México rescató a 16 migrantes cubanos que permanecían a la deriva en el mar después de que se perdiera contacto con la embarcación en la que viajaban desde la semana pasada, informó este jueves 20 de agosto de 2026 una fuente de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre los migrantes se encuentran 12 adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron localizados cerca de la Novena Zona Naval, en la península de Yucatán, uno de los puntos del territorio mexicano más cercanos a Cuba.

La embarcación había salido el pasado 11 de agosto desde la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, con rumbo hacia el exterior de la isla. Durante varios días no se tuvo información sobre el paradero de sus ocupantes, lo que generó preocupación entre familiares y organizaciones que siguen los movimientos migratorios desde Cuba.

Inicialmente, medios cubanos y estadounidenses habían reportado que 19 personas viajaban en la embarcación; sin embargo, el último balance proporcionado por la Marina estableció que fueron 16 los migrantes encontrados y rescatados.

Marina despliega embarcación para localizarlos

Ante el reporte de la embarcación desaparecida, la Secretaría de Marina desplegó recursos de búsqueda y rescate en aguas cercanas a la península de Yucatán.

La institución ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate debido a su capacidad para desplazarse a gran velocidad.

Finalmente, los migrantes fueron ubicados en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras ser encontrados, elementos de la Marina los auxiliaron y les proporcionaron atención médica para conocer su estado de salud después de varios días en el mar.

Posteriormente, los 16 cubanos serían puestos a disposición de la autoridad migratoria, que deberá determinar su situación conforme a las leyes mexicanas.

La fuente de la Marina confirmó que los migrantes ya habían sido recuperados y que eran trasladados hacia las instalaciones navales correspondientes.

El rescate puso fin a varios días de incertidumbre para las familias de los pasajeros, quienes desconocían dónde se encontraban sus seres queridos desde que salieron de Cuba.

La embarcación tenía poco combustible

Uno de los familiares había advertido previamente sobre las condiciones en las que viajaban los migrantes.

Un hombre residente en México, cuyos hijos se encontraban a bordo de la embarcación, declaró a Univisión que la lancha contaba con poco combustible, lo que incrementaba el riesgo de que quedara varada o a la deriva en aguas abiertas.

La situación es particularmente peligrosa para los migrantes cubanos que intentan abandonar la isla en embarcaciones pequeñas y, en algunos casos, improvisadas.

Estos viajes pueden prolongarse durante varios días y exponen a sus ocupantes a naufragios, deshidratación, falta de alimentos, desapariciones y condiciones meteorológicas adversas.

La proximidad entre Cuba y la península de Yucatán ha convertido a las aguas del Caribe en una de las rutas utilizadas por personas que buscan abandonar la isla.

Crece la salida de cubanos por la crisis

El rescate ocurre en un contexto de creciente presión económica y energética en Cuba, que ha provocado que cientos de personas busquen alternativas para salir del país.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla, de acuerdo con el reporte, lo que agravó una crisis energética que ya provocaba apagones prolongados.

Los cortes de electricidad han afectado de manera significativa la vida cotidiana de los habitantes de Cuba, un país con aproximadamente 9.4 millones de personas.

Ante esta situación, algunos cubanos han optado por abandonar el territorio mediante embarcaciones pequeñas, pese a los riesgos que implica realizar una travesía marítima sin condiciones adecuadas de seguridad.

El caso de los 16 migrantes rescatados por México refleja nuevamente los peligros de esta ruta. Tras permanecer varios días sin comunicación y con combustible limitado, 12 adultos y cuatro menores fueron encontrados con vida por autoridades mexicanas, recibieron atención médica y quedaron bajo responsabilidad de las autoridades migratorias.

Estados Unidos impuso nueve rondas de sanciones a Cuba desde mayo, con un total de 31 personas y 49 empresas incluidas en listas de restricciones, en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404 que Donald Trump firmó el 1 de ese mes. El objetivo declarado de Washington es aislar al régimen cubano de los circuitos financieros y comerciales internacionales.

La orden ejecutiva impide que empresas extranjeras mantengan vínculos con entidades o personas ligadas a la dictadura en sectores como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

Gaesa, el primer blanco

El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, fue el primer objetivo en mayo, junto a su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Según expertos, controla más del 40% del producto interno bruto (PIB) cubano a través de un portafolio que abarca hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. En esa misma ronda quedaron incluidas dos entidades financieras vinculadas al conglomerado: Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).

Defensa e inteligencia

Las restricciones también alcanzaron al aparato militar y de inteligencia. Entre las entidades sancionadas figuran la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex, todas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La lista también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y las Brigadas de Respuesta Rápida, además de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dependiente del Ministerio del Interior (Minint).

Energía: petróleo y refinación

La presión sobre el sector energético comenzó en enero, cuando Washington detuvo los envíos de crudo venezolano a Cuba tras el arresto del narcodictador Nicolás Maduro. Las rondas posteriores añadieron a la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y al Centro de Investigaciones del Petróleo; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, fue sancionado a título personal.

Minería, metales y comercio exterior

Para cortar el flujo de divisas proveniente de recursos naturales, el listado incorporó a Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., junto a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. Las últimas rondas ampliaron el alcance hacia el intercambio con terceros países: fueron agregados el Ministerio de la Construcción, la central de importación Tecnoimport, el Ministerio de Turismo, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

La cúpula política y el entorno Castro

El Departamento del Tesoro sancionó al dictador Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del líder cubano residente en Madrid, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las medidas también alcanzaron a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, junto a su esposa y uno de sus hijos. Distintos ministros y altos dirigentes completaron la nómina de personas físicas sancionadas.

Proyección exterior

Washington apuntó además a los mecanismos de influencia internacional del régimen. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y varios de sus representantes quedaron comprendidos en las sanciones, entre ellos su director, Fernando González Llort, uno de los cinco integrantes de la Red Avispa que fue condenado en Estados Unidos y luego devuelto a Cuba. Las autoridades estadounidenses los acusan de encabezar redes de propaganda política y captación de recursos en beneficio del Gobierno.

Las rondas han llegado con una periodicidad de 15 días, siempre los jueves. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que continuarán y que la isla no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington mientras no se produzcan cambios.

(Con información de EFE)

Las muertes en Cuba durante 2025 ascendieron a 136.214, el doble de los 68.064 nacimientos registrados, una diferencia que refleja el marcado envejecimiento de la población, según difundieron este jueves medios estatales. El país caribeño cuenta con 26,7% de su población con 60 años o más, y enfrenta una de las tasas de fecundidad más bajas de su historia reciente.

La Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,29 hijos por mujer por segundo año consecutivo, el mínimo desde 1958, mientras que la Tasa Bruta de Reproducción llegó a 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. Según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la población efectiva de la isla quedó en 9.434.593 personas al cierre de 2025, de las cuales 7.044.773 residen en ciudades y asentamientos urbanos y 2.389.820 en zonas rurales.

El informe señala que La Habana presenta la tasa de decrecimiento poblacional más alta, con -43,9 por cada mil habitantes, y concentra cerca de un tercio del saldo migratorio externo, con 78.537 de las más de 245.265 personas que abandonaron la isla en 2025. El municipio Plaza de la Revolución destaca con el mayor índice de envejecimiento, donde 38,2% de sus residentes tienen 60 años o más.

En contraste, Guantánamo registró la menor tasa de decrecimiento, con -22,9 por mil, y lidera la natalidad nacional, con 9,1 nacimientos por cada mil habitantes. El municipio de Yateras figura como el menos envejecido del país, con apenas 17,9 % de su población mayor de 60 años.

El reporte detalla que la población femenina supera en 133.971 personas a la masculina, lo que deja una proporción general de 972 hombres por cada 1.000 mujeres. En las zonas rurales, la relación se invierte: existen 1.140 hombres por cada mil mujeres.

La población en edad laboral sufrió una reducción significativa en los últimos cinco años, pasando de 6.866.435 personas en 2021 a 5.606.541 en 2025, de acuerdo con el CEPDE. Especialistas de este centro y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) consideran necesario diseñar políticas y servicios adaptados a la estructura demográfica actual. Recomiendan enfocar los esfuerzos en la descentralización territorial, ya que todas las provincias reportan pérdidas de población y se profundizan las brechas entre regiones.

Cuba perdió 245.264 habitantes durante 2025 debido a la migración, de acuerdo con el último balance demográfico publicado por la ONEI, que ubicó la población total en 9.434.593 personas. El saldo migratorio negativo representa el 2,5% de la población y marca un éxodo sin precedentes, reconocido por la ONEI en informes previos.

El país acumula nueve años consecutivos de pérdida de población, con la migración como principal causa. Las salidas de cubanos han sido impulsadas por la crisis económica, los apagones prolongados, la escasez de productos básicos, una alta inflación y la contracción del PIB. En 2017, la isla registraba 11.239.224 habitantes, lo que supone una reducción acumulada del 16 %en ocho años. Estimaciones independientes elevan esa caída hasta el 24%.

Las provincias que más migrantes reportaron en 2025 fueron La Habana, con 57.433 personas, seguida por Santiago de Cuba (21.763), Holguín (17.861) y Matanzas (17.486). El crecimiento natural demográfico se ubicó en -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que indica una preponderancia de defunciones sobre nacimientos.

Tras el cierre del flujo migratorio hacia Estados Unidos, los cubanos comenzaron a elegir otros destinos como Brasil, México, Guayana y Uruguay, mientras que España se consolidó como el principal destino fuera del continente americano. Según estimaciones oficiales, más de tres millones de cubanos residen en el extranjero; de ese total, la mitad mantiene residencia en Cuba y 1,1 millón no posee residencia efectiva en la isla.

En paralelo a la crisis migratoria y demográfica, la isla enfrenta un aumento de la violencia de género. Las activistas de la ONG independiente Alas Tensas (AT) confirmaron 7 los casos en julio y elevó a 41 el total reportado en el año. Sobre el caso de Kirenia López Mendoza, de 43 años, hallada muerta el 18 de julio en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, AT indicó que “el crimen pudo ser cometido por varios hombres, incluido su pareja, por lo que se espera por mayor información para definir el tipo de feminicidio”.

El segundo caso corresponde a Merlin Noay, de 17 años, fallecida en un hospital tras ser agredida a principios de julio por un hombre de 64 años, ex padrastro y, según el Observatorio de Género de AT (OGAT), con quien mantenía otro vínculo en tiempos recientes. OGAT calificó el hecho como “feminicidio familiar e infantil” y subrayó la necesidad de mayor información.

Las activistas precisaron que los presuntos agresores de ambos casos se encuentran bajo custodia judicial. Además, investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género en 2025, así como otros 12 posibles feminicidios y cuatro intentos en 2026.

(Con información de EFE)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado sancionaron este jueves a nueve entidades estatales cubanas y a tres altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ronda de designaciones contra la isla. Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados figura el Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo de la Administración central del Estado creado el 23 de mayo de 1963.

Las designaciones se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza castigar a quienes Estados Unidos considera responsables de la represión en Cuba o de amenazas a su seguridad nacional. La medida bloquea todos los bienes de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país, y extiende el bloqueo a cualquier sociedad participada en un 50% o más por un sancionado.

Junto al MICONS, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, situada en Moa (Holguín); la comercializadora de metales MetalCuba; Acinox Comercial; el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal); la agencia de contratación de mano de obra Acorec; Transimport, dedicada a equipos de transporte pesado; Consumimport y Coratur, las dos últimas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

Los tres sancionados a título individual son el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la primera vicepresidenta del organismo, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. El ICAP, fundado el 30 de diciembre de 1960, ya había sido designado el 4 de junio. González Llort integró la Red Avispa, desmantelada por el FBI en Florida en 1998, y cumplió condena en Estados Unidos hasta 2014.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el instituto patrocina, según su declaración escrita, “una vasta red subversiva en Estados Unidos dirigida a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, y afirmó que La Habana aprovechó el centenario del nacimiento de Fidel Castro para trasladar a la capital cubana a una nueva brigada de simpatizantes extranjeros. El Gobierno cubano no había reaccionado al cierre de esta edición.

En una nota técnica difundida junto a las designaciones, el Tesoro precisó que no tiene intención de perseguir a personas extranjeras, incluidas entidades financieras, que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o con sociedades participadas por el ministerio en un 50% o más, siempre que ese proceso concluya antes del 19 de septiembre de 2026. Quienes no puedan cerrarlo en plazo deberán dirigirse a la línea de cumplimiento de la OFAC.

El organismo advirtió, no obstante, que devolver activos a un sancionado o trasladarlos a otra jurisdicción para su eventual uso expone a sanciones. Para quienes están sujetos a jurisdicción estadounidense, esa ventana no autoriza nada prohibido por el Reglamento de Control de Activos Cubanos, vigente desde 1963, salvo las excepciones humanitarias ya previstas.

La designación del MICONS y de las empresas del níquel y los metales alcanza a dos de las escasas fuentes de divisas que le quedan al país. La producción de la mina de Moa operada por Sherritt International, minera canadiense, en sociedad con el Estado cubano cayó a 25.240 toneladas de níquel en 2025, frente a 30.331 el año anterior, según datos de la propia compañía, que atribuyó el retroceso a los apagones y a la falta de insumos.

Las sanciones se suman a una secuencia iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA y continuada el 4 de junio, cuando fueron designados el dictador Miguel Díaz-Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto, con trece objetivos vinculados a compras de armamento. El bloqueo petrolero impuesto tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela agravó la crisis energética cubana.

El calendario fijado por el Tesoro convierte el 19 de septiembre en una fecha decisiva para los proveedores europeos, canadienses y asiáticos que aún mantienen contratos de obra pública en la isla. La eventual retirada de esos socios dejaría el sector constructivo cubano, ya paralizado por la escasez de cemento y combustible, más expuesto a la única alternativa que hoy sostiene la industria minera del país: el capital chino.

La aerolínea española Iberia mantendrá suspendidos sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses, como consecuencia de la situación actual en la isla. La compañía prevé reanudar la ruta en julio de 2027, “siempre que las condiciones lo permitan”.

Fuentes de Iberia indicaron que la coyuntura en Cuba impacta de forma “muy significativa” tanto en la demanda como en las condiciones operativas.

La aerolínea amplió las opciones para los pasajeros con billetes emitidos, quienes podrán solicitar el reembolso en efectivo, recibir un bono, o cambiar su destino a Miami (EEUU), Panamá, Santo Domingo (República Dominicana) o México.

Desde la empresa destacan su “compromiso histórico” con Cuba desde 1949, año del primer vuelo a la isla, y expresan su intención de restablecer la operación cuando resulte posible.

Por su parte, la aerolínea española World2Fly mantiene suspendidos sus vuelos a Cuba desde mayo. Mientras tanto, Air Europa sigue operando la ruta entre Madrid y La Habana con cuatro frecuencias semanales, con planes de aumentar a cinco hacia finales de octubre.

Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, los vuelos de Air Europa desde la capital cubana hacia Madrid realizan una parada técnica en Punta Cana (República Dominicana) hasta el 13 de septiembre, según la web de la compañía.

La inflación interanual en Cuba superó el 20%

En otro orden, la inflación interanual en el mercado formal de Cuba subió en julio al 20,70% y consolidó un nuevo repunte de precios en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Los aumentos se concentraron en alimentos, transporte y servicios, en un deterioro que coincidió con más protestas sociales y apagones en buena parte del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación mensual fue del 2,56% respecto de junio, un avance que confirmó la aceleración observada en los meses previos.

El dato se conoció este miércoles y volvió a mostrar el peso de la escasez de combustible sobre el costo de vida en Cuba, donde el abastecimiento irregular golpeó sobre todo a la alimentación, las bebidas no alcohólicas y el transporte.

El registro oficial mostró que los mayores aumentos interanuales se concentraron en Restaurantes y Hoteles, con 32,57%, seguido por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 26,36%, y Transporte, con 24,96%. También hubo subas en Educación, con 23,32%, y en Servicios de la Vivienda, con 20,83%. Más abajo aparecieron Muebles para el Hogar, Bienes y Servicios Diversos y Prendas de Vestir y Calzado. Salud quedó como el rubro con menor incremento, con 0,51%, junto con Comunicaciones, con 0,68%.

Cuba atraviesa la peor crisis de su historia contemporánea. No se trata de una simple suma de dificultades económicas ni de una coyuntura pasajera provocada exclusivamente por factores externos. Es una crisis sistémica: el agotamiento de un modelo político y económico que, durante más de seis décadas, ha demostrado su incapacidad para generar prosperidad, proteger las libertades fundamentales y ofrecer un futuro digno a la mayoría de los cubanos. Solo este régimen puede llevar esta situación a empeorar, cuando se alcanza una crisis de derechos humanos por la cual además de que cada derecho civil y político ha sido conculcado, se han perdido derechos tan básicos como derecho al agua potable, derecho a la alimentación y derecho a la salud, si se puede ir más abajo es solamente porque una casta corrupta que es absolutamente indolente por el sufrimiento de la gente y que ha hecho de la represión y de los crimenes de lesa humanidad la estrategia única de gobierno. Mujica bien dijo que el sistema cubano era un sistema de redistribución de la miseria.

A la represión política, la ausencia de elecciones libres, la existencia de presos políticos y la negación del pluralismo se suma un desastre material de enormes proporciones: apagones de veinte horas o más, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, inflación, salarios y pensiones pulverizados, deterioro de la salud pública, crisis del transporte, falta de agua y una emigración que está vaciando al país. El vaciamiento no es casual, forma parte de la estrategia dictatorial de exportar permanentemente su crisis social (y en la medida de sus posibilidades que les entren recursos por tráfico de personas), el vaciamiento de derechos también es funcional al proyecto dictatorial de reducir a su pueblo al asistencialismo.

El régimen castrocomunista de partido único insiste en presentar las sanciones estadounidenses como la explicación casi absoluta de la tragedia. Es cierto que esas sanciones afectan el financiamiento, el comercio, las operaciones bancarias, la inversión y, en 2026, el abastecimiento energético. Negarlo es poco serio. Pero también es muy poco serio afirmar que, sin sanciones, desaparecerían los problemas esenciales de Cuba, porque estos tienen que ver con la concentración de la economía en las manos más incapaces de todas, fundamentalmente las del ejército cubano. Las sanciones tienen impacto, pero no son ni la causa original ni la causa fundamental de los diferentes niveles de crisis que enfrenta el país, que obedecen a la aplicación de una fórmula que no funcionó en Europa del Este, ni en la URSS ni en Asia Central, por ser absolutamente contraria a los derechos de la gente.

Los apagones, la caída de la producción, la crisis agrícola, la inflación, la emigración récord y el deterioro de los servicios venían agravándose desde mucho antes. La causa principal está en el modelo impuesto por Fidel Castro, continuado por Raúl Castro y hoy administrado por Miguel Díaz-Canel: centralización extrema, propiedad estatal dominante, falta de libertades económicas, ausencia de instituciones independientes y subordinación de la sociedad al Partido Comunista.

La electricidad es quizá la expresión más visible del fracaso. Un país entero vive pendiente de cuándo llegará la corriente. Cuando no hay electricidad, las bombas de agua no funcionan, se pierden alimentos, se paralizan talleres y comercios, disminuye el transporte y se afectan hospitales, escuelas y telecomunicaciones. Cuba necesita enormes inversiones en generación, redes, almacenamiento y fuentes renovables. Pero ninguna infraestructura sobrevivirá si continúa sometida a la improvisación, a la falta de transparencia y a una administración ineficiente.

La crisis alimentaria resulta aún más absurda. Cuba posee tierra cultivable, clima favorable, tradición agrícola y campesinos con experiencia. Sin embargo, importa alrededor del 80 % de los alimentos que consume. Durante décadas, el Estado castigó al productor con controles de precios, monopolios de acopio, restricciones al comercio, burocracia y limitaciones a la importación de insumos y maquinaria. El resultado es un círculo vicioso: se produce poco, se exporta poco, faltan divisas, se importa menos y se vuelve a producir todavía menos.

La inflación termina de destruir lo que queda del salario. En junio de 2026, la inflación oficial interanual superaba el 18 %, mientras que los alimentos aumentaban aún más. El peso ha perdido gran parte de su valor y la brecha entre quienes reciben divisas y quienes dependen de un salario o de una pensión es cada vez mayor. Para un jubilado o una familia sin ayuda del exterior, la crisis implica decidir qué alimento comprar, qué medicamento dejar de adquirir o cómo cocinar cuando no hay electricidad ni gas.

A esto se suma una emergencia demográfica. Cuba terminó 2024 con menos de diez millones de habitantes y ha perdido cientos de miles de personas en pocos años. Emigran, sobre todo, jóvenes y personas en edad productiva: médicos, ingenieros, maestros, técnicos, agricultores y emprendedores. El país pierde brazos, conocimientos, natalidad y futuro. La emigración se ha convertido en una gigantesca válvula de escape de la frustración social.

El régimen ha autorizado MIPYMES y, en 2026, aprobó nuevas medidas para ampliar los espacios privados y facilitar determinadas inversiones. Son pasos económicamente necesarios, pero insuficientes. No existe verdadera libertad empresarial cuando el Partido Comunista sigue situado por encima de la vida política del país. No existe seguridad económica cuando un funcionario puede decidir qué negocio prospera, cuál es perseguido y qué actividad legal hoy puede ser restringida mañana.

Una economía moderna necesita propiedad protegida, contratos respetados, tribunales imparciales, reglas estables y ciudadanos con derechos. Sin Estado de derecho, el mercado puede convertirse simplemente en capitalismo de privilegios para militares, dirigentes, familiares del poder y empresarios conectados con ellos.

Cuba se encontraba, antes de 1959, entre las economías relativamente más avanzadas de la región, aunque padecía desigualdades y problemas sociales importantes. Países como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay desarrollaron economías más diversificadas, infraestructuras modernas y niveles de ingreso muy superiores. Cuba, en cambio, nacionalizó casi toda su estructura productiva, eliminó durante décadas buena parte de la iniciativa privada y pasó de una dependencia a otra, ya sea de la Unión Soviética o de otros “aliados” externos, respecto de los cualesla dictadura fue absolutamente parasitaria.

La ayuda internacional puede aliviar el hambre y salvar vidas, y hoy es necesaria. Pero ninguna nación puede vivir permanentemente de donaciones, remesas y aliados extranjeros. Cuba debe producir. Debe liberar las fuerzas creadoras de su pueblo. Debe permitir que el campesino produzca y venda, que el emprendedor invierta, que el profesional prospere y que la diáspora participe en la reconstrucción. Cuba, hasta ahora, es el ejemplo más espantoso y dramático de restringir o eliminar la creación de riqueza en un sistema político-económico, algo que los cubanos han demostrado ser capaces de hacer en el exterior.

Pero la solución verdadera no es solo económica.

Cuba necesita una transformación política profunda. Necesita liberar a todos los presos políticos, garantizar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de manifestación, legalizar partidos y organizaciones independientes, establecer la separación de poderes, crear tribunales verdaderamente autónomos y celebrar elecciones libres, competitivas y plurales. La política malentendida por una dictadura llevó a todo un país y a su pueblo a la miseria.

La transición a la democracia no es un complemento de la reforma económica: es la condición que puede hacerla estable, confiable y duradera. Sin instituciones libres, cualquier apertura económica dependerá siempre de la voluntad del mismo poder que durante décadas prohibió, confiscó y destruyó.

La salida debe incluir una emergencia energética, libertad productiva en el campo, estabilización monetaria y fiscal, protección temporal a los sectores más vulnerables, plena seguridad jurídica, apertura a la inversión nacional y extranjera y reintegración de la diáspora. También debe conducir a una normalización de las relaciones internacionales, incluido un proceso que permita superar las sanciones estadounidenses en el marco de una transición democrática real.

Cuba no es pobre porque carezca de recursos, inteligencia o capacidad humana. Tiene tierras, costas, minerales, cultura, ubicación estratégica, potencial turístico y una diáspora enorme. Lo que la mantiene hundida es un modelo agotado, autoritario y profundamente ineficiente, sostenido por una maquinaria represiva que pretende conservar el monopolio del poder mientras administra la ruina.

Cuba es pobre por la pobreza impuesta por un sistema corrupto y por la desigualdad estructurada en beneficio de los privilegios de una nomenclatura absolutamente incapaz.

Los apagones, el hambre, la emigración, la escasez de medicamentos, el abandono de los ancianos y el colapso productivo son manifestaciones distintas de una misma enfermedad. Por eso no habrá solución definitiva con nuevos lineamientos, más controles, concesiones parciales o reformas destinadas únicamente a salvar al régimen.

Cuba necesita electricidad, alimentos, inversión y crecimiento. Pero para alcanzar eso necesita, antes que nada, libertad, necesita que cada derecho humano sea devuelto a cada ciudadano cubano.

La esperanza comienza cuando el ciudadano deja de ser súbdito y se convierte en protagonista de su destino; cuando ninguna organización está por encima de la ley; cuando gobernar vuelve a ser un servicio y no un privilegio; cuando los cubanos pueden elegir, emprender, expresarse y construir sin miedo.

Del abismo se sale con profundas transformaciones económicas. Y hacia la esperanza solo se avanza con democracia, Estado de derecho y libertad. El precio que se pague por la libertad y los derechos humanos nunca será más alto que el que se pague por un año más de dictadura.

La inflación interanual en el mercado formal de Cuba subió en julio al 20,70% y consolidó un nuevo repunte de precios en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Los aumentos se concentraron en alimentos, transporte y servicios, en un deterioro que coincidió con más protestas sociales y apagones en buena parte del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación mensual fue del 2,56% respecto de junio, un avance que confirmó la aceleración observada en los meses previos. El dato se conoció este miércoles y volvió a mostrar el peso de la escasez de combustible sobre el costo de vida en Cuba, donde el abastecimiento irregular golpeó sobre todo a la alimentación, las bebidas no alcohólicas y el transporte.

El registro oficial mostró que los mayores aumentos interanuales se concentraron en Restaurantes y Hoteles, con 32,57%, seguido por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 26,36%, y Transporte, con 24,96%. También hubo subas en Educación, con 23,32%, y en Servicios de la Vivienda, con 20,83%. Más abajo aparecieron Muebles para el Hogar, Bienes y Servicios Diversos y Prendas de Vestir y Calzado. Salud quedó como el rubro con menor incremento, con 0,51%, junto con Comunicaciones, con 0,68%.

El repunte se produjo después de varios meses de presión acumulada sobre la economía cubana. La isla arrastró una espiral inflacionaria desde la reforma monetaria aplicada en 2021, un proceso que derivó en una fuerte distorsión de precios. La propia ONEI indicó que entre 2021 y 2025 los precios se cuadruplicaron en el mercado formal.

El cuadro económico se agravó durante este año por la falta de combustible. Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas y solo produce unos 40.000 barriles en sus yacimientos, por lo que depende de importaciones para sostener el sistema. La reducción del suministro impactó sobre la generación eléctrica, el transporte y la actividad estatal, con efectos directos sobre los costos y la disponibilidad de bienes básicos.

Ese deterioro quedó expuesto también en el sistema eléctrico. Este miércoles, a partir de cifras de la Unión Eléctrica (UNE), se informó que los apagones previstos podrían afectar de forma simultánea a hasta el 67% del país en el horario de mayor demanda. Para esa franja, la capacidad de generación estimada será de 1.105 megavatios frente a una demanda máxima de 3.300 megavatios, con una afectación calculada en 2.225 megavatios para evitar cortes desordenados.

La crisis energética respondió a varios factores acumulados. Entre ellos figuraron la antigüedad de las centrales termoeléctricas, la falta de inversiones y la salida de servicio de varias unidades por averías o mantenimiento. A eso se suma la paralización de motores que funcionaban con diésel y fueloil importado, una fuente que aportaba otra parte del suministro nacional. En la jornada relevada por la UNE, seis de las 16 unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio.

La presión sobre la economía no quedó limitada a los indicadores de precios. La crisis de abastecimiento y de servicios derivó en un aumento de la conflictividad social durante el primer semestre. La ONG Cubalex denunció que entre enero y junio se registraron 766 protestas en 141 municipios del país, con picos en febrero y junio. Solo en junio hubo 253 manifestaciones y en un día llegaron a contabilizarse 31 protestas.

Ese informe vinculó el aumento de las manifestaciones con la crisis energética, hídrica y sanitaria. La investigadora de Cubalex, Salomé García, sostuvo que las protestas crecieron también en su nivel de radicalización como respuesta a la crisis estructural que vive la isla. Entre las formas de protesta documentadas aparecieron cacerolazos, quema de basura, consignas, carteles, ocupación de espacios públicos y cortes de calles.

(Con información de EFE)

La ONG Cubalex denunció un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios de la isla, en un período marcado por el agravamiento de la crisis energética, hídrica y sanitaria, el aumento de las detenciones arbitrarias y una presión externa sobre el régimen cubano por parte de Washington.

El informe semestral presentado este miércoles por Cubalex ubicó a Cuba ante un salto en la conflictividad social que alcanzó sus registros más altos desde que la organización comenzó a documentar estos episodios en 2022. La investigadora Salomé García sostuvo que el malestar se extendió al ritmo del deterioro de los servicios básicos y de una crisis estructural que empujó nuevas formas de protesta en distintos puntos del país.

El reporte indicó que febrero y junio concentraron los momentos de mayor tensión. En junio se documentaron 253 protestas, con jornadas en las que se contabilizaron hasta 31 manifestaciones en un solo día, una cifra que Cubalex identificó como el mayor volumen mensual desde el inicio de su monitoreo.

Según explicó García durante la presentación virtual del informe, el descontento tomó forma a través de cacerolazos, carteles, consignas, ocupación de espacios públicos, cierres de calles y quema de basura. Cubalex incluyó dentro de los hechos de mayor radicalización el incendio en la entrada de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ocurrido en marzo, y otro ataque similar contra un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara en Contramaestre, en Santiago de Cuba.

El principal foco de las protestas continua en La Habana, donde Cubalex registró 495 eventos en seis meses. El informe señaló además un corrimiento progresivo desde zonas periféricas hacia áreas más centrales de la capital. Detrás de La Habana quedaron Santiago de Cuba, con 81 manifestaciones, y Matanzas, con 25, como los otros dos núcleos de movilización más visibles del semestre.

El documento también sostuvo que la respuesta estatal avanzó en paralelo con el incremento de las protestas. En el balance general sobre derechos humanos, la ONG contabilizó 1.894 hechos violatorios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, lo que representó un aumento del 48% frente al semestre previo.

El informe agregó que en el sistema penitenciario persistieron hechos de violencia y muertes evitables por negligencia médica, junto con una concentración de vulnerabilidades sobre personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos.

Ese cuadro se desarrolló en un país que atraviesa desde hace seis años una crisis profunda, con escasez de bienes esenciales, cortes de electricidad, inflación alta, dolarización parcial y deterioro de los servicios públicos.

(Con información de EFE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue escenario este miércoles 19 de agosto de un acto oficial que marcó el regreso a la isla de diez funcionarios diplomáticos y sus familiares, quienes formaban parte del colectivo de la Embajada de Cuba en la República Dominicana.

El retorno de la delegación, que recibió una bienvenida institucional encabezada por la viceministra Josefina Vidal Ferreiro, se produjo tras la decisión del Gobierno dominicano de expulsarlos, una medida adoptada sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos de esa determinación.

El hecho se produce en un contexto de tensiones diplomáticas que, según funcionarios cubanos, podrían estar influidas por factores externos. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la viceministra Vidal Ferreiro vinculó la expulsión con presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses ha endurecido su política hacia La Habana.

“Esta decisión de las autoridades dominicanas, adoptada sin justificación pública, responde a presiones del Gobierno de los Estados Unidos en el marco de su actual escalada contra Cuba”, afirmó Vidal Ferreiro durante el acto.

La Embajada de Cuba en la República Dominicana había mantenido una agenda activa de cooperación y vínculo con la comunidad cubana residente en ese país, así como con organizaciones políticas y sociales dominicanas.

Tras conocerse la orden de expulsión, diversas asociaciones y personalidades locales expresaron su solidaridad con los diplomáticos cubanos y manifestaron su rechazo a la medida. Entre los asistentes al acto de recibimiento se encontraban funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de los diplomáticos.

Notificación oficial y ausencia de explicaciones

El pasado 14 de agosto, el Gobierno dominicano notificó oficialmente a la Embajada de Cuba la decisión de declarar “persona non grata” a diez de sus funcionarios y solicitar el retiro de estos y sus allegados en un plazo breve.

Hasta la fecha, las autoridades dominicanas no han ofrecido una explicación pública ni han emitido comunicados detallando los supuestos motivos que fundamentaron la medida, lo que ha alimentado la incertidumbre en torno al caso.

La orden incluyó tanto a diplomáticos de carrera como a personal de apoyo, afectando a una parte significativa de la misión en Santo Domingo.

La falta de explicaciones oficiales ha generado preguntas sobre el trasfondo de la expulsión y ha reavivado el debate sobre las relaciones bilaterales entre ambos países caribeños.

Declaraciones, reacciones y repercusiones

Durante la ceremonia de bienvenida, Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayó los lazos históricos y culturales que unen a Cuba y la República Dominicana, recordando que ambas naciones han sostenido una relación marcada por la cooperación y la solidaridad en áreas como la salud, la educación y la cultura.

En este contexto, la funcionaria reiteró que “ningún intento imperial podrá quebrar los lazos de hermandad que nos unen a las naciones del mundo”, y recalcó que la política exterior cubana se mantendrá enfocada en la cooperación y el respeto a la soberanía de los países amigos.

Por su parte, Odín Ysla Hernández, uno de los diplomáticos que regresó a la isla, denunció que la expulsión constituye “una maniobra imperial” dirigida a “minimizar el prestigio de la nación cubana”. En su intervención, destacó que el colectivo retornó “con el deber cumplido” y consideró que la expulsión representa “una medalla en el pecho” para quienes integraban la misión.

Hasta el momento, el Gobierno de la República Dominicana no ha actualizado su postura ni ha ofrecido declaraciones adicionales sobre los motivos concretos de la expulsión. La falta de explicaciones oficiales ha propiciado distintas interpretaciones tanto en La Habana como en círculos diplomáticos de la región.

La Cancillería cubana seguirá monitoreando la situación y mantiene su disposición de sostener canales de diálogo abiertos con las autoridades dominicanas.

Las prestigiosas organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia lanzaron este miércoles Cuban Medical Brigades, la mayor base de datos pública sobre las misiones médicas cubanas, con informes individuales para 209 países y territorios que documentan contratos, normativas, testimonios y cadenas de pago de un programa que, según ambas ONGs, constituye una forma contemporánea de esclavitud.

La plataforma permite a gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos rastrear, país por país, cuántos profesionales fueron enviados, bajo qué acuerdos, cuánto cobró el Estado cubano y qué recibió efectivamente el trabajador. Con corte a junio, el sistema registra 53 misiones activas y un estimado de 25.724 profesionales desplegados en el exterior.

“Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha utilizado la medicina como un mecanismo de propaganda y, sobre todo, como su mayor fuente de ingresos ilegales por esclavitud”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.

Y agregó: “No puede llamarse solidaridad a un sistema que confisca salarios, vigila, amenaza, controla las relaciones personales y amorosas, y castiga a quien osa dejar el trabajo en una brigada médica con la denominación de desertor y traidor a la patria”.

La columna vertebral de Cuban Medical Brigades son 1.402 testimonios recopilados desde 2018, de los cuales 1.185 son protegidos y 217 públicos, procedentes de profesionales con experiencia en 60 países. El análisis estadístico de los testimonios protegidos revela distintos patrones documentados de manera recurrente.

El primero es la ausencia de consentimiento: el 89,79% de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado por causas coercitivas. En la pregunta específica sobre voluntariedad, el 77,72% respondió que su participación no fue libre. El 32,41% declaró no haber recibido contrato alguno, y el 36,20% firmó uno sin recibir copia. El 69,62% no conocía su destino definitivo o este cambió al llegar.

El segundo patrón es el de vigilancia y control de la vida privada. El 77,64% de los declarantes reportó vigilancia por funcionarios cubanos o sus colaboradores; el 81,18% tuvo restricciones de movimiento dentro del país de destino; el 40% sufrió la retención de su pasaporte al llegar; y el 68,69% señaló la existencia de toque de queda.

La Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba obliga formalmente a los cooperantes a informar a sus superiores sobre sus relaciones sentimentales y a regresar al país en la fecha y por el medio indicados por la entidad contratante.

Las jornadas de trabajo arrojan una media de 71,89 horas semanales, entre jornada ordinaria, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso líquido medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales, lo que representa aproximadamente el 15% de lo pagado por el Estado receptor. El 85% restante queda retenido por el Estado cubano y sus entidades intermediarias.

En México, por ejemplo, documentos recabados por Prisoners Defenders registran casos en los que el profesional recibió 200 dólares mensuales de los 3.750 pagados al Estado cubano. En Italia, el acuerdo marco de Calabria de 2022 fijó 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y 1.200 para el trabajador.

Otro patrón es la separación familiar forzosa, que Larrondo describió en términos directos: “Cientos de médicos que han intentado entrar a Cuba para ver a su familia han sido expulsados por ser desertores. Miles de niños están huérfanos en la isla por este motivo”.

El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores, y 53 personas declararon que se les impidió entrar a Cuba para verlos. La plataforma registra 9.646 profesionales catalogados por el régimen como “desertores”. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó en 2022 su preocupación por esta prohibición de facto, que puede extenderse hasta ocho años, y solicitó formalmente modificar la legislación penal que la sustenta.

La dimensión económica del sistema también quedó expuesta. Un informe de Prisoners Defenders de 2024, basado en series cubanas disponibles y en datos de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estimó que las misiones médicas generaron en 2021 ingresos próximos a 5.976 millones de dólares, lo que convierte a la exportación de servicios sanitarios en la principal fuente de divisas del régimen. El British Institute of International and Comparative Law (BIICL) examinó 48 acuerdos relativos a misiones suscritos con 19 contrapartes entre 1985 y 2023, e identificó referencias muy limitadas a las normas internacionales de derechos humanos y la ausencia de mecanismos de supervisión efectivos.

El respaldo institucional acumulado es extenso. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 que describen las misiones como trabajo forzoso; la más reciente, del 18 de junio, exigió al régimen cubano poner fin a las misiones que implican trabajo forzoso y pidió que la Unión Europea (UE) no sea cómplice de esas vulneraciones.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron en abril pasado un informe temático que identificó, en determinadas misiones, los dos elementos centrales del trabajo forzoso: falta de voluntariedad y amenaza de una pena.

Asimismo, el Senado de España aprobó el pasado 7 de abril una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó auditar acuerdos que pudieran financiar esas prácticas.

El Estado cubano rechaza las acusaciones. Sostiene que la participación es voluntaria, que los profesionales mantienen su salario en Cuba —de aproximadamente 20 dólares mensuales— y que consienten en que parte de los ingresos financie el sistema sanitario nacional. La plataforma contrapone esa posición con datos de la OMC y del propio Estado cubano que muestran que lo destinado al sistema de salud representa menos del 1% de lo facturado por las misiones.

“Desde hoy, es más complejo que cualquier Estado, institución o empresa manifieste que no sabía lo que estaba contratando, financiando o legitimando. Pura esclavitud, el sangrado de miles de médicos que deben ser liberados, no subyugados ni perseguidos”, completó Larrondo.

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigieron la eliminación de las sanciones penales, migratorias y familiares vinculadas al abandono de una misión, la publicación íntegra de los contratos y convenios, el pago directo al profesional de la totalidad de su remuneración y auditorías en los países receptores sobre el destino de los fondos.

La plataforma está disponible en cubanmedicalbrigades.org y se actualiza de forma permanente con nuevos testimonios y documentación.

En Cuba, la tasa de embarazo adolescente en niñas de entre 10 y 14 años no registró una reducción sostenida en los últimos cinco años, según un informe publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei). El dato contrasta con la tendencia a la baja observada en el grupo de 15 a 19 años y pone de relieve una resistencia estructural en el segmento de las menores de edad más jóvenes.

La tasa de fecundidad adolescente para el grupo de 10 a 14 años osciló entre 1,3 en 2021 y 1,4 en 2025, expresada en nacimientos por cada 1.000 jóvenes de esa franja etaria. En el grupo de 15 a 19 años, en cambio, el indicador descendió de 48,5 a 43,2 en el mismo período, lo que refleja una evolución dispar entre ambos segmentos.

La Onei advirtió que es precisamente en las más jóvenes donde se observa mayor resistencia a la disminución de la fecundidad.

El viceministro de Salud Pública de la isla, Reinol García Moreiro, calificó los datos como preocupantes y subrayó que los nacimientos de madres menores de 15 años registran una trayectoria ascendente. En 2021 se contabilizaron 381 casos; en 2022, la cifra trepó a 397, y en 2023 alcanzó los 419. García Moreiro señaló además que las uniones entre adultos y menores de edad figuran entre las causas principales del problema.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) tiene catalogado el embarazo adolescente como un “serio problema social y de salud”. El 18% del total de los embarazos adolescentes en la isla corresponde a menores de 14 años, y entre el 18 y el 19% de todos los nacimientos del país provienen de madres de entre 15 y 19 años, según cifras oficiales de la cartera.

El análisis por provincias expone brechas geográficas notorias en el grupo de 10 a 14 años. Mayabeque, en la región occidental, encabeza el mapa con una tasa de 2,2, seguida por Guantánamo con 2,0 y las provincias orientales de Granma y Holguín, ambas con 1,9. Camagüey, en el centro-este del país, registró 1,8; Pinar del Río, en el extremo occidental, 1,7; y Las Tunas junto a Sancti Spíritus cerraron el grupo con 1,4 cada una.

El patrón geográfico se replica con mayor intensidad en el grupo de 15 a 19 años, donde tres provincias del oriente cubano superan los 50 nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa franja: Granma lidera con 56,5, seguida por Holguín con 53,3 y Guantánamo con 50,9. Las Tunas, Mayabeque y Camagüey se ubican a continuación con tasas muy próximas entre sí, lo que convierte al oriente del país en la región de mayor concentración del fenómeno.

Ante este cuadro, el Minsap aprobó la Resolución 174, publicada en la Gaceta Oficial No. 40, que establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia. La norma pone énfasis en tres ejes: la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

El informe de la Onei concluyó con un llamado de alcance colectivo: “Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes, y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo”, indicó.

La expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela como socialismo del siglo 21 o castrochavismo produjo el control por la delincuencia organizada trasnacional de gobiernos y países, suplantando la política con el crimen, creando dictaduras narcoestados y gobiernos para dictatoriales. La Seguridad Nacional de Estados Unidos cambió la geopolítica y hoy el eje de confrontación en las Américas es la democracia contra el crimen.

Un narcoestado es el país en el que las “instituciones políticas se encuentran influenciadas por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son miembros de las redes ilegales del tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico”. La dictadura castrista estableció en Cuba el primer narcoestado de las Américas con las actividades delictivas de Fidel Castro con los narcotraficantes Pablo Escobar de Colombia y Roberto Suarez de Bolivia, que el fusilamiento de los subordinados de Castro no logró tapar.

La expansión de la dictadura de Cuba en el siglo 21 hizo de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador con Correa, dictaduras/narcoestados, bases del narcoterrorismo. La proclama del “narcotráfico como arma de lucha antiimperialista” en la narrativa castrista de 1960 y castrochavista del siglo 21, fue confesión pública para que el socialismo del siglo 21 pase de recibir financiamiento del narcotráfico (narco-vínculos) a dirigir el crimen con el control de gobiernos, países y territorios.

La agresión del socialismo del siglo 21 contra las democracias de todas las Américas tomó forma de “guerra híbrida”, agregando al narcoterrorismo la migración forzada, la trata de personas, la manipulación de grupos de delincuencia común, el financiamiento de candidatos y campañas electorales, asesinatos y atentados transnacionalizados, extorsiones, y una larga lista de delitos cometidos desde el poder de los gobiernos que controlan.

El cambio de la realidad en las Americas comenzó con el gobierno del presidente Trump 47, que luego de varias acciones emitió la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de America” 2025, que respecto al Hemisferio Occidental indica: “El corolario Trump de la doctrina Monroe. Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Ley Monroe Doctrina para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Nosotros negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio”.

El cambio geopolítico se expresa en la misma Estrategia: “Nuestros objetivos para el hemisferio occidental se resumen en Atraer socios (reclutar) y expandir nuestra presencia. Atraeremos socios ya establecidos en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevas alianzas, al tiempo que reforzamos la posición de nuestra nación como socio económico y de seguridad preferido del hemisferio”.

En la relación con gobiernos del Hemisferio, la posición es: “…reclutar líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de sus fronteras. Estas naciones nos ayudarían a detener la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, impulsar la producción en países cercanos y desarrollar economías privadas locales, entre otras cosas. Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén alineados con nuestros principios y estrategia”.

Así tenemos la “Lanza del Sur”, la captura del dictador Nicolas Maduro hoy reo, la eliminación del jefe del tren e Aragua, el “Escudo de las Américas”, múltiples extradiciones, y más. El desmontaje del crimen está en ejecución con la participación cada vez más activa de gobiernos de la región. El nuevo paradigma indica que si un gobierno no puede o no quiere luchar contra el crimen, Estados Unidos tiene la decisión, las capacidades militares y tecnológicas para hacerlo.

No se trata de derechas o izquierdas, ni de progresistas o conservadores, la disputa por los gobiernos y el poder en los países de las Américas tiene hoy como centro la confrontación entre la delincuencia organizada (que tomó, que tiene el poder y gobiernos en muchos países de Latinoamérica) y la recuperación de la normalidad democrática (con la reposición del estado de derecho, la seguridad ciudadana y jurídica, el derecho de propiedad y la vigencia de los derechos humanos).

