El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles al decreto ley impulsado por el Gobierno que exime de tributar determinadas ayudas vinculadas a la DANA, los incendios forestales y las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

La norma ha sido convalidada sin ningún voto en contra y con la única abstención de Vox, consolidando así un amplio respaldo parlamentario a un paquete de medidas de carácter fiscal, energético y social.

La nueva regulación establece que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a los afectados por la DANA no tendrán que integrarse en la base imponible del IRPF ni tampoco en el Impuesto de Sociedades. La medida busca aliviar la carga económica de miles de personas y empresas que sufrieron daños materiales y personales como consecuencia de los episodios meteorológicos extremos.

El decreto también amplía las exenciones fiscales a las ayudas por daños personales derivadas de incendios forestales y a las aportaciones realizadas por entidades sin ánimo de lucro destinadas a afectados por la DANA. De igual forma, las reparaciones económicas satisfechas por la Iglesia católica a víctimas de abusos sexuales quedarán libres de tributación en el IRPF.

La aprobación de la norma supone un alivio financiero para numerosos colectivos vulnerables que hasta ahora podían verse obligados a tributar por indemnizaciones o ayudas extraordinarias destinadas precisamente a compensar pérdidas o daños sufridos.

Recursos extraordinarios para Extremadura

El decreto también contempla la asignación de recursos extraordinarios a Extremadura a través de los mecanismos adicionales de financiación autonómica. El objetivo es cubrir los gastos excepcionales afrontados por la comunidad autónoma tras diversos fenómenos meteorológicos adversos que obligaron a movilizar recursos de emergencia.

Durante la defensa del texto en el Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que el Gobierno pretende “garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones excepcionales” y evitar que las ayudas públicas pierdan efectividad por su impacto fiscal posterior.

Cambios en el gasóleo profesional y el IVA energético

Otra de las medidas destacadas incluidas en el decreto afecta a la devolución parcial del gasóleo de uso profesional. El Ejecutivo corrige así algunos aspectos técnicos del decreto aprobado anteriormente para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto con Irán y la escalada de precios energéticos.

Con la modificación aprobada, se reactiva desde junio el derecho a la devolución de 49 euros por cada 1.000 litros consumidos, siempre que la variación del IPC de los carburantes en abril no supere en más de un 15% la inflación registrada en el mismo mes del año anterior.

Asimismo, el texto introduce una corrección técnica en la rebaja temporal del IVA de la electricidad, el gas y otros suministros energéticos al 10% hasta el próximo 30 de junio. En concreto, se amplía el número de beneficiarios permitiendo acogerse a la medida a consumidores con una potencia contratada igual a 10 kilovatios, y no únicamente inferior a esa cifra como figuraba inicialmente.

El Gobierno considera que esta modificación permitirá extender la protección frente al encarecimiento energético a más hogares y pequeños negocios en un contexto todavía marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

Protección social y financiación exterior

El decreto incluye medidas específicas para las víctimas de las tragedias de Adamuz y Gelida. A partir de ahora, podrán acreditar estos sucesos como accidente laboral a efectos económicos en procesos de incapacidad temporal.

Además, las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad derivadas de estos accidentes serán consideradas prestaciones originadas por accidente de trabajo, lo que mejora las condiciones económicas y de protección social de los afectados y sus familias.

Por otro lado, la norma habilita al Ministerio de Asuntos Exteriores para reorganizar fondos consulares entre distintas sedes diplomáticas y servicios en el extranjero. Este mecanismo permitirá compensar problemas de liquidez y garantizar el pago de obligaciones administrativas fuera de España sin depender exclusivamente del envío inmediato de fondos desde territorio nacional.

Finalmente, el Congreso ha aprobado también un crédito extraordinario de 11,33 millones de euros destinado a financiar actuaciones de Tragsatec relacionadas con la DANA. Estos trabajos incluyen labores de emergencia, peritación y cuantificación de daños realizadas durante 2025 para asistir a las zonas afectadas.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, pero se ha limitado a recordar que ya contó “todo lo que sabía y más” en su declaración judicial. La periodista ha asegurado que no entiende el motivo por el que ha sido citada en la cámara y ha añadido que sabe cuándo su nombre “aparece para tapar algo”.

Podemos y ERC, aclarando que la citación se debe a la posible cooperación de un testigo que tuvo la “mala suerte” de estar allí, han preguntado de forma más insistente. Vilaplanas se ha limitado a pedirles que recuperen sus respuestas en sede judicial, asegurando que ya ha respondido a todas esas preguntas. Ambos partidos han señalado a supuestas presiones del PP como razón por la que no ha querido abordar las cuestiones planteadas en la Comisión.

Vilaplana ha comparecido visiblemente emocionada. Ha explicado que “es difícil no derrumbarte” tras los señalamiento públicos que ha recibido, aunque también ha querido asegurar que en ningún caso quiere victimizarse. La periodista ha defendido que no puede aportar nada nuevo o relevante a la investigación, de manera que considera que no debería haber sido citada. Los diputados han tratado de conseguir algún dato nuevo y relevante, pero sin éxito.

La comida con Mazón que la convirtió en testigo

Vilaplana fue citada como testigo clave en la investigación sobre la gestión de la tragedia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Ese día compartió una extensa comida profesional con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras en el exterior se desarrollaba la emergencia. Su declaración es clave porque las autoridades buscan reconstruir la cronología de decisiones adoptadas en las horas críticas del desastre.

En sus declaraciones y escritos, Vilaplana sostiene que su presencia en la reunión fue una “terrible coincidencia” y asegura que desconocía la magnitud de los hechos mientras permanecía en el restaurante. Precisa que la comida se inició sobre las 15:00 y finalizó cerca de las 18:45. Durante ese tiempo, Mazón recibió varias llamadas, pero Vilaplana afirma que no escuchó referencias a la DANA ni a situaciones de emergencia, y que la conversación se centró en asuntos de comunicación y fútbol. Después de la comida, Mazón la acompañó hasta el parking antes de dirigirse al Palau.

Vilaplana ha denunciado públicamente la presión y el acoso sufridos tras el suceso, lo que la llevó a ser hospitalizada por una crisis de ansiedad. Asociaciones de víctimas la acusan de ocultar información y de haber retrasado el esclarecimiento de los hechos, especialmente tras modificar su versión respecto al horario del encuentro, lo que ha generado desconfianza entre los afectados.

El caso ya derivó hace meses en un debate público y judicial sobre la responsabilidad de los dirigentes, mientras Vilaplana insiste en que no tuvo capacidad de decisión, aunque asume la carga emocional de haber estado presente en ese momento clave para la sociedad valenciana. En sus respuestas en el Congreso ha vuelto a apoyarse en esta misma explicación, pidiendo que recurran a su declaración judicial para conocer sus aportaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la investigación judicial del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la DANA que devastó la región en 2024. En un auto hecho público este lunes, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, ratificando íntegramente su decisión previa.

La resolución respalda el criterio ya fijado el pasado 16 de marzo, cuando el Alto Tribunal valenciano se pronunció tras recibir la exposición razonada de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la catástrofe, que se saldó con 230 víctimas mortales. El nuevo auto se alinea además con el informe del Ministerio Fiscal, reforzando la posición de la Sala en un asunto de enorme trascendencia política y social.

El núcleo de la decisión judicial reside en la insuficiencia de los argumentos presentados por las acusaciones. Según recoge el propio auto, los recurrentes —tanto principales como adhesivos— no han logrado aportar “razones bastantes” que permitan configurar ese “cuadro indiciario de cierto nivel”que exige la jurisprudencia para abrir una causa penal. Ni en la vertiente de una posible actuación activa ni en la de una eventual omisión aprecia la Sala indicios sólidos que permitan atribuir responsabilidad al entonces jefe del Consell.

La posición de garante, descartada

Uno de los ejes de la impugnación —la supuesta posición de garante de Mazón durante la emergencia— es desmontado con claridad por los magistrados. El tribunal recuerda que el derecho penal español no permite derivar responsabilidades por la mera relevancia del cargo y rechaza cualquier automatismo entre jerarquía institucional y culpabilidad penal.

En términos expresos, la Sala señala que “no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo” y advierte de que atribuirla por el hecho de ostentar la máxima autoridad autonómica resulta contrario al principio de culpabilidad. En esa misma línea, insiste en que “ni cabe la responsabilidad por elevación, ni se admiten imputaciones por jerarquía”, descartando que eventuales déficits de gestión puedan traducirse, sin más, en autoría penal.

El análisis de la normativa autonómica refuerza esa conclusión. Según el auto, la dirección operativa de la emergencia en nivel 2 correspondía “con carácter exclusivo y excluyente” a la consellera competente, sin que al president se le atribuyera un deber jurídico específico de actuación. Esa ausencia de obligación concreta impide, a juicio del tribunal, sostener la posición de garante que defendían las acusaciones.

Exigencia de causalidad

La Sala aborda también la decisión de no activar la situación de emergencia catastrófica, uno de los aspectos más controvertidos del caso. En este punto, el tribunal delimita con nitidez el ámbito de la discrecionalidad política frente al de la responsabilidad penal.

El auto subraya que las decisiones discrecionales de un presidente autonómico no pueden convertirse en fuente de reproche penal por el mero hecho de que, a posteriori, se consideren inadecuadas o insuficientes. Para que una omisión pueda tener relevancia penal, añade, sería imprescindible acreditar que la acción no realizada habría evitado los resultados dañosos, incluidos los fallecimientos, una relación de causalidad que no ha sido demostrada por las acusaciones.

En esa misma línea, el TSJCV descarta que existan indicios cualificados sobre una participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert. La resolución insiste en que no concurren los requisitos de solidez exigidos por la jurisprudencia para atribuir relevancia penal a esa eventual intervención.

El aforamiento

El auto rechaza igualmente la pretensión de inaplicar el aforamiento del expresident. Las acusaciones sostenían que su condición de diputado en Les Corts respondía a una estrategia para eludir la actuación del juzgado ordinario, pero el tribunal descarta de forma expresa cualquier abuso de derecho.

La Sala recuerda que Mazón ya ostentaba su escaño antes de la DANA y que lo ha mantenido sin interrupción desde el inicio de la legislatura, lo que excluye cualquier adquisición sobrevenida del fuero. En este punto, diferencia el caso del denominado ‘caso Gallardo’, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde sí se apreció una maniobra para obtener la condición de aforado de forma estratégica.

El tribunal desestima además el resto de alegaciones y rechaza que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Recuerda que este derecho no garantiza un resultado concreto, sino el acceso a una resolución motivada, razonable y fundada en derecho, condiciones que considera plenamente cumplidas en este procedimiento.

En relación con otros elementos apuntados durante la instrucción, como los mensajes intercambiados en el entorno del expresident con miembros del Consell durante los momentos críticos de la emergencia, la Sala entiende que no permiten inferir, con el grado de certeza exigible en el ámbito penal, la existencia de órdenes directas ni de una relación de subordinación suficiente para sustentar una imputación. Añade, además, que las diligencias acordadas sobre este extremo no han arrojado aún resultados concluyentes incorporados a la causa.

Victoria Roselló, exjefa de Meteorología de À Punt, ha comparecido como perito ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, un episodio que dejó 237 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Según información de EFE, antes de su declaración en el juzgado, Roselló ha indicado a los medios de comunicación que los pronósticos de días previos ya anunciaban lluvias “históricas” y “un riesgo brutal para la población”. Según Roselló, los datos disponibles y el conocimiento de la geografía valenciana permitían prever la magnitud de la situación. “Es difícil creer que en el Centro de Emergencias no vieran lo que veíamos nosotros”, ha expresado.

Se conocía el riesgo potencial cinco días antes de la DANA

Durante su testimonio, Roselló ha explicado que “la situación se vio con al menos cinco días de adelanto”. Ha afirmado que “se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar”. Según la meteoróloga, “a cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua” y ha concretado que “iba a ser entre el Túria y el Júcar”. Roselló ha contado que el viernes previo al episodio ya se informó a la dirección de À Punt para “preparar la programación” y organizar la cobertura especial. “La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana”, ha señalado.

La meteoróloga ha detallado que la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), “única en Europa que cuenta con más de 800 observatorios”, facilitaba datos en tiempo real sobre la lluvia. “Permite saber exactamente en qué momento y cómo está lloviendo y dónde iría toda esa agua”, ha remarcado. Los datos apuntaban a que “las precipitaciones de todo un año podían caer en las cuencas en una hora”.

Roselló ha narrado que a las 6 de la mañana del 29 de octubre “empezó a llover con mucha intensidad, una intensidad torrencial”. A las 7, “ya había una redactora en l’Alcúdia informando de la intensidad de la lluvia”. Después, la lluvia se desplazó hacia la comarca de Utiel-Requena, donde se registró “la lluvia más cuantiosa desde que hay registros”. “Es algo inaudito. Supera a Tous. Ahí ya sabemos que la inundación sería histórica. Solo por la lluvia caída”, ha sostenido.

A las 7.36 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja. Roselló ha explicado que “rojo es riesgo para las personas. Es ‘no salga de casa’”. Más tarde, a las 11.52 horas, À Punt alertó del peligro de riadas en la costa, y a las 12.20 se volvió a advertir del peligro por las lluvias en el interior. Ha añadido que “los ríos cortos y los barrancos que van secos iban a desbordarse y había que alertar a la población”.

Roselló ha concluido que la información “estaba al alcance de cualquiera; cualquier ciudadano, no solo instituciones, y con los datos en la mano y un mínimo de conocimiento de la geografía, podía deducir lo que iba a pasar”. Según la meteoróloga, “no hacía falta ser meteorólogo” para advertir el riesgo y la gravedad de la situación, y que “se disponía de horas para avisar a la población con los datos que teníamos”.

El paso de la DANA de octubre de 2024 dejó 237 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1) a consecuencia de las inundaciones. A las pérdidas humanas se sumaron los millonarios destrozos materiales, que reconfiguraron por completo el paisaje de los territorios sobre los que cayeron las lluvias torrenciales.

Otra de las víctimas que sufrió los estragos de la DANA fue la biodiversidad, que quedó seriamente amenazada por la destrucción de sus enclaves, algunos de ellos de una alta importancia ecológica. Es el caso del Parque Natural de L’Albufera (Valencia), uno de los humedales más relevantes de España y un refugio fundamental para numerosas especies, especialmente para aves migratorias que encuentran en este espacio un lugar de paso entre Europa y África.

El arrastre masivo de residuos y sedimentos por la DANA provocó la acumulación de basura y lodo, la obstrucción de acequias y el deterioro de las playas y los arrozales. Así, en 2025 se produjo una reducción drástica en la reproducción de algunas especies o incluso la ausencia total de cría en algunos casos.

Este año, sin embargo, tras las labores de limpieza y restauración del enclave que se llevaron a cabo durante meses, el Parque Natural de L’Albufera comienza a mostrar signos de recuperación. Según los resultados del Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC por sus siglas en inglés) de mediados de enero, se han contabilizado 131.925 ejemplares de 78 especies de aves acuáticas en este humedal.

Así, la organización ornitológica SEO/BirdLife señala que estos datos suponen un aumento de un 52,53 % con respecto a los de 2025 y que, además, marcan el máximo histórico del humedal. El incremento de la población invernal es general en casi todos los grupos de aves acuáticas, aunque destaca fundamentalmente en el caso del morito común (+200 %) y de las gaviotas (+51,76 %).

El morito común y las gaviotas en La Albufera

“Nuestra organización considera que el aumento de las cifras este año puede deberse a dos circunstancias”, señalan desde SEO/BirdLife. “Por un lado, a la recuperación del humedal tras la DANA, y por otro, a la perellonà, la inundación invernal de los campos de arroz, que ha sido bastante amplia, ofreciendo zonas con suficiente profundidad para las especies buceadoras como la focha común".

En este sentido, la inundación invernal y la gestión del arrozal han sido claves, pues más del 70 % de las aves contabilizadas se han encontrado en estas zonas. Por el contrario, “la calidad de la laguna no ha mejorado”, lo que ha provocado que las cifras se mantengan por debajo o en cifras similares a los años anteriores a la DANA en esta zona.

La organización destaca fundamentalmente la presencia del morito común, que ha sido de 31.999 individuos en 2026, pese a que hace dos décadas era una especie rara en el Parque Natural de L’Albufera. De hecho, ahora ha representado un 24,26 % del total de aves contadas.

Por su parte, las gaviotas continúan siendo uno de los grupos de aves acuáticas mayoritarias, principalmente la reidora (29.867 individuos) y la sombría (11.894), que han aumentado en 57,23 % y en 39,54 % respectivamente.

Sin embargo, no todas las aves han experimentado un incremento con respecto al año anterior. Por ejemplo, el flamenco común se reduce a cifras de hace 5 años con 6.184 individuos. Según SEO/BirdLife, esto probablemente esté relacionado con la mejoría de otros humedales como Doñana.

SEO/BirdLife exige medidas en La Albufera

La organización ornitológica reclama que las Administraciones realicen medidas urgentes para mejorar la situación ecológica de l’Albufera: “Solicitamos que se ponga en marcha el plan de gestión obligado por su designación como espacio de la Red Natura 2000 y Parque Natural de l’Albufera”. También señalan que se deben “garantizar los requerimientos hídricos en el plan de cuenca del Júcar y ejecutar las acciones de saneamiento, mejorando la calidad del agua y el hábitat, y con ellos la conservación de las especies que alberga”.

Así, SEO/BirdLife reclama la importante de asegurar una buena perellonà en extensión y en nivel de inundación para “restaurar hábitats desaparecidos en el humedal, aumentar la orla de vegetación palustre y asegurar la calidad del agua que acaba entrando en la laguna”. La organización, además, recuerda que l’Albufera acoge casi el 20 % de la superficie del hábitat “lagunas costeras” de todo el país, “un hábitat protegido y reconocido como prioritario por la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

El subdirector de Emergencias de Valencia, Jorge Suárez, solicitó en la tarde del 29 de octubre la preparación de simulaciones para los niveles 2 y 3 de emergencia en Forata tras conocerse el desbordamiento del río Magro durante la dana que impactó la provincia. Durante su intervención, pidió que se trabajara en estos escenarios, lo que generó preocupación entre los coordinadores, quienes recordaron catástrofes previas como la rotura de Tous y anticiparon una situación crítica. Esta información se conoció gracias al testimonio de una técnica de coordinación de prevención de incendios forestales, presentada como testigo ante la jueza encargada de la investigación, según detalló Europa Press.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la testigo compareció en el juzgado de Catarroja en el marco de la causa que analiza la gestión de la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024. La provincia de Valencia registró 230 víctimas mortales como consecuencia de este episodio de lluvias extremas. Dentro del procedimiento judicial, enfrentan investigaciones la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso.

La técnico señaló durante su declaración que el río Magro, en el tramo de El Pontón, se había desbordado hacia el mediodía, en torno a las 14 o 15 horas. Explicó que la información le llegó porque el evento afectó la circulación en la zona. También manifestó que en esos momentos se conoció la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el municipio de Utiel pasó a declararse en Nivel 2 de emergencia, lo que implica una respuesta coordinada de diversos servicios ante la situación de riesgo.

Al ser consultada sobre el comportamiento de otros cauces, la testigo indicó que en Chiva durante la mañana del mismo día se detectó un caudal considerable en el barranco del Poyo, aunque con el transcurso de las horas ese volumen descendió. Ante la pregunta sobre si escuchó comunicaciones sobre la desmovilización de bomberos forestales en la zona del Poyo, relató que ni por la emisora ni por terceros recibió noticias relacionadas con ese asunto, publicó Europa Press.

Respecto al Es Alert, el sistema de emergencias en ese contexto específico, la técnica sostuvo que no observó presencia ni de Pradas ni de Argüeso durante la operación. Recordó en cambio su seguimiento al desarrollo de la emergencia, puntualizando que los responsables de sala respondieron a las solicitudes operativas sin la intervención directa de los investigados.

Horas después del desbordamiento, relató que Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias, pidió que se elaborara una simulación de situación 2 de Forata, y poco tiempo después, una simulación del episodio en situación 3. La coordinación de emergencias asumió que podían enfrentarse a un escenario comparable a la rotura histórica de la presa de Tous, lo que incrementó la preocupación de los intervinientes, consignó Europa Press.

Con respecto a la vigilancia de los barrancos, la testigo fue preguntada acerca de la posible oferta de agentes medioambientales para supervisar estas zonas durante el episodio. Indicó que, según recuerda, un agente le comentó la posibilidad, aunque aseguró que no se produjo la movilización de personal desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ese día. Añadió que Inma Piles, jefa del servicio '112', mantuvo una conversación con el coordinador de turno sobre el ofrecimiento, pero subrayó que la gestión de esa intervención no recaía directamente sobre su equipo, sino que correspondía a una solicitud interdepartamental que debería gestionarse con el área de Medioambiente.

La sesión judicial también estuvo marcada por la intervención de la defensa, que cuestionó la posición de las cámaras de grabación en las audiencias, dado que ahora están ubicadas de espaldas a la jueza y enfocando al testigo. Según publicó Europa Press, la magistrada sugirió a los abogados realizar una presentación formal si consideraban necesario adecuar el protocolo de registro audiovisual.

Europa Press reportó que la instrucción judicial continúa explorando las actuaciones y decisiones adoptadas en cada nivel administrativo durante la inundación, que afectó de manera significativa a varios municipios de la provincia de Valencia, y que está bajo la lupa la coordinación entre los distintos organismos responsables, a la vez que se analizan los tiempos de respuesta y los canales de información empleados el día del desastre.

El jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira, Alberto Pardo Raso, envío un mensaje de audio unos días antes de declarar en la causa de la DANA a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el que, además de tranquilizarla con que iba a decir la verdad, realizó unos comentarios que apuntan a una responsabilidad por encima de la ahora imputada, dejando caer que hubo “unos jefes” que le “cortaron las alas” durante la catástrofe ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertes en la Comunidad de Valencia.

“Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo, que al final, para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas”, le indicó en el mensaje, enviado en marzo de este año y que ha sido validado por el secretario judicial.

Aunque se trata solamente de una conversación, es importante remarcar que durante el día de la DANA, cuando Pradas era consellera, los únicos superiores que tenía se encontraban en la presidencia de la Generalitat, siendo el máximo representante en ese momento Carlos Mazón. Estas palabras chocarían completamente con la versión que llevan defendiendo desde el inicio de la investigación judicial, en la que el expresident no habría influido en ninguna de la toma de decisiones que se llevaron a lo largo de ese día.

“Hicimos creo que mas de lo que nos pertenecía”

“O sea que una barbaridad, pero es lo que hay, al final, lamentablemente las cabezas visibles de alto cargo que en este aso erais vosotros sois los que mas perjudicados vais a salir de todo esto. Que siempre lo he dicho, y siempre lo diré, que a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve, todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas pues no lo sé. Mentir o no mentir, pues no lo sé. Porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp, todo al final se desvaría mucho entonces no lo sé”, continúa en el mismo audio.

En otro audio enviado tan solo unos minutos antes, el jefe de bomberos indicaba a Pradas que no se tenía que preocupar por la declaración que él iba a llevar a cabo ese mismo mes. “Yo sé lo que hablamos tú y yo cuando fuimos, sé la información que vi, creo que nosotros hasta última hora estuvimos trabajando codo con codo con el consorcio”, le indicaba.

“Hicimos creo que mas de lo que nos pertenecía pero al final estamos trabajando en emergencias y cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás”, continuaba.

Aquí ya le dice directamente que “no te preocupes, que yo se lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea. Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tu movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quien estabas hablando, eso si, pero que movilizaste a todo el mundo”.

También le indica a Pradas que sabe que la UME ya estaba movilizada cuanto montó en su coche, sobre las 15:00 del 29 de octubre de 2024, porque fueron “palabras textuales” de la exconsellera con alguien con quién estaba hablando en ese momento. “Pero vamos, que ya te dije en su día que si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema porque al final se trata de que se sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas”, concluía.

La secuencia de mensajes enviados por el jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira a Salomé Pradas revela una muestra de apoyo hacia la exconsellera, que ha sido incluida como un elemento central en la investigación judicial que instruye una jueza en la causa sobre la gestión de la DANA. Según detalló Europa Press, estos mensajes a través de la aplicación Whatsapp abarcaron desde la tarde del 9 de febrero de 2026 hasta el 28 de marzo del mismo año y forman parte de la documentación incorporada al procedimiento, reflejando el respaldo del jefe de bomberos a la gestión de Pradas y su percepción sobre el margen de actuación que tuvo durante la emergencia.

De acuerdo con Europa Press, en los audios dirigidos a Pradas antes de comparecer como testigo, el jefe de unidad expone que ella actuó dentro de sus posibilidades y limitaciones, explicando que, tanto la exconsellera como los propios bomberos, estaban sujetos a las decisiones de sus superiores jerárquicos. En uno de los mensajes, el jefe de bomberos manifestó: “Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio”.

En el informe pericial, el jefe de bomberos relató que el 29 de octubre, el Consorcio activó al equipo cerca de las 11:30 horas para acometer el achique de agua en Alzira, pero durante el trayecto se les indicó regresar a base al considerarse innecesario el operativo. Más tarde, en torno a las 12:45, fueron movilizados de nuevo para evaluar la situación en el puente sobre el Riu Sec, el cual ya presentaba desbordamiento total en ese momento. Según publicó Europa Press, el testigo aportó el informe donde constan estos movimientos y las acciones que llevaron a cabo a lo largo de esa jornada, indicando que la magnitud de la emergencia requirió actuaciones más allá de lo previsto inicialmente.

La comunicación mantenida con la exconsellera incluyó también la afirmación por parte del jefe de unidad de que Pradas había movilizado todos los recursos disponibles durante una de las fases críticas del operativo. Concretamente, el jefe de bomberos aseguró: “Movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quién estabas hablando, eso sí, pero que movilizaste a todo el mundo, sí. Y que la UME, cuando tú montaste en mi coche, ya estaba movilizada, son palabras textuales tuyas con alguien que estabas hablando”, expresó según la reproducción recogida en el acta de cotejo consultada por Europa Press.

Durante su declaración ante la jueza en la sede de Catarroja, el jefe de la unidad, quien trabaja habitualmente desde la base de Carcaixent, ratificó el contenido de los mensajes y los hechos referidos sobre la coordinación y las decisiones adoptadas durante la emergencia. En su relato aportó la cronología concreta de los hechos, señalando que el Riu Sec ya se encontraba desbordado al momento de su inspección a las 12:45, y que la visibilidad impedía medir la escala del nivel del agua.

Acerca de la intervención de Pradas en Carlet, el jefe de bomberos explicó que cuando la entonces consellera llegó, ambos se desplazaron hasta el puente del río Magro, que presentaba un nivel muy elevado. Posteriormente, durante el trayecto en el coche, una llamada móvil recibió información de que la situación por Utiel se complicaba y, desde ese mismo vehículo, Pradas procedió a movilizar recursos adicionales disponibles hacia esa zona. “Desde el coche ella movilizó todo lo que había disponible para la zona de Utiel”, precisó el testigo en su comparecencia.

El jefe de la unidad también describió las dificultades enfrentadas aquella noche, al narrar que, una vez recibida la orden de regresar a base a las 18:30 horas, no fue posible cumplirla debido a las necesidades de asistencia que surgieron, por lo que permanecieron atendiendo emergencias y apenas pudieron descansar. Añadió que la labor continuó hasta el día siguiente a las 7:30, brindando ayuda en otros puntos, incluido Algemesí, según consignó Europa Press.

En los mensajes, el jefe de bomberos también abordó la cuestión de los límites impuestos por la estructura jerárquica y los posibles problemas de comunicación y coordinación surgidos debido al flujo de información entre diferentes responsables. Además, manifestó su disposición a declarar en sede judicial sin inconvenientes, afirmando que, a su entender, todos deben asumir su cuota de responsabilidad y que lo fundamental era que la verdad se conozca, según recogió Europa Press.

El contenido de los mensajes así como la declaración prestada por el jefe de la unidad de bomberos de Alzira han sido incorporados a la investigación que se sigue contra la exconsellera Salomé Pradas, quien permanece bajo la condición de investigada por la gestión de la emergencia durante los sucesos de la DANA, reportó Europa Press.

En relación con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la imputación de Carlos Mazón, decisión tomada de manera unánime por todos los jueces, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, abordó recientemente la resolución judicial que excluye al exlíder regional del procedimiento que investiga la gestión de la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024, en la cual fallecieron 230 personas. Según consignó Europa Press, Llorca subrayó que no realizará valoraciones sobre la decisión de la jueza que denegó la personación del expresidente Mazón en la causa relativa a la catástrofe de la dana y reiteró su exigencia de celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

A preguntas de periodistas durante un evento en Sueca (Valencia), el presidente autonómico y líder del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) declaró: “Yo no soy quién para cuestionar estas decisiones que se toman. Lo que insisto es que, como valenciano que soy, también quiero que se sepa la verdad, quiero que se conozcan los hechos y quiero que se actúe con cierta celeridad, que eso es importante”. Tal como publicó Europa Press, Llorca evitó opinar acerca de la decisión adoptada por la magistrada de Catarroja, quien rechazó, tras petición formulada el lunes por el abogado del exjefe del Consell, la solicitud de personación de Mazón en el proceso. La jueza argumentó que el ex presidente no podía personarse debido a su condición de testigo y a la ausencia de indicios en su contra.

El medio Europa Press detalló que Pérez Llorca insistió en no opinar sobre las resoluciones judiciales y manifestó que, históricamente, siempre ha mostrado “muchísima cautela y muchísimo respeto” ante tales decisiones: “Si la jueza ha decidido que el señor Carlos Mazón no puede personarse, yo no tengo nada más que añadir”. Adicionalmente, recordó que meses atrás la instructora había ofrecido a Mazón la posibilidad de acudir voluntariamente a declarar y añadió: “Respeté su decisión; si ahora la jueza ha cambiado su opinión, también la respeto”.

De acuerdo con Europa Press, al referirse a la postura del TSJCV, Pérez Llorca destacó que “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido por unanimidad de todos los jueces que el señor Carlos Mazón no puede estar imputado”. Manifestó que adoptó la misma actitud de respeto tanto cuando la jueza decidió imputar a Mazón como cuando el tribunal superior determinó que no correspondía la imputación ni la investigación.

Consultado sobre el posible cambio de estrategia de Mazón en este proceso judicial, el presidente del Consell subrayó que no le corresponde hacer valoraciones técnicas, ya que no dispone de la formación necesaria para ello, reiterando su respeto “por todo lo que esté pasando en el procedimiento judicial”, según reportó Europa Press. También se refirió a la gestión del acta parlamentaria del ex presidente en Les Corts, evitando expresar opiniones respecto a si el Partido Popular exigiría a Mazón la renuncia a su escaño. En su respuesta, señaló que las actas no las ponen ni las quitan los políticos, sino que lo deciden los ciudadanos al votar: “Las actas las deciden los ciudadanos cuando votan. Y yo, por tanto, a eso también tengo que mostrar muchísimo respeto”.

Por otra parte, Europa Press informó que, cuestionado sobre la posición de Compromís respecto a la candidatura de la exvicepresidenta Mónica Oltra a la alcaldía de València, Llorca criticó que la coalición pretenda que Oltra, quien enfrenta un proceso judicial por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido, sea su candidata, al mismo tiempo que solicitan que otro partido retire el acta a Mazón. Llorca insistió en que la decisión sobre las actas corresponde únicamente a la ciudadanía mediante el voto.

A lo largo de sus declaraciones, Llorca reiteró en múltiples ocasiones la importancia del respeto institucional hacia las resoluciones judiciales y la necesidad de esclarecer con rapidez lo sucedido durante la catástrofe de octubre de 2024, que causó una gran conmoción en la Comunidad Valenciana con un saldo de 230 víctimas mortales.

El desarrollo del proceso judicial en torno a la gestión política durante la catástrofe y las distintas decisiones de la magistratura han generado debate público y político en la región. Europa Press destacó que la jueza de Catarroja ofreció en varias ocasiones a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente en la investigación. Tras el rechazo de su personación y la aclaración de que no existen indicios contra él, el TSJCV tomó la determinación de descartar su imputación.

El caso continúa sus trámites en los tribunales, con la atención puesta en los tiempos y el equilibrio entre la transparencia, la justicia y el respeto a la presunción de inocencia. Las palabras de Juanfran Pérez Llorca recalcan tanto la voluntad política de aclarar los hechos como la relevancia del respeto institucional hacia las decisiones de la justicia y la legitimidad democrática sobre los cargos públicos.

El rechazo a la personación de Carlos Mazón en la investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 provocó que el exmandatario anunciara que revisará la decisión junto a su equipo legal y adoptará las medidas que correspondan según el análisis realizado. De acuerdo con lo publicado por el medio que cubre las declaraciones, Mazón afirmó: "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia", al ser consultado por la prensa este jueves en los pasillos de Les Corts Valencianes, donde se encontraba presente para asistir al pleno.

Tal como reportó la fuente informativa, Mazón expresó su postura minutos después de que trascendiera la resolución de la jueza de Catarroja, quien rechazó la solicitud presentada por su defensa para personarse formalmente en el procedimiento judicial que investiga la gestión de la DANA y sus consecuencias. La solicitud se había remitido el lunes anterior, bajo el amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de que Mazón pudiera salvaguardar sus intereses procesales y acceder al contenido de las diligencias en marcha.

Según detalló el medio, la principal motivación de Mazón al intentar personarse en la causa radicaba en conocer si se mantenía abierta alguna línea de investigación en su contra a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya había rechazado procesarlo, al no reconocer indicios de actuación delictiva en el desempeño de sus funciones en la gestión del fenómeno meteorológico extremo ocurrido el 29 de octubre de 2024.

En declaraciones recogidas por la prensa, Mazón señaló: "No hablo sobre el proceso. Lo analizaremos y ya está", manteniendo la cautela y subrayando que abordaría junto a sus abogados los siguientes pasos legales. El exdirigente repitió en varias ocasiones a los medios su voluntad de no hacer valoraciones públicas sobre el contenido del expediente judicial ni sobre la rapidez con la que la jueza resolvió no admitir su personación. "Os agradezco el interés. Vamos a analizarlo y lo vemos", insistió a los periodistas presentes.

Previo a conocer el sentido de la decisión judicial, Mazón había explicado el motivo de su solicitud formal a la jueza de Catarroja. Su defensa buscaba claridad sobre la situación procesal del exmandatario y la posibilidad de que, tras la resolución del tribunal superior, existieran diligencias añadidas que pudieran afectarle. "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", explicó Mazón, quien también añadió: "Evito hacer ningún tipo de declaración, creo que si todo el mundo hiciera lo mismo sería de una mayor salud democrática siempre para todos".

Mazón amplió su exposición asegurando: "Con mi abogado, lo que hemos hecho es, después del auto del Tribunal Superior de Justicia, que aclaraba bastantes cosas en mi opinión, simplemente hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando". De acuerdo con lo consignado por el citado medio, concluyó señalando: "Eso es todo", enfatizando que su interés principal era discernir si su situación procesal experimentaba algún cambio posterior a la resolución del TSJCV.

El rechazo a la personación solicitada deja al exmandatario valenciano y a su equipo legal en una situación de espera respecto al avance de la investigación en curso, mientras continúan valorando las opciones legales disponibles tras la resolución dictada por la jueza de Catarroja. El caso se inscribe en el marco de la investigación sobre los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana, y se mantiene bajo seguimiento jurídico y mediático.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) había descartado hace una semana la imputación de Carlos Mazón al no encontrar pruebas que respalden la existencia de un delito relacionado con su intervención en la gestión de la inundación del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. En este contexto, el expresidente de la Generalitat solicitó la posibilidad de personarse en la causa judicial, alegando que deseaba seguir los procedimientos que aún se desarrollan y así asegurarse de si continuaban investigando sus acciones. La jueza encargada del caso ha decidido rechazar esa petición.

Según publicó el medio responsable de la información, la magistrada que dirige la instrucción desde el juzgado de Catarroja ha confirmado que Carlos Mazón únicamente puede participar en el proceso en calidad de testigo, tal como lo determina la situación jurídica del expediente. Esta decisión responde a la solicitud planteada el lunes por el abogado representante de Mazón, quien propuso la personación de su defendido en el procedimiento, apoyándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y alegando el derecho a analizar las diligencias relacionadas con él.

La jueza argumentó que, al no haber indicios consistentes en la instrucción que apunten al expresidente y al haber sido citado estrictamente como testigo, la personación no corresponde en este contexto. El medio detalló que Mazón fue convocado como testigo poco después de que el TSJCV concluyera que no existía evidencia suficiente para abrir una investigación formal sobre su actuación durante la catástrofe.

El episodio se enmarca en la investigación abierta por la inundación devastadora, conocida como “dana”, que el 29 de octubre de 2024 provocó el fallecimiento de 230 personas solo en la provincia de Valencia. Tras este acontecimiento, las autoridades judiciales revisan la gestión y las posibles responsabilidades con relación a la respuesta institucional ofrecida ante la emergencia. Según consignó el medio, la postura oficial de la jueza sostiene que, mientras no existan cargos ni indicios en contra, Mazón solo podrá participar en las diligencias como testigo y sin intervenir formalmente en el resto del procedimiento.

El propio Mazón manifestó públicamente, este martes, que la razón fundamental de su interés en personarse residía en el deseo de saber si seguían manteniendo abierta cualquier línea de investigación sobre él. “Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo”, declaró ante los medios, según recogió el mismo medio.

El rechazo de la magistrada, detalló el medio, se basa en la interpretación directa de la normativa penal, ya que la condición de testigo impide ejercer los derechos de parte procesal previstos para los investigados o imputados. Los representantes de Mazón pretendían acceder a las actuaciones en curso, argumentando que algunas diligencias aún tendrían repercusión en la figura del expresidente, incluso después de la decisión del TSJCV de no imputarlo.

El caso de la gestión pública ante la dana, que resultó en una cifra elevada de víctimas mortales, ha abierto líneas de análisis sobre la actuación del gobierno autonómico en funciones, aunque hasta el momento no existen procedimientos penales abiertos contra miembros del Ejecutivo de entonces, según informó el medio. La causa judicial sigue desarrollándose con nuevas citaciones y revisiones documentales, centradas en esclarecer las decisiones, recursos movilizados y alertas emitidas en el contexto de la emergencia.

La resolución de la jueza zanja por el momento el debate sobre la personación de Mazón, fijando su papel estrictamente en el ámbito testimonial, conforme a las previsiones legales expuestas por el medio. La instrucción permanece abierta y la investigación continúa avanzando sobre el resto de los aspectos relativos a la gestión de la emergencia en Valencia el 29 de octubre de 2024.

La jueza de instrucción del juzgado número 3 de Catarroja, que investiga las 230 muertes durante la DANA de la Comunidad de Valencia ha rechazado la personación del expresident Carlos Mazón en la causa.

“La solicitud que formula la representación del Sr. Carlos Mazón Guixot constituye un tertium genus que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado ‘testigo asistido’, pero no en España”, señala la magistrada.

En este sentido, señala que la fundamentación de personación en la causa formulada por su representación legal cita una serie de preceptos, los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que remiten inequívocamente a la condición de investigado”.

Argumentos “sin sustento procesal ni fáctico alguno”

La jueza explica el auto, que la personación interesada que pide Mazón solo podría basarse en dos supuestos: el primero sería “la voluntad de reconocer la participación en la causación de los presuntos homicidios y lesiones imprudentes”; o “el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal, con la obligación de decir verdad, implicaría ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales, y que solo puede declarar como investigado”. “Ninguna de estas dos opciones se alega en el escrito del Señor Mazón”, añade.

“Por otra parte, lo que es algo bien diferente a la personación como investigado, es que en el caso de que el Sr. Mazón fuera investigado, encausado o enjuiciado en otro procedimiento penal relacionado con éste, y la declaración testifical acordada en este procedimiento pudiera perjudicarle, podría comparecer en la declaración testifical asistido de letrado. No consta ni se alega dicha situación procesal en el escrito referido”, agrega.

En este sentido, la magistrada rechaza los argumentos vertidos por la representación legal del expresidente, “sin sustento procesal ni fáctico alguno”, relativos a que se siguen “practicando diligencias investigadoras” sobre él, pues el escrito no concreta “qué diligencias hayan poseído tal carácter, y dicho testigo nunca adquirió la condición de investigado”.

La petición de Carlos Mazón

En su escrito, Carlos Mazón solicitaba comparecer en la causa no como testigo, sino con la condición de investigado, con el objetivo de intervenir activamente en el procedimiento. En concreto, su petición buscaba poder personarse con abogado, acceder a las actuaciones, proponer diligencias y ejercer los derechos propios de esa condición procesal, como no declarar o hacerlo sin obligación de decir verdad.

La defensa fundamentaba esta solicitud en la necesidad de contar con plenas garantías jurídicas desde el inicio de su participación en la causa, al entender que los hechos investigados —relacionados con la gestión de la DANA— podían afectar a su esfera de responsabilidad. Por ello, planteaba que su papel no debía limitarse al de testigo, sino equipararse al de cualquier persona que pudiera verse eventualmente implicada en los hechos investigados.

En declaraciones este martes, Carlos Mazón ha defendido que su petición de personación respondía únicamente a la necesidad de aclarar su situación procesal. “Quiero saber si se me sigue investigando o no” y “creo que tengo derecho a saberlo”, ha afirmado ante los medios en Les Corts, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana descartara previamente su imputación.

El expresident ha insistido además en que ha dado “decenas de explicaciones” y ha negado haber incurrido en contradicciones sobre lo ocurrido durante la DANA, atribuyendo las dudas a “bulos” y defendiendo que “nadie ha dado más explicaciones” que él. Tras conocerse el rechazo de la jueza, ha optado por una posición más contenida, señalando que analizará la decisión con su equipo jurídico y que “obrará en consecuencia”, evitando entrar en valoraciones de fondo sobre el procedimiento

El escrito presentado por la defensa de Carlos Mazón destaca que, tras no haberse detectado indicios de responsabilidad penal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación a la catástrofe de la dana de octubre de 2024, el expresidente ha decidido solicitar su personación en el procedimiento judicial. De acuerdo con Europa Press, esta solicitud se centra en la intención de Mazón de examinar detalladamente las diligencias practicadas y defender sus intereses jurídicos en la investigación que sigue el Juzgado de Catarroja.

Según informó Europa Press, la petición formal la elevó su letrado, Ignacio Gally, quien dirigió el escrito directamente a la jueza de Catarroja encargada del caso. En el documento se precisa que la petición de personarse llegó poco después de que la magistrada citara como testigo a Mazón y una semana posterior a la decisión del TSJCV de no imputarlo, al no encontrar señalamientos de delito en su gestión durante la emergencia provocada por la depresión aislada en niveles altos (dana) que impactó a la provincia de Valencia, causando 230 fallecimientos.

El medio consignó que el exjefe del Consell actúa al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurriendo a este mecanismo procesal para salvaguardar sus derechos durante el desarrollo de la investigación. El escrito presentado explica que, desde el comienzo de la causa, Mazón se mantuvo en una actitud de “máximo respeto” a la instrucción judicial y a las decisiones tomadas, a pesar de contar únicamente con información indirecta, obtenida a través de fuentes abiertas, acerca de la tramitación de investigaciones y pruebas que afectaban directamente a su situación legal.

Europa Press detalló que la defensa subrayó que esta postura de cautela no respondió a desinterés sino a una “decisión consciente” de no interferir ni en el trabajo de la jueza instructora ni del tribunal autonómico durante las fases previas a la actual. Por esa razón, el equipo legal de Mazón no consideró necesario solicitar la personación de forma anticipada.

El escrito, según el mismo medio, puntualiza que, tras la decisión del TSJCV, que descarta responsabilidades penales sobre Mazón, el contexto cambia y la defensa concluye que “es el momento de hacer efectiva la prerrogativa” para revisar las actuaciones que aún se desarrollan en torno a los hechos acontecidos, una vez que la resolución judicial ha dejado claro que no existe causa penal alguna contra su representado.

Finalmente, la petición solicita que, una vez admitida la personación, se permita a Mazón, a través de su representante legal, el acceso total a las actuaciones en la causa, permitiéndole evaluar todas las diligencias y pruebas recabadas durante el proceso. La gestión judicial de la dana de octubre de 2024, que resultó en una tragedia de grandes dimensiones para Valencia, sigue bajo análisis de la magistrada del Juzgado de Catarroja, quien deberá decidir ahora sobre esta nueva solicitud del expresidente de la Generalitat Valenciana.

La identificación de un camión dentro del cauce inundado del Riu Sec aguas abajo del puente de Carlet, sin presencia del conductor, fue uno de los momentos críticos que describió ante la magistrada el jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales. Según consignó el medio, este hecho se registró hacia las 13.45 horas, en plena emergencia por la dana del 29 de octubre de 2024, y fue notificado de inmediato tanto a Coordinación como al Consorcio de Bomberos de Valencia. Esta situación reflejó la velocidad con que avanzaba la crecida y la falta de visibilidad y control sobre el nivel real del cauce en esa franja horaria, lo que agravó la emergencia y motivó la movilización de recursos adicionales.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el jefe de bomberos forestales detalló que a las 12.45 horas el Riu Sec ya se encontraba desbordado sobre el puente de Carlet. Durante su declaración ante la jueza de Catarroja, quien investiga la gestión de la catástrofe, el testigo resaltó la imposibilidad de medir la escala del cauce debido a que la crecida la había sumergido por completo. “No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado”, precisó ante la autoridad judicial.

La investigación judicial se centra en los hechos del 29 de octubre de 2024, jornada en la que la dana provocó graves inundaciones que causaron la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia. En la causa figuran como investigados Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su entonces número dos, como consignó el medio. El jefe de la unidad de Alzira, con base en Carcaixent, entregó un informe que elaboró dos semanas después de la riada, donde detalló los movimientos y actuaciones de su equipo.

El relato del bombero abarca desde el inicio del turno, a las 9.30 horas, con una primera orden para intervenir en un achique de agua en Alzira poco después de las 11.30, que finalmente se canceló mientras iban de camino. Más tarde, a las 12.45 horas, recibieron la instrucción de revisar el nivel en el puente de Carlet, pero ya encontraron el río sobrepasado e imposible de medir. Subrayó expresamente que su grupo nunca recibió orden de vigilancia del río Magro sino del Riu Sec, que “siempre está seco, pero ese día estaba lleno”. Describió que entre el puente de Carlet y Benimodo ya había zonas totalmente desbordadas.

A las 13.45 horas apareció el camión sumergido en el agua, sin señales del conductor, episodio que reportó tanto a Coordinación como al Consorcio. Posteriormente, el jefe recibió una llamada del director general, cerca de las 14.00 horas, a quien informó sobre lo ocurrido con el camión. En ese momento se le indicó que la exconsellera Pradas se dirigía a Carlet, acompañada por el secretario autonómico, para inspeccionar la zona. El medio relató que el testigo acudió entonces al ayuntamiento de Carlet, donde informó en persona a Pradas sobre la situación del camión y la crecida del río, advirtiendo del peligro en los tramos aguas abajo, donde el Riu Sec desemboca en el Magro.

El testigo relató que recorrieron con la exconsellera varias zonas afectadas, acompañados también por un jefe de prensa munido de una cámara. Aseguró que se registraron imágenes en el puente, pero rechazó que su presencia tuviera motivaciones ajenas a la urgencia de la situación: “No era momento para fotos, como se ha dicho”, expresó.

A continuación, se dirigieron al puente sobre el río Magro en Carlet, donde constataron el alto nivel de las aguas. Mientras regresaban en coche, Pradas recibió una llamada por la que fue informada de complicaciones en la zona de Utiel. Desde su vehículo, la exconsellera ordenó movilizar todos los recursos disponibles hacia ese territorio, decisión que se tomó alrededor de las 15.00 horas. Poco después, se dirigió hacia el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi), según reportó el medio.

La jornada avanzó con nuevas intervenciones. A las 18.30 horas, la Central decidió retirar a los bomberos de Carlet y, al llegar a la entrada de Alcúdia, observaron el desbordamiento del río Magro, con el agua alcanzando el polígono industrial e impidiendo el paso. Relató que desde un chalet, unos niños solicitaron auxilio. Informaron a los menores que permanecieran en la planta superior, donde estaban a salvo, dada la imposibilidad de acceder al lugar por la crecida. Tras comunicar a sus superiores que era prioritario quedarse en la zona para seguir ayudando, recibieron la autorización y continuaron las tareas de asistencia, trasladando a vecinos a sus viviendas mientras las calles ya se encontraban anegadas.

El jefe remarcó que, a esas alturas de la madrugada, sólo la unidad de Alzira seguía en operación entre los bomberos forestales desplegados, reportó el medio. Hacia las 19.00 horas, recibió la indicación de tomar precauciones ante el posible fallo de la presa de Forata y buscar un lugar seguro para el equipo. Entre las últimas tareas del día, mencionó una intervención nocturna en la residencia de Carlet, que se encontraba sin suministro eléctrico. Su grupo volvió a la base a las 7.00 horas del día siguiente únicamente para cambiarse de ropa, enfatizando la continuidad del servicio a pesar del cansancio: “No nos queríamos ir a casa. No era momento para descansar”, relató.

En relación con la coordinación del dispositivo, el testigo señaló que hubo otras unidades que permanecieron en sus bases sin ser movilizadas, pese a estar próximas al área de emergencia. “Habría que preguntar a José Miguel Basset –quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana– por qué no se movilizaron las unidades de Xàtiva o las de Castelló de Rugat a Rótova”, indicó, según publicó el medio. Acerca de la gestión de información y mando aquella jornada, expresó reservas sobre la posibilidad de que el jefe operativo desconociera retiradas de efectivos, sugiriendo que la comunicación dependía del oficial de sala y del oficial de guardia.

En su declaración, también precisó que entregó el informe de actuaciones elaborado después de las inundaciones tanto a la exconsellera Pradas como al director general y a la empresa pública SGISE. Agregó que fue Pradas quien, el 9 de febrero, le anticipó por WhatsApp una inminente citación judicial como testigo, que le llegó de forma oficial el 27 de marzo. “Salomé nos ha ido preguntando. Le dije que yo no iba a decir ni más ni menos que lo que sé. Le mandé el informe que hoy aporto, así como al director general y a la SGISE”, concluyó ante la autoridad judicial en declaraciones reproducidas por el medio.

La comparecencia del jefe de la unidad de Alzira ante la magistrada se inscribe en el proceso que analiza las decisiones adoptadas durante la gestión de la dana y la coordinación entre administración y los equipos de emergencia desplegados en Valencia el 29 de octubre, según informó el medio.

Un camión quedó sumergido en el cauce del Riu Sec en las cercanías de Carlet y el conductor no se encontraba en el lugar, según informó el jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024. El testigo relató que este suceso ocurrió a las 13:45 horas, momento en que lo comunicó a Coordinación y al Consorcio, describiendo además que el nivel del agua ya había sobrepasado los puntos de referencia en el puente y la inundación llegaba desde Carlet hasta Benimodo. La comparecencia forma parte de la instrucción en la que se investigan las actuaciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tras un evento que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el responsable de la brigada situada en Carcaixent detalló que el 29 de octubre la jornada se inició a las 9:30 horas bajo el horario habitual, recibiendo instrucciones del Consorcio de Bomberos de Valencia. Hacia las 11:30 horas, les activaron para intervenir en una operación de achique en Alzira aunque, a mitad del trayecto, recibieron la orden de regresar a la base por considerarse innecesaria la actuación en ese momento. Poco después, a las 12:45 horas, la situación cambió y fueron movilizados nuevamente para revisar el nivel del agua en el puente de Carlet, objetivo para el que nunca recibieron directriz alguna respecto a vigilar los caudales del río Magro, únicamente del Riu Sec.

Al llegar al lugar indicado, según consignó el medio, el testigo subrayó que ya no era posible medir la escala por la inundación y que el río, habitualmente seco, en ese momento se encontraba lleno, desbordado desde el puente de Carlet hasta Benimodo. La declaración del jefe de los bomberos forestales precisó que el caudal era incontrolable desde las 12:45 horas: “No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado”, señaló en sede judicial. Reiteró también que el caudal excedía cualquier previsión y los efectos aguas abajo podían agravarse.

El medio detalló que, hacia las 14:00 horas, el jefe de la brigada recibió una llamada del director general de Emergencias para informar sobre el vehículo atrapado en el agua. En ese contexto, le comunicaron que Salomé Pradas acudiría a Carlet y se consultó si la unidad podía recogerla, situación en la que también participaba el secretario autonómico. El responsable del grupo acudió entonces al ayuntamiento de Carlet alrededor de las 14:50 horas, donde notificó a Pradas sobre lo sucedido con el camión y el paradero desconocido del conductor, y advirtió que la fuerza del agua podía generar riesgos en zonas donde desemboca el río Magro.

El jefe de los bomberos forestales relató que en la visita al puente estuvieron acompañados por una persona del área de prensa con cámara y que las imágenes tomadas durante la inspección buscaban documentar la gravedad de la situación. En su declaración, desmintió que la presencia de la consellera tuviera por objeto la obtención de réditos mediáticos. “El día no estaba para hacerse fotos. No era momento para fotos, como se ha dicho”, afirmó, según reportó el medio.

Posteriormente, el grupo se dirigió al puente del río Magro en Carlet, donde constataron que el caudal se encontraba igualmente elevado. Durante el trayecto de regreso por carretera, la consellera Pradas recibió una llamada sobre la complejidad de la emergencia en la zona de Utiel y desde el vehículo gestionó la movilización de recursos disponibles para atender la situación en ese sector. Hacia las 15:00 horas, informó que se dirigiría al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias.

A las 18:30 horas, según la narración recogida por el medio, la central ordenó a la unidad abandonar Carlet. Al llegar a la entrada de Alcúdia, encontraron que el río Magro se había desbordado y el agua impedía el paso al polígono local. En ese momento, niños que se encontraban en un chalet solicitaron auxilio, indicando que estaban en un piso alto. Ante el riesgo, los bomberos recomendaron que permanecieran en el lugar seguro, ya que la evacuación resultaba inviable. El jefe de la unidad informó a sus superiores que permanecerían en la zona para seguir colaborando y recibieron la autorización correspondiente.

La brigada de Alzira procedió a transportar personas a sus hogares en Alcúdia, localidad donde el agua inundaba ya las calles. El testigo alertó reiteradamente a las autoridades sobre los posibles riesgos aguas abajo, ante la magnitud del desbordamiento. Añadió que la suya fue la única unidad de bomberos forestales movilizada, según detalló a la jueza, responsabilidad que implicó continuar con labores de emergencia durante la jornada.

