La reciente publicación de la Resolución de Ayudas Comunes de Acción Social para 2026 por parte del Ministerio de Defensa mantiene sin cambios el límite de acceso a las ayudas en 9.800 euros per cápita, una cifra idéntica a la establecida para los años 2023, 2024 y 2025. Según informó la Unión de Militares de Tropa (UMT), este límite, que permanece inalterado desde hace años, deja fuera de apoyo económico a parte importante del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, quienes han experimentado una continua pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años.

De acuerdo con lo publicado por la UMT en un comunicado recogido por diversos medios, la persistencia del Ministerio de Defensa en no actualizar las partidas presupuestarias para ayudas sociales dentro de las Fuerzas Armadas supone un “grave abandono” institucional y social hacia la escala de tropa y marinería. La organización subrayó que estas partidas no han experimentado incrementos significativos, obligando a quienes forman parte de esta escala a depender de un sistema de ayudas considerado insuficiente y sometido, además, a sucesivos recortes.

La UMT señaló también que, pese a la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa, el cual debería conllevar mejoras para las condiciones económicas y de vida de los militares, no se ha destinado ningún incremento de recursos a la Acción Social de los cuarteles. La organización detalló que el presupuesto total de esta partida permanece en 1.930.870 euros para todo el territorio español, sin aumento respecto a ejercicios anteriores.

El medio consigna que, según la UMT, la situación se ha visto agravada por una “trampa burocrática” consecuencia de las últimas subidas salariales dentro del sector público. Este incremento, calificado de “paupérrimo” por la asociación, ni siquiera ha permitido que los salarios evolucionen al mismo ritmo que el índice de precios al consumo acumulado. Sin embargo, este pequeño aumento en las nóminas repercute negativamente para los interesados, debido a que los topes máximos para percibir las ayudas sociales continúan estancados. Así, más militares quedan automáticamente excluidos del acceso a las ayudas de estudio y a los incentivos para la promoción interna.

La UMT explicó que, con esta situación, muchos soldados y marineros, a pesar de percibir las remuneraciones más bajas de toda la función pública, terminan superando el umbral de 9.800 euros simplemente por los ligeros ajustes en sus nóminas, sin que esto represente una verdadera mejoría en sus condiciones. La organización sostuvo que esta medida genera un “falso enriquecimiento sobre el papel”, empujando a los afectados fuera de la cobertura de las ayudas.

Tal como reportó la organización, el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, mantiene congelados estos umbrales sin considerar el impacto de la inflación ni el deterioro del poder adquisitivo registrado en los últimos años. Esta política, según la UMT, ignora las necesidades económicas reales de la tropa y la marinería y mantiene excluido del respaldo social a uno de los colectivos más vulnerables de las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, la UMT ha anunciado su intención de presentar una propuesta formal dirigida al Ministerio de Defensa. El planteamiento busca reestructurar los límites económicos que condicionan el acceso a las ayudas, para que estos se adapten a la situación actual y se doten de un presupuesto que permita un respaldo económico sustancial para el personal de las fuerzas armadas. Además, la organización solicita que los recursos asignados a la Acción Social sean revisados y ajustados a las condiciones reales de vida de los militares.

Según destacó la UMT en los comunicados recogidos por la prensa, el hecho de sostener los límites actuales sin incremento convierte la actualización salarial en una desventaja para aquellas personas que, durante años, han dependido de estas ayudas para sufragar gastos de formación, promoción interna y otras necesidades básicas. Desde el punto de vista de la organización, la falta de adaptación a las circunstancias económicas del momento incrementa la vulnerabilidad del personal afectado y limita las posibilidades de mejora profesional y personal para quienes desarrollan funciones en la escala básica de las Fuerzas Armadas.

El colectivo, que representa a los soldados y marineros en mayor riesgo de exclusión de los sistemas de apoyo social internos, demanda una reformulación de los criterios de acceso, argumentando que la situación actual perpetúa una brecha dentro de las propias Fuerzas Armadas. La UMT concluyó su pronunciamiento reiterando la urgencia de fijar nuevos límites económicos y aumentar el presupuesto asignado a las ayudas sociales para revertir esta situación que continúa afectando al personal en los escalones inferiores de la estructura militar.

El oficial en retiro hace un “llamado de emergencia y a la conciencia, de todo el personal militar, civil y órganos de seguridad del Estado: abandonen todas las instituciones de manera inmediata”.

