Puerto Berrío (Antioquia)
• Rol: identificado como el principal contacto con redes criminales en México, Honduras y Jamaica.
• Actividades: coordinaba grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos.
• Empresariado: se presentaba como empresario en Antioquia; utilizaba empresas fachada y diferentes matrículas comerciales para ocultar actividades ilícitas.
• Bienes: usaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos.
• Alianzas criminales: vinculado a alianzas con el Clan del Golfo y el ELN para el tráfico internacional de cocaína.
• Investigaciones: las autoridades examinan sus bienes para identificar conexiones con actividades delictivas, especialmente en el uso de inmuebles para almacenamiento de cocaína.

Isaac Gabriel Barros Pana

• Origen: Riohacha (La Guajira)
• Rol: encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.
• Empresariado: asociado a una matrícula comercial para el comercio mayorista de metales y productos metalíferos.
• Solicitudes oficiales: Relacionado con trámites ante la Agencia Nacional de Minería para explotar minas de cobre en La Guajira.
• Activismo: líder social wayuú, docente universitario y participante en proyectos comunitarios.
• Amenazas: su nombre figuró en panfletos con amenazas por presuntas conexiones con grupos delincuenciales.
• Bienes: controla dos fincas en Riohacha y una camioneta Toyota Prado; estos bienes están bajo revisión para establecer posibles vínculos con delitos.
• Alianzas criminales: investigado por posibles colaboraciones con el Clan del Golfo y el ELN en rutas de tráfico internacional de cocaína.

Mario Fernando Henríquez Gómez

• Origen: Bogotá
• Rol: Encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.
• Empresariado: vinculado a Comercializadora MM, dedicada al comercio mayorista de productos agropecuarios en La Guajira.
• Investigaciones: no se descarta que la empresa haya servido como fachada para mover activos provenientes del narcotráfico.
• Alianzas criminales: señalado por colaborar con el Clan del Golfo y el ELN en envíos internacionales de cocaína.

Reinaldo Rafael Castellar Carmona

• Origen: San Jacinto (Bolívar)
• Rol: Encargado de almacenamiento, definición de rutas marítimas y logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes.
• Empresariado: propietario de Carbonos de la Guajira, empresa de explotación minera registrada desde 2003.
• Investigaciones: se analiza si la empresa fue utilizada como fachada para actividades criminales relacionadas con el narcotráfico.
• Alianzas criminales: vinculado a colaboraciones con el Clan del Golfo y el ELN para tráfico internacional de cocaína.

La visita a Bogotá del director de la DEA, Terrance Cole, marcó un nuevo capítulo en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro, que incluyó a la fiscal General Luz Adriana Camargo, al encargado de negocios estadounidense John McNamara y al director de la Policía Nacional, general William Rincón, responde a la necesidad urgente de robustecer la seguridad pública y perfeccionar la respuesta judicial frente a las mafias transnacionales.

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Según la embajada de Estados Unidos en Colombia, la reunión se planteó como un espacio para “discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia”.

Uno de los aspectos centrales de la cita fue la presentación oficial del nuevo director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez, aliado histórico de las autoridades estadounidenses, de acuerdo con la información comunicada por la Fiscalía General.

Además, esta visita de alto nivel adquiere mayor relevancia en un contexto regional marcado por la próxima reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, y cuando, apenas una semana antes, el director de la CIA estuvo en conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela.

La estrategia estadounidense se intensificó mediante el bombardeo de lanchas con cocaína en aguas del Caribe y el Pacífico, así como la reanudación en Colombia de la fumigación de cultivos de hoja de coca utilizando drones.

Según detalló la Fiscalía, el encuentro giró en torno a “la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y justicia” y abordó cuestiones clave como el combate a los grupos narcotraficantes, la persecución de las finanzas criminales, el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda.

En palabras del ente acusador, “en el encuentro se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad transnacional, como el fortalecimiento de la lucha contra los grupos narcotraficantes, las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas, y la prevención y persecución de la falsificación de moneda”.

La fiscal Luz Adriana Camargo precisó a El Tiempo que la relación bilateral en el ámbito judicial se mantiene sólida y orientada a resultados.

Según Camargo, “tenemos unas muy buenas relaciones no solo en términos de la ayuda en lo que tiene que ver con los grupos transnacionales para extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, que normalmente es por delitos de narcotráfico, sino que hemos empezado a trabajar de otra manera con las autoridades judiciales de Estados Unidos en temas tan importantes como lavado de activos”.

La Embajada de Estados Unidos reafirmó, en sus cuentas oficiales, el objetivo de mantener el intercambio y mejorar los mecanismos de colaboración en beneficio de ambas naciones.

Las reuniones públicas entre los máximos referentes de la DEA y la Fiscalía General no son inusuales en este periodo. Este es el segundo encuentro en cuatro meses entre Camargo y Cole, tras una primera cita realizada en octubre de 2025 en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá, en la que también se abordó la cooperación interinstitucional contra el narcotráfico y la coordinación con la Policía Nacional, entonces bajo el liderazgo del general Carlos Fernando Triana.

De fondo, la dinámica bilateral se complica por la reciente descertificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas.

Según la decisión del Gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump, el país andino quedó fuera de este listado por primera vez en casi tres décadas, bajo el argumento de que la producción de coca y cocaína marcó récords históricos durante el mandato de Gustavo Petro y que Colombia “no cumplía sus obligaciones internacionales” en materia antidrogas.

Terrance Cole, que dirige la DEA desde julio de 2025 tras jurar el cargo ante el Senado estadounidense, suma más de 31 años de experiencia en la función pública, con una carrera que abarca misiones nacionales e internacionales en Oklahoma, Nueva York, Washington D. C., Colombia, Afganistán y Oriente Medio.

Según la biografía publicada por la propia DEA, antes de unirse a la agencia fue oficial en la Academia Naval y policía certificado en el Estado de Nueva York, además de ejercer como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica hasta su retiro federal en 2020.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que Colombia dejará de emplear el indicador de potencial de producción de cocaína elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por considerar poco fiable su metodología, según afirmó este jueves 22 de enero de 2026.

“El indicador de potencial de produccion de cocaína ha sido pesimamente construido por la UNDOC, desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado, el gobierno nacional no lo volverá usar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El mandatario colombiano también señaló que el Gobierno nacional entregó a la Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés) todos los estudios disponibles, incluyendo los de la propia UNODC, para demostrar que se logró reducir a cero la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Esta nueva estrategia busca evidenciar la eficacia de la lucha contra las drogas emprendida por su administración.

“Se ha entregado a la DEA todos lo estudios con diferentes metodologías, que incluyen el de UNDOC, y todos muestran como hemos logrado disminuir a cero la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja en Colombia (sic)”, expuso Petro.

Cabe recordar que la administración de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, tomó la decisión de descertificar a Colombia en materia de cooperación antidrogas, medida impulsada por el Departamento de Estado, señalando que el Gobierno encabezado por Gustavo Petro no alcanzó las metas establecidas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Desde Washington, Marco Rubio, secretario de Estado, sostuvo que “Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”. Rubio añadió que el actual liderazgo del país sudamericano, “simplemente no cumple con el estándar”, aunque destacó la posible cooperación futura: “Pueden ser más cooperativos. Y pueden cumplir con los criterios para salir de la descertificación y volver a la lista de certificación”.

Colombia busca que se revoque la descertificación

Las gestiones diplomáticas de Colombia para revertir la descertificación en la lucha contra el narcotráfico, impuesta por Estados Unidos en septiembre de 2025, se han convertido en una prioridad estratégica para el Gobierno de Gustavo Petro. Tras el primer diálogo telefónico entre Petro y el presidente Donald Trump, la administración colombiana busca abrir una nueva etapa de negociación e interlocución directa para que la Casa Blanca revalúe su posición.

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, resaltó la importancia de este canal diplomático al enviar una nota oficial al Departamento de Estado. “Tenemos interés en demostrar que la aproximación colombiana a estos problemas es exitosa y avanza en los intereses conjuntos de Colombia y de Estados Unidos. Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas pasadas como la descertificación de Colombia”.

El impacto de la descertificación trasciende lo simbólico. Según la canciller, ese episodio marcó el momento de mayor distanciamiento en los últimos años entre ambos países debido a la percepción de una respuesta ineficaz frente al narcotráfico, que puso en entredicho la cooperación internacional en materia de seguridad.

La administración de Gustavo Petro confía en que el proceso que inicia con el envío de la nota diplomática y la eventual reunión en Washington permita “exponer de manera directa los resultados y el enfoque del Gobierno colombiano frente al narcotráfico”, así como restituir una dinámica de cooperación que se vio afectada durante el último año.

Tras el anuncio del gobierno del presidente Rodrigo Paz sobre el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Bolivia, el despliegue de seguridad por parte de cocaleros en el Trópico de Cochabamba se incrementó en favor de Evo Morales, ante el temor de una posible detención y extradición.

De acuerdo con declaraciones de Aquilardo Caricari, dirigente cocalero y allegado a Morales, confirmó “hemos activado la alerta máxima en la región”. El secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia afirmó a la agencia AFP que la guardia campesina, que originalmente contaba con al menos 2.000 personas, ha alcanzado los 7.000 integrantes.

El organismo estadounidense había sido expulsado en 2008 durante la presidencia de Morales. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta desde hace más de un año una orden de detención vinculada a un caso de trata de una menor. El ex presidente rechazó esta acusación en varias ocasiones.

El 8 de enero, un helicóptero con presencia de funcionarios de la DEA sobrevoló la región cocalera, lo que generó preocupación en los simpatizantes de Morales. Desde ese día, Morales no participó en actos públicos ni realizó declaraciones en medios de comunicación. Sus allegados manifestaron que Morales se encuentra “a resguardo” fuera de Lauca Eñe y que padece dengue.

Según Caricari, existe preocupación entre los seguidores de Morales por la posibilidad de que la policía, con apoyo de agentes de la DEA, proceda a su detención. El dirigente expresó que temen que, una vez arrestado, se lo involucre en causas relacionadas con narcotráfico o terrorismo y que pueda ser extraditado a Estados Unidos.

Bolivia es, según datos de la ONU, el tercer productor mundial de cocaína, precedido por Colombia y Perú. En los últimos años, tres altos mandos policiales antinarcóticos del periodo de Morales fueron encarcelados por delitos de narcotráfico, dos de ellos extraditados a Estados Unidos. El caso más reciente corresponde al coronel Maximiliano Dávila, extraditado en 2024 bajo la acusación de participar en la exportación de una tonelada de cocaína.