Durante el procedimiento judicial, la instrucción se centra en las decisiones tomadas por los responsables políticos y de emergencias. Según informó el medio, la exconsellera Pradas y su mano derecha Emilio Argüeso figuran como investigados en el caso. La declaración del jefe de la unidad forestal aporta datos sobre el desarrollo cronológico de las operaciones, los obstáculos encontrados para enfrentar la magnitud de la crecida y la coordinación entre distintas instancias oficiales, incluyendo la comunicación de incidencias críticas como el vehículo atrapado y la evaluación de los riesgos en las zonas afectadas. Las actuaciones descritas reflejan la rápida evolución de los hechos y la dificultad para ejercer control sobre los efectos de la DANA, que causó un elevado número de víctimas en la provincia de Valencia.

El medio citó que la información aportada por el testigo incluye un informe elaborado sobre los movimientos y actuaciones del 29 de octubre, presentado en el juzgado de Catarroja e incorporado al expediente que instruye la magistrada. Estos elementos documentales resultan relevantes en la evaluación de la gestión institucional frente al desastre, cuyo impacto en vidas humanas y bienes motivó la investigación actual.

La reconstrucción de los hechos presentada por el responsable de la unidad de bomberos forestales ilustra los desafíos enfrentados por los equipos de emergencia ante fenómenos de crecida repentina y la gestión de alertas a diferentes niveles. Las secuencias de llamadas, desplazamientos y las acciones adoptadas en cada momento reflejan la complejidad de coordinar respuestas eficaces bajo presión y ante situaciones de incertidumbre, tal como informó el medio que cubre la investigación.

La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la dana celebrada el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana decidió citar a declarar a Carlos Mazón como testigo y le dio la opción de entregar el registro de sus llamadas y mensajes relacionados con la emergencia de esa fecha. Este avance produjo entre las víctimas una sensación de esperanza al interpretar la decisión judicial no como una resignación sino como un paso adicional en su demanda de justicia, según consignó el medio que cubrió la manifestación convocada en Valencia.

De acuerdo con la información publicada, la protesta reunió a los principales colectivos de afectados por la dana, quienes recorrieron el centro de Valencia bajo el lema “Mazón a presó”. Las asociaciones explicaron que el objetivo de la marcha fue exigir avances judiciales concretos y pedir que el ex presidente de la Generalitat no se beneficie del aforamiento parlamentario, alegando que este mecanismo solo sirvió para otorgarle protección política y judicial sin asumir responsabilidades. El contexto inmediato de la movilización corresponde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recientemente rechazó investigar a Mazón por considerar que no tenía un deber u obligación legal específica para actuar durante la emergencia, aunque calificó de “reprobable” su comportamiento tanto a nivel social como político.

Según detalló el medio, los manifestantes llevaron pancartas y consignas en las que demandaron “verdad, justicia y reparación”, acusando al ex jefe del Consell de eludir su responsabilidad ante una tragedia que dejó al menos 232 víctimas mortales. Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, expresó a los periodistas que el auto del TSJCV resultó “vergonzoso”, ya que consideró que ninguneaba el papel y la responsabilidad institucional que corresponde a la máxima autoridad autonómica en situaciones de desastre. En sus declaraciones, Gradolí reiteró que las asociaciones mantendrán la presión social hasta que la justicia reconozca su versión de los hechos y haya una reparación a las familias afectadas.

El medio informó que Rosa Álvarez, representante de la Associació de Víctimes Mortals DANA, insistió en la petición central de retirar el aforamiento a Mazón, al considerar insostenible que permanezca protegido después de las numerosas comparecencias y testimonios aportados en el proceso. Álvarez también planteó dudas sobre la objetividad del TSJCV debido a la relación percibida entre sus miembros y el ex mandatario autonómico. Manifestó, en referencia al apoyo institucional y judicial recibido por la jueza encargada del caso, la determinación de los colectivos para continuar trabajando con perseverancia en busca de justicia para sus familiares fallecidos.

El dolor, la incredulidad y la pérdida irreparable formaron parte de los testimonios recogidos por el medio, como el de Álvarez, quien relató que muchas familias lo habían perdido todo y que la ausencia de respuestas institucionales incrementaba su sufrimiento. Esta percepción quedó reforzada durante la lectura del manifiesto final de la protesta, en la que las asociaciones convocantes recordaron que desde hacía 17 meses mantenían movilizaciones regulares para llamar la atención sobre lo que consideraban una negligencia gubernamental durante la catástrofe, la cual había convertido un fenómeno natural en una tragedia humana.

Elizabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, se sumó a las críticas contra el mantenimiento del aforamiento y expresó el respaldo de los damnificados a la instructora del caso, defendiendo la integridad y el rigor del proceso judicial que se sigue en Catarroja. González indicó que los colectivos no dejarían de movilizarse hasta conseguir que la justicia avance sobre todas las instancias necesarias.

Durante la manifestación, los asistentes corearon lemas como “No son muertos, son asesinados” y exhibieron fotografías de las víctimas, así como pancartas donde reclamaban más justicia, transparencia y dimisiones políticas. De acuerdo con el medio, uno de los mensajes lanzados fue que la catástrofe resultó agravada por la supuesta dejación de funciones del Consell, en general, y de Mazón, en particular, a quien responsabilizan directamente de la magnitud de las consecuencias. La dimisión de Mazón en noviembre de 2024 se presentó como la primera victoria de los colectivos, aunque subrayaron que sus demandas continúan, ya que mantienen que el ex mandatario conserva su escaño de diputado y los privilegios asociados.

La manifestación finalizó con una crítica a la falta de transparencia en las instituciones y denunciando que la vida de la ciudadanía y especialmente de la clase trabajadora se había visto comprometida en beneficio de otros intereses. Los convocantes manifestaron que, de ser necesario, proseguirán su lucha por cauces legales hasta instancias europeas, reclamando que ni la protesta ni la investigación caigan en el abandono.

Las manifestaciones que exigen justicia, transparencia y responsabilidad tras la tragedia causada por la dana del 29 de octubre de 2024 han cobrado un nuevo impulso entre los afectados, quienes consideran que la reciente decisión judicial representa solo un peldaño más en su búsqueda de verdad y reparación. Según publicó el medio original, esta semana se celebró la primera protesta posterior al fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que excluyó de la investigación al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no encontrar un deber jurídico que permitiera imputarlo tras la catástrofe que dejó más de 230 víctimas mortales.

La movilización, encabezada por representantes de las principales asociaciones de víctimas, recorrió el centro de Valencia bajo el lema ‘Mazón a presó’. Tal como consignó la fuente, la convocatoria reunió a familiares y a colectivos de afectados, quienes expresaron su rechazo al amparo judicial conferido a Mazón y exigieron que no se le aplique el aforamiento. Esta figura jurídica, según sostienen los manifestantes y sus portavoces, no debe convertirse en un escudo para eludir la rendición de cuentas.

El fallo del TSJCV desestimó la apertura de diligencias contra Mazón al entender que las normas vigentes eximían al entonces jefe del Consell de una responsabilidad concreta para garantizar la seguridad de los habitantes durante la emergencia. A pesar de ello, detalló el medio citado, el tribunal calificó de “reprobable”, tanto en lo social como en lo político, la actitud mostrada por Mazón en los hechos analizados. Paralelamente, la jueza titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de la investigación sobre la gestión de la dana, decidió prorrogar seis meses más las indagaciones y citó a Mazón a declarar como testigo en la causa.

Además, la magistrada invitó a Mazón a facilitar registros de llamadas y comunicaciones, incluidos mensajes de WhatsApp y facturas telefónicas del día del desastre, con el objetivo de esclarecer su grado de intervención en la gestión de la emergencia. Según informó la fuente original, las asociaciones de víctimas ven en esta medida una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades.

Minutos antes del inicio de la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, indicó que los afectados seguirán demandando verdad, justicia y reparación. Gradolí sostuvo que el expresidente debe responder por la gestión de la crisis que ocasionó la muerte de al menos 230 personas y criticó duramente el auto del TSJCV que devolvía la causa a la instrucción. “Si el Tribunal Superior de Justicia (...) dice que Carlos Mazón no era garante, que no tenía ninguna responsabilidad el día que pasó el mayor desastre de la Comunitat Valenciana (...), si no es responsable el ‘president’ de la Generalitat, ¿quién lo es?”, expresó ante los medios, según relató la fuente.

Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, subrayó que la principal reclamación es el levantamiento del aforamiento de Mazón, y arremetió también contra las circunstancias que, en su visión, han premiado al expresidente con un proceso legal favorable, insinuando que quienes integran el TSJCV pueden estar influidos por relaciones personales o afinidades políticas. En palabras de Álvarez, “el Tribunal Superior de Justicia está formado por cinco personas que en un momento aprobaron una oposición y que ahora están ahí, no sé si con muchas o pocas ganas de trabajar, no sé si con más o menos afinidad a Carlos Mazón, aunque sí que hay unas fotos con cierto compadreo”.

Durante la marcha, los asistentes recorrieron diversas calles céntricas hasta llegar a la Plaça de la Mare de Déu, portando carteles que exigían justicia y denunciaban lo que consideran impunidad. Entre las consignas más repetidas se escucharon “No son muertos, son asesinados”, así como mensajes directos a los responsables políticos y judiciales como “Mazón a prisión, Consell dimisión”. Fotografías de varias víctimas y pancartas con mensajes como “Menos mentiras, más justicia” y “Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja” acompañaron el recorrido, describió el medio original.

La indignación de los familiares y de los colectivos de víctimas se acentuó tras la decisión judicial, que para muchos constituye una muestra de impunidad. Además, la prórroga otorgada por la jueza instructora es percibida por las asociaciones como un resquicio para proseguir con la búsqueda de responsabilidades. Gradolí y Álvarez han asegurado que no decepcionarán la memoria de sus seres queridos y que persistirán en su activismo público y judicial hasta lograr que se depuren las responsabilidades, como reiteraron ante los medios durante la protesta y según reportó la fuente.

Las asociaciones insisten, según la cobertura del medio, en que una actitud de espera pasiva no encaja en su estrategia: consideran cada decisión judicial como parte de un proceso prolongado, que asumen con paciencia y determinación. La prolongación de las investigaciones y la citación de Mazón como testigo representan, en su opinión, pasos que pueden contribuir a esclarecer los hechos y abrir posibles nuevas vías de responsabilidad en el futuro.

El desarrollo de las movilizaciones y la continuidad del proceso judicial mantienen en el centro de la agenda pública las demandas de las familias afectadas por la dana. Sus líderes aseguran que planean mantener la presión en todos los ámbitos necesarios hasta obtener respuestas satisfactorias por parte de las instituciones, una determinación que manifiestan a través de su presencia constante en la calle y en los tribunales, tal como describió la fuente original.

Las víctimas de la Dana llevan 16 meses de lucha en las calles y en los tribunales. Este sábado 28 de marzo, más de 200 organizaciones, entre colectivos cívicos, sociales, sindicatos, asociaciones de víctimas y comités locales de emergencia y reconstrucción, se volverán a manifestar en Valencia para reclamar que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, renuncie a su escaño y acuda a declarar ante los juzgados de Catarroja, tal y como le ha pedido la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra.

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre confía en que Mazón tenga “la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi diecisiete meses y decida aportar luz y verdad” ante la jueza. Como testigo, el expresidente está “obligado a decir la verdad”, ha expresado Rosa Álvarez, presidenta de la asociación, quien se pregunta si realmente ”lo hará o seguirá instalado en la mentira permanente”.

A mediados de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana concluyó que no existían indicios suficientes para imputar al expresidente regional, por lo que remitió el caso de nuevo a la jueza de Catarroja para que continuara su investigación. Así, el pasado martes la magistrada acordó citar como testigo, aún sin fecha, a Mazón, después de haberle ofrecido en tres ocasiones la posibilidad de declarar voluntariamente, si bien el político siempre se ha negado. El exmandatario mantiene su condición de aforado por su escaño en Les Corts Valencianes.

En el mismo auto en que ordena la citación de Mazón, la jueza incluye también la declaración, sin fecha fijada, de Ruth Merino, quien era portavoz del Consell en aquel momento, además de exconsellera de Hacienda y actual secretaria autonómica de representación ante la UE y las comunidades autónomas. La magistrada solicita, además, a los alcaldes de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent que entreguen de manera voluntaria al juzgado los registros de llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 con autoridades —incluido Mazón— y miembros del Cecopi. En otro auto, exige a la Asociación de Damnificados Dana Alfafar/Horta Sud una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.

Víctimas que se sienten excluidas

Mientras avanza la investigación judicial, víctimas de la dana como Meri García, quien perdió a su padre, o Yoli, cuyo sobrino también falleció, junto con la asociación Unión del Pueblo 29, han quedado fuera de la Comisión de Investigación creada en el Congreso para analizar la tragedia, cuando otras organizaciones “sí han sido invitadas a participar”. Desde Unión del Pueblo 29 consideran que esta exclusión es “injusta y preocupante” y advierten que, si la investigación se fragmenta, se limita a determinadas zonas o se deja fuera a quienes promovieron el proceso, se reducen las posibilidades de esclarecer por completo lo ocurrido.

La dana causó 237 muertes y provocó inundaciones de gran magnitud, así como importantes daños materiales en varias localidades de la Comunidad Valenciana. La catástrofe puso en el centro del debate público la gestión de las emergencias y la respuesta de las instituciones ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad han ido en aumento en los últimos años.

El impacto del temporal evidenció la vulnerabilidad de la región frente a este tipo de episodios y la necesidad de revisar los protocolos de actuación.

La instrucción judicial que investiga la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la Comunitat Valenciana incluirá la declaración clave, como testigo, de la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno. Según informó el medio fuente, esta funcionaria solicitó emitir un aviso de emergencia vía ES-Alert el 29 de octubre de 2024 a las 18:34, casi una hora y media antes de que el mensaje finalmente llegara a la población, cuando ya se habían reportado víctimas mortales. La causa busca esclarecer las decisiones tomadas en las horas críticas durante el episodio meteorológico.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado de Catarroja, que instruye el caso sobre la respuesta institucional ante la DANA, fijó la declaración de la jefa de Protección Civil para el 20 de abril. Esta citación responde a la orden que la jueza había dictado en octubre, luego de escuchar a una responsable del servicio 112 que declaró haber recibido la solicitud para emitir el ES-Alert a las 18:34, aunque el mensaje no se remitió hasta las 20:11. En ese intervalo se registraron víctimas fataIes asociadas al fenómeno meteorológico.

El calendario del juzgado señala otras comparecencias relevantes en abril. El día 23 está prevista la declaración del coordinador de Medios Naturales del Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Esta instancia intervino en la planificación y control de recursos durante la emergencia. Según publicó la fuente, el 27 de abril también testificará una trabajadora de Ilunion, la empresa contratada por la Generalitat Valenciana encargada de la atención telefónica del 112.

Según detalló el medio, el retraso en la emisión del ES-Alert figura como uno de los ejes de la investigación judicial. La declaración previa de la responsable del 112 precisó que la petición para alertar a la población llegó desde Protección Civil a las 18:34. Tras esto, desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se comunicó que “se estaba gestionando”, según la documentación que ha trascendido en la investigación.

La causa judicial examina si la tardanza en transmitir la alerta mediante el sistema ES-Alert —que permite avisos masivos a través de mensajes a los teléfonos móviles— dificultó la capacidad de la población para adoptar medidas de autoprotección. Este sistema se había establecido en la Comunitat Valenciana como parte de los protocolos de respuesta rápida ante emergencias graves, y su uso durante la DANA quedó bajo observación tras los hechos ocurridos.

El medio precisa que la jueza acordó la citación concreta de la jefa de Protección Civil tras valorar tanto las declaraciones previas como el contenido de los informes oficiales y comunicaciones internas. La secuencia de los hechos relatada en la causa apunta a que la funcionaria solicitó emitir la alerta una hora y 37 minutos antes de su lanzamiento efectivo, durante un contexto de riesgo meteorológico elevado para la población de la Comunitat Valenciana.

Los comparecientes previstos aportarán explicaciones sobre la coordinación entre administraciones, la cadena de toma de decisiones, la gestión en tiempo real de la emergencia y el funcionamiento del sistema 112. El juzgado recoge como elementos a analizar los procedimientos seguidos por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la empresa Ilunion en la gestión del flujo de información hacia la población expuesta.

El caso de la DANA y la activación tardía del ES-Alert ha generado un proceso de revisión institucional de los mecanismos de alerta y protección civil, orientado a identificar posibles fallos y responsabilidades en la gestión de riesgos naturales de alto impacto. De acuerdo al relato consignado por la fuente, las declaraciones de testigos como la jefa de Protección Civil, el coordinador de Medios Naturales y la trabajadora de Ilunion serán evaluadas junto con el resto de pruebas documentales y testimoniales reunidas en el sumario.

El cronograma de comparecencias se produce dentro del procedimiento ordinario del juzgado de Catarroja, que instruye sobre las decisiones adoptadas por los distintos órganos de la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno durante la emergencia, así como sobre la transmisión y recepción de avisos a la población civil bajo condiciones de alto riesgo meteorológico.

El último auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que descartó cualquier responsabilidad penal de Carlos Mazón relacionada con la gestión de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024 —en la que fallecieron 230 personas en la provincia de Valencia—, no impedirá su comparecencia judicial. Según informó el TSJCV, la magistrada encargada de la instrucción ha decidido citar al expresidente de la Generalitat Valenciana como testigo, además de requerirle que aporte de forma voluntaria las llamadas y mensajes telefónicos relacionados con ese día.

De acuerdo con lo publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja notificó este martes un auto a las partes, en el cual se recoge que el reciente auto del TSJCV “excluye” de manera total la “responsabilidad en su vertiente omisiva” de Mazón al considerar que dicho cargo no representaba una posición de garante sobre las actuaciones objeto de la investigación. Además, según el comunicado del TSJCV, tampoco se hallaron “indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”, haciendo referencia al envío del sistema ES-Alert.

La resolución judicial determina que, una vez el auto del TSJCV adquiera firmeza, se podrá llevar a cabo la declaración testifical de Mazón. La magistrada también ha decidido que se comunique personalmente al actual diputado autonómico la petición de aportación de registros de llamadas y mensajes vinculados con los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, tal como detalló el medio.

Además, según publicó el TSJCV, en el mismo auto la jueza acuerda la comparecencia como testigo de Ruth Merino, quien actuó como portavoz del Consell en la fecha de la tragedia. Igualmente, la instructora solicita a diversos alcaldes de la provincia que entreguen voluntariamente al juzgado los listados de sus llamadas entrantes y salientes, así como los mensajes intercambiados ese día con autoridades y miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

El TSJCV precisó, en un segundo auto dictado y notificado en la misma jornada, que se solicita a una asociación el depósito de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular en el proceso, adicionalmente a la acusación particular representada por la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.

También, a través de una providencia, la jueza acordó la nueva citación del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que aclare puntos de su anterior declaración en sede judicial. La magistrada requirió, por otro lado, la comparecencia de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, quien figura como investigada, para la realización de un cuerpo de escritura destinado a una prueba pericial caligráfica. Esta diligencia busca comparar la letra de Pradas con un documento manuscrito presentado previamente por Jorge Suárez.

Según consignó el TSJCV en su informe público, la investigación gira en torno a la gestión de la emergencia desencadenada por la dana en la provincia de Valencia, en la que la instrucción apunta a esclarecer la cadena de decisiones, actividades de coordinación y responsable actuación de los principales cargos públicos en la gestión de la crisis. El proceso avanza con el análisis de comunicaciones oficiales, mensajes y llamadas telefónicas entre autoridades y responsables operativos durante las horas críticas del 29 de octubre, con la finalidad de reconstruir con precisión el flujo de información y toma de decisiones durante el episodio que derivó en numerosas víctimas mortales.

El órgano judicial determinó la necesidad de recabar toda la documentación posible, incluyendo registros telefónicos de los participantes en la gestión de la emergencia, como parte del esfuerzo por delimitar la responsabilidad de los cargos públicos y esclarecer los hechos ante la magnitud de la tragedia. La jueza mantiene la instrucción abierta, con nuevas declaraciones, diligencias y la incorporación progresiva de prueba documental, conforme avanzan las pesquisas sobre el operativo institucional ante la catástrofe del 29 de octubre.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado citar como testigo al expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. La decisión se recoge en un auto notificado este lunes a las partes, en el que la magistrada fundamenta su resolución en el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que descarta la existencia de indicios penales contra el aforado.

Según el auto, al que ha tenido acceso Infobae, la instructora considera que, tras la resolución del alto tribunal valenciano, no es posible atribuir responsabilidad penal a Mazón ni por omisión ni por acción en los hechos investigados. En concreto, el TSJCV “excluye” su responsabilidad “de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, y tampoco aprecia indicios de delito en una eventual participación activa, incluida la relacionada con el envío del sistema de alertas ES-Alert.

La declaración, supeditada a la firmeza del auto del TSJ

A pesar de esa exclusión de responsabilidad penal, la jueza considera pertinente su comparecencia como testigo para esclarecer los hechos. “No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales”, señala la resolución, que añade que esta circunstancia “no puede ser óbice” para acordar su declaración testifical.

La citación no será inmediata. El auto establece que tanto la declaración como el requerimiento para que Mazón aporte voluntariamente sus comunicaciones —llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 relacionados con la emergencia— se producirán una vez que la resolución del TSJCV adquiera firmeza. En ese momento, el expresident, actualmente diputado autonómico, podrá facilitar también las facturas correspondientes a dichas comunicaciones para su cotejo judicial.

La instructora justifica esta diligencia en la necesidad de conocer de primera mano qué información manejaba el entonces jefe del Consell durante la jornada de la DANA, así como el modo en que se desarrollaron las decisiones en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). La resolución incide en que ese conocimiento debe obtenerse “de manera directa” a través de su testimonio, especialmente tras haber decaído la posibilidad de investigarle penalmente en esta fase.

Requerimientos a alcaldes y nuevas testificales

El auto también acuerda una batería de diligencias dirigidas a reconstruir las comunicaciones institucionales durante la emergencia. En este sentido, se requiere a los entonces alcaldes de varios municipios afectados —Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent— que aporten voluntariamente los listados de llamadas y mensajes intercambiados ese día con miembros del Consell, del Cecopi y otros responsables de la gestión de la crisis.

Asimismo, la magistrada cita como testigo a quien fuera portavoz del Consell en aquella fecha, Ruth Merino, con el objetivo de aclarar aspectos relacionados con la información que recibía el Ejecutivo autonómico y la cadena de toma de decisiones. La resolución subraya que algunas de las peticiones de las acusaciones apuntaban precisamente a determinar “de quién recibió la información” el entonces president, cuestión que ahora se pretende esclarecer mediante su comparecencia directa.

En paralelo, la jueza limita en este momento el alcance de algunas solicitudes de las acusaciones, circunscribiendo la aportación de comunicaciones a determinados miembros del Consell, sin perjuicio de que puedan ampliarse tras la práctica de las declaraciones testificales.

Fianza para la acusación popular

En una segunda resolución dictada el mismo día, el juzgado aborda la personación de la Asociación de Damnificados por la Dana de l’Horta Sud como acusación popular. La magistrada admite su participación en el procedimiento, pero condiciona el ejercicio de esta acción a la consignación de una fianza de 6.000 euros, en línea con resoluciones previas adoptadas en la causa.

El auto precisa que la condición de acusación popular permitiría a la asociación formular acusación no solo respecto de los afectados directamente vinculados a la entidad, sino también en relación con otros fallecimientos y lesiones investigados. No obstante, la jueza recuerda que esta figura procesal no habilita para investigar daños materiales ni otros fines ajenos al objeto penal del procedimiento.

Nuevas diligencias y pruebas periciales

Por otra parte, en una providencia también notificada este lunes, la instructora acuerda incorporar al procedimiento un informe pericial sobre las aportaciones pluviométricas y avenidas registradas durante el episodio de lluvias intensas, elaborado por expertos que ya han declarado en la causa.

Además, se ordena la citación nuevamente del subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que aclare extremos de su anterior declaración, así como la práctica de una prueba pericial caligráfica a partir de un documento manuscrito aportado por este testigo. Para ello, se requiere a una de las investigadas que realice un cuerpo de escritura.

Entre otras diligencias, el juzgado también acuerda nuevas testificales en piezas separadas relativas a fallecimientos concretos, en un procedimiento que continúa avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones investigadas durante la DANA.

En las primeras horas del 30 de octubre, durante una reunión del Cecopi, la prioridad dejó de ser la búsqueda de víctimas y se centró en el acceso a zonas que permanecían incomunicadas tras la dana que afectó la provincia de Valencia. Según informó Europa Press, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, reportó que ya se hablaba de numerosas víctimas poco después de la medianoche, aunque en las siguientes reuniones la atención se desvió hacia la logística para llegar a las áreas aisladas.

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) —fenómeno meteorológico que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 muertes en Valencia— ha citado a comparecer el próximo 20 de abril tanto a Núñez como al exdirector general de Innovación en Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez. Europa Press detalló que Núñez se convierte así en el primer representante de un organismo estatal requerido a declarar en este proceso, después de que ambos funcionarios hayan sido críticos respecto a la toma de decisiones y la falta de liderazgo durante la emergencia.

Según publicó Europa Press, Núñez ha manifestado ante la justicia y en otras instancias públicas su inconformidad con la demora en la adopción de medidas por parte del Cecopi, órgano dirigido por la exconsellera de Interior y Justicia Salomé Pradas —imputada en el juzgado de Catarroja encargado de esclarecer responsabilidades sobre la tragedia—. La jornada del desastre estuvo marcada por un lapso de casi una hora de inactividad por parte del Cecopi. Tras ese intervalo, a las 19:12, Núñez comunicó al delegado regional de Aemet, Jorge Tamayo, la decisión de enviar un aviso a la población.

El medio Europa Press recogió también que Núñez no recordaba que se hubiera discutido antes ese día el envío del mensaje de alerta, mientras que el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, indicó en su comparecencia ante la comisión que él propuso inicialmente emitir ese aviso hacia las 17:15 y, de nuevo, a las 17:38, coincidiendo con la alarma por una posible rotura de la presa de Forata. Tanto Suárez como Núñez señalaron que la posibilidad de dicha rotura ocupó la atención del Cecopi desde los momentos iniciales de la crisis.

A las 21:34, de acuerdo con la información recopilada por Europa Press, Núñez comunicó al equipo de Aemet que la situación en Forata había mejorado y descartaba el escenario de colapso de la presa. Más tarde, ya entrada la madrugada, Núñez informó internamente sobre el incremento en el número de víctimas. La comisión del Congreso también recibió detalles de que en la siguiente reunión, celebrada a las 6:00 del 30 de octubre, la conversación oficial giró hacia la dificultad de acceder a los lugares afectados, en lugar de centrarse en el balance de víctimas.

Europa Press reportó que las actuaciones del Cecopi durante la crisis no solo fueron objeto de debates verbales, sino que también quedaron recogidas en grabaciones realizadas telemáticamente. Esas grabaciones formaron parte de la investigación penal abierta por la jueza Ruiz Tobarra, que además de citar a Núñez, mantiene imputados a la exconsellera Pradas y al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

El próximo 20 de abril, además de Núñez, deberá comparecer Raúl Quílez, que dirigió el área de Innovación en Emergencias en la Generalitat hasta febrero de 2025. Quílez renunció poco después de declarar ante la jueza Ruiz Tobarra en calidad de testigo. Según consignó Europa Press, Quílez reconoció durante esa declaración que había tenido acceso a los vídeos grabados en la reunión del Cecopi, donde se podía observar a Pradas dando órdenes y asumiendo el liderazgo. Esas grabaciones se produjeron gracias a una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), empresa pública donde Quílez ejercía como director gerente. Dichas imágenes permanecieron sin remitirse al juzgado durante once meses.

Testimonios recogidos por Europa Press explican que Quílez tomó conocimiento de los vídeos a raíz de una pregunta parlamentaria en febrero y logró visualizar el contenido en marzo del año siguiente. No fue hasta comienzos de octubre que la magistrada recibió formalmente los archivos, después de reclamarlos judicialmente. Por su condición de testigo, Quílez testificó bajo obligación legal de veracidad.

En sus explicaciones ante la jueza, Quílez transmitió las dudas que expresó Pradas antes de autorizar el envío del mensaje de alerta, el Es Alert. Además, Quílez precisó que las decisiones concernientes a la comunicación no se adoptaron en el seno del Cecopi, sino fuera de la sala de reuniones. También negó la existencia de un debate entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces jefe de Bomberos, José Miguel Basset, sobre el contenido del mensaje de aviso.

Las sesiones de la comisión parlamentaria buscan determinar las causas y responsabilidades individuales y colectivas respecto al elevado número de víctimas y las limitaciones en la gestión de la emergencia. Según Europa Press, los testimonios de Núñez y Quílez, así como las pruebas documentales y audiovisuales recolectadas, resultan claves para arrojar luz sobre la cadena de decisiones, las posibles demoras y la coordinación de recursos durante el episodio de la dana en Valencia.

El informe elaborado por el Inspector Jefe del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia detalla que la mañana del 30 de octubre, a las 05:00 horas, se remitió un reporte al Inspector Jefe donde se hacía constar oficialmente la inutilización total del parque de bomberos de Chiva tras la gran inundación ocurrida la tarde anterior. El documento especifica que tanto las instalaciones como uno de los camiones autobomba quedaron afectados y fuera de servicio. Esta situación llegó a conocimiento de la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de la emergencia causada por la depresión aislada en niveles altos (dana), según informó Europa Press a partir del informe consultado.

Según consignó Europa Press, los hechos se desarrollaron a partir de las 17:40 horas del 29 de octubre de 2024, cuando desde el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia se solicitó a la dotación de guardia del parque de Chiva que participara en un rescate en la localidad de Cheste. Posteriormente, a las 17:50 horas, el cabo de la dotación de guardia notificó al centro de comunicaciones que el camión autobomba 28612 resultaba inoperativo debido a que el parque comenzaba a inundarse.

El informe enviado a la jueza por parte de Jorge Gil, Inspector Jefe del Consorcio, responde así a la petición formal del juzgado para que se especificara la hora y el modo en que el parque de Chiva quedó inutilizado, así como la vía por la que se comunicó la información y si esta se puso a disposición de los órganos de dirección de la emergencia, como el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), informó Europa Press.

Tras la evaluación inicial y confirmada la inutilidad del camión autobomba 28612, la dotación utilizó otro camión, el 28618, con el cual salieron del parque, quedando este vacío de personal. Según reportó Europa Press, a las 19:50 horas la dotación informó que el segundo camión autobomba se había quedado bloqueado en la calle Incolla del polígono industrial de Chiva a causa del nivel del agua en la vía. Ante esta situación, los bomberos comunicaron oficialmente que abandonaban el vehículo y procedían a ponerse a salvo por sus propios medios.

Los efectivos, añade el informe citado por Europa Press, retornaron al parque de Chiva a pie una vez el agua en las calles permitió su desplazamiento, aproximadamente en torno a las 22:00 horas. Al llegar, observaron por las señales en el suelo y el barro acumulado que la instalación había resultado anegada completamente, por lo cual el parque quedó inutilizado para la prestación de servicios.

Tal como publicó Europa Press, en relación a la pregunta sobre si la información sobre la inutilización del parque y de los vehículos se notificó a las instancias superiores, el informe señala que al día siguiente se emitió un documento de situación de daños. Este informe incluyó datos sobre los vehículos, las instalaciones, los equipos y el personal afectados, entre los cuales figuraba la pérdida operativa del parque de Chiva. Dicho informe se trasladó oficialmente al Inspector Jefe a las 05:00 horas del 30 de octubre.

Esta secuencia de comunicaciones y actuaciones, según los documentos revisados, forma parte de la investigación que la jueza de Catarroja lleva adelante sobre la gestión de la crisis generada por la dana. El informe apunta la cronología de los acontecimientos y detalla los procedimientos seguidos por el cuerpo de bomberos ante la emergencia, reportó Europa Press. El envío del informe a la magistrada integra el expediente oficial solicitado por la autoridad judicial con el objetivo de esclarecer los protocolos y flujos de información mantenidos durante la inundación que dejó inutilizado el parque de bomberos de Chiva y una de sus principales unidades de emergencia.

Antes de la llegada de la Unidad Militar de Emergencias a la residencia SAVIA Paiporta, la psicóloga Inés Talaya recibió una llamada por parte de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Asuntos Sociales, Susana Camarero, quien contactó de noche para interesarse por la situación del centro afectado por la Dana de 2024. Tal como reportó el medio, Talaya compareció ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe y afirmó que, durante toda la jornada, no se recibió ningún aviso oficial sobre el riesgo meteorológico que se cernía sobre la zona, ni por parte de ninguna administración ni de ningún organismo.

Según detalló el medio, la psicóloga explicó en su intervención que no pudo concretar la hora exacta de la llamada de Camarero, pero sí confirmó que se produjo antes de la llegada a las tres y media de la madrugada del 30 de octubre de los tres efectivos de la UME que, desplazándose a pie, llegaron a la residencia para ofrecer su ayuda tras el desbordamiento del barranco adyacente.

Durante la comparecencia, Inés Talaya relató cómo la jornada del día del temporal transcurrió con absoluta normalidad en la residencia. De acuerdo con lo publicado por la fuente, no llovió durante el día y los residentes del centro incluso recibieron visitas hasta las 19.00. Talaya y otra compañera abandonaron el centro tras finalizar su turno a las 19.30. En ese momento, Talaya notó que en el exterior se había formado lo que describió como “una especie de mar en calma”. Al intentar utilizar su vehículo, el agua había subido de nivel y tuvo que evacuarse por la ventanilla. Regresó a la residencia ingresando por una ventana y alertó a sus compañeros para evacuar a los residentes hacia plantas superiores. Mientras ascendían con los usuarios, los trabajadores escucharon cómo los vehículos eran arrastrados por el agua y se agolpaban en la puerta del edificio.

El medio consignó que, en ese instante, un estruendo marcó el colapso de la puerta principal, permitiendo el avance del agua al interior del inmueble “como un tsunami”, en palabras de Talaya. El testimonio añadió que luego se procedió a secar a los usuarios y a improvisar soluciones para garantizar mínimas condiciones de bienestar. La psicóloga recordó haber utilizado materiales como goma eva en el suelo para que los residentes pudieran descansar y desmigajó una caja de magdalenas para alimentar a los presentes, dada la situación extraordinaria.

En la residencia había 119 personas mayores, de las cuales seis fallecieron durante esa noche, mientras dos más murieron posteriormente en el hospital. Según informó el medio, Talaya subrayó en su intervención la actuación del personal, integrado por una quincena de trabajadores, que tomó todas las decisiones enfocándose en la protección, seguridad y bienestar de los usuarios. Describió la noche como un periodo que desafió los límites de la experiencia vivida y reconoció que ha bloqueado parte de lo ocurrido por su intensidad.

El testimonio reflejó que el grupo empresarial responsable del centro cuenta con protocolos para emergencias, aunque Talaya, como psicóloga, afirmó desconocer si estos se comunicaron al personal. Señaló además que la empresa proporcionó desde el primer momento acompañamiento psicológico al equipo. En su exposición ante el Congreso, reiteró que sus compañeros y ella priorizaron la protección y el cuidado de los usuarios en medio de lo que consideró circunstancias extremas, destacando la entrega mostrada en la crisis.

La intervención de Inés Talaya ante la comisión investigadora puso el foco en la falta de información previa sobre el peligro del temporal y las acciones adoptadas por el personal del centro para responder a la emergencia. De acuerdo con las informaciones difundidas, el balance de la tragedia incluyó la pérdida de vidas y marcó el papel asumido por los equipos de trabajo y la respuesta institucional posterior a los hechos.

Durante la catástrofe que provocó 230 muertes en la provincia de Valencia, se produjo un debate dentro de la Generalitat Valenciana acerca de la posibilidad de generar "alarmismo" en la población antes de enviar un aviso masivo a través del sistema Es Alert, según reportó El País. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, compareció este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión del episodio, detallando que el envío del mensaje urgente se postergó debido a que resultaba “imprescindible” contar antes con la autorización de los responsables políticos. La noticia principal reside en que el retraso en la comunicación se debió a la espera del aval de los mandos políticos, quienes discutieron la idoneidad y el contenido del mensaje.

De acuerdo con lo relatado por Suárez, el procedimiento para activar el aviso de emergencia exige una autorización previa de la dirección general de la Generalitat Valenciana. El funcionario subrayó que, si bien existen decisiones técnicas protocolizadas, aquellas que pueden afectar significativamente a la población requieren el visto bueno de la cúpula responsable del plan de emergencias. En el contexto de la catástrofe, dicha responsabilidad estaba en manos de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Según consignó El País, Suárez afirmó: “Somos funcionarios y teníamos muy claro que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general”.

Suárez rememoró que fue el funcionario de mayor rango presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el día del desastre. Narró cómo a las 17.15 horas del día crítico propuso por primera vez enviar un mensaje masivo tras observar que varias personas se encontraban refugiadas en los tejados en la zona de Utiel-Requena. Poco después, a las 17.38, insistió en la sugerencia cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó el riesgo de rotura de la presa de Forata, lo que advertía de eventuales crecidas que podrían superar los siete metros de altura. Suárez redactó un primer mensaje alentando a las personas a permanecer en zonas altas y mantenerse pendientes de futuros avisos oficiales.

No obstante, tal como precisó el medio El País, el contenido del mensaje fue objeto de debate. José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, evaluó que la redacción podía resultar “demasiado alarmista” y desencadenar huidas masivas. Finalmente, hacia las 18.19, el texto consensuado instaba a la población a permanecer en sus domicilios y seguir las informaciones a través de fuentes oficiales, omitiendo la recomendación de trasladarse a zonas elevadas. Durante esos minutos, Pradas insistió en que cualquier decisión debía contar con consenso. La consellera llegó incluso a consultar a la Abogacía del Estado acerca del uso del verbo “permanecer”, refiriéndose a antecedentes judiciales relacionados con el confinamiento durante la pandemia de Covid-19, según detalló El País.

En su intervención, Suárez explicó que durante la sesión del Cecopi la titular de Interior suspendió la reunión por aproximadamente 45 minutos en un momento donde, según sus palabras, las previsiones sobre la presa de Forata eran especialmente graves. Aclaró que, aunque Pradas se ausentó, la comunicación por teléfono continuó, y la videollamada de la sesión telemática permaneció abierta para evitar problemas técnicos posteriores, relató El País. También señaló que se intentó reunir a los alcaldes de los municipios implicados en la emergencia por iniciativa de cargos políticos, pero la conexión no se pudo concretar.

Tras recibir a las 19.50 la directriz de enviar el aviso Es Alert, todavía transcurrieron 20 minutos hasta poder cargar el mensaje definitivo en la plataforma, ya que se realizaron correcciones al texto en valenciano sugeridas por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. La notificación llegó finalmente a la población a las 20.11. “Hubo una demora excesiva”, lamentó Suárez ante el Congreso, según reportó El País.

El subdirector precisó que a partir de las 17.30 los focos de la coordinación se centraron principalmente en la situación de la presa de Forata. A las 19.30 ya se había constatado que las consecuencias del temporal afectarían a buena parte de la provincia de Valencia. Durante la reunión, no se abordó la situación del Barranco del Poyo, a pesar de que a las 18.43 la Confederación Hidrográfica del Júcar informó sobre inundaciones en esa zona. Suárez reconoció que la atención puesta “al 200%” en la presa limitó la capacidad para tomar decisiones sobre otros frentes de la catástrofe.

El País subrayó que Suárez respondió que no sabía si una difusión más temprana del Es Alert entre las 18.30 y las 19.45 habría permitido salvar vidas, y admitió que el sistema nacional de Protección Civil no estaba preparado para afrontar un desastre de esta magnitud. Consultado sobre si el fallo residió en una cuestión técnica o política, el funcionario se abstuvo de ofrecer una respuesta categórica, limitándose a destacar la implicación del personal técnico. “Llegaron donde pudieron llegar”, afirmó.

En un momento de su declaración, Suárez ejemplificó su actitud “proactiva” recordando su intento de organizar una videoconferencia con los alcaldes de las zonas afectadas. A preguntas sobre la llegada del president Carlos Mazón al Cecopi, el subdirector declinó valorar si la presencia de Mazón en el lugar antes o después podría haber impactado en la rapidez o eficacia de la respuesta.

Según reportó El País, el subdirector refirió que, tras la llegada de Mazón al centro de coordinación, ambos intercambiaron impresiones. El president le pidió una estimación de víctimas mortales posibles, a lo que Suárez respondió que, en función de los datos de personas desaparecidas, la cifra podía situarse entre 200 y 300 personas, aunque advirtió que la falta de comunicación telefónica complicaba los cálculos.

El funcionario compartió que, desde las primeras horas, estaba completamente convencido de que habría víctimas mortales como consecuencia del temporal, aunque nunca llegó a sospechar que la cifra alcanzaría el nivel finalmente registrado. También transmitió su opinión favorable a que, en adelante, las reuniones del Cecopi puedan ser grabadas, recomendando la adopción de cambios a partir de las lecciones aprendidas en episodios críticos como este.

A lo largo de su comparecencia, el subdirector de Emergencias insistió en las limitaciones de la información analizada con la que se contó durante ese día y en que la falta de conciencia real sobre el impacto potencial del desastre influyó en la toma de decisiones. Según su testimonio recogido por El País, reconoció que nadie de los presentes en la sala era plenamente consciente de hasta dónde podía llegar la gravedad de la situación, bien por la insuficiencia de la información disponible o por la preparación y formación de quienes participaban.

El subdirector culminó su relato recordando el carácter particular de la Comunidad Valenciana, definida como “supermercado de riesgos” por un experto europeo debido a la coexistencia de presas, zonas sísmicas, transporte de mercancías peligrosas, una central nuclear y una alta incidencia de incendios forestales en el territorio. La gestión de emergencias en esta región, subrayó Suárez, exige una vigilancia y preparación constantes, según las apreciaciones registradas por El País.

La comparación con episodios históricos como la riada de 1957 y la pantanada de 1983 surgió en la declaración ante la jueza encargada de investigar las causas y la gestión tras el desastre ocurrido en Valencia el 29 de octubre de 2024. Durante la sesión, dos geógrafos manifestaron su sorpresa por la eficacia de las resoluciones adoptadas en esos años frente a lo que sucedió en la gestión del reciente fenómeno, que provocó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Según publicó Europa Press, estos expertos ratificaron ante el juzgado que las señales previas y los datos disponibles antes de la catástrofe permitían prever el riesgo y cuestionaron la respuesta institucional.

De acuerdo con la información de Europa Press, los peritos, ambos geógrafos, comparecieron ante la jueza de Catarroja, quien dirige la investigación por la gestión ante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del 29 de octubre, en la que están bajo investigación la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su antiguo número dos, Emilio Argüeso. Durante su declaración, los expertos reafirmaron el contenido de su informe pericial, presentado previamente en la causa judicial, en el que sostienen que las alertas emitidas antes del fenómeno meteorológico y los datos proporcionados por diversas agencias oficiales ofrecieron información suficiente para anticipar lo sucedido.

Según reportó Europa Press, los peritos calificaron la situación generada por la DANA como una "de libro" para el área del Mediterráneo y recordaron que, conforme a los registros históricos y a las características del clima regional, estos episodios de lluvias intensas y crecidas no resultan excepcionales. Los especialistas mencionaron expresamente la riada de 1957 y la pantanada de 1983, y destacaron que ambos fenómenos fueron gestionados de manera más eficiente en comparación con lo acontecido en 2024.

El informe técnico, consultado por Europa Press, expuso un análisis detallado de la evolución pluviométrica del 29 de octubre enfocándose en las dos principales ramblas que desembocan en el sector norte de la cuenca de la Albufera: la rambla de Poyo y los barrancos de Possalet y de la Saleta. La crecida de estos cauces fue responsable de graves inundaciones, sobre todo en la zona de l'Horta Sud y en el piedemonte de la Albufera, aunque las afectaciones se extendieron también a localidades interiores de las cuencas, como Chiva, Cheste y el Pla de Quart.

Según información recabada por Europa Press, los peritos reconstruyeron con detalle la cronología y distribución espacial de las precipitaciones, constatando que el inicio de las lluvias se produjo hacia las 3 de la madrugada en el interior sur de la provincia de Valencia. Los primeros registros de descargas eléctricas se detectaron poco después, afectando áreas próximas a la Muela de Cortes. Hacia las cinco de la madrugada se formó el primer tren convectivo, y entre las 5 y las 7 horas se alcanzó una intensidad catalogada como torrencial, con acumulados de 62,2 litros por metro cuadrado en Pinet y 79,2 litros por metro cuadrado en Millares en apenas una hora.

El máximo de las precipitaciones se localizó en las primeras horas de la tarde en la intersección entre las cuencas del río Magro y la rambla de Poyo, de acuerdo con el informe citado por Europa Press. A lo largo del día, el área de máxima intensidad fue desplazándose de la cuenca baja del Magro hacia otros sectores, como la cuenca media del Turia, y en el alto Magro se registraron las lluvias más intensas entre las 12 y las 16 horas. Esta distribución horaria y espacial provocó avenidas y riadas tanto en el abanico aluvial del Magro, sobre l'Alcúdia, como en el altiplano de Utiel-Requena, las cuencas del río de Buñol y el sector bajo del Turia, aunque la localidad más afectada resultó l'Horta Sud.

El episodio pluviométrico finalizó alrededor de medianoche, de acuerdo con el informe revisado por la jueza. Los expertos también analizaron la magnitud de la lluvia caída en relación con registros históricos. Según el documento presentado y consultado por Europa Press, el episodio del 29 de octubre de 2024 superó en algunos puntos los máximos de intensidad horaria históricos, como en Turís-Masía Calabarra; sin embargo, el volumen acumulado en 24 horas (1.412 hectómetros cúbicos) resultó inferior al registrado en fechas precedentes, como los días 19 y 20 de octubre de 1982, cuando se alcanzaron 2.042 hectómetros cúbicos. También se mencionó la riada histórica de Sant Carles en 1864, que habría registrado volúmenes incluso mayores.

Los peritos argumentaron que, si bien la intensidad máxima en periodos cortos fue muy elevada en 2024, la precipitación total diaria no resultó un fenómeno excepcional respecto a los registros máximos en el litoral norte del Mediterráneo occidental. En su análisis determinaron, en referencia a los registros oficiales, que "estos episodios no son excepcionales en el arco norte del Mediterráneo occidental, si tomamos como elemento de comparación la precipitación total diaria máxima", según recoge Europa Press.

La investigación judicial avanza en torno a la gestión previa y la respuesta institucional ante la DANA, con especial atención a si la información proporcionada por los organismos oficiales y las alertas emitidas hubieran permitido adoptar medidas más eficaces para evitar o paliar las graves consecuencias del evento. Según reseñó Europa Press, tanto la exconsellera Pradas como Emilio Argüeso permanecen bajo investigación en el marco del proceso judicial, al tiempo que las actuaciones del juzgado continúan centradas en determinar las causas y posibles responsabilidades derivadas de la gestión previa y posterior a la emergencia climática.

Durante la comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la inundación repentina en la provincia de Valencia, Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, relató que la propuesta para enviar un mensaje masivo de alerta a la población se presentó por primera vez cerca de las 17:15, cuando ya se habían detectado personas en los tejados en la zona de Utiel-Requena. Suárez explicó que, ante el avance de la situación, la decisión final sobre la emisión del aviso dependió de la autorización formal de los responsables políticos. Según informó el medio, la solicitud para activar el sistema Es Alert se retrasó varias horas por la espera del aval político, lo que condicionó la respuesta ante el desastre natural que cobró la vida de 230 personas.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, el funcionario detalló que, alrededor de las 18:38, se reforzó la necesidad de emitir el aviso tras recibir desde la Confederación Hidrográfica del Júcar la comunicación de un alto riesgo de rotura en la presa de Forata, lo que podría generar crecidas de hasta siete metros. En ese contexto, se propuso un mensaje que recomendaba a la población mantenerse en zonas elevadas y aguardar nuevas instrucciones. No obstante, la redacción del comunicado fue objeto de debate interno dentro del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

El testimonio recogido por la fuente indica que José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, advirtió que la primera formulación del mensaje podría resultar “demasiado alarmista” y provocar reacciones descontroladas. Por ello, cerca de las 18:19, el equipo aprobó un texto alternativo que instaba únicamente a permanecer en los hogares y a consultar información de fuentes oficiales, omitiendo la recomendación de buscar refugio en zonas altas.

Suárez, quien ostentaba el cargo de mayor rango presente físicamente en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, abundó ante la comisión sobre la dinámica interna de esa jornada. El medio consignó que el funcionario reiteró lo ya expuesto previamente ante la jueza de Catarroja, a cargo de la investigación penal en curso. Durante el desarrollo de la reunión, parte de los miembros se encontraban de manera presencial y otros conectados telemáticamente. Un receso interrumpió temporalmente la sesión, aunque la plataforma virtual permaneció abierta para evitar inconvenientes técnicos en la reconexión.

El medio detalla que, hacia las 18:10, se intentó organizar una videoconferencia con los alcaldes de los municipios potencialmente afectados, tal como lo habían sugerido los responsables políticos presentes. La iniciativa finalmente no prosperó, en tanto no fue posible establecer la conexión con las autoridades locales.

La aprobación definitiva para el envío del Es Alert no llegó hasta las 20:11. Suárez subrayó ante los legisladores que “se estuvo esperando” de forma explícita a que la dirección general diera el visto bueno para poder tomar la decisión de activar la alerta. “Somos funcionarios y teníamos muy claro que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general”, afirmó Suárez según publicó el medio.

El retraso, analizado en la comisión, estuvo condicionado además por un debate sobre la capacidad real de la dirección del plan de emergencias para delimitar los movimientos de la población en situaciones críticas. La discusión giró en torno a si el equipo técnico contaba con competencias formales para ordenar medidas restrictivas o si tales decisiones dependían exclusivamente de la voluntad de los cargos políticos.

La reconstrucción de los hechos efectuada por la fuente expone la presión y el desconcierto experimentados en los momentos decisivos del 29 de octubre de 2024, mientras el temporal generaba graves consecuencias en la provincia de Valencia. Los datos aportados por Suárez remarcan cómo la coordinación y la aprobación administrativa influyeron directamente en los tiempos de respuesta y en la comunicación de la alerta a la ciudadanía.

El medio señala que la comisión parlamentaria sigue reuniendo testimonios de funcionarios y responsables políticos para esclarecer los factores que incidieron en la cadena de decisiones durante la jornada del desastre. La comisión busca determinar si existieron o no fallos en la gestión y cómo los procedimientos establecidos influyeron en el desarrollo de los acontecimientos y en las instrucciones ofrecidas a la población afectada por la inundación.

El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió por unanimidad no investigar ni imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su labor durante la DANA del 29 de octubre de 2024, al considerar que no incurrió en delito y que carecía de una obligación legal específica para garantizar la seguridad ciudadana en ese contexto. Según informó Europa Press, el tribunal también indicó que no se ha acreditado la participación de Mazón en el sistema Es Alert, un canal de notificación de emergencias.

Durante una reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP), el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, transmitió la noticia a los principales cargos de la formación. Este encuentro, originalmente convocado para valorar los resultados de las elecciones en Castilla y León, se vio marcado por la reacción inmediata de los asistentes, quienes rompieron en aplausos cuando se dio a conocer la decisión judicial relacionada con Mazón, detalló Europa Press.

La reunión contó con la presencia de los presidentes autonómicos y otros altos cargos del PP, que secundaron con entusiasmo la resolución del alto tribunal valenciano. Europa Press consignó que, aunque la instancia judicial exculpó a Mazón de delito, sí valoró como “reprobable” su comportamiento desde el punto de vista social y político. El propio Feijóo se refirió a este aspecto, destacando que el PP mantiene su compromiso con la responsabilidad política, subrayando que la asume incluso cuando las sentencias judiciales no van acompañadas de sanciones penales.

Los argumentos de la Sala centraron la exoneración de Mazón en la interpretación de la legislación vigente, que, según el TSJCV, no impone deberes específicos al entonces presidente de la Generalitat respecto a la seguridad de los ciudadanos durante fenómenos como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). A esto se suma la falta de pruebas que lo vinculen a decisiones operativas relacionadas con el sistema Es Alert, un canal fundamental para la gestión de alertas en situaciones de emergencia. Según publicó Europa Press, este elemento fue fundamental para cerrar la vía penal.

Carlos Mazón no estuvo presente en la reunión de la Junta Directiva, ya que dejó de formar parte de este órgano tras su salida de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Europa Press indicó que esa ausencia no impidió que los asistentes celebraran la noticia con muestras públicas de apoyo, interpretando la resolución judicial como un respaldo a la gestión de Mazón mientras ocupaba el cargo.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press explicaron que en la misma reunión se produjeron otras muestras de reconocimiento, entre ellas una ovación para el presidente en funciones y candidato a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por los resultados electorales alcanzados en la cita de ese domingo.

La decisión del TSJCV responde a una solicitud de investigación que nació a raíz de las actuaciones del gobierno valenciano durante la DANA, fenómeno meteorológico que afectó a distintas regiones y que generó debate social y político sobre la gestión de emergencias. Aunque la máxima instancia judicial valenciana ha descartado abrir procedimiento penal, el fallo subraya la diferencia entre la ausencia de delito y la valoración política de los hechos. El medio Europa Press precisó que, según los jueces, estas valoraciones sociales y políticas quedan al margen de la jurisdicción penal.

Europa Press recabó también las reacciones dentro y fuera del PP. En el entorno del partido prevaleció la interpretación de la decisión como una señal de “seriedad” institucional y de respaldo a la línea de dirección actual. Por otro lado, el hecho de que el TSJCV señale expresamente la “reprobación” social y política ha abierto debates internos acerca de la gestión de las emergencias y la comunicación con la ciudadanía.

Durante la Junta Directiva Nacional, Feijóo abordó el tema de la responsabilidad institucional y señaló que el partido mantiene su compromiso con la rendición de cuentas ante la opinión pública, más allá de la respuesta de los tribunales. Esta declaración fue recogida por Europa Press como parte de la estrategia del PP para articular el discurso político sobre liderazgo y cumplimiento de deberes públicos.

Como parte de la cobertura sobre la decisión judicial y sus repercusiones políticas, Europa Press detalló que la resolución del TSJCV se convierte en un hito en la trayectoria pública de Carlos Mazón, quien afrontó críticas por la forma en la que se gestionaron los episodios de la DANA en la comunidad valenciana. La ausencia de cargos penales contrasta con la advertencia judicial sobre la percepción social y política del caso.

