El jefe de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad número uno de la agencia, en un mensaje difundido este 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”

El funcionario federal advirtió que el fentanilo representa una amenaza nunca antes vista que ha destrozado familias y devastado comunidades.

Además, detalló que desde el inicio de la administración de Donald Trump, la DEA ha realizado el decomiso de más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis letales.

La mención de los dos cárteles más peligrosos de México quedó enmarcada en el mensaje dirigido a los estadounidenses, sin mayor profundización.

La DEA cazó a facilitadores, distribuidores y a todo individuo que se benefició del fentanilo

En el video, compartido en los canales oficiales de la agencia federal, Cole afirmó que han rastreado a cada facilitador, distribuidor y cada individuo que se beneficia del fentanilo, descrito también por él como "veneno".

Señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, dijo, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global. Cole describió la labor contra el narco como “la base” de la agencia y el eje en el que se formó como agente especial de carrera.

Además, atribuyó al presidente Trump y al fiscal general en funciones Todd Blanche haber dado a la institución las condiciones para atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles.

Cole prometió una América libre de fentanilo como compromiso institucional

Terry Cole rechazó que la frase “América libre de fentanilo” fuera un eslogan y señaló que es su promesa al pueblo estadounidense. Sostuvo que se está respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma inquebrantable resolución que ha definido a la agencia durante más de cinco décadas.

Subrayó que cada día al entrar a las oficinas centrales de la DEA ve “los rostros del fentanilo”, en referencia a los estadounidenses que perdieron la vida a manos de los cárteles. El video compartido muestra que diversos muros del inmueble han sido cubiertos con fotografías de víctimas, producto de la crisis que aqueja a la nación.

Afirmó que la agencia nunca estuvo más enfocada, más alineada ni más dedicada a combatir la crisis que en este momento, y que la se ha puesto todo el peso en la lucha contra los cárteles.

El mensaje cerró con una declaración de postura operativa dirigida a los hombres y mujeres de la DEA: “A todo gas, sin frenos”.

El fentanilo es un opioide sintético legal que los cárteles falsifican

El fentanilo es un fármaco opioide sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para uso como analgésico y anestésico. Al igual que el EEUU, en México también es legal con fines médicos y de forma controlada

Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, de acuerdo con una ficha informativa que la DEA publicó en diciembre de 2024.

A pesar de su uso médico legal, los cárteles lo falsifican en pastillas que imitan fármacos de prescripción como la oxicodona para su distribución ilegal. La propia DEA advirtió que cinco de cada diez pastillas analizadas contienen una dosis potencialmente letal.

El fentanilo se puede inyectar, inhalar, fumar, tomar en pastillas o comprimidos, en parches o añadido a papel secante. Los cárteles lo venden solo o mezclado con heroína, cocaína u otras sustancias.

Según EEUU, en el mercado ilegal se le conoce con los siguientes nombres para intentar pasar desapercibido de las autoridades:

• Apache
• China Girl
• China Town
• Dance Fever
• Friend
• Goodfellas
• Great Bear
• He-Man
• Jackpot
• King Ivory
• Murder 8
• Tango & Cash

Entre sus efectos figuran relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria y constricción de pupilas. Una sobredosis puede provocar coma, cianosis e insuficiencia respiratoria con resultado de muerte.

Los reportes de fentanilo aumentaron de casi 5 mil 400 en 2014 a más de 56 mil 500 en 2017, según el Sistema Nacional de Información de Laboratorios Forenses de EEUU.

El fentanilo y otros opioides sintéticos fueron responsables de aproximadamente 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2024 de la DEA.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de opioides sintéticos superaron las 260 mil en Estados Unidos entre 2013 y 2021, con más de 71 mil solo en 2021.

La DEA permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo circularan por Nuevo México entre 2023 y 2025 mientras sus agentes observaron cargamentos sin incautarlos.

Según registros oficiales y tres agentes actuales y retirados citados por The Associated Press, la táctica buscó construir causas más grandes contra redes de tráfico.

En un estado que sigue en el centro de la crisis, las muertes por sobredosis cayeron 14% en todo Estados Unidos el año pasado, pero en Nuevo México aumentaron 21%, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia.

Albuquerque concentra, además, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, un barrio conocido localmente como “War Zone”.

Según la investigación de The Associated Press, en múltiples episodios los agentes siguieron entregas de pastillas, descifraron comunicaciones, vigilaron operaciones en tiempo real y, aun así, no retiraron la droga de circulación.

David Howell, agente especial de la DEA y denunciante del caso, resumió esa práctica con una acusación directa al medio: “Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos. Por nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero 100% hicimos que muriera gente”.

Entregas vigiladas que no fueron incautadas

Uno de los expedientes revisados por la agencia describe una operación de junio de 2023 en un parque de casas móviles de Albuquerque.

Según un informe de 66 páginas, los agentes interceptaron conversaciones codificadas por teléfono, vigilaron de cerca la transacción y dejaron que traficantes entregaran 74.000 pastillas, una cifra que luego fiscales federales confirmaron en un escrito judicial.

Días antes, otro informe mostró que los investigadores observaron cómo la misma red de distribución entregaba un neumático de auxilio que ocultaba otro cargamento sospechado de contener fentanilo. Esa remesa tampoco fue incautada, según la publicación.

Howell presentó una denuncia formal por represalia en 2023 para alertar sobre lo que consideraba una táctica de alto riesgo para la seguridad pública.

Dijo que pasaron meses antes de que las autoridades desarticularan a los traficantes y que hoy no existe una contabilidad sobre el destino final de esos envíos.

Un exsupervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, afirmó que él y sus colegas en Albuquerque dejaron pasar “millones” de pastillas durante una investigación multiestatal el año pasado.

En sus revelaciones como denunciante, Howell sostuvo que en esa causa se permitió la entrega de al menos 1,8 millones de pastillas de fentanilo.

Esa investigación terminó en mayo de 2025 con lo que la DEA presentó como la mayor incautación de fentanilo de su historia: más de 3 millones de pastillas, en un operativo anunciado por la entonces fiscal general Pam Bondi.

El exsupervisor dijo al medio que el volumen finalmente secuestrado llegaba a las calles cada mes mientras la causa seguía abierta y que la organización podía haber sido desmantelada seis meses antes.

La disputa entre agentes, fiscales y el Departamento de Justicia

Alex Uballez, exfiscal federal de Nuevo México entre 2022 y el año pasado, dijo que en ocasiones las autoridades dejaron pasar cargamentos como parte de un esfuerzo más amplio para reunir inteligencia y construir casos contra grandes traficantes.

Sostuvo que la estrategia respondió a recursos limitados de su oficina y a la idea de que procesar a organizaciones de mayor escala puede salvar más vidas que interceptar cada operación sospechosa.

Uballez defendió esa lógica con una frase breve: “Vale la pena atrapar a los peces más grandes”. También cuestionó la solidez de algunos cálculos sobre la cantidad de pastillas, al afirmar que las estimaciones basadas en llamadas interceptadas “no son confiables”.

La DEA respondió en un comunicado que las decisiones investigativas cuestionadas fueron legales, razonables dadas las circunstancias y consistentes con la guía del Departamento de Justicia.

Amanda Wozniak, vocera de la agencia, escribió que las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos.

Según Wozniak, las pesquisas incluyeron escuchas telefónicas autorizadas por tribunales, vigilancia en tiempo real, recolección de inteligencia y análisis operativo dirigidos contra organizaciones de tráfico de mayor tamaño.

La oficina del fiscal federal en Albuquerque, ahora bajo otra conducción, dijo a la agencia que la “conducta” denunciada por Howell ocurrió durante la administración anterior.

Los protocolos cambiaron en 2024

La controversia también expuso un cambio en las reglas internas. En 2017, el Departamento de Justicia adoptó un documento de dos páginas conocido como “Protocolos de Fentanilo”, que ordenaba a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” del opioide “tan pronto como sea factible” y establecía que proteger la seguridad pública era la prioridad máxima, incluso si eso comprometía una investigación.

En 2024, esas reglas fueron reescritas para conceder mayor discrecionalidad a las fuerzas federales. La versión actual indica que los investigadores pueden decidir si intervienen para impedir el tráfico de fentanilo tras ponderar el riesgo para la población frente a los beneficios de preservar la investigación.

El manual de agentes de la DEA, según la agencia, describe la incautación como el curso habitual de acción, aunque admite que puede haber situaciones en las que los objetivos investigativos se logren mejor sin hacerlo.

Varios agentes actuales y retirados compararon esa práctica con “Fast and Furious”, el escándalo de 2011 en el que autoridades permitieron el tráfico de unas 2.000 armas hacia México con la intención de rastrearlas hasta jefes de cárteles.

Howell dijo que su inquietud creció hasta el punto de empezar a señalar muertes por sobredosis que podrían haber estado vinculadas con las mismas pastillas cuya circulación la agencia toleró.

Uno de esos casos, según relató, fue el de un niño de 15 meses que murió el año pasado en Española tras ingerir residuos quemados de fentanilo.

La denuncia de Howell y la respuesta oficial

El agente, que ingresó a la DEA hace 19 años después de una década en la Marina, llevó sus denuncias a la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos, el organismo encargado de proteger a denunciantes.

Esa dependencia concluyó inicialmente que existía una “probabilidad sustancial de irregularidad” y pidió al Departamento de Justicia que investigara.

A comienzos de 2024, Howell declaró ante la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia que agentes de la DEA habían observado, pero no incautado, entregas separadas de 150.000 y 50.000 pastillas de fentanilo.

Añadió que la agencia y los fiscales federales se colocaban en una posición precaria porque no podrían demostrar que el fentanilo que pudieron haber frenado no causó la muerte de una persona.

La Oficina de Responsabilidad Profesional concluyó en 2024 que la DEA y la fiscalía federal habían tomado decisiones razonables al dejar pasar la droga y que su inacción no creó un “peligro específico para la salud pública”. La Oficina del Asesor Especial consideró razonable ese informe.

Según Howell y registros de la DEA citados por la agencia, después de denunciar el caso fue relegado durante más de un año a tareas de escritorio y recibió evaluaciones de desempeño más bajas.

Documentos internos también muestran que fiscales le prohibieron declarar en tribunales federales por un “patrón de negarse a acatar” advertencias para permitir que cargamentos no fueran incautados en investigaciones de largo plazo.

Las autoridades brasileñas informaron sobre el decomiso de un cargamento que contendría aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas entre cientos de toneladas de madera transportadas desde Bolivia, en un operativo que, de confirmarse el volumen estimado, podría convertirse en una de las mayores incautaciones de droga registradas en la historia del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, quien señaló que la operación fue detectada por el Servicio Federal de Ingresos en el marco de una investigación internacional contra el narcotráfico.

“Se ha identificado una operación internacional de narcotráfico de una magnitud sin precedentes: aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas en unas 260 toneladas de madera”, afirmó el funcionario a través de la red social X.

Según la información oficial, la sustancia fue hallada en cargamentos interceptados en las ciudades de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, y Cáceres, en Mato Grosso. El material era transportado en cuatro camiones que trasladaban grandes volúmenes de madera.

Las autoridades indicaron que la droga habría sido escondida mediante un método destinado a dificultar su detección durante los controles aduaneros y de seguridad. De acuerdo con las primeras evaluaciones, parte de la sustancia podría encontrarse incorporada al cargamento en forma líquida, una modalidad que requiere análisis especializados para determinar con precisión la cantidad de cocaína involucrada.

Los organismos encargados de combatir el tráfico de drogas advierten desde hace años que las organizaciones criminales suelen recurrir a mercancías legales para ocultar sustancias ilícitas. Los cargamentos de gran volumen, como la madera, permiten disimular irregularidades dentro de operaciones comerciales aparentemente legítimas y representan un desafío adicional para los sistemas de inspección.

En este caso, la complejidad del método empleado llevó a que la Policía Federal de Brasil iniciara peritajes forenses destinados a confirmar la composición del material decomisado y establecer la cantidad exacta de droga recuperada. La fuerza será además responsable de la custodia de las evidencias y del avance de la investigación judicial.

La operación, denominada Timber Shield (Escudo de Madera), contó con la colaboración de organismos de Brasil, Estados Unidos y Bolivia. Según explicó Durigan, participaron tanto la DEA como la Aduana Nacional de Bolivia, en una acción coordinada para identificar y desarticular una presunta red de tráfico internacional de drogas.

El caso también volvió a poner el foco sobre las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína a través de Sudamérica. Brasil comparte una extensa frontera con Bolivia y constituye uno de los principales corredores logísticos de la región, una situación que ha llevado a reforzar los mecanismos de cooperación entre agencias de distintos países.

Las ciudades donde se realizaron las incautaciones se encuentran en áreas estratégicas para el transporte terrestre de mercancías y forman parte de corredores utilizados para el intercambio comercial entre ambos países. Por esa razón, las autoridades mantienen controles permanentes sobre el movimiento de cargas en esas zonas fronterizas.

Mientras avanzan los análisis periciales, los investigadores intentan determinar el origen exacto de la sustancia, su destino final y la posible participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional.

“Si se confirma el volumen, será la mayor incautación de cocaína en la historia de Brasil y una de las mayores jamás registradas en el mundo”, sostuvo Durigan.

Por el momento, las autoridades brasileñas continúan evaluando el material secuestrado para verificar la magnitud definitiva del hallazgo y establecer las responsabilidades penales derivadas de la operación.

Las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos en contra de 10 funcionarios de Sinaloa -activos, con licencia y en retiro- han vuelto al centro de la polémica, luego de que se diera a conocer la solicitud de pensión anticipada para el Comisario general de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, la cual está firmada por la titular el Gobierno sinaloense.

Yeraldine Bonilla solicita pensión anticipada para acusado de vínculos con el crimen organizado

Cabe recordar que, el pasado 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas las acusaciones que incluyen al gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya; por su parte, a Contreras Núñez lo identifican con el alias “Cholo”, quien recibió sobornos de Los Chapitos -organización criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa- a cambio permitió que operaran libremente en la región.

El documento al que Infobae México tuvo acceso, fue presentado ante el Pleno local el pasado 18 de junio, el cual cuenta con el membrete oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde se menciona el siguiente fragmento:

“Que el C. Alberto Jorge Contreras Núñez con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.

También estipula que el monto otorgado de manera mensual podría ascender a 67 mil 477.75 pesos, una vez que el Congreso Sinaloa lo avale, ya que en la sesión del jueves solo se dio primera lectura como parte del orden del día.

Un funcionario de Sinaloa al servicio de Los Chapitos

Entre las acusaciones presentadas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala que Contreras Núñez “ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”.

A cambio de los sobornos recibidos, el exjefe policiaco junto a otros funcionarios habrían permitido que la facción criminal cometiera “actos de violencia masiva con total impunidad”. Las acusaciones refieren que de noviembre de 2022 a febrero de 2026 -fecha en que dejó el cargo- habría recibido 16 mil dólares mensuales.

Los tres cargos que pesan sobre el Comisario General, son:

• Conspiración para la importación de narcóticos;
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta prisión preventiva.

Estados Unidos sigue sin presentar pruebas por caso Rocha Moya

Las acusaciones de Estados Unidos tensaron la relación con México, debido a que los señalamientos alcanzaron de manera directa a un gobernador auspiciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llegó al poder en 2021 con el apoyo de Morena. La polémica generó que el 1 de mayo de este año, Rubén Rocha Moya pidiera licencia por más de 30 días, misma que fue avalada al siguiente día.

Además del Gobernador con licencia y del exjefe policiaco, Alberto Jorge Contreras, estos son los otros ocho acusados por los estadounidenses:

Funcionarios en activo:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, el único de los acusados que no ha solicitado licencia a su cargo, se ha mantenido lejos de los reflectores públicos y activo en redes sociales.

Funcionarios con licencia:

• Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya, también pidió licencia a inicios de mayo y se había mantenido fuera de la esfera pública hasta el 26, ya que se presentó en la FGR para brindar su testimonio, ante medios descartó los vínculos con el Cártel de Sinaloa y no proporcionó más información sobre este proceso.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán pidió licencia también el primer día de mayo, misma que se aprobó de forma exprés por el cabildo. En sus redes sociales dio a conocer que atendería el llamado de la Fiscalía, bajo discreción y sin contacto con medios se presume que acudió a la comparecencia el pasado martes.

Exservidores públicos:

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se presume que se habría entregado en Nueva York el pasado 15 de mayo, sin embargo, el dato no ha sido confirmado por ninguna autoridad.
• Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública habría tramitado un amparo para no ser extraditado, pese a este movimiento fue “detenido” en Arizona tras cruzar por la Garita de Nogales el 11 de mayo, compareció ante la corte federal de Manhattan y rechazó los cargos imputados.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió a la citación de las autoridades mexicanas el 26 de mayo, en entrevista con medios de comunicación negó los vínculos con el crimen organizado y descartó intentar ser testigo protegido del gobierno estadounidense.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.

“Si Estados Unidos no entrega las pruebas puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de junio desde Palacio Nacional.

En diversas ocasiones, de manera pública, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la soberanía de México y ha dicho que con otras naciones, específicamente con Estados Unidos, se colabora, pero el país no se subordina y se somete a ellos.

También, en varias ocasiones, se ha dado a conocer que el presidente de Estados Unidos, Danald Trump, ha ofrecido su ayuda a la mandataria nacional para lograr capturar a grandes capos del narcotráfico, ofreciendo que agentes de dependencias de seguridad estadounidense operen en territorio mexicano, a lo que ha dicho, también de manera pública, que lo ha rechazado.

En agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos no realizaría operaciones militares en México. Esto, luego de una orden ejecutiva secreta emitida por el mandatario de EEUU, según la cual ordenaba acciones contra los cárteles del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, dijo en esa ocasión Sheinbaum.

Reconoció que la posibilidad de una intervención ha sido planteada en conversaciones con Washington, pero que México la ha rechazado y ha ofrecido colaborar de otras maneras.

Sin embargo, en la actualidad, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lleva a cabo un operativo en territorio mexicano, lo que contradice las declaraciones de Sheinbaum. Dicho operativo tiene el objetivo de detener y extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; de el senador morenista Enrique Inzunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

Esto, de acuerdo con el periodista y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus, quien en entrevista con Infobae México, señaló que ante la negativa del gobierno de México de no colaborar con la detención preventiva de estos políticos, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril, llevan a cabo este operativo para ellos mismos detenerlos.

Lemus explicó que desde principios de este año, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de diversas dependencias por tierra en territorio mexicano.

“Hay operaciones en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa”, dijo el especialista, y señaló que en este último estado se llevaban a cabo las operaciones para dar con el paradero de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, asegura, recientemente cambiaron el objetivo de los operativos, y ahora van tras la detención de estos tres políticos morenistas.

Lemus explica que la dependencia estadounidense busca que en un mismo operativo se detenga a los tres señalados, y no hacerlo en diferentes movimientos.

“El problema para Estados Unidos es que están viendo costo-beneficio porque saben que va a ser un escándalo y en ese escándalo mejor quieren llevarse los más que puedan. Quieren agarrarlos y llevárselos en un solo viaje”, aseguró.

Lemus señala que podríamos estar a horas, días, semanas o meses de la detención y extradición de Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, pero “va a suceder”.

Autoridades mexicanas están enteradas del operativo de la DEA

El periodista, autor de diversos libros como El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco (2020) y El fiscal imperial. El eslabón más oscuro de la 4T (2022), señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen información de dónde están los agentes de la DEA en México, qué están haciendo. Incluso, señala, cree que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consecuentemente, debe de estar informada.

“Por lo menos, el CISEN sí sabe. Por lo menos, la Sedena y la Marina sí saben. No sé si (Omar García) Harfuch, Claudia (Sheinbaum) o el secretario ejecutivo lo sepan, el Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen, sí lo sabe perfectamente, incluso están colaborando con ellos. Si nos dice la presidenta que no sabe, que no hay operativos, pues miente la señora, y puede ser que mienta por desconocimiento, que es algo aceptable”, dice.

“El Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos ese te lo puedo asegurar al cien por ciento, ese sí sabe y ya notificó a la Sedena y a la Marina, punto. Sí”, señala.

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien en vida fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está a punto de convertirse en el segundo integrante de la familia Oseguera en declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos.

La decisión representa un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el entorno familiar del líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y considerada por autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia ese país.

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa de Antonio Oseguera y la fiscalía federal alcanzaron un entendimiento que evitará la realización de un juicio. La audiencia para formalizar el cambio de declaración fue programada para finales de julio.

Aunque todavía no se conocen los términos específicos del acuerdo ni los delitos que aceptará formalmente, el caso ha vuelto a poner bajo los reflectores a otros integrantes de la familia Oseguera que han enfrentado procesos penales en Estados Unidos.

Jessica Oseguera, la primera familiar que pactó con la justicia estadounidense

Antes de que “Tony Montana” decidiera declararse culpable, otra integrante de la familia ya había seguido una ruta similar: Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”.

Conocida también como “La Negra”, Jessica fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2020 y posteriormente procesada por su participación en operaciones financieras relacionadas con empresas vinculadas al CJNG.

Las investigaciones estadounidenses señalaron que la hija del líder criminal mantenía nexos con negocios que habrían servido para apoyar financieramente a la organización criminal. Sin embargo, en lugar de enfrentar un juicio prolongado, optó por alcanzar un acuerdo con las autoridades federales.

Tras reconocer su responsabilidad en los cargos imputados, Jessica Oseguera recibió una sentencia considerablemente menor a las penas que inicialmente enfrentaba. El acuerdo permitió cerrar el caso sin llegar a una confrontación judicial de gran escala y se convirtió en el primer antecedente de colaboración dentro del círculo familiar más cercano de “El Mencho”.

Su caso fue interpretado como una muestra de la estrategia que suelen utilizar las fiscalías estadounidenses para obtener información y evitar procesos largos y costosos.

El contraste con “El Menchito”

La historia judicial de la familia Oseguera presenta un marcado contraste con la de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera y considerado durante años el segundo hombre más importante dentro del CJNG.

A diferencia de Jessica Oseguera y ahora de Antonio Oseguera, “El Menchito” decidió enfrentar un juicio federal en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron como uno de los principales operadores de la organización criminal y lo acusaron de coordinar actividades de narcotráfico y participar en operaciones armadas para proteger los intereses del cártel.

Tras un largo proceso judicial, fue declarado culpable de diversos delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas. Como consecuencia, recibió una sentencia de cadena perpetua, además de una condena adicional de varias décadas de prisión.

El resultado de ese juicio evidenció los riesgos que implica para los líderes criminales rechazar acuerdos con la fiscalía estadounidense y optar por litigar los cargos hasta el final.

¿Quién es “Tony Montana”?

Antonio Oseguera Cervantes ha sido identificado durante años como uno de los operadores de confianza dentro de la estructura del CJNG.

Autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como responsable de actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la coordinación de operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

En Estados Unidos enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de cargos relacionados con armas de fuego. Según los expedientes judiciales, habría participado durante años en el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Su próxima declaración de culpabilidad evitará que el caso llegue a juicio y lo convertirá en el segundo integrante de la familia Oseguera que acepta responsabilidades ante la justicia estadounidense, después de Jessica Johanna Oseguera González.

Con ello, la atención vuelve a centrarse en el entorno familiar de “El Mencho”, cuyos integrantes han seguido caminos distintos frente a los tribunales estadounidenses: algunos han optado por negociar, mientras otros han enfrentado condenas ejemplares.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, advirtió que la agencia se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de que organizaciones criminales intenten introducir fentanilo a Estados Unidos aprovechando el flujo masivo de visitantes que genera la Copa Mundial de Futbol 2026, cuya organización comparten Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley para el medio News Nation, el funcionario explicó que las autoridades estadounidenses realizan un monitoreo permanente de las actividades de los grupos criminales debido a la llegada de millones de personas procedentes de distintas partes del mundo.

Según Cole, eventos de gran magnitud como el Mundial representan escenarios que pueden ser aprovechados por las redes de narcotráfico para expandir sus operaciones y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras.

Mundial y narcotráfico: una preocupación para las autoridades

El titular de la DEA señaló que los cárteles de la droga suelen buscar cualquier oportunidad para incrementar sus ganancias, por lo que el torneo internacional podría convertirse en un entorno atractivo para sus actividades.

“Los cárteles siempre buscarán el beneficio”, afirmó el funcionario, quien agregó que estas organizaciones no muestran preocupación por las consecuencias que provoca el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

Cole sostuvo que la combinación de grandes concentraciones de personas, movilidad internacional y aumento de actividades comerciales obliga a las agencias de seguridad a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y coordinación.

Ante este panorama, informó que la DEA ya comenzó la implementación de una estrategia denominada “Estados Unidos libre de fentanilo”, cuyo objetivo principal es combatir las operaciones de los grupos criminales responsables de la producción y distribución de esta droga.

Cooperación con México y combate a los cárteles

El funcionario también destacó la colaboración que mantiene con autoridades mexicanas en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

En particular, mencionó la relación de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de quien dijo existe un “flujo de información activo y libre”, lo que ha permitido fortalecer el intercambio de inteligencia entre ambos países.

Cole consideró que la cooperación bilateral es fundamental para enfrentar una problemática que trasciende fronteras y que involucra a organizaciones con capacidad de operar en distintos territorios.

Asimismo, afirmó que los cárteles mexicanos mantienen presencia en los 50 estados de Estados Unidos e incluso extienden sus operaciones a Canadá, situación que, a su juicio, representa una amenaza significativa para la seguridad y la salud pública de la región.

Las declaraciones ocurren en el contexto del inicio del Mundial de futbol, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que se espera atraiga a millones de aficionados a las tres naciones anfitrionas.

Con estas declaraciones, las autoridades estadounidenses han dejado claro que el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas seguirá siendo una de sus principales prioridades de seguridad.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló este 9 de junio mediante una publicación en su cuenta oficial de X que en conjunto con diversas agencias de Estados Unidos han arrestado a mil 343 miembros de cárteles mexicanos en la frontera sur del país entre abril y junio de 2026, en el marco de las operaciones del Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y el Centro Nacional de Coordinación.

Las detenciones, según las cifras compartidas, se produjeron en 423 operaciones que incluyeron 47 mil 971 inspecciones fronterizas, el decomiso de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, la confiscación de 421 armas y el aseguramiento de más de 700 mil dólares en efectivo.

El operativo para desmantelar a los cárteles involucra diversas dependencias federales, como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A nivel nacional, la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) acumula más de 3 mil arrestos y el decomiso de más de 150 mil libras de narcóticos desde su creación.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por más de 3 mil 100 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Del lado estadounidense, cuatro estados comparten esa línea: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Del lado mexicano, la frontera abarca Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A lo largo de ese tramo operan más de 50 puntos de cruce terrestres oficiales, entre los que destacan San Ysidro, Otay Mesa, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

Cárteles mexicanos y su designación como organizaciones terroristas

En acciones previas contra el crimen organizado, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a seis cárteles mexicanos.

El primero fue el Cártel de Sinaloa, con sede en el estado homónimo, señalado como uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. El segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente operan en casi todo el territorio mexicano y tiene presencia en el continente americano, Australia, China y el sudeste asiático.

El tercero, el Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocido como los Zetas, quienes tienen base en el noreste de México.

El cuarto, la Nueva Familia Michoacana (LNFM), sucesora de la Familia Michoacana, opera en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México bajo el mandato de los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.

El quinto, el Cártel del Golfo (CDG), quienes también operan en el noreste del país. El sexto, los Cárteles Unidos (CU),organización formada a partir de una alianza de múltiples grupos en Michoacán y comandada por el Abuelo Farías.

La designación bloqueó todos los bienes e intereses de estas organizaciones en territorio estadounidense y prohibió a ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Golpes recientes contra el narco en la frontera

Entre los operativos documentados, el HSTF desmanteló a finales del mes de mayo un narcotúnel subterráneo que conectaba Tijuana con una bodega camuflada como tienda de descuento —llamada “Buy 4 Less”— cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego.

El pasaje medía casi mil 933 pies de largo, tenía hasta 55 pies de profundidad y contaba con paredes reforzadas, sistema de riel, ventilación y electricidad.

Las autoridades incautaron mil 29 kilogramos de cocaína con valor estimado de $45 millones de dólares, repartidos en 851 paquetes hallados en dos camiones y una camioneta.

Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos. Se les identificó como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando el Tunnel Task Force de HSI detectó actividad sospechosa en el local. El operativo culminó el 29 de mayo de 2026, cuando agentes observaron el traslado coordinado de congeladores y paquetes entre varios vehículos.

Derek Maltz, ex titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detener a los “funcionarios corruptos” que recientemente fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, para enviarlos a Nueva York y que “rindan cuentas ante la justicia”.Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Maltz señaló que la lucha contra los cárteles de “Terror Mexicano” no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los sustenta, y aseguró que dichos cárteles no operan en el vacío, sino que dependen, en gran medida, de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.Además, en su publicación, expuso que “cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local”. Dijo que mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrándose de la actividad de los cárteles, dichas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán. “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, señaló. Indicó que era hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch para detener a los funcionarios corruptos que fueron acusados por la Fiscalía estadounidense y mandarlos a Nueva York para que rindan cuentas ante la justicia. Derek Maltz encabezó la DEA del 20 de enero de 2025 hasta el 2 de mayo de 2025. Hace unas semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y ex funcionarios del estado de Sinaloa de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.Se trata de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de Seguridad Pública estatal.Así como Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

El mayor hospital de Chattanooga, Tennessee, se convirtió en el escenario de un caso que expuso los límites y riesgos de la automatización en la vigilancia sanitaria.

Según documentos oficiales citados por CBS News y KFF Health News, un enfermero anestesista de Erlanger Baroness Hospital logró desviar fentanilo, un opioide de alta potencia, durante meses sin ser detectado por Sentri7, el programa de inteligencia artificial implementado en ese centro para monitorear posibles desvíos de medicamentos.

La situación reveló la falta de transparencia y supervisión sobre el uso de estas tecnologías en cientos de hospitales de Estados Unidos.

Un sistema avanzado, una falla inesperada

La administración de Erlanger Baroness Hospital había adoptado el sistema Sentri7 para automatizar el control sobre medicamentos controlados como el fentanilo. Desarrollado por la empresa neerlandesa Wolters Kluwer, el programa utiliza algoritmos de inteligencia artificial para rastrear posibles desvíos a partir de 60 indicadores de riesgo.

Según las cifras proporcionadas por la compañía a KFF Health News, más de 700 hospitales estadounidenses utilizan el mismo software, mientras su principal competidor, Bluesight, afirma que su producto ControlCheck opera en más de 1.500 centros médicos.

A pesar del despliegue tecnológico, una auditoría interna realizada tras la detección del caso reveló, de acuerdo con la orden de la Junta de Enfermería de Tennessee, al menos cinco episodios en los que el sistema no alertó sobre la desaparición de fentanilo.

El documento añade que se encontraron “inconsistencias adicionales entre la dispensación de medicamentos y la documentación de descarte que deberían haber sido marcadas por el sistema automatizado de monitoreo”.

El caso Stevenson: señales humanas que la tecnología ignoró

La secuencia de los hechos comenzó cuando compañeros de trabajo notaron que John Stevenson, el enfermero anestesista implicado, mostraba signos evidentes de incapacidad en el quirófano: voz arrastrada, cansancio extremo y dificultades para mantenerse despierto.

El episodio se registró a fines de junio de 2025. Tras someterse a una prueba de drogas, Stevenson dio positivo y fue despedido. Ante los investigadores estatales, reconoció que desde marzo de ese año había empezado a desviar “fentanilo no utilizado que de otro modo habría sido descartado después de procedimientos quirúrgicos”, primero de forma esporádica y en las semanas previas al incidente, de manera diaria.

Los reportes obtenidos por CBS News y KFF Health News detallan que Stevenson no enfrentó cargos penales, pero la Junta de Enfermería de Tennessee dejó su licencia en período de prueba y le ordenó iniciar un programa de asesoramiento por consumo de drogas. El hospital evitó proporcionar declaraciones públicas, aunque según un correo citado por ambos medios, su equipo legal evaluó divulgar una respuesta que finalmente no se concretó.

Una industria bajo presión y sin controles externos

El episodio en Erlanger Baroness Hospital puso en el centro de la discusión los desafíos de la supervisión tecnológica en la salud. KFF Health News subraya que los hospitales estadounidenses no están obligados a informar sobre la implementación de software de inteligencia artificial para control de medicamentos ni a reportar fallas.

Tres expertos en prevención de desvío de fármacos señalaron a ese medio que nunca habían visto un caso documentado públicamente donde una herramienta de IA fallara de forma tan clara.

La empresa Wolters Kluwer defendió la calidad de su sistema, asegurando a KFF Health News que el software no tiene una “fase de aprendizaje” como sugirió la orden de la Junta, ya que desde la instalación es entrenado con datos históricos del hospital.

Para la ejecutiva Kristy Drollinger, el monitoreo automatizado sigue siendo necesario porque el desvío de medicamentos es un problema endémico en el sector. “Cada centro de salud ha tenido algún episodio de desvío y probablemente lo tiene en este momento”, sostuvo Drollinger.

El desvío de medicamentos genera riesgos tanto para los pacientes como para el personal hospitalario. De acuerdo con la organización Healthcare Diversion Network, hasta un 15% de los trabajadores sanitarios estadounidenses desvió fármacos al menos una vez.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon el desvío de medicamentos a más de 200 infecciones y 13 brotes, en su mayoría de hepatitis C, desde 1985.

Pese a la sofisticación de los sistemas automatizados, especialistas como Jacob Smith, responsable de seguridad de medicamentos en Johns Hopkins Medicine, advirtieron a KFF Health News que la vigilancia humana sigue siendo indispensable, sobre todo en áreas como quirófanos, donde la lógica de dispensación y el registro de medicamentos difiere de otras unidades. “El software es una parte, pero si dependes del software para que te dé todas las señales, se te van a pasar cosas. Simplemente no es 100%”, sostuvo Smith.

Falta de transparencia y dudas sobre el futuro de la IA en la salud

El caso de Erlanger Baroness Hospital reavivó el debate sobre la transparencia y la supervisión en la aplicación de inteligencia artificial en ámbitos críticos como la salud.

Según CBS News, ni la Administración de Control de Drogas (DEA) ni las agencias estatales exigen a los hospitales detallar qué sistemas utilizan para el control de medicamentos ni reportar fallas tecnológicas.

El propio hospital, al igual que la empresa desarrolladora del software, evitó ofrecer explicaciones públicas sobre el alcance del error.

En 2022, un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud concluyó que Sentri7 —entonces llamado Flowlytics— podía descubrir casos de desvío más rápido que los métodos manuales tradicionales.

Sin embargo, el caso en Tennessee evidenció que la supervisión humana sigue siendo clave, y que la dependencia exclusiva de sistemas automatizados puede dejar brechas que comprometen la seguridad hospitalaria.

La combinación de tecnología avanzada, alta demanda de soluciones y ausencia de controles externos crea un escenario en el que las fallas pueden permanecer ocultas.

Como resumió el neurólogo David Rastall en diálogo con KFF Health News, “lo ideal para los pacientes, los cuidadores y los sistemas hospitalarios sería que cuando una IA comete un error, eso se vuelva muy transparente y público”.

La administración estadounidense ha impulsado una narrativa que busca borrar la línea entre los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como ISIS, Hamás o Hezbolá.

Esto se evidenció el días pasados, cuando Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidió a sus aliados internacionales y al G7 combatir con la misma firmeza las redes financieras globales tanto del Cártel de Sinaloa como de grupos terroristas para detener el flujo del dinero que financia sus actividades delictivas.

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), esta tendencia responde a un interés político por agrupar a todas las organizaciones que Estados Unidos considera amenazas bajo la misma etiqueta de terrorismo, aunque las características de los cárteles y los grupos terroristas sean fundamentalmente distintas.

De acuerdo con Vigil, la estrategia busca extender el término “terrorista” a cualquier grupo que desafíe la seguridad o intereses estadounidenses, lo que no implica solo un cambio en la percepción pública, sino que también abre la puerta a la aplicación de medidas militares mucho más severas.

Por qué su estrategia para combatir las redes financieras de los cárteles y grupos terroristas no funcionaría

Mike Vigil advirtió que los intentos por atacar las finanzas de los cárteles están destinados al fracaso debido a que la estrategia de Estados Unidos y sus aliados no comprende la manera en que operan estos grupos.

Explicó que, a diferencia de países como Irán, los cárteles no dependen de bancos centrales ni de grandes redes de transferencia global. ya que operan con grandes cantidades de efectivo físico y utilizan mecanismos como casas de cambio no reguladas, sistemas informales como la hawala, empresas fantasma y criptomonedas.

Destacó que las campañas para endurecer las regulaciones financieras tienen poco impacto porque los cárteles recurren a centros fuera del control del G7, como Hong Kong y Singapur, y a redes criminales chinas especializadas en mover dinero. Subrayó que ni las sanciones ni las listas negras logran frenar el flujo de recursos ilícitos.

Vigil insistió en que atacar las finanzas no será efectivo porque los cárteles pueden adaptarse con facilidad y diversificar sus métodos de lavado de dinero. Recalcó que “nunca van a parar con el blanqueo de dinero. Es muy, muy difícil”.

Agregó que, aunque existen iniciativas para sancionar a bancos y redes ligadas al narcotráfico, estas medidas no afectan de manera significativa la operatividad de los cárteles, por lo que aseguró deberían enfocarse en desarrollar leyes apropiadas para combatirlas e intercambiar inteligencia para mejorar las herramientas conjuntas.

Respecto a la estrategia para equiparar a los cárteles con grupos terroristas, el exagente de la DEA detalló que su principal diferencia radica en su motivación y objetivos debido a que los primeros tienen una ideología religiosa o política y buscan tomar el control de gobiernos o influir en la política de los Estados. Los cárteles, en cambio, carecen de una ideología política o religiosa: su único objetivo es maximizar las ganancias económicas.

Aunque ambos tipos de grupos pueden emplear violencia y métodos similares, como el uso de bombas o el asesinato de civiles, Vigil aclaró que en el caso de los cárteles la violencia contra la población suele ser colateral, resultado de enfrentamientos entre bandas rivales, y no parte de una estrategia deliberada para aterrorizar a la sociedad o presionar a gobiernos.

Finalmente, reiteró que la estrategia no logrará combatir a los grupos criminales ni a los terroristas debido a que cuentan con distintas herramientas para continuar blanqueando dinero y mantener sus actividades delictivas.

Calderón sostuvo que como presidente, solo había dos opciones: proteger a la ciudadanía como la respuesta a una situación de inseguridad, y aseguró que asumió el peso de esa decisión para servir al pueblo de México.

Por su parte, la mandataria planteó una duda durante su conferencia matutina de este lunes 1 de junio, cuestionando si la iniciativa fue realmente del exmandatario panista o si fue dictada desde el extranjero:

“Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Barack Obama, porque estaba el gobierno de Obama ¿o de las agencias de Estados Unidos? Porque a lo mejor no era el presidente y eran las agencias”

Sheinbaum señaló que durante la administración de Calderón, la DEA tuvo “total apertura”.

Asimismo, la titular del Ejecutivo recordó que este nivel de injerencia por parte de las agencias estadounidenses durante aquel sexenio es un tema que ya había documentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento.

La jefa de Estado también recordó que mientras Felipe Calderón estaba al frente de México, se llevó a cabo la operación nombrada como “Rápido y furioso”, en la que permitió la entrada de armas de Estados Unindos a México con un chip “supuestamente para saber la ubicación de grupos delictivos y que los grupos delictivos tomaron las armas y les quitaron el chip y con ellas asesinaron a un agente estadounidense”, a este episodio de la historia Shienbaum la calificó como atroz y triste porque hubieron muchos asesinatos contra la ciudadanía.