La ausencia de Morales de su tradicional programa dominical de radio generó incertidumbre respecto a su ubicación actual. Por segunda semana consecutiva, el ex mandatario no participó en la emisión que conduce habitualmente desde el Trópico de Cochabamba, según constató la emisora Kawsachun Coca.

El Trópico de Cochabamba constituye el principal bastión sindical y político de Morales. En este territorio, sus seguidores han instalado una vigilia permanente y se encuentran atrincherados con palos y piedras para impedir su detención.

Durante los últimos años, Morales condujo cada domingo su programa radial desde la zona cocalera, a través de la emisora vinculada a las federaciones de productores de hoja de coca que lidera desde hace más de treinta años.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, le pidió el 27 de noviembre de 2025 a Morales que abandone el Chapare y se traslade a La Paz si desea mantener un diálogo sobre los reclamos de los cocaleros de esa región.

Durante un acto público celebrado en Cochabamba, Paz afirmó: “Que venga a La Paz. Lo atenderá un ministro, lo recibirá la instancia que corresponda, pero que no haga de esto política”, según recogieron medios presentes en el evento. El mandatario señaló que actualmente Morales tiene el rol de dirigente y le recomendó “humildad” y “volver a lo terrenal”.

(Con información de AFP)

Ante las constantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre atacar a los cárteles por tierra y de señalar que “algo se deberá hacer con México”, un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alertó que esta presión hacia las autoridades mexicanas podría aumentar.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, detalló en entrevista con Infobae México que la tercera entrega de narcos a EEUU se llevó a cabo en un contexto en el que Trump ha presionado a las autoridades con la posibilidad de un despliegue militar.

“En cierta forma es positivo, pero se trata de otra tema mucho más delicado. Se trata de que lo hicieron (envío de narcos) por amenazas de Donald Trump, que ha estado amenazando que va a atacar a los cárteles en tierra, que quiere mandar tropas a México, violando la soberanía", dijo el exagente.

Anteriormente, Vigil aseguró a esta casa editorial que la propuesta de Trump de enviar elementos de la CIA a territorio mexicano para destruir narcolaboratorios -en especial los que producen fentanilo- era un ofrecimiento alarmante debido a que muestra un posible intervencionismo por parte de EEUU.

“México debe tener cuidado”, afirmó el exagente

Tras el envío este martes 20 de enero de 37 narcos para ser procesados por autoridades estadounidenses, Trump volvió a declarar que enfrentarán a los cárteles por tierra luego de tener “controlado” el ingreso de drogas por mar, lo cual mantiene dicha presión.

Al respecto, Vigil afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá ser cuidadosa con las acciones que se realicen en materia de seguridad debido a que la presión por parte de Trump podría aumentar al cumplir con sus exigencias.

“México tiene que tener mucho cuidado en no dejarse llevar por esas amenazas de Donald Trump, porque si te dejas llevar simplemente una vez, eso lo va a empoderar para seguir con sus amenazas. A él no le importa trabajar en una forma bilateral, él nunca va a estar satisfecho”, señaló.

Ante los hechos, Vigil aseguró que Sheinbaum deberá contrarrestar las amenazas de Trump fijando una postura rígida al destacar los resultados obtenidos en México, sin ceder a las exigencias estadounidenses.

Amenazas podrían aumentar pese a resultados

Mike Vigil destacó que tras el tercer envío de narcos a EEUU se reducen las posibles entregas de otros criminales, pues México ya no cuenta con altos perfiles, por lo que la presión podría aumentar para capturar a otros líderes de grupos delictivos.

Sin embargo, también afirmó que la presión podría escalar para que se cumplan los objetivos de Trump.

“Donald Trump los va a amenazar para que capturen a más capos, por ejemplo, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, al Mayito Flaco, El Mencho. Solo que él va a seguir amenazando, y esas amenazas van a ser hasta más fuertes", explicó.

Vigil también afirmó que el aumento de amenazas podrían incluir el envío de drones y hasta un despliegue militar a México, ya que no descarta una posible intervención en el país tras el reciente ataque de Venezuela y la detención de Nicolás Maduro Moros.

A pesar de los señalamientos de Trump, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que la colaboración con EEUU se realiza basada en el respeto a la soberanía, ya que no se ha aceptado el ingreso de militares estadounidenses al país.

La acción contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, y permitió también la detención de otros tres integrantes de la misma red criminal, que eran solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de drogas.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades a través de sus canales oficiales, los capturados mantenían alianzas con redes de narcotráfico en México, Honduras y Jamaica, extendiendo su influencia más allá de las fronteras colombianas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que existían vínculos entre esta organización, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que facilitaba la conexión de economías ilícitas que representan una amenaza para la seguridad regional.

Según las autoridades, la organización desarticulada tenía la capacidad de enviar más de tres toneladas de cocaína mensuales, lo que afectaba directamente las finanzas, la logística y la capacidad de ejercer corrupción violenta de los grupos delictivos implicados.

La Policía resaltó que este operativo representa un avance significativo en la neutralización de estructuras criminales de gran escala, debilitando el poder y alcance del Clan del Golfo en el tráfico transnacional de drogas.

El ministro reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, destacando que estos resultados reflejan la determinación de Colombia para enfrentar este fenómeno delictivo.

Además, hizo un llamado a la comunidad para denunciar actividades ilícitas a través de líneas telefónicas especializadas, garantizando absoluta reserva en el proceso: contra el crimen 314 358 7212, línea 107- 157; Gaulas 147 – 165, y reclutamiento infantil 141.

Cayó en Barranquilla ciudadano turco requerido en Alemania por narcotráfico

El 13 de enero de 2026, se conoció que investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional lograron identificar y seguir los movimientos de Tolga Korkut, ciudadano de origen turco, que era buscado internacionalmente por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de cocaína entre Colombia y Alemania.

Según la información oficial, el operativo se desarrolló en Barranquilla y permitió la detención de Korkut cuando se desplazaba hacia una reunión con presuntos emisarios de estructuras ilegales en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, Korkut frecuentaba restaurantes y bares de la capital del Atlántico, donde sostenía encuentros con representantes de grupos armados organizados para coordinar el envío de cargamentos de droga hacia Europa.

Al momento de su captura, el ciudadano turco indicó encontrarse en la ciudad en calidad de turista. Sin embargo, las investigaciones citadas por las autoridades lo señalarían como presunto cabecilla y articulador de una organización que facilitaba la logística, el financiamiento y la sostenibilidad del negocio ilícito, actuando como enlace directo entre mafias europeas y narcotraficantes colombianos.

Las autoridades indicaron que el rol de Korkut era determinante tanto en Colombia como en Alemania. En territorio colombiano, adelantaba gestiones estratégicas para asegurar el envío de cocaína en estado semiprocesado y con alta pureza; en Alemania, presuntamente controlaba la logística y distribución, utilizando laboratorios clandestinos para incrementar el volumen comercializable y facilitar su distribución en el mercado europeo.

El proceso investigativo, que se extendió durante dos meses, fue desarrollado de manera conjunta entre la Dijín–Interpol, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), la Policía de Turismo Metropolitana y Migración Colombia.

La captura fue posible gracias a la cooperación internacional y a la emisión de una circular roja de Interpol, tras la solicitud de Alemania por delitos de tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada.

Según la Policía, Korkut habría viajado a Colombia al menos en cuatro ocasiones entre febrero y junio de 2025, siendo detenido durante su quinta visita. Las autoridades lograron ubicarlo en un hotel del norte de Barranquilla, facilitando su localización por una relación sentimental con una ciudadana colombiana.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, en espera del proceso de extradición solicitado por las autoridades alemanas.

Una presunta red de corrupción dentro de la Fiscalía General de la Nación quedó bajo investigación tras denuncias de exnarcotraficantes que colaboraron con la justicia de Estados Unidos.

Según las acusaciones, varios fiscales e intermediarios habrían permitido que testaferros conservaran y negociaran bienes producto del narcotráfico.

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Los denunciantes aseguran que estas actuaciones ocurrieron pese a la existencia de acuerdos formales de entrega de bienes dentro de procesos de extinción de dominio, lo que abrió nuevas líneas de investigación tanto en Colombia como en el exterior.

El caso, que se tramita tanto en Colombia como en Estados Unidos, reabrió el debate sobre la transparencia en la administración de los bienes incautados y dejó a decenas de personas en un limbo jurídico tras más de una década de procesos inconclusos.

Las acusaciones, respaldadas con abundante material probatorio, derivaron en investigaciones abiertas en ambos países.

En Colombia, varios expedientes están en manos de delegados del Tribunal Superior de Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense recibió formalmente las denuncias y los informes aportados por los exnarcotraficantes.

Uno de los ejes del escándalo son los retrasos injustificados en los procesos de extinción de dominio. La Corte Suprema de Justicia advirtió sobre la dilación prolongada de uno de los casos emblemáticos y ordenó que se resolviera en un plazo máximo de 12 meses.

La advertencia quedó consignada en una sentencia citada por el medio Semana. Tras el pronunciamiento, el fiscal responsable del proceso ofreció disculpas públicas y negó haber actuado con intenciones irregulares.

El caso que detonó las denuncias es el denominado Macrocaso Meyendorff, una extinción de dominio que asciende a 1,2 billones de pesos y comprende cerca de 205 bienes inmuebles.

Su protagonista es Juan Fernando Álvarez Meyendorff, exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos, que en 2017 denunció desde una prisión en Nueva York que no todos los bienes que confesó habían sido incorporados al proceso iniciado en 2013.

Según su versión, parte del patrimonio quedó en manos de testaferros con la supuesta complicidad de funcionarios judiciales. La denuncia fue radicada inicialmente ante la Fiscalía colombiana y posteriormente ante autoridades estadounidenses.

En documentos citados por el medio citado, Álvarez Meyendorff aseguró: “Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesé en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”.

Casi trece años después del gran operativo contra esa red criminal, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra una parte significativa de los bienes incautados, muchos de ellos en estado de abandono, deterioro o bajo custodia de depositarios.

Otro segmento del patrimonio, según las denuncias, habría sido objeto de intercambios irregulares entre testaferros y funcionarios encargados de la extinción de dominio, mientras que una tercera parte continúa en litigio.

Las declaraciones juramentadas del excapo en agosto del 2025, recogidas por la revista Cambio, elevaron el tono de las acusaciones.

En ellas, Álvarez Meyendorff afirmó que los fiscales encargados del proceso “están lavando dinero” y sostuvo que, pese a haber confesado ante autoridades de Estados Unidos el origen ilícito de sus activos y los mecanismos de blanqueo, la Fiscalía permitió que los bienes fueran vendidos para financiar testimonios en su contra.