La llamada izquierda del siglo 21 en las Américas es el crimen, probado, reincidente e impune: narcoterrorismo, terrorismo de Estado, violación de derechos humanos, corrupción, entreguismo a dictaduras extra hemisféricas de China, Irán y Rusia, migración forzada, tráfico de personas y más. El cambio geopolítico en curso indica terminar con la presencia de los criminales en la política y en los gobiernos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El entorno de la embajada de Cuba en Santo Domingo registró movimientos vehiculares cerca de las 3:00 de la madrugada de este domingo, momento en que se cumplía el plazo establecido por el Gobierno dominicano para la salida de la delegación diplomática cubana del país, según reportó Listín Diario.

Empleados y vendedores de edificios cercanos afirmaron haber visto la salida de un camión que, presuntamente, transportaba pertenencias de los funcionarios. Uno de los trabajadores consultados relató que la salida de vehículos frente a la embajada se observó alrededor de esa hora y, más tarde, el camión partió con objetos que serían del personal diplomático.

Este hecho se produce una semana después del ultimátum anunciado por las autoridades dominicanas, que exigieron a la misión de Cuba dejar el país a más tardar este domingo, coincidiendo con el Día de la Restauración. El día anterior, el mismo medio había informado que los diplomáticos retiraban sus pertenencias a pocas horas de finalizar el plazo.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que las personas que salieron de la sede diplomática durante la madrugada sean los diplomáticos señalados por el Gobierno dominicano. Se está a la espera de una confirmación por parte de las autoridades para determinar si el movimiento observado corresponde efectivamente a la salida del personal diplomático cubano.

La información disponible hasta ahora indica que, en torno a la embajada, hubo movimientos y retiro de pertenencias coincidiendo con el plazo fijado por el Gobierno dominicano, aunque no hay pronunciamiento oficial que aclare si la delegación cubana ya abandonó el país.

Como ha subrayado Listín Diario, el seguimiento de la situación permanece abierto ante la ausencia de confirmaciones formales y la expectativa de una comunicación oficial que esclarezca si los funcionarios cubanos finalmente dejaron territorio dominicano.

Llamados a esclarecer la salida y contexto histórico

La coincidencia del plazo con el aniversario de la Guerra de la Restauración dominicana ha generado reacciones en diversos sectores. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, solicitó una explicación clara sobre las razones detrás de la salida de los diplomáticos cubanos y subrayó la importancia de que estas decisiones respondan a intereses colectivos y no particulares.

Gómez Ramírez sostuvo que la población tiene derecho a conocer los motivos de medidas como esta y señaló: “Siempre hemos dicho, si bien los países tienen su libertad y su soberanía y pueden adoptar las providencias que entiendan, el pueblo dominicano, que es a fin de cuentas el soberano, tiene derecho a saber por qué se adoptan las medidas”.

El presidente del Instituto Duartiano también se refirió a rumores sobre posibles presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, y manifestó que no cree que la decisión esté influida por otros países. Explicó que la Constitución dominicana prohíbe la intervención extranjera directa o indirecta en los asuntos internos y recalcó que el principio de autodeterminación es esencial en la política exterior.

La conmemoración del aniversario 163 de la Guerra de la Restauración sirvió de marco para reiterar la necesidad de transparencia y respeto a la soberanía nacional en la toma de decisiones de política exterior. Gómez Ramírez abogó por que la República Dominicana mantenga la prudencia y el tacto institucional en el manejo de sus relaciones internacionales.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, arremetió contra Aeroméxico después de que personal de la compañía presuntamente intentó evitar que documentara para abordar un vuelo desde La Habana, Cuba, con destino a la Ciudad de México.

A través de diversas publicaciones realizadas en su cuenta de X el pasado 13 de agosto, el legislador relató que el incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde un representante de la aerolínea le habría solicitado presentar una autorización médica debido al yeso que llevaba tras sufrir una fractura.

“Me pasó algo singularísimo. El responsable de Aeroméxico en el aeropuerto José Martí de La Habana, no quería documentarme, por el yeso. Pidió una autorización médica”, escribió el senador. De acuerdo con su versión, una doctora de la terminal intervino y explicó al trabajador que su condición no representaba un impedimento para viajar.

Me pasó algo singularísimo. El responsable de @aeromexico en el aeropuerto José Martí de La Habana, no quería documentarme, por el yeso. Pidió una autorización médica. Afortunadamente, la doctora del aeropuerto, le dio una pequeña clase de medicina.

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 13, 2026

En su publicación, Fernández Noroña sostuvo que la médica del aeropuerto terminó dando al responsable de Aeroméxico una “pequeña clase de medicina”. El legislador no detalló qué argumentos clínicos presentó la especialista ni cuál fue el protocolo aplicado para que pudiera continuar con el proceso de abordaje.

La controversia estuvo relacionada con la lesión que el político sufrió semanas atrás durante un recorrido por una zona montañosa de Tepoztlán, Morelos. Según la información difundida previamente por el propio senador, la caída le provocó una fractura en la muñeca, motivo por el que llevaba inmovilizada una de sus extremidades.

Pese al desacuerdo inicial con el personal de la compañía, el integrante de Morena consiguió documentar y abordar el avión que lo trasladaría de regreso a México. Posteriormente compartió una segunda publicación desde el interior de la aeronave.

“Ya en el avión de Aeroméxico para regresar de La Habana a la Ciudad de México. Me dieron un ascenso, pero voy en turista. La derecha es muy ‘malvibrosa’”, señaló.

Con ese mensaje, el senador también respondió a las críticas que recibió en redes sociales por el supuesto ascenso de categoría. Aunque afirmó que la compañía le había otorgado el beneficio, aseguró que permanecería en clase turista durante el trayecto entre la capital cubana y territorio mexicano.

Hasta la publicación de la información, no se había dado a conocer una postura pública de Aeroméxico sobre el incidente ni se precisó si la solicitud del certificado médico formaba parte de un protocolo ordinario de seguridad para pasajeros con lesiones recientes.

El viaje de Fernández Noroña a La Habana generó críticas

La visita de Fernández Noroña a Cuba estuvo rodeada de cuestionamientos antes de que se presentara el incidente en el aeropuerto. El senador viajó a la isla para participar en las actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Fidel Castro.

Durante su estancia grabó un video desde los jardines del Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, mediante el cual invitó a sus seguidores a visitar el país y contribuir a su economía a través del turismo.

“Vengan de vacaciones a Cuba”, expresó el legislador al responder a quienes lo cuestionaron por acudir a la isla. También aseguró que los servicios destinados a los visitantes continuaban operando pese a los apagones y problemas de suministro que enfrenta la población cubana.

El político argumentó que reservar habitaciones, acudir a restaurantes y contratar servicios locales representaba una manera de apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Además, sostuvo que existen alternativas de hospedaje y alimentación para distintos presupuestos.

La invitación ocurrió mientras el sector turístico cubano atraviesa una reducción significativa. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) retomados por Infobae, el país recibió 359 mil 491 visitantes internacionales entre enero y mayo de 2026, una disminución de 58.4% frente al mismo periodo de 2025.

Noroña responde a los cuestionamientos por sus viajes

Los comentarios del senador se sumaron a una serie de polémicas por sus traslados nacionales e internacionales. Sus críticos han cuestionado los costos de viajes anteriores y la congruencia entre esas actividades y el discurso de austeridad promovido por Morena.

Frente a esos señalamientos, Fernández Noroña ha defendido que cuenta con recursos propios para realizar sus recorridos y ha rechazado que deba limitar sus viajes por desempeñarse como servidor público. Durante su estancia en La Habana ironizó sobre los mensajes de opositores que frecuentemente le piden mudarse a la isla.

“La derecha siempre dice que me vaya a Cuba, pues allá voy”, manifestó en uno de sus videos.

El incidente con Aeroméxico ocurrió cuando el senador se disponía a concluir esa visita y regresar a sus actividades en México. Aunque finalmente abordó el vuelo, utilizó el episodio para cuestionar la actuación del encargado de la compañía en el aeropuerto cubano y responder nuevamente a las críticas de usuarios de redes sociales.

Las publicaciones del legislador dejaron abierta la discusión sobre los requisitos médicos que pueden solicitar las aerolíneas a pasajeros con lesiones recientes. Sin embargo, en este caso, la única versión disponible sobre el intercambio con el representante de la empresa fue la difundida por el propio Fernández Noroña.

Durante 67 años Cuba ha enviado mercenarios a países de América Latina y el mundo. Fidel Castro tuvo como objetivo principal exportar su modelo revolucionario, desestabilizando gobiernos democráticamente electos e instalando regímenes autoritarios. Una vez que estos gobiernos se consolidan, Castro cobraba muy caro estos favores.

Los primeros mercenarios. En abril de 1959 tras los primeros meses de la revolución, Cuba debutó enviando guerrilleros a desestabilizar Panamá y protestar contra Estados Unidos en la zona del Canal.

Cerca de 97 mercenarios cubanos viajaron en la embarcación Mayarí en abril de 1959, con algunas armas, chalecos y equipos de radio. Querían sorprender a las autoridades panameñas, pero fueron ellos los sorprendidos. Fueron capturados, humillados y deportados a la Habana.

En junio de 1959, Fidel Castro volvió a enviar mercenarios a otro país soberano. Cuba intentó desestabilizar la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Fue otra experiencia fallida, provocando la muerte de más de 200 militares comunistas.

En mayo de 1959 Fidel Castro, inspirado por el internacionalismo sanguinario del Che Guevara, intentó derrocar a Somoza en Nicaragua. Aunque fracasaron, Cuba seguiría entrenando guerrilleros con planes a futuro.

La derrota en Haití. Cuando en agosto de 1959 Fidel Castro envió a sus matones a Haití, sufrió nuevamente otra derrota, pero esta vez fue más sangrienta, muriendo casi todos sus soldados.

Fidel Castro era un hombre enfermo de poder. Miraba las muertes como un mal necesario. Cada invasión fallida era una lección aprendida. Solo en el primer año de la llamada revolución envió a morir centenares de jóvenes a 4 países soberanos.

Colombia. A inicios de 1960, Cuba inspiró, protegió y entrenó a movimientos insurgentes en Colombia. Estos grupos criminales incluyeron a las FARC, el ELN y en 1974 el Movimiento M-19, del que formó parte el presidente Gustavo Petro.

Cuba se profesionalizó en el envío de matones a sueldo. En 1963, harto de fracasar en América Latina, Castro y el Che Guevara empiezan operaciones injerencistas en Argelia y una docena de países en África.

El Che Guevara fue una figura clave. Una especie de enviado especial para “encender la llama revolucionaria” en África. Cuba aprendió a enviar asesores militares, pero también a entrenar terroristas en la isla.

En 1963, Cuba estableció de forma irregular el servicio militar obligatorio. Mediante esto, enviaron a miles de esos jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio a matar gente inocente en África.

Angola fue el primer proyecto victorioso del modelo de mercenarios y asesores cubanos. En 1975, este país logra su independencia de Portugal en la célebre Operación Carlota. Castro había vendido su modelo a toda África. Miles de Cubanos perdieron la vida para construir el ego y la leyenda de Fidel.

Cuba y su modelo injerencista de mercenarios, agitadores profesionales y asesores represivos tuvieron su mayor fracaso en 1966 con la muerte del Che Guevara en Bolivia. Otro pequeño sacrificio que no detendría el ego de Fidel.

El primer gran fracaso de Cuba en Venezuela. En mayo de 1967 la dictadura puso sus ojos en el petróleo de Venezuela. Intentaron apoyar grupos guerrilleros con la operación Machurucuto pero fueron aplastados.

Finalmente, en el año 2,000 Cuba logra consumar su victoria en Venezuela, suscribiendo una alianza en temas de seguridad con el dictador Hugo Chávez. Se estima que unos 23 mil mercenarios, asesores de inteligencia y presuntos médicos operan de forma rotativa en Venezuela.

En teoría, la legislación cubana prohíbe el uso de mercenarios. Según el artículo 135 del nuevo Código Penal, toda persona que participe en actividades militares en territorio extranjero para beneficio personal será castigada con penas de 20 a 30 años, cadena perpetua e incluso pena de muerte.

Organizaciones como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son versiones light del modelo injerencista cubano. Son organizaciones que incluyen sindicalistas, huelguistas y guerrilleros de toda América Latina. Su objetivo no es construir democracia, sino desestabilizarla e incluso destruirla.

Fidel Castro fue un asesino serial. Durante toda su vida promovió la muerte, la tortura, el robo y el terrorismo organizado dentro y fuera de Cuba.

Hoy Latinoamérica ha dicho basta. La izquierda esta agonizando y el legado de Fidel Castro es solamente un mal recuerdo que solo algunos tiranos y criminales insisten en querer recordar.

*El autor es periodista exiliado, ex embajador ante la OEA y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es ex alumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Panamá prorrogó hasta el 30 de junio de 2029 la exigencia de una visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que utilicen el país como escala aérea hacia otros destinos, extendiendo por casi tres años una medida migratoria que comenzó a aplicarse en 2022 y que desde entonces ha sido modificada y renovada en varias ocasiones.

La extensión quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 del 14 de agosto de 2026, publicado este viernes en la Gaceta Oficial.

La disposición prolonga la vigencia del Decreto 162 de diciembre de 2022, cuyo último período había vencido el pasado 31 de julio, y mantiene las condiciones establecidas para los viajeros de nacionalidad cubana.

El Gobierno sostiene que mantener la medida permitirá continuar atendiendo la situación de ciudadanos cubanos que utilizan Panamá como punto de conexión, ya sea para regresar a Cuba o trasladarse hacia terceros países.

La norma también contempla las situaciones de quienes cuentan con residencia, determinadas visas extranjeras o condiciones laborales acreditadas en sus lugares de destino.

La exigencia no implica que todos los cubanos que hagan escala en Panamá deban tramitar el documento. El régimen vigente establece una serie de excepciones para determinados pasajeros, mientras que quienes sí necesitan la visa únicamente pueden permanecer hasta 24 horas dentro del área de tránsito internacional del aeropuerto.

Entre las excepciones aparecen los ciudadanos cubanos que viajan de regreso a Cuba, poseen visa de turismo o residencia vigente en Panamá, cuentan con residencia permanente en un tercer país o disponen de una visa válida para ingresar al destino final al que se dirigen.

También están exceptuados quienes poseen residencia vigente o determinadas visas múltiples expedidas por países considerados de altos estándares, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Singapur y los integrantes de la Unión Europea. La normativa contempla además a quienes acrediten un contrato laboral en el país de destino.

Para quienes no califican dentro de esas categorías, la solicitud debe realizarse antes del viaje ante un consulado panameño o mediante un apoderado legal ante el Servicio Nacional de Migración.

Las reglas establecen que el trámite debe presentarse con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha prevista para viajar.

Una medida que comenzó en 2022

La restricción tiene su origen en marzo de 2022, cuando Panamá comenzó a exigir una visa de tránsito a los ciudadanos cubanos que realizaban conexiones aéreas en el país.

La decisión coincidió con un fuerte movimiento migratorio desde Cuba y provocó protestas y concentraciones de más de mil personas frente a la Embajada de Panamá en La Habana.

En aquel momento, numerosos cubanos utilizaban vuelos con conexión en Panamá para llegar a Nicaragua, que había eliminado en noviembre de 2021 el requisito de visa para los ciudadanos de la isla. Desde Managua, muchos continuaban por tierra hacia Honduras, Guatemala y México, con Estados Unidos como destino final.

Panamá flexibilizó posteriormente algunas condiciones y en diciembre de 2022 adoptó el Decreto Ejecutivo 162, que reorganizó el régimen de visa de tránsito. La disposición fue modificada en marzo de 2023 y después prorrogada sucesivamente, primero hasta diciembre de 2023 y luego durante 2024, 2025 y 2026.

La renovación más reciente antes de la publicada este viernes ocurrió en agosto de 2025, cuando el Gobierno de José Raúl Mulino extendió el requisito hasta el 31 de julio de 2026. En aquella ocasión, Panamá eliminó paralelamente la visa de turista en tránsito que regía para ciudadanos haitianos, pero decidió conservar la restricción específica para los cubanos.

El escenario regional, sin embargo, ha cambiado considerablemente desde que comenzó la medida. Nicaragua volvió a exigir visa a los ciudadanos cubanos desde febrero de 2026, cerrando una ruta aérea que durante más de cuatro años había servido como puerta de entrada a Centroamérica para miles de personas que posteriormente intentaban alcanzar Estados Unidos.

También se redujo drásticamente la migración irregular que atravesaba Panamá rumbo al norte. El Darién llegó a registrar más de 520,000 cruces de migrantes durante 2023, pero las restricciones aplicadas posteriormente y el endurecimiento de la política migratoria estadounidense provocaron una caída cercana al 98% en el flujo hacia Norteamérica.

La relación de Panamá con la migración cubana precede ampliamente a la actual crisis regional. En 2016, durante una de las primeras grandes oleadas registradas en el Darién, unas 30,055 personas procedentes de Cuba atravesaron la zona, un episodio que obligó al país a habilitar mecanismos especiales de atención y traslado de migrantes.

En materia de ingreso regular, los ciudadanos cubanos requieren visa estampada para entrar a territorio panameño desde septiembre de 2015. Esa exigencia es distinta de la visa de tránsito ahora prorrogada: esta última está dirigida específicamente a quienes utilizan los aeropuertos panameños como conexión internacional sin ingresar formalmente al país.

Con el nuevo decreto, el Gobierno de Mulino optó por mantener ese filtro migratorio hasta mediados de 2029, pese a la transformación que han experimentado las rutas regionales. Panamá conserva así una medida nacida durante el éxodo cubano de 2022, pero que seguirá vigente durante prácticamente los próximos tres años.

República Dominicana expulsó a nueve diplomáticos cubanos y sus familias el jueves 13 de agosto, con una fecha límite de salida fijada para el domingo 16 de agosto.

El gobierno del presidente Luis Abinader no ofreció una explicación pública y se amparó en el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite declarar a un miembro de una misión diplomática persona non grata sin justificar la decisión.

La medida afecta en total a unas 21 personas. La Cancillería cubana discrepa con esa cifra y sostiene que los expulsados son 10 funcionarios, no nueve, según destacó una nota de la agencia EFE publicada este viernes.

La respuesta de La Habana y la acusación a Washington

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la decisión “en los términos más enérgicos” y ofreció su propia lectura de los hechos: “No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno dominicano a las presiones del gobierno de Estados Unidos, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) sostuvo que sus diplomáticos “han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con absoluto respeto a las leyes” dominicanas. Para La Habana, no existe motivo que justifique la expulsión.

El MINREX intentó separar la relación entre gobiernos de los lazos entre pueblos: las autoridades dominicanas “dañan significativamente los vínculos entre los dos gobiernos, pero no podrán herir los profundos y históricos lazos que existen entre los pueblos cubano y dominicano”.

El voto en la ONU y la cumbre que nunca fue

La expulsión de los diplomáticos cubanos de Santo Domingo se enmarca en un deterioro sostenido de las relaciones bilaterales bajo el gobierno de Abinader.

En julio de 2026, la República Dominicana se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución contra las sanciones estadounidenses a Cuba, un giro respecto de 2025, cuando había apoyado el texto junto a 165 países.

La Habana también citó la exclusión de Cuba de la X Cumbre de las Américas, prevista inicialmente en Punta Cana y luego suspendida, como otro indicio de ese alineamiento con Washington.

En mayo, el propio Abinader cuestionó el sistema político cubano en una entrevista con Infobae: “Tienen su forma de elecciones, pero no es un Estado democrático”, declaró.

Un patrón regional que se repite en 2026

La crisis con Santo Domingo no es un episodio aislado. Desde marzo, Cuba ha encajado una serie de golpes diplomáticos en América Latina que responden a un patrón similar.

Ese mes, Ecuador ordenó la salida de todo el personal diplomático cubano en Quito en un plazo de 48 horas. La Habana respondió con el cierre de su embajada en la capital ecuatoriana. Costa Rica hizo lo propio al clausurar su representación en La Habana y exigir la retirada del personal cubano de San José.

En julio, el entonces presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua como parte de un plan de reorganización de la presencia exterior del país que contempla el cierre de 14 embajadas y 15 consulados. De la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto.

Toda esta secuencia se produjo tras el lanzamiento en marzo del “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad regional promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, de la que Cuba quedó excluida.

Una ruptura sin precedentes desde Trujillo

La dimensión del golpe no pasó inadvertida en la propia República Dominicana. El exministro dominicano para Políticas de Integración Regional Miguel Mejía calificó la medida de extrema y la comparó únicamente con la ruptura que impuso la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que se extendió por 31 años hasta 1961.

Mejía exigió además que “el gobierno dominicano explique al pueblo dominicano las verdaderas razones por las que tomó esta decisión”.

Las relaciones entre ambos países se restablecieron formalmente en 1996 bajo el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y en agosto de 1998 el líder cubano Fidel Castro realizó una visita oficial a territorio dominicano. Casi tres décadas después, ese vínculo enfrenta su mayor tensión desde la era Trujillo.

El dictador Raúl Castro reapareció este jueves en público en La Habana, luego de varios meses sin participar en actos oficiales. El líder cubano asistió al teatro Karl Marx para un homenaje por el centenario de su hermano Fidel, acompañado por Miguel Díaz-Canel, miembros de la cúpula del Partido Comunista y otros familiares.

Antes de esta nueva aparición pública, las últimas imágenes del dictador correspondían a junio, cuando la televisión estatal cubana difundió su participación en dos actividades oficiales. Un mes antes, el 1 de mayo, Raúl Castro había sido visto frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, en una aparición en la que se lo observó visiblemente frágil

La imagen de este jueves, se produce en un momento de presión judicial sobre su figura a nivel internacional. En mayo, la fiscalía federal del sur de Florida informó que activó gestiones para intentar llevar ante una corte estadounidense a Raúl Castro, por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La fiscal federal Yara Klukas declaró a Telemundo 51, que el proceso “no es simbólico” y precisó que existe una orden de arresto contra él y otros acusados.

Según explicó, la causa recobró impulso tras la detención en territorio estadounidense del expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, condenado en Florida por fraude migratorio. Esa detención permitió reactivar un expediente que durante años había permanecido sin avances relevantes.

El gobierno de Donald Trump mantiene una política de máxima presión sobre el régimen de Cuba, que se intensificó después del derrocamiento de Nicolás Maduro a comienzos de enero en una incursión militar de Estados Unidos. Hasta ese momento, el dictador venezolano era el principal aliado de La Habana.

Ese escenario coincidió con un nuevo endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia la isla. La administración de Donald Trump impulsó desde enero un bloqueo al suministro de combustible y amplió sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones cubanas. La ofensiva agravó la situación de un país que ya arrastraba más de cinco años de crisis y que buscó respuestas con cambios económicos limitados.

En este contexto, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, dijo que Washington mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar en Cuba y lanzó una advertencia al régimen de La Habana al sostener que Donald Trump está decidido a imponer los intereses estratégicos de su país.

La presión sobre el entorno de Raúl Castro también alcanzó a miembros de su familia. Esta semana, The New York Times informó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador cubano, fue señalado por presuntos vínculos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas. Según documentos judiciales citados por el diario, habría usado su cercanía con el poder en la isla para proteger una estructura que sacaba migrantes de Cuba e ingresaba mercadería ilegal al país.

El reporte también lo mencionó por supuestamente facilitar el ingreso de productos comprados con tarjetas robadas a cambio de sobornos.

Esa red, conocida como la “Mafia cubana de Quintana Roo”, fue investigada en Estados Unidos y el caso terminó en 2020 con condenas para al menos 21 personas.

(Con información de AFP)

El gobierno de Luis Abinader ordenó este jueves a 21 personas —nueve diplomáticos de la Embajada de Cuba en Santo Domingo y sus respectivos familiares— abandonar la República Dominicana antes del domingo 16 de agosto, según detalló una nota de EFE.

La Cancillería dominicana no explicó los motivos, aunque invocó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para respaldar la medida.

La expulsión se produce después de varios gestos de distancia con La Habana. En mayo, el presidente calificó a Cuba de país que “obviamente no es un Estado democrático”; en julio, República Dominicana se abstuvo en la votación de la ONU sobre el embargo estadounidense a la isla, que terminó con 136 votos a favor de la resolución contra las sanciones y 30 abstenciones.

Un año antes, en octubre de 2025, Santo Domingo había excluido al régimen cubano —junto con Nicaragua y Venezuela— de la X Cumbre de las Américas, prevista en Punta Cana, señaló Diario Libre.

La ola de rupturas que rodea a Cuba en 2026

La medida dominicana llega en medio de un patrón regional. En marzo, Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez García y a toda su misión, con un plazo de 48 horas para salir del país. Cuba respondió con el cierre de su embajada en Quito.

Ese mismo mes, Costa Rica cerró su representación en La Habana y pidió retirar a su personal diplomático de San José, con lo que redujo el vínculo al nivel consular.

El expresidente costarricense Rodrigo Chaves declaró en esa oportunidad que su gobierno no reconoce la legitimidad del régimen cubano.

Más recientemente, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el 26 de julio que, al asumir el cargo el 7 de agosto, rompería relaciones con Cuba y Nicaragua.

“En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, declaró en una transmisión por sus redes sociales, según informó EFE.

El plan contempla además el cierre de 14 embajadas y 15 consulados en otros países, aunque con esos Estados Colombia mantiene representación concurrente; con La Habana y Managua, la ruptura es total.

Casi cuatro décadas de historia entre dos vecinos

El antecedente de la relación bilateral arroja perspectiva sobre el momento actual. Cuba y la República Dominicana rompieron vínculos el 26 de junio de 1959, en plena confrontación entre la Revolución cubana de Fidel Castro y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Fue La Habana quien formalizó la ruptura, agravada por el ataque a la embajada cubana en Ciudad Trujillo y por las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizadas desde territorio cubano para intentar derrocar al régimen dominicano.

La normalización tardó casi 39 años. En junio de 1997, ambos países suscribieron un memorando consular y migratorio, paso previo al restablecimiento de relaciones plenas, que entró en vigor el 16 de abril de 1998. Ese mismo año, Castro visitó República Dominicana. Hasta esta semana, el propio Mirex describía los lazos bilaterales como “cimentados en profundos vínculos históricos, culturales y de solidaridad”.

Sin motivos oficiales, con un patrón evidente

La Cancillería aún no ha emitido el comunicado oficial que se esperaba para este jueves.

El silencio sobre las causas formales contrasta con la claridad del patrón: cada uno de los países que ha tomado medidas contra Cuba en 2026 lo ha hecho en un contexto de alineamiento con Washington, y el régimen cubano ha respondido en todos los casos calificando las decisiones de “arbitrarias” e “injustificadas” y atribuyéndolas a presiones de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a Fidel Castro (1926-2016) “el estímulo” que recibió para su trayectoria política, a través de un mensaje dirigido al coloquio internacional dedicado al líder cubano, celebrado en La Habana con motivo de su centenario.

“Si hoy estoy por tercera vez al frente de la Presidencia de Brasil, es gracias al estímulo y la sabiduría de Fidel Castro”, expresó Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato a sus 80 años.

El brasileño manifestó que, en el centenario del nacimiento de Castro, transmite “al pueblo de Cuba el mismo mensaje de fuerza y esperanza” y abogó porque “la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad”, según reportes de medios estatales.

Lula y Castro compartieron una amistad cercana. Tras la muerte del líder cubano en 2016, el presidente de Brasil describió su partida “como la pérdida de un hermano mayor” y recordó que, durante décadas, ambos mantuvieron “una relación afectuosa e intensa, basada en la búsqueda de caminos para la emancipación” de sus pueblos.

El intelectual y teólogo brasileño Frei Betto fue el encargado de leer el mensaje de Lula en el coloquio internacional “Fidel: legado y futuro”, actividad que finalizará el programa conmemorativo este jueves 13 de agosto, fecha en que se cumplen 100 años del nacimiento de Castro.

Durante su intervención, Betto rememoró al líder de la revolución cubana, quien gobernó la isla durante casi 50 años, y subrayó “la necesidad de abrir espacios de entendimiento” al referirse a la entrevista realizada en 1985, en cuatro sesiones por un total de 23 horas, que dio origen al libro “Fidel y la religión”.

Los mensajes de Putin y Xi Jinping

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, enviaron mensajes de felicitación al régimen cubano con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro.

Los mensajes fueron dados a conocer durante el coloquio dedicado a la figura de Castro que sesiona en La Habana.

En sus misivas, dirigidas al ex presidente cubano y hermano de Fidel, Raúl Castro; así como al dictador actual de la isla, Miguel Díaz-Canel, Putin calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Por su parte, el miembro del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento Internacional, Liu Haixing, leyó la misiva enviada por Xi Jinping, en la cual destacó el papel de Castro “en la cimentación e impulso de las relaciones de la isla con China”, las que, señaló, “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington no descarta una intervención militar en Cuba y advirtió a La Habana sobre la determinación del presidente Donald Trump de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” estadounidenses.

“Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, declaró el funcionario de la administración republicana ante la prensa durante una visita a Panamá, donde participó en un evento de la coalición militar impulsada por Estados Unidos contra los cárteles latinoamericanos.

Hegseth subrayó que la isla caribeña “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”. Añadió que, a su juicio, “nadie puede compararse con Estados Unidos” y que la influencia extranjera en el hemisferio, en referencia a China y Rusia, ha sido “bastante insignificante”.

Sobre la aproximación de actores internacionales, el titular del Departamento de Guerra mencionó: “Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”.

En su última declaración pública acerca de Cuba, Trump afirmó que la isla “se está acercando” a Washington tras “muchas décadas” de distanciamiento. La declaración se produjo apenas días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera un nuevo paquete de sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

Sin embargo, en junio, el inquilino de la Casa Blanca aludió a la posibilidad de una operación militar en Cuba, similar a las ejecutadas en Venezuela o Irán, aunque afirmó mantener una postura “flexible” respecto a La Habana. “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, declaró el mandatario y agregó que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el país liderado por el dictador Díaz-Canel avanzará en “una senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del final del mandato del presidente Donald Trump, previsto para el 20 de enero de 2029.

“Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense el martes. Rubio señaló que en la isla se deberá producir una “transición”, advirtiendo que “no se puede tener algo en pie durante 70 años —que echa raíces— y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo”.

Conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano, Rubio consideró que una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos favorece el interés nacional de EEUU. “Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional”, subrayó y recordó su “conexión personal” con la isla.

“Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”, precisó Rubio. Según el secretario de Estado, la situación se agravó tras la detención en enero del dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses.

A raíz de la captura, la administración Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla caribeña. En los últimos días, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, lo que agudizó la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios esenciales, factores que incrementaron el malestar social contra el gobierno de Díaz-Canel. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, concluyó Rubio.

En el ámbito local, un promedio de dos o tres horas de electricidad tuvieron el miércoles los 9,4 millones de cubanos, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE), que anticipó que el mayor apagón de la jornada dejó sin suministro eléctrico al 69% del país al mismo tiempo. Cuba enfrenta desde hace dos años una profunda crisis energética y las autoridades del régimen reconocieron que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

Para el horario de mayor demanda —tarde y noche del miércoles— la UNE previó una capacidad de generación de 1.053 megavatios (MW) frente a una demanda máxima estimada de 3.250 MW. La crisis energética actual responde tanto a factores internos, como un sistema obsoleto y falta de inversiones durante décadas, como a causas externas, especialmente el bloqueo impuesto por Washington.

(Con información de Europa Press)

El mensaje desde el Hotel Nacional

En el video, Fernández Noroña describió al Hotel Nacional como “una gran dama venida a menos” y afirmó que existen distintas formas de apoyar a Cuba frente a lo que calificó como el bloqueo de Estados Unidos hacia la isla. Entre ellas, propuso el turismo:

• Aseguró que los servicios turísticos en Cuba “no tienen ninguna afectación”, pese a los apagones que enfrenta el país.
• Invitó a tomar “una semana” de vacaciones, mencionando que existen hoteles y opciones de comida de diversas categorías.
• Señaló que hacer turismo hacia Cuba ayuda a mantener la actividad económica de la isla.

El viaje se da en medio de críticas previas

El desplazamiento de Fernández Noroña a Cuba se suma a una lista de viajes internacionales que, de acuerdo con reportes de medios como TV Azteca, han generado señalamientos por su costo y por haber sido, en algunos casos, financiados con recursos públicos. Entre los mencionados se encuentran trayectos a Francia, Roma y Medio Oriente, además de vacaciones en Europa.

Ante los cuestionamientos por su presencia en la isla, el senador respondió directamente a sus críticos:

“La derecha siempre dice que me vaya a Cuba, pues allá voy.”

Fernández Noroña indicó que su viaje concluirá el próximo jueves, cuando retomará sus funciones legislativas en el Senado.

El contexto: Cuba enfrenta su peor crisis turística en años

El llamado del senador ocurre mientras el sector turístico cubano atraviesa una de sus etapas más críticas. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba recibió 359,491 turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, lo que representa una caída de 58.4% respecto al mismo periodo de 2025.

A esto se suma:

• La salida de siete cadenas hoteleras internacionales de la isla, entre ellas Meliá, Iberostar, Barceló y Blue Diamond, tras sanciones de Estados Unidos.
• Un bloqueo petrolero que ha reducido rutas aéreas y afectado el funcionamiento de instalaciones hoteleras.
• Según reportes, hasta el 73% de los hoteles en el país permanecen cerrados.

Este es también el primer viaje internacional del senador tras fracturarse la muñeca semanas atrás, mientras realizaba un recorrido en la zona montañosa de Tepoztlán, Morelos, según trascendió en sus propias transmisiones.

El nuevo informe de la ONG Prisoners Defenders sacó a la luz este miércoles la persistencia y el endurecimiento de la represión en Cuba, con 1.327 presos políticos registrados al cierre de julio.

Entre las incorporaciones de este último mes destaca por su gravedad la detención y golpiza de un menor de 13 años en Santiago de las Vegas, así como la creciente utilización del destierro como condición para la excarcelación.

Las detenciones afectan a un mosaico amplio de la sociedad: manifestantes, artistas, periodistas, activistas y personas que simplemente ejercieron actos de solidaridad.

El mes, marcado por el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 -más conocidas como 11J- evidenció una escalada renovada de la violencia desde el Estado. Prisoners Defenders identificó 36 nuevas personas arrestadas por razones políticas, 15 de ellas vinculadas a manifestaciones recientes, y subrayó una “criminalización” creciente del disenso público.

Además, continúan observándose patrones de desnutrición, torturas y privación de atención médica entre quienes permanecen encarcelados: 459 presos políticos padecen patologías médicas graves.

La represión contra un menor durante las protestas

El caso más extremo es el de Alex Javier Hernández González, de 13 años. Según el relato de su madre, agentes policiales lo interceptaron y golpearon reiteradamente durante las protestas del pasado 22 de julio en Santiago de las Vegas.

El menor, sin orden de arresto y sin que mediara tutela judicial, suplicaba: “No me den más, soy un niño”.

Las lesiones, constatadas posteriormente, no fueron certificadas oficialmente. La policía suspendió su traslado al policlínico bajo el pretexto de una firma ausente.

Actualmente, Alex Javier permanece privado de libertad en el centro para menores “El Combinadito”, bajo custodia del Ministerio del Interior; y se desconoce tanto la imputación formal como la resolución sobre su caso.

Artistas y periodistas, blanco de la criminalización del disenso

La lista de nuevos arrestos incluye a los músicos independientes Pedro Ernesto Farías (“El Feno”) y Rolando Almenteros (“El Bohemio”), detenidos el 7 de julio mientras grababan un video de protesta por los apagones en La Habana. Rolando fue golpeado violentamente y permanece incomunicado excepto por breves visitas en presencia policial, mientras Pedro Ernesto continúa privado de libertad sin cargos claros ni proceso judicial iniciado.

La represión también se extiende al ámbito digital y comunicacional. El creador de contenidos Yoesbel Rodríguez del Pino fue arrestado y sometido a reclusión domiciliaria—sin intervención de un juez—tras un operativo que derivó en la confiscación de todos sus equipos de trabajo. Mientras tanto, el periodista independiente Julio César Álvarez Marrero fue excarcelado sólo tras firmar un “acta de advertencia” en la que, de reincidir, podría ser acusado por “Desobediencia Penal Precriminal” conforme al nuevo Código Penal cubano. La vigilancia y el hostigamiento no han cesado.

El informe resaltó la reciente promulgación del Decreto 160/2026, que prohíbe las publicaciones periódicas y la actividad informativa a todos los actores económicos no estatales, cerrando legalmente cualquier resquicio a la prensa independiente ya en la práctica perseguida.

La solidaridad también recibe castigo

Los actos solidarios con otras personas privadas de libertad también son atacados desde el Estado. Aniley Martínez Ramírez fue arrestada tras llevar alimentos y productos básicos a la activista encarcelada Lizandra Góngora, quien cumple una condena de 14 años desde las protestas de 2021, padece graves problemas de salud y permanece sometida a aislamiento y dificultades crecientes de contacto con su familia. “La ayuda de Aniley resultaba especialmente importante para Lizandra debido a su delicado estado de salud”, expuso el documento, pues atraviesa episodios de anemia severa y hemorragias no tratadas.

Activistas como Lumey Guzmán y Humberto Michael Gonzáles Zamora fueron detenidos en medio de protestas pacíficas. La represión se acompaña, según Prisoners Defenders, de desapariciones forzadas breves y manipulación de pruebas.

El destierro impuesto como condición de libertad

El informe subrayó la utilización, cada vez más frecuente, de la expatriación forzosa. Ejemplo de esto son los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, deportado tras cumplir la totalidad de su condena; Yosvany Rosell García Caso, al que la administración penitenciaria comunicó que sería “enviado fuera de Cuba”, rechazo que la familia denuncia como una violación a su derecho a permanecer en el país; y Roilán Álvarez Rensoler, cuya liberación depende de que sus familiares le compren un pasaje para abandonar Cuba.

“La salida del país se presenta como única alternativa para recuperar la libertad”, apuntó Prisoners Defenders. El exilio, detalló el informe, “añade el desarraigo, la separación familiar y el apartamiento de una voz crítica del territorio nacional”.

Condiciones, cifras y perfiles: el alcance de la represión

Con datos cerrados al 31 de julio, la lista oficial verifica 41 menores (39 varones y 2 mujeres) aún privados de libertad por causas políticas, no solo derivados de las protestas del 11J sino por “actos de sedición”, delito por el que 16 menores han recibido condenas con una media de cinco años de cárcel.

Según un reporte remitido a Naciones Unidas, en Cuba se recluye anualmente a al menos 410 menores en auténticas prisiones gestionadas directamente por el Ministerio del Interior. Además, 150 mujeres figuran bajo medidas cautelares o condenas de tipo político. Más de 450 presos registran problemas médicos graves, y 54 padecen trastornos psiquiátricos sin tratamiento.

En cuanto a la tipificación, los 1.327 presos políticos incluyen 801 convictos de conciencia (privados de libertad por sus opiniones o acciones pacíficas), 489 condenados de conciencia (bajo medidas restrictivas pero fuera de prisión) y 37 casos de otros presos políticos, quienes cumplen condenas en procesos que, aunque identifican acciones penalmente reprochables, han sido objeto de graves violaciones al derecho de defensa por móviles políticos.

Nuevos patrones represivos en el interior y acciones penales sin control judicial

La represión más reciente se enfoca geográficamente fuera de La Habana, con la mayoría de los nuevos casos concentrados en Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Los informes reseñan operativos posteriores a “cacerolazos” y protestas por apagones, arrestos de líderes barriales y amenazas a quienes documentan o difunden información.

Una cita de Ana Ibis Tristá Padilla, activista condenada a 14 años de prisión pese a haber sido absuelta por falta de pruebas en el primer juicio, refleja la tenacidad de quienes permanecen encarcelados: “No estamos muertos, y menos callados”, afirma desde la prisión La Veguita de Las Tunas, donde enfrenta problemas renales, debilidad y pérdida de peso severa. Según el informe, “en Cuba, las absoluciones por sentencia judicial pueden ignorarse de forma arbitraria”, ya que la decisión de absolución fue anulada y el caso reabierto por orden del propio tribunal.

A nivel internacional, el caso del artista Maykel Osorbo destaca tras su traslado repentino y sin aviso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refrendó en julio la responsabilidad del Estado cubano en su desaparición forzada temporal, vulneración de derechos y reclamo por su inmediata liberación. Osorbo posee un “parole humanitario” aprobado por Estados Unidos, pero permanece encarcelado ya que Cuba condiciona su excarcelación al exilio.

Prisoners Defenders enfatizó que el sistema cubano de persecución judicial priva a los acusados de control judicial efectivo: fiscales pueden imponer directamente la prisión preventiva, sin que un juez conozca el caso. Y, en los juicios políticos, los testimonios acusatorios proceden casi exclusivamente de funcionarios de la Seguridad del Estado o el Ministerio del Interior.

La ONG recalcó que el fenómeno de la prisión política “no solo castiga hechos acontecidos, sino que busca impedir nuevas movilizaciones mediante el miedo, la vigilancia, el encarcelamiento y el destierro”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó estar “convencido” de que Cuba entrará en una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del fin del mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2029. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó esta opinión durante una entrevista para el pódcast de Katie Miller, donde abordó el escenario de cambio en la isla caribeña.

“Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, declaró el alto funcionario. En ese sentido, remarcó que en la isla deberá producirse una “transición”, advirtiendo que “no se puede tener algo en pie durante 70 años —que echa raíces— y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo”.

Rubio citó como ejemplo el proceso de transformación vivido por los países de Europa del Este, que, según indicó, “tardaron entre tres y cinco años en convertirse realmente en lo que hoy son”.

El secretario de Estado, conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano, consideró que el hecho de que Cuba sea “segura, estable y alineada con Estados Unidos” favorece el “interés nacional” estadounidense.

“Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional”, subrayó Rubio, quien recordó su “conexión personal” con la isla, aunque remarcó que su labor responde a los intereses del país norteamericano.

El pasado viernes, Rubio advirtió que Cuba no dispondrá de “válvula de escape” frente a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración de Donald Trump, ya que, según sostuvo, no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio. Sus palabras apuntaron directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, incluidas medidas destinadas a incentivar el sector privado.

El funcionario subrayó que Cuba enfrenta una coyuntura inédita: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre, según Rubio, se precipitó tras la captura en enero del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, en un operativo realizado por fuerzas estadounidenses.

Después de esa detención, la administración Trump implementó un bloqueo petrolero a la isla. En los últimos días, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, agravando la escasez de agua, el aumento de precios en productos básicos y la falta de servicios esenciales, factores que incrementaron el malestar social contra la dictadura de Díaz-Canel. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, indicó Rubio

Cuba enfrentó el martes una nueva jornada de cortes masivos de electricidad, con apagones que dejaron hasta un 72% del territorio nacional desconectado simultáneamente durante las horas de mayor demanda, según cifras oficiales recopiladas por la agencia EFE.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) previó que en el pico vespertino la capacidad de generación disponible fue de apenas 933 megavatios (MW), frente a una demanda máxima estimada de 3.250 MW.

Como resultado, la afectación real —la porción del sistema que quedará desconectada para evitar apagones desordenados— alcanzó aproximadamente los 2.347 MW. La crisis se agravó por el estado de las plantas termoeléctricas, que aportan el 40% del mix energético cubano y dependen del crudo nacional. La mayoría de estas unidades atraviesan averías o se encuentran en mantenimiento tras años de infrafinanciación. El martes, la mitad de las plantas de generación del país (16 en total) permanecieron fuera de servicio.

(Con información de Europa Press y EFE)

Rosario María Murillo Zambrana confía en sus talismanes y piedras para sobrevivir en el poder. Arrastra en su esoterismo y misticismo a su esposo, Daniel Ortega, con quien no sólo comparte lecho, sino el comando absoluto de Nicaragua. El matrimonio dictatorial, sin embargo, no descansa sólo en las cartas. También revisa la información dura que le agrupa su círculo cercano para contrastar con la suerte que, juran, siempre está de su lado.

Los Ortega-Murillo leen, además, las noticias. Y saben que algo no anda del todo bien con quienes le prometieron una alianza indestructible. O una protección a prueba de crisis. Sobre todo a partir del 3 de enero último.

Esa madrugada crítica, Rusia no logró salvar a la dictadura de Nicolás Maduro ni a su esposa, Cilia Flores. A pesar de las reiteradas promesas del Kremlin y la presencia de una misión militar encabezada por el general Oleg Leontievich Makarevich, el régimen chavista no resistió el operativo militar de Estados Unidos. El uniformado -cuyas destrezas en el terreno ya habían sido confirmadas negativamente en Ucrania- creía que podría poner a resguardo a sus protegidos desde su smartphone conectándose tan sólo a una app: FlightRadar24.

Durante años, Moscú se presentó como un aliado indispensable de Maduro, asegurando un control absoluto del espacio aéreo venezolano y la capacidad tecnológica para anticipar cualquier amenaza. La Equator Task Force, bajo dirección rusa, se ocupó de entrenar y asesorar a las fuerzas armadas venezolanas con la promesa de protección frente a eventuales intervenciones extranjeras.

En los momentos críticos, entre noviembre y diciembre de 2025, Makarevich transmitió confianza a Maduro y a su entorno, asegurando que Rusia disponía de los medios necesarios para garantizar la seguridad del mandatario y de los principales cuadros chavistas.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación estadounidense “Resolución Absoluta” sorprendió tanto a las fuerzas venezolanas como a sus asesores rusos (y cubanos). Más de 150 aeronaves participaron en bombardeos y maniobras que culminaron con la captura del dictador y su esposa en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

El operativo expuso la ineficacia de la tecnología y los sistemas de inteligencia rusos desplegados en Venezuela... que no funcionaron. Fuentes militares venezolanas y cubanas señalaron su desconfianza hacia Makarevich, quien llegó a Caracas tras un desempeño poco destacado en Ucrania. El fracaso dejó un saldo de 33 militares cubanos muertos, responsables de la custodia de Maduro, y desencadenó cuestionamientos internos sobre la verdadera capacidad de Rusia para garantizar la protección de regímenes aliados. La Habana culpa a Rusia, no sólo a Venezuela, por esas muertes.

