El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, cumple treinta años de vigencia en el Perú, mientras persisten desafíos para que este mecanismo se traduzca en resultados efectivos.

A pesar de que desde 1995 se han realizado 111 procesos de consulta previa orientados a garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios y recursos, la implementación de los acuerdos alcanzados dista de ser plena.

Durante el Foro Público “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a 30 años de la vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú”, organizado por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), se abordó la brecha entre la normativa y su aplicación.

Consulta previa cumple 30 años en Perú, pero solo se implementa la mitad de los acuerdos

El viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela, señaló que “el cumplimiento de los acuerdos alcanzados llega solo al 50%”, lo que evidencia la distancia entre los compromisos asumidos y su materialización.

Barranzuela también enfatizó la urgencia de consolidar espacios de diálogo multiactor en la Comisión Multisectorial de Consulta Previa, donde se evalúen los avances y se respete lo pactado. Además, subrayó la importancia de contar con información actualizada sobre las comunidades indígenas para que las entidades estatales puedan actuar con mayor previsibilidad.

La coordinadora del Programa Derechos de DAR, Iris Olivera, destacó la necesidad de “desarrollar herramientas de acceso público a la información para fomentar la vigilancia y revisión de la implementación de los acuerdos”, con el propósito de que los compromisos del Estado se traduzcan en acciones concretas.

Por su parte, Diego Saavedra, líder de Proyecto en DAR, planteó que el Estado debe “fortalecer la institucionalidad y dotar al Ministerio de Cultura de mayores capacidades como ente rector en derechos indígenas”, lo que incluye revisar el reglamento de la ley de consulta previa e integrar de manera efectiva los protocolos indígenas para optimizar el proceso.

Convenio 169 de la OIT: brecha entre ley y realidad en derechos indígenas peruanos

Los especialistas coinciden en que estas reformas deben articularse con la futura Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, impulsada por el Ministerio de Cultura, que propone la prestación de servicios públicos pertinentes y la implementación plena de una consulta previa legítima y transparente.

Durante el foro realizado en Lima, representantes indígenas y expertos advirtieron que las amenazas a los derechos colectivos no solo provienen de proyectos extractivos, sino también de iniciativas legislativas.

Julio Cusurichi, directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), reclamó que “la consulta previa tiene que aplicarse desde el Congreso ante medidas legislativas que nos afectan y ponen en riesgo nuestros derechos”.

En la misma línea, Rosalía Clemente, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), sostuvo que la “participación indígena en la consulta debe ser desde la identificación de las medidas a consultar”.

Desplazamiento indígena a ciudades crece en América Latina, alerta la OIT

El investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Paulo Vilca, recordó que la consulta legislativa es una deuda pendiente desde 1995 y que la transición a un Congreso bicameral añade complejidad al proceso.

Por otro lado, Hernán Coronado, representante de la OIT para los Países Andinos, alertó sobre el desplazamiento creciente de la población indígena hacia las ciudades, impulsado por la búsqueda de mejores servicios de salud y educación.

Coronado precisó que el 52% de indígenas en América Latina ya reside en áreas urbanas y exhortó al Estado a analizar las causas de este fenómeno y a diseñar alternativas viables.

En un escenario marcado por amenazas a los territorios y la proximidad de elecciones, tanto pueblos indígenas como especialistas insisten en que el Estado debe reforzar la vigilancia, la transparencia y la participación efectiva en los acuerdos, para evitar que la consulta previa permanezca como una promesa incumplida.

El avance de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay ha desencadenado un ciclo de violencia, explotación y exclusión social que golpea con especial dureza a las mujeres de las comunidades amazónicas, según revela un reciente informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El documento, titulado “Oro Sombra. La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay, con énfasis en las mujeres”, documenta que en 2024 se identificaron al menos 221 balsas mineras activas dedicadas a la extracción de oro, lo que ha transformado la economía y el tejido social en la región de Loreto.