Las declaraciones de Calderón se dieron en el marco de respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante señalamientos de colaboración con agencias estadounidenses y cuestinó que se le persiga políticamente mientras otros funcionarios acusados de nexos criminales son protegidos por el gobierno federal. Quien también respaldo a la funcionaria estatal fue el también expresidente también Vicente Fox Quesada.

Ante la reaparición de los exfuncionarios en un evento para respaldar la defensa de Campos, la presidenta puntualizó que la situación en Chihuahua “no es algo político” e insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR), de manera independendiente mantiene la investigación y dijo:

“Ay bueno, ya que cada quien haga su propia conclusión, la verdad, no sé qué tan populares anden. Lo que sí, Monsiváis, como dije ayer, decía que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía y la verdad, pues sí hay mucha hipocresía, o sea, no hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo”, refiriéndose a las administraciones de Fox y Calderón.

El Partido Acción Nacional anunció este lunes una semana de acciones en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con un evento masivo como punto culminante el próximo fin de semana en esa entidad. Así lo comunicó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien adelantó que los detalles de la convocatoria se revelarán en el momento oportuno.

“Estratégicamente vamos a cuidar mucho este evento”, señaló Romero Herrera. “Va a ser un evento en donde vamos a cuidar que esté repleto de ciudadanía, de Chihuahua y de todos los lugares de donde nos quieran acompañar para respaldarla”.

PAN acusa persecución política contra la gobernadora

Antes de anunciar la movilización, Romero Herrera calificó las acciones del gobierno federal contra Maru Campos como “persecución política” directa por parte de Morena. Según el dirigente panista, la gobernadora es hostigada por haber combatido al crimen organizado en su estado.

“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el ‘pecado’ de combatir al crimen organizado”, afirmó desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

El dirigente también cuestionó la lógica del gobierno federal: si el argumento oficial es la presencia de agentes extranjeros en operativos en Chihuahua, ¿por qué no se cita a comparecer a los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores y Migración, que son las autoridades federales responsables de regular esa presencia?

“Uso faccioso de las instituciones”, la acusación central del PAN

El panista subrayó que el partido no se opone al cumplimiento de la ley, sino a lo que denomina el uso faccioso de la procuración de justicia y de la Fiscalía General de la República contra opositores.

“Lo que es increíble es el uso faccioso de las instituciones. Eso es lo que venimos a denunciar hoy”, declaró Romero Herrera.

En ese mismo contexto, el dirigente aseguró que el PAN no tomará el asunto a la ligera y que todas las mediciones internas apuntan a que la presión del gobierno federal contra Campos está generando el efecto contrario: un crecimiento sostenido en el apoyo ciudadano hacia la mandataria estatal.

El evento del fin de semana: sorpresa prometida

Romero Herrera fue cauteloso con los detalles, pero contundente en el mensaje:

• La convocatoria se dará a conocer en el momento preciso, sin adelantar información que pueda ser aprovechada por sus adversarios.
• El evento buscará mostrar un contraste claro entre la convocatoria panista y la de sus opositores.
• La dirigente del PAN en Chihuahua, Dani Álvarez, también estuvo presente en el anuncio para sumarse al respaldo institucional.

“Les aseguro que se van a sorprender”, prometió el dirigente, al tiempo que sentenció: “Si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional y con cientos de miles de mexicanas y mexicanos”.

La gobernadora Maru Campos aún no ha emitido un pronunciamiento formal sobre las acciones legales que enfrenta, aunque el PAN insiste en que no existe riesgo jurídico real y que el proceso solo incrementará su capital político.

Según las autoridades, el operativo frenó la salida de cerca de dos millones de dosis de cocaína por rutas que conectaban Colombia con Ecuador y luego con Estados Unidos, a través de aguas internacionales próximas a Guatemala, Honduras y México.

La investigación de la DEA y de la Policía colombiana estableció que el laboratorio tenía una capacidad de producción de dos toneladas por semana y que su infraestructura estaba avaluada en $2.500 millones.

“En este complejo cocalero, compuesto por 6 estructuras, fueron incautados 1710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria necesarios en la producción de estupefacientes”, dice el comunicado del Ejército Nacional publicado en su página web.

En el lugar también había dormitorios para 30 personas, víveres frescos en preparación, hornos microondas, mesas de templado y plantas eléctricas, añadió la misma institución.

La operación se ejecutó en la vereda Trejos del Mar, en el municipio de Mosquera, Nariño, donde tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales actuaron en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía y la DEA, de acuerdo con el Ejército. Según ese equipo interinstitucional, el sitio funcionaba como laboratorio para la fabricación de sustancias ilícitas.

En ese complejo, compuesto por seis estructuras, fueron incautados 1.710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria para la producción de estupefacientes, de acuerdo con el Ejército.

Por su parte, la Policía describió la instalación como un “gigantesco laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por seis estructuras interconectadas, con alta capacidad de producción”.

Según el Ejército, la cocaína producida en ese punto era transportada por vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Después, añadió la institución, era enviada a Estados Unidos por aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México.

“El estupefaciente producido era transportado vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviado a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México”, se agrega en el comunicado oficial del Ejército.

Así mismo, la Policía informó que, cuando los ocupantes detectaron la llegada helicoportada y terrestre de las unidades, huyeron hacia la vegetación de la zona. Esa misma autoridad sostuvo que el estupefaciente pertenecía a una organización criminal independiente de alcance transnacional liderada por alias Junior.

De acuerdo con información de inteligencia militar e investigación judicial citada por el Ejército, el laboratorio pertenecería a una organización criminal independiente que articulaba esquemas de “outsourcing ilegal” con el grupo armado Bloque Jacobo Arenas, señalado en el texto oficial como parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

La versión de la Policía ubicó esa alianza con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato.

Sobre ese vínculo, la Policía afirmó: “Esta red mantenía una alianza de outsourcing ilegal con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato, a quienes les pagaban impuestos criminales para asegurar el libre ejercicio del narcotráfico en la región”.

El Ejército calculó que la acción afectó las economías del grupo armado en aproximadamente 220 millones de pesos, equivalentes a cerca de USD 60.000. La misma institución aseguró que con la incautación se evitó la circulación de cerca de dos millones de dosis de cocaína.

“Con esta acción militar se impacta directamente las economías lícitas del GAO-r, en aproximadamente 220 millones de pesos (cerca de 60.000 USD). Así mismo, se evitó la circulación de cerca de 2 millones de dosis de cocaína”, se añadió en el documento.

Durante la inspección, “los investigadores de la Dijín hallaron un arsenal de insumos y maquinaria de nivel industrial”, indicó la Policía. La autoridad agregó: “Fueron encontrados hornos microondas, mesas de templado, plantas eléctricas, dormitorios con capacidad para albergar a 30 personas y víveres frescos en proceso de preparación”.

Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se prepara para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en territorio mexicano, la página oficial de su gobierno conserva un extenso registro de reuniones, acuerdos y colaboraciones con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

El expediente es público. Y habla solo.

Drones, 200 millones y el elogio de Greg Abbott

Uno de los acuerdos más significativos fue el firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una gira de trabajo en Austin en mayo de 2025. En ese encuentro, Campos presentó un plan de seguridad fronteriza que incluyó la plataforma Sentinel — un sistema de rastreo de vehículos desde parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo — y el uso de drones para patrullar el Río Bravo.

La inversión anunciada: más de 200 millones de dólares.

Abbott no escatimó en elogios: “Es el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”, declaró públicamente antes de firmar el acuerdo. Como resultado inmediato, Texas normalizó las inspecciones en los puentes fronterizos con Chihuahua, convirtiendo al estado en la única entidad mexicana con trato de excepción.

Reuniones con cónsules, primera dama y funcionarios federales de Estados Unidos

El historial binacional de Maru Campos va mucho más allá de Texas. La página oficial de su gobierno documenta:

• Diciembre 2023: La Fiscalía General del Estado celebró junto a autoridades estadounidenses, incluyendo la CBP y la Patrulla Fronteriza de El Paso, los resultados del programa binacional “Se Busca Información”, que logró detenciones en ambos lados de la frontera.

• Julio 2023: Durante una gira por Ciudad Juárez, Campos participó en una mesa de diálogo sobre migración en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), donde se reunió con el subsecretario de Estado Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan. En el encuentro refrendó el compromiso del gobierno estatal de mantener la cooperación binacional en materia migratoria sin descuidar la seguridad de los juarenses.

• Junio 2024: Reunión con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para revisar estrategias de seguridad, migración y desarrollo económico, con la presencia del fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

• Octubre 2024: Asistencia a una recepción en la Embajada de Estados Unidos con la primera dama Jill Biden, donde Campos promovió el turismo y las oportunidades de inversión en Chihuahua.

La alianza que hoy genera preguntas

El contexto actual lo cambia todo. La FGR citó a Maru Campos a comparecer como testigo el 27 de mayo, en el marco de una investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

El caso escaló políticamente luego de que el gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.

Campos ha dicho que siempre actuó conforme al Estado de Derecho. Su propio gobierno, sin embargo, dejó documentado públicamente que la colaboración con Estados Unidos fue una política de Estado sostenida, sistemática y presumida durante años.

El expediente sigue en línea. Y ahora cobra una dimensión distinta.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro este jueves durante La Mañanera que el gobierno de México no tiene ninguna obligación jurídica de rastrear ni vigilar a las ocho personas que aún no se han entregado a Estados Unidos en el caso Sinaloa.

“No hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre si el gobierno sabe el paradero de los imputados que siguen en México.

La declaración se da en un contexto de creciente presión desde Washington: el administrador de la DEA, Terry Cole, declaró ante el Senado estadounidense que la acusación contra Rocha Moya era “solo el comienzo”, y la administración Trump ha intensificado su postura frente a México en materia de seguridad.

¿Quiénes son los dos que se entregaron? — y cómo lo hicieron

Dos exfuncionarios clave del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a autoridades de Estados Unidos tras ser acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

• Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera el 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del cuerpo de alguaciles estadounidenses. Actualmente está recluido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, se entregó desde Europa, donde se encontraba de vacaciones.

Sheinbaum aseguró que ambas entregas fueron decisiones personales, sin intervención del gobierno federal: “Allá ya sabrán ellos por qué se entregaron”, respondió escuetamente ante los reporteros.

El caso mayor: 10 acusados por la Fiscalía de Nueva York

El origen de todo está en una acusación emitida el 29 de abril por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados desempeñaron un papel fundamental ayudando al Cártel de Sinaloa —clasificado como organización terrorista extranjera— al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EE.UU., alineándose con la facción de Los Chapitos a cambio de millones de dólares.

Tras conocerse la acusación, la FGR analizó la petición de detención provisional con fines de extradición y concluyó que no había pruebas suficientes para ejecutar una acción inmediata conforme al tratado bilateral vigente. Por eso Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa, que la aprobó en sesión extraordinaria.

Rocha sigue con Guardia Nacional — y Sheinbaum lo reconoce

Uno de los momentos más tensos de la conferencia fue cuando la presidenta confirmó que Rubén Rocha sigue contando con resguardo de la Guardia Nacional, aunque aclaró que dicha protección no la decide la Presidenta de la República, sino que se solicita a través de la Secretaría de Seguridad o de la Secretaría de la Defensa, que evalúan el riesgo caso por caso.

Sobre el senador Enrique Inzunza —también acusado en el mismo expediente— Sheinbaum dijo no tener información de si solicitó o recibió resguardo similar.

La alerta roja de Interpol: la única presión real sobre los 8 restantes

Sheinbaum explicó el mecanismo que activa la presión internacional: al existir una orden de aprehensión del gobierno de EE.UU., Interpol emite una ficha roja. Eso significa que si alguno de los ocho acusados restantes abandona México, otros países podrían detenerlos.

La entrega voluntaria de los dos exfuncionarios abrió una posibilidad que inquieta a Morena: que el resto de los acusados sigan el mismo camino y, al negociar con la justicia estadounidense, revelen información comprometedora. El exembajador Arturo Sarukhán lo advirtió sin rodeos: con acuerdos de cooperación en marcha, México perdería control sobre qué información se comparte.

Por ahora, el gobierno federal mantiene su postura: sin pruebas contundentes, sin acción. Pero el cerco se estrecha.

El escándalo que rodea al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Morena ante tribunales estadounidenses domina los titulares. Pero la historia reciente de México tiene memoria: el Partido Revolucionario Institucional acumula su propio expediente de exmandatarios señalados —y en varios casos, sentenciados— por los mismos delitos que hoy se le imputan al partido en el poder.

Infobae México elaboró una radiografía del destino legal de 14 exgobernadores priistas, con un patrón que se repite: lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, desvíos millonarios y un sistema judicial que, en muchos casos, no logró sostener las condenas.

La narcopolítica que sí llegó a los tribunales

Los casos más contundentes son los que se resolvieron en cortes extranjeras, no mexicanas. Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004) es quizás el ejemplo más ilustrativo: fue condenado en Houston a nueve años de prisión por conspiración para lavado de dinero, tras comprobarse que recibió sobornos de entre 3.5 y 9.5 millones de dólares del Cártel del Golfo y Los Zetas. Deportado a México en abril de 2025, hoy está preso en el Altiplano enfrentando nuevos cargos ante la justicia nacional.

Mario Villanueva (Quintana Roo, 1993-1999), considerado el primer gran caso de narcopolítica de alto nivel en México, fue condenado en Nueva York a 17 años de prisión por entrar el estado al Cártel de Juárez. Hoy, con 77 años y oxígeno-dependiente, purga el resto de su condena en prisión domiciliaria en Chetumal.

Jorge Torres López (Coahuila, interino 2011) fue sentenciado a 36 meses en Texas por lavar 2.7 millones de dólares provenientes de sobornos de contratistas. Cumplió su pena, fue deportado y hoy vive libremente en Saltillo sin ningún proceso activo en México.

Los que el amparo y el sistema local salvaron

Varios exgobernadores enfrentaron cargos en México y terminaron exonerados. Rodrigo Medina (Nuevo León) estuvo preso apenas 18 horas en el penal de Topo Chico en 2017; un amparo por violaciones al debido proceso lo liberó de inmediato y fue absuelto al año siguiente. En julio de 2025, supuestamente fue retenido en aduanas al intentar salir a Estados Unidos.

Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010) libró seis años de prisión y en diciembre de 2025 obtuvo un amparo definitivo que bloqueó su extradición a Texas, donde la DEA lo acusaba de lavar hasta 30 millones de dólares. El argumento: non bis in idem, ya que los hechos habían sido materia de juicio en México. Hoy es Secretario de Operación Política del PVEM.

Humberto Moreira (Coahuila, 2005-2011) es el caso más emblemático de impunidad técnica. Detenido en Madrid en 2016 y señalado en testimonios bajo juramento en el juicio de García Luna, nunca ha enfrentado cargos formales en México. La FGR no ha integrado expediente alguno.

El primer exgobernador condenado en juicio oral

El hito más reciente lo protagoniza Roberto Sandoval (Nayarit, 2011-2017), quien en septiembre de 2025 se convirtió en el primer exgobernador sentenciado bajo el sistema penal acusatorio en México: siete años de prisión por falsificación de documentos para apoderarse de 58 hectáreas ejidales. La fiscalía mantiene causas abiertas por lavado de dinero relacionadas con 156 millones de pesos.

Javier Duarte: la condena que nunca terminó

Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) matematicamente completó su condena de nueve años el 14 de abril de 2026. Sin embargo, semanas antes la FGR lo vinculó a un nuevo proceso por peculado —un desvío de 5 millones de pesos de fondos de salud— imponiéndole prisión preventiva justificada. Sigue en el Reclusorio Norte, ahora enfrentando una acusación que exige 21 años adicionales.

El espejo incómodo

El escándalo de Rocha Moya y los funcionarios de Morena ante los tribunales de Nueva York no ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido, históricamente, el principal motor real de judicialización de la narcopolítica mexicana —independientemente del color del partido. El PRI lo experimentó durante dos décadas. La pregunta que queda abierta es si el desenlace será distinto.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas entre Estados Unidos y México.

La acción fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las sanciones apuntan a dos estructuras criminales distintas: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, ligado a Los Chapitos, y otra dirigida por Jesús González Peñuelas, señalado como operador histórico del Cártel de Sinaloa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a “los narcoterroristas” responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Los sancionados ligados a Los Chapitos

La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el principal operador financiero de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Según el Departamento del Tesoro, el operador asumió el papel de principal lavador de dinero de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de efectivo producto de la venta de drogas en Estados Unidos y posteriormente convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos al Cártel de Sinaloa en México.

Junto con él fue sancionado Jesús Alonso Aispuro Félix, descrito como el principal intermediario financiero de la organización y responsable de administrar transferencias millonarias mediante direcciones de criptomonedas.

Otro de los señalados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la red criminal. El Departamento del Tesoro recordó que en abril de 2024 fue acusado formalmente por lavado de dinero ligado al narcotráfico mediante criptomonedas en una corte federal de Colorado.

Asimismo, aparece Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Empresas y presuntos prestanombres

La OFAC también sancionó a las empresas mexicanas Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV y Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para apoyar financieramente las operaciones de la red criminal.

Según el gobierno estadounidense, dichas empresas eran controladas por Alfredo Orozco Romero a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas testaferros de confianza.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas compañías y personas ayudaban a ocultar y mover recursos obtenidos por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La segunda red criminal

En una segunda investigación, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Peñuelas, identificado como operador histórico del Cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia estadounidense.

Washington asegura que González Peñuelas ha participado desde 2007 en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Además, enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional en cortes federales de California y Colorado.

La DEA incluso ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

De acuerdo con la OFAC, González Peñuelas operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Junto a él fueron sancionados Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores encargados del tráfico de drogas y del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

Detalles inéditos sobre la presunta red de lavado de dinero que involucra contratos de alimentos y exportaciones petroleras en Venezuela salieron a la luz tras la más reciente declaración de las autoridades estadounidenses, centrando el foco sobre el empresario colombiano Alex Saab y las estrategias empleadas para canalizar fondos a través del sistema financiero de Estados Unidos.

La investigación, que se aceleró especialmente después de la imposición de sanciones económicas a Venezuela en 2019, expone el alcance internacional de las operaciones y señala la utilización de mecanismos de ocultamiento financiero para desviar recursos destinados a programas sociales.

En recientes declaraciones, el administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó que durante años se realizó un seguimiento detallado a las redes financieras asociadas a Saab y al régimen venezolano.

El expediente judicial, presentado ante un tribunal federal en Miami, estableció que tras la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses, la red supuestamente dirigida por el empresario y sus allegados se habría extendido, aprovechando conexiones con altos funcionarios del Estado para acceder a contratos petroleros valuados en miles de millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Los investigadores sostuvieron que parte de ese crudo era vendido bajo aparentemente falsas premisas para mantener el financiamiento de la estructura Clap y para canalizar fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses.

El caso, que generó repercusiones internacionales, describe cómo, supuestamente, Saab y otros individuos recurrieron a empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada para encubrir el verdadero origen de alimentos importados, principalmente desde Colombia y México, destinados a Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción).

El programa fue diseñado para aliviar la crisis alimentaria en poblaciones vulnerables de Venezuela. Según la DEA y el Departamento de Justicia, estas prácticas permitieron desviar “cientos de millones de dólares” de recursos asignados a políticas sociales, mientras sumas considerables eran transferidas a cuentas estadounidenses con el objetivo de ocultar su origen.

La acusación en el Distrito Sur de Florida detalló que buena parte de estos fondos se obtuvieron gracias a presuntos sobornos a funcionarios venezolanos, lo que facilitó a Saab y sus cómplices la adjudicación de contratos millonarios dentro del marco del programa Clap y en negocios relacionados con la exportación de petróleo.

Los delitos señalados hicieron posible, según la Fiscalía, la constitución de un esquema internacional basado en la corrupción y el encubrimiento de activos.

Alex Saab, de 55 años y exministro venezolano, fue señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Actualmente enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero, por los que podría recibir hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable, según el Departamento de Justicia estadounidense.

La causa se tramita en Miami luego de la deportación de Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos. Las autoridades subrayan que, aunque pesa sobre él una grave acusación, el empresario es considerado inocente en tanto no se demuestre su responsabilidad durante el proceso judicial en curso.

La DEA ejecutó expulsión de Álex Saab de Venezuela por delitos en Estados Unidos

El empresario colombiano Álex Saab fue deportado de Venezuela a EE. UU. el sábado 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, pese a contar con un perdón presidencial de Joe Biden.

Esta decisión se produjo en un contexto de tensiones entre Caracas y Washington por compromisos incumplidos tras negociaciones en Qatar. El gobierno transitorio de Venezuela comunicó oficialmente que Saab perdió la nacionalidad venezolana y que la expulsión responde a su implicación en delitos cometidos en Estados Unidos.

Saab enfrenta un segundo proceso penal en ese país, independiente al caso por el que había recibido perdón, y en el que también está implicado Álvaro Pulido, socio suyo.

Pulido había sido arrestado en Venezuela en 2023 por corrupción vinculada a Pdvsa. La deportación se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la DEA, y fue documentada en medios con imágenes de Saab abordando la aeronave.

Previo a la expulsión, Saab fue destituido de su cargo ministerial y despojado de la nacionalidad venezolana, pese a que él negó estar detenido y afirmó contar con el indulto presidencial estadounidense.

Sin embargo, fuentes federales sostienen que esa inmunidad sólo cubría el primer proceso, y que existen nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su rol como operador del régimen venezolano.

La selección de Saab como objetivo principal por parte de agencias estadounidenses se relaciona con el descontento por el incumplimiento de acuerdos bilaterales, incluyendo garantías electorales.

En respuesta a la nueva ofensiva judicial, Saab designó a Neil Shuster como abogado defensor para afrontar el nuevo proceso en tribunales federales de Estados Unidos.

El encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, son únicamente el inicio de otras operaciones.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas sobre las acusaciones contra 10 personas dadas a conocer el pasado 29 de abril.

Las declaraciones son parte de la comparecencia, del 12 de mayo, de diversos encargados de agencias, entre ellas el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Por que hay políticos ligados con criminales, cuestionó el senador

“Veo que el Departamento de Justicia, presumiblemente con su cooperación y buen trabajo de investigación, acaba de acusar a un gobernador en México de trabajar con cárteles para envenenar a nuestra gente. Todos tienen derecho a la defensa hasta que se demuestre su culpabilidad”, señaló Kennedy a los funcionarios.

Kennedy continuó señalando que hay líderes políticos con vínculos estrechos con grupos criminales y cuestionó por qué, si es por dinero o por miedo y qué está haciendo EEUU al respecto al tema.

Patel señaló que hay cooperación con México y también destacó que se trata de una combinación entre miedo y corrupción. Mientras que Cole destacó:

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero de repente, le estamos prestando atención”. Agregando que habrá otras acciones en territorio nacional.

Al iniciar su participación en la comparecencia, Terrance Cole destacó que los grupos criminales son muy adaptables.

“Nuestro enfoque es claro: atacar a los líderes, romper su mando y control. Interrumpir las cadenas de suministro, responsabilizar a quienes se lucran con la adicción y la muerte”, es parte de lo compartido por el funcionario.

Cabe recordar que junto con Rocha Moya, EEUU acusa a otros sujetos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, se trata de:

• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Dámaso Castro Saavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado
• Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

“El Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel”, es parte del informe publicado en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.

Tras las acusaciones, Rocha Moya se separó temporalmente de su cargo, mientras las autoridades mexicanas realizan las averiguaciones y exigen pruebas de la señalado por EEUU.

La agencia de noticias EFE confirmó la llegada de Saab, escoltado por agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA), incluidos miembros de la DEA, al aeropuerto de Opa-locka en el condado de Miami-Dade a las 21:15 hora local (01:15 GMT).

Desde hace varias semanas, se desconocía el paradero del testaferro y aliado del ex dictador Nicolás Maduro. Las nuevas imágenes del hombre detenido lo mostraron un rostro cansado y un buzo gris, similar al atuendo utilizado por el ex líder del régimen venezolano tras su captura el 3 de enero en Caracas.

Además, en la grabación de su ingreso a la termina aérea estadounidense se lo vio marcando sus huellas digitales en un escáner para dedos, rodeado por uniformados de la agencia federal.

Según el medio AlbertoNews, Saab fue trasladado bajo custodia desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde una aeronave Gulfstream, con matrícula estadounidense N550GA, aterrizó momentos antes y partió rumbo al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, Miami.

El operativo contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto con la supervisión del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el SAIME en un comunicado difundido vía Instagram. El organismo precisó que la deportación se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Las autoridades federales en Miami acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero y corrupción con fondos del Estado venezolano. La investigación estadounidense se centra en operaciones de cientos de millones de dólares mediante contratos de alimentación pública, principalmente vinculados al programa CLAP.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a inicios de febrero a petición de Washington. Previamente, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami.

Los cargos contra Saab incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, habría falsificado documentos y empleado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El extraditado, quien ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dos semanas después de la operación estadounidense en Caracas, que culminó con la captura Maduro.

El ex funcionario del régimen venezolano, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales y de actuar como testaferro del ex líder chavista. Ahora, el colombiano enfrentará a la justicia estadounidense, al igual que Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.

El ex jefe de inteligencia y seguridad del opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, afirmó que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no constituye únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, señaló Simonovis.

El analista explicó que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que comprenden el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién se beneficia y cómo las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

Simonovis reconoció a través de X que la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta para los venezolanos, pero aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de manera metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

La sociedad boliviana identifica el narcotráfico como uno de sus grandes problemas. Tal es la preocupación por estos días que la gente muestra una amplia aceptación de la narrativa de “narcoestado”. Una encuesta realizada meses después de las elecciones del año pasado, a cargo de la empresa Integrated Communications and Research a pedido del Instituto Interamericano para la Democracia, muestra que más de tres cuartas partes de la población creen vigente esta percepción, aunque la valoración de la democracia experimenta una recuperación relativa. Asimismo, el respaldo mayoritario a la cooperación internacional, junto con las brechas marcadas por edad, sexo y región, evidencia la necesidad de políticas adaptadas para enfrentar la situación.

El estudio muestra que la percepción social sobre el narcotráfico alcanza niveles de consenso inusuales: el 89,4% de la población lo considera un problema grave, mientras que el 75,2% comparte la idea de que el país es o puede convertirse en un narcoestado. En paralelo, el 78,3% apoya la cooperación internacional, incluida la intervención de la DEA. Las diferencias por región, edad y sexo ofrecen matices relevantes dentro de estos consensos.

De esta manera, casi la totalidad de los encuestados ve el narcotráfico como la principal amenaza nacional. El 89,4% lo considera grave o muy grave, un diagnóstico sostenido tanto por hombres como por mujeres y en todas las zonas del país. Incluso entre los jóvenes de 18 a 33 años, la alarma alcanza al 87,5%, lo que confirma que el consenso atraviesa a toda la sociedad.

La narrativa del narcoestado mantiene una presencia fuerte en la opinión pública. El 75,2% de las personas consultadas cree que Bolivia es o podría ser un narcoestado actualmente o en el pasado reciente. Los hombres muestran mayor inclinación a sostener esta percepción, superando a las mujeres por 13,4 puntos porcentuales.

Este imaginario no ha cambiado de forma significativa desde 2016, lo que sugiere una estabilidad en la preocupación social sobre el tema. Entre los jóvenes, la disposición a reconocer el problema y a aceptar la cooperación internacional es más elevada.

El 55,5% de los bolivianos identifica el presente como democrático, una cifra que representa una mejora de 13 puntos respecto a hace diez años. Sin embargo, existen diferencias notorias entre regiones. En el Oriente del país, el 64% asocia el momento político con la democracia. En Occidente, solo el 45,3% comparte esa visión, mientras que el 50,6% califica el escenario actual como “dictadura”. Esta polarización territorial influye en la agenda política y en las estrategias de comunicación institucional.

El respaldo a la cooperación internacional, incluyendo la labor de la DEA, llega al 78,3%, predominando un enfoque pragmático frente al problema. La mayoría valora la eficacia en la lucha antidrogas por encima de posturas ideológicas o de soberanía nacional.

Solo el 17,3% rechaza categóricamente la presencia de la DEA, porcentaje que aumenta en adultos mayores y mujeres, sectores donde la indecisión y la falta de familiaridad con los términos empleados resulta más frecuente. El respaldo a actores internacionales señala que la sociedad está abierta a soluciones externas que prometan resultados concretos.

Las diferencias según edad, género y región perfilan matices significativos en la interpretación del fenómeno. Los jóvenes perciben con mayor intensidad el riesgo de narcoestado, con 19,5 puntos porcentuales más que los adultos mayores. Además, apoyan la cooperación internacional 23,7 puntos por encima de quienes tienen más de 57 años.

En términos de sexo, los hombres aceptan con mayor frecuencia la etiqueta de narcoestado, mientras que las mujeres presentan mayor nivel de indecisión o desconocimiento sobre conceptos como DEA. A nivel territorial, el Oriente muestra mayor optimismo democrático y receptividad hacia la DEA; en Occidente predomina el escepticismo y una lectura más crítica del contexto político.

Bolivia se enfrenta al desafío de responder a la gravedad del narcotráfico y a la tensión entre legitimidad democrática y soberanía, en medio de consensos amplios y diferencias bien marcadas. La eficacia estatal dependerá de su capacidad para transformar este diagnóstico plural en políticas públicas y estrategias que se adapten a los distintos segmentos sociales.

La DEA regresa a Bolivia tras 18 años

El Gobierno de Bolivia anunció el regreso de la DEA a Bolivia tras 18 años de ausencia con la apertura de oficinas en La Paz, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la lucha antidrogas e impulsar la cooperación internacional frente al narcotráfico.

Bolivia permitirá que la agencia antidrogas estadounidense instale oficinas en la capital para potenciar las operaciones de inteligencia y el intercambio de datos con organismos internacionales. Estas oficinas servirán de enlace, pero no implican la realización de operativos conjuntos ni la presencia de agentes estadounidenses en regiones críticas del país.

La decisión de reabrir oficinas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en La Paz fue confirmada por las autoridades tras una reunión en Washington entre el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel William Cabrera, y representantes estadounidenses. Según precisó el viceministro, el acuerdo se centrará en “inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional”.

El antecedente relevante es la expulsión de la DEA y del entonces embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008 por orden del expresidente Evo Morales, en medio de acusaciones de conspiración. Desde entonces, las relaciones diplomáticas en materia antidrogas quedaron suspendidas casi dos décadas.

Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, región central donde mantiene el apoyo de sus bases sindicales, mientras enfrenta un proceso penal. El exmandatario denunció públicamente la existencia de un supuesto plan coordinado entre la DEA y el Ejército boliviano para detenerlo. Esas acusaciones coinciden con señalamientos del Ejecutivo, que lo vincula con la financiación de protestas a través de fondos procedentes del narcotráfico.

El restablecimiento de la cooperación con la DEA ocurre en medio de una reorganización en la política antidrogas y tras recientes acciones relevantes. Destaca el arresto del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo, quien fue entregado después a las autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos para desmantelar la red de Marset en el país. Según el ministro de Gobierno, al menos 20 personas relacionadas con esa organización fueron detenidas en las últimas semanas.

Casi 18 años después de su expulsión, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos volverá a tener presencia en Bolivia. Según información del Gobierno, la agencia tendrá oficinas en La Paz desde donde coordinará acciones de cooperación contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, coronel William Cabrera, se reunieron la semana pasada con agentes de la DEA en Washington. En este encuentro se acordó trabajar en acciones de “inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional”.

“Vendrán dos personas de la DEA, más que todo para tener una presencia, probablemente en La Paz, trabajando tipo oficina, donde podremos nosotros colaborar o trabajar temas de inteligencia principalmente”, señaló Justiniano en una entrevista con el periódico El Deber.

El viceministro descartó la presencia de agentes estadounidenses en el Trópico de Cochabamba, una de las regiones donde se produce hoja de coca y que es a la vez el bastión sindical y político del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien expulsó a la DEA del país en el año 2008.

“Ojalá que en un futuro podamos compartir algún tipo de operaciones, pero no está contemplado en el plano inmediato”, señaló la autoridad y aclaró que “desmiente” rumores que sugieren la presencia actual de agencias internacionales en zonas productoras de coca.

En el encuentro de las autoridades de antinarcóticos con sus pares estadounidenses se abordaron temas relacionados con la red criminal de Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo que fue capturado en Bolivia el 13 de marzo.

Tras su aprehensión en un operativo en Santa Cruz de la Sierra, Marset fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos. En tanto, en Bolivia se realizan allanamientos y operativos para desmantelar su organización criminal.

Según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la red aún no ha sido desarticulada pese a que al menos 20 personas vinculadas han sido detenidas en las últimas semanas.

Desde que asumió el Gobierno hace seis meses, el presidente Rodrigo Paz anunció el retorno de la DEA a Bolivia, cuyos agentes y el entonces embajador estadounidense Philip Goldberg fueron expulsados por Morales en 2008, en medio de acusaciones de conspiración contra su gestión.

La relación bilateral con Estados Unidos forma parte de la estrategia de la administración de Paz para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional, en un contexto de cambios en la política de seguridad y lucha antidrogas en Bolivia.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en producción de hoja de coca, principal insumo para la producción de cocaína, solo por detrás de Colombia y Perú. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el territorio boliviano posee aproximadamente 31.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales sólo 22.000 se consideran legales.

El viceministro señaló que Bolivia trabaja actualmente con agregados policiales y agencias de seguridad de otros países, entre ellos Brasil, Paraguay, Argentina y España, para combatir el crimen organizado.

El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, William Cabrera, se reunieron este martes con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington para fortalecer la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.

Según informó el viceministro al canal Unitel, el tema central del encuentro fue “Sebastián Marset y la institución criminal que estaba detrás de él”.

De igual forma, señaló que en el país hay otras operaciones de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho sobre las que se está trabajando. En ese marco, el viceministro señaló que se coordinarán acciones con Estados Unidos y otros países, como Perú y Brasil, para el intercambio de información y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados de la región y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares, fue capturado en Bolivia la madrugada del 13 de marzo.

En un operativo policial realizado en la zona residencial de Las Palmas, en el centro de Santa Cruz de la Sierra, Marset fue detenido y trasladado al aeropuerto de Viru Viru, donde fue entregado a las autoridades de la DEA para su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.

Tras la captura, las fuerzas policiales bolivianas realizaron múltiples operativos y allanamientos para desarticular la red criminal que lideraba el uruguayo. Según información oficial, se secuestraron al menos 16 avionetas y vehículos blindados, y se intervinieron aeródromos y viviendas en las que operaba su organización.

Sin embargo, estas acciones fueron cuestionadas por la presunta sustracción de objetos de valor —como dinero en efectivo y joyas—, por reportes tardíos sobre la existencia de cajas fuertes y por contradicciones sobre la cantidad de personas aprehendidas.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el 5 de mayo ante la Asamblea Legislativa que se había detenido a 55 personas, y tres días más tarde, el viceministro de Régimen del Interior, Hernán Paredes, señaló que eran 20.

Luego de la captura también se vivió una ola de violencia en Santa Cruz, donde se produjeron al menos seis asesinatos, algunos de los cuales estarían relacionados con la disputa por el control del territorio y la organización que lideraba Marset.

Entre las personas abatidas se encontraban personas con antecedentes criminales y algunos directamente vinculados con el uruguayo, como José Pedro R.V., quien presuntamente era piloto de la red, quien fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística a pocos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

Según la criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, los asesinatos ocurridos en las últimas semanas son una “consecuencia de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a otros líderes de su red.

“Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.

En lo inmediato, y más allá de los acuerdos de cooperación con la DEA y otras instancias, el Gobierno de Bolivia anunció la conformación de un grupo de élite con sede en Santa Cruz, enfocado en combatir el sicariato y la delincuencia organizada. Este grupo está compuesto por policías especializados en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Reciéntemente, el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano, Alfredo Guzmán Salazar, quienes lideran a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mantienen conversaciones desde hace un año aproximadamente con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada.

Dichas pláticas ocurren mientras la presión judicial y operativa contra sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López aumenta en ambos lados de la frontera.

Según el reporte del medio, dos fuentes familiarizadas con los casos señalaron que Iván Archivaldo y Alfredo han sostenido contacto con autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de varios de sus integrantes.

La publicación señala que una de las fuentes informó que las conversaciones entre los hermanos Guzmán Salazar y el gobierno de EEUU llevarían alrrededor de un año.

Versiones señalan que ambos habrían esperado observar primero cómo evolucionaban los acuerdos judiciales alcanzados por sus hermanos, presos en EEUU, antes de tomar una decisión.

¿Qué buscan Los Chapitos?

Los Chapitos buscan garantías para evitar morir durante operativos o evitar ser víctimas de ataques de grupos rivales. La guerra interna desatada dentro del Cártel de Sinaloa habría debilitado considerablemente a Los Chapitos, la facción que lideran.

Además, la publicación de Los Angeles Times recordó el episodio ocurrido en julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos luego de aterrizar en Nuevo México a bordo de una aeronave en la que viajaba también Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

De acuerdo con la versión presentada por El Mayo Zambada a través de su abogado, fue secuestrado por Guzmán López y, posteriormente, entregado a agentes estadounidenses. Tiempo después, Guzmán López alcanzó un acuerdo con fiscales federales en Chicago.

Cuánto ofrece EEUU por Los Chapitos que falta detener

Cabe destacar que el propio gobierno de EEUU ofrece una millonaria recompensa a quien les entregue información destacada para dar con el paradero de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, pues los considera objetivos prioritarios.

Hace casi un año, en agosto de 2025, el gobierno estadounidense dio a conocer que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcionara información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El mismo mes de agosto del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a la detención o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermano de Iván Archivaldo.

Más de 25 personas enfrentan cargos federales en Estados Unidos tras un operativo nacional dirigido al Tren de Aragua (TdA), organización criminal designada como terrorista extranjera y originaria de Venezuela. Las autoridades incautaron 80 armas de fuego, 18 kg de drogas y USD 100.000, según el comunicado de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia informó que presentó cargos en seis distritos judiciales: Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington. La operación involucró a personas de Venezuela, Colombia y Honduras y forma parte de una campaña para desmantelar redes de narcotráfico, tráfico de armas y delitos violentos ligados a TdA.

Desde enero de 2025, el gobierno ha procesado 260 miembros y asociados de la banda en tribunales federales.

Quiénes son los acusados y cuáles son los cargos

Las personas detenidas provienen principalmente de Venezuela, Colombia y Honduras. Según la DEA, la mayoría ingresó al país de manera irregular y enfrenta acusaciones por tráfico y posesión de armas de fuego, narcotráfico, conspiración para delinquir y delitos violentos.

El operativo permitió confiscar armas de alto calibre, municiones y drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis, ketamina y Tusi. Parte de los procesados vendió armas con números de serie borrados a agentes encubiertos, como explicó la agencia federal antidrogas DEA en su informe.

Cómo operaba el Tren de Aragua en Estados Unidos

Las autoridades federales describen a TdA como una organización que extendió su red criminal desde Venezuela hacia Norteamérica, participando en asesinatos, extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero. El grupo utilizaba la violencia y el miedo para controlar territorios y sostener actividades ilícitas.

En estados como Tennessee y Florida, los acusados coordinaban ventas de armas y drogas, y mantenían vínculos con otras facciones criminales, como “Anti-Tren”. Algunos de los procesados también participaron en robos armados y ataques con armas de fuego, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuándo y dónde se realizaron los operativos

La operación más reciente se realizó en mayo de 2026 y abarcó varios estados, con epicentros en Colorado y Tennessee. Las investigaciones siguen activas y las autoridades anticipan nuevas detenciones conforme avanza la colaboración entre agencias federales y estatales.

Desde enero de 2025, la administración actual intensificó su ofensiva contra el crimen transnacional, centrando esfuerzos en organizaciones como el Tren de Aragua. Este trabajo conjunto involucra a la agencia federal antidrogas DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Task Force).