Actualmente, Maduro se encuentra detenido en Nueva York, enfrentando cargos federales en Estados Unidos. Mientras tanto, la cúpula cubana debate el valor real de la protección rusa. Aunque Moscú sigue ofreciendo respaldo a La Habana, la experiencia venezolana ha sembrado dudas sobre la eficacia y sinceridad de esas promesas. La dirigencia cubana percibe que, más allá de los discursos, Rusia nunca tuvo un plan concreto para defender a Maduro y que, llegado el momento, podría abandonar también a Cuba.

Esa información es la que no sólo leen a diario los Ortega-Murillo, sino que son los datos que comparten -cuando la discreción lo permite- con oficiales y enviados de Cuba.

Pero además, en la intimidad del poder nicaraguense, creen que incluso están un eslabón por debajo de la protección que Rusia podría ofrecerle a sus pares de La Habana. Sienten que la tecnología en radares que Moscú dijo haber invertido -alrededor de 1.000 millones de dólares- para proteger a los tres regímenes latinoamericanos nunca existió. “O al menos es tan secreta que nadie la ha visto”, ironiza un general en comunicación con Infobae, por un sistema encriptado. Esa red de radares fue vendida como más moderna, incluso, que la que estaría protegiendo los cielos cubanos.

Pero los Ortega-Murillo también sienten una traición que no tiene que ver con lo militar. Sino con lo político y económico.

Se sienten defraudados por parte de Rusia por no haber apoyado su moción para ingresar a los BRICS, el bloque político y económico de naciones emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaron, entre otros, Sudáfrica e Irán.

Managua padeció una doble desilusión en su intento por escalar “socialmente” en el mundo a partir de ese bloque de economías un poco más sólidas que la enclenque nicaragüense. Primero fue Brasil el que se opuso a su inclusión, pero luego supo que el Kremlin no revirtió ese destino fijado por Itamaraty cuando había prometido otros caminos al matrimonio dictatorial.

La política exterior rusa atraviesa un momento de absoluta desconfianza por parte de sus aliados. “Antes no teníamos más remedio que estar con ellos y creerles, pero ahora son cada vez menos confiables”, dice la misma fuente en off the record.

X: @TotiPI

El régimen de Cuba aprobó nuevas normas para el uso de las energías renovables en medio de la crisis energética, con exenciones fiscales para la importación de equipos y cambios en la compraventa de electricidad producida a partir de biomasa y energía eólica, en un escenario de apagones masivos y déficit de generación en toda la isla.

Las resoluciones 179 y 180 de 2026 entraron en vigor este sábado, según informaron medios estatales, con el objetivo de ampliar los incentivos para personas naturales y jurídicas que inviertan en fuentes renovables. La decisión llegó mientras el sistema eléctrico cubano atraviesa una de sus etapas más críticas, con cortes prolongados que afectan de forma simultánea a gran parte del país y con un servicio que, en muchos casos, quedó reducido a pocas horas por día.

La Resolución 180 eximió del pago del impuesto aduanero a quienes importen sistemas solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. La misma disposición incluye calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, sistemas de aire acondicionado solar y cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables. También alcanza a equipos destinados al procesamiento de biomasa para producir energía, junto con sus partes fundamentales.

La Resolución 179 modificó una norma previa aprobada en mayo y amplió el alcance de la compraventa de energía entregada al Sistema Electroenergético Nacional. Hasta ahora, la regulación priorizaba la generación solar fotovoltaica. Con el nuevo cambio, la red nacional también puede incorporar con mayor alcance la energía producida a partir de biomasa vegetal y de fuentes eólicas.

La adopción de estas medidas coincide con un cuadro de colapso en la generación eléctrica. Para este sábado, la estatal Unión Eléctrica prevé que el mayor apagón del día dejará sin servicio al 69 % del país en el horario de máxima demanda.

La capacidad disponible se ubica en 1.050 megavatios frente a una demanda máxima estimada de 3.300 megavatios, lo que obligó a desconectar 2.280 megavatios para evitar interrupciones desordenadas en el sistema.

Los 9,4 millones de cubanos contarán, en promedio, con apenas dos o tres horas de servicio en la jornada. La situación provocó manifestaciones pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de la capital, en medio del deterioro sostenido del abastecimiento.

La crisis energética cubana se profundizó desde mediados de 2024 y se agravó durante este 2026. En lo que va del año, la isla sufrió siete apagones generales, y en casi 24 meses acumula 12 interrupciones totales del servicio. A comienzos de agosto, un apagón parcial dio paso a otros dos colapsos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi todo el país sin electricidad.

Este sábado, siete de las 16 unidades de generación no se encuentran operativas. Muchas de esas centrales fueron construidas entre las décadas de 1960 y 1970, y desde hace años registran fallas frecuentes.

A esa fragilidad estructural se suma el deterioro de la generación distribuida, sostenida con diésel y fueloil importado. Esa fuente cubría otro 40 % del sistema, pero quedó paralizada por la escasez de combustible y por las dificultades para adquirirlo. El 20 % restante provino de gas y de fuentes renovables, sobre todo solar, en un segmento que todavía resultó insuficiente para compensar el resto de las caídas.

(Con información de EFE)

Marco Rubio advirtió que Cuba no tendrá “válvula de escape” a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración Trump, pues ya no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos. El secretario de Estado realizó estas declaraciones a Axios en el marco de un análisis publicado este viernes.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio al medio especializado. Sus palabras apuntan directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, entre ellas medidas orientadas a incentivar el sector privado.

Rubio subrayó que Cuba atraviesa una situación sin precedentes: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre se precipitó en enero pasado, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de La Habana.

Tras esa detención, la administración Trump impuso un bloqueo de crudo a la isla. Esta semana, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, que se suman a la escasez de agua, el alza de precios en productos básicos y la falta de servicios vitales, agudizando el descontento popular hacia Díaz-Canel.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, precisó Rubio, descartando que un eventual cambio de ciclo político en Washington pueda aliviar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, de ascendencia cubana, anticipó que al término de la administración en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de estas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas. Medidas anteriores ya habían alcanzado al propio Díaz-Canel, al conglomerado empresarial militar Gaesa y a inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo.

En paralelo, la administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro. Rubio calificó la paciencia y la perseverancia como conceptos “perdidos” en la política exterior y la geopolítica estadounidenses, que su gestión busca recuperar.

El colapso del sector turístico ilustra con cifras el alcance de la crisis. Cuba recibió 387.591 turistas internacionales en la primera mitad de 2026, un 60,7 % menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Solo en junio llegaron 28.100 visitantes.

Canadá fue el principal mercado emisor con 126.937 visitantes entre enero y junio, seguido por Estados Unidos con 31.001 y Rusia con 21.235, con descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente. México, Argentina y China también registraron caídas superiores al 30 %. Las visitas de la comunidad cubana en el exterior cayeron un 38,2 % hasta las 74.068 personas en el primer semestre del año.

El país había cerrado 2025 con poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente a un objetivo gubernamental de 2,6 millones, y las cifras actuales contrastan con los registros del período de deshielo diplomático: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje impuestas por Washington.

El régimen cubano reconoció en julio que las presiones de Washington provocaron la salida de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % de las habitaciones del país, más de 80.000 según datos oficiales. Entre las cadenas que abandonaron la isla figuran las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Como respuesta, el Ejecutivo de La Habana incluyó en su paquete de reformas de junio varias medidas para reactivar el turismo: nuevas modalidades de negocio para el sector privado que abarcan la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. También habilitó al sector privado para operar como agentes turísticos y guías, y prevé aplicar una tasa del 1 % a estos negocios para financiar la promoción del sector.

El turismo cubano registró en el primer semestre de 2026 su peor desempeño en décadas: apenas 387.591 visitantes internacionales, un descenso del 60,7% frente al mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El mes de junio cerró con solo 28.100 llegadas, una cifra que refleja el colapso casi total de un sector que alguna vez fue pilar de la economía de la isla.

Cuba recibió en la primera mitad de 2026 menos de 388.000 turistas internacionales, un 60,7% menos que en igual período de 2025. La caída combina el efecto acumulado de la pandemia de covid-19, el bloqueo de crudo impuesto por Washington tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en enero, y la paralización de vuelos por falta de combustible, que juntos demolieron la infraestructura de recepción turística de la isla.

El mercado canadiense, históricamente el más importante para Cuba, aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, lo que supone un descenso interanual del 70,3%. Le siguió Estados Unidos, con 31.001 turistas —una reducción del 53,8%—, y Rusia, con apenas 21.235, un 66,8% menos que en el mismo lapso de 2025. México, Argentina y China también registraron contracciones superiores al 30%.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los segmentos de mayor peso en el sector, cayeron un 38,2% hasta las 74.068 personas en los primeros seis meses del año, según la ONEI. La caída acumulada sitúa a Cuba muy por debajo de los registros de años recientes: el país recibió en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, los 2,4 millones.

El contraste con los años del “deshielo” diplomático resulta marcado: en 2018 llegaron 4,6 millones de turistas y en 2019, 4,2 millones, impulsados por la eliminación de restricciones de viaje desde Washington. El régimen cubano reconoció en julio que siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron el país como consecuencia de las sanciones secundarias aplicadas por Washington, y que esas empresas gestionaban el 46% del total de habitaciones del país —más de 80.000, según datos oficiales—, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Cuba pueda encontrar una salida a la presión de Washington y advirtió que el cerco no cederá durante el tiempo que resta del segundo mandato de Donald Trump. “Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio a Axios en referencia a las reformas económicas anunciadas por La Habana.

El funcionario señaló que Cuba enfrenta por primera vez en su historia una doble ausencia: la de un patrocinador externo y la de la indiferencia estadounidense. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó, en alusión al tiempo que resta a la Administración Trump. La captura de Maduro en enero privó a la isla de su principal aliado y fuente de petróleo subsidiado, vacío que Trump aprovechó para imponer un bloqueo de crudo que esta semana derivó en dos apagones masivos en menos de 24 oras.

Esos cortes se suman a la escasez de agua, el encarecimiento de productos básicos y el deterioro de servicios vitales que alimentan el descontento hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Rubio vaticinó que, al término del mandato de Trump en 2029, Cuba estará “como mínimo, en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

La víspera de esas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas, medida que se suma a acciones previas contra Díaz-Canel, el conglomerado empresarial militar Gaesa y los inversores extranjeros en sectores como la minería y el turismo. Al mismo tiempo, la Administración Trump mantiene un canal de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exdictador Raúl Castro.

Ante el colapso del sector turístico, el régimen cubano aprobó en junio —dentro de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a descentralizar y liberalizar la economía— medidas para dinamizar el turismo: habilitación de nuevas modalidades de negocio privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y el transporte de viajeros. El Ejecutivo también autorizará al sector privado a operar como agentes turísticos, guías y representantes comerciales, y prevé aplicar una tasa del 1% a estas actividades para financiar la promoción y sostenibilidad del sector.

Estados Unidos amplió su estrategia de presión contra la dictadura cubana con una nueva ronda de sanciones dirigida a empresas controladas por las Fuerzas Armadas y a funcionarios de la cúpula militar. Las medidas afectan a organizaciones que, según Washington, sostienen financieramente al aparato castrense del régimen y participan en operaciones vinculadas con la adquisición, mantenimiento y modernización de equipos militares.

GAESA, el imperio económico de las Fuerzas Armadas cubanas

El principal objetivo de las sanciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el poderoso conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que controla una amplia red de empresas en sectores estratégicos de la economía cubana.

GAESA fue creado en 1995, durante el denominado “Período Especial”, la grave crisis económica que sufrió Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. Su objetivo inicial era generar ingresos en moneda extranjera para las Fuerzas Armadas y administrar negocios capaces de captar divisas.

Con el tiempo, el grupo amplió su presencia hacia áreas como turismo, comercio, logística, transporte, finanzas e infraestructura. Entre sus principales empresas se encuentran la cadena hotelera Gaviota y Cimex, una de las mayores redes comerciales del país.

También tiene participación en instalaciones estratégicas como el puerto de Mariel, un enclave clave para la actividad comercial cubana, además de negocios relacionados con combustibles y servicios.

Washington considera que GAESA representa una pieza central del poder económico del régimen cubano debido a su conexión directa con la estructura militar.

Empresas vinculadas a compras y tecnología militar

Dentro de la nueva lista de sancionados aparecen varias compañías relacionadas con GAESA, entre ellas Tecnoimport y Tecnotex.

Tecnoimport es señalada por Estados Unidos como la empresa encargada de adquirir productos técnicos y suministros destinados a las Fuerzas Armadas cubanas. El Departamento de Estado sostiene que la compañía ha participado en compras de bienes relacionados con sectores militares de Rusia y China.

Tecnotex, otra filial del conglomerado militar, fue incluida por su presunta participación en programas destinados a renovar equipos de origen ruso utilizados por Cuba, especialmente aeronaves y helicópteros. También fue vinculada anteriormente con operaciones de cooperación con Corea del Norte.

Los principales jefes militares sancionados

Las medidas estadounidenses también alcanzan a figuras clave de la dirección militar del régimen.

Entre los funcionarios señalados está el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una de las máximas autoridades del aparato militar cubano. También fue incluido el general Roberto Legra Sotolongo, jefe del Estado Mayor General y viceministro primero del Minfar.

Ambos ya habían sido sancionados por Estados Unidos tras las protestas ocurridas en Cuba en julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar cambios políticos y mejoras económicas.

La lista incorpora además a José Antonio Remón Rodríguez, responsable de las relaciones exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas; y a Oscar Enrique Biosca Gallego, encargado de asuntos económicos dentro de esa estructura.

Los funcionarios militares encargados de la relación con Rusia y China

Estados Unidos también sancionó a los agregados militares cubanos en Moscú y Beijing: Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés.

Según el Departamento de Estado, ambos funcionarios están relacionados con actividades de cooperación militar y con gestiones para obtener equipamiento de defensa procedente de Rusia y China, dos aliados estratégicos del régimen cubano.

Las nuevas restricciones también apuntan contra instituciones encargadas de fabricar, reparar y mantener equipos utilizados por las Fuerzas Armadas.

Una de ellas es la Unión de Industria Militar (UIM), una estructura dedicada a la producción y reparación de armamento y tecnología militar. Estados Unidos afirma que la entidad ha colaborado con compañías de defensa rusas para modernizar sistemas de armas heredados de la época soviética.

También fue sancionada la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, especializada en el mantenimiento de helicópteros y aeronaves militares de fabricación rusa.

Otro objetivo es Duna S.A., una empresa importadora que, según Washington, ha facilitado la llegada de equipos militares procedentes de Rusia y China.

Con estas medidas, Estados Unidos busca limitar las fuentes económicas y operativas de la estructura militar cubana, mientras aumenta la presión sobre los principales funcionarios y entidades vinculadas al aparato de defensa del régimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación de cinco entidades y ocho funcionarios cubanos vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar del régimen de La Habana con Rusia y China, en una nueva ronda de sanciones bajo el Decreto Ejecutivo (E.O.) 14404 firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado.

Las medidas apuntan a empresas estatales, conglomerados militares y altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de cortar los canales de abastecimiento de equipamiento bélico proveniente de Moscú y Pekín. Desde la firma del decreto, Washington ha designado a más de 55 entidades e individuos bajo esa autoridad.

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana, sancionado en mayo—, que opera en la importación de equipamiento técnico, incluido material militar de origen chino y ruso.

También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), holding castrense responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.

La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA que, según el comunicado del Departamento de Estado, “ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.

Entre los ocho individuos designados se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

También fueron incluidos José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.

Las designaciones se producen dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento describe las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y señala que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los designados están prohibidas salvo autorización expresa de OFAC.

El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.

Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.

El régimen cubano anunció nuevas normas que flexibilizan la importación, venta y traspaso de propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que estas disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Partido Comunista (PCC, único legal) y el Gobierno. El objetivo es avanzar hacia la liberalización y descentralización de la economía en la isla.

Las normas incluyen los Decretos 122 y 163, junto con varias resoluciones de organismos estatales sobre importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.

Entre las principales novedades, que comenzarán a regir el próximo 11 de agosto, se encuentran: mayor número de comercializadoras autorizadas, eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años para personas naturales y jurídicas, y la posibilidad de que extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria compren vehículos nuevos o usados en comercializadoras.

Se permite también la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 cc y vehículos eléctricos con sistemas de carga alimentados por fuentes renovables.

Las operaciones de compraventa entre particulares deberán formalizarse ante notario, utilizando cuentas y medios de pago autorizados por el Banco Central de Cuba (BCC) —como tarjetas internacionales y nacionales, en moneda convertible o nacional—, excluyendo el pago en efectivo.

El pago de impuestos podrá realizarse en pesos cubanos o en la moneda convertible utilizada para la operación, según la preferencia del contribuyente y conforme a la tasa oficial.

Las nuevas reglas autorizan a personas jurídicas no estatales a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos (ciclomotores, motocicletas, triciclos y autos). También permiten el ensamblaje y fabricación regulada por entidades estatales o mixtas y crean el Comité Evaluador de Medios Automotores para aprobar marcas y modelos para el mercado nacional.

El ministro informó que los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables estarán exentos del impuesto especial de venta, como incentivo para transformar la matriz energética.

Para contribuir a la recuperación del transporte público, se reducirá el impuesto especial para ómnibus y microbuses: del 20% al 12%. Si se ensamblan en el país, será del 7%, y si son eléctricos, del 5%.

Durante el primer semestre del año, se vendieron en Cuba 35.494 vehículos de motor: 65% de combustión, 5% híbridos y 30% eléctricos. Cerca del 70% correspondió a ciclomotores, motocicletas y triciclos.

En cuanto a importaciones directas por personas como equipaje o envío, se contabilizaron 41.963 vehículos de motor: 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22.520 de combustión.

El paquete de medidas aprobado en junio incluye nuevas modalidades de negocios para el sector privado, busca dinamizar el comercio exterior, la inversión extranjera directa y el sector turístico, y otorga el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.

Estas reformas se dan en un contexto de contracción económica: la economía cubana cayó un 15% entre 2020 y 2025 debido a la pandemia, el endurecimiento de sanciones estadounidenses y políticas internas fallidas.

La situación se ha agravado desde enero, cuando Estados Unidos incrementó la presión sobre la isla con un cerco petrolero y sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras.

Cuba enfrenta una nueva etapa de apagones generalizados que dejaron a casi toda la isla sin energía eléctrica durante tres días seguidos, mientras el restablecimiento avanza con lentitud y el malestar social se agudiza.

Las causas de esta crisis energética combinan la insuficiente capacidad local de generación y el bloqueo de importaciones de crudo y derivados, consecuencia de la presión de Estados Unidos contra el régimen castrista. Actualmente, el país depende del exterior para cubrir cerca de la mitad de su demanda energética.

Durante el martes, la Unión Eléctrica, compañía estatal, informó sobre el progreso en la reconexión del sistema: “Se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín”. La empresa precisó que las labores continúan en las provincias del este, “para lograr la incorporación de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma”.

A raíz de los cortes eléctricos, la vida cotidiana se complica en múltiples frentes. Yaremis Pérez, madre de dos niños pequeños, relató su cruda experiencia a la agencia EFE sobre las noches pasadas en el pasillo de su casa: “Yo la pasé mal”. “Sin luz, sin agua y sin gas”, agregó, y cuestionó resignada ante la falta de respuesta y represión del Estado: “¿Qué vamos a hacer? No se puede decir nada, hay que quedarse callado”.

En las calles de La Habana, la situación se refleja en las largas filas que se forman frente a los bancos estatales. Los apagones dificultaron los pagos digitales y restringieron aún más la extracción de efectivo, lo que forzó a cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, a esperar durante horas.

La Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó el martes que en La Habana se ha restablecido el suministro eléctrico a 108 circuitos de distribución de un total de 286, beneficiando a 325.785 clientes de la capital, lo que representa el 38% de la ciudad. El restablecimiento también alcanzó a 40 hospitales y a otros servicios esenciales vinculados al abastecimiento de agua.

El proceso de recuperación del sistema electroenergético en la isla suele ser lento y complejo, con demoras que pueden superar las 24 horas. La reactivación comienza con fuentes de generación de arranque sencillo —como la energía solar, hidroeléctrica y motores— para restablecer gradualmente pequeñas áreas, que posteriormente se interconectan entre sí.

Rafael González, de 66 años, relató el calvario que enfrenta desde hace días en busca de efectivo. “Desde el jueves estoy aquí”, aclaró, y explicó que “cuando no es la conexión, son solo 5.000 pesos” los que puede extraer, equivalentes a 41 USD al cambio informal, pero solo 7 USD al cambio oficial.

Desde julio, el Banco Central de Cuba levantó los límites para cobros y pagos en efectivo que había impuesto en agosto del año pasado, en un manotazo de ahogado por controlar el mercado informal y la escasez de billetes. Sin embargo, la medida no logró evitar que los bancos de la capital permanezcan desbordados de clientes sin acceso al dinero en físico.

La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses, con apagones diarios que superan las 20 horas consecutivas en La Habana y llegan hasta las 40 horas en otras provincias.

“Horrible, horrible. Toda esta semana me ha ido horrible con los apagones”, describió Óscar Luis, un habanero de 57 años, mientras caminaba por la avenida 31 del municipio Playa. Elena Aurora Rodríguez, de 74 años, calificó la situación de “insoportable” debido al intenso calor, con temperaturas superiores a 32°C, y la proliferación de mosquitos.

Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024. En casi 24 meses, la isla experimentó al menos 12 apagones generales, siete de ellos en lo que va de 2026.

(Con información de EFE)

El general Oleg Makarevich secaba las gotas de transpiración que recorrían la despoblada superficie de su cabeza mientras sostenía su smartphone. Observaba con detenimiento su aplicación favorita: FlightRadar24. Esa app de posicionamiento y rastreo de vuelos le mostraba la posición de cazas y helicópteros norteamericanos. O eso creía. En eso descansaba él y hacía descansar al resto de la cúpula chavista a la que tanto él como el Kremlin prometieron proteger.

Makarevich -quien llegó a Venezuela luego de su pobre performance en Ucrania en noviembre de 2023- seguía órdenes de sus superiores. Debía convencer a los venezolanos que tenía las herramientas necesarias para garantizar su seguridad ante amenazas externas. Sería el guardián del régimen que por entonces comandaba Nicolás Maduro.

En sus horas más dramáticas -entre noviembre y diciembre de 2025-, el general ruso le subrayó al dictador latinoamericano y las autoridades militares venezolanas y cubanas que tenía todo bajo control. Le había informado -a él y a su esposa, Cilia Flores- que contaba con la tecnología necesaria para saber cuándo una nave de guerra de los Estados Unidos sería una amenaza. O cuándo un misil podría tener como destino Miraflores o dondequiera que se encontrara.

Durante años, Moscú se posicionó como un aliado incondicional del chavismo. Militarmente resaltó que tenían absoluto control aéreo de lo que ocurría en Venezuela. Y que cualquier plan de desembarco y ataque podría ser anticipado gracias a sus sistemas de inteligencia de señales y de escuchas.

Makarevich tenía a su cargo la Equator Task Force, una fuerza militar de alrededor de 120 miembros que tenía como función entrenar agentes del Ejército de Venezuela. Los capacitaba en tácticas de infantería, operaciones de drones, reconocimiento y comunicaciones.

Pero el día más importante para la historia chavista -el 3 de enero por la madrugada-, las fuerzas rusas miraron hacia otro lado. Algunos dicen que fue una traición planificada. Otros que simplemente nunca tuvieron las capacidades que le prometieron a Maduro en el menú de servicios. “No puedes proteger a un dictador con FlightRadar; es absurdo... e indignante”, señala una fuente militar venezolana.

Los militares venezolanos que debían velar por Maduro nunca estuvieron convencidos de la sinceridad o eficacia de Makarevich. Conocían sus pobres antecedentes en el frente ucraniano. “Es el gran responsable de la muerte de los soldados cubanos que protegían al presidente”, dice otra fuente chavista, que ya no está cerca del poder.

La presencia del general provoca reacciones no del todo agradables. El embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov lo responsabiliza por el fracaso del operativo para impedir que Estados Unidos irrumpiera en el bunker de Maduro para llevárselo, pese a la cortina de protección que rodeaba al dictador. Nunca lo dirá en público, pero es lo que repite casi a diario cuando debe dar una explicación sobre el operativo en la capital venezolana en la cual se llevaron detenido a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Makarevich había instalado la supuesta base de observación para evitar una incursión norteamericana en el pueblo de Manzanares, al sur de Caracas. Pero nada de ello funcionó.

La madrugada del 3 de enero de 2026 la operación militar “Resolución Absoluta” se puso en marcha sin que los supuestos radares de Rusia actuaran o supieran qué estaba pasando. La misión fue ejecutada tras meses de preparación y ejercicios, involucrando a más de 150 aeronaves.

El despliegue de las fuerzas norteamericanas comenzó con bombardeos intensos dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, además de ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas. En Fuerte Tiuna estaba Maduro. Rusia estaba tan desconcertada como las autoridades del régimen chavista. Y el general Oleg Makarevich todavía no entendía de qué se trataba todo aquello frente a sus ojos.

Desde enero, las autoridades de la dictadura cubana han estado debatiendo qué hacer con la “ayuda” que Rusia les ofrece para protegerlos. Saben que los hombres de la Equator Task Force al mando de Makarevich no sólo no protegieron a Maduro, sino que además su ineficiencia generó la muerte de 33 militares cubanos que se suponía debían proteger al dictador chavista. Pero la cúpula cubana tiene claro que los rusos nunca tuvieron un plan diseñado para proteger a Maduro, quien hoy está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

También saben que su tiempo se acerca. Y que tarde o temprano los rusos también los abandonarán. Sólo resta saber cuándo.

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El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba experimentó este lunes un nuevo apagón a nivel nacional, el segundo en menos de 24 horas y el séptimo que afecta a la isla en lo que va de 2026, justo cuando había comenzado el proceso de recuperación del servicio.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal, comunicó en redes sociales que el nuevo incidente ocurrió durante el proceso de restablecimiento, debido a “eventos meteorológicos” que causaron daños a la red eléctrica y afectaron “directamente a las unidades generadoras que se encontraban en línea”, las cuales salieron de funcionamiento.

En su mensaje, la empresa, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), aseguró: “Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible”.

La noche anterior, a las 22:43 hora local del domingo (2:43 GMT del lunes), se había producido una desconexión total del SEN, según informó la propia UNE, que señaló que ya se habían iniciado las labores de recuperación.

Al mediodía, la UNE reportó que en La Habana se restableció la electricidad en 29 circuitos de distribución, lo que benefició a 87.480 clientes, equivalente al 14,27% de la ciudad, y también a 19 hospitales y otros servicios fundamentales como el suministro de agua.

El director del despacho nacional de carga de la UNE, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que, en el momento de la última caída, varias centrales térmicas estaban a punto de sincronizarse con el SEN. Actualmente, se ha retomado el proceso gradual para restaurar el servicio.

Según experiencias previas, la recuperación del sistema suele ser un procedimiento lento, que puede superar las 24 horas, ya que implica iniciar la generación de energía con fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores), para abastecer pequeñas áreas que luego se interconectan.

El objetivo de este procedimiento es suministrar suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que son la base de la generación eléctrica en Cuba, para que puedan volver a operar y cubrir la demanda.

El viernes pasado, se había registrado una caída parcial del SEN por una avería en las líneas de transmisión de 220 kilovatios desde la provincia de Pinar del Río hasta Matanzas y Cienfuegos, lo que dejó a casi la mitad de la isla sin electricidad y a unos 4,5 millones de cubanos sin suministro.

En marzo, la isla vivió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres en solo ocho días.

Cada apagón nacional reciente ha dejado sin electricidad a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.

La crisis energética en Cuba responde a la limitada capacidad de producción eléctrica del país y a la presión de Estados Unidos, que impide la importación de crudo o derivados, mientras la isla necesita adquirir en el extranjero cerca de la mitad de su demanda energética.

El régimen cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, determinada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por la obsolescencia del sistema energético.

Diversas fuentes estiman que Cuba requiere más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los cuales solo obtiene unos 40.000 por producción nacional; el resto debe importarse.

El último petrolero que llegó a la isla con crudo extranjero fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, cantidad que solo cubrió la demanda durante dos semanas de abril.

La crisis energética ha provocado una paralización casi total de la economía estatal cubana, cuyo retroceso previsto para este año es de al menos un 6,5%, tras una caída acumulada superior al 15% en los últimos cinco años.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en julio 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas, la cifra más alta desde que el organismo lleva sus registros. La confluencia del calor extremo, tres caídas totales del sistema eléctrico, apagones de hasta 80 horas y una crisis multisistémica sin precedentes convirtió al séptimo mes del año en el más convulso de la historia reciente de la isla.

Las calles de Cuba volvieron a ser escenario de confrontación directa con el régimen. El OCC contabilizó 72 protestas presenciales —64 en La Habana y 8 en otras provincias—, una cifra que representa seis veces el promedio mensual anterior registrado por el organismo, fijado en hasta 12 manifestaciones de calle por mes. Aunque por debajo de las 107 protestas de junio, las 72 de julio se desarrollaron con cacerolazos, gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”, coros del Himno Nacional, quema de basura y bloqueos de calles.

Esas manifestaciones formaron parte de los 520 desafíos al Estado policial del período, una categoría que el Observatorio Cubano de Conflictos agrupa bajo el rótulo de actos contestatarios frente al andamiaje legal del régimen, que penaliza prácticamente cualquier forma de disenso. A ese número se sumaron cientos de comentarios en redes sociales suscritos con nombres y apellidos, así como un número creciente de mujeres que optaron por transmisiones directas en video para expresar su rechazo al gobierno.

Los servicios públicos acumularon un récord histórico de 320 entradas en la bitácora del OCC. Las protestas contra los apagones encabezaron esa categoría, pero la acompañaron picos de quejas por la escasez de agua potable y una crisis sin precedentes en las reservas de efectivo del gobierno. La situación llegó al extremo de obligar a jubilados a dormir sobre cartones en las puertas de los bancos para intentar cobrar sus pensiones.

La escalada represiva acompañó al aumento de la protesta. Las denuncias de actos represivos subieron casi 40%, de 135 en junio a 219 en julio, e incluyeron decenas de detenidos por participar en manifestaciones, una fuerte militarización del paisaje urbano y golpizas por parte de las fuerzas antidisturbios conocidas como Boinas Negras. El OCC registró además sitios a viviendas de opositores, activistas y periodistas independientes, con especial intensidad alrededor del 4 de julio —250 aniversario de la independencia de Estados Unidos— y del quinto aniversario del levantamiento popular del 11 de julio de 2021, más conocido como 11J.

El hambre atraviesa los testimonios recogidos por el OCC en las 130 entradas de la categoría de Alimentación, Inflación y Agricultura. Un diabético que llevaba tres días comiendo solo plátano pedía que no lo dejaran morir, una anciana de 92 años solicitaba en la calle “aunque sea cinco pesitos” para comer y un ex combatiente de guerras en África describía tener “el estómago pegado al espinazo”. La desaparición progresiva de víveres a precios subsidiados y una inflación que vuelve inalcanzables los productos básicos completan el cuadro de inseguridad alimentaria que el observatorio documentó durante el mes.

En tanto, la inseguridad ciudadana acumuló 121 denuncias. La violencia —social, criminal, de género e intrafamiliar— dejó 40 muertos en julio, 13 más que en junio. En 11 casos el móvil fue el lucro; en 10, las víctimas fueron mujeres. El mes incluyó el tercer atraco en dos meses a un banco o depósito de dinero, esta vez en una zona concurrida de Centro Habana, con un custodio muerto.

Entre los 53 registros de problemas sociales del período, el OCC identificó dos fenómenos en expansión: el trabajo infantil y la venta del cannabinoide conocido como “El Químico”, señalado por el organismo como un factor de destrucción entre la juventud cubana.

La salud pública sumó 44 denuncias, con listas de espera quirúrgicas masivas, escasez de medicamentos, infraestructura hospitalaria colapsada y una apelación creciente de la población a la solidaridad ciudadana ante el abandono institucional. El régimen atribuye el deterioro al embargo de Estados Unidos, aunque desde el año 2000 existe una exención específica para la venta de alimentos y medicinas a Cuba, recordó el informe.

Por su parte, la categoría de vivienda aportó nueve registros, entre ellos el caso de una docena de vecinos de un edificio de Centro Habana que permanecieron semanas a la intemperie, con ancianos y niños entre ellos, tras un desalojo por riesgo de derrumbe y sin alternativa habitacional por parte del Estado.

Por último, el contexto del 11J pesó sobre el mes. El pasado 11 de julio, Cuba llegó al quinto aniversario de las mayores protestas desde 1959 con 1.306 presos políticos, un récord histórico según Prisoners Defenders, la organización que publica el registro mensual más exhaustivo sobre represión en la isla. Javier Larrondo, presidente de esa ONG, estimó que cerca del 90% de la población cubana tiene hoy aversión al régimen, un cambio que atribuyó directamente al impacto del 11J.

El sacerdote católico Alberto Reyes Pías ofreció, el 31 de julio, una lectura que trasciende las demandas materiales: “Cuando protestamos por las escaseces y la precariedad de la vida, puede parecer que nuestro grito es asistencial, y que sólo salimos a las calles para pedir electricidad, agua o comida”. Pero Reyes Pías advirtió que las urgencias no deben confundir a quienes observan desde fuera: “Entre los gritos que piden lo básico, este pueblo grita ‘¡Patria y vida!’, grita ‘¡Cambio de sistema!’, grita ‘¡Libertad!’, grita ‘¡Basta ya!’”.

“Nuestro grito no es asistencial, es de cambio radical, es de fin de las cadenas, es de vida en libertad”, concluyó.

El nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional ocurrió la noche del domingo y dejó sin suministro a toda Cuba, que volvió a sufrir un apagón nacional, el sexto desde comienzos de 2026 y el undécimo desde finales de 2024. Para millones de cubanos, sin embargo, las cifras ya perdieron significado. Lo que permanece es la incertidumbre de no saber cuándo regresará la electricidad o cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a desaparecer.

Antes incluso de preparar el desayuno, Diana Salazar hizo lo mismo que muchos habitantes de la isla: abrió la nevera para comprobar si la comida todavía podía salvarse.

“Lo primero que pensé esta mañana al empezar a preparar la comida fue que no quería que se echara a perder”, contó a Reuters. Pero enseguida explicó que el problema va mucho más allá de los alimentos.

“Psicológicamente, uno experimenta incertidumbre, porque no hay certeza de nada. El sistema falló, pero 24 horas antes ya había habido un apagón parcial. ¿Alguien puede asegurarme que no habrá otro apagón mañana? Vivimos en este estado de incertidumbre, con mucha angustia, con mucha escasez, y psicológicamente tenemos que prepararnos con una mentalidad positiva, que es vivir y encontrar la manera de seguir adelante mañana”.

Su testimonio resume el estado de ánimo de una población que aprendió a reorganizar la vida alrededor de los apagones. Cocinar cuando hay electricidad, cargar los teléfonos antes de que vuelva a cortarse el servicio, hacer compras en pequeñas cantidades para evitar perder los alimentos y resignarse a que cualquier planificación puede quedar interrumpida por un nuevo fallo del sistema.

Las escenas se repetían a lo largo de La Habana. En una avenida, una gasolinera permanecía cerrada mientras una montaña de basura se acumulaba junto a la calzada. En un parque, una pareja permanecía sentada junto a una bicicleta esperando que transcurrieran las horas. En otras calles, los peatones caminaban bajo postes de alumbrado apagados mientras el tráfico seguía avanzando sin la guía de los semáforos.

En ese escenario, Nosbiel Castillo describía un cansancio que ya parece instalado en la vida cotidiana.

“Es difícil levantarse, acostarse sin luz, despertarse sin luz; hay que vivir día a día”, dijo. “Es duro, porque las cosas se echan a perder en la nevera y simplemente no tienes ganas de trabajar”.

Durante las últimas semanas, los cortes de electricidad han llegado a superar las 30 horas consecutivas en algunos sectores de la capital, mientras que en varias provincias del interior pueden prolongarse durante días enteros. La electricidad dejó de ser una certeza para convertirse en una excepción.

Mientras los vecinos intentaban adaptarse a otra jornada marcada por la falta de energía, el Gobierno cubano iniciaba una delicada operación para reconstruir la red eléctrica desde cero.

El funcionario del Ministerio de Energía y Minas, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que el restablecimiento avanzaría de forma gradual mediante un microsistema que permitiría reincorporar sucesivamente las centrales termoeléctricas de Jaruco, Santa Cruz, Mariel, Guiteras, Cienfuegos y, posteriormente, Nuevitas, siguiendo el protocolo habitual de oeste hacia el este del país.

El propio funcionario admitió que el proceso está condicionado por la limitada disponibilidad de combustible, uno de los principales obstáculos que enfrenta el sistema energético cubano.

La crisis energética en Cuba responde a una combinación de factores. Por un lado, gran parte de las centrales termoeléctricas opera desde hace décadas con equipos envejecidos y frecuentes averías que reducen su capacidad de generación. Por otro, la escasez de combustible ha agravado un sistema que desde hace meses funciona al límite.

Según el Gobierno cubano, durante los primeros siete meses del año Estados Unidos solo permitió la llegada de un buque ruso con 100.000 toneladas de petróleo. Las autoridades sostienen que el endurecimiento del bloqueo petrolero y de las sanciones económicas dificulta la compra de combustible y limita la capacidad de generación eléctrica de la isla.

Además, la administración del presidente Donald Trump intensificó las sanciones contra empresas estatales cubanas, lo que, según La Habana, provocó que numerosas compañías extranjeras suspendieran operaciones en el país y redujeran el ingreso de divisas. A finales de junio, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que las conversaciones entre ambos gobiernos “no muestran progresos”.

En paralelo, el Gobierno puso en marcha durante junio una serie de reformas orientadas a introducir mayores mecanismos de mercado con el objetivo de reactivar una economía que continúa afectada por la escasez de divisas, combustible y capacidad de generación eléctrica.

En la mañana de este lunes, apenas el 23,1% de La Habana había recuperado el suministro eléctrico. Poco a poco algunas luces comenzaron a encenderse y varios barrios salieron de la oscuridad. Los semáforos volvieron a funcionar en algunas esquinas y el tránsito recuperó parte de su ritmo habitual.

Nadie, sin embargo, parecía dispuesto a celebrar demasiado. Apenas un día antes, un apagón parcial había anticipado el colapso total del sistema. En una Cuba donde la electricidad ya no representa una garantía sino una tregua, millones de personas aprendieron que el verdadero reloj no marca las horas del día, sino el tiempo que falta para el próximo apagón.

La interrupción ocurrió apenas 24 horas después de otro incidente que dejó sin electricidad a cinco de las 15 provincias cubanas. Desde finales de 2024, el país acumuló 11 colapsos masivos de su red eléctrica.

La Unión Eléctrica comunicó a través de sus redes sociales que ocurrió una “desconexión total” del Sistema Eléctrico Nacional. El Ministerio de Energía informó que “se estaban aplicando los protocolos para reactivar la red”, con el objetivo de restablecer el suministro en todo el territorio.

El corte sorprendió a miles de personas en La Habana, donde numerosos residentes permanecían en las calles para aliviar las altas temperaturas del verano cuando la electricidad se interrumpió de forma repentina. La falta de suministro volvió a afectar el funcionamiento cotidiano de hogares, comercios y servicios básicos.

La crisis energética cubana se prolonga desde hace varios años y responde a las limitaciones estructurales del sistema eléctrico. Las siete centrales termoeléctricas que sostienen la mayor parte de la generación nacional superan los 40 años de funcionamiento y presentan distintos niveles de deterioro.

A esa situación se suma la escasez de combustible disponible para alimentar las plantas generadoras. Según las autoridades del régimen cubano, el embargo energético de Estados Unidos limitó el acceso regular a los suministros necesarios para mantener la producción eléctrica.

Washington autorizó este año la llegada de un único petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que arribó a la isla en marzo. Sin embargo, esas reservas ya se agotaron, según la información oficial.

Además del bloqueo petrolero, la administración del presidente Donald Trump intensificó las sanciones contra empresas estatales cubanas, una medida que provocó que varias compañías extranjeras suspendieran sus operaciones en la isla, de acuerdo con el régimen cubano.

La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses representan el principal factor detrás del deterioro del sistema eléctrico. En cambio, Estados Unidos atribuye la crisis energética a problemas de gestión económica interna y al estado de la infraestructura del país.

Los cortes de electricidad también afectan otros servicios esenciales. Cada interrupción reduce el suministro de agua potable debido a la paralización de los sistemas de bombeo y deja sin funcionamiento ventiladores y equipos de refrigeración en medio del verano caribeño.

La reiteración de estos episodios alteró la rutina de millones de cubanos. Las interrupciones prolongadas del servicio dificultan la conservación de alimentos, limitan la actividad comercial y afectan el funcionamiento de hospitales, escuelas y otras instalaciones que dependen del suministro eléctrico continuo.

Con una población cercana a los 9,4 millones de habitantes, Cuba enfrenta uno de los períodos más complejos para su sistema energético. Los seis apagones nacionales registrados desde enero reflejan la fragilidad de una infraestructura que también sufrió cinco colapsos generalizados entre finales de 2024 y el cierre de 2025.

Frente a este escenario, el régimen cubano impulsó una serie de reformas de libre mercado con el objetivo de fortalecer la economía y generar nuevas fuentes de ingresos que permitan atender las dificultades estructurales del país. Mientras tanto, las autoridades energéticas trabajan para restablecer el servicio tras un nuevo colapso que volvió a dejar a la isla completamente a oscuras.

(Con información de AFP)

Al instalar las dictaduras del socialismo del Siglo 21 como expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, reemplazaron los elementos de la democracia por el terrorismo de Estado, falsificación de institucionalidad, suplantación de constituciones, leyes, órganos, funcionarios, sistemas de justicia y educativos e incluso conducta social. Ante su final, las dictaduras “han convertido el concepto de transición en una narrativa de manipulación para ganar tiempo reteniendo el poder”, por lo que urge reemplazar la agenda de transición por la de “restitución de la democracia”.

En sentido estricto transición política es “un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, desde el autoritarismo o dictadura hacia la democracia”. En sentido general es “un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones”.

Los elementos esenciales de la democracia, obligatorios desde 2001 por la Carta Democrática Interamericana son: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Hay cinco países en las Américas donde se perpetró la desaparición y suplantación de todos los elementos esenciales de la democracia: Cuba la dictadura jefe del sistema de delincuencia organizada trasnacional que tiene más de 67 años detentado el poder; Venezuela que bajo mando de Hugo Chávez rescató en 1999 a la dictadura cubana y puso los medios para la expansión dictatorial, quedando Venezuela como dictadura satélite central; Bolivia que sobre el golpe de estado de 2003 tomó el gobierno Evo Morales el 2006 y suplantó la República en 2008 creando el estado plurinacional; Nicaragua con Daniel Ortega que retomó el gobierno en 2007 reinstalando la dictadura; y Ecuador que con Rafael Correa a partir de 2007 y por más de 10 años instaló un estado plurinacional dictatorial.

Se reemplazó la democracia por terrorismo de Estado, persecuciones, presos y exiliados políticos, crímenes, corrupción, usurpación constitucional e institucional, narcoestado, opositores funcionales y dictadura electoralista: en Cuba la dictadura sobrevivió y se expandió hasta llegar a ser jefe de Latinoamérica en su expresión más bochornosa en la Cumbre de las Américas de Panamá 2015; en Venezuela que hizo de dictadura líder hasta la muerte de Chávez en 2013 y que luego instaló a Nicolas Maduro; en Bolivia que fue sometida por Evo Morales y luego por Luis Arce; en Nicaragua que se convirtió en régimen de propiedad de Ortega/Murillo; y en Ecuador sometido por Correa hasta que Lenin Moreno cambió.

El primer quiebre de las dictaduras —que el más reciente informe del Departamento de Estado llama comunismo del siglo 21— se produjo en Ecuador cuando el presidente Lenin Moreno optó por la democracia. Desde 2017 en que Moreno inició la restitución de los elementos esenciales de la democracia, Ecuador afronta un proceso de transición para el que la presidencia de Moreno no alcanzó, que llevó al acortamiento de mandato del presidente Guillermo Laso, al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y a la dura tarea de desmontar el narcoestado del presidente Daniel Noboa. Con el golpe de estado de 2019 contra Moreno y gravísimas crisis que se reflejan hoy la resistencia del narcoterrorismo, el correísmo que es la expresión de la dictadura que permanece, sigue siendo un factor de poder político. Casi 10 años de una transición que no termina, que mantiene impunidad e inestabilidad institucional.

Bolivia 2019 con la renuncia de Evo Morales por fraude y crímenes infraganti produjo el gobierno de Jeanine Añez, una esperanza fracasada por el continuismo con mensaje de transición. El resultado fue Luis Arce, el operador de Morales que disputándole corrupción llevó a la dictadura a desmoronarse en 2025 dando lugar a Rodrigo Paz, al que entregaron el gobierno pero no el poder y quien ahora corre el riesgo de cargar las culpas de más de 20 años de dictadura por continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional. No hay transición y cambio menos.