Minería ilegal en Nanay desata crisis social y ambiental, alerta DAR

El informe de DAR, que estudia el caso de la comunidad campesina de Seis Hermanos, atribuye el crecimiento de esta actividad ilícita a la combinación de altos precios internacionales del oro, la falta de alternativas económicas y la corrupción en los niveles estatal y local. Esta expansión ha traído consigo una grave contaminación ambiental, principalmente por el uso sostenido de mercurio, que afecta tanto a los recursos hídricos como alimentarios.

El documento advierte que “la contaminación afecta los peces y el agua potable, lo que tiene consecuencias directas en la vida de las familias ribereñas”, una situación que ya había sido señalada por la Defensoría del Pueblo.

DAR ha revelado para Infobae Perú que las propias comunidades están cerrando los ríos, como la cuenca del Tigre, para protegerse del avance de la minería ilegal de oro con machetes y armas rudimentarias, ante la escasa o nula presencia de las autoridades públicas. La situación pronto se replicaría en Nanay.

Explotación sexual y abuso laboral, rostro oculto de la minería ilegal en Nanay

La llegada masiva de mineros foráneos y la consolidación de mafias organizadas han fragmentado la convivencia en las comunidades, incrementando los conflictos y sumiendo a la población en condiciones de precariedad. El informe de DAR subraya que las mujeres soportan la mayor carga de esta exclusión y violencia. La escasez de opciones laborales las empuja a empleos informales, como el trabajo de cocineras en los campamentos mineros, donde enfrentan bajos salarios y situaciones de abuso.

El reporte documenta además testimonios sobre ofertas de explotación sexual a cambio de pequeñas cantidades de oro, lo que las expone a redes de trata y a la desprotección institucional. Según el informe, “el círculo de explotación afecta la dignidad de las mujeres y las somete a violencia estructural y abandono de las autoridades”.

Mujeres lideran defensa comunitaria frente a minería ilegal en Loreto

El impacto de la minería ilegal no se limita al ámbito social. La economía local ha perdido solidez, ya que la actividad minera ilícita debilita sectores tradicionales como la pesca y la agricultura, intensifica la pobreza y restringe el acceso a infraestructura básica.

Frente a este panorama, el informe de DAR destaca la respuesta de las mujeres, quienes han asumido roles de liderazgo al formar redes de vigilancia comunitaria. Estas redes se encargan de alertar sobre el avance de la minería, recolectar información y promover alternativas productivas, como la pesca artesanal y la reactivación de huertos.

El documento también señala que las nuevas generaciones experimentan el impacto del desarraigo y la falta de oportunidades. “Los jóvenes recurren al consumo de alcohol y actividades ilícitas, perpetuando ciclos de exclusión y dependencia de la economía ilícita”, sostiene el informe de DAR.

Contaminación por mercurio amenaza salud y alimentos en la cuenca del Nanay

Pero la ruta parece insalvable. A pesar de la implementación de ordenanzas y declaraciones de emergencia por parte de las autoridades, la minería ilegal sigue expandiéndose en la cuenca del Nanay, exponiendo a más familias a la violencia y la pobreza.

El informe concluye que solo el fortalecimiento de mecanismos de protección institucional y el diseño de estrategias diferenciadas con enfoque de género permitirán abrir espacios para la defensa del territorio, la visibilidad de las mujeres y la construcción de alternativas sostenibles en las comunidades afectadas.

Comunidades amazónicas han exigido la consulta previa en los proyectos viales tras la pérdida de más de 3 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía peruana, una demanda que cobra fuerza ante la amenaza de nuevas carreteras y obras de conectividad que, según líderes indígenas, agravan la deforestación y facilitan invasiones ilegales en sus territorios.

Esta preocupación se expuso en el foro “Conectividad sostenible para el desarrollo”, donde representantes de pueblos originarios, autoridades estatales y organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de actualizar los criterios de inversión pública y garantizar la participación de las comunidades desde la fase de diseño de los proyectos.