La coyuntura en la que se produce la decisión judicial añadió un elemento de tensión en la cúpula del PP, dado el contexto electoral en otras autonomías y la relevancia de los liderazgos territoriales en la definición de la estrategia nacional del partido. El medio Europa Press consignó que el caso Mazón se ha convertido en un punto de referencia en los debates internos sobre la gestión pública y las obligaciones políticas al frente de las administraciones autonómicas.

La recuperación y análisis de mensajes digitales vinculados a un testigo relevante en la causa, José Manuel Cuenca —ex jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón— figura entre los asuntos que todavía deben resolverse en la investigación sobre la gestión de la dana de Catarroja. Según publicó Europa Press, la magistrada a cargo del Juzgado de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha ordenado prorrogar durante seis meses adicionales el plazo de instrucción del proceso, una decisión que entra en vigor a partir del 30 de abril de 2026. El motivo, indicó Europa Press, obedece a la cantidad y complejidad de diligencias pendientes, lo que, a juicio de la jueza, impide la finalización de la instrucción en el plazo inicialmente previsto.

Europa Press detalló que el auto, comunicado este lunes a las partes, señala que aún resta por escuchar a varias personas en calidad de perjudicados, cuyas declaraciones suelen identificar a nuevos posibles afectados y a testigos cuya información no se conocía al inicio del procedimiento. Este proceso implica que, si las personas señaladas manifiestan su voluntad de participar, también se les debe tomar declaración, lo que extiende el alcance de la instrucción. Además, la magistrada mencionó que existen entrevistas con testigos y peritos que ya han sido acordadas por el tribunal, pero que todavía no se han realizado. Tras estas comparecencias, podría surgir la necesidad de llevar a cabo nuevas diligencias.

La jueza también destacó que varias solicitudes de informes y oficios continúan vigentes en la causa, y que la recepción de estos documentos podría dar lugar a exigir más aclaraciones o a adoptar nuevas actuaciones de investigación. Según precisó Europa Press, esta dinámica hace que la instrucción se mantenga abierta y con posibilidades de que sea necesario ampliar la práctica probatoria conforme avancen los trabajos.

Un aspecto adicional y relevante en la ampliación de los plazos corresponde a la recopilación de mensajes de WhatsApp y Telegram de José Manuel Cuenca. Estos mensajes, relativos a su actividad y autorizaciones durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, forman parte del material de interés para el tribunal. De acuerdo con lo recogido por Europa Press, la magistrada indicó que la eventual incorporación de esos mensajes a la causa podría derivar en la realización de nuevas pruebas o diligencias encaminadas a esclarecer los hechos bajo investigación.

El auto incide en la complejidad y gravedad del objeto de la investigación, lo que ha requerido, según la jueza, la práctica de “un gran número de pruebas”. El volumen de actuaciones pendientes, junto con la presencia de cuestiones que se describen como de “extrema gravedad”, llevó a la magistrada a concluir que no resultaría posible finalizar la instrucción antes de la expiración del plazo original fijado. Por ello, fundamentó la prórroga como una medida imprescindible para asegurar que todas las partes disfruten plenamente de sus derechos de tutela judicial efectiva, según destaca Europa Press.

Durante el desarrollo del procedimiento, el tribunal ha ido identificando la necesidad de ampliar progresivamente la lista de comparecencias y la práctica de nuevas pruebas a medida que avanzan las declaraciones de los afectados y testigos. La relevancia de cada testimonio, sostuvo la jueza en el auto al que tuvo acceso Europa Press, ha implicado la apertura de nuevas vías para investigar los hechos, dado que las comparecencias previstas pueden originar la conveniencia de solicitar aclaraciones o proseguir con nuevas diligencias que contribuyan a la investigación central.

La magistrada subrayó, cita Europa Press, que la persistencia de numerosas diligencias abiertas y la posibilidad de que las pruebas materiales y testimoniales pendientes sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos justifican la extensión del período de instrucción. Manifestó que la magnitud y dificultad de las cuestiones planteadas han impedido cumplir con los plazos inicialmente establecidos, dado que el procedimiento requiere una minuciosidad que no cabe en los márgenes de tiempo previstos para su terminación.

El proceso por la gestión de la dana de Catarroja continúa bajo el foco judicial, con expectativas de que en los próximos meses se realicen numerosas actuaciones. La instrucción se encuentra a la espera de que se realicen todas las comparecencias y de que se recaben los elementos probatorios necesarios, según la información consignada por Europa Press. La investigación permanece abierta a nuevas diligencias a partir de las pruebas y testimonios que vayan surgiendo conforme evolucione el sumario.

Mascarell explicó en comisión parlamentaria que la retirada de los bomberos del Barranco del Poyo, foco clave de la tragedia, solo le fue comunicada días después y no a través de los canales oficiales. Según informó el medio, el presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia reconoció ante los diputados que la información sobre la vigilancia y posterior salida de los efectivos de esa zona no le llegó por vía institucional, sino posiblemente por la prensa o redes sociales. Esta revelación se produjo durante la investigación parlamentaria tras la dana que afectó Valencia.

El medio destacó que, durante su comparecencia, Avelino Mascarell reiteró que su papel era únicamente político y que las decisiones relacionadas con operaciones, como la emisión de alertas a la población, dependían exclusivamente de los profesionales de emergencias. Mascarell manifestó desconocer por qué el mensaje de advertencia a la ciudadanía se emitió a las 20:11 y afirmó no haber dado instrucciones sobre cómo actuar ante la dana, ya que, según afirmó, carecía de responsabilidad para ello.

Ante preguntas parlamentarias sobre los procedimientos operativos durante la emergencia, Mascarell recordó que acudió al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, pero se distanció de cualquier acción directa en la gestión de la alerta. Detalló que no permaneció en todo momento en la sala, no presenció la conversación clave entre el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el responsable operativo de los bomberos, José Miguel Basset, y sostuvo que no le “cuadraban” los horarios expuestos en comisión.

Según publicó el medio, José Miguel Basset había declarado que a las 17:30 habló con Jorge Suárez para advertir de la necesidad de enviar un mensaje a la población indicando que debía mantenerse en zonas altas, y que a las 18:10 ya contaban con un texto consensuado. Sin embargo, el primer aviso a la ciudadanía se emitió hasta las 20:11, y en él solo se recomendó evitar desplazamientos, sin especificar la instrucción de permanecer en zonas elevadas. Mascarell indicó ante los diputados que desconoce las razones del retraso en el envío y subrayó que él no tenía que marcar la actuación de los profesionales de emergencias ni dar recomendaciones operativas.

De acuerdo con el relato de Mascarell, detallado por el medio, una de las opciones iniciales consideradas fue evacuar a la población, pero finalmente se descartó esa medida debido al estado de las carreteras. Por eso, la recomendación fue permanecer en zonas elevadas en los mensajes dirigidos a los vecinos. Mascarell aseguró que esos detalles se incluyeron solo en un segundo aviso, que estaba ya más localizado. Negó tener conocimiento de presión alguna para evitar que la población fuera alertada y rechazó que alguien interfiriera en la emisión del aviso. A la pregunta sobre la posible influencia de mensajes enviados por el jefe de Gabinete de Carlos Mazón a la consellera de Emergencias, Mascarell declaró que no tenía constancia de que alguien hubiera pedido no alertar.

El presidente del consorcio matizó repetidamente que su tarea se ceñía a la representación política. Insistió en que no impartió órdenes durante la emergencia, aunque solicitó al jefe operativo que le mantuviera informado. Explicó que su presencia en Cecopi se debió a la llamada del alcalde de Utiel, quien le comunicó por teléfono la necesidad de refuerzos por el deterioro de la situación. Ante el requerimiento, Mascarell se dirigió a Cecopi, a pesar de no ostentar funciones de responsabilidad directa en emergencias.

Relató además que siendo su primer incidente en un contexto de emergencia, intentó coordinarse con otros responsables políticos para valorar su presencia en la sala de coordinación. Estaban evaluando la situación, especialmente en Utiel, lo que le llevó a contactar con el alcalde de la localidad para confirmar si los equipos estaban actuando en las zonas pertinentes.

Durante el turno de intervenciones de diferentes diputados, Mascarell reiteró que las autoridades políticas presentes no interfirieron en la toma de decisiones técnicas. Respondió a las preguntas del diputado de Sumar, Nahuel González, dando por hecho que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estaba al tanto de lo que sucedía, aunque no se encontrara físicamente en el Cecopi. Según Mascarell, la presencia de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en el centro tampoco se tradujo en una organización formal de los trabajos en curso, ya que no se asignaron turnos ni se pusieron en marcha dinámicas de gestión centralizada. Remarcó que las decisiones dependieron del personal técnico.

El medio consignó además que, en la comisión, Mascarell precisó que el responsable operativo, Jorge Suárez, propuso ya desde un inicio la utilización del sistema Es Alert para notificar a la ciudadanía y se debatió la conveniencia de usar también redes sociales y la televisión autonómica À Punt para difundir la información relevante.

En cuanto a la vigilancia y retirada de los efectivos del Barranco del Poyo, el portavoz de Bildu, Mikel Otero, cuestionó a Mascarell sobre cómo y quién tomó la decisión de suspender este operativo antes de que el desbordamiento provocara la catástrofe. Mascarell respondió que ignora las circunstancias específicas, recalcando que esas son competencias de los bomberos profesionales encargados de regular los dispositivos operativos en el territorio. Según reportó el medio, Mascarell solo llegó a conocer del retiro de los efectivos días más tarde y de forma extraoficial.

Al ser interrogado sobre el refuerzo de los servicios de bomberos, Mascarell explicó que se está avanzando en un proceso para cubrir 245 plazas que permanecen vacantes, con el objetivo de incrementar la dotación de personal en los parques principales y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios graves.

Vicent Manuel Sarrià, diputado socialista, reprodujo durante la sesión un audio del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en el que este manifestó que Mascarell le informó que a las 17:00 la alcaldesa de Chiva había confirmado que la situación del barranco era estable, pero que media hora después la misma autoridad avisó de una "debacle". Mascarell negó haber transmitido ese mensaje a Mompó y aclaró que a esa hora no estaba presente para hacerlo. Además, puntualizó que tampoco supo que el parque de bomberos de Chiva ya se encontraba inundado por el Barranco del Poyo desde las 16:00.

El medio subrayó que, durante toda su declaración, Mascarell buscó dejar claro que los cargos políticos no ostentan competencias operativas durante emergencias y que las decisiones cruciales recayeron en manos de los profesionales. Rechazó haber tenido parte en demoras, omisiones o directrices que afectaran la cadena de avisos y lamentó no contar con información institucional sobre episodios clave de la jornada que terminó en tragedia.

El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitió una resolución de 70 páginas en la que determinó que los hechos atribuidos al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la gota fría del 29 de octubre de 2024, no cumplen los requisitos necesarios para considerar su actuación constitutiva de delito. A raíz de este análisis, el tribunal decidió archivar las diligencias respecto de Mazón y descartó abrir una investigación penal contra él, según informó el propio TSJCV.

Según consignó el medio, la decisión del TSJCV se produjo tras examinar la exposición razonada elevada el pasado 24 de febrero por la magistrada de Catarroja, quien solicitó que el alto tribunal asumiera la investigación sobre la gestión de Mazón en la citada emergencia meteorológica. Esta petición se basaba en la condición de aforado del ex jefe del Consell, ahora parlamentario en Les Corts, por lo que solo puede ser investigado por la más alta instancia judicial de la Comunidad Valenciana. El pleno, compuesto por cinco magistrados —incluido el presidente del tribunal, Manuel Baeza, y los jueces Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres— resolvió por unanimidad que no existía “un fundamento sólido y objetivo” que permitiera considerar la existencia de un delito.

La resolución del TSJCV señaló que, para atribuir responsabilidad penal en casos de posible homicidio por imprudencia en la modalidad de comisión por omisión, la persona investigada debe ostentar la posición de garante de un deber u obligación específica. Los jueces consideraron que Mazón no reunía estos requisitos en el contexto de la gestión de la dana del 29 de octubre. El auto notificado este lunes establece que su papel institucional no justifica la apertura de un proceso penal por estos hechos, según explicó el tribunal autonómico.

El medio detalló que la Fiscalía del TSJCV ya había emitido previamente un informe en el que pedía la devolución de la causa a instancia de Catarroja, por estimar que en el momento procesal actual no se habían acreditado “indicios suficientes de criminalidad” contra Mazón en relación con la gestión de la riada. No obstante, el Ministerio Fiscal también precisó que no podía descartarse un eventual cambio en la valoración de las pruebas a lo largo de la investigación, en caso de que surgieran nuevos testimonios o documentos relevantes.

La Sala hizo hincapié en que su decisión afecta únicamente al expresidente Mazón, sin pronunciarse respecto a otros investigados en la causa original, como la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos continúan sujetos a la instrucción y a posibles desarrollos procesales impulsados por la magistrada de Catarroja, informó el TSJCV. Mientras tanto, la investigación sobre la gestión de la emergencia por el resto de los responsables políticos sigue su curso habitual.

Según reportó el tribunal, la resolución se centra en la valoración de hechos y responsabilidades vinculadas únicamente a la gestión del entonces presidente Mazón. El TSJCV explicó que su análisis jurídico concluyó que no existían los elementos que exige la ley penal para imputar un delito, en especial en lo referido a la posición de garante exigida en delitos relacionados con la imprudencia por omisión.

El TSJCV subrayó que esta decisión del pleno constituye respuesta exclusiva a la petición de la magistrada instructora, y no pone fin a las investigaciones sobre otros aspectos del caso ni a actuaciones relativas a otros implicados. La Sala remarcó, según publicó el medio, la importancia de atenerse de forma estricta a los requisitos legales para atribuir responsabilidades penales a cargos públicos en situaciones de emergencia, de acuerdo al marco normativo vigente.

Tras esta determinación, continúa la labor judicial en relación a los hechos de la dana que afectó a la Comunitat Valenciana, a la espera de nuevos avances en los procedimientos abiertos por la magistrada de instrucción.

Avelino Mascarell reconoció ante la comisión parlamentaria que no permaneció durante todo el tiempo en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), desde donde se gestionó la emergencia por la tormenta que afectó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Según lo consignó el medio original, Mascarell declaró que no escuchó la conversación en la que se decidió la necesidad de emitir un mensaje de alerta a la población, y que no entiende por qué los horarios expuestos por los diputados no coinciden con los que él tiene registrados. A partir de esta declaración, el presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia detalló ante el Congreso que su papel fue únicamente político y que no tuvo responsabilidad sobre el operativo de la gestión de la emergencia ni sobre la demora en el envío del mensaje Es Alert.

Tal como informó el medio citado, Mascarell compareció este lunes en la comisión del Congreso que investiga la tragedia, donde la diputada de Compromís, Àgueda Micó, le consultó por las afirmaciones que José Miguel Basset, responsable operativo de los bomberos provinciales, entregó ante el juzgado. Basset había declarado según consignó el medio, que el 29 de octubre de 2024, a las 17:30, ya había informado al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, sobre la urgencia de comunicar a la población la necesidad de resguardarse en zonas altas. Según Basset, a las 18:10 ya existía un texto de alerta consensuado, pero el mensaje final solo se difundió a las 20:11 e incluyó la recomendación de evitar desplazamientos, omitiendo otras advertencias pertinentes.

Durante su intervención parlamentaria, Mascarell insistió en que desconoce las razones por las que el mensaje Es Alert se retrasó. Subrayó que la administración del Consorcio de Bomberos se divide entre una faceta política, que dirige, y una operativa, a cargo del personal especializado. "No tenía ninguna responsabilidad operativa ni di instrucciones el día de la dana", afirmó Mascarell según publicó la fuente original, aunque sí mantuvo comunicación con Basset para mantenerse informado sobre los acontecimientos. Mascarell relató que, pasada la mitad de la jornada, recibió una llamada del alcalde de Utiel solicitando refuerzos, momento en que decidió acudir al Cecopi, pese a que, según detalló al Congreso, no formaba parte de sus atribuciones directas intervenir en situaciones de emergencia de este tipo.

El medio citado reportó que Mascarell respondió a críticas de la diputada Micó, quien le cuestionó por la falta de iniciativa mostrada en el Cecopi y por no interactuar con otros responsables políticos móviles durante la emergencia. Mascarell enfatizó ante la comisión parlamentaria que su labor se ciñó a la supervisión política y negó cualquier tipo de inacción o pasividad, asegurando que era la primera vez que participaba activamente en una situación de estas características.

Otra de las cuestiones abordadas provino del diputado de Bildu, Mikel Otero, quien rememoró el operativo de vigilancia instalado por los bomberos de la diputación en el Barranco del Poyo, cauce que finalmente se desbordó y contribuyó al desastre. Otero preguntó a Mascarell cómo, quién y por qué se decidió no continuar con la vigilancia, que se desactivó hacia las 14:30 de ese día. Mascarell respondió, según consignó el medio, que no tuvo conocimiento de los detalles operativos de ese despliegue y que esa clase de decisiones recaen sobre los propios efectivos de bomberos, a quienes se refirió como los profesionales que estructuran los dispositivos. Mascarell agregó que supo de la retirada del equipo días después del evento, remarcando que su función no abastece esa área de responsabilidades.

Durante la comparecencia, Mascarell sostuvo que en ningún momento pretendió incidir en las decisiones técnicas o cuestionar la labor de los equipos de intervención, recalcando que no era su papel instruir a los especialistas presentes en el Cecopi sobre cómo proceder ante la emergencia. Según informó la fuente original, Mascarell reiteró que el rol político y el operativo operan dentro de margenes diferenciados en la estructura del Consorcio de Bomberos.

Las declaraciones recogidas durante la comisión parlamentaria alimentan el debate sobre la coordinación institucional y los protocolos de comunicación ante emergencias en la provincia. El retraso en la activación del aviso Es Alert, asunto central durante la sesión, queda aún sin una explicación clara tras la exposición de Mascarell, quien insistió en desconocer los motivos de la tardanza y en no haber participado en la toma de decisiones técnicas, incluyendo la redacción y envío del aviso a la población.

El medio añadió que Mascarell mencionó a modo de aclaración que su presencia en el Cecopi se motivó por una llamada de alerta del alcalde de Utiel, lo cual justificó como una reacción informativa más que de control directo sobre las operaciones. Reiteró que durante la emergencia no se encontraba en situación de descanso o despreocupación, rechazando las insinuaciones realizadas por algunos diputados acerca de su actitud, y sostuvo que su actuación se ajustó a los límites de sus responsabilidades institucionales.

La sesión contó con intervenciones de los responsables parlamentarios de distintos grupos, quienes plantearon preguntas sobre la delimitación de competencias en la cadena de mando y la gestión de recursos en contextos de emergencia. Las respuestas ofrecidas por Mascarell dejaron en evidencia la separación funcional entre la dirección política y la operativa dentro del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia, en la que la toma de decisiones técnicas, incluidas las referentes a la activación y desactivación de dispositivos de vigilancia, corresponde al personal de intervención y no a la presidencia política.

La comisión investigadora continúa recabando testimonios para clarificar los hechos que rodearon la gestión de la tormenta, el desbordamiento del Barranco del Poyo y la emisión del aviso Es Alert, elementos cuya administración y consecuencias motivaron la apertura de este proceso parlamentario. Durante la jornada, la presencia de Mascarell aportó detalles sobre la distribución de funciones y reafirmó la existencia de protocolos diferenciados entre política y operativo en la respuesta institucional frente a situaciones críticas.

El informe del fiscal, remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el viernes, sostiene que tras un análisis exhaustivo de los hechos y de la jurisprudencia sobre los delitos imputados, no se identifican elementos suficientes para considerar que han existido conductas ilícitas en las actuaciones señaladas. Esta postura se adopta después de que el tribunal solicitara a la Fiscalía Superior que se pronunciara ante la querella presentada por un abogado en representación de varias personas afectadas por la dana que asoló la región el 29 de octubre de 2024. De acuerdo con lo publicado por el ministerio público en un comunicado, la acción legal señalaba supuestas irregularidades por parte de la magistrada instructora encargada de la causa y su esposo, también magistrado.

Según informó el ministerio público, la querella planteaba la posible intervención del esposo de la jueza en la toma de declaración a testigos, situación que habría ocurrido durante el desarrollo de la investigación sobre la gestión institucional frente a la catástrofe meteorológica en la Comunidad Valenciana. La denuncia incluía alegaciones por delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, todos ellos en el contexto del proceso judicial abierto tras la catástrofe.

El medio comunicó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidió a la Fiscalía Superior pronunciarse al respecto el lunes, tras recibir la querella que involucraba tanto a la magistrada instructora como a su esposo. De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron sometidos a una investigación interna y jurídica dentro de la Fiscalía, con el objetivo de determinar si existen indicios de responsabilidad penal en la conducta atribuida a ambos funcionarios judiciales.

En la revisión de la querella, el fiscal valoró si los hechos relatados cumplían los requisitos legales para la imputación de los delitos mencionados, conforme a lo exigido por la jurisprudencia y la normativa aplicable. Tal como detalló el ministerio público, la conclusión del informe fue que los hechos descritos "no alcanzan el umbral del ilícito penal". Este criterio se fundamenta en un análisis pormenorizado de cada uno de los delitos atribuidos, así como en la consideración de la participación real o posible tanto de la magistrada instructora como de su esposo durante el procedimiento objeto de denuncia.

La decisión de la Fiscalía se tradujo en la solicitud formal de inadmisión y archivo de la querella, petición respaldada en la inexistencia, según su informe, de elementos configuradores de los delitos denunciados. Asimismo, el ministerio público expuso que el estudio jurídico realizado era suficiente para descartar la apertura de diligencias penales contra los dos magistrados, subrayando que la investigación preliminar no había hallado pruebas concluyentes para avanzar en el procedimiento judicial.

En este contexto, la actuación del órgano fiscal concluye con la petición de archivo del caso, al no considerarse fundamentada la denuncia en términos penales. Según consignó el comunicado del ministerio público, la valoración de los hechos, junto al examen de las garantías procesales, llevó a estimar que las conductas señaladas no se corresponden con infracciones tipificadas en el Código Penal ni constituyen motivo suficiente para iniciar un procedimiento penal contra la magistrada instructora ni contra su esposo.

Tal como publicó la fuente original, la comisión del Congreso que investiga la gestión de la emergencia climática de octubre recibió este lunes a Lanuza, quien había declarado el 23 de febrero ante la jueza encargada del caso, Nuria Ruiz Tobarra. En su testimonio, Lanuza relató que Mazón llegó al Palau sobre las 19:30 horas y que mantuvieron una conversación de entre veinte y veinticinco minutos antes de dirigirse juntos al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Esta versión difiere de la aportada por los escoltas del expresidente, quienes indicaron que Mazón apenas permaneció arriba, en su despacho, durante diez minutos y que después bajó rápidamente. Según consignó el medio, la jueza interrogó a Lanuza directamente sobre esta disparidad de tiempos: “¿A quién me tengo que creer?”, preguntó.

Tras las declaraciones del asesor, la jueza tomó la decisión de remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para que analizara una posible imputación de Mazón, quien mantiene su aforamiento por contar con un escaño en las Cortes Valencianas. Esta actuación judicial se fundamentó en la detección de “negligencias” en la gestión de la emergencia por parte del exmandatario, aunque, según puntualizó el medio, la Fiscalía aún no avala esta visión. El Ministerio Público sostiene que, aunque no descarta eventual responsabilidad penal, en este momento no existen elementos suficientes que justifiquen la imputación.

La jornada no solo estuvo centrada en la aparición de Lanuza. Por la mañana, Avelino Mascarell, diputado responsable del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural en la Diputación de Valencia, y titular del Consorcio Provincial de Bomberos, compareció también ante la comisión. Mascarell ocupa además la alcaldía de Xeraco, uno de los municipios afectados por la catástrofe.

Uno de los puntos relevantes de su intervención giró en torno a la decisión de retirar a los bomberos que vigilaban el Barranco del Poyo en la primera parte de la tarde de la emergencia. Este barranco terminó desbordándose y originó la riada. Mascarell, que había declarado sobre el caso ante la jueza el 2 de marzo, explicó que el día del operativo en el Cecopi no se enfocaron en la presencia de Mazón porque esa función ya la ejercía la consellera Salomé Pradas, quien junto con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argueso, ya figura como imputada en la causa.

De acuerdo con lo publicado, Mascarell detalló también que antes de la emisión de la primera alerta a la población, conocida como Es Alert y que se envió a las 20:11 horas, existió una discusión sobre recomendar a los habitantes que permanecieran en las plantas superiores de las viviendas. Mascarell no logró precisar en su declaración quién sugirió esa medida, ni los motivos por los que no se reflejó en el mensaje que, finalmente, solo instó a evitar desplazamientos.

A través de la presentación de estas dos comparecencias en la comisión de investigación, se puso de manifiesto la dificultad para establecer una cronología exacta y una cadena clara de decisiones durante la gestión de la emergencia, reflejando las diferencias entre los distintos actores involucrados. Según reportó la fuente, estas declaraciones contribuyen a ampliar el foco sobre los mecanismos de actuación institucional frente a situaciones de crisis, mientras la investigación judicial y parlamentaria sigue incorporando testimonios y documentos que buscan esclarecer responsabilidades.

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

No obstante, persisten desequilibrios relevantes en la composición y el destino de los recursos, donde los dirigidos a infraestructuras quedan relegados, según recoge el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La inversión pública, impulsada por los fondos europeos Next Generation, representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, acumulando un incremento del 56% desde 2019. El sector privado también mantuvo su tendencia ascendente, con un aumento del 4,6% en el último año y una diferencia positiva del 8,6% frente a 2019.

Pese al avance global de la inversión, el informe advierte de que la partida dirigida a infraestructuras de uso público —como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, portuarias, aeroportuarias y urbanas— se mantiene en niveles bajos.

El peso de este sector en el total de la inversión pública ha descendido del 61% en 2009 al 38% en 2025, una proporción que no se ha recuperado desde la pandemia. Actualmente, los volúmenes invertidos son un 25% inferiores a los del año 2000 y un 60% menores que el máximo alcanzado en 2009, lo que impacta directamente en el mantenimiento y renovación del capital público acumulado.

El documento subraya que, en algunas infraestructuras, la inversión actual no cubre ni siquiera la depreciación ordinaria, lo que ha provocado una reducción progresiva del stock de capital público. Esta situación afecta principalmente a las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años.

El cambio climático y el deterioro de los activos públicos

Coincidiendo con la debilidad inversora, se intensifican los efectos del cambio climático sobre activos públicos y privados en España. El informe destaca que las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones, destruyen porcentajes significativos de infraestructuras y otros activos materiales. El documento destaca que la reposición de los daños derivados de desastres naturales exige un esfuerzo adicional de inversión, tanto para cubrir la depreciación ordinaria como la extraordinaria.

La publicación analiza el caso de la DANA de Valencia de octubre de 2024 y estima que el esfuerzo inversor necesario para compensar los daños de inundaciones podría suponer entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual acumulada a lo largo de 50 años. Si la reposición de daños se concentra en un solo ejercicio, la inversión requerida podría elevarse entre el 5,4% y el 38,3% del total anual, y en zonas de alto riesgo como Valencia, llegar hasta el 848,2% de la inversión de un año ordinario.

A pesar de la recuperación en términos absolutos, el esfuerzo inversor respecto al PIB español se mantiene estable en torno al 20,6% en 2025, una cifra inferior al promedio registrado en la primera década del siglo (26%-30%) y todavía por debajo del 22% registrado en las principales economías europeas. El análisis puntualiza que, después de la caída durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, y el impacto de la pandemia, la recuperación de la inversión no ha alcanzado los máximos de 2007.

Entre 1995 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo, pero la crisis financiera supuso un brusco descenso, seguido de un repunte entre 2014 y 2019, hasta que llegó el impacto del Covid-19 en 2020. Desde 2021, el ciclo inversor volvió a mostrar una tendencia positiva, sostenida hasta la actualidad.

Más tecnología y menos ladrillo

El patrón de inversión en España ha evolucionado hacia una mayor intensidad en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), activos inmateriales como software e I+D, y maquinaria, mientras que las inversiones inmobiliarias han perdido peso. Según la base de datos actualizada por la Fundación BBVA y el Ivie, el peso de la inversión inmobiliaria ha caído del 68% previo a la Gran Recesión (2008-2013) a algo más del 50% en 2025.

Entre 1995 y 2024, España y Estados Unidos multiplicaron por más de cuatro la inversión en TIC e intangibles, aunque el punto de partida español era muy bajo.

La caída de la inversión residencial fue especialmente marcada desde 2007, con un descenso acumulado del 52,7% hasta 2013. Aunque en la última década se observó una recuperación, la construcción de vivienda sigue sin cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico.

En 2025, se construyeron cerca de 88.000 nuevas viviendas, mientras la creación de hogares superó los 226.000, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Estadística Continua de Población del INE.

Recuperación limitada de las infraestructuras productivas

La inversión pública en infraestructuras fue la que más sufrió durante la Gran Recesión (2008-2013), utilizada como herramienta de ajuste fiscal. Entre 2012 y 2020, permaneció en niveles muy bajos y, aunque en los últimos cinco años se vio reforzada por los fondos europeos, sigue un 34% por debajo del máximo de 2009.

El informe detalla que en 2025 la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior.

El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos.

Ferrocarriles, carreteras e hidráulica: sectores en descenso

Entre los distintos tipos de infraestructuras, el mayor retroceso corresponde al ferrocarril, que ha visto caer la inversión un 66,7% desde 2009, hasta los 4.589 millones de euros en 2025. Pese a ello, representa el 28,5% del total inversor en infraestructuras, habiendo ganado peso frente a los años 90.

Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009. El estudio atribuye gran parte de estas inversiones a la Confederación Hidrográfica, responsable de la prevención de avenidas y obras relacionadas con el ciclo del agua.

Las inversiones en infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias también han experimentado caídas, aunque las urbanas repuntaron en la última década. En 2025, las infraestructuras urbanas alcanzaron 1.434 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior, mientras las portuarias y aeroportuarias se situaron en 1.626 y 1.216 millones, respectivamente.

El valor real del stock público retrocede

El informe cuantifica el impacto de la baja inversión en el valor real del stock de capital público, que se ha reducido en 11.000 millones de euros desde 2014, hasta los 583.331 millones. Las dotaciones de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y urbanas han retrocedido, y solo las viarias muestran un ligero crecimiento, insuficiente para compensar la caída de los demás sectores.

En varios años, la inversión neta en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias fue negativa, sin cubrir el mantenimiento mínimo necesario para evitar la depreciación de los activos acumulados.

El análisis concluye que España afronta un reto doble: mantener el valor de las infraestructuras y anticipar el impacto de las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático. Sus autores consideran que es imprescindible repartir los esfuerzos inversores en el tiempo y en los territorios más expuestos, para evitar que la destrucción de activos públicos y privados derive en pérdidas irreversibles y en un deterioro de la prestación de servicios esenciales.

El sindicato FETAP-CGT presentó un informe en el que se detalló que a las 8 de la mañana del 29 de octubre de 2024 se alertó al centro de emergencias ‘112 Comunitat Valenciana’ acerca de la primera incidencia en la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), detectada entre las estaciones de Alginet y Castelló. Según consignó el medio, durante las horas siguientes se notificaron nuevas incidencias como interrupciones en varios tramos, averías eléctricas y de comunicaciones, y diversas situaciones de riesgo. El informe incluyó una cronología de los acontecimientos, subrayando la gestión de la Generalitat Valenciana y el funcionamiento del Puesto de Mando de Metrovalencia durante el temporal.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la magistrada encargada de la investigación en el juzgado de Catarroja solicitó tanto a FGV como a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que informen si entre el 24 y el 29 de octubre de 2024 recibieron instrucciones o recomendaciones específicas por parte de Emergencias, relacionadas con la gestión en el puesto de mando de FGV en Paiporta. La jueza dictó esta petición en una resolución emitida este jueves, motivada por nuevas declaraciones y datos presentados en la causa.

Según reportó la misma fuente, la jueza también amplió la toma de declaraciones, citando como testigos a un subjefe de FGV y al jefe del propio puesto de mando de la empresa ubicado en Paiporta. Estas comparecencias se suman a las diligencias ya programadas para esclarecer la coordinación y respuesta durante el episodio de inundaciones extremas, conocidas como dana. Esta decisión surgió tras la declaración de una persona perjudicada en el caso.

Por otra parte, el medio informó que la magistrada requirió a la empresa contratista de la seguridad en FGV un informe específico sobre los hechos ocurridos el día del temporal y sobre el desempeño de su personal de seguridad en el mismo puesto de Paiporta. Esta solicitud busca arrojar luz sobre las circunstancias y la actuación de los servicios privados en un contexto de emergencia.

El magistrado ya había ordenado en diciembre la comparecencia de varios responsables de la red de transporte valenciana: el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; el director gerente de FGV, Alfonso Novo; el jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio; y el jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas. Estas citaciones se fundamentaron también en el informe presentado por el sindicato FETAP-CGT, que actúa como acusación popular en la causa.

El documento sindical señaló que, además del aviso inicial, durante la mañana del 29 de octubre se notificaron cierres en distintos tramos, problemas eléctricos y de señalización, y se identificaron riesgos para los usuarios y trabajadores de la red. Según publicó el medio, los problemas se intensificaron por la tarde, llegando a situaciones críticas.

En el informe presentado, se detalla que, a las 17:30 horas, un tren con diez pasajeros y su maquinista requirió evacuación a causa de problemas en la catenaria y precipitaciones de gran intensidad. Posteriormente, a las 19:05, el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando que el agua alcanzaba la parte superior de los rieles en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta. Aunque pudo continuar el trayecto con normalidad, advirtió que, de continuar elevándose el nivel del agua, el paso sería inviable para trenes futuros.

Alrededor de las 19:40, personal de seguridad privada que custodiaba el acceso al complejo de València Sud advirtió la llegada de una gran masa de agua que avanzaba rápidamente hacia las instalaciones de FGV. De acuerdo con lo consignado en el expediente, estos trabajadores solo pudieron abandonar su puesto y resguardarse en el andén de la estación para alcanzar una posición más elevada y segura. En ese mismo momento, aproximadamente un centenar de pasajeros, que se encontraban en estas instalaciones tras arribar en los últimos convoyes, tuvo que permanecer en el lugar hasta que fue posible organizar su evacuación la mañana siguiente.

En esa jornada, diversos empleados de los talleres, edificios de instalaciones fijas y otros servicios ubicados en el complejo València Sud se vieron también sorprendidos en sus puestos de trabajo, siendo obligados a buscar refugio para protegerse del avance del agua. Cerca de las 20 horas, el desbordamiento había inundado la totalidad de las instalaciones del complejo València Sud, afectando el funcionamiento operativo y la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

En el marco de las diligencias ordenadas, se pidió a FGV que identificara al vigilante de seguridad que resultó lesionado el 29 de octubre, con el objetivo de tomarle declaración como persona perjudicada ante el juzgado. El medio detalló que todas estas actuaciones buscan esclarecer los protocolos de actuación, la cadena de mando y las decisiones adoptadas en una jornada marcada por la emergencia y la afectación directa sobre la infraestructura de transporte público valenciano.

La defensa de Salomé Pradas subrayó que la tragedia que provocó 230 muertes en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 no podía haber sido anticipada, ni siquiera por las autoridades o responsables con competencias técnicas, considerando que la información clave para poder responder de manera más efectiva no estuvo disponible durante la gestión de la emergencia. Según informó Europa Press, tanto la exconsellera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, como su entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma la causa judicial relacionada con la gestión de la dana (depresión aislada en niveles altos, también conocida como gota fría) y que archive el caso en lo que respecta a ambos imputados.

De acuerdo con el medio Europa Press, esta petición de Pradas y Argüeso surge en respuesta a la exposición razonada de la jueza instructora, quien instó a investigar el papel del expresident de la Generalitat y actual diputado Carlos Mazón en la gestión de las inundaciones. Los escritos entregados al TSJCV defienden que ni Pradas ni Argüeso tuvieron responsabilidad en los hechos, ya que consideran la dana de 2024 una catástrofe natural que resultó imprevisible “en su real dimensión”. La defensa plantea que la magnitud y velocidad del fenómeno superaron cualquier previsión, alcanzando niveles que, según expresan, era imposible anticipar incluso para las personas con responsabilidades técnicas o ejecutivas.

Los abogados de la exconsellera argumentan que la función institucional que ocupaba Pradas el día de la tragedia no la convertía en responsable exclusiva de todas las decisiones u omisiones que pudieran haber ocurrido dentro de la administración bajo su competencia. Europa Press reportó que la defensa subraya la concurrencia de varios responsables y funcionarios de distintas administraciones, lo que, a su entender, diluye cualquier alianza de la exclusiva responsabilidad penal.

A juicio de la defensa, el caso presenta “una fuerza mayor”, ya que la insuficiencia de información limitó cualquier capacidad de respuesta alternativa que pudiera evitar las consecuencias de la catástrofe. Tal como publicó Europa Press, se apunta que los avisos previos –difundidos por los medios de comunicación y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) antes de las 18:00 horas del día de la dana– no fueron suficientes, pues ni los ciudadanos ni las autoridades pudieron anticipar la singular intensidad del episodio meteorológico.

En el escrito presentado, la defensa de Pradas sostiene que cumplió su obligación institucional al coordinar las actuaciones conforme a la información que proporcionaban los técnicos en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), haciendo hincapié en que los máximos responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Aemet resultaron determinantes por la falta de información precisa y a tiempo, circunstancia que consideraron clave en el desarrollo de los hechos.

Europa Press detalló que la defensa también rechazó la hipótesis de negligencia sustentada en el posible retraso en la activación del sistema de alerta ES-Alert hacia la población. Argumentaron que, para sostener tal acusación, la investigación debería haber especificado el momento exacto en que debió emitirse el aviso y consideran que el Plan Especial de Inundaciones no contempla el envío del mensaje de alerta como una medida obligatoria en un momento concreto. Por tanto, cuestionan que su supuesto envío tardío pueda constituir una negligencia penal por sí mismo.

En sus alegaciones, la defensa recordó que dentro del Cecopi se constituyó un comité de dirección en el que, además de los órganos autonómicos, participaron la Delegación del Gobierno, la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según Europa Press, los representantes legales de Pradas insisten en que estos agentes tuvieron, incluso, acceso a mayor información y capacidad de intervención que las autoridades autonómicas; subrayan que ninguno de estos participantes tuvo un papel secundario en la gestión de la crisis.

En cuanto al ámbito en el que enmarcan la responsabilidad por los hechos, la defensa señala que lo investigado encaja en una responsabilidad administrativa, de cuyo resarcimiento deben ocuparse las administraciones competentes en materia de emergencias. El planteamiento, acorde a lo consignado por Europa Press, sostiene que la ausencia de dolo elimina cualquier justificación para mantener una vía penal, ya que, en su valoración, la imprevisibilidad y la rapidez del suceso imposibilitaron la adopción de medidas aptas para paliar el impacto, especialmente por la carencia de información relevante durante la emergencia.

La defensa de Pradas argumentó que, tras una instrucción exhaustiva en el juzgado de Catarroja, quedó descartada la existencia de motivos para atribuir responsabilidad penal a la exconsellera o a cualquier otra persona implicada en la gestión de la emergencia, salvo que se pretendiera imputar a decenas de funcionarios y responsables de distintas administraciones, lo que, según afirman, carecería de fundamento.

En caso de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV aprecie indicios para investigar al expresident Mazón, las defensas solicitan que este órgano asuma la totalidad de la causa, desligando de la instrucción al juzgado de Catarroja y evitando así el riesgo de nulidades procesales o sentencias contradictorias. Los escritos insisten en que la concentración de la causa en el TSJCV favorecería una tramitación más rápida y reduciría dilaciones, puesto que el procedimiento ya alcanza cerca de 60 tomos e involucra a cientos de personas interrogadas, así como una gran cantidad de informes acumulados.

Según Europa Press, la defensa de Pradas criticó que la jueza instructora haya focalizado sus actuaciones únicamente en la Generalitat Valenciana y, en particular, en Pradas y Argüeso. Apuntan que cualquier discrepancia en las diligencias acarrea nuevos careos o declaraciones, centradas de nuevo en los mismos investigados, mientras se ignoran las distintas líneas que pueden extraerse de los informes y testimonios.

Por su parte, la representación de Emilio Argüeso también expresó dudas sobre la investigación desarrollada por la jueza, refiriéndose a ella como una “investigación prospectiva” y calificando como una falta de motivación la exposición de hechos que sustenta la imputación. Según publicó Europa Press, el abogado de Argüeso considera que no se identificó suficientemente la posición de garante de los responsables, ni el deber concreto que se habría omitido, como tampoco la forma en que tal omisión conduce de modo directo al resultado trágico. “Cosa que no se ha hecho, más allá de ideaciones o meras suposiciones sin base probatoria alguna”, manifestó la defensa.

El letrado de Argüeso puntualizó que la fase de preemergencia se condujo de acuerdo a las indicaciones de los técnicos, aprobando cada actuación conforme se solicitaba y reiterando la ausencia de objeciones técnicas en las decisiones adoptadas. Además, la defensa de Argüeso cuestionó la actuación de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Cecopi, afirmando que existió “gran apagón informativo”. En cuanto al envío del ES-Alert, la defensa señaló que este mensaje se emitió ante un riesgo concreto, el posible colapso de la presa de Forata, y que se hizo con antelación suficiente, es decir, dos horas antes de estimarse el momento potencialmente crítico.

El medio Europa Press amplió que la estrategia defensiva promueve la unificación de la causa en el TSJCV y el archivo de la misma respecto a Pradas y Argüeso, fundamentándolo en el carácter imprevisible y la falta de información suficiente sobre la catástrofe, además de rechazar cualquier responsabilidad penal derivada de la gestión institucional en la emergencia.

En áreas montañosas, las nevadas alcanzarán intensidad significativa a partir de altitudes de 800 a 1.600 metros según el avance de los días, y estas precipitaciones se sumarán a lluvias que serán persistentes y puntualmente fuertes en partes del este peninsular y Baleares. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su portavoz, Rubén del Campo, se espera un episodio meteorológico marcado por la llegada de una depresión aislada en niveles altos (dana) desde el lunes, generando inestabilidad notable en buena parte del país.

De acuerdo con lo detallado por Del Campo y recogido por diversos medios, la dana se formará al oeste de la Península y propiciará lluvias en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares hasta el miércoles. El mayor impacto se sentirá en la vertiente mediterránea y en el archipiélago balear, donde se espera que las precipitaciones sean localmente fuertes. Además, se prevé la caída de nieve, que se acumulará a partir de cotas que oscilarán entre 1.300 y 1.500 metros, con tendencia a descender hasta los 800–1.000 metros en el noroeste. Según AEMET, la cordillera Cantábrica y el entorno del Sistema Central serán las áreas donde podrían registrarse los mayores espesores.

Durante la jornada del lunes, la lluvia se extenderá especialmente al cuadrante noroeste y la franja central de la Península. En el tercio oriental y Baleares se prevén chubascos de carácter más disperso, aunque con posibilidad de ser intensos en puntos concretos de Cataluña y el área balear. Las temperaturas presentan un diferencial marcado entre regiones, con máximas que se situarán entre 8 y 10 ºC en ciudades del noroeste como Lugo y Oviedo, en contraste con los 20 ºC previstos en Murcia.

El martes, la depresión se desplazará hacia el sur y la distribución de las precipitaciones afectará de manera diferente al conjunto del país. El portavoz de la AEMET señaló que las lluvias serán persistentes en la zona centro, este y sur, así como en Baleares, donde destacan áreas como el este de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares por la intensidad de las precipitaciones. La cota de nieve se ubicará en torno a los 1.400 metros en el extremo norte y entre 800 y 1.200 metros en el resto. El pronóstico estima nevadas copiosas en el Sistema Central, sur del Sistema Ibérico y sistemas Béticos, sin descartar acumulaciones en mesetas del sur de Castilla y León y el este de Castilla-La Mancha. Los termómetros experimentarán un descenso acusado en el sur, lo que resultará en un ambiente frío, especialmente en la zona centro y la mitad sur, con máximas que apenas llegarán a 5 ºC en Ávila y entre 10 y 12 ºC en Toledo.

La previsión para el miércoles se caracteriza por una mayor incertidumbre en comparación con los días anteriores, según consignó la AEMET. La tendencia apunta a que la dana perderá influencia al retirarse hacia el sur, mientras que un frente avanzará por el extremo norte. Inicialmente persistirán las lluvias en los tercios norte y este y en Baleares, pero se espera que vayan desapareciendo a lo largo del día, abriéndose claros en muchas zonas. La cota de nieve ascenderá hasta superar los 1.600 metros. Las temperaturas iniciarán la jornada con heladas débiles en el entorno montañoso, aunque en la tarde se podrían sobrepasar los 18 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en algunos puntos del nordeste y de Baleares.

Paras el jueves, Del Campo afirma que la estabilidad atmosférica será la tónica general, con cielos despejados, aunque se reportarán bancos de niebla y nubes bajas en el interior al amanecer, además de alguna nubosidad de evolución y posibilidad de chubascos dispersos en la zona mediterránea en la tarde. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado ese día.

En cuanto al viernes y el fin de semana, la AEMET anticipó la llegada de un nuevo frente que afectará principalmente a Galicia, norte de Castilla y León y Cantábrico, con precipitaciones que podrían extenderse a buena parte de la Península el sábado. El domingo, las lluvias quedarían restringidas a las zonas más septentrionales. El viernes no se esperan grandes cambios en las temperaturas, pero el sábado predominará un descenso motivado por la entrada de vientos de componente norte, lo que ocasionará una sensación térmica más baja.

Respecto al archipiélago canario, el portavoz de la AEMET indicó que persistirá un régimen de vientos alisios intensos, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el sur de las islas de mayor relieve. Esta situación mantendrá el mar agitado y una nubosidad frecuente, sobre todo en el norte de las islas montañosas, donde caerán precipitaciones débiles en general. Las temperaturas en Canarias permanecerán estables la mayor parte de la semana, con mínimas que oscilarán entre 15 y 17 ºC y máximas de 19 a 21 ºC, aunque podrían aumentar ligeramente hacia el fin de semana.

Por otra parte, el portal Eltiempo.es avanzó que las precipitaciones más intensas dentro del episodio actual se producirán en zonas del sureste peninsular. Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 30 y 50 litros por metro cuadrado en puntos de Murcia, Alicante y Albacete, mientras que en lugares como Jaén, Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara se podrían registrar hasta 20 litros por metro cuadrado. Respecto a las temperaturas máximas, el mismo medio señaló que en el noroeste se mantendrán por debajo de los 10 ºC y en la mayor parte del territorio no superarán los 15 ºC, a excepción del Cantábrico oriental, algunas áreas del sureste y Andalucía.

Para el martes, Eltiempo.es prevé un descenso marcadamente térmico en el sur y, especialmente, en el sureste, con máximas inferiores a los 10 ºC en amplias zonas de Ciudad Real, Jaén, Albacete y Granada. Paralelamente se registrarán incrementos térmicos en el interior y el noroeste. Las temperaturas mínimas, según el portal, seguirán en valores frescos y las heladas se verán limitadas por la abundancia de nubes, aunque a partir del miércoles podrían ganar terreno y afectar más áreas del interior y del sureste.

El conjunto de estas condiciones meteorológicas marcará una semana de contrastes en el tiempo, con episodios de precipitaciones intensas, nieve en cotas bajas para la época y temperaturas que oscilarán entre valores frescos y episodios puntuales de ascenso térmico, según los informes de la AEMET y del portal Eltiempo.es.

La responsabilidad penal de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana y actual diputado regional, por la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 constituye el foco del reciente escrito de la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024. Según informó Europa Press, la asociación reclamó que el procedimiento penal continúe en el Juzgado de Catarroja, rechazando el aforamiento que corresponde a Mazón por su condición parlamentaria. El colectivo sostiene que Mazón debe ser investigado por la presunta negligencia durante la emergencia climática que provocó la muerte de 230 personas, atribuyendo la gravedad de los hechos a la supuesta omisión de funciones del entonces presidente.

De acuerdo con el escrito al que ha accedido Europa Press, el colectivo de víctimas calificó de “ineludible” la comparecencia de Mazón como investigado, solicitando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declare la falta de competencia objetiva de la Sala en virtud del fuero especial y mantenga la causa en el Juzgado de Instrucción de Catarroja, Sección 3. Según el argumento de la asociación, la jueza de Catarroja, tras una larga investigación, cuenta con un conocimiento exhaustivo del caso y ha identificado indicios de responsabilidad penal en el accionar del exmandatario.

La exposición remitida por la magistrada de Catarroja a la Sala del TSJCV es descrita por la asociación como jurídicamente sólida, sin margen de duda sobre la implicación de Mazón en los hechos. En este documento se determina un nexo causal entre la ausencia de acciones preventivas por parte del expresidente y las muertes derivadas de la catástrofe. “Estas personas no murieron por la Depresión Aislada en Niveles Altos. No murieron por las consecuencias de un fenómeno meteorológico, murieron por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática. Por una abrumadora y total dejación de las funciones del presidente de la Generalitat Valenciana en la coordinación y toma de decisión de medidas para proteger a la población. Todas muertes evitables”, indica el escrito citado por Europa Press.

La asociación específica que las víctimas no recibieron ningún aviso de autoprotección ni medidas específicas para su protección. Se recalca que las personas fallecieron en sus hogares, calles, lugares de trabajo y espacios considerados seguros, confiando en que las autoridades actuarían en resguardo de la población ante la emergencia, según publicó Europa Press. El escrito recoge también relatos de las víctimas: “Llegó de repente un tsunami de lodo que superó los techos de las plantas bajas, atrapando a las personas sin capacidad alguna de respuesta. No necesitaban de medios extraordinarios y complejos para salvar su vida. No necesitaban un ejército especial, ni modernos dispositivos materiales. Tan sólo un correcto aviso a tiempo”.

Millares de fallecimientos podrían haberse evitado, según los denunciantes, si Mazón hubiera asumido personalmente la dirección de la emergencia y liderado la coordinación de la respuesta institucional. El colectivo sostiene que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana permaneció ajeno al desarrollo de la situación, tal como evidencian su agenda pública y la inacción de las Consellerias implicadas. Europa Press consignó que la única intervención fue la tardía llegada de Mazón al Cecopi, después de las 20:00 h, cuando ya se habían producido todas las muertes y la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias se había convocado con retraso.

En el escrito remitido al TSJCV, la acusación particular denuncia que el único aviso masivo, el Es Alert, fue emitido de manera tardía y, además, contenía datos incorrectos, lo cual restó efectividad a la posible respuesta de la ciudadanía. “Es difícil para la mente humana imaginar un caso que pueda superar esta grosera negligencia de carácter penal”, manifestaron los reclamantes en su presentación, reportó Europa Press.

El colectivo de víctimas dedicó comentarios extensos a la cuestión de competencia judicial. La asociación argumentó, según el medio Europa Press, que el aforamiento contradice los principios constitucionales de igualdad procesal, tutela judicial efectiva, derecho al juez predeterminado por Ley y al derecho a la doble instancia. El escrito subraya que la razón por la que la causa se presenta ante el TSJCV deriva únicamente de la condición de aforado de Mazón, quien habría evitado comparecer ante la instructora de Catarroja en tres ocasiones. Para las víctimas, esto evidencia un interés por mantener el proceso en el tribunal superior en lugar de ante la jueza que investigó exhaustivamente los hechos.

La acusación particular resaltó que la jueza de Catarroja ha desempeñado durante más de un año las labores de instrucción, investigación y recopilación de testimonios de afectados y testigos, afirmando que nadie posee mayor conocimiento sobre el caso que esa magistrada. También acusan a Mazón de rehuir una comparecencia ante una juez “objetiva e imparcial”, concluyendo que los indicios de responsabilidad penal están fundamentados en la “absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia” por parte del presidente de la Generalitat Valenciana.

Europa Press detalló que la asociación solicita ante el tribunal que sea la magistrada-juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado número 3 de Catarroja, quien instruya la causa. El colectivo defendió además que el fuero por aforamiento debe aplicarse sólo a los presuntos delitos vinculados a la actividad parlamentaria de Mazón, no a los hechos atribuidos a su etapa como presidente de la Generalitat y del Consell. Indicaron que la omisión de funciones y obligaciones señalada como delictiva guarda relación exclusiva con el periodo en que Mazón presidía el gobierno regional, función que ya no desempeña.

La petición depositada ante el TSJCV plantea dos escenarios: que el tribunal declare su falta de competencia y permita que la causa siga en Catarroja, o, de forma subsidiaria, acepte investigar a Mazón pero sobre la base de la instrucción remitida por la jueza original. En cualquiera de ambos casos, la acusación formal solicita el inicio de procedimiento penal contra el exmandatario por presuntos delitos de homicidio y lesiones causados por imprudencia grave, según consignó Europa Press.

El argumento final de la asociación, difundido por Europa Press, sostiene que la condición de aforado de Mazón deriva únicamente de su rol actual como diputado por Alicante y no cubre los hechos investigados, relativos al cargo que ocupó como presidente del Consell. De este modo, el colectivo afirmó que la singularidad del caso permite una interpretación restrictiva del aforamiento, abriendo la posibilidad de que el proceso se sustancie ante el juez natural predeterminado por la Ley.

Acumulaciones de nieve previstas de hasta diez centímetros en veinticuatro horas y lluvias de hasta veinte litros por metro cuadrado en tan solo una hora figuran entre los riesgos meteorológicos identificados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes en varias regiones de España. Según detalló la Aemet, seis comunidades autónomas se encuentran en aviso amarillo debido a la presencia de una vaguada atlántica y el avance de un frente frío que, según predicciones, podría evolucionar formando una nueva depresión aislada en niveles altos (dana), lo que incrementa la inestabilidad sobre buena parte del territorio peninsular y Baleares.

De acuerdo con la información publicada por la Aemet y recogida por diversas plataformas de noticias, Asturias, Castilla y León —en especial en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora— y la Comunidad de Madrid destacan entre las zonas con riesgo de nevadas. Las precipitaciones sólidas podrían dejar espesores de entre cinco y diez centímetros en áreas de montaña, con especial atención en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. En Baleares, particularmente en Mallorca y Menorca, las alertas se centran en lluvias intensas que pueden acumular localmente hasta veinte litros por metro cuadrado en apenas una hora, lo que podría ocasionar problemas en la red viaria y urbana.