Venezuela en proceso de liberación desde la captura del dictador Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 por Estados Unidos, afronta un inédito proceso de desmontaje del narco terrorismo y de la delincuencia organizada en el poder por medio de sus propios mafiosos, bajo tutela estadounidense. El término transición está en el centro de la discusión para acabar la dictadura, hay importantes avances, pero los miembros del régimen dictatorial siguen detentando el gobierno y manipulado el poder.

Con transición comenzada hace casi 10 años en Ecuador, con el fracaso en Bolivia, con Venezuela en curso, con Cuba bajo ultimátum de Estados Unidos y Nicaragua en dictadura plena, la realidad objetiva muestra que la transición como proceso, permite sobrevivir al sistema dictatorial, con una retirada ordenada, ganando tiempo e incluso contraatacando. Las dictaduras no se han desmontado, no han terminado, en el mejor de los casos entregan el gobierno y retienen el poder, y cuando merma el poder retornan al narco terrorismo de sus orígenes.

La teoría enseña que hay “dos grandes modalidades genéricas de transición: la reforma y la ruptura”, y la realidad prueba que la modalidad de reforma -en aplicación- mantiene el sistema, las leyes de la dictadura, la impunidad y la participación de la delincuencia en la política.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Alrededor de 40 migrantes cubanos que permanecían bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, se amotinaron tras enterarse de que serían deportados y prendieron fuego al interior de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los migrantes no pudieron acreditar su estancia legal en México y presuntamente incendiaron las colchonetas del inmueble como protesta ante el proceso de repatriación.

El incidente movilizó a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y reavivó el debate sobre las condiciones en las que permanecen las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias del país.

Instituto Nacional de Migración responde sobre el incidente

Tras los hechos registrados entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la situación fue controlada mediante el diálogo y la coordinación con autoridades federales y estatales.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/CWg0gKYTgs

— INM (@INAMI_mx) August 2, 2026

En una tarjeta informativa, el organismo señaló que el incidente se originó por la inconformidad de un grupo de personas extranjeras respecto a su proceso migratorio y aseguró que el orden fue restablecido al interior del inmueble.

Asimismo, el INM informó que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes al ser identificadas como probables responsables de intentar provocar un incendio mediante la quema de una colchoneta.

La dependencia también precisó que no se registraron personas lesionadas durante el incidente y sostuvo que, en todo momento, se privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

¿Qué ocurrió en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula?

Tras el inicio del incendio, las autoridades solicitaron el apoyo de fuerzas federales, que desplegaron un operativo preventivo en el perímetro de la estación migratoria Siglo XXI.

Mientras un grupo de elementos resguardó el exterior del inmueble, otro ingresó para controlar la situación y restablecer el orden entre las personas alojadas en el centro migratorio.

Hasta la noche del sábado, las autoridades federales no habían informado si había personas lesionadas ni si el proceso de deportación de los migrantes involucrados continuaría tras los hechos.

En el lugar permanecieron policías municipales, estatales y federales, mientras el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvo bajo resguardo a los migrantes.

Activistas denuncian incomunicación en la estación migratoria

Al exterior del inmueble acudió Luis Rey García Villagrán, integrante del Centro de Dignificación Humana, quien aseguró que a la estación migratoria son trasladadas personas deportadas provenientes de distintos estados del país, entre ellas ciudadanos de Cuba, Venezuela y otras nacionalidades.

El activista afirmó que los migrantes pueden permanecer hasta 10 días en el centro migratorio y pidió a las autoridades transparentar lo ocurrido tras el motín.

“Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria; haya sido lo que haya sido, tenemos que saber como ciudadanos tapachultecos qué está pasando al interior de esta cárcel migratoria”, declaró.

García Villagrán también denunció que las personas migrantes permanecen incomunicadas y aseguró que, en algunos casos, son obligadas a contratar abogados durante su estancia.

Además, estimó que actualmente existen alrededor de 65 mil migrantes varados en la frontera sur de México, en espera de una resolución favorable o negativa sobre su situación migratoria.

El hecho ocurre en un contexto en el que el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha disminuido debido al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, mientras miles de personas permanecen en el sur de México a la espera de opciones de regularización, asilo o retorno.

Antecedente del incendio en Ciudad Juárez

El motín en la estación migratoria Siglo XXI revive el recuerdo del incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes.

Por ese caso, el entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad, junto con otros funcionarios, en uno de los episodios más graves relacionados con la política migratoria mexicana en los últimos años.

La mitad de Cuba quedó sumida en la oscuridad este sábado tras una caída parcial del sistema eléctrico nacional, un episodio que agrava la ya frágil situación energética en la isla y dejó a 4,5 millones de personas sin suministro en siete provincias, desde Pinar del Río hasta Matanzas.

La interrupción del sistema, reportada como una “desconexión parcial” por la estatal Unión Eléctrica, se suma a una serie de apagones prolongados que se volvieron habituales en el país desde mediados de 2024, cuando el régimen cubano reconoció la crisis “crítica” del sector eléctrico.

La capacidad de generación prevista alcanzó solo 1.080 megavatios frente a una demanda máxima de 3.200, lo que provocó un déficit de 2.120 megavatios y obligó a desconectar 2.150 megavatios para evitar apagones caóticos. La situación se volvió aún más compleja porque 10 de las 16 unidades termoeléctricas no estuvieron operativas, un reflejo de años de infrafinanciación y mantenimiento insuficiente.

La crisis eléctrica profundizó el malestar social y la incertidumbre económica en un contexto en el que las fuentes de generación presentan graves problemas. El 40% de la matriz energética, basada en termoeléctricas que dependen del crudo nacional, continúa afectada por averías y mantenimientos.

Otro 40%, que depende de generadores alimentados con diésel y fueloil importados, se mantiene paralizado por el bloqueo petrolero y la falta de divisas. El 20% restante, cubierto por gas y energías renovables, no logró compensar el colapso de las otras fuentes. El apoyo chino permitió mantener algo de capacidad solar, pero no resultó suficiente ante la magnitud del apagón.

Desde enero, el bloqueo petrolero de Estados Unidos incrementó la presión sobre el régimen cubano, que ya enfrentaba un sistema energético obsoleto y carente de inversiones. Los apagones extendidos, que en La Habana superaron las 20 horas continuas y en otras provincias alcanzaron hasta 40 horas, se convirtieron en una constante.

En julio, la isla registró tres apagones nacionales en una sola semana y se vivieron récords de cortes eléctricos que llegaron a desconectar al 74% del país en un solo día.

Mientras el país enfrenta esta nueva emergencia, el régimen anunció en paralelo un cambio en la política económica que permitirá, a partir de agosto, la extracción de petróleo y gas natural por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras bajo concesión y condiciones específicas. La medida, que forma parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, busca descentralizar y liberalizar la economía en medio de la crisis y las restricciones impuestas por Washington.

El nuevo marco regulatorio eliminó 46 prohibiciones previas para el sector privado y flexibilizó otras 35, lo que permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas, bajo autorización y con socio estatal, exploten estaciones de servicio. La gran minería, en cambio, solo se permitirá mediante asociación económica extranjera.

(Con información de EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a La Habana para “convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba” y proponer al Gobierno de Estados Unidos “que se establezca un diálogo entre civilizaciones”, según informaron el 1 de agosto de 2026 medios oficiales cubanos.

En una declaración a medios de la isla tras reunirse el 31 de julio de 2026 con el presidente Miguel Díaz-Canel, Petro afirmó: “Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles, y proponer como alternativa, incluso al actual Gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”.

Díaz-Canel, por su parte, escribió en redes sociales que fue “muy grato recibir al estimado presidente de Colombia” y agradeció la “profunda solidaridad y firme apoyo” de Gustavo Petro frente a “las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense”. El mandatario cubano añadió: “Reiteramos el invariable compromiso de nuestro Gobierno con la paz en Colombia”.

La visita ocurre, según el propio Petro, como respaldo a “la Cuba agredida” por Estados Unidos y en contraste con su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien anunció que romperá relaciones con la isla y cerrará la Embajada de Colombia en La Habana.

Petro dijo que su mensaje apunta a que el Gobierno de Estados Unidos dialogue sobre “lo que está sucediendo en el Medio Oriente”, un escenario que consideró “puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada”. El presidente saliente planteó además que ese diálogo, “en el caso americano”, podría darse “entre el estado de la Florida y la isla, que tan cerca están y tan lejos”.

Según una nota divulgada por la Cancillería cubana, la agenda de Petro concluye el 1 de agosto de 2026 y su arribo a La Habana respondió a una invitación cursada por Díaz-Canel. Durante su mandato, el presidente colombiano visitó Cuba en junio de 2023 por el cierre de un ciclo de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en septiembre de ese mismo año para la Cumbre del G77 y China.

Canciller cuestionó anuncio del Gobierno entrante de De la Espriella por cerrar la embajada de Colombia en Cuba y dio detalles del viaje de Petro

La canciller Rosa Villavicencio dijo que el viaje del presidente Gustavo Petro a la isla de Cuba es oficial; lo es hasta el día 6 de agosto, al igual que seré yo canciller hasta el día 6 de agosto”, dijo en diálogo con La FM.

Y afirmó: “Iremos a Cuba para hablar con el presidente, para conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente por cuenta del bloqueo de Estados Unidos y de la política de ahogamiento a un pueblo”.

La ministra vinculó esa posición con los pronunciamientos del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas contra el bloqueo. “El Consejo de Seguridad permanentemente se ha pronunciado, y Naciones Unidas, en contra del bloqueo, y nosotros queremos seguir teniendo una política de respeto mutuo y de respeto a la soberanía”, señaló al medio citado.

También describió un escenario de deterioro social en el Caribe asociado, según el Gobierno colombiano, a las restricciones impuestas por Washington. “Estamos preocupados por la situación del Caribe. Ahora hay unas situaciones económicas y sociales, con racionamiento por cuenta del impedimento de poder tener energía, por la imposición de Estados Unidos para no venderles petróleo y otros instrumentos de todo tipo a este país”, dijo.

En sus declaraciones, Villavicencio añadió que, desde la mirada del Ejecutivo saliente, Cuba ha tenido un papel relevante en distintos procesos de paz en Colombia. “Es un pueblo al que le debemos mucho en términos de todos los apoyos y la disposición que siempre ha tenido para lograr los acuerdos de paz y reducir la violencia en nuestro país”, sostuvo.

Rosa Villavicencio respondió de manera directa al anuncio del gobierno entrante sobre el eventual cierre de la embajada en Cuba y la suspensión de las relaciones bilaterales. Dejó claro que la administración de Petro no comparte esa postura y que mantiene una valoración positiva de la cooperación cubana.

Consultada sobre si considera al gobierno cubano una dictadura, respondió: “Nosotros no compartimos esa visión porque Cuba es un pueblo hermano, un pueblo que ha colaborado de distintas maneras”. Esa definición condensó la posición oficial del actual gobierno frente al debate abierto por la futura administración.

La canciller también destacó la cooperación de la isla en materia de salud, señalando que Cuba “tiene una gran base en el ámbito de la salud y ha contribuido con su personal médico en diferentes oportunidades, no solamente a Colombia, también a los países de la región”.

“México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie”, recalcó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que el país mantiene coordinación con autoridades estadounidenses: “colaboración sin subordinación, como lo hemos dicho”.

México reafirma su apoyo a Cuba

La jefa de Estado reafirmó su apoyo a Cuba y señaló que las ayudas humanitarias continuarán enviándose a la isla, como se ha hecho desde hace años, al considerar que “es un asunto de soberanía”.

Siguiendo esta línea expresó que este país es un pueblo hermano, con el cual México comparte una historia en común, por lo que el bloqueo de EEUU en sus tierras afectando su sociedad y economía.

“Lo manifestó México desde 1963, o 62. Hace sesenta y cuatro años que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió, porque es una posición constitucional”, declaró.

Ante los cuestionamientos por su posición en el caso de Nicaragua, Sheinbaum subrayó que su gobierno defiende la autodeterminación y democracia de todas las naciones. “Pero Nicaragua son los nicaragüenses y nuestra posición siempre va a buscar la democracia”.

Congresista de EEUU critica envío de ayuda humanitaria a la isla cubana

El congresista republicano Carlos Giménez acusó a la presidenta mexicana, de minar la estrategia de presión que la administración de Donald Trump mantiene sobre Cuba. Su declaración surge tras el anuncio de un nuevo envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno mexicano a la isla, en un contexto de crisis económica y social agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

El funcionario, de origen cubano, señaló en redes sociales que la mandataria “perpetúa a la dictadura más longeva de la región” y advirtió que la postura de México podría afectar las negociaciones comerciales del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Remarcó que el actuar del gobierno mexicano no corresponde al de un aliado, especialmente cuando se busca la renovación del tratado comercial.

Mientras tanto, el presidente de EEUU ha intensificado sus amenazas hacia el gobierno cubano, exigiendo reformas y advirtiendo con “tomar el control” de la isla. En respuesta, Cuba acusa a Washington de preparar el terreno para justificar una posible intervención militar. El envío de este apoyo se da justo cuando las tensiones diplomáticas y comerciales en la región alcanzan nuevos niveles de complejidad.

El día de hoy, Giménez también calificó públicamente a Morena como un “narcopartido”, tras la imputación formal de la Fiscalía de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Argumentando que existen pruebas contundentes y difundió una infografía con los cargos, entre los que destacan conspiración para traficar drogas, asociación delictuosa, cohecho, protección institucional al Cártel de Sinaloa y obstrucción de la justicia. Sin embargo, la declaración corresponde a una opinión personal y no representa la postura oficial del gobierno estadounidense.

La acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, incluye seis delitos principales y menciona también a otros funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados al crimen organizado. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta cadena perpetua. El partido político guinda y el funcionario han rechazado los señalamientos, calificándolos de infundados y sin base legal, mientras la Fiscalía General de la República de México investiga el caso.

El flujo migratorio de cubanos y nicaragüenses ha experimentado transformaciones recientes. Cada vez más personas provenientes de estos países eligen instalarse en naciones de América Latina y Europa, y no solo en Estados Unidos.

Esta tendencia, de acuerdo con Deutsche Welle y Confidencial.digital, está relacionada tanto con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense como con factores internos que continúan impulsando la salida de población desde Cuba y Nicaragua.

Las cifras actuales reflejan esta diversificación de destinos. En Costa Rica residen cerca de 500,000 nicaragüenses y Guyana recibió 135,000 cubanos en 2025, en un contexto de expansión económica local. Brasil y Uruguay también registran llegadas crecientes de cubanos. En Europa, el número de cubanos alcanza casi 270,000 en España y 45,000 en Italia.

Entre 2021 y mediados de 2024, arribaron a Estados Unidos más de 860,000 cubanos, conformando una de las mayores olas migratorias desde la isla. Por su parte, la población nicaragüense residente en ese país pasó de 160,000 a 230,000 entre 2000 y 2021, según la Oficina del Censo. Además, entre 2022 y 2025, otros 273,000 nicaragüenses ingresaron al territorio estadounidense.

Restricciones en Estados Unidos y causas internas impulsan nuevos destinos

Según los especialistas citados, el cambio en los destinos migratorios está vinculado principalmente a las restricciones impuestas por Estados Unidos. Jorge Duany, experto en migración, señaló que durante la segunda administración Trump disminuyeron de manera significativa las vías legales para la emigración cubana, con la suspensión de trámites de visa y la eliminación de permisos temporales. Estas medidas han dificultado el ingreso legal tanto para cubanos como para otros migrantes.

Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria, explicó: “Entrar por la frontera a Estados Unidos sin autorización es ahora casi imposible para cualquier migrante, sea cubano, nicaragüense o de otra nacionalidad”. El especialista señaló que los migrantes cubanos ya no cuentan con la preferencia legal que antes les permitía acceder a un estatus temporal.

El informe menciona que algunos migrantes permanecen en México, aunque este grupo es numéricamente menor comparado con quienes optan por otros destinos en Sudamérica o Europa. Sobre las causas internas, el texto señala que las condiciones económicas, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, y la falta de perspectivas de mejora en Cuba y Nicaragua se mantienen como factores relevantes para la emigración. Duany considera poco probable que el flujo disminuya sin mejoras sustanciales en la calidad de vida local.

Impacto en los países de acogida y perspectivas futuras

El informe indica que el aumento en la llegada de migrantes desde Venezuela, Cuba y Nicaragua está teniendo un impacto en los sistemas públicos de los países de destino, en ámbitos como salud, educación e infraestructura urbana. Según información de Confidencial.digital, los especialistas citados señalan que, aunque la inmigración puede contribuir en aspectos económicos y demográficos, la dimensión de estos movimientos plantea algunos retos para la gestión y la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Ruiz Soto mencionó que la capacidad de acogida varía según cada país de América Latina y, en muchos casos, requiere asistencia internacional. El análisis advierte que la integración de los migrantes no suele ser inmediata ni sencilla.

El texto señala que la tendencia observada no parece próxima a revertirse. La persistencia del fenómeno se vincula tanto a las tensiones políticas entre Cuba y Estados Unidos como a la relación actual entre Washington y Managua. Según Ruiz Soto, aunque las políticas restrictivas buscan limitar los flujos, “no paran por sí solas la necesidad de emigrar”. El futuro de estos movimientos dependerá tanto de la evolución en los países de origen como de la capacidad de los países receptores para responder a estos desafíos.

Cuba afronta este jueves una nueva jornada de apagones prolongados en todo el país, con cortes que podrían dejar desconectado hasta un 70% de la isla durante el pico de demanda energética, que ocurre en la tarde-noche, según datos recopilados por la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, la isla atraviesa una crisis energética profunda. Entre las causas figuran problemas internos, como el sistema eléctrico obsoleto y la falta crónica de inversión, agravados desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

El día anterior se alcanzó un récord, con el 74% de la isla sin electricidad de manera simultánea.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal, estima para el horario de mayor demanda de este jueves una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. La afectación prevista, es decir, lo que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.280 MW.

Ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están en funcionamiento. Este sistema aporta el 40% del mix energético y utiliza crudo nacional. La falta de inversiones y las décadas de explotación provocan fallas frecuentes.

Otro 40% del mix energético dependía de los motores de generación, que requieren diésel y fueloil. Sin embargo, esta fuente permanece inactiva desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

El 20% restante de la matriz energética se obtiene de gas y fuentes renovables, con especial apoyo de China.

Expertos independientes calculan que la rehabilitación total del SEN costaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Diversas estimaciones indican que Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo consigue unos 40.000 con producción nacional. El resto debe importarlo.

La crisis humanitaria en Cuba obligó al régimen isleño a flexibilizar normas que por décadas mantuvieron bajo control estatal el comercio y las importaciones. El cambio más visible es la apertura parcial para que los privados puedan importar y vender ciertos bienes y medicamentos, medida que apunta directamente a aliviar la escasez que golpea a la población.

El miércoles entraron en vigor reformas que, según el dictador Miguel Díaz-Canel, resultan inevitables y justificaron su decisión: “El país simplemente no puede continuar por el camino actual”. La nueva normativa permitirá la importación y reventa de productos del extranjero, además de flexibilizar trabas en el sector petrolero para empresas privadas y extranjeras.

En los últimos meses, la situación en la isla se agravó por el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, que, ante la falta de respuesta por parte del régimen, intensificó los apagones, dificultó el transporte público y agravó la falta de alimentos y medicinas en la isla.

Las medidas buscan dar un respiro frente a un sistema estatal que ya no logra abastecer necesidades básicas, con farmacias estatales con estantes vacíos y una infraestructura paralizada.

Las reformas eliminan 46 de las 125 prohibiciones que pesaban sobre la iniciativa privada y suavizan otras 35 regulaciones. Aun así, se mantiene el control estatal en sectores clave como la producción de tabaco, el acceso a internet, la prensa y la radiodifusión. El cambio, aunque limitado, representa un giro relevante para un país donde la economía y la industria están bajo mandos represivos desde los años 60.

Con la entrada en vigor de las nuevas reglas, los cubanos podrán encontrar medicamentos en farmacias privadas—una alternativa urgente, dado que los canales informales, a menudo a través de grupos de Telegram y WhatsApp, eran el último recurso para muchos.

Francisco Carbajal, un jubilado habanero de 71 años, expresó al medio Associated Press la necesidad imperiosa de obtener su medicina: “Lo que realmente quiero es que haya medicamentos disponibles, porque tengo neuropatía diabética y la carbamazepina no ha llegado a mi farmacia desde hace mucho tiempo”. Carbajal resumió la sensación de vulnerabilidad que embarga a quienes dependen de drogas escasas: “Sin ella, estoy indefenso, porque sufro ataques epilépticos”.

En paralelo, el régimen autorizó la creación de residencias privadas para ancianos, una medida que responde a la emigración de jóvenes que tradicionalmente cuidaban de sus familias mayores. La importación de vehículos eléctricos también será más sencilla, una decisión que busca paliar el colapso del transporte público ante la falta de gasolina, aunque no propulsará un gran cambio debido al valor del mercado de los mismos.

En términos prácticos, las reformas aprobadas por el Parlamento cubano buscan atenuar los efectos de la crisis actual permitiendo que los privados tengan un papel más activo en sectores críticos como el comercio de bienes, la energía y la salud. Aunque todavía existen importantes restricciones, la apertura es vista como un paso necesario para evitar el colapso de servicios esenciales y dar margen de maniobra a una economía asfixiada.

Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Agentes Económicos No Estatales, destacó el carácter transformador de la medida: “Permiten y facilitan realmente la participación de los agentes económicos no estatales en la economía del país”. Su declaración subraya una nueva etapa donde, sin abandonar el control estatal, el régimen sabe que su supervivencia requiere abrir espacios a la iniciativa privada.

(Con información de EFE)

Como parte de su campaña antiinmigrante, la administración Trump ha deportado a miles de cubanos, enviando a algunos a México e incluso a países africanos, y a otros de regreso a Cuba.

Ahora, funcionarios estadounidenses están cerca de asegurar un nuevo destino: Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, que ya cuenta con una población relativamente grande de residentes que emigraron de Cuba.

El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha estado discutiendo la propuesta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay durante meses, según funcionarios de ambos países.

Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes y en parte para ganarse el favor de la administración Trump, declaró un alto funcionario uruguayo.

Pero mientras Estados Unidos busca países dispuestos a acoger a cubanos, también está empeorando las circunstancias que obligaron a muchos cubanos a huir de su país en primer lugar.

En los últimos meses, la campaña de presión económica del gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla caribeña, ya devastada por años de sanciones estadounidenses y el mal gobierno de sus líderes autoritarios.

El Sr. Rubio afirmó que Estados Unidos tenía muchas preocupaciones sobre Cuba, ubicada a 145 kilómetros de Florida, incluyendo “la amenaza de una migración masiva”.

“Ese es un riesgo que siempre se corre cuando los países están tan profundamente desestabilizados como Cuba”, declaró a los periodistas que lo acompañaban en Manila la semana pasada.

En Uruguay, el gobierno busca regularizar la situación de los migrantes cubanos para que puedan encontrar oportunidades laborales y acceder a servicios sociales. Muchos solicitan asilo inicialmente.

Algunos funcionarios estadounidenses creen que eso podría ayudar a garantizar que los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al tiempo que les permitiría vivir fuera de Cuba, según indicaron los funcionarios.

Un acuerdo escrito con Uruguay podría no mencionar específicamente a los cubanos en el texto, según indicó un funcionario, aunque en la práctica serían el objetivo de las deportaciones a ese país.

Algunos cubanos en Estados Unidos podrían tener familiares en Uruguay, y ambos gobiernos están analizando la posibilidad de reunir a las familias, declaró un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. Al igual que otros funcionarios entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para tratar temas delicados relacionados con las negociaciones.

El gobierno cubano a menudo se ha negado a recibir de vuelta a los ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero este año accedió a recibir varios vuelos.

En marzo, la administración Trump informó a un tribunal federal que había enviado a 6.000 cubanos a México, donde muchos tienen dificultades para encontrar trabajo. También ha enviado migrantes cubanos a África, incluyendo Eswatini (antes conocida como Suazilandia) y Sudán del Sur, devastado por la guerra, donde los migrantes han permanecido en centros de detención.

Esta política forma parte de una amplia iniciativa de la administración Trump para encontrar naciones dispuestas a recibir a los migrantes e inmigrantes deportados de Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha sido criticado por enviar a algunos deportados a países lejanos donde no tienen vínculos o cuyos gobiernos tienen antecedentes de violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos de Sudamérica se han mostrado reacios a aceptar a los deportados. Sin embargo, Paraguay firmó un acuerdo con el Departamento de Estado el año pasado y ha recibido vuelos de deportados de diversas nacionalidades. Ecuador también firmó un acuerdo el año pasado, y entre los deportados enviados allí se encuentran cubanos.

Uruguay, una nación de 3,4 millones de habitantes, ha mantenido durante mucho tiempo una política migratoria relativamente abierta.

“Tenemos la tradición de acoger a personas que vienen de otros países”, afirmó Carlos Negro, ministro del Interior. Uruguay, añadió, “nació como un país de inmigrantes”. La mayoría de los uruguayos descienden de colonos e inmigrantes de España e Italia.

Si bien grupos defensores de los derechos de los migrantes han criticado la política de deportación del Sr. Trump, algunos han señalado que para los deportados cubanos, terminar en Uruguay sería mejor que ser enviados a muchos otros países.

En marzo, Leydis Aguilera, quien emigró a Uruguay desde Cuba hace 16 años, se convirtió en miembro del Parlamento Nacional. Ella ha descrito la cálida bienvenida que recibió en Uruguay y cómo finalmente encontró allí oportunidades de educación y empleo.

Uruguay necesita ampliar su fuerza laboral para compensar su población pequeña y envejecida. La opinión pública sigue siendo mayoritariamente favorable a la inmigración, y las deportaciones son poco frecuentes. Incluso a quienes ingresan sin visa a menudo se les permite permanecer legalmente en el país.

El año pasado, Uruguay recibió a casi 24.000 solicitantes de asilo procedentes de Cuba, según estadísticas de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre las conversaciones con Uruguay. “Implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta para el Departamento de Estado”, declaró en un comunicado. “Como ha dicho el secretario Rubio, mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo declinó hacer comentarios.

Durante gran parte de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense acogió a personas procedentes de la Cuba comunista y les ofreció una vía rápida hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ha obligado a las administraciones demócratas y republicanas a mantener esta política.

Sin embargo, desde la administración Clinton, los funcionarios estadounidenses han buscado maneras de eludir o debilitar los requisitos de la ley para intentar evitar la afluencia de migrantes.

El presidente Trump ha acelerado este proceso. Su administración ha bloqueado varias vías para que los cubanos obtengan la residencia permanente y la ciudadanía.

Esto pone en riesgo de deportación a 600.000 cubanos, según María José Espinosa, directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Defensa en las Américas, que analiza datos sobre deportaciones.

Ada Ferrer, profesora de historia en Princeton y autora de un libro sobre la historia de Cuba, afirmó: “Hubo un tiempo en que no se perseguía a los cubanos debido a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya nadie la respeta”.

“Si uno se postula con la promesa de deportaciones masivas, intentará llevarlas a cabo”, añadió. “Pero los cubanoamericanos creían que estarían protegidos”.

Un abuelo cubano del Sr. Rubio, que viajó a Estados Unidos en 1962 sin visa, recibió una orden de deportación, pero se le permitió permanecer en el país tras obtener el estatus de refugiado, según una biografía de Marco Rubio escrita por Manuel Roig-Franzia.

Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, afirmó que todos los planes de deportación eran “malas opciones”, especialmente aquellos dirigidos a personas que han vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo.

Sin embargo, añadió que un país latinoamericano “con un sistema de asilo seguro y que funcione bien es la menos mala de las opciones”.

A pesar de la relativa tolerancia de Uruguay, los migrantes a menudo enfrentan dificultades. Uruguay es caro en comparación con otros países sudamericanos. Muchos cubanos viven inicialmente en pensiones mientras trabajan como repartidores o conductores de Uber, cuidadores y guardias de seguridad.

© The New York Times 2026.

Cuba registrará este miércoles un nuevo récord de cortes eléctricos a nivel nacional, ya que se prevé que el mayor apagón de la jornada desconecte de manera simultánea el 74% de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) recopilados por la agencia de noticias EFE.

Se trata de la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a difundirse estadísticas energéticas en 2022. Los picos anteriores, del 72%, ocurrieron el 5 y el 17 de julio de este año. Este récord coincide con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en La Habana.

Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una profunda crisis energética, originada en parte por factores internos, como la obsolescencia del sistema eléctrico y la falta crónica de inversión. Esta situación se agravó desde enero debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

En julio, la isla sumó tres apagones nacionales en solo siete días y acumula cinco en lo que va del año. Los cortes por insuficiencia de generación rondan las 20 horas diarias en La Habana y pueden extenderse por días en otras regiones.

Para el horario pico de esta jornada, la UNE estima una capacidad de generación de solo 850 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. La afectación prevista, es decir, la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados, será de 2.380 MW.

Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país estarán fuera de servicio por averías o mantenimiento, cuando esta fuente aporta el 40% del mix energético. Entre ellas, figura la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales, que en lo que va del año ha presentado unas 20 salidas por averías.

Otro 40% del mix energético dependía de los motores de generación, pero esta fuente, que utiliza diésel y fueloil, está detenida desde enero debido al bloqueo de Estados Unidos.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con apoyo de China.

Diversas estimaciones indican que Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo logra obtener unos 40.000 barriles de producción nacional; el resto debe importarse.

Expertos independientes calculan que la recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que exceden la capacidad financiera de Cuba, inmersa en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética ha provocado la parálisis casi total de la economía estatal, que se estima sufrirá una contracción de al menos 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los últimos cinco años.

El régimen cubano permitirá a partir de agosto la extracción de petróleo y gas natural a empresas privadas nacionales y extranjeras, aunque con condiciones, mientras que autorizará la gran minería solo “mediante asociación económica e inversión extranjera”.

La Gaceta Oficial de la República recoge este martes un decreto del Consejo de Ministros que reordena las actividades económicas permitidas para cada tipo de actor (empresas estatales, pequeñas privadas cubanas, extranjeras y cuentapropistas) y, según lo anunciado en el paquete de reformas aprobado en junio pasado, amplía los ámbitos de actividad para el sector privado.

Hasta ahora las actividades prohibidas para el sector privado eran 125 y, con la nueva normativa, 46 de ellas quedan eliminadas y autorizadas sin restricciones, mientras que en otras 35 se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas facetas dentro de ellas.

Estas medidas referidas al modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados forman parte del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano este junio con el fin de liberalizar y descentralizar la economía, en medio de una profunda crisis y tensiones con Estados Unidos.

Entre los cambios más sensibles a nivel económico destaca que la extracción de crudo y gas natural solo se permitirá mediante concesión administrativa para “asociación económica y empresas mixtas nacionales y las modalidades de inversión extranjera”.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrán asimismo, tras una autorización condicionada y con un socio estatal, explotar gasolineras.

También se abre al sector privado la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, con autorización previa, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República.

La fabricación de sustancias químicas y de productos farmacéuticos será “autorizable o condicionada”, con los correspondientes permisos y algunas restricciones.

Las mipymes cubanas —actualmente más de 15.600 aprobadas— podrán fabricar y ensamblar ciclomotores, motocicletas, triciclos, remolques y semirremolques, previa certificación técnica.

Además se autoriza la explotación de terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles “mediante concesión administrativa, arrendamiento y demás derechos reales sobre activos estatales”.

La lista de sectores prohibidos se reduce de esta manera de forma significativa, pero incluye sectores como la defensa, la educación formal, la seguridad, las telecomunicaciones, el periodismo, la publicación de periódicos, libros y revistas, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional, de crucero y turístico.

Las farmacias, novedad en salud

En el sector de la salud pública, la atención médica sigue sin estar permitida para los actores económicos no estatales y la actividad profesional y técnica en los servicios de salud “sigue estando regulada estatalmente”.

Pero la novedad será que se permitirá la gestión de los servicios farmacéuticos a mipymes, cooperativas no agropecuarias y empresas privadas, aunque los participantes deberán cumplir determinados requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública como locales adecuados, personal cualificado, licencia operativa y medicamentos con registro sanitario.

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, argumentó que las nuevas medidas “no están yendo a la privatización de la economía”, porque la empresa estatal socialista mantiene su “papel fundamental”, y agregó lo que se está dando es “más participación a los actores económicos no estatales”.

Las reformas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas políticas internas en materia monetaria y económica.

A ello se suma desde enero la presión del Gobierno de EEUU, que exige cambios políticos y económicos profundos, con un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales reforzadas contra sectores vitales y que también afectan directamente a entidades extranjeras.

La presidenta señaló que el apoyo a la isla continuará en los próximos meses y destacó que existe una coordinación permanente entre distintas instituciones del gobierno mexicano.

En el caso de Venezuela, recordó que la sociedad civil se ha organizado para llevar ayuda humanitaria y adelantó que el programa continuará con nuevos cargamentos.

“Justo ayer hablé con la Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla. Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela; de hecho, va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. En próximas semanas van a ir dos barcos a Venezuela y vamos a seguir enviando apoyo a Cuba”, declaró.

Sheinbaum agregó que sostuvo una conversación con Lázaro Cárdenas Batel, quien coordina estos trabajos, así como con la Secretaría de Marina, para organizar este nuevo envío de ayuda humanitaria.

Sheinbaum añadió que para coordinar los cargamentos, existe una estrecha cooperación mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Cooperación humanitaria con AMEXCID

En semanas recientes, la Secretaría de Marina trasladó ayuda hacia Venezuela mediante los buques logísticos ARM Isla Holbox y Huasteco, los cuales transportaron alrededor de 2,003 metros cúbicos de alimentos, agua, medicamentos, artículos de higiene e insumos médicos para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en ese país.

Respecto a Cuba, la mandataria insistió en que México mantendrá la cooperación institucional con la misma AMEXCID, sin ofrecer por ahora detalles sobre el volumen del nuevo cargamento ni la fecha exacta de salida.

Al ser cuestionada sobre la marcha celebrada este domingo en solidarizaron con Cuba por el bloqueo económico impuesto por EEUU, la mandataria reiteró que la postura de su administración se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos y en el respaldo humanitario.

Marcha conmemoró Revolución Cubana y rechazó bloqueo de EU

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron dos días después de la movilización realizada el 26 de julio en la Ciudad de México, donde miles de personas expresaron su solidaridad con Cuba en una marcha que también conmemoró el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho considerado el inicio de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro.

La movilización partió del Hemiciclo a Juárez y concluyó frente a la antigua embajada de Estados Unidos, donde organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles exigieron el fin del bloqueo impuesto por Washington y reiteraron su respaldo al pueblo cubano.

Los asistentes portaron banderas de Cuba, México, Palestina, Venezuela y Colombia, además de lanzar consignas en respaldo al pueblo cubano y en rechazo al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Organizaciones denuncian recrudecimiento del bloqueo contra Cuba

Durante la marcha, los participantes señalaron que la política de sanciones de Estados Unidos se ha endurecido en los últimos años. Diversas organizaciones afirmaron que el bloqueo económico se ha recrudecido con la aplicación de 243 medidas coercitivas unilaterales, implementadas inicialmente durante la administración de Donald Trump y que, sostienen, han permanecido vigentes bajo el gobierno estadounidense actual.

Los manifestantes señalaron que estas restricciones han agravado las dificultades para que la isla adquiera alimentos, medicamentos, combustible, equipo médico y otros insumos esenciales, por lo que insistieron en que la comunidad internacional continúe exigiendo el levantamiento del embargo.

Miguel Díaz-Canel agradece el respaldo desde México

Tras la movilización, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer la solidaridad expresada por los asistentes:

“Gracias México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca”, escribió el mandatario.

El mensaje fue compartido ampliamente por funcionarios y representantes diplomáticos cubanos como una muestra de reconocimiento al respaldo manifestado desde México.

Por su parte, la Embajada de Cuba en México también agradeció las muestras de solidaridad con su país, expresó su reconocimiento a quienes marcharon y destacó que el acto representó una muestra de la histórica relación de amistad entre ambos países.

🇲🇽 La emblemática avenida Reforma se desborda de dignidad y solidaridad. Miles de mexican@s y cuban@s marchan por Cuba en una movilización que parece no tener fin.

Entre banderas, carteles y una sola voz, resuena un mensaje contundente: ¡No a la agresión contra Cuba! ¡Viva… pic.twitter.com/w0wKxgtTJg

— Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) July 26, 2026

La embajada subrayó que las muestras de apoyo recibidas en México reflejan el respaldo de distintos sectores de la sociedad mexicana a la soberanía de Cuba y a la demanda de poner fin a las sanciones económicas que pesan sobre la isla, una postura que cada año también es respaldada mayoritariamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al finalizar la marcha, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, comunicó desde su cuenta de X que hubo personas detenidas por actos de vandalismo contra la sede de la alcaldía. Según su versión, dos grupos llegaron a la explanada del gobierno local: el primero, en apoyo al régimen cubano, se retiró sin incidentes; el segundo, con los rostros cubiertos, realizó pintas en la fachada del edificio, el cual está protegido por el INBAL. Los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una explicación pública sobre la cancelación de su último viaje oficial a Estados Unidos antes del final de su mandato.

El mandatario expuso que decidió sustituir la agenda en Washington por una visita a Cuba al considerar la isla prioritaria para los intereses de la soberanía nacional y la integración del Caribe.

“Lo reemplace por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

En su mensaje, Petro informó que la ausencia del presidente del Congo provocó una rebaja protocolaria en la conferencia que se iba a desarrollar en Washington, lo que, según explicó, motivó la cancelación de la participación colombiana.

“El presidente del Congo no pudo asistir y se redujo entonces por protocolo el nivel de la conferencia y suspendí lamentablemente mi viaje a EEUU (sic)”, escribió el mandatario en X. En el mismo texto precisó que optó por viajar a Cuba, país al que calificó como estratégico en la defensa de la soberanía y la vida en la región caribeña.

La publicación de Gustavo Petro abordó además otros puntos de su agenda internacional, entre ellos la entrega de una obra del pintor Darío Ortiz a la Organización de los Estados Americanos (OEA). El cuadro, dedicado a María Cano, quedará expuesto en la sede del organismo en Washington. El presidente resaltó el papel de Cano en la organización de trabajadores a nivel nacional y cuestionó la falta de reconocimiento de su figura dentro de la historia colombiana.

El mandatario vinculó la frustrada cita en Estados Unidos con temas de alcance global, particularmente la protección de las principales selvas del planeta. Señaló que la Amazonía, el centro de África y Indonesia conforman zonas críticas para el equilibrio climático, y sostuvo que la cooperación entre estos territorios resulta clave para enfrentar la crisis ambiental.

En la misma intervención, Petro contextualizó el cambio de destino como una muestra de autonomía en la política exterior colombiana. Criticó la posibilidad de que las relaciones internacionales de Colombia estén sujetas a intereses ajenos y mencionó la influencia de Israel en la toma de decisiones diplomáticas sobre con quién mantener vínculos. Según el mandatario, limitar la agenda exterior a los dictados de un gobierno extranjero conduciría a un aislamiento internacional y a la pérdida de aliados estratégicos.

El presidente enumeró países con los que considera esencial mantener relaciones, entre ellos Gaza, Haití, Argelia, Malasia, Cuba y Sudáfrica. Acerca de Haití, recordó su apoyo histórico a la independencia colombiana y rechazó cualquier iniciativa orientada a romper ese vínculo. Sobre Argelia, destacó la producción de insulina y sobre Malasia la disposición a colaborar en misiones internacionales. En el caso de Sudáfrica, elogió la política de reconciliación nacional y su postura en la defensa de los derechos humanos a nivel global.

Respecto a Cuba, Petro argumentó que la isla representa un punto central en sus prioridades diplomáticas por su papel en la integración caribeña y la defensa de la vida. Señaló que la decisión de privilegiar este destino responde a la necesidad de fortalecer la autonomía regional y garantizar que la política exterior obedezca a intereses propios.

En su mensaje, el mandatario reiteró su rechazo a los crímenes cometidos en Gaza y defendió la necesidad de que la diplomacia colombiana actúe en consonancia con principios humanitarios, evitando quedar supeditada a intereses o presiones externas. Sostuvo que cualquier ruptura con países aliados debe evaluarse bajo criterios históricos, éticos y de beneficio mutuo.

Con la explicación publicada en X, Gustavo Petro aclaró los motivos del cambio en su última gira internacional como presidente y reafirmó su apuesta por una política exterior basada en la defensa de la soberanía, la integración regional y la cooperación en temas ambientales y de derechos humanos.

Un promedio de dos o tres horas de electricidad tendrán los 9,4 millones de cubanos este martes, jornada en la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor apagón afecte simultáneamente al 68% del país.

Cuba enfrenta desde hace dos años una crisis energética profunda, agravada desde enero por el asedio petrolero de EEUU. El régimen reconoció que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

La UNE estima que, durante el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este martes, la capacidad de generación será de 1.070 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.220 MW. El déficit, es decir, la diferencia entre oferta y demanda, alcanzará los 2.150 MW, y la afectación estimada, que corresponde a lo que realmente se desconectará para evitar apagones desordenados, llegará a 2.180 MW.

La crisis energética cubana responde a un factor estructural —un sistema energético obsoleto— y a un elemento coyuntural: el bloqueo petrolero iniciado en enero por Washington.

Las centrales termoeléctricas, responsables del 40% del mix energético, fueron construidas en su mayoría en las décadas del 60 y 70 y, debido al déficit de inversiones y mantenimientos, presentan averías frecuentes. Por esta razón, en la jornada, siete de las 16 unidades de generación permanecen sin aportar energía. Esta fuente, que utiliza crudo nacional, no está afectada por el bloqueo estadounidense.

Otro 40% del mix dependía de los motores de generación que requieren diésel y fueloil importado. La presión de EEUU obligó a detenerlos por falta de materia prima desde enero.

El 20% restante del mix energético proviene de gas y fuentes renovables, con apoyo de China.

Según cálculos de expertos independientes, Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los cuales solo 40.000 proceden de su producción nacional.

La crisis energética ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se estima se contraerá al menos un 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos.

Con el título de "Cuba la capital del comunismo del siglo 21" el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido este 20 de julio el informe que describe la guerra de Cuba contra Estados Unidos y las Américas. La guerra permanente de Cuba en documento oficial que demuestra el ataque constante contra la seguridad nacional de Estados Unidos y de todos los países del Hemisferio Occidental. La dictadura de Cuba ataca desde hace más de 67 años, pero ahora la mayoría de los gobiernos latinoamericanos quedan en evidencia por su inacción.

El concepto tradicional de guerra es la “desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias”, la “lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. La guerra contemporánea “ya no se limita a métodos tradicionales, sino que abarca dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales y cognitivas con el terrorismo como centro de gravedad para afectar la seguridad”. Como guerra de séptima generación está la "guerra híbrida, un enfoque que combina tácticas convencionales y no convencionales, abarcando desde acciones militares encubiertas hasta el respaldo a fuerzas irregulares, manipulación política, social y desinformación".

En "La Guerra Híbrida en las Américas" (2025) la describo como “una evolución del tradicional conflicto armado entre naciones o grupos, que ahora incorpora elementos diversos para debilitar al adversario sin una declaración abierta de hostilidades. Incluye métodos como la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, uso de pandillas, agitación política, financiamiento de candidatos, asesinato de reputaciones y físico, difusión de noticias falsas, penetración cultural, terrorismo….mecanismos que permiten la «negación plausible» por parte del agresor….”

El informe “Cuba la capital del comunismo del siglo 21” muestra la guerra de Cuba contra las Américas y se presenta con una de sus conclusiones: “El ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía o incluso la propiedad de un territorio en particular. Fue una revolución contra la civilización occidental misma, librada, en parte, mediante el método novedoso e insidioso de persuadir a los hijos de Occidente para que se rebelaran contra su propia herencia".

El texto del informe comienza señalando que: “Durante casi siete décadas, el régimen cubano ha librado una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos. Esta campaña ha infiltrado las más altas esferas del gobierno estadounidense, ha reclutado y formado a generaciones de activistas estadounidenses, ha respaldado una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense y ha llevado a cabo una de las infiltraciones de inteligencia extranjera más duraderas y perjudiciales de la historia de Estados Unidos. La campaña cubana contra Estados Unidos es única, Es irregular y encubierta….."

Cita un memorándum de inteligencia de septiembre de 1971 que expresa: “Casi todas las repúblicas latinoamericanas han sentido la injerencia [de Cuba] al menos una vez… Tan pronto como Castro asumió el poder en Cuba en enero 1959, La Habana se convirtió en el centro de operaciones subversivas contra otros países latinoamericanos“.

Presenta información que los gobiernos latinoamericanos conocen: “A mediados de la década de 1980, Latinoamérica era escenario de más actos de terrorismo internacional contra objetivos estadounidenses que cualquier otra región del mundo, impulsados ​​principalmente por al menos dos docenas de grupos marxistas respaldados por Cuba. Estimaciones de finales de la década de 1980 indicaban que Cuba había trabajado…a unos 27 grupos guerrilleros de izquierda en toda la región, sumando un total de aproximadamente 25.000 miembros armados y entrenados. En 1986, Latinoamérica representaba cerca del 55% de todos los incidentes terroristas contra objetivos estadounidenses. Para 1989, esta cifra ascendía a un estimado del 64%..... En las tres primeras décadas del régimen de Castro, al menos 20.000 guerrilleros de prácticamente todas las naciones latinoamericanas asistieron a campos de entrenamiento terrorista en Cuba". Los datos actuales pueden ser mucho más complejos.

El documento abarca el espionaje, el turismo revolucionario, la revolución racial, los grupos fachada y simpatizantes que incluye la llamada izquierda democrática latinoamericana, la internacional antiamericana, y todos estos aspectos tocan Latinoamérica. Define la dictadura afirmando que “desde 1959, Cuba ha sido y -sin fundamentos y radicales reformas- siempre será: menos un Estado-nación que una inteligencia y un sistema de inteligencia que lo abarquen todo como operación de subversión.."