Uno de los nombres centrales en el expediente es Juan Carlos Chalela Botero, que Álvarez Meyendorff identifica como uno de sus principales testaferros. Chalela, que fue empleado del clan entre 2007 y 2010, nunca fue procesado y hoy figura como testigo principal de la Fiscalía.

El excapo asegura que “el testimonio de Chalela fue pagado con el mismo dinero que se entregó a los Estados Unidos, con los mismos bienes”, y sostiene que varias propiedades continúan en manos de allegados suyos.

Dentro del material probatorio figura un informe elaborado por un exagente de la DEA, que identifica a presuntos testaferros que, pese a haber sido testigos de la Fiscalía, habrían terminado apropiándose de inmuebles.

Entre los casos documentados aparece un lote de 18,5 hectáreas, conocido como La Selva, ubicado en Villavicencio, que habría sido vendido por 392 millones de pesos.

El proceso judicial también impacta a varios familiares del excapo. Su hermano mayor, Ignacio Álvarez Meyendorff, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Dos sobrinos del clan recibieron sentencias en Argentina por lavado de activos, mientras que en Colombia la Fiscalía ratificó recientemente la extinción de dominio sobre 20 inmuebles y seis negocios e incluyó compulsas de copias para investigar a otros miembros de la familia.

El expediente permaneció estancado durante once años y solo se reactivó entre 2023 y 2024 con la notificación a las partes y la apertura de la fase probatoria. La Corte Suprema cuestionó la inactividad prolongada y ordenó resolver el caso en un plazo perentorio, ante la afectación de decenas de personas con bienes embargados desde 2013.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 marcó un cambio profundo en el equilibrio del Cártel de Sinaloa (CDS), y específicamente en una de sus facciones más poderosas, la liderada por “Los Chapitos”.

La organización criminal ha atravesado una reconfiguración interna derivada de las bajas y detenciones que han sucedido en los últimos años, en el marco de la guerra que mantienen contra “La Mayiza”, grupo dirigido por Ismael Zambada Siqueiros, alias “El Mayito Flaco”, quien buscaría vengar la entrega de su padre por parte de “El Güero Guzmán” y quedarse con el poder absoluto del CDS.

De acuerdo con reportes periodísticos, la organización comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán han realizado alianzas para sobrevivir.

Además de la organización, la estructura familiar ha perdido a la mitad de sus herederos, debido a que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar seguirían con el legado criminal de su padre, mientras que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López pasan sus días recluidos en cárceles estadounidenses.

La Guerra contra “La Mayiza”

En 2026, Los Chapitos enfrentan uno de los periodos más críticos desde la captura de El Mayo Zambada.

La facción conocida como “La Mayiza”, mantiene una ofensiva permanente para disputar el control del Cártel de Sinaloa.

Durante los últimos meses, “Los Chapitos” han perdido a varios de sus principales operadores.

Entre las bajas más relevantes para la organización se encuentra Oscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, asesinado la noche del 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luau, de la Zona Rosa capitalina. De acuerdo con reportes, un individuo armado ingresó al local y disparó directamente contra Medina González, quien cenaba con su familia.

“El Panu” era identificado como operador clave en la estructura de “Los Chapitos” y la DEA ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que derivara en su captura, debido su relación con el tráfico de fentanilo y otras actividades ilícitas.

La perdida de “El Panu” se suma a otras bajas significativas en el 2025 por muerte o captura, entre las que destacan las siguientes:

• Juan Luis Castro Morales (“El Gavilán”) - asesinado
• Kevin Alonso Gil Acosta (“El 200”) - capturado
• Luis Alfonso López Reátiga (“El Toner”) - detenido
• Jorge Humberto Figueroa Benítez o Isaías Manríquez Tornero (“La Perris” o “El 27”) - abatido
• José Ángel Canobbio Inzunza (“El Güerito”) - detenido

Pese a las bajas, “Los Chapitos” mantendrían el control de varias plazas, aunque su dominio se ve cada vez más presionado por la ofensiva de “La Mayiza” y la presencia de fuerzas federales.

El escenario para 2026 plantea una organización fragmentada, con menor capacidad de respuesta y en constante riesgo de perder influencia frente a las nuevas alianzas y divisiones dentro del cártel.

Alianza con el CJNG

Tras la entrega de “El Mayo” y el inicio de la guerra, “Los Chapitos” habrían buscado reforzar su posición mediante un acercamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes periodísticos, la negociación con el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuvo como objetivo principal formar un bloque común para enfrentar a la “La Mayiza” y sus aliados, entre los que se encontrarían “Los Cabrera” y “El Cártel de los Beltrán Leyva”, liderado por “El Chapo Isidro”.

El acuerdo, según presunciones de medios nacionales, no implicó una fusión formal entre ambas organizaciones, sino pactos puntuales de no agresión y colaboración en zonas estratégicas.

Diversos videos publicados en redes sociales han confirmado que sicarios del CJNG estarían peleando para “Los Chapitos” en zonas montañosas de Sinaloa.

El escenario en 2026 muestra una alianza táctica de conveniencia entre dos de las organizaciones criminales más poderosas del país, cuyo principal objetivo es evitar que “La Mayiza” consolide su posición dentro del cártel, sin embargo, aún no hay indicios de qué buscaría la organización de Jalisco para que el trato sea beneficioso en ambas partes, por lo que hay que estar alerta de qué sucede en esta alianza.

Actualidad de “Los Chapitos”

En 2026, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los únicos de los cuatro hermanos que siguen en libertad. Ambos enfrentan el desafío de sostener la estructura de “Los Chapitos”, su reto reto principal de cara al 2026, sin contar el evitar su captura, sería mantener la cohesión del grupo y evitar la pérdida de más territorios clave.

Por su parte, Ovidio, conocido como “El Ratón”, permanece bajo proceso judicial en Estados Unidos. Se declaró culpable en julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, aceptando cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo distribución de fentanilo, así como delitos violentos, además, aceptó su participación en homicidios y secuestros, y se comprometió a pagar 80 millones de dólares como parte de la reparación de daños.

Como parte del acuerdo judicial, Ovidio Guzmán está colaborando con las autoridades estadounidenses al proporcionar información relevante y testificar contra otros miembros del cártel, lo que podría influir en la reducción de su sentencia. El 10 de julio de este año se sabrá la sentencia que recibirá el capo.

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” también enfrenta proceso judicial en Estados Unidos. El 30 de noviembre de 2025, se declaró culpable en Chicago, aceptando delitos de tráfico de drogas, asociación delictuosa y lavado de dinero. Admitió su participación en la importación y distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, así como en la coordinación de operaciones del Cártel de Sinaloa y el uso de recursos ilícitos. Al igual que Ovidio, Guzmán López está colaborando con las autoridades estadounidenses, lo que podría derivar en una reducción de su condena según la información y cooperación que proporcione. Su sentencia será dictada el 1 de junio de 2026.

De cara a 2026, la organización liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo operará bajo una presión creciente, presuntamente con menos margen de maniobra y en constante disputa por el control del Cártel de Sinaloa.

El mercante interceptado al oeste de Canarias transportaba la droga oculta entre cargamentos de sal y quedó sin combustible durante la operación, lo que obligó a recurrir al apoyo de Salvamento Marítimo para remolcarlo hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde permanece desde la tarde del domingo. Según informó la Policía Nacional y citó el medio, el decomiso de los 9.994 kilos de cocaína supone el alijo más grande de esta sustancia intervenido por la institución española en alta mar. El barco fue abordado la semana pasada en el Atlántico por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que detuvieron a los trece tripulantes y confiscaron, además de los estupefacientes, un arma de fuego.

El operativo, del que dieron detalles este lunes el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, el comisario jefe provincial, Jesús María García, y el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, contó con la colaboración internacional de la DEA de Estados Unidos, la NCA del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC). Tal como consignó la fuente oficial, la investigación fue coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Número 4, y giró en torno a una organización multinacional, presuntamente dedicada al tráfico masivo de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía Nacional, la intervención se activó tras una labor de seguimiento sobre el buque mercante que navegaba desde Brasil rumbo a Europa. El barco fue identificado en aguas internacionales del Atlántico, donde los agentes del GEO ejecutaron el asalto. Los trece tripulantes aprehendidos resultaron ser siete personas de nacionalidad india, cuatro de nacionalidad turca y dos serbias.

La operación, denominada 'Marea Blanca', enfrentó importantes dificultades logísticas, ya que, según explicó el comisario Morales durante la comparecencia, la nave quedó a la deriva durante casi doce horas por falta de combustible después de la intervención policial, lo que requirió la asistencia urgente de Salvamento Marítimo para asegurar el traslado seguro del buque y su valiosa carga ilícita hasta el archipiélago.

El cargamento incautado ascendía exactamente a 9.994 kilos de cocaína, distribuidos en 294 fardos habilidosamente camuflados entre la sal. Según publicó la Policía Nacional en sus canales oficiales y recalcó el subdelegado del Gobierno, esta representa la mayor captura de cocaína efectuada en alta mar por la policía de España. Como referencia histórica, desde la incautación en 1999, cuando agentes intervinieron el buque 'Tammsaare' que transportaba 7.500 kilos de cocaína, no se había logrado interceptar un alijo de semejante magnitud durante una operación marítima.

La presencia del arma de fuego intervenida durante la operación sugiere el nivel de sofisticación y peligrosidad del entramado criminal. Los investigadores, citados por el medio, subrayaron el papel relevante de la coordinación internacional y del aporte de la inteligencia policial para ubicar y detener la embarcación en aguas del Atlántico.

Según reportó el medio, el destino inicial del buque era Europa continental, donde se preveía la entrada del cargamento para su posterior distribución. Los detalles de la investigación, que permanece abierta, apuntan a una estructura criminal con ramificaciones en varios países, dedicada a la exportación sistemática de grandes cantidades de cocaína desde países sudamericanos hacia puertos europeos.

El comisario jefe provincial y el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes destacaron la magnitud de la operación, no solo por el volumen incautado sino por el despliegue técnico y humano que implicó el abordaje en alta mar y el posterior traslado del barco. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, el éxito del operativo se apoyó en el intercambio constante de información y en la acción coordinada con las agencias internacionales involucradas.

Fuentes policiales agregaron que la cantidad de droga incautada habría generado un importante impacto económico en las redes criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, debido a su alto valor en los principales mercados europeos. El método de ocultamiento de la droga entre toneladas de sal evidencia los métodos sofisticados que emplean este tipo de organizaciones para intentar eludir los controles policiales y aduaneros.