Loreto, Ucayali y San Martín concentran más de la mitad de la deforestación nacional

Entre 2001 y 2023, la deforestación en la Amazonía peruana alcanzó 3.053.354 hectáreas, según datos de Geobosques. Las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín concentran el 53% de la pérdida de bosques nacional vinculada a infraestructura vial, de acuerdo con el estudio de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El informe identifica una correlación directa entre la cercanía de carreteras vecinales y el incremento de la deforestación, lo que ha debilitado los compromisos climáticos internacionales asumidos por Perú.

Eduardo Rojas, especialista en Monitoreo, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero, advirtió que el aumento de emisiones asociadas a la deforestación compromete la capacidad del país para cumplir sus metas ambientales, y propuso fortalecer las herramientas interactivas de monitoreo territorial para mejorar la toma de decisiones.

Indígenas denuncian vulneración de derechos por obras viales sin consulta

La expansión de la infraestructura vial, ejecutada sin consulta previa, ha sido señalada por representantes indígenas como un factor que agrava problemas como la minería ilegal, el narcotráfico y la destrucción de sitios sagrados. Iveth Peña, de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), subrayó que la falta de consulta previa en la ejecución de vías terrestres y fluviales vulnera derechos fundamentales y depreda el ecosistema, afectando plantas, animales y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Aunque la Ley 29785 reconoce el derecho a la consulta previa, su aplicación en proyectos viales resulta insuficiente. Peña recomendó fortalecer la articulación y participación de los representantes indígenas en la toma de decisiones “desde el inicio, durante y después de las inversiones”.

Especialistas alertan sobre impacto ambiental de nuevas carreteras en la Amazonía

Brent Millikan, del Grupo de Trabajo en Infraestructura y Justicia Socioambiental de Brasil, explicó que muchas obras en la región amazónica han sido planificadas desde una perspectiva extractivista, sin considerar los valores culturales y ecológicos ni la opinión de las comunidades locales.

En este contexto, los pueblos amazónicos no rechazan las inversiones, pero exigen que sus propuestas sean escuchadas para garantizar su bienestar y la seguridad de sus tierras. Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, planteó: “¿Las vías terrestres y fluviales serán motores de desarrollo o puertas abiertas a invasiones y destrucción?”, al pedir que la infraestructura impulse un desarrollo integral y no represente una amenaza.

Carreteras en la Amazonía, ¿desarrollo o amenaza para los pueblos indígenas?

El rol del Estado resulta central en la problemática. Paola Escobar, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció que los criterios tradicionales de rentabilidad económica para priorizar proyectos de inversión pública deben actualizarse para incorporar indicadores sociales, territoriales y ambientales. Escobar señaló que el MEF promueve una mayor participación de gobiernos regionales y locales en la formulación de proyectos con enfoque de sostenibilidad.

“Es importante que los expedientes técnicos consideren variables de impacto ambiental desde la fase de perfil”, dijo. Además, informó que el MEF está actualizando el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2025-2030 (PNISC), que servirá como hoja de ruta para priorizar inversiones en infraestructura que impulsen la competitividad del país.

El Estado peruano revisa criterios para proyectos de infraestructura sostenible

Desde DAR, se recomienda que el PNISC fortalezca los enfoques territoriales y de sostenibilidad, la gobernanza ambiental y el uso de instrumentos preventivos como la Evaluación Ambiental Estratégica. También se insiste en la necesidad de incluir de manera expresa la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada para las inversiones en territorios indígenas.

Las organizaciones indígenas han propuesto fortalecer la descentralización, brindar asistencia técnica continua a los gobiernos regionales y consolidar espacios como las mancomunidades para lograr una visión territorial integrada. Luis Briceño, de la Mancomunidad Regional Amazónica, afirmó que “la participación efectiva de los pueblos indígenas y la articulación intergubernamental es clave para lograr resultados de largo plazo”.