Según informó la Aemet, el temporal marítimo también representa una amenaza en varias zonas costeras. A Coruña y Pontevedra, en Galicia, permanecen bajo aviso amarillo por olas que podrían alcanzar alturas significativas, situación similar en Canarias, donde se espera fuerte oleaje en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Las condiciones, generadas por el paso de la dana y el frente asociado, implican cielos muy nubosos o cubiertos en el oeste, con precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, aunque de forma más aislada en los litorales del sudeste.

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias tendrán mayor intensidad y persistencia en el cuadrante noroeste peninsular, mientras en el norte de Baleares y noreste de Cataluña las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y con tormentas acompañadas de granizo. Para las áreas montañosas de la mitad norte, se prevén nevadas en cotas comprendidas entre los 1300 y 1500 metros, aunque en la vertiente occidental estas cotas descenderán hasta los 800 o 1200 metros.

En Canarias, la previsión apunta a cielos nubosos en los municipios del norte, junto con precipitaciones de escasa intensidad, mientras que en el resto del archipiélago se alternarán cielos poco nubosos e intervalos de nubes. La formación de bancos de niebla matinales es probable en áreas de montaña, en zonas orientales de la Meseta Sur, en Baleares y en algunos sectores litorales del Mediterráneo, detalle puntualizado también por la Aemet.

Con respecto a las temperaturas, la agencia informó que las máximas experimentarán un descenso en la mitad occidental peninsular y el noroeste, con bajadas significativas especialmente en el interior de Galicia y la zona occidental de la Cordillera Cantábrica. En el área del arco mediterráneo, por el contrario, se prevé una subida de las máximas, mientras en el resto del territorio los termómetros no mostrarán variaciones relevantes. Las mínimas registrarán una ligera disminución, según pronosticó la Aemet, aunque los archipiélagos no reportarán alteraciones importantes.

Las heladas, según reportó la Aemet, serán débiles y afectarán a las cumbres de los principales entornos montañosos, con la posibilidad de que se extiendan a zonas colindantes. El viento adoptará predominancia del oeste y sur, con intensidad generalmente baja, aunque se prevén intervalos moderados por el oeste de la Meseta y condiciones más ventosas en los litorales del sur y norte. En Galicia, la dirección del viento cambiará hacia componente norte y se intensificará, alcanzando ráfagas fuertes en diferentes puntos. Por su parte, en Canarias el alisio soplará con rachas que, en determinadas áreas expuestas, podrían llegar a ser muy fuertes.

El escenario meteorológico configura una jornada de vigilancia activa para administraciones, servicios de emergencia y residentes de las regiones notificadas en alerta. Según la Aemet, las condiciones atmosféricas vinculadas a la dana y el avance del frente atlántico pueden dar lugar a episodios breves pero extremos de precipitaciones y fenómenos asociados, por lo que la vigilancia permanecerá activa. La evolución de este sistema será clave para determinar la magnitud y alcance de los eventos meteorológicos en las próximas horas, en un día marcado por la inestabilidad en buena parte del país.

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que devuelva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja el procedimiento judicial abierto por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, con el objetivo de que continúe la investigación sobre lo ocurrido durante la emergencia que dejó 230 fallecidos.

La petición figura en un informe firmado por el fiscal superior de la comunidad, José Francisco Ortiz Navarro, en el que se pronuncia sobre la exposición razonada remitida al alto tribunal valenciano por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa. En ese escrito, la jueza planteaba la existencia de indicios de responsabilidad penal del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la gestión de la riada.

La Fiscalía considera, sin embargo, que en el estado actual del procedimiento no existen datos con la suficiente solidez para justificar la imputación del exjefe del Ejecutivo valenciano. Por ese motivo, propone que el proceso vuelva al juzgado instructor para que continúe practicando diligencias antes de valorar la eventual responsabilidad penal del expresident.

En su informe, el Ministerio Público señala que “no puede obviarse” que durante el desarrollo de la investigación puedan producirse nuevas declaraciones o incorporarse documentos que aporten información relevante sobre lo ocurrido. En concreto, apunta a la posibilidad de que aparezcan elementos que respalden la tesis de que el expresident de la Generalitat hubiera dado “órdenes o instrucciones concretas” relacionadas con la gestión de la emergencia.

Pese a ello, la Fiscalía sostiene que, por el momento, no se dispone de indicios con la consistencia necesaria para atribuirle responsabilidad penal. En consecuencia, concluye que procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

La exposición razonada de la jueza

La solicitud del fiscal superior responde a la exposición razonada que la magistrada Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, órgano competente para decidir sobre la investigación de personas aforadas. En su escrito, la jueza sostenía que existen indicios de responsabilidad penal del expresident valenciano en relación con la gestión de la emergencia provocada por la DANA.

La magistrada fundamentó su petición en lo que calificó como una “grosera negligencia” en la actuación de Mazón durante la jornada en la que se produjeron las inundaciones. En su análisis, la instructora atribuye al entonces president una actitud de “inactividad” frente a una situación de emergencia que derivó en 230 muertes. Según la exposición razonada, el expresident habría permanecido ajeno a la evolución de la crisis durante varias horas en las que, de acuerdo con la investigación, se encontraba en el restaurante El Ventorro manteniendo un encuentro con la periodista Maribel Vilaplana. La jueza considera que esa ausencia de intervención durante cerca de cinco horas habría influido en la gestión de la emergencia.

La magistrada plantea además que podría existir una responsabilidad penal “compartida” entre Mazón y los otros dos investigados en la causa: la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su secretario autonómico y número dos en el departamento, Emilio Argüeso.

La investigación judicial ha puesto especial atención en la gestión del sistema de alertas a la población durante la emergencia, en particular en el envío del aviso a los teléfonos móviles mediante el sistema ES-Alert, que se produjo a las 20.11 horas de ese día. El retraso en la activación de esa alerta ha centrado buena parte de las diligencias practicadas hasta ahora.

En ese contexto, la jueza apunta a la posible participación indirecta del expresident en la decisión sobre el envío del mensaje. En su exposición razonada menciona el contenido de un mensaje de WhatsApp enviado por el entonces jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a la consellera de Interior en el que le trasladaba la indicación: “Salo, de confinar nada”. Ese mensaje se envió minutos antes de que finalmente se activara la alerta a la población. Cuenca ha negado haber actuado como intermediario del expresident en la gestión de la emergencia. Por su parte, Pradas ha señalado que interpretó el mensaje en ese sentido, aunque en sus declaraciones no ha responsabilizado directamente a Mazón del retraso en el envío de la alerta.

Argumentos del entorno del expresident

Desde el entorno del expresident valenciano se ha defendido que no existen fundamentos para abrir una investigación penal contra él. Fuentes cercanas a Mazón han recordado a El Mundo que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya rechazó anteriormente las primeras denuncias y querellas presentadas contra el dirigente en relación con la gestión de la DANA.

En aquellas resoluciones, el Alto Tribunal aludió al denominado principio de culpabilidad, según el cual no puede iniciarse una investigación penal contra una persona únicamente por el cargo que ocupa o ha ocupado, si no existen indicios concretos de participación en los hechos investigados.

Además, el expresident continúa siendo aforado al mantener su condición de diputado en las Corts Valencianes, lo que implica que cualquier investigación penal en su contra debe ser asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Las mismas fuentes sostienen que Mazón no participaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni tenía la dirección directa de la emergencia, que de acuerdo con la normativa autonómica correspondía a la consellera de Interior. También subrayan que, según su interpretación, la investigación judicial no ha acreditado hasta el momento la existencia de un nexo causal entre el retraso en el envío de la alerta a los teléfonos móviles y las 230 muertes registradas durante la riada. En este sentido, argumentan que no se ha demostrado que una activación anterior del sistema de alerta hubiera evitado los fallecimientos.

Las provincias de Tarragona y Castellón se preparan para lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado durante las primeras siete horas del domingo, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estas precipitaciones se presentan de forma ocasional acompañadas de tormentas, mientras zonas del noreste peninsular afrontarán chubascos localmente fuertes y probabilidad de acumulaciones importantes de agua. El mismo reporte indica que este fenómeno responde a una dana que afectará la atmósfera sobre el norte de la Península Ibérica, produciendo un escenario de inestabilidad meteorológica tanto en la península como en Baleares.

La Aemet precisó que gran parte del territorio peninsular y el archipiélago balear presentarán cielos nubosos o cubiertos, mientras que en la región occidental del área cantábrica se prevé un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas. En contraste, en los Pirineos y la zona meridional de la península las temperaturas máximas experimentarán un descenso. El medio oficial detalló que el resto del país verá ligeros ascensos térmicos, particularmente más destacados en Galicia y las regiones cantábricas.

De acuerdo con lo informado por la Aemet, el aviso amarillo por lluvias afecta únicamente a Tarragona y Castellón —tanto en sus zonas litorales del sur como del norte— concentrándose a primeras horas del día, en diferencia con las once regiones en las que se activaron alertas meteorológicas el sábado por diversos riesgos asociados a lluvias, nieve u oleaje.

El organismo también prevé la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo de manera puntual en el nordeste peninsular y de nevadas en el Pirineo, manteniéndose la cota de nieve entre los 1.400 y 1.700 metros. Esta situación podría replicarse en montañas de la mitad norte y en áreas elevadas del sureste, conforme a la predicción citada por el medio oficial.

La previsión se extiende a Canarias, donde el norte de las islas de mayor relieve mantendrá cielos nubosos, mientras el resto del archipiélago registrará intervalos poco nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles localizadas. Según consignó la Aemet, habrá bancos de niebla en zonas de montaña y áreas litorales tanto del Mediterráneo como del golfo de Cádiz. En el interior peninsular el viento soplará con poca intensidad, intensificándose en los litorales atlánticos desde el norte.

La Aemet reportó que las temperaturas máximas alcanzarán los 19℃ en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, mientras que Soria, Palencia y León registrarán valores mínimos descendiendo hasta 1℃. En general, la tendencia al alza en las temperaturas afectará a Galicia y el Cantábrico de manera más perceptible.

El fenómeno de la dana genera para este domingo un cambio respecto al episodio de inestabilidad vivido el sábado, restringiéndose el nivel de aviso y los riesgos asociados a un área geográfica menor. Chubascos, tormentas, granizo y nevadas conforman el panorama meteorológico para amplias regiones, acompañados por cambios de temperatura que varían en función de la ubicación territorial.

El pronóstico, publicado por la Aemet, ofrece detalles sobre la distribución y la intensidad de los diferentes fenómenos previstos, orientando a la población residente en las áreas bajo aviso, así como alertando sobre la evolución de la situación meteorológica a lo largo de la jornada.

Las lluvias dominarán la jornada del sábado, por lo que los españoles todavía no podrán guardar el paraguas. Tras el paso de la borrasca Regina, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte sobre una nueva DANA que mantendrá la inestabilidad en toda la Península y en las Islas Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas. Las zonas más afectadas serán Cantabria, Tarragona, Castellón y Baleares.

La Aemet ha activado la alerta amarilla en varios territorios por precipitaciones. Las nevadas afectarán a Granada, Jaén, Teruel, Ávila, León, Segovia y Albacete, así como a la Cordillera y a los Picos de Europa. La alerta por lluvias se centra en el litoral cántabro, el centro y valle de Villaverde, Burgos, Soria, Tarragona, la zona ibérica riojana y Castellón.

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En las Islas Baleares, especialmente en Formentera, se mantiene la alerta amarilla por vientos durante las primeras horas del día. Asimismo, se registran avisos por oleaje en Ibiza, Formentera y Tenerife.

A pesar de la previsión de lluvias en prácticamente toda la península, los termómetros registrarán algunas subidas. La Aemet prevé un aumento de las temperaturas máximas en el sudoeste, la zona cantábrica, el alto Ebro y el nordeste de Cataluña. Por el contrario, se esperan descensos en el centro y en el tercio oriental de la península. Las temperaturas mínimas también bajarán en la mitad nordeste, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios.

Condiciones meteorológicas

Se esperan lluvias que dejarán entre 15 y 40 milímetros de agua acumulada, dependiendo del territorio. En lugares como Tarragona y en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas ocasionales o precipitaciones fuertes.

En los principales entornos de montaña se prevén nevadas con cota de 1.300 a 1.600 metros, salvo en el sudeste, donde bajará hasta 1.100-1.300 metros durante la madrugada. A su vez, se registrarán heladas débiles en las cumbres de los principales sistemas montañosos.

El pronóstico también indica la presencia de bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y en las sierras del prelitoral mediterráneo. En las Islas Canarias, los nortes de las islas montañosas tendrán cielos nubosos con probables precipitaciones débiles, mientras que el resto del archipiélago registrará cielos poco nubosos o con intervalos.

Por otra parte, la Aemet indica que predominará el viento flojo en el interior, de suroeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y con componentes este y sur en el resto de la península y en Baleares. Se esperan intervalos de viento moderado en Baleares, el tercio nordeste peninsular y los litorales, con intervalos fuertes en la costa atlántica gallega y en Alborán. En Canarias, soplará el alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

El sábado se presenta como una jornada meteorológicamente compleja, con lluvias generalizadas, tormentas puntuales, nevadas en altura, bancos de niebla matinales, heladas débiles y viento intenso en zonas concretas. En caso de ser necesario, se aconseja seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las autoridades locales, especialmente en carreteras de montaña, zonas costeras expuestas y vías con visibilidad reducida.

La solicitud de la jueza a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que aclare la trazabilidad de la comunicación enviada el 29 de octubre por el director general del Medio Natural a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias acerca del ofrecimiento de los agentes medioambientales añade un nuevo ángulo a la investigación sobre la gestión del temporal que afectó gravemente al parque de Chiva. Según informó el medio, la magistrada de Catarroja, responsable de la causa, adoptó esta medida en línea con la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, en un contexto de indagaciones sobre la tragedia que el pasado 29 de octubre cobró la vida de 230 personas y puso en cuestión la articulación de la respuesta de las autoridades.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la magistrada dictó este viernes una providencia dirigida al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. El objetivo de la solicitud es esclarecer el momento exacto y el canal a través del cual se tuvo conocimiento de que las inundaciones causadas por la dana habían dejado inoperativo el parque de Bomberos de Chiva. La jueza también requirió detalles sobre quién recibió esa información y si la misma llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y a los integrantes del Cecopi, el organismo responsable de coordinar las respuestas ante catástrofes.

En la misma resolución, según detalla el medio, la instructora ordenó enviar una comunicación al parque de Bomberos de Chiva para que, mediante su jefatura, informe sobre la identidad de los efectivos que prestaban servicio el día de la inundación y precise la hora en que las instalaciones quedaron inutilizadas. Se solicitó además especificar los métodos utilizados para comunicar la incidencia, en un intento por reconstruir la cronología y los mecanismos de transmisión de la información durante el evento. Este requerimiento apunta a detectar posibles retrasos o fallos en la comunicación que pudieran haber influido en la eficacia de la respuesta de los servicios de emergencia.

Según lo consignado por el medio, la intervención de la jueza se produce a raíz de un escrito presentado por la Associació Mai Més, cuyos representantes plantearon cuestionamientos sobre la gestión de la emergencia. La decisión judicial busca determinar si el estatus del parque de Chiva, clave para la actuación de los bomberos en la zona, fue debidamente comunicado a las instancias responsables de coordinar la emergencia. La precisión de estos datos resulta fundamental en la reconstrucción de la cadena de mando y de la operatividad de los servicios durante el episodio meteorológico extremo.

El medio detalló que, además del Consorcio de Bomberos, la magistrada dispuso la remisión de un oficio a la jefatura del parque de Chiva. Se solicitó que la jefatura identifique de forma nominal a los bomberos presentes durante el siniestro y notifique sobre el momento en que el parque quedó inhabilitado, con el fin de vincular el testimonio directo de los trabajadores a la investigación judicial en curso. Los bomberos así identificados serán llamados a testificar como testigos, lo que permitirá a la instructora acceder de primera mano a información sobre el funcionamiento de los protocolos internos y la fluidez de la comunicación en tiempo real.

La jueza también pidió a la DGTIC un informe sobre la trazabilidad de una comunicación específica, enviada el 29 de octubre por el director general del Medio Natural a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Esta comunicación ofrecía a los agentes medioambientales para tareas de vigilancia de cauces y barrancos durante el temporal. La solicitud apunta a comprobar cuándo, cómo y por qué vía se transmitió esta oferta de colaboración y si las autoridades competentes recibieron y procesaron adecuadamente la información.

Según publicó el medio, la investigación se centra así en esclarecer no solo qué información llegó a los diferentes grupos de coordinación, sino también a través de qué canales y con qué inmediatez. El parque de Bomberos de Chiva figura como elemento esencial por tratarse de uno de los puntos estratégicos en la respuesta a emergencias, de ahí el énfasis de la jueza en identificar cualquier posible fallo en la cadena de comunicación.

Los requerimientos de la jueza a distintas entidades y autoridades subrayan la importancia de determinar el flujo de información durante el temporal, con una atención específica a los detalles técnicos y administrativos relacionados con la activación de los recursos y la comunicación entre los distintos niveles de respuesta institucional. Según consignó el medio, estas medidas forman parte del esfuerzo por analizar la gestión de la tragedia desde un enfoque exhaustivo de responsabilidades y funcionamiento de los dispositivos de emergencia ante la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024.

Las intervenciones y comparecencias del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la gestión de la catástrofe ocasionada por la dana el 29 de octubre de 2024 se han convertido en uno de los principales puntos de análisis en la instrucción judicial. Según publicó Europa Press, diferentes formaciones políticas y organizaciones sindicales han subrayado que existieron omisiones y retrasos significativos en las decisiones críticas que, según sostienen, influyeron en la magnitud de las consecuencias trágicas, con un saldo de 230 fallecidos.

El medio Europa Press detalló que Podemos, Ciudadanos, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y el sindicato CGT se han adherido formalmente a la petición de la magistrada instructora del caso para que se investigue la actuación de Mazón como parte del procedimiento abierto por la gestión de la emergencia. En un escrito presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Podemos expresó su respaldo integral al razonamiento de la jueza y afirmó que existen "indicios suficientes" que justifican una investigación penal sobre la responsabilidad del exmandatario.

Entre los argumentos presentados por Podemos, el escrito —según información de Europa Press— destaca la relevancia de la posición de garante que correspondía al expresidente en la organización de la respuesta a la crisis y apunta a una posible omisión negligente durante las horas decisivas del episodio. También se señala que el entorno del expresidente pudo haber tenido participación en el retraso y en la modificación del contenido del mensaje de alerta a la población emitido a través del sistema Es-Alert, lo cual habría tenido un impacto en la dimensión de la tragedia.

La organización política remarcó que la gravedad de los hechos, así como la acumulación de advertencias previas sobre el riesgo extremo para el 29 de octubre, exigen una investigación exhaustiva. Podemos advirtió que cerrar las diligencias respecto a la máxima autoridad durante la emergencia, sin agotar las pruebas y actuaciones necesarias, "comprometería el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales", según sostuvo el partido en el escrito difundido por Europa Press. María Teresa Pérez, coordinadora general de Podem País Valencià, manifestó como acusación popular su voluntad de alcanzar justicia en nombre de las víctimas y del conjunto de la sociedad valenciana.

Ciudadanos también ha registrado sus alegaciones en el procedimiento, argumentando que no corresponde atribuir la responsabilidad penal únicamente a cargos intermedios, en referencia a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, sus dos colaboradores directos investigados hasta el momento. Para esta formación, Mazón, como máximo responsable institucional, tenía la obligación de supervisar y controlar a sus subordinados, especialmente ante un riesgo que califican de previsible y letal. En su argumentación, Ciudadanos citó el artículo 11 del Código Penal para subrayar que la omisión del deber de evitar un resultado lesivo, existiendo obligación jurídica de actuar, equivale a su causación, y detalla que la posición de garante del president deriva tanto de las normas de autogobierno como de su función de dirección y de su decisión de mantener plenamente sus responsabilidades durante la emergencia.

Según planteó Ciudadanos en su escrito recogido por Europa Press, la estructura jerárquica impide que el superior alegue desconocimiento si no ha delegado competencias y subrayó que el "vértice de la pirámide" administrativa debe actuar sin escudarse en el trabajo de sus subordinados. El partido aseguró que la ausencia de Mazón y la falta de validación política en los momentos más críticos habrían frenado la actuación de la estructura de protección civil.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) subrayó en su propio escrito, al que accedió Europa Press, que Carlos Mazón recibió información sobre los riesgos y alertas desde días antes de la catástrofe, especialmente desde el 25 de octubre, y que el 29 del mismo mes ya contaba con datos claros de la alerta roja en Valencia sin haber tomado medidas preventivas. ACPV también señaló retrasos en la comunicación a la población y criticó la actitud del responsable autonómico, incluyendo su comparecencia ante los medios y la aparente trivialización del suceso, reflejando una desconexión con la realidad de la emergencia. El escrito narra que, según la información disponible, Mazón mantuvo a la hora crítica un almuerzo privado y dio instrucciones para no ser interrumpido, mientras la alerta hidrológica en la zona del barranco del Poyo y el río Magro ya estaba activa desde las primeras horas del día.

El sindicato CGT, representado por FETAP, expresó también su apoyo a la labor de investigación de la jueza, señalando la existencia de múltiples diligencias, la recopilación de informes oficiales, el análisis de comunicaciones y la obtención de testimonios directos de víctimas y asistentes. CGT consideró, de acuerdo con Europa Press, que los indicios reunidos poseen un carácter plural, concreto y racional, y apuntan a una secuencia de omisiones atribuibles de manera individual al expresidente, no solo como responsable de un cargo sino como resultado de decisiones y omisiones personales. Para la acusación sindical, la relación entre la deficiente coordinación de la alerta y el desenlace fatal encuentra respaldo en los relatos del desarrollo de los hechos.

En la argumentación presentada por CGT se sostiene que la investigación ha llegado a un momento clave en la delimitación de la posible responsabilidad penal de Carlos Mazón y que la instrucción ha seguido los criterios establecidos por los tribunales superiores. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, tanto las fuerzas políticas como los sindicatos consideran que rechazar la competencia del tribunal supondría contradecir las decisiones tomadas anteriormente por la misma Sala, que derivaron la instrucción al ámbito ordinario precisamente para recabar los elementos que ahora sustentan la presente fase del proceso.

Las formaciones políticas y organizaciones adheridas acusan a Mazón de no adoptar las decisiones requeridas para evitar el agravamiento de los efectos de la dana y exponen que existía una relación clara entre la inacción del exmandatario y la magnitud del daño causado. Los documentos remitidos al tribunal detallan, según Europa Press, que el sistema administrativo y de protección civil se ralentizó en la toma de decisiones clave ante la ausencia de liderazgo durante las horas más graves de la emergencia.

El procedimiento, según la cobertura de Europa Press, permanece a la espera de nuevas resoluciones sobre la imputación formal del expresidente, con una instrucción que ha recabado información de víctimas, testigos y responsables técnicos. Las partes implicadas solicitan que el TSJCV mantenga la investigación abierta para esclarecer la cadena de decisiones y posibles omisiones en la gestión institucional de la crisis.

Victoria Roselló, exjefa de Meteorología de la televisión pública valenciana, compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso para señalar que la crecida del Barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024 fue advertida en tiempo real y que la magnitud del desastre se podía prever con información disponible. Tal como publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Roselló deberá presentarse el 15 de abril a las 09:30 ante el tribunal encargado de investigar la gestión de la dana, para declarar como perito. La diligencia de citación fue notificada este jueves a las partes.

Según informó el TSJCV, la jueza ha requerido el testimonio especializado de Roselló luego de que su intervención en el Congreso aportara detalles técnicos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En esa comparecencia, la meteoróloga aseguró que el caudal del Barranco del Poyo aumentó de manera “exponencial” a partir de las 15:40 ese día, alcanzando niveles “cuatro o cinco veces superiores al del Ebro”, un dato que, tal como puntualizó la experta, podía consultarse en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar por cualquier persona interesada.

La instrucción judicial busca esclarecer si la gestión de la catástrofe hidrológica incluyó todas las medidas disponibles para proteger a la población de los efectos de la dana, fenómeno meteorológico que en la provincia de Valencia resultó en un saldo de 230 fallecidos según consignó el TSJCV. De acuerdo a la intervención de Roselló ante el Congreso, a las 15:20 de ese 29 de octubre realizó un aviso desde À Punt para recomendar que la ciudadanía permaneciera en sus hogares ante la inminencia del desbordamiento.

El medio TSJCV reportó que, durante su declaración parlamentaria, la meteoróloga insistió en la existencia de herramientas y datos accesibles en tiempo real, tanto para autoridades como para la sociedad civil. Roselló resumió que “han fallado muchas cosas pero la información estaba a disposición de cualquiera, esto es incontestable”. Añadió que la cifra de víctimas mortales resulta “inasumible” en el contexto de los recursos disponibles para notificar y prevenir el riesgo, aclarando que si bien no se puede evitar la formación de estos fenómenos, sí es posible alertar a tiempo y minimizar el impacto.

Según informó el TSJCV, la jueza considera que el conocimiento especializado de Roselló sobre la evolución meteorológica y la disponibilidad de datos resulta central para determinar la secuencia de avisos, la reacción institucional y el acceso público a la información durante la emergencia. La diligencia destaca que su rol como jefa de Meteorología el día del desastre y su testimonio sobre la accesibilidad de los datos constituyen elementos a tener en cuenta para deslindar responsabilidades.

Durante la Comisión de Investigación en el Congreso, el testimonio de la experta se centró en la evolución del cauce y en los protocolos comunicativos establecidos. Roselló explicó que el aumento del caudal constituía un fenómeno inusual por su rapidez y volumen, reiterando que estos datos estaban reflejados en fuentes oficiales abiertas a la consulta en ese momento. El TSJCV recogió que la declaración aportó elementos técnicos y operativos destinados a clarificar en qué medida la información fue suficientemente divulgada.

La citación judicial de Roselló como perito persigue, según puntualiza el medio judicial, recabar detalles concretos sobre los mecanismos de alerta y el cumplimiento de funciones de los organismos responsables. El proceso indaga tanto el flujo de información como la capacidad de respuesta institucional, a partir de la base técnica aportada por la meteoróloga.

El TSJCV resume que la comparecencia de la experta se perfila como un elemento clave en el avance de la investigación judicial sobre una catástrofe que, el 29 de octubre de 2024, impactó de manera grave la provincia de Valencia y puso en tela de juicio los protocolos de gestión ante eventos meteorológicos extremos.

Podemos solicitó que se analicen las actuaciones del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en relación con la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) registrada el 29 de octubre de 2024, destacando también la posible intervención de su entorno en el retraso y modificación de la alerta enviada a la población a través del sistema Es Alert. El escrito, presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), argumenta que esas acciones pudieron influir en la magnitud de las consecuencias mortales y los daños ocurridos durante el desastre, según consignó Europa Press.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la formación política secunda en su integridad la exposición razonada que hizo llegar la magistrada instructora del caso, quien enfatizó la necesidad de esclarecer la posición y responsabilidad directa del expresidente Mazón en uno de los episodios más graves registrados en la provincia de Valencia, donde la riada resultante de la dana provocó la muerte de 230 personas y una cantidad considerable de heridos y daños materiales.

El documento de alegaciones presentado por Podemos respalda las conclusiones de la instructora sobre la posición de garante que ostentaba el exmandatario autonómico en la gestión de la emergencia. Para la formación, emergen indicios sólidos de una posible omisión negligente de deberes por parte de Mazón en las horas más decisivas de la catástrofe. Europa Press reportó que el texto subraya la relevancia de la función de Mazón como máxima autoridad autonómica, responsable de coordinar y supervisar la respuesta a emergencias de este tipo.

Según publicó Europa Press, los representantes de Podemos también ponen el foco en la posible participación de personas próximas al expresidente en la alteración de los mensajes y criterios que componían la alerta pública gestionada mediante el sistema Es Alert. El escrito argumenta que las modificaciones y retrasos detectados habrían condicionado la eficacia de la alerta en un día donde, señalan, existieron "múltiples advertencias" oficiales sobre el riesgo inminente de fuertes precipitaciones e inundaciones graves.

Europa Press detalló que la formación morada considera que la gravedad de lo ocurrido y la concurrencia de avisos oficiales previos refuerzan la imperiosa necesidad de impulsar una investigación exhaustiva. Este procedimiento buscaría determinar con claridad quiénes resultaron responsables de la toma de decisiones o las omisiones que, según alegan, permitieron que los efectos de la catástrofe fueran tan extensos. El documento de Podemos argumenta que, dado el conocimiento previo de las condiciones meteorológicas y las alertas emitidas, existía el deber legal y práctico de actuar con la diligencia debida para minimizar el impacto de la dana.

Europa Press también informó que Podemos alude a la importancia de esclarecer el flujo de información dentro del gabinete autonómico durante el episodio crítico, así como las posibles instrucciones impartidas desde los escalones más altos del poder ejecutivo valenciano respecto a la comunicación de emergencia a la ciudadanía. La investigación solicitada, según los argumentos recogidos por Europa Press, debería contemplar tanto las decisiones administrativas como las conductas específicas relacionadas con la gestión de las alertas y las actuaciones destinadas a proteger a la población.

La formación política subraya en su escrito que no se puede descartar la existencia de responsabilidades penales en estos hechos hasta que una investigación exhaustiva valore todas las pruebas, el contexto de las advertencias registradas el 29 de octubre y el impacto concreto de las medidas adoptadas. Según el documento, el hecho de que los avisos fueran modificados o retrasados podría haber influido decisivamente en la protección de las personas y en el alcance del resultado lesivo.

Finalmente, Europa Press reseña que Podemos insiste en que clarificar estas responsabilidades contribuiría no solo a la depuración de posibles conductas delictivas, sino también a una mejora en los mecanismos institucionales de respuesta ante emergencias futuras, en un contexto donde la población depende de sistemas de alerta eficaces y de la actuación diligente de sus responsables públicos.

El número de magistrados encargados de analizar la actuación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, aumentará de tres a cinco, de acuerdo con la decisión adoptada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza. Según informó el TSJCV mediante un comunicado, esta medida implica que todos los jueces de la Sala de lo Civil y Penal participarán en la deliberación y el fallo respecto a la exposición razonada emitida contra Mazón.

La sesión plenaria analizará la exposición razonada elevada recientemente por la magistrada de Catarroja encargada de instruir el caso, en la que se investiga la gestión de la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Tal como detalló el TSJCV, la decisión se formalizó a través de una providencia que Baeza notificó este jueves a las partes, en cumplimiento del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala. El TSJCV argumentó que la naturaleza del asunto y su trascendencia justifican la participación de la totalidad de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal en el proceso de deliberación.

Con esta ampliación, además de Manuel Baeza —quien también ocupa la presidencia del alto tribunal valenciano— formarán parte del tribunal los magistrados Pía Calderón, designada ponente, y José Francisco Ceres, quienes habían sido nombrados inicialmente para integrar el tribunal encargado de resolver la causa, y se suman Antonio Ferrer y Vicente Torres. De acuerdo con la información ofrecida por el TSJCV, la exposición razonada fue registrada en la Sala de lo Civil y Penal el pasado martes por la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Este documento judicial, tramitado mediante una diligencia de ordenación firmada por el letrado de la Administración de Justicia, especificaba de inicio qué magistrados asumirían la responsabilidad de resolver sobre la exposición razonada. Además, concedía a la Fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento un plazo de dos días para la presentación de alegaciones, tras la recepción del referido auto.

La exposición razonada constituye un paso dentro del procedimiento en el que se valora la actuación de Carlos Mazón durante la crisis ocasionada por la DANA en el territorio valenciano, según publicó el TSJCV. El órgano judicial subrayó en su comunicado que, considerando el alcance y la relevancia de los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, se optó por convocar al pleno de la Sala, de modo que los cinco magistrados participen en la toma de decisiones sobre el futuro procesal del investigado.

La instrucción del caso por parte de la magistrada de Catarroja continúa, basándose en la investigación sobre las supuestas responsabilidades administrativas y penales en relación con la gestión de la emergencia climática que dejó un saldo de 230 fallecidos, conforme reportó el TSJCV. La decisión de elevar la causa al pleno representa una variación respecto a la integración inicial del tribunal, ampliando la composición a todos los miembros de la Sala de lo Civil y Penal, cifra que pasa de tres a cinco magistrados responsables de la deliberación y el fallo.

El desarrollo de este procedimiento se mantendrá bajo la supervisión de la Sala ampliada, asegurando que todas las acciones y resoluciones posteriores cuenten con la participación de la totalidad de los magistrados que la integran. Según consignó el TSJCV, la decisión busca dar respuesta a la importancia de los hechos examinados en el expediente judicial, así como al impacto social derivado de la gestión de la DANA y de las consecuencias para las víctimas y el conjunto de la sociedad valenciana.

En la declaración que ofreció ante la jueza de Catarroja, un alto mando de la Unidad Militar de Emergencias (UME) indicó que a las 19:00 horas comunicó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que el barranco del Poyo había experimentado un desbordamiento en la comarca de l'Horta Sud. Según consignó el medio de comunicación, esta información fue relevante para activar nuevas medidas dentro del dispositivo de emergencia que se desplegó durante la grave situación provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024.

De acuerdo con lo declarado ante la jueza, tanto la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, como su anterior número dos, Emilio Argüeso, asistieron a la reunión donde se evaluaron los acontecimientos ocurridos a raíz del desbordamiento. En el procedimiento, ambos aparecen como investigados por la gestión de la emergencia, tal como detalló la fuente. El comandante de la UME proporcionó su testimonio en calidad de testigo y detalló que llegó a la reunión del Cecopi alrededor de las 16:30 horas, acompañado por otro miembro de la UME.

El medio señaló que, en esas primeras horas, el exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, también participó en el encuentro, junto con representantes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La reunión comenzó con un informe proporcionado por Aemet. Posteriormente, otros miembros, como los de la CHJ, abordaron distintas cuestiones relacionadas con los escenarios de riesgo, centrándose inicialmente en la presa de Forata.

Según publicó la fuente original, la CHJ introdujo los análisis de posibles escenarios, denominados “escenario 1 y 2”, vinculados a la presa de Forata. El comandante explicó que el “escenario 3”, que contemplaba la posibilidad de ruptura de la presa, fue tema de discusión partir de las 19:00 horas. Durante la jornada, también se compartió información sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo, aunque en ese momento los representantes de la CHJ no consideraron que hubiera motivos de preocupación inmediata.

En ese contexto, el comandante declaró que durante los primeros momentos de la reunión no se sugirieron acciones concretas por parte de Pradas o Argüeso, en vista de que la evaluación inicial no reflejaba una amenaza urgente por el incremento de los caudales en la zona. Precisó que la inquietud sobre la situación de la presa de Forata se manifestó después de las 19:00 horas, momento en el que se valoró la posibilidad de confinar o evacuar a la población cercana.

Tal como reportó la misma fuente, sobre las 19:00 horas se discutió el posible envío de un Es Alert, es decir, un aviso oficial dirigido a las personas que pudiesen resultar afectadas por una posible rotura de la presa. El testigo describió el debate acerca de la redacción de dicho mensaje: “Hubo una especie de coloquio sobre la redacción del mensaje entre Pradas, Basset... Entraban y salían de la sala. No sé qué se comentaba fuera”, relató ante la jueza. Finalmente, cuando el mensaje fue elaborado, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, lo leyó a los presentes y la notificación se envió a las 20:11 horas. El comandante de la UME expresó no saber el motivo por el cual transcurrió tanto tiempo desde la deliberación hasta el envío efectivo del mensaje.

El testimonio detalló que el mismo día, también a las 19:00 horas, se declaró la “situación 2” de emergencia para la comarca de Hoya de Buñol, localizada en la cabecera del barranco del Poyo. Según compartió con técnicos del Cecopi y con Jorge Suárez, esa declaración respondía a la “necesidad” de actuar en toda la provincia ante la evolución de los acontecimientos.

Durante su comparecencia, el comandante manifestó que, además de la información oficial, circulaban datos de carácter particular y que los allí presentes, incluyendo Pradas y Argüeso, comentaron las novedades conforme llegaban.

En su declaración se refirió a la dinámica de trabajo dentro del Cecopi. Explicó que Pradas dispuso una pausa en la reunión, que se prolongó hasta aproximadamente las 19:00 horas, tiempo durante el cual los participantes de Aemet y la CHJ quedaron desconectados del encuentro telemático. Detalló que esa desconexión ocurrió tanto tras el envío del primer Es Alert de las 20:11 horas como después del segundo, remitido a las 20:57 horas.

En otro momento, según consignó el mismo medio, el comandante de la UME relató la llegada del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Cecopi, donde se expusieron las competencias de cada participante. Una vez finalizada la reunión, tuvo lugar la comparecencia pública del expresidente en medios de comunicación.

Sobre la intervención de la UME, el testigo indicó que la primera petición de colaboración se dirigió a la zona de Utiel-Requena. Los equipos de primera respuesta lograron acceder inicialmente a través de la autovía, aunque el aumento del caudal luego impidió el paso. Posteriormente, se cursó una segunda solicitud para extender la intervención en toda la provincia, en respuesta al deterioro de las condiciones y al incremento del riesgo en áreas afectadas por las lluvias extremas.

De esta forma, el relato recogido por la fuente destaca la secuencia de decisiones y comunicaciones internas en el Cecopi el 29 de octubre, marcadas por la evolución de las informaciones meteorológicas y los cambios en el estado de los cauces y embalses de la zona. Las declaraciones ante la jueza conforman parte de la investigación abierta para determinar la gestión institucional durante aquella jornada.

Para la jueza instructora, la cadena de presuntas negligencias que rodea la gestión de la emergencia se desarrolló de forma secuencial y afectó tanto a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como a su antiguo número dos, Emilio Argüeso, además de involucrar a Carlos Mazón, de quien se subraya una conducta pasiva durante un episodio crítico. La magistrada señala que la dirección de la Generalitat, a cargo de Mazón, se mantuvo prácticamente ausente el 29 de octubre de 2024, día en que la provincia de Valencia registró 230 víctimas mortales a causa de una dana, según publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De acuerdo con la información difundida por el TSJCV, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal ha oficializado la recepción de la exposición razonada que la jueza de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja dirigió contra Mazón. El tribunal, en una diligencia dada a conocer este martes, abrió un plazo excepcional de dos días para que tanto la Fiscalía como las partes personadas en el procedimiento presenten sus alegaciones, en sintonía con lo estipulado por la regla número 2 del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según informó el TSJCV, este plazo finalizará el lunes 9 de marzo a las 15:00 horas.

El tribunal encargado de decidir sobre la admisión o no de la exposición razonada estará compuesto por el presidente de la Sala y del TSJCV, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón, quien asumirá la función de ponente, y el magistrado José Francisco Ceres. Tal como detalló el medio oficial, esta designación se ha adoptado tras revisar los antecedentes incluidos en la sala.

Según consignó el TSJCV, la instructora del caso trasladó la exposición contra Mazón con la finalidad de solicitar que se le investigue por una “inactividad negligente” en el contexto de la crisis de inundaciones. La competencia para continuar cualquier investigación corresponde al propio TSJCV, dado que Mazón, tras dejar el cargo de presidente de la Generalitat, mantiene el acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado.

En la exposición, la jueza ahondó en el papel que desempeñó Mazón ante la emergencia. De acuerdo con el documento, “desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”, refiriéndose al almuerzo que Mazón compartió ese día con la periodista Maribel Vilaplana. La magistrada aporta que Mazón permaneció durante aproximadamente cinco horas “absolutamente pasivo, en el reservado de un restaurante”, lo que, a su juicio, constituiría una presunta grave negligencia con resultado mortal al contabilizarse 230 fallecidos y varios lesionados.

Según detalló el TSJCV, la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana desde la declaración del nivel dos, quedando la dirección del plan en manos de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también investigada junto a Argüeso. La jueza citó resoluciones previas de la Audiencia Provincial que refuerzan este criterio, en correspondencia con el Estatuto de Autonomía, la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana.

Además, el TSJCV precisó que, durante el curso de la investigación, se ofreció en tres ocasiones a Mazón la oportunidad para declarar en las diligencias, oferta que no fue aceptada.

El tribunal autonómico dispone ahora de tres opciones respecto a la exposición razonada: asumir la causa atrayendo la competencia, rechazarla o solicitar al juzgado que practique diligencias adicionales antes de emitir una resolución definitiva. Una vez que el tribunal ha recibido formalmente el documento e identificado a quienes deberán pronunciarse, está obligado a verificar la condición actual de aforado de Mazón, por motivo de su escaño parlamentario, lo que definiría la competencia para seguir adelante.

Según publicó el TSJCV, la resolución adoptada este martes por el tribunal valenciano marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la gestión de la catástrofe de octubre, e inicia un periodo clave de alegaciones para todas las partes involucradas en el proceso judicial.

El responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, quien también ocupa la alcaldía de Xeraco, prestó declaración como testigo en la investigación judicial sobre la gestión de la denominada “dana” que ocasionó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Durante su comparecencia, Mascarell mostró conformidad con aportar la factura de los teléfonos desde los cuales mantuvo comunicación el 29 de octubre con Amparo Fort, entonces alcaldesa de Chiva. Esta solicitud busca detallar tanto la hora como la duración de las llamadas, así como verificar si fueron entrantes o salientes. La jueza solicitó a la Letrada de la Administración de Justicia que deje constancia, a través de una diligencia de cotejo, de estos datos precisos referidos a la conversación entre ambos responsables municipales.

Según publicó el medio, la jueza de Catarroja, responsable de la instrucción sobre los hechos, ha cursado un requerimiento formal al Centro de Coordinación de Emergencias. En particular, a petición de FETAP-CGT, solicitó que se facilite un listado detallado de todas las llamadas telefónicas realizadas desde este organismo a las autoridades locales de los municipios situados en los cauces del Magro y del barranco del Poyo en respuesta a las alertas hidrológicas decretadas por el episodio de lluvias extremas. La magistrada pidió que en esta relación conste exactamente a qué autoridad local se dirigió el contacto, el momento en el que se realizó la llamada, la duración de la misma y si por parte de las autoridades municipales hubo algún tipo de respuesta o devolución.

De acuerdo con el mismo medio, la jueza también emitió un oficio dirigido al Ayuntamiento de Sot de Chera enfocado exclusivamente en el 29 de octubre de 2024. El objetivo consiste en que desde el consistorio se remitan todos los documentos que llegaron al correo electrónico habilitado para solicitar la colaboración ciudadana. En ese contexto, el Ayuntamiento pidió a la población el envío de imágenes, ya fueran fotografías o vídeos, del municipio tomadas antes, durante o después del episodio de lluvias torrenciales, con vistas a la producción de un vídeo profesional que recogiera la totalidad de los acontecimientos registrados en el municipio relacionados con la dana.

Según detalló la misma fuente, la actuación judicial se amplió mediante solicitudes dirigidas al propio Centro de Coordinación de Emergencias. En este caso, la jueza acordó requerir a esta entidad todas las grabaciones almacenadas en la plataforma integral de gestión de emergencias, conocida como Coordcom. El objetivo consiste en recabar las comunicaciones que pudieron haberse producido entre el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias y el alcalde de Sot de Chera, cubriendo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2024.

Tal como informó el medio, el proceso de recopilación de evidencias comprende no sólo las comunicaciones oficiales y telefónicas, sino también la documentación de la interacción digital realizada por los organismos públicos. A raíz de una solicitud presentada por Acció Cultural del País Valencià, la jueza pidió a la Conselleria de Emergencias la remisión de todas las publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de Twitter/X @GVA112 (Emergències 112 CV), además de las menciones y retuits que incluyeran contenido, entre las 12:00 horas del 24 de octubre y las 00:00 horas del 30 de octubre de 2024. También exigió el envío de los audios o vídeos incorporados por las personas que participaron en estas interacciones.

Por otra parte, en respuesta a un requerimiento del grupo Ciudadanos, la jueza instó a las agencias de noticias a remitir los teletipos distribuidos el 29 de octubre relativos a la situación generada por el temporal y sus consecuencias, de acuerdo con lo consignado por la fuente original.

Estas medidas se encuentran enmarcadas dentro de una providencia reciente emitida este lunes y forman parte de la investigación que apunta a esclarecer las actuaciones previas y posteriores al desastre, así como los mecanismos de coordinación institucional ante una situación de emergencia de gran magnitud. Cada nuevo requerimiento busca reconstruir con detalle el flujo de información y de órdenes entre los distintos niveles de la administración pública y las autoridades locales, desde la emisión de alertas hidrológicas hasta la gestión de los avisos, intervenciones y comunicaciones realizadas durante y después de la catástrofe. Según reportó el medio, la investigación permanece abierta y en proceso de recopilación de material probatorio de cara a determinar posibles responsabilidades en la gestión de una emergencia con saldo trágico para el territorio valenciano.

En el contexto de la reunión mantenida en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la gestión de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, Avelino Mascarell, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco, mencionó en su declaración judicial que se llegó a proponer un encuentro telemático con los alcaldes de los municipios afectados. Sin embargo, detalló que dicha comunicación no se pudo realizar debido a la falta de cobertura, como quedó recogido por el medio informado en la cobertura de la investigación. Bajo este contexto, Mascarell precisó quiénes ejercieron realmente la coordinación y abordó de forma directa la responsabilidad de los altos cargos políticos durante la crisis.

Según la información difundida por el medio, Mascarell compareció como testigo ante la jueza de Catarroja, que dirige la investigación sobre la gestión de la dana, episodio en el que se examinan las actuaciones de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, ambos en calidad de investigados. Durante su intervención, el testigo afirmó que la atención de los responsables en el Cecopi no se centró en el entonces presidente autonómico Carlos Mazón, sino que fue la consellera Pradas quien asumió la coordinación. Según palabras de Mascarell recogidas por el medio, "los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. El señor Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".

El relato de Mascarell ante la autoridad judicial incluyó los detalles sobre su actuación el día de la dana. Explicó que cerca de las 14 horas recibió una llamada de Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, quien le informó sobre la intensidad de las precipitaciones en la zona y le solicitó refuerzos. Tras trasladar esta información a José Miguel Basset, exjefe de Bomberos, recibió una segunda llamada del primer edil de Utiel, reiterando la petición de personal. Mascarell decidió entonces desplazarse hacia Utiel, aunque todavía no tenía conocimiento de la convocatoria del Cecopi.

La ruta del responsable de bomberos cambió cuando, durante su trayecto hacia Utiel, Basset le llamó para indicarle que no acudiera allí, ya que se iban a reunir en L’Eliana en el Cecopi. Mascarell se dirigió entonces directamente a ese lugar, donde se centralizaba la coordinación de la emergencia.

En su declaración, Mascarell se refirió también al primer mensaje ES Alert que fue enviado a la población a las 20:11 horas. Indicó que en el Cecopi se abordó la necesidad de recomendar a la población subir a las plantas altas debido al riesgo de inundación, aunque relató que no recordaba quién lo propuso. Cuestionado sobre por qué ese consejo concreto no se incluyó en el mensaje, el testigo respondió que desconocía el motivo y reafirmó que ignoraba si existía alguna duda jurídica sobre esa recomendación. Volvió a insistir en que no sabía por qué la instrucción se cambió por la de “eviten desplazamientos”.

Consultado sobre si Mazón jugó algún papel operativo durante la gestión de la emergencia, Mascarell reiteró ante la jueza, según recogió la fuente, que la coordinación recayó en la consellera de Justicia e Interior y descartó cualquier protagonismo o responsabilidad directa del entonces presidente de la Generalitat. En relación a la falta de comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, Mascarell detalló que la reunión telemática propuesta no llegó a realizarse debido a problemas de cobertura. También fue interrogado acerca de si otras personas habrían realizado intentos de contactar con los alcaldes, a lo que respondió con un “A mí nadie me mandó faena”. La jueza, en ese momento, observó que su testimonio apuntaba a una posible falta de dirección dentro del dispositivo de coordinación.

Las declaraciones de Mascarell se dan en el marco de una investigación judicial en la que tanto Salomé Pradas como Emilio Argüeso están siendo investigados por el manejo y respuesta institucional ante la catástrofe de la dana del 29 de octubre. De acuerdo con el medio, la instrucción judicial busca esclarecer el proceso de toma de decisiones y la cadena de mando durante la gestión de la emergencia, así como si existieron responsabilidades o posibles fallos en el sistema de comunicación y alerta a la población.

El testimonio de Mascarell, recogido por el medio, ha puesto de relieve el funcionamiento interno del Cecopi durante la crisis, centrándose en las dinámicas de colaboración, las comunicaciones entre autoridades municipales y consellers, así como los procedimientos adoptados para emitir alertas y coordinar la respuesta de los equipos de emergencia.

En el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe provocada por la dana en la provincia de Valencia, la jefa de prensa de Carlos Mazón, Maite Gómez, detalló ante la jueza que la información proporcionada sobre los movimientos del expresidente en la jornada del 29 de octubre se fundamentó en deducciones internas y no en datos verificados por el equipo de comunicación. Esta declaración se produjo en calidad de testigo ante el juzgado de Catarroja, el cual estudia el comportamiento de los cargos públicos durante los eventos que resultaron en 230 víctimas mortales. Según reportó el medio que da origen a la información, Gómez explicó que la reconstrucción de los pasos del entonces presidente se realizó a partir de estimaciones consideradas lógicas por el gabinete de prensa.

Durante su comparecencia, Gómez indicó que tanto ella como su equipo informaron “por lógica” sobre la presencia de Mazón en el Palau en determinados momentos, sin contar con constancia efectiva de los horarios ni de su localización precisa en la tarde en la que se produjo la riada, señalan los reportes difundidos por diferentes plataformas de noticias. La declaración surgió a raíz de las preguntas respecto a los diferentes comunicados emitidos oficialmente desde la Generalitat sobre el paradero de Mazón en esa jornada crítica. A este respecto, la jueza cuestionó la veracidad de la información trasladada a los medios, remarcando la falta de confirmación directa con el expresidente.

El procedimiento judicial cuenta con dos personas investigadas: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso. La testigo precisó que la mañana del 29 de octubre la pasó junto a Mazón, hasta finalizar la agenda oficial, cuyo último compromiso fue una reunión con representantes sindicales. Posteriormente, Gómez permaneció trabajando en el Palau de la Generalitat hasta las 17:30. Según su testimonio, en ese lapso desconoce el paradero exacto del expresidente, quien se encontraba almorzando junto a la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. El relato fue recogido en el proceso por la jueza, según detalló el medio que cubre el caso.

Sobre el resto de la tarde, Gómez explicó que no mantuvo conversaciones vinculadas a la emergencia con persona alguna, a excepción de Francisco González, aunque subrayó que los temas tratados no estaban relacionados con la riada. Según consignó la prensa que accedió a la declaración judicial, la jefa de prensa recibió pasadas las 19:45 una notificación desde la Secretaría de Presidencia para que acudiera de vuelta al Palau, lugar desde donde partirían hacia L’Eliana, hasta el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi). Gómez señaló que no se le detalló el motivo de ese desplazamiento y asumió que Mazón también estaría presente.

Al describir su trayecto, Gómez relató que optó por tomar un taxi hasta las proximidades de las Torres de Serrano, ya que la situación del tráfico le impedía llegar más lejos. Desde ese punto, esperaba ser recogida para dirigirse, junto con el entonces presidente, al destino previsto. La testigo narró que una vez en el vehículo, mientras cruzaban el puente, todos los pasajeros recibieron la alerta Es Alert en sus teléfonos móviles, alertando sobre la emergencia en curso durante la jornada del 29 de octubre, según publicó el medio original.

Esta declaración se integra en la instrucción del caso que busca esclarecer el papel desempeñado por los responsables públicos durante el desastre natural y el manejo de la información dirigida tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación. El interrogatorio buscó profundizar en los sistemas internos de comunicación de la Generalitat Valenciana y la verificación de los datos sobre la actividad del expresidente, dada la relevancia de transmitir información precisa en el contexto de una emergencia de gran magnitud. La jueza valoró la credibilidad del testimonio aportado, considerando las decisiones tomadas por el equipo de prensa sobre la base de supuestos y deducciones en ausencia de confirmación directa de los hechos, según informaciones recogidas por el medio que cubre el proceso judicial.

La reserva de agua almacenada en los embalses de España ha subido a 46.494 hectómetros cúbicos, lo que representa un 83% de su capacidad total, situando este índice como el más elevado para una semana de febrero desde hace treinta y nueve años. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su perfil en la red social X, la combinación de lluvias intensas y sistemas meteorológicos de alto impacto ha contribuido a un inicio de año excepcionalmente húmedo, constituyendo un fenómeno que solo cuenta con precedentes en 1996.

Entre el 1 de enero y el 25 de febrero, la España peninsular acumuló 234 litros por metro cuadrado de precipitación, el doble del volumen considerado habitual para este periodo, según consignó la AEMET. El organismo resaltó que el dato convierte a estos dos primeros meses de 2024 en los más lluviosos desde hace veintiocho años, sin considerar los tres días restantes de febrero aún pendientes de cómputo, lo que podría incrementar las cifras registradas.

La entidad meteorológica detalló que desde el 29 de diciembre de 2023 se han sucedido once sistemas de depresión aislada en niveles altos (DANA) y borrascas de gran impacto, que se presentaron de manera casi consecutiva. Según publicó la AEMET, estos fenómenos han impulsado el récord de precipitaciones y el nivel de agua acumulada en los embalses hasta cotas inusuales para esta época del año.

El nivel actual de almacenamiento hídrico refleja un cambio relevante con respecto a temporadas recientes marcadas por la sequía y la escasez de recursos en distintas cuencas hidrográficas. El medio AEMET subrayó la singularidad de alcanzar el 83% de la capacidad de los embalses en febrero, dado que durante años anteriores los porcentajes resultaron significativamente inferiores por la falta de lluvias sostenidas.

La organización especificó que la cantidad de lluvias recogidas no solo superó en un 100% el promedio habitual, sino que se vio reforzada por la frecuencia y la magnitud de los sistemas atmosféricos que atravesaron la península. Según los registros difundidos por el organismo, los embalses no habían alcanzado una cifra tan alta en esta semana del año desde hace casi cuatro décadas.

La acumulación de agua en los pantanos representa un elemento clave para asegurar el abastecimiento y la gestión de los recursos hídricos en territorio español. Mientras tanto, los registros actuales dan cuenta del notable impacto de la serie continua de borrascas y DANA, que según remarcó la AEMET, han modificado de manera significativa la situación hidrológica nacional en el arranque de 2024.

La Agencia Estatal de Meteorología concluyó su balance provisorio advirtiendo que los tres días finales de febrero podrían elevar aún más los valores históricos, consolidando un periodo de lluvias excepcionales y una reserva de agua que destacan entre los registros más elevados de los últimos cuarenta años.