El subdelegado del Gobierno, la Policía Nacional y los responsables del operativo internacional confirmaron que, tras la interceptación, los detenidos quedaron a disposición judicial y que la investigación continúa para identificar y desmantelar la estructura completa de la red. Fuentes oficiales informaron que tanto la embarcación, el cargamento y las personas arrestadas permanecen bajo custodia en Tenerife, en espera de las actuaciones judiciales y de la ampliación de las pesquisas conjuntas entre las policías participantes.

La Policía Nacional ha confiscado el mayor alijo en altamar en toda la historia de España, gracias a una operación internacional que ha permitido interceptar en el Atlántico un buque mercante con casi diez toneladas de cocaína ocultas en sal. El barco, que partió desde Brasil para introducir las sustancias en Europa, ha sido abordado al oeste de Canarias por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), tal y como han confirmado para Europa Press.

Concretamente, el mercante se situaba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife desde la tarde de ayer, 11 de enero. Además, los agentes han localizado un total de 9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos, escondidos bajo toneladas de sal, junto a un arma de fuego utilizada para custodiar la carga, según detalló el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata. Tras culminar el operativo ‘Marea Blanca’, los agentes procedieron a la detención de los trece tripulantes, entre ellos siete de nacionalidad india, cuatro turca y dos serbia.

Tal y como ha especificado el subdelegado, la pesquisa comenzó cuando se detectó la actividad de una organización multinacional dedicada, presuntamente, a la exportación de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Para llevar a cabo la detención del barco, la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Número 4 han cooperado juntos en una compleja investigación.

A la deriva cerca de doce horas antes de solicitar ayuda a Salvamento Marítimo

Además de la cooperación de los dos cuerpos españoles mencionados, fue necesario el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la DEA de Estados Unidos, la NCA del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC). Gracias a ello, las autoridades han podido diseñar un protocolo de captura y facilitar el abordaje en alta mar.

Aun así, el asalto al buque mercante presentó retos logísticos. Una vez asegurada la embarcación, el buque quedó sin combustible y permaneció a la deriva cerca de doce horas, lo que obligó a solicitar la intervención de Salvamento Marítimo para su remolque hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, según explicó el jefe provincial de la Policía Nacional, Jesús María García, la coordinación entre las distintas agencias permitió evitar la dispersión de la tripulación y asegurar la integridad de la carga incautada.

Una vez los agentes especializados pudieron subir al barco, los veteranos antidroga quedaron sorprendidos por la magnitud de la incautación. “Desde el año 1999, cuando se intervino el buque ‘Tammsaare’ con 7.500 kilos de cocaína, no se había realizado una incautación de estas dimensiones en aguas internacionales”, señaló el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales.

Inmediatamente, la droga ha quedado bajo custodia judicial en Tenerife mientras se desarrolla la instrucción del caso. Las autoridades investigan los vínculos de la organización responsable y el destino final de la carga. Este operativo marca un precedente en la historia de la Policía Nacional y reafirma la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Mientras en México persiste una fractura al interior del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, la estructura criminal sigue operando no solo a nivel nacional sino también en otras partes del mundo.

Una de las acciones más recientes que muestra la capacidad del también llamado Cártel del Pacífico para generar nexos en diversos países es el aseguramiento de nueve personas en España, quienes formaban parte de una estructura criminal hispano-mexicana.

Sin embargo, en diferentes ocasiones han sido detectadas las actividades del Cártel de Sinaloa en el mundo. Por ejemplo el caso de China es relevante por la obtención de precursores para la fabricación del fentanilo, además de que diversos sujetos de origen chino han sido ligados con el grupo

El Cártel de Sinaloa en 40 naciones

La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) de 2025, la cual es realizada por la Agencia para el Control de Drogas (DEA) señala que el grupo criminal mexicano opera en por lo menos 40 países. Si bien no ofrece una lista de las naciones en cuestión, es posible rastrear informes sobre las actividades del grupo alrededor del mundo.

El mismo informe de la DEA detalla que parte del interés de la estructura delictiva en Asia y Oceanía está relacionado con el negocio de drogas sintéticas, pues en dichas zonas pueden generarse mayores ganancias.

“A nivel mundial, CDS aprovecha el tráfico y el suministro de metanfetamina y cocaína para inundar los lucrativos mercados de drogas en Asia, Australia y Nueva Zelanda, donde las ganancias de la metanfetamina pueden ser más de 100 veces mayores que en Estados Unidos”, es parte del informe.

En Francia y Polonia

España no es el único país europeo en donde han sido registradas acciones del Cártel de Sinaloa. Fue a mediados de 2025 que fue dado a conocer el arresto de Elías Heriberto Ravo Tobar cerca de París, se trata de un hombre de origen colombiano y ligado con el Cártel de Sinaloa.

Días antes, una operación en Francia dejó como resultado la detención de 16 individuos: un ciudadano belga, 13 franceses, un de origen serbio, además de un mexicano-estadounidense.

Según la Europol, la estructura ligada con la producción y distribución de drogas sintéticas mantenía “fuertes vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa”.

Mientras que en Polonia fue desmantelado un laboratorio profesional de metanfetamina, en el cual donde había equipo para la producción masiva de drogas.

Si bien las autoridades no divulgaron el nombre de la agrupación ligada a la droga en una parte del comunicado señalaron: “tres hombres fueron arrestados en el lugar, dos de ellos ciudadanos mexicanos vinculados a uno de los cárteles de la droga más grandes de Norteamérica.

Del sur al norte de América

Un caso documentado por el Departamento del Tesoro de EEUU en junio de 2024, la institución señala que la organización delictiva Los Pochos en Guatemala apoyó al Cártel de Sinaloa con el trasiego de cocaína.

Además, en octubre de 2025 la Policía Montada de Canadá aseguró que en dicho país operan siete organizaciones criminales, entre las que se encuentran cárteles mexicanos, uno de ellos el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que en Ecuador hay una alianza del grupo local Los Choneros con el grupo delictivo mexicano para el trasiego de cocaína desde Colombia.

Respecto a Colombia, en febrero del año pasado el presidente Gustavo Petro declaró que el Cártel de Sinaloa es que el que da órdenes al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

Los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano. El Cártel de Sinaloa es el jefe actual del ELN”

Gustavo Petro

Cártel de Sinaloa trató de entrar a Chile

Finalmente, en el caso de Chile, dos sujetos fueron condenados dos hermanos de origen mexicano tras ser hallados culpables de asociación ilícita para tráfico de drogas. Fueron ligados con el Cártel del Pacífico.

Los integrantes del grupo criminal pretendían usar los puertos marítimos y aéreos a través de corromper al personal.

Todos los registros de las actividades del grupo criminal mexicano en el mundo muestran la capacidad operativa del mismo a pesar de actualmente vivir una disputa a lo interno.

Durante una de las investigaciones más resonantes sobre lavado de activos con nexos en el narcotráfico, la Fiscalía General de la Nación ha decomisado media docena de propiedades de alto valor como parte de un multimillonario proceso de extinción de dominio.

La implicada central es Valentina Forero Álvarez, de 33 años, oriunda de Manizales, a quien las autoridades califican como la pieza clave de una compleja operación de blanqueo que, según documentos oficiales, canalizaba ingentes sumas de dinero hacia cuentas colombianas a través de decenas de transferencias desde Estados Unidos.

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Entre las evidencias que sustentan la acusación se incluyen incautaciones directas en territorio estadounidense. Según consta en el expediente del caso, el 28 de febrero de 2023 las autoridades ingresaron en una residencia identificada como vinculada a la red.

Allí hallaron 165.000 dólares, 45 kilogramos de marihuana y dos kilos de cocaína, un hallazgo clave que evidencia la interrelación entre el lavado de capitales y actividades de narcotráfico, de acuerdo con el expediente revelado por el diario El Tiempo.

Las autoridades también mencionan la existencia de empresas en Colombia utilizadas para reciclar fondos ilícitos procedentes de operaciones en suelo estadounidense.

En las pesquisas judiciales, la figura de Forero Álvarez se presenta en contraste marcado: de un lado, una imagen pública proyectada en redes como modelo y empresaria emergente; del otro, el retrato que arman las agencias federales, quienes la sindican de organizar depósitos en efectivo desde California mediante una red profesional de mensajeros reclutados como infiltrados a finales de 2021.

Según el agente especial David Lester del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Forero Álvarez instruyó a sus colaboradores a recoger dinero en efectivo que superaba en ocasiones el millón de dólares por semana, fondos que debían fragmentarse en depósitos no superiores a 10.000 dólares y distribuirse en múltiples sucursales para evadir los sistemas de control bancario.

Este procedimiento incluía el uso de documentos fraudulentos, pasaportes y licencias de conducción falsificados para la apertura ilícita de cuentas, según la investigación judicial.

Las indagaciones también documentan la apropiación de identidades ficticias para realizar transacciones. El 18 de agosto de 2022, agentes incautaron en Detroit, Míchigan, un monto de 99.700 dólares junto a un pasaporte colombiano falso a nombre de ‘Luis Carlos López Herrada’.

El portador declaró que recogía grandes cantidades de efectivo siguiendo órdenes de Forero Álvarez y que en una oportunidad transportó 500.000 dólares.

El medio mencionado detalla que otro envío interceptado en septiembre de 2022 contenía documentos elaborados en Colombia, ocultos dentro de una Biblia, para operaciones financieras bajo la identidad de Javier Alberto Vásquez Palacio.

En el registro judicial estadounidense figuran también reuniones secretas con narcotraficantes cuya identidad permanece bajo reserva. De acuerdo con el expediente, un agente encubierto recibió en uno de estos encuentros 39.880 dólares en efectivo que, tras la operación, fueron depositados en una cuenta abierta a nombre de Forero Álvarez por uno de los mensajeros de la red.

Según la acusación del fiscal del Distrito Norte de Georgia, Sekret Sneed, se imputan cargos de conspiración y lavado de activos contra la joven manizaleña.

En el entorno colombiano, la Fiscalía identificó negocios y empresas presuntamente utilizados en el esquema de blanqueo. Se encuentran Kawsdecor, matriculada el 8 de enero de 2025 en Sevilla (Valle) con activos por 10 millones de pesos; Chizpagas, constituida el 26 de mayo de 2020 y dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados, con 20 millones en activos; así como La Cremería 2010 Helados, abierta el 26 de abril de 2023 en Cali, dentro del centro comercial Palmetto Plaza.