Por qué esta operación es relevante para la seguridad nacional

La ofensiva contra el Tren de Aragua busca frenar la expansión de una organización criminal con un modelo operativo basado en narcotráfico y violencia sistemática. El director interino de la DEA, Terrance Cole, afirmó: “TdA alimenta la inestabilidad y pone en riesgo a comunidades de todo Estados Unidos. Aprovechamos la fuerza integral del gobierno federal para proteger y salvaguardar nuestra nación”.

El director de la ATF, Robert Cekada, señaló la relación directa entre el tráfico de armas y la violencia urbana: “La incautación de armas y narcóticos peligrosos demuestra la conexión crítica entre el tráfico ilegal de armas y la violencia relacionada con las drogas”.

Qué consecuencias legales enfrentan los procesados

Los acusados podrían recibir penas de hasta cadena perpetua si los tribunales los hallan culpables de asociación delictiva, homicidio y tráfico de drogas. El proceso judicial involucra a fiscales federales y jueces en seis distritos, quienes decidirán el destino de los implicados conforme avancen las investigaciones.

Entre los cargos presentados figuran la conspiración para distribuir sustancias controladas, delitos con armas de fuego y participación en organizaciones criminales. La autoridad judicial recordó que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Qué acciones adicionales están previstas

La Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones en varios estados y prevé nuevas acusaciones conforme se reúnan más pruebas y testimonios. Las agencias federales informan que la coordinación entre organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para enfrentar el crimen organizado de origen extranjero.

El informe de la DEA detalla que Estados Unidos empleará todos los recursos legales y policiales para debilitar y eliminar la influencia del Tren de Aragua dentro y fuera del país, con el objetivo de proteger a la población y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas.

Un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de cuatro hombres que transportaban un millonario cargamento de ketanol, un medicamento utilizado como insumo principal para la fabricación de drogas sintéticas como ketamina, “gato” y “tusi”. Las acciones policiales se desarrollaron en la madrugada de este 7 de mayo cerca del peaje de la Ruta 32, en la vía que conecta Limón y San José, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaba destinado inicialmente a San José y posteriormente sería trasladado a zonas costeras, especialmente Jacó, para su distribución en el mercado ilícito. Según el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el valor de las sustancias incautadas podría superar los ₡10 millones (21,897,40 dólares) en el mercado ilegal. Además del ketanol, las autoridades decomisaron marihuana, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y diversas joyas en poder de los detenidos. Los sujetos, identificados por sus apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, permanecen bajo investigación mientras se determina la estructura criminal responsable del traslado y procesamiento de estas sustancias.

La modalidad de tráfico de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes sintéticos representa una tendencia en aumento en Costa Rica, según las fuentes oficiales. El “tusi”, también conocido como “cocaína rosada”, y el “gato” o “keta” son drogas sintéticas cuya fabricación requiere compuestos como el ketanol, cuya circulación y uso están estrictamente regulados por la legislación nacional e internacional.

Contexto legal: cargos y penas aplicables en Costa Rica

El marco jurídico costarricense es claro respecto a los delitos vinculados con la producción, el tráfico y la distribución de drogas sintéticas o sus precursores. Tanto el Código Penal como la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas (Ley 8204) establecen sanciones severas para quienes, sin autorización legal, distribuyan, comercien, suministren, fabriquen, elaboren, refinen, transformen, extraigan, preparen, cultiven, produzcan, transporten, almacenen o vendan drogas, sustancias o productos relacionados, así como a quienes posean estos insumos con fines ilícitos.

En particular, el artículo 58 de la Ley 8204 dispone que la pena de prisión para estos delitos oscila entre ocho y quince años, aplicable tanto para el tráfico como para la fabricación, el transporte y el almacenamiento ilegal de sustancias controladas o precursores químicos. Esta normativa incluye, además, la posesión sin autorización de insumos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Las penas pueden agravarse en función de la cantidad de sustancia, la participación en organizaciones criminales o la reincidencia.

El Código Penal de Costa Rica también contempla en su artículo 50 y siguientes la imposición de penas principales y accesorias, como prisión, multa e inhabilitación, así como medidas complementarias como el decomiso de bienes y utilidades provenientes de actividades ilícitas. El límite máximo de prisión en el país es de cincuenta años, y en casos de concurso material de delitos, el juez puede acumular las penas hasta el triple de la mayor, sin exceder este tope.

Para la persecución penal de estos delitos no se requiere denuncia previa, ya que son considerados de acción pública. Además, la ley costarricense prohíbe cualquier tipo de comercio, industrialización, transporte o manipulación de estas sustancias fuera de los límites estrictamente autorizados para fines médicos o de investigación. El tráfico y la producción de drogas sintéticas, así como la tenencia de precursores con fines ilícitos, son tipificados como delitos graves, con penas privativas de libertad que reflejan la gravedad de la amenaza que representan para la salud pública y la seguridad nacional.

El caso de los cuatro detenidos con un cargamento de ketanol en Costa Rica pone en evidencia la sofisticación y alcance de las redes criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región. La legislación costarricense, a través de la Ley 8204 y el Código Penal, contempla penas de entre ocho y quince años de prisión para quienes sean encontrados culpables de estos delitos, con posibilidad de agravantes si se demuestra participación en estructuras organizadas o reincidencia. La investigación continúa mientras las autoridades buscan desmantelar la organización y evitar la proliferación de estupefacientes sintéticos en el país.

Una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) captó en grabaciones a dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia mientras pactaban envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en sociedad con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación revelada por Noticentro1, la operación detectó el involucramiento directo de uniformados en las transacciones y logística del narcotráfico internacional, lo que revela el alcance de la infiltración de redes criminales en las instituciones de seguridad y anticipa un proceso judicial sin precedentes en la cooperación entre ambos países.

La indagación comienza en julio de 2023, cuando el organismo norteamericano documentó la incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Amberes (Bélgica), tras el seguimiento minuto a minuto del envío ilegal desde Colombia, incluido el detalle de los contenedores y embarcaciones, según los documentos enviados a la justicia colombiana y citados por el noticiero nacional.

“Las autoridades del orden público llevaron a cabo vigilancia antes, durante y después de ambas reuniones entre sujeto indagado y testigo cooperante 1”, añadieron.

Este decomiso singulariza la magnitud operativa de las alianzas entre funcionarios y carteles, y constituye la base del proceso judicial en marcha, según explicó la DEA.

La investigación iniciada por la DEA halló que al menos dos oficiales, uno de ellos identificado como el mayor Andrés Osorio, formaban parte de la nómina tanto del Clan del Golfo como de Los Pachenca (también conocidos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Acsn).

“Estaba brindando servicios a algunas de las Organizaciones de Tráfico de Droga más grandes de Colombia, conocidas por importar cocaína a los Estados Unidos”, destacó la DEA.

De acuerdo con los documentos remitidos a tribunales colombianos, Osorio y otro uniformado utilizaban su posición para facilitar el paso de grandes cargamentos de droga, operando en favor de organizaciones criminales conocidas por enviar cocaína a Estados Unidos.

“Se comunicaba directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de droga y, para su beneficio financiero personal, usaba su posición de confianza pública y procesos legales en Colombia para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia en nombre de otras Organizaciones de Tráfico de Droga”, destacó la DEA en el informe.

Durante las conversaciones intervenidas por la DEA, Osorio expresó abiertamente su intención de expandir el alcance de la estructura delictiva. “Quiero hacer crecer la organización criminal y podemos llegar a ser imparables”, manifestó el alto oficial en las conversaciones reveladas por el medio citado.

De igual forma, la DEA indica que, durante las conversaciones grabadas, se coordinó el envío adicional de tres toneladas de cocaína desde Colombia, además del cargamento incautado en Bélgica.

“En una conversación grabada, sujeto indagado explicó que los propietarios de la cocaína querían que los oficiales corruptos facilitaran el despacho de tres toneladas de cocaína desde Colombia adicionales”, destacó la agencia estadounidense.

Los agentes demostraron con estas pruebas cómo los funcionarios aprovechaban su capacidad de controlar procesos administrativos y de seguridad portuaria para el beneficio económico personal y de las bandas.

Este testimonio, junto con las evidencias materiales, refuerza la hipótesis de que los oficiales aportaban al desarrollo logístico y estratégico del tráfico internacional.

Esta estructura ilegal también generó una fortuna para los implicados: sus bienes, valorados en miles de millones de pesos, están bajo evaluación de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano avaló la extradición de uno de los oficiales implicados en la red ilegal para que responda ante la justicia internacional por sus delitos.

Las diligencias se centran en identificar a quienes, además de Osorio, formaban parte de la red de complicidad interna, con el propósito de desarticular los canales de corrupción utilizados por los carteles para asegurar el tránsito de droga a destinos internacionales.

Las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía evidencian la colaboración sistemática entre agentes del orden y narcotraficantes para el envío de cargamentos a gran escala, el manejo de recursos financieros derivados del tráfico ilícito y la puesta en marcha de mecanismos para burlar los controles legales en los puertos de Colombia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, de haber colaborado con “Los Chapitos” en el secuestro y asesinato de Alexander Meza León, informante de la DEA, en octubre de 2023.

Según la acusación, el mando policial habría recibido sobornos mensuales y facilitado la operación que terminó con la ejecución de Meza y otras 7 víctimas, según la acusación difundida este 29 de abril.

La investigación oficial detalla que Valenzuela Millán habría recibido al menos 30 mil pesos de Los Chapitos cada mes a cambio de permitir que el grupo criminal utilizara recursos y agentes de la Policía Municipal para sus operaciones.

Más de 40 elementos de la corporación también recibieron pagos, según documentos judiciales. El caso se procesa en el Distrito Sur de Nueva York.

Esta nueva acusación reveló que el 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo las órdenes de Valenzuela Millán detuvieron a Meza León y a uno de sus familiares en Culiacán y los entregaron a sicarios de "Los Chapitos".

Cabe señalar que “Néstor Isidro Pérez Salas, alias ”El Nini" fue acusado por la muerte de Meza León cuando se encontró con la justicia estadounidense.

Según la información atribuida a la investigación de la DEA y el Departamento de Justicia, la represalia se debió a que Meza León colaboraba con autoridades estadounidenses en investigaciones sobre el tráfico de drogas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus asociados.

La comunicación entre los involucrados se realizó por medio de teléfonos celulares para coordinar los secuestros y asesinatos, indicaron autoridades de EEUU.

Hasta el momento no se han revelado fotos de “Juanito”, pero se sabe que es un hombre de 35 años.

La muerte de las 8 personas, incluido Alexander Meza

En octubre de 2023, un comando armado, presuntamente bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, privó de la libertad en Culiacán a las siguientes personas:

• Alexander Meza León
• Germán Alexis Beltrán Gutiérrez
• Jesús Alberto Chaidez Beltrán (de 13 años)
• Alberto León Mendoza
• Joel Alejandro León Valenzuela
• Alexis Alberto Meza León
• Abel Ruiz Beltrán
• Kevin Aly Sarmiento Zavala
• Tres personas más cuya identidad permanece reservada (sobrevivientes)

La mañana del 28 de octubre, tras un operativo federal que incluyó patrullajes aéreos y terrestres, los cuerpos de ocho víctimas fueron localizados en calles de Tamazula, Durango, con huellas de violencia.

Junto a los restos fue hallada una cartulina con el mensaje: “Por sapos”, lo que reforzó la versión de que el crimen fue un acto de venganza relacionado con la colaboración Alexander Meza con autoridades estadounidenses.

Sobornos y acceso a recursos municipales

El Departamento de Justicia sostiene que Juan Valenzuela Millán operó como enlace entre “Los Chapitos” y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024.

Durante ese tiempo, se señala que permitió el uso de patrullas, información y apoyo logístico oficial para operaciones del cártel, incluida la localización y captura de personas.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Juan Valenzuela Millán recibía un soborno mensual de 30 mil pesos.

La acusación indica que los pagos mensuales garantizaban acceso irrestricto a la estructura y recursos de la policía local.

Cargos en Nueva York y consecuencias legales

El proceso contra Valenzuela Millán se lleva en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

La acusación detalla el uso del correo, medios e instalaciones de comercio internacional para cometer los crímenes, lo que permitió que la corte estadounidense asumiera jurisdicción.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, Juan Valenzuela Millán enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad de los delitos imputados, incluido el asesinato del colaborador de la DEA.

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a un familiar de esta persona, en un caso donde autoridades de Estados Unidos acusan a funcionarios de alto rango, incluidos actuales líderes políticos de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de drogas hacia ese país.

Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de secuestro con resultado de muerte.

La acusación sostiene que Millán habría recibido pagos mensuales de más de USD mil 600 (más de 28 mil pesos) por parte de la célula de los Chapitos a cambio de garantizar protección y acceso a la corporación policial.

La justicia federal de Estados Unidos señala que en octubre de 2023, Millán habría usado sus atribuciones dentro de la policía para coordinar el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes fueron torturados y asesinados. El motivo habría sido la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

La acusación formal, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, implica a funcionarios activos y ex funcionarios sinaloenses. Entre los mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares y Enrique Díaz Vega, además de altos ex mandos policiacos como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos, principalmente hacia Estados Unidos.

El caso alcanza a funcionarios en activo y ex altos mandos de Sinaloa

El expediente criminal, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, es la continuación de una serie de cargos emitidos desde 2023. Las autoridades estadounidenses atribuyen al menos 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, entre ellos miembros de la dirección principal, por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y por haber afectado de manera directa las operaciones del cártel.

Según la acusación, algunos ex funcionarios habrían participado de modo directo en hechos de violencia y represalias ordenadas por la organización criminal. En el caso de Millán, además de operar desde la policía municipal, habría utilizado a otros agentes como parte de la estructura de apoyo al narco, realizando arrestos, secuestros y asesinatos para mantener el control territorial en Culiacán bajo la tutela de los Chapitos.

Acusaciones por narcotráfico, armas y violencia en Culiacán

Los cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, así como secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer este delito. En Estados Unidos, los delitos que se le imputan conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Las pruebas presentadas por el Distrito Sur de Nueva York sostienen que el pago mensual a Millán, entregado por la facción de los Chapitos, era a cambio de garantizar un acceso “ilimitado” a la corporación policiaca de Culiacán. Esta complicidad habría facilitado labores de vigilancia, protección de cargamentos, así como operaciones de represión violenta contra presuntos informantes o rivales del cártel.

Por otra parte, la inclusión de funcionarios civiles, como el actual gobernador y miembros recientes de la administración del estado, coloca a la estructura del gobierno de Sinaloa bajo un intenso escrutinio internacional en materia de infiltración por el narco. Las autoridades estadounidenses acusan que la colaboración de estos funcionarios permitió sostener el tráfico internacional de drogas a gran escala y dificultó los esfuerzos de persecución de las agencias norteamericanas.

Estado de la acusación y alcances judiciales

El caso permanece bajo jurisdicción de la corte federal en Nueva York, donde se suma a una cadena de investigaciones que buscan desarticular las redes de connivencia entre autoridades mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Desde 2023, la fiscalía de dicho distrito ha presentado más de una treintena de acusaciones formales similares, dirigidas a desmantelar la protección institucional del narcotráfico sinaloense.

Las autoridades estadounidenses, representadas por Jay Clayton como fiscal federal y Terrance C. Cole de la DEA, insisten en que el involucramiento de altos mandos policiacos y gubernamentales representa uno de los principales obstáculos en el combate binacional al tráfico de drogas y a la violencia derivada de las pugnas internas por el control de la plaza en Sinaloa.

Según el expediente judicial, la pena de cadena perpetua es obligatoria en caso de una sentencia condenatoria para Juan Valenzuela Millán.

• Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la DEA y a un familiar en represalia por colaborar con autoridades estadounidenses.
• Las acusaciones incluyen a funcionarios activos y ex funcionarios estatales, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
• El expediente presentado en Nueva York contempla más de 30 acusaciones similares contra miembros y aliados del cartel desde 2023.

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua durante un operativo que el gobierno federal desconocía ha generado una polémica sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que la intervención fue con la autorización de la gobernadora panista María Eugenia Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. Hecho que representa una violación a la soberanía, según la mandataria federal.

En medio de este clima político, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló, desde su cuenta oficial en ‘X’ que el Movimiento de Regeneración (Morena) rechaza la cooperación con el gobierno que encabeza Donald Trump a través de “un falso escudo de nacionalismo y la supuesta defensa de la soberanía; los Morenonarcos se alejan de Estados Unidos. No por dignidad, ni patriotismo, sino por miedo”.

Motivos ocultos para que Morena rechace la cooperación con EEUU en materia de seguridad

De acuerdo con el líder del tricolor, el rechazo que tienen los militantes de Morena (partido con el que Sheinbaum llegó a la presidencia) para trabajar conjuntamente con las agencias de inteligencia norteamericanas como la CIA, la DEA y el FBI se debe a que temen ser investigados por sus vínculos con el narcotráfico.

“Saben que, tarde o temprano, la investigación tocará a sus puertas. Están muertos de miedo todos los narcopolíticos de Morena”, señaló Alejandro Moreno.

El senador lanzó una advertencia a los políticos que militan en el partido guinda: “Pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado”.

De acuerdo con el priista, Morena se niega a cooperar con Estados Unidos “no porque amen a México, sino porque temen a la justicia”, y esto, según Moreno Cárdenas, representa un gobierno que le teme “más a la verdad que al crimen”.

Políticos señalados por presuntos nexos con el narcográfico

En agosto de 2025, Infobae México reportó que el nombre de once funcionarios públicos revelados por la plataforma narcopoliticos.com, creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas junto con la organización civil Defensorxs, donde se acusa a estos políticos de estar presuntamente vinculados con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre ellos, se mencionó a:

Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en el portal por presuntamente haber trabajado primero con Los Zetas (hoy Cártel del Noreste) y, tras una supuesta traición, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La plataforma asegura que en enero de 2015 la entonces PGR presentó una acusación por el desvío de $209 millones durante la gestión de Gallardo como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El medio Diario 24 Horas señala que la investigación original habría abarcado una red de vínculos entre Gallardo y Los Zetas, hipótesis retomada más tarde por la UIF al analizar posibles transferencias de recursos hacia la organización criminal. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada judicialmente.

Entre la documentación figuraron referencias aportadas por los Guacamaya Leaks para el periodo 2016-2022. Allí, la Secretaría de la Defensa Nacional notificó sobre la supuesta relación de Gallardo con el CJNG. Al mismo tiempo, el Cártel del Noreste ha colocado narcomantas en las que advierte al gobernador por la presunta traición.

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán y militante de Movimiento Ciudadano, figura en la lista por supuestos nexos con el CJNG. Según narcopoliticos.com, en diciembre de 2024 la funcionaria encabezó el aniversario 193 del municipio, evento durante el cual se repartieron juguetes donados por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La entrega fue acompañada de una lona donde podía leerse: “Los niños de Coalcomán agradecemos al sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos”. El fiscal de Michoacán informó el 15 de enero que Anavel Ávila Castrejón está bajo investigación por participar en estos actos públicos.

Entre los gobernadores señalados está también Rubén Rocha Moya, titular del ejecutivo en Sinaloa por Morena. La plataforma, citada por Infobae México, alega que Rocha Moya tiene una “ficha roja” en Estados Unidos relacionada con El Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Esta ficha estaría motivada por la supuesta relación del gobernador con ese grupo tras la muerte de Héctor Melesio Cuén en julio de 2024, ocurrida durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo líder del cártel.

El sitio sostiene que Rocha Moya habría utilizado la estructura del Cártel de Sinaloa para lograr la gubernatura y consolidar su votación. Una carta atribuida a Zambada señala que se había convocado a una reunión para dirimir diferencias entre figuras políticas sinaloenses, reunión a la que estarían citados Iván Archivaldo Guzmán, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), desde una torre de 21 pisos en Ciudad Juárez opera la Plataforma Centinela, un sistema que, según las autoridades, concentra 10 mil cámaras, 75 drones, lectores de placas y reconocimiento facial para vigilar ciudades, carreteras y cruces fronterizos en tiempo real.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación entre México y Estados Unidos. A semana de que trascendiera que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua —en una operación que el gobierno federal desconocía—, Chihuahua presenta una plataforma cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP coordinando operativos en la franja fronteriza.

La infraestructura, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, se posiciona, según sus impulsores, como la torre de seguridad más equipada de América Latina.

Tres pisos, tres niveles de respuesta

La Torre Centinela no es solo una sala de monitoreo. Su arquitectura operativa revela cómo funciona la cadena de mando:

• Piso 16: personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) monitorea en tiempo real las miles de cámaras distribuidas en el estado.
• Piso 17: el equipo de inteligencia policiaca revisa imágenes hacia atrás para reconstruir hechos delictivos.
• Piso 18: cuando un caso tiene implicaciones federales o binacionales, se activa la coordinación con FGR, Guardia Nacional, FBI, CBP y DEA, todos con presencia física en ese nivel.

La lógica es escalar la información según su complejidad, no duplicarla.

Qué puede ver y rastrear el sistema

Las 3 mil cámaras tipo PTZ —que rotan, hacen zoom y amplían su campo de visión de forma remota— permiten a los agentes obtener imágenes claras antes de intervenir en un sitio. Las mil 791 lectoras de placas registran cada vehículo que cruza zonas estratégicas y carreteras.

Con un número de placa, el sistema rastrea en segundos cuándo y por dónde pasó un vehículo, quién lo conduce y qué ruta siguió. Incluso detecta matrículas sobrepuestas: si la placa no corresponde con el número de serie del vehículo, el sistema lanza una alerta automática.

A eso se suman 75 drones para zonas de difícil acceso y sistemas antidrones para neutralizar aeronaves usadas por grupos criminales, obligándolas a aterrizar o regresar a su punto de origen.

Los “escorpiones”: centros de mando sobre ruedas

Uno de los elementos menos conocidos de la plataforma son las unidades llamadas escorpiones: vehículos que funcionan como centros de mando móviles con videovigilancia, lectores de placas y reconocimiento facial incorporados. Operan con paneles solares o generadores, sin necesidad de personal permanente en el sitio.

Fueron desplegados, por ejemplo, en Cerocahui, localidad de la Sierra Tarahumara sin redes de comunicación, tras el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en 2022.

13 subcentros y la red que cubre el estado

La Torre Centinela no opera sola. Se alimenta de 13 subcentros distribuidos estratégicamente en Chihuahua, desde la franja fronteriza hasta la sierra. Actualmente 11 están en operación y cada uno extiende su cobertura a municipios colindantes, reduciendo tiempos de respuesta y cerrando los puntos ciegos del territorio.

El objetivo declarado por Gilberto Loya, secretario de la SSPE, es que ningún punto del estado quede fuera del alcance de esta red.

Una operación conjunta entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió la detención de cinco integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales en la provincia de Limón, Costa Rica.

Los arrestos tuvieron lugar tras un año de investigación, centrada en la comunidad de Cahuita, donde los agentes realizaron ocho allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al grupo, incluyendo un hotel, un bar, una empresa de prefabricados de concreto y varias viviendas, según medios costarricenses como Diario Extra, AM Prensa y La Teja.

De acuerdo con la información oficial, la estructura criminal utilizaba negocios formales y bienes de alto valor para legitimar el dinero proveniente del narcotráfico. Entre las principales estrategias detectadas por las autoridades figura la adquisición de vehículos de lujo y la inversión en empresas y hospedajes, que servían como fachadas para canalizar y ocultar el origen ilícito de sus recursos. El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó ante medios de Costa Rica que estos esquemas responden a patrones típicos de legitimación de capitales, donde los sospechosos buscan introducir recursos ilegales en la economía formal mediante compras e inversiones.

La operación, según los medios costarricenses, resultó en la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes según las investigaciones mantenían el control de la venta local de drogas a través de varios puntos de distribución. Entre los detenidos se encuentra Carlos Vaz Mc Leod, empresario de 46 años, señalado como presunto líder de la organización y conocido por sus vínculos con alias “Pecho de Rata”. Vaz fue arrestado en Cahuita el martes 21 de abril y permanece bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

Las pesquisas revelaron que esta banda operaba inicialmente como una facción del llamado “Cártel Caribe”, liderado por “Pecho de Rata”, y posteriormente se independizó tras la captura de ese cabecilla. El grupo utilizaba la fachada de empresas comerciales para facilitar el funcionamiento de la organización, permitiendo el control de los puntos de venta de droga en la zona y desviando la atención de las autoridades sobre el origen del dinero.

Entre la evidencia decomisada durante los allanamientos figuran armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, drogas y documentación relevante para la investigación. Los agentes continúan el rastreo y aseguramiento de bienes que podrían estar relacionados con las actividades ilícitas de la organización, según los medios de Costa Rica.

El caso sigue en investigación y las autoridades no descartan futuras detenciones, ya que se mantienen en curso diligencias para ubicar a otros sospechosos vinculados con la estructura criminal. Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como objetivo debilitar las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico y la legitimación de capitales, al afectar los mecanismos que utilizan para ocultar y reinvertir el dinero generado por estas actividades.

La investigación también permitió identificar que el líder detenido, Carlos Vaz, figuró en el pasado como fiscal de un partido político limonense, el Partido Auténtico Limonense, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, reportes oficiales señalan su presencia en incidentes violentos ocurridos en la región en años anteriores.

Tanto el operativo como la investigación han sido coordinados por el Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ y autoridades internacionales, quienes han destacado la importancia de frenar el flujo de recursos ilícitos para combatir el narcotráfico y sus redes de lavado de dinero.

La designación de 23 individuos y empresas por parte de las autoridades de Estados Unidos reveló este jueves una sofisticada red de tráfico de precursores químicos, cruciales para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.

Entre las personas arrestadas destaca el caso de Karina Guadalupe C.T, señalada por la DEA como una de las líderes femeninas más influyentes en la logística de precursores del Cártel de Sinaloa. Su detención en marzo de 2026, tras meses de seguimiento, expone la creciente relevancia de mujeres en posiciones clave dentro de la estructura criminal.

Karina C.T y su liderazgo en la logística del CDS

El papel de Carrillo Torres ha sido descrito como estratégico: supervisaba cadenas de suministro, gestionaba empresas fachada y facilitaba la compra internacional de químicos procedentes principalmente de Asia. De acuerdo con fuentes oficiales, la detenida mantenía vínculos directos con integrantes de alto rango del cártel, actuando como nexo entre proveedores extranjeros y laboratorios mexicanos.

A raíz de los hechos, la presencia femenina en la operación logística del narcotráfico químico no es un hecho aislado. Las mujeres han pasado de ocupar roles tradicionalmente secundarios a ocupar posiciones de liderazgo en áreas de administración, transporte y lavado de activos. Este cambio responde, en parte, a la necesidad de sofisticar las operaciones y reducir la visibilidad ante las autoridades.

El Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como la organización criminal transnacional más grande del mundo, ha diversificado su estructura interna para adaptarse a la presión internacional. La red abarca más de 40 países y emplea a decenas de miles de personas, con una capacidad operativa que va desde la producción de fentanilo y metanfetamina hasta la distribución global y el blanqueo de capitales.

Tras la detención de líderes históricos como Ismael “El Mayo” Zambada-García y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cártel ha experimentado una fragmentación en facciones como “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Este contexto ha favorecido la emergencia de nuevos actores, incluidas mujeres, en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Empresas fachada y redes internacionales: la sofisticación logística

El arresto de Carrillo Torres ilustra cómo las mujeres han accedido a la gestión de empresas pantalla, clave para ocultar movimientos financieros y adquisición de insumos prohibidos. Expertos señalan que su perfil combina discreción, capacidad de negociación y una red de contactos internacionales, lo que les permite evadir controles y sostener el flujo de precursores esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.

Las investigaciones de las autoridades estadounidenses han detectado la utilización de negocios fachada para el tránsito de productos químicos, frecuentemente camuflados en cargamentos legales. La participación femenina en la administración de estas empresas ha contribuido a diversificar los métodos de ocultamiento y a fortalecer la resiliencia de la red criminal.

El Cártel de Sinaloa ha perfeccionado sus canales de importación de precursores, principalmente desde China e India, para abastecer laboratorios en el norte y occidente de México. La logística involucra múltiples capas de intermediarios, transportistas y operadores financieros, entre los que cada vez es más frecuente la presencia de mujeres con formación en comercio internacional y finanzas.

Esta sofisticación ha permitido al cártel mantener la producción a pesar de los esfuerzos internacionales para restringir el acceso a químicos esenciales. La reducción de la pureza del fentanilo detectada en los últimos años estaría relacionada con estas restricciones, aunque la organización ha logrado compensar esas limitaciones mediante innovación química y nuevas rutas de suministro.

En el caso de las mujeres líderes, como Carrillo Torres, su papel no se limita a la importación de insumos. También coordinan la distribución interna y la reconversión de empresas, lo que facilita el reciclaje de ganancias ilícitas en el sistema financiero legal. Esta capacidad de adaptación ha sido reconocida por autoridades estadounidenses como uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico.

Desafíos para la DEA y el futuro del liderazgo femenino del CDS

El Cártel de Sinaloa ha expandido su alcance más allá de las fronteras mexicanas, consolidando alianzas con redes criminales globales y utilizando mecanismos avanzados de lavado de dinero. El empleo de criptomonedas, bancos subterráneos y empresas fachada ha complicado la trazabilidad de los flujos financieros, una tarea en la que la intervención femenina ha resultado determinante.

Según la DEA, el impacto del cártel en Estados Unidos es devastador: la organización es responsable directa de buena parte de las más de 84 mil muertes por sobredosis registradas en 2024, principalmente a causa de fentanilo y metanfetamina. El uso de redes sociales y mensajería instantánea ha facilitado la distribución y el reclutamiento de nuevos integrantes, incluso adolescentes.

El avance de mujeres en la estructura logística del narcotráfico responde, según los hechos, a una combinación de factores: la necesidad de diversificar perfiles, el aumento de controles sobre operadores masculinos y la percepción de menor sospecha por parte de autoridades. Esta tendencia ha generado una nueva dinámica interna y ha obligado a las agencias antidrogas a replantear sus estrategias de investigación.

La detención de las 23 personas, con la inclusión de figuras femeninas en puestos clave, evidencia la evolución del Cártel de Sinaloa hacia una estructura más compleja y menos predecible. Las investigaciones continúan, y las autoridades esperan que estos arrestos permitan desmantelar nuevas células y revelar la profundidad de la participación femenina en el tráfico de precursores.

El nuevo rol de las “buchonas” en la estructura criminal

En los últimos años, el término “buchona” ha pasado de referirse únicamente a las parejas de narcotraficantes, a designar a mujeres con roles cada vez más activos dentro de las organizaciones criminales mexicanas. Según la tesis de Alejandra León para El Colegio de la Frontera Norte, estas mujeres moldean su imagen para encajar con los estereotipos de la narcocultura, pero su función va mucho más allá de la apariencia.

El especialista en seguridad Ghaleb Krame sostiene que el papel de las buchonas ha evolucionado: ya no se limita al acompañamiento, sino que abarca tareas operativas como mensajería financiera, intermediación y exploración para las células criminales. Krame describe casos en los que estas mujeres viajan con pasaportes limpios, hablan inglés y pasan desapercibidas, convirtiéndose en piezas clave para la logística y la negociación.

Para Krame, la imagen mediática de la buchona como “la novia del narco” es solo la superficie. Las organizaciones criminales valoran su capacidad de operar con bajo perfil y de utilizar lo que el experto llama “poder blando”. Una mujer con visa limpia y disciplina puede resultar más útil que un grupo de hombres armados, facilitando operaciones sensibles sin levantar sospechas.

El fenómeno incluso ha llegado a la política, con buchonas participando en campañas locales o aspirando a cargos públicos. Este cruce entre lo criminal y lo político fortalece una red narco-estado donde el respaldo económico y la intimidación silenciosa consolidan su influencia. La estética y el poder ya forman parte del mismo engranaje, donde la mujer no es solo acompañante, sino un nodo esencial para el funcionamiento del cartel.

El caso de Karina Guadalupe C.T se perfila como un punto de referencia en el análisis de género dentro del crimen organizado. Su arresto, lejos de ser un hecho aislado, anticipa el surgimiento de nuevas liderazgos femeninos en la logística criminal, una tendencia que podría reconfigurar el mapa del narcotráfico en los próximos años.

Un piso completo del edificio de seguridad más moderno de Chihuahua estaría destinado a operar como búnker permanente de agentes extranjeros. El nivel 18 de la Torre Centinela —sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Ciudad Juárez— habría sido asignado a personal de la DEA, FBI, HSI y CBP, de acuerdo con declaraciones del director de la corporación policiaca estatal, Gilberto Loya Chávez.

El anuncio llega en uno de los momentos más tensos de la relación México-Estados Unidos: apenas días después de que se revelara que dos agentes de la CIA habrían muerto en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua, en una operación que el gobierno federal asegura desconocía.

Qué harían las agencias de EU desde la Torre Centinela

Según Loya Chávez, la presencia estadounidense en el edificio se limitaría a tareas de análisis e intercambio de inteligencia:

• Analistas y personal técnico de DEA, FBI, HSI y CBP operarían desde el piso 18
• El esquema también contemplaría la participación de Sedena, Semar, SSPC y Guardia Nacional
• El acuerdo habría sido gestionado desde octubre pasado
• Las agencias no realizarían trabajo policiaco en campo, según las autoridades estatales

“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, declaró el funcionario.

El edificio que ya operaría —y lo que aún faltaría autorizar

La Torre Centinela habría arrancado operaciones el lunes pasado con 150 trabajadores distribuidos en los pisos 13, 14 y 15, dedicados a inteligencia, análisis táctico y videovigilancia, según el vocero de la dependencia, Jorge Armendáriz.

El centro de fusión concentraría tecnología de punta para investigar:

• Tráfico de migrantes y armas
• Narcotráfico
• Delincuencia organizada

Sin embargo, el propio director Loya reconoció que los procesos formales aún no habrían concluido: “en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”, dijo.

El nudo legal: soberanía y líneas que no deben cruzarse

La declaración del funcionario chihuahuense expone una tensión que ya tiene nombre propio en el debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con una agencia extranjera —en referencia al episodio de la CIA— sin notificar a la Cancillería, en posible violación de la Ley de Seguridad Nacional.

Esa misma ley sería la que el estado de Chihuahua deberá cumplir para formalizar la presencia de las agencias en la Torre Centinela. Por ahora, las autoridades estatales aseguran que la colaboración en curso sería suficiente bajo sus facultades locales —una interpretación que, a la luz del conflicto diplomático reciente, el gobierno federal podría no compartir.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un toque de queda nocturno en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en otras provincias y localidades estratégicas, a partir del 3 de mayo.

La restricción, que busca contener el avance del narcotráfico y reducir la violencia, estará vigente hasta el 18 de mayo y limitará la circulación desde las 23:00 hasta las 5:00.

La medida, que abarca nueve provincias y varios municipios, se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero y recientemente prorrogado para hacer frente al aumento de la criminalidad.

Noboa subrayó que la decisión responde a la necesidad de “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia estatal en los territorios priorizados”.

El gobierno aspira a replicar los resultados de operativos anteriores, que incluyeron detenciones, decomisos de armas y la destrucción de pistas clandestinas usadas por organizaciones criminales.

El toque de queda afectará a Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de zonas específicas en Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

La prohibición de circulación nocturna se suma a la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo coordinado con fuerzas de seguridad para intensificar los controles.

Las autoridades justificaron la orden al señalar que Ecuador es actualmente un punto clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, ya que por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.

Esta situación ha alimentado una escalada de violencia que posicionó al país con uno de los índices de homicidios más altos de la región: en 2025 se registraron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 9.300 homicidios el año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado su respaldo a la política de mano dura implementada por Noboa. Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas. Según la embajada estadounidense, se analizaron estrategias para profundizar la colaboración bilateral ante el avance de las redes criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró a Ecuador en “conflicto armado interno”, una figura legal que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Bajo este esquema, el gobierno ha endurecido las acciones contra las bandas, a las que califica de “terroristas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de abusos y excesos en los procedimientos policiales y militares.

Cambios en los ministerios de Salud y Energía

Junto con las nuevas medidas de seguridad, el presidente Noboa anunció ajustes en su gabinete. Jaime Bernabé Erazo fue designado como nuevo titular del Ministerio de Salud, asumiendo el cargo de manera inmediata.

En el área energética, se prevé el nombramiento de una nueva autoridad a partir del 30 de abril, con el objetivo de fortalecer la red nacional y garantizar el suministro en medio de la crisis.

Durante este período, el gobierno implementará acciones para estabilizar la infraestructura y asegurar el acceso a servicios básicos en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso un alivio temporal en las tarifas eléctricas para las familias impactadas por la tormenta solar, con un subsidio de hasta 180 kWh por hogar. La administración busca así responder tanto a la emergencia de seguridad como a los desafíos en materia de servicios públicos.

(Con información de Reuters y AFP)

El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, visitó el sábado Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y los principales responsables de seguridad del país, en una jornada que subrayó el peso de la alianza bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los encuentros tuvieron lugar en Guayaquil, la mayor ciudad del país y epicentro de la violencia criminal que azota al Ecuador desde hace tres años.

La Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó la visita y precisó que Cole también se reunió con el ministro del Interior, John Reimberg, y con altos mandos de las cúpulas militar y policial. En los encuentros se analizaron estrategias para profundizar la cooperación antidrogas y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Noboa señaló en sus redes que ambos países “suman esfuerzos” para enfrentar esas amenazas.

La visita se produce en el momento de mayor intensidad de la relación de seguridad entre Quito y Washington en al menos tres décadas. Desde diciembre de 2025, personal de la Fuerza Aérea estadounidense opera de forma temporal en la base de Manta, bajo el amparo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y otros acuerdos suscritos durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en 2024. En marzo de 2026, el Comando Sur difundió imágenes de una operación conjunta nocturna contra instalaciones del grupo delictivo Comandos de la Frontera. A esa presencia se suma el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de unidades locales.

Ecuador llegó a ese punto de estrecha colaboración tras convertirse en escenario de una crisis de violencia sin parangón. El país cerró 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, según el organismo de monitoreo ACLED. El total de asesinatos superó los 9.200, frente a los 7.063 de 2024 y los 8.248 de 2023. Nueve de cada diez casos guardan relación con la violencia criminal, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentró casi la mitad de los homicidios.

La escalada tiene raíces estructurales. Ecuador pasó en la última década de ser un país de tránsito para la cocaína andina a convertirse en un nodo logístico del narcotráfico global, con bandas como Los Choneros y Los Lobos disputándose el control de puertos y rutas de exportación. La captura en 2025 de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, no contuvo la violencia: según ACLED, aceleró la fragmentación de los grupos y desató nuevos enfrentamientos, sobre todo en la provincia de Manabí.

La respuesta de Noboa pivotó sobre la militarización. En enero de 2024 declaró un conflicto armado interno y desplegó el Ejército en calles y cárceles. En noviembre de 2025 buscó autorización ciudadana, mediante referéndum, para instalar bases militares extranjeras permanentes, pero cerca del 60% de los votantes la rechazó. El gobierno optó entonces por intensificar la cooperación bajo los marcos legales vigentes, que permiten presencia temporal sin necesidad de reformar la Constitución.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado sitúa a Ecuador en el cuarto puesto mundial de su índice de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10. Para Washington, el país andino es hoy su principal socio antidrogas en la región, papel que Noboa ha cultivado como eje de su política de seguridad y que la administración Trump ha correspondido con una escalada operativa en el Pacífico sur que no tiene precedente desde el cierre de Manta hace dieciséis años.

En lo que representa un giro histórico en las políticas de seguridad nacional y cooperación internacional, Costa Rica ha comenzado a recibir un despliegue permanente de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente del país, busca blindar las fronteras y el territorio costarricense ante el avance sostenido de las estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la región.