A medida que las redes sociales comenzaron a difundir información falsa sobre la magnitud y consecuencias de la dana que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, Paco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, recibió la instrucción directa de la entonces consellera Salomé Pradas de contactar a la televisión pública valenciana para potenciar la comunicación oficial y advertir a la población sobre la importancia de no hacer caso a los rumores. González relató ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia que, tras esa conversación, tomó contacto con la cadena pública, la cual difundió de inmediato las actualizaciones oficiales provenientes del servicio de emergencias '112'. Esta acción buscó reforzar las advertencias a la ciudadanía y contrarrestar la propagación de bulos, con el objetivo de preservar la seguridad pública.

Según consignó el medio original, González compareció como testigo ante la magistrada encargada de esclarecer los hechos relacionados con la gestión de la catástrofe, que dejó un saldo de 230 personas fallecidas. Durante su declaración, el responsable de Comunicación explicó que mantuvo comunicaciones tanto con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como con la exconsellera Pradas a lo largo de la jornada crítica. A la pregunta de la jueza sobre el contenido y tono de dichas conversaciones, González precisó que tanto Mazón como Pradas mostraron en todo momento un “tono de trabajo”, en el que primaban la responsabilidad y la coordinación ante la emergencia.

González detalló ante la jueza que la mañana de la dana mantuvo un primer contacto telefónico con Salomé Pradas, alrededor de las 11:00 horas. El fin de esa conversación habría sido recabar información de primera mano que permitiera preparar adecuadamente la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno valenciano prevista en el Palau de la Generalitat. En ese intercambio, según publicó el medio original, se repasaron distintas incidencias vinculadas al temporal y se reiteraron las recomendaciones de precaución dirigidas a la ciudadanía.

En la segunda comunicación entre González y Pradas, que tuvo lugar a las 18:26 horas, la entonces consellera alertó sobre el inicio de la circulación de bulos y desinformación acerca de la catástrofe. Pradas solicitó explícitamente que desde la dirección de Comunicación se gestionase el flujo de informaciones oficiales a través de la televisión pública autonómica, subrayando la necesidad de ofrecer datos verificados a la población para evitar confusión y exposición a peligros. El propio González confirmó que, tras esa petición, se comunicó directamente con la televisión valenciana, donde encontró total predisposición para difundir los partes oficiales, según relató a la magistrada.

La tarde del mismo día, González también estableció contacto por teléfono con Carlos Mazón, quien entonces era presidente de la Generalitat. El director general subrayó ante la jueza la actitud profesional mostrada en esa llamada, definiendo el tono como propio de una situación de trabajo intensa y con sentido de la responsabilidad. “Hay un tono de trabajo, de responsabilidad, de estar encima de las cosas”, precisó González, de acuerdo con lo consignado por la fuente original. El director general recalcó la similitud en la actitud mostrada por Mazón y Pradas durante las conversaciones, remarcando la coordinación e intercambio constante de información relevante entre los equipos de gestión ante la urgencia de los acontecimientos.

El procedimiento judicial en curso mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a Emilio Argüeso, quien ocupaba el puesto de número dos en la consellería. La instrucción busca determinar el grado de acierto y diligencia en la gestión de la emergencia, especialmente en lo que respecta a la transmisión de información y las decisiones adoptadas para minimizar el impacto del desastre.

De acuerdo con lo reportado por la fuente original, González sostuvo ante la autoridad judicial la importancia de mantener canales informativos claros y oficiales en momentos críticos. La comparecencia tuvo especial foco en el papel de la comunicación institucional y la respuesta que se dio a la proliferación de rumores en redes sociales, un aspecto identificado como factor relevante en el nivel de ansiedad y confusión social tras la riada.

Con las declaraciones de González, el juzgado sigue recopilando testimonios que ayuden a establecer una secuencia precisa de los hechos y evaluar la respuesta institucional ante una crisis sin precedentes en la región. El avance del proceso judicial continuará aportando nuevas perspectivas sobre el operativo y la transmisión de información en aquella jornada marcada por la emergencia y el elevado número de víctimas, según detalló el medio original.

La responsabilidad por la ausencia de comunicación con personas en situación de especial vulnerabilidad, como las usuarias del servicio de teleasistencia durante la emergencia de la dana en Valencia el 29 de octubre de 2024, figura como uno de los elementos centrales de la investigación judicial por parte de la jueza de Catarroja. Según lo publicado por el medio, la jueza sostiene que la falta de avisos directos provocó que nadie llegara a alertar a quienes dependían de este sistema, lo cual agrava la valoración sobre el manejo institucional de la crisis por parte de las autoridades autonómicas.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la magistrada que supervisa la instrucción por la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales esa jornada en la provincia de Valencia, remite un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que subraya una notoria carencia de coordinación y cooperación entre las diversas consellerias, haciendo foco especialmente en la ausencia total de órdenes emitidas desde la Conselleria de Justicia e Interior, gestionada entonces por Salomé Pradas, quien figura como investigada. En este informe detallado, la jueza examina comunicaciones oficiales entre los departamentos implicados y determina que Justicia e Interior no trasladó a ninguna otra conselleria instrucciones o información sobre cómo actuar frente a una emergencia de tal magnitud, según consta en las respuestas remitidas por las administraciones interrogadas.

El medio también reporta las declaraciones de los departamentos autonómicos especialmente implicados en la gestión de la emergencia. En el caso de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, las autoridades confirman que no recibieron solicitudes de cooperación ni peticiones para adoptar medidas concretas, y que tampoco existió comunicación alguna desde los organismos centrales encargados de la gestión de crisis. Como resultado, no se emitió ninguna respuesta operativa. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca indicó que no figura en sus registros ninguna petición para cooperar o proteger a la ciudadanía durante las inundaciones fatales, de acuerdo con la comunicación oficial del subsecretario, según consta en el informe judicial citado por el medio.

En relación a la Conselleria de Medio Ambiente, la jueza identifica igualmente un vacío organizativo, pues detecta que no existieron directrices sobre cómo proporcionar medios humanos para la vigilancia y control de los cauces de agua que representaban un riesgo. Esto reveló una falla sistémica en la supervisión de los puntos más vulnerables durante las horas críticas de la dana, según detalla el medio.

El área de Servicios Sociales, de la cual dependía el sistema de teleasistencia, también aparece en el informe sin registro alguno de órdenes concretas u orientaciones sobre la emergencia. El medio señala que la jueza recalca, además, el comportamiento de la consellera responsable, que participó solo parcialmente –y de manera telemática– en la reunión clave del Cecopi, abandonando el encuentro para asistir a un acto de entrega de premios, y dejando la coordinación en manos de un subordinado. “La comunicación a personas vulnerables, como las usuarias de teleasistencia fallecidas, es obvio que no existió. Nadie les advirtió. La función de la teleasistencia también es alertar, no sólo recibir solicitudes de ayuda”, afirma la magistrada citada por el medio, sobre la base de que una gestión y coordinación adecuada habría permitido prevenir víctimas al contactar directamente a estos usuarios.

La magistrada, conforme a la información difundida por el medio, interpreta que esta cadena de fallos institucionales recae también en el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por la función de mando y coordinación que le atribuye la legislación autonómica en situaciones de emergencia. La exigencia era movilizar todos los recursos y forjar nexos efectivos entre los órganos de gobierno, según expone en su razonamiento elevado al TSJCV. Sostiene que resulta contradictorio acusar a entidades externas de falta de colaboración e información, cuando la propia administración valenciana omitió establecer pautas y dirigir órdenes precisas a áreas como Agricultura, Educación y Servicios Sociales, que ostentan competencias clave para la protección ciudadana durante catástrofes, según lo publicado por el medio.

La exposición judicial subraya que la Conselleria de Educación tenía una responsabilidad particular ante la movilidad de menores y la seguridad de padres, docentes y alumnos. La jueza ejemplifica la gravedad de la decisión de no suspender las clases con las muertes ocurridas, entre ellas la de un menor y sus padres que fallecieron al recoger al niño en su centro escolar, así como la del director del IES de Chetes, todos víctimas directas de las riadas, conforme detalla el medio. Resalta, además, la diferencia con otras instituciones educativas como la Universitat de Valencia, que sí decretaron la suspensión de actividades académicas, medida que en opinión de la juzgadora pudo haber evitado algunas tragedias.

El informe subraya la falta de interacción entre el presidente autonómico y los titulares de las diferentes consellerias durante el episodio de máxima gravedad, señalando que Carlos Mazón permaneció en un reservado de un restaurante durante las horas críticas, donde firmaba documentos en lugar de establecer y liderar un centro de coordinación operativo, según reportó el medio.

El documento remitido al TSJCV y recogido por el medio concluye con una relación de deficiencias operativas constatadas: la ausencia de órdenes interdepartamentales, la pasividad en la adopción de medidas preventivas y la inacción en la protección de colectivos vulnerables. La jueza considera que estas omisiones representan un elemento fundamental para determinar las responsabilidades institucionales derivadas de la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.

La petición formulada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para la imputación de Carlos Mazón, expresidente de la región, constituye el avance más reciente en la investigación judicial sobre la gestión de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que azotó la provincia de Valencia en octubre de 2024 y provocó la muerte de 230 personas. De acuerdo con la publicación del PSOE, este paso representa para las víctimas de las inundaciones y para el conjunto de la comunidad valenciana un acercamiento hacia la obtención de justicia. Según reportó el PSOE en un comunicado, consideran a Mazón como el principal responsable político de la tragedia y expresaron que “Mazón no es el único, pero sí es el máximo responsable político de una gestión negligente que costó vidas”.

El medio detalla que la jueza responsable de la investigación solicitó formalmente la imputación del expresidente ante el alto tribunal valenciano. Desde la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, se exigió públicamente al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que retire a Mazón del acta de diputado autonómico y lo aparte de la vida política regional. Los socialistas sostienen que, pese a las numerosas contradicciones ofrecidas desde que ocurrieron las inundaciones —incluida la referencia a una “dimisión falsa” y el aforamiento que, consideran, protege a Mazón gracias al respaldo del PP— la investigación judicial podría derivar en consecuencias legales personales para el exmandatario regional.

El comunicado del PSOE también hizo hincapié en los actos concretos atribuidos a Mazón durante la emergencia. Los socialistas relatan que durante la noche de la catástrofe, el expresidente se encontraba en el establecimiento conocido como el Ventorro y, pese a que se habían confirmado varias víctimas mortales y se estaban realizando rescates de emergencia, él se marchó a su domicilio a dormir pasada la una de la madrugada. Según publicó el PSOE, esa conducta evidencia, en su opinión, una falta de diligencia y de compromiso con la ciudadanía en uno de los momentos más críticos que vivió la región.

Por otra parte, el PSOE denuncia que el Partido Popular, bajo la dirección de Feijóo, ha mantenido a Mazón como diputado y, por tanto, aforado, lo que según la formación socialista supone un blindaje político y una recompensa tras lo ocurrido. El partido califica dicha protección parlamentaria como una “verdadera indignidad” y subraya la necesidad de asumir responsabilidades políticas inmediatas. En ese sentido, remarcan que el líder de la oposición nacional debe actuar, retirando a Mazón de su escaño y reclamándole su acta para evitar convertirse en “cómplice” de la situación.

Según consignó el medio, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, manifestó desde la Cámara Baja que la decisión de la jueza de Paiporta representa “el primer paso” hacia el ejercicio de las responsabilidades que, en su opinión, Mazón eludió cuando presidía la Comunidad Valenciana. López criticó la continuidad de Mazón en el cargo durante más de un año a pesar de las circunstancias señaladas. “Estoy convencido de que al final la verdad se va a abrir paso y esa verdad exige responsabilidades. Y la mayor es la de Mazón”, afirmó López según difundió el PSOE.

La investigación judicial sobre estos hechos responde a las muertes y daños humanos ocurridos por la DANA entre el 17 y el 20 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Los procesos de rescate y atención de víctimas, así como la gestión política y administrativa del desastre, figuran entre los principales ejes bajo análisis por parte de la magistrada a cargo del caso. Según distintas comunicaciones difundidas por el PSOE, los socialistas consideran que el aforamiento que mantiene Mazón debe eliminarse para que la justicia pueda actuar “sin obstáculos” y que la sociedad valenciana reciba una respuesta adecuada ante el nivel de afectaciones sufridas.

El impacto de las inundaciones, que dejaron cientos de fallecidos y un alto número de damnificados, ha situado el debate en torno al desempeño de las instituciones regionales y la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. La actuación personal de Mazón, enfocada en este caso por la acusación política como determinante, genera una presión sobre la dirigencia nacional del PP para revisar su apoyo y resguardar la imagen institucional, según interpretan los socialistas.

El medio destacó la insistencia del PSOE en que todas las versiones y explicaciones ofrecidas por Mazón desde octubre han sido contradictorias o insuficientes a su juicio. Además, el partido exige que la posible protección legal derivada del aforamiento no obstaculice el avance de la causa judicial, subrayando que la decisión de la jueza aumenta las expectativas de una resolución que, según el propio comunicado socialista, requiere no solo una respuesta legal, sino también una asunción inmediata de responsabilidades políticas por parte de todos los implicados.

Las afirmaciones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre cifras de víctimas mortales supuestamente superiores a las oficialmente reconocidas han generado preocupación judicial en la provincia de Valencia. La jueza encargada de la causa por las inundaciones mortales ocurridas el 29 de octubre de 2024 en Valencia ha calificado de "falta de respeto" a la memoria de las víctimas la difusión de teorías que hablan de centenares de muertos no contabilizados. Según informó Europa Press tras consultar el informe elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la magistrada sostiene que estas versiones, que estiran los datos desde 500 hasta 1.000 fallecidos o incluso más, carecen de fundamento y perjudican tanto a las víctimas reales como a sus familiares.

En su exposición razonada, la jueza insiste en que los 230 fallecidos originados por la tragedia han sido identificados y sus circunstancias precisadas caso por caso. Según publicó Europa Press, la magistrada expone de forma detallada cómo ocurrieron los fallecimientos: en domicilios particulares, garajes, accidentes en desplazamientos y en la vía pública. Para cada caso, argumenta que fue posible emitir avisos a la población que pudieron prevenir las consecuencias fatales. La omisión de esta alerta se convierte, a juicio de la instructora, en un elemento clave para investigar eventuales responsabilidades.

El documento remitido al TSJCV solicita una investigación contra el expresidente de la Generalitat y actual diputado, Carlos Mazón, así como contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso. Según consignó Europa Press, la petición de la jueza se basa en lo que considera una "inactividad negligente", que describe como "grosera", en la gestión de la crisis por parte de los cargos con capacidades de decisión al más alto nivel.

La jueza diferencia los distintos grados de responsabilidad: por un lado, identifica presuntas negligencias en la coordinación y manejo de la emergencia en los llamados niveles dos, cero y uno, correspondientes a la consellera y el secretario autonómico, respectivamente, pero insiste en que estas no desvirtúan la "absoluta pasividad" y "ajenidad ante la gravedad de lo sucedido" que detecta en el ámbito de la Presidencia de la Generalitat. Según detalla Europa Press, el informe subraya la falta de coordinación entre diferentes consellerias y argumenta que este déficit justifica una investigación por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

El texto remitido al tribunal reitera con énfasis que las teorías sobre centenares de víctimas no reconocidas distorsionan el verdadero alcance de la tragedia y desinforman a la opinión pública. La magistrada considera que la permanencia de tales rumores es "especialmente grave" cuando proceden de personas implicadas en el procedimiento judicial. Alertó además de que difundir datos ficticios en este contexto contribuye a la confusión social y diluye la atención sobre las responsabilidades reales. "Frente al dolor permanente por la pérdida real de las vidas, pretenden situar al mismo nivel una fantasmagoría en la que centenares de muertos y desaparecidos no contabilizados se sumarían a los reales", indicó la jueza, citada por Europa Press.

El análisis judicial subraya que la generación y propagación de cifras infladas no solo constituye una falta de rigor, sino que afecta la labor de esclarecimiento de los hechos y el respeto debido a las víctimas y sus allegados. Según reportó Europa Press, la jueza solicita al TSJCV que investigue a los principales responsables políticos por no haber actuado con la diligencia necesaria, considerando que de acuerdo con la normativa vigente, el presidente tenía capacidad de ordenar y coordinar acciones inmediatas, así como de dictar instrucciones desde organismos como el Cecopi y consellerias involucradas.

El estudio incluido en la exposición razonada enfatiza que los fallecimientos se distribuyeron en distintos momentos, no todos en la misma jornada de la gota fría, y destaca que la evaluación individual de cada caso es esencial para evitar confusiones generadas por cálculos globales sin base real. Además, la magistrada subraya que la "parálisis" en la toma de medidas entre las instancias responsables revela una gestión insuficiente de la emergencia.

La jueza expresa que la omisión de alertas y la falta de actuaciones concretas y oportunas carecen de justificación, ya que cada escenario contaba con vías legales y técnicas para la intervención. Señala, asimismo, que la normativa contemplaba la posibilidad de emitir mensajes de emergencia de forma coordinada para minimizar riesgos y daños a la población, algo que, según su informe, no se hizo de manera eficaz ni coordinada.

La gravedad de las acusaciones vertidas por la magistrada, siempre según los datos obtenidos por Europa Press, reside en que apunta directamente a la máxima autoridad del gobierno autonómico como responsable de la falta de respuesta. Esta perspectiva se centra en la imputación potencial no solo por omisiones puntuales sino por una dinámica generalizada de inacción al frente de la gestión de la crisis.

Con respecto a los datos y cifras oficiales, la jueza concluye en su informe que solo la lista concreta de las 230 víctimas, depurada y comprobada, debe considerarse como válida en la causa judicial, descartando tajantemente las versiones infladas que circulan en el espacio público y reiterando que estas teorías contribuyen a desvirtuar el proceso de memoria y justicia que corresponde a los afectados por la tragedia. Europa Press difundió el texto de la magistrada, quien insiste en mantener el foco en el esclarecimiento de responsabilidades y en el respeto a los fallecidos y sus familias en todas las fases de la investigación.

Gabriel Rufián, representante de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, resaltó la magnitud de las consecuencias generadas por la gestión del expresidente valenciano Carlos Mazón durante el episodio meteorológico extremo que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, enfatizando que 230 personas perdieron la vida durante aquellas inundaciones. En declaraciones recogidas por los medios, Rufián consideró pertinente la apertura de investigaciones judiciales y expresó que, desde su perspectiva, Mazón debería enfrentar consecuencias penales. El medio consignó que Rufián afirmó en los pasillos del Congreso: “Es un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas, qué menos que acabe en la cárcel”.

Según publicó la prensa, la jueza que instruyó el caso de la dana en Catarroja propuso oficialmente la investigación de Mazón. El medio informó que esta propuesta consiste en una exposición razonada dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se solicita examinar la posible responsabilidad del expresidente autonómico por lo que la magistrada calificó como “inactividad negligente” durante la catástrofe. La petición se dirige al TSJCV porque Mazón mantiene su condición de aforado al no haber renunciado a su escaño como diputado en las Cortes Valencianas.

Tal como detalló la publicación, la decisión judicial surge tras analizar los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, cuando intensas lluvias derivaron en riadas que afectaron gravemente a varias zonas de la provincia de Valencia. En ese contexto, la jueza consideró que la actuación, o la falta de acción, por parte de Mazón podría haber tenido un peso determinante en el alcance de los daños personales y materiales registrados.

Según informó el medio, la figura del aforamiento de Mazón implica que cualquier procedimiento judicial en su contra debe tramitarse ante el tribunal superior autonómico. Este privilegio, reconocido mientras ostente la condición de parlamentario en las Cortes Valencianas, impide que la causa continúe en un juzgado ordinario. Esta circunstancia ha motivado que la exposición razonada de la jueza se canalice al TSJCV, donde se decidirá si procede o no investigar al exjefe del ejecutivo valenciano por presuntos delitos asociados a su pasividad ante la crisis.

El medio también detalló que la intervención de Rufián refuerza la presión política sobre el caso, sumándose a voces que demandan responsabilidades institucionales por la magnitud de la tragedia. La afirmación del portavoz de ERC subraya la dimensión de la pérdida de vidas humanas y la percepción de que se produjeron fallas graves en la gestión del desastre natural.

Con la presentación de la exposición razonada, el procedimiento queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá analizar los argumentos de la jueza y considerar si existen indicios suficientes para iniciar una investigación formal sobre la gestión de Carlos Mazón durante uno de los temporales más severos en la historia reciente de la región valenciana.

El seguimiento judicial de este caso se produce mientras persisten demandas ciudadanas de esclarecimiento y posibles responsabilidades por los daños sufridos. Según consignó la prensa, las diligencias propuestas por la jueza y el respaldo de voces parlamentarias como la de Rufián refuerzan la expectativa de que los hechos anteriores al 29 de octubre y las acciones de los responsables políticos sean analizados en detalle por los órganos competentes.

La tramitación de esta solicitud y la valoración que efectúe el TSJCV podrían marcar un precedente en materia de responsabilidad institucional ante fenómenos meteorológicos de gran impacto y las consecuencias de la gestión pública frente a emergencias de carácter excepcional.

En el informe enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la jueza a cargo de la investigación sobre la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) en Valencia afirmó que la ausencia de alertas emitidas oportunamente incrementó de manera determinante el número de muertes. Según la magistrada, los decesos de al menos 230 personas, cifra que podría sumar una víctima más en estudio, podrían haberse evitado adoptando medidas esenciales como la difusión temprana del sistema ES-Alert. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la instrucción sostiene que a las 17.20 horas ya existía un borrador del mensaje de alarma en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), presentado por el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, y que su emisión inmediata habría permitido salvar vidas.

Tal como reportó Europa Press, la jueza explica que el contenido diseñado para el ES-Alert recomendaba a la población trasladarse a pisos altos y evitaba permanecer en zonas bajas o garajes, debido al riesgo evidente de inundación de al menos dos metros. Esta advertencia pretendía proteger a quienes se encontraban en áreas vulnerables, dado que parte de la emergencia se derivó precisamente de la acumulación súbita de agua en plantas bajas y sótanos. La magistrada describe de manera individual la identidad y circunstancias de fallecimiento de cada una de las víctimas confirmadas.

En la exposición razonada, la instructora señala que la omisión en la emisión de la alerta de emergencia a tiempo resultó del exceso de consultas jurídicas para determinar si la emisión de un mensaje preventivo podía implicar alguna vulneración de derechos fundamentales. Según consignó Europa Press, el equipo del Cecopi solicitó asesoramiento a la Abogacía de la Generalitat en pleno desarrollo del episodio meteorológico. La jueza califica de innecesaria esta demora administrativa, argumentando que la duración estimada de las indicaciones preventivas era mínima y no suponía restricción a la libertad de circulación, mientras que el potencial de reducción de víctimas era, en sus palabras, “altísimo, si se enviaba con prontitud y con un contenido certero”.

Asimismo, el informe judicial desacredita los argumentos de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien defendió no haber conocido la existencia del ES-Alert hasta las 20.00 horas. Europa Press informó que la magistrada documentó, por declaraciones y pruebas, que el sistema estaba desde tres horas antes completamente disponible y operativo, y no requería autorización estatal adicional. El documento precisa que la emisión tecnológica del mensaje llevó apenas 2,36 segundos una vez ordenado, lanzándose finalmente a las 20.11 horas, seguido de otro comunicado a las 21.27 horas.

La jueza realizó un análisis del proceso de toma de decisiones, apuntando que desde que se propuso el envío del ES-Alert sobre las 17.20 horas hasta su emisión transcurrieron casi tres horas completas, periodo en el que la cifra de fallecidos ya habría superado un centenar y rozaba los 200. Entre los factores que demuestran la intervención de responsables políticos, consignados por Europa Press, se señala que Pradas ejerció un control directo sobre el contenido final del mensaje. En registros de audio disponibles, la exconsellera insiste en verificar personalmente el texto a publicar: “antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver”. Además, un funcionario declaró que Pradas facilitó el texto manuscrito que debía transcribirse y que no permitió el envío hasta que no contara con su aprobación.

El informe de la jueza indica que la actuación administrativa implicó que, según el testimonio recogido por Europa Press, “se estuvieron de brazos cruzados” hasta recibir una orden expresa para la emisión de la alerta. El proceso de consulta incluyó también a la figura del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según la exposición, existen elementos que acreditarían su “exclusión voluntaria” en las funciones propias de la Presidencia durante la gestión de la emergencia, lo que, en palabras de la jueza, “tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo”.

En la documentación mencionada por Europa Press, la jueza analiza los registros de llamadas y mensajes durante el episodio, proporcionados por Mazón y su equipo. Se indica que la primera conversación con Pradas se produjo a las 17.37 horas, alrededor de tres horas después de que el presidente se reuniera en un restaurante, sin constancia de que hubiera realizado gestión alguna respecto a instrucciones, coordinación o convocatoria del Cecopi en ese intervalo. El registro de comunicaciones revela, de acuerdo con la información reportada por Europa Press, que el jefe de gabinete José Manuel Cuenca influyó sobre Pradas, transmitiendo mensajes por WhatsApp como ‘De confinar nada, Salo’, en los que rechazaba directamente la posibilidad de incluir en el ES-Alert restricciones más estrictas.

La jueza adjuntó en su informe el intercambio de mensajes entre Pradas y Cuenca desde las 17.01 horas, donde la consellera transmitía su preocupación por la situación de cerca de cien personas bloqueadas en Utiel, así como la dificultad de acceso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) debido a las condiciones meteorológicas. Teniendo en cuenta la relación de confianza y la posición jerárquica de Cuenca, dice la magistrada, toda decisión de Pradas en ese contexto debía considerarse fruto de instrucciones directas y no simples recomendaciones.

Por otra parte, según detalló Europa Press, la jueza sostiene que la exconsellera Pradas conocía previamente al envío de la alerta el grado de riesgo en barrancos y zonas susceptibles de inundación, especialmente tras recibir informes sobre amenazas hidrológicas en el barranco del Pollo, el embalse de Forata y el curso del río Magro. Los documentos que obra en el sumario prueban, según la jueza, que ni la intensidad ni el alcance del riesgo eran desconocidos por los responsables del dispositivo.

En el análisis lingüístico y jurídico incluido en el informe, Europa Press indica que la magistrada considera que ni la redacción elegida para el ES-Alert, ni su eventual aplicación, chocaban de forma relevante con derechos ciudadanos, dado que la duración de la restricción era extremadamente limitada y el contenido servía únicamente para recomendar salvaguardas ante la crecida del agua.

El texto sostiene que el proceso de decisión mostró una falta de determinación y agilidad que, a juicio de la instructora, diferenció la gestión de esta dana de episodios anteriores similares, donde la rapidez de las alertas condicionó positivamente la minimización de daños y víctimas. Las recomendaciones consignadas en el informe incluyen un llamado a investigar formalmente tanto a Mazón como a otros responsables por la presunta omisión de medidas y la falta de coordinación durante un evento declarado como emergencia extrema.

Según lo documentado por Europa Press, los hechos investigados vuelven a situar en debate las competencias, responsabilidades y protocolos de los cargos políticos y técnicos en situaciones de riesgo colectivo, con la magistrada poniendo el foco en el impacto real de la dilación administrativa frente a la urgencia de acciones inmediatas valiéndose de todas las herramientas tecnológicas disponibles para la protección ciudadana.

El paso de la jueza de instrucción de Catarroja de trasladar la investigación sobre la actuación de Carlos Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha sorprendido a los colectivos de damnificados por la dana del 29 de octubre de 2024, quienes han señalado que prefieren analizar detalladamente los argumentos presentados antes de avanzar una valoración definitiva. Según consignó Europa Press, esta decisión deriva de la apreciación inicial de una posible "inactividad negligente" del ex jefe del Consell en la jornada en que se produjo la barrancada, con resultado de 230 víctimas mortales, más otra persona cuya situación sigue en estudio.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la jueza justifica llevar el expediente al TSJCV en función de la situación política de Mazón, quien, pese a haber dejado la presidencia de la Generalitat, mantiene el acta de diputado en Les Corts, por lo que la competencia pasa al alto tribunal de la Comunitat Valenciana. En la causa también figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su antiguo segundo de abordo, Emilio Argüeso, ambos por su papel en la gestión del episodio.

Las asociaciones que agrupan a los afectados han manifestado que reciben este desarrollo con cautela, evaluando tanto la inesperada naturaleza del procedimiento como la necesidad de que la instrucción conserve el rigor mostrado hasta la fecha. Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, indicó a Europa Press que las familias y sus representantes legales no esperaban que la jueza elevara el expediente a la Sala de lo Civil y Penal en este momento, de ahí la preferencia por "mantener cautela a la espera de conocer bien los motivos" de la instructora. Álvarez expresó, además, que Mazón debía haber declarado de forma voluntaria ante el juzgado, tal como la magistrada le había solicitado en repetidas ocasiones. Subrayó la confianza de la asociación en la labor realizada hasta ahora por la jueza de Catarroja, a cuya gestión otorgó plena credibilidad.

La Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 ha coincidido en la confianza en el desarrollo riguroso de la instrucción y reiteró la esperanza de que la justicia mantenga el compromiso mostrado, puesto que, según expresaron al medio Europa Press, hasta ahora el gobierno autonómico "ha decepcionado" las expectativas de los damnificados. Esta agrupación no se pronunció sobre las decisiones judiciales ni anticipó resultados, aunque sí insistió en la necesidad de que, en calidad de máximo responsable político durante la emergencia, Mazón se hubiera presentado de forma voluntaria ante el juzgado para aportar su versión y asumir posibles responsabilidades por las decisiones y omisiones del 29 de octubre de 2024.

Las asociaciones insisten en señalar que, si bien la responsabilidad penal quedará en el ámbito judicial, subsisten responsabilidades políticas que, desde su perspectiva, Mazón y otros miembros del entonces ejecutivo autonómico no han afrontado plenamente. Según argumentan los colectivos de afectados, Mazón continúa como diputado, situación que lo sitúa bajo el amparo del actual gobierno de Pérez Llorca, al igual que sucede con otros integrantes del Consell de la pasada legislatura, como Rovira, Camarero o Barrachina.

Tal como detalló Europa Press, la investigación sobre la catástrofe se centra en las posibles omisiones y decisiones tomadas por los responsables políticos en la gestión de la emergencia, analizando si existió una falta de respuesta adecuada ante la gravedad de la situación, lo que derivó en el elevado número de fallecidos. En este contexto, la judicatura considera que debe ser el TSJCV quien asuma el análisis de la posible implicación penal de Mazón, dada su condición de aforado.

El procedimiento es observado de cerca por los colectivos de víctimas, que aspiran a que ningún cargo público quede fuera del escrutinio judicial y administrativo por su actuación durante el episodio de la dana. Las agrupaciones enfatizan tanto la necesidad de que la investigación mantenga su rumbo como la importancia de que las resoluciones judiciales sirvan para clarificar si hubo responsabilidades individuales o colectivas en la cadena de decisiones que marcaron la gestión de la emergencia. A la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre la admisión del expediente, las víctimas y sus familiares siguen la evolución del caso con vigilancia y moderada expectativa, según relató Europa Press.

Rafael Pérez, quien ejerció como secretario de Estado de Seguridad y ocupó la jefatura de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta el 28 de mayo de 2025, será convocado para comparecer ante la comisión del Senado encargada de investigar la gestión política de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana). La decisión de citarlo se vincula a la ampliación de los trabajos del organismo, tras la aceptación de diversas propuestas presentadas por el partido Vox, que han recibido el aval del Partido Popular —mayoritario en la Cámara Alta—, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la comisión de investigación del Senado adoptó esta determinación en la tarde del martes. En la misma sesión, la comisión accedió también a llamar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ambas convocatorias responden a solicitudes expresas de Vox, que impulsa la revisión y el análisis de actuaciones relacionadas con la gestión y respuestas a los efectos de la dana.

La figura de Rafael Pérez ha estado ligada al núcleo de decisiones sobre seguridad en el Ministerio del Interior desde su nombramiento como secretario de Estado, el 17 de enero de 2020. Previamente, Pérez se desempeñó como jefe de gabinete del ministro Grande-Marlaska, lo que lo situó en una posición de relevancia en la estructura administrativa durante los episodios críticos derivados de la dana. Abandonó el cargo el pasado 28 de mayo, esgrimiendo motivos personales. Su sucesora en el puesto es Aina Calvo, quien ocupa en la actualidad la secretaría de Estado de Seguridad.

Tal como publicó Europa Press, la solicitud de comparecencia de Pérez se inserta dentro de la serie de iniciativas que buscan depurar responsabilidades y esclarecer decisiones que se adoptaron durante y después de los episodios provocados por la dana en diferentes ámbitos administrativos y territoriales. El respaldo del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, ha resultado determinante para la aprobación de la propuesta promovida por Vox.

La comisión investiga distintos aspectos vinculados a la gestión de la dana, analizando tanto la toma de decisiones políticas como administrativas, así como la coordinación entre organismos implicados. Con la citación de Rafael Pérez y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo refuerza el objetivo de incorporar testimonios clave para entender la cadena de mando y la respuesta institucional ante la emergencia.

Europa Press detalló que estas comparecencias forman parte de una fase de ampliación de los trabajos de la comisión, que prevé abordar exhaustivamente responsabilidades y actuaciones de las distintas autoridades y entidades afectadas por la dana. La comparecencia de Rafael Pérez se considerará especialmente relevante, dado el papel que desempeñó en la estructura de seguridad del Estado en el momento de los hechos investigados.

El cronograma de la comisión y las fechas definitivas para estas comparecencias serán definidos en las próximas sesiones, de acuerdo a la metodología habitual de la Cámara Alta y según lo detallado por las mismas fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press. La investigación en el Senado continúa reuniendo documentos, testimonios y análisis para determinar eventuales deficiencias o aciertos en la gestión política y técnica durante el episodio meteorológico de la dana.

La jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición de motivos en la que solicita la imputación de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat aforado por su condición de diputado autonómico, según confirma esta institución en redes. La magistrada ha remitido una exposición razonada de 109 páginas, a la que ha tenido acceso Infobae, en la que aprecia indicios para extender la investigación al exdirigente por su posible responsabilidad penal en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.

Este se convierte en el primer paso que la instructora da para que se llegue a la imputación del expresident, tras más de un año de investigación. Hasta este momento solo se encontraban en esta situación la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso. La decisión llega tras más de quince meses de diligencias en las que han declarado más de 500 testigos y peritos dentro de un procedimiento que investiga 230 homicidios imprudentes y múltiples lesiones imprudentes.

Esto no quita que el nombre de Mazón ha estado casi desde el principio rondando por la instrucción, en el que la jueza ha querido saber el papel que tuvo el 29 de octubre de 2024. En este tiempo, al expresident se le ha ofrecido declarar de forma voluntaria en dos ocasiones —la primera en marzo de 2025 y la última en septiembre de ese mismo año—, las dos rechazadas.

En el documento remitido al TSJCV, la magistrada sostiene que la investigación no puede limitarse a los dos altos cargos ya investigados y que debe extenderse al entonces presidente de la Generalitat por su posición dentro de la estructura jerárquica de la Administración autonómica y por las funciones que tenía atribuidas en materia de protección civil. La jueza subraya que la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, ya que había sido anunciado con días de antelación y también se había previsto la jornada de mayor intensidad en la que se produjeron la práctica totalidad de las víctimas mortales.

Las versiones de Carlos Mazón

Los testimonios recabados hasta ahora han ido cuestionando la versión ofrecida por Carlos Mazón sobre su actuación el día de la DANA. Las últimas declaraciones corresponden a los tres escoltas y al chófer que le acompañaron aquella jornada, cuyos relatos difieren del aportado por el asesor que estuvo con él en el Cecopi esa noche.

Según este asesor, Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 19:30 y permaneció allí durante 25 minutos. Sin embargo, los escoltas sitúan su llegada en torno a las 19:50, señalando que abandonó el edificio hacia las 20:00 con destino al Cecopi.

Estas comparecencias buscan aclarar qué hizo el presidente en una jornada de la riada en la Comunitat Valenciana. La cronología de los hechos ha sido objeto de especial atención en los últimos meses, en los que han trascendido mensajes enviados —y no enviados— por Mazón durante su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. En uno de ellos apuntaba que “igual” se dirigiría al Cecopi hacia las 19:00 del 29 de octubre, aunque finalmente llegó a las 20:28.

La instructora considera especialmente relevante la ausencia del entonces presidente en los momentos decisivos de la emergencia y sitúa en esa falta de actuación uno de los elementos que sustentan los indicios de negligencia. En el auto sostiene que la gravedad de la situación iba en aumento en gran parte de la provincia mientras Mazón permanecía al margen del centro de decisión pese a que podía intervenir normativamente.

En este sentido, la jueza rechaza que el expresident pueda ampararse en la actuación de cargos inferiores o en el criterio de los técnicos. Según recoge el auto, al que ha tenido acceso este periódico, quien dirige una organización jerarquizada que afronta una emergencia no puede adoptar una posición subordinada respecto a un miembro de su propio gobierno, en referencia a la consellera responsable de Emergencias. La magistrada sostiene que Mazón asumía de facto la dirección de la crisis y tenía capacidad para impartir instrucciones a los miembros del Consell, por lo que no puede situar la responsabilidad exclusivamente en los escalones inferiores de la Administración.

El documento remitido al Tribunal Superior incorpora además el análisis individualizado de las 230 víctimas mortales investigadas en el procedimiento, con la descripción de las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos a efectos de determinar su posible relación con la gestión de la emergencia.

“Parece que las cosas son más graves de lo que parecen”, expresó Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco (PNV), al comentar la solicitud formal de investigación penal contra el exmandatario de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según informó el medio que publicó la noticia, las declaraciones de Vaquero evidencian una reacción inmediata de diversos portavoces tras conocerse el movimiento judicial encabezado por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien ha pedido la imputación de Mazón por su gestión durante la dana.

De acuerdo con la información que consignó el medio, representantes tanto del PNV como de Bildu consideran que Mazón debe dejar su escaño en las Cortes Valencianas. Maribel Vaquero, en declaraciones recogidas a su llegada al hemiciclo del Congreso, subrayó la gravedad de los hechos y solicitó que el exmandatario asuma responsabilidades inmediatas. Por su parte, Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de Bildu, manifestó: “Hace muchísimo tiempo que debería haber dejado su escaño”, enfatizando que, a juicio de su grupo, la permanencia de Mazón en el parlamento valenciano resulta insostenible tras la petición judicial.

El procedimiento penal que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra surge como consecuencia de la gestión de la dana por parte de la Generalitat Valenciana en el periodo en que Mazón ostentaba la presidencia regional. El medio detalló que la jueza ha solicitado expresamente la imputación del exmandatario autonómico, lo que incrementa la presión sobre este para que abandone su cargo parlamentario. La decisión judicial refuerza las críticas de los grupos nacionalistas y de izquierda en la Cámara, quienes insisten en la necesidad de asumir responsabilidades políticas de manera inmediata.

El caso ha estado en el centro del debate político desde que se conoció la solicitud formal de la magistrada, hecho que, según informó el medio, reavivó el reclamo de responsabilidad política que el PNV y Bildu mantienen frente a la gestión pasada de la Generalitat. La intervención de la jueza Ruiz Tobarra ha sido considerada por los partidos opositores como un elemento determinante que exige respuestas claras y la asunción de consecuencias institucionales por parte de Mazón.

Según publicó la fuente original, ambas portavoces parlamentarias señalaron que, frente al avance del procedimiento penal, la única salida viable para Mazón es la renuncia a su escaño. La portavoz del PNV destacó que la gravedad de lo ocurrido supera las expectativas iniciales y remarcó la importancia de la labor judicial para clarificar los hechos. Por otra parte, la representante de Bildu sostuvo que la salida del exmandatario del parlamento responde a una reclamación prolongada relacionada con la gestión de la dana y con la exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos.

El medio indicó que tanto el PNV como Bildu reiteraron la necesidad de que la investigación judicial sobre la gestión de la dana siga su curso sin obstrucciones políticas. En su intervención, Vaquero hizo hincapié en la función de fiscalización que corresponde al parlamento y en la imprescindible separación de poderes para asegurar que cualquier responsabilidad derivada de la gestión pública sea debidamente depurada tanto a nivel penal como político.

La reacción de ambos grupos vino acompañada de una petición explícita para que el resto de formaciones representadas en las Cortes Valencianas respalden la exigencia de dimisión y favorezcan la transparencia en las actuaciones relacionadas con la investigación penal. Según reportó el medio, tanto PNV como Bildu consideran necesario recuperar la confianza ciudadana mediante acciones concretas en materia de ética institucional y rendición de cuentas.

El desarrollo del caso y la petición de imputación por parte de la jueza mantiene en vilo tanto a la opinión pública como a la actividad parlamentaria valenciana, en un contexto en el que la exigencia de responsabilidad política y judicial sobre la gestión de la dana se ha convertido en un asunto central del debate institucional.

La titularidad de diputado en Les Corts de Carlos Mazón determina que cualquier investigación judicial en su contra dependa directamente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Según informó el TSJCV a través de su cuenta en la red social X, la magistrada responsable de la instrucción sobre la tragedia del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha remitido una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal de dicho tribunal, con el propósito de solicitar que se analice la posible responsabilidad de Mazón en la gestión de la emergencia. La catástrofe, provocada por intensas lluvias, causó la muerte de 230 personas y ha despertado amplias demandas de esclarecimiento sobre el manejo de la situación por parte de las autoridades autonómicas.

El medio TSJCV detalló que la magistrada de Catarroja toma esta decisión en el marco de la investigación sobre la gestión política y administrativa de las riadas que afectaron gravemente a la provincia de Valencia. La exposición razonada constituye un paso formal para que el tribunal superior valore si procede abrir una investigación formal contra quien hasta hace poco ostentó el cargo de president de la Generalitat.

En este procedimiento judicial continúan como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso. Tal como publicó el TSJCV, estos dos responsables ocupaban cargos clave en la estructura del Govern valenciano durante los días críticos en los que se produjeron las riadas.

La competencia sobre Mazón recae en el TSJCV debido a su escaño en Les Corts, pese a haber dejado la presidencia de la Generalitat. Este estatus le otorga el fuero especial ante el citado tribunal, lo que obliga a la jueza instructora a elevar la causa para que el órgano judicial superior decida sobre su posible implicación y, en su caso, tome decisiones sobre la continuación de las indagaciones.

La investigación, activa desde poco después de la tragedia, se ha centrado en analizar la actuación institucional, las decisiones adoptadas ante las alertas meteorológicas y la gestión de los recursos de emergencia. Según consignó el medio TSJCV, la jueza ha venido recopilando pruebas documentales y testimonios, así como analizando protocolos de actuación y coordinación entre las distintas áreas de la administración autonómica y local.

En el contexto de las diligencias, el papel desempeñado por Pradas y Argüeso ha sido objeto de especial escrutinio, dado que desde las áreas de Justicia e Interior se coordinan tanto los cuerpos de seguridad como los servicios de emergencia y protección civil. La investigación pretende determinar si existieron omisiones, retrasos o fallos que hayan podido contribuir al elevado número de víctimas mortales.

De acuerdo con el TSJCV, al elevar la exposición razonada la magistrada cumple el procedimiento establecido cuando existe un posible aforado en la causa. Este trámite no implica una acusación formal, sino que abre la vía para que la Sala de lo Civil y Penal del tribunal analice los hechos y valore si existen indicios suficientes para una investigación penal.

Conforme avance la causa, el TSJCV irá trasladando nuevos detalles sobre la decisión del tribunal respecto a Mazón y sobre la posible ampliación de responsabilidades. Por el momento, la instrucción mantiene como imputados a Pradas y Argüeso, mientras el foco se traslada hacia una posible vinculación de Mazón con las decisiones tomadas durante la catástrofe del 29 de octubre, cuyas consecuencias siguen bajo examen judicial.

El estudio batimétrico más reciente sobre l’Albufera identifica aportes masivos de sedimentos procedentes del sur, especialmente desde el barranco del Poyo, tras la riada del 29 de octubre de 2024. Esta transformación reciente en la composición y morfología del fondo ha acentuado el proceso de colmatación del lago, generando preocupación entre autoridades y expertos acerca de la pérdida progresiva de profundidad y sus consecuencias sobre la biodiversidad, la calidad del agua y los usos tradicionales, como la pesca y la navegación. El informe, presentado por la Vicepresidencia Tercera y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en colaboración con la Universitat Politècnica de València, expone que la acumulación de sedimentos se ha acelerado, obligando a plantear nuevas estrategias de gestión y restauración del entorno de l’Albufera.

Según detalló la Generalitat en un comunicado, las acciones derivadas de la reciente batimetría muestran que el fondo medio del lago se ha elevado 9,7 centímetros en los últimos veinte años. Este incremento representa un 12,89% respecto a los niveles registrados en 2003 y equivale a un volumen estimado de más de 2,16 millones de metros cúbicos de sedimentos depositados. El proceso de sedimentación ha acelerado especialmente tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) a finales de octubre de 2024, que agravó la acumulación de materiales y llevó a una reducción de la profundidad media del lago: de los 0,74 metros de 2003 se ha pasado a 0,66 metros en 2025.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, señaló durante la presentación del informe que la evolución de l’Albufera exige intervenciones inmediatas para garantizar la calidad del agua, la preservación de especies y las actividades sociales y económicas ligadas al entorno. Martínez Mus insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones ante problemas que no distinguen fronteras institucionales y destacó que el grupo de trabajo específico constituido junto con el Gobierno central busca orientar las próximas acciones en el área.

Según informó la Generalitat, el estudio batimétrico de 2025, elaborado en colaboración con la Universitat Politècnica de València, mejora significativamente los datos disponibles en el análisis de 2003 al registrar más de 728.000 puntos muestreados, frente a los 76.000 de hace dos décadas. Este aumento en la densidad de las muestras ha permitido obtener una imagen más precisa del estado actual, evidenciando la persistencia e intensidad del fenómeno de acumulación de sedimentos.

Con base en los datos recogidos, la tasa media de sedimentación anual se sitúa en 4,41 milímetros, en línea con los registros recientes, aunque eventos extremos como la DANA incrementan de manera significativa el ritmo de colmatación. El informe advierte que, en el escenario más desfavorable para el nivel del lago, cerca de 22 hectáreas —casi el 1% de la superficie— ya presentan una profundidad insuficiente para la navegación tradicional, indicando una tendencia hacia la pérdida de condiciones aptas para usos históricos y productivos.

Martínez Mus resaltó que se han invertido 100 millones de euros en el parque natural y en los municipios ribereños para evitar vertidos tras las riadas y retirar residuos, incluidos aquellos considerados peligrosos, lo que evidencia la prioridad asignada a la protección del humedal. También enfatizó la importancia de adoptar principios de gestión basados en la ciencia, la transparencia y la anticipación para evitar la degradación irreversible de l’Albufera. “Gobernar es basarse en evidencia”, manifestó el conseller, quien planteó la necesidad de ajustar las políticas de prevención y fortalecer la corresponsabilidad institucional.

Según recogió la Generalitat, la Conselleria plantea como medidas clave el desarrollo de infraestructuras hidráulicas que limiten el arrastre de sedimentos, restauraciones ambientales en barrancos estratégicos y la mejora continua de la calidad del agua, además del seguimiento técnico constante de la evolución del vaso lagunar. En casos concretos, también se contempla la realización de dragados selectivos donde sea necesario, decisión que se fundamenta en los datos y patrones identificados en la batimetría actual.

Durante la presentación, el conseller insistió en que la protección de l’Albufera implica el resguardo tanto de la biodiversidad como de las aves migratorias y la continuidad del paisaje cultural, fuente de sustento para numerosas familias. Además, advirtió que los episodios meteorológicos extremos pueden acelerar procesos de llenado del lago con sedimentos procedentes, por ejemplo, del barranco del Poyo, como sucedió en la DANA de octubre de 2024. En ese episodio, destacó la gestión eficiente de las compuertas de las golas y la coordinación hidráulica, lo que permitió evacuar una parte significativa de los materiales hacia el mar y reducir el potencial impacto negativo sobre la morfología del lago.

El evento de presentación del informe contó con la participación de representantes institucionales y expertos, como el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, y el catedrático de Cartografía Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València, Josep Pardo. Tal como publicó la Generalitat, el balance de dos décadas evidencia la transformación en el ecosistema de l’Albufera y exige replantear la hoja de ruta de gestión, dando prioridad a los humedales en las políticas de adaptación al cambio climático.

La comisión mixta constituida entre la Generalitat y el Gobierno central, además de crear un grupo de trabajo enfocado exclusivamente en l’Albufera, continuará supervisando y diseñando actuaciones que permitan restaurar y preservar el equilibrio ecológico del parque natural. Según Martínez Mus y el equipo técnico, anticipar y mitigar los efectos de futuros episodios climáticos extremos figura entre los principales retos de la administración para evitar cambios irreversibles en la estructura y funcionalidad del lago, según reportó la Generalitat.

Los registros hidrológicos obtenidos el 29 de octubre de 2024 indicaron que el caudal del Barranco del Poyo alcanzó un nivel considerablemente superior al habitual, llegando a cuadruplicar o incluso quintuplicar el volumen del río Ebro, según el testimonio de la experta meteoróloga Victoria Roselló durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la riada que provocó 230 víctimas en la provincia de Valencia. Tal como informó el medio À Punt, Roselló afirmó que estos valores anómalos estaban disponibles en tiempo real en el sitio web de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde las 15:40 del día del desastre, aportando evidencia sobre la magnitud del fenómeno y la posibilidad de haber actuado preventivamente.

Roselló, quien ejercía como jefa de Meteorología de À Punt durante el temporal, explicó al Congreso que el aumento del caudal se detectó de manera clara a través de los sensores de la CHJ. De acuerdo con la información proporcionada por À Punt, la meteoróloga subrayó que esta información se podía consultar libremente y que “han fallado muchas cosas pero la información estaba a disposición de cualquiera, esto es incontestable”. Ante la comisión, Roselló argumentó que, aunque no existen métodos para evitar la aparición de una depresión aislada en niveles altos (DANA), sí había mecanismos suficientes para alertar a la población de la gravedad del riesgo y reducir su exposición.

Según publicó À Punt, desde la madrugada del 29 de octubre ya se registraban lluvias significativas en la comarca de La Ribera, intensificándose con el paso de las horas y trasladándose a Utiel-Requena y, finalmente, al entorno del Barranco del Poyo, escenario del desbordamiento. Roselló relató que antes del mediodía algunos municipios resultaron incomunicados y que a primera hora se procedió al corte total de la circulación en la autovía A7 y posteriormente en la A3, lo que evidenciaba la expansión del episodio de lluvias extremas.

En su intervención recogida por À Punt, la meteoróloga resaltó que los modelos meteorológicos ya alertaban días antes sobre la posibilidad de precipitaciones extremas, con pronósticos que apuntaban hasta 420 litros por metro cuadrado y un “peligro de riadas muy elevado”. Roselló se remontó al 25 de octubre, fecha en la que el equipo de meteorología de À Punt comunicó a la dirección del canal autonómico la necesidad de informar sobre la situación de riesgo inminente para el día 29, insistiendo en que “desde días antes se sabía que era una situación muy peligrosa”.

La experta añadió que los datos de AVAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología, ofrecían información en tiempo real procedente de 800 estaciones meteorológicas repartidas por la Comunidad Valenciana, como detalló el medio À Punt. Adicionalmente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido el primer aviso de nivel rojo a las 7:36 de la mañana para la zona de Horta Sud, extendiéndose poco después a toda la provincia, según señaló Roselló ante los diputados. Dicho nivel de alerta representa el máximo grado de riesgo para la integridad personal según la escala de avisos nacionales.

À Punt informó que la transmisión en directo y los datos disponibles a través de las plataformas de la televisión autonómica brindaron a la ciudadanía un acceso inmediato a la información meteorológica crítica durante todo el episodio. Roselló manifestó que su advertencia pública, realizada a las 15:20 del mismo 29 de octubre, consistió en pedir a la población que evitara salir de sus viviendas, perspectiva sustentada por las lluvias intensas detectadas en la cabecera del Barranco del Poyo y por el caudal acumulado en los barrancos afluentes.

Según consignó el medio À Punt, Roselló hizo hincapié en que la alerta hidrológica para el Poyo ya se había activado a las 12:30, considerando que la situación en ese punto requería especial vigilancia. Después de una disminución temporal, las lluvias volvieron a intensificarse hacia Chiva, el origen del Barranco del Poyo, en las primeras horas de la tarde, lo cual incrementó el volumen de agua y agravó el peligro de desbordamiento.

Roselló recordó que, hacia las 14:00, las precipitaciones acumuladas en Utiel superaron los registros existentes para la famosa “pantanada de Tous”, teniendo como consecuencia un rápido flujo de agua hacia el Río Magro. Durante la comparecencia, citó al jefe de Climatología de AEMET, José Ángel Núñez, quien en À Punt advirtió esa mañana que “el riesgo de riadas es muy grande en la costa, porque está yendo precipitaciones históricas en la sierra”, agregando que el agua que desciende por los barrancos podría arrastrar vehículos.

La experta insistió ante la comisión en que, en función del conocimiento de la geografía local y la información disponible en tiempo real, “con un conocimiento mínimo de geografía, ya se sabe que va a haber una inundación”, según reportó À Punt. Roselló cuestionó que existieran discrepancias entre las previsiones emitidas y las declaraciones posteriores de la Generalitat, aclarando que desde el equipo de meteorología de À Punt nunca anunciaron que la DANA se desplazaría hacia la Serranía de Cuenca después de las 18:00.

Según la especialista, la divulgación a tiempo de las alertas y la adopción de medidas como la restricción de la movilidad o el cierre de instalaciones públicas, tal como hicieron la Universidad y la Diputación, hubieran podido evitar parte del impacto humano de la catástrofe. Roselló aseguró que “a primera hora de la tarde deberían haber enviado un mensaje contundente... Fue un tsunami y la gente era inconsciente de lo que se venía”.

El medio À Punt publicó que Roselló abogó por una mayor cultura de atención y respuesta ante avisos meteorológicos, tanto en la ciudadanía como en las autoridades. Explicó que las alertas suelen asociarse a un “umbral mínimo” de precipitación pero que los valores reales pueden rebasarlo con creces, pudiendo superar los 700 litros por metro cuadrado, por encima de los 180 litros por metro cuadrado previstos inicialmente.