Organizaciones indígenas piden obligatoriedad de consulta previa en el PNISC

Agustín Lancha Pizango, vicepresidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI SL), sostuvo que la carretera es importante, pero primero debe asegurarse el territorio, garantizando la seguridad jurídica de los territorios indígenas, el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado y el fomento de proyectos productivos sostenibles junto con el desarrollo de las vías, lo que contribuiría a consolidar la seguridad alimentaria.

Cristina López, líder de proyectos de DAR, destacó que la participación efectiva de la población en la elaboración de políticas públicas, el marco legal y los instrumentos de gestión ambiental fortalecerá la eficiencia del sistema nacional de inversiones, el sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de la protección de derechos.

La creciente demanda de minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, esenciales para las tecnologías renovables, está impulsando una nueva fase de extractivismo intensivo en América Latina, con impactos significativos en los ecosistemas y las comunidades locales. Según informó la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) durante el conversatorio “Retos y Propuestas desde América Latina para la Construcción de una Transición Energética Justa”, la región enfrenta un panorama complejo en su intento por avanzar hacia una transición energética sostenible. Este proceso, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, se ve obstaculizado por problemas estructurales, como la gobernanza minera y los riesgos de corrupción en la explotación de recursos.

El evento, realizado en Lima el 2 de abril, reunió a expertos de diversos países para analizar las implicancias de este proceso en un contexto global que exige cambios profundos. Hugo Che Piu, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que la transición energética no debe replicar las prácticas extractivas que han contribuido al cambio climático. En su intervención, destacó cómo las decisiones económicas de las potencias globales, como el reciente anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 10 % de aranceles adicionales al Perú, afectan directamente a la región.

Dependencia de combustibles fósiles y consumo energético

De acuerdo con Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo de Bolivia, la dependencia de América Latina de los combustibles fósiles sigue siendo alarmante. En 2020, el 82 % del consumo energético mundial provenía de fuentes fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. En la región, el transporte es el sector que más energía consume, con una fuerte dependencia del diésel.

Velásquez explicó que, aunque algunos países producen hidrocarburos, otros, como Chile, dependen de las importaciones para abastecer sus centrales termoeléctricas. Por otro lado, Brasil y Argentina están incrementando su producción de petróleo y gas natural, respectivamente, con el objetivo de consolidarse como grandes exportadores. Brasil planea duplicar su producción de petróleo para 2030, mientras que Argentina ha registrado un crecimiento del 50 % en su producción de gas natural, impulsado por el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta.

En contraste, Bolivia, que en el pasado fue considerado un centro energético regional, enfrenta una caída significativa en la producción de gas natural y líquidos, lo que lo ha llevado a depender de importaciones. Según Velásquez, sin cambios fundamentales en las matrices energéticas nacionales, la región continuará demandando combustibles fósiles, perpetuando su dependencia y dificultando una transición energética efectiva.

Gobernanza minera y riesgos de extractivismo intensivo

La transición energética también está vinculada a una creciente demanda de minerales críticos, lo que podría desencadenar una nueva fase de extractivismo intensivo en América Latina. Telye Yurisch, economista de la Fundación Terram en Chile, señaló que esta situación genera impactos en los territorios y las comunidades locales, especialmente en áreas indígenas.

En el caso de Chile, que posee las mayores reservas de litio en el Salar de Atacama y es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, la gobernanza minera enfrenta serias debilidades. Yurisch advirtió que la institucionalidad minera del país no está preparada para gestionar la creciente demanda de estos minerales. Además, estudios de la Fundación Terram han identificado múltiples vulnerabilidades en la explotación del litio, incluyendo riesgos de corrupción. Empresas como SQM, que firmó un acuerdo con Codelco para explotar el Salar de Atacama durante 30 años más, han sido señaladas por prácticas cuestionables.

La explotación de litio en países como Chile, Bolivia y Argentina, basada en procesos de evaporación, genera un alto consumo de agua y afecta ecosistemas frágiles como los salares. Este modelo extractivo plantea serios desafíos para la sostenibilidad ambiental y social en la región.