El contingente estadounidense, compuesto por una robusta planilla de investigadores de campo, especialistas técnicos y personal administrativo, no operará de forma aislada. Según confirmó Claire Thomas, encargada de prensa de la Embajada de EE.UU, los funcionarios se han establecido en las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José.

Desde ese centro neurálgico, se coordinarán acciones de inteligencia y operativos tácticos de última generación, utilizando tecnología de punta para la detección y neutralización de cargamentos de droga y redes de lavado de dinero.

Este movimiento no es casualidad. Responde a la implementación del programa regional “Escudo de las Américas”, una estrategia diseñada por Washington para fortalecer las capacidades de respuesta de sus aliados estratégicos en el continente.

En el caso del país tico ha pasado de ser una zona de tránsito a un punto crítico de almacenamiento y logística para los carteles, lo que ha disparado las tasas de criminalidad interna y ha convertido la seguridad en la principal preocupación de la ciudadanía.

La importancia de este apoyo para la seguridad y soberanía de Costa Rica

La llegada de estos especialistas técnicos y operativos marca un hito por varias razones fundamentales. En primer lugar, la transferencia de capacidades tecnológicas. El acceso a herramientas de interceptación, análisis de datos masivos (Big Data) y vigilancia satelital que aporta el gobierno estadounidense permite a las autoridades costarricenses nivelar la cancha frente a organizaciones criminales que cuentan con presupuestos multimillonarios y armamento de guerra.

En segundo lugar, este despliegue cobra una relevancia jurídica crucial gracias al tratado de extradición actualizado entre Costa Rica y Estados Unidos en 2025. La presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI en San José facilita la construcción de expedientes judiciales sólidos que pueden ser procesados en cortes estadounidenses.

Esto envía un mensaje contundente a los líderes del narcotráfico: la impunidad se reduce drásticamente cuando las investigaciones conjuntas pueden derivar en sentencias fuera de las fronteras nacionales, donde el poder de corrupción de las bandas criminales es nulo.

Al integrar bases de datos de inteligencia regional, el país puede anticipar movimientos de embarcaciones en el Pacífico o aeronaves sospechosas antes de que ingresen a aguas jurisdiccionales.

Finalmente, este apoyo robustece la confianza institucional. En un contexto donde el narcotráfico intenta infiltrar las estructuras estatales, la colaboración estrecha con agencias internacionales bajo estrictos protocolos de confianza ayuda a depurar y fortalecer los cuerpos policiales locales. El despliegue en Pavas no solo simboliza una alianza militar o policial, sino un compromiso político de largo plazo para recuperar la paz social en Costa Rica.

A medida que el personal operativo comienza sus funciones, el país entra en una nueva fase de su lucha contra el crimen organizado, donde la tecnología de última generación y la cooperación judicial serán las armas principales para desarticular las redes que amenazan la estabilidad democrática de la nación.

Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la división cono sur de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agencia antidrogas estadounidense. En los encuentros también estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, y uno de los temas centrales fue el uso del fentanilo, el potente opioide conocido como “droga zombie”.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado uruguayo, Mario Layera, fue quien entrevistado en La Diaria Radio dio a conocer este detalle.

Uruguay está en alerta desde hace tiempo por el posible ingreso del fentanilo al país. Su poder es tal que unos pocos miligramos puede intoxicar a muchas personas. En enero de 2025, a pocos meses del cambio de autoridades en el país, el gobierno admitió que sería “muy difícil” evitar el ingreso de este sintético.

“Fue uno de los temas que expuso Estados Unidos, justamente, en forma –diríamos– preventiva. Se estima –y ha sido la conducta que se ha seguido o la tendencia– que las cosas que suceden en diferentes países, a veces, con un mercado mayor, luego se contamina o se continúan por toda la región”, dijo el jerarca, consignó El Observador.

“Vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo. Por ahora, el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente”, agregó.

En noviembre de 2024, por ejemplo, la dirección del hospital público Maciel de Montevideo presentó una denuncia e inició una investigación administrativa luego de constatar que le faltaban al menos 12 ampollas de fentanilo, que fueron robadas de un block quirúrgico. Esa vez, las autoridades estimaban que el robo fue para revender la droga porque era una cantidad muy grande para el consumo personal.

Para Layera, Uruguay no es ajeno a esta realidad y recordó que el país mantiene en estado de alerta a todas las instituciones por este tema.

“Todas las unidades de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta. Están viendo y observando. Se van a continuar las reuniones a los efectos de ir estableciendo realmente en qué situaciones estamos. Hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal y que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia como se ha observado en otros lugares”, señaló Layera.

Durante el gobierno anterior, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, había advertido en una entrevista con En Perspectiva el efecto que puede tener el fentanilo en la población.

“La diferencia que tiene el fentanilo con otras sustancias es que hablamos de microgramos. O sea, con dosis muy pequeñas… A veces dicen: ‘¿Cómo no hacen nada para que no entre?’. Hay que hacer todos los esfuerzos, pero con lo que entra en el grafo [la mina] de un lápiz intoxicamos a un pueblo”, afirmó, en esa vieja entrevista.

Todos los opioides, explicó, se utilizan para “reducir el dolor” y no solamente el físico: también “el espiritual”. “Entonces, en sectores excluidos de la sociedad, juega un papel. Por eso es una droga que afecta particularmente a estos sectores”, comentó.

El crecimiento del consumo de la droga en Estados Unidos fue parte de un “contexto histórico particular” porque un laboratorio promovió sustancias adictivas. Cuando se conoció públicamente esta práctica ilegal y se iniciaron los controles, ya había “un montón” de adictos. Adquirir las sustancias del laboratorio fue cada vez más difícil y las personas comenzaron a comprar heroína, pero hubo problemas de stock. “Ahí fue que los narcos introdujeron el fentanilo”, relató Radío.

Un centro de ventas de pasajes aéreos localizado en la exclusiva zona de El Poblado, en Medellín, Antioquia, fue identificado como punto de conexión clave entre narcotraficantes internacionales y la mafia radicada en Dubái, según reveló El Tiempo.

Los capos lo utilizaban para movilizarse en viajes de placer y evadir a las autoridades, mientras las pesquisas cruzan fronteras entre Europa, Colombia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al menos cinco detenciones de mafiosos de diversas nacionalidades —españoles, británicos, centroamericanos y colombianos— están listas en la ciudad más poblada de la federación soberana de siete emiratos situada en el golfo Pérsico.

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Las capturas iniciaron a mediados de marzo de 2026 con el arresto de un colombiano apodado “Burger King”, requerido por una corte de Texas, que fue aprehendido en un vuelo con destino a Bali. Este dato, omitido en la mayoría de las coberturas internacionales sobre las redes delincuenciales en Dubái, permite entender el alcance de la colaboración entre autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y España.

La agencia de viajes de Medellín, nexo entre capos y Dubái

Diversos boletos aéreos, que sirvieron a capos de la droga para desplazarse a Grecia, asistir a bodas en Italia e incluso escapar de la persecución policial en Holanda, fueron expedidos en el local medellinense. Una fuente federal detalló al medio citado que: “La mayoría de sus clientes no están en Itagüí ni Bello, sino en Dubái”. El destino lujoso, conocido por su aparente hermetismo y exclusividad, se convirtió en refugio para quienes intentan permanecer alejados del radar del FBI y la DEA.

La agencia, operada por un colombiano apodado “Calvete”, aparece como más que intermediaria. El Tiempo accedió a chats y fotografías que demuestran su vínculo con al menos tres capos investigados, donde incluso gestionaba encuentros sociales y operaciones asociadas con el tráfico de drogas.

Entre los clientes figura Ignacio Torán, arrestado en febrero en España y señalado como líder de una red transnacional de narcotráfico bajo la tutela de Óscar Sánchez Gil, alias el Anodino, que previamente fue inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Durante semanas, las agencias antimafia siguieron a Torán y Sánchez, documentando reuniones en las que, según las pruebas citadas, Sánchez suministraba información sobre cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Ecuador.

Uno de los chats que vinculan a la agencia con la organización criminal, fechado el 26 de mayo de 2024 y divulgado por el periódico citado, presenta una invitación directa de Torán: “Vente a Dubái, así estamos los tres y es el cumple de mi amigo ‘Peri’. Tenemos barco. Vennnn (sic), no cambies el tema, Dubái te espera”. Perikles David Daremas, “Peri”, portador de pasaporte británico y también bajo investigación, es identificado en los archivos de la policía europea.

Rutas de lavado, apoyo local y nuevas investigaciones

Las transacciones económicas entre los miembros de la red incluyen pagos en efectivo y la supuesta venta de relojes de lujo, elementos que permitieron seguir el rastro del dinero ilícito. Una de estas operaciones se realizó a través de un sujeto de origen centroamericano, con montos considerados millonarios por los investigadores.

Además del intermediario en viajes, las autoridades investigan la identidad de un miembro de la Policía de Colombia que proporcionaría información sobre contenedores destinados a Europa. Chats bajo observación de agencias antimafia citados por elismo medio señalan que este enlace envía listados semanales de contenedores, alertando a la organización sobre inspecciones inminentes en la cadena logística.

Óscar Sánchez, identificado en el proceso judicial, expuso en uno de los mensajes: “Tienen ellos un enlace en Colombia que les da un listado todas las semanas de contenedores. Entonces, se revisan así”. También se mencionó una exportadora de fruta colombiana implicada en la introducción de cocaína a Europa, con la estrategia de enviar primero cargamentos sin droga para no levantar sospechas y posteriormente incluir hasta dos envíos semanales de sustancias ilícitas.

La red, además, operaba mecanismos sofisticados de lavado de dinero a través de concesionarios de vehículos y un grupo financiero, tal como consta en los expedientes en poder de las autoridades. La fase siguiente de la investigación apunta al uso de fondos del narcotráfico para adquirir propiedades de alto valor tanto en Dubái como en Colombia.

En esta cadena delictiva fueron identificadas empresas y personas que, tras la revelación de estos vínculos, enfrentan inminentes órdenes de captura simultáneas en Dubái, Colombia y España, como parte de una ofensiva coordinada entre estos países para desarticular la estructura criminal.

El gobierno de Estados Unidos resaltó este viernes el trabajo en conjunto que realiza con Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

A través de una publicación en las redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado del país norteamericano, se brindaron detalles de los operativos que realizaron en Argentina junto con la DEA en 2025.

"Solo en 2025, las unidades de lucha contra el narcotráfico apoyadas por la INL y la DEA en Argentina confiscaron más de 1260 kg de cocaína y miles de dosis de drogas sintéticas, además de arrestar a 35 narcotraficantes. La cooperación mantiene las drogas mortales fuera de las calles estadounidenses", indicó el posteo del ente gubernamental estadounidense.

Los números especificados a través de una imagen que acompañó el texto expusieron que se secuestraron, además de los 1.260 kilos de cocaína, 12.900 pastillas de MDMA, 1.257 cartones de LSD y 250 gramos de anfetaminas. Además, se detuvo a 35 narcotraficantes.

A principios de este mes, el 7 de marzo, Argentina, con la presencia de Javier Milei, acompañó la iniciativa Escudo de las Américas propuesta por Donald Trump, a través de la cual el jefe de Estado norteamericano, apoyado por mandatarios de doce países, pretende enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China.

La alianza es inédita porque combina la acción diplomática anunciada por Trump a través del Escudo de las Américas con un acuerdo militar firmado hace por el Pentágono y veinte países de la región.

En la actual coyuntura global, a Washington le interesa combatir un crimen trasnacional en sistemático ascenso: la profunda relación que une a los carteles de la droga de América Latina con las células encubiertas del grupo terrorista Hezbollah, que operan en la región por cuenta y orden de Teherán.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, exclamó Trump durante el lanzamiento de la iniciativa.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas, junto a Estados Unidos.

La arquitectura diplomática y militar del Escudo de las Américas fue diseñada por Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- bajo las órdenes directas de Trump.

Antes de concluir la ceremonia, Trump firmó la declaración política que inició formalmente al Escudo de las Américas.

Esa declaración establece lo siguiente:

1. Los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.
2. Estados Unidos y sus aliados deberían coordinarse para privar a estas organizaciones de todo control territorial y de acceso al financiamiento o a los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.
3. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles y su capacidad de exportar violencia y buscar influencia mediante la intimidación organizada
4. Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental.

El punto cuatro de la declaración formal de Trump explicita sin nombrarlo al principal enemigo global de Estados Unidos: China.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

Mientras el ELN se sentaba a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro, documentos judiciales a los que tuvo acceso El Colombiano muestran que la guerrilla coordinaba un intercambio de armas por cocaína con Antoine Kassis, primo segundo del dictador sirio Bashar al‑Asad. Los registros dejan al descubierto la doble vida de los insurgentes, quienes, pese a los compromisos con la paz, mantenían nexos con redes criminales internacionales.

Los expedientes consultados incluyen el Caso N°1:25-CR-51 de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, junto con documentos judiciales en Colombia, y permiten reconstruir cómo se gestó esta operación transnacional. Según los papeles, los acercamientos entre Kassis y el ELN comenzaron en abril de 2024, cuando el primo de Al‑Asad, desde su residencia en Líbano, ofreció su infraestructura para coordinar un negocio ilícito de narcotráfico y armas.

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Los documentos detallan con precisión la logística planificada en temas como transporte de armas, selección de arsenales, rutas internacionales de cocaína y mecanismos de lavado de activos mediante cuentas bancarias y criptomonedas. Incluso se registran intercambios de mensajes entre los involucrados que prueban la intención de concretar el trueque.

Intermediarios colombianos y manejo de capitales

Según los documentos, los intermediarios en Colombia fueron Alirio Rafael Quintero Quintero (“Ramsés” o “Rafa”) y Wisam Kherfan Okde (“Plumita” o “Simón”), sindicados de mover fondos de origen ilícito para el ELN y otros grupos criminales.

La Fiscalía de Estados Unidos le atribuye a Quintero dos transferencias realizadas en febrero de 2023 y abril de 2024, por un total de US$1’081.579 (aproximadamente 3.968 millones de pesos), que fueron convertidos en criptomonedas y distribuidos a través de plataformas virtuales. Los registros muestran cómo Kherfan supervisó la distribución internacional de estos fondos y coordinó contactos con operadores en Ghana y Marruecos.

La mesa de paz y la política colombiana

Los papeles consultados muestran que, mientras ocurrían estas negociaciones ilícitas, el ELN congeló unilateralmente la mesa de paz con el Gobierno, alegando incumplimientos en compromisos económicos y legales. Sin embargo, los documentos evidencian que los planes de trueque con Kassis continuaron pese a la suspensión de los diálogos.

El ataque con cilindrosbomba en Arauca, ocurrido en septiembre de 2024 y que dejó dos militares muertos y 25 heridos, aceleró la urgencia de adquirir armas. Los registros judiciales también reflejan que, tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad en diciembre de 2024, la guerrilla mantuvo la coordinación con Kassis para continuar con la operación de intercambio, incluso planeando reuniones en Nairobi, Kenia.

La intervención de la DEA

Los documentos detallan que la DEA interceptó la negociación en Nairobi, reemplazando al inspector de armas del ELN. Antoine Kassis fue capturado en el hotel Windsor y semanas después extraditado a Estados Unidos. Según los registros judiciales, el jurado lo halló culpable de conspiración para el narcoterrorismo y de proveer recursos a una organización terrorista extranjera. La sentencia está prevista para el 2 de julio, con una condena mínima de 20 años, aunque los cargos podrían implicar cadena perpetua.

Situación de los intermediarios y seguimiento judicial

Los papeles judiciales consultados por el medio también documentan que Quintero y Kherfan fueron capturados en Colombia y permanecen en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá. Ambos han presentado acciones legales para impedir su traslado a Estados Unidos, alegando supuestos montajes judiciales de la DEA. En noviembre de 2025, la Corte Suprema aprobó la extradición de Kherfan, mientras que la de Quintero sigue pendiente.

Vínculos internacionales y antecedentes

Los documentos evidencian que el ELN no operaba de manera aislada, sino que formaba parte de una red internacional de narcotráfico y terrorismo, con conexiones documentadas con Hamas, Hezbolá y el cartel de Sinaloa. Los registros judiciales recuerdan casos previos, como el tráfico de cocaína camuflada en exportaciones de ganado hacia Líbano, Egipto e Irak, coordinadas por figuras del crimen organizado colombiano.

Impacto y contexto actual

Hoy, Siria se encuentra bajo un gobierno de transición encabezado por Ahmed Husseín al-Charaa, mientras que el ELN mantiene alrededor de 6.000 combatientes activos en regiones como Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Arauca y Antioquia. Los documentos consultados muestran que, pese a la clausura de la mesa de paz, la guerrilla sigue buscando abastecimiento de armas y manteniendo redes ilícitas internacionales, lo que representa un desafío para la seguridad en Colombia y la estabilidad regional.

Estos documentos dejan en evidencia que, incluso durante los diálogos de paz, el ELN no abandonó sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, manteniendo operaciones complejas que comprometen la seguridad del país y la integridad de los procesos de paz.

El nombre de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la violenta banda criminal La Inmaculada, cobró protagonismo en la investigación que las autoridades de Estados Unidos adelantan sobre el posible financiamiento del narcotráfico en la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.

La magnitud del caso crece, pues se vinculó el nombre de un testigo clave: Marín habría contactado a fiscales federales en Nueva York tras su extradición, mientras las pruebas sobre su rol en una red transnacional de tráfico de drogas lo sitúan en el centro de una trama que podría salpicar esferas políticas de primer nivel, según reveló El Tiempo.

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Un elemento poco reportado que diferencia este caso es que el indictment (acusación formal) , fechado el 11 de septiembre de 2024 y citado por el mismo medio, incluye la declaración jurada de Wenceslao A. Sosa, agente especial de la DEA, donde se documenta que ‘La Inmaculada’ ha operado de modo permanente desde aproximadamente 2024 hasta la actualidad. La estructura ha mantenido nexos directos con carteles como La Línea, Sinaloa y la Oficina de Envigado para el tráfico masivo de cocaína a territorio estadounidense.

Además, la información del expediente judicial refiere que alias Pipe Tuluá coordinó en persona la distribución de estupefacientes en ciudades como Denver, Colorado, y Dallas,Texas, con operaciones organizadas desde Juárez, México.

El indictment detalla operaciones concretas y vínculos con carteles mexicanos

Las interceptaciones legales a Andrés Felipe Marín comenzaron en junio de 2024. De acuerdo con el indictment citado por El Tiempo, se cerró una compra de cocaína ese mismo mes, en la que participó un agente encubierto de la policía colombiana.

“Marín Silva ordenó a los miembros de la organización criminal trasnacional con sede en Juárez, México, que se pusieran en contacto con el agente encubierto para coordinar la distribución de más de 100 kilogramos de cocaína en la zona de Dallas, Texas. Tras una coordinación adicional, el agente encubierto compró un kilogramo de cocaína el 15 de junio de 2024, como prueba para establecer la confianza entre el mensajero con sede en Dallas”, señala el documento.

Un mes después, en julio, las autoridades identificaron a los socios de alias Pipe Tuluá en Juárez como miembros del cartel La Línea. Estos trabajaban en asociación con La Inmaculada para introducir droga en Estados Unidos. Para ese momento, Marín tenía al menos diez kilogramos disponibles para la venta en Colorado. El testimonio recabado sostiene que, aun estando preso en la cárcel La Picota, en Bogotá, el cabecilla de la banda se mantenía activo en las operaciones delictivas.

En agosto de 2024, un narcotraficante residente en Sinaloa siguió instrucciones de Marín para contactar al agente encubierto y coordinar nuevos envíos destinados a Dallas. Por su parte, el proceso judicial contra el señalado incluye las declaraciones de un testigo colaborador —antiguo miembro de La Inmaculada— que confirmó la vigencia de la red criminal y su continuidad bajo órdenes de ‘Pipe Tuluá’.

El caso Juan Fernando Petro y la estrategia de colaboración judicial

Días antes de la extradición, el propio Andrés Felipe Marín aseguró haber sido contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la campaña electoral. Según El Tiempo, el acercamiento habría tenido como objetivo negociar futuros beneficios judiciales a cambio de respaldo político o financiero, extremo que Juan Fernando Petro negó tajantemente. La defensa de alias Pipe Tuluá no descarta que declare contra la campaña Petro con el propósito de solicitar una reducción de su condena, estrategia que se refuerza con la entrega de pruebas que incluyen fotografías, admitidas y analizadas por las autoridades.

Por otro lado, Marín rechazó públicamente la acusación de narcotráfico: sostiene que nunca envió cocaína a Estados Unidos y se declaró no culpable ante el tribunal. Sin embargo, la documentación judicial —incluyendo las interceptaciones y el testimonio de un colaborador— argumenta lo contrario y lo ubica como eje de una compleja estructura criminal de alcance internacional.

Actualmente, Andrés Felipe Marín permanece recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, en Texas. Su defensa a cargo del abogado Alexei Schacht sigue una estrategia basada en la colaboración con la justicia de Estados Unidos, y el expediente sobre Juan Fernando Petro figura como uno de los principales temas en negociación con las autoridades federales.

(Desde New York, Estados Unidos) A las 11.40, (hora del este) Nicolás Maduro ingresó al recinto de la Corte de New York. Canoso, más delgado y sin esposas, el exdictador de Venezuela vestía un mameluco beige y zapatillas deportivas. Saludó a sus abogados y se calzó los auriculares para escuchar la traducción del inglés al español. Nunca sonrió, y su mirada estaba blanco, vacía.

La audiencia fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, que presionó con preguntas simples y filosas a Barry J. Pollack -abogado de Maduro- y al fiscal federal adjunto Kyle Wirshba.

Pollack alegó que Maduro sólo tendrá una defensa legal de élite acorde a sus acusaciones si Estados Unidos permite que Venezuela pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen ilícito.

Wirshba replicó que esos fondos están congelados por “razones de seguridad nacional”, y que Maduro podría recurrir a los abogados oficiales para respetar el concepto constitucional -Enmienda VI- que establece el principio de defensa en juicio.

Hellerstein, que tiene 92 años y se lo escucha muy bajo, enfrentó los planteos legales del fiscal Wirshba, que transpiró durante los treinta minutos que le dedicó el juez de New York.

Wirshba no pudo contestar con certeza por qué debía bloquearse la posibilidad de solventar la defensa de Pollack, si la amenaza de seguridad nacional que implicaría Maduro se disolvió con su captura en Caracas y su detención en Manhattan.

Hellerstein relativizó el argumento de la defensa en juicio presentado por Pollack, pero fue enfático al soslayar la tesis de seguridad nacional presentada por Wirshba para evitar que los fondos embargados por Estados Unidos terminen en poder de Maduro.

“Ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, sostuvo el juez federal en referencia a Maduro, frente a los argumentos del fiscal Wirshba. Y completó, ante el silencio absoluto de la Corte: “Está acá”.

La posición de Hellerstein abre un escenario inesperado para la administración Trump y los fiscales del caso.

Si el juez federal resuelve que Estados Unidos debe levantar las sanciones para los fondos opacos de Venezuela que se usarán para la defensa del exdictador y sus socios corruptos, es muy probable que la Casa Blanca presente una apelación para bloquear la decisión de Hellerstein.

Pero al margen de esta posible coyuntura, Donald Trump se vería ante la encrucijada de tener que liberar fondos opacos para que sean usados para pagar los honorarios de las defensas de Maduro y su cómplices, que están siendo juzgados en los tribunales de Estados Unidos.

Cuando terminaron las exposiciones de Pollack y Wirshba, el juez Hellerstein avanzó al segundo capítulo de la audiencia vinculado a la evidencia secreta que aportó la DEA.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores, que también estaba en la audiencia, se encuentran imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-, y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Pollack sostuvo que las pruebas secretas del expediente no deben tener trabas de acceso porque eso fortalece la defensa en juicio.

Wirshba, al contrario, afirmó que compartir las evidencias puede poner en peligro a los testigos y fuentes que colaboraron para fortalecer el caso contra Maduro y sus cómplices.

Hellerstein escuchó los argumentos de las dos partes y tras más de una hora de debate cruzado entre Pollack y Wirshba, levantó la audiencia.

Ahora su señoría debe decidir si ordena que Estados Unidos levante las sanciones sobre los fondos opacos que se usarían para la defensa de Maduro y Cilia Flores, y resolver si la defensa del dictador puede compartir la evidencia secreta que prueba sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Al margen de las posibles variables que protagonice Hellerstein, lo cierto es que el proceso contra Maduro continuaría pese a los esfuerzos en contrario del abogado Pollack.

Así se puede desprender de los juicios de valor y de las preguntas que formalizó Hellerstein durante la audiencia en la corte de New York.

“All rise”, se escuchó cuando el reloj del tribunal marcaba las 12.45 (hora del este). Se había terminado la audiencia, y el juez federal se fue del recinto con paso cansino.

Maduro se levantó como un autómata y le dio la mano al abogado Pollack. El dictador dejó la corte rodeado por cinco custodios del US Marshall.

Volvió a prisión, su destino perpetuo.

Se trata de una defensa diseñada por el abogado Barry J. Pollack, que hace una peculiar interpretación de las enmiendas de la constitución para sostener un argumento jurídico que sería rechazado por el tribunal de Manhattan. El letrado arribo esta mañana en medio de manifestaciones de personas a favor y en contra del acusado frente al juzgado.

La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.

En un escrito de 17 fojas, el abogado defensor de Maduro sostuvo:

-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación, a la que accedió Infobae.

Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:

“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).

La refutación de los argumentos presentados por Pollack es lineal y simple.

Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa.

No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.

A su vez, Maduro y Flores de Maduro tienen que probar que no disponen de fondos propios -su fortuna presunta es incalculable-, y la VI enmienda garantiza un abogado que no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).

El tribunal de New York puede asignar un abogado de oficio que conoce las normas y puede cumplir con la defensa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos.

Este es un derecho que Maduro tiene a disposición cuando lo desee.

Y respecto a la V enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que asigna a la Casa Blanca una amplia autoridad normativa para regular transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, pese a que la dictadura caribeña estaba dispuesta a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ratificó que no habrá fondos de Venezuela para solventar a los letrados del presunto narcotraficante.

Nicolás Maduro está acusado por cometer narcoterrorismo, y en este contexto la DEA redactó un informe que prueba las vinculaciones del exdictador caribeño con el régimen iraní.

Infobae accedió a ese dossier de 28 fojas, que sostiene lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Si no hay sorpresas legales, el juez Hellerstein resolverá hoy el planteo del abogado de Maduro, y una presentación hecha por los fiscales federales que intentan evitar que la prueba recogida contra el exdictador sea compartida con los otros acusados del caso.

Junto a Maduro y su esposa Cilia Flores también están imputados Diosdado Cabello -ministro del Interior de Venezuela-, Ramón Rodríguez Chacín -exministro del interior de Venezuela-; Nicolás Maduro Guerra -hijo del exdictador-,y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Si prosperará el pedido de Pollack, todos los socios ilegales de Maduro podrían acceder a las evidencias del caso. La defensa del exdictador fuerza la interpretación del derecho para lograr una coartada que beneficie a su cliente ante las evidencias en contra.

Hellerstein resolvería en contra del planteo de Pollack respecto a anular el juicio contra Maduro y a favor de los fiscales para trabar que los socios del exdictador accedan a la prueba aportada por la DEA.

La audiencia está prevista para el mediodía de New York.

Las Fuerzas Militares de Colombia, en colaboración con la Gobernación de Tolima, continúan la búsqueda de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido como alias Chapolo, identificado como el principal líder del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, bajo órdenes directas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

De hecho, la gobernadora Adriana Magali Matiz resaltó que, en medio del operativo militar, se ha sumado la la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para dar captura al señalado líder guerrillero.

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La mandataria departamental, en una rueda de prensa, recalcó que el plazo máximo para detener a este sujeto es el 31 de marzo, fecha también fijada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por lo que instó a priorizar sus esfuerzos y brindar la tranquilidad a la población tolimense.

“Aquí también nos está apoyando la DEA (Drug Enforcement Administration) en este tema de alias Chapolo, así que esperamos resultados contundentes de aquí al 30 de marzo para poder darle tranquilidad a la gente del sur del departamento del Tolima”, expresó Matiz a los medios de comunicación.

Así mismo, la gobernadora recordó que por alias Chapolo se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura, cuya presencia genera preocupación en el sur del Tolima.

La respuesta directa al hecho consiste en que la DEA aporta recursos y personal especializado para reforzar la localización y captura del cabecilla del frente guerrillero.

Quién es alias Chapolo

Nacido en Rioblanco, Jhan Carlos Rodríguez Masmela (alias Chapolo) encabeza la lista de los delincuentes más buscados en el departamento del Tolima.

Es vinculado desde 2022 con actividades de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, extorsión a transportadores y comerciantes, y amenazas a campesinos y productores de café en los municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco.

Entre los hechos atribuidos al cabecilla figura un ataque armado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 en Campoalegre (Huila), la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco y varios homicidios perpetrados en San Antonio. La Fiscalía mantiene una orden de captura vigente contra Rodríguez Masmela, considerada de alta prioridad.

Las autoridades han señalado que alias Chapolo impone un sistema de “carnetización ilegal” en zonas rurales, un mecanismo destinado a ejercer control social y amedrentar a la población civil y a candidatos políticos. A través de esta práctica, el Frente Ismael Ruiz busca identificar, controlar e intimidar a los habitantes de los municipios rurales bajo su influencia, especialmente en San Antonio.

Por otra parte, registros de la investigación oficial presentada por la Policía Nacional de Colombia muestran que durante la campaña electoral, Rodríguez Masmela habría enviado mensajes intimidatorios mediante WhatsApp a candidatos al Congreso, con el propósito de interferir en las campañas electorales del departamento del Tolima.

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, manifestó en diálogo con Caracol Radio que, tras una reunión con el embajador de los Estados Unidos, se identificaron los principales patrones criminales de la zona.

El funcionario local detalló que, aunque Tolima no figura entre los mayores territorios productores de cocaína, como el Cauca, sí registra delitos como microtráfico, sicariato y préstamos ilegales que sirven para ocultar ingresos del narcotráfico y generan consecuencias más allá de las fronteras nacionales.

Incluso, reveló que el líder guerrillero se encuentra con dificultades médicas tras los operativos militares en la región.

“Chapolo sigue atormentando a un sector importante de Rioblanco, amenazando al alcalde, a las autoridades, a la comunidad, tratando de perturbar la tranquilidad, queriendo hacer ver que es un gran bandido, cuando es un pequeño bandido. A toda esta población, personas que lo conozcan, que le llevan medicamentos —sabemos que tiene una lesión en uno de sus pies—, que se ganen los 200 millones de la recompensa”, indicó.

La apuesta de la DEA y las autoridades colombianas pone el foco en la pronta neutralización de estructuras criminales que—si bien no operan en cifras tan altas como otras regiones—, han demostrado capacidad de perturbar la estabilidad regional y representar un riesgo para intereses estadounidenses.

Una investigación de la agencia Associated Press divulgada el 21 de marzo de 2026 puso bajo escrutinio a la administración de Gustavo Petro al revelar que la DEA analiza registros que sugieren el presunto uso de funcionarios y exasistentes de campaña para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de la estatal Ecopetrol.

Según el informe de AP, la información confidencial apunta a que fondos ligados a estructuras internacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles en Venezuela habrían sido canalizados hacia el extranjero con destino a un supuesto uso personal del mandatario tras concluir su periodo.

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El documento, citado por Associated Press, recoge una entrevista realizada en 2024 a una fuente anónima que vincula a excolaboradores de campaña y funcionarios de Ecopetrol con maniobras de lavado de fondos presidenciales fuera del país.

La fuente anónima indicó que el objetivo de esos recursos sería el aprovechamiento personal por parte de Petro una vez finalice su mandato.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, respondió a los señalamientos de Associated Press afirmando que las acusaciones carecen de “toda realidad o lógica”. Roa subrayó que las imputaciones no corresponden a la operativa ni a los hechos relativos a la estatal petrolera. Además, el gobierno colombiano, hasta el cierre del informe, no ha emitido ningún comunicado oficial adicional en relación con la investigación difundida.

Las autoridades estadounidenses, indicaron a AP que la investigación permanece en fase preliminar y que “no existen pruebas directas que involucren a Gustavo Petro en delitos”. El contenido de la pesquisa, por ahora, se limita a declaraciones bajo reserva y al análisis de registros internos en poder de la DEA.

El reporte detalló que fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes acerca de posibles vínculos con el jefe de Estado y sobre denuncias de sobornos supuestamente solicitados por personas cercanas al Ejecutivo.

Según el informe de AP, las pesquisas apuntan a que allegados al gobierno habrían pedido pagos ilegales a cambio de frenar extradiciones desde la cárcel La Picota hacia Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el reporte subraya que la información aún se limita a testimonios y registros internos de la DEA, sin que se hayan radicado cargos formales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico internacional en el desarrollo de una presunta investigación referida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo impliquen y la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

De acuerdo con el informe citado por la agencia de noticias, los registros de la DEA contienen información reservada sobre posibles nexos de Gustavo Petro con organizaciones del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

La agencia destacó que una entrevista realizada en 2024 con una fuente anónima plantea que el mandatario habría empleado a antiguos asistentes de campaña y empleados de Ecopetrol, empresa petrolera estatal, para transferir fondos a otros países y utilizarlos una vez finalizada su presidencia.

Sin embargo, el reporte aclara que hasta el momento no existe confirmación de que las autoridades estadounidenses hayan hallado pruebas que liguen de manera directa al mandatario colombiano con actividades delictivas y no se han presentado cargos formales.

El presidente Petro también mantuvo su postura habitual, asegurando que no sostiene nexos con organizaciones criminales y que nunca ha sido investigado por estos hechos en Colombia. En su declaración, atribuyó estas versiones a “señalamientos sin pruebas concluyentes”.

Una de las reacciones más visibles provino del candidato Abelardo De La Espriella, que arremetió contra el presidente en redes sociales.

De La Espriella afirmó: “Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa”.

Agregó que, de alcanzar la jefatura de Estado, entregaría a Petro a la justicia de Estados Unidos por su presunta relación con el “narcoterrorismo”, y concluyó su mensaje con una advertencia en italiano dirigida a Petro.

En un informe de The New York Times, publicado el 20 de marzo de 2026, se indica que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es investigado por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Según ese medio, la investigación sobre el presidente colombiano está en una etapa preliminar y examina posibles conexiones de Gustavo Petro con organizaciones de narcotráfico, así como la eventual recepción de donaciones por parte de su campaña presidencial provenientes de esos grupos.

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El reporte menciona que en el proceso intervienen agentes con experiencia en narcotráfico internacional y organismos como la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en su cuenta oficial de X. Allí afirmó que no le gustan los narcotraficantes, ya que, según el mandatario, son los “genocidas” de Colombia.

El jefe de Estado aseguró que los narcos son supuestos alistados de la “derecha criminal”.

“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente Petro incluyó una imagen suya en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se realiza en Bogotá.

El presidente Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X, en la que negó cualquier relación con el narcotráfico y defendió su administración contra este delito.

“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, aseveró.

Detalles de lo ocurrido

Recientes reportes periodísticos de medios internacionales han puesto la atención sobre investigaciones en Estados Unidos que, según se ha informado, incluirían al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

The New York Times publicó el 20 de marzo que fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn tendrían en curso indagaciones relacionadas con supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Petro y organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con este medio, en las pesquisas participan agentes especializados en delitos internacionales y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El mismo informe del New York Times no aclara si estas diligencias podrían derivar en imputaciones formales, ni si la Casa Blanca tuvo un rol en la apertura del caso. Sin embargo, se recuerda la postura crítica del expresidente Donald Trump frente a Petro y se sugiere que la investigación podría ser utilizada dentro de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos, dada la relevancia de Colombia en la agenda regional de lucha antidrogas.

Pocas horas después, la agencia Reuters difundió información adicional bajo el titular “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos”. Reuters citó el informe inicial de The New York Times, pero añadió que, según sus fuentes, Petro no sería el objetivo principal de la investigación, sino que su nombre habría surgido en el marco de indagaciones más amplias. La agencia también recordó los antecedentes de tensión entre Trump y Petro, y sugirió que este contexto podría haber influido en el inicio de las pesquisas.

Por su parte, The Associated Press informó que la DEA considera a Gustavo Petro como “objetivo prioritario”, mientras los fiscales de Nueva York examinan presuntos lazos con organizaciones de narcotráfico.

Según la agencia, registros de la DEA ubican el nombre de Petro en diversas investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas a informantes confidenciales. Entre los aspectos investigados figuran posibles contactos con el cartel de Sinaloa y el eventual aprovechamiento de políticas de “paz total” para beneficiar a grupos criminales.

Tanto Reuters como Associated Press subrayan que Petro no sería el foco principal de los procedimientos, aunque su nombre aparece vinculado en el desarrollo de estas investigaciones. Voceros citados por Reuters también afirman que la Casa Blanca no estaría involucrada y que los fiscales evitaron hacer comentarios hasta conocer resultados concluyentes.

A modo de respuesta, la embajada de Colombia en Estados Unidos publicó un comunicado donde cuestiona la validez de los reportes, señalando la falta de confirmación oficial y el uso de fuentes anónimas, y rechaza cualquier relación entre el presidente y actividades criminales.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las evidencias contra Nicolás Maduro para probar que era un jefe narcoterrorista cuando actuaba como dictador de Venezuela se acumulan hasta el infinito en la justicia federal de los Estados Unidos.

Infobae accedió a un informe de la DEA -Administración de Control de Drogas de EE.UU- que desnuda los vínculos que consolidó Maduro con Irán cuando manejaba el régimen caribeño.

El dossier de la DEA es meticuloso y será una pieza probatoria al momento de juzgar a Maduro como narcoterrorista.

La DEA aplicó su inteligencia e información reservada sobre 3.000 documentos oficiales de ambos países, y las conclusiones impresionaron en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría de Guerra.

En el documento oficial se lee lo siguiente:

-" La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".

-“Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.

-“Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

-“Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.

-“Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

-“La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Tras describir en términos generales la relación opaca y compleja entre Caracas y Teherán, la DEA enumera las diez áreas clave de cooperación entre la dictadura caribeña y el régimen chiíta.

Estas área son:

1. “Transferencia de Tecnología Militar: Irán suministra a Venezuela tecnología de drones (por ejemplo, ANSU-100 y ANSU-200 basados en los diseños iraníes Mohajer y Shahed), misiles antibuque (CM90/Nasir) y capacidades industriales-militares como plantas de pólvora, mejorando la defensa de Venezuela mientras permite a Irán proyectar poder en el hemisferio occidental.
2. Suministro de Uranio y Apoyo al Programa Nuclear: Irán ha realizado un levantamiento geológico en Venezuela, estableciendo que la Cuenca de Roraima tiene el potencial de suministrar uranio a Irán, con reservas estimadas de 75,000 toneladas.
3. Evasión de Sanciones a través de Mecanismos Financieros: Una arquitectura financiera compleja, que incluye el Fondo Binacional Irán-Venezuela ($2 mil millones), el FONDEN y la triangulación a través de bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, permite a Irán eludir las sanciones internacionales y lavar dinero.
4. Apoyo a Organizaciones Terroristas: Venezuela actúa como un centro logístico, financiero y documental para Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y emitiendo pasaportes a operativos (por ejemplo, 15,000 pasaportes irregulares, 173 a miembros de Hezbollah).
5. Cooperación Energética y Petroquímica: Proyectos conjuntos por valor de $2.689 mil millones, incluyendo la exploración de la Faja Petrolífera del Orinoco, la planta petroquímica VENIRAN, la rehabilitación de refinerías (€110 millones en 2022) y envíos de gasolina (60 millones de galones en 2020), financiados en parte a través de préstamos chinos vía FCCV.
6. Proyectos Industriales de Fachada: Las “fábricas socialistas” (por ejemplo, complejos de plástico, plantas de leche y maíz) sirven como coberturas para canalizar fondos y tecnología de doble uso a Irán, con financiamiento del FONDEN y el FCCV, resultando a menudo en baja producción pero alta desviación de recursos.
7. Triangulación de Tecnología Nuclear con Argentina: El eje Caracas-Teherán-Buenos Aires (2010) puede haber transferido equipos de doble uso (máquinas CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a Irán, financiados con recursos venezolanos, mejorando la infraestructura nuclear de Irán.
8. Infraestructura de Transporte y Logística: Construcción de tanqueros Aframax en astilleros iraníes, vuelos directos Caracas-Teherán y uso de embarcaciones de PDVSA para el posible contrabando de uranio y otros materiales sensibles, permitiendo transferencias ilícitas y evasión de sanciones.
9. Alineación Diplomática y Política: Alianza sostenida desde la década de 2000, con más de 265 acuerdos para 2014, un plan estratégico de 20 años en 2022 y 19 más en 2023, proporcionando cobertura política para actividades militares, nucleares y terroristas bajo la “cooperación Sur-Sur”.
10. Involucramiento del IRGC y Apoyo Interno: Presencia de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela para asesorar sobre represión y entrenamiento, crítica durante las protestas de 2019″.

Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas, y su defensa busca una salida imposible para evitar que el exdictador de Venezuela sea condenado de por vida.

Barry J. Pollack, letrado de Maduro, presentó hace dos días un recurso de 17 fojas para asegurar que la acusación contra su cliente pone en jaque la Quinta y la Sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este contexto, Pollack alega que la violación de esas dos enmiendas constitucionales son razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó Estados Unidos para condenar por narcotráfico a Maduro.

Los argumentos constitucionales de Pollack son pura falacia: asegura que Maduro no tiene dinero para pagar a sus abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

El exdictador tiene una fortuna oculta incalculable, y si su abogado Pollack decide renunciar porque no hay honorarios, el tribunal de New York puede designar a un letrado de oficio.

El 26 de marzo está convocada una audiencia para escuchar al abogado defensor de Maduro. Allí es muy probable que el juez Hellerstein rechace la presentación de Barry J. Pollack, que deberá decidir si continúa representando-o no-al exdictador caribeño.

En la primera operación, desarrollada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron aproximadamente 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

La segunda intervención se realizó dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena. Allí, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento decomisado se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

En la tercera operación, la Policía Nacional y la DEA interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta, que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. En este operativo se detuvo a seis personas.

Las tres acciones se realizaron en menos de veinticuatro horas. Las autoridades indicaron que estos operativos representan “un duro golpe a las economías del narcotráfico” y aseguraron que el mar ecuatoriano “ya no es ruta para las mafias”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno, que concluyó en del sábado en cuatro provincias con altos niveles de violencia, atribuida por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.

Durante las operaciones, se incautaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron veinte vehículos, se recuperaron cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del toque de queda el pasado domingo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se detuvieron a 743 personas y se destruyeron seis “objetivos militares narcoterrorismo”. La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local.

A su vez, en El Oro, las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, detuvieron a cinco ciudadanos en el cantón Pasaje por presuntas actividades de minería ilegal. Durante el operativo se decomisó maquinaria de succión y herramientas empleadas en esta actividad ilícita.

Esta disposición se implementa como parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, tras el aumento sin precedentes de la violencia que ubicó a Ecuador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 9.235 asesinatos en Ecuador, la cifra más alta en la historia del país. El toque de queda se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, solo pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier persona que circule por la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.

(Con información de EFE)

Durante la jornada en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre los señalamientos vinculados al narcotráfico, desde sectores oficiales se remarcó que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna” sobre presuntas investigaciones en su contra. Al mismo tiempo, el Gobierno denunció la falta de fundamento jurídico y fáctico de las informaciones difundidas respecto a esta causa. Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense habría iniciado un procedimiento para investigar supuestos nexos del mandatario con organizaciones del narcotráfico y presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial con recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con drogas.

De acuerdo con los reportes publicados por The New York Times, la etapa actual de estas pesquisas se encuentra en un nivel preliminar y está bajo la supervisión de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn. Las autoridades estadounidenses han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el desarrollo de las indagaciones, según precisó el mismo medio estadounidense. Fuentes citadas por The New York Times indicaron que el caso aún no cuenta con una notificación formal ni decisiones administrativas, lo que ha motivado respuestas tanto de funcionarios colombianos como del propio presidente.

Ante la difusión de estas informaciones, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a los narcotraficantes, a quienes denominó "genocidas" de la sociedad colombiana y acusó de mantener alianzas permanentes con sectores que calificó como “derecha criminal” en el país. En ese mismo mensaje, insistió en la transparencia de su vida personal y política, indicando que puede referirse a cualquier episodio de su biografía “sin sonrojarse de nada”. El presidente también relacionó la aparición de estos señalamientos con el contexto preelectoral en Colombia, asegurando que se enmarcan en “actos electorales sucios” impulsados por la oposición y “sus amigos en los medios estadounidenses”.

Horas antes de esta publicación, Petro había señalado a través de otro mensaje que no le interesan los “procesos en Estados Unidos”, argumentando que nunca ha sido acusado formalmente de nada como lo sugiere el artículo de The New York Times. En su declaración, el mandatario sostuvo: “Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”. Según reportó The New York Times, esta serie de declaraciones buscó desligar las investigaciones internacionales de factores que afecten directamente a la política colombiana, destacando la existencia de expedientes previos que no han derivado en imputaciones contra el jefe de Estado.

La controversia se produce en un momento de estabilización de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Luego de meses marcados por declaraciones confrontativas, la relación entre Petro y el presidente norteamericano Donald Trump había entrado en una fase de mayor diálogo, que incluyó la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, relató The New York Times. Anteriormente, Trump llegó a describir a Petro como un “lunático con problemas mentales” e incluso aludió a la posibilidad de una intervención militar en Colombia. Estos episodios antecedieron a la operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, dirigida a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al tiempo que el gobierno colombiano respondía institucionalmente a través de comunicados, la situación se insertaba en el núcleo del ambiente electoral en el país sudamericano. Según detalló The New York Times, la campaña para las elecciones del 31 de mayo mantenía como favorito al candidato Iván Cepeda, afín al mandatario, en medio de una polarización acentuada por los últimos acontecimientos y los rumores difundidos por medios y portavoces internacionales.

La defensa pública de Petro contra las acusaciones no se limitó a declaraciones. Su postura también buscó enfatizar la ausencia de evidencias judiciales en Colombia que den soporte a las hipótesis divulgadas por la prensa internacional, reiterando que su vida y trayectoria política se han mantenido sujetas a escrutinio durante años sin que se hayan presentado pruebas concretas. El Gobierno colombiano, en su pronunciamiento oficial, subrayó que la información divulgada “carece de fundamento jurídico y fáctico”, insistiendo en que ninguna investigación local o extranjera ha notificado formalmente hallazgos en contra del presidente.

Según reportó The New York Times, la investigación del Departamento de Justicia no solo aborda posibles vínculos con el narcotráfico, sino también la manera en que se habría financiado la campaña presidencial de Petro. Las pesquisas, tal como detalló el medio estadounidense, aún estarían lejos de concretar imputaciones y continúan en fase preliminar con la cooperación de diversas agencias federales de seguridad.

Los señalamientos y la respuesta institucional del Ejecutivo colombiano se producen en una coyuntura en la que el país atraviesa un proceso electoral de alta competencia política, donde la opinión pública se encuentra particularmente atenta a cualquier noticia relacionada con corrupción, ilegalidad o nexos con el crimen organizado. The New York Times señaló que la repercusión mediática de estos informes contribuyó a alimentar el debate interno sobre la integridad del proceso y la utilización política de investigaciones judiciales en la contienda electoral.

Por último, los detalles publicados por The New York Times muestran que la investigación internacional incluye la recolección de datos sobre transferencias financieras y vínculos posibles con redes criminales, aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicas pruebas concluyentes ni se ha emitido comunicación formal a las autoridades colombianas o al presidente. En medio de este escenario, Petro ha enfatizado ante la ciudadanía y los medios la transparencia de su gestión y la ausencia de cargos formales contra él tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El 20 de marzo se publicó un informe de The New York Times en el que se afirma que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está bajo investigación penal por parte de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en Estados Unidos.

Las pesquisas, en una fase inicial, analizan posibles vínculos de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió donaciones de estos grupos. El medio citado indicó que en la investigación participan agentes especializados en narcotráfico internacional y entidades como la Administración para el Control de Drogas.

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El informe no menciona si la investigación llevará a cargos formales ni si la Casa Blanca influyó en su apertura; sin embargo, recuerda que el presidente Donald Trump ha criticado a Petro y podría utilizar la investigación como herramienta de presión diplomática, dado el papel de Colombia en la lucha antidrogas.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro negó cualquier relación con el narcotráfico y ha defendido su gestión contra este delito. “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, escribió el mandatario.

Nuevos detalles sobre la investigación

Horas después de que se publicó el informe citado, Reuters publicó una noticia titulada “Según una fuente, Petro, de Colombia, está siendo investigado en un caso penal en Estados Unidos“.

Esta agencia también recordó las disputas que han protagonizado Donald Trump y Gustavo Petro en el pasado, mencionando este factor como algo que podría haber marcado el inicio de la investigación.

Aunque citan que la denuncia inicial es de The New York Times, Reuters añadió otros aspectos, como que el mandatario no sería el objetivo principal de las investigaciones, sino que sería un nombre mencionado en las mismas.

Por su parte, The Associated Press indicó que el presidente Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” para la DEA, mientras que fiscales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

“Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cartel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes”.

En ambos casos, las agencias citadas mencionan que el nombre del presidente no es el principal en los procesos investigativos, sino que se le vincula de alguna forma con los objetivos.

“Petro no es el objetivo principal de ninguna de las dos investigaciones, pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico que están siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, Nueva York”.

Reuters destacó que sus fuentes aseguran que la Casa Blanca no se ha involucrado en las investigaciones mencionadas, y que el nombre del mandatario colombiano habría sido mencionado por terceros. Además, resaltan que los portavoces de la Fiscalía optaron por no hacer comentarios hasta que no se tengan las conclusiones.

“El informe señala que los investigadores están examinando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes”.

Además de la publicación mencionada que hizo Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que los informes están basados en fuentes anónimas y que no hay confirmación oficial ni base legal para afirmar que el presidente tiene algún tipo de relación con criminales.

Durante la llamada “época de la gobernanza paramilitar”, la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, experimentó amenazas y su familia debió exiliarse tras denuncias públicas sobre la presunta relación entre figuras del narcotráfico y actores políticos. En este contexto, Petro ha reiterado que mantiene una política de absoluto rechazo a cualquier vínculo con el narcotráfico o a fondos irregulares para campañas políticas. Según informó Europa Press, el mandatario negó rotundamente haber establecido algún contacto con miembros del narcotráfico y defendió la transparencia en la financiación de su candidatura presidencial.

El medio Europa Press detalló que Petro declaró en sus redes sociales que “nunca” en su vida ha hablado con un narcotraficante y que no existe ninguna investigación oficial en Colombia sobre algún vínculo suyo con redes ilícitas. Para sostener esta aseveración, el presidente afirmó que durante una década se dedicó a denunciar a los sectores más poderosos del narcotráfico y sus nexos con políticos del Congreso y de gobiernos locales y nacionales. Estas declaraciones se produjeron poco después de conocerse, según fuentes citadas por Europa Press y por el diario ‘The New York Times’, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación preliminar por presuntas relaciones de personas del entorno de Petro con organizaciones criminales y posible financiamiento irregular de campaña presidencial.

El Gobierno colombiano, a través de un comunicado publicado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, sostuvo que no se ha recibido ninguna notificación formal por parte de autoridades competentes sobre investigaciones que comprometan al presidente. En el mismo texto, el Ejecutivo denunció que la información difundida al respecto carece de sustento jurídico y fáctico, solicitando a la opinión pública que “las publicaciones se lean en su contexto integral” y que los reportes sobre estas acusaciones no verificadas sean tratados con prudencia.

La Embajada en Washington destacó que Petro “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad”, tanto durante su cargo como durante su exilio ocasionado por denunciar actos ilícitos que implicaban a estructuras criminales. Según consignó Europa Press, la misión diplomática defendió la trayectoria del presidente como una de “acción firme contra la ilegalidad y las organizaciones criminales internacionales vinculadas al narcotráfico”. Para el Gobierno colombiano, este historial refleja un compromiso permanente del mandatario con el Estado de derecho y la justicia, y se apoya en hechos comprobables y no en rumores o versiones especulativas.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, Gustavo Petro insistió en que su principio personal, así como la orden para su equipo de trabajo, ha sido rechazar cualquier donación o aporte financiero proveniente de banqueros o de personas vinculadas al narcotráfico. “Ni un solo peso de narcotraficantes” ha ingresado, según el propio presidente, en el marco de su campaña que culminó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Defendió que las investigaciones intensas y productivas no han hallado evidencia alguna de ingresos ilícitos. Petro, además, consideró que cualquier proceso instruido por autoridades estadounidenses serviría como mecanismo para refutar las acusaciones promovidas, según él, por sectores de la derecha colombiana, quienes, señaló, sí mantienen articulaciones con redes criminales dedicadas al narcotráfico.

Europa Press informó que las investigaciones que involucran a colaboradores cercanos del presidente colombiano estarían a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, trabajando en conjunto con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Estas pesquisas aún se encontrarían en etapas iniciales y no han derivado en imputaciones formales ni en comunicaciones oficiales al Gobierno de Colombia.

El anuncio de la apertura de estas investigaciones coincide con una etapa de estabilidad en la relación entre Petro y la administración estadounidense, tras un periodo de meses marcados por tensiones, declaraciones cruzadas y desencuentros verbales. Europa Press recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante ese periodo, había caracterizado a Petro como “lunático con problemas mentales” e, incluso, llegó a amenazar con una intervención militar en el país sudamericano. La bilateralidad experimentó cierta normalización después de la visita de Petro a la Casa Blanca, previa a la intervención estadounidense en Caracas, Venezuela, en enero de 2026, cuyo objetivo declarado fue la detención de Nicolás Maduro.

El contexto de las investigaciones también está situado en el marco de la campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, identificado como cercano al presidente Petro, aparenta ser el favorito de cara a los comicios previstos para el 31 de mayo, según información publicada por Europa Press. Este proceso coincidente ha contribuido a que el entorno político en Colombia y la percepción pública sobre el caso adquieran mayor atención mediática.

Las declaraciones del presidente Petro y de la Embajada de Colombia en Estados Unidos reiteran la postura de rechazo absoluto a cualquier forma de criminalidad que implique vínculos con el narcotráfico. Tanto el Ejecutivo como el propio mandatario han enfatizado el compromiso con la transparencia y la integridad en la actuación pública, así como la disposición para someterse a investigaciones que permitan esclarecer los hechos y descartar sospechas que, según sus afirmaciones, carecen de fundamentos probatorios sólidos.

Fuentes estadounidenses revelaron que la investigación sobre posibles vínculos entre Gustavo Petro y delitos relacionados con el tráfico de drogas se encuentra en una etapa preliminar y cuenta con respaldo directo de agencias federales como la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). De acuerdo con The New York Times, las fiscalías de los distritos de Manhattan y Brooklyn participan coordinadamente en estas pesquisas, centradas no solo en los presuntos lazos del presidente de Colombia con actividades de narcotráfico, sino también en el supuesto financiamiento ilegal de su campaña con recursos procedentes de la droga.

Según consignó The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de avanzar en estas investigaciones en un contexto político colombiano marcado por la renovación presidencial, donde el candidato Iván Cepeda, identificado como cercano a Petro, figura como principal aspirante. Esta indagación coincide además con el reacomodamiento reciente en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, tras episodios de tensión y acusaciones intercambiadas, que incluyeron expresiones despectivas por parte del presidente estadounidense Donald Trump contra Gustavo Petro, amenazas de intervención militar y un posterior acercamiento protocolar signado por reuniones en la Casa Blanca.

El medio estadounidense detalló que las tensiones bilaterales alcanzaron momentos de particular tensión cuando Trump utilizó una retórica hostil hacia Petro, refiriéndose a él como ‘lunático con problemas mentales’ y, posteriormente, sugiriendo la posibilidad de una acción militar en Colombia, en el periodo previo a una operación contra el gobierno venezolano, desarrollada por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de 2026 que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Esta secuencia de eventos consolidó una pauta marcada por el mayor intervencionismo estadounidense en América Latina, un giro calificado en The New York Times como continuación de la histórica ‘Doctrina Monroe’.

En torno al impacto potencial de la investigación en el panorama político colombiano, The New York Times reportó que el proceso se produce en el marco de una campaña electoral donde el oficialismo busca la continuidad gubernamental respaldando la candidatura de Iván Cepeda. El periódico subrayó antecedentes de la administración Trump de influir de manera directa en procesos electorales regionales, como sucedió en Honduras, donde la ayuda estadounidense estuvo condicionada al triunfo de candidatos afines a su política exterior.

Las reacciones en Estados Unidos ante la revelación de la investigación incluyeron declaraciones del congresista republicano Carlos Giménez, quien integra la Comisión de Seguridad Nacional. En palabras citadas por The New York Times, Giménez celebró la noticia y aseguró que Petro ‘tendrá que enfrentar las consecuencias de su accionar ilegal ante la Justicia estadounidense’. El legislador insistió en que ‘los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño’, refiriéndose a la residencia presidencial, y manifestó su expectativa de que, desde el Congreso estadounidense, se concrete la ‘pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro’, a quien acusó de causar daños profundos a Colombia.

The New York Times examinó el trasfondo de la investigación, resaltando que tanto la DEA como el HSI se encuentran proveyendo información y asistencia operativa a las fiscalías de Nueva York, y que el caso gira en torno a denuncias de uso de fondos provenientes de la droga en la financiación de actividades políticas. Las fuentes citadas advirtieron que la pesquisa se mantiene en etapa inicial y que la recolección de pruebas sigue su curso mientras se producen las campañas y la actividad electoral en Colombia.

El medio estadounidense recordó además que el uso político de investigaciones federales estadounidenses en América Latina no representa una novedad, reflejando una continuidad de estrategias de presión política sobre gobiernos de la región catalogados como adversos a los intereses de la Casa Blanca. Según The New York Times, la administración Trump viene reforzando esta línea con una agenda exterior orientada hacia una mayor intervención directa en el hemisferio, como quedó evidenciado a finales de 2025 con episodios recientes en Venezuela y otras naciones.

La nota del diario neoyorquino también hizo referencia al efecto de estas acciones judiciales y políticas en la opinión pública colombiana, donde, de acuerdo con el testimonio de figuras estadounidenses como Giménez, existe descontento ante la figura de Petro y fuertes cuestionamientos a la actual administración. Además, The New York Times señaló que el desarrollo de esta investigación podría incidir en la percepción internacional sobre la gobernabilidad en Colombia y el nivel de involucramiento extranjero en sus asuntos internos, particularmente en períodos electorales.

El informe resaltó, finalmente, que las autoridades estadounidenses consideran que la investigación actual podría sentar un precedente en la cooperación interagencial y la coordinación internacional sobre delitos transnacionales en América Latina, fijando la atención en el desarrollo de la relación bilateral a corto y mediano plazo.

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana se reunieron en Santo Domingo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo, informó la embajada estadounidense este jueves.

El encuentro, con la presencia del subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización de Estados Unidos, Michael Buemi, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, José Manuel Cabrera Ulloa, se centró en mejorar la coordinación interinstitucional y la efectividad operativa en la región.

La reunión ocurre poco después de que Estados Unidos reabriera la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, tras un mes de cierre debido a una investigación interna de corrupción, según datos compartidos por la embajada y recogidos por EFE.

Durante la visita de Buemi al país caribeño, el encuentro sirvió para reafirmar que República Dominicana es “un miembro clave de la Coalición de las Américas contra los cárteles y un líder regional en la promoción de la seguridad hemisférica”, de acuerdo con la legación diplomática de Washington.

Acciones y estrategias abordadas en la reunión

Durante el diálogo, las autoridades trabajaron en estrategias para detectar, monitorear e interrumpir redes de tráfico ilícito, orientadas a reforzar las prioridades compartidas frente a organizaciones criminales transnacionales y terroristas designadas que operan en la región. En la reunión estuvieron presentes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, el comandante general de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez, y el comandante general de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

El subsecretario Buemi destacó el compromiso del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de actuar “hombro con hombro con la República Dominicana” para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas. “Desde la política hasta la operación, estamos alineando capacidades para negarles espacio, rutas y recursos”, afirmó, según la nota de prensa distribuida tras el encuentro.

Resultados y contexto regional

Las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas en lo que va de año. Desde agosto de 2025, Estados Unidos realiza ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar droga desde países ubicados al sur de su territorio, según la misma fuente.

Además, el 17 de marzo, la embajada de Estados Unidos en República Dominicana comunicó la firma del acuerdo para implementar el Plan de Modernización y Tecnificación de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM). El acto tuvo lugar en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, en el contexto del proceso de Reforma Policial.

Según dicha representación diplomática, el acuerdo busca fortalecer las capacidades investigativas y fomentar investigaciones respaldadas en pruebas científicas. Para ello, se estableció una cooperación entre la Policía Nacional de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), bajo la representación de Rebecca Marquez.

Con esta iniciativa, los organismos firmantes pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y respaldar el avance de la reforma policial, según la información divulgada por la embajada de Estados Unidos.

Tras la detención y liberación inmediata de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, la atención pública vuelve a centrarse en los demás integrantes de la dinastía Zambada.

La diversidad en la trayectoria de los hijos de Zambada —algunos apartados del crimen organizado, otros encarcelados o en libertad tras acuerdos judiciales e incluso colaboradores de la justicia estadounidense— revela la complejidad de una familia cuya influencia y actividades han marcado la historia reciente del narcotráfico en México.

La estructura familiar del “Mayo” Zambada se da forma a partir de las relaciones del capo con distintas esposas y parejas.

Están los hijos que tuvo con Rosario Niebla Cardoza. De esta unión nacieron Vicente Zambada Niebla, conocido como “el Vicentillo”, y las hermanas María Teresa, Midiam Patricia, Modesta Zambada y la propia Mónica del Rosario Zambada Niebla.

El propio Vicente Zambada Niebla, quien aparece frecuentemente como heredero de la organización, fue aprehendido en 2009 y se convirtió posteriormente en colaborador y testigo clave para el gobierno de Estados Unidos.

Las hijas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta han figurado en diversos registros financieros y en listas de sanciones internacionales, donde se señala un presunto involucramiento en operaciones de lavado de dinero vinculadas a las redes de su padre.

El papel de los hijos varones: liderazgo y presión judicial internacional

Entre los descendientes nacidos de la relación de “El Mayo” con María del Refugio Sicairos Aispuro y Margarita López Imperial, destacan “El Flaco” y “El Gordo”. Ismael Zambada Sicairos, denominado “Mayito Flaco”, es el único de los hijos que actualmente mantiene liderazgo operativo dentro de la facción mayista del Cártel de Sinaloa en México. Se le considera un objetivo prioritario para la DEA.

Por su parte, Ismael Zambada Imperial, apodado “Mayito Gordo” e hijo de Margarita López Imperial, fue capturado en 2014 y enfrentó un proceso de extradición a Estados Unidos. Su estadía en prisión concluyó en 2022, cuando obtuvo la liberación tras cumplir condena, según documentos judiciales estadounidenses.

Acuerdos judiciales, bajo perfil y nueva generación

El árbol genealógico de Zambada incluye otras ramas con hijos menos expuestos mediáticamente, pero cuya relación con el sistema judicial de Estados Unidos ha sido decisiva para su destino.

Serafín Zambada Ortiz, hijo de Leticia Ortiz Hernández, fue detenido en 2013. Su liberación, en 2018, se debió a su cooperación con autoridades estadounidenses.

En ese mismo núcleo familiar, Teresa Zambada Ortiz, hermana de Serafín, ha permanecido alejada del foco público y mediático, manteniendo un perfil bajo que contrasta con la notoriedad de otros hermanos.

A ellos se une Ana María Zambada Lara, hija de Alicia Lara Camberos, quien figura formalmente como parte de la descendencia directa de Ismael Zambada, aunque no se dispone de información pública relevante sobre su involucramiento en las actividades familiares.

El juez federal Frederic Block estableció el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, tras la audiencia realizada este jueves en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Durante la comparecencia se estableció el calendario del proceso, que contempla una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio. El acusado enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y conspiración, entre ellos el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Caro Quintero se declaró no culpable desde su primera presentación ante autoridades estadounidenses en febrero de 2025, luego de ser entregado por el gobierno mexicano junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado. Desde entonces, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante el proceso, la defensa ha solicitado, sin éxito, modificaciones a las condiciones de confinamiento, pues se encuentra en un programa de vigilancia riguroso y permanente. Sus abogados han señalado que el acusado permanece bajo Medidas Administrativas Especiales, lo que implica aislamiento durante la mayor parte del día y restricciones en la comunicación, incluso con su equipo legal. También han referido dificultades para preparar el caso en esas condiciones y han mencionado problemas de salud del detenido.

Fiscalía estadounidense descarta la pena de muerte

Por su parte, la fiscalía estadounidense determinó que no buscará la pena de muerte, aunque el acusado podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. El curso del proceso podría modificarse si se alcanza un acuerdo previo, aunque especialistas han señalado que este escenario es poco probable debido a la gravedad de los delitos imputados.

Otros capos recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga a internos de alto perfil vinculados con delitos de alcance internacional. Entre ellos se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exdirigente de “Los Caballeros Templarios” y “La Familia Michoacana”; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exjefe del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, quien encabezó la organización “Los Zetas”.

En ese mismo penal también permanece el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, procesado por delitos relacionados con narcotráfico, así como el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue ingresado a esa prisión el 3 de enero de 2026, acusado por autoridades estadounidenses de cargos vinculados con narcoterrorismo.

La Policía boliviana confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset utilizó más de diez identidades diferentes para operar en Bolivia y otros países.

Tras analizar los documentos incautados durante los allanamientos en la ciudad de Santa Cruz, las autoridades determinaron que Marset, conocido por sus vínculos con organizaciones criminales internacionales, empleó estos nombres falsos para evitar su identificación, evadir controles y consolidar una red delictiva de alcance transnacional.

Entre las identidades reveladas figuran Gabriel de Souza Bemer, presuntamente de nacionalidad boliviana, y Luis Pablo Amorim Santos, asociado a Brasil.

El uso de múltiples identidades formó parte de la estrategia de Marset para ocultar su verdadera personalidad y dirigir actividades ilícitas. En 2023, bajo el nombre de Amorim Santos, adquirió y jugó en el club Leones del Torno, de la segunda división del departamento de Santa Cruz.

Además de los documentos falsos, en los operativos se encontraron máscaras, lo que refuerza la hipótesis de que tanto Marset como sus colaboradores empleaban diversos métodos para dificultar su rastreo por parte de las fuerzas de seguridad.

El desmantelamiento de la estructura logística de Marset en Bolivia incluyó la incautación de 16 avionetas, entre ellas una aeronave Beechcraft, y la identificación de al menos diez viviendas utilizadas por la organización para sus operaciones y seguridad.

El Ministerio de Gobierno boliviano estimó que el daño económico causado tras estos decomisos supera los USD 15 millones. El ministro Marco Antonio Oviedo explicó que la decisión de expulsar a Marset y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se tomó por el alto riesgo de violencia que implicaba su permanencia en una cárcel boliviana.

Ya en Estados Unidos, Marset enfrenta cargos en el estado de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína.

Según la fiscal federal Jessica Aber, Marset lideraba el traslado de varias toneladas de droga desde Sudamérica hacia Europa, generando ganancias por decenas de millones de euros mediante maniobras financieras complejas. El expediente judicial indica que solo en enero de 2021, una de sus operaciones le reportó un pago de más de 17 millones de euros (más de 19,4 millones de dólares).

La red criminal de Marset operaba con el apoyo de otros especialistas en lavado de activos, como el uruguayo Federico Ezequiel “Capitán” Santoro Vasallo, con base en Paraguay, quien fue arrestado antes que Marset y acordó colaborar con la justicia estadounidense.

La información proporcionada por Santoro permitió identificar transferencias ilícitas por al menos USD 8 millones a través de bancos en Estados Unidos, Bélgica, Chile, China, Países Bajos, Paraguay, Portugal y Nueva York.

Las maniobras incluían el uso de empresas ficticias y mensajeros que transportaban grandes sumas de dinero en efectivo antes de introducirlo en el sistema bancario global.

Durante el período en que permaneció prófugo, Marset mantuvo una estricta custodia y cambió de residencia en varias ocasiones. Sin embargo, la traición de allegados motivados por una recompensa de USD 2 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos facilitó su ubicación.

El uruguayo también es señalado como autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú, Colombia, y se lo vincula con el sicario Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, procesado por homicidios en Buenos Aires y Pilar en 2024.

Actualmente, Marset permanece bajo estricta custodia en una prisión de máxima seguridad en Virginia, a la espera de su segunda audiencia judicial.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 18 de marzo la detención en México de siete personas solicitadas por distintas cortes de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores, entre otros.

Las capturas, según la autoridad federal, ocurrieron en el marco de una operación coordinada entre autoridades mexicanas y agencias internacionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir la impunidad.

Según reportó la FGR, los detenidos, quienes enfrentan procesos de extradición y fueron ubicados en diferentes estados del país, son identificados con los siguientes nombres:

• Mario “N”
• Genaro “N”
• Néstor “N”
• Noé “N”
• José “N”
• Gilberto “N”
• René “N”

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, algunos de los detenidos utilizaban alias en sus círculos de operaciones. Genaro “N” es conocido como “G”; Noé “N” usaba los sobrenombres de “Alejandro Castillón” o el “Compadre”; mientras que Gilberto “N” también operaba bajo el alias de “Gil”.

Cooperación internacional permitió las capturas

De acuerdo con la FGR, el operativo fue resultado de una colaboración entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quienes intercambiaron información con agencias estadounidenses.

En el comunicado donde fueron informadas las detenciones, presentado por el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, fue destacada la labor de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por su papel en la gestión de las órdenes de detención formal con fines de extradición.

Según los datos oficiales, las autoridades mexicanas actuaron en respuesta a solicitudes formales de asistencia jurídica de Estados Unidos y realizaron los arrestos en distintos puntos del país, entre ellos Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Los siete detenidos permanecen bajo custodia en centros de justicia de México, mientras avanzan los trámites legales para su extradición.

Perfil de los 7 detenidos en México

Entre los capturados resalta el perfil de Genaro “N”, arrestado en Baja California, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con las investigación del Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California -quienes solicitan su extradición-, este individuo es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga hacia San Diego, California, la cual sería cruzada por la frontera con vías terrestres y túneles.

Por otra parte, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue capturado José “N”, solicitado por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, Condado de Salt Lake, Utah, para responder por 12 cargos de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, hechos cometidos entre 2020 y 2021.

Otro de los detenidos fue Néstor “N”, arrestado en Apodaca, Nuevo León, tras ser acusado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, de homicidio en primer grado. Según la acusación, habría privado de la vida a una víctima con tres disparos.

En Piedras Negras, Coahuila, fue detenido Noé “N”, investigado por la DEA y reclamado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Por su parte, el quinto hombre de la lista es René “N”, sujeto buscado por el FBI desde 2012. El presunto criminal fue arrestado en San Luis Potosí por abuso sexual calificado contra menores, tras ser requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Además, en Mexicali, Baja California, fue localizado Gilberto “N”, solicitado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína y fentanilo hacia EEUU.

Por último, en Acatlán de Juárez, Jalisco, se capturó a Mario “N”, requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside, acusado de abuso sexual y violación de una menor en cuatro cargos distintos.

En el mensaje realizado por la FGR este 18 de marzo no fueron indicadas las fechas exactas de las 7 aprehensiones.

Sebastian Enrique Marset Cabrera no permaneció por mucho tiempo en tierra boliviana luego de ser esposado por la Policía de ese país. En pocas horas, el capo narco uruguayo que dominó la Hidrovía, generó nuevas rutas y mantuvo una influencia latente en Argentina, fue entregado a la DEA y enviado a Estados Unidos, uno de los cinco países que solicitaba su captura. Ya en Virginia, recibió los cargos en su contra: conspiración para cometer lavado de dinero.

En el documento, al que accedió Infobae, se destacan los nombres falsos que utilizó el narcotraficante afiliado al temible PCC brasileño con sello propio (Primer Comando Uruguayo -PCU). “Luis Paulo Amorim Santos” y “Gabriel De Souza Beumer”, son identidades que le permitieron permanecer en la clandestinidad, viajar a Dubai y jugar al fútbol de manera profesional. También mencionan su alias: “Dor”.

Para la fiscal Jessica Aber, Marset era responsable del traslado de cantidades de varias toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares, desde Sudamérica hacia Europa, una operatividad propia de los grandes narcos.

Marset está siendo acusado junto al también uruguayo Federico Ezequiel “Capitán” Santoro Vasallo, un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay que ofrecía sus servicios al narco de la Hidrovía y que fue capturado antes que él. Fuentes allegadas al caso indicaron a este medio que Santoro acordó dar información sobre la organización y su jefe a las autoridades. “Cantó”, resumieron. A cambio le redujeron la condena a 15 años.

Esa información permitió a los investigadores conocer con mayor profundidad la red criminal, pero no sabían, aún, dónde se ocultaba Marset, por quien se ofrecían 2 millones de dólares de recompensa.

Santoro movía el dinero producto del narcotráfico desde varios países de Europa hacia Sudamérica y otros lugares en el extranjero. “Mientras Marset y Santoro trabajaban estrechamente, Santoro también proporcionaba servicios de lavado de dinero para otros, y Marset utilizaba otros lavadores de dinero además de Santoro”, puntualiza la acusación.

Ambos utilizaban mensajeros y señales para entregar de manera encubierta grandes cantidades de moneda ilícita, normalmente en euros, a sus co-conspiradores, incluso en maletas al costado de caminos públicos en Europa. Sus cómplices se especializaban en introducir la moneda ilícita en el sistema bancario global, señala el procesamiento.

Lo que seguía era un movimiento internacional a través de transferencias electrónicas. Al menos una de ellas pasó por el servidor de un banco estadounidense ubicado en Richmond, Virginia. Otras se detectaron en Bélgica, Chile, China, Países Bajos, Paraguay, Portugal y Nueva York.

Para ocultar la ubicación y propiedad de los activos lavados, utilizaron empresas registradas en Sudamérica y Asia y facturas falsas para justificar las transferencias.

En menos de cinco meses, de acuerdo a la investigación, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares derivados del tráfico de drogas a través de bancos estadounidenses.

Claro que, durante el proceso, Marset amenazaba “con usar la violencia contra otros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.

Para tener noción de las cantidades que manejaban, el escrito puntualiza que en enero de 2021, a Marset debían pagarle más de 17 millones de euros provenientes de una sola remesa de cocaína.

“En total, la organización distribuyó muchos miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias de drogas en efectivo”, destaca la fiscal norteamericana.

Las fuentes estimaron que esa acusación podría ampliarse al delito de contrabando. Este viernes, Marset, que está buscando abogado, tendrá una segunda audiencia para definir su situación.

Esperan que colabore y, de esta manera, que pueda reducir su pena. Mientras tanto, permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad del condado.

Traición y preservativos

Ahora bien. El episodio de Santoro es solo una parte de los hechos que provocaron la caída del jefe narco. Fuentes ligadas a la investigación indican que Marset sufrió la traición de personas pertenecientes a su círculo íntimo, para quienes la recompensa fue demasiado atractiva.

Aunque algunos miembros de su banda no escatimaban en gastos y los ostentaban, el jefe estaba tranquilo en la casa de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se ocultaba. Su custodia, unos tres hombres armados, dormían en otra propiedad lindera. Fueron los primeros en ser reducidos por los policías.

El narco nada sospechaba. Su inquietud estaba asociada, en cambio, a un episodio protagonizado poco antes por su ex esposa, Gianina García Troche, encerrada en un penal de Paraguay. En una requisa, le secuestraron perfumes, cartera y preservativos.

El hallazgo de este último elemento, advertido en crónicas de medios paraguayos, habría calado hondo en la sensibilidad del narco, que buscó conocer si su ex tenía una relación romántica con algún hombre -dicen que ella también investigaba si él estaba con otra mujer-.

En ese momento, Marset comenzó a acometer una serie de errores y descuidos que, combinados con los otros dos factores, permitieron su captura mientras dormía.

Una versión indica que la requisa en la celda de García Troche no fue casual y que, con picardía, los profilácticos fueron plantados para hacer salir al capo de su escondite.

Las huellas de Marset en Argentina

Aunque la Justicia argentina no lo requería debido a que nunca se encontraron evidencias en su contra, la sombra de Marset podía percibirse en varios eventos a lo largo de los años. Incluso, se cree que utilizó este país como tránsito de los cargamentos enviados a Europa.

Dejó su primera huella registrada en 2020 cuando un baqueano encontró en la isla El Chaparro, frente a Victoria, Entre Ríos, 29 panes de cocaína con la marca “PCU”. En ese momento, nadie tomó noción de la importancia del hallazgo.

Ese mismo año, en el Aeropuerto de Ezeiza, perros entrenados de Aduana detectaron cocaína en pallets de soporte de una máquina que viajaba en un vuelo de cargamento de la empresa holandesa KLM.

La inspección de rutina al vuelo que había llegado desde San Pablo, Brasil, se realizó en el proceso de carga y descarga de sus contenidos: el destino final del avión era Ámsterdam. En los ladrillos se puede leer el logo de Marset, a quien también se señala como autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en una playa de Barú, Colombia, durante su luna de miel. El caso provocó gran conmoción en los fiscales de la región dedicados a combatir el crimen organizado.

Por último, muchos ven su figura detrás del sicario uruguayo Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, procesado por los homicidios de Fabián Sturm Jardón, en diciembre de 2024 en Recoleta, y el de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sostuvieron una reunión por temas de seguridad de ambos países.

Durante el encuentro, la agenda priorizó la coordinación binacional como herramienta principal para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

Dicha reunión, según el titular de la DEA, estuvo centrada en la cooperación transfronteriza para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

En tanto, Harfuch indicó en sus redes sociales que en el encuentro también se habló de la contención del tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones de alto impacto.

“Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, indicó Harfuch.

Este encuentro sucedió luego de que García Harfuch narró para el medio estadounidense Newsmax el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado por la DEA como el criminal más buscado; incluso la agencia ofreció una recompensa por información del capo con un valor de 15 millones de dólares.

De acuerdo con el secretario, la acción incluyó tres componentes: uno terrestre, con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; uno aéreo, con seis helicópteros y personal militar; y la participación de aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La conversación de García Harfuch con la cadena estadounidense se suma a su participación en otros medios, debido a su gestión y participación en operativos relevantes le han valido menciones en publicaciones como The New York Times, que resaltó el papel de García Harfuch en el fortalecimiento del intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, así como su aporte para reducir las dudas de Washington respecto a la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar a los cárteles.

Colaboración entre EUU y México en Seguridad

Según NYT, la labor coordinada entre ambos países ha permitido incrementar las detenciones de criminales buscados y facilitar extradiciones. Además, la cooperación bilateral ha sido reconocida por autoridades de alto nivel, incluyendo agencias estadounidenses como la CIA y el FBI, quienes han destacado los avances logrados en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, en la muerte de “El Mencho”, la presidenta de México ha insistido, pese a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien se intentó atribuir el operativo, que fue el resultado de las Fuerzas Armadas de México. La participación del gobierno estadounidense en este caso específico, según fuentes oficiales, fue que éste proporcionó información clave.

Tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informó que el delincuente ya estaba bajo su custodia. En un comunicado, la agencia estadounidense definió al criminal como “un Pablo Escobar de la era moderna”.