Los testimonios recabados por À Punt indican que las herramientas para detectar episodios meteorológicos de riesgo estaban activas y disponibles, incluyendo la cobertura informativa de la televisión pública valenciana, datos en tiempo real proporcionados por AVAMET y la AEMET, y los sensores de la CHJ. La información, según los testimonios aportados en el Congreso, permitió prever un escenario de peligro inminente a partir del 25 de octubre, constatándose el día 29 con registros hidrológicos extraordinarios que anticipaban el desbordamiento fatal del Barranco del Poyo en Valencia.

De acuerdo con la resolución judicial, la magistrada que supervisa la investigación sobre la gestión de la gota fría que azotó la provincia de València el 29 de octubre de 2024, causando 230 víctimas mortales, solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) el historial completo de llamadas del teléfono corporativo del chófer asignado al entonces presidente Carlos Mazón. El objetivo de esta petición es determinar con precisión a qué hora durante la tarde de esa jornada el conductor recibió la instrucción para regresar antes de dirigirse al Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integral en l’Eliana. La medida surge tras confirmarse la conformidad del testigo principal, el propio chofer, quien ofreció detalles sobre los acontecimientos en su declaración ante el juzgado, ocurrida el viernes anterior a la solicitud, según consignó el medio original.

El medio informó que, según el testimonio aportado por el conductor, el sistema de alerta Es-Alert, enviado a la población a las 20:11 del 29 de octubre, se activó mientras él y el entonces presidente se encontraban todavía en València y no habían llegado a l’Eliana, su destino programado. El chófer relató en sede judicial que tras finalizar la jornada sobre las 19:00, tenía planeado ir a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas, pero el plan cambió cuando recibió una llamada desde la secretaría de Mazón requiriendo que regresara de inmediato al Palau. “Dimos la vuelta y volvimos al Palau”, afirmó el testigo, según la transcripción hecha por el medio.

Los registros de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la comitiva llegó finalmente al Cecopi a las 20:28. La jueza pretende ahora contrastar esos datos con las comunicaciones emitidas y recibidas entre las 19:00 y las 20:00, lapso clave durante el cual se habría producido la llamada fundamental de la directora general de la secretaría de Presidencia, instruyendo el regreso al Palau.

Según detalló el medio, la magistrada requirió que la Letrada de la Administración de Justicia inspeccione el listado extraído del dispositivo móvil corporativo, con el fin de precisar tanto la hora exacta en que el conductor recibió la instrucción de la vuelta al Palau, como el momento en que este avisó al escolta sobre el cambio de planes. Esta labor busca establecer con rigor la secuencia de acontecimientos preámbulo al desplazamiento de la comitiva, información considerada relevante para esclarecer los hechos objeto de la investigación sobre la respuesta institucional durante la emergencia.

El registro de llamadas solicitado, informaron las fuentes judiciales, incluye tanto los contactos entrantes como salientes asociados al teléfono oficial destinado al chófer de Mazón, durante el periodo de revisión marcado por la jueza. Se trata de un paso en la instrucción que responde a la necesidad de constatar las comunicaciones oficiales que pudieron influir en los tiempos de traslado y, en consecuencia, en la gestión de la emergencia.

En el contexto de la investigación, la titular del juzgado de Catarroja tomó la decisión luego de que el conductor explicara bajo juramento que la llamada de la secretaria determinó que no completaran el repostaje de gasolina y retornaran con urgencia al Palau antes de partir hacia el Cecopi. Según lo recogido por el medio de origen, el testimonio del chofer pone el foco en las instrucciones directas recibidas desde el entorno de Presidencia y en la coordinación del dispositivo de traslado en una de las jornadas consideradas críticas.

La revisión de las comunicaciones, solicitada a la DGTIC, pretende aportar claridad sobre el momento exacto en que la instrucción desde la secretaría de Presidencia alteró la ruta programada, lo que podría resultar determinante para establecer la secuencia de actuaciones institucionales y personales previas a la llegada al centro de mando de la emergencia. Tal como publicó el medio, la magistrada confía en que este procedimiento arroje luz sobre los hechos, mientras prosigue el análisis de las actuaciones de los responsables públicos ante la situación extrema generada por el episodio de la dana.

Josep Lacunza, asesor que acompañó a Carlos Mazón al Cecopi la noche de la DANA, ha declarado este lunes en la causa que investiga las 230 muertes que ocurrieron el 29 de octubre de 2024 y ha asegurado que el expresident no llegó al Palau hasta las 19:30, versión que contradice lo declarado por los escoltas que aseguraron que llegó a las 20:00.

También han chocado en el tiempo que pasó allí: Según Lacunza, fueron hasta 25 minutos, pero los escoltas relataron que fueron unos 10 minutos, contradicciones que ha sacado a relucir la propia jueza durante el interrogatorio, según informan fuentes presentes a Infobae.

En su declaración, el asesor ha remarcado que no está del todo seguro de si Mazón llegó a las 19:32 o a las 19:42 al patio gótico, pero sigue siendo casi media hora antes que la versión de los escoltas. Ha negado también que en algún momento de esa tarde informara al expresident de que hubiera “muchos muertos”.

Tres llamadas con Salomé Pradas

Ya en el edificio, se dirigieron al despacho de Mazón juntos, donde las primeras conversaciones fueron por una encuesta del CIS y otros temas relacionados. Entonces el propio Lacunza le advierte de que está habiendo “lio”, porque se acababa de inundar el metro y el expresidente está unos 20-25 minutos hablando por teléfono con diferentes personas, pero ninguna conversación sobre la DANA, según ha explicado.

Si que tuvo una llamada con la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, sobre las 19:45, en la que cree que fue ella quién llamó, en la que ya le indicaron que había un problema con la presa de Forata.

Abandonaron el edificio a las 20:00 y se dirigieron en coche al CECOPI, en cuyo trayecto recibieron el Es-Alert. Durante el viaje cree recordar que Mazón mantuvo dos conversaciones telefónicas con Pradas para decirle que están de camino, que por donde iban a acceder al Centro de Emergencias y vuelven a hablar de la preocupación por la presa de Forata, de que existía una posibilidad de que reventara.

Contradicción con la salida del CECOPI

Una vez llegaron al CECOPI, él se quedó fuera, en la zona de la sala auxiliar, mientras Mazón hablaba con Pradas y Vicente Mompó para que le informaran de la situación, pero de esta conversación no escucha nada. La única conversación en la que participó con Mazón y el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, en la que este último les traslada que hay un problema con las entradas de llamadas del 112 y cree recordar que dice que solo están entrando el 50% de las llamadas porque había caído la central de L´Eliana.

Sobre la hora en la que abandonaron el Centro de Emergencias, ha indicado que fue a las 2:00 de la mañana, lo que ha vuelto a despertar las sospechas de la jueza, al existir una nueva contradicción con los escoltas y el chófer. Este último explicó que llevó a Mazón a su casa y se fue a la suya, que está a unos 10 minutos andando, y llegó a esta última a las 2:00, por lo que las horas vuelven a no coincidir.

La declaración judicial del conductor asignado a Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024 expuso que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana no permaneció en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la emergencia provocada por la DANA, sino que, según el testimonio recogido, ya se encontraba en su domicilio en la madrugada de la catástrofe. A raíz de esta evidencia, el portavoz de Sumar en la comisión de investigación del Congreso, Alberto Ibáñez, perteneciente a Compromís, puso en duda la actuación institucional del expresidente la noche en la que una riada dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Según consignó el medio de comunicación, Ibáñez enfatizó que la declaración judicial del conductor resalta contradicciones en la versión pública ofrecida por Mazón respecto a su localización y responsabilidades aquella noche.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Ibáñez transmitió en un audio difundido por Compromís que Carlos Mazón no abandonó la ciudad de Valencia antes de que sonara el sistema Es-Alert, un mecanismo de emergencia que avisa a la población en situaciones de riesgo. En palabras del portavoz, el testimonio del chófer "ha evidenciado nuevas 'mentiras' de Mazón", señalando que el entonces presidente autonómico no se mantuvo presente y operativo en el Cecopi mientras se desarrollaban las labores de gestión de la crisis. Sumado a esto, Ibáñez apuntó que Mazón "estaba ya en su cama cuando tenía que estar dirigiendo y coordinando la emergencia mientras la gente continuaba desesperada sin saber dónde estaban los suyos", según recogió el medio.

El medio explicó que la actuación de Mazón durante la crisis se encuentra bajo el foco de análisis en la comisión de investigación que el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha, a raíz del impacto devastador de la catástrofe. El 29 de octubre de 2024, la DANA provocó una riada que afectó severamente a la provincia de Valencia, generando una situación de emergencia en la que las autoridades tenían la responsabilidad de coordinar las labores de rescate y asistencia. Según reportó la misma fuente, la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a 230 solo en esa provincia, lo que motivó cuestionamientos sobre la eficacia y la diligencia de la respuesta institucional.

La declaración prestada ante el juzgado por el conductor que operó para Mazón la noche de los hechos constituye una de las piezas clave para esclarecer la cadena de mando y la presencia física de los responsables autonómicos en el centro de gestión de crisis. Según detalló el medio, la información proporcionada en sede judicial contradice la versión anterior defendida por Mazón y por parte de su gabinete, que sostenían que el entonces presidente permaneció en el Cecopi hasta altas horas de la madrugada para coordinar la emergencia.

La declaración pública de Ibáñez, reproducida por la formación política y relatada por el medio, fue formulada tras conocer el contenido de esa comparecencia judicial. Compromís alude a que la gestión comunicativa ofrecida por la Generalitat durante las primeras horas posteriores a la riada no reflejó la realidad de lo ocurrido, y plantea que la ausencia física de su máximo responsable en el centro operativo podría haber influido en la toma de decisiones y la coordinación de recursos. Según detalló el medio, Ibáñez remarcó la importancia de dilucidar todas las circunstancias que rodearon la respuesta de los organismos públicos ante una catástrofe de tal magnitud, considerando que muchos vecinos afectados continuaban sin información sobre la localización de sus familiares durante la madrugada.

La sesión de la comisión de investigación en el Congreso continúa abordando los hechos acaecidos la noche de la tragedia, con especial interés en la forma en que se gestionaron los recursos desplegados y la comunicación entre las distintas administraciones. La relevancia atribuida a la declaración del conductor radica en que proporciona una referencia temporal precisa acerca de la movilidad del entonces presidente y su implicación directa en las labores de gestión. El medio insistió en que la revisión de las actuaciones y los testimonios recabados será determinante para extraer conclusiones sobre las responsabilidades individuales y colectivas en la gestión de la catástrofe.

En paralelo a la investigación judicial, los testimonios como el presentado por el chófer permiten reconstruir con mayor exactitud la secuencia de hechos ocurridos durante la noche del 29 de octubre de 2024, así como determinar hasta qué punto la dirección política estuvo presente en el centro de coordinación, según reportó el medio. Sectoriales y familiares de víctimas continúan requiriendo información precisa y documentación exhaustiva sobre el operativo desplegado, en tanto las labores de reconstrucción y acompañamiento siguen en marcha en las áreas afectadas por la riada.

Según la cobertura difundida, la controversia sobre el paradero y la actividad de Mazón durante la noche señalada mantiene posturas divergentes entre el actual ejecutivo autonómico y los grupos parlamentarios que impulsan la investigación. Al poner sobre la mesa el testimonio del conductor, se refuerza la demanda de transparencia y revisión de protocolos en la gestión de emergencias de gran escala, acentuando la exigencia de responsabilidad institucional frente a los hechos que rodearon la emergencia de la DANA.

La jornada del 20 de febrero marcó un día simbólico para la tripulación del helicóptero ‘Helimer-203’, justo en la fecha establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. Ese viernes, la Fundación A20 Seguridad Aérea entregó el Premio ‘Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti’ a los cuatro rescatistas que, durante la dana, recuperaron con éxito a once personas que se encontraban en situación de riesgo extremo debido a condiciones meteorológicas adversas. Según informó la Fundación A20, el equipo pilotó la aeronave enfrentando vientos huracanados y una visibilidad completamente nula.

El medio reportó que los reconocidos fueron el piloto Francisco Javier Lozano, el copiloto Rodrigo Nieto, el operador de grúa Guillermo Peñuelas y el rescatador Raúl Ares. Durante la operación nocturna, estos profesionales lograron rescatar a los ciudadanos atrapados en aguas turbulentas generadas por la dana, una situación que redujo las posibilidades de supervivencia y puso a prueba los protocolos de seguridad aérea y las competencias de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con la información difundida por la Fundación A20 Seguridad Aérea, la presidenta de la entidad, Pilar Vera, resaltó durante la ceremonia la importancia de distinguir el trabajo de quienes, por vocación y responsabilidad, garantizan la vida en escenarios de emergencia absoluta. Vera expresó que “actuaron con valentía y compromiso con la seguridad aérea en un entorno hostil de aguas bravas, logrando salvar la vida de ciudadanos que ya habían perdido la esperanza de sobrevivir”. Además, destacó que la actuación de la tripulación representa “la esperanza frente a situaciones que otros no enfrentan por incompetencia o negligencia”.

Durante el acto, la presidenta también hizo alusión al significado del premio, al considerar la labor de la tripulación como un ejemplo de “heroísmo humilde y cotidiano”. La Fundación subrayó que la tripulación del ‘Helimer-203’ ha demostrado la capacidad de intervención eficaz ante emergencias bajo condiciones extremas, validando la formación y el entrenamiento en el ámbito de la seguridad aérea. El reconocimiento busca poner de relieve el papel indispensable de estos profesionales en el salvamento de vidas humanas cuando los riesgos superan los límites habituales.

Tal como consignó la Fundación A20 Seguridad Aérea, el acto coincidió con el 20 de febrero, fecha que la OACI ha declarado para recordar a las víctimas de accidentes aéreos y mostrar solidaridad con sus familias. Esta coincidencia dotó a la ceremonia de una dimensión especial, resaltando la necesidad de dotar de recursos y reconocimiento a los equipos que, en situaciones críticas, asumen decisiones complejas para evitar tragedias mayores.

La Fundación también utilizó la ocasión para emitir un mensaje dirigido a instituciones, empresas operadoras y entidades reguladoras. Según expresó la organización, más allá de los homenajes puntuales y los reconocimientos públicos, resulta “imprescindible extraer las causas de las tragedias para corregir los sistemas de seguridad actuales”. Así, la entidad enfatizó la urgencia de analizar en profundidad los incidentes y accidentes, como parte de una estrategia orientada a la mejora constante en los estándares de seguridad aérea y la reducción del riesgo de futuros desastres.

El premio entregado por la Fundación A20 lleva el nombre ‘Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti’, en memoria de quienes perdieron la vida en incidentes relacionados con la aviación, reafirmando la voluntad de la organización de mantener presente la memoria de las víctimas y la necesidad permanente de prevención y formación. Según publicó la Fundación, la trascendencia de los reconocimientos reside no solo en dar visibilidad a la labor de los rescatistas, sino en contribuir a una cultura organizacional en la que la seguridad y el aprendizaje institucional constituyan prioridades absolutas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación A20 Seguridad Aérea, los cuatro miembros del equipo premiado realizaron el rescate en una de las noches consideradas de mayor dificultad operativa del año, caracterizada por vientos de alta velocidad y ausencia total de luz natural. La organización destacó que el operativo no hubiese sido posible sin la coordinación precisa y la concentración mantenida de todo el equipo de vuelo y rescate, lo que permitió salvar la vida de once personas que habían perdido la esperanza de sobrevivir ante el avance de las aguas y la fuerza de los elementos.

La Fundación recalcó en reiteradas ocasiones la profesionalidad y el alto sentido de servicio de los cuatro tripulantes del ‘Helimer-203’, quienes pusieron en práctica técnicas avanzadas de rescate en entornos acuáticos y utilizaron todos los recursos técnicos y humanos a su disposición. Según la organización, estos hechos reafirman la relevancia de invertir en programas permanentes de formación y actualización de procedimientos para las tripulaciones de rescate y salvamento aéreo.

El reconocimiento público a Francisco Javier Lozano, Rodrigo Nieto, Guillermo Peñuelas y Raúl Ares representa tanto una distinción individual como un homenaje colectivo a todos los profesionales del sector que enfrentan situaciones de emergencia en la aviación. La Fundación A20 Seguridad Aérea indicó que estas acciones demuestran la importancia vital de las tripulaciones especializadas en salvamento, capaces de operar bajo presión y condiciones adversas para proteger la vida de las personas en peligro.

En el mismo acto, la presidenta de la Fundación reiteró que cada reconocimiento debe servir también para recordar que la excelencia en los operativos de rescate representa solo una parte de la ecuación de seguridad. Según la entidad, el análisis sistemático de las causas de los incidentes y el aprendizaje organizacional resultan clave para prevenir accidentes y mejorar los procedimientos, con el objetivo de reducir el impacto de futuras emergencias.

Cuando recibió el mensaje de Es Alert a las 20:11 horas, Ricardo García, subsecretario de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana durante la dana que azotó la región, comenzó a buscar información a través de los medios sobre la situación y fue entonces cuando tomó conocimiento de la gravedad de lo ocurrido en la presa de Forata. De acuerdo con la información difundida por el medio original, García compareció ante la jueza que investiga la gestión del desastre y declaró que no tuvo ningún aviso sobre la emergencia hasta ese momento, desvinculándose así de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones durante el episodio que dejó un saldo de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según publicó la fuente, García explicó que su primer contacto sobre medidas a tomar fue una llamada del abogado de la Generalitat, Ignacio Lleó, a las 20:51 horas, aproximadamente cinco minutos después de recibir la alerta. Durante su declaración, García aportó una factura en la que se detallaban las horas exactas de las llamadas que mantuvo el 29 de octubre de 2024, haciendo hincapié en que en esa comunicación no se habló del contenido del Es Alert, ya que la llamada sucedió después de la difusión del mensaje. Detalló que probablemente comentaron sobre posibles restricciones, pero remarcó que por su experiencia previa no habría necesitado asesoramiento para adoptar medidas limitativas de derechos.

García subrayó ante la magistrada que ni Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior e investigada en el procedimiento, ni Emilio Argüeso, también investigado y antiguo número dos de la conselleria, le contactaron ni plantearon en ningún momento la posibilidad de un confinamiento. Sí mencionó una comunicación con Silvia Soria, exjefa de gabinete de Pradas, simplemente para consultar si necesitaban algo desde la Subsecretaría, a lo que le respondieron que se había convocado un Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y que no requerían más apoyo.

El medio consignó que, hasta el momento de recibir el Es Alert, García se encontraba ajeno a la emergencia, más allá de la expectativa por las lluvias intensas anunciadas para esa jornada. Según su testimonio, supo por la alerta que la situación era de gravedad, y a las 21 horas ya era plenamente consciente de la dimensión del problema en la Comunidad Valenciana. Agregó que, como la mayoría de la población, solo tenía constancia de la previsión meteorológica adversa y que por esa razón asistió telemáticamente a una reunión programada en Alicante ese día.

García también recalcó ante la jueza que su papel era de carácter técnico y que, tras los hechos, solo fue llamado por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, para incorporarse posteriormente a las labores de reconstrucción. Detalló que ni siquiera tenía conocimiento de la suspensión de clases hasta pasada la emergencia. Describió el momento en que la alerta le llevó a preocuparse seriamente y recordó imágenes de desbordamientos en puentes de Paiporta y Catarroja.

Al referirse al funcionamiento del Es Alert, García indicó que este sistema llevaba "relativamente poco" tiempo implantado, si bien ya era ampliamente conocido, además de ser descrito por él como la opción más eficaz para informar a la ciudadanía. Según informó la fuente, el exsubsecretario afirmó que no tuvo ninguna conversación previa con Pradas sobre las razones del retraso en la emisión del aviso, alegando además que su relación con ella era escasa y que únicamente conversaron tras los hechos para abordar cuestiones relacionadas con las ayudas y órdenes derivadas de la dana. Sobre Argüeso, sí especificó una relación cotidiana, aunque sin recordar haber hablado con él sobre la emergencia durante esos días.

El mismo día, también declaró ante la jueza el jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo de Emergencias. Esta persona relató, de acuerdo con lo publicado por el medio citado, que la principal preocupación en la mañana del 29 de octubre residía en los avisos meteorológicos que pasaron rápidamente de nivel amarillo a naranja y, posteriormente, a rojo, especialmente en la zona de Algemesí, donde se confirmaban precipitaciones intensas aunque sin inundaciones manifiestas en ese momento.

A medida que transcurría el día, describió una agravación notable de la situación, particularmente en Utiel, donde el barranco del Poyo y la lluvia torrencial causaron una alarma creciente. El testigo recordó que, sobre las 17:30 o 18 horas, el río Magro desbordó en Algemesí, situación que le trajo a la memoria las graves inundaciones del año 2000. Detalló, según consignó la fuente, que las autoridades empezaron a plantear escenarios de emergencia por la situación en la presa de Forata y que Jorge Suárez propuso preparar un escenario 3 y un Es Alert.

El funcionario explicó que el Es Alert funciona mediante una plantilla prediseñada disponible en tres idiomas y limitada a 600 caracteres. Sobre este modelo, los equipos trabajan para adaptarlo a la situación. Manifestó al tribunal que la plantilla del mensaje se envió por correo electrónico a Suárez, pero que el proceso se suspendió porque Suárez instruyó al grupo a dejar de preocuparse por Forata 15 o 20 minutos después, ya que no se confirmaba el escenario 3.

El paso siguiente relevante, conforme relató el testigo a la jueza y reportó el medio original, fue la puesta en marcha del Es Alert a las 20:11 horas. En ese momento, según indicó, todavía faltaba definir el texto exacto y la distribución geográfica del mensaje. Finalmente, se acordó que la alerta debía enviarse a toda la provincia y no únicamente en relación con la presa de Forata. El responsable especificó que no sabe si la decisión partió de Suárez o de Pradas.

El texto del aviso final lo proporcionó Pradas en papel poco antes de las 19:50 horas, según el relato del testigo y la información del medio. Añadió que fue precisamente Pradas quien dio la instrucción de que el mensaje no se enviara hasta recibir una orden directa por su parte.

La instrucción judicial se concentra en esclarecer la cronología de la toma de decisiones y el papel exacto que desempeñaron los distintos responsables en la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, una jornada marcada por la precipitación extrema en numerosos puntos de la provincia de Valencia y el posterior desencadenamiento de una de las mayores tragedias recientes en la región. Las declaraciones recogidas por el medio permiten reconstruir la cadena de información, órdenes y actuación entre los cargos de la Conselleria de Justicia e Interior y la Unidad de Análisis del Riesgo de Emergencias, bajo la supervisión judicial que busca aclarar las posibles responsabilidades en los retrasos y aciertos en el sistema de alertas, así como en las medidas adoptadas en ese episodio.

El reciente cese de José Ángel González como máximo responsable operativo de la Policía Nacional, impulsado por una citación judicial que lo investiga por una presunta agresión sexual contra una subordinada, ha originado nuevas demandas de comparecencia en el Senado español vinculadas a la gestión de la catástrofe provocada por la depresión aislada en niveles altos (dana) que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana. Según detalló Europa Press, representantes del grupo parlamentario Vox han presentado una propuesta que amplía los trabajos de la comisión de investigación y solicita la presencia de altos cargos, incluidos el presidente del Gobierno, ministros responsables de Defensa e Interior, y responsables de emergencias, para examinar las actuaciones políticas y operativas antes, durante y después del desastre que dejó un saldo de 230 víctimas mortales.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la dimisión de José Ángel González se produjo dos días antes de la fecha en que Vox presentó su iniciativa parlamentaria. La renuncia se relaciona directamente con la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que admitió a trámite una querella por presunta agresión sexual y citó a González en calidad de investigado. Esta circunstancia ha motivado a la formación de Santiago Abascal a reclamar la comparecencia del exDAO de la Policía Nacional en la comisión del Senado encargada de la investigación sobre la gestión política del episodio meteorológico extremo ocurrido en la Comunitat Valenciana.

La propuesta de Vox, consignada por Europa Press y fechada este jueves, solicita que, además de González, comparezcan el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, la formación pide que los principales cargos con responsabilidad directa en la gestión política y de emergencias expongan sus actuaciones y decisiones durante los días previos y posteriores a la catástrofe.

La continuidad de José Ángel González en el cargo fue defendida públicamente unos días antes de la tragedia. El 24 de octubre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó en el Senado su intención de mantener a González como director adjunto operativo de la Policía Nacional más allá de la edad de jubilación, que debía cumplirse a finales del mismo año al alcanzar los 65 años. Este nombramiento se consolidó oficialmente el 11 de noviembre, coincidiendo con la publicación del segundo Real Decreto de ayudas a los damnificados por la dana, incluyendo una disposición final que prorrogaba la permanencia de González al frente del puesto.

La petición de comparecencias presentada al Senado por Vox incorpora a una amplia lista de responsables políticos y técnicos con labores de coordinación durante la emergencia. El medio Europa Press reportó que la formación propone llamar también a la exministra Teresa Ribera, al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, así como a alcaldes de diecisiete municipios directamente afectados por las lluvias torrenciales y sus consecuencias.

La lista presentada por Vox incluye también al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos; a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; y a representantes del Consorcio de Bomberos de Valencia. Tal como recogió Europa Press, la propuesta se dirige a clarificar la cadena de mando, la toma de decisiones y la gestión de los recursos materiales y humanos durante la crisis.

Entre los nombres destacados en la propuesta figura la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero. Todos ellos ya participaron anteriormente en los interrogatorios de la comisión, según detalló Europa Press, aunque Vox vuelve a solicitar su presencia para aclarar cuestiones que, a juicio del grupo, continúan sin resolución en el marco del Parlamento.

La catástrofe sucedida a finales de octubre y principios de noviembre de 2024 trajo consigo intensas precipitaciones y graves inundaciones en diversos municipios valencianos. El balance de pérdidas humanas y materiales puso en debate la gestión de las alertas, la eficacia de los dispositivos de emergencia y la coordinación interinstitucional. Según recogió Europa Press, la comisión de investigación del Senado busca determinar la responsabilidad y eficiencia de los protocolos implementados, servicio de emergencias y actuaciones políticas en esos días.

Además de los altos mandos nacionales y autonómicos, la citación se extiende a responsables locales. Vox solicita que comparezcan los alcaldes de diecisiete municipios afectados, con el objetivo de recabar testimonios directos sobre la respuesta a la emergencia, obstáculos en la coordinación y demandas de recursos que hayan quedado sin atender durante la crisis, según recogió Europa Press en la propuesta de ampliación.

Los trámites burocráticos y las decisiones adoptadas poco antes y después de la catástrofe son otro asunto sobre el que introduce preguntas la propuesta de Vox. El medio señala la particularidad de que la prórroga del exDAO de la Policía Nacional se concretó en una disposición final de un decreto de ayudas, un aspecto administrativo que ha despertado interés entre los grupos de la oposición.

Asimismo, la iniciativa de Vox insiste en la necesidad de esclarecer todas las fases de la respuesta institucional, desde la activación de los protocolos de emergencia hasta la gestión posterior de las ayudas, señalando aspectos como la comunicación interna y el tiempo de respuesta de cada uno de los órganos implicados. Según Europa Press, la formación reclama acceder a informes técnicos y testimonios de los mandos operativos que participaron en la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y servicios municipales.

El proceso de revisión parlamentaria, a partir de la propuesta presentada por Vox y consignada por Europa Press, se extenderá a cuestiones relativas a la movilización de recursos de la Unidad Militar de Emergencias, el despliegue de la Guardia Civil y la acción de Protección Civil y los servicios de bomberos durante la catástrofe.

El asunto ha adquirido nueva relevancia tras la salida de González del máximo puesto policial, motivada por la causa judicial pendiente. El desarrollo de la comisión en el Senado queda así marcado por la confluencia de la investigación política sobre la gestión de la dana y la causa penal que afecta al exDAO, cuyos detalles fueron reportados de forma exhaustiva por Europa Press. La solicitud de Vox incorpora tanto la búsqueda de responsabilidades políticas como la demanda de transparencia sobre los mecanismos de actuación durante una de las catástrofes más graves de los últimos años en la Comunitat Valenciana.

La instructora del caso ha solicitado la presentación de la factura telefónica del conductor de Carlos Mazón como parte clave para clarificar la secuencia de hechos durante la tarde del 29 de octubre de 2024 en Valencia, momento en el que se desarrollaba el operativo bajo investigación. Según consignó el medio, la jueza busca confirmar con precisión la hora específica en la que el chófer realizó una llamada al escolta encargado de recoger al exlíder regional, solicitud consignada en una providencia fechada el martes. La finalidad es que la Letrada de la Administración de Justicia incluya formalmente este comprobante como parte de la reconstrucción documental a través de un cotejo.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la medida se produce en el contexto de la prevista declaración del conductor, citada para el 20 de febrero, tras las comparecencias previas de los dos escoltas asignados a Mazón durante los eventos de la gota fría (dana) de ese día. Uno de los escoltas manifestó que Mazón llegó a la sede presidencial —el Palau— aproximadamente a las 19:50 de la tarde y, en ese instante, anunció: “Ahora bajo y nos vamos”. Esta versión coincide con la declaración del acompañante de seguridad, detalló el medio.

El desarrollo de aquella jornada, según las declaraciones recogidas por la fuente, incluyó una serie de movimientos que la jueza pretende esclarecer. Tras las actividades oficiales de la mañana, Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, y los escoltas se dirigieron a pie a un restaurante —identificado como El Ventorro— donde el dirigente comió junto a la periodista Maribel Vilaplana. Una vez allí, Mazón informó a sus escoltas que podían marcharse, por lo que él permaneció solo en el local y el personal de seguridad retornó a la sede de la Presidencia, mientras el coche oficial permanecía estacionado en el Palau.

Los testimonios recopilados señalan que, entre las 19:00 y las 19:15, los escoltas salieron a repostar con sus respectivos vehículos. Fue entonces cuando el chófer de Mazón recibió el aviso para acudir a recogerle, información que transmitió a los escoltas sobre las 19:15-19:20. Posteriormente, Mazón habría regresado al Palau. Según confirmaron ambas fuentes citadas por el medio, los escoltas arribaron sobre las 19:35, mientras que el presidente lo hizo en torno a quince minutos más tarde, llegando cerca de las 19:50. Mazón ascendió a su despacho, comunicó su intención de partir, y tras una breve estancia —descripta como de “muy poco” tiempo—, abandonaron el Palau alrededor de las 20:00 o incluso minutos antes, según consta en las actas judiciales.

Las diligencias que actualmente instruye la jueza cuentan además con la programación de nuevas tomas de declaración a testigos durante el mes de marzo. Según reportó la fuente, el calendario fijado abarca entre el 23 de marzo y el 1 de abril, e incluye comparecencias de peritos, operarios vinculados al servicio de explotación de la presa de Buseo, un bombero forestal y una figura de la coordinación de prevención de incendios forestales, quien tuvo actividad ese día en la sala de emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Tal como destacó el medio, el aporte de la documentación telefónica, la previsión de nuevas declaraciones y la reconstrucción meticulosa de los desplazamientos realizados buscan ofrecer información precisa sobre la gestión de la dana en Valencia y las decisiones adoptadas por los responsables de la administración durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

Águeda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, expresó que nadie elimina "por casualidad" los mensajes del móvil y afirmó que José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del entonces presidente valenciano Carlos Mazón, poseía información crucial sobre las decisiones adoptadas durante las inundaciones en Valencia conocidas como la dana. La parlamentaria señaló que los mensajes de Cuenca podrían ser fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos y la posible responsabilidad política en las muertes e incidentes producidos durante aquellos días, tal como publicó el medio fuente.

De acuerdo con la información difundida por la misma fuente, la magistrada de Catarroja, encargada de la investigación judicial sobre la gestión de la dana, solicitó a las plataformas Whatsapp y Telegram la recuperación de todos los mensajes enviados por Cuenca el día que se produjeron las riadas. La jueza no solo pidió acceso a los chats del grupo de Emergencias, sino a la totalidad de los mensajes correspondientes a esa fecha. Cuenca había reconocido previamente que la mayoría de esos mensajes fueron eliminados por él mismo, asunto que generó sospechas y cuestionamientos sobre el motivo de su supresión.

Según la diputada Águeda Micó, Cuenca habría sido el único que conocía el paradero exacto de Carlos Mazón durante la emergencia, así como la persona al tanto de las acciones que se iban tomando mientras se producían las inundaciones y las víctimas mortales. Este hecho puede resultar clave en el avance de la investigación, porque, según sus declaraciones recogidas por la fuente, el contenido de los mensajes podría establecer la relación causal entre las decisiones políticas y las consecuencias fatales de la dana.

El medio fuente detalló que el grupo parlamentario Compromís recibió con satisfacción la decisión de la jueza. En palabras de sus portavoces, la iniciativa judicial respalda la necesidad de transparencia sobre lo sucedido y abre una nueva vía para obtener respuestas acerca de quién tomó las decisiones y qué información se compartía en los momentos críticos. La formación también manifestó su disposición a continuar exigiendo la rendición de cuentas en la comisión congresual que indaga los hechos vinculados a la gestión de la emergencia.

Por su parte, Alberto Ibáñez, también diputado de Compromís y adscrito a Sumar, manifestó su esperanza de que las plataformas requeridas conserven los mensajes de Cuenca, ya que, en caso de que existan mensajes que no hayan sido eliminados permanentemente, el grupo político solicitará la comparecencia del exjefe de Gabinete por tercera vez ante la comisión del Congreso. El mismo medio consignó que Ibáñez aseveró que el objetivo de Compromís es insistir en la comparecencia de Cuenca cuantas veces sea necesario hasta que se puedan aclarar todas las dudas respecto a la gestión y la comunicación ocurridas durante las inundaciones.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede parlamentaria, los representantes de Compromís subrayaron que su partido no renunciará a sus esfuerzos para conocer los detalles completos sobre la toma de decisiones durante las horas críticas de la catástrofe, enfatizando la importancia del esclarecimiento de los hechos para la sociedad y para las familias afectadas. Insistieron en que la verdad sobre la gestión de la crisis requería de transparencia total y de colaboración de quienes ocuparon cargos de responsabilidad en ese momento.

La investigación judicial sobre la gestión de la dana mantiene abiertos diversos frentes para determinar cómo se actuó antes, durante y después de las riadas que afectaron dramáticamente a varias localidades valencianas. Según indicó el medio fuente, la solicitud de las conversaciones a las plataformas digitales se entiende como un paso relevante para reconstruir la cadena de informaciones, órdenes y decisiones adoptadas en las horas en que se deterioraba la situación. La intención de la jueza con esta medida es verificar potenciales omisiones, negligencias o encubrimientos vinculados con la respuesta institucional a la emergencia.

Los integrantes de Compromís advirtieron que, de no quedar esclarecida la implicación de Cuenca y de otros responsables políticos, recurrirán nuevamente a la vía parlamentaria y judicial para exigir explicaciones. Argumentaron que la comparecencia repetida de Cuenca en la comisión de investigación responde a una demanda social intensa por transparencia y justicia, remitiéndose a comentarios de familiares de víctimas que pidieron una investigación exhaustiva sobre los hechos que derivaron en fallecimientos.

De acuerdo con la información difundida por el medio fuente, la recuperación de los mensajes podría aportar nuevas pruebas para el esclarecimiento de los procedimientos internos en la administración valenciana durante la gestión de la dana, así como para el deslinde de responsabilidades políticas y administrativas en los hechos investigados.

La identificación de los operarios del embalse de Buseo que prestaron servicio durante la dana del 29 de octubre de 2024 ha sido posible gracias al informe elaborado por el director de explotación de esta infraestructura. Según informó el medio, la jueza de Catarroja, a cargo de la investigación sobre la gestión de la emergencia, adoptó la decisión de citarlos como testigos en el proceso judicial aún sin fijar fecha concreta, considerando su relevancia para esclarecer las causas de los fallecimientos y lesiones ocurridos durante el episodio de lluvias intensas.

El medio detalló que, tras constatarse en el informe pertinente que la presa de Buseo —de titularidad exclusiva de la Generalitat— experimentó un desbordamiento por coronación coincidente con la jornada de la dana, la autoridad judicial ha dirigido su atención a quienes operaban la infraestructura en esos momentos. Paralelamente, y tras una solicitud presentada por el partido Ciudadanos, la magistrada ha acordado la citación como testigos de los policías autonómicos que el día 29 de octubre de 2024 ejercían funciones en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde atendían avisos de la población sobre la situación generada por el fenómeno meteorológico adverso. Según publicó el medio, esta decisión se adoptó después de analizar las manifestaciones de los escoltas del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y considerando el ejercicio de la acción popular por parte de la formación política.

Por otra parte, el medio consignó que la jueza denegó la petición de una acusación para recabar nueva información sobre la presa de Forata, incluido un informe sobre la condición de infraestructura crítica por parte del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y la incorporación de documentos y comunicaciones que hicieran referencia a la seguridad de esta instalación. La magistrada fundamentó su decisión en la inexistencia de conexión entre la presa de Forata y los hechos investigados, es decir, los homicidios y lesiones imprudentes atribuidos a la gestión de la dana. Argumentó que la citada instalación no registró colapsos, desbordamientos ni roturas, y recalcó que su funcionamiento no provocó fallecimientos ni lesiones.

El medio reportó que la justicia cuenta ya con sucesivos autos, peritajes y abundante documentación en el expediente que han llevado a descartar cualquier implicación de la presa de Forata en los decesos o daños personales investigados. Refirió la jueza que hasta siete resoluciones han analizado el papel del presidente de la CHJ, subrayando que ninguno de los fallecidos —cuyos familiares están representados por la acusación particular promotora de la prueba— perdió la vida en la cuenca del río Magro, ámbito correspondiente a la presa de Forata. Según detalló la magistrada, este argumento ya fue recogido por la Audiencia Provincial de Valencia para desestimar un trámite probatorio anterior enfocado en esa infraestructura.

El medio especificó que la jueza reiteró en su auto más reciente la importancia de la pronta adopción de medidas de alerta y protección a la población, identificando la falta de dichas acciones como el “elemento determinante” de la elevada mortalidad derivada de la dana de octubre. En el documento judicial, la instructora reflexionó que, pese al evidente riesgo extremo, no se aplicaron con la suficiente rapidez las recomendaciones o instrucciones a la ciudadanía, lo que se tradujo en pérdida de tiempo debido a dudas jurídicas sobre la cobertura legal de esas actuaciones y a un temor a vulnerar derechos fundamentales.

En su resolución, la magistrada precisó que las medidas a implementar durante la emergencia deberían haber incluido recomendaciones y órdenes que no conllevaban una restricción efectiva de la libertad de las personas, ya que su vigencia temporal resultaba limitada, mientras que la ventaja para los ciudadanos hubiese sido significativa si se hubieran comunicado de forma ágil y precisa. Insistió en que la Ley autonómica 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, estipula en su artículo 4, apartados a y b, el derecho de los ciudadanos y entidades a recibir información sobre los riesgos graves y las medidas previstas para afrontarlos, así como instrucciones claras sobre las conductas de seguridad recomendables ante situaciones de peligro colectivo.

A lo largo del proceso, según recogió el medio, la jueza ha subrayado la falta de conexión causal entre los hechos imputados y las solicitudes para ampliar la investigación respecto de la presa de Forata, mientras que las pesquisas se mantienen centradas en la gestión del embalse de Buseo y la respuesta de los organismos de emergencia autonómicos durante las jornadas críticas del 29 y 30 de octubre de 2024.

El 29 de octubre de 2024, en la estación meteorológica de Turís (Valencia) se registraron 771 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas, el segundo registro más alto a nivel nacional desde que los hay. Se batió el récord en una hora (185 litros), en seis horas (621 litros) y en doce horas (720 litros), en los dos últimos casos duplicándose el récord anterior, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y, si no hubiera cambio climático ni calentamiento global, los datos habrían sido otros más bajos. La lluvia que desbordó ríos y arroyos, anegó calles y casas y se llevó por delante 238 vidas fue más violenta y extrema por el aumento de temperatura en el mar.

Un estudio liderado por la Universidad de Valladolid, la Aemet y el CSIC -publicado en Nature Communications-, estima que el cambio climático antropogénico intensificó la tasa de precipitación intradiaria en un 21% y aumentó el volumen total de lluvia en la cuenca del Júcar en un 19%. El área afectada por precipitaciones extremas se expandió un 55% debido al calentamiento global. El estudio atribuye esta intensificación al aumento del contenido de humedad y a una mayor inestabilidad atmosférica, procesos exacerbados por el calentamiento del Mediterráneo.

Mecanismos físicos y resultados destacados

El informe resalta que el calentamiento global ha modificado de forma profunda la termodinámica de las tormentas en el sur y este peninsular. Tal y como precisa el equipo de investigación en Nature Communications, “el aumento de la temperatura del mar y del aire permite que la atmósfera retenga y transporte más vapor de agua, actuando como combustible adicional para enormes tormentas, transformándolas en más virulentas y complejas”. Los modelos de simulación han puesto de manifiesto que procesos internos no lineales, como la evaporación y los flujos de vapor de agua, pueden traducirse en incrementos notables de calor latente y en la intensidad de las corrientes ascendentes, un efecto que ha sorprendido a los propios autores.

Según el estudio, este comportamiento implica que pequeñas variaciones en la cantidad de vapor disponible pueden desembocar en aumentos desproporcionados en la intensidad de la precipitación, lo que contribuye de forma decisiva a episodios más violentos y devastadores. Los datos extraídos de las simulaciones cuantifican este fenómeno en un aumento del 20,6 % en la intensidad de la precipitación en seis horas y en un incremento del 55,4 % en la superficie sometida a lluvias superiores a 180 litros por metro cuadrado. Además, la capacidad de las nubes para acumular vapor de agua antes de su descarga ha resultado inusualmente alta.

Las claves para la adaptación

El papel que ha jugado el calentamiento oceánico y atmosférico en la transformación de los eventos extremos en la región mediterránea occidental destaca la necesidad inmediata de reforzar la investigación y la monitorización meteorológica. Por ello, el equipo de investigadores “subraya que los eventos extremos en el Mediterráneo occidental podrían estar evolucionando hacia escenarios de mayor peligrosidad debido al calentamiento global, con formación de tormentas más virulentas y complejas”.

Los hallazgos, insisten, ponen de manifiesto la importancia de dedicar recursos a investigar y mejorar el conocimiento sobre extremos climáticos futuros. Así, destacan “la necesidad urgente de implementar estrategias de adaptación efectivas, incluida la predicción y monitorización de estos fenómenos, así como revisar la planificación urbana para hacer frente a riesgos hidrometeorológicos crecientes en un mundo que se calienta rápidamente”.

El informe reciente de la Guardia Civil advierte que acceder a mensajes intercambiados en plataformas como Telegram y WhatsApp presenta obstáculos técnicos y legales, una preocupación central para la investigación en curso sobre la gestión de la emergencia por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) en Valencia, según consignó el medio Europa Press. Ante estos desafíos, la jueza encargada del caso en el partido judicial de Catarroja ha formalizado solicitudes de cooperación internacional relevantes para intentar recuperar las comunicaciones fundamentales entre José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, y varios altos funcionarios autonómicos durante los hechos del 29 de octubre de 2024.

Tal como detalló Europa Press, la magistrada ha dictado una providencia en la que acuerda remitir una orden europea de investigación a Telegram, con sede en Bruselas (Bélgica), así como una comisión rogatoria a Estados Unidos a la empresa WhatsApp Inc. El objetivo de estas gestiones es recabar los mensajes que intercambió Cuenca en ambas plataformas durante la jornada en que la dana causó 230 muertes en la provincia de Valencia. Las personas con quienes se habrían producido estas conversaciones incluyen a Carlos Mazón, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas —actualmente investigada en la causa—, su ex número dos Emilio Argüeso, el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, y los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas.

En la resolución judicial destaca, según publicó Europa Press, que la jueza solicita el contenido del denominado ‘chat emergencias’, integrado solo por José Manuel Cuenca, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, debido a que la acusación particular, ejercida por Mai Més, interpuso un recurso de reforma para que se incluyeran estas comunicaciones en la investigación. Inicialmente, la magistrada había desestimado esta petición por considerar que abarcaba a otras personas no consentidas o distintos días del suceso, como el 28 y 30 de octubre, argumento relacionado con los límites del consentimiento previamente otorgado por Cuenca. No obstante, en la nueva resolución, la titular del juzgado accedió a ampliar la investigación al chat específico, considerando que solo están implicados los tres mencionados y que no se rompería lo pactado respecto al alcance subjetivo del consentimiento.

La jueza ha requerido a Cuenca que identifique claramente los números de teléfono que permitan, de ser viable, el acceso al contenido de los mensajes sobre los que se prestó autorización. Europa Press relató que la instructora otorgó un plazo de un día a Cuenca para proporcionar esta información, paso imprescindible para poder formalizar tanto la orden europea de investigación dirigida a Bruselas como la comisión rogatoria a Estados Unidos.

La investigación se enfrenta a limitaciones importantes para recuperar los mensajes. Europa Press informó que, de acuerdo con el informe presentado por la Guardia Civil, existen directrices de Europol, dentro del Proyecto Sirius, que no contemplan la posibilidad de solicitar el contenido de las conversaciones a Telegram, por lo que la viabilidad de acceder a dichos datos dependerá de las respuestas que dé la sede de la compañía en Bruselas a una orden europea de investigación. Por parte de WhatsApp Inc., la situación técnica es distinta. Tras revisarse las directrices aplicables, la Guardia Civil determinó que, en caso de que la vía de cooperación directa no resulte suficiente, debe tramitarse una comisión rogatoria internacional dirigida a la sede estadounidense de la empresa, puesto que WhatsApp Irlanda no sería la destinataria adecuada.

El informe destaca que WhatsApp Inc. no almacena los mensajes una vez entregados ni conserva los registros de las transacciones de estos mensajes. Los mensajes no entregados se eliminan a los 30 días de los servidores. Solo los archivos multimedia pueden llegar a permanecer en sus sistemas por un periodo más largo para facilitar la entrega eficiente en casos de tráfico elevado. Además, tras la eliminación de una cuenta de usuario, el proceso de borrado puede extenderse hasta 90 días, aunque las copias de respaldo para recuperación en casos de pérdida de datos, errores de software o catástrofes pueden mantenerse durante más tiempo, desvinculadas ya de los identificadores personales del usuario. Esta situación complica la obtención de las conversaciones incluso mediante procedimientos de cooperación jurídica internacional, según argumenta la Guardia Civil y difunde Europa Press.

Europa Press también informó que, tras la devolución por parte de José Manuel Cuenca de su teléfono oficial a la Generalitat Valenciana el 7 de enero —ya reseteado y sin los mensajes de WhatsApp presentes—, la Guardia Civil intentó recuperar la información con tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), sin éxito. Ante estos hechos, Cuenca autorizó formalmente el acceso a su línea telefónica con la finalidad de intentar recuperar los mensajes borrados, lo que impulsó la petición de la jueza a la Guardia Civil para tramitar los requerimientos oficiales hacia las dos empresas de mensajería.

Las acciones judiciales están condicionadas a la capacidad para identificar de forma precisa los usuarios involucrados. Según reiteró el informe de la Guardia Civil, cualquier solicitud debe especificar claramente los números de teléfono completos, con el prefijo internacional correspondiente (+34 para España), de todos los usuarios afectados por la petición de obtención de datos, en referencia tanto a la cuenta de Cuenca como a las de los cargos autonómicos con los que se comunicó en el contexto de la gestión de la emergencia.

De acuerdo con Europa Press, la decisión judicial representa un cambio respecto a la línea inicial de la instrucción, que restringía el acceso a conversaciones de determinados días y personas. El debate sobre el alcance del consentimiento y la protección de datos personales ha quedado registrado en las resoluciones y recursos presentados dentro del proceso. El avance actual en la investigación depende del éxito de las solicitudes internacionales y de las respuestas que puedan dar tanto Telegram en Bruselas como WhatsApp Inc. en Estados Unidos a las órdenes emitidas desde el juzgado de Catarroja.

La magistrada encargada de investigar la gestión institucional durante la catástrofe de la DANA en Valencia ha decidido iniciar procedimientos internacionales dirigidos tanto a Telegram desde Bruselas como a WhatsApp en Estados Unidos con el objetivo de conseguir los mensajes intercambiados el 29 de octubre de 2024 por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, según consignó el medio. Esta acción busca esclarecer las comunicaciones clave que Cuenca mantuvo ese día con Mazón, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, su exsubsecretario Emilio Argüeso, el antiguo secretario autonómico de Presidencia Cayetano García, y los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas. De acuerdo con la información publicada, la jueza ha emitido una orden europea de investigación para Telegram con sede en Bruselas y ha solicitado una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto a WhatsApp Inc., intentando así recuperar los mensajes que podrían ser relevantes para la causa en torno al siniestro, que cobró la vida de 230 personas en la provincia de Valencia.

La Guardia Civil trasladó a la jueza que, debido a los procedimientos y políticas de las plataformas de mensajería, deberán aplicarse distintos canales legales en función de cada empresa. Para intentar recuperar los mensajes de Telegram, se requiere una Orden Europea de Investigación dirigida a la empresa en Bruselas, mientras que para WhatsApp, la gestión pertinente consiste en una comisión rogatoria internacional hacia Estados Unidos, explicando que la filial de la empresa en Irlanda no sería la interlocutora adecuada, según reportó el medio. Estas gestiones parten de la necesidad de recuperar las comunicaciones vinculadas a la emergencia, ya que Cuenca devolvió el terminal móvil oficial a la Generalitat completamente reseteado y con los mensajes de WhatsApp borrados.

En la providencia publicada este lunes, la magistrada detalla que el móvil devuelto por Cuenca correspondía a un iPhone 14 Pro Max de 256GB en color negro, el mismo que el funcionario empleó durante la jornada de la catástrofe. Sin embargo, según un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el dispositivo fue restablecido de fábrica el 7 de enero, antes de ser entregado a la DGTIC, lo que implica la eliminación de cualquier aplicación y datos almacenados en el dispositivo. Como parte de la investigación judicial, el 16 de enero Cuenca autorizó el acceso a su línea telefónica para intentar recuperar los mensajes, pero los técnicos de la DGTIC no lograron extraer ningún mensaje de WhatsApp ni siquiera utilizando la tarjeta SIM original en el terminal anterior.

La Guardia Civil, consultada por la magistrada, contactó al Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, responsable de este tipo de trámites. Según publicó el medio, en relación con el acceso a los mensajes de Telegram, las directrices recopiladas bajo el marco del Proyecto Sirius de Europol no mencionan la posibilidad de pedir el contenido de conversaciones. De todas formas, según respondió el equipo técnico, la única alternativa viable sería tramitar una Orden Europea de Investigación dirigida a la empresa Telegram Messenger INC con dirección en Avenue Huart Hamoir 71, 1031, Bruselas, Bélgica.

En el caso de WhatsApp, la Guardia Civil revisó las directrices del Proyecto Sirius y comprobó que, si la cooperación voluntaria no es posible, cuando las autoridades requieren la revelación de datos de tráfico o de contenido o se necesita asegurar la validez judicial de la información, debe seguirse el procedimiento de asistencia jurídica mutua (MLA, por sus siglas en inglés), orientado directamente a WhatsApp Inc. en Estados Unidos. "WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados. Además, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días. Para mejorar el rendimiento y entregar los mensajes multimedia de manera más eficiente, como cuando muchas personas comparten una foto o un video popular, WhatsApp puede conservar ese contenido en sus servidores durante un periodo de tiempo más largo", especificó el informe remitido a la jueza.

La propia aplicación señala que cuando se elimina una cuenta, la información que se almacenaba en la empresa también se borra, aunque este proceso puede prolongarse hasta 90 días. Durante ese plazo, algunas copias de seguridad persisten para restaurar información en situaciones de pérdida por desastres, errores de software u otros incidentes, aunque en estos casos los datos se desvinculan de cualquier identificador personal. De acuerdo con el informe policial, el acceso al contenido solamente sería posible a través de una comisión rogatoria hacia Estados Unidos, dirigida a WhatsApp Inc.

Para tramitar cualquiera de estas solicitudes, tanto a Telegram como a WhatsApp, la Guardia Civil subrayó la necesidad de que los identificadores de usuario sean detallados de forma precisa. La petición debe incluir los números de teléfono internacionales (en este caso, con el prefijo +34), correspondientes a las personas cuyas conversaciones se busque recuperar, permitiendo así que las plataformas localicen los registros de mensajería en cuestión.

El medio informó que la causa que motivó la investigación internacional se desencadenó luego del devastador impacto de la DANA en la provincia de Valencia, lo que provocó el fallecimiento de 230 personas y desató numerosas investigaciones sobre la gestión de la emergencia. Entre los intercambios que se intenta esclarecer se encuentran conversaciones clave mantenidas entre altos cargos de la Generalitat durante la jornada crítica.

Por último, la magistrada instó a la Guardia Civil a solicitar los mandamientos específicos para que los responsables de las plataformas colaboren en la localización de los mensajes de Cuenca. El objetivo reside en obtener pruebas documentales que permitan reconstruir el flujo de información entre funcionarios y esclarecer los hechos investigados. La recuperación de estos mensajes forma parte de una serie de diligencias impulsadas para dilucidar cómo se gestionó la emergencia y determinar si existieron irregularidades en la cadena de decisiones, un aspecto que ha motivado una compleja investigación judicial sobre la actuación y las comunicaciones de los implicados durante la catástrofe.

Durante su intervención ante la jueza encargada de investigar los hechos ocurridos durante la gota fría del 29 de octubre de 2024, uno de los técnicos de Protección Civil recordó que a las 23:00 horas la jefa de Servicio le informó sobre la inminente activación del protocolo para incidentes con múltiples víctimas. Según precisó, en la segunda solicitud para movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya figuraba la casilla de fallecidos señalada. Esta declaración se produjo en la segunda comparecencia judicial en Catarroja de dos técnicos de Protección Civil, quienes subrayaron que no tuvieron conocimiento de la retirada de los bomberos forestales en el barranco del Poyo el día que la riada provocó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, estos dos técnicos acudieron nuevamente al juzgado de Catarroja, donde se instruye la investigación por la gestión de la emergencia. En el proceso figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su anterior número dos, Emilio Argüeso. El foco de la audiencia se centró en esclarecer qué conocimiento tenían los responsables de Protección Civil respecto a la presencia o ausencia de bomberos forestales en una de las zonas más afectadas por la riada.