Críticas al modelo de transición energética

Ariana Escalante, investigadora de la organización Fundar de México, destacó que, aunque se han promovido normativas para la extracción de minerales estratégicos destinados a tecnologías renovables, como los paneles solares, el consumo de combustibles fósiles no ha disminuido. Por el contrario, se ha duplicado en los últimos años, lo que pone en duda la efectividad de las políticas actuales.

Escalante subrayó que una transición energética no debe limitarse a una simple sustitución tecnológica. Cambiar combustibles fósiles por energías renovables sin cuestionar los modelos de negocio y las estructuras económicas subyacentes perpetúa desigualdades y no garantiza una transición justa. Este enfoque, según la experta, debe incluir una reflexión profunda sobre los impactos sociales y ambientales de las políticas energéticas.

Hacia una narrativa regional

El panel, que contó con la participación de expertos como Alejandra Alayza de Oxfam Perú, Vitor de Souza del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase) y Juan Luis Dammert del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI), coincidió en la necesidad de construir una narrativa regional sobre la transición energética. Según los especialistas, esta narrativa debe priorizar la sostenibilidad y la justicia social, en un entorno donde los minerales críticos han sido definidos por los centros industriales del norte global, sin considerar las perspectivas de las comunidades y los Estados proveedores.

El desafío, según los participantes, radica en generar reflexiones desde América Latina que permitan avanzar hacia una transición energética justa, que no solo reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también aborde las desigualdades estructurales y los choques ambientales asociados al extractivismo intensivo.

En el marco del 192° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado el 4 de marzo, líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz contra la promoción de actividades extractivas en territorios protegidos de la Amazonía peruana. Durante la audiencia temática titulada “Afectaciones a derechos de pueblos indígenas por actuación de las industrias extractivas en Perú”, se expusieron graves denuncias sobre la vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como el incumplimiento de normativas ambientales y sociales.

De acuerdo con las declaraciones de Vanessa Cueto, presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Gobierno peruano, a través de su agencia de promoción de hidrocarburos Perupetro, ha impulsado un plan para promover 47 nuevas áreas de exploración de gas y petróleo en la Amazonía. Estas áreas se superponen con territorios indígenas, reservas PIACI y parques nacionales, donde las actividades extractivas están explícitamente prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Cueto destacó que estas acciones no solo contravienen la legislación nacional, sino que también violan el principio de intangibilidad que protege a los PIACI. Según datos proporcionados por el Ministerio de Cultura, las nuevas áreas de promoción abarcarían un total de 4 millones 161.438 hectáreas, afectando directamente a 21 pueblos indígenas originarios.

El Candamo está en la mira: un legado de contaminación

Entre las zonas afectadas se encuentra la Reserva Territorial Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, este último categorizado como un parque de uso indirecto, donde las actividades extractivas están prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

La audiencia también puso de relieve los problemas históricos asociados a las actividades extractivas en la región. Cueto señaló que existen numerosos pasivos ambientales no resueltos, como los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, que ha sido puesto a cargo de la empresa estatal Petroperú. Estos incidentes han generado contaminación en ríos y territorios indígenas, afectando gravemente la salud y el bienestar de las comunidades locales.

Además, se denunció que el oleoducto opera con un instrumento de evaluación ambiental desactualizado y carece de tecnología para prevenir nuevos derrames. Según Cueto, esta situación refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno peruano para garantizar el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.

Flexibilización de normativas: un riesgo para los parques nacionales

Otro punto crítico abordado durante la audiencia fue la intención del Congreso peruano de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir actividades extractivas en parques nacionales. Cueto advirtió que esta flexibilización pondría en peligro las áreas de mayor protección en el país, sentando un precedente que podría abrir la puerta a la explotación de recursos en zonas vulnerables.

