Adrián Silva Guerra vio que la farola de la calle se encendió con un parpadeo. Eran las 2:08 AM de un jueves. Silva Guerra, electricista, rápidamente se levantó del portal, entró a la casa y dejó la puerta entreabierta para que el aire de la madrugada llegara a su hijo de 7 años, quien dormía en un colchón de espuma.

Entró en su taller, se sentó junto a una pila de televisores descompuestos que desmontaba para sacarles piezas de repuesto y empezó a soldar. Una voluta de humo salía de una placa de circuitos verde y cobriza en la que estaba trabajando para reparar un aparato. Hizo todo lo que pudo hasta que, dos horas más tarde, volvió a quedar sumido en la oscuridad.

“Soy esclavo de la corriente”, dijo Silva Guerra, de 32 años, ojeroso y sin haber dormido.

Poco antes de que se fuera la luz, su madre, Zucel Guerra Brise, de 52 años, salió de su casa en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, en su costa sureste. Gracias al pequeño destello de suministro eléctrico, los hornos de una panadería privada pudieron hacer pan esa noche.

Ella hizo fila para comprar 100 panecillos y se preparó para recorrer las calles de la ciudad y revenderlos para que su familia tuviera dinero para comer. Pagó 7 centavos por panecillo y los vendió a 9 centavos cada uno.

Silva Guerra, su madre y su padre, Luis Silva Aldana, de 64 años, maestro de primaria, juntan a duras penas el equivalente a menos de 60 dólares al mes. Con eso tienen que mantener a su familia de cuatro generaciones, que también incluye a la esposa de Silva Guerra, Analeidis, a sus dos hijos pequeños y a Zoe, su abuela.

Durante casi dos días en mayo, vimos cómo la familia se las ingeniaba en unas de las condiciones más difíciles que, según ellos, habían vivido.

Sus circunstancias son un microcosmos de las dificultades a las que se enfrenta Cuba, que está viviendo su peor crisis humanitaria desde que, hace casi siete décadas, una revolución allanó el camino a un régimen comunista.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto limitaciones a Cuba y ha exigido a sus líderes cambios políticos y económicos. La represión del gobierno cubano y su fallido sistema económico han profundizado las consecuencias de un embargo comercial estadounidense que ya se ha prolongado por décadas.

Desde principios del año, un bloqueo petrolero de facto de Estados Unidos y una oleada de nuevas sanciones, que se sumaron a las que ya había, han paralizado al Estado cubano y lo han dejado sin el combustible necesario para que el país funcione. (Cuba experimentó un apagón a nivel nacional el lunes).

Estas circunstancias han hecho que Silva Guerra y su familia extendida vivan al límite: se ganan la vida con ingresos míseros, no han podido comer adecuadamente y están a merced de breves periodos de luz en momentos impredecibles.

Las bodegas, un sistema estatal que en su día garantizaba alimentos básicos a precios extremadamente bajos, empezaron a fallar porque al gobierno le falta dinero para importar comida. Ahora, prácticamente han desaparecido.

Hay meses en los que la familia Silva Guerra no recibe arroz, frijoles, huevos ni pollo del Estado, solo un panecillo para cada uno cada tres días. El gobierno dice que se quedó sin el combustible necesario para transportar alimentos. Los precios de la comida en los mercados han aumentado casi un 20 por ciento este año, según cifras oficiales.

Ya que la luz eléctrica está disponible apenas cuatro horas al día, sus ingresos se han reducido: aunque trabaje lo más rápido que puede por la noche, cuando suele haber corriente, Silva Guerra, que antes era el principal sostén de la familia, ahora apenas aporta algo al presupuesto familiar.

La familia extraña el chorote, una bebida espesa típica del este de Cuba que se toma en el desayuno y se hace con harina de maíz tostada, azúcar y leche. En su lugar, por la mañana, Silva Guerra rebanó las barras de pan blanco en cuartos y mezcló un poco de agua con un sobre de polvo blanco para preparar una bebida con sabor a mango.

Eso era el desayuno. Y no solo para la familia.

“Si no desayuno aquí, no desayuno”, dijo Lázaro Figueroa Tamayo, de 52 años, un viejo amigo de la familia que antes cortaba caña de azúcar, pero ahora es cocinero en un hospital.

En la mesa también estaban otro amigo de la familia, Rolando Galán Labrada, de 59 años, y su hija de 6, además del hijo de 7 años de un vecino que viene cada mañana a comer.

Después, Silva Guerra acompañó a sus hijos —Alejandro, de 6 años, y Anna Jeline, de 4— para subir las lomas empinadas hasta la escuela. Cuenta la leyenda que su barrio, Chicharrones, debe su nombre a los vendedores ambulantes que, en la época colonial española, vendían chicharrones a la gente que iba a ver a los trovadores.

A finales de la década de 1950, los residentes de aquí —entre ellos el bisabuelo de Silva Guerra— ayudaron a los rebeldes de Fidel Castro a librar una guerra de guerrillas urbana, y los escondían de la policía controlada por un dictador aliado con Estados Unidos.

En esta comunidad tan unida, parece que todo el mundo se conoce. Las puertas dan directamente a la calle. Los vendedores se sientan en banquitos y ofrecen detergente, café y chambelonas. La gente lleva cubos con agua de las casas que tienen agua a las que no tienen, ya sea por escasez o por tuberías rotas.

La mayor parte de la comida que se consume aquí ahora viene del sector privado. Con el dinero que envía la diáspora cubana desde Florida y España se compra pollo, arroz y frijoles.

El gobierno mexicano, que dejó de enviar petróleo a Cuba después de que el gobierno de Trump amenazara con imponer aranceles a los países que siguieran suministrando combustible, está enviando paquetes de arroz, bolsas de chícharos partidos y botellas de aceite vegetal a niños menores de 4 años y a los adultos mayores de 65.

La gente del barrio que tiene la suerte de tener suficiente para comer comparte lo que le sobra —una pata de pollo, unos gramos de arroz, una taza de azúcar— con quienes lo están pasando peor, sobre todo las familias con niños.

Estos gestos humildes de generosidad, multiplicados y combinados con los programas estatales de alimentación dirigidos a los grupos vulnerables, “es lo que mantiene viva a la gente”, dijo Walter Mondelo, profesor de derecho en la Universidad de Oriente —la principal universidad de Santiago—, quien sufre las mismas penurias que muchos otros cubanos.

Los analistas dicen que el modelo socialista de Cuba, aunque coartaba las libertades individuales, impulsaba a la gente a cuidarse unos a otros, a través de una ideología igualitaria y movilizaciones masivas que redujeron el analfabetismo, vacunaron a la población y enviaron médicos al extranjero.

Mondelo dijo que, a pesar de los fracasos de la Revolución cubana, le enseñó a la gente a compartir y a ayudarse, y, afirmó, parte de eso continuaba: quienes menos tienen son quienes apoyan más a los otros.

Esta solidaridad a pie de calle persiste porque funciona: la gente da por altruismo, pero también sabiendo que quizá necesite algo en el futuro.

Silva Guerra dijo que estas prácticas son una forma de convivir. Él, por ejemplo, arregla gratis las herramientas de trabajo de algunos de sus vecinos.

Figueroa Tamayo, el vecino de la familia, tiene una relación muy cariñosa con Zoe Brise, de 73 años, la abuela de Silva Guerra, que ha estado postrada en cama y con escayola desde que se fracturó la cadera tras una caída.

Él la levanta de la cama —que está en la cocina, ya que no hay sitio en ningún otro lugar de la casa— y la lleva al baño y al salón para que pueda estar acompañada. Brise dijo entre risas que Figueroa Tamayo la trata así porque quiere casarse con ella.

Cuando las luces volvieron a encenderse a la 1:23 PM de esa tarde, todos los que estaban en la casa se emocionaron. Más allá de la puerta principal, la calle se quedó vacía mientras la gente se apresuraba a entrar para lavar la ropa y cargar sus dispositivos.

“¡Corriente!”, gritó Zucel Guerra Brise, la madre de Silva Guerra. Enchufó una placa eléctrica que su hijo había improvisado con un taburete de madera, una lámina de zinc y la bobina de una vieja olla arrocera, y empezó a hervir pollo.

Desde los altavoces del taller de Silva Guerra sonaba salsa. En cuestión de minutos, llegaron dos mujeres con un reproductor de DVD que no funcionaba.

Él sonrió por primera vez ese día, y dijo que cuando volvía la luz, podía poner en práctica sus habilidades.

Pero no duró mucho. Cincuenta y siete minutos después, la música se apagó. No tuvo tiempo suficiente para arreglar el reproductor de DVD y fue otro día en el que Silva Guerra no ganó nada.

Silva Guerra dijo que la falta de corriente lo atormentaba y que lo ponía a pensar en qué podía vender para comprar un paquete de pasta.

Dijo que ha empezado a tener migrañas por el estrés.

Sin transporte público ni dinero para salir y teniendo que asegurarse de que haya alguien en casa cuando vuelva la luz, el mundo de la gente se ha reducido. Los días son monótonos y predecibles.

Al día siguiente, los hijos de Silva Guerra se quedaron en casa sin ir a la escuela. La familia no tenía dinero para prepararles comida. Silva Guerra dijo que no tenía nada que darles.

Por la tarde, estaba arreglando un televisor. Justo cuando quitaba la carcasa de plástico, se volvió a ir la luz.

Sin dinero para la comida, le pidió prestados 80 centavos a un vecino para comprar unos gramos de arroz y un cubito de puré de tomate.

De vuelta en casa, él y Figueroa Tamayo empezaron a desmontar la cama plegable de madera que le había dado el Estado y en la que dormía su hija de 3 años.

Mientras separaba las tablas de la cama, dijo que sus opciones eran esperar a que volviera la luz o improvisar.

Ni siquiera durante el llamado “periodo especial” de la década de 1990, cuando colapsó la Unión Soviética —el mayor benefactor de Cuba— y el país se sumió en la miseria, la familia tuvo que improvisar para cocinar.

Ahora sí que tenían que hacerlo.

Analeidis Silva Guerra puso una rejilla de su refrigerador descompuesto sobre dos bloques en su pequeño patio trasero, montó las tablitas de madera de la cama entre los bloques y arriba colocó una cacerola llena de hollín con agua, arroz y puré de tomate.

Luego prendió el fuego.

© The New York Times 2026.

Ante la falta crítica de diésel y los apagones prolongados, muchas Mipymes recurrieron al gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido como “gas de la calle”— y al gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar generadores eléctricos.

La red de gas canalizado es uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al colapso del suministro eléctrico y de otros combustibles, lo que la convirtió en una salida de emergencia para los comercios privados. Sin embargo, especialistas y vecinos advierten que esa mayor demanda podría saturar el sistema en el corto plazo.

El desvío del recurso tiene un costo directo para los hogares. El acaparamiento y la reventa del gas en el mercado informal redujeron la disponibilidad para las familias, que en muchos casos debieron sustituirlo por leña o carbón para cocinar.

Aunque el régimen ha comenzado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen estaciones de servicio, la falta de liquidez y las trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Altos funcionarios reconocen que la dependencia de importar combustible en contenedores es un desafío estructural sin solución inmediata.

La misma escasez de combustible explica el deterioro del servicio de recolección de residuos. Según datos publicados por CiberCuba, en febrero pasado solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, un 41,5% de la flota total. La Habana genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos diarios, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedaban sin retirar cada jornada.

Ante ese colapso, el Estado recurrió a maquinaria pesada de construcción —equipos habitualmente destinados a obras de vivienda— para despejar los vertederos improvisados que proliferaron en distintos barrios. La medida generó un nuevo problema: el uso de esos equipos rompe aceras, destruye el pavimento y abre baches en las zonas intervenidas.

Mientras tanto, muchos vecinos optaron por quemar los residuos acumulados frente a sus casas, lo que libera humo tóxico y agrava los riesgos sanitarios. Medios locales informaron que la acumulación de basura disparó brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en la ciudad.

Frente a la magnitud del problema, algunos vecinos tomaron la iniciativa por su cuenta. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida de basura; mientras que en Centro Habana dos vecinos financiados por la comunidad comenzaron a vigilar una esquina para evitar el abandono de desechos.

El régimen presentó una respuesta de alcance acotado. El proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución, contempla 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos turnos diarios. La infraestructura central es una “solinera” —estación de carga con paneles solares— que también ofrecerá recarga para vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Al momento de la publicación de la crónica en el medio oficialista Cubadebate, el Consejo Popular contaba con cinco de los 30 triciclos previstos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por el régimen de Cuba durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH en referencia a la movilización social de 2021 contra el régimen, que concluyó con más de 1.400 detenidos según entidades de derechos humanos.

El observatorio reprochó: “Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión”.

Durante el período citado, se registraron “257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas”, precisó la organización en un comunicado.

El OCDH documentó “al menos 300 acciones en el ámbito carcelario, mayoritariamente contra presos políticos y de conciencia, al mismo tiempo que recibió 50 denuncias de actuaciones en contra de familiares de éstos”.

Entre los sectores más afectados por la represión se encuentra el de los “periodistas independientes, con 91 casos”.

Las provincias más impactadas fueron La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara. En al menos 50 casos se reportó “empleo de violencia por parte del régimen”, mientras que enero, abril y mayo resultaron los meses “más represivos”.

Solo en junio, la red de observadores del OCDH documentó “al menos 299 acciones represivas, de las cuales 47 fueron detenciones arbitrarias; y 252 fueron otros abusos”.

Durante ese mes se registraron “60 violaciones contra presos políticos, comunes y sus familiares”, así como “sitios ilegales de viviendas, citaciones policiales, amenazas, hostigamientos y juicios”.

Según el OCDH, “la mayoría de los arrestos estuvieron relacionados con protestas pacíficas motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida, así como con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión”.

Entre los casos más relevantes figuran detenciones de manifestantes en La Habana y Santiago de Cuba, incluidos “adolescentes”; los “operativos masivos” en Contramaestre tras las protestas locales; “el arresto de varios periodistas independientes, creadores de contenido y activistas”; y el “hostigamiento contra líderes religiosos, varios de ellos detenidos mientras desarrollaban actividades de culto”.

La organización también registró “múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación, desapariciones de corta duración y amenazas posteriores a la liberación”.

A partir de estos datos, que reflejan un “subregistro”, el “régimen cubano persiste en la represión contra la población y no tiene intenciones de implementar cambios en materia política y de derechos humanos”, según las conclusiones de este informe semestral, que destaca que el “36,5% de las acciones represivas en el semestre fueron contra mujeres”.

Cuba afirmó este martes haber restablecido más del 30% del suministro eléctrico en La Habana tras un nuevo apagón nacional, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

Según el último parte de la Empresa Eléctrica de La Habana, se han restablecido los “circuitos de distribución que benefician a 262.369 clientes (...) para el 30,4% en la ciudad”.

“El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones”, añade la empresa, según la cual ya funcionan los servicios “vitales de salud” de 43 centros de atención médica de la capital.

La falta de combustible “complejiza indiscutiblemente el proceso de restauración” de la red eléctrica, había declarado el lunes por la noche en la televisión estatal Lázaro Guerra, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política estadounidense de sanciones contra la isla. “Mientras EEUU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE (Unión Eléctrica de Cuba) se moviliza”, dijo en X.

“Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, añadió.

A mediodía del lunes, la compañía eléctrica anunció “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, donde viven 9,6 millones de personas. No se precisaron las causas.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente, de 51 años.

“Es agónico vivir así”, acotó la mujer.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla.

Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año. Esta situación provoca cortes y racionamientos constantes, pese a un amplio programa de construcción de parques solares lanzado hace dos años.

Debate en la ONU

Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.

Los apagones se han intensificado desde que la administración estadounidense de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Un joven programador de 24 años que trabaja para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana Vieja regresaba frustrado a su casa.

“No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar”, explicó a la AFP el joven, que prefirió no revelar su identidad.

Cuba solicitó para el martes una sesión especial de la Asamblea General, el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, para abordar el tema de las sanciones estadounidenses.

En ese contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó el lunes que Washington busca impedir que la Asamblea se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas a la isla.

“El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros”, señaló en X Rodríguez, quien participará de la sesión del martes en la sede de la ONU en Nueva York.

Se requiere una votación de los Estados miembros para la apertura de un debate de este tipo ante la Asamblea General.

(AFP)

Cuba sufrió el lunes su tercer apagón nacional desde el inicio del año, después de que el sistema eléctrico nacional quedara completamente desconectado al mediodía y dejara sin suministro a los 9,6 millones de habitantes de la isla. El régimen atribuyó la crisis al bloqueo estadounidense sobre el suministro de combustible, mientras las autoridades advirtieron que la falta de petróleo dificulta el restablecimiento del servicio.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, aunque no precisó la causa del colapso. Se trata del octavo apagón de alcance nacional desde finales de 2024, en medio de un deterioro cada vez mayor de la infraestructura energética del país.

El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó en la televisión estatal que la escasez de combustible afecta las tareas de recuperación. “La falta de combustible sin duda complica el proceso de restauración“, afirmó, aunque evitó fijar un plazo para el restablecimiento del servicio.

El dictador Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política de sanciones de Estados Unidos por la nueva interrupción del suministro eléctrico. “Mientras Estados Unidos intenta provocar un estallido social mediante el estrangulamiento que supone bloquear el acceso de Cuba al combustible, la UNE moviliza todos sus recursos para revertir el colapso del Sistema Eléctrico Nacional“, expresó el mandatario.

El nuevo apagón ocurrió en un contexto de extensos cortes programados de electricidad que ya afectaban a todo el país. En algunos sectores de La Habana, los vecinos soportaban interrupciones superiores a las 30 horas consecutivas, mientras que en zonas rurales los cortes superaban las 70 horas. Las autoridades aplicaron esas restricciones para ahorrar el escaso combustible disponible para las centrales eléctricas.

La crisis energética se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera en enero las restricciones sobre el suministro de petróleo hacia Cuba. Según las autoridades de la dictadura cubana, esa medida redujo aún más el combustible disponible para alimentar las plantas generadoras.

Desde entonces, Washington solo autorizó el ingreso de un buque petrolero procedente de Rusia, como parte de la estrategia de presión destinada a poner fin a más de seis décadas de gobierno comunista en la isla.

La población volvió a expresar su frustración por la falta de electricidad y las dificultades que provoca en la vida cotidiana. "Vivir así es una agonía“, afirmó Meyboll Font, trabajadora independiente de 51 años.

La mujer explicó que su barrio de La Habana recibía apenas “tres o cuatro horas de electricidad al día”, aunque señaló que el apagón nacional incrementó la incertidumbre porque "nunca sabes cuándo volverá la electricidad“.

En otro sector de la capital, un joven programador de software que trabaja para una empresa emergente vinculada al turismo describió las consecuencias del corte. "No tenemos WiFi, no tenemos electricidad, no podemos trabajar“, aseguró.

Los apagones forman parte de la vida cotidiana en Cuba desde hace varios años debido al deterioro del sistema de generación eléctrica, compuesto principalmente por antiguas centrales construidas con tecnología soviética. Las autoridades de la dictadura sostienen que la escasez de combustible limita además el funcionamiento de los generadores que respaldan la red nacional.

La crisis energética se suma a una situación económica cada vez más delicada. La escasez de alimentos, agua potable y medicamentos se profundizó en los últimos meses y obligó incluso a postergar algunas cirugías. Esa situación llevó a Naciones Unidas a advertir sobre una emergencia humanitaria en la isla. El transporte también sufrió fuertes restricciones por la falta de combustible.

El mes pasado, el régimen cubano presentó un amplio paquete de reformas de mercado que, de aplicarse, reduciría de forma significativa el control estatal sobre la economía.

Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó esas iniciativas como "señales superficiales de humo" y sostuvo que la administración de Trump espera "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que conviertan a Cuba en un país apto para la inversión" y otorguen libertad política a los cubanos.

Ambos gobiernos mantuvieron varias rondas de conversaciones para intentar reducir las tensiones, aunque el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró la semana pasada que "no hubo avances" para superar el conflicto.

(Con información de AFP)

Cuba registró este lunes un nuevo apagón nacional tras la desconexión total de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local, el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses, según informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en sus redes sociales.

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, publicó la UNE. La empresa no precisó un plazo de restablecimiento del servicio.

El apagón se produjo en un contexto en que la propia UNE preveía, para esa jornada, que un 71% del territorio quedara sin corriente de forma simultánea durante el horario de mayor demanda, con una capacidad de generación estimada de apenas 935 megavatios (MW) frente a una demanda máxima proyectada de 3.100 MW.

Cuba atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, agravada desde enero de este año por el cerco petrolero impuesto por la administración del presidente Donald Trump, que ha interrumpido el suministro de crudo externo que la isla necesita para sostener su economía y su generación eléctrica. Trump y su secretario de Estado Marco Rubio declararon que el cerco busca propiciar cambios económicos y políticos en Cuba. El Gobierno cubano, por su parte, denunció que la medida constituye un “castigo colectivo” contra sus 9,6 millones de habitantes.

Según estimaciones recogidas por la AFP, la isla requiere algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para cubrir sus necesidades energéticas, pero su producción nacional alcanza apenas unos 40.000 barriles. El último buque en arribar con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Washington que ingresó a la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, volumen que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por dos semanas en abril.

El colapso del lunes no se explica únicamente por la falta de combustible importado. Once de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban operativas ese día por averías o trabajos de mantenimiento. Las centrales termoeléctricas, responsables del 40% de la matriz energética cubana, llevan décadas en explotación con inversión crónica insuficiente.

La central Antonio Guiteras, ubicada en el occidente de la isla y considerada la principal del país, acumula más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año y se encontraba fuera de servicio al momento del colapso. Otro 40% del mix energético correspondía a la generación distribuida —motores de diésel y fueloil—, que el Gobierno señaló que lleva completamente paralizada desde enero por falta de combustible. El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con apoyo chino.

La víspera del nuevo colapso, los apagones habían alcanzado el 72% de afectación simultánea durante el horario pico. En La Habana, los cortes superan las 35 horas consecutivas diarias; en el interior de la isla, algunas regiones han llegado a tres días seguidos sin servicio eléctrico.

“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, trabajadora independiente de 51 años. “Es agónico vivir así”, añadió.

La crisis ha paralizado casi en su totalidad la economía estatal cubana, que se estima se contraerá al menos un 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos.

El Ministerio de Energía y Minas informó en X que se activaron los “protocolos de recuperación”, que consisten en generar energía con fuentes de arranque sencillo —solar, hidroeléctrica y motores de generación— para abastecer primero pequeñas áreas que luego se van interconectando, priorizando instalaciones como hospitales. Con base en experiencias anteriores, el restablecimiento completo del SEN es un procedimiento que puede demorar días. En marzo pasado, Cuba ya había sufrido dos apagones nacionales por desconexión total del SEN en menos de una semana.

La delincuencia organizada trasnacional que suplanta la política y detenta el poder con narcoterrorismo está siendo derrotada en las Américas. Presenciamos históricas acciones para terminar las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que candidatos para dictatoriales son derrotados en Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú, Colombia. El socialismo del siglo 21 entrega el gobierno pero no el poder, pues mantiene sus leyes, impunidad y permanece como actor político. Para recuperar la democracia se necesita buen gobierno que tome el poder.

En los últimos 25 años, todos los países de Latinoamérica fueron víctimas de la suplantación o deterioro de sus sistemas democráticos por la operación trasnacional llamada socialismo del siglo 21, que es simplemente la expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela, para facilitar la penetración de las dictaduras extra hemisféricas. En más de dos décadas cambiaron constituciones, leyes fundamentales, sistemas electorales, instituciones económicas y de control, institucionalidad de las fuerzas armadas y policía, sistemas de seguridad, política exterior, órganos del poder público como el poder judicial, mecanismos de designación de jueces y magistrados, sistemas de contratación, y más.

En países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, los sistemas institucionales y legales corresponden a la estructura del socialismo del siglo 21, con leyes infames que violan los derechos humanos, con mecanismos que hacen desparecer los elementos esenciales de la democracia, con sofismas, suplantaciones y métodos que simulan democracia cuando en verdad la suprimen.

En países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Honduras y más, el socialismo del siglo 21 ha instalado sus operadores en el sistema de justicia, las fuerzas armadas, policía y sistemas de seguridad, al punto que cuando se produce un cambio de gobierno la mayor oposición consiste en la imposibilidad real de ejercer el poder, quedando el gobernante forzado a acuerdos que garantizan la impunidad y la permanencia de la delincuencia organizada en la política.

En países como Colombia, Perú y Bolivia (los tres más importantes productores de cocaína en el mundo), controlan incluso parte del territorio nacional con organizaciones narcoterroristas presentadas como sindicatos o federaciones de productores de coca, con guerrillas como las FARC y el ELN, o con organizaciones que se presentan como sociales o campesinas, que en verdad quiebran la soberanía nacional creando feudos o republiquetas donde el gobierno simplemente no ejerce.

En todos los casos y países, los regímenes del socialismo del siglo 21 usan como estrategia impedir la gobernabilidad del nuevo gobierno, mantener su estructura de poder y sus operadores para deteriorar, derrotar, derrocar o sustituir al nuevo gobierno. Es la conspiración permanente usando el sistema que han montado y que el nuevo gobierno no tiene la decisión o la capacidad de desmontar terminando la presencia delictiva en la política y restituyendo los elementos esenciales de la democracia.

La gobernabilidad es “la capacidad de gobernar”, la “cualidad de gobernable”. Es la “capacidad de un gobierno para ejercer autoridad, implementar políticas y garantizar el orden, la estabilidad y el desarrollo dentro de un Estado”. La gobernabilidad “se evalúa en términos de estabilidad, eficacia y legitimidad”.

Reitero que para terminar los regímenes del socialismo del siglo 21 y restaurar la democracia en todos los países de Latinoamérica, se precisan por lo menos tres condiciones” la eliminación de la estructura jurídica dictatorial, no impunidad y la ilegalización del crimen organizado en la actividad y participación política. Bajo la estructura jurídica del socialismo del siglo 21 es imposible que un gobierno democráticamente elegido tenga gobernabilidad y si sobrevive será a costa de dar impunidad y tolerar la permanencia de las organizaciones criminosas en la política, como lo muestran ejemplos en gobiernos de Macri en Argentina, Laso en Ecuador, Kuczynski, Boluarte y otros en Perú, Añez en Bolivia.

Luego de más de dos décadas de gobernantes y gobiernos dictatoriales, para dictatoriales y tolerantes a la desinstitucionalización sacrificando los elementos esenciales de la democracia, los presidentes y gobiernos que reemplazan al socialismo del siglo 21 en Latinoamérica, deben ser buenos gobiernos.

Buen gobierno en la realidad actual es como mínimo el retorno a la vigencia de los elementos esenciales de la democracia y la institucionalidad republicana como sistema que permita el respeto a los derechos humanos, sin presos políticos, sin perseguidos ni exiliados, con seguridad jurídica, restituir el estado de derecho, desmontar los narcoestados, encarar las crisis económica, de seguridad, de confianza, salir de la corrupción y de su secuela la impunidad que es señal de complicidad.

La población tiene esperanza pero necesita sentir el cambio tanto en la super estructura política y social como en la vida diaria. Recuperar la confianza y creer que puede vivir mejor. Cada país tiene problemas específicos, pero la demanda ciudadana es la misma. Hay países que lo están logrando, otros no y algunos que tienen el desafío pendiente. No es fácil pero no hay alternativa.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Un nuevo récord de apagones se prevé este domingo en Cuba, donde hasta el 72 % de la isla quedará sin electricidad durante el horario de máxima demanda, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) recogidos por EFE. El país caribeño enfrenta una crisis energética agravada, que ha provocado cortes generalizados y sostenidos en todo el territorio.

La situación se intensificó el pasado viernes, cuando se registró el mayor apagón anterior, afectando simultáneamente al 71 % de la población en la franja vespertina y nocturna, el periodo de mayor consumo eléctrico. Este episodio coincidió con la salida de operaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador de la isla. Se trata de la decimoséptima vez en 2026 que esta planta deja de funcionar.

El parte diario de la UNE informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas previas, incluyendo la madrugada, debido a la falta de capacidad de generación. Para el horario de mayor demanda de este domingo, se prevé una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW. El déficit estimado alcanzará los 2.200 MW y la afectación real, es decir, la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.230 MW.

En la jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica estarán fuera de servicio por averías o mantenimiento. Esta fuente aporta el 40 % del mix energético nacional, funcionando con crudo local y sin estar afectada directamente por el bloqueo petrolero. Otros 106 motores de generación están parados por falta de combustible, situación que afecta también a dos centrales flotantes y otras dos plantas.

El 40 % del sistema energético depende de motores de generación que requieren diésel y fueloil importados, mientras que el 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, principalmente energía solar impulsada por cooperación china. El Gobierno ha reconocido que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) atraviesa una situación “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, con apagones que en La Habana han superado las 20 horas consecutivas.

Desde mediados de 2024, Cuba sufre una crisis energética grave, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos. El Ejecutivo cubano ha calificado estas medidas de “genocidas” y acusa a la Administración de Washington de intentar “asfixiar” al país.

Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los que 40.000 provienen de su producción nacional. Expertos independientes señalan que la crisis energética obedece a una combinación de infrafinanciación crónica, obsolescencia del sistema y el bloqueo petrolero estadounidense iniciado en enero. Diversos estudios calculan que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema energético cubano, deteriorado por años de falta de inversiones y restricciones externas.

El debate sobre el futuro democrático de Cuba ha entrado en una fase de visibilizar propuestas concretas por parte de la oposición y la sociedad civil independiente cubana, que se vienen pensando desde hace décadas y toman un protagonismo que superan la mera denuncia del régimen. Una prueba de esto se ha dado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, con la presentación del informe de consulta a la sociedad civil ante un posible escenario de transición realizado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia así como la presentación del Acuerdo de Liberación, una de las principales iniciativas y hoja de ruta para la democratización de Cuba.

Uno de los logros más significativos destacados del mencionado estudio es la capacidad de contrarrestar la propaganda oficialista que históricamente ha intentado proyectar la imagen de una oposición fragmentada e incapaz de gobernar. La sistematización de las propuestas demuestra que, a pesar de la distancia geográfica y los saltos generacionales (donde conviven activistas históricos de los años 90 con las nuevas generaciones surgidas tras el 11J), existen denominadores comunes innegociables: la necesidad de un nuevo pacto democrático basado en el pluralismo político, el establecimiento inmediato del Estado de derecho y garantías para la libertad de expresión, la urgencia de un marco de justicia transicional que combine memoria con reconciliación nacional.

El documento presentado en la OEA funciona como un disparador técnico que demuestra que los líderes cívicos no sólo resisten, sino que están listos para la gestión institucional. La consulta arrojó datos reveladores sobre cómo los activistas y analistas conciben el rol de la comunidad internacional, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de presiones diplomáticas, militares, económicas y jurídicas desde Washington durante 2025 y principios de 2026. Al ser consultados sobre un potencial escenario que involucre el apoyo o intervención de Estados Unidos, las posturas de la sociedad civil reflejan un debate estratégico profundo: Un sector, que representa el 16%, defiende firmemente una línea reformista y soberana, argumentando que el cambio debe gestarse y ejecutarse exclusivamente por manos cubanas a través de la presión social y el fortalecimiento cívico. En el otro extremo, una porción con el 22% apoya de manera rotunda una intervención exterior de carácter humanitario o político bajo el postulado de que el aparato represivo del régimen es asimétrico e imposible de desmontar únicamente desde el civismo interno. Acompañado del 62% que apoya algún tipo de intervención y presión internacional que fuerce al régimen a negociar y dejar el poder pero con matices y condiciones al estilo de que no sea una intervención militar, o que no se prolongue un gobierno transicional más allá de 18 meses, de que la sociedad civil independiente cubana se encuentre en la mesa de negociación también, o que el castrismo no deje el poder con el motín de las últimas finanzas nacionales y con impunidad.

El informe concluye en tres pilares de acción directa: en primer lugar, articular entre los actores cubanos, es decir romper definitivamente los compartimentos estancos entre las organizaciones del exilio y la resistencia interna, más allá de las ideologías o diferencias metodológicas, para consolidar un frente de negociación unificado. En segundo lugar, comunicar mejor de cara al exterior y al interior a fin de superar los bloqueos informativos impuestos por la Seguridad del Estado dentro de la isla y, simultáneamente, educar a la opinión pública internacional sobre la inviabilidad del modelo actual. Y en tercer lugar pero no en menor en importancia, proteger a quienes se manifiestan dentro de la isla, dado el incremento de las protestas populares cotidianas por la crisis humanitaria y de servicios básicos, la protección legal, económica y mediática de los defensores de derechos humanos en Cuba es prioritaria para evitar el descabezamiento de los liderazgos locales.

Luego de la presentación del informe, el ex preso político y fundador de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y el Director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxys Cires, ambos firmantes del Acuerdo de Liberación resumieron la hoja de ruta inmediata de la oposición. El Acuerdo de Liberación, impulsado por coaliciones como Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana, es una propuesta estratégica y programática diseñada para conducir a Cuba hacia una transición democrática irreversible a través de cuatro fases progresivas encaminadas a evitar el caos social y el vacío de poder. La primera es la Fase de Liberación, cuyo foco es el cese inmediato de la represión, la excarcelación incondicional de la totalidad de los presos políticos y el restablecimiento inmediato de las libertades fundamentales de expresión, prensa y asociación. Le sigue la Fase de Estabilización, orientada a contener la crisis humanitaria mediante la canalización de ayuda internacional (alimentos y medicinas) y a garantizar la seguridad ciudadana a través de la reforma de los cuerpos policiales y la desmilitarización de la vida pública. Posteriormente, la Fase de Reconstrucción asume el reto de sentar las bases jurídicas y financieras de la nueva República; esto incluye la derogación del monopolio constitucional del partido único, reformas para una economía de libre mercado y la inserción activa de la diáspora como motor clave de inversión y reconciliación nacional. Finalmente, el proceso culmina con la Fase de Democratización, donde un gobierno provisional estrictamente acotado convoca a las primeras elecciones generales, multipartidarias y competitivas en más de seis décadas, bajo la estricta observación de la comunidad internacional. Guiado por los pilares de la desmilitarización del Estado, la reunificación nacional y el florecimiento humano, este acuerdo sistematiza el consenso de la sociedad civil independiente para asegurar que el colapso del totalitarismo derive en una democracia estable, pluralista y con pleno apego al Estado de derecho.

El análisis concluyó con la participación de Carolina Barrera, activista cubana y fundadora de Ciudadanía y Libertad en diálogo con Ezequiel Podjarny, Policy Officer para América Latina de Human Rights Foundation, quien advirtió sobre la reconfiguración de las complicidades autoritarias en la región. Con el debilitamiento del subsidio y el control político desde Venezuela, la embajada de Cuba en México se ha consolidado estratégicamente como el mayor centro operativo de la inteligencia cubana en Latinoamérica. Los analistas del evento señalaron que, a pesar de los informes de expertos internacionales sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos, gobiernos alineados ideológicamente como el de Claudia Sheinbaum continuarán priorizando la protección política de la cúpula militar en La Habana por encima de las urgencias humanitarias del pueblo cubano.

La llegada de estas propuestas a la OEA confirma que la transición en Cuba ya no se debate en términos de “si ocurrirá”, sino de “cómo se administrará” el colapso del modelo para evitar el caos y garantizar un tránsito irreversible hacia la democracia.

La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en junio 107 protestas presenciales en las calles de la isla, una cifra sin precedentes que casi duplica el anterior récord de 54 manifestaciones, alcanzado en marzo de este año.

El detonante principal fue la extensión de los apagones —de entre 24 y 48 horas en La Habana y de hasta el doble en algunas provincias—, que empujaron a los cubanos a salir a las calles prácticamente cada día del mes con cacerolazos, barricadas de fuego y consignas como “Libertad” e “Intervención ya”.

De las 107 protestas registradas, 82 se concentraron en La Habana, que el OCC identifica como el mayor foco de tensión social del país. Santiago de Cuba sumó otras 18 manifestaciones. Los episodios más graves incluyeron el apedreamiento de una estación de policía en San Agustín (La Lisa) y el incendio de la casa-museo de Olo Pantoja —combatiente muerto junto al Che Guevara en Bolivia— en Maffo, Contramaestre. Las autoridades respondieron con una intensificación de la presencia militar en las calles, que incluyó el despliegue de los Boinas Negras del Ministerio del Interior con armas largas.

La represión generó 135 entradas en el registro del observatorio. Según la organización Cubalex, al menos 38 personas fueron detenidas por su participación en las protestas. Entre los métodos empleados por las autoridades figuró el envío de delatores para filmar e identificar a los manifestantes. El youtuber Eddy Ceballos fue arrestado y acusado de espionaje tras grabar un video humorístico en una base militar abandonada.

El conjunto de las 1.220 entradas del mes estuvo encabezado por la categoría de “Desafíos al Estado“ —críticas, sarcasmos y denuncias en redes sociales, medios independientes y al pie de publicaciones oficialistas—, con 406 registros. Los "Servicios Públicos" ocuparon el segundo lugar con 227 entradas, con la crisis eléctrica como eje central, aunque también se señalaron deficiencias en el suministro de agua potable, gas licuado, transporte, servicios bancarios, funerarios y de internet.

La categoría "Alimentación, Inflación y Agricultura” acumuló 146 quejas y quedó en tercer lugar. Un estudio citado por el OCC determinó que una familia cubana necesita al menos 70.000 pesos cubanos (CUP) mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias, cifra que supera en más de diez veces el salario medio de 6.930 CUP. El informe recoge escenas de ancianos que buscan alimentos en la basura y de madres que no tienen qué darles de comer a sus hijos.

Muy cerca, la "Inseguridad Ciudadana” registró 142 protestas y denuncias. En junio se reportaron 11 femicidios, parte de un total de 27 muertes por violencia social o de género, y 44 delitos de latrocinio. Entre los casos más llamativos figuran el robo en un banco de La Habana y en una oficina de correos de Pinar del Río que custodiaba fondos para el pago de jubilados, así como la sustracción del combustible de un tren Bayamo-Manzanillo-Habana que dejó varados de madrugada a cerca de 300 pasajeros. El OCC también advierte sobre la proliferación de pandillas juveniles con rasgos similares a las maras centroamericanas.

El apartado de "Otros Problemas Sociales” sumó 97 registros que reflejan el deterioro de instituciones emblemáticas —como el restaurante y mirador La Torre en La Habana—, el impacto de la crisis en la salud mental de la población, el rechazo de los jóvenes a tener hijos o a trabajar para el Estado, el auge del trabajo infantil y el reconocimiento oficial de que la drogadicción aumentó un 200% en el país desde la pandemia del COVID-19.

La categoría de "Salud Pública" acumuló 41 entradas, con testimonios de médicos que describen agotamiento extremo y abandono de la profesión, falta de agua en hospitales, dependencia del mercado negro para conseguir medicamentos, la interrupción de cirugías y tratamientos vitales, y muertes atribuidas a negligencia médica. La "Vivienda" cerró el registro con 26 protestas y denuncias que revelan un déficit habitacional sin solución aparente, con familias que sobreviven en chozas o en inmuebles inhabitables.

El informe del OCC coincidió con el anuncio por parte del régimen cubano de 176 medidas para “salvar el socialismo”. La respuesta de Sor Nadieska Almeida, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, fue contundente: “Nos cansamos del ensayo y error, y que experimenten con nosotros. Queremos creer en nuestras capacidades y ponerlas al servicio de todos, al mismo tiempo en que cerremos el capítulo del totalitarismo que nos ha dejado sin vida”. En otro fragmento de su publicación, titulada Son de dura cerviz, Almeida fue aún más explícita: “Hoy, como tantas otras veces, les digo en nombre de muchos: váyanse, muestren respeto por este pueblo cansado y hostigado por ustedes. Ya ha sido más que suficiente”.

Los edificios antiguos de La Habana, muchos con más de un siglo de historia y severos daños estructurales, albergan familias que enfrentan miedo y precariedad a diario. El desgaste de la infraestructura habitacional en Cuba revela una crisis profunda, agravada por la falta de materiales, el deterioro de la red eléctrica y las condiciones climáticas extremas.

El déficit de más de 800.000 viviendas en la isla, según cifras oficiales, deja a miles de personas en situación crítica. Quienes permanecen en inmuebles al borde del colapso, como adultos mayores y beneficiarios de la asistencia social, se ven obligados a sobrevivir entre escombros e incertidumbre, con escaso apoyo institucional y alternativas limitadas.

En la esquina de Perseverancia y San Lázaro, en el municipio de Centro Habana, Rolando Din soporta noches y días bajo un techo improvisado tras el derrumbe de su antigua vivienda. “Vivo aquí, duermo aquí y mi condición sanitaria es la intemperie”, admite con crudeza. La rutina de Din, de 82 años, depende de recoger basura y cocinar entre hornos rudimentarios de ladrillo y leña, en un contexto de apagones que superan las 20 horas consecutivas en la capital cubana.

Al ser consultado por la agencia EFE por la respuesta institucional del régimen, Din respondió decepcionado: “La única respuesta que me pueden dar es: vamos a esperar que vaya para el cementerio y allí te daremos una habitación”. Sus palabras reflejan el desaliento que prevalece entre quienes esperan durante años una solución estable.

A unas cuadras, en la esquina de Sol y Monserrate en La Habana Vieja, Vilma Rosa de la Cruz, de 75 años, enfrenta la misma angustia. Jubilada tras una isquemia transitoria y beneficiaria de la asistencia social, vive con miedo a que el edificio se derrumbe en cualquier momento. “No puedes dormir porque sientes cómo caen los pedazos”, confiesa la anciana, que tras el colapso de una pared contigua sufre un agravamiento de los nervios.

De la Cruz espera, sin certezas, una inspección de la Oficina del Historiador de La Habana Vieja. “Estoy esperando por la inspección de la Oficina de Eusebio Leal porque yo quiero irme para otra parte”, detalló, aunque reconoció que, de no llegar la ayuda, buscará una alternativa por su cuenta: “Si no vienen, yo me voy como quiera”. Sin embargo, la falta de opciones reales la mantiene en un limbo.

Crisis habitacional y el recurso de los contenedores

Frente al deterioro generalizado del fondo habitacional, el régimen cubano impulsó desde marzo un proyecto que transforma más de 3.500 contenedores marítimos en viviendas. Estas estructuras, habilitadas con aislamiento térmico y espacios mínimos, comenzaron a entregarse en zonas como el municipio Plaza, uno de los más acomodados de la capital. Allí, algunas familias ya ocupan estas casas de dos dormitorios, cocina-comedor y baño.

Mientras tanto, en Marianao, un área periférica de La Habana, se construye un asentamiento con unos 80 contenedores, que se suman a la estrategia oficial para enfrentar la emergencia habitacional. Las temperaturas en la isla superan los 30℃, lo que convierte el aislamiento térmico en un requisito indispensable para estas viviendas improvisadas.

El arquitecto cubano Abel Tablada, ex profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, considera que la alternativa es razonable en el contexto actual: “Esta solución es viable, teniendo en cuenta la situación actual en que la industria de materiales de la construcción está casi detenida como el resto de las industrias en el país”. Sin embargo, advierte: “No debería ser el único programa de desarrollo de vivienda emergente en el país, pues la demanda es inmensa”.

Tablada también advierte sobre la resistencia de estas casas ante huracanes, uno de los fenómenos más destructivos en el Caribe. “Los contenedores están preparados para resistir fuertes vientos por su propio peso”, explica, pero subraya que la adaptación para uso habitacional debilita la estructura: “Su estructura se debilita con las aberturas y la adición de elementos de protección solar, la doble cubierta o tanques de agua”.

Las autoridades del régimen cubano no aclararon si este modelo será temporal o permanente. Para Tablada, la falta de opciones y la imposibilidad de acceso a viviendas convencionales hacen prever que “esas familias vivirán en ellas más de cinco años”.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Cuba “se está acercando” a Washington tras “muchas décadas” de distanciamiento. La declaración se produjo apenas días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera un nuevo paquete de sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

El mandatario realizó esos comentarios durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte, aunque no brindó más detalles sobre un eventual cambio en la relación bilateral.

Cabe recordar que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, se reunió el pasado 14 de mayo en La Habana con altos funcionarios de la administración cubana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia de la isla. Hasta el momento, no trascendieron los detalles de ese encuentro.

Por su parte, el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que “el bloqueo” estadounidense contra la isla “escaló a niveles insostenibles para provocar un estallido social” y destacó la importancia de la sesión solicitada ante la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar el embargo.

La reunión, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, está prevista para el próximo martes 7 de julio, según informó el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez.

El canciller sostuvo que la sesión buscará poner de relieve las “acciones agresivas” de Washington contra La Habana, entre ellas la “amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo”.

Semanas atrás, la dictadura cubana anunció un paquete de reformas estructurales destinado a liberalizar la economía, inspirado en los modelos de mercado de China y Vietnam, en medio de la presión ejercida por Washington.

Esta semana, Díaz-Canel subrayó que las medidas buscan “ante todo” preservar el proceso revolucionario. “Estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo”, expresó el dictador en un comunicado difundido por la Presidencia cubana.

En la misma línea, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, adelantó que “en los próximos días” se implementarán medidas para otorgar nuevas facultades a la empresa estatal socialista, descentralizar la aprobación de precios mayoristas y minoristas, redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial, flexibilizar el uso de utilidades después de impuestos y descentralizar la escala salarial en el sistema empresarial estatal.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —ya previamente sancionado— y un miembro de la familia Castro.

Las medidas fueron adoptadas en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, orientada a sancionar a responsables de la represión en la isla y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio afirmó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”. Según detalló, “dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla”.

Rubio agregó: “También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”.

(Con información de Europa Press)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un cubano señalado por el Departamento de Estado de operar durante más de una década como agente de influencia extranjera para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la organización que Washington describe como el principal frente de inteligencia del régimen de La Habana en Estados Unidos.

Lloga Domínguez fue arrestado esta semana junto a su esposa y su hijo, ambos cubanos, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal en el país. Los tres permanecen bajo custodia federal a la espera de un proceso de deportación, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El funcionario detenido “pasó más de una década trabajando como subversivo extranjero” para el instituto, señaló Pigott en un comunicado. Washington sostiene que la entidad mantiene una relación estrecha con agentes de inteligencia cubanos y que utiliza su estructura internacional para vigilar a ciudadanos estadounidenses.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue fundado por Fidel Castro en diciembre de 1960 para tender lazos de solidaridad entre Cuba y organizaciones de otros países. La entidad afirma mantener vínculos con más de 2.000 organizaciones en 150 países y fue durante décadas anfitriona de las brigadas de trabajo voluntario que viajaban a la isla.

Para entender el caso hay que remontarse al 4 de junio, cuando el Tesoro incluyó al instituto en la lista de sanciones al amparo de la orden ejecutiva 14404, firmada un mes antes por el presidente Donald Trump bajo el título “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La misma tanda alcanzó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel a su esposa, Lis Cuesta, y a otros integrantes de su entorno, además del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.

Aquella designación implicó el bloqueo de todos los bienes e intereses del instituto sujetos a jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de acceder a servicios financieros o comerciales en el país. La medida se enmarca en una campaña más amplia de la Administración Trump para desmantelar lo que considera la infraestructura de control político y financiero del Partido Comunista cubano.

Al frente del instituto sancionado está Fernando González Llort, un antecedente que Washington usa como argumento central. González Llort integró la Red Avispa, una red de espionaje cubano desarticulada en Florida a finales de los años noventa, y fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión, según el Departamento de Estado. Tras cumplir condena, volvió a Cuba, ocupó cargos políticos y asumió la presidencia del instituto.

El instituto rechazó las acusaciones. En un comunicado del 9 de junio, calificó su inclusión en la lista de sanciones como un acto de hostilidad política basado en calumnias que busca justificar el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, e insistió en que su único propósito, en 65 años de existencia, ha sido promover el entendimiento entre pueblos.

Rubio, que difundió el caso en sus redes sociales, advirtió que cualquier persona vinculada al instituto podría enfrentar sanciones, procesos judiciales o la expulsión del país. “Estados Unidos nunca se convertirá en hogar de comunistas extranjeros que difundan propaganda, dirijan operaciones de influencia subversiva o apoyen movimientos radicales antiestadounidenses”, afirmó.