“La búsqueda ha terminado”, celebró la DEA en el comunicado en el que informaba que las autoridades bolivianas capturaron a Marset y lo entregaron a sus agentes, que se encargaron de escoltarlo hacia Estados Unidos tras su expulsión de Bolivia.

“Descrito como un ‘Pablo Escobar de la era moderna’, Marset se enfrentará a la justicia en Estados Unidos por los crímenes que se le imputan”, agrega el texto. También lo definen como “uno de los presuntos narcotraficantes más notorios de Sudamérica”.

Marset había ingresado hace casi un año a la lista de los fugitivos más buscados de la agencia antidrogas de Estados Unidos, que se había comprometido a “perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización del narcotráfico”, expresó el administrador de la DEA, Terrance Cole. Informó que el uruguayo será juzgado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de activos.

“Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura”, declaró Cole, y recordó que la agencia que administra se enfoca en “desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional al perseguir a los narcotraficantes de todos los niveles”.

“Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset. El renovado enfoque de la DEA en las alianzas y los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global continúa dando resultados para los estadounidenses”, señaló Cole en la declaración difundida.

Fue en mayo de 2025 que la DEA agregó a Marset a la lista de los más buscados y ofreció una recompensa por él de USD 2 millones. Esta decisión estuvo basada en una acusación formal realizada por el Distrito Este de Virginia que alegó que Marset es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala, que traslada cocaína desde la región hasta Europea.

Marset está acusado de traficar cocaína en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros países. Además, según la acusación formal, el uruguayo utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Tras su caída, el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi celebró la noticia. El mandatario habló con su par boliviano, Rodrigo Paz, y lo felicitó por el operativo. Este luego le agradeció a través de la red social X.

El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, convocó a una conferencia de prensa luego de que las autoridades bolivianas confirmaran la captura y destacó que el intercambio de información “fue clave” para dar con el paradero del narcotraficante.

Además, el jerarca del gobierno uruguayo dijo que Marset está implicado en algunas investigaciones en Uruguay. “Tenemos la certeza de la participación de Marset en diferentes eventos que ocurrieron en el país en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas por eso la reserva obliga a guardar silencio. Sabemos de la participación en varios hechos que fueron públicos y notorios en prensa”, expresó.

Respecto al comportamiento de bandas criminales, señaló que las organizaciones buscan “suplir liderazgos”. Por tanto, hay “fenómenos en estudio” para ver qué consecuencias puede haber estas capturas. En concreto, Negro fue preguntado por posibles represalias y llamó a “estar alertas” y “no aflojar el músculo”. “Estamos pendientes de cualquier movimiento fuera de lo normal”, expresó.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia suspenderá temporalmente la atención en su Agencia Consular de Santa Cruz, la única de este tipo en el país, a partir del lunes 16 de marzo.

La medida responde a motivos de seguridad tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la desarticulación de su red criminal con conexiones regionales, según informó la representación diplomática estadounidense.

En la misma alerta, se recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Santa Cruz que refuercen las precauciones, se mantengan informados a través de medios locales, permanezcan atentos a su entorno y reduzcan la notoriedad durante su estadía en la ciudad. El cierre de la agencia consular se mantendrá, al menos, hasta el viernes 20 de marzo aunque esta fecha podría extenderse dependiendo de la evolución de la situación.

La detención de Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica, se produjo la madrugada del viernes 13 de marzo durante un operativo policial coordinado en dos inmuebles de la ciudad de Santa Cruz. En el primer domicilio, agentes policiales detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer identificada como hermana del líder narco.

En un segundo inmueble, ubicado a poca distancia, las fuerzas de seguridad localizaron al propio Marset, quien no opuso resistencia al arresto. El procedimiento se realizó sin que se registraran víctimas entre los efectivos policiales ni entre la población civil.

La base de operaciones de Marset estaba en Santa Cruz. Desde allí, coordinaba una red internacional dedicada al tráfico de drogas, según confirmó el gobierno boliviano. Tras la detención, las fuerzas de seguridad confiscaron bienes valuados en más de USD 15 millones, incluyendo propiedades inmobiliarias, aeronaves, vehículos y estupefacientes.

Además, se supo que el uruguayo había fundado y participado como jugador en un club de fútbol de la segunda división local, Los Leones del Torno, actividad que facilitó su permanencia discreta en Bolivia.

Las autoridades presentaron a los cuatro integrantes del círculo de seguridad de Marset, quienes fueron enviados a prisión preventiva por orden judicial. Junto a ellos, se detuvo a otros cuatro individuos: un ciudadano brasileño vinculado con la organización criminal Comando Vermelho, un chileno con antecedentes por tráfico de drogas y dos personas cuya identidad no fue revelada inicialmente.

El Ministerio de Gobierno boliviano indicó que ya se tramita la expulsión de Marset hacia Estados Unidos, país que lo reclama por delitos de tráfico internacional de estupefacientes.

El uruguayo también es requerido por la justicia de Uruguay, Brasil y por organismos internacionales como Europol, Interpol y la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, una de las principales agencias federales dedicada al combate del narcotráfico, que desde mayo de 2025 lo incluyó en su lista de fugitivos prioritarios.

En febrero de este año, después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y ocupaba uno de los puestos más altos en dicha lista, Marset ascendió al tercer lugar, de acuerdo con la agencia estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia consideró la captura un avance dentro de la operación “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación regional iniciado bajo la administración de Donald Trump junto a gobiernos latinoamericanos, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la seguridad transnacional. Esta operación ha permitido la coordinación de esfuerzos policiales y judiciales en diferentes países para combatir redes criminales transfronterizas.

El cierre de la Agencia Consular estadounidense en Santa Cruz responde a la preocupación ante posibles represalias o incidentes derivados del desmantelamiento de la red criminal liderada por Marset.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos en la región a mantener vigilancia estricta y seguir las recomendaciones oficiales hasta que las condiciones de seguridad permitan restablecer los servicios consulares.

Por su parte, el gobierno boliviano afirmó que continuará los operativos para desarticular las estructuras delictivas asociadas a Marset y sus colaboradores, y reiteró su compromiso de cooperación con las agencias internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

(Con información de EFE)

El traslado de Sebastián Marset a Estados Unidos estuvo a cargo de agentes de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), según informó El País, después de que autoridades bolivianas confirmaran su detención en la madrugada de este viernes en el departamento de Santa Cruz. El operativo se realizó de forma coordinada y se arrestó tanto a Marset como a varias personas de diversas nacionalidades que integraban su estructura criminal. La captura marca un momento decisivo en los esfuerzos regionales contra el crimen organizado, ya que Marset figuraba entre los cinco más buscados por el organismo antidrogas de Estados Unidos, acusado por conspirar para cometer lavado de dinero.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó la noticia durante una conferencia de prensa, señalando que “uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro más grandes del continente ha caído”. Según consignó El País, Paz calificó este acontecimiento como un hito en la lucha latinoamericana contra el narcotráfico y las redes de delincuencia compleja, destacando la envergadura de Marset y la relevancia del operativo. Estados Unidos había ofrecido dos millones de dólares por la captura del uruguayo, intensificando así la presión internacional para su localización.

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, declaró tras recibir confirmación oficial desde Bolivia que la detención de Marset cumple con demandas judiciales pendientes. Paraguay, según recordó Rachid a El País, mantiene causas abiertas contra Marset, quien es señalado como uno de los principales líderes del tráfico regional de estupefacientes. Rachid precisó que el arresto ocurrió junto a colaboradores extranjeros, lo que apunta a la operatividad transnacional de la banda dirigida por Marset.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, adelantó que solicitaría la extradición del detenido para que comparezca ante la justicia paraguaya por los delitos que se le imputan en ese país. El medio El País detalló, no obstante, que el gobierno boliviano confirmó el traslado inmediato del uruguayo a Estados Unidos, en una operación limitada logísticamente al transporte aéreo por parte de la DEA, sin participación directa en el arresto inicial.

Al conocerse la noticia, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en medios digitales, recogido por El País, en el que enfatizó el alcance de la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos para poner fin al “reinado de caos y terror” de Marset. Según la versión oficial, la colaboración policial fue esencial para neutralizar las actividades de uno de los actores clave en el tráfico internacional de drogas.

El impacto de la captura trascendió el ámbito bilateral. Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó en redes sociales, como indicó El País, su satisfacción por la aprehensión de Marset. Petro acusó al uruguayo de haber planeado su asesinato debido a la política de lucha contra el narcotráfico que impulsa su administración, agregando una dimensión política a la operación internacional que culminó en Santa Cruz.

Las autoridades bolivianas subrayaron ante El País que la DEA no intervino en la fase de detención, limitando su actuación al traslado posterior hacia territorio estadounidense. La operación se enmarca en el intercambio de información entre agencias y refleja la presión creciente ejercida desde varios países sudamericanos sobre líderes fugitivos del crimen organizado. La coordinación entre Bolivia, Estados Unidos y Paraguay muestra un nuevo patrón en la persecución regional de figuras señaladas por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Según publicó El País, Marset se encontraba en la lista de los cinco fugitivos prioritarios de la DEA. El organismo antidrogas justificó la recompensa de dos millones de dólares afirmando que Marset había generado una sofisticada estructura para el lavado de capitales ilícitos, extendiéndose en varios países y creando una red de colaboradores de distintas nacionalidades.

El arresto de Sebastián Marset no solo responde a causas penales acumuladas en distintos sistemas judiciales, sino también a una estrategia internacional que comenzaron a definir hace meses los países más afectados por su carrera criminal. El seguimiento realizado durante meses incluyó labor de inteligencia conjunta, intercambio de información y coordinación operativa entre autoridades de América del Sur y Estados Unidos, según detalla El País. La operación aspira, de acuerdo a fuentes oficiales citadas por el medio, a sentar un precedente en la persecución de estructuras criminales transfronterizas.

De acuerdo con información de El País, la extradición a Estados Unidos se concretó desde el departamento boliviano de Santa Cruz, inmediato tras el arresto. El traslado resultó exclusivamente logístico, ya que Bolivia aclaró que no se permitió la intervención de la DEA en el operativo de detención propiamente dicho.

La detención de Marset ha generado reacciones entre autoridades y observadores del combate al narcotráfico en la región. El seguimiento de su caso por parte de la DEA y las reiteradas solicitudes de captura consiguieron finalmente una respuesta regional organizada, que culminó con la transferencia del detenido a Estados Unidos. La investigación sobre la red de colaboradores del uruguayo y las repercusiones legales en los países con causas abiertas contra él continúan, mientras en Washington se refuerza la colaboración hemisférica en la lucha contra las estructuras mafiosas de alcance internacional, reportó El País.

Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado la madrugada de este viernes en una zona elegante y residencial de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Sebastián Marset, el uruguayo de 34 años acusado de liderar una de las mayores organizaciones criminales de la región, fue aprehendido por agentes de la Policía boliviana cuando dormía en una vivienda alquilada en el barrio Las Palmas, en las calles Río Urigaito y Las Salinas .

El operativo policial —en el que participaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop)— se planificó con al menos tres meses de anticipación, pero fue en las últimas semanas cuando se intensificó la investigación. Para cercar al capo, el Ministerio de Gobierno dispuso el traslado de unidades especializadas de la Policía a la ciudad de Santa Cruz.

Según el relato del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, los agentes fueron trasladados a la capital cruceña “con absoluta reserva” y posteriormente fueron aislados para evitar filtraciones de la investigación. A este equipo especializado se lo alojó en una casa “a unos kilómetros” de la ciudad.

La operación, que fue calificada por el presidente Rodrigo Paz como “quirúrgica”, tenía dos objetivos: ingresar primero a la vivienda donde estaban los guardias de Marset y posteriormente a la que era la residencia del capo. A las 02:30 de este viernes inició el megaoperativo con el cierre de calles aledañas para evitar intentos de fuga.

“Tomamos la primera vivienda y la neutralizamos para que la seguridad de Marset no se traslade a la vivienda del narcotraficante”, explicó Oviedo. Posteriormente pasaron al segundo domicilio donde el uruguayo se encontraba “descansando”, solo y sin seguridad.

“Se lo ha detenido con las formalidades de trato humano”, afirmó el ministro. Oviedo reveló que Marset “guardó silencio todo el tiempo” y que la operación fue “muy corta, muy rápida y sin víctimas ni heridos”.

Según registros de cámaras de seguridad de la zona, Marset fue sacado de su domicilio encapuchado a las 5:09 de la madrugada y trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde minutos antes había aterrizado un avión Beechcraft King Air 350C procedente de Lima, Perú.

El narcotraficante fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo guiaron hasta la aeronave con las manos y los pies esposados. Según páginas especializadas en rastreo de vuelos, el avión voló a Lima y se presume que desde ahí partió hacia Estados Unidos.

“Se lo expulsó de manera inmediata porque nuestro sistema penitenciario es muy frágil”, justificó el ministro Oviedo y afirmó que su presencia en una cárcel boliviana hubiera producido caos y “asesinatos”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el operativo se produjo la captura de dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya de apellido Marset, quien se presume que es media hermana del narcotraficante. Estas cuatro personas fueron trasladadas a celdas policiales para su imputación por los delitos vinculados al tráfico de armas y a la organización criminal.

En el lugar se encontraron múltiples dispositivos electrónicos, “armamento sofisticado” y dos vehículos, un Mercedes-Benz Clase G y una camioneta Toyota Hilux. Ambos “tenían un blindaje tipo 7, que es el más alto que se puede conseguir para una movilidad”, detalló el ministro Oviedo.

En paralelo se realizaron allanamientos en la zona residencial del Urubó y en la localidad de Warnes, distante a 35 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. En ambos lugares se encontraron 11 avionetas, armas de grueso calibre, vehículos, tarjetas de crédito, documentos y diversos tipos de droga.

Según se difundió en los medios locales, la casa en la que vivía Marset era alquilada y hasta hace poco estaba en venta. En el letrero en el que se ofrecía el inmueble se detallaba que cuenta con siete habitaciones, cuatro salas, dos cocinas y garaje para cinco vehículos en una superficie de 900 metros cuadrados.

Marset se encontraba prófugo de la justicia desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, ciudad en la que vivió en los últimos años y que era su “centro de operaciones”, según autoridades del Gobierno boliviano.

“Sebastián Marset elige quedarse en Bolivia porque le dieron las condiciones”, afirmó en una entrevista la criminóloga Gabriela Reyes, quien considera que es importante ampliar las investigaciones para identificar la red de protección que tuvo el narcotraficante durante los últimos años. “Tenía protección policial, judicial y, como se ve, no llegó a la protección política”, afirmó.

Para la especialista y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, la detención del capo es solo “la punta del iceberg de algo mucho más profundo”.

El uruguayo es acusado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de droga y era requerido por varios países. También se le acusa de estar implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Policía boliviana arrestó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este viernes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana, hora local, y se extendió hasta pasadas las 09:00.

En imágenes difundidas por medios locales se observa a policías fuertemente armados salir de una vivienda de color blanco y custodiando a cuatro personas enmanilladas. Se presume que los detenidos eran parte de su equipo de seguridad.

Tras su detención, el narcotraficante fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru donde fue entregado a las autoridades de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como un “punto de inflexión” en la lucha contra el crimen organizado. “Es un hecho histórico para la región y la humanidad; uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y las capacidades del Estado”, afirmó Paz en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que la tarea de inteligencia y seguimiento al uruguayo se realizó hace varias semanas y en “absoluta discreción” por parte de agentes policiales de Bolivia. El ministro descartó la presencia de la DEA durante el operativo.

“No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a EE. UU. porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, afirmó Oviedo.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se le acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

En 2023 escapó de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública con otra identidad. Desde ese operativo del que logró huir, se desconocía su paradero. En mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como “un punto de inflexión” en el combate al crimen organizado en el país. El narcotraficante fue detenido la madrugada de este viernes en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

“Uno de los narcos considerados entre los más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa. “Resaltar que no hubo ni una baja institucional de nuestra Policía Boliviana, ni un civil, ni un vecino afectado. Fue una acción quirúrgica de la Policía para quitar un mal de la patria”, agregó el mandatario.

La operación de captura inició cerca de las 2:30 de la mañana, hora local. Los agentes policiales de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) realizaron allanamientos en cuatro inmuebles del barrio residencial y lograron la detención del capo y otras cuatro personas, quienes presuntamente serían parte de su equipo de seguridad. En el lugar se decomisó armamento de grueso calibre y municiones.

Posteriormente, Marset fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y expulsado del país. En imágenes obtenidas a través de fuentes policiales, se observa al narcotraficante en el aeropuerto rodeado de oficiales de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) quienes lo trasladaron hasta Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, descartó la participación de la agencia norteamericana en el operativo. “No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, informó en conferencia de prensa.

Tras darse a conocer la detención del narcotraficante, la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo esa oficina en sus cuentas de redes sociales.

El mensaje, que acompaña una foto de Marset con el letrero “capturado”, agrega que el uruguayo enfrentará la justicia y afirma que “el Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, en referencia al bloque recientemente conformado por Estados Unidos y 12 países latinoamericanos.

El narcotraficante acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos, es requerido por la justicia de al menos tres países latinoamericanos y agencias policiales internacionales como la DEA, que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura.

El presidente Paz afirmó que la captura de Marset es el inicio de una serie de acciones para consolidar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país. “Bolivia hoy ha ganado. Debemos asumir con grandeza este paso para construir una patria digna y libre de narcotráfico, corrupción e impunidad”, afirmó.

Sebastián Marset era uno de los narcotraficantes más buscados en la región. En los últimos años vivió en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública y llegó a participar en un equipo de fútbol local con otra identidad y a tener operaciones comerciales.

En julio de 2023 logró escapar junto a su familia de un operativo en Santa Cruz y desde entonces se encontraba prófugo de la justicia.

En un megaoperativo en Bolivia, la captura y traslado a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset marcaron un hito en la lucha regional contra el crimen organizado. Marset fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y subido a un avión por efectivos de la agencia antidrogas de Estados Unidos, con presencia de policías locales.

Marset fue llevado a Estados Unidos porque se lo busca por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

Las imágenes del procedimiento muestran a Marset sentado frente a una mesa acompañado por cuatro agentes de la DEA, dos con el rostro cubierto y altamente armados. Otra fotografía lo registra en la pista de aviación, rodeado por policías y bajo constante supervisión.

Persecución internacional y antecedentes de Sebastián Marset

La detención de Marset es el resultado de años de persecución internacional. En 2023, había logrado escapar de un operativo en la misma ciudad boliviana. Tras esa fuga, la justicia de Bolivia abrió procesos por narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja para su arresto.

El nombre de Sebastián Marset ya figuraba entre los narcotraficantes más perseguidos. La detención fue posible gracias a la coordinación entre fuerzas policiales de Sudamérica y Estados Unidos. El operativo, iniciado de madrugada y prolongado por más de cinco horas, incluyó vigilancia intensiva para bloquear cualquier nueva fuga del detenido.

El Departamento de Estado norteamericano felicitó y agradeció al presidente de Bolivia Rodrigo Paz por su liderazgo en la captura del narco uruguayo Sebastián Marset. Mediante un breve comunicado publicado en redes sociales, Washington resaltó además la iniciativa “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) lanzado recientemente en Florida junto a Donald Trump y de la que participaron presidentes de América Latina.

“CAPTURADO. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y a la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, que se fortalece rápidamente, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señala la publicación que acompaña una imagen de Marset y el pedido de recompensa de 2 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.

La detención Marset marca el fin de su actividad como uno de los principales delincuentes vinculados al narcotráfico en la región. El operativo, según fuentes oficiales bolivianas, se realizó en el marco de una colaboración reforzada entre Estados Unidos y Bolivia, impulsada por la gestión del presidente Rodrigo Paz.

El impacto de la captura extiende sus efectos a la política de seguridad regional, ya que las autoridades sostienen que “Shield of the Americas” representa una estrategia conjunta que fortalece la seguridad en el continente, al tiempo que reduce la capacidad operativa de organizaciones criminales.

La cooperación entre fuerzas de seguridad de Bolivia y Estados Unidos permitió la localización de Marset, que ahora enfrentará cargos y comparecerá ante la justicia, conforme a los actuales acuerdos bilaterales.

El operativo

La Policía boliviana arrestó este viernes al narcotraficante uruguayo Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este martes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana. A las 8:30,hora local, el Ministerio de Gobierno informó el traslado de 200 policías de élite desde El Alto hacia Santa Cruz, para apoyar el resguardo policial.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

Marset fue llevado a Estados Unidos donde era requerido por las autoridades por delitos asociados al tráfico de drogas. La acción rápida respondió a su historial de evasión y a investigaciones abiertas en varios países, lo que requería garantizar su disponibilidad ante la justicia estadounidense.

El traslado se realizó en la aeronave identificada con el número N846DJ, que partió de Santa Cruz y tenía prevista una escala en Lima, Perú, antes de continuar hacia Estados Unidos. Marset, esposado de pies y manos, vestido de negro y bajo estricta vigilancia, fue escoltado por agentes antidrogas a lo largo de la operación.

Anuncian la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo una nueva dirección, tras un periodo de cierre temporal derivado de auditorías internas. La decisión responde a la intención de fortalecer la transparencia y la integridad en las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Durante el cierre, las autoridades estadounidenses revisaron los programas de visas y otros procesos internos, con el objetivo de garantizar que los procedimientos alcancen niveles más altos de honestidad y resistencia ante posibles irregularidades.

“Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos”, declaró Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

La medida buscó dejar en claro que la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos. “La integridad y la transparencia fueron la base de esta medida”, afirmó la embajadora, quien sostuvo que no permitirá que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen el trabajo vital del personal de la DEA.

Con la reactivación de la oficina, se inicia una nueva etapa marcada por el liderazgo renovado y la supervisión directa del administrador de la DEA, Terry Cole. La meta es que todos los integrantes cumplan con los estándares esperados por la misión diplomática estadounidense, mientras las auditorías y las investigaciones internas siguen en curso.

Para quienes se preguntan “¿qué ocurrió con la oficina de la DEA en Santo Domingo?”, la sede fue clausurada temporalmente para someterse a auditorías y reforzar su funcionamiento. Ahora vuelve a operar con una estructura renovada y un compromiso firme frente a la corrupción y el narcotráfico.

La reapertura se produce en paralelo con la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada recientemente en Florida. En ese evento, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado de líderes de la región, destacó la importancia de la soberanía y el control de fronteras en la lucha contra el narcoterrorismo.

La participación activa de la República Dominicana en esa conferencia fue resaltada como una muestra de la fortaleza de la alianza bilateral. Según la embajadora Campos, “seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas”.

La reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo, bajo nueva dirección, representa un avance relevante en la estrategia regional para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad. Estados Unidos reitera su respaldo a la República Dominicana y enfatiza que la cooperación en seguridad es fundamental para el futuro de ambas naciones.

Campos concluyó que Estados Unidos permanece “plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la lucha contra los narcotraficantes”, reiterando la determinación de erradicar la criminalidad que amenaza a la juventud de ambos países.

El relanzamiento de esta oficina busca consolidar la confianza y la integridad en la cooperación internacional, enviando el mensaje de que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo pilares esenciales en la relación entre ambos gobiernos.

El Gobierno de Bolivia presentó ante la comunidad internacional su política antidrogas durante la 69ª Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena, Austria. La propuesta fue desarrollada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que el país busca fortalecer la cooperación internacional y aplicar un enfoque integral frente al narcotráfico.

La estrategia boliviana se sustenta en cinco ejes: el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional; el control responsable de los cultivos de hoja de coca mediante monitoreo y trazabilidad; la planificación estratégica y el uso de tecnología para mejorar la interdicción; la prevención y el tratamiento del consumo desde una perspectiva de salud pública; y el combate a las finanzas del narcotráfico.

El ministro Oviedo destacó que estas acciones buscan dar respuesta a un escenario en el que el narcotráfico adopta nuevas dinámicas y se vincula con otras economías ilícitas. En ese sentido, señaló que el fenómeno ya no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional. “Hoy enfrentamos una realidad compleja que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional”, afirmó durante su intervención ante el organismo internacional.

Oviedo advirtió además que las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas que operan con una lógica empresarial y se articulan con distintos delitos transnacionales. Entre ellos mencionó el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando.

En ese contexto, alertó que uno de los desafíos más urgentes para la comunidad internacional es la expansión de las drogas sintéticas y la proliferación de precursores químicos, fenómenos que se aprovechan de cadenas globales de suministro.

Ante este escenario, el ministro sostuvo que enfrentar el narcotráfico requiere respuestas coordinadas entre los Estados. “Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales”, señaló, al insistir en la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y el sistema internacional de fiscalización de drogas.

La delegación boliviana participa en la Comisión de Estupefacientes, el principal órgano de decisión sobre políticas de drogas a nivel mundial, para exponer su enfoque frente al narcotráfico y promover acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

Bolivia es uno de los tres países productores de hoja de coca en el mundo, junto con Colombia y Perú. Aunque una parte de esa producción se destina al consumo tradicional y legal de la hoja —reconocido en la legislación boliviana—, otra parte se desvía a la producción de cocaína, lo que sitúa al país dentro de las dinámicas regionales del narcotráfico.

Según datos de las Naciones Unidas, Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, de las que sólo 22.000 son reconocidas como legales. Si bien no hay datos oficiales sobre producción de cocaína, el zar antidrogas Ernesto Justiniano estimó en una entrevista con AFP que la fabricación anual bordea en la actualidad “las 300 toneladas al año”.

Adicionalmente, el país es considerado una región de tránsito de drogas producidas en otros países sudamericanos hacia mercados en Europa y, en menor medida, Norteamérica.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado la necesidad de reforzar la cooperación internacional y ha respaldado el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al país, después de casi 20 años sin presencia formal por la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2008, en medio de acusaciones de injerencia política.

Un nuevo cargamento de clorhidrato de cocaína fue incautado por el Ejército Nacional en el departamento de Nariño, evitando la comercialización de 693.000 dosis de este estupefaciente.

La operación tuvo lugar en inmediaciones de la vereda Inantas, municipio de Yacuanquer, donde soldados del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas DEA, decomisaron 277 kilogramos de droga.

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Se trató de un esfuerzo articulado basado en información de inteligencia militar, que permitió instalar un puesto de control y detener una camioneta que transportaba más de 200 paquetes embalados con el alcaloide.

Durante el procedimiento, fue incautado el vehículo y capturado el sujeto que conducía el cargamento. Las primeras indagaciones apuntan a que el estupefaciente pertenecería al grupo armado organizado ELN, específicamente al Frente Manuel Vásquez Castaño, que opera en la región.

La afectación económica para el grupo insurgente se estima en USD9,3 millones en el mercado ilegal internacional. Este golpe al tráfico ilegal evitó que la sustancia incautada llegara a las calles y se distribuyera entre consumidores. Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán operaciones sostenidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente del país.

Destruyen una tonelada de explosivos artesanales vinculados a estructura criminal en zona rural de Tumaco

En paralelo, en una operación conjunta en la zona rural del municipio de Tumaco, la Policía Nacional y la Armada Nacional destruyeron de manera controlada cerca de una tonelada de explosivos artesanales.

El material, hallado en 16 bultos en las inmediaciones del corregimiento La Espriella, estaría vinculado a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según reportes de inteligencia. Las investigaciones señalan que estos explosivos serían usados para fabricar artefactos improvisados con el fin de afectar la seguridad y el control territorial en la región.

“La Policía Nacional, a través de la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional, logró la ubicación y destrucción controlada de aproximadamente una tonelada de explosivos de fabricación casera en zona rural de Tumaco, en inmediaciones del corregimiento de La Espiella. El material, distribuido en 16 bultos, pertenecería a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y, según información de inteligencia, estaba listo para ser empleado en la elaboración de artefactos explosivos improvisados, con los que se pretendería afectar la seguridad y el control territorial en la región”, indicó puntualmente el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño.

Esta acción contó con el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), lo que robusteció la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras delictivas.

La destrucción técnica de los explosivos se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, sin causar daños materiales ni víctimas. Las autoridades aseguraron que la operación neutralizó una amenaza concreta de posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en Nariño.

“Es importante resaltar que esta operación contó con el apoyo de la HSI, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en articulación con autoridades colombianas, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras criminales. De manera contundente, es importante destacar que en el desarrollo de esta operación no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas, gracias a la planeación técnica y a la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad”, complementó el oficial.

Policía señaló que continuarán ejecutando acciones coordinadas para debilitar las capacidades logísticas de los grupos criminales en la región y preservar la tranquilidad de las comunidades.

“Con esta acción se logra contrarrestar una amenaza real, evitando posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en el departamento de Nariño”, finalizó el coronel.

Las instalaciones clandestinas desmanteladas tenían capacidad para generar hasta siete toneladas mensuales de cocaína, de acuerdo con información oficial difundida al cierre de la operación. Según reportó el medio Europa Press, la reciente ofensiva conjunta entre las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador resultó en el desmantelamiento de cinco centros de elaboración de drogas ilegales y la incautación de 1.373 kilogramos de cocaína en el suroeste colombiano.

De acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, las fuerzas participantes, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y entidades ecuatorianas, destruyeron cinco laboratorios identificados como pertenecientes a la red criminal encabezada por el individuo conocido como alias "Araña". Europa Press detalló que los centros estaban situados en las localidades de Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño), regiones señaladas como puntos estratégicos en los corredores transnacionales del narcotráfico.

El ministro Sánchez, citado por Europa Press, indicó que estos laboratorios integraban una estructura fundamental para el tráfico de drogas en la región, al funcionar no solo en la producción de la sustancia, sino también en su transformación: dos instalaciones estaban destinadas a la fabricación de cocaína y las otras tres al procesamiento de pasta base, comúnmente conocida como crack. El destino de la droga producida era, según Europa Press, su transporte inicial hacia Ecuador y, posteriormente, a Centroamérica y Estados Unidos, lo que encaja dentro de las rutas utilizadas tradicionalmente para el envío de cargamentos ilícitos hacia el norte del continente.

El resultado de la operación incluyó además la incautación de 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de pasta base en suspensión, 4.450 galones (aproximadamente 8.900 litros) de insumos químicos líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos, elementos esenciales para el procesamiento de los estupefacientes. Entre el material decomisado, informó Europa Press, sobresalen siete destiladores industriales y 24 equipos técnicos vinculados a las fases de síntesis y refinamiento de la droga.

Pedro Sánchez manifestó que estas acciones forman parte de la respuesta estatal contra las economías ilícitas y resaltó que el poder de coordinación internacional incrementa la presión sobre las redes criminales. Según consignó Europa Press, Sánchez remarcó que una de las metas de estos operativos es “golpear las finanzas de los grupos criminales”, así como cerrar las rutas de tráfico que generan inestabilidad en la región y deterioran la seguridad de las comunidades locales.

La relevancia de las estructuras ilegales desarticuladas fue subrayada por el ministro, quien puso en contexto las dimensiones transnacionales del tráfico de drogas. Tal como precisó Europa Press, Sánchez recordó que estos enclaves de procesamiento y tránsito de narcóticos han sido objetivos priorizados incluso por la política antidrogas de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

Según la información consolidada en el reporte de Europa Press, las autoridades aseguraron que continuarán con la cooperación internacional para dificultar la operatividad de redes como la liderada por alias “Araña” y, al mismo tiempo, proteger a los habitantes de zonas donde el narcotráfico tiene impacto directo en la vida cotidiana y la economía local. Insistieron en la necesidad de mantener la presión mediante acciones conjuntas, dado que la fragmentación de las rutas y la destrucción de infraestructuras suponen un golpe para la logística criminal.

Las cifras reportadas, la dimensión de la infraestructura intervenida y la cooperación internacional en el operativo evidencian el alcance de la red narcotraficante y el enfoque trasnacional con el que las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Ecuador abordan la problemática en la región andina.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó el apoyo de agencias internacionales en un operativo contra el narcotráfico que permitió desarticular una red criminal vinculada con organizaciones locales y estructuras transnacionales, y aseguró que el país “no luchará solo” en su estrategia contra estas organizaciones.

La operación, ejecutada tras más de un año de investigación, contó con la cooperación de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de Europol, según confirmó el mandatario en una declaración difundida la noche del 4 de marzo.

De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, la investigación se extendió durante un año y ocho meses y culminó con la ejecución de 26 allanamientos simultáneos en varias ciudades del país. Los operativos se realizaron en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro y fueron ejecutados por la Policía Nacional del Ecuador con el apoyo de organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico. Como resultado, 16 personas fueron detenidas y se incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a las estructuras investigadas.

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Según explicó el presidente, la operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico que mantenía vínculos con la organización criminal conocida como Los Lobos y evidenció la presencia de estructuras extranjeras en el país. En particular, mencionó que la investigación permitió documentar cómo grupos asociados con la denominada mafia albanesa lograron infiltrarse en empresas ecuatorianas para facilitar operaciones de lavado de dinero y logística para el tráfico de drogas.

El mandatario sostuvo que los resultados del operativo son parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales. Durante su declaración, difundida en sus redes sociales, el presidente subrayó que la cooperación internacional ha sido clave para avanzar en investigaciones de alcance transnacional y reiteró que Ecuador mantiene alianzas operativas con distintas agencias de seguridad extranjeras. “En esta guerra tienen mi compromiso de que el Ecuador no luchará solo”, señaló.

El pronunciamiento presidencial se produce en un contexto regional marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y por la presencia de organizaciones transnacionales que utilizan rutas marítimas y puertos de América Latina para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. Ecuador, debido a su ubicación geográfica y a su infraestructura portuaria, ha sido identificado en investigaciones internacionales como un punto relevante en esas rutas de tráfico.

En paralelo a las declaraciones del mandatario ecuatoriano, el United States Southern Command (Southcom) reiteró públicamente el respaldo de Washington a los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y lo que denomina “narcoterrorismo”. En un mensaje difundido en redes sociales, el comandante del organismo, Francis L. Donovan, señaló que Estados Unidos trabaja activamente con países de América Latina y el Caribe para enfrentar estas amenazas.

El mensaje del Southcom destacó que las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra organizaciones catalogadas como terroristas designadas son parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en el hemisferio occidental. Donovan afirmó que los ciudadanos de la región han experimentado de cerca las consecuencias de la violencia vinculada al narcotráfico y sostuvo que es momento de que los socios regionales adopten acciones decisivas contra estas redes.

El comandante Donovan, realizó una visita oficial a Quito el 1 y 2 de marzo, donde mantuvo reuniones con el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado. Según el comunicado oficial del Comando Sur, el encuentro tuvo como objetivo “discutir la cooperación en seguridad y reafirmar el fuerte compromiso de Estados Unidos de apoyar los esfuerzos del país para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional”.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que continuará fortaleciendo las alianzas internacionales en materia de seguridad, mientras las autoridades mantienen operativos y procesos judiciales derivados de la investigación que llevó a los recientes allanamientos y detenciones..

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a René Arzate-García y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos jefes operativos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana. Esta disposición, comunicada oficialmente el 26 de febrero y respaldada por la autoridad diplomática estadounidense, apunta a fortalecer la colaboración internacional contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas al narcotráfico, según reportó Reuters en su cobertura global del anuncio.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la recompensa asciende a 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos, en el marco del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), una iniciativa sostenida con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de California. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a la importancia estratégica del corredor de Tijuana para el tráfico de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense.

Según antecedentes judiciales y documentos institucionales, René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, apodado “Aquiles”, fueron señalados por el Departamento de Estado y la DEA como responsables del control de la plaza Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante al menos quince años. Entre los elementos referidos por las autoridades estadounidenses figuran el uso sistemático de violencia, alianzas con otros grupos de crimen organizado y la influencia sobre sectores políticos y policiales locales.

¿Quiénes son René y Alfonso Arzate-García y cuál es su papel en el Cártel de Sinaloa?

René Arzate-García y Alfonso Arzate-García han sido descritos por la DEA como actores clave en la operación del Cártel de Sinaloa en la región noroeste de México. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ambos han mantenido el control de la plaza Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de drogas hacia el territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que los hermanos han consolidado su posición mediante el uso de violencia y una red de contactos que abarca el ámbito criminal, político y policial.

La permanencia de los Arzate-García al frente de la plaza, sostiene la DEA, se debe a su capacidad para negociar y coordinar con otros grupos delictivos, así como a la consolidación de una estructura operativa capaz de soportar choques internos y externos. “Han logrado mantener la operación de este corredor clave a pesar de múltiples disputas”, indicó el Departamento de Estado en su declaración del 26 de febrero, citada por Reuters.

¿Por qué Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa?

La recompensa de hasta 10 millones de dólares, según el Departamento de Estado, forma parte de un esfuerzo para desmantelar redes de tráfico de drogas y crimen organizado transnacional que operan en la frontera norte de México. El Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) permite que ciudadanos de cualquier país aporten información que conduzca al arresto o condena de figuras clave del narcotráfico.

De acuerdo con Reuters, existen canales de comunicación seguros y confidenciales habilitados para recibir información, como líneas telefónicas internacionales, aplicaciones cifradas y correos electrónicos institucionales. El Departamento de Estado subrayó: “Las identidades de quienes colaboren permanecerán bajo estricta confidencialidad”.

¿Qué cargos y sanciones enfrentan René y Alfonso Arzate-García?

En 2014, René y Alfonso Arzate-García fueron acusados formalmente de delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de California, según registros judiciales de esa institución, quedando en calidad de prófugos desde entonces. El 9 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro los sancionó al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, imponiendo restricciones y congelando activos de personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación adicional contra René Arzate-García, que incluyó cargos de narcoterrorismo, operación de empresa criminal continua, apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración internacional para distribuir metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero. “Las nuevas imputaciones buscan desarticular la capacidad operativa del cartel en uno de los corredores más sensibles para la seguridad nacional”, señala el comunicado difundido por la autoridad judicial.

¿Qué relevancia tiene el tráfico de fentanilo y cómo cambia el marco legal?

El Departamento de Estado subraya el impacto del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según la administración estadounidense previa, fue designado formalmente en 2024 como arma de destrucción masiva por el Departamento de Seguridad Nacional. Esta designación amplía el margen legal para enjuiciar delitos relacionados con fentanilo bajo normativas reservadas para armas químicas o biológicas, lo que permite la aplicación de penas más severas.

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) fue decretada por el Departamento de Estado en 2025. Este nuevo estatus endurece las acciones judiciales y financieras contra integrantes y colaboradores de la organización, según la DEA y el Departamento del Tesoro. Un comunicado recogido por Reuters precisa: “El fentanilo ha sido designado como arma de destrucción masiva, lo que representa un cambio en la forma en que se enfrentan los delitos asociados a su tráfico”.

De acuerdo al reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el flujo de fentanilo vía Tijuana figura entre los principales factores de la crisis de sobredosis registrada en Estados Unidos en los últimos años. El CDC constató que en 2025 ocurrieron más de 80.000 muertes por sobredosis de opioides sintéticos.

¿Qué mecanismos existen para aportar información y quiénes pueden participar?

El Departamento de Estado aclaró que la recompensa está disponible para cualquier persona que proporcione información relevante, salvo funcionarios y empleados gubernamentales. Los canales habilitados para reportar datos son:

• Llamada o mensaje vía WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670
• Threema ID: PTJ4HS3J
• Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov
• Contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano (fuera de EE.UU.)
• Oficina local de la DEA (dentro de EE.UU.)

El Departamento de Estado enfatizó que “todas las identidades serán resguardadas de forma estricta”. La colaboración ciudadana, según el comunicado oficial, contribuyó en casos previos de alto perfil.

¿Qué significa la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista?

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado en 2025 otorga nuevas facultades legales para investigar, sancionar y decomisar bienes vinculados a actividades criminales, de acuerdo con el Departamento del Tesoro. Este marco legal permite a la justicia estadounidense adoptar medidas excepcionales para perseguir a los integrantes del cartel y fortalecer la cooperación judicial internacional.