Los líderes latinoamericanos no pueden ignorar el mensaje que está en el párrafo final: “Confundir la pobreza de Cuba con inocuidad es malinterpretar por completo la amenaza. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro…Hoy sirve como nexo de unión de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán convergen con los movimientos radicales que operan dentro de nuestras fronteras".

El autor es Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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La isla de Cuba celebró este domingo su tradicional mitin por el aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, una de las efemérides centrales del proceso revolucionario, marcado esta vez por la ausencia de Raúl Castro, de 95 años. El evento tuvo lugar en Pinar del Río, sede elegida por sus logros regionales, según anunció el dictador Miguel Díaz-Canel, quien presidió el acto y leyó un mensaje de felicitación enviado por Castro a los habitantes de la provincia.

Díaz-Canel no ofreció detalles sobre la causa de la ausencia de Raúl Castro, considerada inusual dado que no existen registros de faltas a esta ceremonia por parte del líder en al menos las últimas tres décadas. Las últimas apariciones públicas de Castro ocurrieron en junio, durante un acto en el Ministerio del Interior, y el 1 de mayo, durante la celebración del Día de los Trabajadores. Aunque Castro no ostenta cargos formales, su figura mantiene una presencia simbólica de peso en el país.

Cuba atraviesa uno de sus peores momentos en la relación con Estados Unidos, sumida en una crisis energética agravada por el “cerco” impuesto por el presidente norteamericano Donald Trump. Esta política, definida por Díaz-Canel como “máxima presión” y “asfixia económica”, ha tenido un impacto severo en todos los sectores de la isla.

El mandatario cubano denunció que “Cuba es víctima de un genocidio, fríamente calculado”, aludiendo a las restricciones estadounidenses que han intensificado los apagones —que superan las 20 horas diarias—, la reducción de jornadas laborales, la paralización de industrias y la escasez de agua, medicamentos y bienes básicos. Según Díaz-Canel, la situación responde a una estrategia para presionar un cambio de modelo económico y político desfavorable a los intereses cubanos.

El deterioro de la situación se ve reflejado en la salida de empresas extranjeras de la isla: cadenas hoteleras como Melía, procesadores de pago como Visa y Mastercard, aerolíneas como Air Canada y Air France, y mineras como Sherritt International han abandonado el mercado cubano.

Tensión diplomática

La tensión bilateral se incrementó recientemente con la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se acusa a Cuba de liderar una red de espionaje e influencia en América Latina y contra Washington durante décadas. Díaz-Canel rechazó las acusaciones, señalando que “lanzan todos los días una amenaza contra la Revolución, y cada semana anuncian un nuevo castigo para empresas y funcionarios cubanos, incluso para quienes, sean cubanos o extranjeros, se atrevan a enviar un barco de petróleo o invertir en Cuba”.

En mayo, la Fiscalía estadounidense presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996. Al mismo tiempo, se informó que Castro ha sido señalado como uno de los negociadores en las conversaciones con Estados Unidos tras la imposición del cerco energético, aunque el contenido de esos diálogos permanece desconocido.

Es simple: al líder se le exige conducción, compromiso y acción. Cuando cayó Nicolás Maduro, muchos de nosotros apostamos por ese desenlace, aun sabiendo que, en el camino, algunos principios serían puestos bajo tensión. La soberanía venezolana, en realidad, había sido secuestrada por una tiranía narcoterrorista. Por eso, cuando se invocaba su defensa o se denunciaba una supuesta violación del principio de no intervención, se omitía lo esencial: en Venezuela todo estaba ya desmadrado y el más débil era (y es) el pueblo al que nadie ofrecía un camino luego de birlada la elección del 28 de julio. Se vivía (y se vive) bajo un Estado criminal, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una élite delincuencial instalada en el poder. Ahora una élite con sintonía norteamericana por algún tiempo más.

¿Qué creíamos quienes apostábamos por el retorno democrático de Venezuela? Que ese sería el recorrido. Que, en nombre de la necesaria reinstitucionalización democrática, quizá habría que dejar algún “principio” transitoriamente por el camino. Una vez alcanzado el objetivo, llegaría el momento de saldar las deudas jurídicas, políticas e institucionales. Todo tiene su tiempo.

No existe una salida impecable de una dictadura. Tampoco hay un manual de aterrizaje. Cada situación es distinta. Quien sostenga lo contrario desconoce estos asuntos. Todas las transiciones democráticas posteriores a una tiranía han tenido puentes complejos, saltos al vacío, concesiones discutibles y recriminaciones interminables. Hasta hoy seguimos debatiendo las consecuencias de la Guerra Civil española. Y el modelo chileno, argentino, uruguayo y español de los setenta y ochenta son todos diferentes. Cada uno se adaptó (como pudo) a la idiosincrasia de cada pueblo y a las dimensiones culturales de naturaleza epocal. Pero son historias inconclusas…nunca el olvido de un proceso autoritario o totalitario es dogmático. Pero se recuperó la democracia, eso es lo esencial.

Volvamos al presente.

Poco importa lo que usted o yo pensemos del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos continúa siendo la principal potencia del mundo: conserva la mayor capacidad militar en términos fácticos (portaaviones más que nadie y todo el resto), emite la moneda más fuerte del planeta (que mueve aún el 60% del mercado mundial) y posee uno de los mercados consumidores más ávidos de bienes y servicios. China se acerca con Tucídides como imagen, por supuesto, todos lo sabemos, pero todo indica que el liderazgo estadounidense todavía se mantendrá durante algún tiempo más. No sé cuánto. En el corto plazo, el escenario seguirá siendo este; en el mediano plazo, quizá sea otra historia y veremos, la vida es siempre una incertidumbre.

A los americanos de todo el continente nos gustaría contar con un verdadero líder continental: uno que apostara por nosotros, que impulsara un mercado común de todos, que fuera solidario con una capacidad seria de defensa conjunta -como alguna vez soñó el TIAR- y que actuara con el sentido de hermandad demostrado, en distintos momentos, hacia la Argentina contemporánea de Javier Milei o al Uruguay de Jorge Batlle de hace varias décadas. Dos ejemplos de cómo Estados Unidos cuando quiere, puede.

Ser líder tiene un costo, también ofrece enormes ventajas.

Quien encabeza el continente debe impulsar para los demás la misma democracia que reclama para sí. ¿O somos realmente el patio trasero de Estados Unidos? No lo creo. Juntos podríamos ser el patio delantero del mundo siempre que tuviéramos la inteligencia y la voluntad de reconocernos como un solo continente. Tenemos pocos idiomas y todos sencillos de comprenderse entre sí, entre el spanglish y el portuñol, ya estamos en una etapa de praxis relacional. Las lenguas no son obstáculo y las mezclas de los nuestros son maravillosas. No nos pasa lo de otros continentes que las etnias y las religiones los enloquecen.

México y Brasil deberían comprender que, por más izquierdas que proliferen en sus gobiernos, y Estados Unidos debería entender que por más republicanos que ocupen el corazón de su administración: solo una unidad operativa americana nos permitiría relacionarnos con el resto del mundo desde una posición extraordinaria, de mayor relevancia y de influencia avasallante. No me cabe en la cabeza que no entendamos en serio este instrumento. Sin embargo nunca lo hemos asumido en serio a semejante desafío. Nunca. Solo intentos fallidos y momentos coyunturales en clubes de amigos que duran lo que un lirio.

Seamos francos: estamos presenciando el infarto de Europa. Un continente que casi no se reproduce, cuya población primigenia vive cada vez más años, con sistemas previsionales quebrados y con una inmigración que buena parte de sus sociedades rechaza. Ese cóctel ya es explosivo. Y ni siquiera hemos incorporado plenamente la cuestión del islamismo, que incomoda tanto mencionar, pero que no constituye un asunto menor en la realidad europea. Europa ya no es futuro, es pasado, le duela a quien le duela. Europa ha entregado parte de su alma. Como en el Fausto de Goethe, el desenlace comienza a resultar previsible.

Asia, por su parte, es y será crecientemente influida por la China actual. A quienes creen con ingenuidad que el libro blanco chino representa una hoja de ruta inocente, habría que consultar a los japoneses, a los tibetanos y a los taiwaneses. Esas tres miradas -entre muchas otras- confirman lo que todos sabemos: China lleva mucho tiempo calentando motores. Lo hace a su propia velocidad, esperando siempre el momento oportuno. A los chinos, además, les sobra el tiempo. Su pensamiento estratégico tiene una raíz confuciana y una concepción histórica distinta de la occidental. No piensan con nuestra misma cabeza ni miden los procesos con nuestro mismo reloj. Ya lo sabemos todos hace tiempo.

Vuelvo a América.

Aún hoy, el presidente Donald Trump tiene una oportunidad dorada para quedar en la historia como el hombre que protagonizó decisivamente la democratización de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es poco para tres países que llevan décadas en el infierno y miles de muertos ante los dictadores criminales. ¡Viles criminales que hay que seguir soportando como si fueran gente normal! ¡Pues no! Es de las peores ofensa en vida que se nos profiere a los demócratas tener que seguir teniendo paciencia a esta gente. Y duele cuando Estados Unidos no capta que no todo es negocios. ¡Por Dios! ¡Es la democracia de lo que estamos gritando hace tanto tiempo! Esa democracia ejemplar que los padres fundadores norteamericanos diseñaron para ese gran país pero que se debe exportar urgentemente a los tres infiernos. ¿O por alguna razón a estos países les toca una maldición propia? No es así, es solo que los hemos dejado solos y con el derecho internacional de antes, los tiranos se abusaban y se aislaban. Ese derecho internacional pasa a revisión. Pues eso no va más, no hay inmunidad de jurisdicción para los tiranos y pueden ir de una oreja a brindar declaraciones ante un juez norteamericano, que por cierto, debieron ir ante un juez de la Corte Penal Internacional si no fuera por la lentitud de semejante actor (que al actuar así derrumba a los que apostamos y votamos el tratado de Roma en su oportunidad).

En los tres casos, además, se sabe a quiénes rechazan y odian esos pueblos. En los tres se sabe que se debe colaborar con una transición democrática por la vía electoral. No hay otra forma. Y en los tres existe suficiente experiencia internacional como para cooperar civilmente, reconstruir instituciones y acompañar esos procesos. No es Afganistán, no es Irak, es Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde el deseo por sacarse de encima a esos sátrapas es el sueño cotidiano de esos países. Pueden informar por favor las agencias de inteligencia esta obviedad, no es algo que haya que infiltrarse y conseguir a lo James Bond un documento que avale semejante obviedad. Los odian, los quisieran ver en la peor de las situaciones y hace años que no tienen legitimidad alguna, si es que alguna vez la tuvieron algún segundo.

Hacerlo rápido, hacerlo bien y luego permitir que cada pueblo conduzca libremente su destino sería una tarea histórica y necesaria. Pero esa tarea debe asumirse con seriedad. Porque, si todo termina reducido a negocios petroleros, intereses inmobiliarios o acuerdos de ocasión, ya no se entiende de qué se trataba todo esto. Es que todo esto no era eso y para que no huela a eso es vital asumir lo prioritario en serio. Lo prioritario es la democracia, todo lo demás es lo de menos.

Los demócratas del continente sabemos qué debe ocurrir en los países esclavizados por tiranos. Pero necesitamos de Estados Unidos compromiso y acción: menos palabras, más hojas de ruta y mayor colaboración internacional con quienes tienen la capacidad para participar en esas transiciones.

Si Estados Unidos no comprende que María Corina Machado representa la voz de la Venezuela que viene, entonces sus agencias de inteligencia están haciendo mal su trabajo. Eso es lo que expresan millones de venezolanos y no se requiere demasiada sabiduría para advertirlo.

Si tampoco se entiende que Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega representan lo peor que les ha ocurrido a Cuba y Nicaragua, entonces no se entiende lo elemental. Conozco los intereses estadounidenses en esos países, pero esos intereses no pueden convertirse en el obstáculo que impida la democratización.

El presidente Donald Trump debería recordar las conversaciones mantenidas durante la presidencia de Barack Obama con el régimen cubano. ¿Qué quedó de todo aquello? Muy poco. Conversaciones, expectativas, fantasías diplomáticas. Al final, casi todo continuó como estaba. Y nadie se olvida de nada, todos recordamos lo que nos duele en la vida, sobre todo lo que nos duele mucho.

Si Donald Trump quiere marcar un gol para la historia, debe contribuir a derribar esas dictaduras. No mediante las armas. Son regímenes mucho más frágiles de lo que aparentan. Ante una presión política, económica y diplomática sería, coordinada y persistente, sus dirigentes pueden descubrir que su poder no era tan sólido como suponían.

Hay que hablarle al presidente Donald Trump de frente, porque a él le gusta que le hablen de ese modo: nosotros, los americanos, queremos para nuestros países lo mismo que usted quiere para el suyo. Queremos democracia, separación de poderes, respeto por los derechos humanos y elecciones libres en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Lo queremos pronto. Queremos que el próximo año sea el año de esas transiciones. Y queremos que Estados Unidos ayude, acompañado por todos aquellos países y organismos capaces de sumarse a la tarea. Se habla de esto, pues que se concreten cronogramas de fechas y que se haga. Tanto conversatorio ya es demasiado.

La democratización del continente generaría un clima de entendimiento, convergencias positivas y reconciliación como nunca hemos conocido.

Si somos el continente de la democracia, si contamos con la democracia más poderosa del mundo a la cabeza y si, durante 250 años, Estados Unidos ha irradiado la idea de libertad hacia el resto de América, entonces una transformación semejante cambiaría tanto a Estados Unidos como a todos nosotros.

Que los amargados y resentidos queden por el camino. Que crean, si quieren, que todo esto se reduce al capitalismo. No es así. Se trata de libertad, igualdad y fraternidad: aquel ideal que nació como fuerza política en Francia, pero que todavía debe consolidarse plenamente en nuestro continente. La libertad, al menos como aspiración, está asumida. La igualdad debe ser, antes que nada, igualdad ante la ley, y todavía tenemos mucho que mejorar pero hemos avanzado. Pero la fraternidad es lo que más nos falta. Aún carecemos de aquella hospitalidad de los antiguos griegos: el reconocimiento del otro como parte de una comunidad compartida. Fraternos al reconocernos pares. Este es el punto.

Por eso, estas líneas, más que un reproche son un petitorio. Quienes conocemos la cabeza pensante de Estados Unidos sabemos que esta posibilidad existe ahora o quizá no exista nunca. Hoy podría concretarse por razones geopolíticas que exceden estas páginas. Pero es ahora. De lo contrario, quién sabe cuándo será real.

Por eso nos jugamos tanto. Y por eso resulta imprescindible que aflore el mejor coraje norteamericano: que Estados Unidos asuma el acompañamiento de estas transiciones y comprenda que este, y no otro, es el momento.

El cese de operaciones de Meliá en Cuba marcó un hito para la presencia de las grandes cadenas hoteleras españolas en la isla y abre interrogantes sobre el futuro del sector turístico cubano, una de las fuentes de ingresos principales para las arcas del régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.

Meliá dejó de gestionar los hoteles que operaba en la isla —propiedad del Estado cubano—, que a principios de año sumaban 34 establecimientos, aunque esa cifra se había reducido paulatinamente debido a la crisis energética, la escasez de turistas y las sanciones estadounidenses.

En un comunicado difundido el martes, Meliá señaló que el final de actividades se debe a “notables dificultades operativas, legales y económico-financieras” que imposibilitaban “de hecho y de derecho” cualquier “mínima estabilidad operativa”.

La salida de Meliá sigue la tendencia de otros grandes operadores internacionales. Las cadenas Iberostar (18 hoteles), Blue Diamond (60 hoteles) y Archipielago International (6 hoteles) también abandonaron la gestión de todos sus establecimientos en la isla. La española Barceló, que llegó a operar dos hoteles en la isla, tampoco mantiene presencia en el país.

Desde los años 90, Cuba representó una apuesta estratégica para Meliá e Iberostar, que combinaron ofertas de sol y playa en complejos de “all inclusive (todo incluido)” y hoteles urbanos orientados al turismo histórico y cultural. Estas compañías fueron de las primeras en llegar tras la apertura de la isla al turismo internacional.

La salida de las principales cadenas hoteleras internacionales plantea serios interrogantes para el sector turístico cubano, que dependía de la capacidad de atracción y la experiencia de estas empresas en la gestión de establecimientos. El turismo en la isla se encontraba en crisis desde la pandemia, cuando las llegadas de visitantes internacionales cayeron abruptamente por las restricciones sanitarias, y desde entonces la recuperación fue limitada, en contraste con otros destinos caribeños.

Durante el periodo de acercamiento con Estados Unidos, Cuba registró cerca de 4,7 millones de turistas en 2018 y algo más de 4,2 millones en 2019. Sin embargo, la isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes extranjeros, la cifra más baja en más de dos décadas, excluyendo los años de pandemia. En 2024 se contabilizaron 2,2 millones de visitantes y en 2023, 2,4 millones, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El panorama en 2026 es aún más negativo: en los primeros cinco meses del año, Cuba recibió 359.491 turistas internacionales, un 58,4 % menos que en el mismo periodo de 2025, tras un mayo con solo 30.883 visitantes. El deterioro de los servicios y la oferta es consecuencia directa de la crisis económica. Las sanciones estadounidenses incluyeron a empresas estatales turísticas y desincentivaron la permanencia de compañías internacionales.

El desempeño del turismo es fundamental para la economía cubana, ya que representa la principal contribución al producto interno bruto (PIB) y una de las tres mayores fuentes de divisas para el régimen, junto a las remesas y las misiones médicas. La captación de dólares y euros resulta esencial para un país que, según Naciones Unidas, importa el 80% de los bienes que consume.

El 13 de julio, Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, incluidas agencias dedicadas a la exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su estrategia de presión sobre la isla en medio de una aguda crisis económica.

“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, señaló un comunicado oficial.

Las sanciones afectaron a ENETEC, S.A., empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países; y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

La medida también incluye a organismos gubernamentales como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Brigadas de Respuesta Rápida, en el marco de los esfuerzos de Washington por forzar un cambio político en la isla.

(Con información de EFE)

Para quienes hemos vivido en países de Latinoamérica no es ninguna novedad el haber visto cómo desde inicios del siglo 21, incluso 10 años antes, existía una maquinaria ideológica, incluso criminal, que atrasó naciones por décadas completas en su desarrollo.

Con el surgimiento de socialismo del siglo XXI que llevó a dictaduras en países como Venezuela, con Chávez y Maduro; Bolivia, con Evo Morales; Nicaragua, con Daniel Ortega; Ecuador con Correa, fue extremadamente clara la relación de estos regímenes con la dictadura de Cuba. Sin embargo, aunque todo esto era un secreto a voces, pocos políticos o periodistas parecían entender la gravedad de lo que implicaba que el modelo autoritario-criminal cubano estaba siendo exportado a distintos países de la región.

No es sino hasta julio de 2026 y con el reciente reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, titulado “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, que se reconoce finalmente lo que durante décadas, gobiernos y periodistas, ya sea por afinidades ideológicas absurdas, por intereses o por ese miedo crónico a la verdad, se negaron a ver.

El reporte resalta cómo, por durante siete décadas, el régimen de La Habana ha dirigido campañas de subversión e infiltración contra y en los Estados Unidos. Llama la atención sobre todo el reconocimiento de que esta infiltración ha ocurrido en niveles altos del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional e incluso el Pentágono, con individuos altamente adoctrinados como Ana Belén Montes, Victor Manuel Rocha y Kendall Myers.

El reporte pone en claro la estrategia usada por la dictadura de Cuba dirigiendo una guerra híbrida y asimétrica, que frente a la imposibilidad de vencer militarmente a Estados Unidos en un conflicto convencional, perfeccionó la estrategia de desgaste basada en el espionaje, la subversión, la infiltración institucional y el apoyo a redes terroristas proxy.

Dentro de esa guerra asimétrica, el proyecto cubano desplazó el eje hacia un conflicto cultural, civilizacional y racial, identificando como el motor de la revolución a los “pueblos colonizados” y de lo que ellos llaman el ”Sur Global” y a sus aliados en las metrópolis occidentales, el mismo patrón que se observa en otros países de Las Américas.

Pero la dictadura de La Habana no solo buscó causar daño cultural para lograr sus fines, el reporte señala cómo la Conferencia Tricontinental (1966) fue el hito fundacional que reunió a delegados de 82 países y consolidó una red internacional de entrenamiento guerrillero en América Latina, África y Oriente Medio.

La afectación a Estados Unidos, Latinoamérica e incluso España y sus democracias por esta guerra asimétrica no fue menor, porque casi no hay país latinoamericano en el que no se hable de los viajes que han realizado miles de activistas, periodistas, académicos y políticos occidentales a la isla, integrando gradualmente la narrativa “antisistema” en la academia, los grandes bufetes, los medios y las estructuras políticas convencionales.

Es claro que estas redes que se describe en el reporte han atacado a Estados Unidos, pero también han causado o apoyado siempre inestabilidad y criminalidad en la región, atacando a las democracias, han usado el sistema judicial y sus medios para atacar, perseguir y encarcelar opositores. Tomemos por ejemplo los gobiernos de Lenín Moreno o Guillermo Lasso en Ecuador que enfrentaron paros y movilizaciones criminales cuyo único fin era derrocarlos para colocar en la presidencia a gobernantes afines al socialismo del siglo XXI. Misma situación que vivió Bolivia hace poco con un paro que duró más de 52 días.

El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, debe tomarse como ejemplo para los países del Hemisferio, porque si sus gobiernos quieren estabilidad, deben empezar a reconocer y aislar las infiltraciones, funcionarios y rezagos que pueden quedar del socialismo del siglo XXI.

*Francisco Endara Daza es ingeniero, estudió derecho internacional. Fue candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador. Asesor en tecnología. Analista político.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen cubano, con medidas dirigidas al sistema de exportación de servicios médicos, empresas del sector energético y compañías relacionadas con el conglomerado empresarial militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa). Washington aseguró que las designaciones buscan impedir el acceso a recursos financieros que son utilizados para sostener actividades ilícitas.

Entre los sancionados se encuentra José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba desde 2018, además de Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). También fueron incluidas entidades vinculadas al envío de profesionales sanitarios cubanos al extranjero, una actividad que representa una de las principales fuentes de ingresos para la isla.

Las nuevas restricciones afectan a la UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, organismos encargados de coordinar y gestionar los programas de cooperación sanitaria internacional. Según cifras oficiales cubanas citadas por Washington, estas misiones generaron alrededor de 7.000 millones de dólares en 2025, con unos 24.000 trabajadores de la salud desplegados en 56 países.

El Departamento de Estado estadounidense afirmó que estos programas funcionan bajo un esquema de explotación laboral.

En su comunicado, sostuvo que “las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”.

La dictadura cubana ha rechazado esas acusaciones y ha defendido las misiones médicas como acuerdos de cooperación solicitados por países aliados y beneficiarios. En los últimos meses, algunos gobiernos de la región suspendieron o modificaron convenios con La Habana para la presencia de personal sanitario cubano.

Además de los funcionarios del área sanitaria, Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a empresas relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las entidades afectadas figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., compañías vinculadas a actividades de investigación, importación de combustibles, gas y lubricantes.

También fueron sancionadas cuatro empresas asociadas al conglomerado Gaesa, considerado uno de los principales actores económicos bajo control militar en Cuba. La lista incluye a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., encargada de operar una de las principales instalaciones portuarias del país, además de Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

El Departamento de Estado indicó que estas compañías habían realizado cambios administrativos o modificaciones en su estructura con el objetivo de evitar sanciones aplicadas previamente. Según Washington, las nuevas medidas buscan cerrar esas vías utilizadas para continuar operaciones bajo entidades diferentes.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos implican el bloqueo de bienes y activos que las personas o empresas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones económicas con los sancionados.

Las recientes designaciones forman parte de una política de mayor presión económica aplicada por la administración del presidente Donald Trump contra la dictadura de La Habana.

En junio, Estados Unidos había anunciado sanciones contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, familiares suyos y Alejandro Castro Espín, hijo Raúl Castro, como parte de una serie de medidas dirigidas contra altos funcionarios y figuras relacionadas con el poder político y económico de la isla.

Washington sostiene que las restricciones buscan limitar las fuentes de financiamiento del régimen cubano y aumentar la presión sobre instituciones consideradas responsables de prácticas contrarias a los intereses estadounidenses.

Las nuevas sanciones amplían el alcance de esa estrategia al incluir sectores considerados clave para la economía cubana, como los servicios médicos internacionales, la energía y las empresas vinculadas al aparato empresarial administrado por las Fuerzas Armadas.

La organización Cáritas Cuba inició la distribución de centenares de cajas con productos de ayuda humanitaria enviadas desde Estados Unidos, en dos municipios cercanos a La Habana, según informó la entidad que forma parte de la Iglesia Católica el jueves. El reparto comenzó en parroquias y casas religiosas de Bejucal y Alquízar y está destinado a las familias cubanas en mayor situación de vulnerabilidad.

El envío forma parte de un programa del Departamento de Estado estadounidense valorado en USD 60 millones, de un total de USD 100 millones previstos para los próximos meses. Un avión con 700 paquetes partió de Miami el martes, según confirmó esa dependencia federal.

Cada módulo cubre las necesidades básicas de una familia durante 10 días, de acuerdo con Cáritas. Los paquetes incluyen arroz, frijoles, espaguetis, sal, azúcar morena, latas de sardinas y atún, y aceite; además de una lámpara solar, tabletas para purificación de agua, un cubo de plástico, jabón, detergente, cepillo de dientes y toallas sanitarias.

Imágenes difundidas por la organización mostraron personas descargando cajas de cartón etiquetadas con la bandera de Estados Unidos. Voluntarios con indumentaria de Cáritas las entregaban a residentes tras revisar listados y verificar documentos de identidad. No se precisó qué parroquias participarán en las etapas siguientes.

Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, señaló que la alianza con la Iglesia Católica se apoya en un programa previo que, tras el huracán Melissa, canalizó USD 9 millones en apoyo directo a la isla el año pasado. Lewin sostuvo que la distribución a cargo de sacerdotes locales y grupos católicos elimina cualquier posibilidad de injerencia del gobierno cubano.

Washington ha reiterado en distintas ocasiones su desconfianza en los mecanismos de donación, a los que acusa de ser manipulados por las autoridades de La Habana. Un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior cubano confirmó la presencia de funcionarios durante la recepción de la aeronave, aunque no precisó sus rangos. Intentos de The Associated Press por contactar a Cáritas no tuvieron respuesta.

Cuba autorizó el ingreso de la ayuda, pero cuestionó que Estados Unidos ofrezca cooperación humanitaria siendo, a su juicio, responsable del deterioro económico a través de sanciones y un cerco petrolero. Ese bloqueo energético, impuesto en enero por el presidente Donald Trump, profundizó una crisis que ya acumulaba cinco años y provocó apagones de más de 20 horas, desabastecimiento de medicamentos y alimentos, restricciones al transporte y suspensión de vuelos.

En ese marco, la cadena hotelera española Meliá —socia internacional de Cuba en el sector turístico— anunció esta semana su retirada del país tras recibir presiones de Estados Unidos. Las operaciones de Visa y Mastercard, varias aerolíneas y compañías con actividad industrial atraviesaron un proceso similar.

(Con información de AP)

Un promedio de dos o tres horas de electricidad recibirán los 9,4 millones de cubanos este miércoles, según la previsión de la estatal Unión Eléctrica (UNE), que anticipa que el mayor apagón dejará sin suministro eléctrico al 67% del país.

Desde hace dos años, Cuba enfrenta una crisis energética profunda, acentuada desde enero por el asedio petrolero de EEUU. El régimen de la isla ha admitido que el estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítico”.

La UNE estima que, durante el horario de mayor demanda (tarde y noche) de este miércoles, la capacidad de generación será de 1.075 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3.200 MW. Esto implica una afectación estimada de 2.155 MW, que deberán desconectarse para evitar apagones desordenados.

La crisis se explica por un factor estructural —un sistema energético profundamente obsoleto— y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero implementado por Washington desde enero.

Las centrales termoeléctricas, responsables del 40% de la matriz energética de Cuba, fueron construidas principalmente en las décadas del 60 y 70 y, debido a la falta de inversiones y mantenimiento, sufren fallas frecuentes. Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación térmica del país no aportan energía. Esta fuente utiliza crudo nacional y no se ve afectada por el bloqueo estadounidense.

Otro 40% del mix energético dependía de motores de generación que requieren diésel y fueloil importado. La presión de EEUU obligó a detener su funcionamiento desde enero por falta de insumos.

El 20% restante de la matriz se obtiene de gas y fuentes renovables, con especial participación de tecnología proveniente de China.

Expertos independientes calculan que Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40.000 provienen de su producción nacional.

Cuba perdió 245.264 habitantes en 2025 debido a la migración, según el último balance demográfico de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que sitúa la población total de la isla en 9.434.593 personas. El saldo migratorio negativo representa el 2,5% de la población total y refleja un éxodo sin precedentes, reconocido por la ONEI en informes previos.

El país suma nueve años consecutivos de pérdida de población, con la migración como principal causa, impulsada por la crisis económica, apagones prolongados, escasez de productos básicos, alta inflación y contracción del PIB. En 2017, Cuba tenía 11.239.224 habitantes, lo que supone una caída acumulada del 16% en ocho años, aunque estimaciones independientes elevan esa cifra hasta el 24%.

Las provincias con mayor número de migrantes en 2025 fueron La Habana (57.433), Santiago de Cuba (21.763), Holguín (17.861) y Matanzas (17.486). El crecimiento natural demográfico es de -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que indica que hay más defunciones que nacimientos.

Tras el cierre del flujo migratorio hacia Estados Unidos, los emigrantes cubanos optaron por otros destinos como Brasil, México, Guayana y Uruguay. España se mantiene como el principal destino fuera del continente americano. Según estimaciones oficiales, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, de los cuales la mitad mantiene residencia en el país, mientras que 1,1 millón no posee residencia efectiva en la isla.

En paralelo, se suman los trágicos asesinatos que conmueven a la isla en medio de la crisis humanitaria que viven desde hace meses. Las activistas de la ONG independiente Alas Tensas (AT) confirmaron el lunes pasado dos nuevos feminicidios, lo que elevó a 7 los casos registrados en julio y a 41 el total de feminicidios reportados en lo que va de año.

Una de las víctimas es Kirenia López Mendoza, de 43 años, hallada muerta el 18 de julio en su domicilio en el barrio Pueblo Nuevo de Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Según el informe, López, madre de un hijo adolescente, había denunciado episodios de maltrato por parte de su pareja ante la policía. AT precisó que “el crimen pudo ser cometido por varios hombres, incluido su pareja, por lo que se espera por mayor información para definir el tipo de feminicidio”.

El otro caso es el de Merlin Noay, de 17 años, quien murió en un hospital tras ser agredida a principios de julio por un hombre de 64 años, ex padrastro y, según el Observatorio de Género de AT (OGAT), con quien mantenía otro vínculo en tiempos recientes. OGAT calificó el hecho como “feminicidio familiar e infantil” y señaló que se necesita mayor información.

Las activistas indicaron que los presuntos agresores de ambos casos se encuentran bajo custodia judicial. Además, señalaron que investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género en 2025, así como otros 12 posibles feminicidios y cuatro intentos en 2026.

AT manifestó preocupación por el aumento de crímenes machistas en la isla durante la primera mitad de este año. Entre mayo y junio, su registro sumó 17 feminicidios, y en siete de esos casos los victimarios tenían antecedentes de violencia. En un informe de abril, la organización atribuyó la vulnerabilidad de mujeres y niñas a la crisis económica y energética.

La plataforma reiteró su pedido al gobierno cubano para que publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas. Según un recuento reciente, AT contabilizó 350 feminicidios en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, en conjunto con la plataforma YoSiTeCreo en Cuba.

(Con información de EFE)

El tradicional Festival del Habano no se celebrará este año en Cuba debido a la grave crisis energética que afecta a la isla. El Comité Organizador confirmó la suspensión definitiva de la XXVI edición del encuentro, una de las principales vitrinas internacionales de los puros premium, al señalar que las condiciones actuales impiden garantizar el nivel de calidad que caracteriza a la cita.

La decisión fue comunicada mediante un anuncio de Habanos S.A., empresa encargada de la comercialización internacional de 27 marcas de puros premium. En el texto, la compañía explicó que la medida fue adoptada luego de analizar la situación que atraviesa la isla y afirmó que el objetivo es preservar los estándares que han convertido al festival en una referencia dentro de la industria.

“Tras evaluar el contexto actual y con el propósito de preservar los estándares de excelencia”, el Comité Organizador decidió que el evento “no tendrá lugar este año en Cuba”, indicó la empresa.

El festival estaba previsto originalmente para celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero en La Habana. Sin embargo, pocos días antes de su inicio fue aplazado sin que entonces se anunciara una nueva fecha. Con el comunicado difundido este martes, la organización confirmó que la edición de 2026 queda cancelada.

Habanos S.A. aseguró que seguirá evaluando la evolución de la situación en el país para retomar el encuentro cuando sea posible.

“Continuaremos atentos a la evolución del contexto con el objetivo de celebrar una próxima edición cuando existan las condiciones que permitan ofrecer el Festival con la excelencia, el alcance y la calidad que lo han convertido en una referencia internacional”, señaló.

Desde su creación, el Festival del Habano reúne cada año a distribuidores, coleccionistas, empresarios y aficionados provenientes de decenas de países. Además de las presentaciones de nuevos productos, incluye visitas a plantaciones y fábricas de tabaco, seminarios especializados y una subasta benéfica de humidores exclusivos que suele recaudar millones de dólares destinados, según el régimen cubano, al sistema nacional de salud.

Pese a la suspensión del festival, la empresa confirmó que continuará el programa preparado para celebrar los 60 años de la marca Cohíba, considerada una de las insignias del tabaco cubano. La primera actividad tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Londres, donde será presentado el Cohíba Talismán.

Según Habanos S.A., ese lanzamiento “marcará el inicio de una agenda internacional que incluirá nuevas experiencias y sorpresas para los aficionados al Habano”. La compañía añadió que Talismán pasará a formar parte del portafolio permanente de la línea clásica de Cohíba como homenaje a las seis décadas de historia de la marca.

La última edición del Festival del Habano, realizada en 2025, alcanzó cifras récord durante la tradicional subasta de humidores. El ejemplar conmemorativo por el aniversario de la línea Behike fue adjudicado por 5,2 millones de dólares, mientras que los siete humidores subastados recaudaron cerca de 18,72 millones de dólares.

La cancelación del principal evento internacional dedicado al tabaco coincide con una de las etapas más complejas para el sistema eléctrico cubano.

Desde mediados de 2024, la isla enfrenta frecuentes apagones y una reducción de la capacidad de generación que ha afectado la actividad económica, el funcionamiento de empresas estatales y la vida cotidiana de millones de habitantes. En ese contexto, los organizadores concluyeron que no era posible desarrollar un evento de alcance internacional bajo las condiciones actuales.

Estados Unidos puso en marcha este martes el primer envío de ayuda humanitaria a Cuba dentro del programa de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El cargamento despegó desde Miami con alimentos y kits de higiene destinados a unas 700 familias, en una operación coordinada con Catholic Relief Services (CRS), la Iglesia católica y Cáritas Cuba, con el objetivo de que la asistencia llegue directamente a los ciudadanos en medio de la grave crisis que atraviesa la isla.

El Departamento de Estado informó que el vuelo representa el inicio de un paquete de asistencia para atender las necesidades del pueblo cubano, afectado por el deterioro económico y las consecuencias de décadas de gestión del régimen comunista.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que el acto de envío contó con la participación del alto funcionario para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, y de la asesora principal para el Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

Según la nota oficial, la iniciativa responde al compromiso asumido por Rubio de destinar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria “al pueblo cubano, que sufre las consecuencias de la cleptocracia, la brutalidad y la incompetencia económica del régimen comunista”.

El primer cargamento incluye paquetes con alimentos no perecederos y productos básicos de higiene personal suficientes para asistir a cerca de 700 hogares.

Washington indicó que la distribución será realizada por Catholic Relief Services en coordinación con la Iglesia católica y Cáritas Cuba, utilizando la red de parroquias presentes en la isla.

El Departamento de Estado sostuvo que este mecanismo busca impedir que la ayuda sea desviada antes de llegar a sus destinatarios.

“La entrega directa de bienes humanitarios por parte de representantes de parroquias locales en la isla garantizará que la asistencia estadounidense esencial llegue a los cubanos de a pie que la necesitan, sin ninguna oportunidad de desvío o robo por parte del régimen”, señaló el comunicado.

Las autoridades estadounidenses recordaron que el programa amplía una iniciativa desarrollada el año pasado tras el paso del huracán Melissa, cuando Washington, CRS y Cáritas Cuba distribuyeron aproximadamente nueve millones de dólares en ayuda humanitaria.

En mayo, Marco Rubio anunció que Estados Unidos elevaría el apoyo hasta los 100 millones de dólares. Al presentar ese compromiso, el secretario de Estado insistió en que la asistencia debía entregarse mediante organizaciones independientes para asegurar que beneficiara directamente a la población.

La presión de Washington sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Un día antes del envío del primer vuelo, el Departamento de Estado difundió un informe de 100 páginas en el que calificó a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y acusó al régimen de mantener durante décadas actividades dirigidas contra los intereses de Washington.

El documento sostiene que la dictadura cubana ha desarrollado operaciones de inteligencia, brindado refugio a personas buscadas por la justicia estadounidense y permitido la presencia de infraestructura vinculada a gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump ha endurecido la presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones y un bloqueo al suministro de petróleo hacia la isla, al tiempo que reclama reformas políticas y económicas.

En paralelo, Washington mantiene el programa de asistencia humanitaria destinado a aliviar la situación de la población cubana sin que los recursos pasen por las estructuras estatales.

El gobierno estadounidense sostiene que el uso de la red de parroquias y de organizaciones humanitarias permitirá que los alimentos y artículos de primera necesidad lleguen directamente a las familias beneficiarias.

Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan sin avances y persisten las diferencias sobre las condiciones para ampliar la cooperación bilateral.

Estados Unidos otorgó un parole humanitario al disidente cubano y artista Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, preso desde 2021 y sentenciado a nueve años de cárcel por un tribunal de La Habana, según informó la organización independiente Observatorio de Derechos Culturales Cubanos (ODC).

La medida, tramitada y aprobada en paralelo a la del también artista Luis Manuel Otero Alcántara, abre la posibilidad de que Osorbo pueda salir de Cuba si el régimen lo autoriza, aunque aún le resta por cumplir parte de su condena. La gestión se fundamentó en el carácter político de su encarcelamiento y en las reiteradas denuncias de violaciones a sus derechos humanos y a la libertad de expresión por parte de organismos internacionales.

Maykel Osorbo, galardonado con dos premios Latin Grammy como coautor e intérprete de “Patria y Vida”, canción convertida en un símbolo de la oposición cubana, fue arrestado el 18 de mayo de 2021, tras unos hechos ocurridos el 4 de abril de ese año.

El artista recibió en junio de 2022 una sentencia de nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones del país. Distintas organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cubalex, cuestionaron la legitimidad del proceso y lo calificaron como preso de conciencia.

Actualmente, Osorbo permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, adonde fue trasladado el 10 de julio de este año y donde recibió su primera visita después del cambio de centro penitenciario. Antes cumplía condena en la cárcel de Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río, donde se encontraba desde enero.

A pesar de la aprobación del parole humanitario por parte de las autoridades estadounidenses, no existe confirmación de que el régimen cubano permitirá su salida de la isla, una situación que mantiene en vilo a familiares, activistas y organizaciones internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al Estado cubano por violaciones a los derechos de protección contra la detención arbitraria y al debido proceso en el caso de Osorbo, y recomendó dejar sin efecto la condena impuesta en 2022.

Por su parte, Amnistía Internacional también exigió su liberación inmediata e incondicional, al destacar que las condenas contra él y Otero Alcántara estuvieron relacionadas con protestas pacíficas, publicaciones y expresiones artísticas críticas al régimen cubano, acciones consideradas protegidas por el derecho internacional.

En el contexto de la aprobación de este parole humanitario, el caso de Luis Manuel Otero Alcántara resultó emblemático. Alcántara, quien cumplió una condena de cinco años, salió de Cuba el pasado fin de semana tras beneficiarse de un parole similar y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

En declaraciones recientes, afirmó que su salida representó un alivio y una oportunidad para continuar visibilizando la situación de los presos políticos cubanos.

(Con información de EFE)

Cuba enfrentará este martes prolongados apagones que afectarán hasta un 67% de la isla en el horario de mayor demanda energética, de acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, el país atraviesa una crisis energética severa, resultado de dos factores: un sistema energético obsoleto y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero pasado, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, estima que durante la tarde-noche la capacidad de generación será de 1.080 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. Por este motivo, la UNE prevé una afectación estimada de 2.150 MW, cifra que representa lo que se desconectará para evitar apagones desordenados.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no funcionan debido a averías o a trabajos de mantenimiento. Estas plantas cubren el 40% del mix energético y usan crudo nacional. La situación es consecuencia de la antigüedad de las termoeléctricas y la falta de inversiones, lo que genera frecuentes averías.

El otro 40% del mix energético dependía de motores de generación que usan diésel y fueloil, pero este segmento está fuera de servicio desde enero por las sanciones estadounidenses.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con un papel destacado de la cooperación con China.

Expertos independientes estiman que para sanear completamente el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, un monto fuera del alcance de Cuba, que padece una grave crisis económica desde hace más de seis años.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo coartadas de ser diplomáticos para recopilar información sobre territorio estadounidense, un asunto que, según Washington, ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años.

El documento oficial de 100 páginas, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, está dedicado principalmente a Cuba, pero vincula al gobierno de La Habana con Moscú en materia de espionaje e inteligencia. En ese contexto, México aparece como un punto de operaciones clave para el Kremlin en el hemisferio occidental.

México como base del GRU ruso

El informe retoma declaraciones formuladas en marzo de 2022 ante el Comité de Servicios Armados del Senado por el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), quien advirtió que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia mantenía en México su mayor base de operaciones a nivel mundial.

Según el documento, los oficiales rusos de alto nivel se presentan como funcionarios diplomáticos para obtener información de inteligencia relacionada con Estados Unidos.

“La presencia de altos espías rusos en México, haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años”, se lee en el texto. El reporte agregó que esta actividad le ha permitido a Rusia mantener un acceso mediante “puerta trasera” a datos de seguridad estadounidenses.

La lista de la CIA y los acuerdos previos

El informe del Departamento de Estado recupera también una investigación publicada en diciembre de 2025 por The New York Times, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entregó en 2022 a la Secretaría de Relaciones Exteriores una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en México.

De acuerdo con esa pesquisa, el asunto fue planteado a partir de 2020 al entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien respondió que los agentes enlistados no representaban “un problema”. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman le rebatió directamente: “Son un problema. Lo sabemos. Los expulsamos de Washington y ahora están aquí.”

Durante 2023, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con la administración de Joe Biden: permitir que Washington emitiera opiniones sobre las solicitudes de acreditación de nuevos diplomáticos rusos. No obstante, los agentes que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados.

El eje Cuba-Rusia y su alcance regional

El documento ubica la situación en México dentro de una alianza estratégica más amplia entre Moscú y La Habana. Según el Departamento de Estado, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT), de las cuales tres son operadas directamente por China y dos por Rusia, cuyo personal en la isla se ha triplicado desde el año 2023.

El documento advierte que Cuba alberga además la mayor instalación rusa de SIGINT en el extranjero, originalmente establecida durante la Guerra Fría y reactivada por Moscú en 2014. Washington sostiene que esa red refuerza las relaciones militares y de inteligencia del Kremlin con gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela.

“A medida que Cuba depende cada vez más de la energía y la asistencia rusas, Rusia busca aprovechar esta relación creciente para revitalizar sus antiguas redes de inteligencia en el hemisferio occidental", señala el texto, que también menciona operaciones de ciberataques, desinformación y propaganda antiestadounidense.

Sheinbaum afirmó que hay 250 agentes de diferentes nacionalidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al tema durante su conferencia en Palacio Nacional. Confirmó que en México operan alrededor de 250 agentes extranjeros de diversas agencias, todos aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y obligados a cumplir la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Tienen que ser aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad y cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México”, precisó Sheinbaum.

La mandataria recordó el caso de agentes de la CIA detectados en el estado de Chihuahua sin la debida notificación al gobierno federal, hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno en abril de 2026.

“Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso. En abril o mayo. Y sí se retiraron", afirmó.

Sheinbaum trazó una distinción entre la cooperación autorizada y las operaciones no notificadas. “El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México”, planteó, al tiempo que subrayó que la vía diplomática seguirá siendo el mecanismo preferido para dirimir diferencias.

“Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía”, concluyó la presidenta.

Estados Unidos acusó este lunes a Cuba de haber liderado una campaña de “espionaje y subversión” dentro de su territorio durante casi siete décadas, en un informe que supone un nuevo aumento de la presión sobre la isla comunista.

Cuba ha liderado “una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos”, además de reclutar y formar “generaciones de activistas” y respaldar el “terrorismo de izquierda”, acusa el informe especial divulgado por el Departamento de Estado.

El gobierno de Donald Trump no oculta que quiere un cambio de régimen en la isla comunista, que vive su peor crisis económica en décadas.

La Habana acaba de impulsar una nueva oleada de reformas económicas, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, las considera insuficientes.

Un nuevo modelo de lucha

El triunfo de la Revolución castrista en 1959 fue recibido inicialmente con beneplácito por Washington, pero el contexto de la Guerra Fría pronto desbarató cualquier tentativa de relación pacífica.