En este contexto, las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH que inste al gobierno peruano a excluir las áreas de promoción de hidrocarburos que se superponen con territorios indígenas y reservas PIACI. También exigieron que se reparen y restauren los territorios afectados por pasivos ambientales, especialmente en la región de Loreto, y que se cumplan los acuerdos pendientes en las mesas de diálogo con las comunidades.

“No es que las organizaciones que hemos presentado el caso estemos en contra de las actividades este empresariales, ni de la inversión, solamente pedimos que cumplan la ley”, destacó.

El caso Camisea: un ejemplo controvertido

Durante la audiencia, se mencionó el proyecto de gas de Camisea como un caso emblemático de las industrias extractivas en Perú. Aunque el Gobierno lo presenta como un modelo de buenas prácticas, Cueto señaló que este proyecto -que es la “excepción y no la regla” para la actividad hidrocarburífera en el país, debido a su impacto medioambiental relativamente bajo- también ha enfrentado críticas por su impacto en las comunidades y las áreas protegidas.

El proyecto Camisea, que se superpone con una reserva territorial para PIACI, fue aprobado bajo el compromiso de fortalecer las salvaguardas ambientales y sociales. Sin embargo, Cueto afirmó que los beneficios económicos no han llegado a las comunidades del Bajo Urubamba, que continúan enfrentando pobreza extrema y desnutrición infantil. Además, gran parte del gas extraído se exportó, sin beneficiar directamente a la región de Cusco ni a las comunidades locales.

“Este es uno de los pedidos, pero también hay otras solicitudes que hemos hecho. Por ejemplo, que el Congreso de la República evite flexibilizar el marco jurídico socioambiental actual, porque actualmente se está pensando no en modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para que se puedan realizar actividades extractivas en parques nacionales”, denunció.

La respuesta del Gobierno y el rol del Ministerio del Ambiente

Según lo expuesto en la audiencia, el Gobierno peruano ha defendido la promoción de hidrocarburos argumentando que las actividades se realizan con alta tecnología y cuidado ambiental. Sin embargo, los líderes indígenas y las organizaciones civiles cuestionaron esta postura, señalando que los derrames y otros impactos negativos continúan afectando a los territorios y las comunidades.

En cuanto al Ministerio del Ambiente, se destacó que en etapas previas había observado propuestas de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. No obstante, en el contexto actual, su posición no ha sido clara ni contundente frente a las iniciativas que buscan flexibilizar las normativas ambientales.

Reacciones de los pueblos indígenas y próximos pasos

Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), destacó que las políticas impulsadas desde el Congreso peruano están debilitando los estándares ambientales. Según explicó, se han promovido cambios normativos que transfieren competencias del Ministerio del Ambiente al sector de Agricultura, lo que, en su opinión, representa un retroceso en la protección ambiental. Estas modificaciones, afirmó, no solo afectan a los derechos de los pueblos indígenas, sino que también generan un contexto de mayor vulnerabilidad para los territorios.

AIDESEP enfatizó ante la CIDH que estas políticas no solo ignoran los derechos de las comunidades indígenas, sino que también contradicen los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos y protección ambiental. Según Cusurichi, la audiencia permitió esclarecer ante la Comisión que el gobierno no está cumpliendo con los marcos normativos existentes, lo que agrava los impactos de las actividades petroleras en la Amazonía peruana.

Cusurichi subrayó que los pueblos indígenas han contribuido históricamente al desarrollo del país, tanto a través de la gestión sostenible de sus territorios como mediante el diálogo con las autoridades. Sin embargo, lamentó que estos esfuerzos no siempre sean reconocidos y que, en cambio, se enfrenten a normativas represivas que atentan contra sus derechos. Según afirmó, las comunidades están dispuestas a defender su autonomía y sus territorios frente a estas amenazas.

“Nosotros hemos consultado con nuestras bases. Pero puedo adelantar que sí habrá una respuesta, y comunicaremos al país la decisión que se va a tomar. Siempre hemos dado grandes aportes con el manejo de los territorios, a través del diálogo. Pero si luego de todo ese esfuerzo solo recibimos normas represeivas, normas que atentan contra nuestros derechos, entonces creo que también la respuesta tendrá el peso de nuestra autonomía”, atajó.