El monto total de bienes incautados en este proceso asciende a 7 mil millones de pesos, e incluye propiedades en al menos dos departamentos, entre ellas una residencia de lujo en Armenia.

En respuesta a las denuncias, el defensor legal de Forero Álvarez en Colombia, Carlos Andrés Moncayo, expresó a El Tiempo su desacuerdo con las cifras comunicadas por la Fiscalía.

“En la acusación formal se menciona un monto inferior al presentado públicamente. En Colombia hablan de 2 millones de dólares, pero en Estados Unidos solo de 800.000 dólares”, afirmó.

Añadió que en el proceso estadounidense “no se ha probado que el dinero provenga del narcotráfico”. Desde su extradición en mayo de 2025, allegados a Forero Álvarez sostienen la versión de que es una emprendedora y adquirente legítima.

Funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) realizaron un sobrevuelo sobre la región cocalera del Chapare, en Bolivia, con el objetivo de evaluar posibles formas de cooperación con el gobierno del presidente Rodrigo Paz en la lucha contra el narcotráfico.

La presencia de la DEA en territorio boliviano marca un cambio significativo, ya que la agencia fue expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales, quien la acusó de intervenir en la política interna y de respaldar presuntos complots en su contra. Desde entonces, la cooperación antidrogas entre ambos países se mantuvo suspendida.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, declaró que miembros de la agencia estadounidense “ya están en Bolivia”. El ascenso al poder de Rodrigo Paz en noviembre de 2025 representó un giro completo en la política exterior boliviana.

El nuevo gobierno, de orientación centroderechista, restableció los vínculos con Washington y buscó apoyo tanto en materia económica como de seguridad interna, tras dos décadas de gestiones socialistas llevadas adelantes por los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) y relaciones bilaterales congeladas.

La relación bilateral con Estados Unidos forma parte de la estrategia del gobierno de Paz para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional, en un contexto de cambios en la política de seguridad y lucha antidrogas en Bolivia.

Justiniano aclaró que la operación no se trató de un operativo policial, sino de una misión de observación aérea para identificar pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de droga en la zona.

El recorrido incluyó un sobrevuelo cerca del poblado cocalero de Lauca Eñe, en el Chapare, donde el ex presidente Evo Morales permanece recluido tras una orden de detención por un caso de trata de menores, acusación que Morales rechaza.

El viceministro de adelantó que este trabajo podría allanar el camino para la firma de un futuro acuerdo de cooperación entre Bolivia y Estados Unidos en materia antidrogas.

“No tenemos una fecha definida, pero (...) necesitamos que sea lo más pronto posible (...), estamos en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones miserables en la lucha contra el narcotráfico”, contextualizó el funcionario y marcó que de 31 aeronaves en Bolivia, solo hay dos en capacidad de funcionar por falta de recursos económicos.

En medio de la crisis por la quita de subsidios al combustible, los sindicatos campesinos del lugar alzaron la voz y expresaron su opinión por la presencia del helicóptero: “Rechazamos las decisiones de este gobierno, que es títere de Estados Unidos”.

Bolivia es tercer productor mundial de cocaína, según las Naciones Unidas, detrás de Colombia y Perú, y tiene 34.000 hectáreas de coca, más de lo legal.

En noviembre de 2025, Justiniano adelantó que la DEA regresaría al país "muy pronto, porque existe un compromiso político y eso es lo más importante”. El funcionario subrayó que la presencia de cárteles internacionales en Bolivia exige una respuesta coordinada: “No podemos enfrentar el narcotráfico solo con la fuerza local; debemos integrarnos y necesitamos cooperación”.

(Con información de AFP)

El hallazgo de casi tres millones de euros en efectivo ocultos en un búnker bajo el suelo de una nave industrial reveló la magnitud de la estructura financiera de una red criminal hispano-mexicana, cuyos lazos alcanzaban España, México y Dubai, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional. Según reportó el medio, la reciente operación coordinada entre la Policía española y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) permitió el arresto de nueve individuos, desarticulando un entramado acusado de ser el principal proveedor de metanfetaminas sintéticas en Europa. El operativo representa la segunda etapa de la denominada “Operación Saga”, que según la Policía Nacional supuso la segunda mayor incautación de metanfetamina realizada en el continente.

Tal como publicó la Policía Nacional, entre los detenidos figura un miembro del cártel de Sinaloa que residía oculto en un piso de Madrid. El individuo apenas salía de la vivienda y percibía un pago mensual de 2.500 euros a cambio de mantener silencio, ya que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas decomisados en Alicante durante la primera fase de la operación. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, incluyó la colaboración de la DEA para identificar las rutas utilizadas por la organización para enviar droga desde México a Europa, utilizando diversas coberturas, incluido el comercio de mármol.

La operación surgió a raíz de una intervención inicial en 2023, durante la cual las autoridades lograron interceptar 1.800 kilogramos de metanfetamina, según consignó la Policía Nacional. Esta incautación desmanteló el principal centro de abastecimiento de drogas sintéticas que abastecía a varios puntos del continente europeo y operaba desde distintas localidades españolas, entre ellas Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Tras este golpe, los investigadores detectaron movimientos de reestructuración en la red criminal, con miembros asentados en España y México enfocados en recuperar la operatividad y el flujo de capitales.

En julio de 2024, las fuerzas policiales descubrieron un nuevo método de tráfico: detectaron el envío de 40 kilos de metanfetamina camuflados en la base de una estatua de más de metro y medio de altura, destinada a Tenerife. Tras interceptar el cargamento, arrestaron al destinatario, identificado como un narcotraficante con un largo historial en la isla, detalló la Policía Nacional.

Además de las operaciones en territorio español, la organización mantenía actividades y conexiones internacionales. El seguimiento de la red permitió a los agentes identificar la exportación de 38 kilogramos de marihuana desde España a Finlandia. Según informó la Policía Nacional, gracias al intercambio de información con la Aduana finlandesa, se posibilitó la detención del receptor, quien se había desplazado expresamente para recibir la droga.

Entre los afectados por las detenciones figura un empresario del sector del mármol, quien, de acuerdo con lo que publicó la Policía Nacional, utilizaba su empresa legal para importar piedras desde México que contenían estupefacientes ocultados en su interior. Durante los registros en las instalaciones asociadas a la empresa se localizaron cerca de tres millones de euros en efectivo escondidos en un compartimento subterráneo. Además, en siete domicilios registrados en Valencia, Alicante, Málaga y Madrid, los agentes incautaron siete relojes de lujo, siete teléfonos móviles, dispositivos para geolocalización y munición de diferente calibre.

La investigación identificó también la figura del líder de la red de narcotransportistas, responsable de la coordinación entre México y Dubai, así como de la organización de los envíos y la distribución de las sustancias en territorio europeo. De acuerdo con la Policía Nacional, la colaboración entre las autoridades españolas y estadounidenses permitió cerrar el cerco sobre las distintas células de la organización, logrando en total la detención de nueve personas acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Tres de los detenidos ingresaron en prisión preventiva a la espera del desarrollo del proceso judicial.

La segunda fase de la Operación Saga puso de manifiesto la diversificación de actividades y rutas utilizadas por la red para el tráfico de sustancias ilícitas, empleando desde empresas legales para el camuflaje de la droga hasta métodos más sofisticados, como el ocultamiento en obras de arte y objetos de gran tamaño. Igualmente, la investigación esclareció el papel de España como punto clave en las operaciones logísticas y financieras del cártel de Sinaloa en Europa. El medio policial subrayó la relevancia de las incautaciones y el valor del material intervenido, incluyendo los bienes de lujo y el dinero en efectivo, destinados, según los investigadores, al blanqueo y la reinversión en nuevas actividades delictivas. La actuación conjunta entre las distintas agencias evidenció, según la fuente, la dimensión global de una organización cuyos vínculos llegaban a diversos continentes.

El ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, consideró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una estrategia adecuada para conducir la relación bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esto en un contexto marcado por tensiones regionales y recientes declaraciones del mandatario republicano sobre el combate al narcotráfico en América Latina.

Vigil señaló que la postura de la presidenta mexicana se ha caracterizado por el uso de la diplomacia y la cautela, elementos que, desde su perspectiva, han permitido mantener canales de comunicación abiertos con Washington sin escalar el discurso político.

“Claudia Sheinbaum sabe cómo tratar con Donald Trump y hacerlo desde la diplomacia”, afirmó el exfuncionario, al referirse a la manera en que México ha manejado la relación bilateral.

La diplomacia como eje de la relación bilateral

De acuerdo con Vigil, Sheinbaum ha evitado la confrontación directa en un momento en el que el entorno regional se ha visto impactado por la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y por el debate sobre la seguridad hemisférica.

El exagente destacó que este enfoque permite reducir riesgos innecesarios en la relación entre ambos países.

Vigil sostuvo que el respeto institucional ha sido un factor relevante en la interacción entre ambos gobiernos y que la presidenta mexicana ha optado por un manejo prudente de los desacuerdos.

“Donald Trump respeta a Sheinbaum. Ella es una mujer fuerte y sabe cómo manejar esta relación”, expresó, al señalar que la vía diplomática seguirá siendo clave en el futuro inmediato.

Sheinbaum rechaza intervención y subraya cooperación

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no es una opción”.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita al estado de Hidalgo, luego de que Donald Trump hiciera comentarios públicos sobre la situación de seguridad en México.

La mandataria sostuvo que la política exterior mexicana hacia Washington no se modificará y que la relación bilateral se mantiene en un marco de colaboración, particularmente en temas de seguridad.

Señaló que existe comunicación constante entre ambos gobiernos y que se han establecido mecanismos de entendimiento en distintos ámbitos.

“Ya saben que esa no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada por medios de comunicación, al tiempo que destacó la importancia de mantener el diálogo institucional.

Seguridad y responsabilidad compartida

Sheinbaum planteó que el principio de responsabilidad compartida debe ser el eje de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Explicó que México trabaja para atender las causas de la violencia y evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno estadounidense tiene un papel relevante en el control del flujo de armas y en el combate a las redes criminales que operan en su territorio.

Entre los puntos que la presidenta ha subrayado en la agenda bilateral se encuentran:

• La cooperación en seguridad sin acciones unilaterales.
• El intercambio de información e inteligencia entre ambos países.
• El combate al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México.
• El enfoque conjunto para reducir la violencia y el crimen organizado.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida”, enfatizó la mandataria.

