La introducción de penas de prisión por manipulación digital en Panamá ha encendido el debate público.

Diversos gremios periodísticos han advertido sobre los riesgos de las nuevas reformas al proyecto de ley 51, que propone modificar el artículo 196 del Código Penal para sancionar con cárcel la generación y difusión de material creado mediante inteligencia artificial o edición digital cuando se dañe el honor de una persona.

La propuesta, defendida por la diputada oficialista Dana Castañeda, apunta a combatir delitos como la clonación de voz o la alteración de imágenes. Establece penas que van de tres a seis años de cárcel para quienes elaboren o distribuyan este tipo de contenido. Si la infracción ocurre por redes sociales, plataformas digitales o de forma anónima, la pena puede aumentar hasta siete años.

Según la impulsora de la reforma, la actual legislación resulta insuficiente ante los desafíos de la tecnología moderna. La diputada ha señalado que el objetivo es proteger especialmente a menores, familias y personas con discapacidad frente a los riesgos de la manipulación tecnológica.

La legisladora explicó que estas tecnologías, utilizadas de forma indebida, pueden hacer que alguien aparezca diciendo o haciendo cosas que nunca dijo ni hizo, o que sea colocado falsamente en situaciones vergonzosas, ofensivas, deshonrosas o perjudiciales para su vida personal, familiar, profesional o pública.

La iniciativa establece que cuando los supuestos ofendidos sean alguno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.

Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales.

El punto que ha generado mayor inquietud entre los principales gremios de prensa es la posibilidad de que la nueva normativa termine restringiendo la crítica pública y la fiscalización a funcionarios.

El Consejo Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí han manifestado que una ley pensada para delitos tecnológicos podría utilizarse para criminalizar la opinión o la denuncia ciudadana.

Esto, sobre todo en un país donde los funcionarios, entre ellos ministros, diputados, directores y hasta el propio presidente de la República son más proclives al halago que a la critica de la población.

Estos colectivos periodísticos consideran esencial que los servidores públicos permanezcan bajo control social y mediático, dada su responsabilidad en el manejo de recursos y decisiones que afectan a toda la sociedad.

En su análisis, señalan que el mayor peligro reside en que la reforma pueda convertirse en un instrumento de intimidación dirigido a periodistas, medios y ciudadanos críticos.

En las discusiones actuales sobre el proyecto, diversos medios de comunicación han planteado una pregunta clave: ¿la reforma busca proteger a las víctimas de abusos tecnológicos o puede terminar como un obstáculo al ejercicio libre del periodismo en Panamá?

El temor es que, bajo el pretexto de combatir la desinformación y los “deepfakes”, se reinstalen sanciones penales contra quienes cuestionen a las autoridades, lo que supondría un retroceso en derechos fundamentales.

Los gremios periodísticos no niegan la urgencia de regular la suplantación digital ni el uso fraudulento de inteligencia artificial. Sin embargo, insisten en que cualquier discusión sobre estos temas debe evitar restringir la crítica pública y el debate democrático, dos pilares de la labor periodística y del derecho ciudadano a denunciar.

En este contexto, la pregunta sobre si la nueva ley representa una protección necesaria o una amenaza encubierta a la libertad de prensa permanece sin respuesta definitiva.

Mientras el debate legislativo continúa, los periodistas y comunicadores reclaman garantías para que las respuestas legales a la era digital no comprometan la fiscalización pública ni el derecho de la sociedad a cuestionar a quienes detentan el poder.