El caso se suma a una secuencia de medidas que Washington ha intensificado desde comienzos de año contra la cúpula dirigente cubana. La detención de una familia completa por vínculos con una organización de siete décadas de existencia anticipa un endurecimiento de los controles migratorios contra ciudadanos cubanos señalados por sus antiguos cargos en instituciones estatales, incluso años después de haberlos dejado.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) impulsa un proyecto para apoyar la alimentación escolar en Cuba, que contará con recursos por valor de 89.301 euros (aproximadamente 102.000 dólares) procedentes del canje de deuda entre España y Cuba aprobado en 2025, según informaron este martes medios estatales.

La iniciativa tendrá un período preliminar de seis meses en 2026 y utilizará los fondos para respaldar la compra de alimentos destinados a 74 centros educativos en 19 municipios de las cinco provincias orientales de la isla, de acuerdo a un comunicado del PMA citado por Cubadebate.

El proyecto beneficiará directamente a 12.677 niñas y niños de la primera infancia, enseñanza primaria y escuelas especiales. Además, involucrará a 42 formas productivas locales responsables de suministrar alimentos frescos y, de manera indirecta, a más de 3.000 trabajadores del sector educativo.

El informe señala que el Ministerio de Educación cubano ejecutará el proyecto en coordinación con los gobiernos territoriales y otras instituciones nacionales, mientras que el PMA, organización humanitaria de las Naciones Unidas, brindará asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

El representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, afirmó que este proyecto “muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades”.

También subrayó que, gracias a los recursos del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba, el PMA “acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios”.

El Programa de Conversión de Deuda, firmado en 2016 entre Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025 con el objetivo de movilizar hasta 375 millones de euros para financiar proyectos enfocados en prioridades sociales, como la seguridad alimentaria y la inversión en el fortalecimiento de capacidades productivas del país.

El PMA aprobó la semana pasada el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 por más de 116 millones de dólares, que permitirá mantener la cooperación en seguridad alimentaria de esa agencia de la ONU con la isla durante el periodo 2026-2030.

Cuba enfrenta una profunda crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. A esto se sumaron en mayo sanciones reforzadas contra sectores clave de la economía y las empresas que mantienen vínculos comerciales con el régimen cubano.

Un cargamento de 15.000 toneladas de arroz procedente de China arribó a Santiago de Cuba como parte de un donativo de emergencia dispuesto por Pekín para mitigar la crisis económica en la isla, según informaron medios estatales.

Este envío corresponde al segundo lote de un total de 60.000 toneladas donadas, descrito por la embajada de La Habana en Pekín como “un gesto que reafirma la hermandad entre ambos partidos comunistas y pueblos, así como los sólidos lazos de cooperación y solidaridad que unen a Cuba y China”.

El presidente Xi Jinping autorizó en enero una ayuda a Cuba que contempla una asistencia financiera de 80 millones de dólares además del arroz. En 2024, China ya había realizado una donación adicional de 100 millones de dólares a la isla.

El régimen chino manifestó su intención de “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” a Cuba, además de rechazar la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras” en referencia a las presiones de Washington, que desde enero aplica un bloqueo petrolero y otras medidas que afectan sectores clave de la economía cubana.

De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN), los donativos se entregan “gratuitamente a la población y a instituciones sociales, en un contexto económico complejo marcado por limitaciones externas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos”.

La economía cubana enfrenta una contracción del 15% en los últimos cinco años, según datos oficiales. El país experimenta escasez persistente de alimentos, medicamentos y combustible, además de apagones prolongados y una inflación elevada.

La Habana y Pekín mantienen relaciones políticas y económicas estrechas, situando a China como uno de los principales aliados de la isla.

La dictadura cubana acumula más de 2.100 presos políticos desde las históricas protestas de julio de 2021 -más conocidas como 11J-, al tiempo que transformó su maquinaria represiva para anticiparse a cualquier nueva movilización ciudadana. Así lo documentó el informe “5 años después del 11J: el régimen cubano se prepara para la próxima protesta”, publicado por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, que analiza 114 casos de detención y encarcelamiento registrados entre enero y junio de este año por el ejercicio de derechos fundamentales.

“El régimen cubano ya no espera a que la protesta llegue a las calles, la persigue antes de que acontezca. Vigila perfiles, rastrea publicaciones, identifica vínculos sociales, controla barrios, amenaza familias y convierte cualquier gesto de disenso en materia penal”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.

De los 114 casos analizados, 79 —casi el 70%— corresponden a personas encarceladas por participar en protestas o manifestaciones pacíficas. Otros 22 están vinculados a la vigilancia digital y la persecución de la expresión en redes sociales, y 13 reflejan otras formas de represión política contra activistas, periodistas independientes y miembros de organizaciones cívicas. En total, más de 175 nuevos presos políticos fueron incorporados al registro de Prisoners Defenders durante el primer semestre de 2026; y las cifras de junio, aún provisionales, apuntan a superar los 1.300 prisioneros políticos activos en las cárceles de la isla.

La represión se anticipa

El cambio más documentado por el informe es de naturaleza estratégica: el régimen ha desplazado su capacidad represiva desde la reacción posterior a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos. La vigilancia digital, el seguimiento territorial y la criminalización penal anticipada se transformaron en los pilares de este nuevo modelo.

“Internet se ha convertido en una extensión del aparato represivo del régimen castrista”, señaló Larrondo; al tiempo que agregó: “En Cuba, publicar una opinión, grabar una actuación policial, fotografiar un cartel crítico o difundir una denuncia puede desembocar de forma habitual en una detención, la prisión provisional y en una condena penal”.

Según el reporte elaborado en conjunto por las dos ONG, el estudio de perfiles en redes sociales permite al régimen realizar segmentaciones prospectivas de la población, complementando los informes de conducta de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), las organizaciones de masas y las fuerzas de contrainteligencia. El resultado es un sistema de control que actúa antes de que el descontento tome forma colectiva.

Casos que ilustran el patrón

Entre los casos más graves figura el de Eduardo Ceballos Pérez, conocido como “Eddy Jones”, humorista y youtuber detenido el 1 de junio pasado en La Habana tras publicar grabaciones de instalaciones estatales y militares abandonadas. Desde su traslado a la prisión Combinado del Este permanece incomunicado y sin garantías procesales. Su familia denunció que podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión y reportó agresiones físicas durante su encarcelamiento.

Erich Alain Chang Padrón, cuentapropista detenido el 20 de mayo por publicar videos críticos sobre apagones y escasez de alimentos, fue trasladado a Villa Marista y posteriormente enviado a la prisión Valle Grande en régimen de prisión provisional. Denunció torturas, privación de sueño y alimentos, interrogatorios continuos y presiones psicológicas. Alexeis Serrano Águila fue arrestado por publicar un video en el que denunciaba abusos policiales, mientras que su esposa, Delis Frómeta Suárez, fue detenida por el solo hecho de grabarlo mientras realizaba esa denuncia.

El informe también documentó el caso de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, campeón cubano de artes marciales mixtas conocido como “Spiderman”, detenido el 24 de abril en Marianao (La Habana) tras nueve días de protesta pacífica desde el balcón de su vivienda. Su esposa, Lisandra Cuza, describió el arresto como “un secuestro”: agentes vestidos de civil lo derribaron, lo golpearon y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo. Las autoridades intentaron desacreditarlo alegando trastornos mentales, extremo desmentido posteriormente por un examen médico oficial.

Menores encarcelados

Uno de los hallazgos más graves del informe es la detención de nueve menores de edad, adolescentes de entre 15 y 17 años, en el transcurso del semestre. La represión contra menores se concentró en dos grandes operativos. El 13 de marzo, tras las protestas en Morón (Ciego de Ávila) contra los apagones y la escasez, fueron detenidos cuatro adolescentes: Yoasnel Estrada Rodríguez (17 años), Christian de Jesús Crespo Álvarez (16 años), Kevin Samuel Echevarría Rodríguez (15 años) y Jonathan David Muir Burgos (16 años), este último excarcelado el 24 de junio.

El segundo operativo tuvo lugar el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo culminó con la detención de cuatro menores —Ander Maddiel (15 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), José Ángel Borrero Zorrilla (17 años) y José Jorge Menéndez Vázquez (17 años)— acusados de presunto “sabotaje” sin que las autoridades hayan presentado prueba alguna.

En Cuba, numerosas acusaciones de sabotaje pueden ser juzgadas por tribunales militares incluso cuando los acusados son civiles, lo que agrava de forma extrema la situación procesal de los detenidos.

Además, Cristian Fernández Sarmiento, de 15 años, fue detenido el 19 de junio en Altamira (Santiago de Cuba) durante unas protestas contra los apagones.

El sistema penal como herramienta política

El análisis de los delitos imputados revela un patrón de instrumentalización judicial. Los cargos más frecuentes son “desórdenes públicos” y “propaganda contra el orden constitucional”, seguidos de “atentado”, “resistencia” y “desacato” —figuras vagamente definidas que las autoridades utilizan para justificar detenciones contra quienes ejercen el derecho de reunión pacífica—. Para los casos vinculados a la vigilancia digital predominan el “desacato” y la “difamación”. El régimen recurre también a delitos de extrema gravedad, como “terrorismo” y “sabotaje”, para imponer medidas cautelares más severas y elevar las condenas.

“Protestar se paga. Denunciar se paga. Grabar se paga. Organizarse se paga. Ser familiar, vecino o testigo también puede pagarse”, advirtió Larrondo a Infobae. Y agregó: “En Cuba, la represión policial y penal no es una reacción aislada del régimen o sus estructuras. Es una política de Estado orientada a producir miedo, impedir la protesta y conservar el poder mediante la criminalización de la sociedad civil”.

El pasado mes de marzo fue el de mayor intensidad represiva, con 41 encarcelamientos —cerca del 36% del total semestral—, ligados principalmente a las protestas del 23 en Minas, Guanabacoa (La Habana), que derivaron en detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios, desapariciones forzadas temporales e interrogatorios bajo coacción. Junio apunta a cifras similares: al 29 de este mes ya se contabilizaban más de 35 nuevos presos políticos, con proyecciones de entre 35 y 45 casos al cierre del período, indicó el reporte.

Concentración territorial y excarcelaciones que no liberan

La represión tuvo alcance nacional pero se concentró en cuatro provincias. La Habana acumuló 35 de los 79 manifestantes encarcelados (44,3% del total), seguida de Ciego de Ávila con 16, Holguín con 15 y Santiago de Cuba con 10.

El informe también señaló que las excarcelaciones negociadas por la Iglesia Católica en 2025, al no conllevar la eliminación de las condenas, no redujeron la represión. Lo ilustra el caso de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, ex presa del 11J, liberada en ese acuerdo pero redetenida el pasado 2 de junio durante una protesta en Santa Amalia (La Habana) contra la falta de agua y los apagones. Su condena original de ocho años permanece intacta, por lo que la nueva detención implicó la revocación inmediata de su beneficio penitenciario.

El llamado a la comunidad internacional

Larrondo cerró con una interpelación directa a los gobiernos del mundo. “Cuba ejerce el terrorismo de Estado sin que la Unión Europea, por ejemplo, haga nada al respecto en público, sin que se apliquen sanciones a los perpetradores, sin que el terrorismo de Estado tenga consecuencias. Europa y otros países deben reaccionar de inmediato. La sangría de exiliados, de detenidos, de reprimidos, a costa de un enorme gasto de recursos policiales y militares, mientras el pueblo languidece sin servicios básicos, es del todo inaceptable y debe ser condenado por la comunidad internacional de forma inapelable. Y esto no puede esperar ni un día más", puntualizó.

El informe fue publicado a 11 días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas.

La escena del cerdo faenado en la vereda, frente a un edificio de arquitectura colonial en avanzado estado de deterioro, con niños alrededor y una olla en el suelo, sintetiza la dimensión doméstica de la crisis energética que atraviesa Cuba.

La falta de gas licuado y los cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias obligan a los habaneros a resolver la cocción de alimentos en la calle, con fuego de leña o carbón, en una práctica que se repite en distintos barrios de la capital. Se documentaron escenas similares en varios municipios de La Habana en las últimas semanas.

“Parece una guerra esto aquí, caballero. ¿Hasta cuándo es esto, mi hermano?”, se escucha decir a un vecino en un material publicado por Árbol Invertido, donde un numeroso grupo de reclutas uniformados avanza por una calle habanera con palas y sacos mientras los residentes los observan desde los balcones. Portal, por su parte, calificó las imágenes de los soldados recolectores como expresión de “67 años de fracaso socialista” y añadió: “Esto se ha perdido en un abismo”.

El colapso del saneamiento tiene raíces estructurales que la escasez de combustible agravó de forma drástica. Desde febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana están operativos por falta de diésel y deterioro mecánico, según datos recogidos por CiberCuba.

La ciudad genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos por día, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedan sin retirar diariamente. La capital necesita entre 20.000 y 30.000 contenedores y apenas cuenta con 10.000.

La crisis del combustible se profundizó tras el bloqueo petrolero impuesto por la administración del presidente Donald Trump desde enero. Washington amenazó con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a Cuba, lo que cortó de raíz el suministro externo. La producción nacional de crudo solo cubre el 40% de la demanda interna, y las autoridades reconocen que apenas hay diésel para hospitales, industrias y producción de alimentos, según informó AP. Cuba recibió solo uno de los ocho barcos de combustible esperados entre diciembre y abril.

El escenario en las calles también lo describió la agencia de noticias AP en un recorrido por la ciudad: pilas de desechos que obstruyen aceras y calzadas en barrios como Plaza de la Revolución, Centro Habana, 10 de Octubre y Habana del Este; basura acumulada frente a escuelas, restaurantes y el hospital Hermanos Ameijeiras.

“Lo que usted está mirando es deprimente. La situación que hay con la basura en esta zona, las moscas, la insalubridad, las ratas”, declaró a la agencia María Odalys Ramírez, vecina de 63 años que vive frente al centro médico.

Ante la imposibilidad de recoger los desechos de forma regular, vecinos de varios municipios comenzaron a quemarlos en la vía pública. En Camagüey, el propio régimen ordenó la quema de basura como medida de emergencia ante la falta de camiones, según denunció el periodista José Luis Tan.

La estatal Empresa de Telecomunicaciones reportó que los incendios no controlados destruyeron postes, cables y gabinetes de comunicaciones, mientras que el Centro de Neurociencias de Cuba advirtió sobre el riesgo para la salud del humo tóxico generado por esas quemas.

El riesgo sanitario es alto. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en el programa de televisión oficial “Mesa Redonda” que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue al circular simultáneamente los cuatro serotipos del virus. La provincia de Matanzas confirmó sus primeros casos de la temporada 2026 el mismo día de la advertencia. Cuba cerró 2025 con al menos 81.909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, un brote que The New York Times vinculó directamente a la acumulación masiva de desechos en la isla.

El uso de reclutas para tareas de saneamiento expone otra dimensión del Servicio Militar Obligatorio (SMO) cubano: los jóvenes son empleados como mano de obra no especializada sin posibilidad legal de negarse. La legislación cubana no reconoce el derecho a la objeción de conciencia, y el Decreto 103 de 2024 establece multas de hasta 7.000 pesos para quienes no se presenten al ser citados, con posibles consecuencias penales para reincidentes.

Organizaciones independientes como Archivo Cuba y CubaXCuba documentaron al menos 67 muertes de reclutas entre 2018 y principios de 2026: 27 por suicidio, 16 por negligencia grave y 14 en accidentes. Solo en 2025 murieron al menos 19 jóvenes durante su período como reclutas.

Las respuestas del régimen ante la acumulación de residuos no han atacado el problema de fondo. La llamada “Operación Limpieza”, ejecutada entre octubre y noviembre de 2025, movilizó soldados, reclutas, policías y trabajadores estatales y recogió 396.157 metros cúbicos de desechos en 20 días, según la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez. Pese a esa cifra, la acumulación crónica nunca se detuvo. El régimen también presentó un plan de 49 medidas que incluye la importación de contenedores y el despliegue de brigadas con unidades militares, sin resultados estructurales visibles. No es la primera vez que recurre a reclutas para paliar la misma crisis: ya lo había hecho en octubre de 2025.

En la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del 18 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó un paquete de 176 medidas económicas de emergencia que incluyó, entre sus puntos, la necesidad de abordar la recogida de residuos sólidos con participación privada y extranjera.

Frente al vacío estatal, surgieron iniciativas ciudadanas: el proyecto El Batazo, activo en ocho manzanas del barrio habanero de Los Sitios, opera con un recolector que pasa dos veces al día para retirar desechos separados por los propios vecinos. “El impacto de este proyecto es fundamentalmente que demuestra a la comunidad que se puede vivir en un entorno más limpio”, afirmó Evelyn Martínez Mendoza, colaboradora del proyecto, en declaraciones a AP.

“Así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba”, afirmó Milei, y fue más allá al anticipar que cuando Trump ingrese al país caribeño va a poder hacerlo “caminando”. “Cuba se va a terminar cayendo solo”, sostuvo, al tiempo que calificó al secretario de Estado, Marco Rubio, de ”extraordinario" y “fuera de serie”.

Su argumento central descansa en la cadena de consecuencias que, a su juicio, desencadenó la captura de Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense resultó en la detención del entonces presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela e inició negociaciones con Washington.

Para Milei, ese desenlace golpeó directamente a Cuba. “Al encausar a PDVSA le quitaron el financiamiento a Cuba, con lo cual Cuba no puede estar parasitando a Venezuela", explicó. El mandatario describió ese mecanismo como el eslabón que acelera el colapso del régimen de Miguel Díaz-Canel: sin el petróleo venezolano, la isla enfrenta una crisis energética que ya derivó en apagones prolongados.

Consutaldo sobre el comunismo como sistema político, el Presidente señaló que “fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a ciento cincuenta millones de seres humanos”. En esta línea, y sobre quienes defienden esas ideas desde países capitalistas, fue tajante: “Esos son unos farsantes”. Y retomó una frase del economista Thomas Sowell para cerrar el argumento: “¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?”.

No es la primera vez que Milei expresa ese optimismo sobre Cuba: en marzo de 2026, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Budapest, ya había anticipado que Trump lograría una “Cuba libre” antes de mediados de año.

La situación en la isla, mientras tanto, se agudiza. Un bloqueo de combustible impuesto por Washington profundizó la crisis energética. En junio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó personalmente a La Habana para entregar un ultimátum a funcionarios del régimen, y el Departamento de Justicia formalizó cargos contra el expresidente Raúl Castro. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz permanece desplegado en el Caribe.

La política interna

En el plano doméstico, Milei repasó los números de su gestión y aseguró que el déficit fiscal consolidado que heredó equivalía a 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) —cinco en el Tesoro Nacional y diez en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— y fue eliminado en el primer año de gobierno. La inflación mensual, que en diciembre de 2023 trepaba al 25% en el índice minorista y al 54% en el mayorista, viaja hoy a una tasa anual de entre el 25% y el 30%, indicó. “¿Está terminada la tarea? No, claramente. La tarea es exterminarla, pero que vamos por el buen camino, no hay dudas”, admitió.

Según los datos sociales que citó, la pobreza cayó de 57% a 28%, la indigencia pasó del 20% al 6% y la proporción de niños en situación de pobreza se redujo del 70% al 42%. “Sacamos a cerca de catorce millones de argentinos de la pobreza”, afirmó. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador de frecuencia mensual que funciona como aproximación al PBI, se ubica hoy un 11% por encima del nivel de diciembre de 2023.

En el Congreso de la Nación, el gobierno acumuló una serie de aprobaciones que Milei presentó como la prueba de que su coalición tiene músculo legislativo. Entre los logros que enumeró figuran la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —demorado durante 25 años—, la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la ley de glaciares y la aprobación de la modernización laboral, una reforma que, según el presidente, ningún gobierno democrático previo había logrado sancionar. “Ya sobrecumplimos la promesa de campaña”, sostuvo.

De cara a 2027, Milei descartó cualquier ambigüedad sobre sus planes. “O termino en el 2027 o si los argentinos quieren, en el 2031, pero después del 2031 acá a mí no me ven más”, dijo entre risas.

Las calles desiertas de Varadero y la ausencia de turistas en La Habana Vieja, ícono turístico de la capital cubana, ilustran el profundo deterioro del turismo en Cuba, una crisis que golpea directamente a quienes dependen de este sector para sobrevivir.

El sector turístico, que figura entre las tres principales fuentes de divisas del país, ya atravesaba una etapa difícil desde la pandemia. La situación se agravó en los primeros meses de este año, cuando nuevas restricciones desde Estados Unidos limitaron la llegada de vuelos por la escasez de combustible y generaron la salida de hoteleras extranjeras debido al temor a sanciones secundarias.

La cifra de turistas internacionales entre enero y mayo fue de 359.491 visitantes, lo que representa una caída del 58% respecto al año anterior, según los datos oficiales. Ese año ya había sido el peor de las últimas dos décadas, si se excluyen los años de pandemia.

El desplome dejó secuelas inmediatas. Ricardo Torres, economista cubano y académico en American University, advierte sobre un “golpe que también se extiende más allá de los hoteles”, ya que, según sus palabras, el turismo “genera derrames hacia restaurantes privados, transportistas, arrendadores, guías, vendedores de alimentos y otros proveedores”. La caída en la llegada de turistas impacta en cascada sobre toda la economía local.

Entre los trabajadores, la preocupación es palpable. La legislación cubana prevé que, cuando una actividad se interrumpe temporalmente, los empleados entren en la figura de “interrupto” y se priorice su reubicación. Sin embargo, Torres estima que “el número de trabajadores directamente afectados por el desplome oscila entre 20.000 y 30.000”. Muchos de ellos ven mermados sus ingresos, aunque conserven su contrato, ya que “la mayoría dependen de propinas, de pagos asociados al servicio a visitantes extranjeros y de otros ingresos informales”.

La crisis del turismo en Cuba se debe a una combinación de factores: la persistente escasez de combustible y la salida de algunas de las principales hoteleras extranjeras en las últimas semanas, como Melia, Iberostar, Blue Diamond y Archipielago International. Esta situación redujo de manera drástica la ocupación hotelera y afectó tanto a trabajadores del sector formal como a quienes dependen indirectamente de la actividad turística, como guías, arrendadores, transportistas y pequeños empresarios.

El investigador calcula que “cerca de un tercio del inventario hotelero nacional” y “casi la mitad de las habitaciones bajo gestión extranjera” quedaron afectados por la reciente salida total o parcial de firmas internacionales. Hasta 2025, de las 84.164 habitaciones en el país, 57.291 estaban bajo gerencia extranjera, aunque la propiedad sigue siendo estatal.

Las consecuencias llegan hasta los salarios. El sueldo estatal promedio, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, es de 6.930 pesos cubanos (CUP) al mes, unos 58 dólares al tipo de cambio oficial, pero sólo 10 al cambio informal. Torres matiza que “esas garantías se calculan sobre el salario formal, que en el turismo suele representar solo una parte menor del ingreso real de los trabajadores”.

El Decreto 149/2026 autoriza pagar, de forma excepcional, una garantía del 60% del salario básico diario desde el segundo mes de interrupción, siempre que no haya opciones de reubicación. Sin embargo, esa cifra dista mucho de lo que los empleados solían recibir por propinas y pagos asociados al servicio a extranjeros.

El golpe emocional fue evidente para Mariam Abreu, quien trabaja en seguridad en el hotel Grand Aston de La Habana. “Me quedé en shock y triste”, reconoció al saber que Archipielago International se marchaba de Cuba.

El drama afecta también a quienes trabajan en actividades privadas ligadas al turismo. Lázaro Mena, que lidera el proyecto Mogote Adventure en Viñales, confesó que su emprendimiento no genera ingresos “desde hace dos meses”. Aunque Viñales tiene una estructura particular, donde predominan las casas de renta particular y el turismo es gestionado por privados, la crisis no ha dado respiro.

“El turismo en Viñales está muerto alrededor de hace ya cuatro meses”, lamentó Mena sobre una localidad donde el 80 % de los habitantes viven del turismo.

Torres subraya que la caída de visitantes “disminuye también los ingresos del sector privado y de muchas familias que dependen indirectamente de esa actividad”. Recalca que, en las condiciones actuales, “esos trabajadores tienen muy pocas alternativas para compensar los ingresos perdidos”.

La posibilidad de un repunte inmediato en el turismo parece lejana. “La recuperación del sector no se percibe a corto o medio plazo, en parte por la gran incertidumbre geopolítica en torno a la isla”, señala la evaluación de Torres. Lázaro Mena es claro sobre el futuro: “Hay que lograr que Cuba vuelva a ser un destino sexy para el turismo internacional”, y propone “una apertura económica gigante” como única vía para reactivar el sector y devolver la esperanza a miles de familias cubanas.

(Con información de EFE)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó el lunes ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, apoyo hemisférico concreto al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, al tiempo que calificó a Cuba de “Estado fallido” y exigió reformas inmediatas al régimen de La Habana, en el poder desde hace 67 años sin haber convocado una elección libre.

La intervención de Landau se produjo en un momento de particular tensión regional. Bolivia atravesó durante casi dos meses una crisis que comenzó a principios de mayo con bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos y sindicales vinculados al ex presidente Evo Morales, opuestos al gobierno de Paz. En su punto más crítico, llegaron a registrarse cerca de 90 puntos de corte vial activos en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo boliviana documentó al menos 14 fallecidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio, mientras las pérdidas económicas superaron los 1.600 millones de dólares, según proyecciones del sector privado.

El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio para despejar las carreteras y restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y combustible. La medida surtió efecto sin enfrentamientos graves: para el 23 de junio, víspera de la asamblea, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados. El acuerdo alcanzado el 19 de junio entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para crear mesas de trabajo sectoriales contribuyó al repliegue de los manifestantes y dejó políticamente aislado a Morales, quien aceptó un compás de espera en las movilizaciones sin haber logrado su objetivo central: la renuncia del mandatario.

Ante ese telón de fondo, Landau fue directo en su mensaje a los estados miembros. “Bolivia está enfrentando una crisis”, afirmó. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”. El subsecretario instó a todos los países miembros a respaldar las llamadas de Bolivia en favor de “una acción significativa” en defensa del orden constitucional. Previo a la asamblea, Washington y Buenos Aires coorganizaron un evento lateral para solidarizarse con el gobierno de Paz y denunciar a quienes buscan derrocarlo.

Sobre Cuba, Landau no dejó margen para la ambigüedad: describió a la isla como un Estado fallido, aliado de los adversarios de Washington, con larga historia de erosionar instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad en el hemisferio. “El régimen autoritario y comunista de La Habana —que lleva 67 años en el poder sin haber celebrado una elección— está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, afirmó ante la asamblea.

Sus palabras llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 19 de junio, apenas cuatro días antes de la asamblea, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas —la transformación más profunda del modelo cubano desde el Período Especial de los años noventa— en respuesta a una crisis agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y por las restricciones energéticas impuestas por Washington. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante el Congreso que el bloqueo estadounidense ha llegado a “interrumpir el suministro de combustibles y todas las fuentes de ingreso en divisas del país”, con un impacto directo sobre la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

La administración Trump consideró las reformas insuficientes. El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”. Para Washington, el paquete de medidas no toca el núcleo del sistema político y responde más a la presión externa que a una apertura genuina. Landau, en esa línea, extendió el mismo reproche a Nicaragua y exigió “tolerancia cero” con los regímenes totalitarios en el hemisferio.

El discurso también trazó un balance de la OEA desde la asamblea de 2025, celebrada en Antigua y Barbuda, donde el propio Landau había advertido que el organismo padecía de “escasez de resultados”. Entre los avances reconocidos, destacó el papel de la OEA en la aprobación unánime del apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, que allanó el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó operaciones contra grupos armados. Sin embargo, advirtió que la renovación de ese mandato no debe darse por garantizada y exhortó a los estados a intensificar su contribución con financiamiento, equipamiento y personal.

El peso financiero de Washington en la OEA es un factor permanente de presión: Estados Unidos aporta cerca del 50% del presupuesto ordinario del organismo —unos 47 millones de dólares en 2026— y la administración Trump ha retenido parte de esa contribución mientras mantiene abierta la posibilidad de retirarse si la institución no demuestra resultados concretos. La resolución de la crisis boliviana justo antes de la cumbre ofrece a la Casa Blanca un argumento para reclamar mayor agilidad del organismo cuando la violencia política desafía mandatos electorales, pero el desafío estructural de la OEA sigue siendo el mismo: convertir la presión en mecanismos de respuesta que no dependan exclusivamente del músculo diplomático estadounidense.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, del pasado 1 de mayo, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".

“También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”, agregó.

Por último, indicó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, completó.

En diálogo con Infobae, Emilio Morales, consultor de empresas y experto en la economía cubana, destacó que las nuevas sanciones aplicadas a empresas de GAESA o relacionadas con ella “van dirigidas a anular el motor financiero y logístico de la joya de la corona de la familia Castro”.

Y explicó: “El golpe dirigido a RAFIN S.A. y el banco BFI S.A., dos de las principales entidades financieras de GAESA, tiene como objetivo asfixiar financieramente al holding de la familia Castro. A partir de ahora, las entidades extranjeras que canalizan transacciones comerciales con estas dos entidades de GAESA estarán expuestas a millonarias multas. Esto puede significar una nueva oleada de rupturas de contratos que tienen estas entidades con empresas de terceros países. Este golpe afecta a todos los suministradores internacionales que proveen mercancías a las entidades de GAESA por medio de cartas de créditos emitidas por el BFI. Por otra parte, las transacciones financieras entre el BFI y entidades bancarias de terceros países también quedan afectadas bajo estas sanciones, por lo que el BFI verá afectada su actividad financiera considerablemente".

Morales, quien es presidente y CEO de Havana Consulting Group, también detalló que las sanciones dirigidas a ALMACENES UNIVERSALES S.A. (AUSA) tienen el objetivo de “cortar los servicios de logística y almacenamiento que esta entidad provee a diversas empresas de GAESA y de entidades extranjeras asentadas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) que tienen relaciones con ella, así como otras que comercializan bienes con entidades de GAESA. De esta manera, todo el manejo del tráfico de contenedores en la ZEDM y los servicios que esta entidad ofrece con el depósito, almacenamiento y transporte de mercancías, incluidas las actividades portuarias de la ZEDM".

Por último, el experto subrayó que estas nuevas sanciones son la “respuesta de Estados Unidos a las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano, que dejó intacta a GAESA y todas sus afiliadas”.

Por su parte, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, también en diálogo con Infobae, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema”.

Ferrer subrayó que, durante este año, “Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.

Luego recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.

Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.

El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.

Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.

“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.

La renombrada dirigente opositora cubana Rosa María Payá detalló sus planes para dirigir el desmoronado gobierno de la isla en caso de que el presidente Donald Trump derrote al régimen comunista.

Esta mujer de 37 años es uno de los rostros más reconocibles de la nueva Cuba en la órbita de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, le asignó un puesto de alto perfil en la Organización de los Estados Americanos, y ella dice que informa regularmente a altos funcionarios estadounidenses sobre el trabajo de la oposición en la transición del comunismo a la democracia.

Payá ha vivido la vida de una disidente desde que tiene memoria, remontándose a la escuela primaria en Cuba, cuando los profesores la acosaban regularmente por el trabajo de sus padres como líderes de la oposición. La familia de Payá huyó a Miami tras el asesinato de su padre, Oswaldo Payá, pero ella duró varios años yendo y viniendo a Cuba hasta que le negaron la entrada hacia 2020. Más tarde fundó Cuba Decide, ahora uno de los mayores movimientos prodemocráticos de la isla, y parece convencida de que Trump traerá la liberación.

“Nunca hemos estado tan cerca. Nunca ha habido una amenaza tan grande para el régimen desde, quizá, la Bahía de los Cochinos”, dijo Payá, refiriéndose a la fallida invasión de 1961 por parte de fuerzas estadounidenses y exiliados cubanos.

Este año, Trump ha intensificado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo naval de facto que ha cortado los suministros de energía, ordenando sanciones más duras y dando a conocer la acusación penal contra Raúl Castro, el exlíder del país de 95 años y hermano de Fidel Castro. El martes, añadieron más empresas a la lista negra de EEUU, y Rubio publicó recientemente un video de cinco minutos en YouTube, en español, en el que exigía una Cuba libre dirigida por cubanos.

“Estamos trabajando activamente para liderar ese proceso, para formar parte de ese cambio”, afirmó Payá en una entrevista en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad en Miami, construido por exiliados cubanos en honor a la patrona católica de la isla.

El alcance de esa labor quedó claro en marzo, cuando Payá reunió a representantes de 50 grupos cubanos de la oposición, disidentes y cívicos en la emblemática iglesia, que está flanqueada por las aguas azules de la bahía de Biscayne.

Firmaron un plan de transición denominado “Acuerdo por la Libertad”, que creó nueve comités que llevan meses trabajando en planes detallados para dirigir organismos gubernamentales clave que prestan servicios fundamentales como la salud, la educación, la recuperación económica y la fuerzas policiales. Afirmó que han elaborado listas de personas, seleccionadas de entre la diáspora en Miami y de las filas de los burócratas del gobierno dentro de Cuba, que están dispuestas a hacerse cargo de los servicios públicos a un nivel muy técnico.

Su objetivo es celebrar elecciones libres en un plazo de entre 18 y 36 meses, dijo Payá, sin querer indicar si ella misma se presentará como candidata. “Quiero que los cubanos elijan a su presidente”, afirmó. “Si mi nombre aparece o no en las papeletas en una Cuba democrática se decidirá a su debido tiempo”.

Pero Trump no ha dicho si quiere que Payá asuma el liderazgo que ella prevé. Existe la preocupación de que Payá —o cualquier otra persona de la fracturada oposición en el exilio— tenga la experiencia, la influencia o el poder para sustituir al régimen autoritario y arraigado que gobierna Cuba desde 1959, según personas familiarizadas con el pensamiento de la administración que pidieron no ser identificadas.

El Departamento de Estado se reúne con diversos grupos y personas para promover los objetivos de la política exterior de EEUU, según ha declarado un portavoz en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas sobre Payá, y ha añadido que la Administración Trump se enorgullece de haberla designado para dirigir la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

La Casa Blanca tenía preocupaciones similares en Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses destituyeran a Nicolás Maduro y lo llevaran a la cárcel en Nueva York, según dijeron estas personas. Trump puso al frente a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, dejando de lado a la oposición democrática liderada por la disidente y ganadora del Premio Nobel, María Corina Machado.

Payá dice que ese tipo de política fracasaría en Cuba. Venezuela cuenta con una larga historia de instituciones democráticas y elecciones hasta mediados de la década de 2000, lo que facilitó la transición hacia un nuevo régimen. Cuba lleva más de 67 años bajo el yugo de líderes autoritarios y comunistas, sin voluntad de amoldarse a la visión de cambio de Trump, señaló.

“¿Por qué íbamos los cubanos a dejar la transición en manos de los corruptos y los incompetentes del régimen?”, dijo Payá. “No se consigue nada”.

Los retos de Payá van mucho más allá de la visión de Trump para Cuba.

La mayoría de los cubanos no conocen a los líderes de la oposición en la isla, y mucho menos en Miami. Y Payá —o cualquier otra persona— se enfrenta a un inmenso desafío para ganarse el apoyo necesario para imponer el tipo de sistema económico y político capitalista que ha sido vilipendiado durante siete décadas por el gobierno, dijo el profesor jubilado Andy Gómez, cofundador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses de la Universidad de Miami.

Luego está el apoyo de Payá a EEUU y a Trump. “Cuando se habla del próximo líder de Cuba hay que representar a todas las partes, hay que estar abierto a todo el mundo”, dijo Gómez. “No se puede limitarse a seguir el juego del presidente Trump y del Partido Republicano”.

La embajada de Cuba en Washington no respondió a solicitudes de comentarios para este artículo.

Pero Payá afirma que aporta un legado de trabajo por el cambio en Cuba durante toda su vida adulta, inspirada por su difunto padre y su madre, Ofelia Acevedo. Oswaldo Payá fundó el grupo disidente Movimiento Cristiano Liberación a finales de los años 1980, más conocido por convencer a 11.000 personas de que firmaran la petición Proyecto Varela en la que se solicitaba un cambio democrático, cuando hacerlo se castigaba con penas de cárcel.

“En algún momento de mi infancia, me di cuenta de que mis padres trabajaban para cambiar Cuba”, dijo. “No recuerdo haber tenido un momento en el que no supiera que estábamos en contra del gobierno, que estábamos en contra del régimen”.

Pero en 2012, Oswaldo murió cuando su auto se estrelló mientras iba con otros líderes prodemocracia hacia Bayamo, al este de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que agentes del Estado cubano sacaron el vehículo de la carretera. El gobierno lo niega y describe el incidente como un accidente en el que el conductor —un político español, que fue procesado en Cuba— perdió el control y se estrelló contra un árbol.

En 2015, Payá fundó Cuba Decide desde Miami. El grupo cuenta con 3.500 miembros registrados dentro de Cuba, que organizan protestas no violentas a favor de la democracia. Actualmente, 50 miembros se encuentran entre rejas en la isla, dice Payá.

Payá y otros líderes de la oposición comenzaron a presionar a la administración sobre su visión de una Cuba libre en los días posteriores a que Trump regresara al cargo para su segundo mandato, en enero de 2025.

Pero afirma que su gran oportunidad llegó un año después, cuando Trump envió fuerzas estadounidenses a Caracas para capturar a Maduro. Este comenzó a hablar abiertamente de “tomarse Cuba” a continuación, y Payá intensificó el diálogo con funcionarios del Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales (declinó nombrar a las personas con las que ha estado hablando).

Más recientemente, se ha centrado en detallar los avances en la planificación del acuerdo de transición, con el fin de demostrar que la oposición es capaz de dirigir el país una vez que caiga el comunismo.

“No sé cuál es el plan del presidente Trump”, afirmó. Pero está segura de “la vía que las fuerzas democráticas de Cuba han puesto sobre la mesa para que la Administración lidere”.

(Bloomberg)

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

El organismo recordó que los tres países forman parte de la comunidad interamericana y reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

En el marco de la Asamblea General que se celebra en Panamá, la OEA subrayó la urgencia de contar con “sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría General manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo, que reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

“La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional”, señaló la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y del compromiso compartido con los principios democráticos en cada país.

En Cuba, el régimen castrista, liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel, lleva años empobreciendo a la sociedad cubana, al igual que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que lleva casi dos décadas encabezando el poder del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responde a los lineamientos estadounidenses de la administración Trump llevando adelante el plan de estabilidad de la Casa Blanca para el país caribeño tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro.

Desde Caracas, partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, declaró a la agencia EFE que Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a la comunidad internacional, al igual que los otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”. “Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó Solórzano.

Solórzano destacó que, aunque se han producido cerca de 900 excarcelaciones en lo que va de año, aún permanecen más de 500 presos políticos en Venezuela. “Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, señaló.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, respaldó el pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inauguró este martes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un mensaje centrado en la situación de derechos humanos y democracia en varios países de la región.

Durante su intervención en la capital panameña, el mandatario destacó que la “grave erosión de los derechos fundamentales en Nicaragua” representa uno de los mayores retos para el organismo hemisférico, según informó EFE.

Mulino, en su calidad de anfitrión del evento, subrayó que Panamá asume “la obligación de señalar lo que la organización no puede ignorar”, en referencia a la crisis en Nicaragua.

El presidente panameño denunció públicamente la persecución a opositores, la supresión del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos, hechos que, según sus palabras, resultan incompatibles con los principios fundacionales de la OEA.

La situación nicaragüense se ha deteriorado desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fue reprimida de modo violento, dejando cientos de muertos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde entonces, el Ejecutivo ha intensificado las medidas represivas: se ha registrado el cierre de más de 3,000 oenegés, la cancelación de medios de comunicación, la suspensión de partidos políticos opositores y la retirada de nacionalidad a decenas de disidentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, ha documentado patrones de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a las libertades públicas, lo que ha generado sanciones internacionales y aislamiento.

Las críticas de Mulino a Cuba, Venezuela y la propuesta sobre Bolivia

En su discurso, Mulino extendió la crítica a otros países de la región. Respecto a Cuba, manifestó la esperanza de que su pueblo “encuentre pronto el camino hacia una democracia plena”, y señaló que los valores democráticos “constituyen una promesa del hemisferio aún pendiente” en la isla, según recogió EFE. Sobre Venezuela, el mandatario reclamó una “muy pronta transición democrática” y el restablecimiento de la democracia representativa, con elecciones “libres, vigiladas y democráticas” que permitan al país “encauzarse nuevamente en la institucionalidad”.

El presidente panameño también se refirió a la coyuntura política en Bolivia, donde expresó su solidaridad con el gobierno de Rodrigo Paz, quien, según Mulino, enfrenta amenazas provenientes de sectores radicales y del crimen organizado. El mandatario anunció que ha propuesto ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública para que se desplacen a Bolivia y respalden al Ejecutivo frente a la crisis institucional que atraviesa el país.

Mulino advirtió que “el gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización” y condenó cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos o ilegítimos. En ese contexto, respaldó la decisión del presidente Paz de declarar el estado de excepción y alentó a los países miembros de la OEA a mantener un monitoreo activo sobre la situación.

La Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, reúne a representantes de los 34 países miembros y se realiza en un contexto marcado por tensiones políticas en varios puntos de América Latina.

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este martes la demanda de ExxonMobil contra la empresa estatal cubana Corporación CIMEX por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, en un fallo con amplias implicaciones para decenas de litigios similares pendientes en los tribunales federales.

Por seis votos contra tres, la Corte determinó que la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, conocida como Ley Helms-Burton, elimina por sí sola la inmunidad soberana de las agencias e instrumentalidades cubanas, sin necesidad de que los demandantes satisfagan además las excepciones previstas en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de 1976. La opinión mayoritaria fue redactada por el magistrado Brett Kavanaugh, secundado por el presidente del tribunal John Roberts y los jueces Thomas, Alito, Gorsuch y Barrett. La jueza Elena Kagan encabezó la disidencia, junto a Sotomayor y Jackson.

ExxonMobil reclama compensación por activos que pertenecían a filiales de Standard Oil —predecesora de la actual petrolera—, expropiados por la dictadura de Fidel Castro en 1960 sin ningún pago a cambio. Entre los bienes confiscados figuraban una refinería de petróleo y más de un centenar de estaciones de servicio. Según la propia empresa, esos activos fueron transferidos a CIMEX, el mayor conglomerado estatal cubano, que sigue operándolos y obteniendo beneficios.

El fallo es la segunda sentencia en menos de dos meses en que el Supremo falla a favor de propietarios estadounidenses afectados por expropiaciones cubanas. En mayo, el tribunal reactivó la demanda de Havana Docks Corporation contra cuatro navieras —Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises— que utilizaron muelles en el puerto de La Habana entre 2016 y 2019, durante el breve deshielo de la era Obama. Ambos casos se sustentan en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a quienes se beneficien de propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.

Ese título nació con una particularidad: el Congreso otorgó al presidente la facultad de suspender su aplicación por razones de seguridad nacional. Desde 1996, cada jefe del Ejecutivo recurrió a esa prerrogativa cada seis meses, principalmente para evitar fricciones con aliados europeos y canadienses con inversiones en la isla. Trump rompió esa cadena en abril de 2019, y ese mismo día Exxon presentó su demanda. La apertura del Título III desencadenó alrededor de cuarenta y cuatro litigios, la mayoría desestimados hasta ahora por razones jurisdiccionales. El fallo de este martes disuelve esa ambigüedad al establecer que la Ley Helms-Burton opera como un régimen autónomo, independiente de la FSIA, para las entidades estatales cubanas.

La Ley Helms-Burton fue promulgada por Bill Clinton en marzo de 1996, semanas después de que la aviación militar cubana derribara dos avionetas civiles del grupo Hermanos al Rescate sobre el estrecho de la Florida. La norma codificó el embargo estadounidense a Cuba e incorporó el mecanismo del Título III para permitir acciones judiciales contra quienes se beneficien de propiedades nacionalizadas en la isla con posterioridad al 1 de enero de 1959.

La decisión llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. El 20 de mayo, la administración Trump presentó cargos penales por homicidio contra Raúl Castro, en la escalada más agresiva de presión sobre el régimen cubano en décadas. Para la Casa Blanca, que apoyó el recurso de Exxon ante el Supremo, ambos litigios se suman al embargo petrolero como instrumentos de presión adicional sobre La Habana. La cuestión de fondo —la cuantía de las compensaciones y la ejecución de eventuales sentencias contra un Estado sin relaciones diplomáticas plenas con Washington— queda pendiente de resolución ante los tribunales inferiores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la dictadura cubana responsable de haber desaparecido, detenido arbitrariamente y condenado sin garantías al rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, cofundador del Movimiento San Isidro y coautor de “Patria y Vida”, la canción que ganó dos Grammy Latinos y se convirtió en himno de la resistencia democrática cubana. La resolución, contenida en el Informe No. 78/26 aprobado el 23 de junio de 2026, nació de la denuncia presentada por la organización Prisoners Defenders en el segundo semestre de 2021 y representa la primera vez que un órgano interamericano entra al fondo del caso y declara formalmente la responsabilidad internacional de Cuba.

El documento es demoledor. La CIDH concluyó que el régimen cubano violó los derechos de Maykel Osorbo a la vida, la libertad y la seguridad personal; a la libertad de expresión y difusión; al debido proceso; a la protección contra la detención arbitraria; a la reunión y la asociación; y al reconocimiento de su personalidad jurídica. No se trata de una medida cautelar ni de una recomendación preliminar: la Comisión examinó los hechos, evaluó las pruebas y emitió una resolución de admisibilidad y fondo. Cuba no presentó observaciones de fondo ni pruebas capaces de controvertir los hechos documentados por Prisoners Defenders.

Uno de los hallazgos más graves es la desaparición forzada. La CIDH determinó que entre el 18 y el 31 de mayo de 2021, tras el arresto del artista, su paradero permaneció incierto durante catorce días. Familiares, allegados y defensores recorrieron comisarías y organismos estatales sin obtener información real sobre dónde se encontraba ni en qué condiciones. Para la Comisión, al negarse a revelar su localización mientras la detención era ejecutada por agentes del Estado, Cuba incurrió en desaparición forzada. El artista fue sacado de su vivienda sin camisa ni zapatos el día del arresto.

La CIDH también declaró ilegal el propio arresto del 18 de mayo de 2021. Osorbo no estaba cometiendo ningún delito, no había flagrancia, no existía orden de detención y no se acreditó riesgo de fuga. Fue detenido mientras almorzaba. Tampoco consta que se le informaran los motivos de su privación de libertad ni que fuera puesto sin demora ante un juez. La prisión provisional posterior fue igualmente declarada arbitraria: la Fiscalía sostuvo el encarcelamiento sin justificar riesgo alguno y rechazó medidas alternativas aun reconociendo que el artista no tenía intención de abandonar La Habana.

El juicio que culminó en junio de 2022 con una condena de nueve años tampoco resistió el escrutinio internacional. Un tribunal de La Habana sancionó a Osorbo por desacato, atentado y desórdenes públicos, entre otros cargos, en un proceso celebrado a puerta cerrada, sin acceso de diplomáticos ni observadores. Su abogada fue inhabilitada tres días antes del juicio y otro letrado debió asumir la defensa sin tiempo suficiente de preparación. La condena quedó jurídicamente deslegitimada: fue el resultado de un proceso sin garantías que sancionó penalmente conductas amparadas por el derecho internacional de los derechos humanos.

La Comisión fue especialmente dura con los tipos penales utilizados. El delito de desacato, aplicado para sancionar una expresión incluida en una canción de protesta, es incompatible con la libertad de expresión. Su uso generó un clima conducente a la autocensura artística y al silenciamiento del disenso. El episodio del 4 de abril de 2021, base de la acusación por desórdenes públicos, pertenecía al marco de una protesta social, no a una alteración penalmente sancionable del orden público. Lo que el régimen presentó como delito fue ciudadanía movilizada y arte convertido en resistencia.

La resolución también retrata el funcionamiento de la justicia cubana. La CIDH afirmó que en Cuba no se garantiza la independencia judicial ni el acceso efectivo a la justicia, especialmente para quienes el Estado identifica como disidentes. Los recursos judiciales internos existen en el papel, pero carecen de efectividad real frente a la maquinaria política del régimen.

