CUC y CCDA denunciaron este 2 de septiembre que Guatemala atraviesa una crisis rural marcada por la sequía, los desalojos violentos y el incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por el gobierno de Bernardo Arévalo, una combinación que, según las organizaciones, ya golpea a 236.447 familias campesinas y puede profundizar la inseguridad alimentaria en todo el país.

El dato más extendido del impacto está en el campo: la sequía ya provocó pérdidas de cultivos en 138 municipios y afecta a esas 236.447 familias, mientras la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases proyecta que 3,1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria durante septiembre, citada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

El Comité de Unidad Campesina y el Comité Campesino del Altiplano presentaron en la ciudad de Guatemala un comunicado en el que sostienen que la falta de lluvias, los desalojos y el freno del pacto agrario no son hechos separados. Las organizaciones atribuyen los tres fenómenos a una misma desigualdad estructural en la tenencia de la tierra.

Según el documento, el Ejecutivo trata cada frente como si fuera independiente, cuando en realidad responde a un modelo de concentración de tierras en pocas manos. El texto agrega que ese esquema se sostiene en un sistema de justicia que, a juicio de las organizaciones, beneficia a la élite agraria del país.

La sequía deja 54 días sin lluvia y pérdidas de cultivos en 138 municipios

El comunicado señala que Guatemala acumula 54 días sin lluvia y una reducción del 33% en la primera temporada de precipitaciones. Las organizaciones ubican este episodio cerca de convertirse en el más grave de los últimos 76 años.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mantiene bajo vigilancia 112 municipios de 16 departamentos, entre ellos Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché e Izabal. Para CUC y CCDA, el fenómeno golpea con más fuerza a comunidades que fueron desplazadas históricamente hacia tierras marginales tras perder sus derechos ancestrales sobre el territorio.

El mismo texto añade que se reportaron más de 13.900 casos de desnutrición aguda. También advierte que la caída en la producción de granos básicos empujará el precio de los alimentos y se sumará al costo del combustible.

Un estudio difundido a fines de agosto por Oxfam y Acción contra el Hambre documentó que 36.431 hogares del Corredor Seco guatemalteco sufrieron daños graves en sus cultivos de maíz, y que ocho de cada 10 registraron pérdidas de entre el 75% y el 100% de la cosecha, según consignó prensalibre.com.

Las organizaciones denuncian 14 desalojos violentos durante la gestión de Arévalo

El comunicado también denuncia que durante la administración de Bernardo Arévalo se ejecutaron 14 desalojos violentos contra comunidades campesinas. CUC y CCDA afirman que el sistema judicial criminaliza de forma sistemática a comunidades indígenas y rurales en favor de empresas extractivistas y de la expansión de monocultivos.

Las organizaciones sostienen que el Organismo Judicial ordena desalojos sin garantizar el debido proceso ni verificar la legalidad de las solicitudes, en incumplimiento de directrices de Naciones Unidas. El texto lo resume así: “La concentración de tierra y el avance de los monocultivos arrebatan a los campesinos las mejores tierras de cultivo; los desalojos les arrebatan incluso las marginales”.

El Acuerdo Agrario fue firmado en febrero de 2024 y sigue sin resultados sustanciales

El pacto cuestionado por las organizaciones fue firmado el 14 de febrero de 2024, semanas después de la asunción de Arévalo. Su objetivo era atender la conflictividad agraria, facilitar el acceso a la tierra, respaldar la economía familiar campesina y avanzar en la Política de Desarrollo Rural Integral.

Según el comunicado, el Ejecutivo se comprometió a cumplirlo en los primeros 100 días de gobierno, pero ese plazo lleva más de dos años y medio vencido. El documento afirma: “Tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, el campo guatemalteco sigue gobernado por el hambre, el despojo y el abandono institucional”.

La publicación recuerda además el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria de 1996 para subrayar que el Estado sigue sin concretar una transformación en la tenencia de la tierra que garantice estabilidad económica y bienestar social a la población rural.

La denuncia por la parálisis del pacto ya había llegado a la justicia. En mayo, CUC y CCDA presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente por la falta de respuestas oficiales a los conflictos agrarios, según consignó prensacomunitaria.org.

En esa presentación, el dirigente del CCDA Leocadio Juracán dijo al medio que el abordaje del gobierno había sido “principalmente técnico, sin decisiones políticas de fondo” y que la instancia de diálogo “no ha resuelto un solo caso en casi dos años”.