Exigencias y recomendaciones

Tanto DAR como AIDESEP han solicitado a la CIDH que exhorte al gobierno peruano a respetar los marcos normativos existentes y los derechos de los pueblos indígenas. Entre las demandas específicas se encuentran la exclusión de las áreas protegidas y reservas PIACI de los planes de promoción de hidrocarburos, la reparación de los pasivos ambientales en regiones como Loreto y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo previas.

Las organizaciones también han enfatizado que no están en contra de la inversión privada ni de las actividades empresariales, pero exigen que estas se realicen en cumplimiento de la ley y con respeto a los derechos de las comunidades afectadas. Según Cueto, el objetivo es garantizar que cualquier proyecto extractivo se lleve a cabo con transparencia, participación ciudadana y salvaguardas ambientales adecuadas.

La audiencia ante la CIDH marca un nuevo capítulo en la lucha de los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales por proteger la Amazonía peruana y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia una solución definitiva parece estar lleno de desafíos, en un contexto donde los intereses económicos y la protección ambiental se encuentran en constante tensión.

Al 2023, de los más de 87.000 operadores mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), más de 70.000 se encuentran suspendidos y 15.000 están en proceso, aunque sin posibilidad de cumplir los requisitos, lo que evidencia la persistente condición de ilegalidad en el sector, advirtió el Grupo de Trabajo Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui.

Frente a esta problemática, dicho grupo de trabajo ha presentado la Agenda sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), un documento que reconoce que el problema es complejo y no se pretende generalizar ni estigmatizar a los actores locales involucrados y, por el contrario, busca proponer políticas públicas orientadas a enfrentar los retos de este sector y fomentar alternativas sostenibles.

Asimismo, se propone una nueva política de concesiones mineras que revise el sistema actual para garantizar el derecho a la consulta y salvar zonas sensibles, permitiendo también un adecuado aprovechamiento de los recursos.

También se enfatiza en el fortalecimiento institucional, incrementando las capacidades de los Gobiernos Regionales y organismos como el OEFA para un control más efectivo y la sanción de actividades ilegales.

La agenda promueve el uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles en la minería formalizada, reduciendo el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, y priorizando la remediación de microcuencas contaminadas. Asimismo, erradicar el trabajo infantil, la trata de personas y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores mineros.

No se debe seguir alargando el REINFO

Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, este documento representa un punto de inicio para un diálogo más amplio y participativo, por lo que indicó debe ser el “punto de partida para un debate profundo y constructivo”.

“No pretende ser una receta final, sino un marco para discutir la revisión y modificación del sistema legal, adaptándolo a la realidad de la minería artesanal. Es fundamental revisar temas como las concesiones mineras, donde las decisiones siguen tomándose desde Lima sin incluir procesos de consulta previa. La minería artesanal debe enmarcarse dentro de un enfoque de ordenamiento territorial”, dijo.

“No podemos seguir priorizando exclusivamente a la minería como motor económico; actividades como la agricultura también deben impulsarse, ya que representan una alternativa sostenible para las comunidades”, añadió.

Sobre la reciente ampliación del REINFO por parte del Congreso, Nury Garcia de la Red Muqui, enfatizó que la solución de la informalidad e ilegalidad de la MAPE no pasa por seguir ampliando el REINFO.

“En su lugar se debe fortalecer a las instancias competentes para llevar a cabo un adecuado proceso por la vía ordinaria de formalización minera. Esto con la urgente necesidad de reformular el régimen de concesiones mineras, de un ordenamiento integral y comunitario que incluya la consulta a los pueblos indígenas u originarios, la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas y Reservas Indígenas”, sostuvo.