Washington impuso rápidamente sanciones al nuevo régimen que lideraba Fidel Castro, que nacionalizó empresas estadounidenses, y éste a su vez respondió con un acercamiento a Moscú y el bloque comunista.

La campaña de acoso mutuo se prolongó durante décadas.

El gobierno estadounidense organizó múltiples intentos de asesinato de Castro, y a su vez La Habana acogió, entrenó y respaldó movimientos guerrilleros en el Tercer Mundo, y en especial en América Latina y el Caribe.

El informe del Departamento de Estado, de 100 páginas, reconoce que “La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional”.

“En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo", indicó.

Trump ha señalado en repetidas ocasiones que el gobierno cubano podría ser el siguiente, después de Venezuela, en sucumbir a la presión de Estados Unidos, y en junio aseguró que Washington “tomaría el control” de la isla caribeña, situada a unos 90 millas (145 km) de Florida, “casi de inmediato”.

Washington mantiene un embargo contra la isla desde los años 1960, aunque con los años lo suavizó para el suministro de productos agrícolas o medicamentos.

Pero a principios de año, tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro, Washington impuso un bloqueo petrolero de facto que ha puesto a la isla, ya muy debilitada económicamente, contra las cuerdas.

“Revolución contra la civilización occidental”

Estas nuevas acusaciones del Departamento de Estado resumen años de informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que a su vez estuvieron detrás de operaciones como la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en la isla, en abril de 1961.

Estados Unidos combatió la influencia cubana en América Latina con su propia guerra encubierta.

El informe no anuncia nuevas sanciones ni medidas concretas, aunque detalla una larga lista de acusaciones contra organizaciones estadounidenses aún activas, como la coalición Red Nacional sobre Cuba (NNOC por sus siglas en inglés).

La NNOC agrupa entre otros a los Demócratas Socialistas, a la izquierda del Partido Demócrata, que han logrado situar a candidatos para el Congreso y que cuentan además entre sus filas al actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Marco Rubio, de orígenes cubanos, lideró la semana pasada una reunión internacional para combatir la “resurgencia del terrorismo político”, que a juicio del gobierno Trump está dominado por la extrema izquierda.

El Departamento de Estado contabilizó oficialmente la asistencia de 66 países a esta reunión en Washington, en la que Cuba fue denunciada de nuevo como un Estado “patrocinador de terrorismo”.

Rubio considera que ese “terrorismo de extrema izquierda” vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las más de dos décadas de yihadismo.

“El asalto de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía ni siquiera sobre la posesión de un territorio concreto. Fue una revolución contra la civilización occidental misma”, asegura el informe.

(Con información de AFP)

A iniciativa del Secretario de Estado de Estados de Estados Unidos se ha realizado este 16 de julio en Washington DC la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, con la participación de más de 60 países del mundo. Su importancia estratégica está dada por el reconocimiento de la amenaza trasnacional y el inicio de la reconstrucción la arquitectura antiterrorista de las democracias para afrontar unidos la amenaza.

El terrorismo es “la dominación por el terror”; el terror es “el miedo muy intenso, la exacerbación del miedo”; “la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. El terrorismo político es “un tipo de violencia premeditada con la actuación de bandas organizadas que reiteradamente pretende crear alarma social con fines políticos”.

El terrorismo es “delito contra la seguridad pública consistente en la comisión de actos de violencia calificados por el medio empleado, con el propósito de turbar el orden, atemorizar a la sociedad o a ciertos grupos o realizar venganzas o represalias, para desintegrar el régimen político y social”.

La violencia para infundir terror y la pretensión de desintegrar el sistema político y social son delitos contra la libertad y la democracia en el marco del sistema internacional fundado en el respeto a los derechos humanos y en el sistema interamericano que reconoce la democracia como “el derecho de los pueblos que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender”. Los terroristas son criminales y en muchos casos de lesa humanidad.

El Secretario Marco Rubio afirmó que: “Cada uno de nuestros amigos aquí de las naciones del hemisferio occidental recuerda las décadas de secuestros, bombardeos, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del ELN…el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso de Perú, los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a machetazos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. ¿Recuerdan las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro?... Eso es el izquierdismo radical. Puede adoptar diversas consignas e ideologías según el lugar y el momento; pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma”.

Reconociendo la transnacionalización del crimen citó casos de terrorismo en todo el mundo y agregó que: “Nos enfrentamos a una amenaza internacional... a una amenaza transnacional. No se trata de células aisladas e independientes, sino de redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras; de hecho, ni siquiera creen en el concepto de Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, se entrenan y actúan conjuntamente, compartiendo la misma infraestructura, los mismos enemigos y la misma misión”.

Por medio de Rubio, Estados Unidos ha señalado directamente a las dictaduras de Irán y Cuba expresando que los terroristas “colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes iraníes interpuestas -vinculadas cada vez más estrechamente a grupos militantes de izquierda en todo el mundo-. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país (EEUU) y en nuestro hemisferio (las Américas), y sigue estando indisolublemente ligada a grupos y movimientos de extrema izquierda en Occidente y más allá de sus fronteras”.

La estrategia planteada por Estados Unidos mediante el Secretario Rubio fue fundamentada por Stephen Miller Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional, por el Secretario del Tesoro Scott Besset, con el director del FBI Kash Patel, la Secretaria de Educación Linda McMahon. Miller afirmó que: “uno de los rasgos distintivos de la violencia y el terrorismo de izquierda es su invocación -totalmente artificiosa y deshonesta- de las libertades civiles con el fin de escudar su propia violencia.

Es la táctica que la izquierda emplea siempre para intentar protegerse de las sanciones penales. Resulta esencial que tengamos la sabiduría y la firmeza necesarias para comprender que tales alegatos deben caer en saco roto”.

Destacando la urgencia la unión de las democracias para reconstruir la arquitectura antiterrorista Rubio destalló la alarmante realidad de que “Los terroristas de extrema izquierda actuales pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo, recibir entrenamiento en un tercero, reclutar militantes en un cuarto y, finalmente, atacar juntos un objetivo en un quinto país”.

Con esta reunión, Estados Unidos y más de 60 democracias de la región y del mundo han señalado como terroristas a las dictaduras de Irán y Cuba, esta última con su estructura del socialismo del siglo 21 o castrochavismo que es el mascaron político de izquierda. No deja de llamar la atención la inasistencia de los gobiernos para dictatoriales de Brasil (fundador y operador del Foro de Sao Paolo con Lula) y de México, ambos defensores de la dictadura de Cuba y parte del socialismo del siglo 21.

Vivimos el cambio geopolítico global que reconoce la realidad objetiva, llama los crímenes por su nombre, plantea y lidera estrategias concretas para la defensa de la libertad y la democracia de los pueblos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.-

www.carlossanchezberzain.com

La noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, sacude al medio artístico y a sus seguidores. Las circunstancias en torno a sus últimas horas han generado numerosas versiones y ahora, se dio a conocer que la actriz cubana supuestamente habría tenido una videollamada con el joven previo a su muerte.

Aylín Mujica habría estado en videollamada con Mauro antes de su muerte

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica habría estado en videollamada con su hijo Mauro durante los últimos minutos de vida del joven.

Mujica, quien desde hace semanas se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando Top Chef VIP, habría recibido la llamada de emergencia mientras estaba en el set.

Personas de la producción contaron, de manera extraoficial, que la actriz presenció, a través de la pantalla, cuando médicos atendieron a Mauro tras su primer infarto.

“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto”, escribió la comunicadora en Las Top News.

Según la comunicadora, el momento fue calificado como “desgarrador” por quienes la acompañaban. La llamada se cortó abruptamente cuando el personal médico tomó el control ante los gritos de la madre.

“Personal del nosocomio cortó la llamada al escuchar los gritos de su madre”, explicó Fridmann.

Mandy ahondó que personas cercanas al DJ le informaron que Mauro viajaba de Miami a Barbados para participar en un juego de béisbol, aún convaleciente de una neumonía.

Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto y, posteriormente, un segundo del que ya no pudo recuperarse.

Osamu Menéndez y Aylín confirman la muerte

El músico cubano Osamu Menéndez, padre de Mauro, confirmó la muerte de su hijo a través de un mensaje en redes sociales.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”, escribió.

Su reacción se dio después de varias horas de incertidumbre en las que ni Aylín Mujica ni otros miembros de la familia habían hecho declaraciones públicas.

También desde sus redes sociales, Aylín hizo una breve aparición para confirmar el deceso de su querido hijo. Colocó un breve mensaje en donde dejo ver lo afectada que se encontraba con lo sucedido: "Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”.

Mauro era el primogénito de la actriz y se había consolidado en la escena internacional de la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ.

Telemundo confirma el deceso y expresa sus condolencias

La cadena Telemundo confirmó la muerte de Mauro Menéndez durante la emisión de En Casa con Telemundo, donde conductores y compañeros enviaron mensajes de apoyo a la actriz.

La empresa pidió respeto a la privacidad de la familia: “Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

En noviembre de 2020, un niño nacido de una pareja ya rota en La Habana quedó bajo la sombra de una sentencia dictada a miles de kilómetros, en Cuba, que apenas garantizaba su manutención con el equivalente a ocho euros mensuales. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga ha cambiado el rumbo de esa historia: un tribunal español ha retirado al padre, Roque, todos los derechos sobre la patria potestad de su hijo tras no presentarse a juicio y dejar toda la carga en manos de la madre, Silvia.

La decisión judicial supone que la madre, Silvia, asume en exclusiva la patria potestad sobre el menor Adolfo, consolidando legalmente una realidad marcada por la ausencia paterna y la dedicación plena de la progenitora. El fallo, al que ha tenido acceso Infobae, también fija una pensión alimenticia de 300 euros mensuales a cargo del padre y establece que los gastos extraordinarios del menor serán compartidos por ambos progenitores al 50%.

El régimen de visitas queda limitado y supeditado a los acuerdos que logren los padres, pero la custodia y todas las decisiones fundamentales sobre el niño recaen en la madre. Para Silvia, que trabaja en una empresa de limpieza en España y paga un alquiler de 550 euros mensuales, la sentencia consolida su papel único como referente y garante del bienestar de su hijo, mientras para Roque la distancia con su hijo se convierte ahora en una realidad también jurídica.

Qué dijo la Justicia cubana

La historia de Silvia y Roque se remonta a años de convivencia en Cuba, donde nació su hijo Adolfoy donde también se formalizó la ruptura. El 16 de noviembre de 2020, un tribunal cubano estableció una pensión alimenticia de 200 pesos cubanos convertibles, apenas ocho euros al cambio. La madre alegó que existió un error y que el acuerdo real ascendía a 200 euros, pero esa cantidad nunca quedó reflejada oficialmente. Después de ese fallo, la vida de ambos progenitores tomó caminos separados: Silvia se trasladó con el menor a España, donde trabaja y afronta sola los gastos de alquiler, comedor escolar y actividades extraescolares de su hijo.

En septiembre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia nº 76 de Madrid reconoció en España la sentencia cubana mediante un auto de exequátur (procedimiento judicial por el cual se examina si una resolución extranjera es válida en España). Sin embargo, la cuantía de la pensión resultaba insuficiente para cubrir las necesidades de un niño residente ya en otro país.

El 26 de octubre de 2023, Silvia inició en Málaga un procedimiento para modificar las medidas y reclamar una pensión de 800 euros mensuales, aportando datos sobre su situación económica y la del padre. Aseguró que Roque trabajaba como director de comida y bebida en el Hotel Tryp La Habana Libre, con un sueldo estimado de 6.500 euros mensuales y propiedades inmobiliarias a su nombre. Pese a los intentos por acreditar estos ingresos mediante prueba patrimonial, la justicia española no pudo constatar la cifra real de los emolumentos del demandado, que nunca compareció en el proceso ni respondió a las reclamaciones.

Sentencia firme

El procedimiento judicial se desarrolló en dos fases. Primero, el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Málaga dictó sentencia el 11 de octubre de 2024, concediendo la patria potestad exclusiva a la madre, modificando el régimen de visitas y fijando la pensión alimenticia en 300 euros mensuales, ajustable al IPC y a pagar desde ese momento. Después, Silvia recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, argumentando indefensión y reclamando una cuantía superior para cubrir las necesidades del menor, residente ya en situación plenamente española.

El tribunal, sin embargo, confirmó la sentencia inicial: consideró que, agotadas todas las vías de investigación patrimonial, no existía prueba suficiente de una mayor capacidad económica del padre. Tampoco la rebeldía procesal de Roque —su ausencia absoluta en el procedimiento— sirvió para elevar la pensión o modificar el criterio judicial, ya que la ley española no equipara la incomparecencia con el reconocimiento de los hechos alegados por la parte contraria.

La sentencia es firme en vía ordinaria. Solo cabe recurso de casación o extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo en un plazo de 20 días, según los requisitos legales vigentes tras la reforma procesal de 2023. Para Silvia y su hijo, el camino judicial ha supuesto una consolidación de derechos en suelo español, aunque sin el respaldo económico que pretendían.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado una semana después de que venciera su condena de cinco años de prisión, sin que las autoridades cubanas hayan informado de su paradero ni de las condiciones en que se encuentra. La dictadura cubana lo sacó de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el 7 de julio, dos días antes de que finalizara formalmente su pena, en un operativo que organizaciones de derechos humanos califican de desaparición forzada.

La única señal conocida desde ese traslado fue una breve llamada realizada el mismo 7 de julio desde un número desconocido, con agentes presentes y el altavoz activado, según informó la activista Anamely Ramos, profesora de arte exiliada en Estados Unidos y amiga del artista. Ramos señaló que Otero Alcántara le transmitió que estaba bien, pero desde entonces no se ha producido ningún contacto verificable con familiares ni allegados.

La organización de asesoría legal Cubalex, con sede en Miami, presentó el 14 de julio un recurso de habeas corpus ante la Fiscalía Provincial de La Habana para exigir información sobre el paradero del artista. “Basado en la legislación cubana, hay una privación ilegal de la libertad y también se está cometiendo el delito de desaparición forzada, porque son agentes del Estado los que lo tienen”, declaró a la agencia AFP la directora de Cubalex, Laritza Diversent. La organización Justicia 11J denunció que el caso “evidencia graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y de quienes extinguen sus condenas”.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una acción urgente a solicitud de Cubalex y fijó el 25 de julio como plazo para que el Estado cubano rinda un informe oficial. El organismo exigió que el régimen informe de inmediato la localización exacta del artista, garantice el acceso de familiares y abogados, y asegure que su privación de libertad se produzca en centros oficialmente reconocidos. El Comité subrayó que Otero Alcántara ya fue víctima de una desaparición forzada en julio de 2021.

Otero Alcántara es el coordinador general del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas, periodistas e intelectuales fundado en 2018 como respuesta al Decreto 349, norma que obliga a los artistas cubanos a obtener autorización previa para cualquier exhibición pública o privada. El movimiento ganó proyección internacional en noviembre de 2020, cuando la policía desalojó por la fuerza su sede en La Habana Vieja mientras varios miembros realizaban una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas masivas que ese día recorrieron decenas de ciudades cubanas —las mayores movilizaciones en la isla en décadas— y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. En 2024, la Fundación Rafto noruega le otorgó su premio anual de derechos humanos. El régimen cubano lo acusa de actuar al servicio de Estados Unidos.

Según Cubalex, las autoridades buscan mantenerlo aislado mientras se tramita un permiso de parole humanitario que le permitiría exiliarse en Estados Unidos. Agentes de la Seguridad del Estado interrogaron a personas de su entorno sobre el estado de ese trámite sin ofrecer explicación alguna sobre su ubicación. El Tribunal Supremo Popular había rechazado en abril de 2026 varios habeas corpus que buscaban su liberación anticipada. La embajada de Estados Unidos en La Habana reclamó el 11 de julio la liberación de quienes “permanecen bajo custodia a pesar de haber cumplido sus condenas”, citando expresamente a Otero Alcántara.

El caso pone en evidencia una práctica documentada de la dictadura cubana: prolongar la privación de libertad de disidentes prominentes más allá del cumplimiento formal de su condena, sin amparo legal y fuera del alcance de familiares y abogados. La respuesta del régimen ante el plazo de la ONU determinará si ese silencio tiene consecuencias diplomáticas concretas para La Habana.

La muerte de Elsa Aguirre a los 95 años marca el adiós de una de las últimas figuras vivas de la Época de Oro del cine mexicano. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de la actriz nacida en Chihuahua, quien debutó en 1946 y permaneció más de ochenta años en la memoria del público mexicano.

El miércoles 15 de julio, la noticia de su partida fue comunicada oficialmente por la ANDI, que la describió como “una de las actrices más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano”. Con su despedida, se cierra la presencia de una generación que edificó la identidad cinematográfica nacional y llevó su prestigio más allá de las fronteras.

Elsa Aguirre fue mucho más que una actriz: fue un rostro recurrente en decenas de películas clásicas, desde La mujer que yo amé hasta Las figuras de arena. A lo largo de su vida, Aguirre se mantuvo en activo y recibió homenajes, como el reconocimiento que el gobierno de Morelos le entregó apenas tres meses antes de su fallecimiento, en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

La vez que Elsa Aguirre rechazó a una mujer

Nacida el 25 de septiembre de 1930, Elsa Aguirre supo desde joven que su belleza no tenía fronteras. “Estaba consciente de la atracción que tuve yo para hombres como para mujeres”, reconoció en una entrevista para La historia detrás del mito.

Esta conciencia temprana la acompañó durante una carrera que trascendió el cine para convertirse en símbolo de apertura y respeto, incluso en tiempos en los que la sexualidad femenina era un tema tabú.

Aguirre rechazó propuestas sentimentales de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete e Ignacio López Tarso. No lo hizo solo para proteger su imagen, sino también por su propio bienestar emocional, según relató en distintas ocasiones.

Una anécdota en Cuba, donde una mujer intentó invitarla a salir, terminó con la intervención de su madre.

“Una persona un día allá en La Habana me agarró de la mano y dijo ‘vente, chica’, se trataba de una persona lesbiana, una mujer lesbiana. Iba mi mamá y dijo ‘vente, chica ni qué nada’”,

Su recorrido sentimental estuvo marcado por tres matrimonios. El primero, con Armando Rodríguez, terminó por situaciones de violencia que la actriz no dudó en denunciar.

El segundo, con José Bolaños, se disolvió por la distancia. El tercero, con un profesor de yoga chileno, impulsó su interés por el cuidado físico y la disciplina alimentaria, hábitos que conservó hasta el final de sus días. En sus propias palabras, Aguirre llegó a afirmar para TvNotas: “Me cuido más que nunca, hasta el último momento”.

Durante más de seis décadas, Elsa Aguirre fue referente también para la comunidad LGBT+. Encabezó marchas en Acapulco y fue coronada como “Reina Gay”, aceptando el título con gratitud y defendiendo la igualdad: “Yo respeto a la vida, sin distinciones de raza, color, ni credo y sexo, es una manifestación hermosa”.

El legado cinematográfico y la memoria colectiva

Elsa Aguirre compartió pantalla con Pedro Infante en una de las escenas más recordadas de la filmografía nacional: en Cuidado con el amor (1954), Infante le cantó el tema “Cien años”, una secuencia que permanece grabada en la cultura popular.

Su filmografía abarca títulos como Ojos de juventud (1948), Una mujer decente (1950), La estatua de carne (1951) y La muerte de un gallero (1977), consolidando su lugar entre las figuras más solicitadas de su generación. Cada película fue testimonio de una época en la que el cine mexicano alcanzó su mayor esplendor.

La actriz mantuvo su vigencia hasta el final, concediendo entrevistas y recibiendo homenajes. Su última aparición pública registrada ocurrió en septiembre de 2025, cuando apareció con un tanque de oxígeno pero afirmó sentirse bien, atribuyendo su salud a una vida de disciplina y autocuidado.

Con la muerte de Elsa Aguirre, desaparece una de las últimas voces que podían narrar en primera persona la historia del cine de oro mexicano. Su legado permanece vivo en el recuerdo de quienes la vieron en pantalla y en las generaciones que aprendieron a admirarla por su talento, su integridad y su capacidad de reinventarse a lo largo de ochenta años de carrera.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba sufrió este martes una desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT), según informó la Unión Eléctrica (UNE) a través de sus redes sociales. Se trata del quinto apagón general en lo que va de 2026, sin que hasta el momento se hayan detallado las causas de la interrupción del servicio.

La crisis energética en Cuba, que se arrastra desde 2024 y se agravó a partir de enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, ha provocado que los cortes de electricidad alcancen niveles máximos. En la última semana, el país sufrió dos apagones generales tras colapsos en el Sistema Electroenergético Nacional.

El restablecimiento del SEN es un proceso lento y complejo. Según experiencias previas, puede extenderse durante varios días, ya que es necesario iniciar la generación eléctrica a partir de fuentes de arranque sencillo —como solar, hidroeléctrica y motores— para alimentar gradualmente pequeñas áreas interconectadas. El objetivo es suministrar suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que constituyen la base del sistema eléctrico cubano, y así permitir que estas reanuden la generación a gran escala.

El lunes, el SEN también colapsó y la recuperación se realizó de forma paulatina. Tras unas 36 horas, la UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), comunicó que todas las provincias ya estaban conectadas nuevamente al sistema. Sin embargo, el viernes volvió a registrarse una desconexión total, lo que llevó a casi 40 horas adicionales de apagón antes de que el servicio fuera restablecido el domingo.

Magnitud de los apagones y situación en las provincias

En el último mes se han reportado cifras récord de cortes eléctricos. Durante los mayores apagones, entre el 70 % y el 72 % del país quedó sin energía en los momentos de mayor demanda. En algunas zonas de La Habana, se han registrado interrupciones de más de 35 horas consecutivas al día, mientras que en provincias del interior los cortes han llegado a extenderse hasta tres días seguidos sin servicio.

Para la jornada de este martes, las previsiones de la UNE indicaban que hasta el 69 % del país podría quedarse sin corriente en el denominado horario “pico”, el de mayor demanda energética.

Estado de las centrales termoeléctricas y suministro de crudo

Actualmente, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen fuera de servicio por averías o trabajos de mantenimiento. El Gobierno cubano ha calificado la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”, atribuyéndola tanto al bloqueo petrolero estadounidense como al deterioro del sistema energético nacional.

La isla precisa más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda, de los cuales solo unos 40.000 se generan a nivel nacional. El resto debe importarse. El último petrolero extranjero que arribó a Cuba, el ruso Anatoli Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, descargó en la bahía de Matanzas el 31 de marzo unos 730.000 barriles, cantidad suficiente para cubrir apenas dos semanas de consumo en abril.

En lo que va de año, la isla ha enfrentado cinco apagones generales, mientras que en los últimos 24 meses se han contabilizado diez desconexiones totales del Sistema Eléctrico Nacional, según los datos de la UNE y reportes elaborados por la agencia EFE.

Cuba registró en 2025 la cifra más baja de nacimientos en décadas, con 68.051 nacimientos frente a 134.354 defunciones, un balance que confirmó la continuidad del decrecimiento natural de la población, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) difundidos por medios estatales. El país inició 2026 con una población oficial de 9.436.440 habitantes, en un contexto marcado por la baja fecundidad, el envejecimiento y la emigración.

Las cifras fueron publicadas por el diario oficial Granma, que citó a investigadores del Centro de Estudios Demográficos (Cedem). El informe sostuvo que la reducción de los nacimientos mantiene una tendencia sostenida durante los últimos años.

Según los datos oficiales, Cuba registró alrededor de 99.000 nacimientos en 2021, cerca de 95.000 en 2022, poco más de 71.000 en 2024 y 68.051 en 2025, el nivel más bajo registrado en varias décadas.

El artículo señaló que esa cifra “es la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural“, de acuerdo con los especialistas del Cedem.

El informe agregó que el país comenzó 2026 con 9.436.440 habitantes y sostuvo que la isla "enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas“.

La investigadora del Cedem Arelis Mora explicó que la población menor de 35 años representa el 38,4 % del total de habitantes. Además, precisó que el grupo de cero a cuatro años constituye el segmento con menor representación dentro de la estructura demográfica, una situación que atribuyó a la caída sostenida de la natalidad.

Mora afirmó que esa realidad es "consecuencia directa de la baja fecundidad" registrada en el país.

La especialista también indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que emigraron de la isla correspondía a jóvenes menores de 35 años, un dato que refleja el peso de la emigración en la evolución demográfica del país.

Las cifras oficiales confirmaron la continuidad del proceso de envejecimiento poblacional y del descenso de habitantes, impulsado por una combinación de menor cantidad de nacimientos, mayor número de defunciones y un saldo migratorio negativo.

De acuerdo con los cálculos del régimen cubano, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero. De ese total, aproximadamente la mitad mantiene residencia en la isla, mientras que 1,1 millones no poseen residencia efectiva en el país.

El informe también abordó la situación de la fecundidad adolescente. La subdirectora del Cedem, Matilde Molina, sostuvo que "uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente“, una situación que definió como ”un problema social que va más allá de la salud“.

Según Molina, durante 2024 la tasa alcanzó 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.

La investigadora indicó que, aunque "hubo una disminución“, ”el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó“, lo que mantiene el fenómeno como uno de los principales desafíos demográficos.

Los datos oficiales fueron acompañados por estimaciones alternativas del demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, quien presentó un cálculo diferente sobre el tamaño de la población.

Según sus estimaciones, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de Cuba se ubicaría en 8,6 millones de habitantes, una cifra inferior a los 9,4 millones difundidos por las autoridades.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes por la noche que su Gobierno investiga una posible presencia de drones iraníes en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma esa información. “Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. Marco está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve”, afirmó desde el Despacho Oval.

Trump respondió a preguntas de la prensa sobre una eventual presencia de drones iraníes en la isla y sostuvo que su administración no permitirá esa situación. Además, planteó la posibilidad de que Cuba también almacene armamento iraní.

"Podría ser" que la isla caribeña estuviera "almacenando algunos" misiles iraníes, señaló el mandatario. “Lo estamos investigando ahora mismo”, expresó, antes de remarcar que su Gobierno no va a "permitir que eso ocurra“.

Las declaraciones del presidente llegaron poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que Washington continuará con el uso de "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista“.

En la víspera, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, sostuvo que Cuba alberga bases "tanto rusas como chinas" y atribuyó a Moscú y Beijing la presencia de "puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba“.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. Al embargo vigente desde hace más de seis décadas, Estados Unidos sumó desde comienzos de año un bloqueo energético que provocó, en distintas ocasiones, la interrupción total del suministro eléctrico en la isla.

El pasado viernes, las autoridades cubanas confirmaron un nuevo apagón eléctrico de alcance nacional, el cuarto registrado en lo que va del año.

Cómo es el programa de drones militares de la dictadura cubana

El régimen cubano incorporó más de 300 drones militares de origen ruso e iraní desde 2023, según fuentes de inteligencia citadas por Axios. El informe sostiene que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) analizan un eventual uso de estos sistemas contra objetivos militares estadounidenses, como la Base Naval de Guantánamo o instalaciones en Cayo Hueso, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Las autoridades del régimen, encabezadas por Miguel Díaz-Canel, invocaron el derecho a la legítima defensa, aunque no negaron la posesión de estos sistemas. El canciller Bruno Rodríguez advirtió que habrá un "baño de sangre" si Washington ejecuta una acción militar contra la isla.

De acuerdo con el portal El Toque, el interés de las FAR por los drones antecede a 2023 y responde a una política de cooperación militar con Irán, Rusia, Bielorrusia, Argelia, Venezuela y Vietnam. El medio también señala que existen indicios de que la industria militar del régimen desarrolló capacidad para ensamblar y modificar estos equipos.

Uno de los primeros antecedentes documentados data de 2012, cuando el entonces director de la empresa bielorrusa Minsk Aircraft Overhaul Plant, Yevgeny Vaitsekhovich, informó sobre un proyecto conjunto con la dictadura cubana para ensamblar drones Sterkh-BM. En 2024, el ministro de las FAR, Álvaro López Miera, visitó instalaciones militares en Bielorrusia donde inspeccionó modelos Irkut, Orlan, Supercam, Formula, VR-12, Moskit y Busel.

Según Axios, no existe evidencia pública sobre los modelos exactos incorporados por las FAR, aunque las fuentes consultadas apuntan a sistemas similares a los utilizados en la guerra de Ucrania, entre ellos los iraníes Shahed-136, Arash-2 y Mohajer-6, además del ruso Geran-2.

El Shahed-136 posee un alcance estimado de entre 2.000 y 2.500 kilómetros y puede transportar una ojiva de 40 a 50 kilogramos. El Arash-2 ofrece una autonomía de hasta 30 horas, mientras que el Mohajer-6 incorpora sensores electroópticos e infrarrojos y puede portar municiones guiadas de precisión.

El informe también indica que gran parte de los drones observados en Cuba corresponde a modelos comerciales chinos adaptados para tareas de vigilancia y reconocimiento. Además, las instituciones educativas de las FAR incorporaron formación específica en Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin presentó drones con capacidad para lanzar pequeñas granadas de mortero durante el ejercicio Meteoro 2025, lo que evidencia capacidad de ensamblaje, modificación y mantenimiento dentro de la isla.

El análisis publicado por Axios sostiene que "presentar drones armados como ‘medios defensivos’ supone una confusión conceptual sobre los principios básicos de la doctrina militar o una deliberada distorsión del lenguaje para consumo político interno“. Además, señala que la incorporación de estos sistemas respondió a un proceso de planificación de varios años y no a una reacción inmediata frente a las tensiones recientes con Estados Unidos.

(Con información de Europa Press)

La organización de asesoría jurídica Cubalex presentó el lunes un recurso de habeas corpus ante los tribunales cubanos en favor del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumplió el 9 de julio su condena de cinco años de prisión pero permanece en paradero desconocido desde que agentes de la Seguridad del Estado lo retiraron de la cárcel de Guanajay dos días antes del vencimiento oficial de su pena. Las autoridades no han informado a la familia sobre su situación ni destino.

Cubalex, que opera desde el exilio pero cuenta con colaboradores dentro de la isla, advirtió que los tribunales tienen un plazo legal de 72 horas para responder. La organización denunció que el viernes 11 de julio el Tribunal Provincial Popular de La Habana estaba cerrado sin justificación oficial, pese a ser un día hábil, y que un activista que intentó presentar el escrito fue detenido y retenido durante 48 horas. Cubalex terminó enviando el recurso por correo electrónico, aunque advirtió que las direcciones oficiales habilitadas para estos procedimientos suelen estar inactivas.

La única señal de vida llegó el propio 9 de julio, cuando Otero Alcántara llamó a la curadora Anamely Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado con la conversación en altavoz. Durante esa comunicación, los agentes dejaron entrever que el artista permanecerá retenido hasta que concluya la tramitación de una solicitud de parole para viajar a Estados Unidos. “Desde el jueves no hemos sabido nada de Luis Manuel, aparte de esa llamada que me hizo desde un teléfono de la Seguridad del Estado, que estaba en altavoz, lo que significa que estaban escuchando todo lo que hablábamos”, declaró Ramos.

Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba incorporarse a las protestas masivas que ese día recorrieron más de 50 localidades de Cuba —las mayores en más de seis décadas— y que terminaron con centenares de detenidos. En junio de 2022, un tribunal lo condenó a cinco años por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril un recurso de Cubalex que argumentaba que la condena debía darse por extinguida, y ratificó la fecha del 9 de julio. Ese día llegó y pasó sin que el régimen informara de ninguna excarcelación.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, categoría que la dictadura cubana no reconoce. El artista fundó en 2018, junto al rapero Maykel Castillo Pérez —conocido como Osorbo y condenado en 2022 a nueve años de cárcel—, el Movimiento San Isidro, plataforma opositora surgida contra el Decreto 349, norma que subordina la actividad cultural al control del Ministerio de Cultura. En noviembre de 2020, el movimiento protagonizó una huelga de hambre que derivó en una concentración sin precedentes de artistas frente al Ministerio de Cultura.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas activó una Acción Urgente —expediente AU No. 2357/2026— y fijó el 25 de julio como plazo para que la dictadura de Cuba informe oficialmente sobre el paradero del artista. Fuentes familiares citadas por el Diario Las Américas apuntan, sin confirmación oficial, a que Otero Alcántara se encontraría en una casa de protocolo del Ministerio del Interior a la espera de ser trasladado a Miami. El régimen cubano no ha respondido a ninguna solicitud de comentario.

El patrón es conocido: tras los indultos de enero de 2025 y abril de 2026, el régimen ha optado en varios casos por deportar activistas en lugar de liberarlos dentro de la isla. En octubre de 2025, el opositor José Daniel Ferrer salió directamente de prisión hacia Estados Unidos. Para Cubalex, el caso reproduce ese esquema: la dictadura utiliza el trámite del parole para prolongar una detención que ya carece de respaldo legal. El plazo de la ONU y las 72 horas del habeas corpus corren en paralelo, sin que la familia sepa aún dónde está ni bajo qué condiciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el régimen de Irán optó por abandonar las negociaciones con Washington pese a que ambas partes ya habían alcanzado un entendimiento preliminar. Durante una declaración a la prensa en el Despacho Oval, el mandatario sostuvo que el proceso no avanzó hacia un acuerdo definitivo porque Teherán decidió no extender el diálogo.

"Ayer o anteayer teníamos un acuerdo. Estaba todo cerrado, pero lo rompieron inmediatamente porque descubrieron que había algo que no les gustaba. No lo vamos a tolerar“, declaró Trump ante los periodistas al ser consultado sobre la relación entre ambos países.

Consultado por la posibilidad de una nueva desescalada, Trump aseguró: “Creo que es posible llegar a un acuerdo. Claro que sí”.

En tanto, ratificó que Estados Unidos busca controlar el estrecho de Ormuz: “Estamos eliminando toda su capacidad para cualquier cosa relacionada con el estrecho de Ormuz. Al final, terminaremos controlándolo”.

Las declaraciones se producen en un contexto de confrontación entre Washington y Teherán, marcado por nuevas medidas estadounidenses y por el aumento de las tensiones militares en la región.

Trump reiteró que su administración mantendrá la presión sobre la República Islámica hasta alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, defendió la utilización simultánea de sanciones económicas y acciones militares como parte de la estrategia para influir sobre las decisiones del régimen iraní.

El presidente insistió en que uno de los principales objetivos de su Gobierno es impedir que Irán conserve o desarrolle capacidades que, a juicio de Washington, representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

Sus declaraciones llegan después de que anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y comunicara que Estados Unidos asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más relevantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Además, planteó que los países que utilicen esa vía deberán asumir parte de los costos de seguridad. Según explicó, Washington buscará cobrar una compensación equivalente al 20 % del valor de la carga transportada por los buques que atraviesen el estrecho, al considerar que Estados Unidos no debe seguir financiando en solitario la protección del tránsito marítimo en esa zona estratégica.

La medida fue anunciada después de que Irán informara el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses, una decisión que incrementó la incertidumbre sobre el comercio energético internacional.

Drones iraníes en Cuba

Durante la misma comparecencia ante la prensa, Trump también fue consultado sobre versiones que apuntan a una posible presencia de drones iraníes en Cuba. El mandatario respondió que las autoridades estadounidenses están verificando esa información y advirtió que actuarán si se confirma.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello“, afirmó el presidente al responder una pregunta sobre el supuesto almacenamiento de ese tipo de equipos militares en la isla.

"No vamos a permitir que eso suceda“, señaló, al explicar que el Gobierno estadounidense analiza si Teherán estaría utilizando territorio cubano como lugar de almacenamiento de drones.

Las declaraciones coinciden con un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. En los últimos días, el Gobierno estadounidense amplió las sanciones contra organismos y empresas estatales cubanas.

Entre las entidades alcanzadas figuran el Ministerio de Turismo y nueve compañías vinculadas a sectores estratégicos, incluidas firmas relacionadas con la importación y comercialización de combustibles, el comercio exterior y el transporte marítimo.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló: "El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente“.

Estas medidas se suman a las sanciones anunciadas en junio contra Miguel Díaz-Canel, varios integrantes de su familia y Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Paralelamente, el Departamento de Justicia presentó una acusación contra el ex dictador cubano por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra Cuba que alcanza al Ministerio de Turismo, varias empresas estatales y organizaciones vinculadas al aparato de seguridad del régimen, en una nueva escalada de la política de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Las medidas buscan restringir las fuentes de ingresos del Estado cubano y aumentar el costo económico para las instituciones que sostienen la estructura política y represiva de la isla.

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que las restricciones están dirigidas contra los “pilares interconectados” del aparato estatal cubano. Según la cartera diplomática, las sanciones alcanzan a “entidades estatales que canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano”.

Entre las organizaciones incorporadas a la lista de sancionados figuran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), un cuerpo paramilitar de carácter civil; las Brigadas de Respuesta Rápida, descritas por Washington como grupos parapoliciales organizados y entrenados por la dictadura cubana; y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), a la que Estados Unidos atribuye tareas de vigilancia sobre los disidentes.

Las nuevas medidas también incluyen a varias empresas estatales relacionadas con el comercio y la importación de combustibles, además de otras compañías vinculadas a actividades logísticas y de transporte. El Ministerio de Turismo quedó igualmente sujeto a restricciones financieras, en un contexto en el que ese sector continúa siendo una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana.

De acuerdo con la administración estadounidense, varias de las entidades sancionadas mantienen vínculos con el conglomerado empresarial GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y considerado el principal grupo económico del país. Esa corporación ya había sido objeto de sanciones el pasado 1 de mayo y, según Washington, comenzó posteriormente un proceso de reorganización y transferencia de activos.

En paralelo, el Departamento del Tesoro informó que otorgará un período transitorio hasta el 12 de agosto para que empresas extranjeras puedan concluir operaciones que involucren a dos de las compañías ahora sancionadas, GECOMEX y GEMAR, sin exponerse a medidas punitivas. Asimismo, instó a las entidades que no puedan finalizar esas transacciones antes de esa fecha a comunicarse con la oficina encargada del cumplimiento del régimen de sanciones.

La decisión se produce en medio de la estrategia de máxima presión que Washington mantiene sobre La Habana desde enero. Además de ampliar las sanciones económicas, la administración Trump ha endurecido las restricciones relacionadas con el suministro energético hacia la isla, una política que ha coincidido con el agravamiento de la crisis económica y de los problemas de abastecimiento que enfrenta Cuba.

El anuncio llega dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se manifestaron en distintas ciudades para reclamar mejores condiciones de vida y mayores libertades.

Con motivo de esa fecha, el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó que Estados Unidos mantendrá su política hacia el régimen cubano.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas”, afirmó.

Rubio también instó a la dictadura cubana a avanzar hacia cambios internos. “Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense reclamó la liberación de quienes permanecen detenidos tras las manifestaciones de 2021.

“Cinco años después, cientos de cubanos siguen encarcelados injustamente”, señaló, al reiterar el llamado a la “liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”.

El secretario de Estado añadió que Washington ha planteado la posibilidad de una relación diferente con La Habana si el régimen implementa reformas políticas y económicas. Según indicó, Estados Unidos ha ofrecido “ayuda, asistencia para la reconstrucción y la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”, condicionada a la adopción de esos cambios.

Un caso particular sobre el acceso a programas sociales en México se registró en Cancún, Quintana Roo, donde una madre y su hija, ambas originarias de Cuba, acudieron a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar con la intención de tramitar la credencial del INAPAM (Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores).

¿Qué es la credencial del INAPAM y qué beneficios ofrece?

El INAPAM es un programa del gobierno mexicano dirigido a las personas mayores de 60 años. La credencial se tramita de forma gratuita y permite acceder a descuentos en distintos rubros, entre ellos:

• Farmacias y tiendas
• Establecimientos de comida
• Transporte público y turístico, incluido el ferry hacia Isla Mujeres en Quintana Roo
• Restaurantes que se suman al programa

Por estos beneficios, miles de familias buscan tramitar el documento para sus integrantes de la tercera edad.

El trámite que resultó ser exclusivo para mexicanos

De acuerdo con el relato de las protagonistas, la madre había insistido durante semanas en obtener la credencial, por lo que finalmente acudieron juntas a realizar el trámite. Al llegar, ambas asumieron que, al igual que ocurre con una licencia de conducir o un pasaporte extranjero, su condición de residentes permanentes en México sería suficiente para acceder al beneficio.

Sin embargo, al revisar el cartel de requisitos en las oficinas correspondientes, se encontraron con una condición que desconocían: el trámite está reservado únicamente para personas mexicanas, ya sea por nacimiento o mediante naturalización. Según narraron, varias personas cercanas les habían asegurado previamente que el beneficio también aplicaba para extranjeros con residencia permanente, información que resultó incorrecta.

“Se nos cayeron las alas del corazón”

Con humor, la hija describió la reacción que tuvieron al descubrir el requisito: “se nos cayeron las alas del corazón, sobre todo a mi mamá”, señaló, luego de que ambas confiaban en que México otorgaba esta prestación también a extranjeros residentes.

De acuerdo con la información proporcionada por el personal del módulo, los extranjeros sí pueden acceder a la credencial del INAPAM, pero deben presentar su pasaporte mexicano o su carta de naturalización, documentos que acreditan la nacionalidad mexicana.

Iniciarán el proceso de naturalización

Lejos de desistir, madre e hija anunciaron que comenzarán formalmente su proceso de naturalización para obtener la ciudadanía mexicana y así, en un futuro, cumplir con los requisitos que marca la normativa vigente. “En eso andamos”, expresó la hija entre risas, mientras bromeaba con su madre sobre la prisa por acelerar el trámite.

El caso se ha viralizado como un ejemplo curioso de los requisitos migratorios vinculados a programas sociales en México, y ha generado interés entre la comunidad extranjera residente en el país sobre qué beneficios están disponibles según su estatus migratorio.

Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026, el Malba exhibirá por primera vez en una institución argentina obra de Belkis Ayón, la grabadora cubana que transformó la colografía en un lenguaje visual propio y que, a través del mito de la Sociedad Secreta Abakuá, cuestionó el orden patriarcal y convirtió el arte en un espacio de resistencia durante la crisis cubana de los años 90.

La muestra, Mito y desobediencia, con curaduría de María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas, reúne siete obras realizadas entre 1991 y 1998 y pertenecientes a la Colección Malba—Costantini. La inauguración será el jueves 16 de julio a las 19:00, con entrada gratuita.

La exposición presenta un núcleo de producción correspondiente a una etapa central de la artista nacida en La Habana en 1967 y fallecida en 1999. En esas piezas aparece de manera reiterada Sikán, figura clave del mito fundacional Abakuá, que Ayón resignificó para interrogar la exclusión femenina dentro de esa cofradía masculina.

El trabajo de Ayón se concentró en la diáspora africana en Cuba y en la tradición de la Sociedad Secreta Abakuá, originada en la región del Calabar, en la actual Nigeria, y llegada a la isla en el siglo XIX con la trata de esclavos africanos. La artista comenzó a investigar ese universo hacia los 17 años, cuando cursaba el tercer año de grabado en la Academia de Arte San Alejandro de La Habana.

Ese acercamiento partió de la lectura de El monte, de Lidia Cabrera. La obra de la antropóloga cubana, centrada en la espiritualidad y la diversidad religiosa de origen africano en Cuba, acompañó toda la formación de Ayón.

La artista buscó dar forma visual a una ritualidad que hasta entonces carecía de representación plástica, porque el mito Abakuá se había transmitido exclusivamente de manera oral. Desde esa operación, sus imágenes también se inscribieron en una discusión más amplia sobre marginalidad, miedo y censura en la Cuba de los 90.

Ese contexto estuvo marcado por la crisis abierta tras el colapso del sistema socialista europeo y la caída del muro de Berlín en 1989, que alteró el mapa geopolítico socialista a escala global. En ese escenario, su producción aportó a una reconfiguración del arte como espacio de resistencia.

Ayón cursó estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas, la Academia de San Alejandro y el Instituto Superior de Arte, donde se licenció en grabado en 1991. En esa última institución también se dedicó a la enseñanza.

Su obra se distinguió por la maestría en la colografía, una técnica de impresión basada en matrices construidas como collages de materiales, por lo general sobre cartón. Ese procedimiento le permitió desarrollar una gran variedad de texturas y matices dentro de una paleta concentrada en negros, blancos y grises.

En 1996 inició una breve actividad como gestora y curadora al sumarse a Sandra Ramos, Abel Barroso e Ibrahim Miranda en el proyecto La Huella Múltiple. La propuesta buscó desplazar la idea de “lo grabado” hacia la de “lo múltiple”, con la incorporación de otras técnicas de reproducción, nuevos soportes, incluidos los digitales, y artistas ajenos hasta entonces al grabado como disciplina.

El reconocimiento a su trabajo llegó temprano. En 1993 recibió dos premios: el del Encuentro de Grabado de la Casa de Las Américas, en La Habana, y el de la Primera Bienal Internacional de Gráfica de Maastricht, en Holanda.

Ese mismo reconocimiento se proyectó fuera de Cuba con su participación en la Bienal de Venecia de 1993 y con el ingreso de sus obras a colecciones de instituciones como el Museum of Modern Art de Nueva York y el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. En 1998, la XII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, en Puerto Rico, le otorgó el primer premio, y la UNEAC la eligió vicepresidenta.

En marzo de ese año presentó su última exposición en vida, Desasosiego / Restlessness, en la Couturier Gallery de Los Ángeles. Belkis Ayón murió en 1999 por suicidio, a los 32 años.