Las condiciones de prisión forman parte igualmente del informe. La CIDH recogió las denuncias sobre celdas de castigo, aislamiento, amenazas y retrasos en la atención médica, incluida la falta de diagnóstico sobre una inflamación de ganglios que el artista arrastra desde 2022. Como Cuba no refutó esos hechos, la Comisión concluyó que la dictadura continuó vulnerando los derechos de Osorbo dentro de la cárcel. En julio de 2023, el artista llegó a coserse los labios como acto de protesta contra el hostigamiento carcelario.

Las recomendaciones de la CIDH son de amplio alcance. La Comisión exige a Cuba anular la condena y todas sus consecuencias; reparar integralmente el daño causado a Osorbo, a su hija y a Anamely Ramos; investigar penalmente la desaparición forzada; y reformar su legislación penal para que el desacato, los desórdenes públicos y el atentado no puedan ser utilizados para perseguir a artistas, disidentes y defensores de derechos humanos.

“La CIDH ha desnudado la maquinaria represiva del régimen cubano: policías que fabrican denuncias, fiscales que convierten la arbitrariedad en prisión, tribunales sin independencia y leyes penales utilizadas para castigar el arte y el disenso”, declaró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Para Larrondo, el caso de Osorbo demuestra que la represión en Cuba “no es una suma de abusos aislados, sino un sistema”: vigilancia, detención arbitraria, desaparición forzada, prisión provisional, juicio sin garantías y condena ejemplarizante. Antes de esta resolución, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU ya había dictaminado en febrero de 2022 que Osorbo estaba preso exclusivamente por su activismo y había exigido su liberación.

Maykel Osorbo lleva más de cinco años preso. Fue el primer artista encarcelado en ganar dos Grammy Latinos. La CIDH le ha dado ahora la razón en el foro interamericano. Cuba sigue ignorando los pronunciamientos internacionales. El artista sigue en la cárcel.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), previamente sancionado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del presidente Trump, del 1 de mayo de 2026, que impone sanciones a los responsables de la represión en la isla y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio indicó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”; al tiempo que detalló: “Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla".

Luego explicó: “También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”.

Por último, subrayó: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, concluyó.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. Ese anuncio coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretaron como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas.

Rubio acompañó el anuncio del mes pasado con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. También había advertido que cabían esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

El blanco principal de las designaciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido por sus siglas GAESA. Se trata del conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según estimaciones reiteradas por el propio Departamento de Estado, controla en torno al 40% de la economía cubana.

Sus ingresos superarían en más de tres veces el presupuesto estatal, y una investigación del diario Miami Herald basada en documentos financieros filtrados calculó sus activos en cerca de 18.000 millones de dólares. El holding abarca sectores tan dispares como el turismo de alto nivel —a través de Gaviota S.A.—, el comercio minorista en divisas, las remesas, la logística portuaria y los servicios financieros.

GAESA fue creado en 1995, durante el llamado “Período Especial” que siguió al colapso soviético, por iniciativa del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. Lo que nació como un mecanismo para dotar de recursos propios al estamento militar se convirtió con el tiempo en una estructura paralela al Estado, opaca e inmune a cualquier auditoría.

La entidad opera como sociedad anónima, no publica balances, no rinde cuentas al Parlamento y, según admitió en 2024 la propia contralora general antes de ser cesada, ni siquiera el órgano de fiscalización del Estado tiene jurisdicción para revisar sus cuentas. El economista Pavel Vidal, especialista en finanzas cubanas, lo describió con precisión: es una economía dentro de otra.

Qué podrían significar las nuevas sanciones de EEUU contra el régimen cubano

En diálogo con Infobae, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, destacó que las nuevas medidas “deben ser entendidas por lo que realmente son: reforzamiento de la política de máxima presión contra una dictadura criminal que lleva más de seis décadas en el poder, persiguiendo a quienes disienten, encarcelando, negando libertades básicas y condenando al pueblo a la miseria más extrema".

Ferrer recordó que, durante este año, "Washington ha incrementado de manera significativa la presión sobre la dictadura. El 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con las amenazas atribuidas al régimen castrocomunista. Luego, el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las posibilidades de sancionar a personas, entidades y familiares vinculados con la represión, la corrupción, el aparato militar, el sector energético, la seguridad y el financiamiento del régimen. En junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones contra actores del aparato represivo y contra estructuras vinculadas con actividades antiamericanas. También sancionó a CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. Estas medidas golpean directamente una fuente esencial de recursos para la maquinaria de control, vigilancia y represión de la dictadura“, remarcó el disidente.

Ferrer recordó que, antes de este año, “la política estadounidense ya había dado pasos relevantes”. Y mencionó: “La Administración Trump reactivó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo demandas contra quienes trafican con propiedades confiscadas por el régimen. En 2025, Washington endureció nuevamente su política hacia Cuba, mantuvo a la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reforzó restricciones a transacciones con GAESA y sus empresas afiliadas, y reafirmó las limitaciones al turismo estadounidense que alimenta al aparato militar cubano”.

Y siguió: “Quienes critican estas medidas suelen repetir que las sanciones perjudican al pueblo, y es cierto. Afectan como afecta un medicamento fuerte e indispensable para poner fin a una grave enfermedad. La quimioterapia produce fuertes reacciones adversas, pero aplicada a tiempo puede curar el cáncer. No hacer nada contra la grave enfermedad o sólo realizar su diagnóstico o aplicar remedio insuficiente, alarga el sufrimiento del paciente y lleva irremediablemente a la muerte. Los responsables de la tragedia cubana son los dirigentes que monopolizan el poder, controlan las empresas estatales, administran el turismo, acaparan las divisas y utilizan los recursos del país para sostener un sistema de dominación”.

El ex preso político luego destacó que “la verdadera solidaridad con los cubanos” no consiste en financiar al régimen ni en facilitarle recursos para prolongar su existencia. “Consiste en privarlo de los medios con los que reprime, corrompe y compra lealtades. La presión máxima no es un castigo contra Cuba: es una herramienta para abrir caminos hacia la libertad, la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la transición democrática“, completó.

Por último, indicó que Estados Unidos, en la medida en que “castiga al régimen opresor, envía ayuda directa al pueblo cubano y ofrece aumentar la asistencia por vías directas que no pasen por las manos de la dictadura corrupta. Sancionar a la dictadura y apoyar directamente al pueblo, hasta alcanzar la democratización de la Mayor de las Antillas, es lo que debieran hacer también la Unión Europea y la mayoría de los países del continente americano”.

“Cada sanción bien dirigida, cada demanda por propiedades robadas y cada restricción contra las empresas de la dictadura acerca el día en que Cuba deje de ser rehén de una élite comunista y vuelva a pertenecer a todos los cubanos”, concluyó.

El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio “Refugio en Números 2026" divulgado este lunes por la organización no gubernamental Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 provinieron de cubanos, lo que representa el 55,4% del total, según el informe elaborado por OBMigra en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Las solicitudes de cubanos aumentaron un 88,1% respecto a 2024. El estudio atribuye este incremento a la crisis de desabastecimiento en la isla y al empobrecimiento poblacional provocado por el colapso económico en Cuba.

Los venezolanos pasaron al segundo lugar entre los extranjeros que más refugio solicitan en Brasil, con 21.233 peticiones en 2025, equivalentes al 28,1% del total.

Las solicitudes de refugio de venezolanos disminuyeron notablemente tras el arresto del ex dictador Nicolás Maduro y el cambio de Gobierno en el país vecino.

Durante los cuatro primeros meses de 2026, las peticiones de refugio venezolanas descendieron un 39,7%, con 4.274 solicitudes, el menor número para ese periodo desde la pandemia de 2021.

Entre 2000 y 2025, Brasil acumuló cerca de 553.000 solicitudes de refugio de venezolanos, aproximadamente el 50% del total registrado en ese lapso.

Después de cubanos y venezolanos, los principales solicitantes de refugio en Brasil en 2025 fueron los colombianos (1.432), angoleños (1.253), marroquíes (888) y ghaneses (792).

Según el Observatorio de Migraciones Internacionales, las solicitudes de refugio han mostrado una tendencia al alza en los últimos años tras la caída ocurrida durante la pandemia del COVID-19.

En 2022 ascendieron a 50.355, en 2023 a 58.628, en 2024 a 68.159 y en 2025 a 75.599, lo que representa un incremento del 10,9% en el último año.

El volumen de solicitudes en 2025 fue el tercero más alto, solo superado por las cifras de 2018 y 2019, años marcados por un éxodo masivo de venezolanos que huían de la crisis humanitaria, social, económica y política de su país.

Según los datos de 2025, los hombres realizaron más solicitudes de refugio que las mujeres, con el 55,9% del total.

Entre los cubanos, la mayoría de los solicitantes de refugio en Brasil (67,8%) tiene más de 60 años.

Luego de más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.

Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959 por las armas, se aferró a él con fusilamientos, torturas, matanzas, desapariciones, presos, exiliados y todo tipo de crímenes bajo narrativa de revolución, con discurso de liberación del pueblo y con promesas de igualdad, prosperidad, independencia y una larga lista de adjetivos que hoy son probadas falacias. Institucionalizó el “terrorismo de Estado” como sistema para detentar impune e indefinidamente el poder, el “antiimperialismo” como mecanismo de sobrevivencia confrontando a Estados Unidos, la “liberación popular” para organizar grupos terroristas y guerrilleros, el “internacionalismo” como justificación de intervención, y la Guerra Fria convirtió a Cuba en la base comunista de la región.

Cuando cayó el Muro de Berlín se protegió creando el “Foro de Sao Paolo” operado y dirigido por Lula da Silva en Brasil, con recursos de los trabajadores que operó luego de desaparición de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Cuba era un estado parásito que dependía del sostenimiento soviético, por lo que sin ese soporte la dictadura creó el “periodo especial” para sobrevivir. En última década del siglo pasado Cuba era la única dictadura de los 35 países que conforman las Américas y había reducido sus operaciones de agresión regional por falta de recursos. La previsión de los gobiernos democráticos era que el siglo 21 sería de la democracia plena con la terminación de la dictadura cubana.

El año 1999 Hugo Chavez llegó a la presidencia de Venezuela y de inmediato asistió y empezó el salvataje de la dictadura cubana. Hugo Chávez como socio capitalista malversando el petróleo y la riqueza de Venezuela, Fidel Castro aportando la narrativa revolucionaria y el método criminal de permanecer indefinidamente en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo encargado de “multiplicar los ejes de confrontación”, conformaron un movimiento populista bolivariano bajo mando de Chávez que terminó llamándose socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes. La muy conveniente muerte de Hugo Chávez pasó el mando del grupo criminal y el control de la riqueza venezolana a Castro y la dictadura de Cuba.

El momento más exitoso de la dictadura de Cuba fue la Cumbre de las Américas de Panamá 2015 donde el Presidente de Estados Unidos reconoció al dictador Raul Castro como el líder de hecho de Latinoamérica, procediendo meses después a reponer relaciones bilaterales. Pero la resistencia civil de los pueblos de la región, la visibilidad de las operaciones delictivas del socialismo del siglo 21 vinculadas a la violación de derechos humanos, la conversión de las dictaduras en narcoestados y plataformas de las dictaduras extra hemisféricas como China, Rusia, Irán, las crecientes acciones de “guerra híbrida” contra Estados Unidos y las democracias, identificaron la verdadera naturaleza y peligrosidad de Cuba y sus satélites.

La población de Cuba bajo el castrismo siempre trató de migrar, de escapar de la isla convertida en cárcel. Aunque el control de Venezuela y la expansión de operaciones de narcoterrorismo representaron importantes ingresos, lo fueron para los miembros del régimen.

Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie -ni dentro ni fuera de Cuba- cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado; el país no tiene economía ni forma de encarar la miseria en su sistema delictivo; y la dictadura no tiene ninguna posibilidad de apoyo, fuente de recursos o inversiones, no tiene opciones.

Con Trump 47, el año 2025 Estados Unidos estableció su “Estrategia de Seguridad Nacional” y empezó operaciones contra la delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder político en varios países y territorios de las Américas. Todo conduce a la dictadura de Cuba.

La detención de Nicolas Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narco dictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado.

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”, afirmó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien agregó sin dar mayores detalles que Panamá se ofreció como sede para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo.

Martínez-Acha reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque añadió que deben respetarse las decisiones del pueblo venezolano.

Aseguró que varios cancilleres han conversado sobre la importancia de abrir un diálogo incluyente con todos los actores políticos, que permita encaminar elecciones libres y justas, con garantías y reformas al sistema electoral.

Sobre Cuba recordó su visita del 28 de marzo para dar seguimiento a la situación de panameños detenidos en ese país, indicando que gracias a gestiones diplomáticas tres panameñas fueron liberadas, mientras que aún siete permanecen detenidos en la isla.

El 28 de febrero un grupo de ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional.

Un operativo de seguridad de las autoridades cubanas detectó al grupo realizando pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

En opinión de Martínez-Acha Vásquez la diplomacia en la región debe estar orientada a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales” que contribuyan a la estabilidad regional y a la coexistencia pacífica.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la conferencia de prensa de apertura de la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inaugura este lunes en la capital panameña.

Para participar en la llamada Semana de Alto Nivel, que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, llegaron a este domingo los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Los visitantes, de acuerdo a lo informado, sostendrán reuniones bilaterales y participarán en las actividades oficiales programadas en el marco de la conmemoración histórica del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, orientada a fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

La información oficial señala que además de los jefes de Estado y vicepresidentes, estarán presentes 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Por otro lado, durante la sesión abierta de la 31 Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) las delegaciones resaltaron la relevancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, la solidaridad y la concertación entre los países ante un escenario internacional en constante transformación.

En la clausura del diálogo especial sobre la vigencia del multilateralismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, expresó que el espacio ofreció oportunidades de cooperación entre regiones y una esperanza en beneficio de los pueblos.

Para Panamá ha sido alentador que esta convocatoria haya registrado la mayor asistencia en un Consejo de Ministros de la AEC, lo cual refleja el interés de revitalizar la organización regional y darle un nuevo dinamismo, se indicó en una nota de prensa. En el diálogo sobre el multilateralismo participaron los Estados Miembros, socios regionales y extra regionales de la AEC.

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, rechazó este domingo la versión del régimen cubano sobre las causas de la crisis que atraviesa la isla y sostuvo que el bienestar de la población depende, ante todo, de cambios en la conducción política del país. El jefe de la diplomacia alemana aseguró además que no comparte la caracterización de un supuesto “bloqueo total” por parte de Estados Unidos y describió a Cuba como un “régimen de injusticia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad pública organizada por el gobierno alemán, donde respondió preguntas de ciudadanos sobre distintos asuntos internacionales. Consultado sobre la situación cubana, Wadephul contrastó la realidad de la isla con el funcionamiento de las democracias occidentales y destacó que en una sociedad libre las personas pueden expresar sus opiniones “sin temer luego ser acosadas”.

“Eso sería lo primero que diría, como Gobierno alemán, sobre Cuba”, señaló el funcionario. Más adelante insistió en que la mejora de las condiciones de vida de los cubanos pasa por transformaciones internas y afirmó que el “prerrequisito decisivo” es que el país sea “gobernado mejor”.

El canciller alemán también cuestionó la denuncia formulada por la dictadura de La Habana sobre las sanciones estadounidenses.

“Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo”, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Wadephul recordó además que durante años Cuba recibió apoyo económico desde Venezuela, especialmente mediante el suministro de petróleo y otros mecanismos de cooperación que ayudaron a sostener la economía de la isla. Según explicó, ese escenario cambió y ya no existe en la misma magnitud.

A pesar de sus críticas al sistema político cubano, expresó su deseo de que la población pueda acceder a mejores condiciones de vida y afirmó que Alemania participa con “medidas de ayuda activa” para contribuir a ese objetivo.

Sus declaraciones se produjeron apenas un día después de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusara a Washington de ejecutar un “plan de asfixia económica” contra la isla. El funcionario del régimen sostuvo que las restricciones estadounidenses afectan la capacidad del país para adquirir combustible, repuestos y tecnología destinados al sistema eléctrico.

Las reformas económicas buscan atraer capital en medio de la crisis

Las declaraciones de Wadephul coinciden con un momento de fuerte debate sobre el futuro económico de Cuba. Días atrás, el régimen anunció un paquete de 176 medidas orientadas a flexibilizar distintos sectores de la economía y ampliar la participación de actores privados y de inversionistas radicados en el exterior.

Entre los cambios figuran incentivos para que emigrados cubanos puedan crear empresas, participar en proyectos económicos e invertir en áreas vinculadas al turismo y otros sectores productivos.

La iniciativa ha generado expectativas entre algunos emprendedores y empresarios, que ven en las reformas una oportunidad para ampliar actividades que durante años estuvieron limitadas por regulaciones estatales. También se eliminaron algunas restricciones vinculadas al tamaño y número de empresas que una misma persona puede controlar.

Sin embargo, las medidas han despertado escepticismo entre numerosos analistas y miembros de la diáspora cubana. Varios especialistas consideran que las reformas podrían resultar insuficientes mientras no existan cambios institucionales más profundos que generen previsibilidad jurídica y confianza para los inversores.

Otros observadores sostienen que la apertura responde a la necesidad urgente de obtener recursos en medio del deterioro económico, la escasez de combustible y la caída de ingresos que enfrenta el régimen.

La dictadura cubana confirmó este domingo la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras más poderosas y temidas del régimen instaurado por Fidel Castro tras la revolución de 1959. El anuncio fue realizado por el dictador Miguel Díaz-Canel, quien lo despidió con un mensaje cargado de elogios hacia uno de los hombres que durante décadas estuvo asociado al aparato represivo, inteligencia y control político de la isla.

“La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre”, escribió Díaz-Canel en la red social X, al tiempo que destacó “su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”.

La muerte de Valdés cierra un capítulo de la generación que acompañó a Fidel Castro desde los primeros años de la insurgencia armada. Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, integró la expedición del yate Granma y combatió en la Sierra Maestra antes de ocupar altas posiciones tras la llegada de la dictadura al poder.

Bajo su mando se creó y desarrolló la Dirección General de Inteligencia (DGI/G2), absorbiendo estructuras previas como el G-2 del Ejército Rebelde

Con el paso de los años se convirtió en uno de los arquitectos del sistema de represión interna cubano y en uno de los dirigentes más influyentes dentro de la estructura del régimen.

Para amplios sectores de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, Valdés representó durante décadas el rostro más duro del castrismo. Su nombre quedó vinculado al fortalecimiento de los organismos de inteligencia y a los mecanismos de vigilancia, control y persecución política desplegados por el Estado contra disidentes, activistas y opositores.

Aunque sus partidarios lo presentaban como un defensor incondicional de la revolución, sus críticos lo señalaron como uno de los responsables de consolidar el sistema represivo que permitió al régimen mantenerse en el poder durante más de seis décadas.

Díaz-Canel destacó precisamente esa lealtad absoluta al proyecto político fundado por los hermanos Castro. En su mensaje sostuvo que “cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl” y afirmó que defendió los principios de la revolución “hasta el último aliento de su ejemplar vida”.

“Este Día de los Padres se nubla con el dolor de su partida”, añadió Díaz-Canel.

En los últimos años, Valdés prácticamente había desaparecido de la escena pública. Su ausencia en actos oficiales alimentó constantes rumores sobre su estado de salud, mientras Cuba atravesaba una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, además de un creciente descontento social.

Ramiro Valdés y la relación con Venezuela

Durante el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Valdés fue señalado como una de las figuras clave de la cooperación entre La Habana y Caracas en materia de inteligencia y control político.

Su llegada a Caracas ocurrió en 2010, cuando Chávez lo puso al frente de una comisión cubana para enfrentar la crisis eléctrica venezolana. Sin embargo, su presencia generó fuertes cuestionamientos.

Analistas, organizaciones de derechos humanos y referentes opositores lo señalaron como uno de los responsables de exportar a Venezuela mecanismos de vigilancia, control social y seguimiento de la disidencia desarrollados por el régimen cubano. Su nombre apareció vinculado al fortalecimiento de los organismos de inteligencia venezolanos, a la expansión de sistemas de monitoreo político y a la creciente presencia de asesores cubanos dentro de las estructuras de seguridad del Estado.

Incluso en los últimos años continuó realizando viajes a Caracas para supervisar acuerdos bilaterales, manteniéndose como uno de los emisarios más influyentes de la cúpula cubana en su relación estratégica con Venezuela.

La ayuda humanitaria estadounidense llega a Cuba a través de Cáritas, organización sin fines de lucro católica que actúa como vínculo entre Washington y La Habana, en respuesta al paso del huracán Melissa en 2025 y que, hasta el día de hoy, representa un alivio tangible en un contexto de escasez que afecta a los cubanos.

Después de recibir un paquete con arroz, frijoles y productos de higiene, Teodardo Debardet cruza lentamente el barrio de Hongolosongo en su bicicleta adaptada. El paquete de suministros que recibió Debardet es parte de la distribución de casi la totalidad de los USD 3 millones enviados a principios de año, una fracción de los USD 9 millones prometidos.

En esta pequeña comunidad de Santiago de Cuba, muchos habitantes aún no han conseguido reparar los techos destruidos por el ciclón. Menos de la mitad de las casas tienen electricidad y el acceso al agua corriente es un privilegio para unos pocos.

El huracán Melissa golpeó la isla con vientos de 195 km/h en octubre de 2025, y dejó a su paso a muchas familias sin techo y destruyó servicios básicos. La situación se agrava por el bloqueo petrolero y el endurecimiento de las sanciones económicas.

Washington propuso recientemente una ayuda adicional de USD 100 millones para Cuba: USD 60 millones serían canalizados a través de Cáritas, y el resto por otras organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el régimen cubano aún no ha confirmado si aceptará esta nueva oferta.

En respuesta a la propuesta, el dictador Miguel Díaz-Canel expresó que levantar el embargo estadounidense sería, en sus palabras, “más útil que el envío de ayuda humanitaria”.

La distribución de los paquetes enfrenta retos logísticos importantes. “Se nos hace un poquito difícil porque tenemos que buscar transporte, conseguir combustible, ver quién nos puede acercar hasta allá”, explica Katia Simón, responsable de Cáritas en El Cobre.

Cuando escasean la gasolina y el diésel, los envíos se realizan en carretas de bueyes. La llegada de los lotes, acompañados en ocasiones por consultas médicas, sesiones de peluquería y actividades recreativas para niños, es recibida con gratitud.

Las dificultades para transportar y entregar la ayuda humanitaria persisten en toda la región oeste de Cuba. El desabastecimiento de combustible obliga a buscar alternativas rudimentarias y ralentiza la llegada de insumos básicos para los damnificados. A pesar de las carencias, la asistencia internacional permite paliar algunas necesidades esenciales de las comunidades más aisladas.

“Recibimos muy bien esta ayuda venga de donde venga (...) si es del pueblo de Estados Unidos, está bien”, afirmó Osmany Vedey, de 63 años, reflejando el sentir de muchos vecinos, en diálogo con AFP. Tras el desastre natural, la ayuda internacional llegó también desde organismos como la ONU, la Unión Europea, China, México y Venezuela. Naciones Unicdas continúa su programa de asistencia, aunque enfrenta los mismos obstáculos logísticos para alcanzar a los damnificados.

La falta de combustible también afecta al transporte en la isla. Cuba enfrenta una parálisis casi total del transporte interprovincial tras la entrada en vigor de restricciones severas el jueves. Millones de personas se ven obligadas a depender de los limitados asientos disponibles en trenes y autobuses estatales, reservados únicamente para emergencias médicas, funerales u otras situaciones críticas.

A partir de ahora, los trenes que enlazan La Habana con ciudades del este solo circularán cada 16 días, cuando antes ofrecían tres frecuencias semanales. El servicio de autobuses estatales, que anteriormente realizaba viajes diarios entre la capital y otras provincias, quedará reducido a entre una y tres salidas semanales.

La escasez dejó vacías las estaciones de servicio y convirtió la movilidad cotidiana en un desafío para la población de 9,6 millones de habitantes. Muchos recurren al uso de bicicletas ante la disminución del transporte público.

Los pasajeros que necesiten viajar deberán solicitar sus pasajes con al menos una semana de antelación y se aplicará un sistema de prioridades. El viceministro de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, precisó que no será necesario gestionar permisos especiales para realizar estos desplazamientos.

(Con información de AFP)

La crisis energética que atraviesa Cuba dejó sin electricidad dispositivos de control vial en cruces tan concurridos como Vía Blanca y Calzada de 10 de Octubre, Cristina y Matadero, Concha y Cristina, y 23 y J, en El Vedado.

Los semáforos permanecen apagados durante todo el día, sin que las autoridades ofrezcan una solución a la vista.

Al inicio de los apagones, agentes de tránsito tomaban posición en las intersecciones más críticas para dirigir manualmente la circulación. Esa práctica desapareció. Hoy, los conductores enfrentan un vacío de autoridad que empuja a muchos a cometer infracciones: giros ilegales, invasión de carriles y avances sin ceder el paso se multiplicaron en los últimos meses como respuesta espontánea a la ausencia de señalización.

Las consecuencias ya se traducen en accidentes. CiberCuba documentó un choque en la intersección de Línea y 12 donde un camión que transportaba gas colisionó con un Pontiac al no funcionar el semáforo. El incidente fue difundido en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde el usuario Jordanis Cabrera Estevez compartió imágenes del impacto.

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de denuncia ciudadana. “Esas arterias y otras más y el corazón de Cuba está al borde de un infarto”, escribió el usuario Darvis Sousa en respuesta a un video de CiberCuba que acumuló más de 6.000 reproducciones en menos de una hora.

El cuidadano Ricardo Varona exigió que la policía retomara su papel en el control del tráfico, mientras que Rafael Enrique Garcia Morales amplió el diagnóstico: “No funciona nada en este maldito país, la desidia se ha apoderado de nuestro futuro, no hay nada, basura en todas las esquinas propiciando la propagación de enfermedades, hospitales sin insumos, no hay ambulancias, no hay alimentos, no hay luz, no hay telecomunicaciones y sobre todo no hay liderazgo”.

El problema no es nuevo. En junio de 2024, un accidente en la calle 30 y 7ma avenida, en el barrio de Miramar, dejó dos autos colisionados en una intersección con el semáforo apagado. Aquel episodio encendió alertas entre los conductores que transitan por diversas calles de la capital, aunque sin que las autoridades adoptaran medidas correctivas visibles.

Los residentes reclaman soluciones urgentes para restablecer el control del tráfico antes de que la situación derive en tragedias de mayor magnitud.

La organización Cubalex denunció que Cuba registró en mayo un incremento de protestas ciudadanas, con especial concentración en La Habana y Santiago de Cuba, los principales núcleos urbanos del país.

El informe de la ONG reveló que el descontento social se expresó en 106 protestas a lo largo del mes, con un máximo de 30 manifestaciones en una sola jornada, el 13 de mayo, tras una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional.

Las protestas asumieron formas disruptivas que incluyeron cacerolazos, quema de basura y concentraciones frente a sedes del régimen, reflejo de la frustración de la población ante la falta de respuestas institucionales a la crisis. Cubalex informó que la dictadura optó por fortalecer mecanismos de control y represión, en lugar de buscar soluciones estructurales, y recurrió a una narrativa de amenaza militar externa como justificación para la militarización interna y la difusión de propaganda belicista en entornos familiares y escolares.

El despliegue represivo se tradujo en 304 eventos documentados por la ONG, entre los que se contaron violaciones contra personas privadas de libertad, amenazas, coacciones, operativos policiales, uso de la violencia, acoso, traslados a centros de detención, negación de atención médica, detenciones arbitrarias, cortes selectivos de comunicaciones y citaciones oficiales sin justificación. Cubalex identificó 221 víctimas directas de estos hechos.

El informe destacó el caso de Yoan de la Cruz, preso político vinculado a las protestas de julio de 2021, quien volvió a ser encarcelado y enfrenta un nuevo proceso. También mencionó a Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido desde marzo tras los disturbios en Morón.

La ONG indicó que la represión se complementó con el aumento de operativos policiales y cortes selectivos de internet y telefonía móvil en zonas de conflicto, medidas que el régimen utilizó para aislar a comunicadores independientes y activistas de la sociedad civil.

Estas acciones fueron especialmente intensas en fechas clave como el 1 y el 20 de mayo, cuando se conmemoran el Día Internacional del Trabajo. En esta jornada, se produjo interrupciones de las comunicaciones para impedir la difusión de información ajena al discurso oficial.

La crisis institucional también se reflejó, según el informe, en el aumento de hechos de violencia e inseguridad ciudadana. Cubalex registró 26 asesinatos, siete de ellos feminicidios, y un registro preliminar de ocho suicidios entre enero y mayo. Para la ONG, estos datos pusieron en evidencia un deterioro grave de la salud mental colectiva, derivado de la desprotección institucional y del uso de recursos policiales en tareas de vigilancia política y contención de protestas.

El trasfondo de esta situación estuvo marcado por una crisis energética agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que se sumó a las restricciones adicionales decretadas por la administración de Donald Trump. El resultado, según el texto, fue la parálisis casi total de la economía estatal, con previsiones de una contracción de al menos 6,5 % para el ejercicio actual y una caída acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025.

(Con información de EFE)

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes las reformas económicas aprobadas en Cuba como “señales de humo superficiales”, descartando que el paquete de 176 medidas anunciado por La Habana represente un cambio real en el modelo político de la isla.

“Estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a la agencia AFP. Washington calificó la maniobra como una “estrategia típica” para “crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen”.

El gobierno de Donald Trump exige “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales” que hagan a Cuba atractiva para los inversores y ofrezcan al pueblo cubano “la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece”, agregó el funcionario.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el jueves un programa que sus impulsores presentan como la transformación más profunda del modelo económico cubano desde la adopción del comunismo hace casi 70 años. Las medidas limitan el papel central del Estado y abren espacio a la iniciativa privada: incluyen mayor margen para las empresas privadas, la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal y permisos para que cadenas de comida rápida operen en la isla.

“Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados”, afirmó a The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista. No obstante, Battista advirtió que existen “numerosas dificultades” para su aplicación, entre ellas una burocracia “lenta e ineficiente” y la desconfianza de potenciales empresarios e inversores.

El investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, señaló que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”.

Tanto Battista como Schlenker coincidieron en que las reformas tendrán un alcance limitado mientras persistan las sanciones estadounidenses. Entre las más restrictivas figuran las que penalizan financieramente a los socios del conglomerado estatal GAESA. “Solo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, precisó Schlenker.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y Trump han reconocido abiertamente que su política de máxima presión apunta a un cambio de sistema político y económico en Cuba. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel respondió que la isla puede encarar aperturas económicas, pero no abandonará su modelo socialista.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito dependerá de la velocidad de ejecución. “Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles”, declaró a AP.

Los cubanos recibieron el anuncio con sensaciones encontradas. Adolfo Sánchez, empleado de un negocio privado de 63 años, expresó cierto optimismo: “creo que con esas medidas va a haber una mejoría... en este momento tan difícil que estamos viviendo”. El pescador Pacheco Lisea, de 65 años, advirtió que un rol menor del Estado podría dejar sin cobertura a los más vulnerables: “Ahora estamos sueltos, el gobierno no nos protege”.

La crisis que atraviesa Cuba se prolonga desde hace cinco años y se ha agravado por el cerco energético y financiero impuesto por Estados Unidos. Los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias, con repercusiones en la salud, el transporte, la industria y la educación. “Si tengo 30 horas sin corriente, ¿cómo voy a ver los anuncios en la televisión?”, se quejó Juana Pérez, vendedora de artículos para el hogar de 54 años: “Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras”.

(Con información de AFP y AP)

Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington.

En siete días, Miguel Díaz-Canel anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único legal) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) las ratificó.

Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado”, un momento histórico que “exige transformar”. “¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!”, exclamó para cerrar su discurso.

El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.

Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) Cuba había hecho planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática.

Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.

Reformas

El actual paquete son 176 reformas, algunas de calado. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible fruto del bloqueo petrolero de EEUU.

Las medidas van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario (con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante), ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables).

El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de “medidas de impacto estratégico” que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son “condición para su preservación”.

Éstas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.

Presión interna y externa

Las iniciativas atacan dos realidades acuciantes para el Gobierno cubano: la dramática situación interna, con un alarmante deterioro económico, energético y social, y las presiones desde enero de Washington para que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos.

La Administración del presidente Donald Trump ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba desde hace seis meses con un bloqueo petrolero.

El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.

Además, EEUU ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos) con una orden ejecutiva que prevé sanciones secundarias para empresas que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus compañías.

Díaz-Canel, pese a criticar la política de Washington contra la isla, afirmó ante la ANPP que las reformas no son una reacción a la presión estadounidense, sino un ejercicio “soberano” de su país que se transforma para mejorar.

“No estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión”, subrayó el cubano, quien sostuvo que “Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo” y “diseña y propone soberanamente los cambios que necesita”.

Reiteró que su Ejecutivo está dispuesto a dialogar sobre todos los temas posibles con Washington “sin odio, pero sin miedo”, y agregó que “Cuba está lista para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos”.

(EFE)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió el jueves a las autoridades cubanas a tomar “decisiones inteligentes” en el contexto de las negociaciones que mantienen Washington y La Habana sobre el futuro de la isla. Durante una rueda de prensa, Vance fue consultado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba podría ser el próximo país objeto de un entendimiento, tal como sugirió semanas atrás el presidente estadounidense Donald Trump.

Vance describió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”. El recordó que, debido a la cercanía geográfica —a solo 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida—, cada crisis en la isla provoca la llegada de migrantes “desesperados” a Estados Unidos.

“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el número dos de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y advirtió sobre la posibilidad de “tomar el control” de la isla para forzar cambios económicos y políticos.

Estas nuevas declaraciones de Vance suscitaron en el marco de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la que se ratificó el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en un pleno de urgencia.

El proceso, finalizado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, resultó inusual para un sistema donde el partido único marca los ritmos y la Asamblea respalda por unanimidad las propuestas que recibe.

El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó el miércoles el pleno del Comité Central e introdujo el discurso más autocrítico de su mandato, apuntando a problemas internos.

“Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, afirmó, señalando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. Esta declaración marcó un giro respecto al discurso oficial, que durante décadas atribuyó las dificultades del país casi exclusivamente al embargo estadounidense vigente desde 1962.

El paquete de reformas abarca mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con empresas estatales y capital extranjero, una apertura que hasta ahora no se había formalizado.

También se contempla la reducción de ministerios y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como referentes de economías de mercado bajo partido único.

El dictador Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central, donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, hecho que provocó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

(Con información de EFE)

La entrada en vigor de restricciones severas al transporte interprovincial en Cuba el jueves dejaron a millones de personas ante una realidad marcada por la escasez de combustible, donde los pocos asientos disponibles en trenes y autobuses estatales se asignan solo a quienes enfrenten emergencias médicas, funerales u otras situaciones críticas.

La falta de combustible paralizó casi por completo el transporte público en la isla de 9,6 millones de habitantes. Las estaciones de servicio se encuentran vacías y la movilidad diaria se volvió una travesía incierta para la mayoría de los cubanos, que, en ocasiones, utilizan bicicletas.

Desde ahora, los trenes que conectan La Habana con ciudades del este solo circularán cada 16 días, en contraste con las tres frecuencias semanales previas. El servicio de autobuses estatales, que antes ofrecía viajes diarios entre la capital y las provincias, se limitará a entre una y tres salidas semanales.

Quienes necesitan trasladarse deben solicitar sus pasajes con una semana de antelación y se aplicará un sistema de prioridades. Según el viceministro de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, no será necesario tramitar permisos especiales para viajar.

Las nuevas restricciones al transporte público cubano responden a la escasez extrema de combustible, que redujo la circulación de trenes y autobuses a niveles mínimos. Los asientos en estos servicios estatales se reservan exclusivamente para situaciones de emergencia, dejando a la mayoría de la población sin opciones viables para desplazarse dentro del país.

El dictador y líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel anunció durante una transmisión televisiva de la dirección del Partido Comunista que su administración buscará “impulsar el transporte eléctrico vinculado a fuentes renovables”. Sin embargo, los cubanos también sufren una crisis energética que afecta a los hogares y las comunicaciones en la isla.

La posibilidad de viajar en Cuba depende ahora casi por completo del sistema estatal de transporte, del que dependen millones de personas. Los taxis y camiones privados siguen operando, pero sus tarifas —hasta 200 veces superiores a las estatales— los hacen inaccesibles para la mayoría.

A las puertas de una oficina de venta de pasajes en La Habana, Madelaine Montero, de 51 años, esperaba con ansiedad poder trasladar a su padre, enfermo de cáncer y de más de 80 años, hasta su casa en Granma, a 750 kilómetros de distancia. “Debe estar allá 20 días antes de su próxima consulta para hacerse pruebas, de lo contrario no puede recibir tratamiento”, relató a la agencia AFP.

José Manuel García, de 60 años, buscaba regresar a Santiago de Cuba, enfrentando el riesgo de interrumpir su tratamiento ocular. El paciente, que es ciego de un ojo y recibe atención por un desprendimiento de retina en el otro, expresó su temor: si el viaje sigue “tan difícil”, podría perder el acceso a la atención médica que solo recibe en la capital.

La desaparición casi total de los ómnibus urbanos en La Habana forzó a muchos a caminar largas distancias al trabajo o la escuela bajo temperaturas de hasta 40ºC. La desesperación por moverse es tal que, en las salidas de la ciudad, decenas de personas hacen señas a los autos y muestran fajos de billetes para intentar conseguir un lugar en cualquier vehículo.

El precio del combustible en el mercado informal, que ronda los 8 USD por litro, hace que un simple trayecto en taxi pueda consumir el salario completo de un trabajador estatal. “El transporte está pésimo”, resumió Alexi Martínez, empleada de Salud Pública de 56 años. “Casi todo mi salario se va en pagar transporte en camión para visitar a mi madre”, agregó.

Para Julio César Padrón, chofer de un camión adaptado con 40 asientos, los altos precios obligaron a muchas personas a quedarse en casa. “Con los precios tan altos (…) la gente se queda en la casa”, lamenta, señalando cómo la crisis afecta la vida diaria.

Las nuevas restricciones han generado también la separación de familias. Guadalupe Pérez, de 54 años, llegó a La Habana en tren desde Holguín justo antes de que entraran en vigor las limitaciones. Al despedirse, confesó dejar “al resto de familiares y de todo” en su tierra natal, sin ninguna certeza de cuándo podrá regresar.

(Con información de AFP)

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebró este jueves una sesión extraordinaria para ratificar el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en pleno de urgencia. El proceso, completado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, es inusual en un sistema donde el partido único marca los tiempos y la Asamblea ratifica por unanimidad cuanto le llega.

El dictador Miguel Díaz-Canel presidió el miércoles el pleno del Comité Central con el discurso más autocrítico de su mandato. “Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, señaló apuntando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. La declaración marcó un quiebre respecto al discurso oficial que durante décadas atribuyó las dificultades cubanas casi en exclusiva al embargo estadounidense vigente desde 1962.

El paquete contempla mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura que cubanos en el exterior podrán invertir en igualdad con empresas estatales y capital foráneo —apertura no formalizada hasta ahora— y se prevé reducción de ministerios y sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como posibles referentes: países de partido único que introdujeron economía de mercado sin ceder el control político. Según el economista Carmelo Mesa-Lago, las empresas estatales controlan cerca del 80% de la actividad económica en Cuba.

Raúl Castro, de 95 años y sin cargo desde 2021, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio ante un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, incidente que causó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

Cuba llega a este punto en uno de sus peores momentos económicos en décadas. El bloqueo petrolero impuesto por Trump en enero desencadenó apagones de hasta 30 horas, escasez de agua, alimentos y medicamentos, y la salida de empresas hoteleras, navieras y bancarias internacionales por temor a sanciones secundarias. A ello se suma una contracción acumulada desde 2019. En La Habana hubo protestas espontáneas con cacerolazos en varios barrios.

La velocidad del proceso contrasta con el ritmo habitual de las reformas cubanas, que tardaron años en madurar. El vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió que Washington evalúa las acciones de La Habana antes de responder. “Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró. La administración Trump ha exigido cambios económicos y políticos, y aludió a una posible intervención militar.

En la calle, el escepticismo fue la reacción dominante. “Es una mentira, llevamos 67 años así y cada día empeora”, dijo Iris, limpiadora de 58 años con 12 horas sin luz. El reducido sector privado recibió los anuncios con más expectativa. “Ofrecen una oportunidad que puede o no materializarse”, afirmó Mario González, gerente de un restaurante en el casco histórico habanero que hace una década rebosaba de turistas y hoy apenas llena unas pocas mesas.

Si las medidas avanzan con la misma celeridad con que fueron aprobadas —algo que en Cuba rara vez ocurre—, la pregunta no es si Washington las encontrará suficientes, sino si llegarán a tiempo para revertir un deterioro que ya se mide en horas de oscuridad.

El Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el régimen de la isla no da “pasos concretos y significativos” hacia una transición democrática y libera de forma “inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos”.

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que “condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano”.

En particular, denuncia “la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos”.

La Eurocámara expresó también su “máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables”.

El texto pide sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, e incide en que, para Cuba, “la única forma de salir del sufrimiento, la pobreza y el aislamiento será un cambio profundo económico y político que lleve sin retrasos a una transición democrática”.

Populares, conservadores y liberales rechazaron la petición de socialdemócratas y Verdes de subrayar que “la crisis actual” que se vive en la isla “es el resultado de una combinación de factores internos y externos” como “el impacto cada vez más negativo del embargo estadounidense”.

En conversación con Infobae, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, resaltó que se trata de “la resolución más fuerte que el Parlamento Europeo haya aprobado sobre Cuba“; al tiempo que agregó: ”No es una declaración rutinaria ni una condena simbólica más. La Eurocámara ha pedido sanciones contra los responsables de la represión, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, profundas reformas económicas y políticas, ayuda humanitaria directa al pueblo cubano y el fin de la cooperación militar del régimen con Rusia y Bielorrusia”.

“La resolución condena la represión sistemática ejecutada por el régimen castrocomunista y afirma que Cuba, después de más de seis décadas de comunismo, está al borde de convertirse en un Estado fallido. También señala que la actual emergencia humanitaria —con el 89% de las familias en situación de pobreza extrema— no es consecuencia de ningún embargo externo, sino del fracaso del propio modelo impuesto por la dictadura", subrayó el ex preso político a este medio.

Luego analizó que esta “es una afirmación de enorme importancia política y moral: Europa reconoce que la causa principal de la miseria cubana no está fuera de Cuba, sino en el sistema totalitario que destruyó la economía, y anuló los derechos y libertades fundamentales del ser humano. El Parlamento recuerda que, a finales de mayo de 2026, Cuba tenía 1.281 presos políticos, una cifra récord, incluidos menores de edad. Por eso exige la liberación inmediata e incondicional de todos ellos y de todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos. Reclama, además, el fin de la tortura, de los malos tratos y reparación para las víctimas. La resolución no se limita a pedir reformas abstractas: pone en el centro a las víctimas concretas de la represión“.

El llamado a aplicar sanciones específicas

Ferrer destacó también que, uno de los puntos más importantes de la resolución del Parlamento Europeo, es “el llamado a aplicar sanciones específicas, dentro del régimen global de sanciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos, contra los responsables de la represión".

“Entre ellos menciona al dictador Miguel Díaz-Canel y a los dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla una parte decisiva de la economía cubana y sostiene materialmente a la maquinaria represiva. También pide que, si no hay pasos claros hacia una transición democrática a corto plazo, la Unión Europea suspenda el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el régimen cubano“, describió.

Y siguió: “Ese acuerdo, presentado durante años como una vía para estimular la apertura y el respeto a los derechos humanos, ha servido en la práctica para oxigenar, legitimar y financiar a una tiranía que no dialoga con su pueblo. Bajo su vigencia, el régimen ha seguido encarcelando opositores, reprimiendo protestas pacíficas, criminalizando la prensa independiente, hostigando a familiares de presos, persiguiendo la libertad religiosa y condenando al exilio a miles de cubanos".

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) remarcó que la resolución también apunta hacia una transición dirigida por los propios cubanos, dentro y fuera de la Isla, hacia una democracia plena y multipartidista, sin persecución, cárcel, tortura ni asesinatos contra quienes disienten.

“Reclama reformas económicas sostenibles, apoyo a los actores independientes y a la iniciativa privada para evitar el colapso definitivo. Además, pide canales humanitarios para que energía, alimentos y medicamentos lleguen directamente al pueblo cubano, no a las manos corruptas del régimen", detalló.

La condena al apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania

Por último, Ferrer dijo que, es igualmente relevante, “la condena al apoyo del régimen cubano a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, incluido el reclutamiento de cubanos para combatir contra el pueblo ucraniano, así como el incremento de la cooperación militar con Moscú y su alineamiento con la dictadura de Lukashenko en Bielorrusia".

“El régimen cubano no es un socio neutral de Europa, es aliado de los enemigos de la libertad. Ahora corresponde actuar a la Comisión Europea, al Consejo y a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, porque no pueden seguir mirando hacia otro lado. El Parlamento ha hablado con claridad y le estamos muy agradecidos. Señaló a los responsables, identificó el por qué del fracaso del modelo, pidió sanciones, exigió la liberación de los presos políticos, reclamó ayuda directa al pueblo y advirtió sobre la necesidad de suspender el acuerdo si no hay una transición democrática real", indicó.

“La Unión Europea debe decidir si está con el pueblo cubano o con la tiranía. No bastan las palabras ni las condenas verbales. Hay que cortar toda cooperación que fortalezca a las estructuras represivas, sancionar a los verdugos, apoyar directamente a la sociedad civil independiente, reconocer a la oposición democrática y preparar una verdadera política de asistencia para la transición. Cuando Cuba sea libre, los cubanos recordaremos quiénes estuvieron del lado de las víctimas y quiénes prefirieron acomodarse con los opresores. Europa aún está a tiempo de rectificar. No le conviene perder a un pueblo que la admira, que desea tenerla como aliada y como importante socio comercial, pero que no olvidará la diferencia entre la solidaridad verdadera y la complicidad disfrazada de diálogo constructivo", concluyó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una carta de advertencia a una empresa extranjera no identificada, por su presunta vinculación con el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.

En su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado señaló que los altos directivos de la compañía podrían enfrentar restricciones migratorias según la legislación vigente.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó la postura estricta de la Administración respecto a la política hacia Cuba y la utilización de herramientas migratorias como método de presión diplomática.

Esta acción se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar las restricciones de visado sobre actores extranjeros que participen en la explotación de bienes expropiados en la isla.

El 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal de Vanguard Energy, empresa que intentaba exportar 250.000 barriles de combustible a Cuba, tras las sanciones que el Departamento de Estado anunció al inicio del mes contra Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal cubana.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, comunicó la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local a Vanguard Energy, documento necesario para operar en el condado, debido a sus “envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana”.

El refuerzo de estas medidas se suma a otras sanciones recientes de Washington contra el régimen cubano, como restricciones a funcionarios vinculados al régimen de Miguel Díaz-Canel y la existencia de órdenes de búsqueda para antiguos dirigentes relacionados con la familia Castro.

El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas

En otro orden, la crisis que atraviesa Cuba sigue agravándose y uno de los sectores más afectados es el turismo. Entre enero y mayo de 2026, la isla recibió 359.491 visitantes internacionales, una cifra que representa una caída de 58,4% respecto del mismo período del año anterior y que confirma el deterioro de una actividad clave para la economía nacional.

Los datos oficiales muestran que solo en mayo ingresaron al país 30.883 turistas extranjeros, un volumen muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. El retroceso se produce en un contexto marcado por dificultades económicas, restricciones energéticas y una fuerte reducción de la conectividad aérea internacional.

La contracción del turismo golpea una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Cuba, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales. Además, el sector era considerado por el régimen como uno de los motores de la recuperación económica tras varios años de recesión.

Las estadísticas reflejan descensos generalizados en los principales países de origen de los visitantes. Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136.

Los tres mercados experimentaron fuertes retrocesos respecto de 2025. La disminución también se extendió al resto de los países emisores, con caídas que, en muchos casos, oscilaron entre la mitad y dos tercios de los volúmenes registrados un año antes.

Las familias atrapadas en edificios colapsados de La Habana vieron cómo su vida cotidiana se redujo a la espera en alojamientos improvisados, con promesas oficiales que nunca se concretan por parte del régimen cubano. La capital de Cuba, famosa por su arquitectura colonial, enfrenta una crisis habitacional que pone en peligro la vida de miles de personas.