Solo la minería ilegal de oro mueve US$6.840 millones

Por su parte Javier Jahncke, de la Comisión Episcopal de Acción Social, lamentó que el país se encuentre inmerso en una cultura de ilegalidad que va desde el Ejecutivo, Legislativo y actividades económicas ilegales que han ganado terreno en los últimos años como la minería, tala ilegal, narcotráfico, entre otros.

El especialista citó un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la que se destacó que las economías ilegales han ganado cada vez más espacio en el país y se estima que para este año muevan en conjunto US$12.645 millones, siendo la principal la minería ilegal de oro, que movería US$6.840 millones.

Pese al creciente problema, lamentó y cuestionó que el Estado apenas invierta S/0,49 centavos por cada S/100 para combatir la minería ilegal.

Por su parte, Carlos Alberto Castro, de Propuesta Ciudadana, dijo que es importante tomar en cuenta la institucionalidad local al momento de plantear soluciones a la MAPE. En el evento también participó Dante Sejekam, líder indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, José Bringas Aceijas, en representación de SPDA.

Perú sigue apostando por la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana, “a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de estas actividades”, de acuerdo a la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Es así que la agencia estatal de promoción de hidrocarburos Perupetro ha confirmado su participación en el evento internacional “Latin America & Caribbean Energy Summit”, que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en Punta del Este, Uruguay.

La decisión de Perupetro de promover 39 áreas promocionales para la explotación de petróleo y gas natural, así como la firma de tres convenios de evaluación técnica, ha generado inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones indígenas peruanas.

Estas entidades han expresado su preocupación por el impacto que estas actividades podrían tener en la biodiversidad y las comunidades locales de la Amazonía, según DAR.

Más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas superpuestas

Perupetro ha anunciado su participación en el Latin America & Caribbean Energy Summit de 2024, donde presentará las “Oportunidades de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas en Perú”.

Este evento, que se llevará a cabo en el pabellón internacional, contará con la presencia de importantes empresas del sector energético como Exxon Mobil, Chevron, Repsol y Total.

Sin embargo, la promoción de estas áreas de exploración y explotación ha generado preocupación debido a su superposición con más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas, afectando a 21 pueblos indígenas.

Según DAR, no se está garantizando el derecho a la consulta previa, lo que ha suscitado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos indígenas. Además, estas áreas se solapan con tres Reservas Indígenas y una Reserva Territorial, donde habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), quienes son especialmente vulnerables al contacto externo.

Sofía Rodríguez, especialista de la organización DAR, ha expresado su inquietud por la inclusión de territorios de áreas naturales protegidas en las zonas promocionales, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde la extracción de recursos naturales está prohibida por ley.

Por su parte, César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, ha enfatizado que cualquier empresa que se precie de tener políticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, incluidos los ambientales, debe ser consciente de las implicaciones de esta promoción.

Ipenza advierte que no se pueden fomentar actividades productivas en detrimento de áreas protegidas que cuentan con protección constitucional.

Una Carta Abierta por las inversiones responsables

Perupetro ha anunciado planes para explorar más hidrocarburos en la selva peruana, lo que ha generado una respuesta inmediata de diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos indígenas en Perú.

Estas entidades han emitido una Carta Abierta instando a las empresas a realizar inversiones responsables, respetando el marco legal de protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la preservación de la Amazonía, considerada uno de los últimos pulmones del planeta.

Sin embargo, el gas natural, aunque promovido como una alternativa en la transición energética, no es considerado una energía limpia debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera.

Además, en el caso peruano, su explotación no ha beneficiado a las comunidades locales ni ha contribuido a reducir las desigualdades en el acceso a servicios básicos para los pueblos indígenas. Un ejemplo de esta situación es el proyecto de gas de Camisea, que tras 20 años de operación, aún no ha proporcionado acceso a energía a las comunidades Machiguengas cercanas a sus instalaciones.

Este caso resalta las preocupaciones de las organizaciones sobre los impactos negativos de la explotación de recursos en la región y la necesidad de un enfoque más sostenible y equitativo en la gestión de los recursos naturales.