Venezuela y la postura de política exterior de México

En días recientes, Sheinbaum también fijó postura sobre la intervención militar estadounidense en Venezuela, reiterando que México se rige por los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias, así como por la Doctrina Estrada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó esta posición mediante un comunicado en el que llamó al respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Tras el anuncio de Washington sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la conformación de un gobierno de transición, Sheinbaum señaló que México revisará el caso a través de la Cancillería y dentro del marco constitucional.

En este escenario regional, la presidenta ha reiterado que la relación con Estados Unidos se mantendrá basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, mientras México sostiene una política exterior alineada con sus principios históricos.

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y con una trayectoria amplia en la Justicia estadounidense, quien fue designado durante el gobierno de Bill Clinton en 1998, asumió este lunes la responsabilidad de liderar la primera comparecencia en el tribunal federal de Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de delitos vinculados al narcotráfico. Según informó el medio, la audiencia tuvo lugar apenas dos días después de la captura de la pareja presidencial durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

El presidente de Venezuela y la primera dama llegaron a la corte bajo estrictas medidas de seguridad, tal como detalló el medio. Tras su arribo en helicóptero a la ciudad, los agentes de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) los escoltaron y trasladaron en un vehículo blindado hasta la sede judicial. Las imágenes, transmitidas en directo, evidenciaron que Maduro vestía prendas beige y zapatillas de color naranja, mientras que Flores llevaba ropa azul y zapatillas del mismo tono. Ambos portaban bridas de seguridad en las manos y tenían la cabeza descubierta al entrar a la corte.

El operativo que condujo a la detención de la pareja presidencial se produjo el sábado, según consignó el medio, en el marco de una intervención liderada por fuerzas estadounidenses. La acusación formal que pesa sobre ambos apunta a conspiración criminal y tráfico de drogas, cargos de gran peso en el sistema judicial federal de Estados Unidos. Este proceso se inicia bajo la jurisdicción de la misma corte y ante el mismo magistrado que, en julio de 2025, también aceptó la declaración de culpabilidad por narcoterrorismo del exgeneral y jefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal Barrios.

De acuerdo con la información proporcionada, la presencia de agentes federales y las medidas de seguridad implementadas durante el traslado y la comparecencia han sido notorias. El despliegue incluyó el acompañamiento constante de la DEA, destacando la relevancia que el gobierno estadounidense atribuye a los delitos que se imputan a Maduro y Flores. El procedimiento aplicado sigue protocolos similares a los utilizados en casos relacionados con terrorismo y seguridad nacional que han llegado al mismo tribunal bajo la dirección del juez Hellerstein.

Además, el medio recordó que el magistrado Hellerstein ha tenido a su cargo procesos judiciales emblemáticos en los tribunales federales estadounidenses, entre ellos casos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros procesos ligados a la seguridad nacional. Su experiencia incluye numerosos juicios vinculados con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, lo que lo ha posicionado como una figura clave en las estrategias judiciales contra delitos transnacionales.

La comparecencia se prevé como el primer paso de un proceso judicial complejo, cuya dinámica estará marcada por la gravedad de los cargos presentados y la notoriedad pública de los inculpados. La investigación y el procesamiento de los delitos atribuidos a Maduro y Flores seguirán bajo el escrutinio de la corte federal, mientras continúan las actuaciones de la DEA y otras agencias implicadas en el caso.

Las imágenes publicadas por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca muestran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, avanzando por un pasillo del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, flanqueado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). En las grabaciones se observa al mandatario saludando a personas en los alrededores y pronunciando un “Feliz Año” durante su trayecto. Este traslado bajo un fuerte dispositivo de seguridad ocurre tras su formal imputación en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y armas automáticas, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según reportaron varias fuentes oficiales citadas por medios de Estados Unidos, Maduro fue llevado esposado y custodiado por agentes de la DEA hasta la cárcel neoyorquina después de aterrizar en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart. En ese lugar, tanto él como su esposa, Cilia Flores, descendieron del avión y fueron recibidos por más de una docena de agentes encargados de su posterior traslado en helicóptero hacia Brooklyn, siguiendo un protocolo que incluyó medidas de máxima seguridad.

Tal como ha detallado la prensa estadounidense, las acusaciones que enfrenta el presidente venezolano involucran cargos de conspiración narco-terrorista conforme al Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego de cargos presentado por las autoridades estadounidenses también formula la acusación específica de fabricación, distribución o entrega de sustancias controladas, concentrándose en la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con presencia detectable de cocaína.

Entre los delitos imputados también figura la conspiración para la importación de cocaína, así como posesión y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Estos señalamientos sitúan a Maduro ante la justicia estadounidense bajo graves cargos vinculados tanto al tráfico internacional de drogas como al acceso y manipulación de armamento prohibido.

Los acontecimientos que rodearon la detención incluyeron la exposición pública del operativo dirigido por la DEA, la cual se encargó de las labores de custodia desde su arribo a suelo estadounidense. El traslado hacia el centro penitenciario de Brooklyn fue realizado poco después del desembarque, según confirmaron las fuentes consultadas por los principales medios del país.

El caso de Maduro se desarrolla en un ambiente de atención internacional, dada la relevancia de su figura al frente del gobierno venezolano y las consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas que puede acarrear este proceso judicial en territorio estadounidense. Según publicó la prensa del país norteamericano, el expediente contra el mandatario detalla los supuestos hechos que implican el manejo de cargamentos significativos de cocaína, así como actividades coordinadas para su distribución fuera de Venezuela.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han enfatizado el alcance de los cargos y la naturaleza de la cooperación entre diversas agencias federales involucradas. La imputación de Maduro, de acuerdo con los antecedentes detallados en los documentos judiciales que cita la prensa, representa uno de los movimientos más señalados en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico con conexiones políticas internacionales.

El impacto de la detención y los próximos pasos en el proceso judicial adquieren especial interés para la comunidad internacional, mientras se espera la comparecencia formal del presidente venezolano ante el sistema judicial neoyorquino bajo vigilancia de la DEA y otros organismos de seguridad de Estados Unidos.

En la fotografía divulgada pueden observarse detalles como las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, impresas en el uniforme de uno de los custodios de Nicolás Maduro, y la postura del presidente venezolano, quien permanece de pie y sostiene una botella pequeña de agua mientras lleva las manos esposadas y un dispositivo que bloquea su visión. Según publicó el medio, Donald Trump difundió públicamente esta imagen, que corresponde a la primera vez que se muestra a Maduro tras su captura por las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, el presidente de Estados Unidos compartió a través de sus redes sociales la fotografía, junto a la frase: "Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'". En la escena, además de los elementos de seguridad y restricción impuestos a Maduro, resaltan los auriculares y otros aparatos que le impiden ver, lo que evidencia las condiciones en las que se realizó el traslado del mandatario depuesto tras la misión secreta de captura.

La operación, según detalló la fuente, se llevó a cabo en territorio venezolano y estuvo a cargo de fuerzas especiales de Estados Unidos. Esta operación tuvo como resultado la detención de Nicolás Maduro y su posterior traslado a bordo de un buque militar norteamericano. El medio señaló que el buque utilizado para el transporte del dirigente venezolano es el 'USS Iwo Jima', una nave militar estadounidense, lo que confirma la implicación de altos mandos y recursos de las fuerzas armadas de ese país en la ejecución del operativo.

En la imagen difundida, la fisonomía de Maduro aparece completamente esposada y custodiada de cerca por agentes federales, y el contexto del traslado se distingue por la presencia de dispositivos de vigilancia y sujeción. Según consignó el medio, el hecho de que la DEA figure visiblemente en la indumentaria de los agentes evidencia la participación activa de esta agencia en la captura y custodia del líder venezolano.

El presidente estadounidense eligió dar a conocer la información directamente a través de sus propios canales, generando una rápida repercusión internacional. La publicación de la imagen marca un episodio sin precedentes en la política regional, al tratarse de la primera imagen de Maduro bajo custodia tras una acción liderada por fuerzas de Estados Unidos en el extranjero, reportó el medio.

A través de la fotografía y el mensaje publicado por Trump se oficializa, según el reporte original, la detención de Nicolás Maduro, quien gobernaba Venezuela hasta el momento del operativo. El hecho de que Trump refiera la detención y el traslado en una misión secreta añade relevancia sobre el nivel de confidencialidad y planificación detrás de la operación, señaló el medio.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), alertó por un posible aumento del reclutamiento de menores de edad a las filas del narco debido a la guerra que mantienen organizaciones como el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Infobae México, Vigil explicó que desde hace décadas el crimen organizado ha reclutado a jóvenes, tanto de manera directa como forzada, esto a través de engaños al ofrecer supuestos trabajos como escoltas o de equipo de seguridad.

Dicha técnica fue identificada por víctimas del Rancho Izaguirre, en el que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecían trabajo como elementos de seguridad a través de redes sociales. Las personas reclutadas por esta vía eran trasladadas a Jalisco y enviadas al rancho para ser adiestradas de manera forzada.

Sin embargo, Vigil detalló que en los últimos 5 años se ha podido identificar que debido a las guerras que mantienen, las organizaciones criminales han optado por incluir a menores de edad como sicarios para enfrentarse a sus rivales.

“El conflicto entre los Chapitos y los Mayos en Sinaloa (ha provocado) que comiencen a usar más y más niños como sicarios. Han perdido muchos elementos, siguen reclutando pero ahora están utilizando niños, menores de edad, simplemente porque necesitan sicarios para estar en estos conflictos”, comentó.

Esta organización criminal mantiene una disputa interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos desde el mes de septiembre de 2024, tras el secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Niños: el principal objetivo de los criminales debido a su vulnerabilidad

El exagente de la DEA también señaló que la principal razón por la que los criminales optan por reclutar menores de edad se debe a las circunstancias que los rodean, como el aceptar salarios menores o tener sentencias menores que les permiten regresar a los cárteles.

“Se calcula que hay aproximadamente entre 20 y 30 mil menores de edad que están funcionando como sicarios. Los cárteles saben que si los arrestan no van a estar encarcelados por mucho tiempo, y luego saliendo de la cárcel, se reúnen con los cárteles de nuevo. Segundo, no les tienen que pagar tanto dinero, así como si fueran adultos, solo que para ellos es mucho dinero”, explicó.

Ante el riesgo que presentan los menores de edad debido al interés que los criminales tienen en ellos para integrarlos a los cárteles, Mike Vigil alertó del posible incremento que el reclutamiento forzado podría tener por la demanda de sicarios ante los constantes enfrentamientos.