La situación extrema se refleja en historias como la de Marnie Estevez, según relató a AFP desde el antiguo apartamento neoclásico donde vivía. “Los bomberos tuvieron que venir y bajar a mi abuela con una grúa”, contó sobre el día en que una tormenta destruyó la escalera del edificio y su familia quedó atrapada en el tercer piso.

En la actualidad, la madre y la abuela de Estevez siguen en un albergue, como parte de las miles de personas evacuadas de edificaciones declaradas inhabitables. El proceso de realojo se repite en toda la ciudad, donde los derrumbes se convirtieron en una amenaza diaria para los habitantes.

En el histórico barrio de Habana Vieja, nueve familias desalojadas tras el colapso de su edificio pasaron tres años en un gimnasio de boxeo. Las condiciones son precarias: las familias levantaron paredes de cartón y sábanas para intentar mantener algo de privacidad, mientras cables eléctricos recorren el suelo y no hay agua corriente.

Quienes residen en estos refugios enfrentan el calor extremo bajo techos de zinc y la rutina marcada por el ruido de los sacos de boxeo. Dayana García, madre de tres hijos, resumió el escenario que enfrenta: “Parece muy difícil (una solución), dada la situación”.

Actualmente, la crisis de vivienda supera las 900.000 unidades en todo el país, según reconocen las propias autoridades. La economía cubana, sumados a los recursos limitados, no puede responder a la emergencia.

La falta de mantenimiento, el hacinamiento y la escasez de recursos agravaron el déficit habitacional en la ciudad. Las familias afectadas, muchas de ellas con niños y ancianos, enfrentan condiciones de insalubridad y precariedad, sin una solución a corto plazo por parte de las autoridades.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, concentra cerca de 900 edificios catalogados, varios de los cuales datan del siglo XVI. Sin embargo, muchos de estos monumentos muestran grietas y derrumbes que dejan el cielo a la vista, como si fueran escenarios vacíos.

Entre 2000 y 2013 se desplomaron 3.856 edificios en la ciudad, casi uno por día, según datos de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Para 2020, alrededor del 37 % de las viviendas en Cuba se consideraban inseguras.

La madre de Estevez, Leodiska Canino, fue tajante sobre el abandono: “La Habana se está cayendo a pedazos”, sentenció. “Aquí no hay dinero para arreglar nada”, agregó, reflejando el sentimiento generalizado de impotencia.

En el gimnasio que ahora es hogar para varias familias, la electricidad llega por cables improvisados y la humedad afecta la salud de los niños. García, la joven madre, denunció que uno de sus hijos desarrolló una infección pulmonar y responsabilizó directamente a las autoridades: “Nadie del Gobierno viene aquí... ni siquiera para ver cómo estamos, si estamos vivos o muertos.”

Algunos edificios fueron sometidos a renovaciones durante la campaña turística de los años 90 y tras la visita del ex presidente estadounidense Barack Obama en 2016. Sin embargo, en la mayoría, los balcones y pisos superiores solo se mantienen en pie gracias a pilotes de madera improvisados por los propios habitantes.

Estevez, que trabaja cuidando niños y ancianos, intenta reparar por sí misma el apartamento familiar, aunque las grietas en las paredes la mantienen en vilo. Mientras tanto, la capital cubana exhibe fachadas pintorescas que ocultan una realidad marcada por la precariedad y la falta de respuestas.

Las historias de quienes viven en La Habana dejan ver algo más que ruinas: son también el testimonio de la resistencia cotidiana frente al abandono y la crisis.

(Con información de AFP)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una nueva acción dentro de su política hacia Cuba al enviar una carta de advertencia a una empresa extranjera que, según Washington, estaría involucrada en operaciones relacionadas con propiedades confiscadas en la isla.

La identidad de la compañía no fue revelada, pero las autoridades estadounidenses señalaron que sus principales ejecutivos podrían quedar expuestos a restricciones migratorias.

La advertencia fue difundida a través de los canales oficiales de la diplomacia estadounidense y forma parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre personas y empresas que, de acuerdo con Washington, se benefician de activos expropiados a ciudadanos estadounidenses tras la revolución cubana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión y envió un mensaje a los involucrados.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó, al remarcar que Estados Unidos está dispuesto a utilizar herramientas migratorias para penalizar actividades que considere incompatibles con su legislación.

La comunicación oficial no detalló qué propiedad o activo estaría en el centro de la investigación, ni tampoco precisó la nacionalidad de la empresa señalada. Sin embargo, la advertencia representa una nueva señal de endurecimiento en la política estadounidense hacia Cuba y hacia compañías extranjeras que mantienen negocios con entidades vinculadas al aparato estatal de la isla.

Presión sobre el sector energético

La medida llega pocos días después de otra decisión adoptada por Washington contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), encargada de actividades de exploración, refinación y comercialización de hidrocarburos en Cuba.

El pasado 11 de junio, Estados Unidos incorporó a Cupet a su lista de entidades sancionadas. Según el Departamento de Estado, la compañía controla activos que habrían sido “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

Las sanciones coincidieron con la polémica generada por un proyecto para exportar combustible hacia Cuba desde Estados Unidos. En ese contexto, las autoridades estadounidenses aclararon que no habían autorizado ninguna licencia que permitiera sortear las restricciones vigentes para el envío de petróleo a la isla.

Rubio sostuvo entonces que “la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma”, y acusó al régimen cubano de emplear esos recursos para fortalecer estructuras de poder y control interno.

El endurecimiento de las medidas también tuvo repercusiones a nivel local en Estados Unidos. Días atrás, el condado de Miami-Dade revocó la autorización comercial de Vanguard Energy, una empresa radicada en el sur de Florida que buscaba concretar exportaciones de combustible hacia Cuba.

La decisión fue anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien informó que la compañía perdió la licencia necesaria para operar en esa jurisdicción.

Según las autoridades locales, la medida estuvo vinculada a los planes de la empresa de participar en operaciones relacionadas con el suministro de combustible a la isla en momentos en que Washington incrementa las restricciones económicas y financieras.

La advertencia emitida este martes se suma a una serie de acciones adoptadas en los últimos meses por la administración Trump. Además de las sanciones contra Cupet, Washington amplió restricciones contra funcionarios y familiares de dirigentes de la dictadura cubana, al tiempo que mantiene investigaciones y procesos vinculados a hechos ocurridos durante las últimas décadas.

Las sanciones estadounidenses implican bloqueos de activos bajo jurisdicción norteamericana y limitaciones para realizar operaciones financieras o comerciales con entidades y personas designadas.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan aumentar la presión sobre las estructuras de poder de la isla y desalentar la participación de actores extranjeros en negocios vinculados a bienes considerados objeto de reclamaciones por parte de ciudadanos estadounidenses.

(Con información de EFE)

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso político, advirtió a Infobae que el paquete de medidas económicas anunciado el viernes por el dictador Miguel Díaz-Canel no constituye una reforma genuina, sino la repetición de un patrón que el régimen ejecuta desde hace más de seis décadas.

“Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches, necesita libertad“, afirmó Ferrer en comunicación con este medio. El dirigente opositor situó el anuncio de Díaz-Canel dentro de una secuencia histórica precisa: cada apertura económica del régimen fue proporcional a su desesperación del momento, y cada cierre llegó cuando recuperó margen de maniobra.

El dictador presentó el paquete ante los medios estatales con la consigna de que “son tiempos en que hay que cambiar”, aunque descartó que las medidas respondan a las presiones de Washington. Entre los anuncios figuran la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico —tras la retirada parcial o total de las principales cadenas extranjeras que buscan evitar sanciones estadounidenses—, una mayor autonomía para las empresas estatales en materia salarial y de comercio exterior, la eliminación de las importadoras estatales que operaban como intermediarias obligatorias, la liberalización parcial del sector agrícola y la apertura de más sectores a actores no estatales. Díaz-Canel también anunció que los cubanos residentes en el exterior tendrán las mismas condiciones de inversión que los habitantes de la isla, y que el aparato estatal se reducirá de 27 a 20 ministerios.

Para Ferrer, el problema no reside en el vocabulario de las medidas sino en su arquitectura. Mientras el Partido Comunista conserve el monopolio del poder y el sistema judicial dependa del mando político, ninguna norma escrita ofrecerá garantías reales. “El régimen quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura”, señaló a Infobae. Agregó que en una dictadura de partido único la propiedad privada siempre está condicionada: el negocio existe mientras el régimen lo tolere, el emprendedor avanza mientras no reclame derechos ni desafíe al poder político.

El asalto a la propiedad: de 1959 a la Ofensiva Revolucionaria

Para comprender el alcance real de lo anunciado, Ferrer trazó ante Infobae una línea histórica que arranca en los primeros años de la revolución. La Primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, limitó la propiedad rural a 30 caballerías —unas 402 hectáreas— y creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que se convirtió en un instrumento político para concentrar poder en manos del nuevo régimen. Muchos campesinos recibieron tierra, pero el Estado tomó el control de la planificación, el crédito, los insumos, la comercialización y los precios.

La Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías —unas 67 hectáreas—. Todo lo que excediera esa extensión pasó a manos del Estado, lo que liquidó no solo el latifundio sino también buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana. El régimen ensayó luego varias fórmulas colectivas: las Cooperativas de Créditos y Servicios ataban a los pequeños agricultores al sistema estatal de crédito y comercialización; las Cooperativas de Producción Agropecuaria implicaban la entrega de las tierras a una forma colectiva; y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), creadas en los años 90 sobre antiguas granjas estatales, funcionaban bajo cuotas, precios impuestos y dependencia estatal, en la práctica una versión tropical de los koljoses y sovjoses soviéticos.

En las ciudades, el proceso fue igualmente sistemático. Primero fueron intervenidas grandes compañías, bancos, refinerías y centrales azucareros. Luego vino la nacionalización del comercio mayorista y de buena parte del aparato productivo. El golpe final llegó en 1968 con la llamada Ofensiva Revolucionaria: más de 55.000 pequeños negocios fueron nacionalizados o cerrados de un plumazo. Bodegas, barberías, cafeterías, talleres, zapaterías, puestos de comida, lavanderías, carpinterías y carnicerías desaparecieron bajo el argumento de combatir el “egoísmo” y la “mentalidad pequeño burguesa”. El principio rector que quedó, según Ferrer, fue uno solo: el ciudadano no podía prosperar por sí mismo; debía depender del Estado.

El ciclo de aperturas y cierres

Dentro del propio régimen hubo un debate temprano sobre el modelo a seguir. Ernesto “Che” Guevara defendía la centralización extrema, los estímulos morales y la formación del “hombre nuevo” desprendido del interés material. Carlos Rafael Rodríguez y otros cuadros prosoviéticos abogaban por métodos más cercanos al cálculo económico: empresas con contabilidad, cierta medición de costos y estímulos materiales. Fidel Castro osciló entre ambas visiones. Abrazó primero el voluntarismo guevarista y, tras el fracaso de la “zafra de los diez millones” en 1970, se acercó al modelo soviético clásico, dependiente del subsidio externo y la planificación central.

La primera apertura de cierta importancia llegó en 1980 con los mercados libres campesinos, que permitieron a productores privados y cooperativas vender excedentes agrícolas a precios de oferta y demanda. Funcionaron lo suficiente como para demostrar algo peligroso para el régimen: el mercado era más eficiente que la planificación comunista. Esa verdad resultó insoportable. En 1986, Fidel Castro lanzó el “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, cerró los mercados campesinos, atacó los estímulos materiales y resucitó la retórica guevarista. El régimen no rectificó sus errores; bloqueó la mínima libertad económica que había tolerado.

La segunda gran apertura llegó en los años 90, forzada por la caída de la Unión Soviética. El “Período Especial” fue, a juicio de Ferrer, la confesión del fracaso estructural del modelo. Ante la amenaza de colapso, el régimen legalizó la tenencia de dólares, permitió el trabajo por cuenta propia en determinadas actividades, abrió mercados agropecuarios, autorizó los paladares con límites estrictos de sillas y empleados, impulsó el turismo internacional y aprobó la Ley de Inversión Extranjera de 1995. Pero aquello tampoco fue una reforma integral: el cuentapropista podía trabajar bajo licencias limitadas, impuestos asfixiantes y persecución constante. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar al régimen cubano con petróleo y créditos, La Habana volvió a frenar la apertura. A partir de 2003 se reforzó la recentralización, se prohibió nuevamente el dólar en las transacciones internas y se redujeron los espacios al sector privado, recordó Ferrer.

Con Raúl Castro, desde 2008, llegó otra etapa de “actualización del modelo económico”: se habló de ampliar el trabajo por cuenta propia, entregar tierras ociosas en usufructo y permitir la compraventa de viviendas y automóviles. Pero el partido siguió mandando, la empresa estatal siguió declarada “principal actor” y los militares conservaron las áreas estratégicas de la economía. Los emprendedores quedaron atrapados entre permisos, inspectores, listas de actividades permitidas, ausencia de mercado mayorista y miedo permanente a una marcha atrás.

Las MIPYMES: el último ciclo antes del anuncio de Díaz-Canel

En 2021, bajo Díaz-Canel, el régimen autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (MIPYMES), más de medio siglo después de haber destruido la empresa privada nacional. La medida llegó tras las masivas protestas del 11 de julio, el mayor estallido social en décadas. Las MIPYMES demostraron rapidez para importar, distribuir y abastecer donde el Estado fracasaba. La respuesta del régimen no tardó: nuevas regulaciones, controles de precios, límites a márgenes de ganancia, restricciones al comercio mayorista e inspecciones. “El régimen solo concede pequeños espacios cuando se ve acorralado. Y cuando el escenario le resulta más favorable, retrocede”, afirmó Ferrer a Infobae.

El opositor subrayó que la crisis que empuja el actual anuncio es considerablemente más grave que las anteriores: colapso energético, desabastecimiento alimentario, inflación, éxodo masivo y protestas sociales sostenidas. Díaz-Canel reconoció ante los medios estatales que los cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales”, aunque insistió en que no se trata de ceder ante Washington. “El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos”, declaró el dictador.

La trampa estructural y el riesgo de un nuevo padrino

Ferrer advirtió a Infobae sobre un riesgo concreto que la historia respalda: si el régimen encuentra un nuevo sostén externo —China, Rusia u otro aliado ideológico dispuesto a subvencionarlo—, revertirá lo que hoy promete. El historial es preciso: cada apertura fue proporcional a la desesperación del momento y cada cierre llegó cuando apareció oxígeno externo. La lógica, dijo, no ha cambiado en más de seis décadas.

La raíz del problema, insistió el líder de la UNPACU, no es económica sino política y estructural. En Cuba no existe independencia de poderes: la Fiscalía, los tribunales, la policía, la Seguridad del Estado y la Asamblea Nacional responden al mismo mando político. Por eso, señaló, ningún inversor, ningún emprendedor y ningún cubano de la diáspora que decida invertir tendrá garantías reales, aunque el régimen escriba nuevas normas en papel.

La agricultura cubana, destruida por décadas de colectivización y control estatal, ilustra para Ferrer la magnitud del daño acumulado. Reclamó que las tierras sean devueltas a sus legítimos dueños o entregadas en propiedad plena a campesinos dispuestos a hacerlas producir, con libertad para sembrar, vender, importar insumos —maquinarias, fertilizantes, semillas, tecnología— y exportar sin intermediarios estatales ni permisos políticos. Las medidas anunciadas por Díaz-Canel contemplan acceso directo a insumos y participación en el mercado cambiario para los productores agrícolas, pero no modifican la estructura de propiedad de la tierra.

Los modelos que Cuba no sigue

Para Ferrer, los países que salieron del comunismo o del estatismo extremo no lo lograron con reformas cosméticas. Polonia estabilizó su moneda, liberalizó precios, abrió el comercio, privatizó empresas y construyó instituciones democráticas. Estonia apostó por propiedad privada, apertura comercial, impuestos simples, digitalización, seguridad jurídica e integración europea. La República Checa avanzó con privatizaciones, restitución de propiedades, disciplina monetaria y reconstrucción institucional. El opositor cubano rechazó que China o Vietnam puedan servir de modelo válido: usarlos como referencia, dijo, es una excusa para mantener una dictadura de partido único con barniz de apertura económica.

Lo que Cuba necesita, según Ferrer, es una economía de mercado competitiva con propiedad privada protegida constitucionalmente, contratos respetados, tribunales independientes, libertad de empresa, acceso libre a importaciones y exportaciones, banca funcional, moneda creíble y un Estado limitado por la ley. A eso debe sumarse, dijo, una reforma política total: pluralismo, libertad de prensa, libertad sindical y elecciones libres. Sin esos pilares, cualquier medida económica será, en sus palabras, “una trampa o una ilusión”.

El monopolio de las empresas estatales —que Ferrer señaló como responsables de décadas de improductividad, corrupción e ineficiencia— debería desmantelarse, con sus activos transferidos al sector privado, a cooperativas reales o a emprendedores e inversores capaces de producir y competir. El anuncio de Díaz-Canel prevé mayor autonomía para esas mismas empresas estatales, pero no su privatización ni su disolución.

EnvíosCuba, una de las principales plataformas que utilizan los cubanos en Estados Unidos para hacer llegar alimentos, electrodomésticos y ropa a sus familiares en la isla, suspendió esta semana la recepción de nuevos pedidos sin ofrecer ninguna explicación pública. El cierre se produjo días después del vencimiento del plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana.

La plataforma publicó un escueto comunicado en su sitio web: “Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios”. No facilitó número de teléfono ni dirección de correo electrónico y no aclaró si la medida es temporal o definitiva. Garantizó que todos los pedidos ya aprobados y en proceso serán entregados. La agencia AP no pudo contactar a la empresa.

El modelo de negocio de EnvíosCuba explica su vulnerabilidad ante las sanciones. Según Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, firma consultora radicada en Miami especializada en el mercado cubano, la mayoría de estos portales no realizan envíos físicos desde Estados Unidos, sino que venden y distribuyen productos almacenados en depósitos de GAESA dentro de la isla. “La tendencia es que todo esto desaparezca, porque GAESA está detrás de todo”, dijo Morales a AP. Bajo el paraguas de EnvíosCuba funcionaban además tiendas como Puerto Envío, Electro Envío, Mercado, Carlos III y Almacén-On, que también dejaron de operar.

GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A.— es el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba que domina sectores que van desde el comercio minorista hasta el transporte y el turismo. La administración Trump lo sancionó formalmente el 18 de mayo de 2026, tras firmar el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las restricciones contra entidades vinculadas al aparato estatal cubano. Washington fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras cortaran sus vínculos con el conglomerado. Las medidas amenazan con congelar activos en Estados Unidos de compañías extranjeras y excluirlas del sistema financiero internacional.

Las consecuencias se sintieron de inmediato. Visa y Mastercard interrumpieron sus operaciones en Cuba tras la ruptura de un banco procesador extranjero con FINCIMEX, la financiera de GAESA que durante años procesó remesas y pagos del comercio estatal cubano.

El cierre de EnvíosCuba se inscribe en un éxodo empresarial más amplio. La española Meliá Hotels International anunció el 3 de junio el cese de operaciones en 15 de los 34 hoteles que gestionaba en Cuba, dos días antes del vencimiento del plazo. Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles vinculados al Grupo de Turismo Gaviota, brazo operativo de GAESA; la canadiense Blue Diamond suspendió 62 establecimientos, y las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd paralizaron temporalmente reservas de carga hacia y desde la isla.

El impacto recae sobre una población que enfrenta escasez crónica de alimentos y medicinas, apagones que se prolongan durante horas y una inflación que destruye el poder adquisitivo de los salarios. Para muchos cubanos, los paquetes enviados desde Miami eran el principal canal de acceso a productos básicos. La dictadura del presidente Miguel Díaz-Canel no ha ofrecido alternativas, y las sanciones de Washington están diseñadas precisamente para que no las haya.

La crisis que atraviesa Cuba sigue agravándose y uno de los sectores más afectados es el turismo. Entre enero y mayo de 2026, la isla recibió 359.491 visitantes internacionales, una cifra que representa una caída de 58,4% respecto del mismo período del año anterior y que confirma el deterioro de una actividad clave para la economía nacional.

Los datos oficiales muestran que solo en mayo ingresaron al país 30.883 turistas extranjeros, un volumen muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. El retroceso se produce en un contexto marcado por dificultades económicas, restricciones energéticas y una fuerte reducción de la conectividad aérea internacional.

La contracción del turismo golpea una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Cuba, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales. Además, el sector era considerado por el régimen como uno de los motores de la recuperación económica tras varios años de recesión.

Las estadísticas reflejan descensos generalizados en los principales países de origen de los visitantes.

Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136.

Los tres mercados experimentaron fuertes retrocesos respecto de 2025. La disminución también se extendió al resto de los países emisores, con caídas que, en muchos casos, oscilaron entre la mitad y dos tercios de los volúmenes registrados un año antes.

Otro dato relevante es la reducción de los viajes realizados por cubanos residentes en el exterior. Entre enero y mayo llegaron 60.874 personas de este segmento, un 39% menos que en igual período del año pasado.

La menor afluencia de visitantes tuvo un impacto en la ocupación hotelera. Durante el primer trimestre de 2026 la utilización de habitaciones se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

El deterioro del sector se aceleró durante los últimos meses debido a una combinación de factores que afectaron la operación turística.

La reducción en el suministro de combustible provocó la cancelación de numerosas rutas aéreas, especialmente aquellas que conectaban a Cuba con destinos fuera del continente americano.

Al mismo tiempo, varias cadenas hoteleras internacionales anunciaron la reducción o finalización de sus operaciones en la isla, aumentando la incertidumbre sobre la capacidad del país para sostener su infraestructura turística.

Un contraste con el resto del Caribe

Los resultados de Cuba contrastan con la evolución observada en otros destinos turísticos de la región.

Mientras la isla registra una caída sostenida en la llegada de visitantes, centros vacacionales del Caribe como Punta Cana y Cancún continúan alcanzando niveles récord de demanda tras la recuperación del turismo internacional posterior a la pandemia.

La diferencia es aún más evidente al comparar los datos actuales con los máximos históricos de Cuba. En 2018 el país recibió 4,6 millones de turistas y en 2019 alcanzó 4,2 millones. En cambio, durante 2025 apenas superó los 1,8 millones de visitantes extranjeros, muy por debajo de las metas oficiales.

La crisis energética

Los problemas económicos y energéticos que enfrenta el país ya no impactan únicamente sobre el turismo.

Los prolongados cortes de electricidad también comenzaron a afectar actividades cotidianas y servicios esenciales. Entre ellas figura la producción de hostias utilizadas en las celebraciones católicas.

Las hostias destinadas a las parroquias de todo el país se elaboran en un monasterio de La Habana. Sin embargo, las interrupciones del suministro eléctrico redujeron significativamente la capacidad de producción.

“Estamos todos al mismo nivel, afectados por lo mismo”, explicó el sacerdote George Payano.

El religioso señaló que la fabricación depende de equipos eléctricos que requieren varias horas continuas de funcionamiento. “Dos horas de corriente son muy limitadas”, afirmó.

Ante la reducción de la producción, las autoridades religiosas comenzaron a distribuir las hostias de manera más controlada para garantizar el abastecimiento en las distintas diócesis.

La situación ilustra el alcance de la crisis que vive Cuba. Mientras el turismo registra uno de sus peores desempeños en décadas y disminuye el ingreso de divisas, los problemas energéticos continúan afectando cada vez más aspectos de la vida cotidiana en la isla.

No hay un modelo único de salida de las dictaduras. Cada proceso es especial y propio, aunque existen “patrones” comunes que pueden ser tenidos en cuenta en tren de estudiar los casos.

No hay demasiada variación entre un modelo autoritario y uno totalitario cuando están en transición hacia la democracia porque, casi siempre, los primeros migran a los segundos y construyen un marco ideológico con el devenir del tiempo. (Revisar a Juan Linz en este punto es imprescindible).

Lo central es advertir que hay un momento de quiebre emocional y colectivo en el que la sociedad (bajo el yugo dictatorial) empieza a remontar la colina de la libertad (por ejemplo, el 28 de julio para los venezolanos). Los pueblos se deben convencer de que los dictadores habrán de caer, sin esa percepción nada es posible.

Los pueblos, además, son inteligentes, es falso ese preconcepto de que la masa no razona, justamente es quien más sentido de la oportunidad posee.

Cuando el pueblo se puede expresar críticamente ante el modelo autoritario lo hace siempre, incluso con sacrificios de vidas humanas. El periplo libertario de América tiene eso y no pocos entregan lo mayor que tienen por un bien colectivo mayor. La historia de América está sostenida por ese espíritu de héroes anónimos que sacrificaron su vida para un tiempo histórico para los suyos.

Las liberaciones democratizadoras son siempre procesos con avanzadas y retrocesos, por eso requieren una enorme convicción de aquellos que empujan hacia la salida y deben tener un necesario sentido cohesivo entre sus fuerzas. Los tiranos hasta el último minuto están conspirando con tal de dinamitar lo que viene, saben que sus artes no son la legitimidad del pueblo de las que carecen, por eso la redemocratización siempre enfrenta intersticios comprometedores y corrupción ofrecida hasta el último minuto. Y -no olvidarlo jamás- el tirano juega con reglas criminales que el demócrata o la demócrata no tienen en su mazo de naipes. Y los tiranos suelen criminalizar lo que sea con tal de alimentar un día más en el poder.

Es que en el fondo de este asunto hay un debate moral: el tirano no posee una moral respetable, y como rompió los códigos del respeto por la vida del otro, está dispuesto al máximo delirio con tal de dinamitar el advenimiento democrático y ganar un tiempo más en el poder.

La capacidad de pensar ante los tiranos debe ser quirúrgica. Por eso la garantía en las salidas democráticas en las dictaduras es la internacionalización de las acciones lo máximo posible a efectos que esa acción coopere -inclusive- como garante indirecto de todo lo que habrá de suceder.

Las transiciones, además, pagan costos que el pueblo nunca logra comprender in totum, y esto es porque las salidas requieren de mini pactos prácticos de vida civil de todo tipo: no se ingresa a la democracia de un día para el otro, es un viaje desmontar las estructuras totalitarias y pasar al estado de derecho.

La transición democrática tiene lo que suelo llamar “el derecho de la transición” que son normas jurídicas que rescatan la sensatez de lo jurídico necesario -de lo vivido, aunque resulte delirante- para no operar con sentido refundacional absoluto ante todo lo que adviene, porque esa visión suele conspirar contra el derecho adquirido del ciudadano, que además de haber sido dañado por una dictadura no debiera ser ignorado por una democracia. El nuevo paradigma jurídico es un híbrido por algún tiempo y hay que saber que tiene rostro de Frankenstein hasta que se depure.

Pensemos en los modelos de transición de Chile, Argentina y España. En todos hubo convicción ciudadana y hartazgo con las dictaduras, en todos, las calles tuvieron su rol, en todos los líderes emergentes no actuaron con venganza sino con algo más parecido a justicia reivindicativa, y en todos hay cierta parte de la historia que no se resuelve en la narrativa sino con el paso del tiempo.

En algunas de estas transiciones el poder dictatorial se fue difuminando en la democracia (entiendo que es difícil de soportar esta premisa, pero es la única opción posible sin tomar los cuarteles de invierno), en otras el asunto avanzaba gradualmente con el paso del tiempo a velocidades mayores y en otras la inteligencia para pactar y armar el pacto constitucional fue el epítome de un tiempo nuevo.

Tiendo a creer que un nuevo marco jurídico que refleje el nuevo contrato social que la sociedad se da a sí misma, permite ganar unas décadas de sentido común y gobernabilidad. Más aún en el presente donde podemos mirar el pasado y aprender de la lección de este.

Vamos a un asunto delicado: la memoria y la justicia, sí, hay que plantearla y será necesaria. La memoria imprescindible, la justicia también, pero nada es concedido, nada es automático y los tiempos de estos menesteres se tienen que recorrer con las pausas que el propio pueblo se vaya dando sin que ese camino ponga en riesgo la recuperación democrática. No estoy seguro de que se entienda el punto mirado desde afuera, o como si fuera una clase de ciencia política de la universidad, solo la realidad ambienta el recorrido y esa realidad tiene velocidades largas que cada país procesa en base a su idiosincrasia propia.

Y algo central, las elites del país que irrumpe (los noveles en el poder democrático cuando sean investidos) deben entender que están haciendo historia, y para hacerlo se requiere grandeza, sentido magnánimo y capacidad de resiliencia en las decisiones. Siempre la tensión será entre el principismo fácil y la deriva diplomática, habrá que recorrer un camino sincero, honesto, con parámetros que cada transición se da a sí misma, pero que se comparten por los que llegan y se aceptan por los que se van. Fácil de enunciar, un infierno para procesar.

Ese sutil momento es la clave de todo. Allí está la llave de paso, de lo contrario el juego se corrompe. Y claro, los que salieron de la mesa no se van a festejar, siempre estarán al acecho por un tiempo más, por eso los que llegan (todos ellos siempre de la mano) tienen la necesidad de tener un tiempo de sincronía permanente hasta que todo vuelva a funcionar. Parece sencillo, pero es cirugía de máximo nivel.

Hoy, las dictaduras del continente han tenido un bonus track con los Estados Unidos del presente, por un tiempo más esto será así. Es un momento único en la historia del continente lo que se vive, todo lo que se le puede criticar al gobierno americano, en este menester nadie ha hecho más por la liberación de Venezuela y Cuba que la administración de Donald Trump. Otros se han pasado la vida hablando y nada han hecho. Hoy, a la vista está lo que acontece. Por cierto, la hoja de ruta está allí, se requiere más aceleración probablemente. Falta -por plantearlo todo- aún empeño con Nicaragua que no debe quedar al albur de una pareja criminal en el poder que allí gobierna como en un virreinato loco aislado del mundo. No se lo merecen los nicaragüenses y no hay que abandonarlos por nada del mundo.

Por cierto, el derecho internacional ha fracasado, esta es la gran tragedia que ya no se puede esconder bajo la alfombra. El concepto de “soberanía” que argumentan los dictadores no existe cuando constatamos un secuestro del pueblo y una aniquilación de los derechos humanos. Allí, ya era hora, que actualicemos los manuales de derecho internacional público y no repitamos consignas muertas que solo les sirvieron a los dictadores para encriptarse y seguir matando a sus propios ciudadanos. El derecho internacional ha muerto, que nazca uno mejor, más realista, pues el que vivimos era cínico, absurdo, burocrático y lleno de inútiles que poblaron el mundo en beneficio propio. Dieron vergüenza.

La realidad nos obliga a pensar otro derecho internacional porque el que tuvimos fracasó a menos que creamos que los dictadores tienen inmunidad de jurisdicción. Otro asunto que debemos revisar seriamente en el plano académico, le duela a quien le duela y sin la cobardía de no enfrentar la verdad. Siempre el asunto es enfrentar la verdad. Ya lo deberíamos saber de sobra.

En las fábricas de cigarros cubanas, surgió a mediados del siglo XIX el lector de tabaquería: una figura que transformó los talleres en espacios de educación, cohesión social y conciencia crítica, y cuyo papel es hoy parte central del patrimonio de la isla. Según National Geographic, aunque la tradición subsiste de forma limitada, su vigencia se percibe en fábricas emblemáticas y en la memoria cultural de Cuba.

El lector de tabaquería revolucionó el ámbito laboral leyendo en voz alta novelas, noticias y ensayos políticos, permitiendo que generaciones de trabajadores accedieran al conocimiento y a la reflexión colectiva.

Este sistema democrático, en el que los propios obreros elegían los textos y pagaban el salario del lector, convirtió la experiencia fabril en un espacio de formación intelectual y debate social.

La tradición nació en Cuba en 1865, impulsada por Saturnino Martínez, quien promovió las primeras lecturas públicas al fundar un periódico para los obreros. Los trabajadores, protagonistas de esta práctica, escogían por votación las obras a escuchar y costeaban colectivamente al lector, lo que dotaba a la dinámica fabril de un marcado carácter participativo.

Así, el lector se consolidó como una figura intermedia entre educador y compañero de trabajo, estrechamente ligada a la vida social de las tabaquerías.

El impacto educativo y revolucionario en las fábricas de cigarros

Más allá del entretenimiento, la lectura pública sirvió como instrumento de formación cultural para una clase obrera mayoritariamente analfabeta, ampliando horizontes y favoreciendo el pensamiento compartido.

De acuerdo con National Geographic, “el lector de tabaquería se convirtió en un agente de ilustración obrera, e incluso en un catalizador de radicalismo y organización laboral”. Las sesiones promovieron la discusión y la adopción de nuevas ideas, dando lugar a una comunidad activa y crítica.

La creciente conciencia obrera despertó la suspicacia de las autoridades coloniales, quienes prohibieron temporalmente las lecturas públicas en 1866 ante la potencial carga política de los textos. Pese a esta restricción, la presión ejercida por los trabajadores permitió restaurar la práctica, reforzando el papel del lector como portavoz de inquietudes colectivas.

Estas lecturas, además de fomentar la creatividad y la camaradería, identificaron a la industria tabacalera cubana como un entorno diferente respecto a otros sectores productivos.

Tradición entre la diáspora y la llegada de la modernidad

El lector trascendió las fronteras cubanas con la migración de tabaqueros hacia Key West y Tampa, donde esta costumbre se mantuvo viva en los talleres. En estas ciudades, ligadas a la industria cigarrera, el lector continuó siendo motor del intercambio cultural y del sentido de comunidad.

A partir de las décadas de 1920 y 1930, la mecanización y la radio alteraron drásticamente la tradición. La llegada de estas tecnologías “restó protagonismo a estos lectores personales”, puntualizó National Geographic.

Aun así, numerosos trabajadores seguían prefiriendo la compañía de una voz humana antes que el sonido impersonal de un aparato, lo que revela la fuerza del vínculo construido alrededor del lector.

En ese contexto, la figura del lector persistió como un símbolo de identidad y un espacio de convivencia compartida, incluso cuando el cambio tecnológico era inminente.

Persistencia y reconocimiento patrimonial en Cuba

Esta práctica no desapareció completamente. En la actualidad, existen fábricas icónicas, como Partagás y H. Upmann, que mantienen la figura del lector de tabaquería, aunque el oficio pasó a ser residual y con un fuerte tinte nostálgico. La tradición fue declarada patrimonio cultural en 2012, reconocimiento que subraya su importancia para la historia y la identidad de Cuba.

Según National Geographic, la pervivencia del lector se explica por su capacidad para instruir, entretener y motivar a generaciones enteras de obreros. Las lecturas compartidas trascendieron los límites de los talleres, configurando un legado cuya huella persiste dentro y fuera de la isla.

En tiempos marcados por el aislamiento y la fragmentación tecnológica, la voz del lector constituye un recordatorio de que la palabra colectiva puede transformar el trabajo en una auténtica comunidad.

Un arquitecto cubano diseñó por iniciativa propia la Biblioteca Presidencial de Donald Trump en Miami: una torre de 319 metros de altura, 47 pisos y un Air Force One ensamblado en su interior. El proyecto se levantaría junto a la Torre de la Libertad, en un terreno que el Miami Dade College cedió a la Fundación Biblioteca Presidencial Trump por USD 10 simbólicos.

Willy Bermello, fundador de la firma Bermello Ajamil & Partners con sede en Coral Gables, presentó la propuesta sin encargo oficial y la financió con recursos propios. El diseño ya llegó al Despacho Oval y generó tanto el respaldo del presidente como una cadena de demandas judiciales por la transferencia del terreno, valuado por expertos en más de USD 66 millones.

Quién es Willy Bermello

Bermello llegó de Cuba a los nueve años y pasó por la Torre de la Libertad, el edificio donde miles de exiliados cubanos recibieron asistencia migratoria entre las décadas de 1960 y 1970. Esa historia personal lo ubicó dentro de la generación de exiliados que construyó su carrera profesional durante el auge económico y urbanístico de Miami.

A lo largo de su trayectoria lideró proyectos de infraestructura, transporte, turismo y desarrollo inmobiliario en el sur de Florida y otros mercados internacionales.

Entre sus obras más reconocidas figuran las terminales de cruceros de Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line en el Puerto de Miami, la torre del Four Seasons en Miami y desarrollos de gran escala en América Latina, el Caribe y Oriente Medio, según detalla el medio Cuba en Miami.

Su firma ha sido parte central de la consolidación de Miami como una de las capitales globales del turismo de cruceros. Pese a esa trayectoria, Bermello asegura que la biblioteca presidencial ocupa un lugar distinto: “Para mí representa mucho más que arquitectura”, dijo a Telemundo 51.

Cómo nació la idea

Bermello no recibió ninguna invitación de la Casa Blanca. Mientras revisaba información sobre permisos de desarrollo en Trump Doral, encontró el nombre del abogado cubanoamericano Félix Lasarte, a quien el equipo de Trump había encargado buscar terrenos para la futura biblioteca.

“Soy como un cazador. No espero que los clientes vengan a mí; yo voy a los clientes”, dijo Bermello a la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51.

A través de contactos en común consiguió una reunión con Lasarte y le ofreció desarrollar, con sus propios recursos, un concepto arquitectónico para el centro de Miami. La propuesta no respondía a ningún proceso formal de licitación.

Qué cambió el equipo de Trump antes de aprobar el diseño

Antes de que el proyecto llegara al escritorio presidencial, el equipo de Trump transmitió dos pedidos concretos: integrar un Air Force One al complejo y reforzar los acabados en tonos dorados.

“Yo sé que al presidente le gusta mucho el oro, aunque no necesariamente es mi gusto personal”, comentó Bermello entre risas, según recogió Telemundo 51.

El arquitecto incorporó ambos elementos y presentó la maqueta revisada. Trump la examinó en detalle y planteó una pregunta directa: “¿Por qué debo aceptar una propiedad de tres acres en Downtown Miami cuando me han ofrecido 30 acres en Boca Ratón?”.

La respuesta de Bermello fue: “Donde usted construya su biblioteca la gente va a visitarla. Pero aquí, junto a la Torre de la Libertad, Bayside y el Puerto de Miami, vendrán más personas que a cualquier otra biblioteca presidencial del país”.

Qué contiene el proyecto

El diseño rompe con el modelo tradicional de biblioteca presidencial. En lugar de un campus suburbano, propone un rascacielos multifuncional en pleno centro urbano, una configuración que, según Cuba en Miami, podría redefinir la forma en que se conciben estos complejos en Estados Unidos.

El complejo incluye:

• Una réplica del Despacho Oval y salones inspirados en las propiedades del presidente.
• El Air Force One desmontado, trasladado por secciones y reconstruido dentro del edificio.
• Exhibiciones de Marine One y la limusina presidencial “The Beast”.
• Un teatro para conferencias y debates presidenciales.
• Galerías permanentes y una posible escuela de políticas públicas con Miami Dade College.
• Espacios comerciales, de oficinas y áreas hoteleras para financiar la operación.

“Cuando me preguntaron si podía ponerlo, la verdad es que ni siquiera sabía exactamente cuánto medía”, admitió Bermello sobre el Air Force One, según Telemundo 51.

Por qué Miami y por qué junto a la Torre de la Libertad

El plan contempla convertir la calle 6 en un corredor peatonal que conecte físicamente ambos edificios. “La torre es el museo del exilio cubano. La biblioteca sería el museo del legado de Trump”, explicó Bermello ante Telemundo 51.

Para sus defensores, la ubicación frente a la Bahía de Biscayne, junto al Puerto de Miami y a minutos del aeropuerto internacional, representa una ventaja que ninguna otra ciudad pudo igualar, según detalla Cuba en Miami.

Bermello rechaza además la idea de que la biblioteca opaque al monumento histórico: “La Torre de la Libertad siempre será un icono”, afirmó.

La controversia por el terreno y la oposición al proyecto

El punto más sensible del debate es la transferencia del predio. El Miami Dade College cedió los 2,6 acres a la Fundación Biblioteca Presidencial Trump por USD 10, a pesar de que especialistas en bienes raíces estiman que su valor real supera ampliamente los USD 66 millones, dado el auge del mercado inmobiliario de lujo en la zona.

La operación ya enfrenta demandas judiciales. Los críticos también advierten sobre el impacto visual en la Torre de la Libertad, posibles problemas de congestión y el cambio en el carácter histórico del área.

Bermello atribuye la mayor parte de la resistencia a razones políticas: “No tiene nada que ver con la Torre de la Libertad. Tiene que ver con Donald J. Trump”, afirmó según Telemundo 51.

Cómo se financiaría y qué impacto económico proyecta

A diferencia de otras bibliotecas presidenciales que dependen de donaciones y fondos patrimoniales, este modelo contempla ingresos propios. “Todo será financiado con fondos privados”, aseguró Bermello.

Los ingresos de las áreas comerciales, hoteleras y de oficinas sostendrían la operación sin requerir presupuesto público. Sus promotores estiman que el complejo atraería visitantes nacionales e internacionales y generaría empleos directos e indirectos en hoteles, restaurantes y negocios del centro de Miami, según consigna Cuba en Miami.

El resultado final depende de los procesos judiciales en curso, la obtención de permisos y el respaldo financiero definitivo. “Yo sé que esto va a cambiar el Downtown de Miami”, dijo Bermello, totalmente convencido.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comunicó este viernes un paquete de reformas económicas con orientación liberalizadora y descentralizadora, justificando que “son tiempos en que hay que cambiar”.

Díaz-Canel dijo ante medios cubanos, en declaraciones difundidas por la televisión estatal, que estos cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales”, aludiendo a la crisis que atraviesa el país. Expresó que no se trata tanto de responder a las presiones de Washington para impulsar reformas profundas.

“El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, manifestó.

Entre las medidas expuestas se incluye la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico, con el objetivo de “explotar” el parque hotelero tras la retirada parcial o total de las principales empresas extranjeras, que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos.

Díaz-Canel también mencionó cambios en el negocio inmobiliario, orientados a la gestión y búsqueda de “nuevas modalidades” y “nuevos actores”, sin ofrecer mayores detalles. El Estado cubano posee grandes empresas dedicadas al alquiler de inmuebles.

Adicionalmente, se plantea aumentar la “autonomía” de las empresas estatales en aspectos como salarios, reinversión de utilidades, importaciones y exportaciones, asociaciones con otros actores económicos, diseño de planes de negocio y acceso al mercado cambiario.

La liberalización alcanzará al sector agrícola, permitiendo a los productores acceso directo a insumos, asociación con distintos actores, cuentas “reales” respaldadas en efectivo, participación en el mercado cambiario y trámites burocráticos más ágiles.

El dictador anunció la eliminación de las importadoras estatales que actuaban como intermediarias obligatorias en el comercio exterior, con la finalidad de dinamizar este sector.

Díaz-Canel resaltó la intención de “incentivar” la inversión extranjera directa, subrayando la importancia de los cubanos residentes en el exterior, quienes dispondrán de las mismas condiciones que los habitantes de la isla.

Sobre el sector privado, anticipó que se abrirán más sectores económicos a los actores no estatales.

También hizo referencia a la reforma del aparato estatal, que avanzó recientemente con un proyecto de ley para reducir de 27 a 20 ministerios, buscando una estructura estatal “más ágil” y con “menos burocracia”.

Finalmente, señaló que las reformas buscan eliminar las “contradicciones” entre la planificación central y el mercado, así como entre centralización y descentralización.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET, una de las principales fuentes de ingresos y control económico de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Washington acusa a la empresa de favorecer a las estructuras militares y de seguridad de la isla mientras millones de cubanos enfrentan apagones y escasez de combustible.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que la petrolera pasó a integrar la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Como consecuencia, la compañía queda impedida de mantener relaciones comerciales o financieras bajo jurisdicción estadounidense.

Según explicó el gobierno de Donald Trump, la medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la presión económica sobre el régimen cubano.

“El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio”, afirmó Rubio en un comunicado.

Washington sostiene que CUPET desempeña un papel central dentro de ese esquema. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a la empresa de administrar los recursos energéticos del país de manera discrecional y de privilegiar a los aparatos de represión del Estado.

Rubio aseguró que la petrolera ha estado involucrada en la reventa de cargamentos de combustible y en la asignación prioritaria de recursos energéticos a estructuras militares, de inteligencia y de seguridad interna.

“Revende innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social”, sostuvo.

El secretario de Estado también vinculó la decisión con antiguas expropiaciones realizadas por el régimen cubano.

“Activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás”, señaló.

Aunque Cuba produce una parte significativa del petróleo que consume, continúa dependiendo de importaciones para cubrir sus necesidades energéticas. La reducción de esos suministros ha agravado los problemas de generación eléctrica y ha contribuido al aumento de los apagones registrados en distintas regiones del país.

Las nuevas sanciones llegan en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura energética y de dificultades económicas acumuladas durante los últimos años.

“Todas las opciones están sobre la mesa”

La decisión contra CUPET se conoció apenas un día después de unas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que volvieron a elevar la tensión entre Washington y La Habana.

Durante una visita al Comando Central de Estados Unidos en Florida, el jefe del Pentágono evitó descartar una eventual acción militar contra el régimen cubano cuando fue consultado sobre la posibilidad de una operación similar a la realizada en Venezuela contra Nicolás Maduro.

“Tenemos opciones por todos lados”, respondió Hegseth.

El funcionario insistió en que la planificación de distintos escenarios forma parte de las tareas habituales de las Fuerzas Armadas estadounidenses y remarcó que “todas esas opciones están sobre la mesa”.

A lo largo de sus declaraciones, señaló que el régimen cubano enfrenta actualmente una fuerte presión por parte de Washington y advirtió que las autoridades de la isla deberán tomar decisiones relevantes en los próximos meses.

“Hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón”, afirmó.

Sin embargo, evitó confirmar si existe un plan concreto para actuar contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe”, explicó en referencia a Trump.

(Con información de EFE y AFP)

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, se ha reunido este jueves en Madrid con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un momento especialmente delicado para las empresas españolas que operan en la isla.

La visita adquiere especial relevancia por producirse en uno de los momentos más delicados para la economía cubana en los últimos años. La escasez de suministros, los problemas energéticos, la falta de divisas y las dificultades para atraer inversión extranjera han agravado una situación que tanto las autoridades cubanas como distintos organismos internacionales consideran compleja. A ello se suma el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que continúan condicionando la actividad económica de la isla.

Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, se convirtió además en el segundo representante de alto nivel del Ejecutivo cubano que mantiene un encuentro con Albares en Madrid durante los últimos meses. El precedente más reciente fue la visita del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien se reunió con el jefe de la diplomacia española el pasado febrero en un encuentro que también estuvo centrado en la situación económica y política del país caribeño.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayaron que la reunión se produjo a petición de la parte cubana. En una breve comunicación oficial, la cartera encabezada por Albares indicó que durante el encuentro se abordó la crítica coyuntura que atraviesa Cuba y las consecuencias que esta situación está teniendo tanto para los ciudadanos como para la economía nacional. No obstante, no se facilitaron detalles concretos sobre los asuntos tratados ni sobre posibles acuerdos alcanzados.

El Ministerio de Economía también confirmó el encuentro entre Pérez-Oliva y Carlos Cuerpo, celebrado un día antes de la reunión con Albares. Sin embargo, tampoco trascendieron detalles sobre el contenido de la conversación. La cita se produce en un momento especialmente sensible para las compañías españolas que desarrollan actividad en Cuba, algunas de las cuales han tenido que replantear parte de sus operaciones debido a las restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses.

Empresas turísticas españolas afectadas

La situación afecta de manera directa a algunas de las principales empresas turísticas españolas presentes en la isla. En las últimas semanas, cadenas hoteleras como Meliá o Iberostar se han visto obligadas a modificar determinadas operaciones vinculadas a establecimientos que gestionaban en territorio cubano. Estas dificultades han incrementado la incertidumbre en uno de los mercados internacionales donde la presencia empresarial española ha sido históricamente significativa.

Por su parte, el viceprimer ministro cubano explicó a través de sus redes sociales que aprovechó los encuentros en Madrid para agradecer el respaldo mostrado por España ante los problemas que atraviesa la isla. En concreto, hizo referencia al endurecimiento de las medidas impulsadas por Estados Unidos y a las dificultades energéticas que afectan al país. Sus declaraciones se limitaron a expresar ese agradecimiento institucional, sin aportar información adicional sobre posibles iniciativas de cooperación económica.

Las reuniones también se producen en medio de especulaciones surgidas en algunos círculos políticos y mediáticos sobre una eventual intervención estadounidense en Cuba. Aunque dichas hipótesis no cuentan con respaldo oficial por parte de Washington, han generado debate en determinados sectores internacionales. En este contexto, Albares ha reiterado recientemente que España rechaza cualquier solución basada en una intervención militar y considera que corresponde a los propios cubanos decidir el futuro político de su país.