Según relató el primer técnico durante su testimonio, al incorporarse a su turno por la tarde, alrededor de las 14:30, ya observaba una situación que describió como muy complicada. El relevo con su compañera incluyó la transmisión de información sobre alertas hidrológicas activas y la declaración de la “situación 1” en la comarca de Utiel-Requena. Poco después, según detalló, se avanzó a la “situación 2”. El testigo añadió que durante los primeros compases de su turno, el alcalde de Utiel lo contactó para advertirle de una situación especialmente crítica, indicando carencia de recursos y la necesidad de movilizar a la UME. Trasladó esta información a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y, a partir de ese momento, comenzó el proceso de despliegue de la unidad militar.

Al ser preguntado por el movimiento de bomberos forestales en el barranco del Poyo, el técnico manifestó que no tenía constancia de esas acciones y matizó que en la Sala durante esa tarde reinó una tensión considerable debido al volumen de emergencias concurrentes. Según recogió el medio, indicó que cada operador se ocupaba de responder según sus posibilidades y que las instrucciones las emitía Suárez. Recalcó que no tenía recuerdo de que ninguna persona hubiese anunciado en la Sala un desbordamiento en la zona de Poyo, factor que complicaba el flujo de información.

Según lo reconstruido por el medio, otro punto relevante de la comparecencia fue la gestión de los mensajes Es Alert dirigidos a la población. El técnico explicó que la alerta a la ciudadanía, emitida a las 20:11, respondió inicialmente a la preocupación por la situación en Forata. Sin embargo, más adelante se concluyó que la gravedad era menor de lo previsto, y por ello se emitió el mensaje finalmente enviado.

La segunda técnica de Protección Civil presente en la comparecencia cubría el turno de mañana y corroboró no haber tenido conocimiento de la desmovilización de los bomberos forestales en el barranco del Poyo. Indicó que ella realizó la solicitud de movilización al Consorcio aproximadamente a las 13:15 y además procuró confirmación de dicha movilización. Según sus palabras, “la dirección del plan sabían que los bomberos estaban movilizados”, en referencia a los responsables de gestión de la emergencia, tal como consignó el medio citado.

Además, la técnica expuso que desde su punto de vista, el procedimiento correcto hubiese requerido que cualquier decisión de retirar a los bomberos forestales tras una petición originada por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) se consultara previamente con esa instancia. Subrayó que aunque el Consorcio poseía formalmente la competencia administrativa para movilizar o retirar a los efectivos, al haber recaído la petición inicial en el CCE correspondía al Consorcio notificar o consultar antes de proceder. En sus palabras, “está claro que tiene la competencia para movilizar o desmovilizar, pero como la petición se hizo desde el CCE, tendrían que haberlo consultado”.

Durante sus declaraciones recogidas por el medio, ambos técnicos hicieron hincapié en el colapso operativo que sufrieron la tarde de la catástrofe, describiendo una carga de trabajo imposible de abarcar y una situación desbordada durante las comunicaciones y las tareas de coordinación. El testimonio de ambos refuerza la importancia de la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia extrema, aspecto que figura como eje central en la investigación que instruye la jueza a cargo de este caso por una de las peores tragedias originadas por fenómenos meteorológicos recientes en la Comunidad Valenciana.

Durante la reunión celebrada este jueves en el Palacio de La Zarzuela, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, relató que tanto el Rey Felipe VI como la Reina Letizia han mostrado interés por visitar distintas zonas de la Comunidad Valenciana, independientemente de que hayan resultado afectadas por la dana. A partir de este encuentro, el mandatario autonómico informó sobre los progresos en la recuperación tras los daños ocasionados por el temporal y aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la colaboración estatal en las tareas de reconstrucción, según consignó la prensa tras el acto, de acuerdo con lo publicado por el medio.

De acuerdo con lo detallado por Llorca en declaraciones recogidas por los periodistas presentes tras la audiencia, el principal eje de la conversación estuvo centrado en la evolución del plan de reconstrucción regional. La dana, fenómeno meteorológico que causó significativos daños en diversas poblaciones, ha obligado a la Generalitat a desplegar recursos y medidas específicas para atender tanto a las urgencias materiales como a la recuperación social. Tal como informó la fuente, Llorca remarcó ante el monarca que las obras en marcha requieren de un apoyo concreto por parte del Gobierno central para lograr gestiones más ágiles y evitar que la reconstrucción se prolongue innecesariamente por trámites burocráticos.

El presidente valenciano informó que está prevista la celebración en breve de la primera reunión de la comisión mixta encargada de articular las intervenciones en la región tras la catástrofe. Esta comisión, indicó, busca establecer acuerdos sólidos sobre los proyectos pendientes y concretar mecanismos que permitan a los ayuntamientos ejecutar los fondos asignados, una tarea que la excessiva burocracia ha dificultado hasta ahora. “Eso nos tiene que servir para fortalecer por lo menos acuerdos en base a la reconstrucción y a la necesidad de que esas obras no se dilaten en el tiempo, que se busquen de alguna forma flexibilidad para que también los Ayuntamientos puedan desarrollar esa bolsa de dinero que tienen y que no son capaces de materializar porque hay un exceso de burocracia importante”, citó el medio como palabras del propio Pérez Llorca.

Durante el encuentro en La Zarzuela, el Rey Felipe VI expresó interés por las inversiones que han llegado a la Comunitat Valenciana y pidió información sobre otros proyectos relevantes de la autonomía. Según informó la fuente, el presidente aprovechó la ocasión para invitar personalmente al monarca a la exposición temporal dedicada a Sorolla en el Museo de la Ciudad de Valencia y a la competición internacional de vela “Sail GP”, a realizarse en aguas valencianas próximamente. Pérez Llorca mencionó la reconocida afición del Rey por la vela, motivo por el cual considera especialmente relevante su presencia en la regata.

Los temas de actualidad cultural y económica también formaron parte de la conversación. Llorca confirmó que la Reina Letizia acudirá la semana entrante a Elda, en la provincia de Alicante, donde tiene agenda para visitar una destacada empresa del sector del calzado. El presidente subrayó, según reportó la fuente original, la sensibilidad que demuestran los Reyes hacia la situación y el tejido productivo de la comunidad.

En el transcurso de la audiencia, ambos interlocutores abordaron la cuestión de la estabilidad institucional y la importancia de alcanzar consensos y respaldos para mejorar la calidad de vida en la región. Pérez Llorca transmitió al Rey el deseo de asegurar un entorno estable y colaborativo, tanto en materia de reconstrucción como de desarrollo económico y social, en sintonía con los desafíos actuales y las oportunidades que ofrece la agenda cultural y deportiva de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con los datos consignados por EFE, el calendario de comparecencias comenzará el 23 de febrero a las 10:30, con la intervención inicial de la asociación Liberum, la cual abrirá el espacio ante los diputados regionales. La segunda comparecencia de la jornada estará a cargo de la asociación SOS Desaparecido, asignada a las 11:45, seguida por la exposición de la Asociación de Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sur, prevista para las 13:00. En la sesión de la tarde, desde las 16:00, participará la agrupación Tots a una Veu, tras la cual la Asociación de Vecinos Ecos del Agua de Benetússer presentará su informe.

El desarrollo de las audiencias continúa el 24 de febrero, manteniendo una estructura análoga. La mañana de ese día inicia con la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O a las 10:30, en tanto que la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre dispondrá del turno de las 11:45. El colectivo Solo Pueblo Salva Pueblo intervendrá posteriormente, a las 13:00. Ya por la tarde, a las 16:00, se anuncia la participación de la asociación Unión del Pueblo 29, y el cierre del proceso recae en la intervención individual de Monrabal Ibáñez.

Tal como especificó EFE, cada participante —sea asociación o ciudadano particular— dispondrá de un máximo de quince minutos para su exposición principal y podrá extender este periodo hasta siete minutos adicionales. Posteriormente, los comparecientes responderán durante tres minutos a los cuestionamientos planteados por los grupos parlamentarios. Este formato de participación se aplicará de manera uniforme a todos los asistentes, incluyéndose también el caso particular de la comparecencia individual.

EFE destacó que la convocatoria incluye tanto agrupaciones formadas por víctimas directas del temporal como entidades vecinales, una combinación que busca garantizar que el análisis parlamentario reciba aportes desde diferentes ángulos sociales y testimoniales. Esta variedad de perspectivas permitirá a los miembros del parlamento autonómico reconstruir los hechos del 29 de octubre, abordar los daños sufridos y evaluar el resultado de las acciones institucionales emprendidas tras la emergencia.

La agencia también detalló que la selección y el orden de intervención de los comparecientes obedece al registro oficial de las solicitudes presentadas a la comisión. Según este procedimiento, las normas para uso de la palabra, tiempos y derecho de réplica se aplicarán por igual a asociaciones y a la persona particular convocada. El diseño de estas reglas, indicó EFE, se orienta a la transparencia, la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo de todas las voces a la investigación parlamentaria.

Durante las sesiones, los expositores describirán tanto la magnitud de los daños materiales como las secuelas humanas derivadas del temporal. Además, EFE reportó que los testimonios incluirán impresiones sobre la gestión pública del desastre, así como demandas de recuperación dirigidas a las autoridades. Las intervenciones buscarán detallar las carencias detectadas, las expectativas de los afectados y las valoraciones respecto a la respuesta oficial recibida tras el fenómeno climático.

El contexto en el que se desarrolla este proceso responde a la necesidad institucional de esclarecer el alcance y el impacto de lo sucedido el 29 de octubre de 2024, reuniendo de forma sistemática relatos y valoraciones de quienes vivieron directamente el episodio. Según reiteró EFE, la comisión apuesta por recopilar un registro plural de experiencias y opiniones que facilite no solo la revisión de lo actuado, sino también la elaboración de propuestas orientadas a mejorar la prevención y gestión ante futuros eventos meteorológicos extremos.

El procedimiento previsto contempla la plena igualdad entre todos los comparecientes, con idéntica distribución de tiempos y derecho a réplica frente a los diputados participantes. Esta dinámica pretende garantizar que las demandas y sugerencias generadas a raíz de la dana del 29 de octubre puedan entrar en el debate público de Les Corts, aportando información relevante para la construcción de posibles políticas y reformas en materia de emergencia.

Por otra parte, EFE remarcó la importancia de la comparecencia individual en el conjunto de las sesiones, al subrayar que la declaración de Monrabal Ibáñez añadirá una mirada personal al conjunto de relatos mayoritariamente colectivos. La incorporación de su experiencia contribuirá, según la información del medio, a enriquecer el mosaico de percepciones, necesidades y propuestas que se presentarán ante la comisión de investigación regional.

El formato establecido por los organizadores, según comunicó EFE, fija un calendario distribuido entre mañana y tarde para ambas jornadas. Esto permitirá que la totalidad de agrupaciones y el ciudadano particular seleccionado cuenten con tiempo suficiente y en igualdad de condiciones para transmitir sus valoraciones y reclamos ante los legisladores de la comunidad valenciana.

Victoria Roselló, jefa del Servicio de Meteorología de À Punt, ha sido citada por la comisión del Congreso encargada de investigar la gestión institucional y la comunicación pública durante la dana que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024. Esta iniciativa busca esclarecer la calidad y oportunidad de los avisos meteorológicos difundidos por la televisión autonómica antes y durante el desastre, además de revisar las decisiones de los organismos implicados en la gestión de la emergencia. Según detalló Europa Press, el órgano parlamentario ha convocado también para la próxima sesión al vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

La reunión, programada para el 23 de febrero, ha sido acordada por la Mesa de la comisión presidida por la diputada socialista Carmen Martínez. De acuerdo con información de Europa Press, la comparecencia de Martínez Mus, quien ocupa además las competencias de Infraestructuras, se enfocará en clarificar su labor al frente de la gestión ambiental e infraestructural tanto en las horas previas como durante la jornada en la que ocurrieron las fuertes precipitaciones que desembocaron en la tragedia.

De manera paralela, se espera que Roselló explique los criterios y el proceso de emisión de información meteorológica desde À Punt en los días previos y durante el episodio catastrófico. Según la información de Europa Press, la decisión de citar a estos dos responsables responde a la voluntad de los grupos parlamentarios de comprender el funcionamiento de los mecanismos institucionales de anticipación, alerta y reacción frente a fenómenos meteorológicos extremos como el registrado en Valencia.

El evento del 29 de octubre de 2024 presentó un saldo de 230 personas fallecidas y puso en relieve las capacidades y limitaciones de los diferentes servicios autonómicos en la gestión de riesgos y emergencias. La comisión del Congreso, según publicó Europa Press, se constituyó precisamente para analizar si las autoridades competentes actuaron con la premura y eficacia necesarias, y si la ciudadanía recibió información adecuada sobre el riesgo inminente.

Durante la sesión prevista, la comisión centrará sus preguntas a Martínez Mus en las decisiones adoptadas para la protección del entorno y la infraestructura, la coordinación con otros organismos, la disponibilidad de recursos y la comunicación con la población afectada. Los grupos esperan obtener respuestas claras sobre qué medidas de prevención se implementaron, qué protocolos se activaron y cuál fue el margen de maniobra que se tuvo desde la conselleria.

Por parte de Roselló, la Comisión solicita detalles sobre los boletines y avisos emitidos por el servicio meteorológico de À Punt, el contenido y la frecuencia de las alertas, así como la interacción entre los pronósticos oficiales y los mensajes a través de los medios autonómicos. El medio Europa Press destacó que los parlamentarios buscan determinar si la información comunicada a la ciudadanía resultó suficiente y precisa para la toma de decisiones preventivas.

La catástrofe, ocurrida en plena temporada de lluvias intensas, generó debate tanto en el ámbito político como social respecto a la capacidad de respuesta pública y la eficiencia de las cadenas de comunicación de alertas. Según consignó Europa Press, parte del enfoque de la comisión se dirige a examinar la posible existencia de descoordinación institucional y fallos en la transmisión de información crítica, lo que podría haber incidido en el elevado número de víctimas.

El análisis detallado de los registros de comunicación, los protocolos meteorológicos y las actuaciones del personal a cargo será parte del contenido de las comparecencias, con el objetivo de identificar aciertos y errores, además de delinear recomendaciones para eventos similares en el futuro. La información que aporten tanto Martínez Mus como Roselló servirá, según publicó Europa Press, para que el Congreso disponga de una visión global sobre el funcionamiento de la estructura autonómica en contextos de emergencia por fenómenos naturales.

El medio Europa Press informó que la comisión mantiene la intención de escuchar a otros responsables administrativos y técnicos en sesiones siguientes, en busca de un entendimiento completo del papel ejercido por los distintos niveles de gobierno y entidades públicas durante la tragedia del 29 de octubre de 2024.

En un auto reciente, la jueza instructora precisó los criterios para la selección de testigos, considerando innecesario ampliar el número de profesionales citados ni requerir detalles sobre posibles bajas laborales o vacantes en los equipos destinados al control hídrico y forestal. Según consignó el medio, la magistrada señaló que la suma de agentes y bomberos identificados por el ministerio fiscal y el Centro de Coordinación de Emergencias resulta suficiente para los fines de la investigación penal que se sigue en torno a la gestión de la depresión aislada en niveles altos (dana) de 2024 en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Juzgado de Instrucción de Catarroja ha emitido una resolución que convoca a 31 agentes medioambientales o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Conselleria de Medio Ambiente, junto con ocho bomberos forestales pertenecientes a la Generalitat. Estos profesionales fueron designados como testigos en el marco de la investigación sobre la intervención en el control de barrancos y vigilancia del río Magro y el Barranco del Poyo durante el episodio de lluvias intensas registrado el 29 de octubre de 2024.

El medio detalló que la decisión judicial responde a una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que, en diciembre del año anterior, estimó parcialmente un recurso de apelación promovido por una acusación particular. Esa resolución abogó por identificar y tomar declaración a los agentes medioambientales, considerando que la información en su poder podría resultar relevante. La magistrada de Catarroja, al fundamentar su decisión, remarcó en el auto la pertinencia de las declaraciones de estos testigos en función del área y sector en el que desplegaron actividades durante la emergencia.

La lista de citados abarca a profesionales distribuidos según las demarcaciones y sectores clave implicados en la gestión de los caudales. El medio especificó que, respecto a los agentes o guardas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se incluyen el jefe de zona de la zona centro, el responsable de la subzona Valencia centro, y los agentes medioambientales que operaron en los sectores 51, 52, 53 y 54 de esa subzona. También figuran el guarda fluvial del sector 55, el responsable de la subzona Valencia norte, así como agentes de los sectores 63 y 65 de esa subzona.

Por la parte de los bomberos forestales, la jueza instruyó la citación de miembros vinculados a diferentes unidades asignadas a la supervisión del río Magro —particularmente al área del puente de Carlet— y al Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta. Según consta en el oficio de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), los convocados incluyen dos bomberos forestales, el conductor de autobomba y el responsable de unidad de la base de Alzira que actuó en el Magro, además del encargado que estuvo al frente del operativo en el Barranco del Poyo.

El acuerdo también contempla a los agentes medioambientales adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente, seleccionados en función de los municipios incluidos en su ámbito de actuación y la relación de estos con los hechos investigados. La resolución detalla citaciones para el jefe de comarca y el agente de Sot de Chera dentro de la demarcación de Chelva. En Requena, la responsable de comarca y los agentes asignados a Alborache y Siete Aguas deberán comparecer. Para la comarca de Llíria, se requiere la presencia del jefe de comarca y de agentes a cargo de municipios como L'Eliana, Quart de Poblet, San Antonio de Benagéber, Chiva, Casinos, Chera, Llíria, además de zonas como Requena, Picassent, Alcàsser, Beniparrell y Silla.

La instrucción judicial no omitió la demarcación de Polinyà de Xúquer/Alzira. Allí se ha requerido la comparecencia del jefe de comarca y agentes activos en Valencia (Albufera Nord, Pinedo, L'Olivaret), Turís, Alfarb, Benifaió, Alginet, Algemesí. Asimismo, están convocados el jefe de zona y agentes cuyos municipios de referencia son Llombai, Real y Alzira.

El medio informó que, si bien la resolución ya ha definido el conjunto de profesionales que deberán declarar, sigue sin fijarse una fecha concreta para las comparecencias. La instrucción resalta que la presencia de este grupo de testigos responde tanto a las indicaciones de la Audiencia Provincial como a los informes del ministerio fiscal, lo que ha llevado a desestimar la necesidad de ampliar más allá del personal ya identificado en los distintos informes y oficios remitidos a la causa.

Por último, la documentación revisada por el juzgado sostiene que la intervención de estos agentes y bomberos resulta central para esclarecer la actuación de los organismos públicos en el control y vigilancia de cauces fluviales y barrancos durante el episodio de la dana de finales de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

La magistrada que encabeza la investigación sobre la gestión de la Dana en la comarca de Catarroja resolvió que resulta innecesario citar a más agentes de los ya identificados y tampoco consideró pertinente establecer cuáles participaron directamente o si alguno se encontraba ausente por baja o por vacantes, según detalló el medio Europa Press. La noticia principal es la citación como testigos de 31 agentes medioambientales o guardias fluviales y ocho bomberos forestales que intervinieron en las tareas de control y vigilancia durante el operativo realizado el 29 de octubre de 2024 en varias zonas críticas de la provincia de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza de Catarroja ha adoptado esta decisión tras una resolución emitida por la Audiencia Provincial de Valencia en diciembre del año pasado. Esta resolución estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por una acusación particular en el marco de la causa, al tiempo que respaldó el criterio del Ministerio Fiscal. En el auto hecho público este miércoles, la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos —31 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Conselleria de Medio Ambiente, y 8 pertenecientes al cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat— a quienes todavía no se les ha asignado una fecha concreta para comparecer.

Europa Press señaló que la identificación de los agentes y guardias fluviales que fueron desplegados por el Centro de Coordinación de Emergencias resulta fundamental según el auto, dado que la Audiencia Provincial consideró que la información que estos testigos pueden proporcionar podría ser crucial para el esclarecimiento de los hechos. Por ese motivo, la instructora considera adecuado limitar la lista de citados a aquellos cuya intervención en el dispositivo quedó acreditada.

El operativo en cuestión tiene como contexto la jornada del 29 de octubre de 2024, fecha en la que se registraron episodios de lluvias intensas asociados a la Dana en la Comunidad Valenciana. Los agentes ambientales y bomberos forestales participaron en tareas de vigilancia y control, principalmente en la cuenca del río Magro, especialmente en el área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, entorno a los municipios de Torrent, Picanya y Paiporta. Tal como reportó Europa Press, estos efectivos dependían tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del ámbito estatal, como de la Conselleria de Medio Ambiente y del cuerpo de bomberos de la Generalitat Valenciana.

La decisión de la jueza responde a la consideración de la Audiencia Provincial de Valencia, que al admitir en parte el recurso de la acusación particular coincidió en señalar que resultaba "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos". Europa Press aclaró que tanto la fiscalía como la judicatura estimaron que las actuaciones de los agentes presentes en el dispositivo del día de los hechos resultan esenciales para conocer en detalle la evolución de los acontecimientos que motivan la investigación.

El Ministerio Fiscal elaboró un informe previo en el que solicitó la declaración de diez agentes o guardas de la CHJ, una petición que ha sido aceptada, sumándose al resto de testigos requeridos. Según Europa Press, este grupo de testigos abarca a todos los profesionales que, según los registros y notificaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, actuaron en las áreas fluviales afectadas durante la jornada señalada por el procedimiento judicial.

La magistrada sostiene que el número de testigos convocados cubre las necesidades probatorias del caso, por lo que no resulta procedente ampliar la lista con más efectivos o investigar sobre bajas laborales o vacantes. Esta postura coincide en esencia con lo manifestado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Audiencia Provincial, quienes recalcaron la importancia de restringir la investigación a quienes realmente participaron en el operativo de emergencia.

Europa Press confirmó que, aunque la decisión judicial establece la citación de los testigos mencionados, todavía no se ha concretado la fecha ni las condiciones de su comparecencia. No obstante, la resolución forma parte de las medidas tomadas en el marco de la instrucción para esclarecer la gestión pública durante el episodio meteorológico extremo registrado en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Senado sobre la gestión de la dana en Valencia, Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), destacó que, a pesar de la recopilación y publicación de datos por parte del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), las autoridades competentes no consultaron ni interpretaron la información disponible en el momento crítico. Según informó Europa Press, Polo sostuvo que la ausencia de consulta a estos datos fue determinante en el desarrollo del incidente del 29 de octubre de 2024.

Polo afirmó ante los senadores que entre las 18:00 y las 18:43 horas de ese día no existió un “vacío informativo”, debido a que el SAIH mantenía actualizados y accesibles los datos sobre la situación hidrológica. De acuerdo con Europa Press, el presidente de la CHJ recalcó que los protocolos internos de la Confederación funcionaron conforme a lo previsto durante la tarde de la emergencia, y enfatizó que la falla no residió en la comunicación ofrecida por su institución, sino en la gestión y utilización de la información por parte de otros responsables.

El presidente de la CHJ explicó que, según lo dispuesto por la Directiva Básica de Planificación de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones, la planificación y coordinación de la respuesta corresponde a protección civil. Sobre este punto, Polo declaró que el problema esencial fue la falta de una previsión adecuada por parte de los órganos pertinentes. Añadió que propuso reunirse con la Secretaría responsable de protección civil en Valencia para revisar la interpretación y el uso de la información, pero no obtuvo respuesta a su petición, publicó Europa Press.

El responsable de la CHJ aclaró además que en ningún momento transmitió al Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrada— que la presa de Forata estuviera en riesgo inminente de colapso. Su comunicación indicó que, por el ritmo de llenado registrado, podía existir una posibilidad de que el agua superara la coronación de la presa y motivó la emisión de un aviso preventivo a la población. Relató ante la comisión que, tras recibir la negativa a una evacuación por parte de la consellera Salomé Pradas, insistió en que se difundiera un mensaje recomendando a los ciudadanos resguardarse en pisos altos.

En respuesta a consultas del senador Enric Xavier Morera, de Compromís, Polo subrayó la dificultad inherente en predecir el momento preciso de llegada de una crecida, ya que este tipo de fenómenos naturales pueden generarse de manera repentina. “Las crecidas se crean muy rápido”, puntualizó durante la sesión, según consignó Europa Press.

Uno de los momentos de mayor tensión de la comparecencia se produjo durante la intervención del senador del Partido Popular, Luis Javier Santamaría. El senador reprochó a Polo la supuesta falta de aviso personal a los afectados por la dana en el barranco del Pollo y cuestionó la no ejecución de obras hidráulicas comprometidas en zonas vulnerables como el barranco del Poyo. Asimismo, acusó a Polo de anteponer motivos partidistas vinculados al PSOE y criticó la asignación de responsabilidades presupuestarias a Madrid.

Santamaría alegó que de haberse completado las infraestructuras hidráulicas previstas, probablemente no habría sido necesario alertar a la población cuya vida estuvo en peligro a causa de la crecida. El senador 'popular' sostuvo también que el mecanismo de emergencia establecido resulta insuficiente, describiendo un procedimiento en el que un bombero forestal debe verificar el estado del río Turia para luego informar a las autoridades, reprodujo Europa Press.

Frente a estos cuestionamientos, Polo defendió la actuación de la CHJ e indicó que toda la información se facilitó a los organismos de emergencias “en todo momento”. También rechazó las críticas sobre la tardanza en la interpretación de los datos hidrológicos, asegurando que el organismo se ajustó a los protocolos recogidos en el plan de inundaciones vigente, idéntico al implementado por administraciones anteriores. “Es lo que pone el plan de inundaciones. Es el mismo que pone cuando usted era conseller. Si no le gustaba, haberlo cambiado”, respondió Polo según Europa Press, ante la acusación de Santamaría sobre una supuesta demora de 45 minutos por parte de la CHJ.

Polo sostuvo a lo largo de su intervención que la clave para una correcta gestión de este tipo de crisis radica en la adecuada definición de competencias y responsabilidades. Criticó la existencia de lo que denominó una “realidad paralela, fáctica y normativa” entre distintos cargos y organismos y advirtió sobre la dificultad de alcanzar conclusiones útiles en la comisión si no se clarifica el “marco competencial” ni las actuaciones que cada entidad debe realizar ante una emergencia de esta naturaleza.

Europa Press detalló también que la senadora del PSOE, Cristina Moreno, se alineó con el diagnóstico de Polo sobre la gestión de la dana. Moreno preguntó sobre la disposición del Partido Popular para convocar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a las víctimas de la catástrofe a las sesiones de la comisión.

A lo largo de la comparecencia, los intercambios entre Polo y el senador Santamaría abordaron cuestiones de planificación, competencias, asignación de fondos, ejecución de obras hidráulicas y comunicación con los organismos de emergencia durante las jornadas anteriores y posteriores al episodio de lluvias extremas de finales de octubre de 2024. El diálogo evidenció desacuerdos sobre la responsabilidad en la gestión, la suficiencia de las medidas preventivas, la rapidez en la difusión de alertas y la interpretación de datos técnicos disponibles en situaciones de emergencia hídrica, recogió Europa Press.

Las preguntas sobre la eliminación de mensajes de WhatsApp que José Manuel Cuenca mantuvo la tarde de la tragedia ocuparon un lugar destacado durante su segunda intervención ante la comisión parlamentaria del Congreso que investiga las decisiones adoptadas durante la catastrófica dana de 2024, en la que fallecieron 230 personas en Valencia. Según informó el medio original, los representantes de varios grupos políticos centraron parte de su interrogatorio en esclarecer si el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón actuó con algún propósito en la supresión de dichos mensajes y si con ello pretendía proteger al expresidente de la Generalitat.

Durante su comparecencia, de acuerdo con lo publicado, Cuenca insistió en que su actuación, aquel 2024, se limitó a trasladar alertas y mensajes, sin ejercer presiones ni impartir órdenes a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Ante la comisión, el compareciente reiteró que Mazón, quien ahora funge como expresidente y con quien Cuenca colabora en la Oficina del Expresidente, no le dio instrucciones en ningún momento durante la gestión de la emergencia. Sobre el polémico mensaje enviado a Pradas —“Salo, de confinar nada”—, Cuenca explicó que se trató únicamente de una reflexión personal y no de la transmisión de una directriz de Mazón. Subrayó además que cualquier medida que se hubiese planteado debía contar con la cobertura legal suficiente.

Tal como consignó el medio, el exjefe de Gabinete declaró que en su papel no tenía autoridad para dar órdenes a técnicos ni consellers. Enfatizó además que la propia Pradas habló esa misma tarde con el entonces president de la Generalitat, en torno a las 19.45, dejando constancia de que Mazón siempre se mantuvo comunicado durante el episodio. Según Cuenca, una deficiencia relevante que influyó en la gestión fue la carencia de información precisa sobre el caudal del Barranco del Poyo, señalando que, de haber contado con esos datos, los responsables habrían actuado de otra forma. “Sin esa información nadie habría podido intentar hacer algo para evitar lo que desgraciadamente todavía nos duele a todos”, manifestó ante los diputados presentes, según reportó la fuente original.

Con excepción de su posicionamiento, la comisión de investigación estuvo marcada por duros reproches. De acuerdo con la publicación, representantes de grupos del Gobierno y la oposición acusaron a Cuenca de tratar de encubrir a Mazón y de falsear información en su primera comparecencia, ocurrida el 1 de diciembre. El motivo de la nueva citación fue la revelación de mensajes intercambiados con Pradas, entregados por la exconsellera al juzgado que lleva la causa penal. Pese a los cuestionamientos, Cuenca negó haber mentido durante sus declaraciones anteriores y sostuvo haber "dicho verdad" en todas sus intervenciones. “No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada”, defendió ante la comisión, conforme lo señaló la cobertura informativa.

La reacción de los diputados fue especialmente intensa en torno al mensaje sobre el confinamiento, buscando clarificar si respondía a indicaciones de Mazón. Según detalló el medio, muchos lo interpelaron por un posible intento de interferir en la gestión de la emergencia. Desde Esquerra Republicana, Teresa Jordà acusó a Cuenca de intentar "vacilar" a los miembros de la comisión, y arremetió afirmando: “No somos imbéciles, ni la ciudadanía tampoco”. Jordà criticó que Cuenca hubiera intentado convencer a Pradas de no ordenar el confinamiento, lo que pudo haber retrasado la alerta Es-Alert que finalmente se envió a la ciudadanía.

Mikel Otero, miembro de Bildu, atribuyó a Cuenca una “grave intromisión” en la gestión del gabinete, al vincular el posible confinamiento con el Estado de alarma, lo cual, según señaló, podría derivar en responsabilidades legales. Por su parte, Àgueda Micó, de Compromís, reprochó el sueldo vitalicio que recibiría Cuenca como asesor de Mazón en la Oficina del Expresidente y sugirió que tal remuneración se justificaba por el supuesto encubrimiento de las conversaciones con el exmandatario autonómico. Aludió, asimismo, a la posibilidad de que ambos terminaran en prisión, una declaración que generó controversia en la audiencia de la comisión.

Javier Sánchez Serna, de Podemos, llegó a manifestar su deseo de que Cuenca sea el tercer imputado en la causa, una referencia a los procedimientos judiciales que siguen su curso respecto a la catástrofe. Alberto Ibáñez, de Compromís y adscrito a Sumar, preguntó sobre el testimonio de los escoltas de Mazón, quienes, según recogió el medio, declararon en sede judicial que el entonces president llegó al Palau alrededor de las 19.50 de la tarde y luego se desplazó a la sede donde se encontraba el Cecopi. Cuenca se excusó de responder argumentando que desconocía esas declaraciones porque “vengo de viaje”.

En el eje de la discusión también se situó la cuestión de si Cuenca debía pedir disculpas a los familiares de las víctimas por su insistencia en que no dio instrucciones a Pradas. Así lo sugirió Nahuel González, diputado de IU en el grupo Sumar. Cuenca replicó que no tenía motivos para disculparse por hechos que no le correspondían, reiterando que su función no incluía tomar decisiones ejecutivas ni bloquear ni impulsar ninguna medida en materia de emergencias.

Del lado del PSOE, la diputada Patricia Blanquer criticó la actitud del compareciente, sugiriendo que buscaba centrarse en eludir respuestas y presentarse como víctima al asegurar en múltiples ocasiones que nunca trasladó órdenes a la consellera Pradas, aunque —según puntualizó— ella adoptó las propuestas que él comunicaba por mensajes. Frente a estas aseveraciones, Cuenca mantuvo su postura e insistió en que su papel fue únicamente comunicar alertas y sugerencias, todo bajo la premisa de que, de contemplarse la opción de un confinamiento, este tuviese respaldo jurídico.

Durante toda la comisión, como recogió el medio original, la atención se centró en el proceso de toma de decisiones la tarde de la emergencia, los posibles errores de comunicación y la responsabilidad política derivada de la catastrófica dana que dejó 230 víctimas en la ciudad y sus alrededores, así como en el escrutinio sobre la transparencia de las comunicaciones internas de los líderes autonómicos involucrados en la gestión de la crisis.

El intercambio de mensajes entre José Manuel Cuenca y la exconsellera de Interior Salomé Pradas, aportados como prueba en el proceso judicial por la gestión de la catástrofe de la dana de 2024, se transformó en uno de los ejes principales del interrogatorio ante la comisión del Congreso. Según detalló el medio, Cuenca compareció este lunes para subrayar que, durante esa jornada en la que la riada dejó 230 víctimas mortales en Valencia, ni transmitió instrucciones a Pradas ni actuó como intermediario para Carlos Mazón, el entonces presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con la información de la fuente, Cuenca se enfrenta a fuertes cuestionamientos parlamentarios en su segunda comparecencia ante la comisión que investiga la tragedia, tras haber sido llamado nuevamente luego de la entrega al juzgado de los mensajes que intercambió con Pradas ese día. El exjefe de Gabinete, que aún colabora con Mazón en la Oficina de Expresidente, negó las acusaciones de encubrimiento hacia el antiguo mandatario valenciano y reiteró que su actuación se mantuvo en el marco de la legalidad. Así lo manifestó al defender ante los diputados que nunca recibió ni transmitió instrucciones referentes a las decisiones tomadas durante la emergencia.

El medio consignó que la comparecencia de Cuenca estuvo marcada por la controversia en torno a un mensaje enviado a Pradas: “Salo, de confinar nada”. A este respecto, la mayoría de los diputados presentes demandó explicaciones sobre si esa indicación representaba una orden del entonces presidente Mazón. Cuenca, no obstante, enfatizó que se trataba únicamente de una “reflexión” y no de una transmisión de directivas, señalando que buscaba que toda decisión contara con la cobertura legal adecuada. Insistió en que ni Mazón le había dado instrucciones, ni él mismo las había dirigido hacia la responsable de Interior.

Además, José Manuel Cuenca recordó ante el Congreso que Mazón mantenía comunicación constante durante la emergencia y que la consellera Pradas llegó a hablar directamente con el presidente alrededor de las 19:45 horas durante esa jornada crítica. Según reportó el medio, Cuenca volvió a reclamar la ausencia de información decisiva sobre el caudal del Barranco del Poyo, subrayando que sin esos datos resultaba imposible anticipar el desbordamiento y actuar preventivamente para evitar la tragedia.

Diversos portavoces parlamentarios incrementaron la presión sobre Cuenca, un hecho que quedó reflejado en los pronunciamientos de legisladores como Teresa Jordà, de ERC, quien acusó al compareciente de “vacilar” a los parlamentarios y cuestionó la veracidad de sus manifestaciones, indicando que Cuenca había intentado influir en la gestión del envío del mensaje Es-Alert, retrasando posibles medidas de confinamiento. Por el mismo camino, Mikel Otero de Bildu, consideró que el enviado de Mazón se había “entrometido gravemente” en el manejo de la emergencia, vinculando el posible confinamiento a un Estado de alarma, argumento que, según el diputado, podría acarrear responsabilidades legales.

El medio informó que también desde Compromís, la diputada Àgueda Micó cuestionó el rol de Cuenca y criticó percepción de privilegios derivada de su cargo como asesor de Mazón, insinuando que dichos beneficios respondían a un intento de encubrimiento del expresidente. Micó incluso sugirió la posibilidad de consecuencias judiciales para ambos, mientras que desde Podemos, Javier Sánchez Serna expresó su deseo de que Cuenca pasara a ser el “tercer imputado” en el caso según expresó en la comisión.

Durante los intercambios con los comisionados, Cuenca defendió su conducta afirmando que siempre relató los hechos conforme a su experiencia personal, enfatizando: “No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada”. También negó reiteradamente haber mentido en su declaración anterior, realizada el 1 de diciembre, a pesar de las persistentes acusaciones vertidas por los miembros de la comisión.

La investigación en marcha sigue volcada sobre el manejo de la comunicación y la cadena de decisiones durante la catástrofe, centrándose en la responsabilidad de los máximos responsables políticos y sus colaboradores. El debate incluye tanto la pertinencia de las órdenes dadas (o la ausencia de ellas) en una jornada marcada por la falta de información técnica crucial, como la posible supresión de mensajes intercambiados entre Cuenca y Mazón, una cuestión sobre la que los diputados han mostrado especial interés al analizar si podría haber existido un intento de ocultar detalles relevantes para la evaluación de responsabilidades.

El testimonio de Cuenca continuará aportando elementos claves para la comisión del Congreso, mientras la causa penal instruye los hechos en los tribunales y el debate político mantiene activa la demanda de transparencia sobre lo ocurrido en la trágica dana de 2024.

El recorrido que realizó Carlos Mazón la tarde del 29 de octubre, justo antes de que la provincia de Valencia sufriera una de sus mayores tragedias recientes, ha comenzado a salir a la luz a partir de las declaraciones de sus escoltas. El periódico Europa Press informó que el primer escolta asignado al entonces presidente de la Generalitat Valenciana testificó este lunes ante la magistrada de Catarroja, quien está al frente de las pesquisas sobre la gestión del episodio de lluvias torrenciales y el desastre resultante, el cual provocó 230 fallecimientos en la provincia. La indagatoria busca establecer cómo se tomaron decisiones durante las horas previas a la catástrofe y determinar la eventual responsabilidad de altos cargos, incluida la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su antiguo número dos, Emilio Argüeso, ambos señalados en la causa como investigados.

Durante la audiencia, a la que fueron citados tres escoltas de Mazón asignados al operativo de aquel día, el testigo detalló para la jueza su jornada, que se extendió desde las 7:30 horas del 29 de octubre hasta las 2:00 de la madrugada siguiente. Según publicó Europa Press, tras recoger al entonces mandatario en su domicilio particular, tanto Mazón como parte de su equipo se dirigieron al acto oficial de Sanidad en la avenida de Cataluña, una localización donde tiene su sede la Dirección General de Salud Pública. Allí, según la declaración del escolta, todavía no se había mencionado ninguna situación extraordinaria ni se detectó alarma acerca de la emergencia climática.

Alrededor de las 11:00 horas, Mazón y su séquito llegaron al Palau de la Generalitat para cumplir con la agenda oficial programada. Culminadas las actividades, el grupo salió caminando con destino a un restaurante donde el expresidente tenía programada una comida. El medio Europa Press consignó que este establecimiento, El Ventorro, se ubica lo suficientemente cerca del Palau como para prescindir del coche oficial, que permaneció estacionado en la sede del gobierno autonómico. En ese momento, Mazón comunicó a sus escoltas que se retiraran y él continuó solo hasta el restaurante, mientras los agentes regresaban al Palau de la Presidencia.

La siguiente fase del testimonio sitúa la acción por la tarde, momento clave para la investigación. Según relató el escolta y reprodujo Europa Press, a partir de las 19:00 o las 19:15 horas los escoltas salieron a llenar los depósitos de los vehículos oficiales. Mientras tanto, el chófer de Mazón recibió la instrucción de ir a recoger al expresidente y trasladó ese aviso a los escoltas, quienes se enteraron de la nueva orden entre 19:15 y 19:20 horas. Los agentes retornaron primero al Palau, llegando sobre las 19:35 horas, mientras que Mazón apareció en el edificio oficial aproximadamente quince minutos después, es decir, hacia las 19:50 horas.

En esa secuencia temporal, la rutina de Mazón en el Palau apenas se extendió, según la versión del escolta. "Ahora bajo y nos vamos", manifestó el expresidente a sus agentes de seguridad, de acuerdo con lo expuesto en la declaración recogida por Europa Press. El tiempo que empleó en subir a su despacho y volver a bajar para el desplazamiento siguiente fue mínimo, de modo que el grupo abandonó el Palau poco antes de las 20:00 horas.

En su recorrido posterior, Mazón fue acompañado por su asesor Josep Lanuza en el vehículo oficial, seguidos por la escolta. En el trayecto hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, se sumó al grupo la jefa de prensa, Maite Gómez, cuando fue recogida específicamente para el desplazamiento hacia l'Eliana, el municipio donde se encuentra la sede del centro de emergencias. La llegada al destino se produjo alrededor de las 20:30 horas, según el testimonio reproducido por Europa Press. Los escoltas señalaron a la jueza que no ingresaron a ninguna dependencia junto al expresidente dado que el lugar era considerado seguro en ese contexto operativo.

El caso sobre la gestión de la crisis por la DANA que azotó Valencia ha ido sumando información procedente de una serie de testigos directos de las actividades institucionales y privadas de los responsables políticos implicados. Europa Press detalló que la investigación de la juez se enfoca en el control y reacción de las autoridades ante una situación climática desbordada, ahora bajo una revisión minuciosa, con la reconstrucción de los movimientos y decisiones claves de los principales dirigentes autonómicos el día de la tragedia.

José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, compareció este lunes por segunda vez ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. En su intervención volvió a negar que diera órdenes a la exconsellera de Interior Salomé Pradas durante aquella tarde e insistió en que sus mensajes de WhatsApp, conocidos tras ser aportados por Pradas al juzgado que instruye la causa penal, no fueron instrucciones operativas, sino “una reflexión” sobre la necesidad de actuar con cobertura legal en un contexto de extrema gravedad.

La comparecencia se produjo tras la difusión de los intercambios entre ambos, en los que Cuenca escribió a Pradas frases como “Salo, de confinar nada, por favor. Calma”. Ese mensaje, enviado a las 19.54 horas del día de la riada, se ha convertido en uno de los ejes de la investigación parlamentaria y judicial, al tratarse de un momento en el que la entonces consellera valoraba medidas más restrictivas ante el avance de las inundaciones que acabarían dejando 230 muertos en la Comunitat Valenciana.

Cuenca ya había comparecido el pasado 1 de diciembre, pero fue citado de nuevo después de que se conociera el contenido de esas conversaciones. En esta segunda intervención, negó haber mentido en su primer interrogatorio y rechazó estar protegiendo a Mazón. “No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada”, afirmó ante los diputados, que le acusaron de haber dado una versión incompleta de los hechos.

El exjefe de Gabinete defendió que el controvertido mensaje sobre el confinamiento no transmitía ninguna instrucción del president ni pretendía frenar decisiones técnicas. Según su explicación, se limitó a trasladar una reflexión personal para que, en caso de adoptarse una medida de ese calibre, se hiciera con la “máxima cobertura jurídica”. Negó haber vinculado el confinamiento a la declaración de un estado de alarma y subrayó que carecía de competencias para ordenar nada en una emergencia.

“Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia”, repitió en varias ocasiones. Cuenca sostuvo que, como jefe de Gabinete, no era más que “un conseller” sin capacidad para “ordenar ni poner firme a ningún técnico”, y que en todo momento se hizo lo que indicaron los servicios especializados.

También recordó que Pradas habló con Mazón alrededor de las 19.45 horas y defendió que el entonces president “nunca dejó de estar comunicado” durante la crisis. En paralelo, volvió a poner el foco en la falta de información sobre el caudal del Barranco del Poyo, un dato que, según dijo, condicionó la respuesta institucional. “Sin esa información nadie habría podido intentar hacer algo para evitar lo que desgraciadamente todavía nos duele a todos”, reiteró.

El borrado de mensajes

Uno de los puntos más controvertidos de la sesión fue la desaparición de mensajes del teléfono móvil de Cuenca, incluidos los intercambiados con Mazón y Pradas. Los grupos del Gobierno y buena parte de la oposición le reprocharon haber borrado esas comunicaciones para encubrir al expresidente autonómico. El compareciente negó haberlo hecho de manera deliberada y rechazó cualquier acusación de destrucción de pruebas.

Desde ERC, Teresa Jordà le acusó de “vacilar” a la comisión y de tratar de desviar responsabilidades. “No somos imbéciles, ni la ciudadanía tampoco”, le espetó, después de que Cuenca negara haber influido en el retraso del mensaje de Es-Alert o en la decisión de no confinar. Mikel Otero, de EH Bildu, fue más allá y sostuvo que su “entrometimiento” en la gestión supuso un “fallo muy grave”, al introducir dudas jurídicas en un momento crítico que, a su juicio, podría acarrear responsabilidades penales.

Àgueda Micó, diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, centró su intervención en la continuidad de Cuenca como asesor de Mazón en la Oficina del Expresident y en el salario que percibe por ese trabajo. A su entender, esa relación explicaría su negativa a reconocer órdenes y su fidelidad al antiguo jefe del Consell. Micó llegó a sugerir que Cuenca podría acabar imputado si se demostraba que encubrió conversaciones clave de aquella tarde.

Desde Sumar, el diputado Alberto Ibáñez preguntó por las informaciones conocidas ese mismo día en sede judicial sobre los movimientos de Mazón durante la emergencia, una cuestión sobre la que Cuenca eludió pronunciarse alegando que no había tenido tiempo de informarse. En el mismo grupo, Nahuel González, de IU, le instó a pedir disculpas a las víctimas por seguir insistiendo en que no dio órdenes, una petición que el compareciente rechazó de plano.

La diputada socialista Patricia Blanquer reprochó a Cuenca su actitud defensiva y le acusó de “no contestar” y de victimizarse. También puso el acento en la desaparición de mensajes de su teléfono corporativo, que calificó de “obstaculización a la justicia”, y cuestionó si trasladó a Mazón todos los avisos de Pradas sobre fallecimientos y desbordamientos. Cuenca respondió que comunicó los avisos relevantes y volvió a insistir en que no actuó bajo órdenes ni dio instrucciones en nombre de nadie.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha exonerado una deuda de 73.595,53 euros a una vecina de Albal cuyo endeudamiento se originó tras el cierre de su negocio en 2012 y se agravó en 2024 a raíz de la DANA que afectó al edificio en el que reside. La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que permite cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia que actúan de buena fe.

El origen de las dificultades económicas se remonta a la etapa en la que la mujer decidió emprender un negocio de confección e instalación de cortinas. Para ponerlo en marcha solicitó varios préstamos, pero, tras un periodo inicial de actividad, en 2012 tuvo que cerrar debido a las pérdidas derivadas de la crisis económica. A esta situación se sumó un divorcio complejo, en el que su expareja se desentendió tanto del negocio como de las responsabilidades familiares. “Fue el inicio de un declive y un desastre”, recuerda.

Tras el cierre, tuvo que asumir las deudas pendientes y la totalidad de la hipoteca del piso donde vive, cuyo vencimiento se prolonga hasta 2046. Para poder mantener la vivienda solicitó ampliaciones hipotecarias y, durante años, afrontó en solitario los gastos de sus hijos, recurriendo a nuevos préstamos para cubrir necesidades básicas.

La Ley de Segunda Oportunidad

Pese a ello, afirma que siempre trató de cumplir con sus obligaciones. “Siempre intenté encontrar una solución a mis deudas y fui pagando, sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social. Contacté con varios abogados y me dijeron que pagara como pudiera. Fueron unos 13 años de auténtica penuria, muy duros. Suerte que siempre tuve trabajo, aunque con sueldos bajos, porque si no, no estaría aquí”.

En 2020 conoció la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero varios despachos le indicaron que no podía acogerse al procedimiento al ser propietaria de una vivienda, aunque estuviera hipotecada. “Yo no quería dejar mi casa, porque no quería que mis hijos acabaran en la calle”, explica.

Un cáncer de riñón daños de la DANA

La situación se agravó en 2024, cuando fue diagnosticada de cáncer de riñón. Tras la intervención quirúrgica y un largo periodo de baja laboral, sus ingresos se redujeron de forma significativa, lo que le impidió seguir atendiendo los pagos.

Ese mismo año, la DANA del 29 de octubre provocó importantes daños en su edificio, especialmente en la planta baja y el aparcamiento. “La zona del párking se inundó y el agua permaneció unos dos meses. Es probable que la estructura requiera una importante reparación, lo que supondrá un gasto elevado, además del que ya hemos tenido que realizar para salir adelante”, relata. “Todo fue un desastre y las subvenciones están tardando en llegar, hay bloques con ascensores que no funcionan y edificios con estructuras apuntaladas”.

La abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà, subraya que la mujer “se encontraba en una situación de extrema delicadeza, pero siempre tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones, pese a la presión constante de las deudas”. “Más de un año después, hay empresarios que no han podido reabrir sus negocios. A las pérdidas materiales se suma la carga financiera, que se convierte en una mochila insoportable”, añade.

El punto de inflexión llegó a finales de 2024, cuando la mujer decidió iniciar el procedimiento tras encontrar información en internet sobre casos similares. Durante la tramitación, soportó continuas llamadas de empresas de recobro y entidades financieras, que describe como “una auténtica pesadilla”.

Finalmente, el juzgado acordó la exoneración del pasivo pendiente. “Viví todo el procedimiento con mucha incertidumbre, porque nunca me había salido nada bien. Cuando me dijeron que la deuda había sido perdonada sentí un enorme alivio. Me he quitado un peso de encima, sobre todo por mis hijos. No quería que heredaran unas deudas que no eran suyas”, afirma. “Ahora veo el futuro diferente”.

13 comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca ‘Marta’ hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.

Durante el día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y en el entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente en el último tercio del día.

La Aemet mantiene los avisos por deshielo y nieve este lunes en Ávila, Segovia, León y Zamora

Un total de 19 provincias de ocho comunidades autónomas, entre ellas Ávila, Segovia, León y Zamora, además de Ceuta, estarán este lunes 9 de febrero bajo aviso meteorológico por lluvias, nieve, viento, deshielo y fenómenos costeros, en una jornada condicionada por la circulación atlántica sobre la Península Ibérica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las nevadas pondrán en aviso a Segovia, Cuenca, Guadalajara y Madrid, con acumulaciones relevantes y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros. Por su parte, el deshielo activará la alerta amarilla en Ávila, León, Segovia y Zamora.

Las precipitaciones triplican los valores habituales en amplias zonas del centro y sur peninsular

Las lluvias acumuladas desde el pasado 1 de enero han superado más de tres veces los valores normales en gran parte del centro y del sur de la Península, así como en áreas del nordeste, según ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cambio, la Aemet ha señalado a través de un mensaje en la red social X que, desde comienzos de año, las precipitaciones han sido inferiores a la media en algunos puntos del Cantábrico, tomando como referencia el periodo climatológico 1991-2020.

La borrasca Marta, que entró en España el sábado, es la decimotercera de gran impacto que afecta al suroeste de Europa desde el inicio oficial de la temporada el pasado 1 de septiembre, y la séptima registrada desde el mes de enero.

Este nuevo episodio continúa teniendo una incidencia destacada en Andalucía, aunque este domingo las lluvias han remitido de forma puntual, lo que ha permitido el regreso a sus hogares de parte de las más de 11.000 personas que habían sido evacuadas en los últimos días.

*Con información de EFE

Cruz Roja colabora en el rescate de un centenar de ovejas en Badajoz

Equipos acuáticos de Cruz Roja Emergencias participan en el rescate de cerca de 100 ovejas que permanecían aisladas desde hace seis días, sin acceso a alimento y con riesgo de verse afectadas por la crecida del río Guadiana, en las inmediaciones de Arroyo de San Serván.

El operativo se desarrolla a estas horas en la zona, donde los animales habían quedado atrapados por el aumento del caudal del río, lo que ha hecho necesaria la intervención de los efectivos especializados para garantizar su seguridad.

Rachas de hasta 74 km/h en El Altet y seis intervenciones en la provincia de Valencia

El episodio de viento registrado este domingo en la Comunitat Valenciana ha dejado rachas máximas de hasta 74 kilómetros por hora en el aeropuerto de El Altet (Alicante), según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat.

A través de su cuenta oficial en X, el 112 ha comunicado que mantiene activo el seguimiento de este episodio en las tres provincias. Hasta las 16.00 horas, los bomberos de Castellón y de Alicante no habían atendido ningún servicio relacionado con el viento, mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha llevado a cabo un total de seis intervenciones.

De acuerdo con los datos facilitados por Emergencias a partir de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la provincia de Alicante también se han registrado rachas significativas, con 68 km/h en Villena, 64 km/h en Alcoi y 59 km/h en Orihuela.

/espana/2026/02/08/persiste-la-situacion-de-circulacion-atlantica-y-la-entrada-de-aire-humedo-y-calido-la-aemet-avisa-de-que-seguiran-las-lluvias-generalizadas/

Las fuertes lluvias desprenden un trozo de la fortaleza del Hacho en Ceuta del siglo XVIII

La sucesión de borrascas ha provocado el desprendimiento de un trozo de la fortaleza del Hacho, del siglo XVIII, debido a la acumulación de agua en una de las partes del edificio militar ceutí. Según ha señalado la asociación Septem Nostra, dedicada a la protección del patrimonio, el desprendimiento afecta a la parte baja de uno de los lienzos más próximos al Baluarte de San Amaro de esta edificación, en la parte noroccidental.

La edificación, que fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1997 en la categoría de conjunto histórico, ha sufrido los daños presuntamente por la acumulación de agua en los muros del recinto amurallado. La asociación ha recordado que a finales de diciembre del año 2000 también se produjo otro derrumbe de unos 40 metros del lienzo de muralla, siendo necesaria su restauración.

Situada en el monte Hacho, a unos 190 metros de altura y 800 de distancia del casco urbano de Ceuta, la fortaleza se construyó a mediados del siglo XVIII (1773) según una propuesta de Juan Caballero que proyectaba para el fuerte cuarenta torreones, un nuevo cuartel para doscientos soldados y un polvorín para doscientos quintales.

Se ha ampliado con recintos para distintos usos y en la actualidad, abandonada su función como prisión, es un acuartelamiento de Artillería Antiaérea. Ceuta permanece en situación de alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos, concretamente hasta las 09:00 horas de este lunes por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y hasta las 12:00 horas de mañana por lluvia.

*Información elaborada por EFE.

Los movimientos sísmicos registrados en Andalucía no tienen nada que ver con las lluvias

Raúl Pérez, investigador del Instituto Geológico y Minero de España integrado en el CSIC, ha desmentido que haya relación entre los movimientos sísmicos que se han registrado a lo largo de la última semana en Gaucín, Jimera de Líbar, Málaga y El Bosque y su entorno en Cádiz y las fuertes lluvias que han azotado Andalucía.