*Belkis Ayón. Mito y desobediencia, en el Malba, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA. Entrada general, $12000; estudiantes, docentes y jubilados con acreditación, $ 6000; menores de 5 años y personas con discapacidad, sin cargo. Miércoles, general: $ 6.000, y estudiantes, docentes y jubilados: sin cargo. Martes cerrado

Sin pueblo, sin economía, sin narrativa y sin opciones la dictadura de Cuba sigue ejerciendo terrorismo de Estado, detentando el poder desde hace más de 67 años y 5 años después del levantamiento popular 11-J. En retirada luego de su expansión en las Américas como socialismo del siglo 21 que impuso su modelo criminal en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y gobiernos sirvientes o para dictatoriales, la tiranía castrista se sostiene por las dictaduras de Irán, China y Rusia, desafiando la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Corolario Trump.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en Noviembre 2025, punto 3 de “Las Regiones” dice: “Hemisferio Occidental: El Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Tras años de desatención, Estados Unidos reafirmará y hará valer la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, así como para proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Impediremos que competidores ajenos al hemisferio desplieguen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean o controlen activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio. Este «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe representa una restauración potente y basada en el sentido común del poder y las prioridades de Estados Unidos, en consonancia con nuestros intereses de seguridad nacional”.

En este contexto de la seguridad nacional estadounidense los “competidores ajenos al hemisferio” son principalmente las dictaduras de Irán, China y Rusia a las que ya ha retirado del control y operaciones que por medio de la dictadura de Cuba tenían en Venezuela. Desde la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2025, tanto Cuba como las dictaduras ajenas al hemisferio, han perdido el petróleo venezolano, han cesado su presencia física, de cobertura narcoterrorista, de influencia geopolítica, de fabricación y tráfico de armas, de espionaje, conspiración regional y más.

A pocos meses de su publicación, la Seguridad Nacional de Estados Unidos ha resultado la seguridad de las democracias de las Américas. Así lo prueban las operaciones anti narcoterroristas Lanza del Sur, la iniciativa del Escudo de las Américas y los reportes casi diarios de operaciones contra el crimen organizado trasnacional y el narcoterrorismo en todos los países de las Américas, con excepción de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El apoyo político y económico, la participación de inteligencia, policial y militar estadounidense es creciente con resultados que se reflejan en la retirada paulatina de la presencia del crimen en la política, evidenciada en capturas, extradiciones y en resultados electorales como los de Chile y Colombia.

El socialismo del siglo 21 como mascarón político de la expansión de la dictadura de Cuba agoniza en crisis, pero no está derrotado ni ha dejado de ser. Opera vigorosamente atrincherándose en “oposiciones políticas” para proteger los sistemas jurídicos infames que ha impuesto y tener impunidad como sucede en Argentina contra Milei, en Ecuador contra Noboa, como se anuncia en Perú contra Fujimori, y más; hay situaciones más críticas como la de Bolivia donde Paz ha tomado el gobierno pero no el poder que sigue digitado por el narcoestado de la trasnacional del crimen que por ahora le da coexistencia.

Hay gobiernos democráticos que se han expresado vigorosamente contra la dictadura de Cuba, pero la mayoría de las democracias latinoamericanas mantienen silencio que resulta complicidad. Lo mismo acontece con la relaciones internacionales con Irán, China y Rusia que penetraron, se instalaron y crecieron exponencialmente en toda Latinoamérica con el patrocinio cubano a través del control que el socialismo del siglo 21 o castrochavismo ejerció en los últimos 20 años en la región. Relaciones internacionales y presencia intacta de las democracias latinoamericanas con Irán, salvando excepciones.

Desde la captura de Maduro la dictadura de Cuba derrotada y expulsada de Venezuela, sabe que es el objetivo y el ultimátum de los Estados Unidos fue claro. Pero mientras gana tiempo negociando con la administración Trump, el castrismo resiste con los gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula, México con Sheinbaum, derrotado en Ecuador, Chile y Colombia conspira y desestabiliza lo mismo que en Perú, Paraguay, Panamá y en la propia Venezuela, mientras retiene Bolivia, y con Nicaragua penetra Centro América y un largo etcétera en el juego de “ceder espacios tácticos para ganar tiempo estratégico”.

Con sus aliados extra hemisféricos Irán, China, Rusia, la dictadura castrista presiona para causar daños en la imagen del gobierno americano mientras no deja de operar la guerra híbrida contra Estados Unidos con mecanismos desde la desinformación hasta su especialidad en conspiraciones, intentos de magnicidios y ampliación de conflictos.

Se dice que la prolongación de la guerra en Irán protege a la dictadura de Cuba y dilata las decisiones estadounidenses, es posible, pero lo cierto es que con la dictadura de Cuba y en Cuba, las dictaduras de Irán, China, Rusia “mantienen fuerzas y otras capacidades amenazantes y poseen y controlan activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio”, desafiando el Corolario Trump y manteniendo la agresión contra Estados Unidos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos cubanos al conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 —conocidas como el 11J—, las mayores movilizaciones ciudadanas en la isla desde la Revolución de 1959. Asimismo, exigió a la dictadura llevar a cabo “reformas reales antes de que sea demasiado tarde”.

“A día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden tener negocios propios libremente, participar en el proceso político, o proveer para sí mismos y sus familias”, escribió Rubio en su cuenta de X. “El régimen debe liberar a estos presos políticos de inmediato”, exigió el funcionario.

Las cifras respaldan la gravedad del cuadro. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio, un récord histórico en sus registros. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad, también el número más alto jamás registrado. Solo en junio se verificaron 32 nuevos casos.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, afirmó Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Infobae.

En su mensaje, Rubio recordó que hoy se cumplen cinco años desde que “el régimen comunista cubano sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones del 11 de julio y silenció una vez más los reclamos de los cubanos por derechos básicos, dignidad y oportunidad”.

El secretario de Estado precisó que tanto él como el presidente Donald Trump aspiran a “un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayor oportunidad, libertad y dignidad, y Cuba deje de albergar operaciones militares extranjeras hostiles, de inteligencia, terrorismo y subversión a 90 millas (145 kilómetros) del territorio estadounidense".

Washington continuará usando, anunció, “todas las herramientas a su disposición para impulsar reformas económicas y políticas significativas en Cuba y para proteger a los estadounidenses de las amenazas subversivas que emanan de Cuba”. Y advirtió: “Los líderes de Cuba simplemente deben elegir comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”.

Cinco años después de que miles de cubanos salieran a las calles para exigir alimentos, medicinas y libertades, la situación en la isla no solo no mejoró: se agravó. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la economía cubana se contraerá un 6,5% en 2026, mientras que la Economist Intelligence Unit eleva esa caída a un 7,2%.

El colapso del sistema eléctrico, agudizado tras el fin de los envíos de crudo venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, profundizó una crisis que los analistas advierten tiene raíces mucho más antiguas que las sanciones de Washington.

“El declive económico de Cuba comenzó mucho antes de las últimas sanciones de EEUU”, señaló Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, en declaraciones a la agencia EFE.

“Décadas de mala gestión económica y corrupción por parte del régimen cubano han vaciado el sector productivo de la isla”, agregó Marczak, cuyo centro publicó un informe reciente que traza el camino hacia el colapso antes del endurecimiento de la presión de Washington.

Por su parte, el economista Ricardo Torres, investigador de la American University, identificó tres decisiones estructurales que explican el derrumbe: una política de inversión deficiente que priorizó la construcción de hoteles sobre la infraestructura eléctrica y la agricultura; un enfoque “persistentemente inconsistente, fragmentado y restrictivo hacia el sector privado”; y la unificación monetaria de 2021, que devaluó abruptamente el peso y disparó una inflación que “erosionó salarios reales y ahorros” y “agravó, en lugar de resolver, los desequilibrios que pretendía corregir”, dijo Torres a EFE.

La represión no amainó con el paso de los años. Según Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses —de julio de 2025 a junio de 2026— se sumaron 264 nuevos presos políticos, un promedio de 22 por mes.

El sistema electroenergético de Cuba se reconecta de forma progresiva este sábado, tras el colapso nacional sufrido el día anterior —el segundo en menos de una semana y el cuarto en 2026— que afectó a más de nueve millones de cubanos al quedar sin suministro eléctrico.

El último informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) señala que se han implementado microsistemas de generación eléctrica en todas las provincias para mantener operativos los servicios en centros esenciales como hospitales y el abastecimiento de agua.

Entre las prioridades figura la reincorporación de la planta Energás Boca de Jaruco, ubicada en la provincia de Mayabeque, con el objetivo de iniciar el arranque de las centrales termoeléctricas.

En La Habana, donde residen aproximadamente dos millones de personas, la restauración del servicio alcanza el 12,6%, lo que equivale a 108.608 clientes de un total de 787.000, según datos de la Unión Eléctrica, empresa estatal dependiente del Minem.

En situaciones similares previas, el restablecimiento del SEN sigue un proceso lento y complejo, que puede durar varios días. Esto implica iniciar la generación con fuentes de arranque sencillo —como solar, hidroeléctrica o motores de generación— para abastecer áreas pequeñas que, posteriormente, se enlazan entre sí.

El objetivo principal es suministrar energía suficiente a las centrales termoeléctricas, consideradas el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que puedan volver a operar y cubrir la demanda nacional.

El Minem atribuyó la causa del apagón total del SEN, reportado la tarde del viernes, a un fallo en la línea de 220 kilovatios entre Santa Clara y Sancti Spíritus, lo que provocó “la división del SEN y la salida de varias unidades térmicas”.

Al momento del corte, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica estaban fuera de servicio por averías o mantenimiento.

En la caída anterior, ocurrida el lunes, la recuperación del sistema se completó unas 36 horas después, el miércoles, cuando todas las provincias restablecieron su conexión al SEN.

Cuba atraviesa una crisis energética severa desde mediados de 2024, intensificada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos impuesto en enero, que ha elevado los cortes eléctricos a niveles históricos.

En las últimas semanas, se han alcanzado récords de cortes eléctricos, con apagones simultáneos que afectaron entre el 70% y 72% del país en momentos de máxima demanda.

En marzo, también se registraron dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

El régimen cubano ha calificado la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”, resultado tanto del bloqueo estadounidense como de un sistema energético obsoleto.

Distintas estimaciones calculan que la isla necesita más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda, de los cuales solo obtiene unos 40.000 con producción nacional; el resto debe importarlo.

El último buque petrolero en llegar a Cuba fue el ruso Anatoli Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, que ingresó en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, cantidad que apenas cubrió la demanda por dos semanas en abril.

El mensaje de Marco Rubio por el quinto aniversario del 11J

En otro orden, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos cubanos al conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 —conocidas como el 11J—, las mayores movilizaciones ciudadanas en la isla desde la Revolución de 1959.

“A día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden tener negocios propios libremente, participar en el proceso político, o proveer para sí mismos y sus familias”, escribió Rubio en su cuenta de X. “El régimen debe liberar a estos presos políticos de inmediato”, exigió el funcionario.

Las cifras respaldan la gravedad del cuadro. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio, un récord histórico en sus registros. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad, también el número más alto jamás registrado. Solo en junio se verificaron 32 nuevos casos.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, afirmó Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Infobae.

En su mensaje, Rubio recordó que hoy se cumplen cinco años desde que “el régimen comunista cubano sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones del 11 de julio y silenció una vez más los reclamos de los cubanos por derechos básicos, dignidad y oportunidad”.

El secretario de Estado precisó que tanto él como el presidente Donald Trump aspiran a “un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayor oportunidad, libertad y dignidad, y Cuba deje de albergar operaciones militares extranjeras hostiles, de inteligencia, terrorismo y subversión a 90 millas (145 kilómetros) del territorio estadounidense”.

Cuba llega al quinto aniversario del 11J, las mayores protestas ciudadanas desde 1959, con 1.306 presos políticos —un récord histórico— y con el régimen de Miguel Díaz-Canel más aislado que nunca, pero también más represivo.

Tres referentes del activismo y la sociedad civil cubana consultados por Infobae coinciden en que la llama encendida el 11 de julio de 2021 no se apagó, aunque el fuego arde entre brasas: la emigración masiva diezmó el tejido opositor interno, mientras que el descontento popular alcanzó niveles sin precedentes.

El dato lo aportó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, la organización que publica el registro mensual más exhaustivo sobre represión en la isla: 1.306 personas privadas de libertad por razones políticas al cierre de junio de 2026, con 40 de ellas detenidas cuando eran menores de edad. “El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, dijo Larrondo a Infobae. Solo en junio, la ONG verificó 32 nuevos casos, con otros 21 aún en proceso de verificación.

La llama que no se apagó

Para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), ex preso político y uno de los activistas arrestados el 11J, el espíritu de aquel día sigue presente en la calle. “A pesar de la represión, del miedo y del terrible drama de los presos políticos, continúan ocurriendo protestas en distintas partes del país, de noche y de día, como expresión de un descontento que la dictadura no ha logrado apagar”, afirmó en conversación con este medio.

Desde dentro de la isla, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (Asic) y también ex preso político, describió el mismo fenómeno con matices propios de quien habla bajo riesgo: “Del espíritu del 11J sobrevive un profundo descontento popular y la pérdida del miedo al régimen al desafiarlo, mediante múltiples protestas de desobediencia civil”.

Hernández Carrillo señaló que los cacerolazos nocturnos, los carteles contra la dictadura y los bloqueos de calles —registrados recientemente en municipios de La Habana y otras provincias— son la expresión más visible de esas brasas.

Larrondo fue más lejos en su lectura: “La llama que encendió el 11J, además de la libertad, fue la toma de conciencia de la realidad en Cuba. Esa llama es ahora un fuego que el régimen no puede apagar más”. El presidente de Prisoners Defenders estima que cerca del 90% de la población cubana tiene hoy aversión al régimen, un cambio que atribuye directamente al impacto del 11J.

El éxodo y sus consecuencias sobre la oposición

Los tres entrevistados coinciden en que la emigración masiva de los últimos años golpeó al movimiento opositor interno, aunque difieren en el balance final. Para Ferrer, el saldo es negativo sin matices: “La emigración masiva ha debilitado al movimiento opositor porque muchos de los que se marchan son precisamente los más inconformes, audaces y decididos a vivir en libertad”.

Larrondo comparte ese diagnóstico: “La migración de activistas, incluyendo las expatriaciones forzosas bajo amenaza, han eliminado de la isla gran parte de los líderes y cabezas pensantes de la oposición”. Aun así, señala una contrapartida: el hecho de que hoy el 90% de la población sea consciente de la naturaleza del régimen representa, a su juicio, “un paso de gigante que ha ocurrido gracias al 11J”.

Por su parte, Hernández Carrillo ofrece una lectura más estructural. El éxodo, dice, “reconfiguró la oposición, dividiendo opiniones entre quienes piensan que esto desarticuló las fuerzas internas de la resistencia y quienes opinan que ha fortalecido el capital humano y económico en el exilio para respaldar una futura transición democrática”. Desde su posición en la isla, observa que el activismo interno no desapareció: una nueva generación de jóvenes usa las redes sociales y plataformas digitales para romper el monopolio informativo del régimen. Cita como ejemplo los canales de YouTube Fuera de la Caja y El Cu4rtico, cuyos creadores fueron arrestados en febrero pasado y aguardan condena en prisión.

El informe de Prisoners Defenders publicado el jueves pasado confirma ese patrón: el régimen ya no apunta únicamente a quienes participan en manifestaciones, sino a “personas con capacidad de influencia social: periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, ex presos del 11J y numerosos jóvenes”, según describió Larrondo a Infobae.

La respuesta internacional: tibiezas y complicidades

En la evaluación de la respuesta de los gobiernos democráticos, los tres comparten un diagnóstico de decepción generalizada, con matices según el actor. Ferrer señaló que Estados Unidos es la excepción positiva: “Ha incrementado su apoyo al pueblo cubano y mantiene una posición firme frente a la tiranía”. En el otro extremo, ubicó a México, al Brasil de Lula da Silva, al chavismo venezolano y a la España de Pedro Sánchez como los gobiernos “especialmente complacientes con un régimen que oprime a su pueblo”.

Larrondo fue aún más directo en su crítica a las instituciones europeas: “La respuesta de la Comisión Europea y el Consejo de Europa ha sido vergonzosa en todo momento”, indicó; y mencionó a España, Canadá y Brasil entre los actores que no defienden públicamente a las víctimas de la represión. Además, señaló que el apoyo al régimen por parte de esos gobiernos resulta “más vergonzoso” precisamente porque el 11J eliminó cualquier duda sobre la naturaleza totalitaria del sistema cubano.

Hernández Carrillo añadió que el 11J no logró unificar una postura hemisférica firme: varios gobiernos de izquierda en la región optaron por justificar las acciones del régimen, atribuyendo las protestas a un supuesto “intervencionismo extranjero” y al embargo económico de Washington. “El 11J expuso una fuerte polarización ideológica y diplomática”, resumió el sindicalista.

Un régimen más frágil pero más violento

En términos de gobernabilidad, los tres coincidieron en que la dictadura cubana está más debilitada que en 2021, aunque no menos peligrosa. Hernández Carrillo trazó el contraste con precisión: en 2021, el régimen era “criticado mayoritariamente por la mala gestión”; hoy, la población “vive aterrada sabiendo que, además de los peores gestores, son una banda criminal”. Esa percepción, agrega, “ha cambiado todo para el régimen, que no tiene el apoyo ni del 10% de la población”.

La crisis que atraviesa hoy Cuba es, según Hernández Carrillo, cualitativamente distinta a la de 2021: abarca lo social, lo económico y lo político de forma simultánea. El desplome del PIB, la crisis energética, la escasez de alimentos, agua potable y medicamentos, y el colapso sanitario configuran un cuadro sin precedentes. Para mitigar la presión, el régimen aprobó un paquete de 176 reformas económicas que descentralizan parcialmente la economía, permiten que una persona sea titular de varias empresas y autorizan la creación de Mipymes agrícolas y bancos privados. Hernández Carrillo interpretó esas medidas como “un reconocimiento implícito de que el modelo centralizado es insostenible e inviable”.

El último informe de Prisoners Defenders documentó que 458 presos políticos padecen patologías médicas graves o crónicas, y que la privación deliberada de atención médica se usa “de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”. Días antes del aniversario del 11J, decenas de activistas fueron impedidos de asistir a una recepción en la embajada de Estados Unidos en La Habana mediante cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias y traslados forzosos.

Los escenarios posibles

Ferrer no dejó lugar a la ambigüedad sobre el futuro: “El régimen puede reprimir, encarcelar y empujar al exilio; lo que no va a conseguir es apagar las ansias de libertad del pueblo. En cualquier momento, puede volver a levantarse con más fuerza y en mayor número que el 11 de julio de 2021”.

En tanto, Larrondo trazó tres escenarios posibles: una implosión interna entre facciones del propio régimen; un levantamiento popular seguido de represión masiva y eventual reacción internacional; o “una acción quirúrgica de los Estados Unidos que debilite y acabe por desmantelar el régimen”. Descartó, con énfasis, que el pueblo cubano pueda liberarse por sus propios medios: “Los cubanos viven como esclavos, son míseramente pobres y no tienen palanca alguna para realizar un levantamiento con éxito por ellos mismos”, indicó.

Por su lado, Hernández Carrillo proyectó dos caminos más inmediatos: un colapso interno provocado por el descontento acumulado ante los apagones y la escasez, o un escenario de concesiones negociadas impulsadas por la presión internacional y el diálogo diplomático con Washington. Esto último, advirtió, se desarrolla en un contexto de máxima tensión tras la firma de órdenes ejecutivas, sanciones secundarias a entidades gubernamentales y la suspensión de servicios financieros internacionales.

Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar disidentes cubanos en diálogo con la agencia EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Washignton en el último medio año ha agravado aún más la situación.

Los apagones -de varios días de duración en amplias zonas del país- son uno de los principales detonantes del creciente descontento social, que se evidencia en las protestas -focalizadas y pacíficas- principalmente en La Habana; aunque también han sido significativas las manifestaciones en la provincia de Santiago de Cuba (oriente) y la ocurrida el pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila (centro).

La opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, “en el sentido que fue masiva”, pero señala que “las protestas, los toques de cazuelas son tanto en horarios de día y de noche”, lo que la mantiene convencida de que la isla pudiera vivir otro 11J, pues “el aire que se respira es de protesta”.

“Es como si de manera diaria vivieras en un 11J, claro que con esa diferencia que todos sabemos de la masividad. Pero si lo creo, porque las condiciones actuales llevan a ello”, recalca.

Coincide con Tamayo, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien insiste en que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades pueden producir un evento parecido al del 11J”, que finalizó con más de 1.400 detenidos, según denunciaron entidades de derechos humanos.

Para Cuesta Morúa, las protestas que se viven en la isla, consolidan cinco años después del 11J una “reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios, divorcio de los ciudadanos con las instituciones del Estado, explosión de las demandas frente a éste y normalización de la protesta”.

Atajar la protesta

Ambos opositores concuerdan en que, si bien se reportan más protestas, se disuelven más rápido y no alcanzan mayor transcendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía para que no realicen”, en palabras de Tamayo. Actualmente se está registrando una “durísima represión ejemplarizante del Gobierno frente a la protesta ciudadana”, agrega Cuesta Morúa.

En este sentido, Tamayo habla de “regulaciones y restricciones de movimiento a los activistas de derechos humanos” en la isla, así como “restricción de movimiento o regulación migratoria”, para “realizar actividad de articulación ciudadana”.

Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD) en un informe sobre el significado de las protestas sociales del 11J señala que en los últimos años “las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia”.

Se trata, prosigue, de herramientas que combinan “vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública”.

Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por “el régimen de Cuba” durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH.

La misma postura sostiene Cuesta Morúa, quien fue recientemente detenido y, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió “maltrato físico y amenazas”. A su juicio, el Gobierno cubano “endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos”.

“Esto tiene un efecto disuasorio”, señala y añade otros dos factores que dificultan una mayor articulación de la protesta en la isla: “la ausencia clara de espacio público” y “el diseño preciso para cortar (por parte del Gobierno) cualquier vínculo entre el liderazgo cívico y la ciudadanía”.

Cuesta Morúa señala que el 11J ha logrado “de algún modo”, aunque “sin lograr la satisfacción” de las necesidades ciudadanas, que los cubanos se hayan “empoderado” y se haya “destruido la narrativa del Gobierno”. “Éste manda -no gobierna- con escasa legitimidad”, afirma.

(EFE)

En este quinto aniversario de la rebelión nacional del 11 de julio de 2021 un balance entre las fuerzas represivas y las de la población no deja espacio a duda: un pueblo hambreado, desarmado, sin conexión a internet como en aquella jornada no puede enfrentar con éxito la brutal maquinaria represora del régimen castrista. Por esa razón esta vez las miradas desde Cuba se vuelven hacia Washington.

El tiempo se acaba

La pregunta de si en los próximos meses podría estallar una guerra entre Estados Unidos y Cuba parte de una premisa equivocada. Refleja una comprensión insuficiente de la estrategia y de los recursos que ambas partes llevan meses movilizando en preparación para una probable escalada del conflicto. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos y Cuba entrarán en guerra en los próximos meses, sino cuándo se reconocerá que ese conflicto ya está en curso.

Desde hace tiempo ambos países movilizan instrumentos políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad, propios de una escalada estratégica que trasciende el concepto tradicional de guerra. La guerra, en realidad, ya ha comenzado.

El objetivo principal de Washington en esta primera etapa es tratar de alcanzar sus propósitos por medio de un conjunto de acciones –económicas, políticas, diplomáticas– sin necesidad de tener que llegar a recurrir a operaciones militares (aunque estas no se han descartado). Las más espectaculares fueron las de poner fin a los subsidios petroleros gratuitos que llegaban desde Venezuela y el inicio de nuevas sanciones financieras contra el conglomerado GAESA.

En paralelo, Washington lleva meses construyendo la arquitectura institucional y jurídica necesaria para sustentar y legitimar una eventual acción cinética. Se ha reformulado la doctrina de seguridad nacional de forma que incluya el caso cubano como amenaza inminente y creíble. Se ha iniciado un proceso judicial contra Raúl Castro (máxima autoridad real en Cuba). Se ha construido un sistema interamericano paralelo a la OEA (Escudo de las Américas) con su propio tratado de asistencia militar recíproca en la lucha contra el terrorismo y el crimen regional organizado. Ambas instituciones nacen libres del régimen de consenso para adoptar decisiones que ha paralizado a la OEA desde hace décadas. También se han adoptado medidas que exponen y criminalizan las acciones subversivas que algunos grupos emprenden bajo el beatífico disfraz de la “solidaridad con los pueblos” o la “lucha por la paz”.

Podría decirse que todas las piezas están en su lugar y solo falta la decisión final del presidente de Estados Unidos para ejecutar alguno de los diferentes juegos operativos y opciones que han sido diseñados para aplicarse según sea el alcance de los objetivos que se persigan con las acciones militares.

La estrategia cubana: ralentizar o cancelar la fase cinética estadounidense

Para el régimen cubano no existe posibilidad alguna de vencer militarmente a Estados Unidos. Su única probabilidad de salir airoso en una escalada del viejo conflicto entre ambos países proviene de la capacidad que demuestre tener para paralizar y/o ralentizar los mecanismos de toma de decisión estadounidense. Para ello se siembran dudas sobre la necesidad, legitimidad, oportunidad y costos que puede suponer iniciar acciones militares en la isla.

Si en un conflicto cinético cada bando mide su progreso por los blancos batidos con misiles, en esta guerra híbrida La Habana mide el éxito por el número de artículos o comentarios editoriales publicados en medios estadounidenses de gran alcance (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, CNN) que cuestionan la sabiduría de iniciar acciones cinéticas contra Cuba y recomiendan regresar a la fracasada política de contención diplomática de los últimos 67 años. Si la suma aritmética de esos artículos fuera indicadora de victoria –como lo fue en su momento la contabilidad de las bolsas de cadáveres enemigos en Viet Nam– La Habana tendría razones para pensar que está comenzando a ganar esta primera fase. Así, calculan, podrían evitar que Estados Unidos pase a la segunda (cinética) en la que no tiene posibilidad alguna de maniobrar o vencer.

El régimen cubano ha movilizado casi todos los recursos de su maquinaria híbrida. Por un lado, espías sembrados a niveles altos y medios de la burocracia estadounidense. Por otro lado, agentes de influencia que se movilizan en medios de prensa, instituciones religiosas, culturales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como en partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

Sabiendo que la decisión final de ejecutar una acción militar recae sobre el presidente –ya intentaron y fracasaron varias veces tratando de que fuese el Congreso quien la aprobase– y conociendo las diferentes corrientes de pensamiento e intereses que se mueven en su entorno, han desplegado una actividad frenética de cabildeo: desde congresistas demócratas y republicanos hasta influencers socialistas y ultraconservadores. La Habana es pragmática. No apuesta su seguridad a la gestión exclusiva de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortes o Zohran Mamdani.

En días recientes se han filtrado documentos cubanos que bajo el título general de Plan de Respuesta Rápida Internacional se detallan las acciones que deberán asumir los asociados a ese engranaje de organizaciones que se movilizan en su favor. No es arriesgado presumir que planes similares deben estar en marcha en algunos países latinoamericanos donde desestabilizar la gobernabilidad les resulte más viable, bien sea por los recursos humanos y materiales a su disposición (entre ellos los que aporta el crimen transnacional organizado regional), o por vivir un momento de transición institucional (Colombia, Perú) o de inestabilidad en su gobernabilidad interna (México).

En esos países y en otros más no solo cuentan con bases ciudadanas de simpatizantes, sino con células clandestinas entrenadas en infiltrarse en manifestaciones pacíficas legítimas, y así desatar confrontaciones violentas con las fuerzas del orden que generen muertes y atraigan titulares de la prensa internacional. Los fallecidos por su causa son entonces esgrimidos como mártires de la brutal represión capitalista. En 2019 lo hicieron en Chile, Colombia y Ecuador. No es descartable que en el futuro cercano veamos a la amorfa y descentralizada Antifa jugando ese papel violento dentro de Estados Unidos como contribución al Plan de Respuesta Rápida Internacional de La Habana.

Las consecuencias de no actuar

Una vez traspasado un cierto umbral de expectativas, el costo de la inacción es mucho más alto y potencialmente impagable que los riesgos de actuar. La parálisis política histórica ha permitido la consolidación en Cuba de un peligro permanente para la seguridad regional.

El abandono de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos en abril de 1961 generó una percepción de debilidad estadounidense a los ojos de la URSS que precipitó la Crisis de los Misiles del año siguiente. La inacción tiene a menudo considerables e imprevisibles costos.

De no actuar en Cuba antes de que expire la ventana actual de oportunidad, son de prever las siguientes consecuencias:

• Erosión de la credibilidad: Estados Unidos perdería su capacidad de ejercer amenazas creíbles en otros escenarios estratégicos si se muestra indeciso ante un enemigo pequeño en su mayor debilidad histórica. También la perdería a los ojos de los cubanos en la isla y de la comunidad establecida en Florida que representa un sólido bloque electoral del partido republicano.
• Supervivencia y radicalización del régimen: El régimen podría consolidar por varias décadas su nuevo estatus de oligarquía autoritaria, prefiriendo siempre alianzas con otros regímenes semejantes y adoptando conductas internacionales más agresivas e irresponsables al sentirse fortalecido por haber resistido ahora la presión externa.
• Impacto político doméstico: La abstención de actuar tras haber generado expectativas de cambio afectaría los resultados electorales, especialmente en Florida y mantendría latente el peligro de futuros éxodos migratorios desde la isla.

Conclusión

El tema cubano tendrá un impacto en Estados Unidos, bien sea si se cancela la acción para cambiar su régimen o si se llegara a ejecutar exitosamente.

En ocasiones, la historia concede una breve ventana para corregir errores acumulados durante generaciones. La historia rara vez ofrece segundas oportunidades. Estados Unidos se encuentra ante una de esas coyunturas excepcionales en las que la decisión de actuar —o de no hacerlo— redefinirá durante décadas el equilibrio estratégico del hemisferio y puede abrir o cerrar el espacio a una escalada internacional de desafíos basada en una renovada percepción de su debilidad. También puede decidir el equilibrio electoral futuro en La Florida y quizás más allá. Esta presidencia tendrá que escoger en 2026 cuál de los dos legados prefiere dejar a sus sucesores. Después de las expectativas creadas esa encrucijada es ahora ineludible.

El tiempo de los diagnósticos está llegando a su fin. Ha llegado la hora de las decisiones. El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.

“El régimen está demostrando que no está poniendo ningún límite y su represión es horizontal”, advirtió Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en declaraciones al programa De buena fuente, conducido por Marian De La Fuente.

La organización, con sede en España, publicó este jueves su informe mensual: 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos en Cuba, una cifra récord que llega a horas del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, las protestas masivas que el régimen reprimió con la detención de cerca de ocho mil personas.

En los últimos seis meses ingresaron más de 175 nuevos presos políticos a las listas de Prisoners Defenders. Solo en el último mes, 32 casos fueron verificados, con otros 21 pendientes de confirmación.

El récord de presos políticos en Cuba a cinco años del 11J

Antes del estallido del 11J, Cuba registraba entre 140 y 150 presos políticos por año. Hoy esa cifra supera los 1.300, y los nuevos ingresos mensuales ya sobrepasan lo que antes era el total anual.

Larrondo detalló que en marzo ingresaron 44 nuevos casos, 28 el mes siguiente y entre 40 y 50 en junio, contando los verificados y los pendientes de confirmación.

El perfil de los detenidos también cambió. Las mujeres, que antes representaban entre el 3% y el 5% de los presos políticos, ya superan el 20% de los nuevos ingresos. Los menores tampoco quedaron al margen: en marzo fueron detenidos Cristian Crespo y Jonathan Muir, y en el último mes se sumaron seis casos más.

“Los ratios ya no son del 3% de mujeres, 5%. Ya estamos hablando de ratios por encima del 20% de mujeres”, señaló Larrondo. “Estamos hablando de una racha brutal”.

El patrón, según el presidente de Prisoners Defenders, responde a una lógica deliberada: nadie con capacidad de influir —periodistas, pastores, activistas— queda fuera del radar del régimen a medida que se acerca la fecha del aniversario.

La excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y la táctica del régimen

El día previo al aniversario, el activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara emitió una breve señal de vida. Solo dijo: “Estoy bien”. Su familia no sabía dónde se encontraba.

Para Larrondo, la situación ilustra una diferencia central entre una dictadura y una dictadura totalitaria: en la segunda, el poder viola sus propias normas cuando le conviene, sin necesidad de crear legislación que justifique el atropello.

“En la totalitaria, el régimen en el poder viola sus propias normas cuando le da absolutamente la gana”, afirmó. “Directamente las viola de facto”.

El objetivo, explicó, es impedir que Otero Alcántara pueda articular cualquier mensaje dentro de Cuba. El régimen no toleraría que alguien que se enfrentó al poder “desde el pacifismo y con argumentos” tuviera siquiera una mínima voz pública.

“Directamente lo expatrio y punto y pelota”, resumió Larrondo, describiendo la lógica del régimen. “No voy a permitir que se le vea ni siquiera la cara”.

Las fuentes consultadas por De La Fuente desde La Habana indicaron que Otero Alcántara habría salido de prisión junto a otras tres personas, al menos una de ellas enferma, y que las autoridades habrían intentado primero estabilizar su estado físico antes de cualquier aparición pública.

Las condiciones de detención: desnutrición y maltrato sistemático

Las cárceles cubanas aplican una política sistemática de desnutrición que afecta tanto a presos comunes como políticos, aunque estos últimos sufren condiciones aún más extremas. Según Larrondo, el régimen les niega agua y medicamentos, les roba la comida y los castiga con la privación de alimentos y bebida.

La práctica habitual al momento de una excarcelación es retener al preso entre una semana y diez días para que recupere peso y se le disipen los moratones antes de mostrarlo en público. El objetivo es proyectar una imagen que no refleje la realidad de lo que ocurre dentro.

“Normalmente lo que suelen hacer es tenerlos una semana, diez días, un poco mejor alimentados y para que se les pasen los moretones, para que se les pase la desnutrición famélica que muchos de ellos tienen”, explicó Larrondo.

El caso del activista Alexander Díaz ilustra los límites a los que puede llegar esa política. Larrondo reveló que ya en 2025 recibió fotografías suyas que lo mostraban en un estado físico devastador: “Tiene un cáncer, tiene hepatitis, está destruido. Este hombre no va a salir vivo de esta”. Todavía le quedaba un año de condena.

“Seamos claros: Alexander tenía que estar muerto”, dijo Larrondo. “Alexander tiene una naturaleza por encima de lo normal”.

El colapso humanitario en Cuba y la política de terrorismo de Estado

El panorama que describe Larrondo va mucho más allá de las cárceles. Cuba atraviesa un colapso generalizado que abarca los servicios más básicos: hospitales sin insumos, calles sin recolección de basura por falta de gasóleo, apagones extendidos y una población que cocina con leña en la vía pública.

Las imágenes que circularon en los días previos al aniversario mostraban a habitantes de La Habana durmiendo en los soportales durante la noche para escapar del calor, en una ciudad sin infraestructura funcional.

Los hospitales, según los testimonios recogidos por el programa, operan con cubos de agua sucia junto a las camas, colchones en condiciones deplorables y sin sábanas.

Frente a ese cuadro, Larrondo fue categórico en su diagnóstico político: “Lo que están haciendo es generar una política de terrorismo de Estado”. El régimen, sostuvo, ya no busca consolidar el poder sino sobrevivir.

“Ya no es mantener el poder, ya es ver cómo sobrevivo, porque van a, evidentemente, van a sucumbir”, afirmó.

En ese contexto, el gasto en tecnología de represión no se detiene. Mientras la población carece de lo esencial, el régimen destina recursos a drones para sobrevolar protestas e identificar participantes. El conglomerado militar GAESA, señaló Larrondo, mantiene decenas de miles de millones de dólares en el exterior.

La vigilancia digital y el control orwelliano de la población

Uno de los cambios más profundos de los últimos cinco años es la transformación del aparato de inteligencia cubano. El régimen siempre mantuvo fichas ideológicas de sus ciudadanos, alimentadas por los Comités de Defensa de la Revolución y las organizaciones de masas. Ahora esas fichas incorporan una dimensión digital de alcance mucho mayor.

“Están catalogando toda su vida online, sus relaciones con otros, su mensajería con otros, sus llamadas”, detalló Larrondo. El resultado es un sistema de vigilancia prospectiva que permite identificar a los disidentes antes de que actúen y enviar una señal de advertencia al resto de la población.

La inversión en ese sistema ha sido, según el presidente de Prisoners Defenders, cuantiosa y sostenida a lo largo de los últimos cinco años. El objetivo no es solo castigar a quienes se manifiestan, sino disuadir a quienes podrían hacerlo.

“A aquellos que son desafectos y lo manifiestan en público, directamente darles una lección a todo el resto de que nadie ose hacer algo así”, explicó.

Para Larrondo, el resultado es un Estado que ya no se parece a ninguna dictadura convencional. “Lo de Cuba ahora se ha puesto orwelliano total”, sentenció.

Las perspectivas de una nueva movilización espontánea

A cinco años del 11J, la pregunta que sobrevuela el aniversario es si el pueblo cubano volverá a las calles. Larrondo identifica dos factores que determinan las posibilidades de una nueva movilización: la infiltración del régimen en las organizaciones opositoras y la naturaleza espontánea de las protestas.

El primero opera como freno. El régimen destina un esfuerzo sistemático a infiltrar tanto a la oposición dentro de Cuba como a los grupos en el exterior. “Si para el gobierno americano han pasado inadvertidos numerosos espías, imagínate para la pobre oposición”, señaló.

El segundo, en cambio, actúa como ventaja. Cuando una protesta no tiene organización formal ni liderazgo visible, el régimen pierde sus principales herramientas de desarticulación. Sin una organización que identificar ni un titular que perseguir, la represión selectiva se vuelve más difícil.

“Cuando es espontánea y no la ha creado ninguna organización concreta, es más fácil que espontáneamente la gente siga un principio muy básico, que es salgamos a la calle”, explicó Larrondo.

El propio 11J de 2021, recordó, respondió a esa lógica. Todo apunta a que fue espontáneo, y esa característica fue precisamente lo que le dio su fuerza y su alcance masivo.

La sociedad cubana, advirtió, carga además con un daño estructural generado por décadas de régimen: “Tiene un daño antropológico generado por el propio régimen” que dificulta que la iniciativa de una organización concreta concite el apoyo de todo el pueblo. La espontaneidad, concluyó, tiene más posibilidades de lograrlo que cualquier convocatoria organizada.

Cuba registró este viernes su segundo apagón nacional en menos de una semana, con una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 16:30 hora local (20:30 GMT), según confirmó la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en X. Es el cuarto corte generalizado en lo que va de 2026 y el noveno desde finales de 2024.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se activaron de inmediato los protocolos de recuperación. De acuerdo con los antecedentes recientes, el restablecimiento del sistema es un proceso lento que puede extenderse varios días: implica arrancar con fuentes de generación simple —solar, hidroeléctrica y motores auxiliares— para abastecer áreas pequeñas que luego se interconectan de forma progresiva.

El apagón anterior, ocurrido el lunes pasado, fue atribuido a una fluctuación de voltaje combinada con baja producción. La UNE no logró restablecer el servicio de forma total hasta el miércoles de esta semana.

La escasez de combustible se agudizó en enero de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a la isla. Desde entonces, el transporte público se ha paralizado en gran medida y las autoridades han cancelado decenas de miles de cirugías, de acuerdo con la misma fuente.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita. Un cargamento de 730.000 barriles entregado por un buque ruso a finales de marzo se agotó para finales de abril. La baja disponibilidad de diésel importado, que alimenta la red de generadores de respaldo, complicó además el proceso de reactivación tras el apagón del lunes, explicaron directivos de la UNE.

El régimen cubano atribuye los cortes al bloqueo energético de la administración Trump y al endurecimiento de las sanciones. Washington, por su parte, señala que el modelo político y económico de la isla es el responsable del colapso. Economistas y analistas de energía, según CNN, apuntan además a años de subinversión y debilidades estructurales que han dejado la red cada vez más expuesta.

La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación continua, que sufren averías frecuentes o deben detenerse para mantenimiento, según informó la UNE. La principal de ellas, Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, lleva parada por reparaciones desde hace semanas y ha registrado más de 15 interrupciones por averías sucesivas desde principios de año.

El deterioro de la infraestructura se traduce en cortes diarios que superan las 24 horas consecutivas en La Habana. En el interior de la isla, los apagones pueden extenderse más de 70 horas, según informó la agencia francesa de noticias.

Para reducir la dependencia del petróleo, el régimen cubano ha invertido en energía solar con apoyo de China, entre otros socios. Entre 2025 y principios de 2026 se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos que generan más de 1.000 MW, equivalente al 10% de la producción eléctrica total del país.

A finales de 2024 esa proporción era del 3%. Las autoridades esperan alcanzar el 15% antes de que concluya 2026.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)

El Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia, encabezado por el general Rafael del Pino, lanzó un comunicado en el que interpela directamente a generales y coroneles de las Fuerzas Armadas cubanas en el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, exigiéndoles que retiren su apoyo a la familia Castro y asuman el poder junto al pueblo.

El comunicado del Movimiento describe a Cuba no como un Estado socialista sino como “un estado mafioso controlado por una oligarquía cleptocrática que roba los recursos al pueblo”. El texto apunta directamente a las recientes declaraciones públicas del nieto de Raúl Castro —al que califica de “Cangrejo”— como prueba de que el poder real descansa en la familia gobernante y no en las instituciones del partido.

Del Pino y los firmantes acusan a los mandos militares de actuar como “ejército mercenario privado” al servicio de esa estructura familiar. El llamado es explícito: “Saquen a esa familia del trono al que pretenden atornillar a sus descendientes. Pasen a la historia como dignos mambises, no como gánsteres al servicio de una cuadrilla de mafiosos”.

El texto coincide con un análisis de la socióloga Cecilia Bobes —investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México— que documenta una escalada sin precedentes de protestas en la isla durante 2026.

Bobes registró al menos 342 protestas en Cuba en lo que va de este año, una cifra superior a la acumulada en los tres años anteriores en conjunto, según declaró en una entrevista a EFE. La investigadora, autora de Protestas en Cuba. Más allá del 11 de Julio, señaló que “el aumento es más que exponencial” y que la protesta dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en parte del repertorio habitual de acción colectiva cubana.

La “crisis multidimensional” que describe Bobes combina las deficiencias estructurales del modelo cubano con la presión ejercida por Estados Unidos en los últimos meses. Según la investigadora, “la combinación entre precarización social, erosión de derechos sociales, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad”.

Entre los episodios más notorios de 2026, Bobes destaca dos. El primero fue la movilización universitaria contra la subida de tarifas del monopolio de telecomunicaciones ETECSA, que resultó inusual por producirse dentro de las aulas y en el seno de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), organización de órbita oficial. El segundo fue la protesta de Morón, calificada como la más violenta hasta la fecha: los vecinos marcharon hasta una sede del partido, la saquearon parcialmente y quemaron su mobiliario.

Un cambio cualitativo que la socióloga subraya es la incorporación progresiva de consignas políticas en manifestaciones que históricamente se limitaban a quejas por servicios deficientes: electricidad, agua y alimentos. Las acusaciones directas al gobierno y los insultos a dirigentes aparecen “cada vez con mayor frecuencia”, según Bobes. El acceso a internet móvil —disponible en Cuba desde hace menos de siete años— opera como catalizador al facilitar la coordinación y reducir los costos de participación.

A pesar de la escalada, Bobes advierte que prever un nuevo estallido del calibre del 11J resulta difícil. Entre los factores que lo inhiben menciona la “represión a priori” ante cualquier convocatoria, la “criminalización del disenso” y la “ausencia de estructuras de organización en la sociedad civil”.

La emigración masiva y predominantemente joven de los últimos años también debilita la capacidad de movilización, al igual que la precarización cotidiana, que —según la investigadora— “reduce la capacidad de agencia de los individuos y debilita los vínculos de solidaridad y organización colectiva”. Bobes advierte que una crisis no conduce necesariamente a la democratización ni al colapso del régimen, y que puede derivar en “equilibrios inestables en los que coexisten deterioro social, resiliencia cotidiana, control estatal y formas fragmentarias de disenso”.

Esa es la cara más visible del colapso del programa de bancarización impulsado por el régimen de Cuba tres años atrás, un proceso que prometía modernizar la economía y que hoy es reconocido incluso por la prensa oficialista como “un problema social”.

El caso del periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, resume la arbitrariedad del sistema. Días atrás, Chang intentó pagar 10 panes en un negocio privado de Santa Clara con 100 billetes de cinco pesos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como pensión. La empleada del establecimiento se negó a aceptarlos.

Su pensión máxima es de 3.653 pesos cubanos mensuales, el equivalente a menos de 10 dólares. “Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos”, escribió Chang en el periódico Trabajadores, recogido por el portal CiberCuba.

Los jubilados son el grupo más golpeado por la escasez de liquidez, en parte porque la mayoría carece de teléfonos inteligentes y no puede recurrir a los pagos electrónicos que la dictadura promueve como solución. La brecha tecnológica los obliga a depender del efectivo en un sistema donde los cajeros automáticos están vacíos o directamente fuera de servicio.

En La Habana, más del 50% de los cajeros ya no funcionaban en mayo, según datos publicados por CiberCuba. El Banco Metropolitano habría reducido, además, el límite de retiro a 3.000 pesos por operación, por debajo del propio tope legal de 5.000 pesos fijado en 2023.

La magnitud del fracaso queda expuesta en los números. A escala nacional, apenas el 3,77% de las transacciones son digitales, pese a que las autoridades han detectado más de 26.500 deficiencias, aplicado 15.240 multas y ordenado el cierre de 269 establecimientos.