Al mismo tiempo, el ministro español ha mantenido una posición crítica respecto a la situación humanitaria que atraviesa la isla. Albares ha calificado en distintas ocasiones como inaceptables las dificultades que sufren amplios sectores de la población cubana, al tiempo que ha defendido la necesidad de encontrar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. España también ha respaldado de forma reiterada las resoluciones aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas que solicitan el fin del embargo estadounidense.

Antes de aterrizar en Madrid, Pérez-Oliva había realizado una parada en París, donde mantuvo una reunión con el secretario de Estado francés encargado de Comercio Exterior, Nicolas Forissier. El viaje forma parte de una ronda de contactos internacionales impulsada por las autoridades cubanas para reforzar las relaciones económicas con socios europeos en un momento en el que la inversión extranjera se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Este artículo no va a repetir lo que hemos dicho muchas veces respecto al fracaso del régimen cubano, sino que es un análisis de cómo un sistema puede repetir lógicas de fracaso sin solución de continuidad para que la inexorabilidad de las causas produzca exactamente los mismos efectos, hundiendo cada vez más al país en un remolino de políticas nefastas y extremadamente perjudiciales. El régimen de Cuba no tiene respuesta a su crisis económica, política y social, a sus violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, a su sistema fallido, al cual se le acusa principalmente de silenciar a su pueblo y encerrarlo en su sufrimiento. La naturaleza autosancionatoria de su estructura, su fórmula y sus acciones políticas, así como la parasitación respecto a sus asociados internacionales, han estimulado el fracaso.

El fracaso autoinfligido que será siempre recurrente porque si se cierran todas las vías para resolver problemas, entonces todas las acciones emprendidas en este contexto serán completamente ineficaces y, en última instancia, repetirán sistemáticamente el fracaso. Además, tras reflexionar sobre este tema, la izquierda debería acercarse a la Democracia y retomar el posicionamiento estratégico de defensa de los DDHH, por más que Cuba se considera otra forma de comportamiento de izquierda, esa forma de comportamiento y de conceptualización ideológica es demasiado arcaica, es un símbolo de la guerra fría y de la incapacidad de hacer funcionar las cosas. Un fracaso sistémico difícil de admitir por la izquierda de la región, salvo Mujica que alguna vez calificó al régimen cubano como el sistema de redistribución de la miseria, los demás han obviado hasta las más obvias referencias democráticas que sería necesario hacer al analizar a Cuba.

Por otro lado, la falta de lógica del régimen cubano y la falta de un proyecto ético vuelve absolutamente válida la acusación que se le hace que resalta todos los aspectos repugnantes de la situación nacional. Algunos aspectos que serían verdaderamente revolucionarios y se podría demostrar el beneficio para el país de un “orden público” que tuviera como fundamentos, por ejemplo, una visión moral que restaurara ideas claves como la belleza que pertenece a la geografía de la nación y, fundamentalmente, también la individualidad humana cubana que es extraordinariamente poderosa y productiva. Pero las acciones políticas son completamente contrarias a esto y solo sirven para aislar el poder respecto a su propia gente. Y para que la geografía se transforme en prisión.

Los problemas que enfrenta el país llevan a repetir que esto se debe a que su teoría política se basa en acciones para la reproducción de la crisis pura, que a su vez se basa en la opresión; la “revolución” misma se ha transformado solamente en una forma de opresión, en la que el poder es ejercido sistemáticamente sin capacidad para diversificar, ni para incluir, ni para permitir acceder a Derechos. Todo sistema finalmente debería llegar a un punto en el que debe restaurar la unidad de la sociedad y de las comunidad, pero en Cuba ocurre todo lo contrario, cada vez son más aquellos que el régimen deja fuera del sistema. El “yo” de los cubanos no es admisible para el sistema implementado, es un “yo” que debe ser manipulado desde el control totalitario de la perspectiva institucional, y que si se escapa de la misma se acusa a esos “yoes” de ser la negación de una realidad que intenta ser inevitable.

La seriedad de la política estatal consiste en ignorar los medios técnicos de justicia y todos los valores considerados prácticos, dejando solo acciones de completo control social y político, en las que cada uno de los cubanos puede hacer lo que considere oportuno para micro resolver sus problemas dentro de la logica sistémica institucional general que no permite las soluciones sistémicas necesarias. Desde este punto de vista de resolver los problemas en el esquema de miseria del sistema, es imposible condenar los pensamientos o acciones de nadie, lo que cada uno debe hacer para sobrevivir. De ahí que la represión con espíritu socialista-humanitario que venden, el régimen no aborda diversas acusaciones planteadas respecto de violaciones de Derechos Humanos.

El sistema cubano sigue cerrilmente tratando de probar su fracaso, como si eso fuera algo todavía necesario, quizás si en la izquierda de la región no hubieran tantos obsecuentes respecto a la certificación del régimen cubano, quizás alguno podría haber tenido el coraje de avisarles que ya lograron con creces ese fracaso y que no es necesario seguir infligiendo semejante castigo y dinámicas de sufrimiento a su gente.

El sistema se resiste a asumir racionalidad dado que se encuentra inmerso en su propia lógica y esa es la única razón posible, la razón que hace operar a todos los elementos del sistema y principalmente las dinámicas de sostenerse en el poder y la represión, por lo tanto, la introducción de cualquier otra forma de racionalidad produciría graves problemas o crisis en un sistema que está diseñado para ser disfuncional y autocrático y sin capacidades operativas reales. La principal disfuncionalidad del sistema es que solamente se retroalimenta por los mismos procedimientos y respetando estrictamente sus mecanicismos ideológicos, estas son las condiciones por las cuales los elementos operan y asimilan los insumos que dan marco a esas operaciones, esto ha generado una permanente regresión institucional, especialmente por su desconexión con las relaciones sociales y económicas, así como la neutralización de toda actividad política que podría enriquecer el mismo.

Este principio también presupone que toda verdad y toda acción contienen las semillas de una crisis para la ecología política sistémica nacional, y la acusación más efectiva que se puede hacer contra el régimen es, sin duda, su excesivo énfasis en el lado oscuro de la vida nacional. La historia reciente nos narra la vida de una Cuba que da permanentes muestras de un nerviosismo poco decoroso, que permanentemente explica su comportamiento y luego inmediatamente se entiende que queda justificado, dado que nadie puede desafiar estas explicaciones internamente, las mismas adquieren prácticamente fuerza de fuente de derecho. La “moralidad” del sistema ideológico se transforma en la normativa del sistema social. Parece, pues, que el espanto político, social y económico se ha convertido en sinónimo de comunismo, y por eso la ideología de izquierda pasa por descriteriada muchas veces por defender estos sinsentidos; y si lo hacen y lo son, no resulta extraño que son tan escandalosos a la hora de defenderse. El escándalo a veces puede funcionar como antídoto de la razón, pero definitivamente la altisonancia no resuelve ni remotamente los problemas.

“Los ciudadanos solo podrán evitar confiar su destino colectivo a las fuerzas centrífugas de un sistema autorregulado que opere por encima de sus cabezas, mientras la idea democrática de una asociación de individuos libres e iguales que se han dado a sí mismos leyes conserve la chispa utópica, que puede surgir en cualquier momento de las cenizas de la rutina diaria y estallar en llamas para avivar una defensa enfática de los derechos violados”. Esta frase de Jürgen Habermas en Philosphical Introductions, page 131, polity press, 2018, sirve para pensar lo que ocurre en Cuba.

Las fuerzas centrifugas del sistema autorregulado cubano que opera sobre la gente ha eliminado hasta el último vestigio de utopía, asimismo ha reprimido la defensa enfática de los derechos violados pero no ha podido restablecer la rutina diaria porque el sistema está completamente colapsado por su propia ineficiencia y por sus designios auto-sancionatorios que lo llevan permanentemente a pensar con logica represiva y por lo tanto desestimular cualquier iniciativa que lo pueda hacer echar a andar de manera más o menos decente. Esos reflejos democráticos aparecieron y fueron avasallados por la represión, están allí, esperando su oportunidad, acallados por fuerzas centrifugas que han perdido completamente cualquier viso de acción política que otorgue al país un proyecto ético. Todo el sistema está diseñado para quebrar la resistencia no para que sea parte de la discusión y la elaboración del proyecto común.

Y asustarlos, porque hoy en día el temor ni vergüenza por lo que se llama régimen cubano es algo que salió de los procesos de introspección el 11 de julio de 2021 para ser devuelto a los procesos introspectivos a partir de una represión sistematizada, institucionalizada, pero absolutamente salvaje en su perpetración. El régimen está diseñado para que se comprenda fácilmente la política a través de su significado ideológico, el régimen consiste en la narración de su propia historia de una forma que fuerza la obediencia interna y que internacionalmente apela a la complicidad para parecer que está sobreviviendo, o que persiste, o que es resiliente, cuando lo que ocurre es exactamente todo lo contrario, el sistema ha perecido bochornosamente, sin soberanía, sin soberanía para el pueblo, sin derechos para la gente, sin comida para la gente, sin electricidad para la gente, sin agua para la gente, sin salud para la gente. Obviamente que nada podría ser más triste que la caridad que empieza por casa sea el leitmotiv de cada hogar cubano que padece las más extremas necesidades, mientras algunos intentan alentar internacionalmente a los dictadores lo hacen sabiendo que estos no están interesado en resolver los problemas acuciantes de su sociedad, continuando con la paradoja lamentable de transformar a los enemigos del régimen en enemigos del pueblo cubano, que es el mismo pueblo al que ellos castigan con lógicas de sufrimiento social imposibles de describir.

Pero como el sistema es refractario a cualquier racionalidad que proponga humildemente democracia y Derechos Humanos ha mecanizado su racionalidad ideológica única que exime de esgrimir argumentos, dado que los únicos admisibles son todos los que expresan esencialmente la misma idea: no se puede oponer a quienes ostentan el poder, no se puede oponer al poder dominante, no se puede intervenir en asuntos políticos porque pertenecen únicamente a la jurisdicción del partido comunista cubano, cualquier empresa sin respaldo empírico del poder está condenada al fracaso, y dado que la experiencia demuestra que las personas (disidentes) siempre tienden a hacer el mal, deben establecerse normas estrictas para controlarlas, o de lo contrario “nos hundiremos” en el caos.

Sin embargo, aquellos disidentes respecto al diseño de relaciones políticas, económicas y sociales repiten constantemente las reglas pesimistas de la vida, sin importar las amenazas o escarnios indeseables que escuchen, dirán cuán similar es esto a la naturaleza del Estado fallido del cual no va a venir ninguna solución. Estos disidentes exigen constantemente realismo y se quejan de que el enfoque acumulativo internacional es demasiado permisivo.

De hecho, deberíamos agregar que la reacción exagerada de la represión lleva a sospechar que lo que les molesta es tanto el pesimismo, como el optimismo, es cualquier estado de ánimo que puede transformarse en disfuncional y que pueda operar por encima de las reglas y controles establecidos. Lo verdaderamente preocupante de la teoría sistémica cubana es el conflicto entre el poder y la posibilidad de que la realidad se imponga por sobre el diseño sistémico de la “realidad” paralela impuesta a la sociedad. Es cuando el sistema, no está diseñado para resolver su fracaso sino para imponérselo a la gente o en el mejor de los casos ocultarlo, resulta muy claro que estas condiciones que se ejecutan sobre la población van produciendo un desajuste sistémico acumulativo.

Para comprender esto, examinemos todo el asunto desde un punto de vista estrictamente social respecto a que es exactamente esta acumulación negativa que sufre el pueblo de Cuba, sin Derechos, sin luz, sin agua, auto sancionados por el régimen como hemos señalado, esperando que sus mentiras den frutos en la tierra fértil de simpatizantes ideológicos para quienes el pueblo cubano no tiene derecho a la Democracia, ni que se respeten sus Derechos Humanos, pero sí se exige el más pleno acatamiento nacional e internacional a la soberanía de los tiranos, obviamente no la del pueblo cubano que para esos seguidores ideológicos del régimen tampoco tiene Derecho a ser soberano.

Esta acumulación social negativa es directamente el resultado de la deslegitimación del pueblo cubano por parte del régimen, que actúa sin ninguna responsabilidad frente al pueblo, que no siente la necesidad de resolver ninguno de los problemas que lo aquejan y cuyas instituciones no están diseñadas para gobernar sino para ejercer represión e inteligencia. Y luego también el hecho de no haber sido un socio confiable sino parasitario, verdaderamente no tuvieron problemas sociales por el embargo cuando estaban asociados con la URSS y con Venezuela, el problema es que parasitaron esas relaciones y con ello las transformaron en insostenibles política y económicamente.

El concepto de poder en la mente de la justicia es, por lo tanto, equivalente al concepto de principios constructivos de estructura y funcionamiento sistemica que se implementen y ejecuten de tal forma que la sociedad no sea injusta, en realidad para hacerla lo más justa posible. El poder crea a la justicia y la justicia crea poder según ciertos métodos y conceptos, del mismo modo que el ingeniero crea principios constructivos según definiciones y fórmulas. Todo poder, por consiguiente, presupone conceptos determinados de funcionamiento procurando en general que la base de legitimidad que se otorgue a la ciudadanía sea lo más extendida posible, siendo lo ideal que la legitimidad alcance a todos. El régimen cubano ha hecho exactamente lo contrario, la unica legitimidad está dada para estructuras de funcionamiento del régimen sobre la base de muy restringidos conceptos predeterminados (prácticamente de definición de poder ideológico) y todo lo demás es susceptible de condena y castigo, aun cuando sean frágiles opiniones. Una sociedad injusta es una sociedad fracasada como decía José Antonio Marina, Cuba es el paradigma de esto. Un sistema que funciona por pocos, con pocos y para pocos es completamente disfuncional, la sustentabilidad del mismo depende de su capacidad de integrar las más diversas corrientes políticas, económicas y sociales, de tal manera que las dinámicas de interacción creen condiciones cada vez más extendidas de legitimidad, derechos, producción, servicios, beneficios.

Las soluciones sistémicas para Cuba tienen que ver con la soberanía del Pueblo Cubano, con Democracia para el Pueblo Cubano, con plena vigencia de los Derechos Humanos para el Pueblo Cubano, con aceptar la legitimidad del Pueblo Cubano; es decir la reversión de una fórmula arcaica y fosilizada que ha perpetuado el sufrimiento. Las razones que lleven a Cuba a la Democracia siempre serán buenas razones.

Luis Almagro

Instituto CASLA

Los apagones prolongados de este jueves en Cuba afectarán simultáneamente hasta el 64% del país durante el momento de mayor demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recogidos por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, intensificada desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en una situación “crítica”, según el propio régimen cubano. En La Habana, provincia que era la menos afectada, los cortes de energía superan las 26 horas seguidas desde hace dos días, lo que ha incrementado el descontento social, con protestas pacíficas, quema de basura en calles y cacerolazos.

La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el pico de demanda una capacidad de generación de 1.110 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit, es decir, la diferencia entre oferta y demanda, será de 1.890 MW. La afectación estimada, cantidad que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, llegará a los 1.920 MW.

La crisis energética también se atribuye a la obsolescencia de las termoeléctricas, muchas con décadas de explotación y falta de inversiones, lo que genera frecuentes averías en las unidades responsables del 40% del mix energético nacional, que depende del crudo nacional.

En la jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento. Entre ellas se encuentra la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que lleva una semana sin aportar energía debido a una rotura, la decimotercera en lo que va de 2026.

La presión de EEUU ha obligado a detener, por falta de materia prima, los motores de generación, que dependen de diésel y fueloil importado y representan otro 40% del mix energético; el 20% restante proviene de gas y fuentes renovables.

Cuba necesita diariamente cerca de 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, pero solo 40.000 provienen de la producción nacional.

Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.281 presos políticos al cierre de mayo, según el informe mensual de Prisoners Defenders publicado este jueves, que documentó 28 nuevas detenciones durante el mes y registró otra muerte bajo custodia estatal: la de Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, fallecido el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este por falta de atención médica adecuada.

El balance del mes refleja una proporción de casi cinco nuevas víctimas por cada salida de la lista. De las siete bajas registradas, tres corresponden a presos que cumplieron íntegramente sus condenas, una a una excarcelación, dos a destierros forzados —los de Sissi Abascal Zamora y Jorge Fernández Era— y la última al fallecimiento de Brieva Sempé. La organización señaló que las liberaciones propagandísticas no frenan el crecimiento sostenido de la represión.

Brieva Sempé padecía una enfermedad renal crónica y desnutrición grave. Los tratamientos de hemodiálisis que necesitaba no se realizaron con la frecuencia requerida y su deterioro físico avanzó hasta ser incompatible con la vida. El informe oficial de Medicina Legal atribuyó la causa de muerte al “daño múltiple de órganos”. Con su muerte, ya son seis los presos políticos fallecidos desde 2023 bajo custodia o responsabilidad directa del régimen cubano, junto a Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña. Incluso después de su fallecimiento, el funeral estuvo rodeado de agentes de la Seguridad del Estado.

Prisoners Defenders identificó actualmente a 449 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, y a 52 con trastornos graves de salud mental sin tratamiento adecuado.

Las protestas de Antilla dejaron 14 detenciones

La represalia más extensa del mes tuvo lugar en Holguín, tras las protestas pacíficas del 19 de mayo en Antilla. Las autoridades cubanas desplegaron una operación que derivó en 14 nuevos presos políticos, cuatro de ellos miembros de una misma familia, los Thope.

La primera detenida fue Yaquelín Thope Infante, de 54 años, arrestada el 20 de mayo sin orden judicial y con fiebre. Su hijo, Israel Espinosa Thope, fue perseguido pese a que, según los testimonios recibidos por Prisoners Defenders, no había participado en las manifestaciones. La madrugada del 22 de mayo, agentes irrumpieron en el domicilio familiar, derribaron la puerta y, al no encontrar a Israel, detuvieron a Léster Osvaldo Martínez Vásquez y a Rafael Batista Infante, quien padece graves trastornos mentales y alcoholismo crónico. Los propios agentes transmitieron que ambos serían liberados cuando Israel se entregara. Ante la presión sobre su entorno familiar, este acabó presentándose ante las autoridades.

También fue detenida Yamilka Mora, activista de Holguín conocida por su labor comunitaria, arrestada el 22 de mayo sin orden de detención tras ser citada por la Policía Política. Su encarcelamiento se produjo como represalia por las publicaciones que difundió sobre la protesta del 19 de mayo. Las autoridades no han comunicado los cargos formulados en su contra.

Persecución contra mujeres y madres

El informe dedicó un apartado específico a la intensificación de la represión contra las mujeres. Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de Matanzas, fue detenida a mediados de mayo mientras esperaba el transporte para ir al hospital de Cárdenas. Según su familia, el motivo fue haber fotografiado un cartel con la consigna “Abajo la dictadura”. Los agentes le respondieron que estaba “en el lugar y el momento equivocado”.

Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez volvió a prisión tras ser detenida junto a su padrastro durante protestas vecinales en Arroyo Naranjo, La Habana, provocadas por más de cuatro días sin agua y cortes de electricidad. Según testimonios familiares, Yunaiky intervino para defender a un menor que era golpeado por la policía. Las autoridades revocaron el beneficio de excarcelación que le había sido concedido en febrero de 2025 en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba.

Desde la estación policial, Yunaiky denunció en un video haber sido golpeada, asfixiada y recluida junto a varios hombres. Posteriormente fue trasladada al centro de detención El Vivac. Fue condenada originalmente a 14 años por “sedición” —delito proscrito por Naciones Unidas desde 2022—, reducidos luego a 8 por el Tribunal Supremo Popular. El 5 de junio inició una huelga de hambre y sed. Sus familiares denuncian además que las autoridades amenazaron con internarla en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra.

Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores, recibió el 2 de junio una condena de 2 años de privación de libertad por un presunto delito de “Atentado” vinculado a una supuesta agresión contra una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Su padre, el periodista cubano exiliado Armando Campuzano Guyón, denunció que la condena es una represalia política por su activismo desde el exilio y por la publicación de su libro “Cuba, el Titanic del Caribe”. Agentes estatales habrían amenazado a Wendolín con que iba a “pagar por el gusano de tu padre”. Tras la ratificación de la sentencia, inició una huelga de hambre y sed en la Prisión de Mujeres de El Guatao y permanece incomunicada. Prisoners Defenders identificó en abril la situación de madres presas políticas cuyos hijos menores quedaron sin cuidado como una urgencia humanitaria.

Encarcelado por recibir a un diplomático estadounidense

Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo sin orden de arresto y trasladado al Centro de Instrucción Penal El Técnico de Guanajay. La investigación en su contra se remonta a junio de 2025, cuando recibió en su domicilio al entonces jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

Las autoridades del régimen cubano utilizaron ese encuentro para acusarlo de supuestos vínculos con actividades de terrorismo internacional. Lo investigan por el presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Según sus familiares, Mojena se ha negado a designar abogado defensor porque considera que no ha cometido ningún delito.

Torturas en Villa Marista por publicaciones en redes sociales

Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido el 20 de mayo en su lugar de trabajo en el municipio habanero de Cerro y trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana. Su único motivo de persecución: videos y publicaciones en redes sociales en los que denunció apagones, escasez de alimentos y cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel.

Desde prisión en la cárcel Valle Grande, Chang Padrón logró sacar un manuscrito en el que denunció haber sido sometido durante 11 días a interrogatorios constantes con privación deliberada de sueño y alimentos.

El informe de Prisoners Defenders recogió también su descripción de las condiciones en Valle Grande: reclusos que duermen sobre sacos o en el suelo por falta de colchones, hacinamiento, plagas de mosquitos y chinches, escasez de agua potable y alimentación insuficiente.

Su esposa, Susana Romero, constató durante una visita el grave deterioro físico del preso, quien no pudo ingerir los alimentos que ella le llevó.

Dos adolescentes en una prisión de máxima seguridad para adultos

Prisoners Defenders también alertó sobre la situación de dos menores de edad recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.

Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece en la enfermería del penal tras contraer hepatitis durante su encarcelamiento. Las autoridades se han negado a trasladarlo a un hospital. Sus familiares denuncian deterioro físico, pérdida de peso, picaduras de insectos y agresiones físicas por parte de funcionarios penitenciarios.

Por su parte, Jonathan David Muir Burgos, también menor de edad, fue detenido el 16 de marzo de 2026 en Morón, Ciego de Ávila, en el contexto de protestas por falta de servicios básicos. Acusado del presunto delito de “Sabotaje”, fue trasladado sin previo aviso a Canaleta el 2 de abril. Desde entonces, según su padre, el adolescente se encuentra desesperado, sometido a tratos crueles e inhumanos, obligado a dormir en colchones infestados de chinches y sin atención médica pese a padecer hipoglucemia e inmunodeficiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 24 de abril de 2026 mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.

Familiares de ambos adolescentes denunciaron que las autoridades intentaron obligarlos a firmar declaraciones falsas para incriminarse.

La lista de los 2.010 indultados, sin presos políticos

El 25 de mayo, el régimen cubano publicó mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria Especial No. 11 un listado de 2.010 presos beneficiados con medidas de excarcelación, presentado como un “gesto humanitario y soberano”.

Tras analizar los nombres, Prisoners Defenders constató que solo dos personas podían identificarse como presos políticos documentados por la organización: Iván Leydis Acosta Matos y Kevin Lay Laureiro Rojas. El primero, pese a figurar oficialmente en la lista, continúa privado de libertad. El segundo sería el único preso político cuya excarcelación efectiva se habría producido, aunque bajo fuertes amenazas.

El contexto de los 1.281

Con datos cerrados al 31 de mayo, la lista de Prisoners Defenders incluye 769 Convictos de Conciencia, 475 Condenados de Conciencia y 37 casos de Otros Presos Políticos.

En los últimos 12 meses —del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026— se sumaron 240 nuevos presos políticos, un promedio de 20 al mes. Desde el 1 de julio de 2021, Cuba ha totalizado 2.076 presos políticos en sus cárceles en menos de cinco años.

De los 1.281 presos actuales, 147 son mujeres y 34 fueron detenidos siendo menores de edad. Un total de 217 manifestantes fueron condenados por sedición con una pena media de 10 años de privación de libertad.

Las noches en Cuba se volvieron interminables en pleno inicio del verano. La población cubana enfrenta cortes de electricidad cada vez más extensos, una situación que golpea con fuerza a hogares, hospitales, escuelas y oficinas en las principales ciudades del país.

En la isla, la estatal Unión Eléctrica proyectó para este miércoles un déficit de hasta 2.040 megavatios frente a una demanda que rondó los 3.000 megavatios, con cortes simultáneos en el 68% del sistema durante el pico de consumo. La falta de energía afectó a hogares y servicios públicos, y forzó ajustes en salud y educación, según autoridades del régimen.

Quienes viven en barrios céntricos de La Habana relataron jornadas marcadas por el agotamiento y la imposibilidad de descansar debido a la falta de energía. Una vecina de 78 años expresó a AP que no tenía fuerzas para continuar y pidió una solución urgente. Oficinas diplomáticas y empresas buscaron alternativas para seguir funcionando: empleados trasladaron escritorios a pasillos y zonas con luz natural, mientras que el consulado de España en la Lonja del Comercio adaptó su atención al público en medio de las restricciones.

La crisis energética, que se arrastra hace cinco años, se agravó tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre sanciones a países que vendieran petróleo a Cuba. La nación caribeña necesita aproximadamente 100.000 barriles diarios de crudo para mantener en funcionamiento su infraestructura eléctrica, pero solo logró producir alrededor de 40.000. Las plantas termoeléctricas, muchas de ellas obsoletas y sin mantenimiento suficiente, dependieron del combustible para operar.

Por otro lado, los testimonios recogidos reflejaron el malestar creciente. Yamilé Rodríguez Febré, vendedora de alimentos y madre de cuatro hijos en Mayabeque, relató que su familia atravesó días enteros sin electricidad.

La falta de energía obligó a muchas familias a modificar sus rutinas y buscar alternativas para sobrellevar las altas temperaturas. Además, vecinos de varios barrios respondieron con cacerolazos nocturnos como forma de protesta.

En una comparecencia televisiva, la viceministra de Salud Carilda Peña García comunicó que cerca de 100.000 pacientes con cirugías pendientes no pudieron ser atendidos por la escasez de electricidad, incluidos unos 5.000 pacientes oncológicos. El sistema de salud afronta dificultades que repercutieron directamente en la atención médica.

Por su parte, la ministra de Educación Naima Trujillo informó que se adelantó el cierre de las clases para entre el 15 y el 30 de junio con el objetivo de proteger a estudiantes y docentes ante la imposibilidad de mantener condiciones mínimas en los establecimientos.

El clima social se tensó ante la falta de respuestas del régimen de Cuba. “Un cambio es lo que necesita este país”, afirmó Lázaro Javier Gómez, estudiante universitario de cultura física y deportes. El descontento se hizo visible en las calles, donde el hartazgo por la situación se suma a la incertidumbre sobre cuándo se restablecería el servicio eléctrico de manera estable.

Las relaciones entre la dictadura cubana y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más complejos. En esta jornada, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió a Cuba que no adquiera ni utilice armas que representen un riesgo para Estados Unidos durante una visita a la base militar en Guantánamo. Su presencia en la isla coincidió con un período de fuerte presión estadounidense, que combinó nuevas sanciones y un bloqueo petrolero contra el régimen.

“Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense. De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, dijo.

Con uniforme de camuflaje, Hegseth dirigió un discurso militar a las tropas en Guantánamo, una base que funciona desde 1903 y que, tras la Revolución de 1959, se transformó en un foco permanente de tensión entre Washington y La Habana.

“Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos. Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa. Cuba tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

(Con información de AP)

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, no descartó este miércoles una operación militar para capturar a Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba. Interrogado en Miami sobre si el Pentágono contempla un operativo similar al que el 3 de enero derrocó y detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, Hegseth respondió que “todas las opciones están sobre la mesa” y que el Departamento de Guerra estará “preparado para cualquier contingencia”. Las declaraciones se produjeron durante su visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida.

“Opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe”, afirmó Hegseth, sin aclarar si existe inteligencia concreta ni si hay un plan activo. Su lenguaje replica la estrategia de presión psicológica ensayada con Venezuela: mantener la incertidumbre sobre la respuesta militar para forzar decisiones en La Habana.

La jornada comenzó en la base naval de Guantánamo, enclave estadounidense en territorio cubano, donde Hegseth advirtió que sería “imprudente” que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar la base o el territorio continental, y que hacerlo implicaría “invitar a un tipo de confrontación que no podrían soportar”. Sobre posibles suministros de China o Rusia a la isla, Hegseth precisó que no hablaba de “inteligencia específica”, aunque reconoció que “siempre hay un riesgo”.

Las declaraciones se inscriben en una escalada sostenida desde enero. Tras la captura de Maduro, Trump impuso un bloqueo energético que cortó las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba. El impacto fue inmediato: el 13 de mayo, el ministro de Energía cubano reconoció que las reservas de combustible para las plantas eléctricas se habían agotado. Los apagones se generalizaron, aerolíneas extranjeras suspendieron vuelos y la escasez de alimentos se agravó de forma acelerada.

El 4 de junio, el Departamento del Tesoro amplió la presión con sanciones directas contra Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta —radicado en Madrid—, el coronel Alejandro Castro Espín y el nieto de Raúl Castro, Raúl Alejandro Castro Calis. También fueron designados el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y otras entidades estatales.

La visita de Hegseth se enmarca en una serie de movimientos recientes. El 29 de mayo, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, se reunió en el perímetro de Guantánamo con el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor cubano, en el primer encuentro de esa naturaleza en mucho tiempo. A principios de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, había encabezado una delegación en La Habana. La doble estrategia es clara: presión máxima en lo económico y retórico, con canales militares y de inteligencia abiertos para preservar el margen de maniobra.

Díaz-Canel respondió a las sanciones advirtiendo que “la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con la decisión de Cuba de enfrentar los peores escenarios”. En una entrevista con elDiario.es, el dictador describió tres guiones que atribuye a Washington: provocar un estallido social por asfixia económica, una intervención directa o una acción bajo pretexto humanitario. La pregunta de si Díaz-Canel podría seguir el camino de Maduro es, en sí misma, la herramienta de presión que la administración Trump mantiene deliberadamente abierta.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, durante una actividad con tropas en la base de Guantánamo, en Cuba.

El funcionario explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Según detalló, el enfoque actual apunta a identificar tanto los centros de producción como las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, en coordinación con gobiernos aliados.

“Ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”, afirmó Hegseth en su intervención ante militares estadounidenses.

“Muy pronto habrá noticias importantes desde Venezuela sobre este tema, porque contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, agregó.

El secretario de Defensa enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia, que según dijo busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, Estados Unidos impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

Hegseth señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia Estados Unidos, lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad. En su enfoque, estas organizaciones son consideradas estructuras de carácter terrorista, lo que permite ampliar los mecanismos de cooperación internacional y el nivel de intervención conjunta.

Durante su discurso, el funcionario también hizo referencia a operativos militares previos en la región y vinculó al ex dictador venezolano Nicolás Maduro con causas judiciales en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. No brindó detalles adicionales sobre esas acciones, pero las presentó como parte de una ofensiva más amplia contra redes criminales transnacionales que operan en América Latina.

La actividad tuvo lugar en el marco de una visita oficial a la base de Guantánamo, donde el secretario de Defensa mantuvo reuniones con tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Allí insistió en la necesidad de profundizar la cooperación con países aliados y de reforzar la presencia operativa en zonas consideradas estratégicas para el control de rutas ilegales.

Militares venezolanos irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras las fuerzas de seguridad venezolanas desarrollan un amplio operativo en el estado Bolívar, en el sur del país, una región rica en oro y otros minerales donde desde hace años operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Según reportes de la ONG SOS Orinoco y fuentes locales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó helicópteros artillados y efectivos en áreas como Las Claritas, Las Brisas y el denominado Kilómetro 88 para intentar recuperar el control de territorios dominados por estructuras armadas.

Los operativos se desarrollan en un contexto de disputa por el control de territorios ricos en recursos minerales, donde confluyen intereses estatales, redes ilegales y organizaciones armadas.

Entre los principales riesgos señalados figuran los desplazamientos de población, el incremento de la violencia local y la falta de información oficial sobre la magnitud de los operativos. También se ha advertido sobre la complejidad del fenómeno, debido a la combinación de actores armados, economía ilegal y presencia estatal en distintas formas.

El operativo ocurre además dos meses después de la aprobación de una nueva legislación minera destinada a facilitar la llegada de inversiones extranjeras a regiones que históricamente han estado marcadas por la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Diversos analistas consideran que el control efectivo de estas zonas es una condición necesaria para cualquier intento de expansión de proyectos mineros formales en el sur venezolano.

(Con información de EFE y Reuters)

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un bloqueo petrolero.

“Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

De otra forma “estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener”, advirtió.

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en Guantánamo, una base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en un punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

“Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth.

“Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Las palabras de Hegseth fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban.

Cuba “tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos”, señaló.

La visita de Hegseth se sumó a otros contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y autoridades vinculadas a Cuba. A finales de mayo, el principal general estadounidense responsable de las operaciones militares en América Latina visitó Guantánamo y mantuvo reuniones con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con funcionarios del régimen cubano. Esos contactos ocurrieron en paralelo al endurecimiento de las sanciones y a la creciente presión diplomática ejercida por Washington.

(Con información de AFP y EFE)

La crisis del turismo en Cuba dejó una huella profunda en las calles de La Habana Vieja, donde la presencia de extranjeros se redujo a mínimos históricos. Durante una mañana entera, solo seis turistas foráneos —provenientes en su mayoría de Latinoamérica— fueron localizados por Reuters en las zonas más emblemáticas de la capital.

El deterioro de la industria turística, golpeada por la escasez de combustible y alimentos, sumado a los cortes de energía, se refleja en hoteles y restaurantes casi vacíos y en una actividad comercial prácticamente paralizada. Quienes deciden visitar la isla en este contexto encuentran servicios limitados y una oferta cada vez más reducida, aunque algunos aún rescatan aspectos positivos de su experiencia.

En los primeros meses del año, la llegada de visitantes extranjeros apenas superó los 328.600, menos de la mitad de los registrados en el mismo periodo del año anterior y muy lejos de los niveles de 2018, cuando se alcanzó el máximo histórico de 4,75 millones. Según la agencia nacional de estadística de Cuba, la tendencia a la baja se ha acentuado tras la pandemia y ante las crecientes restricciones internacionales.

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la advertencia de represalias a empresas extranjeras que operen junto a las autoridades del régimen cubano generó un efecto dominó. Las principales cadenas hoteleras internacionales, como Melia e Iberostar, redujeron el número de establecimientos bajo su gestión, mientras que la canadiense Blue Diamond se retiró completamente.

El hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

Del mismo modo, Visa y Mastercard suspendieron operaciones en Cuba, lo que dificulta aún más la llegada y el gasto de los pocos turistas que logran alcanzar las vistas de La Habana.

Las aerolíneas también han reducido o suspendido vuelos por dificultades logísticas y de combustible. Iberia, World2Fly, Rossiya, WestJet y Air Canada figuran entre las compañías que dejaron de operar rutas hacia la isla en las últimas semanas.

Quienes logran llegar encuentran precios bajos en hoteles todo incluido —alrededor de USD 50 la noche—, pero también instalaciones deterioradas, servicios limitados y poca variedad gastronómica. Muchos extranjeros ni siquiera lo intentan: la percepción generalizada es que “los turistas tienen miedo de venir aquí”, afirmó Adianet Labrada, representante de la agencia Cubatur, quien confesó haber perdido casi todos los clientes internacionales habituales tras la reciente escalada de sanciones y tensiones políticas.

La crisis obligó a pequeños negocios privados a reinventarse o cerrar. En el café La Vitrola, situado en La Habana Vieja, su gerente Jairan Lombira se vio obligado a ofrecer descuentos del 50% para atraer a cualquier cliente, extranjero o local. “Ahora nos estamos centrando en atraer al mercado nacional mientras esperamos que las cosas mejoren”, explicó Lombira.

El fotógrafo argentino Valerio Bispuri, de paso por Santiago de Cuba, compartió una impresión sobre su experiencia: “Hay hambre, pero por lo que he visto estos últimos días, pueden salir adelante”. En ese sentido, señaló la resistencia y la solidaridad entre la gente, a pesar de la evidente escasez y las dificultades cotidianas.

El sector turístico de Cuba atraviesa uno de sus peores momentos, resultado de una combinación de factores internos. Mientras la administración estadounidense sostiene que las sanciones son necesarias para un cambio de régimen en la isla, las autoridades cubanas responsabiliza al bloqueo por la crisis estructural.

(Con información de REUTERS)

“La reserva de citas para los diferentes servicios consulares es gratuita”. El Consulado General de España en La Habana (Cuba) lo deja claro en su página web. Sin embargo, grabaciones a las que ha tenido acceso Infobae dejan claro que existe una especie de ‘puerta trasera’ para intentar acceder más rápido a los trámites que gestiona esta delegación diplomática, colapsada desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática, también conocida como ‘ley de nietos’. Basta con pagar 300 euros o 300 dólares para que te gestionen la cita de una manera más ágil. “Esto es un chiringuito muy bien armado”, señala Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM), que acaba de acudir a los tribunales de Madrid denunciando estos hechos, además de pedir explicaciones al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que depende del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Y es que precisamente, en estas grabaciones, alguien en nombre de la delegación cubana de este Consejo explica cómo conseguir un visado por residencia, que permite llegar a España con una residencia legal por cinco años. Para explicar todo este lío burocrático hay que poner un poco de contexto. El plazo para presentar las solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la ley de nietos finalizó en octubre de 2025. Pero muchos hijos mayores de los que han solicitado la nacionalidad se han quedado fuera, y por eso ahora piden visados para salir de Cuba, donde la situación económica y la amenaza de EEUU dibujan un panorama poco esperanzador. “Esto es una locura, Chiqui, una locura”, explica en estos audios una especie de gestora del Consejo que se ofrece a gestionar las citas para empezar a gestionar el visado.

“Con esta modalidad de visado se está enviando la solicitud de credenciales a Madrid y a los nueve días me mandan las credenciales de ese tipo de visado”. La credencial es una clave para solicitar la cita. “El único problema del visado es que yo no hago cita, porque esas citas las hace el informático que trabaja conmigo, que vive en La Habana. Es una locura, mija, porque todo el mundo quiere lo mismo”, señala esta especie de gestora a una ciudadana cubana que quiere una cita. “Se están cobrando esas citas, él está cobrando 300 dólares o el equivalente en euros o el equivalente en moneda nacional”. Él es un informático que se llama Julio. “Julio va a entrar al sistema (...) taca, taca, taca, para una visa de residencia por cinco años”. Pero antes necesita las credenciales. “Julio, ya tenemos credenciales de fulana. Ah, ya, bárbaro, ¿pa qué día da la cita? Tal día. Ya ese día la cita se va para La Habana, entrega su expediente y a los 15 días, le visan el pasaportico y se va cuando le da la gana y ya", explica la gestora, que no deja claro dónde trabaja Julio, el informático.

En este caso, la joven que pagó los 300 dólares consiguió la cita, pero al tramitar el visado en el consulado le dijeron que faltaba un documento. “Yo simplemente lo que hago es que regalo mis conocimientos. Armar un expediente, todo eso lo hago gratis. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajo para el Consejo de Residente Español [el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior] y yo no puedo cobrar nada", señala esta gestora cuando la joven cubana le pide explicaciones tras gastare 300 dólares. “Quién cobra eso es el informático de La Habana, que vive frente con frente al Consulado, que no tiene nada que ver nada con el Consulado de España, pero es un muchacho muy serio y es el joven que me hace todas las citas con las que yo trabajo con mis clientes. Si mi cliente quiere regalarme cien dólares, problema de ellos. Si quiere regalarme un lapicero, es problema de ellos. Pero yo no cobro nada. Quien cobra esos 300 dólares es Julio”, que no se especifica cómo consigue las citas que luego vende. “Yo llevo 16 años trabajando para el Consejo de Residente Español y yo no puedo cobrar nada, pero lo cobra él”, vuelve a repetir.

Más de 150.000 solicitudes

La ‘ley de nietos’ reconoce varios supuestos para poder registrar solicitudes: han podido acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero, y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. La verdad es que la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo. Cuántas solicitudes se registraron en La Habana hast octubre de 2025. No hay datos oficiales. Este diario ha hecho esta pregunta a Exteriores, sin respuesta. El Defensor del Pueblo habla de 115.000 hasta abril de 2025. ElDiario.es publicó en marzo de 2026 que la cifra era de 138.000.

La asociación ADEM ha presentado en Madrid una demanda contencioso-administrativa por inactividad de la administración contra el Consulado de La Habana “por vulneración sistemática de derechos fundamentales en el procedimiento de acceso y tramitación de solicitudes de nacionalidad española, y la omisión por parte de la Administración de su deber legal de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la nacionalidad”. Acusan a este consulado de una gestión “ineficaz y caótica, caracterizada por un sistema opaco, carente de garantías y de publicidad adecuada, y por una grave insuficiencia de medios humanos y técnicos. Ello ha impedido que los solicitantes obtengan las credenciales necesarias para acceder al sistema de cita previa, incluso tras más de un año y medio de intentos continuados para ejercer su derecho”.

“Las citas del consulado son gratis, pero frente al consulado se venden las citas a 300 euros. Por eso no hay citas. Ahora están llegando las credenciales solicitadas en septiembre de 2024, es decir, las claves para pedir una cita. En pleno siglo XXI. Exteriores engaña a la gente, nadie contesta cuando reclamas”, explica Estela Marina Pérez. “La mala organización, la ausencia de respuesta y la gestión deficiente del Consulado han propiciado además un mercado negro de citas y credenciales, donde terceras personas se lucran ofreciendo accesos a cambio de dinero, fenómeno directamente vinculado a la inacción institucional”, señala la demanda judicial presentada, que ha caído en el juzgado número 34 de Madrid. Este diario ha trasladado al ministerio de Asuntos Exteriores algunas cuestiones que, al cierre de esta información, no habían sido respondidas.

En septiembre de 2025, la comunidad de descendientes se personó ante la Ventanilla de Asuntos Generales del Consulado con una reclamación con más de 1.760 firmas de afectados por la inoperancia del sistema de credenciales. Nunca hubo respuesta. La asociación ADEM también ha escrito a la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior para informar a este organismo que habían presentado una petición en el Senado “solicitando una medida excepcional y temporal que permita la presentación y registro telemático de expedientes de nacionalidad sin dependencia exclusiva de cita presencial consular, especialmente para los expedientes en Cuba y Argentina”. Tampoco ha habido respuesta del Consejo. Sí del Senado, señalando que estudiará la petición.

1,1 millones en refuerzos de personal

Como ya publicó este diario, el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación firmó un contrato con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para poder tramitar todas las solicitudes que se han recibido en el consulado español en La Habana para tramitar los expedientes de nacionalidad que avala la Ley de Memoria Democrática. España ha desembolsado 1.131.295 euros para que Cuba facilite al consulado “fuerza de trabajo”. El contrato, firmado en enero de 2025, tiene una duración de 25 años. ¿Cuánto personal ha reforzado el consulado de La Habana? Desde Exteriores no hay respuesta.

“El problema no es solo el contrato. Pese a ese refuerzo, la situación de los descendientes en Cuba sigue siendo crítica: credenciales paralizadas, expedientes sin recepción efectiva, inscripciones de nacimiento demoradas, familias partidas y Anexos VII de hijos mayores atrapados en una espera humanamente insoportable”, denuncian desde ADEM. Porque aquí hay otro problema añadido, el Anexo VII. Este anexo permite que un hijo tramite con su padre la solicitud de nacionalidad, pero en realidad este proceso está fragmentando familias, ya que estos hijos no tramitan su expediente de forma paralela a la del padre. Todo lo contrario, la de los hijos se alarga, de media, 18 meses más porque se tramita como un expediente diferente que no se empieza a cumplimentar hasta que se cierra el del progenitor.

En resumen: el Anexo VII es el formulario clave que permite a los hijos de nuevos ciudadanos españoles (reconocidos por la ‘Ley de Nietos’) tramitar también su propia nacionalidad. El 3 de junio de este año, 1.268 de estos hijos presentaron en el Consulado de La Habana una petición formal para pedir que estos expedientes se agilicen con el objetivo de “que los hijos salgan conjuntamente con el progenitor y así evitar esperas de 18 y 19 meses”. Y todo ello en un contexto económico y político muy especial en Cuba, donde una grave crisis energética provoca que los apagones y restricciones, averías, limitaciones de combustible y medidas de racionamiento sean en pan de cada día. Lo que impacta de forma directa en la movilidad interna, la logística familiar y la capacidad material de comparecer presencialmente a citas, especialmente desde provincias.

La necesidad hace que la picaresca aflore. No solo se cobra por tener una cita en un consulado donde esa cita debería ser gratuita. Al haber graves problemas de movilidad, los desplazamientos al Consulado de La Habana constituyen otro tipo de negocio. Sobre todo si hay que viajar desde otras provincias. Iris, 30 años, señala a este diario que ha tenido que pagar 600 dólares por un transporte que la llevase desde su casa en Jatibonico, municipio de la provincia de Sancti Spíritus". Hay 383 kilómetros de distancia. “Una vez en el consulado, encima tuve que pagar a un colero porque había mucha demora para poder entrar antes. Todo eso para entregar mi Anexo VII. La vida en Cuba está muy, muy difícil. Necesitamos que los Anexos VI sean adelantados”, sentencia Iris.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la instalación militar, según informó el Pentágono en un comunicado. La visita se producirá en un contexto de creciente presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen cubano y tras una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios de La Habana.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el viaje incluirá encuentros con personal destacado en la Estación Naval de Guantánamo y posteriormente una visita a la sede del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ubicada en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida. El Pentágono señaló que el objetivo será “interactuar con las tropas”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la agenda del funcionario.

La visita tendrá lugar mientras Washington mantiene una política de máxima presión sobre Cuba. Durante las últimas semanas, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del régimen de la isla. Las medidas fueron justificadas por Estados Unidos como una respuesta a la situación de los derechos humanos en el país.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump endureció la política estadounidense hacia Cuba mediante nuevas restricciones económicas y diplomáticas. Entre las medidas impulsadas por Washington figura un bloqueo petrolero que incrementó las dificultades de abastecimiento energético de la isla.

El mandatario republicano contó con un importante respaldo de la comunidad cubanoestadounidense durante la campaña que lo llevó nuevamente a la presidencia. Además, expresó en reiteradas ocasiones su intención de promover cambios políticos en Cuba y cuestionó abiertamente al régimen comunista de la isla.

La Bahía de Guantánamo constituye uno de los enclaves militares más sensibles de Estados Unidos en el Caribe. La base naval permanece bajo control estadounidense desde comienzos del siglo XX y adquirió notoriedad internacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Washington instaló allí un centro de detención para sospechosos de terrorismo.

Las denuncias de abusos contra detenidos y las críticas de organizaciones de derechos humanos convirtieron a Guantánamo en uno de los símbolos más controvertidos de la denominada “guerra contra el terrorismo”. A pesar de los intentos de distintas administraciones por reducir sus operaciones, la instalación continúa activa.

En los últimos meses, Trump también buscó utilizar la base como centro de detención para migrantes sujetos a procesos de deportación, una iniciativa que formó parte de su estrategia para reforzar los controles migratorios y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular.

La visita de Hegseth se sumará a otros contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y autoridades vinculadas a Cuba. A finales de mayo, el principal general estadounidense responsable de las operaciones militares en América Latina visitó Guantánamo y mantuvo reuniones con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con funcionarios del régimen cubano. Esos contactos ocurrieron en paralelo al endurecimiento de las sanciones y a la creciente presión diplomática ejercida por Washington.

(Con información de AFP y EFE)

La policía rescató a 108 migrantes cubanos en la frontera norte de Brasil y detuvo a cinco personas acusadas de tráfico de personas. La operación, que comenzó el lunes por la tarde en el estado de Roraima, fue la mayor de este tipo registrada hasta ahora en la región. Las autoridades interceptaron a los migrantes en distintos puntos cercanos a Boa Vista después de que atravesaron la frontera terrestre desde Guyana con la promesa de ser trasladados al sur del país.