“Esto comenzó a aumentar fuertemente hace aproximadamente cinco años. Pero esto yo creo que se está incrementando porque hay conflicto entre los cárteles, pierden muchos elementos, no nada más entre los grupos criminales, también con las fuerzas de seguridad de México. Esto sigue creciendo, es un problema que si México no hace algo para controlarlo, va a perder a mucha juventud”, alertó.

250 mil menores en riesgo

De acuerdo con la organización civil, Reinserta, en México existen cerca de 250 mil menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Los principales factores de riesgo son:

• Que se encuentran en situación de abandono o negligencia.
• Son expuestos a la violencia.
• Consumen drogas.
• Carencias económicas.
• Necesidad de sentido de pertenencia.

La organización también ha podido identificar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos debido a que los criminales aprovechan que tienen mayor facilidad para moldearlos y que cumplan órdenes, por lo que las edad más comunes de reclutamiento son entre los 12 y 15 años de edad.

Cabe recordar que en el mes de agosto las autoridades jaliscienses detectaron que los cárteles estaban reclutando a menores de edad en ese estado para llevarlos a Sinaloa con el objetivo de sumarse a la disputa del Cártel de Sinaloa.

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, informó que los grupos criminales con presencia en el estado (bastión del CJNG) estaban reclutando jóvenes para enviarlos a distintas entidades del país para adiestrarlos, y en algunos casos, enviarlos a Sinaloa.

“Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar, nos han identificado a algunos jóvenes que tenemos aquí (en) unas denuncias (de desaparición), y que siguen allá en Sinaloa (…) Lo que están haciendo estos grupos criminales es que están captando a estos jóvenes o personas, se los están llevando a la guerra con el otro cártel, en Sinaloa”, explicó.

Los jóvenes reclutados por el crimen organizado pudieron reconocer a personas con reporte de desaparición en Jalisco con posible ubicación en Sinaloa. Además, tras la localización de dos jóvenes jaliscienses sin vida tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos en Sinaloa, reveló las posibles ubicaciones de adiestramiento del cártel responsable de reclutarlos.

“La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestra en algún lugar, los envían a Nayarit, y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”, comentó en rueda de prensa el fiscal.

Además, entre las regiones detectadas por las autoridades jaliscienses para adiestrar a los jóvenes se encuentran Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.

Ante estos hechos, organizaciones como Reinserta e incluso Mike Vigil, han expresado la necesidad de que la ley mexicana tipifique como delito autónomo el reclutamiento de infancias por parte del crimen organizado, lo que permitiría identificar la gravedad de esta problemática y sancionarla de manera justa.

“Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA [Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos]”, es parte del informe del Distrito Sur de Nueva York en la acusación contra un exfuncionario de alto rango por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Paul Campo, quien es señalado, junto con Robert Sensi, por las autoridades de EEUU de conspirar para ayudar al grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Lo que lleva a un agente a relacionarse con integrantes de grupos criminales

Ante la situación, Infobae México contactó con el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, con el objetivo de profundizar sobre las circunstancias que llevan a un funcionario que se une a una institución para combatir a los grupos criminales a pactar con los mismos.

En la opinión de Vigil, una persona que labora en una agencia de seguridad y que se involucra con grupos criminales debe tener algo de psicópata, pues, al menos para el exagente, el pensamiento de haber traicionado a la institución sería algo que lo perseguiría todos los días.

Algunos se creen más inteligentes que las instituciones: Mike Vigil

“Es el greed [codicia] lo que nosotros llamamos. Hay algunos que piensan que son más inteligentes que las autoridades, incluyendo la agencia donde trabajan, que ellos pueden hacer eso y que pueden evadir a las autoridades como que son más inteligentes", expresa Vgil.

Vigil además señala que la posición de los agentes de la DEA les permite tener información a la que sería difícil de acceder de otra manera.

Asegura que cuando alguien trabaja de encubierto suele tener la información suficiente para saber cómo responder ante ciertas preguntas de miembros del crimen organizado.

Los contactos

Por su parte, la periodista Laura Sánchez Ley del medio Milenio, accedió a documentos que registran conversaciones entre Robert Sensi y un hombre que se hizo pasar por miembro del CJNG.

En dichas conversaciones, continúa Sánchez Ley, destaca las relaciones que Campo aún mantenía dentro de la corporación antidrogas, además de su capacidad para lavar dinero.

Y de nuevo el dinero

De igual manera, está el caso de John Costanzo Jr., un hombre que fue agente especial de la DEA y se asoció con Manuel Recio, este último un exagente que se retiró de la DEA y quien inició su negocio sobre servicios de investigación privad para abogados.

“Desde aproximadamente el momento de su jubilación hasta noviembre de 2019, Recio acordó con Costanzo brindarle beneficios a cambio de que este le proporcionara información confidencial sobre las investigaciones de la DEA”, es parte de un informe del Distrito Sur de Nueva York fechado en julio de 2024.

Es decir, Costanzo accedió a los registros de la agencia sobre las personas estaban o habían estado bajo la mira de la DEA. Se trata de objetivos específicos, acusaciones formales y hasta apoyo con información para personas ya acusadas.

Se trata, según el informe, de un plan que orbitaba alrededor de sobornos. Lo anterior refuerza lo expresado por Vigil líneas arriba, sobre el interés de los funcionarios por el dinero.

No solo Irizarry

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil recuerda el caso de José Irizarry, quien es señalado como el agente de la DEA más corrupto. Dicho hombre fue sentenciado a 12 años de prisión en diciembre de 2021.

Dicho sujeto se declaró culpable de lavado de dinero, fraude electrónico de servicios honestos, fraude bancario y robo de identidad agravado.

Utilizó su posición como agente especial para desviar aproximadamente 9 millones de dólares de investigaciones encubiertas de blanqueo de dinero de la DEA hacia él mismo y sus cómplices. A cambio, Irizarry recibió sobornos y sobornos por valor de al menos un millón de dólares para él y su familia, que se usaron para comprar joyas, coches de lujo y una casa

Oficina de Asuntos Públicos de EEUU

“No hacemos ninguna diferencia”

Sin embargo, en una entrevista con AP publicada en noviembre de 2022, Irizarry asegura que no trabajó solo y que también estaban implicados agentes federales, fiscales, informantes e integrantes de grupos delictivos en el denominado Team America.

“No puedes ganar una guerra imposible de ganar. La DEA sabe esto y los agentes saben esto”, declaró y hasta llamó a la guerra contra las drogas “un juego”.

Lo anterior deja entrever que no solo había un conocimiento acerca de cómo funcionan ciertos procesos al interior de la DEA, sino también de los alcances que los propios miembros de la agencia tienen sobre la misma.

Por su parte, Vigil asegura que los agentes que deciden involucrarse con grupos criminales son los menos, unos pocos.

En México está el antecedente de Nick Palmeri, un agente que se jubiló en 2021. Los reportes indican que habría tenido reuniones con abogados de líderes de grupos criminales.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió una alerta informativa sobre la Salvia divinorum, una planta alucinógena originaria de México, específicamente de la región de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde fue utilizada tradicionalmente con fines rituales por comunidades indígenas.

De acuerdo con la agencia estadounidense, esta hierba (perteneciente a la familia de la menta) ganó notoriedad internacional por sus potentes efectos psicoactivos, lo que derivó en su uso recreativo y abuso fuera de contextos ceremoniales, principalmente en Estados Unidos.

Origen ancestral en la Sierra Mazateca

La DEA detalla que la Salvia divinorum es una planta endémica de ciertas zonas de Oaxaca, donde ha sido empleada durante siglos por los pueblos mazatecos en rituales de adivinación y prácticas espirituales, bajo nombres tradicionales como “María Pastora”.

Aunque su origen es mexicano, la planta puede cultivarse fuera de su entorno natural, tanto en interiores como exteriores, especialmente en climas húmedos y semitropicales, lo que ha facilitado su expansión a otros países.

¿Cómo se consume y qué efectos provoca?

Según el informe, la salvia puede masticarse, fumarse o vaporizarse, y su principal compuesto activo es la salvinorina A, responsable de sus efectos alucinógenos.

Entre los efectos mentales reportados se encuentran:

• Alucinaciones intensas y de rápida aparición
• Percepción de luces brillantes y colores vívidos
• Distorsión del cuerpo y del entorno
• Sensación de realidades superpuestas
• Episodios de miedo, pánico, paranoia y risa incontrolable

La DEA advirtió que estas reacciones pueden afectar gravemente el juicio y las funciones cognitivas, incluso con dosis pequeñas.

En el plano físico, el consumo puede provocar:

• Pérdida de coordinación
• Mareos
• Dificultad para hablar

Efectos comparables a drogas alucinógenas controladas

El organismo estadounidense señala que los efectos de la Salvia divinorum son similares a los de sustancias alucinógenas reguladas, aunque con un inicio más rápido y una intensidad mayor, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

Situación legal y comercialización

En Estados Unidos, ni la Salvia divinorum ni la salvinorina A cuentan con uso médico aprobado, aunque no están clasificadas a nivel federal como sustancias controladas. No obstante, varios estados han impuesto restricciones o prohibiciones.

Esta falta de regulación federal ha permitido que sitios en línea y comercios botánicos la promocionen como una alternativa “legal” a otros alucinógenos, como el peyote o la mescalina, situación que mantiene la atención de las autoridades.

México, punto de origen y debate pendiente

Aunque la alerta de la DEA se enfoca en el consumo en Estados Unidos, el documento vuelve a colocar a México en el centro del debate, al tratarse del país de origen de la planta, donde su uso tradicional contrasta con su explotación comercial y recreativa fuera del contexto cultural indígena.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han emitido una postura unificada sobre su regulación, mientras el tema continúa generando discusión entre especialistas en salud, defensores de saberes ancestrales y organismos de seguridad.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las motocicletas que las autoridades mexicanas aseguraron al exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, Ryan James Wedding, tendrían un valor estimado de cerca de 40 millones de dólares.

Las declaraciones fueron hechas por la agencia, mediante la cuenta oficial del FBI Los Ángeles. Asimismo, afirmaron que hubo colaboración entre instituciones mexicanas, estadounidenses y canadienses para lograr el decomiso realizado en predios del Edomex y la CDMX.

Según reportes de autoridades estadounidenses, se cree que Wedding actualmente está operando su red de trafico de drogas desde México.

Cerca de 40 millones de dólares en motocicletas

Según las afirmaciones hechas por el FBI Los Ángeles, la incautación de las 62 motocicletas de alta gama representaría un valor aproximado de 40 millones de dólares, la cual fue posible realizar mediante la cooperación entre autoridades mexicanas, el FBI, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los operativos realizados en el Edomex y la CDMX permitió asegurar una cantidad significativa de motocicletas que, según el FBI, están ligadas a Wedding y estarían relacionadas con actividades de fraude y delitos financieros.

“Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding”, escribió la institución en la publicación.

En el reporte recordaron que Ryan James Wedding continúa prófugo y es considerado prioridad tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Además, revelaron imágenes donde puede verse a detalle que entre las motocicletas encontradas hay marcas reconocidas a nivel global, como Ducati, Suzuki, Honda y MV Agusta, entre otras.

Sobre las obras de arte decomisadas en los operativos, las autoridades de EEUU no revelaron cifras aproximadas del valor como en el caso de las motocicletas.

Recompensa actual por Ryan James Wedding

El FBI mantiene activa una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena del capo señalado por traficar grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos y Canadá.

Según reportes, las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con la agencia mediante mensajes a los números oficiales publicados en sus redes o también pueden aportar la información en oficinas locales del FBI, embajadas y consulados estadounidenses.

La colaboración internacional ha sido señalada por las autoridades como un elemento clave en la investigación y en la localización de activos vinculados a Wedding.

Delitos señalados por EEUU contra el exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Ryan Wedding actúa en colaboración con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor alcance global.

De acuerdo con la información revelada por autoridades de EEUU, estos son los delitos por los que se le busca:

• Conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de distribuirla
• Conspiración para exportar cocaína
• Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas
• Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante
• Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante
• Conspiración para blanquear instrumentos monetarios

Un jurado federal en Chicago declaró culpable a David Berger, un hombre de 41 años originario de esa ciudad, por lavar dinero para una organización de narcotráfico con sede en México perteneciente a Oswaldo Espinoza Navarrete.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), al sospechoso también se le comprobó su participación en el traslado y ocultamiento de millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

A pesar de que su condena fue emitida el pasado 15 de diciembre, el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, Andrew. S Boutros, señaló que la sentencia definitiva será programada para el 12 de mayo del 2026 y estará a cargo del juez federal Jorge L. Alonso.

Aviones privados y depósitos fraccionados que recorrían EEUU y México

Según las pruebas presentadas que abarcan desde 2018 hasta 2021, la organización criminal mexicana para la que trabajaba Berger introdujo cargamentos de cocaína a gran escala desde México, los cuales eran distribuidos en distintas ciudades estadounidenses, incluida Chicago.

Posterior a las entregas, las ganancias generadas por la cuenta de droga eran transportadas a la frontera sur de Estados Unidos y de regreso a México.

Además, las investigaciones de la DEA revelaron que una de las principales modalidades para mover el dinero ilícito fue el uso de aviones privados fletados, los cuales eran reservados y pagados a través de intermediarios, entre ellos Berger.

Duro golpe a las finanzas del cártel de Oswaldo Espinoza Navarrete, el narco “misterioso” mexicano

Para ello, el ahora condenado recibió más de 300 mil dólares en efectivo provenientes directamente de las ganancias del narcotráfico del cártel de Ozzy y/o Yogui.

Cabe señalar que según la fiscalía, Berger depositaba el dinero en cajeros automáticos mediante múltiples transacciones fraccionadas, una práctica conocida como estructuración, con la finalidad de evadir los requisitos federales de reporte de grandes sumas de dinero y ocultar el origen ilícito de los recursos.

El fallo fue anunciado por la DEA junto con el área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), quienes destacaron que el caso representa un golpe directo a las estructuras financieras que sostienen a los cárteles mexicanos.

Finalmente, las autoridades subrayaron que el combate al narcotráfico no solo se libra en el trasiego de drogas, sino también en el rastreo y desmantelamiento de las redes de lavado de dinero que permiten a las organizaciones criminales mover millones de dólares entre Estados Unidos y México.

¿Quién es Oswaldo Espinoza?

Espinoza Navarrete, de 40 años de edad y conocido como Ozzy y/o Gordo y/o Yoggi, es considerado una pieza clave para enfrentar el narcotráfico en EEUU.

Las autoridades detallan que Ozzy fue visto por última vez en Minatitlán, Veracruz y aparece en la lista de los más buscados por la DEA.

Entre los crímenes que se le acusa, se encuentran:

• Conspiración para distribuir cocaína
• Posesión con intención de distribuir cocaína
• Lavado de dinero

Una operación policial en las afueras de Louisville resultó en la incautación de más de 25 kilogramos de metanfetamina ocultos como paquetes de Navidad, un decomiso que involucra a fuerzas locales, estatales y federales y que pone en foco los métodos de tráfico en fechas festivas. El hecho afecta directamente a la comunidad de Jeffersontown y a los organismos de seguridad de Kentucky, y tuvo lugar el 22 de diciembre de 2025, durante una investigación de narcóticos en el área de Bluegrass Parkway, según confirmaron las autoridades policiales locales y la agencia ABC News.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Jeffersontown (JPD), la incautación se produjo tras la detención de un individuo identificado como Jacob Talamantes, de 23 años y residente en Nebraska. La policía, junto a la Policía Estatal de Kentucky (KSP) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), interceptó el vehículo de Talamantes, quien intentó alejarse del lugar antes de ser retenido. El operativo incluyó la intervención de una unidad canina que detectó la presencia de narcóticos, lo que permitió a los agentes descubrir múltiples cajas envueltas en papel navideño que contenían la sustancia sospechosa, según detalló ABC News en su reporte del 26 de diciembre. El jefe de policía, Richard Sanders, aseguró en una comunicación oficial que la coordinación entre agencias fue determinante para impedir que la droga llegara a las calles.

El decomiso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el tráfico de metanfetamina en la región. Según registros de la DEA y reportes recientes de ABC News, las incautaciones de este tipo de sustancias han mostrado un incremento durante periodos festivos, momento en el que las organizaciones delictivas buscan burlar los controles policiales mediante el uso de camuflajes asociados a celebraciones. El caso de Jeffersontown se suma a una serie de operativos recientes que involucran el traslado de drogas ocultas en objetos cotidianos o envases diseñados para pasar desapercibidos en controles de carretera.

¿Cómo se desarrolló el operativo policial?

La intervención policial tuvo lugar la tarde del 22 de diciembre, cuando detectives del Departamento de Policía de Jeffersontown observaron la llegada de un vehículo en el bloque 11500 de Bluegrass Parkway, en las inmediaciones de Louisville. Según la versión oficial difundida por el JPD y confirmada por ABC News, el conductor, Jacob Talamantes, intentó alejarse del lugar al notar la presencia policial, pero fue interceptado y detenido.

Un perro K9 entrenado para la detección de narcóticos alertó a los agentes sobre la posible presencia de drogas en el maletero del automóvil. Tras obtener la autorización correspondiente, los efectivos inspeccionaron el vehículo y localizaron varias cajas envueltas en papel de regalo de Navidad. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Jeffersontown, las cajas contenían más de 25 kilogramos (55 libras) de una sustancia que, tras análisis preliminares, se identificó como metanfetamina.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades?

El jefe de policía de Jeffersontown, Richard Sanders, destacó la importancia de la cooperación interinstitucional durante el operativo. En una declaración publicada en la página oficial de la policía en Facebook, Sanders expresó: “Ninguna cantidad de envoltura festiva puede disfrazar el daño que estas drogas infligen a las familias y comunidades. La coordinación entre agencias permitió que estos paquetes navideños nunca llegaran a las calles”.

Por su parte, la Policía Estatal de Kentucky y la DEA recibieron el reconocimiento del JPD por su participación en la investigación y el aseguramiento de la sustancia. Según la información recogida por ABC News, la investigación permanece abierta y no se descartan cargos adicionales contra Talamantes, quien enfrenta una acusación formal por tráfico en primer grado de una sustancia controlada, conforme a la legislación estatal.

¿Qué antecedentes existen sobre el tráfico de metanfetamina en Kentucky?

Según datos de la DEA, Kentucky ha registrado un notable aumento en el decomiso de metanfetamina en los últimos años. Informes oficiales indican que, solo en 2024, las fuerzas del orden incautaron más de 1.200 kilogramos de esta droga en todo el estado, una cifra que supera en un 15% la registrada en 2023. De acuerdo con ABC News, las organizaciones criminales emplean estrategias cada vez más sofisticadas para eludir los controles, incluyendo el uso de camuflajes asociados a fechas festivas y eventos masivos.

El caso de Jeffersontown se inserta en una tendencia nacional que alerta sobre el tráfico interestatal de drogas, con rutas que conectan estados productores o de tránsito como Iowa y Nebraska, origen y ruta del detenido, según consta en el reporte policial y en la cobertura de ABC News. Las autoridades han señalado que la vigilancia se incrementa durante los periodos festivos debido a la mayor movilidad en carreteras y la posibilidad de camuflar cargamentos ilícitos en el contexto de celebraciones.

¿Qué cargos enfrentará el detenido y cuál es el procedimiento judicial?

Jacob Talamantes fue formalmente acusado por el delito de tráfico en primer grado de una sustancia controlada, específicamente metanfetamina, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Jeffersontown y la información difundida por ABC News. Este cargo, tipificado como un delito grave en el estado de Kentucky, puede acarrear penas de privación de libertad superiores a los 10 años, dependiendo de la cantidad de droga y de otros factores agravantes.

La policía informó que el acusado declaró haber viajado desde Iowa y que su intención era distribuir la metanfetamina en la región. El proceso judicial prevé la comparecencia de Talamantes ante un tribunal local el próximo 2 de enero de 2026, según documentos judiciales consultados por ABC News. Las autoridades han señalado que la investigación sigue abierta y que podrían sumarse nuevos cargos conforme avancen las pesquisas.

¿Cómo afecta este caso a la comunidad y qué se espera a futuro?

La incautación de más de 25 kilogramos de metanfetamina en Jeffersontown representa un golpe relevante a las redes de tráfico de drogas en Kentucky y refuerza la importancia de los operativos coordinados entre agencias locales, estatales y federales. Según las autoridades consultadas por ABC News, el decomiso contribuye a limitar la disponibilidad de metanfetamina en el mercado regional y a prevenir mayores riesgos para la salud pública.

El caso se encuentra bajo investigación, y las autoridades han reiterado su compromiso de mantener controles reforzados durante los periodos festivos y en rutas de tránsito consideradas de alto riesgo para el tráfico de sustancias ilícitas. La colaboración entre la Policía de Jeffersontown, la Policía Estatal de Kentucky y la DEA continuará en futuras acciones orientadas a identificar y desarticular organizaciones criminales que operan en la zona.