En su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos, el relator señaló además que recibió información sobre cuatro nuevos desalojos ocurridos entre el cierre de su misión y la difusión del documento. Para las organizaciones, ese dato confirma que la respuesta estatal sigue ausente.

Frente a este escenario, CUC y CCDA plantearon tres exigencias. Pidieron el cese de los desalojos conforme a los compromisos asumidos por Guatemala en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reclamaron al Congreso de Guatemala y al Organismo Ejecutivo medidas urgentes para mitigar los efectos de la sequía y exigieron que el Acuerdo Agrario sea priorizado para cumplir sus compromisos en los 15 meses que restan de la actual gestión.

Una tragedia sucedió en las primeras horas de la mañana en la Universidad de la Costa (CUC), puesto que un joven estudiante perdió la vida luego de caer desde el octavo piso del bloque 11, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 a.m., de acuerdo con la información que se publicó en los canales oficiales de la Universidad de la Costa, en Barranquilla, que, a la vez, generó alarma entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

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“Desde la @UniCostaCOL lamentamos profundamente los recientes hechos y reiteramos el acompañamiento a toda nuestra comunidad universitaria y sus familias”, fue el pronunciamiento de los voceros de la institución académica.

De inmediato, las autoridades universitarias evacuaron las instalaciones y suspendieron tanto las clases como las actividades administrativas programadas para este miércoles.

Información corroborada por el medio barranquillero El Heraldo apuntó a que el joven fallecido tenía 22 años, y se identificó como Ricardo David Felex Gómez, estudiante de Administración de Empresas.

La institución informó oficialmente la cancelación de sus actividades y manifestó que se encuentra colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

Aunque no se ha confirmado la identidad del joven ni los motivos del trágico suceso, se conoció que se adelantan indagaciones para determinar si se trató de un accidente o un posible caso de suicidio.

Este nuevo episodio revive el dolor de un caso similar ocurrido meses atrás en la Universidad del Atlántico, donde un estudiante cayó desde un sexto piso.

El estudiante que cayó en las horas de la mañana fue trasladado a la Clínica Portoazul Auna, pero falleció por la gravedad de las heridas.

El comunicado de la CUC rezó: “La Universidad de la Costa informa con profundo pesar el fallecimiento de un estudiante de nuestra comunidad universitaria. Expresamos las más sinceras condolencias a sus familiares, allegados y compañeros”.

“Desde la institución se han activado los protocolos de atención establecidos y se ha dispuesto el acompañamiento psicológico necesario para brindar apoyo a quienes lo requieran en este momento difícil. Invitamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a acompañar esta situación con empatía y responsabilidad, evitando la difusión de contenido sensible en cualquier formato”, se leyó.

Ayudas en favor de la salud mental en la región

Frente a estos hechos, las autoridades locales reiteraron la importancia de buscar apoyo ante cualquier crisis emocional.

La Secretaría de Salud del Atlántico recordó que dispone de una línea de atención en salud mental (3176218394), activa las 24 horas, los siete días de la semana, y atendida por profesionales.

Mientras la Universidad de la Costa permanece en silencio institucional más allá del comunicado inicial, crece la preocupación por el bienestar psicológico de los estudiantes y la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento dentro del campus.

Tiroteo en Univalle: intento de feminicidio dentro del campus

Un trágico episodio de violencia estremeció el campus Palmira de la Universidad del Valle el jueves 8 de mayo. Un hombre armado ingresó a la cafetería de la sede, disparó contra dos estudiantes mujeres y posteriormente se suicidó.

Las jóvenes, ambas estudiantes activas de la institución, resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos, donde permanecen bajo observación.

La Policía Nacional identificó al agresor como Brayan Stiven Tovar Martínez, que no tenía ningún vínculo formal con la universidad.

Según versiones preliminares, el ataque habría estado motivado por “una situación de carácter personal y sentimental”. Se presume que una de las víctimas era su pareja y la otra, una amiga cercana. Sin embargo, estos detalles aún están en verificación por parte de las autoridades.

La Universidad del Valle emitió un comunicado en el que calificó el ataque como “un acto extremo de violencia basada en género”, señalando que el hecho “no solo enluta al Alma Máter, sino que interpela a la sociedad en su conjunto”.

La institución exigió medidas urgentes para erradicar este tipo de conductas en los entornos educativos.

“Rechazamos enfáticamente toda forma de violencia basada en el género”, reiteró la universidad.