Los agentes sorprendieron a los migrantes en vehículos sin condiciones de seguridad. Según las autoridades, las rutas impuestas por los traficantes desconsideraron la seguridad y la dignidad de los migrantes, sometidos a recorridos extenuantes en automóviles sin mantenimiento adecuado.

Entre los rescatados se identificaron menores y adultos mayores. Varios relataron que llevaban días sin recibir alimento. Tras el operativo, los 108 cubanos fueron trasladados a una comisaría de la Policía Federal en Boa Vista, donde completaron trámites migratorios antes de ser liberados.

Un vocero de la Policía de Carreteras explicó a EFE que los migrantes recibieron indicaciones para dirigirse a los centros de atención de la Operación Acogida, el programa nacional de asistencia a inmigrantes que coordina la reubicación y el acceso a servicios básicos.

El flujo de migrantes cubanos en Brasil creció durante el último año. Un informe conjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que entre enero y noviembre de 2025 cerca de 18.000 ciudadanos de Cuba pidieron refugio solo en Roraima, un incremento de 400 % respecto al año anterior.

De acuerdo con el reporte anual del Ministerio de Justicia, desde 2022 el número de solicitudes de refugio de cubanos superó por primera vez al de venezolanos, con más de 40.000 peticiones registradas en 2025.

Los migrantes cubanos suelen llegar primero a Guyana, que no exige visado a los ciudadanos de la isla, y después cruzan hacia Brasil por la frontera entre Lethem y Bomfim. Aquellos con más recursos optan por volar hasta grandes ciudades como Sao Paulo, mientras que quienes carecen de medios atraviesan rutas terrestres y se asientan temporalmente en los estados amazónicos de Amapá y Roraima.

Estas dos regiones concentran casi 60 % de los lugares de residencia de migrantes recién llegados.

La crisis migratoria de Cuba se intensificó por el agravamiento de la situación económica en la isla. Desde comienzos de año, la escasez de hidrocarburos agravó la emergencia humanitaria, especialmente tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, proveedor clave de crudo para el régimen cubano.

El impacto de esta crisis se reflejó en la vida cotidiana: hospitales, centros de abastecimiento de agua y escuelas modificaron sus servicios por dificultades logísticas. La caída total del sistema eléctrico nacional profundizó la vulnerabilidad de la población.

(Con información de AP y EFE)

Los patios de colegio en La Habana están extrañamente silenciosos este junio. Sin transporte ni alimentos para los comedores, el fin del curso escolar se ha adelantado a la fuerza por la intensificación de la crisis.

“Soy abuela de un niño de 10 años y ya estamos disfrutando de estas vacaciones apresuradas”, señala escéptica a EFE Amalia Acosta, de 65 años, mientras recorre a media mañana con su nieto el Paseo del Prado, en La Habana Vieja.

Con los padres trabajando, Acosta ha quedado al cuidado del infante. Explica que “desafortunadamente” las evaluaciones finales tuvieron que adelantarse y se realizaron en un contexto muy complicado, pues “no había corriente” ni conexión a internet para “buscar la información”. “La afectación fue bien seria”, remata.

Su caso no es una excepción. Por las calles de Cuba se ven estos días, desde primera hora de la mañana, a niños de la mano de familiares saliendo a cumplir mandados, acompañando a sus padres en el trabajo o jugando a fútbol y pelota en plena calzada con amigos del barrio.

La ministra de Educación, Naima Trujillo, explicó recientemente que el fin de curso debía adelantarse en el actual contexto y que se llevaría a cabo “de forma gradual del 15 al 30 de junio” por la crisis energética. Pero parece que la realidad se ha impuesto de forma acelerada.

La crisis energética, que comenzó a mediados de 2024, se ha agravado en los últimos meses de la mano del bloqueo petrolero de EEUU. La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5% este ejercicio (tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos).

El transporte público ha desaparecido. Las basuras se acumulan en las calles sin equipos de recogida. La industria no produce. Los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y las oficinas gubernamentales están en modo contingencia.

La educación, uno de los pilares de los beneficios sociales que ofrecía el sistema cubano de forma universal y gratuita, no podía ser ajeno al profundo deterioro general.

“No hay luz, no hay agua, no hay nada”, asegura a EFE Norki Rigondeaux, una habanera de 57 años al recoger antes de tiempo a su nieto en una escuela primaria de la capital cubana. “No se puede dar (clase) así”, zanja.

Algunos padres explican que los apagones -de hasta 22 horas al día en La Habana y peores aún en el resto del país- impiden dormir en condiciones a los niños, especialmente con el calor, lo que hace difícil la asistencia a la escuela al día siguiente.

Rigondeaux explica que muchas veces los educadores “llegan tarde por el problema del transporte”, si es que no desaparecen a medio curso porque se marchan del país y hay que sustituirlos, como le sucedió a la clase de su nieto, de primer grado.

Según cifras recopiladas por EFE al inicio del actual curso escolar en septiembre pasado, ninguna provincia de la isla alcanzó una cobertura docente del 100% y en algunos lugares, como Sancti Spíritus (centro) y La Habana, las autoridades no lograron cubrir una de cada tres plazas de profesor.

De fondo late el problema de las bajas retribuciones del sector. El salario medio es de unos 5.600 pesos (equivalente a casi 46 dólares con la tasa oficial, pero apenas 9 en el cambio informal), según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), por debajo del promedio del sector estatal, de 6.930 pesos mensuales.

Una generación en riesgo

La situación del sistema educativo cubano ha encendido las alarmas de organismos internacionales como la Unesco, que ya advirtió sobre un riesgo sistémico para el aprendizaje y el futuro de toda una generación en la isla.

La directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, alertó el pasado 29 de mayo, que “la educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética” y “esto dificulta que docentes y estudiantes asistan a clases, aprendan eficazmente y disfruten de una vida social normal con sus amigos”.

Recalcó que, en ese contexto, se “pone en peligro el futuro de toda una generación, con consecuencias a largo plazo”, y advirtió que ese porvenir debe “protegerse por el bien de todos”.

(EFE)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 332 acciones represivas en la isla durante mayo, según un informe enviado a Infobae por la organización. De ese total, 55 correspondieron a distintos tipos de detención y 277 a otras formas de abuso por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Además de las detenciones arbitrarias, las violaciones más frecuentes fueron el sitio policial de viviendas de activistas, con 79 casos documentados; los abusos contra presos políticos y comunes, con 58 registros; la interrupción de comunicaciones, con 43 casos; y una serie de hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.

Las provincias con mayor concentración de acciones represivas fueron La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín.

A comienzos de mayo, las detenciones afectaron a figuras conocidas del activismo y la sociedad civil. Entre los arrestados figuraron Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco; Ángel Juan Moya Acosta, ex preso político; Yoan de la Cruz, joven que grabó una de las primeras manifestaciones del 11 de julio de 2021; el periodista colombiano Daniel Maldonado; y el activista Alexei Martínez Rojas, detenido en Camajuaní, Villa Clara.

El pasado 15 de mayo, en Matanzas, fue arrestada la dermatóloga Sordey Ballester Horta, presuntamente por fotografiar un cartel con consignas críticas contra la dictadura. Ese mismo día, en La Habana, las autoridades detuvieron a Amanda Reyes Moreno y Lusmari Reyes Moreno.

Entre el 19 y el 22 de mayo se produjo una ola represiva vinculada a protestas en la provincia de Holguín. El OCDH identificó a diez detenidos en ese contexto: Eusebio Martínez Matos, Braulio Cuenca, Jenny Moré, Jaime Bosch, José Alberto Linnet Ramírez, Yaquelín Thope Infante, Yamilka Mora, Israel Espinosa Thope, Léstor Osvaldo Martínez Vázquez y Rafael Batista Infante, la mayoría señalados por su presunta participación o vinculación con las manifestaciones.

El 20 de mayo fueron arrestados el ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva y el activista Fidel Mojena. Al día siguiente se reportó una nueva detención de Erick Alain Chang Padrón, trasladado al centro de procesamiento penal de Villa Marista.

También quedaron bajo arresto Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, opositor y miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), y Pedro Sáez en Villa Clara, este último en el marco de una manifestación en el municipio de Corralillo.

El observatorio documentó además el impedimento de salida del país contra la doctora Alina Bárbara López Hernández, codirectora de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), quien tenía previsto asistir al congreso anual de dicha entidad.

Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, advirtió que “el régimen aleja cada vez más a Cuba de un escenario de transición pacífica y la encamina hacia el colapso total”.

“El aumento de la represión y la ausencia de acciones para aliviar la extrema pobreza de la gente, son un portazo a las peticiones de cambios reales en Cuba”, añadió.

El activista también lanzó una pregunta directa a la dictadura de Díaz-Canel: “¿Por qué no comenzar un proceso de cambios políticos, económicos y sociales medibles, abierto a todos los sectores de la sociedad cubana y del exilio?”.

El pedido a la Unión Europea de crear un fondo internacional de reparación a las víctimas

La semana pasada, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante las autoridades de la Unión Europea (UE) una solicitud formal para la creación de un “Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano“, financiado con los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior.

La petición, acompañada de un informe institucional, fue dirigida a las principales instituciones comunitarias, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó el OCDH en una nota enviada a Infobae.

La propuesta parte de una premisa que el observatorio describe de tan sencilla como incontestable: los bienes expoliados al pueblo cubano deben servir para reparar a ese mismo pueblo.

“Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización y ex prisionero de conciencia. El contraste es brutal: mientras el conglomerado militar GAESA —que se estima controla entre el 40 y el 70% de la economía cubana— acumula activos en el exterior, el salario medio en la isla no alcanza los 10 dólares al mes.

Desde 1959, el régimen cubano confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en esa estructura militar opaca, recordó el informe; al tiempo que remarcó que el Departamento de Estado norteamericano cifra en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de GAESA depositados en cuentas exteriores.

La iniciativa del OCDH se inscribe en el nuevo escenario creado por las recientes acciones de Washington: la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado, que amplió el programa de sanciones sobre Cuba e introdujo el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades bloqueadas; y la designación de GAESA, su filial Moa Nickel S.A. y la presidenta ejecutiva del conglomerado, Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos el 7 de mayo, con el consiguiente bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

“Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas”, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, subrayó que la UE ya dispone de todos los mecanismos jurídicos necesarios para atender la solicitud, pero que hasta ahora ha carecido de voluntad política para activarlos.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el lunes por la tarde las aguas al oeste de Cuba y se sintió en todo el estado de Florida, desde Tampa y Orlando hasta Miami, con consecuencias directas: evacuaciones de edificios, cortes en el transporte público y cientos de llamadas de emergencia.

El epicentro se ubicó a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a aproximadamente 605 kilómetros de Miami, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Fue el segundo sismo más fuerte jamás registrado en el Golfo de México, superado solo por uno ocurrido en 1959.

Evacuaciones, cortes de tren y llamadas de emergencia en Miami

La ciudad de Miami activó sus protocolos de respuesta tras recibir múltiples llamadas de servicio. “La Ciudad de Miami tiene conocimiento de un terremoto de magnitud 6,1 ocurrido frente a las costas de Cuba”, informó el municipio en un comunicado citado por CBS News Miami. “La actividad sísmica resultante se sintió en varias zonas de la ciudad”.

El Cuerpo de Bomberos de Miami atendió cada incidente reportado. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves ni daños estructurales de consideración.

El sismo también interrumpió el transporte público en el centro de la Ciudad del Sol. El condado de Miami-Dade suspendió los servicios de Metrorail y Metromover tras la evacuación del Centro Stephen P. Clark por reportes de temblores en el edificio.

Ambos servicios se reanudaron horas después.

Una residente describió la evacuación en South Dadeland

En South Dadeland, al menos un edificio fue evacuado minutos antes de las 2:30 p.m. tras sentirse los temblores en su interior. María Torrado, una de las ocupantes, relató a CBS News Miami la experiencia: “Sentimos como un temblor y dijimos, ‘¿qué fue eso?’ Luego escuchamos una alarma que ordenaba evacuar el edificio".

Torrado agregó que una gran presencia policial y de bomberos se apostó en el lugar durante la evacuación y que los ocupantes permanecieron afuera aproximadamente 45 minutos antes de poder regresar.

Residentes de Palm Beach, Hollywood y Tampa también compartieron videos en redes sociales con plantas y dispensadores de agua moviéndose. En Siesta Key, una persona reportó escuchar el tintineo de copas dentro de un armario.

Desde el área de Sarasota, un vecino describió a WWSB su confusión inicial: “De repente el piso empezó a temblar un poco y le grité a mi hijo que dejara de saltar, hasta que vi que el chinero también se sacudía”.

Por qué el sismo fue inusual para Florida

El USGS subrayó que los temblores perceptibles son poco frecuentes en Florida. “El temblor del reciente sismo M6,1 frente a las costas de Cuba se sintió en Florida, donde los terremotos no se perciben habitualmente”, publicó el organismo en X.

La razón geológica: el sismo ocurrió sobre la placa norteamericana, que se extiende por el Golfo y hacia el Atlántico occidental. A diferencia de la placa del Caribe —donde se concentra la actividad sísmica de Haití, República Dominicana y el este de Cuba—, esta zona no tiene líneas de falla conocidas activas en superficie.

Un representante del Servicio Meteorológico Nacional explicó a WWSB que “los sismos intraplaca como este, que no están sobre una falla conocida, pueden comportarse de forma diferente a los que sí lo están”.

Sin riesgo de tsunami ni daños en Cuba

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó de inmediato cualquier amenaza de ola en la costa del Golfo. Los tsunamis son poco probables en esa zona porque no hay placas tectónicas que converjan en la región.

En Cuba, el temblor se sintió con fuerza en el occidente de la isla. Flavia Pupo, gerente de un hotel en Pinar del Río, dijo a The Associated Press que el sismo asustó a las personas del área, aunque aclaró: “Todos aquí están bien. La gente en la calle está un poco asustada”.

Las autoridades no informaron heridos ni daños materiales de inmediato en territorio cubano.

El sismo de magnitud 6.1 registrado este lunes en el occidente de Cuba generó momentos de tensión en distintos municipios de Quintana Roo, donde el movimiento fue perceptible para habitantes, trabajadores y turistas.

Tras la activación de protocolos de seguridad y una evaluación preliminar de las autoridades, la gobernadora Mara Lezama confirmó que no existen daños reportados ni riesgo de tsunami para las costas del estado.

Sismo en Cuba activa protocolos de emergencia en Quintana Roo

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el occidente de Cuba, a una distancia aproximada de entre 242 y 250 kilómetros de las costas quintanarroenses.

Aunque inicialmente se manejaron distintas estimaciones sobre su intensidad, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó la magnitud oficial a 6.1.

La sacudida fue percibida en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, donde se activaron de manera inmediata los protocolos de Protección Civil para garantizar la seguridad de la población.

Mara Lezama confirma saldo blanco y descarta afectaciones

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la gobernadora Mara Lezama informó que, tras las primeras inspecciones, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales derivados del fenómeno.

Explicó que las autoridades realizaron verificaciones en aeropuertos, plazas comerciales, edificios públicos, zonas turísticas e infraestructura estratégica.

Asimismo, destacó que las operaciones aéreas continuaron con normalidad y que los servicios de salud tampoco reportaron incidentes.

La mandataria señaló que, como parte de los protocolos preventivos, se llevaron a cabo evacuaciones temporales en edificios de Playa del Carmen, Cancún y Chetumal, cuyos ocupantes posteriormente regresaron a sus actividades habituales una vez concluidas las revisiones correspondientes.

Evacuaciones preventivas generan momentos de tensión en Cancún

El temblor tomó por sorpresa a residentes y visitantes en varios puntos del estado. En Cancún, trabajadores de oficinas, plazas comerciales y algunos hoteles fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad de los inmuebles.

Además de Cancún, habitantes de Playa del Carmen, Chetumal e incluso algunas zonas de la península reportaron el movimiento de lámparas, puertas y ventanas, situación que generó preocupación entre la población debido a que los sismos no son fenómenos frecuentes en Quintana Roo.

Datos relevantes sobre el sismo

• Magnitud oficial: 6.1 grados.
• Epicentro: occidente de Cuba, cerca de Mantua.
• Profundidad: 33 kilómetros.
• Municipios donde fue perceptible: Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.
• Se realizaron evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.
• No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.
• Aeropuertos, hospitales y servicios estratégicos operaron con normalidad.

Autoridades descartan alerta de tsunami para el Caribe mexicano

Uno de los principales temores tras el movimiento telúrico fue la posibilidad de un tsunami.

Sin embargo, Mara Lezama aseguró que las instancias especializadas descartaron cualquier riesgo para las costas quintanarroenses.

La gobernadora precisó que la información oficial confirma que no existe peligro de oleaje anómalo asociado al sismo, por lo que la población puede mantenerse tranquila respecto a este escenario.

Llaman a evitar rumores y seguir información oficial

Ante la circulación de versiones no confirmadas en redes sociales, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales.

Mara Lezama advirtió que durante las horas posteriores al sismo podría difundirse información falsa o imprecisa, por lo que pidió atender exclusivamente los reportes emitidos por Protección Civil y las dependencias competentes.

Finalmente, reiteró la recomendación de realizar revisiones preventivas en viviendas y reportar cualquier posible afectación al número de emergencias 911, mientras continúan las labores de monitoreo en todo el estado.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, Quintana Roo mantenía saldo blanco y operación normal en sus principales servicios e instalaciones.

Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este lunes en el extremo occidental de Cuba, según datos difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro fue localizado a unos 104 kilómetros de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución.

“Al principio solo sentí mareo; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había experimentado algo así”, relató Carmel Delgado, una economista de 47 años.

“Pero en cuanto nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápidamente”, añadió.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de magnitud, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto.

El temblor también se sintió fuera de Cuba

Además de los reportes provenientes de distintas provincias cubanas, residentes de varios puntos del sur de Estados Unidos informaron haber sentido el movimiento.

En el estado de Florida, hubo testimonios de personas que percibieron el temblor en ciudades como Miami, Fort Lauderdale, Orlando y otras localidades de la costa del Golfo.

En la zona de Orlando, operadores de complejos turísticos y parques temáticos activaron procedimientos preventivos habituales para este tipo de situaciones. Algunas atracciones fueron detenidas temporalmente mientras se realizaban verificaciones de rutina, aunque no se reportaron incidentes ni daños.

Las repercusiones del sismo también llegaron a México. Habitantes de Cancún y otros puntos de la costa caribeña mexicana señalaron haber percibido movimientos leves. Ante los reportes, organismos de protección civil y autoridades locales realizaron tareas de seguimiento y monitoreo, sin detectar afectaciones relevantes.

Antecedentes sísmicos en la región

Aunque la mayor parte de la actividad sísmica de Cuba se concentra habitualmente en el este del país, el extremo occidental también ha experimentado terremotos de importancia a lo largo de su historia.

Los especialistas consideran que las provincias occidentales presentan una frecuencia menor de movimientos telúricos en comparación con las zonas cercanas a la falla Oriente, ubicada en el sureste de la isla. Sin embargo, varios eventos registrados en los últimos años demuestran que esa región también puede verse afectada por sismos de magnitud considerable.

Uno de los episodios más relevantes de los últimos tiempos ocurrió en abril de 2020, cuando un terremoto de magnitud 6,0 se produjo cerca de la costa sur de Pinar del Río. El movimiento fue percibido en distintas localidades del occidente cubano, aunque no dejó daños significativos.

Poco más de un año después, en junio de 2021, otro sismo, esta vez de magnitud 5,1, provocó evacuaciones preventivas en instalaciones públicas de la provincia de Artemisa y generó afectaciones menores en algunas estructuras.

Más recientemente, en febrero de este año, un fuerte terremoto en el mar Caribe fue percibido en una amplia franja del territorio cubano, desde el centro hasta el oeste de la isla. En aquella oportunidad las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no se reportaron consecuencias materiales de relevancia.

El temblor registrado este lunes se suma además a otro evento de gran intensidad ocurrido en marzo en el oriente del país, lo que convierte a 2026 en uno de los años con mayor actividad sísmica reciente en Cuba.

Los registros históricos muestran que los terremotos de magnitud moderada no son desconocidos para el occidente cubano. De hecho, uno de los eventos más recordados en esa región ocurrió a fines del siglo XIX y alcanzó una magnitud estimada cercana a 6,0, según datos recopilados por el sistema sismológico nacional.

Actualmente, la vigilancia de este tipo de fenómenos está a cargo de la red de monitoreo sísmico del país, que mantiene coordinación con los organismos de protección civil para evaluar riesgos y activar protocolos de respuesta cuando se producen movimientos de magnitud significativa.

(Con información de AFP y Reuters)

Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada con apenas un par de horas de energía eléctrica, debido a apagones que, en el horario de mayor demanda (tarde-noche), afectarán al 65% del país, según la Unión Eléctrica (UNE), con datos elaborados por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

Los cubanos, en especial en La Habana, disponen a diario de un máximo de cuatro horas de electricidad. En otras regiones, los cortes alcanzan hasta dos días consecutivos. El régimen cubano ha reconocido que la situación es “crítica”.

La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para las horas de la tarde-noche una capacidad de generación de 1.090 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW. El déficit será de 1.960 MW y la afectación estimada, es decir, la energía efectivamente desconectada para evitar apagones desordenados, alcanzará los 1.990 MW.

La obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de uso y falta de inversiones, provoca averías frecuentes en la mayoría de las unidades de generación. Este sábado, siete de las 16 unidades no aportan energía. Entre ellas está la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que volvió a desconectarse la víspera del Sistema Electroenergético Nacional por una avería, la quinta en poco más de un mes y la decimotercera en 2026. Esta central representa el 40% del mix energético, no está afectada por el bloqueo petrolero de EEUU y utiliza crudo nacional.

Otro 40% del mix energético depende de la generación distribuida (motores a diésel y fueloil), sector que sí resulta afectado por el bloqueo petrolero estadounidense, lo que ha obligado a interrumpir su funcionamiento por falta de materia prima.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, especialmente energía solar, impulsada con apoyo de China.

Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40.000 se obtienen de producción nacional.

Otra cadena hotelera internacional rompió con el conglomerado militar GAESA

En otro orden, el hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

El medio especializado Reportur informó que la firma de Turquía dio a conocer la decisión en una comunicación interna enviada a agentes de ventas y turoperadores.

“Por medio de la presente, la cadena ATG, en su condición de gestor, les notifica formalmente el cese inmediato de todos los contratos de administración y comercialización del hotel propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, S.A., gestionado por nuestra entidad bajo la marca y nombre Selectum Family Resort Varadero”, indicó la firma.

“En consecuencia, a partir del 4 de junio de 2026, los contratos de reservas de plazas hoteleras suscritos por la cadena ATG para las temporadas venideras, en relación con la propiedad quedan concluidos y dejan de surtir efecto”, añadió.

ATG expresó “nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestros socios comerciales que nos acompañaron a lo largo de estos tres años de gestión. Aunque ha sido un ciclo breve, ha resultado una etapa sumamente productiva y exitosa, logrando un posicionamiento excepcional para Selectum Family Resort Varadero, gracias al respaldo y la confianza que depositaron en nuestro equipo”.

ATG se sumó así a las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond Resort y la indonesia Archipelago, cuya marca Aston operaba instalaciones en la isla.

El hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

El medio especializado Reportur informó que la firma de Turquía dio a conocer la decisión en una comunicación interna enviada a agentes de ventas y turoperadores.

“Por medio de la presente, la cadena ATG, en su condición de gestor, les notifica formalmente el cese inmediato de todos los contratos de administración y comercialización del hotel propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, S.A., gestionado por nuestra entidad bajo la marca y nombre Selectum Family Resort Varadero”, indicó la firma.

“En consecuencia, a partir del 4 de junio de 2026, los contratos de reservas de plazas hoteleras suscritos por la cadena ATG para las temporadas venideras, en relación con la propiedad quedan concluidos y dejan de surtir efecto", añadió.

ATG expresó “nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestros socios comerciales que nos acompañaron a lo largo de estos tres años de gestión. Aunque ha sido un ciclo breve, ha resultado una etapa sumamente productiva y exitosa, logrando un posicionamiento excepcional para Selectum Family Resort Varadero, gracias al respaldo y la confianza que depositaron en nuestro equipo”.

ATG se sumó así a las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond Resort y la indonesia Archipelago, cuya marca Aston operaba instalaciones en la isla.

Las dos primeras siguen administrando hoteles en Cuba, junto a las estatales Gran Caribe y Cubanacán, pero las demás suspendieron sus acuerdos con GAESA en anticipación a la posible imposición de sanciones a partir del 5 de junio, fecha tope dada por Estados Unidos para que las compañías extranjeras rompan sus negocios con la firma del régimen de La Habana.

Contabilizando los hoteles dejados por Meliá e Iberostar esta semana, el sector hotelero español perdió en apenas un año 32 de los 70 hoteles que gestionaban en la isla, un 45% del total de inmuebles operados, según apuntaron Reportur y Diario de Cuba.

ATG Hotels —también conocido como ATG Global o Selectum Hotels— es un grupo hotelero y agencia de viajes corporativos con sede en Turquía y presencia en más de 70 países, reconocido por gestionar resorts de lujo, estancias familiares en el Mediterráneo y destinos vacacionales globales.

Afiliada a la empresa ATG Global, con sede en Ohio, la firma había ganado en 2024 el contrato de administración del aún por inaugurarse Hotel Corona, ubicado en La Habana frente al Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial.

ATG Hoteles, cuyo propietario es el turoperador Anex Tour, operaba anteriormente el Selectum Family Resort Santa María, ubicado en el cayo del mismo nombre al norte de Villa Clara, además del Selectum Varadero.

El Grupo de Turismo Gaviota cuenta con más de 120 hoteles y villas en toda Cuba, con más de 45.000 habitaciones operativas, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la capacidad de alojamiento turístico del país.

La salida de las firmas extranjeras del mercado cubano deja a Gaviota sin comercializadores clave, en un golpe definitivo para los ingresos del régimen.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó elogios a Raúl Castro, quien realizó su primera aparición pública tras la imputación de cargos penales contra Castro en Estados Unidos, durante el homenaje celebrado en el Teatro Karl Marx de La Habana por el 95 cumpleaños del exgobernante y el aniversario número 65 de la fundación del Ministerio del Interior (MININT).

En el transcurso de su presentación como presidente del Consejo de Defensa Nacional, Díaz-Canel vinculó ambos aniversarios y recordó que la creación del MININT responde a una idea concebida por Castro en la guerrilla del Segundo Frente. “Dos aniversarios nos convocan hoy”, señaló el mandatario, quien destacó la influencia de Castro en la seguridad del Estado cubano.

Buena parte de la intervención de Díaz-Canel se centró en exaltar la figura del dictador, a quien describió como “jefe militar, dirigente político de talla internacional, compañero de luchas, familiar cercano y hombre imprescindible de la Revolución”.

En ese sentido, argumentó que la singularidad del ex gobernante “ocupa un lugar distinguido en la digna y enaltecedora historia de la nación cubana por la suma de valores humanos que lo distinguen”.

La reaparición de Castro contrastó con su ausencia en el acto de la Tribuna Antiimperialista del 22 de mayo, organizado en su homenaje, lo que provocó especulaciones sobre su salud en redes sociales. El homenaje se enmarca en una campaña de respaldo institucional lanzada por el régimen tras conocerse los cargos estadounidenses, que incluyó tribunas en varias provincias y una convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Díaz-Canel se refirió manera implícita los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 20 de mayo de 2026. “Ni campañas enemigas ni falsas acusaciones demeritan su larga hoja de servicios a la patria”, declaró ante el auditorio.

La acusación federal imputa a Castro cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho que causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Miguel Díaz-Canel también se refirió a los supuestos intentos de asesinar a Castro a lo largo de su vida. Sostuvo que el hombre de 95 años “significa heroísmo, dignidad y es escudo moral. Significa haber derrotado varios intentos de asesinarlo porque su coraje y su lealtad lo convirtieron desde muy temprano en un objetivo de los servicios de inteligencia enemigos y de los mercenarios entrenados y financiados por ellos”. Cerró su intervención con la consigna: “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca”.

Raúl Castro, quien cumplió 95 años el 3 de junio, asistió al acto y recibió una prolongada ovación al ingresar al teatro, en una reaparición pública políticamente significativa para el régimen. Mientras tanto, afuera del auditorio, los cubanos enfrentan una crisis económica caracterizada por prolongados apagones, escasez generalizada de agua y petróleo y una emigración masiva sin precedentes.

La fiscalía federal del sur de la Florida informó que ya puso en marcha procedimientos para intentar llevar a Raúl Castro ante una corte estadounidense, tres décadas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En declaraciones a Telemundo 51, la fiscal federal Yara Klukas aclaró el pasado martes que el proceso judicial “no es simbólico” y subrayó que existe una orden de arresto contra el dictador cubano y otros pilotos vinculados al caso.

Según Klukas, el rumbo de la investigación cambió cuando las autoridades federales detuvieron en Estados Unidos al ex piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, condenado en Florida a siete meses de prisión por fraude migratorio. La funcionaria explicó que esta detención permitió abrir una nueva fase investigativa y reactivar un expediente que había quedado sin avances tras el cierre de otras pesquisas relacionadas con Cuba.

La fiscal, segunda en la jerarquía de la fiscalía federal del distrito sur de la Florida, señaló al medio que la causa cobró impulso durante la administración del presidente Donald Trump y el fiscal federal Jason Reding Quiñones. Según su testimonio, Reding Quiñones ordenó revisar todos los expedientes relacionados con Cuba al asumir el cargo y detectó que quedaban pocas investigaciones activas.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la reincorporación de Miguel Díaz-Canel a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos miembros de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del ex gobernante cubano.

El comunicado oficial del Tesoro detalló que también fueron incluidas en la lista negra cinco entidades cubanas. Entre ellas se encuentra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), señalado como una de las instituciones con mayor influencia en el aparato estatal de Cuba. A este organismo se suman los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa Minera La Victoria S.A. y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A..

Entre los cubanos que pensamos en una transición democrática surge una duda legítima: ¿por qué restaurar la Constitución de 1940 y no la de 1901? La pregunta merece respeto, especialmente después de casi siete décadas de comunismo, durante las cuales términos como “derecho al trabajo”, “vivienda”, “salud” o “función social de la propiedad” fueron convertidos por el régimen en consignas de control, coartadas antiliberales y mecanismos de subordinación del ciudadano al Estado.

Esa preocupación la discutí recientemente, a propósito de mi artículo sobre la Constitución de 1940 publicado en este medio, con dos amigos: el escritor Vicente Echerri y Manuel Wong (@takechi9810), cubano libertario, activo en redes sociales y comprometido con la defensa de las ideas de la libertad. Ambos, desde experiencias y sensibilidades distintas, aunque coincidentes en lo esencial, expresaron reservas hacia la Constitución de 1940 por su contenido social.

El temor es comprensible. Los llamados “derechos positivos”, cuando no tienen límites claros, pueden servir para expandir el poder del Estado, erosionar la propiedad privada y subordinar las libertades individuales a supuestas metas colectivas. Después del desastre comunista, desconfiar del estatismo no solo es legítimo: es saludable. Pero una cosa es desconfiar del estatismo y otra confundir la Constitución de 1940 con el constitucionalismo socialista del castrismo.

La Constitución de 1901 fue liberal clásica: nació con la República, bajo fuerte influencia norteamericana, para fundar instituciones, separar poderes, proteger la propiedad privada, el habeas corpus, la libertad de prensa y de religión, la igualdad ante la ley y los límites al poder. Fue el acta institucional del nacimiento republicano. Debe ser honrada como tal. Pero no fue el último pacto constitucional legítimo de la Cuba libre.

Ese lugar corresponde a la Constitución de 1940.

La Constitución de 1940 no rompió con la tradición liberal de 1901: la actualizó. Conservó separación de poderes, Congreso bicameral, Poder Judicial independiente, libertades fundamentales y reconocimiento de la propiedad privada. Incorporó, sí, derechos sociales propios del siglo XX: protección laboral, familia, educación, seguridad social, sindicalización, jornada de ocho horas y salario mínimo. Eso puede discutirse desde el liberalismo clásico, pero no la convierte en una constitución socialista.

La diferencia entre constitucionalismo social y socialismo constitucional es decisiva. La Constitución de 1940 reconocía derechos dentro de una república plural. Las constituciones castristas de 1976 y 2019 subordinan la propiedad, la economía, la sociedad y el ciudadano al proyecto socialista y al Partido Comunista. La Constitución de 1940 buscaba limitar el poder. Las constituciones castristas buscan blindarlo. Ahí está el abismo entre una república imperfecta y una dictadura ideológica.

Por eso sería un grave error intentar “reformar” las constituciones de 1976 o 2019 como punto de partida para una Cuba libre. Esos textos no son constituciones republicanas defectuosas, sino instrumentos jurídicos de dominación totalitaria. Fueron concebidos para consagrar el monopolio político del Partido Comunista, no para proteger al ciudadano frente al poder. Pretender reciclarlos sería aceptar que la legalidad castrista tiene alguna continuidad legítima con la República cubana. No la tiene.

Tampoco parece prudente abrir, en medio de una transición frágil, una competencia constituyente desde cero, dominada por grupos de interés, figuras coyunturales o actores sin el conocimiento histórico, jurídico y republicano que exige una tarea de esa magnitud. Una constitución no debe ser el experimento de una facción ni el manifiesto de una generación ansiosa de fundar el país a su imagen. Mucho menos cuando Cuba ya posee una base legítima, plural, republicana y anterior al secuestro totalitario.

Ahí radica la superioridad política e histórica de la Constitución de 1940. No fue redactada en un laboratorio ideológico ni impuesta por una camarilla. Nació de un proceso constituyente real, plural y cubano. Reunió sensibilidades distintas y produjo un pacto nacional amplio, con legitimidad republicana. Fue quebrada por Batista en 1952, restituida formalmente, aunque de modo limitado, en 1955, y finalmente traicionada por Castro después de 1959. La legalidad que debía restaurarse plenamente al caer Batista no era la de 1901, sino la de 1940. Esa fue la promesa que el castrismo invocó y luego enterró.

Restaurar la Constitución de 1940 no significa aceptar sin reservas cada uno de sus artículos. Significa reconocer el punto exacto donde la historia constitucional cubana fue interrumpida. Una nación que sale de una dictadura no debe actuar como si naciera de la nada. Debe preguntarse dónde fue rota su legalidad y desde dónde puede reconstruirla. En el caso cubano, ese punto no es 1901, aunque 1901 sea un antecedente glorioso. Ese punto es 1940.

Esto no excluye reformas; al contrario, las exige. La Constitución de 1940 debe restaurarse como base simbólica, jurídica e institucional, pero revisarse con prudencia. Sus derechos sociales deben armonizarse con economía libre, propiedad robusta, descentralización, responsabilidad fiscal y límites estatales. Trabajo no puede significar empleo obligatorio; protección social no debe convertirse en dependencia política; función social de la propiedad no puede justificar confiscaciones; justicia social no puede servir de caballo de Troya contra la libertad individual.

La restauración de la Constitución de 1940 debe entenderse como punto de partida, no como punto de llegada. Primero, restablecer la continuidad republicana. Luego, mediante procedimientos legítimos, reformar, actualizar y blindar el texto contra los abusos que la experiencia comunista nos enseñó a temer. Leer la Constitución de 1940 después del castrismo significa introducir una vacuna constitucional contra el estatismo, el partido único, la confiscación, la planificación central y la manipulación de los derechos sociales.

La alternativa no es entre una Constitución de 1901 pura, una Constitución de 1940 intacta, las constituciones castristas reformadas o una nueva carta escrita en el vacío. La verdadera disyuntiva es entre restaurar una legalidad legítima, reformable y reconocible, o entregar el futuro constitucional de Cuba a la improvisación, la ansiedad política y los intereses del momento.

Después de casi siete décadas de comunismo, Cuba no necesita otro experimento fundacional. Necesita recuperar su República, corregir sus errores y levantar, sobre una base histórica, un orden de libertad. Por eso, pese a sus zonas discutibles, y precisamente por haber aprendido del desastre comunista, la Constitución de 1940 debe ser el punto de partida. No como dogma, fetiche ni nostalgia, sino como puente, como acto de prudencia republicana y como la última casa constitucional legítima de la Cuba libre.

Frank Zimmerman es Asesor Estratégico en el Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University. Consultor y comentarista político, es autor del libro 12 Mitos sobre Cuba y otros artículos analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), advirtió en una carta enviada a Infobae que la isla atraviesa lo que denominó una “Crisis de Octubre 2.0”, una combinación de colapso interno del régimen y penetración estratégica de Rusia y China, comparable en gravedad —aunque distinta en forma— a la crisis de los misiles de 1962.

“Cuba vuelve a estar en el centro de una peligrosa tormenta geopolítica”, manifestó Ferrer; al tiempo que analizó: “No por fortaleza propia, sino por la combinación explosiva de una dictadura en crisis terminal, una población exhausta, represión cada vez más brutal y una creciente confrontación entre el régimen castrocomunista y Estados Unidos”.

El líder opositor describió la situación interna de la isla como “la peor crisis de su historia”: miseria extrema, hambruna, apagones interminables, crisis sanitaria, transporte paralizado, míseros salarios y desesperanza social, contenidos por la Policía Política mediante “cárcel, violencia, torturas, amenazas y terror”.

Ferrer señaló que Washington elevó el tono de sus acciones contra el régimen. Citó la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica a la dictadura cubana como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional norteamericana”, a la que se suman nuevas sanciones económicas, advertencias a empresas extranjeras, presión sobre suministros de combustible e investigaciones en curso.

También mencionó la acusación contra Raúl Castro por siete cargos criminales, incluidos cuatro asesinatos vinculados al derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, un escenario que, según Ferrer, el viejo poder castrista “durante décadas creyó imposible: tener que responder ante la justicia estadounidense”.

A ese panorama se suma el cambio en el equilibrio regional. “La caída de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero cambió también la ecuación“, escribió. “Durante años, Caracas fue el gran salvavidas económico, petrolero y político del castrismo. Sin Venezuela, Cuba queda mucho más expuesta“, subrayó.

El coordinador de la UNPACU apuntó que, ante ese vacío, Moscú y Pekín emergen como los nuevos sostenes del régimen. Sobre Rusia, afirmó que sus señales de apoyo energético, financiero y político “no son gestos de solidaridad humanitaria, son movimientos estratégicos”.

“Rusia no quiere perder la última gran pieza simbólica de la Guerra Fría en América“, expresó Ferrer; al tiempo que acotó: “Ante el fracaso estratégico de Putin en su guerra contra Ucrania, ve en Cuba una importante carta de triunfo".

Sobre China, el análisis del disidente fue igualmente directo: Pekín no mira a Cuba “con nostalgia ideológica, sino con cálculo imperial”. Para el gigante asiático, la isla representa “una plataforma excepcional: situada a solo 90 millas de Estados Unidos, en medio del Caribe, con un régimen necesitado, dependiente y dispuesto a entregar soberanía a cambio de supervivencia”.

Ferrer agregó que China “quiere a Taiwan y Cuba bajo su influencia. Es un recurso muy útil para negociar con Estados Unidos”.

El opositor alertó sobre la existencia de “reportes de inteligencia sobre instalaciones de espionaje vinculadas a China y Rusia en territorio cubano” y advirtió que en el siglo XXI no hacen falta misiles nucleares visibles para crear una amenaza grave. “Bastan estaciones de escucha, radares, capacidades cibernéticas, inteligencia electrónica, presencia naval, cooperación militar y control de infraestructuras estratégicas”, remarcó. Y agregó: “Un régimen desesperado puede venderlo todo: puertos, telecomunicaciones, bases, información, territorio y soberanía nacional”.

Para trazar el paralelo histórico, Ferrer recurrió a la "Crisis de Octubre de 1962″. Recordó que, tras el fracaso de Bahía de Cochinos y de la Operación Mangosta, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, y que Nikita Jrushchov pretendía “alterar el equilibrio estratégico mundial usando la isla como punta de lanza contra Estados Unidos”. La cuarentena naval impuesta por John F. Kennedy llevó al mundo “al borde de una guerra nuclear”. Pero el desenlace de aquella crisis tuvo, según Ferrer, “una consecuencia trágica para el pueblo cubano”. Las negociaciones entre Kennedy y Jrushchov garantizaron la continuidad del régimen de Fidel Castro, quien aprovechó esa protección para consolidarse y “exportar subversión” en América Latina y África.

Ferrer advirtió que el riesgo actual es que “la historia se repita con nuevas formas”. Describió las intenciones del régimen cubano de forma taxativa: “No quiere reformas reales; quiere negociar impunidad. No quiere liberar la economía, quiere preservar el control militar sobre las riquezas nacionales. No quiere soberanía, quiere protección extranjera para seguir oprimiendo a los cubanos”.

Para el coordinador de la UNPACU, la única salida duradera pasa por el fin de la dictadura: “Cuba libre dejaría de ser una plataforma enemiga a 90 millas de Florida y sería un aliado natural de las democracias americanas”, sostuvo. Ferrer instó a Estados Unidos a actuar “con rapidez, firmeza y claridad estratégica” e impedir que Rusia, China o cualquier otro aliado de la tiranía cubana “le den oxígeno, la fortalezcan”.

La carta cerró con una advertencia directa sobre la lección de 1962: “Salvar la paz mundial no debió significar perpetuar la esclavitud de una nación”. Ferrer reclamó que la crisis actual “no debe terminar con otro pacto que deje al pueblo cubano abandonado a merced de sus verdugos”, y sostuvo que, esta vez, “la seguridad de Estados Unidos y la libertad de Cuba coinciden plenamente. Esa oportunidad histórica no debe arriesgarse”.

Traducido a más de veinte lenguas, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras, Leonardo Padura es una de las voces fundamentales de la literatura latinoamericana contemporánea. El autor de la célebre tetralogía Las cuatro estaciones protagonizada por Mario Conde aceptó esta entrevista a distancia, entre dos respiros de su actual gira en Francia por la publicación en francés de Ir a La Habana (Aller à l’Havane, Métailié, 2026, trad. René Solís).

Desde Mantilla, un barrio periférico de La Habana donde nació y donde continúa viviendo, Padura ha narrado durante décadas las ilusiones, fracturas y desencantos de la sociedad cubana. Como periodista y cronista, es también una de las voces más lúcidas a la hora de pensar las transformaciones y contradicciones de la Cuba contemporánea. Conversamos con él sobre memoria, literatura y sobre la profunda crisis que atraviesa hoy la isla, en medio del mayor éxodo migratorio desde la crisis de los balseros de 1994 y del endurecimiento de las sanciones estadounidenses bajo la administración Trump.

—Para ti, un cambio profundo es hoy urgente en Cuba, pero defiendes la idea de que ese cambio no puede venir de una intervención exterior. ¿Cómo vives esta situación, antes inimaginable, en la que una parte de la juventud cubana ha llegado a reclamar una intervención de Estados Unidos como ocurrió recientemente en Venezuela?

—La vivo leyendo cada mañana en las noticias. A ver qué pasa, si algo pasa, y deseando que lo que pueda pasar no sea un evento violento, específicamente militar, que siempre será algo lamentable. Ojalá que la cordura se imponga por todos los factores que pueden influir en la vida cubana de hoy y de mañana, que espero sea mejor.

—Escribes al inicio de Ir a La Habana que “una ciudad es a la vez varias ciudades en el tiempo y en el espacio, sin dejar por ello de ser una sola ciudad”. Esto me hizo pensar en aquel famoso poema de Baudelaire “la forma de las ciudades cambia más rápido que el corazón de los humanos”. ¿Cuáles son las distintas “Habana” que siguen habitándote?

—La Habana es como una cebolla, que tiene muchas capas. Están las capas históricas, las arquitectónicas (muy dependientes de la historia y la economía), las capas sociales… En la ciudad se superponen, al menos, cuatro espacios diferenciables: la Habana colonial del XVI al XVIII, militar y marinera; la colonial del siglo XIX, la Habana clásica, diría, del momento de enriquecimiento de la isla; la Republicana, de 1902 a 1958, la más abarcadora en el espacio y la más moderna en sus concepciones; y la revolucionaria, del 1959 a la fecha, que tiene pocas construcciones, muchas transformaciones y que revela la decrepitud del abandono y la falta de recursos. Con todas esas ciudades yo convivo, pero, además, tengo una Habana de la nostalgia, la de mi niñez y adolescencia, que era brillante y atractiva; la Habana periodística, que habité en la década de 1980 y que descubro pateando la ciudad en busca de historias y personajes; y La Habana literaria, la que comienzo a escribir, a definir, a dibujar en mis novelas a partir de 1990; y la Habana decadente en la que sigo escribiendo y viviendo y que está a mi alrededor, con cada vez menos trazas de aquella Habana nostálgica de hace 50, 60 años.

—Es justamente el tema del libro: la “ajenidad” y el desapego de una ciudad en plena descomposición por la crisis económica. ¿Cómo se genera ese proceso?

—El proceso de deterioro de la ciudad comenzó hace varias décadas. Primero fue un cambio de símbolos, paradigmas, referencias, para convertir la ciudad republicana en la ciudad socialista, y eso implicó una transformación física y simbólica de muchos sitios. Luego, en las últimas tres décadas ese fenómeno se potenció con la decadencia física de un espacio que recibió poca o ninguna inversión, con la excepción de la zona colonial, la Habana Vieja, que recibió fondos locales e internacionales para su restauración. Pero lo complejo de ese tránsito es que no ocurre solo en el plano físico de la ciudad, sino también en el espiritual.

—¿Qué querés decir?

—Las conductas de las gentes también se deterioran y eso se refleja en la vida, en el ambiente de una ciudad donde ha sido desapareciendo el concepto de urbanismo, o sea, de la mejor convivencia urbana… y todo eso lo vivo de manera dolorosa. Ya ni mi barrio es lo que fue ni tampoco la ciudad, y no se trata solo de que yo haya envejecido y vea mi circunstancia social con otras perspectivas quizás nostálgicas o conservadoras, sino que es un proceso evidente: la ciudad vive una etapa de deconstrucción, y se percibe en los edificios e infraestructuras, y se siente en el comportamiento de los ciudadanos.

—Sin embargo, es una ciudad que no podrías abandonar. De ese sentimiento de pertenencia se desprende incluso, al leerte, una responsabilidad ciudadana: la de registrar la memoria de esos lugares para asegurar su permanencia. ¿Podrías profundizar en estos dos conceptos?

—Aunque en español son dos palabras que tienen mucho parecido fonético, sus significados son muy diferentes. La pertenencia es profunda, visceral, casi que inevitable (como estar en una isla rodeado de agua por todas partes). La permanencia, en cambio es física, y se puede alterar con un traslado, también físico. En mi caso ambas condiciones se funden, se combinan, porque pertenezco a un ámbito cultural y espiritual, que además es físico, y permanezco en él. Soy un escritor cubano que escribe y vive en Cuba, que pertenezco inexorablemente a la identidad cubana y permanezco tozudamente en el mismo espacio en el que nací y he vivido toda mi vida, incluso habito la misma casa de siempre, y eso me hace ser bastante singular, aunque esa singularidad no implique que sea diferente, muchos menos que sea mejor.

—Definís al novelista como “un reservorio de recuerdos”, aunque eso implique “canibalizar” la vida de los demás. Ir a La Habana es, al mismo tiempo, una recopilación de tus recuerdos personales y la historia de una ciudad. ¿Cómo trabajaste esa doble reconstrucción, la de la memoria y la del espacio urbano?

—Pues fue como un flujo de memorias que apenas debí organizar cronológicamente, por que implicaba un crecimiento intelectual y espiritual. Fui sacando de esa almacén todo lo que me parecía significativo para armar un discurso lógico y a la vez nostálgico, un poco melancólico y al final hasta pesimista. Pero en realidad no fue difícil: era como si toda esa memoria afectiva estuviera ahí, ya madura, y lo único que hiciera falta es cosecharla, o sea, escribirla.

—En tus novelas la realidad política aparece más como un estado de naturaleza, casi un fenómeno meteorológico que acucia a la isla y contra el que no se puede luchar, ni pretender cambiar y donde los personajes sobreviven mejor o peor. ¿Hay belleza en esos actos de supervivencia?

—No sé si belleza, pero sí pragmatismo. La gente se adapta a las condiciones que genera su medio y lo hace porque comparte sus principios o porque se vuelve apática. La opción del enfrentamiento ha tenido muy poco espacio de desarrollo y la mayoría de los que hubieran querido asumir esa actitud, pues prefirieron hacerlo desde lejos, y no desde dentro, con los riesgos que entraña.