El endurecimiento habilita a los fiscales estadounidenses a procesar acusados bajo cargos de terrorismo o apoyo a organizaciones terroristas. Las autoridades esperan que esta estrategia acelere el desmantelamiento de redes logísticas y financieras asociadas al tráfico de drogas sintéticas.

¿Cuál es el impacto de la recompensa y las nuevas acusaciones en México y Estados Unidos?

La activación de la recompensa y la presentación de nuevas acusaciones refuerzan la presión sobre las estructuras del Cártel de Sinaloa en la frontera norte de México. Las autoridades estadounidenses estiman que la colaboración internacional y la participación ciudadana facilitarán la localización de los hermanos Arzate-García y la obtención de resultados judiciales eficientes, según el Departamento de Estado.

La medida surge en el contexto de una política bilateral de cooperación entre Estados Unidos y México, enfocada en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas y la violencia asociada. Un reporte oficial enfatizó: “La expectativa de las autoridades es que el anuncio incentive nuevas pistas sobre el paradero de los prófugos y fortalezca la aplicación de la ley en ambos países”.

Las autoridades estadounidenses han sancionado previamente a René y Alfonso Arzate García en agosto de 2023, según consignó el medio Europa Press basado en información oficial. Ambos han figurado como principales líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana durante más de 15 años, con acusaciones formales desde 2014 por tráfico de drogas ante un tribunal de California, que los considera fugitivos desde hace más de una década. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido ahora una recompensa de hasta cinco millones de dólares cada uno —alrededor de 4,23 millones de euros por persona— por información que permita localizar, capturar o lograr la condena de René Arzate García, conocido como 'la Rana', y su hermano, Alfonso Arzate García, apodado 'Aquiles'.

De acuerdo con Europa Press, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la campaña de recompensas se desarrolla en un esfuerzo conjunto con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de California. El objetivo de esta colaboración es concentrar recursos y fortalecer las acciones destinadas a la detención y procesamiento judicial de estos líderes del narcotráfico.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, explicó que, según la DEA, los hermanos Arzate García mantienen el control de la plaza de Tijuana gracias al uso sistemático de la violencia, el establecimiento de alianzas estratégicas y un peso considerable a nivel local, donde se señala la existencia de corrupción política y policial. Europa Press publicó que Pigott enfatizó la persistencia de los Arzate en el control de este corredor clave del narcotráfico, a pesar de los conflictos internos en la zona.

Dentro de sus operaciones, los hermanos Arzate formulan una pieza esencial en el tráfico de drogas ilícitas, incluidos estupefacientes como la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo y la marihuana hacia los Estados Unidos. Esto incluye el tráfico de fentanilo ilícito, que la administración Trump llegó a catalogar como arma de destrucción masiva debido al impacto letal que ha producido en comunidades estadounidenses, según recordaron fuentes citadas por Europa Press.

La nueva acción del gobierno estadounidense se anunció simultáneamente con la presentación de una acusación adicional por parte del Departamento de Justicia contra René Arzate García. Entre los cargos aparecen los de narcoterrorismo, conducción de empresa criminal, suministro de apoyo material a una organización terrorista extranjera, participación en conspiración internacional para distribuir distintas drogas y lavado de dinero. Europa Press informó que esta acusación de “narcoterrorismo” sitúa a René Arzate en la mira de la justicia federal como uno de los actores más perseguidos en operaciones antinarcóticos transfronterizas.

Respecto a la designación oficial, el gobierno de Estados Unidos incluyó en 2025 al Cártel de Sinaloa como organización terrorista, aumentando con ello la presión jurídica sobre sus principales mandos y estableciendo herramientas legales más contundentes para combatir la red de operaciones delictivas, según publicó Europa Press.

Además de las acusaciones penales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aplicó sanciones financieras a ambos hermanos en el mes de agosto de 2023. Se congelaron activos bajo jurisdicción estadounidense e impusieron restricciones a toda relación financiera y comercial en el sistema internacional que pudiera favorecer a los implicados, reportó Europa Press.

A lo largo de los últimos quince años, la influencia de René y Alfonso Arzate García sobre la plaza de Tijuana provocó enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, consolidando al Cártel de Sinaloa como una organización dominante en la región. Según reiteró Europa Press citando fuentes oficiales, la prolongación del control ejercido por ambos hermanos sobre la ciudad fronteriza ha estado marcada por una constante adaptación a las dinámicas de violencia, ampliación del portafolio de drogas traficadas y cultivo de nexos con actores dentro de los organismos gubernamentales locales.

El despliegue de la campaña de recompensas, de acuerdo a lo expuesto por el Departamento de Estado y reflejado en Europa Press, representa uno de los mayores incentivos ofrecidos públicamente en el esfuerzo binacional para desarticular redes criminales en la frontera norte de México. Las autoridades federales estadounidenses reiteraron el llamado a la ciudadanía y a personas con información relevante a colaborar en el proceso judicial contra los hermanos Arzate, asegurando la confidencialidad de quienes aporten datos que faciliten las detenciones y futuras condenas.

Estas actuaciones se enmarcan en una ofensiva amplia del gobierno estadounidense orientada a frenar la expansión del tráfico de fentanilo y otros opiáceos sintéticos hacia su territorio, fenómeno que ha disparado las tasas de muertes por sobredosis y ha provocado presiones adicionales sobre la seguridad fronteriza, consignó Europa Press. La evolución del caso de los hermanos Arzate y la respuesta de las autoridades de ambos países continúan bajo la atención de organismos judiciales y de seguridad internacionales.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Semana y confirmada por la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Páez Cordero, conocido como alias ‘Cucaracho’, se mantuvo prófugo en Colombia durante dos años tras su escape de una prisión venezolana. Imágenes obtenidas por las autoridades, en las que se observa a Páez Cordero en una piscina de un apartamento de lujo en la ciudad de Santa Marta, permitieron localizarlo y proceder a su captura en el norte del país.

Según detalló la Policía Nacional de Colombia, la detención de alias ‘Cucaracho’ se llevó a cabo el martes en Santa Marta, donde el sospechoso ejercía funciones como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina. La Policía lo identificó no solo como un presunto narcotraficante, sino también como hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’, señalado por las autoridades como líder de la organización. De acuerdo con las investigaciones, a Páez Cordero se lo vincula con el tráfico de drogas a destinos como Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, informó a través de redes sociales que “El Tren de Aragua sigue desmoronándose. En Santa Marta, la Policía de Colombia ha capturado a alias ‘Cucaracho’, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’, líder de esta organización criminal transnacional con presencia en varios países de América Latina”. Rincón resaltó que sobre Páez Cordero pesaba una notificación roja de la Interpol, lo que indica un alto interés internacional en su captura. Además, lo responsabilizó por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia distintos destinos fuera del continente, así como por facilitar el financiamiento de estructuras criminales asociadas tanto al terrorismo como al tráfico ilegal de armas.

El funcionario también señaló que la captura de Páez Cordero tiene un impacto directo en las finanzas y operaciones logísticas del Tren de Aragua, debilitando así la capacidad criminal de esta organización. “Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras”, expresó Rincón según reportó Semana.

Por su parte, Edgar Andrés Correa, director del Gaula —la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía colombiana—, señaló públicamente que el detenido también está vinculado a actividades de extorsión y secuestro, afectando directamente a comerciantes y ganaderos de la región Caribe en Colombia. Además, explicó que Páez Cordero se relaciona con operaciones de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Según declaraciones de Correa difundidas en redes sociales, en el marco de la operación policial se incautaron elementos tecnológicos que permitirán profundizar las líneas de investigación actualmente en curso.

Semana también consignó que la Policía Nacional, trabajando en articulación con la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales, realizó un seguimiento digital que incluyó la revisión de imágenes y videos. Dicho esfuerzo permitió reunir pruebas clave para la ubicación y eventual detención de Páez Cordero. Entre las agencias extranjeras participantes se destaca la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, cuya colaboración fue considerada fundamental para el éxito de la operación.

La Policía de Colombia señaló en un comunicado reproducido por Semana que este “resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Las autoridades subrayaron que la detención representa un avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional, al neutralizar la acción de un actor clave en la coordinación de rutas y recursos para el tráfico de estupefacientes y la financiación de redes delictivas internacionales. Según el balance ofrecido por los cuerpos de seguridad, la operación impide que Colombia se utilice como refugio para personas involucradas en delitos de alcance global.

Envuelto en una trama preocupante, debido al plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti, el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recordó, este lunes, durante, una entrevista radial el caso que detectó los tentáculos del peligroso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Argentina, con motivo de la muerte de su líder máximo: Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Ocurrió en 2017 cuando, una investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, que Roncaglia lideró como jefe de la PFA junto al juez federal de Campana Adrián González Charvay- decubrió que en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca esperaban más de 1376 kilos de toneladas de cocaína distruibuídos en 1984 panes multicolores. La droga estaba acondicionada dentro de ocho enormes bobinas. De ahí, el nombre de la operación que desbarató los planes de la organización: “Bobinas blancas”, uno de los mayores golpes al narcotráfico en Argentina.

Otros 486 kilos de polvo blanco fueron incautado en un departamento de Luján de Cuyo (Mendoza). Detrás de la estructura que se preparaba para exportar los rollos de acero a España y a Canadá, que saldrían desde el puerto de Campana, aparecía la sombra del sanguinario cartel mexicano que sumó poder tras la caída de otros capos.

Sucede que entre los 15 detenidos por los federales, había méxicanos afiliados, según la DEA, a un cartel que operaba en Michoacán, una región próxima a Jalisco y asediada por los soldados de “El Mencho”, pese a ser territorio de La Nueva Familia Michoacana (LNFM). “Ellos eran de ahí, de Jalisco”, recordó una fuente judicial.

Además, los responsables de esta logística operaban bajo la fachada de la empresa Can Trade Connections, a través de la cual financiaban la operación con fondos provenientes de México.

En 2025, Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva fueron expulsados. Los tres habían sido condenados en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca a penas de 15 y 14 años de prisión, respectivamente, tras ser considerados coautores penalmente responsables del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Los mexicanos dejaron la cárcel de Ezeiza el 10 de julio de ese año y, con una fuerte custodia de Interpol y de la PFA, fueron traslados hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistartini. El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió a las 23.25 con destino a la ciudad de Cáncun. La comitiva de federales regresó el 14 de julio.

Con ellos se llevaron un gran secreto: los nombres detrás del homicidio de quien fuera considerado jefe operativo de la célula del CJNG en Argentina Rodrigo Alexander Naged Ramírez, también méxicano.

Y en este punto entró en escena una inesperada figura: la de la abogada Julieta Bonanno. La letrada, oriunda del oeste del conurbano bonaerense, fue contratada para abrirle la puerta al sicario que mató a Naged y a su hijo John Naged Aguilar, de nacionalidad colombiana, en un departamento de la Avenidad Cabildo al 2600, en el barrio porteño de Núñez, donde el narco se recuperaba de un accidente cerebro vascular.

Bonanno, defensora de Naged Ramírez en la casa, acordó reunirse en ese departamento con las víctimas, el 4 de junio de 2018. Llegó con un hombre que se tapó el rostro con una capucha y nunca fue identificado. El killer logró escapar, ella terminó presa y condenada a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y mediante el uso de arma de fuego”.

Durante la investigación del doble crimen, se comprobó que Bonanno, quien cumplió 37 años el 28 de noviembre pasado en el penal de Ezeiza, viajó a México poco antes del doble asesinato, bajo la supervisión de “La Tía”, una enigmática mujer con quien entabló una relación romántica y con quién se reunió en ese país y quien impartiría las órdenes a todos los miembros de la red que actuó en Argentina.

“Hay que estar con la Tía”, aconsejaba Naged en una nota que fue secuestrada en la causa. Los detectives que participaron del caso sospechan que fue ella quien ordenó su ejecución.

Fueron poco más de 30 años de actividad criminal y miles de muertos, con una recompensa de USD 15 millones ofrecida por la DEA y una búsqueda internacional infructuosa durante décadas. Todo eso llegó a su fin este domingo 22 de febrero de 2026, cuando el Ejército mexicano, en un operativo conjunto con Estados Unidos, abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el narcotraficante más peligroso del mundo.

A los 59 años, el hombre que había construido el crimen organizado más poderoso de México murió mientras era trasladado en helicóptero a la capital, tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

La noticia tuvo repercusión mundial y la reacción fue inmediata: mientras los gobiernos de México y Estados Unidos celebraban el golpe más importante contra el narcotráfico en años, las calles de al menos siete estados mexicanos se encendieron con bloqueos, tiroteos y vehículos incendiados en represalia por parte del CJNG.

El operativo: cómo fue la caída

El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército mexicano en Tapalpa, municipio montañoso de Jalisco y uno de los refugios estratégicos del CJNG. Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —unidad táctica de élite—, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La gran diferencia respecto a intentos previos fue la cooperación con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó oficialmente: “Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

El saldo: cuatro miembros del CJNG murieron durante el enfrentamiento; "El Mencho" y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron en el traslado aéreo. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos y se incautó armamento de uso exclusivo militar, incluso lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves, evidencia clara del poder de fuego de la organización.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau declaró en redes sociales: “Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”. Señaló que es “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. Finalizó con una frase en español que rápidamente se viralizó: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

Quién era El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Miguel Hidalgo, Jalisco, en una familia humilde. Se desempeñó como policía local antes de incorporarse al narcotráfico y, eventualmente, fundar el CJNG a comienzos de la década de 2010. En solo quince años construyó una organización con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y células activas en más de 40 países.

A diferencia del Cártel de Sinaloa, enfocado en cocaína, el CJNG bajo el mando de "El Mencho" se especializó en drogas sintéticas: fentanilo y metanfetaminas, producidas a bajo costo y con márgenes de ganancia mucho mayores. Esto lo convirtió en el mayor proveedor de fentanilo para Estados Unidos, justo en el periodo más crítico de la crisis de opioides en ese país.

La violencia extrema y espectacular fue su sello estratégico: cuerpos colgados en puentes, ataques con drones cargados de explosivos, narco-tanques blindados artesanales y lanzacohetes militares. El objetivo no era pasar inadvertido, sino dejar claro el dominio ante rivales, autoridades y la población. La DEA lo comparó con Pablo Escobar por su nivel de peligrosidad y, al igual que al colombiano, se ofreció por su captura una recompensa de USD 15 millones, igualando la suma prometida en su momento por el "Chapo" Guzmán.

La ola de violencia: México en llamas

Horas después de confirmarse la muerte de El Mencho, el CJNG ejecutó su plan de represalia con una ola de violencia coordinada y simultánea. Se produjeron bloqueos de rutas con vehículos incendiados, tiroteos, ataques a comercios y una paralización general en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana.

La violencia llegó hasta Puerto Vallarta, ciudad turística de Jalisco, donde se viralizaron imágenes de columnas de humo y escenas de pánico en el aeropuerto. La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de vuelos a ese destino “debido a una situación de seguridad en curso”.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta formal: “Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”. Las autoridades canadienses hicieron lo propio. La alerta añadió: “Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”.

Este patrón de respuesta es recurrente en el narcotráfico mexicano: tras cada golpe del Estado, los cárteles demuestran su capacidad de reacción territorial, generan caos y buscan mostrar que la organización permanece funcional. No obstante, la escala y coordinación del CJNG en esta ocasión demostraron que, pese a perder a su líder, la estructura operativa sigue intacta.

La máquina del terror: los métodos del CJNG

Para dimensionar lo que representaba "El Mencho", es necesario comprender la magnitud y metodología de la violencia de su organización. El CJNG trascendió el modelo tradicional de cártel y, según analistas de inteligencia militar y seguridad policial consultados por Infobae, funcionaba como un ejército irregular con poder de fuego militar, una maquinaria de terror tanto para eliminar como para amedrentar: rivales, autoridades y población civil.

Las ejecuciones tenían una puesta en escena deliberada. Cuerpos desmembrados exhibidos en puentes a plena luz del día, acompañados de narcomensajes dirigidos a funcionarios o jefes policiales y a líderes de bandas rivales. Decapitaciones filmadas en video y difundidas en redes sociales como advertencia. Fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, Michoacán y Colima con decenas de cuerpos disueltos en ácido, práctica que el CJNG popularizó, eliminando la evidencia de cientos de desapariciones.

Lo más diferencial fue su capacidad armamentista, ampliamente superior a la de muchas fuerzas locales. El cártel diseñó vehículos blindados artesanales conocidos como “narco-tanques” o “monstruos”: camiones reforzados con acero, equipados con torretas y resistentes a ráfagas de ametralladora. Introdujeron el uso de drones armados con explosivos, táctica más tarde copiada por otros grupos. Y, como quedó demostrado en el operativo final contra "El Mencho", sus hombres disponían de lanzacohetes de uso militar, capaces de derribar aeronaves.

El ataque más audaz del CJNG ocurrió en 2015, cuando sicarios del cártel emboscaron a una columna de la Policía Federal en Jalisco, mataron a 15 agentes e hirieron a otros 20. En el mismo año, derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, desafiando abiertamente al Estado mexicano.

En cuanto a la expansión territorial, el CJNG optó por tácticas brutales: aniquilaban a los líderes locales, masacraban a sus familias como escarmiento y reclutaban por la fuerza a jóvenes, muchas veces menores, en comunidades bajo control. Las zonas rurales de Jalisco, Michoacán y Colima sufrieron un régimen de terror: toques de queda informales, cobros de piso a comerciantes y ejecuciones sumarias de quienes se resistían a colaborar. Una violencia sistémica y en muchos casos impune, que ahora queda huérfana de su arquitecto.

¿Quién manda ahora? La disputa por el CJNG

La cuestión instalada en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos es clara: ¿quién llenará el vacío? La respuesta dista de ser simple. A diferencia del caso del Cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo, donde sus hijos —los llamados Chapitos— asumieron rápidamente el control, el CJNG carece de un sucesor definitivo. El hijo biológico de El Mencho, Rubén Oseguera González (“El Menchito”), fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, descartando una sucesión directa.

El nombre más citado en expedientes y reportes de inteligencia es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia —pieza fundamental del aparato financiero del clan—, señalado como creador y jefe del Grupo élite, el brazo armado más táctico del CJNG en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece USD 5 millones por su captura.

Otro aspirante señalado por la Fiscalía General de la República es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”). Analistas consultados por referentes especializados advierten que el CJNG enfrenta una encrucijada: reestructurarse de forma controlada o fragmentarse en facciones, lo que llevaría a una posible guerra interna devastadora. La experiencia de otros cárteles decapitados sugiere que la fragmentación es el escenario inmediato más probable.

El Mundial 2026 en la mira: la alarma en Guadalajara

La caída de El Mencho se produjo en un momento de máxima sensibilidad para México: faltan menos de cuatro meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026. El epicentro de la violencia fue, precisamente, la ciudad que será sede de cuatro partidos, incluido uno de la Selección Mexicana: Guadalajara.

El Estadio Akron, que albergará estos encuentros, debió cancelar el clásico femenino entre Chivas y América pocas horas después del operativo. La Liga MX también reprogramó el partido entre Querétaro y Juárez. Mientras Guadalajara estaba bajo bloqueos, la inquietud crecía en el mundo del fútbol: ¿podrá la FIFA garantizar la seguridad en esa sede?

Expertos en seguridad aseguran que es poco probable que México pierda la sede en esta etapa. Advierten, sin embargo, que la FIFA exigirá refuerzos significativos. Ya estaban previstas 2.000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para neutralizar aeronaves no tripuladas en Guadalajara; ahora, la eficacia del operativo estará bajo observación internacional.

La violencia tuvo repercusiones políticas inmediatas. La dirigencia nacional del PRI exigió al gobierno federal y estatal replantear la estrategia de seguridad regional: “Exigimos a las autoridades federales y estatales asumir su responsabilidad y reforzar de inmediato la estrategia de seguridad para devolver la paz a las familias jaliscienses, especialmente cuando este año la entidad recibirá a miles de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Fútbol”, afirmó el partido.

Por su parte, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad, señaló: “Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional; hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en el estado.

En los círculos de seguridad trascendió una ironía política: el gobierno de México había solicitado a agencias estadounidenses evitar cualquier operativo contra "El Mencho" en el corto plazo para no desestabilizar Jalisco antes del Mundial. El operativo se realizó de todas formas, con el resultado que México buscaba evitar.

El mayor golpe del gobierno de Sheinbaum

Más allá de las repercusiones inmediatas, la muerte de "El Mencho" es el mayor éxito de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ninguna administración mexicana previa había conseguido eliminar a un capo de semejante peso criminal. El operativo, dirigido desde la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, demostró una coordinación entre agencias nacionales y con Estados Unidos sin precedentes en resultados.

La incertidumbre es si la estructura del CJNG quedará debilitada de forma duradera o, como ha sucedido previamente, se incrementará la violencia antes de que un nuevo liderazgo se consolide. “El Mencho” era el último gran capo de su generación y su muerte marca el cierre de una etapa en el narcotráfico mexicano. Sin embargo, la organización que construyó —con presencia en 40 países y control del mayor flujo de fentanilo hacia Estados Unidos— persiste tras su caída.

El arresto de Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la República Dominicana, ha puesto en jaque a la estructura diplomática y de seguridad de ambos países.

Según fuentes oficiales citadas por The Washington Post, Cordero facilitó la expedición fraudulenta de 119 visas a familiares directos de narcotraficantes dominicanos. El proceso, que normalmente tarda cerca de un año, se resolvía en cuestión de días tras el pago de $10,000 dólares en efectivo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

El avance del expediente judicial ha desterrado la hipótesis del “llanero solitario”. Expertos han explicado que la tramitación de una visa tipo S, reservada para informantes y testigos con información clave, requiere validación múltiple: recomendación del supervisor, verificación de identidad, revisión de antecedentes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firma consular.

“Es imposible que un solo funcionario burle todo el sistema de control de la DEA y del consulado sin apoyo interno”, advirtió un informe preliminar del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Las pesquisas han descubierto la existencia de “puntos ciegos” generados por otros oficiales, quienes habrían ignorado deliberadamente las alertas a cambio de beneficios económicos.

Tres agentes y personal consular bajo la lupa

En las últimas 48 horas, el Departamento de Justicia convocó a consultas a tres agentes de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Según fuentes gubernamentales citadas por los medios locales, estos oficiales co-firmaron formularios de “certificación de riesgo”, requisito ineludible para autorizar la entrada de supuestos informantes a territorio estadounidense.

La fiscalía investiga si este personal administrativo de la sección consular omitió deliberadamente las entrevistas presenciales a familiares de narcotraficantes, recibiendo pagos a cambio.

Alberto Sandoval, especialista en seguridad, afirmó en un medio dominicano “Un funcionario con este nivel de acceso no actúa solo. El informe final revelará si participaron empresarios, promotores artísticos o incluso miembros de organismos oficiales”.

Por su parte, el politólogo Luis González señaló que podrían existir vínculos tanto en la República Dominicana como en el consulado estadounidense, aunque no descarta que algunos hayan sido engañados en su buena fe.

Cierre de la oficina y estrategia judicial

La gravedad del caso ha motivado el cierre indefinido de la oficina de la DEA en la capital dominicana. El Departamento de Justicia reveló el 20 de febrero que los beneficiarios de las visas eran en su mayoría familiares directos de capos del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de corrupción institucionalizada.

“El arresto de Cordero envía un mensaje negativo al mundo y debilita el esfuerzo bilateral contra el crimen organizado en la región”, declaró Sandoval, en referencia al pacto entre los gobiernos dominicano y estadounidense para combatir el narcotráfico.

Mientras tanto, Cordero permanece en libertad bajo palabra y vigilancia estricta, tras comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos. La audiencia clave está prevista para el 6 de marzo, fecha en la que la fiscalía planea presentar pruebas documentales y grabaciones que podrían forzar a Cordero a delatar a otros implicados de mayor rango.

No obstante, la defensa ya comenzó a revisar las comunicaciones internas de la misión diplomática, lo que podría incorporar nuevos nombres a la causa. Por lo que, la investigación sigue activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reporta que actualmente existen poco más de 131 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. Esta cifra revelaría la magnitud del problema que enfrenta el país y el impacto que tiene sobre miles de familias en distintas regiones, quienes mantienen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), detalló cuales serían las principales motivaciones detrás del secuestro de mujeres por parte de los cárteles mexicanos y en qué se diferencian con los hombres, debido a que los grupos criminales presuntamente asignan un destino diferente a las víctimas según su género.

Tráfico de órganos: el destino de muchas mujeres desaparecidas

Durante la conversación, Vigil explicó que las mujeres suelen ser víctimas de tráfico de órganos o explotación sexual, delitos que generan grandes ganancias para los cárteles.

Según datos de Mike, un corazón o un hígado pueden comercializarse entre los 50 mil y 100 mil dólares. Además, señaló que los órganos podrían tener como destino Estados Unidos o hasta otras partes del mundo.

El exfuncionario de la DEA advirtió que el tráfico de órganos es una de las actividades más lucrativas para las organizaciones delictivas, quienes ven en las mujeres una “mercancía” para abastecer redes nacionales e internacionales.

Además, afirmó que la participación de autoridades coludidas facilita la operación de estos delitos, ya que muchas veces las investigaciones no prosperan y los responsables no enfrentan consecuencias.

Asimismo, Mike también subrayó que la dificultad para acceder a trasplantes legales, tanto en México como en otras partes del mundo, incrementa la demanda en el mercado negro y abre la puerta a redes criminales que secuestran a mujeres para extraer y comercializar órganos.

El reclutamiento forzado de hombres

Por otra parte, según Vigil, el destino de los hombres desaparecidos suele ser distinto al de las mujeres, debido a que los cárteles los secuestrarían para integrarlos como sicarios o para trabajos forzados, esto derivado de la necesidad de reponer bajas provocadas por enfrentamientos, como los que ocurren actualmente en Sinaloa, con la guerra entre “Chapitos” y “Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

Según Mike Vigil, la mayoría de los hombres son secuestrados mediante falsas promesas de empleo.

“Ahora con los conflictos que están sucediendo, tienen que reclutar a sicarios, personas que van a ir a pelear contra carteles rivales", relató el exdirector de operaciones internacionales de la DEA en la entrevista.

Además, en la charla detalló que el secuestro y reclutamiento forzado sería más notable en ciudades como Jalisco y Sinaloa, donde los cárteles mantienen disputas territoriales y requieren nuevos integrantes para sus estructuras.

Métodos de ocultamiento y dificultades para las familias

En la entrevista, Mike Vigil afirmó que los cárteles recurren a múltiples métodos para ocultar los cuerpos de sus víctimas y dificultar su localización.

Explicó que los grupos criminales asesinan a rivales, personas que consideran informantes y víctimas inocentes, utilizando principalmente fosas clandestinas y fosas comunes para enterrar los cuerpos.

Además, mencionó la existencia de los llamados “pozoleros”, individuos encargados de disolver restos humanos en ácido con el objetivo de borrar cualquier evidencia y evitar su detección.

El exdirector de operaciones internacionales de la DEA agregó que la identificación de restos humanos se vuelve extremadamente compleja debido al estado en que se encuentran los cuerpos y a la falta de recursos para realizar pruebas genéticas o de ADN en las fosas comunes.

Para Vigil, la fragmentación de los cárteles, la colusión de autoridades y la impunidad profundizan el problema, dejando a las familias de las víctimas ante enormes dificultades para conocer el destino de sus seres queridos.

La recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) ofrecida por las autoridades estadounidenses por información que lleve a la captura de Luis Motta Domínguez intensificó la respuesta de la oposición venezolana tras el reciente nombramiento del exministro como viceministro de Seguimiento de Gestión de Gobierno. Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, solicitó oficialmente su destitución inmediata, según informó la agencia Europa Press. Este pedido se basa en los presuntos vínculos del funcionario con actividades de narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la designación de Motta Domínguez quedó registrada en la Gaceta Oficial número 6984. Primero Justicia explicó a través de sus redes sociales que Motta Domínguez es objeto de una solicitud de captura por parte de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), que lo señala como presunto colaborador en delitos relacionados con el narcotráfico. El partido calificó de preocupante la permanencia de funcionarios cuestionados en puestos de alto nivel, especialmente en el marco de la reorganización institucional impulsada desde la Presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Europa Press detalló que Luis Motta Domínguez fue ministro de Energía Eléctrica entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según consignó el medio, el opositor Primero Justicia recordó que desde el año 2019, Motta Domínguez enfrenta sanciones bajo el concepto de “corrupción significativa”, relacionadas con su gestión en Corpoelec, la Corporación Eléctrica Nacional. Según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el exministro habría recibido sobornos de gran cuantía a cambio de adjudicar contratos públicos durante su paso por la administración eléctrica venezolana.

El reclamo presentado por Primero Justicia incluye la exigencia de separar a Motta Domínguez no solo de su nuevo cargo, sino también de toda actividad política mientras se mantengan las investigaciones en su contra. El partido sostuvo, según citó Europa Press, que resulta indispensable que el exministro comparezca ante la justicia venezolana por los delitos que se le imputan. Desde la agrupación opositora se advirtió que la inclusión de figuras bajo sospecha en cargos estratégicos compromete la transición hacia una nueva etapa política, al considerar que estas decisiones debilitan los procesos de depuración institucional.

En el comunicado emitido desde sus plataformas digitales, Primero Justicia afirmó que “una acción destinada a entorpecer el cambio político en el país no frenarán la sed de justicia de los venezolanos.” Esta declaración surge pocos días después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la reorganización, anunciara el cierre definitivo de siete entidades vinculadas a la Presidencia y creadas entre 2000 y 2016. Según relató Europa Press, Primero Justicia interpretó este proceso como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, y reclamó que tal reorganización responda a un proceso real y no meramente formal o cosmético.

El contexto político de estas decisiones adquiere relevancia dentro del debate nacional sobre la transición en Venezuela. Europa Press puntualizó el aumento de la presión opositora para asegurar que cualquier proceso de cambio cuente con garantías de transparencia y legalidad, excluyendo a personas alcanzadas por sanciones o sospechas graves de corrupción y narcotráfico. El rol de organismos internacionales y la cooperación con agencias extranjeras como la DEA y la OFAC en asuntos venezolanos también fue resaltado en varias declaraciones públicas recogidas por Europa Press.

Luis Motta Domínguez, al frente de Corpoelec y posteriormente en diferentes cargos públicos, ha estado en el centro del debate sobre la gestión de la infraestructura eléctrica venezolana, una de las áreas más afectadas por la crisis multifactorial del país. Durante su mandato, ocurrieron múltiples apagones nacionales y denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos. Europa Press señaló que estas circunstancias motivaron parte de las sanciones y las investigaciones internacionales, así como los procesos sancionatorios aplicados por Estados Unidos y otras jurisdicciones.

La embestida opositora contra la permanencia de Motta Domínguez en la nueva estructura gubernamental representa una nueva manifestación de la disputa por el control político y administrativo en Venezuela, en la que la presencia de funcionarios sancionados agrega tensión a un panorama marcado por llamados reiterados a la justicia y a la consolidación de la transición institucional, según documenta el medio Europa Press.

El reciente decomiso de más de dos toneladas de cocaína en República Dominicana, realizado en conjunto con autoridades de Estados Unidos, marca un giro inesperado en la cooperación antidrogas entre ambos países, detalla una nota de AFP.

La operación, ejecutada tras “más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido”, se produce en un contexto de dudas y reconfiguraciones institucionales tras el cierre de la oficina de la DEA en el país caribeño.

Las autoridades dominicanas detallaron que la interceptación se llevó a cabo en las costas de la provincia Peravia y que la embarcación, de unos nueve metros de eslora, procedía de Sudamérica.

El cargamento, compuesto por 2,049 paquetes de presunta cocaína, constituye el mayor decomiso registrado en una lancha en la historia del país, según informó Carlos Devers, portavoz de la DNCD.

Además, las fuerzas conjuntas detuvieron a seis dominicanos en el operativo, que contó con la participación directa del Comando Sur de Estados Unidos.

Esta es la segunda operación reciente contra el combate al narcotráfico en ese país. El sábado 14 de febrero, Las autoridades de la República Dominicana informaron sobre el desmantelamiento de un cultivo ilegal de marihuana de 1,835 plantas en una zona montañosa de Baní, provincia de Peravia, durante un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El procedimiento, que incluyó la participación de agencias de inteligencia estatales y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se realizó tras una operación de seguimiento y vigilancia en la sección de Montería de este municipio.

Según reportó Listín Diario, los investigadores determinaron que varios individuos, entre ellos el propietario del terreno, de nacionalidad dominicana, y dos ciudadanos haitianos, estarían involucrados en el cultivo y comercialización de la marihuana.

Durante la incursión, los equipos hallaron plantas de hasta dos metros de altura, junto a dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, herramientas y otros materiales relacionados con el cultivo.

Cierre de la Oficina de la DEA en Santo Domingo

El contexto institucional de la lucha antidrogas en República Dominicana cambió drásticamente pocos días antes del operativo. La embajada estadounidense confirmó el 12 de febrero el cierre de la oficina local de la agencia antidrogas DEA, un hecho que coincidió con la detención de un supervisor de dicha agencia en Estados Unidos bajo cargos de soborno y fraude de visados.

Este episodio sacudió la confianza sobre los mecanismos de control y supervisión de la colaboración bilateral. Las autoridades dominicanas, lejos de frenar su actividad, intensificaron las acciones en territorio nacional, logrando en lo que va de 2026 la incautación de más de 3.2 toneladas de diferentes sustancias ilícitas, según datos comunicados por Devers en rueda de prensa.

Proyecciones para la Lucha Antinarcóticos

La magnitud de los decomisos recientes sugiere una intensificación de la presión sobre las rutas marítimas del Caribe, tradicionalmente empleadas para el trasiego de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

No obstante, la reciente crisis en la representación de la DEA obliga a las autoridades dominicanas a redefinir sus alianzas y métodos de trabajo.

La reconfiguración de la colaboración bilateral se da en un contexto donde la confianza institucional enfrenta nuevos desafíos.

El arresto de un alto funcionario de la agencia antidrogas estadounidense y el cierre de su oficina en Santo Domingo han obligado a la DNCD y a sus socios internacionales a reevaluar protocolos, mientras las incautaciones récord ponen de relieve la persistencia y adaptabilidad de las redes del narcotráfico en la región.

El arresto de Melitón Cordero, quien se desempeñaba como agente especial supervisor de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, ha desencadenado una investigación federal en los Estados Unidos por cometer tres delitos:

• Conspiración para cometer soborno
• Fraude de visas
• Mal uso de posición oficial.

El caso, calificado por la embajada estadounidense en Santo Domingo como una grave violación a la confianza pública, derivó en el cierre temporal de la oficina de la DEA en el país caribeño, según reportaron medios como Dominican Today y Listín Diario.

De acuerdo con información recogida por medios internacionales y locales del país caribeño, Cordero habría utilizado su cargo para recibir pagos ilícitos a cambio de favores oficiales, facilitando la obtención de visas estadounidenses destinadas a informantes confidenciales.

Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con fiscalías federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, señalan que el exagente gestionó al menos 119 solicitudes de visado y recibir a cambio miles de dólares por cada visa, mientras estuvo asignado a la embajada en Santo Domingo, según explicó, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.

Algunas de estas gestiones, según los documentos judiciales, incluyeron la emisión irregular de documentos oficiales para beneficiar trámites migratorios de terceros.

El caso ha generado repercusiones diplomáticas. Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, calificó el episodio como una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”, frase recogida por Diario Libre.

Por su parte, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión de cerrar la oficina de la DEA corresponde a una investigación interna estadounidense, sin implicar al gobierno local.

Las leyes federales bajo las que será procesado Melitón Cordero

En el ámbito judicial, Melitón Cordero enfrenta acusaciones bajo varias leyes federales estadounidenses: el delito de conspiración para cometer soborno se enmarca en el capítulo 11 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 201), que sanciona hasta con 15 años de prisión y multas a quienes utilicen su posición para recibir pagos a cambio de favores oficiales.

El cargo de fraude de visas puede ser procesado bajo el estatuto de conspiración general (18 U.S.C. § 371), que prevé sanciones de hasta 5 años de prisión para quienes participen en acuerdos ilícitos que perjudiquen a una agencia gubernamental.

De igual manera, el mal uso de posición oficial se encuentra regulado en los apartados 203 y 205 del Título 18, que impiden a los funcionarios representar intereses ajenos ante el gobierno en asuntos donde tengan responsabilidad o información privilegiada.

Las penas máximas que podría enfrentar Melitón Cordero si es condenado

Melitón Cordero es declarado culpable de todos los cargos y recibe la pena máxima por cada uno, podría enfrentar hasta:

• Conspiración para cometer soborno: hasta 15 años de prisión
• Fraude de visas (conspiración general): hasta 5 años de prisión
• Mal uso de posición oficial: penas variables, pero en casos similares pueden llegar hasta 5 años adicionales
• Foreign Extortion Prevention Act: hasta 15 años de prisión

Si las sentencias se suman y no se cumplen de forma simultánea, Cordero podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La duración real dependerá de la decisión del tribunal y de si las sentencias se ordenan en forma concurrente o consecutiva. Además, podría enfrentar multas significativas según lo establecido en cada estatuto.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha iniciado el proceso de reubicación de su personal en República Dominicana, tras el cierre temporal de su oficina en este país caribeño. El anuncio ha generado inquietud en círculos diplomáticos y de seguridad, dado que se produce en el contexto de una investigación por presunta corrupción dentro de la propia agencia.

La decisión, comunicada oficialmente este viernes, implica el traslado inmediato de los agentes asignados en territorio dominicano. La medida se adopta “hasta nuevo aviso”, según lo informado por la representación diplomática de Estados Unidos.

La embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos, difundió el jueves un mensaje contundente sobre la gravedad del caso.

En sus palabras, la corrupción “no tiene espacio en el Gobierno estadounidense ni en ningún otro”. Campos calificó el uso indebido de un cargo oficial para beneficio propio como una “violación repugnante y deshonrada de la confianza pública”.

El mensaje se difundió a través de canales oficiales de la embajada y, hasta el momento, constituye la única referencia pública sobre la naturaleza de las acusaciones que motivaron el cierre de la oficina de la DEA.

Reacción institucional de la DEA

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, evitó detallar las acusaciones específicas que han salido a la luz. En una declaración oficial, prefirió destacar el protocolo de respuesta de la agencia: “No haremos comentarios sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas”, señaló.

Cole subrayó que la DEA “coopera plenamente con las autoridades competentes” y que se están revisando los hechos para proteger la integridad de las operaciones.

El administrador enfatizó la política de tolerancia cero ante la mala conducta. “La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas”, afirmó Cole.

Agregó que “cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda”.

Lucha antidrogas en República Dominicana

En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha destacado la cooperación con República Dominicana en materia de combate al narcotráfico.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño informó que en el último año se incautaron 48 toneladas de estupefacientes como parte de una estrategia “sin precedentes” contra el crimen organizado.

Estas cifras han sido citadas reiteradamente por autoridades estadounidenses como muestra de una relación bilateral sólida en la lucha contra delitos como el narcotráfico y el lavado de activos.

El cierre de la oficina de la DEA y la reubicación de su personal representan un desafío para la continuidad de estas acciones conjuntas. No obstante, tanto la embajada estadounidense como la DEA han insistido en que la integridad y la transparencia seguirán siendo valores centrales en su política exterior y operativa.

En su declaración, Terrance Cole defendió el profesionalismo de los integrantes de la DEA: la agencia “no tolera ninguna conducta que manche la insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales”. Cole hizo hincapié en el honor y la responsabilidad de los “miles de profesionales de la DEA” que trabajan en diferentes partes del mundo.

Perspectiva regional: cooperación y desafíos

El cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana se produce en un momento de fortalecimiento de la colaboración regional en materia de seguridad.