“Estamos analizando la serie de terremotos que están ocurriendo desde el 2 de febrero en las provincias de Cádiz y de Málaga, y su posible relación con el periodo excepcionalmente de lluvias que están sucediendo; a día de hoy, no existe evidencia científica alguna que relacione los terremotos que están siendo sentidos por la población con las lluvias”, ha explicado Pérez.

El experto ha señalado que “no son hidrosismos”, movimientos del terreno provocados no por la actividad directa de las placas tectónicas, sino por el comportamiento del agua en el subsuelo. En este sentido, Pérez insiste en que “esta serie sísmica corresponde a un esquema de una zona sísmicamente activa como es la provincia de Cádiz y también la provincia de Málaga”.

El video llega después de la difusión del bulo que afirma que existe una relación entre ambos fenómenos. El experto del CSIC es uno de los desplegados sobre el terreno, que a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha aclarado que se trata de una actividad “normal en la zona y sin riesgo, que en nada tiene que ver con los efectos de las borrascas, llenados de los acuíferos o inundaciones”.

El tronco principal del Guadalquivir sigue en nivel rojo, aunque tiende al descenso suave

El tronco principal del río Guadalquivir se mantiene en nivel rojo a su paso por todas las provincias andaluzas, si bien la tendencia general es estable o de descenso suave, excepto en Marmolejo (Jaén), donde se observa un ligero ascenso, según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Durante la jornada de ayer se registraron precipitaciones abundantes y generalizadas en gran parte de la cuenca, con acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado y, en numerosos puntos, por encima de los.

Las mayores precipitaciones se concentraron en la margen derecha del Guadalquivir, especialmente en la Sierra de Cazorla, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena, Sierra Morena en Córdoba y el entorno de Doñana. En la margen izquierda destacaron los registros en la cuenca alta del Genil, con un máximo de 51 litros por metro cuadrado en Huétor Santillán, y en la Sierra Sur de Sevilla.

Pese al descenso de las lluvias en las últimas horas, la punta de la segunda crecida pasó por Córdoba en torno a las 2:00 horas, con valores similares a los registrados el pasado día 6.

En Sevilla, el caudal máximo en Alcalá del Río fue de 4.335 metros cúbicos por segundo a las 3:00 horas, encontrándose desde entonces en descenso suave. En la capital sevillana, se estima que la punta de la crecida pasó alrededor de la medianoche, con caudales estimados entre 4.600 y 4.700 m³/s.

Se prevé que el nivel del río se mantenga elevado durante el día de hoy, con un ligero descenso, mientras que mañana se espera el paso de la punta asociada a la segunda crecida generada por la borrasca Marta.

Desde el inicio de la borrasca Leonardo, el pasado 21 de enero, el volumen de agua embalsada en la cuenca del Guadalquivir ha aumentado en 2.177 hectómetros cúbicos, alcanzando el 74,5 % de la capacidad total (8.037 hm³). Solo desde el 26 de enero, el incremento ha sido de 1.995 hm³.

*Información elaborada por EFE.

Más de 700 familias desalojadas en Córdoba pueden ya regresar a sus casas

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han atendido a los medios de comunicación este domingo y han asegurado que en la totalidad de la provincia se han visto afectadas 1.462 personas y 859 viviendas por los efectos de la crecida del río a causa de la borrasca Marta. Tras una jornada del sábado de “mucha tensión”, el regidor ha afirmado que “lo peor ya ha pasado”, por lo que ha autorizado a 724 familias -unas 1.200 personas- a volver a sus casas tras haber sido desalojadas.

En una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación este domingo en el edificio Plaza de la Constitución, Molina ha indicado que “son 591 incidencias las que se han registrado durante esta semana en la totalidad de los municipios de la provincia”, más de la mitad de ellas concentradas en las jornadas del miércoles, jueves y sábado con “muchísimas incidencias” como “caída de objetos a la vía, caída de árboles, ramas, balsa de agua encalzada y situación de inundación”.

Asimismo, ha señalado que, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se han decretado avisos por lluvia en los próximos días, aunque ha matizado que “parece que la semana va a seguir lloviendo, pero de una manera mucho más suave”.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha considerado que “lo peor ya ha pasado”, aunque ha agregado que “la situación de emergencia continúa, pero ya en una fase descendente en cuanto a la problemática que ha venido arrastrando” el tren de borrascas.

No obstante, las borrascas Leonardo y Marta han provocado que las administraciones desalojen hasta a 1.462 personas de 859 viviendas, de las cuales ya 135 siguen aún en zonas inundadas “o hay una afección grave y hay riesgo de que todavia pueda, en un momento dado, volver a inundarse la zona”, ha precisado el primer edil.

Alrededor de 250 personas siguen afectadas por las inundaciones. En concreto, 64 viviendas en la zona de Altea siguen afectadas, así como 30 en Majaneque; 20 en Guadalvalle; catorce en Cigüeñas y siete en Ribera Baja.

/espana/2026/02/08/el-intenso-temporal-de-lluvias-provoca-el-derrumbe-de-una-parte-de-la-muralla-de-lugo/

Regresan a sus casas vecinos de Secadero y San Martín del Tesorillo tras descartarse el riesgo de inundación

Cerca de 180 personas del núcleo urbano de El Secadero en Casares (Málaga) y de San Martín del Tesorillo (Cádiz) que tuvieron que abandonar sus casas ante el riesgo de inundación por la crecida del río Guadiaro pueden regresar a sus viviendas con todas las garantías de seguridad.

Así se ha decidido tras la reunión de coordinación con el operativo del Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares Costa, presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. Según ha valorado Navarro, la pasada noche el río Guadiaro no ha alcanzado los niveles de desbordamiento y las viviendas no han resultado afectadas por las inundaciones que sí sufrieron en días anteriores.

Además, “el episodio de borrascas que vamos a tener para mañana va a ser más parecido al del día de ayer que al del pasado miércoles y, por lo tanto, creemos que se puede llevar el realojo de los vecinos con toda la seguridad durante el día de hoy”.

Los alcaldes de Casares y San Martín del Tesorillo, Juan Luis Villalón y Jesús Fernández, respectivamente, que han estado presentes en la reunión de coordinación han sido informados por la delegada del Gobierno de esta decisión. Muchos de estos vecinos ya se habían marchado de sus viviendas previamente a los desalojos organizados por el PMA de Casares.

Además, Navarro ha informado de que el albergue provisional instalado en el colegio Los Almendros de Secadero también va a ser desmontado, después de que las 25 personas que fueron allí trasladadas hayan podido regresar a sus domicilios.

*Información elaborada por Europa Press.

Los 660 vecinos desalojados de Doña Blanca en El Puerto (Cádiz) regresan a sus casas

Los 660 vecinos del poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han comenzado a regresar este domingo a sus viviendas después de que el Ayuntamiento solicitara a la Junta de Andalucía rebajar el nivel de emergencia y tras comprobarse que el agua del Guadalete no ha afectado a sus casas.

El alcalde, Germán Beardo, ha explicado en sus redes sociales que las obras de urgencia realizadas en los últimos días, con la colocación de un dique y el achique del agua, han impedido que las lluvias siguieran entrando en las calles del poblado y alcanzaran las casas.

En previsión a una posible inundación total del poblado, sus 660 vecinos abandonaron sus casas el pasado jueves y han tenido que pernoctar desde entonces en casas de familiares, amigos, o en el pabellón Angelita Alta. El regidor ha subrayado que el tanque de tormentas, aún en fase experimental, ha funcionado y ha evitado que el barrio de Crevillet se haya inundado como en episodios anteriores. Además, ha anunciado que este lunes arrancará un plan especial de limpieza en las zonas costeras, especialmente en el Paseo de Valdelagrana y en la Costa Oeste, que han quedado afectados por el temporal.

*Información elaborada por EFE.

Los vecinos de Grazalema regresan a sus casas para “recogida de enseres” y “atención de animales” tras el desalojo preventivo

191 vecinos desalojados de la localidad de Grazalema (Cádiz) acceden este domingo a sus casas acompañados por agentes de la Guardia Civil, pero solo para “recogida de enseres de primera necesidad” y “atención de animales domésticos”.

Adif suspende circulación trenes entre Jaén, Alcolea de Córdoba y Lora del Río (Sevilla)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación de trenes entre Jaén, Espeluy (Jaén), Alcolea de Córdoba (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla), a causa del paso de la borrasca Marta por dichas localidades. En un mensaje difundido a través de su perfil en X, Adif ha detallado que la vía se encuentra en mal estado a causa de las condiciones meteorológicas.

278 incidencias en Galicia por la borrasca Marta

El paso de la nueva borrasca ha dejado 278 incidencias en Galicia, conforme detalla el servicio de emergencias de la comunidad autónoma. Ninguna de las incidencias registradas ha provocado daños personales graves y la mayor parte de las intervenciones se han producido por alarmas, presencia de nieve en carreteras y árboles caídos.

A su paso por Galicia, la nueva borrasca dejó, en el mismo período, esto es, desde las 00:00 de octubre hasta las 7 de hoy, un total de 278 incidencias relacionadas con la nieve y la acumulación de precipitaciones. Así, el 112 Galicia registró 49 intervenciones por inundaciones en calles y carreteras, garajes, bajos y viviendas; 25 por nieve en vías; 23 por caída de árboles y 23 acciones de los recursos de emergencias para evitar riesgos.

En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra es la más afectada con 90 incidencias, A Coruña con 78, Ourense con 62 y Lugo con 42. Además, los ayuntamientos que sumaron el mayor número de intervenciones fueron: A Coruña (7), A Estrada (8), Lalín (6), Lugo (8), Oleiros (7), Pedrafita (8), Pontevedra (8), Santiago (12), Vigo (14).

De esta forma, finaliza una semana marcada por la concatenación de borrascas, que han dejado un total de 838 incidencias relacionadas con la climatología y la atención del 112 de 6.860 llamadas en cuatro días.

Los vecinos desalojados de Dúdar (Granada) regresan a sus viviendas ante la mejoría de la situación

El Servicio de Emergencias de Andalucía ha autorizado este domingo el regreso ordenado a sus viviendas de los vecinos desalojados en prevención del municipio de Dúdar (Granada) ante la mejoría de la situación meteorológica e hidrológica en su entorno, conforme ha detallado el organismo a través de su cuenta de X.

El alcalde de Toledo pide “máxima prudencia” ante la crecida del río Tajo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hecho este domingo un llamamiento a la “prudencia” y a la “responsabilidad” de todos los ciudadanos ante la situación del río Tajo tras las intensas lluvias registradas en los últimos días y los continuos desembalses de los pantanos de cabecera, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Durante una visita que ha realizado a la zona afectada de la senda ecológica, Velázquez ha explicado que, aunque la jornada de hoy puede darnos una “tregua meteorológica”, sigue lloviendo en otras partes de España lo que provoca que el río “suba de manera importante”. De hecho, ha recordado que los embalses se encuentran prácticamente al cien por cien de su capacidad, lo que obliga a realizar desembalses que están influyendo directamente en el caudal del Tajo.

En este sentido, el alcalde ha indicado que el río ha experimentado una subida notable durante la pasada noche y que, aunque no se han alcanzado los niveles registrados en la primavera pasada cuando fue necesario actuar en puntos como el Hospital Nacional de Parapléjicos, la situación requiere vigilancia constante, “seguimos en contacto permanente con la AEMET, el 112 y la Confederación Hidrográfica del Tajo para evaluar la evolución del río en tiempo real”.

Velázquez ha señalado que en estos momentos varios tramos de la senda permanecen cortados al tránsito y no se descarta que puedan cerrarse nuevos espacios en los próximos días. Entre los más afectados se encuentran las proximidades del puente de Alcántara, donde ya se produjo un desprendimiento de rocas, así como otras partes en Safont, la playa de Tenerías y zonas próximas al Casco Histórico, donde el agua ha alcanzado cotas elevadas.

El alcalde ha advertido especialmente del peligro de aproximarse a arroyos, cauces y al propio río Tajo, recordando que en algunos tramos “hay zonas aparentemente transitables que, pocos metros más adelante, se encuentran completamente anegadas”, es por ello, que ha pedido a los ciudadanos que respeten escrupulosamente los cortes y las señalizaciones instaladas por los cuerpos de seguridad, “si hay una cinta de Policía Local o de Protección Civil es por algo, no es una decisión arbitraria, sino técnica, y busca garantizar la seguridad de todos”.

*Información elaborada por Europa Press.

Más de 11.000 andaluces siguen fuera de sus casas

La cifra de personas evacuadas en Ubrique alcanzó anoche los 350, según la información ofrecida al municipio por el servicio de emergencias. A esta hora, la nómina de desplazados en la región sigue superando los 11.000.

También se registraron incidencias en los suministros básicos. En Benamahoma el ayuntamiento informó que toda la población estaba anoche sin suministro eléctrico ni cobertura desde la tarde de ayer. En Benaoján y Montejaque también hubo falta de suministro eléctrico durante la noche.

En Granada, el deslizamiento de una ladera sobre un corral y vivienda adyacente provocó el derrumbe parcial de una vivienda en la calle Granada de Ianalloz. En su interior había dos adultos que fueron evacuados, al tiempo que técnicos municipales iba a examinar los daños. En Pinos Genil, la Policía Local informó del desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en la calla Abajo de Pinos, por lo que fueron desalojadas dos personas.

Esta pasada noche también se ha recomendado a 11 personas en la zona de Llanos del Arenal, en La Garza (Linares), que desalojen sus viviendas por zona inundable. Todas han dejado sus domicilios y ahora están alojados en hotel por el ayuntamiento.

Andalucía registra más de 10.500 incidencias desde el principio del tren de borrascas

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya 10.613 incidencias, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481).

Esta pasada madrugada se han contabilizado 24 incidentes, una cifra que se aleja de las registradas durante las jornadas anteriores. El sábado, se coordinaron un total de 958 avisos, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras.

Los cauces de Rivillas y Calamón (Badajoz) Suben de manera “rápida e imprevista”

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado que los cauces de los arroyos Rivillas y Calamón han subido “de manera rápida e imprevista” durante la noche de este pasado sábado al domingo, aunque sin suponer un riesgo para las personas, así como ha señalado que el río Guadiana “mantiene un nivel muy elevado”, pero “permanece estable”.

Con relación a las pedanías pacenses de Gévora, Sagrajas y Novelda, cuyo desalojo voluntario fue aprobado en la tarde de este pasado sábado ante el riesgo de quedar incomunicadas por un periodo indeterminado de horas a causa de una crecida, el consistorio ha señalado que “no se han visto incomunicadas en ningún momento de la noche”.

Por su parte, el Puente de la Autonomía continúa cerrado a la circulación, así como el acceso a la EX-209 por la rotonda, ha precisado en su última actualización el ayuntamiento.

Finalmente, el Gobierno local ha señalado que, por el momento, se mantienen las medidas adoptadas hasta la fecha, a la par que ha pedido “máxima preocupación” y evitar transitar por los entornos de ríos y riberas.

*Información elaborada por Europa Press.

Sierra Nevada retrasa su apertura este domingo por trabajos de limpieza de nieve

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado este domingo, 8 de febrero, su apertura a las 9,30 horas debido a que se están llevando a cabo trabajos de limpieza de nieve en los remontes. Así lo ha trasladado Cetursa, entidad que coordina este recinto invernal, a través de su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), consultada por Europa Press. Igualmente, ha detallado que los efectivos están trabajando en la reparación de polea en la torre 5 de la telesilla Emile Allais.

El temporal provoca el corte de 179 carreteras, 3 de ellas en la red principal

El temporal de lluvia que atraviesa gran parte de la península mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos un total de 179 carreteras, tres de ellas en la red principal, mientras que la nieve está afectando a más de 50 carreteras.

Según ha informado a las 9:20 horas de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras andaluzas son las más afectadas por el temporal de lluvia, con 150 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, especialmente en la provincia de Cádiz. De la red principal siguen cortadas en Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera, sentido Tarifa; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete.

Además, la nieve está afectando a más de 50 carreteras, 9 de ellas de la red principal.

Información elaborada por EFE

/espana/2026/02/07/la-guardia-civil-salva-a-400-animales-tras-inundarse-una-explotacion-porcina-en-aldea-real-segovia-por-las-lluvias-de-las-borrascas/

La imputación del expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la causa de la DANA parecía, hasta el momento, estar lejos de poder cumplirse, ya que al haber estado desaparecido durante la mayor parte de la tarde del 29 de octubre de 2024, resulta muy difícil demostrar cualquier tipo de responsabilidad en la toma de decisiones erróneas y tardías que se llevaron durante esa jornada. Sin embargo, entre toda la documentación que está recogiendo la jueza de Catarroja existe una línea a seguir que podría facilitar este cometido.

Se trata del desbordamiento de la presa de Buseo, que a diferencia del resto de embalses, se produjo pasadas las 22:00 de la noche, cuando Mazón se encontraba al mando del Cecopi (llegó a las 20:28) y, según declaró la exconsellera de Justicia y Seguridad, Salomé Pradas, en sede judicial, “todo se centralizó” en él.

Esto dejaría toda la toma de decisiones a partir de esa hora en manos del expresident y la responsabilidad de todos los avisos y mensajes que fueron ignorados durante esas horas críticas, avisando del inminente desbordamiento, que acabó provocando la muerte de siete personas (dos en Sot de Chera y cinco en Pedralba) en la noche del 29 de octubre de 2024.

Sobre este tema, Joan Comorera, abogado representante de la acusación popular ejercida por FETAP-CGT, indica a Infobae que por el momento no se han llevado a cabo acciones en esta dirección en la causa, pero es una muestra más de que “no supieron gestionarlo, ni dar los avisos oportunos que a lo mejor hubiesen salvado vidas”, porque la “información existía”. “Por el momento está un poco cogido por pinzas, pero es un tirón que podría permitir dar los primeros pasos para imputar a Mazón”, explica.

El nivel mínimo de desbordamiento

La presa de Buseo es una infraestructura centenaria (su construcción finalizó en 1915) que está situada en el municipio valenciano de Chera sobre el río Reatillo y su primera particularidad es que es el único embalse cuya titularidad pertenece a la Generalitat Valenciana, lo que significa que son los encargados de su mantenimiento, seguridad y estado.

En 2019 se redactaron las Normas de Explotación de la presa y se llevó a cabo una nueva cubicación, detallando los mínimos de seguridad. Así se indicó que el riesgo de desbordamiento, y por ello situación de emergencia, se alcanzaría en el momento que la presa superará los 8,25 hectómetros cúbicos (hm3), que miden el volumen embalsado, es decir, la cantidad total de agua que contiene el embalse en ese momento.

El día de la DANA este nivel alcanzó los 8,866 hm3 a las 22:15, provocando que se vertiera por coronación, es decir el agua se empezó a salir por la parte alta de la presa. A esto hay que sumarle que el propio vertido provocó daños en la única toma operativa de las cuatro que tenía la presa, que “quedó cerrada y sin posibilidad de ser maniobrada”, según detalla un informe posterior, y se produjo una rotura en la toma 1, produciendo una fuga. Esto se debió a que la presa no se encontraba en condiciones óptimas, según varios informes que se llevaron a cabo antes de ese día, el último en el propio verano de 2024.

El agua vertida por la parte alta de la presa y por la fuga alcanzó primero el municipio de Sot de Chera, a unos 2,5 kilómetros, donde un niño de tres años y su padre fueron arrastrados por el agua mientras se encontraban trabajando en una finca pasadas las 22:45, según declaró la mujer y madre de las víctimas en el juzgado. Estaban fuera, porque el único aviso que habían recibido de las autoridades fue el Es-Alert de las 20:11, que solo les pedía que evitaran “cualquier tipo de desplazamiento en la provincia”, sin indicaciones más concretas de lo que estaba ocurriendo.

Los avisos de lluvia de la CHJ

Y es que ni la gente de Sot de Chera ni la de Pedralba fueron informados del peligro que corrían, aun teniendo la Generalitat suficiente información para entender que la situación era de peligro. Desde la mañana de ese día, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuvo mandando avisos automáticos de lluvias en los momentos en los que se superó los límites establecidos, habiendo hasta cinco entre las 9:00 y 21:00, que se publicaban en su propia página web y que se enviaban a Protección Civil, al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y a la Delegación de Gobierno de Valencia.

Sumado a esto, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), pertenecientes a la CHJ, de Buseo aportó los datos sobre el volumen embalsado dentro de la presa, cuyo último dato fue el de las 22:15, superando el umbral, porque el aparato de medición fue arrancado por la corriente y se tuvieron que hacer de forma manual.

“Se debería avisar a Sot de Chera”

Aquí entra el papel de uno de los ingenieros que estuvo personado en la presa durante toda la noche, Alberto Canet. Como trabajador de la empresa TYPSA, subcontrata de la Generalitat para la gestión de la presa, mandó varios avisos a horas claves de esa noche.

El primero fue a las 20:41, avisando de un inminente desbordamiento al director de la explotación de la presa y a la CHJ, diciendo de forma textual “el caudal entrante es de 180 hm/segundo. Desbordaremos en 3,5 horas por el aliviadero”. No hubo respuesta.

Horas más tarde, a las 23:02, escribió un nuevo mensaje, ya incluyendo a la sala del 112 entre sus destinatarios, con un texto más contundente, en el que tras explicar que no pueden seguir avanzando por el agua, indica que “en principio la presa debe estar vertiendo agua por el aliviadero de margen derecha. El último dato publicado por CHJ a las 21:00 la presa estaba a punto de desbordar, y el caudal entrante era de 500 m3/s, la capacidad del aliviadero es de 250 m3/s aproximadamente, es probable que la presa esté vertiendo por coronación y el caudal aguas debajo de la presa hacia Sot de Chera sea elevado”.

Continúo a las 00:10 explicando que no pueden determinar si la presa está vertiendo por coronación, “es probable que sí” y mostrando su preocupación por el estado de la presa, que en ese momento era imposible de determinar, pero “no es buena”. “Se debería avisar a Sot de Chera para que traten de desalojar la parte baja del pueblo”, cerraba.

El último correo fue enviado a la 1:05: “Tras correos anteriores indicando el posible nivel de presa (ya que hasta el momento no hemos podido comunicar con los operarios de presa) Es probable que se haya superado el umbral límite que corresponde a un estado de emergencia nº3″. Añadía una indicación a su correo anterior, explicando que “es probable que el vertido del aliviadero lateral supere los 300 m3/s hacia Sot de Chera” y que “se esté superando el nivel de coronación”. Estos mensajes, además de estar aportados en la causa de la DANA, fueron confirmados por el ingeniero en su declaración en sede judicial.

Sin embargo, el estado de emergencia nivel 3 no llegó nunca y solo se elevó al 2 el 30 de octubre a las 9:15, cuando el agua ya se había desbordado y habían fallecido las siete personas. De haberse seguido la indicación del ingeniero de alcanzar ese nivel, la Generalitat, a través del CECOPI, tendría que haber avisado a la población “situada en la zona inundable en la primera media hora” para desalojarles, situación que nunca llegó.

La polémica sobre la gestión del confinamiento durante la catástrofe de la dana en la Comunitat Valenciana volverá a acaparar la atención de la comisión parlamentaria del Congreso, con el foco puesto en los intercambios de mensajes ya borrados entre el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Tal como publicó el medio, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha adelantado que preguntará a Cuenca si desempeñó un papel semejante al del entonces ‘president’ de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, al punto de influir decisivamente para que se descartara el confinamiento de la población en las zonas más afectadas por la dana, una emergencia que dejó un saldo de 230 personas fallecidas.

Según informó la agencia, Cuenca está citado a declarar nuevamente ante la comisión de investigación el próximo lunes por la tarde. Será su segunda comparecencia tras la del pasado 1 de diciembre de 2025, en la que aseguró que el ‘expresident’ Mazón no se encontraba ilocalizable durante la emergencia. Esta sesión, inicialmente prevista para el 18 de enero, se aplazó debido al accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. En la primera intervención de Cuenca, aún no se conocían los mensajes íntegros que mantuvo tanto con Pradas como con Mazón durante las horas críticas de la catástrofe, mensajes que después han sido objeto de especial importancia en la investigación parlamentaria y judicial.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, la diputada Micó ha señalado que, al momento de la primera comparecencia, no se disponía de todos los textos intercambiados entre Cuenca y Pradas, quien actualmente figura como imputada en la causa judicial. La representante de Compromís ha centrado parte de sus preguntas en un mensaje específico: “Salo, de confinar nada”, enviado por Cuenca a la consellera. Este mensaje, para la parlamentaria, evidencia una actitud de “president en funciones” por parte de Cuenca y plantea la duda sobre si actuó de hecho como Mazón durante esas horas.

Compromís ha puesto especial interés en esclarecer si el descarte del confinamiento respondió a motivaciones ajenas a la protección de la ciudadanía y estuvo relacionado con la proximidad del puente del 1 de noviembre, momento de especial relevancia económica. Tal como detalló el medio, Micó cuestionará no solo el papel concreto de Cuenca aquel día, sino también la negativa a confinar a la población “sabiendo ahora que la Abogacía de la Generalitat dijo que se podía confinar”. La diputada ha afirmado que se intentará demostrar que se antepusieron consideraciones económicas a la seguridad, aludiendo al Partido Popular como responsable de esa decisión política.

La comisión decidió interrogar nuevamente a Cuenca ante las contradicciones detectadas entre su primera declaración y los elementos que surgieron posteriormente. Según publicó la agencia, Cuenca alegó que la imposibilidad de recuperar los mensajes originales se debió a una supuesta “pérdida de información en un cambio de portabilidad” de su teléfono oficial, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores y los diputados. Además, según consignó el medio, el juzgado que instruye la causa no ha conseguido rescatar los mensajes, ya que Cuenca realizó un reseteo completo de su tarjeta SIM.

El día de la tragedia, trascendió que Pradas se comunicó tanto con Mazón como con Cuenca, aunque solamente los mensajes enviados desde y hacia la consellera han estado disponibles en el expediente judicial. De acuerdo con el relato publicado por la agencia, a las 14:11 horas del 29 de octubre de 2024, la consellera informó a Mazón que el temporal se agravaba en el municipio de Utiel. Poco después, a las 14:25, Pradas remitió un mensaje similar a Cuenca y, ya a las 16:28, le notificó que se había producido el primer fallecimiento en la localidad, sin respuesta de Cuenca a este punto. Más adelante, Cuenca le notificó a Pradas la posibilidad de acudir con Mazón al centro de emergencias 112 hacia las 19:00 y, hacia las 20:00, transmitió a la consellera su negativa al confinamiento, incluso cuando Pradas alertó de la gravedad de la situación y los múltiples desbordamientos.

Ante la jueza encargada de la investigación en Catarroja, Cuenca negó que sus indicaciones vinieran de instrucciones expresas de Mazón y sostuvo que los mensajes presentados estaban “descontextualizados”. De acuerdo con el testimonio recogido en los informes judiciales y que cita el medio, Pradas describió a Cuenca como “una extensión” del ‘expresident’ y explicó que el rechazo al confinamiento, reflejado en sus mensajes, podría vincularse a conversaciones mantenidas con Mazón o con el exsecretario de Presidencia, Cayetano García.

Según precisó el medio, Pradas indicó que, a las 19:43 del día de la dana, comunicó con García para deliberar sobre la posible restricción de movimientos por el temor a la presa de Forata. García finalmente optó por consultar la viabilidad legal de la medida con la Abogacía de la Generalitat. Tras el mensaje de Cuenca, Pradas le señaló que la normativa le otorgaba amparo suficiente para disponer el confinamiento, aunque su postura no prosperó.

Cuenca sostuvo ante la comisión que la preocupación por las consecuencias del confinamiento partía solo de él y que fue García quien manifestó reservas al respecto, negando haber transmitido ninguna indicación ni de Mazón ni del propio García a Pradas. El medio relató que, según las facturas telefónicas de la jornada, García realizó dos llamadas al abogado general de la Generalitat, a las 19:44 y a las 20:25, ambas con duración de un minuto y cuarenta y dos segundos.

Según se desprende del testimonio del abogado general de la Generalitat, recogido por el medio, la conversación mantenida con García alrededor de las 20:30 versó sobre una orden informal de abandonar la opción del confinamiento, lo que llevó a paralizar el estudio jurídico de la medida.

La complejidad de los hechos y la controversia acerca de la cadena de mando, las comunicaciones intervenidas y las responsabilidades políticas y jurídicas, convierten la segunda comparecencia de Cuenca en un punto clave para esclarecer las circunstancias en las que se adoptaron las principales decisiones durante la emergencia provocada por la dana. Las declaraciones programadas en la comisión buscan aclarar la influencia de los distintos actores y arrojar luz sobre una gestión que sigue bajo el escrutinio público y judicial.

“Los cuatro mosqueteros”. Así se llamaba el grupo de WhatsApp donde se coordinaban comisiones y pagos de la trama de las mascarillas. Un nombre que parecía sacado de una película, pero que acabó siendo la pieza clave para que la Guardia Civil reconstruyera, mensaje a mensaje, cómo se movían el dinero y las influencias en plena pandemia.

No es el único caso. “El 1” (presunta referencia al presidente del Gobierno), la logística de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, o el revelador “yo estaré allí para lo que haga falta” de la Operación Kitchen. Los grandes escándalos políticos de los últimos años tienen un denominador común: WhatsApp.

O como en la gestión de la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024, los mensajes se convirtieron en una cronología implacable. La ministra Teresa Ribera aseguró haber intentado contactar con el president Carlos Mazón durante horas críticas. La tardanza en responder quedó registrada al minuto. El móvil no solo mostró lo que se dijo, sino lo que no se dijo y cuándo no se dijo.

WhatsApp como juez

Los abogados conocen bien los riesgos. Así lo ha explicado la abogada Miriam Pascual en un vídeo en sus redes sociales que se ha viralizado: “He tenido varios casos en el despacho que por culpa del WhatsApp ha sido mucho más difícil su defensa”. Sus advertencias no van solo dirigidas a políticos, sino a cualquiera que use la aplicación.

Nunca reconozcas culpas por escrito: “Si alguien te escribe acusándote de un delito o de un hecho que, aunque consideres que no es un delito, puede llegar a serlo, nunca reconozcas las culpas”, ha advertido. En el fragor de una discusión, un simple “perdón, no volverá a pasar” puede interpretarse como confesión ante un juez.

Cuidado con las palabras cotidianas: “Nunca envíes ningún tipo de insulto a tu pareja. Hay expresiones que pueden parecer más cotidianas, como por ejemplo ‘putilla’, y lo digo así porque se me ha dado el caso, y pueden acabar en un delito leve”. El lenguaje de WhatsApp carece de tono. Para un fiscal que lee meses después, solo existe la literalidad, ha explicado.

Las amenazas no desaparecen: “Si estás manteniendo una discusión con alguna persona, no se te ocurra amenazar. En ese momento, tú puedes entender que no tiene ningún tipo de importancia porque está dentro de esa discusión, no deja de ser un delito de amenazas”, ha dicho. Escribir “te vas a enterar” o “vas a pagar por esto” deja un rastro permanente.

Los peligros del ámbito laboral

La abogada también alerta sobre los riesgos en el trabajo: “Si tienes una empresa, no crees un grupo de WhatsApp grupal con los números de teléfono personales de esos trabajadores, sin consentimiento y sin normas establecidas”. Vulnerar la protección de datos puede acarrear sanciones administrativas graves.

Pero hay algo peor: “Ni se te ocurra compartir fotos o stickers de contenido sexual de una persona, independientemente de que la conozcas o no. Podrías incurrir en un delito castigado con prisión”. No importa si el contenido llegó por otro grupo. El simple hecho de reenviarlo convierte al usuario en autor de un delito de revelación de secretos.

Y es que un mensaje enviado es un mensaje que ya no te pertenece. Puede ser reenviado, capturado en pantalla, recuperado por la policía años después. La tecnología forense actual permite rescatar conversaciones que el usuario creía borradas para siempre.

“Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”. Con esta afirmación, recogida por varios medios, María Amparo López Boluda puso en entredicho la versión oficial defendida por Emilio Argüeso, quien ejercía como secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la dana que azotó la región el 29 de octubre de 2024. Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la emergencia, López Boluda señaló que "es absolutamente imposible" que el Cecopi no recibiera información procedente del servicio 112, desmintiendo así a quien fuera uno de los altos responsables en el operativo. Según publicó el medio de referencia, la compareciente insistió en subrayar que todas las comunicaciones relevantes se remitieron siguiendo los protocolos establecidos.

Según informó el medio en su cobertura, la gestora de llamadas del teléfono de Emergencias 112 describió que la sala encargada de recibir los avisos de la ciudadanía durante el episodio de gota fría se encuentra ubicada en un edificio contiguo al que alberga al Cecopi, que es el Centro de Coordinación Operativa Integrada que coordina la respuesta ante emergencias de gran magnitud. López Boluda, convocada como personal de refuerzo ante la situación de "preemergencia", recalcó ante la comisión del Congreso que todos los efectivos previstos estaban presentes durante el episodio que ocasionó 230 fallecimientos solo en la provincia de Valencia. La comparecencia se produjo después de que el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís y adscrito a Sumar, le preguntara directamente por la declaración de Argüeso en la sede judicial. Este último había sostenido que el Cecopi no recibía informes ni datos relevantes desde el 112, planteando una supuesta desconexión entre ambos organismos en las horas críticas de la riada.

El medio explicó que López Boluda quiso dejar claro que la regulación autonómica exige la convocatoria inmediata del Cecopi cuando se declara una alerta roja, calificada como situación “excepcional". Además, la gestora destacó que las actuaciones durante este tipo de emergencias están completamente protocolizadas para evitar errores, de tal forma que toda información recibida se transfiere automáticamente a las diversas agencias involucradas, indicó el medio. Según su testimonio recogido en la comisión, existían al menos 123 agencias receptoras de estos datos, incluyendo Emergencias de la Generalitat Valenciana, conocida como Emergen. Sobre el desempeño de esta entidad durante la crisis, López Boluda afirmó que “estuvo haciendo su trabajo muy bien” y, tras recalcar que la información sí llegó, expresó su sorpresa ante la ausencia de medidas posteriores. “Esa información la tenían”, manifestó y añadió no comprender por qué, a partir de ahí, no se impulsó una respuesta más contundente, planteando si fue debido a desconocimiento u otra causa.

El medio también informó que durante la sesión, Ibáñez interrogó a López Boluda sobre posibles irregularidades cometidas por Argüeso en su gestión, en específico acerca de si habría usado su cargo para favorecer a personas de su entorno. La compareciente respondió que esa versión había comparecido en sede judicial en boca de una persona que declaró "bajo promesa o juramento de decir la verdad”. El contexto judicial marca la investigación parlamentaria por la proximidad de diligencias penales abiertas en torno a la crisis de gestión e impacto de la catástrofe.

Según detalló el mismo medio, López Boluda aprovechó su comparecencia para criticar el modelo de gestión de recursos humanos en el servicio de Emergencias, reclamando mayor dotación de personal, más medios y el fin de las actuales subcontrataciones. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que el colectivo profesional de emergencias se regule por un “convenio de contact center”. Denunció que quienes trabajan en el 112 no encajan en ese modelo y atribuyó la situación a la falta de una ubicación adecuada dentro de la estructura administrativa de la Generalitat. “Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, lanzó como reflexión final ante la comisión, según recopiló el medio.

El procedimiento parlamentario en curso forma parte del intento de esclarecer qué falló en las comunicaciones y toma de decisiones durante la severa dana que dejó graves consecuencias humanas y materiales en Valencia y otras zonas. Como reportó el mismo medio, la comisión sigue escuchando a responsables políticos y técnicos de los servicios de emergencia valencianos con el fin de delimitar responsabilidades y confirmar si existió alguna interferencia o negligencia en la cadena de mando y transmisión de información en la gestión de la emergencia que derivó en 230 víctimas mortales en la provincia.

Según las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, uno de los puntos de mayor molestia durante su intervención en la comisión parlamentaria de investigación sobre la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de 2024 fue la estructura de la comparecencia. El presidente del Partido Popular indicó que no le permitieron responder a todas las preguntas que le formularon, calificando esta situación como una falta de respeto hacia el Parlamento y hacia quienes comparecen para rendir cuentas. En ese contexto, Feijóo denunció que las víctimas de la tragedia estaban siendo utilizadas con fines políticos para favorecer a la candidata socialista Pilar Alegría en la campaña electoral aragonesa. Esta acusación la realizó tras finalizar su intervención ante la comisión, según publicó el medio Europa Press.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso, Feijóo aseguró ante los medios que respondió cuanto pudo y salió “muy satisfecho” de la sesión, al considerar que había expuesto “la verdad”. A pesar de esta valoración personal positiva, reiteró su descontento por no haber contado con el tiempo suficiente para contestar a todas las cuestiones planteadas y señaló que la breve duración de la sesión impidió que su intervención fuera más completa, tal como recogió Europa Press.

Al abordar el papel de los distintos grupos parlamentarios, Feijóo criticó que muchas de las intervenciones llegaban preparadas desde antes de la sesión y que no le permitieron replicar ni responder detalle a detalle de las preguntas formuladas. Interpretó esta dinámica como un uso político del proceso, en particular en apoyo a la candidata socialista Pilar Alegría ante las inminentes elecciones aragonesas, previstas para el 8 de febrero. El líder del PP sostuvo que apoyar a Alegría utilizando la tragedia representa, según sus palabras, “un desprecio otra vez a las víctimas”.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo hizo referencia a varios episodios ocurridos durante la comisión, destacando que “no dejarle responder a las preguntas” representa “un desprecio al Parlamento”. Además, mencionó que algunos grupos, como Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, manifestaron su desacuerdo con sus respuestas, lo cual no le sorprendió. “El hecho de que no le haya gustado a ERC o Bildu mis contestaciones, me voy muy tranquilo, porque efectivamente a mí tampoco me gusta lo que representa Bildu y lo que representa Esquerra Republicana con dos formas de medir las cosas”, afirmó el líder popular según consignó Europa Press.

En sus declaraciones, Feijóo también expresó críticas específicas hacia portavoces de otros grupos. Al portavoz de Bildu, Oskar Matute, le reprochó haber llevado el debate hacia términos como “víctimas, delitos e ilícitos”, argumentando que una persona con memoria y sensibilidad entendería sus respuestas. Sobre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo acusó de manifestar “superioridad moral” al desempeñarse como un apoyo esencial para el Gobierno, pese a sus críticas a la gestión de la dana.

El presidente del PP aludió igualmente a los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida para sostener que, en su punto de vista, Rufián contribuía con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el contexto de esa crisis, al tiempo que señalaba deficiencias en la gestión de la catástrofe de la dana. Según publicó Europa Press, Feijóo apuntó estas contradicciones en la actitud parlamentaria del portavoz republicano.

Respecto a la polémica surgida por la comparación entre la ausencia de Salvador Illa tras la crisis de Rodalies y la de Carlos Mazón en situaciones similares, Feijóo aclaró su postura. Manifestó que había defendido al presidente de la Generalitat, negando que tuviera responsabilidad alguna por no haber estado presente en el comité de crisis de Rodalies y descartó haber participado en campañas basadas en la calumnia. “He dicho que la Generalitat y el presidente de la Generalitat no tenían ninguna responsabilidad por el hecho de no estar en ese comité de crisis de Rodalies. Por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad”, declaró Feijóo, según reportó Europa Press.

Al ser consultado sobre la intervención del portavoz de Junts, Josep María Cervera, Feijóo consideró que fue uno de los pocos que se apegó a un formato de preguntas centrado en hechos concretos. Valoró que Cervera evitó descalificaciones personales y se limitó a preguntar sin prejuzgar, aspecto que, desde su perspectiva, no se repitió en la mayoría de los participantes de la comisión.

Feijóo subrayó que, en su experiencia, raramente se observa que una comisión cite a una persona para responder preguntas y, acto seguido, le impida contestar adecuadamente. Cerró sus declaraciones insistiendo en su criterio de que el valor más importante en la vida política es la verdad, pese a que, según él, esa cualidad no suele recibir reconocimiento en el actual contexto político español, informó Europa Press.

En el marco de la comisión parlamentaria encargada de indagar sobre la gestión de la riada ocurrida en octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, puso el foco en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la entidad principal responsable debido a la "falta de información adecuada y puntual" antes y durante la catástrofe. Según consignó el medio, Feijóo enfatizó en el Congreso que él cumplió con su deber y cuestionó la ausencia de representantes de la CHJ en el Centro de Coordinación Operativa Integral (Cecopi) durante la emergencia.

Durante su comparecencia, tal como publicó la fuente, Feijóo manifestó ante la comisión parlamentaria que ningún nivel de la administración pública respondió con la eficacia exigida por la magnitud del desastre. No obstante, defendió que su actuación se ajustó a lo esperado de su cargo, reiterando su postura de haber actuado con diligencia. El líder popular expuso que su primera comunicación referente a la emergencia fue a las 19:58 horas, cuando contactó por WhatsApp al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según expresó, en esa conversación no abordaron su ubicación, sino que se interesó por el desarrollo de los hechos, la ayuda gubernamental disponible y la difusión de información útil a la ciudadanía.

Tal como detalló el medio, Feijóo argumentó que su papel se limitaba a solicitar datos y ofrecer ayuda a presidentes autonómicos de las zonas afectadas, incluyendo los de Castilla-La Mancha y Andalucía, en la misma noche de la catástrofe. El presidente del PP también relató que Mazón no integraba el Cecopi ese día, aunque precisó que las autoridades estatales participantes lo hicieron a través de videoconferencia. Según Feijóo, correspondía a los organismos competentes del Estado, entre ellos la CHJ, avisar sobre el caudal de los ríos y barrancos.

Al ser interrogado por Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, sobre la ausencia de Mazón en la coordinación operativa hasta entrada la noche, Feijóo reconoció ante la comisión que ninguna administración pública cumplió con las expectativas, puntualizando que cada una lo hacía dentro de su ámbito de responsabilidad. Según reportó el mismo medio, el líder del PP reiteró su opinión de que la Confederación Hidrográfica del Júcar tenía una responsabilidad mayor al no proporcionar información oportuna ni estar presente en las instancias de gestión.

Durante la sesión, Feijóo mantuvo un debate tenso con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, quien le preguntó si, como aspirante a la presidencia del Gobierno, consideraba equiparables su gestión durante la riada y el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El medio consignó que Rufián criticó duramente tanto la gestión de la tragedia de la dana como la percepción de impunidad en la política valenciana, señalando que Mazón permaneció en el cargo y en el Parlamento un año después del desastre y relacionándolo con un escándalo de adjudicación de viviendas protegidas.

Feijóo respondió refiriéndose indirectamente al accidente de Adamuz y acusando a sus oponentes de querer convertir la gestión del fenómeno natural en una causa judicial, mientras recordó que el accidente ferroviario ya había contado con múltiples advertencias y avisos sobre la seguridad de la vía, a diferencia del evento meteorológico extremo, que, según recalcó, ni la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ni la CHJ habrían previsto. Ambos hechos, según su intervención, resultaban incomparables.

De acuerdo con lo publicado, en el intercambio, Feijóo criticó que la comisión parlamentaria programara su comparecencia en momentos en que “todavía había cadáveres en las vías férreas”, en referencia a Adamuz, y mencionó situaciones de indefensión al no poder contestar en el momento a todas las acusaciones vertidas. Por su parte, Rufián insistió en que el accidente ferroviario tuvo origen en deficiencias laborales de una subcontrata y defendió que el ministro de Transportes, Óscar Puente, al menos estaba “dando explicaciones 24/7”. Rufián sugirió que, posiblemente, Puente tendría que dimitir, mientras contrastó la situación con la postura de Mazón, a quien acusó de falta de dignidad institucional.

Por otro lado, Feijóo se comprometió a realizar las infraestructuras necesarias para prevenir futuras catástrofes similares y aseguró que, en caso de emergencia, lideraría personalmente la actuación y pondría todos los recursos a disposición. Según declaró, su experiencia le permite comprender el sufrimiento derivado de una catástrofe, y afirmó que nunca olvidará a las víctimas ni utilizará desgracias para atacar políticamente a sus adversarios si no tienen responsabilidad directa.

El líder del PP sostuvo ante la comisión que la normativa exigía la intervención tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior en situaciones como la acaecida en Valencia, pero que, según sus palabras, los principales responsables se encontraban fuera del país mientras se gestaba la tragedia. Feijóo aseguró que dedicará el resto de su carrera política a respetar a las víctimas y evitar la manipulación de catástrofes con fines partidistas, concluyendo que su principal propósito sería garantizar la verdad y transparencia ante quienes resultan directamente afectados en contextos de desastre, según recogió el medio.

Durante la comisión en el Congreso destinada a investigar la catástrofe del 29 de octubre en Valencia, que dejó un saldo de 230 víctimas mortales, Alberto Núñez Feijóo apuntó que Carlos Mazón fue el único responsable político que asumió consecuencias tras la crisis. Feijóo destacó esa circunstancia como un elemento que, en parte, reconcilia al exmandatario valenciano con los hechos, según publicó Europa Press.

A lo largo de su comparecencia, Feijóo explicó que Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana, actuó con la información disponible en aquel momento. Según detalló Europa Press, el líder del Partido Popular señaló que el fallo principal radicó en la falta de datos adecuados por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar —organismo que depende exclusivamente del Estado— hacia el Cecopi, centro de coordinación de emergencias. Para Feijóo, esta carencia de información impidió tomar decisiones apropiadas a tiempo. El presidente del PP aseguró que ninguno de los responsables de las distintas administraciones implicadas respondió según la gravedad del suceso, aunque cada uno con distinto nivel de responsabilidad.

Europa Press reportó que, ante la pregunta del diputado Josep María Cervera, de Junts, sobre la razón por la que Mazón no renunció antes y esperó alrededor de un año, Feijóo sostuvo que dimitir se convierte en el gesto más honesto cuando la percepción social indica que se deben asumir responsabilidades. El líder del PP remarcó que la renuncia de Mazón, aunque tardía, fue un paso necesario una vez que se constató la tensión social. Añadió además que, a su entender, el gobierno de la Generalitat fue el único en rendir cuentas políticas por la tragedia, en contraste con el Gobierno de España, al que acusó de no haber adoptado ninguna medida en ese sentido. Feijóo subrayó que la entonces ministra Teresa Ribera, responsable directa de la Confederación Hidrográfica y de la Agencia de Meteorología, no acudió a Valencia tras la catástrofe, y criticó que posteriormente fue ascendida a vicepresidenta de la Comisión Europea.

La sesión contó también con la intervención del diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien cuestionó a Feijóo acerca de si recomendó a Mazón renunciar. El presidente del PP explicó que Mazón alineó su permanencia con el avance de la reconstrucción tras el desastre, y justificó la necesidad de que alguien continuara al frente del gobierno regional, aludiendo a la falta de implicación del ejecutivo central, según reflejó Europa Press.

Por otro lado, Idoia Sagastizabal, del PNV, reprochó a Feijóo su gestión respecto a Mazón, lo que sirvió al líder popular para solicitar coherencia en la exigencia de dimisiones, mencionando como ejemplo los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida y la continuidad del ministro de Transportes. Feijóo defendió que las mismas reglas deben aplicarse para todos los responsables políticos, según documentó Europa Press.

Durante el debate, también surgieron preguntas sobre la relación personal entre Feijóo y Mazón, planteadas por el diputado de Compromís y miembro de Sumar, Alberto Ibáñez. Feijóo respondió que sus amistades no están sujetas al escrutinio parlamentario y rebatió las acusaciones de falsedad tras la circulación de un mensaje de apoyo enviado a Mazón la noche de la catástrofe. Ibáñez, en su turno, puso en duda la veracidad del distanciamiento alegado por Feijóo, basándose en el trato cercano reflejado en mensajes pasados. El líder popular defendió su autonomía en la elección de amigos y rechazó las peticiones de expulsión de Mazón del Grupo Popular, argumentando que la formación Sumar no se encuentra en posición de exigirlo, especialmente porque ellos mantienen en sus filas a responsables que no han dimitido tras otras crisis, según recogió Europa Press.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusó a Feijóo de proteger a Mazón y de no tomar medidas pese a las supuestas negligencias en la gestión de la emergencia. Feijóo, por su parte, replicó criticando lo que consideró un doble estándar por parte de Rufián y resaltó sus reuniones con víctimas y familiares afectados por la catástrofe.

Otra de las intervenciones clave fue la del diputado Nahuel González, de Sumar, quien denunció que la renuncia de Mazón respondió exclusivamente a la presión social, proveniente tanto de la sociedad valenciana como de parlamentarios y sectores de su mismo partido. González exigió que Feijóo pidiera perdón por las acciones y omisiones cometidas durante la gestión, asegurando que hubo encubrimiento hasta el último momento. Feijóo reiteró que no encubrió a Mazón y recalcó que en todo momento reconoció las limitaciones y errores de todos los cargos públicos implicados.

A lo largo de su testimonio, Feijóo reconoció errores graves cometidos por Mazón, especialmente la decisión de no solicitar formalmente la declaración de emergencia nacional. Según agregó el presidente del PP, Mazón cometió el error adicional de confiar en la respuesta del presidente del Gobierno central. Feijóo también responsabilizó a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera, por no presentarse en la Comunidad Valenciana después de la catástrofe.

En el intercambio final, el líder del PP devolvió la petición de disculpas a los diputados de Sumar, sugiriendo que deberían asumir responsabilidades por las conductas de los miembros de su gobierno. Expresó que no tendría inconveniente en reconocer errores si las demás partes hicieran lo mismo, puntualizó Europa Press. Feijóo recalcó que la omisión de responsabilidades políticas no ha sido exclusiva de la administración valenciana saliente, y enfatizó que la falta de asunción de consecuencias políticas alcanza también a miembros del ejecutivo central involucrados en situaciones similares.

Durante toda la sesión, quedé de manifiesto la división política respecto a las responsabilidades derivadas del manejo de la emergencia ocurrida en Valencia, el papel de las diferentes administraciones, y la gestión del traspaso de responsabilidades políticas en contextos de catástrofe, según reflejaron los debates consignados por Europa Press.

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respaldado este lunes las declaraciones realizadas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA que asoló la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. Aunque ha admitido no haber podido seguir en directo la intervención por compromisos de agenda, el jefe del Consell ha subrayado que comparte el fondo de las palabras del dirigente popular y ha reivindicado que su formación “sí ha asumido responsabilidades políticas” por la tragedia.

Pérez Llorca ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa celebrada en el Palau de la Generalitat tras reunirse con representantes de asociaciones de afectados por los deslindes de costas. A primera hora del día, además, había participado en la presentación de la Estrategia en Cáncer de la Comunitat Valenciana, lo que, según ha explicado, le impidió seguir la comparecencia de Feijóo en la Cámara Baja.

Preguntado por las afirmaciones del líder del PP, que señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar como “máxima responsable” de la tragedia y defendió que el entonces expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, fue el único que asumió responsabilidades, Pérez Llorca ha sido tajante: “Las comparto”. En este sentido, ha reiterado que “este partido sí ha asumido responsabilidades políticas por la tragedia de la DANA”, una idea que ha vinculado de forma expresa al Partido Popular.

“Hemos asumido responsabilidades políticas”

El president ha vuelto a insistir en que las inundaciones del 29 de octubre de 2024 “pusieron en evidencia las costuras de todas las administraciones”, una expresión ya utilizada en anteriores comparecencias. No obstante, ha defendido que, desde el ámbito de su partido, se actuó con autocrítica. “Hemos asumido errores, hemos pedido perdón y hemos asumido responsabilidades políticas”, ha recalcado, precisando que se refería de manera explícita al PP.

En un momento de especial sensibilidad por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Pérez Llorca ha querido marcar distancias con cualquier intento de confrontación basada en el uso del dolor. Ha asegurado que no será él quien “polarice o utilice el dolor o la tragedia para hacer política”, aludiendo a la experiencia vivida en la Comunitat Valenciana tras la DANA. “Sé lo que hemos sufrido los valencianos con eso, y no quiero que nadie sufra por utilizar el dolor de nadie”, ha afirmado, antes de añadir que corresponde a la ciudadanía valorar “qué partido es el que asume responsabilidades y cuál no las asume nunca”.

Las palabras del president enlazan con la comparecencia de Feijóo en la comisión de investigación del Congreso, celebrada este lunes, un mes después de declarar como testigo ante la jueza de Catarroja. En ella, el líder popular negó haber tenido autoridad alguna sobre las decisiones adoptadas por Mazón durante la tarde de las inundaciones. “Las decisiones se ejercen con las competencias del Estatut en la mano. Sobre esas cuestiones es obvio que no tengo ninguna autoridad. Ni yo ni nadie”, sostuvo en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Compromís Àgueda Micó.

Mensajes, competencias y responsabilidades

Durante su intervención, Feijóo acusó al Gobierno central de “inhibirse de sus responsabilidades” y volvió a defender que el Ejecutivo debió declarar el nivel 3 de emergencia al considerar que se trataba de “una emergencia nacional de libro”. En ese contexto, instó a los diputados a interpelar a “otro líder político”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a él, al no tener competencias para activar ese nivel.

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, centró parte del interrogatorio en el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón el día de la catástrofe. El líder del PP reconoció que el primer contacto se produjo a las 19.59 horas y que la comunicación fue exclusivamente por WhatsApp, lo que, según explicó, le impedía saber hasta qué hora Mazón permaneció en el restaurante El Ventorro. Feijóo aseguró que su conversación se limitó a interesarse por la situación, ofrecer ayuda y pedir que se informara a la población para intentar ordenar y liderar la emergencia.

El dirigente popular también se refirió a declaraciones posteriores en las que afirmó haber estado en contacto “en tiempo real” con el jefe del Consell. Ante las preguntas sobre una posible contradicción, sostuvo que no mintió y lo atribuyó a un lapsus temporal, recordando que entregó voluntariamente los mensajes, un total de 23, y que no borró ninguno. Añadió que siguió la evolución de los acontecimientos a través de los medios de comunicación y que esa noche contactó también con otros presidentes autonómicos afectados.

Feijóo defendió, además, que Mazón no formaba parte del Cecopi y que su presencia no era imprescindible, al tiempo que subrayó que en ese órgano participaron autoridades autonómicas y representantes del Estado por videoconferencia, incluidas aquellas con competencias para informar sobre el caudal de ríos y barrancos. Aunque reconoció que “ninguna de las administraciones estuvo a la altura”, volvió a cargar de manera especial contra la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La sesión vivió momentos de tensión en el turno del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quien acusó a Feijóo de incurrir en “cinco o seis mentiras flagrantes”, entre ellas la afirmación de que la CHJ no avisó de la crecida del caudal, y cuestionó la posibilidad de contactar con Mazón durante horas clave de la emergencia.