—En Polvo en el viento, quedarse en Cuba o irse aparecen como decisiones igualmente legítimas. ¿Qué peso tiene la decisión de haberte quedado?

—Todo el peso del mundo. He debido pasar por muchas situaciones críticas, incluso carencias, apagones y todo lo que cuelga o podría colgar, pero tiene el peso importantísimo de haberme mantenido en contacto directo, visceral, con la realidad cubana, que es la sustancia de mi literatura.

—Encuentro muy provocador que se puedan encontrar raptos de luz incluso bajo un regimen totalitario. Pienso en el lema castrista “Patria o muerte” ; mientras que el himno argentino termina diciendo “Coronados de gloria vivamos. O juremos con gloria morir”. Es lo que dijo San Martín: lo único qu importa es ser libres. Tu literatura, me parece, presenta una tercera vía: ni la oposición frontal ni la propaganda. ¿Es una posición política o estética?

—Todo acto artístico tiene lecturas políticas, pues vivimos en sociedades politizadas y la cubana mucho más que otras. Lo que nunca he pretendido es que mi literatura tenga un carácter político identificable con la propaganda. Que lo político sea una de las lecturas posibles, pero no el discurso narrativo, pues más que ser leído, sería utilizado, y eso no me interesa desde el punto de vista político y me parece poco elaborado desde el punto de vista estético.

—. En el libro dialogas con tus propias novelas, pero también con toda una tradición de escritores cubanos, desde Cirilo Villaverde a Reinaldo Arenas. ¿Cómo concibes hoy ese diálogo entre escritores de generaciones diferentes?

—No lo sé. Solo creo que sé, más o menos, cómo lo concibo yo. Y es que creo que nadie sale de la nada, todos tenemos un origen, y en mi caso como escritor, vengo de una tradición literaria muy potente que me ofrece paradigmas y creaciones que no solo resultan inspiradoras, sino también retadoras. Recuerda lo que pensaba Hemingway: hay que pelear con los muertos e intentar vencerlos. No sé si yo lograré esa victoria, pero al menos intento combatir y a la vez alimentarme de unas obras que son referenciales. De ahí mi admiración y respeto por esa tradición, mi reconocimiento explícito e implícito a obras y autores como Carpentier, Novás Calvo, Cabrera Infante y otros.

—¿Existe todavía en Cuba un margen de libertad para los jóvenes escritores? ¿Podría surgir hoy en en la isla un joven Leonardo Padura?

—Margen existe. No sé si deseos o voluntad y posibilidades de materializarlo. Y no creo que tenga un hijo putativo, aunque nunca se sabe. Creo, eso sí, que cada cual debe luchar por su espacio vital y de expresión, de creación y pensamiento y únicamente puede hacer leyendo su circunstancia y actuando en ella.

—También trazás los retratos de figuras muy diferentes de La Habana, como el percusionista Chano Pozo o Alberto Yarini. ¿Por qué te han marcado tanto estos personajes?

—Esos y otros muchos porque Cuba, La Habana, es una mina de personajes. En mis novelas no solo aparecen personajes reales tomados de los reportajes que pude haber escrito en algún momento, como son Chano Pozo o Yarini, u otros tomados de la realidad, como José María Heredia o el Hemingway que vivió más de 20 años en La Habana. Hay otros muchos que son condensaciones o variaciones de uno o varios personajes, mejor dicho, personas reales que conocí. En cualquier caso lo importante en este ejemplo que pones es el conocimiento de la ciudad, sus tipos y costumbres, que me permitió el trabajo periodístico que hice durante seis años pateando la ciudad y el país. Fue una fuente de conocimiento importantísima de una historia no oficial pero esencial en la formación de una identidad.

—En tu última novela, Morir en la arena, Raimundo Fumero, el personaje del escritor, tiene algunos puntos en común con vos, pero a diferencia tuya, él empieza a escribir en pleno Quinquenio gris, a inicios de los setenta, justo en el momento en que ocurre el “caso Padilla”(1) que marcó la historia intelectual cubana. ¿Te podría haber pasado algo similar si hubieras empezado a escribir en esa época? ¿Y, si hubieras sido uno de esos escritores que asistieron a su autocrítica, qué actitud crees que hubieras tenido?

—No puedo decir cómo habría sido mi vida en otras circunstancias y tiempos. Eso es pura especulación y no me atrevo a hacerlo. Yo he escrito lo que he escrito en el momento en que lo escribí y como pude e intenté hacerlo y me he relacionado con mi ambiente del modo en que he intentado y podido hacerlo.

—Después del caso Padilla, muchos intelectuales rompieron con la Revolución como Vargas Llosa u Octavio Paz, mientras otros –como Cortázar – quedaron en posiciones más ambiguas y fueron muy criticados. Uno de tus personajes de Morir en la arena dice que “el comunismo no es una ideología ni una filosofía sino una religión que exige fe, dogma y liturgias”. ¿Tuviste esa fe y la perdiste?

—Creo que soy ateo de nacimiento aunque mi madre casi me obligó a recibir la primera comunión. Pero, por ejemplo, nunca me inicié en la masonería a pesar de que ese hubiera sido un gran regocijo para mi padre, masón en cada acto y pensamiento de su vida. Tampoco he tenido ninguna militancia política, de ningún tipo, pues le he huido a todas las disciplinas de ideologías o instituciones. Pero he sido solo alguien que ha vivido en una sociedad socialista toda su vida consciente y me vi envuelto en circunstancias y situaciones sociales y políticas que estaban a mi alrededor sin que yo pudiera hacer nada, solo acatarlas, como cualquier otro ciudadano. Mi pensamiento es otra cosa. Y ese pensamiento me ha llevado a tener muchas dudas, a expresar muchas inconformidades, a procurar a toda costa tener una libertad de pensamiento y creación, a reaccionar contra muchos dogmas y, por eso, mi literatura ha podido ser, creo yo, la expresión de mis preocupaciones sociales y políticas.

—Otro fenómeno que atraviesa el libro es la desaparición progresiva de los cines. ¿Qué papel ha desempeñado el cine en tu imaginario y en tu escritura?

—El cine tiene un gran espacio en mi sensibilidad, mi conocimiento del mundo, mi percepción de las narrativas. Desde niño fui mucho al cine y de esa época guardo recuerdos como la películas de samurái japonesas, algunas de Kurosawa, y las comedias franco-italianas de la época. Luego crecí como espectador en un momento en que en Cuba se veía el mejor cine del mundo y creo que me convertí en cinéfilo y tuve pretensiones de trabajar en el cine que, años después, concreté escribiendo guiones. Gracias al cine tengo una memoria muy visual y mi literatura también lo es, pues veo la realidad que quiero reflejar en mis textos como si fuera proyectada en la pantalla de mi mente. Y si hoy apenas voy a salas de cine, en Cuba o donde sea, sigo consumiéndolo mucho, aunque en los últimos años me he aficionado mucho más a las series, las buenas series, con sus relatos de largo aliento, casi diría en algunas ocasiones de aliento novelesco.

—En Gente decente, Mario Conde dice que los peores son los “miedos sociales”: el miedo a quedar excluido, señalado, vigilado. Después de todo lo que atravesó su generación, ¿cuál diría que es hoy su peor miedo?

—El miedo a perder la memoria. Sin memoria no hay literatura y yo quiero seguir haciendo literatura.

(1) Referencia a la autocrítica del poeta Heberto Padilla quien, en 1971, fue obligado a escenificar públicamente su adhesión al régimen castrista ante la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), tras haber sido detenido en las cárceles de la Seguridad del Estado en La Habana. La operación provocó la indignación de la intelectualidad, tanto cubana como internacional, que vio en ella un resurgimiento de los métodos estalinistas.

Fuente: Le Grand Continent

Estados Unidos sancionó este jueves al dictador cubano Miguel Díaz-Canel y amplió las medidas a integrantes de su entorno más cercano y a familiares directos de Raúl Castro.

El Departamento del Tesoro informó que Díaz-Canel fue incorporado nuevamente a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos integrantes de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del ex dictador cubano.

La decisión implica el bloqueo de bienes y activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

Las sanciones representan una ampliación de las medidas ya adoptadas contra Díaz-Canel. El dictador cubano había sido castigado previamente por Washington, pero la nueva resolución extiende el alcance de las restricciones hacia familiares considerados parte del círculo más cercano del poder político en la isla.

La OFAC publicó además los datos identificatorios de los sancionados y precisó que las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, utilizada por Estados Unidos para aplicar restricciones económicas a personas y entidades vinculadas al régimen de La Habana.

El Tesoro también incluyó en su lista negra a cinco entidades cubanas. Entre ellas figura el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), una de las instituciones más poderosas del aparato estatal cubano.

A ese organismo se suman los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa Minera La Victoria S.A. y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.

Según la normativa estadounidense, todas las propiedades o intereses de estas entidades que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, queda prohibida cualquier operación financiera o comercial con ellas salvo autorización específica del Gobierno de Estados Unidos.

La decisión forma parte de una escalada de medidas impulsadas por la Casa Blanca durante los últimos meses. En mayo, Washington ya había sancionado a varios funcionarios cubanos, incluidos responsables de organismos de inteligencia, mandos militares y autoridades del área de comunicaciones.

Trump endureció su discurso contra el régimen cubano

El anuncio de las sanciones coincidió con nuevas declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Cuba.

Consultado por periodistas, el presidente estadounidense describió a la isla como un país sumido en una profunda crisis económica y energética.

“Queremos que sea un país bien manejado. Es una nación fallida”, afirmó Trump.

El mandatario sostuvo que las dificultades económicas que atraviesa Cuba son consecuencia del deterioro interno y de la pérdida de fuentes de financiamiento externas.

“No tienen energía, petróleo. Tienen grandes tierras. Cuba ya colapsó”, declaró.

Trump también vinculó el futuro de la política estadounidense hacia la isla con otros escenarios internacionales que actualmente concentran la atención de Washington.

“Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y cuando terminemos allí vamos a pasar por Cuba”, señaló.

Pese a sus críticas al sistema político cubano, aseguró que su gobierno tiene planes para el país caribeño. “Vamos a tratar bien a Cuba. Tenemos grandes planes para Cuba”, dijo.

Sin embargo, volvió a cuestionar a la dictadura de La Habana.

“El régimen es muy malo pero ahora no tienen ni dinero ni petróleo venezolano”, agregó.

Las sanciones fueron anunciadas en un contexto de severas dificultades económicas para Cuba, que enfrenta problemas de abastecimiento, cortes de electricidad recurrentes, escasez de combustibles y una prolongada crisis financiera.

La decisión de Washington amplía la presión sobre el núcleo dirigente de la isla al incluir no solo a altos funcionarios del Estado, sino también a familiares de dos de las figuras más influyentes del sistema político cubano: Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

Mientras las temperaturas ascendían en los últimos días y se acercaba la temporada de lluvias, un creciente desasosiego comenzó a apoderarse de los vecinos de la calle Belascoain, en La Habana.

Sobre el asfalto de la calle, un basurero improvisado iba creciendo. En la pila de desperdicios había bolsas rotas, papeles, cartones, escombros y sobras de alimentos pudriéndose. Moscas y gatos rondaban mientras el hedor era esparcido por la brisa del cercano mar.

Al bloqueo energético que provoca en Cuba cortes de luz de 20 horas, la falta de agua y de transporte y la semiparalización de la vida doméstica se sumó en las últimas semanas la ingente acumulación de basura en algunos puntos de La Habana y las principales ciudades del país.

Debido a la escasez del servicio de recogida de basura, los vecinos comenzaron además a quemarla provocando destrozos en la infraestructura pública y disparando la preocupación de autoridades y expertos por sus efectos insalubres.

Este adverso contexto ha dado pie, no obstante, al nacimiento de algunas iniciativas ciudadanas para combatir la acumulación de los desechos.

Basura cerca de hospitales, los barrios afectados

“Estamos frente al Hermanos Ameijeiras, un hospital famoso en este país”, dijo a The Associated Press María Odalys Ramírez mientras elevaba la vista al edificio que se erige con sus 24 pisos en el corazón del municipio de Centro Habana. El centro médico colinda con el vertedero sobre la calle Belascoain.

“Lo que usted está mirando es deprimente. La situación que hay con la basura en esta zona, las moscas, la insalubridad, las ratas”, se lamentó Ramírez, una ama de casa de 63 años que, apenas abre la puerta de su casa cada día, se topa con pilas de desperdicios.

Y si la situación es mala ahora, los vecinos temen que empeore en los próximos meses con el calor y los aguaceros de la temporada ciclónica, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta noviembre.

En un recorrido, AP observó escenarios parecidos en barrios capitalinos como Plaza de la Revolución, 10 de octubre o Habana del Este.

Los desechos se acumulan cerca de escuelas, restaurantes y paradas de taxis. Hay calles parcialmente bloqueadas por la basura, mientras automóviles, bicis y peatones pasan esquivándola. Los vecinos se quejan de que los camiones recolectores trabajan irregularmente.

Según un reporte de la estatal empresa Servicios Comunales de mediados del año pasado, La Habana, con sus dos millones de habitantes —la mayor población de un país con más de 9 millones—, producía 30.108 metros cúbicos diarios de desechos sólidos y sólo se recogían 17.000 metros cúbicos.

En ese momento estaban trabajando apenas el 57% de los equipos recolectores debido a daños mecánicos y falta de repuestos, explicaron las autoridades.

Esas cifras —de julio de 2025— no reflejan la magnitud del problema actual, pues aunque entonces ya había crisis económica y dificultades en los servicios básicos debido a las sanciones de Estados Unidos, no se había producido el cerco petrolero que desde enero dejó a la isla sin el combustible para mover su vida cotidiana.

A comienzos de año, el presidente Donald Trump amenazó a cualquier país que vendiera petróleo a Cuba en una maniobra de máxima presión contra la isla.

La producción nacional de crudo representa solo el 40% de su demanda. Las autoridades reconocen que apenas hay combustible para darle energía a las industrias, hogares, centros de salud, la producción de alimentos o el abastecimiento de agua.

La peligrosa práctica de las quemas

La estatal Empresa de Telecomunicaciones advirtió que las quemas de improvisados basureros sin control adecuado consumieron postes, cables y gabinetes, dejando incomunicada a la población.

En tanto, el Centro de Neurociencias de Cuba advirtió sobre el peligro para la salud del humo proveniente de la quema de desechos.

“En nuestra estrategia ambiental nacional y específicamente en la que tiene la provincia de La Habana se ha identificado como una de las principales problemáticas ambientales el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos”, señaló a AP Odalys Goicochea Cardoso, directiva del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

También dijo que la suma de las limitaciones que tiene Servicios Comunales para recoger la basura, el aumento de las temperaturas y las próximas lluvias podría agravar la situación por la procreación de moscas y mosquitos transmisores de enfermedades.

Sin embargo, se busca trabajar con las comunidades y apoyarlas para una gestión más organizada e impulsar el reciclaje, indicó Goicochea.

Iniciativas para limpiar

El Batazo, en el barrio capitalino de Los Sitios, es uno de la casi media docena de proyectos en la capital que intenta mantener las calles limpias.

A lo largo de ocho manzanas, uno de sus recolectores pasa tocando una campanilla dos veces al día retirando los desechos separados en las propias viviendas entre aquellos que son orgánicos y los que se pueden reciclar. Los mismos recolectores barren la calle.

Luego, el proyecto vende al Estado materiales como aluminio y vidrio, mientras usa los desechos de comida para alimentar animales. Lo restante va a un vertedero gestionado por las autoridades.

En un recorrido por Los Sitios, AP pudo ver la mejoría. “El impacto que tiene este proyecto es fundamentalmente que demuestra a la comunidad que se puede vivir en un entorno más limpio, se puede valorizar lo que llamamos basura y sacarle un partido”, dijo Evelyn Martínez Mendoza, una de las colaboradoras de El Batazo.

En otros barrios de la capital los vecinos se están coordinando de forma autónoma para librarse de la basura y en otros se han organizado en cooperativas.

(AP)

La presión de Washington está acelerando la retirada de empresas extranjeras de Cuba: tras una compañía minera y grupos hoteleros, ahora es un banco el que suspendió sus transacciones con la isla, lo que conlleva el cese de los pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

El Banco Central de Cuba informó este miércoles que las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en el país a partir del sábado, después de que un banco extranjero cesara, bajo presión de Washington, su relación con Fincimex, brazo financiero del conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por EEUU.

“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (...) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia”, añadió el banco.

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de “máxima presión”, Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía de ese país.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades del régimen de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

El impacto de la medida

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con Gaesa.

“Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informó en un comunicado que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de estos hoteles en la isla.

Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.

En el caso de Iberostar, dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.

Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991. El grupo canadiense Blue Diamond también anunció esta semana que cesaba sus operaciones en Cuba.

A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.

Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la agencia de noticias AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.

Dentro del sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el pasado 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.

“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró a la AFP el economista y consultor cubano Daniel Torralbas. “Esto ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apuntó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firme opositor del régimen de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.

La hotelera indonesia Archipielago International aplazó la decisión de un regreso a Cuba

Por su parte, la cadena indonesia Archipelago International, reconocida como el grupo hotelero más grande del Sudeste Asiático, ya figura entre las empresas del sector que han abandonado total o parcialmente Cuba en la última semana.

Según declaraciones a la agencia EFE, la compañía esperará “a ver qué sucede” antes de considerar un posible regreso a la isla.

El director de comunicaciones del grupo, Sari Purbaningrum, afirmó que la “situación global es incierta por ahora”, por lo que la empresa mantendrá la espera antes de tomar una decisión sobre su retorno.

Archipelago International, responsable de proyectos como el Grand Aston en el Malecón habanero, cesó la gestión de los seis hoteles que operaba en Cuba el miércoles. Así, se sumó a la salida de las mencionadas cadenas españolas Meliá e Iberostar y de la canadiense Blue Diamond, que fue la primera en tomar esa medida.

Estas decisiones se relacionan de forma directa con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que establece sanciones para personas y empresas con negocios en La Habana.

Este jueves, las principales plataformas de viajes no permitían reservar habitaciones en ninguno de los seis hoteles que la compañía gestionaba en la isla hasta el día anterior. Varias páginas web también presentaban errores al intentar acceder a ellas.

Archipelago International ingresó al mercado cubano en 2017, tras consolidar su negocio durante dos décadas, principalmente en el mercado local. Su primer proyecto fue el Grand Aston Varadero Resort, en el centro de la ciudad turística de Varadero.

La cadena fue fundada en Indonesia en 1997, con dos hoteles iniciales: uno en Yakarta y otro en Bali, ambos bajo la marca Aston. En 2013, la empresa matriz adoptó el nombre actual de Archipelago International.

El grupo, según su página web, es de propiedad privada y cuenta con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía.

Antes de su salida de Cuba, Archipelago International gestionaba seis hoteles en la isla, entre ellos Grand Aston Cayo Las Brujas, Aston Panorama Hotel y Aston Costa Verde Beach Resort.

Entre enero y abril, Cuba recibió solo 328.608 turistas internacionales, lo que representa una caída del 55,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En abril, la cifra apenas alcanzó los 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó ante las autoridades de la Unión Europea (UE) una solicitud formal para la creación de un "Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano“, financiado con los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior.

La petición, acompañada de un informe institucional, fue dirigida a las principales instituciones comunitarias, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó el OCDH en una nota enviada a Infobae.

La propuesta parte de una premisa que el observatorio describe de tan sencilla como incontestable: los bienes expoliados al pueblo cubano deben servir para reparar a ese mismo pueblo.

“Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización y ex prisionero de conciencia. El contraste es brutal: mientras el conglomerado militar GAESA —que se estima controla entre el 40 y el 70% de la economía cubana— acumula activos en el exterior, el salario medio en la isla no alcanza los 10 dólares al mes.

Desde 1959, el régimen cubano confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en esa estructura militar opaca, recordó el informe; al tiempo que remarcó que el Departamento de Estado norteamericano cifra en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de GAESA depositados en cuentas exteriores.

La iniciativa del OCDH se inscribe en el nuevo escenario creado por las recientes acciones de Washington: la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado, que amplió el programa de sanciones sobre Cuba e introdujo el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades bloqueadas; y la designación de GAESA, su filial Moa Nickel S.A. y la presidenta ejecutiva del conglomerado, Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos el 7 de mayo, con el consiguiente bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

“Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas”, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, subrayó que la UE ya dispone de todos los mecanismos jurídicos necesarios para atender la solicitud, pero que hasta ahora ha carecido de voluntad política para activarlos.

Entre los instrumentos señalados figura la cláusula esencial de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (artículo 85.3.b), vigente desde 2017 y nunca activada; el Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos (Reglamento 2020/1998); la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), que eleva a principio fundamental la recuperación de activos malversados; los Principios y Directrices de la ONU sobre reparación (Resolución 60/147); y precedentes operativos como el Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Iniciativa StAR del Banco Mundial y la UNODC.

La solicitud apunta directamente a la política de la Unión Europea hacia Cuba desde 2016, cuando el bloque comunitario sustituyó la Posición Común de 1996 por el actual Acuerdo de Diálogo. Según el OCDH, esa transición inauguró una década de intercambios diplomáticos sin resultado tangible: ni un solo preso político liberado en términos netos. La organización rechazó que esa postura sea neutral y la calificó de permisividad encubierta.

Ante ese diagnóstico, el observatorio exigió a la UE cuatro acciones concretas: activar sin demora la cláusula esencial del Acuerdo con Cuba; adoptar sanciones individuales contra los responsables de la represión; coordinar con Estados Unidos el rastreo y la restitución de los activos de GAESA localizados en jurisdicciones europeas; y participar, como organización fundadora, en el Fondo de Indemnización con una contribución inicial y asistencia técnica.

“Reparar con los bienes malversados no es venganza: es restablecer el orden moral que el crimen quebró. Europa fue concebida como una comunidad de valores, no solo de intereses. Ha llegado el momento de demostrarlo”, afirmó González Raga.

La organización se puso a disposición de las instituciones europeas para aportar documentación, peritaje y colaboración técnica en el desarrollo del mecanismo.

Empresas y cadenas hoteleras españolas aceleran su salida de Cuba a pocas horas de que expire el ultimátum fijado por Donald Trump. A partir de este viernes, las compañías extranjeras que mantengan vínculos económicos con el Gobierno cubano o con el conglomerado militar estatal Gaesa -propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba- podrían enfrentarse a represalias por parte de Estados Unidos.

La última compañía en salir, de forma parcial, ha sido Melià Hotels, que este miércoles comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de poner fin de forma inmediata, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, a los servicios de gestión y comercialización que presta en Cuba, así como a la cesión de uso de sus marcas hoteleras. La medida afecta a un total de 15 establecimientos.

Fuentes de la compañía afirman que la decisión “se adopta ante la perentoria necesidad de garantizar una mínima y ordenada operativa, acorde a nuestro sentido de responsabilidad empresarial”. Reconocen que el impacto de esta decisión para la compañía “es limitado” debido a que “la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo la República de Cuba”.

Los 15 hoteles afectados son: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

La compañía mallorquina comunicó en mayo que en el primer trimestre del año ya había cerrado un 50% de su capacidad operativa en Cuba, donde tiene 34 hoteles, debido al bloqueo comercial que EEUU mantiene sobre la isla.

Iberostar y Minor, también salen

Melià Hotels no ha sido la única hotelera española que ha huido de Cuba, también Iberostar Hotels & Resorts ha informado esta semana que deja de operar y comercializar 12 hoteles, mientras la cadena Minor hará lo propio en dos hoteles que gestionan bajo la marca NH.

Junto a ellas, otras compañías que han dejado de comercializar habitaciones en Cuba a través de sus páginas web son Valentin Hotels, que operaba en tres hoteles en la isla; Blau, también con tres establecimientos, y Roc, con dos, según recoge Efe.

Otras empresas del sector turístico han seguido la estela de las hoteleras y han optado por irse de Cuba, entre ellas Iberia, que ha suspendido sus operaciones esta semana, mientras que otra aerolínea española, World2Fly, suspendió sus vuelos a La Habana el 20 de mayo.

Estas retiradas han reducido y suspendido vuelos a la isla y empeorado la crisis del sector turístico cubano, que ha sufrido una caída del 55,8% en la llegada de visitantes internacionales en los cuatro primeros meses del año, hasta alcanzar los 328.608. En abril apenas se contabilizaron 30.551 viajeros, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana, recogidos por EFE.

El turismo cubano ya estaba en crisis en 2025, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 -excluyendo los años de la pandemia- con 1,8 millones de visitantes.

Uno de los factores que más ha agravado la crisis del turismo en Cuba ha sido el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que ha provocado continuos problemas de suministro y ha dificultado el funcionamiento normal de los hoteles. Esta situación golpea a uno de los sectores estratégicos para la economía cubana debido a los importantes ingresos que genera al producto interno bruto del país y su importancia en la entrada de divisas que necesita para sostener su recuperación económica.

El miedo a las represalias acelera la huida

El detonante que ha provocado la fuga de compañías ha sido la Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1 de mayo por Donald Trump, que amenaza con congelar los activos en su territorio de todas las personas o entidades no estadounidenses que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano.

Además, amenaza a personas o entidades que apoyen financiera, material o tecnológicamente al Ejecutivo o que operen en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas, la minería y la seguridad. No obstante, la ambigüedad empleada en la definición de los sectores sancionables abre la puerta a una mayor discrecionalidad en la aplicación de sanciones.

En la isla operan otras empresas internacionales, tanto de manera individual como bajo la fórmula de las empresas mixtas, esto es, con un socio estatal cubano. Entre ellas destacan por número las españolas junto a mexicanas, rusas, chinas, francesas e italianas.

En este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España sigue con «enorme preocupación» el impacto que están teniendo fuera de Cuba las medidas «unilaterales» de Estados Unidos contra la isla, que afectan a los intereses de empresas españolas. Medidas que además agravan «la penuria humanitaria» de la población cubana, subrayaron a Efe fuentes de Exteriores.

Por su parte, fuentes del Ministerio español de Economía señalaron que el Gobierno lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación en Cuba y mantiene contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas.

¿Qué va a pasar con los hoteles?

La gran incógnita que se abre ahora es qué pasará con el cerca de medio centenar de hoteles que han dejado de operar las hoteleras internacionales, entre ellas las españolas. Una de las alternativas que se barajan es que alguna entidad del Estado cubano asuma su gestión directa. También sería posible buscar algún operador internacional que sea inmune a las presiones de EEUU.

Otra opción es cerrar temporalmente los hoteles y esperar a que cambie la situación en el país, teniendo en cuenta que la demanda de habitaciones se ha desplomado en los últimos meses.

La dictadura cubana amanecerá el sábado sin poder procesar ningún pago con tarjetas Visa o Mastercard. El Banco Central de Cuba confirmó este miércoles que el banco extranjero que hasta ahora gestionaba esas transacciones interrumpió su relación con Fincimex S.A., la filial financiera del conglomerado empresarial Gaesa, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. El motivo es evitar las sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. La institución comunicó que “se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana”, según reprodujo el Banco Central, que no identificó al banco procesador.

La ruptura tiene consecuencias inmediatas: Cuba queda imposibilitada de recibir divisas procedentes de la comercialización de bienes y servicios a través de tarjetas internacionales, una vía especialmente relevante para el sector turístico. La Orden Ejecutiva del 1 de mayo estableció sanciones secundarias contra cualquier empresa —nacional o extranjera— que mantuviera vínculos con la dictadura cubana en los sectores energético, financiero y de defensa. El 7 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó directamente a Gaesa, el mayor conglomerado estatal de Cuba, que Washington estima que controla el 40% del producto interior bruto de la isla.

La OFAC fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras reajustaran sus vínculos con Gaesa, bajo amenaza de quedar excluidas del sistema financiero internacional o ver sus activos congelados. El plazo desencadenó un éxodo empresarial sin precedentes. Las hoteleras españolas Meliá e Iberostar anunciaron el cese total o parcial de sus operaciones: Iberostar dejó de gestionar doce hoteles vinculados al Grupo Gaviota a partir del 1 de junio; Meliá suspendió quince establecimientos, aunque la mayoría ya permanecía cerrada por la crisis energética. La canadiense Blue Diamond había salido antes de 62 hoteles. Las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron temporalmente los envíos de contenedores a mediados de mayo, y la minera Sherritt International, la mayor inversión extranjera en la isla, comunicó su salida inmediata hace un mes.

El impacto acumulado ya se refleja en las cifras del turismo. Entre enero y abril de 2026, Cuba recibió apenas 328.608 visitantes internacionales, un desplome del 55,8% respecto al mismo período de 2025. El economista cubano Daniel Torralbas describió el panorama como el peor año económico de Cuba en siete décadas.

La presión comenzó en enero, cuando Trump impuso un bloqueo petrolero que redujo entre un 80% y un 90% las importaciones energéticas de la isla, según cifras del gobierno estadounidense. Cuba produce solo el 40% del petróleo que necesita, por lo que la restricción ha paralizado amplios sectores de la actividad económica, desde el transporte hasta la generación eléctrica.

La suspensión de los pagos con tarjeta añade un nuevo eslabón a una cadena de aislamientos que estrangula las fuentes de divisas de la dictadura: sin combustible suficiente, sin turistas, sin hoteleras ni navieras extranjeras y ahora sin acceso a las redes de pago global, el margen de maniobra del régimen se estrecha a un ritmo sin precedentes desde el período especial de los años noventa. La diferencia es que entonces Cuba contaba con el respaldo de Venezuela. Hoy, ese apoyo también es incierto.

La organización Cubalex denunció el uso sistemático de la represión por asociación en Cuba, una modalidad que consiste en el castigo a opositores o activistas a través de la presión estatal ejercida sobre familiares y amistades. Según la ONG, esta práctica representa una violación a los derechos humanos.

En un comunicado, Cubalex detalló que ha identificado esta dinámica como represión por asociación y subrayó que “no se trata de hechos aislados, sino de un patrón represivo sistemático y selectivo que convierte los vínculos familiares, afectivos y comunitarios en instrumentos de presión estatal”.

La organización documentó situaciones en las que la acción de las autoridades cubanas afecta a familiares directos de opositores, activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y exiliados. Cubalex señaló que, en ocasiones, se utiliza el sistema penal como mecanismo de represalia.

Entre los casos mencionados, la ONG destacó el de Jordania Pérez Quevedo, hermana de la presa política Yanet Pérez Quevedo, y el de Wendy Campuzano, hija de Armando Campuzano y condenada a dos años de prisión.

“La finalidad es castigar indirectamente a las personas señaladas, debilitar sus redes de apoyo, impedir la circulación de denuncias y extender las consecuencias de la disidencia al entorno familiar, social o comunitario”, explicó Cubalex.

La ONG advirtió que la represión por asociación afecta diversos derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y contraviene la legalidad cubana. Según su análisis, esta práctica podría constituir delitos como abuso de autoridad, ejecución indebida de sanciones o medidas de seguridad, prevaricación y denegación de auxilio.

Por último, Cubalex afirmó: “Identificar y denunciar este patrón es un paso fundamental para combatir la impunidad, proteger a las víctimas y reconocer una modalidad de persecución política que afecta no solo a quienes alzan la voz, sino también a quienes los acompañan, apoyan o simplemente comparten un vínculo con ellos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes ante el Senado que Cuba no puede reformarse mientras sus actuales dirigentes sigan al mando, y reiteró que Washington solo dará por superada la crisis cuando La Habana cambie de liderazgo. La declaración, formulada en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, representa la postura más explícita del Gobierno de Donald Trump sobre las condiciones que exige para modificar su política de presión máxima hacia la isla.

“La pregunta es: ‘¿Es posible que logren reformarse dadas las personas que actualmente están al mando, tanto de GAESA como del propio Gobierno?’ Y creo que la respuesta es que no pueden”, sostuvo Rubio, en referencia al Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana. Añadió que no ve al sistema cubano “capaz de reformarse a menos que asuman nuevas personas o que se imponga una nueva mentalidad”.

El secretario de Estado también reveló que la Administración Trump ha “entablado conversaciones” con sus pares cubanos y que Washington comunicó lo que, a su juicio, debe ocurrir para que la economía de la isla se recupere, sin precisar los términos. Fuentes diplomáticas confirmaron que funcionarios de inteligencia y mandos militares de ambos países sostuvieron contactos en paralelo a los canales formales.

La comparecencia de Rubio se produce en un momento de presión sin precedentes sobre Cuba. Desde la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero de 2026, Washington impuso aranceles secundarios a cualquier país que exportara crudo o derivados a la isla. México suspendió sus envíos de Pemex y Venezuela interrumpió los suyos tras la captura de Nicolás Maduro. Según la consultora Kpler, Cuba afrontó su primer mes sin llegada de crudo extranjero desde 2015.

Las consecuencias sobre el sistema eléctrico fueron devastadoras. El déficit de generación alcanzó 1.885 megavatios en horas pico en marzo, con apagones superiores a 18 horas diarias en varias provincias, según el Observatorio Cubano de Conflictos. El producto interno bruto acumula una caída de más del 15% desde 2020, con una contracción proyectada del 7,2% para 2026, de acuerdo con el Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Rubio rechazó que el bloqueo sea el origen de la crisis. Argumentó que la isla ya sufría desabastecimiento y apagones “mucho antes” de enero, y que lo que cambió fue el corte del petróleo gratuito venezolano. La afirmación coincide con los registros de la crisis eléctrica de 2024 y 2025, cuando Cuba acumulaba protestas masivas por los cortes de luz antes de que se intensificara la presión estadounidense.

El secretario de Estado también acusó a La Habana de “patrocinar el terrorismo” y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, acusaciones que la dictadura cubana rechaza. Cuba figura en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado desde que Trump la reincorporó en enero de 2021, revirtiendo una decisión de la Administración Biden.

La postura de Rubio —primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen cubano— no es nueva, pero adquiere un tono más preciso: por primera vez señaló directamente a GAESA como uno de los actores que deben ser desplazados, junto al régimen de Miguel Díaz-Canel. En enero ya había afirmado ante el mismo comité que Washington quería ver un cambio; en marzo insistió, desde París, en que “la economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”.

Cuba mantiene que cualquier transformación solo puede decidirla el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar. Aunque en febrero Díaz-Canel suavizó su tono y declaró que la isla estaba “lista para dialogar con Washington”, la brecha entre las condiciones del Gobierno de Trump y lo que La Habana está dispuesta a conceder sigue siendo, por ahora, infranqueable.

Cuba registró 1.311 protestas y denuncias en mayo, “la oleada de manifestaciones callejeras más larga del año en la isla", con 44 presenciales entre el 11 y el 31 del mes, en medio de apagones de entre 20 y 24 horas diarias y una respuesta represiva del régimen que, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), no logró frenar el descontento.

El informe mensual del OCC, enviado a Infobae, reveló que los "Desafíos al Estado policial“ —acciones contestatarias que exponen a sus protagonistas a represalias— crecieron un 42% con respecto a abril, al pasar de 305 a 527 registros.

La represión, por su parte, también aumentó: de 175 entradas en abril a 186 en mayo, con detenciones de manifestantes, hostigamiento a influencers, periodistas y opositores, militarización de calles y amenazas de muerte a presos políticos.

Las protestas presenciales incluyeron cacerolazos, barricadas de fuego y gritos de “Libertad” ante déficits de generación eléctrica que superaron los 2.000 megavatios (MW) y llegaron a dejar sin fluido eléctrico al 70% del territorio nacional.

Las manifestaciones abarcaron todos los municipios de La Habana y se extendieron a localidades de provincias como Antilla, el reparto Zayas y La Piquita, en Holguín; y Micro 3, El Salao y el Mercado de Los Pinos, en Santiago de Cuba.

El ministro de Energía y Minas del régimen, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la situación era “tan aguda, crítica” y que en la capital los cortes superaban las 20 a 22 horas diarias.

El desgaste físico y mental de la población quedó documentado en la categoría de "Servicios Públicos“, que acumuló 144 protestas y denuncias. Una encuesta elaborada por psicólogos concluyó que el 55,4% de los cubanos presentó niveles extremadamente graves de depresión, y el 66% ansiedad severa, atribuidos principalmente a una vida cotidiana con apenas una o dos horas de electricidad.

La crisis alimentaria agravó el cuadro. El observatorio registró 75 manifestaciones de descontento vinculadas a la escasez de alimentos e inflación. Informes del Food Monitor Program concluyeron que el 79,4% de los hogares cubanos destina el 80% o más de sus ingresos a alimentarse. La organización responsabilizó al conglomerado militar GAESA por haber convertido el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas.

“¿Cómo hago entender a un niño de 7 años y a mi padre de más de 80 que no tienen desayuno, almuerzo ni comida porque tenemos que resistir?”, le escribió una madre de Santiago de Cuba al dictador Miguel Díaz-Canel, según recogió el informe del OCC.

Con 129 entradas, la "Inseguridad Ciudadana“ volvió a figurar entre las categorías más preocupantes del registro. El observatorio documentó 37 muertes violentas por violencia criminal, de género, social e intrafamiliar; y 42 delitos de latrocinio, con una escalada en los robos de motonetas y triciclos eléctricos. Dos conductores fueron asesinados para arrebatarles sus vehículos en medio de la crisis de combustible y transporte.

El sistema de salud pública sumó 79 protestas y denuncias. La combinación de brotes epidemiológicos, escasez de medicamentos, negligencias graves y hospitales sin recursos reflejó, según el OCC, el derrumbe de un sistema incapaz de mantener estándares básicos de atención, a juicio de las propias denuncias de médicos cubanos.

La vivienda, con 42 registros, confirmó una de las situaciones más graves del continente: el déficit supera las 800.000 unidades habitacionales y el parque existente sigue en deterioro, como evidenció el derrumbe de una escalera en el municipio habanero de Boyeros.

El apartado de "Otros Problemas Sociales“ acumuló 132 registros que dieron cuenta de la ruina de instituciones emblemáticas, el trabajo infantil, el impacto demográfico de la emigración masiva, la baja tasa de natalidad y la expansión de la drogadicción, que incluye canabinoides sintéticos como “El Kímico” y sicofármacos como el Alprazolam (Xanax).

En ese clima de agotamiento y represión, la posibilidad de una intervención estadounidense ganó terreno en el debate público cubano. El sacerdote católico Alberto Reyes Pías, párroco de Esmeralda, en Camagüey, publicó el pasado 29 de mayo un texto titulado “He estado pensando en la posibilidad de una invasión”, en el que describió el estado de ánimo de la población.

“El punto de mira del pueblo cubano no es la intervención militar en sí: es el fin de esta pesadilla, el fin de una dictadura que nos ha robado la vida durante generaciones”, escribió el sacerdote.

Reyes Pías señaló que dos frases se han vuelto virales en la isla: “Lo peor que nos puede pasar es que no pase nada” y “preferimos un final espantoso a un espanto sin final”.

El informe del OCC situó las cifras de mayo en el contexto de una tendencia sostenida: el organismo registró 1.245 protestas en marzo y 1.133 en abril, lo que convierte al quinto mes del año en el de mayor actividad contestataria desde el estallido del 11 de julio de 2021. Las redes sociales fueron escenario de una creciente aceptación pública de que, para un sector grande de la población, una intervención exterior representa la única salida de la crisis.

La cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cuba “con efecto inmediato”, en momentos en que la isla enfrenta una presión creciente de Estados Unidos, según un comunicado transmitido el lunes a la agencia de noticias AFP.

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen, bajo 10 marcas diferentes, pero no posee instalaciones propias en Cuba.

“Debido a las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba cesa sus operaciones”, dijo un comunicado enviado por Duval Communications, una firma con sede en Montreal que representa a Blue Diamond.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza en particular las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano.

En su comunicado, Blue Diamond, que dice haber reducido sus operaciones desde febrero, no vinculó oficialmente esta decisión a las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla, impone a Cuba desde enero un bloqueo petrolero.

El conglomerado militar-económico Gaesa, que controla una gran parte de la economía de Cuba, y la empresa minera canadiense Sherritt fueron las primeras compañías sancionadas a comienzos de mayo tras el decreto de Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que el conglomerado, que gestiona hoteles, supermercados, empresas de comunicación y de distribución, no está concebido para generar ingresos para el pueblo cubano sino para beneficio de “una élite corrupta”.

El turismo es la segunda fuente de divisas del país y Canadá es el principal proveedor de viajeros a la isla.

Numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible. Es el caso, en particular, de las canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet.

Varias empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento completo de su estrategia a raíz de la Orden Ejecutiva 14404 de EEUU, que disponía sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con la isla.

El acuerdo entre la República Dominicana y Cuba tiene como eje central el desarrollo de acciones conjuntas para fortalecer la resiliencia climática y optimizar la gestión de riesgos frente al cambio climático. Ambas naciones han intensificado su colaboración técnica y científica a través de iniciativas orientadas al perfeccionamiento de sistemas de alerta temprana, la modelación meteorológica y la creación de herramientas dirigidas a la toma de decisiones en sectores sensibles, como la agricultura.

Durante una jornada de intercambio técnico, equipos especializados de ambos países presentaron los avances logrados en la aplicación de tecnologías para la recolección y el análisis de datos agropecuarios. Estas aplicaciones brindan a productores y autoridades información estratégica que facilita la anticipación de escenarios climáticos, la estimación de rendimientos y la mejora de la planificación agrícola. El objetivo es incrementar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos ante las nuevas condiciones impuestas por el clima.

El encuentro fue encabezado por Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono de la República Dominicana. Puig destacó que la colaboración regional resulta fundamental para enfrentar los desafíos comunes derivados del cambio climático, especialmente en los países insulares del Caribe, considerados entre los más susceptibles a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Según Puig, “los pequeños Estados insulares en desarrollo, como Cuba y República Dominicana, no sólo necesitamos más financiamiento para adaptarnos a los efectos del cambio climático, sino que estamos obligados a cooperar para aprovechar nuestras fortalezas y mejorar nuestra capacidad de hacerle frente a los múltiples desafíos que nos impone esta nueva realidad”.

En el intercambio participaron expertos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), entre ellos la Dra. Cecilia Fonseca Rivera, Ramses Vásquez Montenegro y Arnoldo Bezanilla Morlot. Por el lado dominicano, estuvo presente el equipo técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, integrado por responsables de áreas como mitigación, relaciones internacionales y relaciones interinstitucionales. El diálogo permitió identificar necesidades y oportunidades compartidas, así como profundizar en el análisis de los retos que enfrentan ambos países.

El trabajo conjunto también abarcó el desarrollo y la presentación de modelos climáticos que proyectan escenarios regionales a mediano y largo plazo, específicamente para los años 2050 y 2100. Estos modelos permiten analizar los posibles cambios en temperatura, patrones de precipitaciones, incidencia de ciclones tropicales y otros eventos extremos en la región, así como evaluar las fortalezas y limitaciones de las herramientas científicas utilizadas para su elaboración. La meta es contar con información precisa y confiable que sirva de base para diseñar políticas públicas y estrategias de adaptación en los sectores más vulnerables.

Otro de los aspectos abordados fue la participación de ambos países en iniciativas multilaterales, como el proyecto de la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes (CDRI), que también incluye a Haití. Esta colaboración busca establecer un sistema regional de alerta temprana ante desastres, con el fin de mejorar la anticipación y la capacidad de respuesta frente a amenazas climáticas en el Caribe insular.

Las aplicaciones y sistemas de información presentados durante la reunión permiten a productores agrícolas y responsables de la toma de decisiones disponer de herramientas operacionales para cultivos. Estas soluciones facilitan la evaluación de escenarios y la gestión del manejo agrícola, lo que contribuye a que los sistemas productivos de República Dominicana y Cuba sean más resistentes frente al impacto del cambio climático.

La cooperación técnica y científica entre ambos países se consolida como una estrategia continua para enfrentar los retos que plantea el cambio climático y fortalecer la adaptación en un Caribe cada vez más expuesto a riesgos ambientales y fenómenos meteorológicos extremos.

El secretario de Estado Marco Rubio se enfrentará el martes a una avalancha de preguntas sobre los esfuerzos diplomáticos de la administración Trump en todo el mundo, cuando comparezca en audiencias consecutivas en el Capitolio por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán.

El ex senador republicano responderá preguntas de los integrantes de los comités de la Cámara de Representantes y del Senado para presentar la solicitud de presupuesto anual del Departamento de Estado. Pero es probable que la atención se desvíe rápidamente hacia el ya inestable alto el fuego entre Washington y Teherán, que ha sido puesto a prueba en los últimos días por ataques mutuos.

Los miembros del gabinete, incluido Rubio, han defendido la decisión del presidente Donald Trump de iniciar el conflicto a pesar de las promesas hechas a lo largo de los años de no involucrarse en “guerras eternas” en el Medio Oriente. Esa labor se ha visto dificultada por los objetivos cambiantes de Trump para el conflicto.

Aunque Rubio testifica ante el Congreso por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, participó en una sesión informativa clasificada para legisladores días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel. Se enfrentó a la ira de los demócratas por la falta de aprobación del Congreso, pero contó con un fuerte apoyo de la mayoría de los republicanos para tomar medidas contra uno de los adversarios más antiguos de Estados Unidos.

Sin embargo, en los dos meses transcurridos desde que comenzó la guerra, una facción pequeña pero creciente de republicanos se ha sumado a los demócratas para cuestionar el costo astronómico y las consecuencias económicas generales del conflicto, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en otoño. La guerra ha reducido el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica por la que pasa el 20 % del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo en tiempos de paz, lo que ha disparado los precios del combustible.

El mes pasado, el Senado impulsó por primera vez una legislación que habría obligado a Trump a retirarse del conflicto después de que el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana —recién salido de una derrota en las elecciones primarias en las que Trump respaldó a su oponente— se uniera a los demócratas para impulsarla.

La Cámara de Representantes también había programado una votación sobre una resolución de poderes de guerra, pero la dirección del Partido Republicano impidió que llegara al pleno después de que quedara claro que el partido mayoritario no tendría los votos necesarios para rechazarla.

Estas acciones muestran que el Partido Republicano está luchando por mantener el respaldo político a la gestión de la guerra por parte de Trump, ya que los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente en relación con el conflicto.

Tras sus comparecencias el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado —prevista para las 10 a.m. hora del Este— y el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes responsable del Departamento de Estado —a las 2 p.m.—, Rubio regresará al Capitolio el miércoles para testificar ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el subcomité equivalente de Asignaciones del Senado.

Es probable que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también sea interrogado sobre la creciente presión de la administración Trump hacia Cuba, ya que Trump ha insinuado que el pequeño país insular podría ser el próximo objetivo de Estados Unidos una vez que concluyan las operaciones en Irán.

A pesar de una serie de reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos, Trump y Rubio han renovado las amenazas contra el gobierno de la isla, las cuales cobran mayor peso después de que la administración anunciara cargos penales contra el expresidente Raúl Castro. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó la acusación como un truco político que solo buscaba “justificar la locura de una agresión militar contra Cuba“.

A lo largo de su carrera en el Congreso y ahora como máximo representante diplomático de Estados Unidos, Rubio ha sostenido que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump tiene la intención de abordarla.

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Toda nación que sale de una larga noche autoritaria necesita algo más que entusiasmo, consignas o buenos deseos. Necesita un punto de partida legítimo. Una base reconocible. Un suelo común donde puedan encontrarse quienes discrepan, pero comparten una aspiración elemental: reconstruir la república.

Para Cuba, ese punto de partida no hay que inventarlo en una oficina improvisada, ni encargarlo a comisiones especiales, ni dejarlo en manos de expertos de última hora con ínfulas fundacionales. Ese punto existe. Se llama C40.

La C40 no fue una pieza decorativa, sino fruto de un proceso político, legal y nacional donde participaron las principales corrientes republicanas: conservadores, liberales, auténticos, comunistas, intelectuales, juristas, líderes obreros y parlamentarios. Con figuras como Márquez Sterling, Grau, Chibás, Prío, Mañach, Ferrara, Cortina y Núñez Portuondo, fue un verdadero pacto nacional, amplio, plural, legítimo y profundamente cubano.

Ese origen importa. Las constituciones no son solamente textos jurídicos. Son actos de legitimidad. Una constitución verdadera no se impone desde arriba, no se redacta para blindar a un partido, no convierte la ideología oficial en dogma de Estado. De ahí el célebre grito del senador José Manuel Cortina durante su redacción: “¡Los Partidos fuera! ¡La Patria dentro!”. La idea era clara: la nación debía estar por encima de las facciones.