La reubicación del personal de la agencia podría afectar, al menos transitoriamente, los mecanismos de intercambio de información y las operaciones conjuntas que han sido clave en la lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe.

Por ahora, las autoridades estadounidenses han optado por mantener la discreción sobre los detalles de la investigación. La comunidad internacional permanece a la expectativa de nuevas revelaciones sobre el caso y sobre el futuro de la cooperación antidrogas en la región.

El arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana generó una crisis diplomática y sacudió la cooperación antinarcóticos en la región.

La abrupta detención, vinculada a una investigación sobre abusos en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, coincidió con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar la oficina de la DEA en Santo Domingo de manera indefinida.

La medida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, responde únicamente a una pesquisa interna de Estados Unidos.

En un mensaje público, la embajadora Leah F. Campos subrayó la gravedad de los hechos e hizo explícita su postura: “Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”, manifestó en la red social X.

La falta de detalles sobre las acusaciones ha alimentado la expectación sobre el destino del supervisor arrestado, identificado como Melitón Cordero, cuya comunicación permanece inaccesible.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) encabezan la investigación, y hasta el momento, ni el DHS ni la DEA han respondido a peticiones de comentarios, según informó The Associated Press.

De acuerdo con un informe del propio Departamento de Justicia estadounidense divulgado en 2019, el programa de visas al que se vincula la investigación presenta deficiencias estructurales: el organismo de control advirtió que las autoridades federales perdieron el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas en el marco del programa, elevando riesgos para la seguridad pública y nacional por la posible implicación de esos sujetos en actividades delictivas.

Este programa permite cada año la entrada a cientos de extranjeros que, en otras circunstancias, serían inelegibles para el ingreso debido a sus lazos con el crimen.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina de la DEA no guarda relación directa con la administración local ni con sus resultados en la lucha antidrogas.

La cooperación bilateral en materia de crimen y narcóticos entre ambos países ha sido históricamente estrecha. República Dominicana constituye una de las principales rutas de tránsito de estupefacientes procedentes de Sudamérica, motivo por el cual las agencias estadounidenses han mantenido presencia activa en el país.

En línea con este historial de colaboración, el presidente Luis Abinader anunció en noviembre la autorización a Estados Unidos para operar dentro de áreas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, en un intento por fortalecer las labores conjuntas contra el tráfico de drogas.

El cierre de las oficinas

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

Durante los primeros meses de 2026, Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos han logrando incautaciones de grandes cantidades de droga tanto en el mar como en tierra. Los operativos permitieron la detención de ciudadanos extranjeros y la desarticulación de varias organizaciones criminales.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló una organización en San Francisco de Dos Ríos, en la provincia de San José, incautando113 kilos de marihuana,42 kilos de cocaínay1 kilo de crack, junto a un arsenal que incluía un lanzagranadas y dinamita. Los agentes también reportaron la captura de varios integrantes de la banda.

Entre las acciones más relevantes de enero, el Ministerio de Seguridad Pública, la PCD y el Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 40 millas náuticas de Cabo Matapalo, en la zona sur del Pacífico, donde se decomisaron aproximadamente3,5 toneladas de marihuana. El operativo, realizado los días 21 y 22 de enero, contó con el apoyo de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, y resultó en la detención de tres ciudadanos colombianos.

Las autoridades detuvieron a un ciudadano nicaragüense que transportaba más de una tonelada de cocaína en una embarcación pesquera en aguas costarricenses. Días después, el 31 de enero, un control policial permitió localizar 296 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. Además, autoridades guatemaltecas reportaron el decomiso de casi 3 toneladas de cocaína en contenedores provenientes de puertos costarricenses los días 26 y 27 de enero.

En total, durante enero se decomisaron en territorio costarricense más de 3.600 kilos de marihuana, cerca de 1.400 kilos de cocaína y 1 kilo de crack. El 22 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica por su vínculo con redes de tráfico de cocaína.

En febrero, los operativos antidrogas continuaron. Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos lograron la captura de más de una tonelada de droga frente a las costas de la Isla del Coco, en un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes.

Según informó la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la operación se realizó en estrecha coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública costarricense y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), consolidando la cooperación bilateral en la lucha contra redes criminales transnacionales.

La embarcación fue interceptada tras tres días de seguimiento marítimo, lo que permitió incautar más de mil kilogramos de drogas ilícitas cerca de la Isla del Coco, considerada un punto estratégico para el tránsito de cargamentos entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades de ambos países destacaron que la intervención consiguió interrumpir rutas clave utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína y otras sustancias hacia comunidades de Costa Rica y Estados Unidos.

Estados Unidos como aliado clave para el combate del narcotráfico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a una organización liderada por una madre y sus hijos en Alajuela, dedicada al tráfico de drogas y asaltos violentos. También el 12 de febrero, la Fuerza Pública arrestó a un hombre en Sarapiquí que portaba dosis de crack, marihuana y dinero en efectivo.

La cooperación internacional ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico. La provincia de Limón figura, también como uno de los principales focos de violencia y narcotráfico. En noviembre del 2025 decomisaron 812 paquetes de cocaína, de aproximadamente 1 kilo cada uno, ocultos dentro de un contenedor que tenía como destino final Países Bajos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya colabora con el Gobierno boliviano en el intercambio de información para combatir el narcotráfico, mientras el Ejecutivo latinoamericano ajusta los detalles de un acuerdo para el retorno formal de la agencia al país tras 18 años de ausencia.

Según informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en declaraciones a The Associated Press, actualmente Bolivia recibe el apoyo de la agencia estadounidense en capacitación y soporte técnico, aunque aún no está definido el esquema operativo ni quiénes serán los responsables en el país en un presunto futuro cercano.

El funcionario destacó que la decisión política sobre el regreso de la agencia ya fue adoptada y que la Cancillería boliviana está a cargo de finalizar el acuerdo.

Justiniano descartó la instalación de bases militares extranjeras en el país, pero sostuvo que sí se realizarán operativos conjuntos. “No va a haber bases, pero si podemos hacer operativos el día de mañana con norteamericanos, brasileños, paraguayos o argentinos, pues bienvenido”, concluyó.

La llegada al poder del actual presidente Rodrigo Paz significó un cambio drástico en la política exterior boliviana, que durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) se alejó de Estados Unidos y se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Desde la asunción de Paz en noviembre pasado, el subsecretario de Estado de EEUU, Cristopher Landau, destacó el “renacimiento de las relaciones bilaterales” y la cooperación en seguridad, incluyendo el posible regreso de la DEA, expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales junto con el embajador estadounidense, a quienes acusó de interferencia política. En ese momento, la DEA contaba con 100 agentes en Bolivia, el tercer mayor productor de cocaína del mundo.

El regreso la DEA al país liderado por Paz generó rechazo inmediato de Evo Morales y del poderoso sindicato cocalero del Chapare. La agrupación de trabajadores advirtió en un comunicado que no permitirá la presencia de “bases militares extranjeras”.

Por su parte, Morales, desde el Chapare, propuso que la cuestión se someta a referendo nacional. Por su parte, Justiniano respondió y sostuvo que entre el 91% y el 92% de la hoja de coca cultivada en el Chapare termina en circuitos ilegales.

El analista Paul Coca consideró que Morales intenta mantener relevancia política, pero el contexto cambió y Bolivia necesita integrarse al escenario internacional, lo que implica un combate efectivo a las redes del narcotráfico.

La DEA estadounidense desempeñó un papel central en la creación de estrategias contra el narcotráfico y en la desarticulación de redes criminales que lograron influir en la política de Bolivia durante los años 80. La agencia también fue responsable de la formación de unidades de élite dedicadas a operaciones directas contra grupos dedicados al tráfico de drogas.

El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del actual presidente Rodrigo Paz, estuvo rodeado de sospechas sobre posibles conexiones con el narcotráfico antes de asumir el poder. Su política de “diplomacia de la coca”, que buscaba que la hoja —tradicionalmente usada en Bolivia y Perú para infusiones y como remedio contra el mal de altura— fuera excluida de la lista internacional de estupefacientes, no fue bien recibida en Washington.

Estados Unidos impulsó activamente la erradicación de cultivos de coca, una medida que encontró fuerte resistencia entre los productores locales. La defensa de estos cultivos sirvió de plataforma para el ascenso político de Morales, líder cocalero, quien en 2006 llegó a la presidencia con un discurso crítico hacia la influencia estadounidense en la región.

(Con información de The Associated Press)

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.

De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.

Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

La DEA, con presencia en Santo Domingo, ha desempeñado un rol clave en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y crimen organizado en la región. El cierre de su oficina representa un cambio significativo en la colaboración entre ambos países en asuntos de seguridad, de acuerdo con lo publicado en la cuenta oficial de la representación diplomática.

La Embajada de Estados Unidos reiteró que la medida forma parte de su compromiso con la transparencia y la confianza pública.

La Embajada no brindó más información o detalles adicionales sobre el motivo específico que la lleva a tomar esta decisión, pero enfatizó que la suspensión de la DEA en el país se mantiene hasta nuevo aviso.

Según la información difundida por el propio canciller en su cuenta oficial, la representante diplomática de Estados Unidos aseguró en una conversación telefónica que la clausura de las oficinas de la DEA obedece exclusivamente a procesos internos de la delegación norteamericana en Santo Domingo. El jefe de la diplomacia enfatizó que la decisión se limita a la estructura de la misión estadounidense y no involucra a autoridades locales.

Desde la embajada de Estados Unidos no se ofreció de momento una declaración pública adicional sobre los alcances de la investigación interna. La noticia ha generado interrogantes sobre la continuidad de la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico en la región caribeña.

El cierre de la sede de la DEA en República Dominicana se produce en un contexto de sostenida colaboración entre ambos gobiernos en la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

el canciller enfatizó que no existen funcionarios dominicanos implicados en la investigación que motivó la decisión anunciada por la embajada, de acuerdo con la versión oficial difundida este jueves.

La DEA en República Dominicana

La DEA mantiene una cooperación activa con la República Dominicana desde finales de los años 80. La colaboración se intensificó tras la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en 1988, formalizando así la presencia de la agencia en el país. Desde entonces, la DEA participa junto a autoridades dominicanas en operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero, reforzando su papel estratégico en la región.

Para los cárteles mexicanos, los drones se habrían convertido en una herramienta de uso cotidiano, gracias a la fácil adquisición de estos dispositivos en comparación con el trafico de armas y otras cuestiones que beneficiarían a las células delincuenciales.

Sobre esos hechos, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), sostuvo en entrevista con Infobae México que resulta casi inevitable el detener a las organizaciones criminales mexicanas en la obtención y utilización de drones.

Vigil explicó que la facilidad para conseguir estos dispositivos y la carencia de controles efectivos propician que los cárteles recurran cada vez más a los drones.

El exfuncionario federal estadounidense aseguró que las restricciones legales no representan una barrera real, pues los criminales tienen acceso a una amplia oferta de drones en el mercado mexicano, en Estados Unidos, en países de Centroamérica o mediante plataformas extranjeras.

Adquisición sin límites y evasión de controles

Para Mike Vigil, la legislación vigente en México y Estados Unidos no logra frenar la compra de drones por parte de las organizaciones criminales.

“Pueden comprar un millón de estos drones y reemplazarlos cada vez que se los decomisan”, señala.

El exagente enfatiza que los cárteles encuentran alternativas en comercios legales, mercados informales e incluso en sitios web internacionales, por lo que las iniciativas gubernamentales quedan rebasadas.

Además, Vigil considera que en el caso de Estados Unidos, las acciones empleadas para combatir el presunto uso por parte de cárteles en su territorio obedecería a un “teatro político”, el cual carecería de impacto real en la operatividad del crimen organizado. Esto en el contexto de las recientes restricciones aéreas ocurridas en El Paso, Texas.

Ataques entre organizaciones, el principal uso en México

Según la experiencia de Mike Vigil, el principal uso de los drones en México se ha orientado a los ataques entre organizaciones criminales.

“Los emplean para arrojar explosivos a cárteles rivales y, en ocasiones, contra elementos de las fuerzas armadas mexicanas”, detalló Vigil.

El exdirector subrayó que, aunque los drones también se usan para vigilancia o para monitorear la presencia de autoridades en la frontera, su función más extendida se vincula con acciones violentas entre grupos antagónicos, como se ha documentado en estados con fuerte presencia de cárteles.

Vigil aclaró que el uso de drones para el tráfico de drogas entre las fronteras de EEUU-México resulta limitado, ya que estos dispositivos sólo pueden transportar cargas pequeñas, de uno a dos kilos, lo que los hace poco prácticos para el envío de grandes volúmenes.

Asimismo, ante la proliferación de sistemas antidrones y bloqueadores, el exagente advirtió que los cárteles siempre encuentran la forma de reponer sus equipos, por lo que la carrera tecnológica entre autoridades y organizaciones criminales se mantiene desigual.

“Es casi imposible tener un impacto real en esta tendencia”, afirmó.

Casos recientes: ataques con drones documentados por Infobae México

Infobae México ha reportado varios episodios recientes en los que grupos criminales emplearon drones en ataques:

• En septiembre de 2025, un grupo armado destruyó una avioneta y dañó otras dos utilizando drones en una pista de Tepalcatepec, Michoacán, en un incidente atribuido al CJNG.
• En octubre de 2025, drones con explosivos impactaron una residencia vinculada a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, lo que provocó el desplazamiento de familias y la aseguración de artefactos explosivos adaptados a drones por parte de autoridades.
• En abril de 2025, un grupo armado utilizó drones con explosivos improvisados para atacar a elementos del Ejército Mexicano durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, causando lesiones a dos soldados y daños materiales.
• En enero de 2026, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y Policías Comunitarios denunciaron ataques armados y con drones mientras buscaban retomar el control de comunidades en la Costa Chica de Guerrero, enfrentándose al grupo Los Ardillos.
• En febrero de 2026, un dron lanzó un explosivo en instalaciones de seguridad en Escuinapa, Sinaloa, dejando heridos a un militar y a un trabajador del ayuntamiento.

La facilidad de acceso, la multiplicidad de proveedores y la capacidad de reemplazo inmediato consolidan a los drones como una herramienta establecida en el arsenal de los cárteles mexicanos.

En la entrevista, Mike Vigil concluyó que esta dinámica sólo cambiaría si desaparecen las organizaciones criminales en México, algo que no se vislumbra en el corto plazo.

El complejo ilegal, ubicado en la vereda San Pablo de Caney, en el municipio de Guadalupe, operaba bajo la modalidad de outsourcing para el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y estaba bajo la supervisión de alias Chejo.

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La operación se realizó tras un proceso de inteligencia conjunta de varias semanas. Las autoridades lograron ubicar el laboratorio que, de acuerdo con las investigaciones, respondía a un esquema de subcontratación criminal articulado con el bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte de las disidencias de las Farc.

Durante la intervención, los equipos de seguridad incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y destruyeron 1.054 galones de insumos líquidos fundamentales para el procesamiento del estupefaciente.

Entre los materiales hallados figuran 792 galones de acetona, 158 de solvente, 84,5 de gasolina, 50 kilogramos de soda cáustica y 20 galones de ácido sulfúrico, junto a maquinaria industrial como planta eléctrica, prensas hidráulicas y hornos microondas. Este equipamiento evidenciaba el alto grado de tecnificación y la capacidad de producción en grandes volúmenes.

El coronel Luis Roberto González Olmos, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, detalló que el estupefaciente producido en el lugar era trasladado “en caleta en camiones de carga hacia la costa de La Guajira, donde se embarcaba en lanchas rápidas tipo Go-Fast con destino a Centroamérica y Estados Unidos”. Esta modalidad permitía que la organización criminal mantuviera una ruta constante de exportación internacional.

La afectación económica generada por el operativo alcanza los 99,4 millones de dólares, cifra que representa un golpe directo a las finanzas y logística del crimen organizado en la región. Las autoridades estiman que el complejo permitía obtener ganancias superiores a $363.000 millones, consolidando su papel como uno de los principales nichos de financiación para actividades ilícitas del Frente 36 y de alias Chejo.

La intervención, en la que participaron unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contempló la destrucción de más de 50 elementos esenciales para el desarrollo del procesamiento de clorhidrato de cocaína. Las autoridades detallaron que este tipo de instalaciones no solo abastecen el mercado nacional, sino que alimentan cadenas de tráfico con alcance transnacional.

El operativo también evitó la salida al mercado de 2.750.000 dosis de estupefacientes, según cálculos de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 01 del Ejército Nacional. El comandante de esa unidad, coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, afirmó que la incautación y la destrucción del laboratorio “demuestran una vez más la afectación directa a las economías ilícitas y a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales”.

Las autoridades señalaron que la organización criminal utilizaba esquemas de outsourcing para gestionar la producción y salida del alcaloide, bajo la coordinación de alias Chejo o Alejandro, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades departamentales en Antioquia.

Según informó la Policía Nacional, la operación conjunta responde a una estrategia para desmantelar la infraestructura logística de las disidencias y restringir la exportación de drogas hacia el exterior.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron una planta eléctrica industrial con dos transformadores, 13 hornos microondas, dos resistencias conocidas como “gusanos”, dos prensas para molde, una prensa hidráulica y una prensadora al vacío. Todos estos elementos fueron destruidos en la zona, eliminando la capacidad operativa del complejo.

El operativo conjunto representa uno de los golpes más contundentes a la cadena de suministro del narcotráfico transnacional en el norte de Antioquia. Las autoridades continúan las labores de inteligencia para ubicar a los líderes de la estructura criminal y prevenir la reconstrucción de estas instalaciones en la región.

El relato de un ciudadano francés que pasó por Colombia antes de vivir una de las peores experiencias de su vida, reveló las precarias condiciones que tuvo que soportar por cuenta del régimen venezolano cuando en su momento estaba al mando el dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en los Estados Unidos.

El protagonista de la narración de los hechos que le ha dado la vuelta al mundo es Camilo Pierre Castro.

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Hoy en medio de lo que hace meses atrás no vislumbraba, estar en libertad, este ciudadano reveló la dimensión de las violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país que se encuentra en una etapa de transición, luego del resultado exitoso de la Operación Resolución Absoluta, efectuada bajo la orden del presidente estadounidense Donald Trump por parte de la Fuerza Delta el 3 de enero de 2026.

Por casos similares al de Castro, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Maduro, mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha documentado casos de “detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”, mencionan declaraciones en documentos oficiales.

A todo lo anterior, y hoy con Delcy Rodríguez en la presidencia bajo presión de Washington, el país discute una amnistía general para los implicados en 27 años de la llamada era chavista.

Por este motivo, y en diálogo con AFP, el profesor de yoga francés brindó detalles inéditos de lo que fueron los cinco meses de reclusión que enfrentó en Venezuela en 2025.

A Camilo Castro lo liberaron en noviembre y afirmó haber atravesado “un tiempo de asco, odio y rencor, pero también de amor, de esperanza, de compasión con todo un pueblo”.

Radicado a las afueras de París tras recuperar la libertad, el francés que antes de ser detenido vivía en Colombia, mencionó: “Hoy estoy bien, pero mañana no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar”.

“Resisto gracias a la meditación, al amor de mis amigos y de mi familia”, añade el francés que encontró en Colombia su segundo hogar, pero que sin saberlo, viviría en carne propia un infierno, y parte de su motivación para visibilizar su historia no lo deja claudicar en ese profundo deseo de ayudar a “los cientos de venezolanos que aún están presos”, como él mismo señala.

Cómo fue la detención de Camilo Castro: de Colombia a Venezuela

La detención de Camilo Castro se inició al intentar regresar a Colombia, donde residía, tras renovar su visa en la frontera venezolana.

El 26 de junio, apenas cruzó al lado venezolano, fue capturado por “hombres encapuchados” y trasladado a Maracaibo (occidente del país).

Allí permaneció incomunicado la primera noche en un subsuelo húmedo y en condiciones deplorables.

Castro describió el lugar de esta forma: “Muchas manchas de sangre en las paredes”, junto a una mesa “con diferentes objetos de tortura, botellas de agua, trapos, bolsas plásticas, gas lacrimógeno, insecticida”.

Después de un interrogatorio efectuado por un agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el oficial cuestionó su versión y lo acusó de actuar como espía.

A este señalamiento le siguió una acción que fue el preámbulo de una temporada de terror en Venezuela: a Castro lo rociaron con escopolamina, cuyo fin es la sumisión química.

Posterior a esta primera agresión, al francés que residía en Colombia lo trasladaron rumbo a Caracas. Esto derivó a su vez en un nuevo confinamiento que Castro detalló así: “En un sótano, en el piso. Esposado y encapuchado todo el tiempo”.

En medio del flash-back, el ciudadano francés recordó uno de los pocos momentos de alivio en medio del encierro: “A los cinco días me ofrecieron salir al sol. Es uno de los más hermosos recuerdos de mi vida”, aseveró Castro.

Las palabras de consuelo en medio del encierro por parte de los demás presos políticos y extranjeros

Pero la sensación fue efímera. Pronto fue enviado a la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas, famosa por albergar a detenidos políticos y extranjeros.

Allí, otro recluso le aseguró a Castro: “‘Aquí todos somos como tú, a todos nos secuestraron, sabemos por lo que acabas de pasar, nadie te va a hacer daño, aquí no hay delincuentes’”.

Sin embargo, el día a día adentro resultó difícil para el ciudadano que habló desde París.

La insuficiencia de alimentos y agua marcó la rutina. “Todo el tiempo teníamos diarrea, infecciones en la garganta y en los pulmones. No teníamos baños, sino un hueco en el piso, y nos daban agua solo dos veces al día. Permanentemente había un olor que no se iba”.

Las condiciones extremas incluían la exposición regular a música tradicional venezolana “a volumen muy alto”, así como sesiones de propaganda socialista de hasta cinco horas en varias ocasiones por semana.

Castro calificó todo lo mencionado en este periodo como “el mundo del absurdo”.

Por ejemplo, “muy a menudo nos humillaban en la noche. Nos sacaban a todos en fila india, esposados y con capucha. Nos insultaban”, recuerda el francés.

Todas las instancias de interrogatorio, consultas médicas o simulacros judiciales se realizaban en ese horario: “Son verdaderos vampiros. Lo hacen para quebrarnos (…) nunca se puede descansar de verdad”.

Además, Castro hizo hincapié en el efecto deshumanizador: “Se pierde toda noción de libertad, de responsabilidad, de autonomía. Te deshumanizan”.

Las falsas acusaciones en contra del ciudadano francés: lo tildaron de agente de la CIA y la DEA

En los simulacros de juicio, un magistrado al que Castro describe “como un vendedor de drogas” lo acusó de “terrorismo”, de ser “agente de la CIA, de la DEA” y de colaborar con conspiradores.

Por si lo anterior no fuera suficiente, al ciudadano francés lo sometieron a múltiples interrogatorios con polígrafo, reiterando “las mismas cuatro preguntas durante horas”, agregó el galo en diálogo con la agencia.

La amenaza permanente era el traslado al cuarto piso, utilizado como zona de castigo: “Allí los presos eran esposados, a menudo desnudados, no había colchonetas, había que dormir en el piso”.

En esas celdas, “muchas veces se torturaba a la gente”, incluyendo palizas, “asfixia con gases lacrimógenos” o insecticida aplicado a través de una bolsa plástica en la cabeza, todo acompañado de “risas y humillaciones verbales”.

Castro relata otra forma de tormento: “Otra penitencia posible era la intubación forzada (por la boca) con el pretexto de alimentarte. Tubos en la nariz, en el ano… Soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas”.

En una ocasión, buscó reclamar por sus derechos para recibir libros ofrecidos por el consulado francés.

La advertencia de un recluso con 20 años de prisión le disuadió: “‘Te van a torturar. En un minuto te destruyen el cuerpo, y en cinco minutos destruyen la existencia. Olvídate de los libros, están escritos, podrás leerlos un día. Sé inteligente’”.

Al final, y luego obtener la libertad, Camilo Castro solicitó ser reconocido como víctima en Francia.

Para cerrar, el francés admite que quiere regresar a Venezuela, un país con el que, pese a los “malos recuerdos”, siente que ya está “unido”.

Según confirmaron las autoridades, el operativo respondió a una orden judicial emitida por una corte distrital del estado de Texas, en Estados Unidos, donde el capturado es requerido por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, “El Cantante” coordinaba la salida mensual de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense.

Para las operaciones ilícitas, la organización utilizaba lanchas tipo Go-Fast que zarpaban desde rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano, lo que permitía sortear los controles de las autoridades nacionales e internacionales. Este esquema logístico se considera de alta relevancia en el contexto del tráfico internacional de estupefacientes, por el volumen y la frecuencia de los envíos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la captura demuestra la efectividad de la cooperación internacional. “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades”, afirmó Sánchez, a través de X. El funcionario añadió que “El Cantante” alimentaba economías criminales, violencia y corrupción mediante sus actividades.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, explicó en la misma red social que el detenido es hermano de alias “El Bendecido”, capturado en 2025 en el departamento de Córdoba también con fines de extradición. “Seguimos cumpliéndole a Colombia con dignidad. No descansaremos hasta desarticular por completo las estructuras que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, sostuvo el general Rincón.

Uriel García Murillo es considerado por las agencias estadounidenses como un actor central en el tráfico de cocaína hacia el hemisferio norte. Las investigaciones reflejan que, bajo su comando, la estructura criminal mantenía una capacidad operativa que permitía despachar grandes cargamentos con regularidad, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades tanto locales como internacionales.

La detención de “El Cantante” se produjo tras labores de inteligencia desarrolladas de forma coordinada entre la Policía Nacional y la DEA. El seguimiento incluyó análisis de rutas marítimas y monitoreo de comunicaciones, lo que facilitó su ubicación en la ciudad de Medellín.

Luego de la captura, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso continúa con el trámite judicial correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, según informaron las autoridades.

La operación también pone de relieve la presencia de lazos familiares en las estructuras criminales. Alias El Bendecido, hermano de “El Cantante”, fue capturado el año anterior bajo el mismo esquema de extradición y está vinculado a actividades similares de narcotráfico internacional. Ambos casos refuerzan la hipótesis de los organismos de seguridad sobre la existencia de redes familiares en el liderazgo de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con el crimen organizado y ofreció líneas de contacto directas para reportar hechos delictivos. “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y a las agencias aliadas que participaron en esta operación por su profesionalismo, compromiso y resultados al servicio de Colombia”, expresó el ministro.

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Sonora a Rubén “N”, alias “Nido”, presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El sujeto fue arrestado durante la ejecución de tres cateos en el municipio de Nogales junto a dos hombres, identificados como José Raúl “N” y José Román “N”.

El operativo se llevó a cabo luego de labores de inteligencia y operaciones especiales de la Marina que permitieron realizar los cateos en tres domicilios de la localidad.

Derivado de la acciones se logró asegurar un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 tabletas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares, 12 equipos de cómputo y tres inmuebles.

Entre los detenidos también se encuentra el segundo al mando de la célula criminal

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Rubén “N”, alias “Nido”, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, se le identifica como presunto líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas sintéticas que es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los datos señalan que José Raúl “N”, alias “Santa”, es señalado por autoridades federales como segundo al mando de la misma célula delictiva, mientras que José Román “N” es identificado como presunto integrante de la misma estructura.

La célula delictiva es identificada por mantener operaciones en la región de Nogales, Sonora.

Como resultado de la acción también se logró asegurar documentación financiera y administrativa, los cuales serían indicios de las actividades ilícitas de la célula delictiva.

Tanto los tres detenidos como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Capturan a “El Chino Arce”, jefe de plaza de Los Salazar en Sonora

Una detención reciente registrada en el estado de Sonora fue la de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de una célula criminal de Los Salazar.

El sujeto es señalado como presunto responsable del ataque armado que provocó 8 muertos y 26 heridos durante una fiesta de XV años en la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, la madrugada del 29 de diciembre de 2023.

La Fiscalía del Estado detalló que “El Chino Arce” modificó su identidad para evadir a las autoridades, pero finalmente fue localizado a través de sus tatuajes y análisis físicos tras haber llegado recientemente de Chihuahua, donde permaneció oculto varios meses.

“El Chino Arce”, también relacionado con homicidios calificados, delitos de tentativa de homicidio durante 2024 y 2025, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, fue identificado desde antes como objetivo prioritario.

La Fiscalía Estatal contaba con una ficha activa de recompensa por hasta 500 mil pesos por datos que permitieran su captura.

Tras la detención, la fiscalía puso a Jesús Iván Arce Verdugo a disposición de la autoridad judicial y anunció que solicitará la pena máxima legalmente aplicable, además de continuar las acciones para que enfrente los procesos penales correspondientes.

El agente especial a cargo de la DEA en el Caribe, Michael A. Miranda, reconoció este miércoles el firme respaldo del presidenteLuis Abinadery del gobierno de la República Dominicana a las operaciones conjuntas para frenar el narcotráfico y la criminalidad organizadaen el país. La declaración tuvieron lugar en una reunión de trabajo con altos mandos antinarcóticos dominicanos celebrada en la capital.

La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos frente al tráfico de drogas sintéticas responde a un crecimiento sostenido de esta amenaza en la región. En el centro de las preocupaciones está el avance del fentanilo y otras sustancias, fenómeno que ha generado crisis sanitarias y nuevos desafíos de seguridad para todo el hemisferio. Por este motivo, Washington lidera la campaña internacional “Proteger, Prevenir y Apoyar”, en la que República Dominicana participa como aliado estratégico.

Las autoridades de ambos países han facilitado operaciones y el fortalecimiento institucional para combatir redes criminales y el lavado de activos. Según informó el agente Miranda, la colaboración dominicana en investigaciones y arrestos resulta determinante ante organizaciones que, como remarcó, siembran inestabilidad en el Caribe y se extienden hasta Estados Unidos.

Compromiso bilateral contra el crimen organizado

Durante la reunión, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reiteró la decisión del Ejecutivo dominicano de atacar y desmantelar estructuras del narcotráfico local e internacional. Cabrera Ulloa agradeció el apoyo de la DEA y ratificó la intención de continuar optimizando las capacidades institucionales ante nuevas amenazas del crimen organizado.

El encuentro contó, además, con la presencia de otros responsables de la agencia estadounidense, entre ellos Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en República Dominicana, y el agente especial supervisor Melitón Cordero.

Miranda valoró la determinación del presidente Abinader en la lucha contra la corrupción en todos sus niveles y definió esa postura como clave para la efectividad de las políticas antidrogas y la consolidación del Estado de derecho. Para Miranda, la “cooperación sostenida” entre ambos países se basa en la confianza, el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.

Próximas acciones

A lo largo del encuentro, los equipos de la DNCD y la DEA revisaron los operativos ejecutados en los últimos doce meses y discutieron iniciativas estratégicas para fortalecer los controles regionales hacia 2026. Este análisis incluyó acciones conjuntas dirigidas a combatir no solo el tráfico de sustancias ilícitas, sino también delitos financieros vinculados.

Miranda precisó: “El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras”; también enfatizó que “la participación activa de República Dominicana” en campañas como Fentanyl Free America “reafirma que una América libre de fentanilo es posible” y que el compromiso de ambos gobiernos produce “resultados que salvan vidas”.

Ambas partes expresaron su voluntad de fortalecer aún más la cooperación de cara a futuras amenazas regionales, enfocándose especialmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas y la prevención del riesgo sanitario asociado.

Durante la cita, los organismos analizaron el impacto de las principales operaciones conjuntas realizadas durante el año anterior y definieron líneas de acción para futuras intervenciones.

La Administración de Control de Drogas (DEA) presumió, por medio de un comunicado, sus logros durante el 2025. En él, informó que ese año fue de logros históricos para la dependencia, resaltado por importantes incautaciones de drogas, la captura de objetivos de alto perfil, así como la confirmación de Terrance C. Cole como nuevo titular de la DEA.

Se señaló que el enfoque de la DEA en desmantelar a los cárteles de la droga mexicanos, interrumpir las cadenas de suministro de productos químicos y reducir la violencia en diversas ciudades de Estados Unidos en 2025, resultó en la incautación de 47 millones de pastillas de fentanilo, así como 9 mil 938 libras de polvo de fentanilo, 567 mil 668 libras de cocaína, 172 mil 853 libras de metanfetaminas y 2 mil 700 libras de heroína.

Se dijo que la cantidad de fentanilo incautada en 2025, equivale a 369 millones de vidas potenciales salvadas.

Recordó que en octubre se lanzó Fentanyl Free America, una iniciativa de control y campaña de concientización pública que busca reducir tanto la oferta como la demanda de fentanilo.

Se dijon que el fentanilo cobró más de 50 mil vidas en 2024, lo que representó una marcada disminución respecto a las casi 80 mil vidas de 2023.

La DEA dijo que ejerce una presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro de fentanilo mediante operaciones intensificadas de control y mayor inteligencia, obligando a las Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del CJNG, a modificar sus prácticas comerciales, lo que ha generado indicios alentadores de progreso.

De agosto a septiembre, la DEA se centró en los responsables del ingreso de fentanilo letal a Estados Unidos, específicamente a los cárteles de Sinaloa y al CJNG.

“La combinación de esfuerzos dirigidos contra estos dos grupos delictivos extranjeros resultó en incautaciones de drogas, incluidas en los resultados anteriores, así como en casi 1300 arrestos, 664 armas de fuego, casi 30 millones de dólares en ganancias ilícitas y otros 30 millones de dólares en activos”, se expone en el comunicado.

Recuerda algunas detenciones y extradiciones importantes durante 2025, como la extradición de 29 mexicanos a EEUU, entre ellos, Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y otros. Otro dato que se menciona es que Caro Quintero se declaró culpable de los cargos relacionados con su organización (el Cártel de Sinaloa).

También se destaca la sentencia de 30 años de prisión contra Rubén Oseguera González, uno de los líderes del CJNG, hijo de Ruben Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del mismo grupo delictivo.

En agosto, se recordó, EEUU anunció la detención de 26 fugitivos de México, todos ellos acusados de diversos cargos penales, federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, asesinato y otros delitos.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que han logrado desmantelar una red transnacional de narcotráfico y armas, cuya dirección se ejercía desde la República Dominicana, lo que pone en evidencia la creciente conexión entre organizaciones criminales internacionales y operaciones en el noreste del país.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA), la estructura operaba mediante múltiples intermediarios en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, instruidos directamente desde territorio dominicano, y ya se han formalizado cargos que contemplan severas penas de prisión para los implicados.

El informe difundido el martes por la DEA describe cómo el ciudadano dominicano Manolin Vargas D’Olon, conocido como “Robelin”, de 30 años, mantenía el control de la red criminal incluso tras ser detenido en mayo de 2025 por causas estatales en Connecticut.

El análisis forense de uno de sus teléfonos móviles expone almacenamiento de archivos de pornografía infantil, lo que llevó a una acusación aparte dictada por el gran jurado de New Haven el 9 de diciembre. De ser hallado culpable de este delito, la pena máxima prevista asciende a 20 años de prisión.

La investigación, encabezada por la DEA y el fiscal federal de Connecticut, David X. Sullivan, incluyó la realización de más de 30 compras controladas.

Estas transacciones permitieron el decomiso de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y un total de 17 armas de fuego; así lo precisaron las autoridades en declaraciones recogidas en el informe.

El análisis revela que parte del fentanilo incautado se encontraba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética que no figuraba en las listas de sustancias controladas al momento y cuya detección creciente en mezclas de drogas ha elevado el riesgo de sobredosis fatales.

Entre los seis detenidos destacan los dominicanos Manolin Vargas D’Olon (“Robelin”), álvaro Pérez (40 años) y Anderson Amador Nova (35 años), todos residentes en Waterbury, Connecticut; Giovanni Benoit (41 años), de Nueva York; ángel Vásquez (“Bebo”, 36 años), de Hamden; y Andy Martínez (46 años), de Paterson, Nueva Jersey.

Un comunicado de la DEA señala que: “Un ciudadano dominicano, que reside en República Dominicana, coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, a través de múltiples redistribuidores en esas ubicaciones”.

Según consta en los documentos judiciales citados en la investigación, Vargas D’Olon no solo controlaba la logística del narcotráfico, sino que se le atribuye la capacidad de ordenar acciones violentas contra individuos dentro de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance de las operaciones de la organización.

Las acusaciones formales alcanzan tanto la conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, como delitos asociados con tráfico y posesión de armas de fuego.

Vargas D’Olon enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por narcotráfico, mientras Benoit, Pérez y Amador Nova se exponen a un mínimo de cinco años y un máximo de 40 años.

Vásquez tiene una exposición máxima de 20 años. Varios de los implicados, incluidos Vargas D’Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez, están imputados por distribución de sustancias controladas; a su vez, Vargas D’Olon, Benoit, Vásquez y Martínez enfrentan cargos específicos por conspiración para el tráfico de armas.

Las investigaciones llevaron a la detención provisional de Vargas D’Olon, Pérez y Amador Nova, mientras que Benoit y Martínez recibieron libertad bajo fianza, sometidos a arresto domiciliario, según detalló el fiscal federal Sullivan.

Adicionalmente, Vargas D’Olon fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego por su estatus migratorio irregular; Vásquez, de tenencia de arma de fuego siendo ya un delincuente condenado; y a ambos junto a Benoit se les imputa la transferencia ilegal de armas de fuego. Estos delitos pueden conllevar hasta 15 años de cárcel por cada cargo.

La multiplicidad de delitos atribuidos y el tipo de sustancias involucradas configuran uno de los casos de mayor relevancia reciente en el combate al narcotráfico en el noreste de Estados Unidos, según las autoridades federales estadounidenses.

El Cártel de Sinaloa enfrenta una disputa interna desde septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal, lo que provocó que sus facciones se dividieran.

Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, han comenzado a sufrir bajas significativas en los últimos meses, frente a algunas pocas de Los Mayos, quienes están bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Ante las detenciones y los constantes enfrentamientos entre facciones, Los Chapitos formaron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la cual comenzó a visibilizarse desde finales de 2024.

Este acuerdo cobró notoriedad con el ingreso de sicarios del CJNG a Sinaloa, así como con la aparición de mantas firmadas por ambas organizaciones, incluso con el decomiso de equipo táctico con sus siglas en Culiacán.

De enviar sicarios a combatir a Los Mayos: la estrategia que tendría “El Mencho”

En las últimas semanas se ha registrado un aumento en la violencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, la cual se ubica al sur de la entidad.

David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, explicó que los constantes enfrentamientos y balaceras ocurridas en esa región del estado se deben a que sicarios del CJNG están ingresando desde el sur para combatir a Los Mayos.

Ante este panorama, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en entrevista con Infobae México cuál sería la estrategia que “El Mencho” tendría frente a la guerra que mantiene el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Vigil, Los Chapitos estarían tratando de obtener aún más apoyo por parte del CJNG para hacer frente a los enfrentamientos, ya que les podría permitir ganar la guerra; sin embargo, considera que “El Mencho” ha analizado bien los beneficios que tendría en caso de hacerlo.

¿Enviar apoyo desmedido o esperar su caída?

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA señaló que el CJNG tendría como estrategia el posible control del territorio que le permitiría la caída del Cártel de Sinaloa ante la guerra.

“El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Si no, no hubiera durado por tanto tiempo como jefe del Cártel de Jalisco. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra, y él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo. El Cártel de Jalisco podría ser el más poderoso que existiera en México”, afirmó en entrevista.

Es así que Vigil consideró que el CJNG está brindando apoyo mínimo a Los Chapitos, ya que su organización podría beneficiarse con la caída de ambas facciones.

“Yo no creo que él se vaya a meter en una guerra total contra Los Mayos apoyando a Los Chapitos, El Mencho nada más va a estar ahí sentado esperando hasta que se acaben ellos mismos para luego entrar y tomar el control”, aseguró.

A más de un año del comienzo de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, en el estado se han registrado más de 2 mil asesinatos, esto pese al despliegue de militares para reforzar la seguridad.