En Pinar del Río, solo entre el 10% y el 12% de unas 700.000 operaciones mensuales se realizan por vías digitales. En Sancti Spíritus, menos del 10% de las mipymes y trabajadores privados acepta transferencias como método de pago habitual, de acuerdo con un sondeo del mes pasado.

Ante ese panorama, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) lanzó una nueva campaña en redes sociales para defender la bancarización y ofrecer su diagnóstico del problema. A través de una infografía publicada por Bandec Matanzas, la entidad sostiene que la escasez de efectivo se produce porque los negocios que cobran en efectivo no depositan sus ingresos, lo que deja el dinero “retenido fuera del sistema financiero”. La propuesta del banco es directa: “Más pagos digitales para que el dinero regrese a las sucursales y pueda redistribuirse”.

La respuesta en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente crítica. Uno de los comentarios más respaldados señaló que “el dinero de los jubilados tiene que estar ahí, no pertenece ni al banco ni a los comerciantes; el banco solo es el custodio”. Otros usuarios apuntaron que el Estado debería aumentar la oferta de productos en pesos cubanos para que el dinero vuelva de forma natural al sistema. “No le echen más la culpa a las personas”, escribió otro internauta, mientras que un tercero comparó el argumento del banco con responsabilizar a los ciudadanos por los apagones.

Las críticas a la infraestructura tecnológica también abundaron. Muchos establecimientos aún no cuentan con terminales de punto de venta (POS) o sufren cortes frecuentes de conectividad, lo que hace prácticamente inviable el uso cotidiano de los pagos electrónicos, en especial para las personas mayores.

El propio director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba (BCC) lo admitió en mayo: “Si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar”, según recogió CiberCuba.

La situación ha generado un mercado paralelo donde la extracción de efectivo “al por ciento” —con comisiones de entre el 35% y el 50%— se ha normalizado como única vía de liquidez para miles de cubanos. En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a individuos que cobraban esas comisiones por convertir transferencias en efectivo. El ciudadano Freddy De León López tardó tres días en retirar apenas el 40% de su salario debido a cajeros sin efectivo y caídas del sistema. Cuando lo logró, un negocio privado rechazó su pago electrónico.

El Banco de Crédito y Comercio (Bancec) de Ciego de Ávila emitió un comunicado exigiendo a mipymes y cuentapropistas el cese del rechazo de billetes de cinco, 10 y 20 pesos, al calificarlo de “flagrante violación de los derechos de los ciudadanos”. La respuesta ciudadana fue contundente: “Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda”.

El régimen aprobó el 19 de junio un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada y la eliminación de límites en las extracciones de efectivo.

Las reformas llegan cuando el sistema bancario ya opera en condiciones de colapso, según reconoció el periódico oficialista Venceremos de Guantánamo, que admitió que la crisis del efectivo “ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social”.

La crisis que atraviesa el sistema de salud en Cuba se refleja en casos como el de Rosa Valentina Pérez, quien lleva casi tres semanas esperando una tomografía computarizada en la principal clínica oncológica de La Habana. La urgencia de su diagnóstico contrasta con la realidad: solo un escáner funciona en la capital y la lista de espera es larga.

“No se pueden imaginar lo que es tener este dolor, saber que tu esperanza de vida se está reduciendo y oírles decir: ‘Veamos cuándo podemos hacer esa tomografía’”, relató Pérez. Su historia ilustra el deterioro de un sistema que durante décadas fue considerado el emblema de la revolución cubana.

Aunque Cuba fue célebre por su atención médica gratuita y de calidad, hoy la sanidad pública está al borde del colapso. Factores como la pandemia, el endurecimiento de sanciones internacionales y una crisis energética agravada por el bloqueo de combustible llevaron la infraestructura hospitalaria a una situación crítica.

En los hospitales cubanos, los cortes de energía y la escasez de medicamentos son el pan de cada día. A esto se suman el éxodo de profesionales hacia el exterior y la obsolescencia de los equipos médicos, lo que deja áreas prioritarias como oncología, cardiología y nefrología al límite de sus capacidades.

El director del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, Luis Eduardo Martín, expuso la magnitud del problema: “El 80% de los equipos utilizados en diagnóstico y tratamiento están obsoletos o averiados”. Este déficit tecnológico obliga a los médicos a “administrar medicamentos sin poder verificar en ocasiones que estén teniendo el efecto que esperamos... porque no contamos con los reactivos ni el equipo para controlarlos”.

La lista de espera para acceder a la radioterapia en el INOR supera los 1.200 pacientes. El relato de Pérez a la agencia AFP, quien tras una cirugía de cáncer de mama necesita saber si la enfermedad avanzó o no, se repite entre quienes enfrentan el drama de la demora diagnóstica.

La situación actual en el sistema de salud cubano es insostenible: la falta de recursos, equipos dañados y la escasez de personal también provocaron que los tratamientos y diagnósticos se ralenticen o se limiten, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes. El deterioro afecta tanto a adultos como a niños, y las soluciones improvisadas rara vez bastan para evitar consecuencias graves.

La crisis no distingue edades. Según datos oficiales, la supervivencia al cáncer infantil cayó del 85% al 65% en pocos años. “Es muy frustrante saber que puedes salvar al niño, lograr una mayor tasa de supervivencia, y no puedes hacerlo porque tienes las manos atadas”, lamentó Mariuska Forteza, jefa de oncología pediátrica del INOR.

La falta de reactivos y combustible para transportar muestras entre hospitales obligó a recortar análisis sanguíneos esenciales. A pesar de la adversidad, los técnicos intentan mantener los equipos en funcionamiento. “A veces tengo que venir al hospital a medianoche o a las 2 de la madrugada para reparar equipos para que el paciente pueda comenzar su tratamiento”, contó Alexis Amado Domínguez, técnico de reparaciones.

En el Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el número de operaciones cardíacas anuales cayó de más de 400 a apenas 100, según el médico José Esteban Abreu. Unos 130 pacientes esperan la implantación de un marcapasos, mientras el personal recurre al canibalismo de piezas para mantener algunos equipos activos.

“Siempre estamos inventando, trabajando, innovando”, dijo el técnico Luis Alexis Duncan, mostrando equipos desmantelados que esperan ser reparados en el taller que atiende el 80% del equipamiento médico de la ciudad.

La inventiva cubana, aunque legendaria, no alcanza para sortear todas las limitaciones. Incubadoras y respiradores neonatales defectuosos se acumulan en los talleres, mientras el éxodo de médicos y enfermeros agrava una situación ya crítica. Los salarios estatales, pagados en pesos muy devaluados, no alcanzan para retener al personal sanitario.

En la unidad de diálisis del Hospital Hermanos Ameijeiras, la jefa de nefrología Iamara Castro admitió que debieron reducir las sesiones de cuatro a dos horas para atender a más pacientes. “Cuando se acorta el período de hemodiálisis, se acorta la vida”, señaló con gravedad, subrayando que el servicio se sostiene por la pura “compasión”.

Nelson Companioni, paciente de 81 años, describió su temor a que los equipos fallen antes de terminar su tratamiento. “Se ve a las enfermeras arrodilladas allí, golpeándolo para que funcione”, relató sobre la escena habitual en el hospital.

(Con información de AFP)

El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara completó este jueves su condena de cinco años de prisión en paradero desconocido, mientras organismos internacionales de derechos humanos exigen su liberación inmediata y crecen los indicios de que el régimen cubano prepara su deportación forzada a Estados Unidos.

Otero Alcántara, de 38 años, fue sacado el martes de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en el municipio de Artemisa (oeste de Cuba), sin que su familia ni sus allegados recibieran información oficial sobre su destino. Su familia confirmó que no se encuentra en su domicilio de La Habana, según informó la activista Yanelis Núñez.

La curadora y opositora cubana Anamely Ramos González, integrante del Movimiento San Isidro, denunció que el artivista no está libre ni excarcelado, sino “desaparecido”. “Ni su familia, ni sus amigos cercanos hemos tenido ninguna comunicación oficial y si sabemos que fue sacado de Guanajay es por la solidaridad de otros presos”, señaló Ramos González en redes sociales.

Este jueves, Otero Alcántara se comunicó brevemente con Ramos González desde un teléfono de la Seguridad del Estado. “Me llamó desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz”, detalló la activista en su perfil de Facebook. Al ser preguntado por su ubicación, el artista respondió que no podía decirla; Ramos González añadió que “posiblemente” ni él mismo “sepa con exactitud” dónde se encuentra.

La curadora también reveló que las autoridades cubanas indagaron durante la llamada sobre el estado de un trámite migratorio. “El parole de Luis Manuel sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva”, escribió.

Según informó Núñez, hace semanas se había iniciado una solicitud de libertad supervisada (parole) en Estados Unidos para Otero Alcántara, aunque aclaró que no existía confirmación de una expulsión efectiva. De acuerdo con la misma fuente, el régimen habría propuesto en reiteradas ocasiones el exilio como alternativa a la cárcel y mantendría al artista en una instalación del Ministerio del Interior (MININT) mientras ultiman los preparativos para un posible traslado a Miami.

Otero Alcántara había manifestado en repetidas ocasiones que no deseaba abandonar Cuba contra su voluntad. Ramos González señaló que “el régimen cubano lo quiere fuera” y que “se adueñó de nuestro país y nos usa a todos para asegurar su posesión”.

El líder del Movimiento San Isidro fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba. El Tribunal Municipal Popular de Centro Habana lo condenó en junio de 2022 a cinco años de privación de libertad por los delitos de “desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado”, dentro de la Causa No. 12/2022. Otero Alcántara siempre negó los cargos y denunció múltiples abusos durante su reclusión.

En abril pasado, el Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó una apelación que solicitaba su liberación anticipada, al considerar que ya había cumplido la pena que le correspondía. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas había concluido previamente que su privación de libertad, junto a la del artista Hamlet Lavastida, fue “arbitraria” y pidió al Gobierno cubano remediar la situación “sin dilación”.

Amnistía Internacional (AI) exigió la “liberación inmediata e incondicional” del artista, a quien considera preso de conciencia. “Luis Manuel, artista afrocubano y preso de conciencia, nunca debió estar encarcelado por expresarse, crear arte y ejercer pacíficamente sus derechos. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, precisó la ONG.

La organización Cubalex había pedido desde el martes “información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento y comunicación con sus familiares, así como acceso a representación legal”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado en febrero de 2021 medidas cautelares a 20 miembros del Movimiento San Isidro —entre ellos Otero Alcántara y Ramos González— al considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal se encontraban en grave riesgo.

El régimen cubano presentó el alcance de las medidas relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados, incluidas en el paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, cuyo objetivo es liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

Directivos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y del de Actores Económicos No Estatales explicaron que las nuevas políticas buscan “impulsar, dinamizar y hacer crecer” el tejido empresarial, haciéndolo “más diverso” y orientado a generar la riqueza que el país requiere.

La directora del sistema empresarial del MEP, Yovana Vega Mato, destacó la propuesta de una “alta interrelación” entre actores estatales y privados.

Detalló que existen 23.172 entidades empresariales en la isla: 2.803 estatales, 15.200 mipymes privadas, 4.966 cooperativas, 131 empresas mixtas y 72 de capital extranjero.

Vega Mato señaló que se pretende que “todos los actores se gestionen en similares condiciones en la economía”, mediante nuevas facultades y flexibilizaciones en los procesos.

Las reformas permitirán la creación de empresas privadas sin límite de tamaño y la posibilidad de que un ciudadano constituya más de una compañía. Además, los inversionistas extranjeros podrán participar directamente en negocios privados, sin obligación de asociarse solo con el Estado.

Las autoridades también anunciaron la simplificación de trámites para abrir empresas. Según Vega Mato, ya no será necesario contar con una autorización del MEP para su creación.

El presidente del INAEE, Roberto Ricardo Marrero, subrayó que las reformas amplían la autonomía de la empresa estatal, que podrá crear filiales y mipymes estatales, definir su objeto social, aprobar precios y salarios, y decidir sobre sus inversiones principales.

Las entidades estatales también tendrán sus propias divisas y operarán en condiciones similares a las del sector privado.

En cuanto a las empresas privadas, la responsable del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Mercedes López Acea, informó que el plazo para la aprobación de mipymes se ha reducido a unos 20 días.

Se eliminó el límite de 100 empleados para las entidades privadas, que podrán “ampliar, diversificar o desarrollar otras actividades de producción y servicios”.

López Acea explicó que ahora se permite ser titular de más de una empresa o mipyme, crear empresas mixtas entre estatales, privados o extranjeras, realizar importaciones directas y desarrollar actividades adicionales manteniendo el objeto principal de la empresa.

Próximamente se publicará que más del 62% de las actividades antes prohibidas para el sector no estatal “se liberan o flexibilizan”.

La dictadura cubana aprobó 176 medidas destinadas a flexibilizar el modelo económico, ampliar el sector privado y abrir nuevas vías a la inversión extranjera, en medio de una crisis profunda y tensiones con Estados Unidos.

Estas reformas surgen en un contexto donde la economía cubana se contrajo 15% entre 2020 y 2025 por la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y políticas internas fallidas.

Desde enero, la política de máxima presión del Gobierno de EEUU ha exigido cambios políticos y económicos en Cuba, aplicando un cerco petrolero y sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras.

La organización de derechos humanos Prisoners Defenders publicó este jueves su informe mensual sobre presos políticos en Cuba con dos cifras sin precedentes en sus registros: 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos al cierre de junio y 40 de ellas detenidas cuando eran menores de edad, el número más alto documentado hasta la fecha.

El reporte llega dos días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 -más conocidas como 11J-, la mayor movilización ciudadana registrada en la isla desde 1959.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J: 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en conversación con Infobae.

Solo en junio, la organización verificó 32 nuevos casos, con otros 21 aún en proceso de investigación. De los 40 menores registrados en la lista total, 16 permanecen recluidos en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.

Un patrón represivo dirigido a silenciar la influencia social

El informe documentó un cambio en el perfil de las víctimas. La represión ya no apunta únicamente a quienes participan en manifestaciones o ejercen activismo político, sino a personas con capacidad para informar, movilizar o influir en distintos sectores de la sociedad.

“El régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social: periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, ex presos del 11J y numerosos jóvenes”, señaló Larrondo; al tiempo que acotó: “Todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J”.

Entre los casos documentados en junio figuran los de Eduardo Ceballos Pérez, conocido como “Eddy Jones”, y Christian Rodríguez Riverón, creadores del canal de YouTube Despingovery Channel, arrestados por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas y en ruinas. Las autoridades los procesaron por presuntos delitos de “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”, cargos que en el Código Penal cubano se castigan con entre 10 y 30 años de prisión, cadena perpetua o muerte.

Ceballos fue detenido el 1 de junio y trasladado a la prisión Combinado del Este, donde permaneció incomunicado; mientras que Rodríguez Riverón fue arrestado el 14 de junio al acudir a una citación policial, sin orden judicial.

El rapero de las protestas de Barbosa y la redada en Santiago de Cuba

Las protestas registradas en el reparto Barbosa, en La Habana, durante la segunda quincena de junio, motivadas por prolongados apagones y la crisis económica, desencadenaron una nueva ola de detenciones. Entre los arrestados figura el rapero y activista Andrés Matos Alcántara, conocido como “MC K-LIBRE”, detenido el 25 de junio tras acudir a una citación policial.

Las autoridades le atribuyen falsamente el liderazgo de los cacerolazos, pese a que su familia y testigos afirman que solo pasó por el lugar durante unos minutos. Durante los primeros días de su detención, el régimen ocultó su paradero, lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a activar una Acción Urgente. El 4 de julio fue trasladado a la prisión de Valle Grande pese a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.

En la misma protesta, los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez fueron detenidos el 21 de junio sin orden de arresto. Según testimonios de allegados, ambos sufrieron golpes durante la detención. En el caso de Yoan, las agresiones le provocaron múltiples fracturas en las costillas, una herida en el pecho y lesiones en los pies, sin que las autoridades le proporcionaran atención médica.

Una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo de Contramaestre (Santiago de Cuba), el 22 de junio, añadió 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, seis de ellos menores de entre 15 y 17 años: Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), José Ángel Borrero Zorrilla (17 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años) y Ángel Luis Leyva (17 años), junto a Cristian Fernández Sarmiento (15 años), detenido el 19 de junio durante las manifestaciones de Altamira.

La enfermedad como mecanismo de represión

Prisoners Defenders documentó que 458 presos políticos padecen patologías médicas graves o crónicas, y 53 presentan trastornos de salud mental severos previos a su detención. “La privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”, advirtió Larrondo a este medio.

Tres casos concentran la mayor gravedad. Carlos Alberto MacDonald Ennis fue excarcelado el 12 de junio tras más de dos años en prisión provisional, aunque continúa sometido a proceso penal. Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que crece hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento, y al salir pesaba apenas 48 kilogramos, con hipertensión y diabetes agravadas.

En tanto, Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión por el 11J, contrajo tuberculosis en prisión y presenta desnutrición severa, trastornos neurológicos y crisis recurrentes de asma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por el riesgo para su vida, pero continúa recluido. Prisoners Defenders lo incluyó entre los 33 presos políticos con riesgo gravísimo para su vida e integridad física.

Por su parte, Rolando Yusef Pérez Morera, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y también condenado a ocho años, mostró en imágenes obtenidas durante un permiso penitenciario temporal un deterioro físico extremo producto de la desnutrición severa.

Represión preventiva ante el aniversario del 11J

A escasos días del quinto aniversario, las autoridades cubanas desplegaron una operación de hostigamiento contra activistas de distintas organizaciones. El 2 de julio, decenas de ellos fueron impedidos de asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, mediante cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y traslados forzosos.

José Elías González Agüero, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), y el ex preso político Alexander Díaz Rodríguez fueron trasladados esposados a una zona boscosa en las afueras de La Habana, donde fueron obligados a desnudarse y fotografiados en esa situación. Según el testimonio de González Agüero, uno de los agentes le colocó una pistola en la cabeza mientras le decía “se acabó tu historia y te vamos a matar aquí”, y los represores realizaron disparos simulando ejecuciones.

Díaz Rodríguez —cuya fotografía al salir de prisión tras cumplir una condena de cinco años por el 11J recorrió el mundo por su parecido con imágenes de campos de concentración— fue golpeado repetidamente y tuvo un papel introducido en la boca por la fuerza mientras permanecía esposado. En prisión había adquirido un cáncer de garganta y tiroides en fase terminal, hepatitis B, anemia severa y un cuadro de desnutrición severa terminal.

Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, fueron retenidos por la Seguridad del Estado durante cerca de 11 horas para impedir su asistencia al mismo evento. Tras recuperar la libertad, denunciaron que el objetivo era silenciarlos y amedrentarlos.

En paralelo, las autoridades reabrieron un proceso penal previamente archivado contra la influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente (“Anna Bensi”), sometiéndola junto a su madre a nuevos interrogatorios de más de ocho horas.

El informe señaló también el caso del pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, de 58 años, detenido el 11 de junio en el municipio de Regla tras increpar verbalmente a funcionarios que dispersaban una protesta vecinal contra los apagones y la escasez de agua. Al ser visitado por su esposa el 26 de junio, apenas nueve días después de su detención, presentaba pérdida considerable de peso, pies hinchados y dolores agravados por una artritis reumatoide sin tratamiento.

La omisión internacional como factor de la escalada

El informe de Prisoners Defenders apuntó directamente a la inacción pública de gobiernos democráticos como factor que permite al régimen cubano sostener la escalada represiva sin consecuencias políticas.

La organización mencionó a España —con referencia expresa al gobierno de Pedro Sánchez—, la Comisión Europea y Canadá entre los actores que no se pronuncian ni defienden públicamente, de forma sostenida, a las nuevas víctimas de la represión.

En los últimos 12 meses —de julio de 2025 a junio de 2026—, la lista de Prisoners Defenders sumó 264 nuevos presos políticos, un promedio de 22 por mes. Cuba ocupa además el primer lugar mundial en desapariciones forzadas ejecutadas por el propio gobierno, con 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas promovidas por la propia organización.

La dictadura cubana trasladó el lunes 7 de julio al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, sin comunicar a su familia ni a sus allegados el destino ni las condiciones del movimiento. Más de 24 horas después, su paradero seguía siendo un misterio. Su condena de cinco años expira este jueves 9 de julio.

Amnistía Internacional (AI) fue la primera organización en hacer pública la alarma. “¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara?”, preguntó en redes sociales, mientras denunciaba que la familia y los amigos del artista “no tienen información oficial sobre su paradero, luego de que fuera sacado de la prisión de Guanajay”. La ONG exigió su “liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, según informó EFE.

La activista y curadora Anamely Ramos, integrante del Movimiento San Isidro, fue más directa. “Ahora mismo Luis Manuel está desaparecido. No está libre. No está excarcelado. Está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana”, escribió en redes sociales. Ramos precisó que el entorno del artista supo del traslado únicamente gracias a “la solidaridad de otros presos” del penal, ya que las autoridades no emitieron ninguna comunicación oficial.

La familia confirmó que el artista no regresó a su vivienda en el barrio de El Cerro, en La Habana. La curadora Yanelys Núñez informó a Martí Noticias que el traslado ocurrió dos días antes de extinguirse la condena y que Otero Alcántara tampoco estaba en ninguna dirección conocida de sus allegados. “Lo damos como desaparecido”, afirmó.

Cubalex, el centro de asesoría legal independiente con sede en Miami, denunció que el traslado fue ejecutado bajo un “fuerte operativo de la Seguridad del Estado” y apuntó que las autoridades buscan “mantenerlo aislado mientras se resuelve un proceso de parole humanitario en Estados Unidos”, según recogió AFP. La curadora Núñez explicó que esa solicitud lleva semanas en trámite y que el régimen actuó para evitar que el artista quedara en libertad en Cuba en vísperas del 11 de julio.

Otero Alcántara, de 38 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las manifestaciones que ese día estallaron en numerosas ciudades de la isla, las mayores protestas antigubernamentales en Cuba en décadas. Fue condenado en junio de 2022, en un juicio a puerta cerrada, a cinco años de prisión por “ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos”. En el mismo proceso, el rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, recibió una condena de nueve años.

El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril un recurso que solicitaba la libertad anticipada del artista. Cubalex también había presentado un habeas corpus argumentando que ya había cumplido la condena si se computaban el tiempo de prisión preventiva y las reducciones previstas por la legislación cubana. Ese recurso fue igualmente desestimado.

Artista autodidacta, Otero Alcántara fue uno de los impulsores del Movimiento San Isidro, colectivo fundado en 2018 que reunió a artistas, periodistas e intelectuales en defensa de la libertad de expresión frente al Decreto 349, norma que amplió los mecanismos de censura sobre la actividad artística en Cuba. En 2021, Time lo incluyó entre las cien personas más influyentes del mundo. Durante el encarcelamiento recibió el Premio a la Democracia 2026 de la National Endowment for Democracy y el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió el martes una fotografía del artista junto a otros presos políticos cubanos durante un debate de la Asamblea General convocado a petición de La Habana para discutir las sanciones estadounidenses. El régimen no ha dado ninguna explicación sobre el traslado. La incógnita ya no es cuándo saldrá de Guanajay, sino si la dictadura cubana tiene intención de dejarlo libre.

Adrián Silva Guerra vio que la farola de la calle se encendió con un parpadeo. Eran las 2:08 AM de un jueves. Silva Guerra, electricista, rápidamente se levantó del portal, entró a la casa y dejó la puerta entreabierta para que el aire de la madrugada llegara a su hijo de 7 años, quien dormía en un colchón de espuma.

Entró en su taller, se sentó junto a una pila de televisores descompuestos que desmontaba para sacarles piezas de repuesto y empezó a soldar. Una voluta de humo salía de una placa de circuitos verde y cobriza en la que estaba trabajando para reparar un aparato. Hizo todo lo que pudo hasta que, dos horas más tarde, volvió a quedar sumido en la oscuridad.

“Soy esclavo de la corriente”, dijo Silva Guerra, de 32 años, ojeroso y sin haber dormido.

Poco antes de que se fuera la luz, su madre, Zucel Guerra Brise, de 52 años, salió de su casa en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, en su costa sureste. Gracias al pequeño destello de suministro eléctrico, los hornos de una panadería privada pudieron hacer pan esa noche.

Ella hizo fila para comprar 100 panecillos y se preparó para recorrer las calles de la ciudad y revenderlos para que su familia tuviera dinero para comer. Pagó 7 centavos por panecillo y los vendió a 9 centavos cada uno.

Silva Guerra, su madre y su padre, Luis Silva Aldana, de 64 años, maestro de primaria, juntan a duras penas el equivalente a menos de 60 dólares al mes. Con eso tienen que mantener a su familia de cuatro generaciones, que también incluye a la esposa de Silva Guerra, Analeidis, a sus dos hijos pequeños y a Zoe, su abuela.

Durante casi dos días en mayo, vimos cómo la familia se las ingeniaba en unas de las condiciones más difíciles que, según ellos, habían vivido.

Sus circunstancias son un microcosmos de las dificultades a las que se enfrenta Cuba, que está viviendo su peor crisis humanitaria desde que, hace casi siete décadas, una revolución allanó el camino a un régimen comunista.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto limitaciones a Cuba y ha exigido a sus líderes cambios políticos y económicos. La represión del gobierno cubano y su fallido sistema económico han profundizado las consecuencias de un embargo comercial estadounidense que ya se ha prolongado por décadas.

Desde principios del año, un bloqueo petrolero de facto de Estados Unidos y una oleada de nuevas sanciones, que se sumaron a las que ya había, han paralizado al Estado cubano y lo han dejado sin el combustible necesario para que el país funcione. (Cuba experimentó un apagón a nivel nacional el lunes).

Estas circunstancias han hecho que Silva Guerra y su familia extendida vivan al límite: se ganan la vida con ingresos míseros, no han podido comer adecuadamente y están a merced de breves periodos de luz en momentos impredecibles.

Las bodegas, un sistema estatal que en su día garantizaba alimentos básicos a precios extremadamente bajos, empezaron a fallar porque al gobierno le falta dinero para importar comida. Ahora, prácticamente han desaparecido.

Hay meses en los que la familia Silva Guerra no recibe arroz, frijoles, huevos ni pollo del Estado, solo un panecillo para cada uno cada tres días. El gobierno dice que se quedó sin el combustible necesario para transportar alimentos. Los precios de la comida en los mercados han aumentado casi un 20 por ciento este año, según cifras oficiales.

Ya que la luz eléctrica está disponible apenas cuatro horas al día, sus ingresos se han reducido: aunque trabaje lo más rápido que puede por la noche, cuando suele haber corriente, Silva Guerra, que antes era el principal sostén de la familia, ahora apenas aporta algo al presupuesto familiar.

La familia extraña el chorote, una bebida espesa típica del este de Cuba que se toma en el desayuno y se hace con harina de maíz tostada, azúcar y leche. En su lugar, por la mañana, Silva Guerra rebanó las barras de pan blanco en cuartos y mezcló un poco de agua con un sobre de polvo blanco para preparar una bebida con sabor a mango.

Eso era el desayuno. Y no solo para la familia.

“Si no desayuno aquí, no desayuno”, dijo Lázaro Figueroa Tamayo, de 52 años, un viejo amigo de la familia que antes cortaba caña de azúcar, pero ahora es cocinero en un hospital.

En la mesa también estaban otro amigo de la familia, Rolando Galán Labrada, de 59 años, y su hija de 6, además del hijo de 7 años de un vecino que viene cada mañana a comer.

Después, Silva Guerra acompañó a sus hijos —Alejandro, de 6 años, y Anna Jeline, de 4— para subir las lomas empinadas hasta la escuela. Cuenta la leyenda que su barrio, Chicharrones, debe su nombre a los vendedores ambulantes que, en la época colonial española, vendían chicharrones a la gente que iba a ver a los trovadores.

A finales de la década de 1950, los residentes de aquí —entre ellos el bisabuelo de Silva Guerra— ayudaron a los rebeldes de Fidel Castro a librar una guerra de guerrillas urbana, y los escondían de la policía controlada por un dictador aliado con Estados Unidos.

En esta comunidad tan unida, parece que todo el mundo se conoce. Las puertas dan directamente a la calle. Los vendedores se sientan en banquitos y ofrecen detergente, café y chambelonas. La gente lleva cubos con agua de las casas que tienen agua a las que no tienen, ya sea por escasez o por tuberías rotas.

La mayor parte de la comida que se consume aquí ahora viene del sector privado. Con el dinero que envía la diáspora cubana desde Florida y España se compra pollo, arroz y frijoles.

El gobierno mexicano, que dejó de enviar petróleo a Cuba después de que el gobierno de Trump amenazara con imponer aranceles a los países que siguieran suministrando combustible, está enviando paquetes de arroz, bolsas de chícharos partidos y botellas de aceite vegetal a niños menores de 4 años y a los adultos mayores de 65.

La gente del barrio que tiene la suerte de tener suficiente para comer comparte lo que le sobra —una pata de pollo, unos gramos de arroz, una taza de azúcar— con quienes lo están pasando peor, sobre todo las familias con niños.

Estos gestos humildes de generosidad, multiplicados y combinados con los programas estatales de alimentación dirigidos a los grupos vulnerables, “es lo que mantiene viva a la gente”, dijo Walter Mondelo, profesor de derecho en la Universidad de Oriente —la principal universidad de Santiago—, quien sufre las mismas penurias que muchos otros cubanos.

Los analistas dicen que el modelo socialista de Cuba, aunque coartaba las libertades individuales, impulsaba a la gente a cuidarse unos a otros, a través de una ideología igualitaria y movilizaciones masivas que redujeron el analfabetismo, vacunaron a la población y enviaron médicos al extranjero.

Mondelo dijo que, a pesar de los fracasos de la Revolución cubana, le enseñó a la gente a compartir y a ayudarse, y, afirmó, parte de eso continuaba: quienes menos tienen son quienes apoyan más a los otros.

Esta solidaridad a pie de calle persiste porque funciona: la gente da por altruismo, pero también sabiendo que quizá necesite algo en el futuro.

Silva Guerra dijo que estas prácticas son una forma de convivir. Él, por ejemplo, arregla gratis las herramientas de trabajo de algunos de sus vecinos.

Figueroa Tamayo, el vecino de la familia, tiene una relación muy cariñosa con Zoe Brise, de 73 años, la abuela de Silva Guerra, que ha estado postrada en cama y con escayola desde que se fracturó la cadera tras una caída.

Él la levanta de la cama —que está en la cocina, ya que no hay sitio en ningún otro lugar de la casa— y la lleva al baño y al salón para que pueda estar acompañada. Brise dijo entre risas que Figueroa Tamayo la trata así porque quiere casarse con ella.

Cuando las luces volvieron a encenderse a la 1:23 PM de esa tarde, todos los que estaban en la casa se emocionaron. Más allá de la puerta principal, la calle se quedó vacía mientras la gente se apresuraba a entrar para lavar la ropa y cargar sus dispositivos.

“¡Corriente!”, gritó Zucel Guerra Brise, la madre de Silva Guerra. Enchufó una placa eléctrica que su hijo había improvisado con un taburete de madera, una lámina de zinc y la bobina de una vieja olla arrocera, y empezó a hervir pollo.

Desde los altavoces del taller de Silva Guerra sonaba salsa. En cuestión de minutos, llegaron dos mujeres con un reproductor de DVD que no funcionaba.

Él sonrió por primera vez ese día, y dijo que cuando volvía la luz, podía poner en práctica sus habilidades.

Pero no duró mucho. Cincuenta y siete minutos después, la música se apagó. No tuvo tiempo suficiente para arreglar el reproductor de DVD y fue otro día en el que Silva Guerra no ganó nada.

Silva Guerra dijo que la falta de corriente lo atormentaba y que lo ponía a pensar en qué podía vender para comprar un paquete de pasta.

Dijo que ha empezado a tener migrañas por el estrés.

Sin transporte público ni dinero para salir y teniendo que asegurarse de que haya alguien en casa cuando vuelva la luz, el mundo de la gente se ha reducido. Los días son monótonos y predecibles.

Al día siguiente, los hijos de Silva Guerra se quedaron en casa sin ir a la escuela. La familia no tenía dinero para prepararles comida. Silva Guerra dijo que no tenía nada que darles.

Por la tarde, estaba arreglando un televisor. Justo cuando quitaba la carcasa de plástico, se volvió a ir la luz.

Sin dinero para la comida, le pidió prestados 80 centavos a un vecino para comprar unos gramos de arroz y un cubito de puré de tomate.

De vuelta en casa, él y Figueroa Tamayo empezaron a desmontar la cama plegable de madera que le había dado el Estado y en la que dormía su hija de 3 años.

Mientras separaba las tablas de la cama, dijo que sus opciones eran esperar a que volviera la luz o improvisar.

Ni siquiera durante el llamado “periodo especial” de la década de 1990, cuando colapsó la Unión Soviética —el mayor benefactor de Cuba— y el país se sumió en la miseria, la familia tuvo que improvisar para cocinar.

Ahora sí que tenían que hacerlo.

Analeidis Silva Guerra puso una rejilla de su refrigerador descompuesto sobre dos bloques en su pequeño patio trasero, montó las tablitas de madera de la cama entre los bloques y arriba colocó una cacerola llena de hollín con agua, arroz y puré de tomate.

Luego prendió el fuego.

© The New York Times 2026.

Ante la falta crítica de diésel y los apagones prolongados, muchas Mipymes recurrieron al gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido como “gas de la calle”— y al gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar generadores eléctricos.

La red de gas canalizado es uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al colapso del suministro eléctrico y de otros combustibles, lo que la convirtió en una salida de emergencia para los comercios privados. Sin embargo, especialistas y vecinos advierten que esa mayor demanda podría saturar el sistema en el corto plazo.

El desvío del recurso tiene un costo directo para los hogares. El acaparamiento y la reventa del gas en el mercado informal redujeron la disponibilidad para las familias, que en muchos casos debieron sustituirlo por leña o carbón para cocinar.

Aunque el régimen ha comenzado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen estaciones de servicio, la falta de liquidez y las trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Altos funcionarios reconocen que la dependencia de importar combustible en contenedores es un desafío estructural sin solución inmediata.

La misma escasez de combustible explica el deterioro del servicio de recolección de residuos. Según datos publicados por CiberCuba, en febrero pasado solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, un 41,5% de la flota total. La Habana genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos diarios, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedaban sin retirar cada jornada.

Ante ese colapso, el Estado recurrió a maquinaria pesada de construcción —equipos habitualmente destinados a obras de vivienda— para despejar los vertederos improvisados que proliferaron en distintos barrios. La medida generó un nuevo problema: el uso de esos equipos rompe aceras, destruye el pavimento y abre baches en las zonas intervenidas.

Mientras tanto, muchos vecinos optaron por quemar los residuos acumulados frente a sus casas, lo que libera humo tóxico y agrava los riesgos sanitarios. Medios locales informaron que la acumulación de basura disparó brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en la ciudad.

Frente a la magnitud del problema, algunos vecinos tomaron la iniciativa por su cuenta. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida de basura; mientras que en Centro Habana dos vecinos financiados por la comunidad comenzaron a vigilar una esquina para evitar el abandono de desechos.

El régimen presentó una respuesta de alcance acotado. El proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución, contempla 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos turnos diarios. La infraestructura central es una “solinera” —estación de carga con paneles solares— que también ofrecerá recarga para vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Al momento de la publicación de la crónica en el medio oficialista Cubadebate, el Consejo Popular contaba con cinco de los 30 triciclos previstos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por el régimen de Cuba durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH en referencia a la movilización social de 2021 contra el régimen, que concluyó con más de 1.400 detenidos según entidades de derechos humanos.

El observatorio reprochó: “Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión”.

Durante el período citado, se registraron “257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas”, precisó la organización en un comunicado.

El OCDH documentó “al menos 300 acciones en el ámbito carcelario, mayoritariamente contra presos políticos y de conciencia, al mismo tiempo que recibió 50 denuncias de actuaciones en contra de familiares de éstos”.

Entre los sectores más afectados por la represión se encuentra el de los “periodistas independientes, con 91 casos”.

Las provincias más impactadas fueron La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara. En al menos 50 casos se reportó “empleo de violencia por parte del régimen”, mientras que enero, abril y mayo resultaron los meses “más represivos”.

Solo en junio, la red de observadores del OCDH documentó “al menos 299 acciones represivas, de las cuales 47 fueron detenciones arbitrarias; y 252 fueron otros abusos”.

Durante ese mes se registraron “60 violaciones contra presos políticos, comunes y sus familiares”, así como “sitios ilegales de viviendas, citaciones policiales, amenazas, hostigamientos y juicios”.

Según el OCDH, “la mayoría de los arrestos estuvieron relacionados con protestas pacíficas motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida, así como con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión”.

Entre los casos más relevantes figuran detenciones de manifestantes en La Habana y Santiago de Cuba, incluidos “adolescentes”; los “operativos masivos” en Contramaestre tras las protestas locales; “el arresto de varios periodistas independientes, creadores de contenido y activistas”; y el “hostigamiento contra líderes religiosos, varios de ellos detenidos mientras desarrollaban actividades de culto”.

La organización también registró “múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación, desapariciones de corta duración y amenazas posteriores a la liberación”.

A partir de estos datos, que reflejan un “subregistro”, el “régimen cubano persiste en la represión contra la población y no tiene intenciones de implementar cambios en materia política y de derechos humanos”, según las conclusiones de este informe semestral, que destaca que el “36,5% de las acciones represivas en el semestre fueron contra mujeres”.

Cuba afirmó este martes haber restablecido más del 30% del suministro eléctrico en La Habana tras un nuevo apagón nacional, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

Según el último parte de la Empresa Eléctrica de La Habana, se han restablecido los “circuitos de distribución que benefician a 262.369 clientes (...) para el 30,4% en la ciudad”.

“El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones”, añade la empresa, según la cual ya funcionan los servicios “vitales de salud” de 43 centros de atención médica de la capital.

La falta de combustible “complejiza indiscutiblemente el proceso de restauración” de la red eléctrica, había declarado el lunes por la noche en la televisión estatal Lázaro Guerra, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política estadounidense de sanciones contra la isla. “Mientras EEUU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE (Unión Eléctrica de Cuba) se moviliza”, dijo en X.

“Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, añadió.

A mediodía del lunes, la compañía eléctrica anunció “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, donde viven 9,6 millones de personas. No se precisaron las causas.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente, de 51 años.

“Es agónico vivir así”, acotó la mujer.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla.

Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año. Esta situación provoca cortes y racionamientos constantes, pese a un amplio programa de construcción de parques solares lanzado hace dos años.

Debate en la ONU

Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.

Los apagones se han intensificado desde que la administración estadounidense de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Un joven programador de 24 años que trabaja para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana Vieja regresaba frustrado a su casa.

“No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar”, explicó a la AFP el joven, que prefirió no revelar su identidad.

Cuba solicitó para el martes una sesión especial de la Asamblea General, el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, para abordar el tema de las sanciones estadounidenses.

En ese contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó el lunes que Washington busca impedir que la Asamblea se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas a la isla.

“El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros”, señaló en X Rodríguez, quien participará de la sesión del martes en la sede de la ONU en Nueva York.

Se requiere una votación de los Estados miembros para la apertura de un debate de este tipo ante la Asamblea General.

(AFP)

Cuba sufrió el lunes su tercer apagón nacional desde el inicio del año, después de que el sistema eléctrico nacional quedara completamente desconectado al mediodía y dejara sin suministro a los 9,6 millones de habitantes de la isla. El régimen atribuyó la crisis al bloqueo estadounidense sobre el suministro de combustible, mientras las autoridades advirtieron que la falta de petróleo dificulta el restablecimiento del servicio.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, aunque no precisó la causa del colapso. Se trata del octavo apagón de alcance nacional desde finales de 2024, en medio de un deterioro cada vez mayor de la infraestructura energética del país.

El director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó en la televisión estatal que la escasez de combustible afecta las tareas de recuperación. “La falta de combustible sin duda complica el proceso de restauración“, afirmó, aunque evitó fijar un plazo para el restablecimiento del servicio.

El dictador Miguel Díaz-Canel responsabilizó directamente a la política de sanciones de Estados Unidos por la nueva interrupción del suministro eléctrico. “Mientras Estados Unidos intenta provocar un estallido social mediante el estrangulamiento que supone bloquear el acceso de Cuba al combustible, la UNE moviliza todos sus recursos para revertir el colapso del Sistema Eléctrico Nacional“, expresó el mandatario.

El nuevo apagón ocurrió en un contexto de extensos cortes programados de electricidad que ya afectaban a todo el país. En algunos sectores de La Habana, los vecinos soportaban interrupciones superiores a las 30 horas consecutivas, mientras que en zonas rurales los cortes superaban las 70 horas. Las autoridades aplicaron esas restricciones para ahorrar el escaso combustible disponible para las centrales eléctricas.

La crisis energética se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera en enero las restricciones sobre el suministro de petróleo hacia Cuba. Según las autoridades de la dictadura cubana, esa medida redujo aún más el combustible disponible para alimentar las plantas generadoras.

Desde entonces, Washington solo autorizó el ingreso de un buque petrolero procedente de Rusia, como parte de la estrategia de presión destinada a poner fin a más de seis décadas de gobierno comunista en la isla.

La población volvió a expresar su frustración por la falta de electricidad y las dificultades que provoca en la vida cotidiana. "Vivir así es una agonía“, afirmó Meyboll Font, trabajadora independiente de 51 años.

La mujer explicó que su barrio de La Habana recibía apenas “tres o cuatro horas de electricidad al día”, aunque señaló que el apagón nacional incrementó la incertidumbre porque "nunca sabes cuándo volverá la electricidad“.

En otro sector de la capital, un joven programador de software que trabaja para una empresa emergente vinculada al turismo describió las consecuencias del corte. "No tenemos WiFi, no tenemos electricidad, no podemos trabajar“, aseguró.

Los apagones forman parte de la vida cotidiana en Cuba desde hace varios años debido al deterioro del sistema de generación eléctrica, compuesto principalmente por antiguas centrales construidas con tecnología soviética. Las autoridades de la dictadura sostienen que la escasez de combustible limita además el funcionamiento de los generadores que respaldan la red nacional.

La crisis energética se suma a una situación económica cada vez más delicada. La escasez de alimentos, agua potable y medicamentos se profundizó en los últimos meses y obligó incluso a postergar algunas cirugías. Esa situación llevó a Naciones Unidas a advertir sobre una emergencia humanitaria en la isla. El transporte también sufrió fuertes restricciones por la falta de combustible.

El mes pasado, el régimen cubano presentó un amplio paquete de reformas de mercado que, de aplicarse, reduciría de forma significativa el control estatal sobre la economía.

Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó esas iniciativas como "señales superficiales de humo" y sostuvo que la administración de Trump espera "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que conviertan a Cuba en un país apto para la inversión" y otorguen libertad política a los cubanos.

Ambos gobiernos mantuvieron varias rondas de conversaciones para intentar reducir las tensiones, aunque el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró la semana pasada que "no hubo avances" para superar el conflicto.

(Con información de AFP)

Cuba registró este lunes un nuevo apagón nacional tras la desconexión total de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local, el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses, según informó la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en sus redes sociales.

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, publicó la UNE. La empresa no precisó un plazo de restablecimiento del servicio.

El apagón se produjo en un contexto en que la propia UNE preveía, para esa jornada, que un 71% del territorio quedara sin corriente de forma simultánea durante el horario de mayor demanda, con una capacidad de generación estimada de apenas 935 megavatios (MW) frente a una demanda máxima proyectada de 3.100 MW.

Cuba atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, agravada desde enero de este año por el cerco petrolero impuesto por la administración del presidente Donald Trump, que ha interrumpido el suministro de crudo externo que la isla necesita para sostener su economía y su generación eléctrica. Trump y su secretario de Estado Marco Rubio declararon que el cerco busca propiciar cambios económicos y políticos en Cuba. El Gobierno cubano, por su parte, denunció que la medida constituye un “castigo colectivo” contra sus 9,6 millones de habitantes.

Según estimaciones recogidas por la AFP, la isla requiere algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para cubrir sus necesidades energéticas, pero su producción nacional alcanza apenas unos 40.000 barriles. El último buque en arribar con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Washington que ingresó a la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, volumen que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por dos semanas en abril.

El colapso del lunes no se explica únicamente por la falta de combustible importado. Once de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban operativas ese día por averías o trabajos de mantenimiento. Las centrales termoeléctricas, responsables del 40% de la matriz energética cubana, llevan décadas en explotación con inversión crónica insuficiente.

La central Antonio Guiteras, ubicada en el occidente de la isla y considerada la principal del país, acumula más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año y se encontraba fuera de servicio al momento del colapso. Otro 40% del mix energético correspondía a la generación distribuida —motores de diésel y fueloil—, que el Gobierno señaló que lleva completamente paralizada desde enero por falta de combustible. El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con apoyo chino.

La víspera del nuevo colapso, los apagones habían alcanzado el 72% de afectación simultánea durante el horario pico. En La Habana, los cortes superan las 35 horas consecutivas diarias; en el interior de la isla, algunas regiones han llegado a tres días seguidos sin servicio eléctrico.

“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, trabajadora independiente de 51 años. “Es agónico vivir así”, añadió.

La crisis ha paralizado casi en su totalidad la economía estatal cubana, que se estima se contraerá al menos un 6,5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos.

El Ministerio de Energía y Minas informó en X que se activaron los “protocolos de recuperación”, que consisten en generar energía con fuentes de arranque sencillo —solar, hidroeléctrica y motores de generación— para abastecer primero pequeñas áreas que luego se van interconectando, priorizando instalaciones como hospitales. Con base en experiencias anteriores, el restablecimiento completo del SEN es un procedimiento que puede demorar días. En marzo pasado, Cuba ya había sufrido dos apagones nacionales por desconexión total del SEN en menos de una semana.