Una constitución digna de ese nombre limita el poder, protege al ciudadano y establece reglas comunes para que el país no dependa del capricho de un caudillo. En ese sentido, la C40 representa el último gran consenso político de la Cuba libre.

Ayer, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, asistí a un panel sobre la vigencia de la C40. Allí, Néstor Carbonell, amigo querido, abogado, ensayista e historiador, nieto del senador José Manuel Cortina, defendió brillantemente su valor histórico y político. Recordó que los pueblos liberados del comunismo no deben inventar nueva legitimidad: a veces solo tienen que recuperar la arrebatada.

Carbonell recordó el ejemplo de Estonia, Letonia y Lituania, que tras el comunismo apelaron a la continuidad jurídica de sus repúblicas precomunistas. Letonia reinstauró su Constitución de 1922; Estonia y Lituania reconstruyeron su legalidad democrática desde esa memoria estatal. La lección es clara: después del totalitarismo, una nación no parte del vacío, sino de la legalidad interrumpida por la fuerza.

Ese precedente ilumina el caso cubano: Batista rompió en 1952 el orden constitucional nacido en 1940, y la demanda legítima fue restaurarlo. Esa promesa estuvo en el centro del movimiento revolucionario; incluso Castro la invocó en "La historia me absolverá“. El drama comenzó cuando quienes prometieron devolver la legalidad republicana restituyendo la C40 terminaron traicionándola desde el poder y enterrándola bajo el nuevo régimen.

Esa fue la primera gran traición del castrismo. No comenzó solamente con las confiscaciones, los fusilamientos, la censura o el partido único. Comenzó cuando el nuevo poder decidió que la C40 no era una norma que debía respetarse, sino un obstáculo que debía manipularse, aplazarse y finalmente enterrarse. La revolución no restauró la república: la sustituyó por un régimen de mando personal, primero carismático, luego burocrático, siempre autoritario.

Las constituciones socialistas posteriores, la de 1976 y la de 2019, no pueden compararse con la C40 en legitimidad democrática. Podrán haber tenido referendos, actos públicos, campañas oficiales y rituales de aprobación masiva, pero nacieron dentro de un sistema donde no existe competencia política real, libertad de prensa, separación de poderes ni alternancia.

Una constitución que declara al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad y del Estado no funda una república: consagra una subordinación. No protege al ciudadano frente al poder; protege al poder frente al ciudadano.

Por eso la C40 debe ser la piedra angular de una nueva Cuba. No porque sea perfecta. No porque deba restaurarse como fósil jurídico, intacto, inmóvil, encerrado en una urna patriótica.

Toda constitución necesita reformas, enmiendas y actualización. Cuba ha cambiado. El mundo ha cambiado. La propiedad, la tecnología, las comunicaciones, los derechos individuales, la economía global y la relación entre Estado y ciudadano exigen ajustes profundos. Pero una cosa es reformar una base legítima y otra muy distinta es empezar desde cero en medio del ruido, la improvisación y la ansiedad fundacional.

A quienes dicen que la C40 es demasiado antigua habría que recordarles que la Constitución de Estados Unidos fue redactada en el siglo XVIII y sigue siendo el marco institucional de la democracia más influyente del mundo. Su fuerza no está en haber permanecido congelada, sino en haber permitido reformas sin destruir su principio esencial: limitar el poder y preservar la libertad. La antigüedad, cuando está asociada a legitimidad, continuidad y capacidad de enmienda, no es defecto. Es autoridad histórica.

Algo similar puede decirse, en otro plano, de la Torá para el pueblo judío. Más allá de las diferencias religiosas, filosóficas o políticas entre judíos de todo el mundo, la Torá ha funcionado durante siglos como referencia común, memoria compartida y eje de continuidad. No todos la interpretan igual. No todos la viven igual. Pero todos reconocen su lugar central en la identidad colectiva. Cuba necesita algo parecido en el terreno cívico: un texto capaz de unir, orientar y recordar que la nación no empezó con la revolución ni debe recomenzar cada vez que aparece un grupo con pretensiones constituyentes.

Hoy surgen propuestas, plataformas y planes para una Cuba futura. Eso es natural y totalmente saludable. Pero sería un error grave permitir que la arquitectura inicial de la nueva república quede en manos de aficionados, iluminados, grupos de presión o redactores sin la estatura histórica, jurídica y política de quienes produjeron la C40. Una mala constitución puede hipotecar una transición desde el primer día. Puede crear instituciones débiles, ambigüedades peligrosas o nuevos espacios para el autoritarismo con lenguaje democrático.

La C40 ofrece algo invaluable: un punto de arranque legítimo, cubano, republicano y plural. Puede ser reformada, modernizada y adaptada. Pero debe ser reconocida como el puente entre la república interrumpida y la república por reconstruir. En una Cuba fragmentada por el exilio, la represión, la propaganda y la desmemoria, la C40 puede funcionar como casa común.

No resolverá por sí sola todos los problemas. Ninguna constitución lo hace. Pero puede impedir que la nueva Cuba nazca sin raíces, sin brújula y sin memoria. Y después de más de seis décadas de simulacro constitucional socialista, empezar desde una legitimidad auténtica no es nostalgia: es prudencia republicana.

Frank Zimmerman es Strategic Advisor y Senior Multimedia Producer en el Adam Smith Center for Economic Freedom at FIU. Consultor y comentarista político, es autor del libro “12 Mitos sobre Cuba” y otros artículos; analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

Moscú y La Habana están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos “prometedores” en los sectores de energía, agricultura y biofarmacéutica, señaló este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. El anuncio llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una profunda crisis energética agravada por las sanciones del gobierno de Donald Trump y la salida de inversores extranjeros clave.

“Se están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos prometedores en energía, metalurgia, transporte, agricultura, biofarmacéutica, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y educación”, aseguró el número dos de la diplomacia rusa, citado por la agencia Interfax.

Riabkov afirmó que Moscú y La Habana sostendrán nuevos contactos para abordar sus relaciones en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, que arranca el miércoles. Agregó que Rusia tiene presente la situación en torno a la isla durante sus contactos con la parte estadounidense.

“El tema de la presión de Washington sobre Cuba está presente en nuestros contactos con los estadounidenses“, señaló. “Comprendemos la compleja situación en la que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y la creciente presión, y no podemos permanecer indiferentes al respecto“, aseveró.

Los enfoques de Rusia y Estados Unidos sobre la situación “difieren radicalmente”, subrayó el viceministro. La semana pasada, Cuba y la Unión Económica Eurasiática —liderada por Moscú e integrada también por Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia— acordaron una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico.

La crisis energética golpea la educación y el turismo

El respaldo ruso llega mientras Cuba, bajo embargo comercial estadounidense desde 1962, enfrenta una crisis económica agudizada desde enero por la amenaza de Trump de aplicar sanciones a los países que vendan crudo a La Habana. La escasez de combustible ha provocado restricciones en el transporte y frecuentes apagones con consecuencias en todos los sectores de la sociedad.

La Unesco alertó el sábado que el cerco energético de EEUU pone “en riesgo” el sistema educativo de la isla al afectar la disponibilidad de docentes y reducir las jornadas escolares. “Las limitaciones energéticas y de transporte afectan la presencia de docentes, agravando un déficit nacional superior a 26.000 maestros“, afirmó la representante del organismo en Cuba, Anne Lemaistre.

Unos 400.000 estudiantes vieron reducidas sus jornadas educativas, mientras que cerca de 28.000 alumnos de grados terminales enfrentan una situación “crítica” para finalizar sus estudios, principalmente en zonas rurales. A esto se suma que más de 870 escuelas dañadas por el huracán Melissa permanecen sin recuperarse. El curso escolar, que suele terminar a finales de junio, se adelantó varias semanas como medida de emergencia.

Blue Diamond abandona Cuba

En el frente turístico, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció este lunes que deja de operar en Cuba “con efecto inmediato”. El grupo gestionaba 62 establecimientos bajo 10 marcas diferentes, todos en asociación con el gobierno cubano. En su comunicado, la empresa citó “continuas limitaciones operativas y condiciones del mercado”, sin vincular oficialmente la decisión a las sanciones estadounidenses.

El 1 de mayo, Trump firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano. El conglomerado militar-económico Gaesa y la minera canadiense Sherritt fueron las primeras compañías sancionadas tras el decreto.

El turismo es la segunda fuente de divisas de Cuba y Canadá es su principal proveedor de viajeros. Numerosas aerolíneas canadienses, entre ellas Air Canada, Air Transat y WestJet, ya habían suspendido sus vuelos a la isla debido a la escasez de combustible.

El reporte del periodista Mario Pentón, con un video en el cual se escuchan cientos de utensilios golpeando cacerolas y generando un sonido aturdidor, reveló el malestar creciente entre los isleños del centro de la capital cubana ante la crisis humanitaria que vive el país en manos de la dictadura castrista.

Los comentarios de residentes recopilados en las respuestas al comunicador evidenciaron la magnitud del desabastecimiento. “Desde ayer hasta hoy una hora y media de electricidad”, relató un vecino, mientras otro denunció: “Solo una hora de luz, abusivo”.

Otros usuarios señalaron condiciones similares en distintos puntos de La Habana. Un residente de Miramar y Playa indicó: “Sólo 3 horas de electricidad desde ayer 5 pm”, en referencia al viernes 29 de mayo.

La desesperación por la falta de suministro eléctrico se reflejó en testimonios como el de una vecina: “No sé hasta cuándo podrá resistir una persona, ya estamos perdiendo la cabeza, no aguantamos más, que Dios nos ayude”. Otro usuario extendió el panorama más allá de la capital y afirmó: “Así mismo tienen a Santiago de Cuba a oscuras total”.

El cacerolazo de Cayo Hueso se produjo en un contexto de crisis eléctrica sin precedentes. El sábado, la Unión Eléctrica informó una disponibilidad de solo 1.400 MW frente a una demanda de 2.770 MW, con una afectación máxima de 1.890 MW registrada a las 22:00 horas del viernes.

Según reportó el sitio Ciber Cuba, la situación se agravó por la salida de emergencia de unidades en las centrales termoeléctricas de Santa Cruz y Renté. Además, la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional menos de 36 horas después de haber sido reconectada.

Durante mayo, Cuba vivió los peores días del año en materia energética. El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2.153 MW y al día siguiente se alcanzó un máximo histórico de 2.174 MW, lo que provocó cortes de entre 20 y 22 horas diarias en La Habana y afectó simultáneamente a cerca del 70% de la población.

Las protestas en el centro de la capital cubana no se limitaron a Cayo Hueso. El pasado martes, vecinos de un edificio de 12 plantas en Zanja y Hospital realizaron otro cacerolazo, anticipando la escalada del sábado. En marzo de 2026 también hubo manifestaciones en Neptuno y Hospital y en Salud y Belascoaín, episodios que incluyeron presencia policial.

En las redes sociales, residentes alertaron sobre represión ante las protestas. “También aquí han metido presos un montón de gente y le han dado golpes también, sin duda hay miedo, son padres de familia y después esos niños”, denunció un usuario. Un incidente anterior en Alamar, el 21 de mayo, terminó con represión policial y al menos una detención durante otro apagón.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, ya se documentaron 1.245 protestas en marzo de 2026 y 1.133 en abril, con la crisis energética como principal detonante.

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer sostuvo que la estrategia utilizada por Estados Unidos para remover de sus funciones al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Venezuela podría aplicarse en Cuba e, incluso, con mayor rapidez. “No vemos otra opción que sacar al régimen por la fuerza”, aseguró Ferrer, convencido de que “sobrarán los Delcy Rodríguez” dispuestos a tomar el relevo tras la salida del castrismo.

Según el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la presión interna es insostenible tras décadas de privaciones. Ferrer, quien estuvo encarcelado en la Primavera Negra de 2003 y fue nuevamente apresado tras las protestas de julio de 2021, vive ahora en el exilio, tras ser liberado y desterrado a Estados Unidos en octubre de 2025. Desde allí, describe una sociedad marcada por “la opresión y miseria extrema”, especialmente para los presos políticos.

Cerca de dos tercios de la población, estimó Ferrer en una entrevista con Europa Press, apoyarían la salida del régimen, dentro y fuera del país. Bajo su mirada, la alternativa venezolana —donde la detención de Maduro dio paso a Delcy Rodríguez con el respaldo de la administración Trump— es “replicable” en Cuba, con la diferencia de que el proceso podría acelerarse debido al “desgaste” acumulado que sufren los isleños.

En los últimos meses, diversas voces en la oposición cubana señalaron que la crisis política y económica del país deterioró el respaldo al régimen, incluso entre las filas del gobernante Partido Comunista. Muchos militares de rango medio y bajo “no van a hacer lo más mínimo por defender” a las autoridades cubanas, observó Ferrer, quien recalca que “están tan deseosos como sus familiares por que el régimen termine y Cuba pueda salir de la situación” actual.

El opositor subrayó que la cohesión interna del castrismo “se ve fundamentada en el terror, en el miedo, en la desconfianza”. Durante la entrevista, recordó episodios en los que figuras de alto perfil, como el ex vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, fueron apartadas tras perder la confianza del núcleo del poder.

“Si eso ha ocurrido en tiempos más cómodos para el castrismo”, señaló, la situación actual, bajo “inminente colapso”, anticipa que “van a sobrar los Delcy Rodríguez tanto a nivel de figuras políticas como de mandos militares”.

En este contexto, la falta de una oposición asentada, como la que existía en Venezuela, podría ser, según Ferrer, una ventaja en Cuba. “La desventaja termina siendo nuestra ventaja”, argumentó el dirigente, que destaca la existencia de un exilio “poderoso, política y económicamente hablando” en Estados Unidos y bien coordinado con la disidencia interna.

La relación entre el exilio y la oposición dentro de la isla, explicó Ferrer, es cada vez más sólida. “Las estructuras que no tenemos dentro de la isla, sí las tenemos en el exterior”, afirmó, refiriéndose a una “oposición latente, creciente, muchas veces silenciada, clandestina”.

El dirigente opositor destacó la figura del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como un aliado clave.

“Tiene el tema de Cuba como algo prioritario, como algo personal para él”, subraya Ferrer, quien confirma contactos “constantes y fluidos” tanto con Rubio como con el Departamento de Estado. El propio Ferrer, junto a otros opositores en el exilio como Rosa María Payá y Orlando Martínez, así como figuras dentro de Cuba como Berta Soler y Ángel Moya, participan de estos intercambios.

En cuanto a la situación política, el líder opositor sostuvo que el régimen “está sentenciado” y aseguró que el desenlace podría producirse “en cualquier momento en los próximos meses”.

Para entender la situación actual en Cuba, es clave saber que el régimen enfrenta un rechazo social amplificado por la crisis económica, la persecución política y la existencia de una oposición interna y en el exilio, mientras Estados Unidos muestra una postura firme a favor de un cambio de gobierno. El liderazgo de Ferrer y la coordinación con figuras clave en Washington refuerzan las posibilidades de una transición política inminente.

(Con información de Europa Press)

La reciente operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según detalló el SOUTHCOM en un comunicado difundido en redes sociales.

El comando precisó que el buque atacado estaba operado por “organizaciones terroristas designadas” y recorría rutas habitualmente empleadas para actividades de narcotráfico.

El reporte oficial señaló que no hubo heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación. El éxito de la acción se atribuyó a información de inteligencia que permitió identificar y localizar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la zona.

En las imágenes divulgadas por el comando, se observa a la narco lancha en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Posteriormente, se vieron imágenes de la embarcación envuelta en humo y en pleno incendio.

“El Hemisferio Occidental ya no es un entorno permisivo para narcoterroristas, sindicatos criminales o sus patrocinadores estatales“, expresó Francis L. Donovan antes de la difusión del nuevo ataque y agregó: ”Con la Fuerza de Combate Litoral-24 al mando de las operaciones tácticas, estamos enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido a defender nuestra patria y a asegurar un hemisferio próspero y estable junto a nuestros socios perdurables”.

SOUTHCOM es responsable de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica, en el marco de sus tareas de combate al narcotráfico en la región.

En paralelo al golpe contra las redes del narcotráfico, Estados Unidos mantiene su presión hacia las autoridades del régimen cubano. Este viernes, Francis Donovan mantuvo un encuentro con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General de Cuba, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo.

Según un comunicado difundido por el Comando Sur, se trató de “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, el primero de este tipo en tiempos recientes entre el titular del Comando Sur y altos mandos militares cubanos.

La información oficial fue acompañada por una fotografía que muestra a los participantes en uniforme de campaña. El comunicado detalla que Donovan también realizó una evaluación de la seguridad perimetral de la base y conversó con oficiales del recinto sobre la protección del personal militar, sus familias y la preparación operativa.

La base naval de Guantánamo, ubicada en la costa sureste de Cuba, a unos 700 kilómetros de Miami, aloja además un centro de detención conocido internacionalmente por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La reunión se desarrolló en un contexto de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presión económica sobre la isla tras su regreso al poder, lo que agravó la crisis existente. El 13 de mayo, el ministro de Energía cubano anunció que el país se quedó sin reservas de diésel y fueloil necesarios para operar las plantas eléctricas.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de la Infantería de Marina Francis Donovan, se reunió este viernes con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General de Cuba, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo. El encuentro, calificado por el Comando Sur como “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, es el primero que se recuerda en tiempos recientes entre un jefe del Comando Sur y mandos militares cubanos.

El Comando Sur difundió un comunicado acompañado de una fotografía de los participantes —todos con uniforme de campaña— en el que precisó que Donovan también llevó a cabo una evaluación de la seguridad perimetral de la base y abordó con oficiales del recinto la protección del personal militar y sus familias, así como la preparación operativa. La base naval, ubicada en la costa sureste de Cuba a unos 700 kilómetros de Miami, alberga además un centro de detención que adquirió notoriedad mundial por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La reunión se produce en un momento de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión económica sobre la isla desde su regreso al poder, con medidas que han agravado una situación ya crítica: el 13 de mayo, el ministro de Energía cubano anunció que el diésel y el fueloil necesarios para mantener en funcionamiento las plantas eléctricas se habían agotado por completo.

La visita de Donovan se produce poco más de dos semanas después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, encabezara una delegación en La Habana para reunirse con altos funcionarios del gobierno cubano. Personas familiarizadas con el asunto señalaron entonces que Washington expresó su frustración ante la falta de avances en materia de apertura económica y política por parte del régimen.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cuatro cargos de asesinato contra el ex dictador cubano Raúl Castro, de 94 años, y otros funcionarios, por el derribo en 1996 de dos avionetas operadas por una organización de exiliados cubanos con sede en Miami. El secretario de Estado Marco Rubio llegó a calificar a Castro de “fugitivo” de la justicia estadounidense, aunque se negó a ofrecer detalles sobre eventuales planes para arrestarlo.

La acusación formal retoma un incidente de hace casi tres décadas y se suma a las presiones de la administración Trump sobre el régimen fundado por Fidel Castro tras la revolución de 1959. Según Reuters, Trump ha mencionado a Cuba entre sus prioridades de política exterior para su segundo mandato e insinuó que se convertirá en el foco principal una vez que concluya el conflicto con Irán. Tanto Trump como Rubio han sugerido que, si las restricciones económicas no provocan un cambio de gobierno, podría recurrirse a la fuerza militar.

La semana pasada trascendieron informes según los cuales La Habana estaría evaluando la posibilidad de llevar a cabo ataques con drones contra la base naval en caso de una agresión militar estadounidense, de acuerdo con lo publicado por AFP. El Comando Sur no se pronunció sobre esos reportes, pero sí reafirmó en su comunicado que “la estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital” para contrarrestar amenazas a la seguridad, la estabilidad y la democracia en el hemisferio.

Trump también ha proyectado utilizar la instalación como centro de detención para migrantes indocumentados, lo que añade una dimensión adicional al valor estratégico que la administración atribuye al enclave. El gobierno cubano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario formuladas el viernes por la noche, según The Washington Post.

Según Serbin Pont, la iniciativa forma parte de una estrategia escalonada de Washington: “El siguiente en el mapa es Honduras y de ahí quieren presionar a México para que México sea el siguiente en empezar a habilitar formalmente operaciones militares norteamericanas en su territorio para luchar contra grupos vinculados al narcotráfico”.

El análisis se extendió al deterioro del sistema energético cubano. “La crisis energética es terrible, la crisis económica es terrible. Para que se den una idea, las proyecciones de la contracción económica de Cuba para este año es del entre 6,5 a 7,2%”, sostuvo el analista, y trazó un paralelismo: “Ayer estuvimos hablando de Irán, que estábamos hablando de números similares en el caso de Irán en plena guerra. Imagínense Cuba si está en una guerra, una contracción cercana al 7% y del 2019 al día de hoy son más de 23% en contracción de el PBI”.

El avance militar de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe

Serbin Pont precisó el trasfondo de la decisión guatemalteca: “Lo comunicó Estados Unidos primero, después salió el Gobierno de Guatemala a medio contradecir, decir: ‘No, bueno, esto es cooperación para mejorar nuestras capacidades militares’. Conclusión: algún tipo de acuerdo se están llegando, aparentemente similar al que se tiene con Ecuador y Estados Unidos esto lo está haciendo con una estrategia muy clara”.

El especialista remarcó la presión diplomática sobre la región: “Ya reforzaron con Ecuador. Están con la esperanza que, obviamente, Petro sale próximamente en Colombia. Avanzaron con Guatemala. El siguiente en el mapa es Honduras y de ahí quieren presionar a México”.

La transmisión mostró el mapa de las rutas del narcotráfico: “El mapa muestra algunas de las principales rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos que hay en la región. Van a ver de que están las rutas aéreas con la línea punteada. La línea sólida son las rutas marítimas, lo que sale de Ecuador, mucho de lo que llega a diferentes partes de Centroamérica y después de ahí van tomando diferentes caminos para llegar a los Estados Unidos”.

Cuba: escenario de crisis y planes de intervención

El colapso cubano fue abordado con datos precisos: “Estados Unidos ya ha desplegado los medios que necesita en la zona para poder llevar adelante una operación militar en Cuba”, citó Serbin Pont.

Facundo Kablan, parte del staff, intervino: “Se está apagando Cuba, básicamente”. El analista coincidió: “Se está apagando. La crisis energética es terrible, la crisis económica es terrible”.

El informe se apoyó en cifras: “Entre 2019 y hoy son más de 23% en contracción del PBI”. La proyección para 2026: “Las proyecciones de la contracción económica de Cuba para este año es del entre 6,5 a 7,2%”.

Chile desafía a China con la expansión portuaria y Europa tiembla por la guerra

El tercer eje fue la competencia entre Chile y China en el Pacífico: “Se anunció ayer la expansión del puerto exterior en San Antonio, Chile. Megaproyecto. Alguna vez hemos hablado del Puerto de Chancay, que hay en Perú, muy controversial porque se construyó con fondos chinos”, explicó Serbin Pont.

Resaltó la magnitud de la inversión: “Casi 3.500 millones de dólares que se volcaron en crear ese puerto, que tiene una capacidad de 21 mil TEUs... Bueno, este proyecto, 4.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares lo está poniendo el propio gobierno chileno. Los otros 2.500 son de las concesiones privadas dentro del puerto. La idea es que alcance los 60 mil TEUs”.

En el cierre, el repaso internacional llegó a Europa oriental: “El día de ayer impactó un dron en Galati, que es una ciudad en el este de Rumanía, un dron ruso que había sido lanzado en una ola de ataques contra Ucrania. Parece que este siguió de largo e impactó sobre un edificio residencial. Resultado: por lo menos dos heridos y 70 evacuados de la zona”.

La reacción no se hizo esperar: “Una condena muy fuerte por parte de la Unión Europea y de la OTAN. Unión Europea está a punto de anunciar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el paquete número veintiuno”.

Según Serbin Pont, “Nadie va a invocar el artículo cinco de la OTAN por unos drones perdidos, pero sí genera mucho malestar dentro de las autoridades rumanas, pero también dentro de Europa en general, a medida que ven que pasan estas instancias en las cuales el conflicto en Ucrania se va esparciendo, se va volcando sobre los otros países”.

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Esta escena, que se repite cada día en barrios de toda Cuba, retrata la vida bajo la peor crisis energética de la historia reciente del país, donde millones de personas reorganizan sus rutinas en torno a apenas tres horas de electricidad diaria.

Esta semana, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de 1.133 megavatios (MW) frente a una demanda de 2.700 MW a las seis de la mañana, con un déficit nocturno proyectado de 2.147 MW. En La Habana, los apagones llegaron a 20 y 22 horas diarias durante este mes, lo que deja a los capitalinos con entre una hora y media y cuatro horas de servicio entre cortes. El 13 de mayo, se registró un déficit récord de 2.153 MW, superado al día siguiente con 2.174 MW. El 16 de este mismo mes, el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.

Ante ese panorama, el ingenio se convirtió en el principal recurso. Marylin Álvarez Domínguez, cosmetóloga de 50 años que vive con su marido y dos hijas adolescentes en el populoso barrio Bahía de La Habana, lo describió con precisión a The Associated Press: “Los apagones están bastante fuertes y el gas en falta, tengo que estar corriendo para tener la comida en tiempo”.

Su esposo, el mecánico Ángel Rodríguez Hernández, de 56 años, fabricó una hornilla eléctrica casera cuando el Estado dejó de distribuir gas licuado en diciembre. Cuando la electricidad también se corta, la familia cocina en el patio con carbón. Rodríguez también armó un televisor a partir de la pantalla de una laptop rota y una batería de motocicleta. “No me dura mucho tiempo la carga, pero sirve para que mi familia vea televisión o se entretenga en algo”, explicó al mismo medio.

Cocinar de madrugada, guardar agua cuando hay corriente y cargar el teléfono como si fuera un bien de primera necesidad, son las estrategias que una madre cubana documentó en un video viral de TikTok, publicado bajo el título: “¿Cómo se sobrevive en Cuba con 3 horas de luz?“.

“Tres horas para hacer en un día lo que el resto del mundo hace con tiempo de sobra. Y así llevamos días, semanas, meses”, denunció la autora del clip, identificada como Ali Noriega. “Esto no es quejarse, esto es sobrevivir. Y hacerlo todos los días, con dignidad, con amor, con lo poco que tenemos”, agregó.

Quienes tienen más recursos recurren a soluciones costosas. Natividad Hernández, jubilada de 61 años que arrienda habitaciones en su casa, compró paneles solares, aunque su presupuesto no le alcanzó para instalarles baterías, por lo que solo puede usarlos de día. “Son una gran solución”, dijo a AP.

También adquirió una planta de generación recargable y guarda un tanque de gas “para las crisis grandes”. Con el aumento de los apagones, las páginas de compraventa se llenaron de ventiladores recargables a 40 dólares, lámparas con cargadores a 20 y estaciones de carga por hasta 1.000, importados desde Estados Unidos y Panamá, precios casi inaccesibles en un país donde un buen salario estatal mensual equivale a entre 18 y 20 dólares en el mercado informal.

El herrero Edinector Vázquez, de 45 años, radicado en las afueras de La Habana, tiene más trabajo que nunca. “Hago hornillas para el carbón; como están las cosas, eso resuelve un gran problema a la población”, contó; y cobra por cada artefacto el equivalente a 18 dólares. “La situación va cada día más tensa, hay que tratar de buscar la solución y escapar por aquí y por allá”, añadió.

Las causas de la crisis son estructurales. Las termoeléctricas del país fueron construidas en la era soviética y llevan décadas sin mantenimiento. La reducción de los envíos de petróleo desde Venezuela y México, reportada desde diciembre pasado, agravó el colapso hasta niveles insostenibles. En febrero, el régimen activó la llamada “Opción Cero”, un plan de emergencia heredado del Período Especial de los años ’90 que implica priorizar servicios esenciales y recurrir a tracción animal, carbón y biomasa.

El impacto sobre la salud y el bienestar de la población es profundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en febrero que los hospitales cubanos enfrentan “serias limitaciones operativas”, con unidades de cuidados intensivos y urgencias comprometidas. En abril, la misma organización reportó que más de 96.000 cirugías habían sido aplazadas, entre ellas 11.000 pediátricas, y que 3.000 niños enfrentaban retrasos en vacunación.

Un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine confirmó que los apagones generan niveles “extremadamente severos” de depresión, ansiedad y estrés en adultos cubanos, con los jóvenes como el grupo más afectado. El factor más dañino, según esa investigación, no es la duración del corte sino el “impacto funcional”: la alteración de la alimentación, el sueño, el trabajo y las rutinas básicas.

El actor Luis Alberto García, una de las voces críticas más reconocidas dentro de la isla, denunció que, tras 20 horas sin electricidad, “los niños son los que saben sufrir”. La cubana Sisi Aguilera publicó un video el 20 de mayo: “Desde ayer, señores, estamos sin electricidad... ya estamos llegando al límite”.

La dictadura de Miguel Díaz-Canel no ha ofrecido soluciones concretas ni plazos de recuperación. Las promesas de paneles solares, reparación de termoeléctricas y nuevas plantas generadoras se repiten desde hace años. El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había admitido a finales de 2025 que “2026 será difícil”.

Para Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, la solución “tomaría tiempo, tres, cinco años y mucho dinero, entre 5.000 y 8.000 millones de dólares”. Mientras, los cubanos esperan con reserva. “Esto está difícil. Va a llegar un momento en el que las ideas se nos van a acabar”, reflexionó Rodríguez.

La crisis humanitaria y energética parece no tener final en una Cuba sumida por las decisiones y la corrupción del régimen liderado actualmente por el dictador Miguel Díaz-Canel. Cerca de tres millones de personas enfrentan escasez diaria de agua en la isla como resultado de la falta grave de combustible.

Las autoridades detallaron la noche del miércoles que el sistema de abastecimiento de agua opera con solo el 37% del combustible necesario, un déficit que incide directamente en el suministro a casi 10 millones de habitantes y que refleja la mayor emergencia en décadas.

Durante una mesa redonda sobre el impacto del embargo, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), afirmó que el sistema de agua figura entre los sectores más afectados, ya que es uno de los principales consumidores de energía del país.

“No solo el bombeo de agua consume electricidad, sino que todas las actividades esenciales de la agencia requieren combustible, desde desatascar tuberías y limpiar fosas sépticas hasta reparar fugas”, explicó el titular del INRH, citado por el sitio oficial Cubadebate. Rodríguez añadió que también se necesitan productos químicos, cuya importación se encuentra paralizada.

El funcionario precisó que la agencia solía destinar alrededor de USD 100 millones anuales a la compra de repuestos y suministros, pero en el último año esta cifra se redujo a apenas 10 millones debido a la suspensión total de crédito.

“Muchos proveedores están suspendiendo sus contratos mientras evalúan cuándo sería conveniente entregar suministros a Cuba o qué obstáculos podrían surgir en el procesamiento de pagos bancarios, sin mencionar las limitaciones en los servicios de envío”, indicó Rodríguez.

El deterioro de la infraestructura y la saturación de las estaciones de bombeo agravan el panorama, sobre todo en grandes ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. En estos centros urbanos, la mayoría de los edificios altos y apartamentos depende de bombas eléctricas para elevar el agua a los depósitos.

El funcionario que responde a las autoridades del régimen reconoció que apenas una pequeña parte de las operaciones del INRH utiliza energía solar o alternativas similares, y subrayó que la expansión de estas tecnologías exige inversiones elevadas.

La crisis del agua, aunque no es un fenómeno reciente, se profundizó en los últimos meses tras la decisión del gobierno estadounidense de endurecer las sanciones contra la isla. Desde enero, Washington intensificó la presión sobre la dictadura castrista, incluyendo aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. Actualmente, la isla produce solo el 40% del combustible que demanda su economía.

Los efectos se sienten con fuerza en la vida cotidiana. “Han pasado cinco días desde que llegó el agua”, relató Magaly Ribial, maestra de 60 años, mientras recogía agua de un camión cisterna en La Habana Vieja.

En el mismo barrio, Dayse Izquierdo, de 95 años, depende de la ayuda de sus vecinos para acceder al recurso cuando los camiones, conocidos como “pipas”, llegan a la zona. “La escasez de agua es generalizada”, sostuvo Carlos Molina, de 55 años. “Vengo de otro municipio a buscar agua porque allí no hay”.

La distribución a través de camiones cisterna no resuelve la falta de acceso, ya que el servicio resulta irregular y obliga a muchos residentes a trasladarse largas distancias para abastecerse.

Las autoridades cubanas, por su parte, reconocen las dificultades y desarrollan un programa acelerado de energía solar, aunque admiten que la solución requerirá tiempo y recursos.

En este contexto, la población soporta no solo los cortes de agua, sino también apagones diarios que pueden durar hasta 20 horas, mientras el país atraviesa su quinto año consecutivo de crisis económica, inflación y escasez de productos básicos.

(Con información de Associated Press)

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Miami a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros del régimen de Cuba, Ulises Rosales, luego de violar las leyes estadounidenses por ingresar al país con una visa de visitante.

Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU este jueves a la agencia EFE, el arresto se realizó el martes pasado y, según datos del sistema electrónico del ICE, la mujer permanece bajo custodia en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, al sur de Florida.

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación”, indicó un vocero del DHS.

El organismo no ofreció más detalles sobre la detención, aunque subrayó que “cada extranjero ilegal recibe su debido proceso”.

Ulises Rosales, padre de la detenida, integró el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro y, tras 1959, ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas y en el Partido Comunista de Cuba. Ostenta el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y dirigió los ministerios del Azúcar y de la Agricultura.

El arresto de Alina Rosales Aguirreurreta adquiere relevancia política y simbólica debido al historial de su padre, considerado uno de los generales más influyentes del régimen cubano. Exministro del Azúcar, exministro de Agricultura y figura de confianza del poder castrista durante décadas, Rosales mantuvo una posición central dentro de la estructura estatal de la isla.

La detención de su hija contrasta con el estilo de vida documentado por investigaciones periodísticas sobre la familia. Un trabajo realizado por el periodista Mario J. Pentón, con la colaboración de Luis Domínguez para Martí Noticias, recogió pruebas de que hijos, nietos y otros familiares del general accedieron a viajes internacionales y propiedades exclusivas. Según ese informe, “la familia de Ulises Rosales del Toro disfruta de una vida de privilegios, viajes y lujos inalcanzables para la mayoría de los cubanos”.

Entre los elementos consignados por la investigación figura que Suema Rosales Aguirreurreta, otra hija del general, reside entre Cancún y Cuba, realiza viajes frecuentes y gestiona negocios en La Habana. Un hijo de Rosales del Toro vive en Italia y celebró una boda de alto nivel en Nápoles, con familiares desplazándose por varios países europeos. La nieta, Daniela Rosales Pérez, mostró en redes sociales imágenes de sus recorridos por Europa en julio de 2021, en coincidencia con las protestas del 11J en la isla. En 2017, Perla Rosa Rosales Aguirreurreta, también hija del general, asumió la dirección de Habaguanex S.A., la empresa estatal cubana de turismo y patrimonio.

La detención de Rosales Aguirreurreta ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana, que incluye el arresto de cubanos aliados del régimen castrense en territorio estadounidense. Hace una semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de una ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras la revocación de su residencia permanente y al acusarla de colaborar con las autoridades de la isla y representar una amenaza para la seguridad nacional.

En otro caso, una corte federal en el Distrito Central de Florida condenó a siete meses de cárcel al piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez por falsear datos en sus formularios de inmigración. González-Pardo Rodríguez figura entre los cinco militares acusados la semana pasada por el Departamento de Justicia (DOJ), junto al expresidente cubano Raúl Castro, por el derribo de aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996, suceso en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

El pasado 7 de mayo, Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano Gaesa como parte de las medidas para presionar la economía cubana, en el marco de las advertencias del presidente Donald Trump de aumentar el control sobre el país caribeño.

(Con información de EFE)

Leonardo Padura está trabajando en una novela policíaca sobre una historia a caballo entre Cuba y España en la que aparece su personaje del detective Mario Conde, pero en la que podría no aparecer ningún muerto, según cuenta el escritor, que dice todavía no tener todos los cabos atados.

“En unas primeras páginas ya sé cuál es la historia que quiero contar, pero lo que no sé ahora es cómo la voy a contar”, indica Padura durante su paso por París este jueves, donde está promocionando la versión en francés de Ir a La Habana, que se acaba de publicar.

Preguntado sobre el tema, responde que va de “una persona que hay que encontrar porque es una mujer que nació en Cuba de un padre español, ese padre español ha dejado una herencia y para cobrar la herencia hay que encontrar a esa hija cubana y nadie sabe dónde está. Y ahí está entonces Mario Conde, que va a empezar a buscar a esa hermana cubana".

“A lo mejor ni siguiera hay un muerto”, añade antes de hacer notar que el género de intriga en el que ha escrito muchas de sus novelas le da margen: “Creo que los recursos de la novela policíaca te lo permiten. Es un género muy abierto, que tuvo un momento de una ortodoxia en que había incluso decálogos para escribir novelas. Pero creo que la generosidad de esa tipología literaria te permite escribir lo que tú quieras”.

“Hasta ahora -insiste- no tengo muertos en la historia. Y sin embargo, va a ser una novela policial” situada en el tiempo en 2025 y que se prolonga en 2026 aunque no sabe qué va a pasar entonces.

Padura precisa que está “todavía muy en el principio” de su escritura y que conforme avanza va “creando la historia”.

El literato cubano, Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2015, explica que en paralelo continúa con su trabajo periodístico y puntualiza que eso es distinto de la literatura.

“El periodismo se mueve sobre la inmediatez. La literatura intenta reflejar realidades y esas realidades deben tener un cierto sustento, una cierta densidad. Y una determinada distancia con respecto a los acontecimientos te ayuda a tener esa posibilidad de reflexión”.

En definitiva, está “reflexionando desde el presente, pero desde la perspectiva periodística más conceptual y no desde la perspectiva estética que requiere otras condiciones para poder desarrollarse”.

Fuente: EFE

El observatorio Food Monitor Program (FMP) presentó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación un informe en el que responsabilizó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de profundizar la crisis alimentaria en Cuba, al ejercer un monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos bajo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El documento, dirigido a la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una convocatoria sobre la concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales, sostiene que el conglomerado militar representa la expresión más acabada de un modelo de “capitalismo administrativo” que opera en beneficio de la élite militar cubana.

A través de empresas bajo su dirección, como Flora y Fauna S.A., GAESA centraliza el acceso a recursos naturales con valor alimentario —carnes, alimentos del mar, carbón vegetal— y los orienta hacia la exportación, mientras la población que los produce enfrenta desabastecimiento.

Según FMP, el 96% de los cubanos perdió capacidad de adquisición de alimentos en los últimos años, de acuerdo con su encuesta nacional de seguridad alimentaria de 2024.

El informe señaló que GAESA respondió a esa contracción, no con medidas de abastecimiento interno, sino con la digitalización de la comercialización de alimentos, un sistema que orienta la oferta hacia quienes reciben remesas del exterior y convierte a la diáspora cubana en el mercado prioritario. La extracción de divisas, según el documento, se impone sobre el derecho a la alimentación de la población residente.

El monopolio que frena la producción nacional

El impacto del conglomerado sobre la agricultura cubana es cuantificable. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agrícola nacional registró una caída del 67% en los últimos cinco años, según datos documentados por el observatorio.

El informe atribuye este retroceso a la posición privilegiada de la élite política, sostenida en el monopolio sobre la importación y circulación de mercancías, que desalienta la producción interna y perpetúa la dependencia de los mercados externos.

Los productores cubanos operan bajo un marco normativo centralizado que elimina los incentivos para invertir y crecer. El sector privado enfrenta regulaciones sin consenso: topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación de insumos y una burocracia provincial que bloquea la comunicación entre los agricultores y las autoridades. La toma de decisiones permanece en manos exclusivas del Estado sin mecanismos de participación real para los actores productivos.

Food Monitor Program recogió en el documento un testimonio que refleja esa realidad: "No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos“, declaró un campesino a la organización.

Otro productor describió así el proceso de consulta con las autoridades: “Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.

Participación simulada y criminalización de alternativas independientes

El informe dedicó una sección a lo que el Food Monitor Program denominó “participación controlada”. Desde 1961, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) agrupa oficialmente al campesinado cubano bajo la tutela del Partido Comunista, absorbiendo la base voluntaria e independiente de la producción rural.

Dentro de esa estructura, no se toleran el disenso ni la autonomía, y los productores carecen de participación real en las decisiones sobre precios, insumos, acceso a mercados o uso de tierras. Según el escrito, estas organizaciones permiten al régimen cubano simular apertura y consulta, mientras neutraliza la movilización popular genuina y legitima políticas centralizadas.

Las iniciativas que buscan operar fuera de ese esquema enfrentan represalia directa. El informe documentó una serie de casos: el retiro de tierras al campesino Ibar González en febrero de 2020, por denuncias de corrupción en la entrega de usufructos; los operativos y la confiscación de animales y bienes a la familia Carballosa Beltrán en Mayarí, en junio de 2020; y la persecución a la familia Urquiola en la Finca El Infierno, con episodios registrados en febrero de 2024 y mayo de 2025.

Organizaciones independientes como la Cooperativa Transición y la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, activa desde 1998, han sufrido hostigamientos sistemáticos y detenciones.

Food Monitor Program señaló que estas medidas funcionan como “castigos ejemplarizantes” que desalientan cualquier forma de organización autónoma en el sector alimentario.

Un marco legal sin contrapesos

Ante la pregunta que planteó el informe sobre qué tipo de legislación se necesita para limitar la concentración corporativa y garantizar la rendición de cuentas, el propio reporte fue categórico: en Cuba no existe separación real entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el aparato legal opera como respaldo y legitimador de las políticas oficiales, no como herramienta de protección de derechos.

El régimen ha promulgado la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Nº 148/2022) y las “63 medidas para dinamizar la agricultura”, aprobadas en abril de 2021. Sin embargo, FMP advirtió que esos instrumentos fueron diseñados y ejecutados sin la participación de los actores interesados, más allá de las instituciones oficiales. Los organismos de sociedad civil controlada han absorbido durante décadas las demandas populares bajo la apariencia de representatividad, sin que exista un mecanismo autónomo que salvaguarde los intereses de los productores con independencia del Estado.

No existe ninguna demanda judicial que haya avanzado contra las corporaciones señaladas en el informe ni fallo alguno en su contra. Las violaciones de derechos socioeconómicos —represión, amedrentamiento por criterios ideológicos, confiscaciones— no encuentran camino en los tribunales nacionales, dado el respaldo de la cúpula de poder a las entidades responsables.

El trabajo de Food Monitor Program y el contexto de colapso institucional

Ante la imposibilidad de operar libremente en el terreno, Food Monitor Program concentró su labor en el monitoreo, la documentación y la visibilización de formas de autonomía popular. La organización brindó asesoramiento sobre conservación de alimentos, potabilización de agua y técnicas de resiliencia comunitaria, aunque advirtió que el trabajo directo con la población es prácticamente inviable por la vigilancia y penalización de las actividades comunitarias fuera del marco oficial.

Este mes, en diálogo con Infobae, el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, aportó contexto adicional sobre la expansión de GAESA: el conglomerado tomó el control de corporaciones como CIMEX y ETECSA, acaparó el mercado dolarizado, el turismo y las remesas, y se apropió del Banco Financiero Internacional (BFI), a través del cual circula más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras.

"No hay auditoría, no hay control, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República pueden acceder a ese banco“, afirmó Morales en una entrevista con este medio.

La presentación del informe de Food Monitor Program ante el Relator Especial de la ONU busca visibilizar esta situación en instancias internacionales y promover acciones que garanticen el derecho a la alimentación en la isla, en un escenario en el que las iniciativas de economía social y solidaria quedan relegadas a los márgenes del sistema controlado por GAESA.

Miles de cubanos deportados por Estados Unidos a México atraviesan condiciones de precariedad, abandono y riesgo, según informes recientes de Human Rights Watch, Miami Herald, CNN y Los Angeles Times.

Estas personas, en su mayoría con décadas de residencia en Estados Unidos, han quedado atrapadas en ciudades del sur mexicano tras ser expulsadas bajo acuerdos informales entre ambos gobiernos, sin acceso a servicios básicos ni vías legales claras para regularizar su situación.

Quiénes son los deportados y por qué están en México

La mayoría de los cubanos deportados tenían residencia legal en Estados Unidos y vivieron allí durante años o décadas. Según Human Rights Watch, “la ausencia de acuerdos de deportación con Cuba implicaba que estas personas no podían ser deportadas a su país de origen. En cambio, se les permitió continuar con sus vidas en Estados Unidos, y muchos llegaron a creer que nunca serían deportados”.

El endurecimiento de la política migratoria bajo la segunda administración de Donald Trump cambió esa dinámica, con consecuentes detenciones masivas y expulsiones. La Organización de Derechos Humanos se encargó de recopilar 15 testimonios de las personas afectadas.

“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada... ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, declaró Harold, de 58 años, deportado en febrero de 2026, en entrevista con Human Rights Watch.

Asimismo, los datos revelaron que solo el 16 % de los cubanos deportados tenía condenas por delitos violentos. El resto perdió la residencia por delitos menores.

Condiciones durante la detención y el traslado

Previo a la deportación, los migrantes pasaron meses en centros de detención en Estados Unidos, donde describieron escenarios de hacinamiento, alimentación insuficiente y acceso limitado a atención médica. Human Rights Watch documentó “condiciones inhumanas de detención en centros de detención migratoria en Estados Unidos que forman parte de un patrón más amplio”.

Fermín, de 52 años, relató: “El agua [está] contaminada, la comida cruda… Vi a mucha gente enfermarse. [Yo] tenía que estar acostado todo el tiempo en mi cama, no podía estar de pie porque tenía náuseas”.

Alejo, de 50 años, afirmó: “Estuve 15 días detenido en el hoyo, una celda de castigo, donde no ves la luz del sol”. Algunos entrevistados reportaron violencia física, verbal y haber presenciado muertes por falta de atención médica.

Llegada a México: limbo legal y violencia

Ya en México, los deportados llegan a ciudades como Tapachula y Villahermosa, donde el acceso a refugio, salud o trabajo resulta casi inexistente.

“Al no ofrecer a las personas cubanas y a otros nacionales de terceros países un acceso efectivo al refugio o a vías alternativas para obtener la residencia permanente, y al continuar aceptando deportaciones, México los está condenando, de hecho, a un limbo legal indefinido”, advierte el informe de Human Rights Watch.

Emiliano, de 47 años, contó: “Nos dejaron en un autobús a las 11 de la noche… [los cárteles] podrían haberme matado”. Javier, de 62 años, describió: “Estoy durmiendo en la calle. Como un perro”.

Obstáculos legales y para el acceso a la salud

La única alternativa para regularizar su estancia suele ser iniciar un proceso de refugio, que implica múltiples trabas burocráticas y tecnológicas. Una colaboradora de una ONG explicó a Human Rights Watch: “Un gran número de personas abandona sus solicitudes... Los solicitantes deben presentarse cada 15 días en una oficina de migración después de iniciar el proceso. A veces no pueden hacerlo y las autoridades cierran el caso”.

La atención médica representa un desafío mayúsculo. Ernesto, de 83 años, perdió acceso a su pensión privada tras la deportación. Miguel Ángel, de 67 años, detalló: “Me quedé sin insulina… porque es muy cara, demasiado cara… No tuve nada para tratar mi diabetes durante dos días y, al tercer día, empezó a fallarme la vista”.

Separación familiar y consecuencias emocionales

La deportación ha provocado rupturas familiares profundas. Mario, de 59 años, separado de su esposa, hijos y nietos estadounidenses, confesó: “A veces yo lloro por las noches. No quiero ni hablar de eso [de su familia] porque me hace llorar. Hablar duele”.

Las afectaciones emocionales son generalizadas. Matías, de 68 años, dijo: “Quiero comer y no puedo… Quiero dormir y no puedo dormir”. Muchos entrevistados describieron ansiedad, insomnio y depresión tras ser expulsados.

Las personas fueron detenidas en sus citas de rutina con ICE, en sus trabajos o viviendas, y trasladadas abruptamente a México. Casi ninguno pudo impugnar su deportación ante un juez o exponer su temor a ser enviado a un país desconocido.

Según los informes, las autoridades mexicanas no estarían ofreciendo ningún apoyo institucional a estas personas. Mientras, organizaciones y jueces federales estadounidenses reclaman cumplir con leyes nacionales e internacionales sobre migración y asilo, y garantizar transparencia y protección humanitaria en los procedimientos de deportación.