Martínez insta a los funcionarios, militares y civiles a que abandonen todas las instituciones de manera inmediata y les pide que “no teman ser tildados como desertores”, argumentando que Nicolás Maduro “se robó las elecciones del 28J y es un prófugo de la justicia, por lo tanto, no es presidente de Venezuela y mucho menos comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

En su alocución, el capitán Martínez Medina, exiliado tras haber enfrentado al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 2002 y refugiarse en la embajada de Perú en Caracas, dirige su mensaje tanto al personal militar como civil y a los órganos de seguridad del Estado.

Les recordó a los militares que su obediencia debe ser a la Constitución Nacional y al pueblo venezolano, no a ninguna persona en particular, independientemente del grado o puesto que ocupe. “Hagan lo correcto y así evitarán un mal mayor”, enfatizó, advirtiendo que “no vale decir que estaba cumpliendo órdenes, porque su obediencia es a la Constitución de la República y no a ningún narco dictador”.

El capitán del Ejército en el exilio Wismerck Enrique Martínez Medina formó parte de los militares que, en el 2002, enfrentaron al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por lo que fue pasado a Consejo de Investigación en la Fuerza Armada y se refugió en la embajada de Perú en Caracas.

En abril 2003, la cancillería de Perú concede asilo a los oficiales capitán Wismerck Martínez y subteniente Gilberto Landaeta Vielma, “en cumplimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana sobre asilo diplomático de 1954, de la cual Perú y Venezuela son parte”.

Su deber y su derecho

Martínez se dirige al “personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, cuerpo de seguridad del Estado, policía e instituciones en general que trabajan para el estado venezolano. Mi llamado es de emergencia para que abandonen las instalaciones lo más pronto posible, es lo correcto, es su deber, es su derecho. La Constitución Nacional los respalda”.

En su proclama se identifica como “capitán del ejército venezolano, perseguido político por participar el 11 de Abril y en la plaza Altamira, por enfrentar la dictadura narco terrorista”.

Exhorta “a todos los soldados, distinguidos cabo segundo, cabo primero sargentos, suboficiales profesionales de carrera, cadetes de las cuatro fuerzas, tenientes en todas sus categorías, capitanes y mayores, a abandonar los cuarteles, los destacamentos, los pelotones, las compañías, las brigadas las divisiones”.

También dirige su mensaje al personal de las Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) para que abandonen “todas las instituciones y no dejarse utilizar, como carne de cañón, del régimen dirigido por los narcos, ladrones dictatoriales de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, prófugos de la justicia, nacional e internacional”.

Enfocándose en “los tenientes coroneles, coroneles, generales y almirante en todos sus grados, también los exhorto a capturar y entregar a Maduro, Cabello y Padrino, para iniciar el camino de salvar a Venezuela y conducirla a una verdadera democracia, de valores principios y justicia”.

Ocultos en el búnker

Advierte a los militares activos que “esta es su última oportunidad de hacer lo correcto, no la desaprovechen. Las leyes, la Constitución y el pueblo venezolano los apoya, porque estarían tomando la decisión correcta”.

Recuerda que “no vale decir que estaban cumpliendo órdenes, ya que su obediencia es con la Constitución Nacional y no a ninguna persona, por más grado o cargo que ostente”.

Solicita que analicen las circunstanciales actuales y la decisión que tomen “más aún cuando estamos gobernados por un régimen que se ha robado unas elecciones, que tomó el control de todas las instituciones, de todas las riquezas del país para su uso personal y ha sido declarado un régimen narcoterrorista”.

Insistió “una vez más mi llamado es a abandonar los cuarteles y a no dejarse utilizar como carne de cañón, mientras ellos (la alta jerarquía) estarán escondidos bajo tierra en un búnker”.

Asumiendo toda la responsabilidad de su proclama, finalmente solicita la colaboración para que su mensaje “llegue hasta el último soldado de la Fuerza Armada, aunque se encuentre en el lugar más lejano, ya sea en el norte, sur, este u oeste del territorio venezolano, para de esta manera ayudar a salvar miles de vidas”.

Desde este miércoles, unas 50 familias tienen, sin previo aviso, un plazo de 15 días para abandonar las viviendas de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Varios bloques de las instalaciones del instituto armado han sido declarados en riesgo de derrumbe por la aluminosis que padece desde hace años una edificación construida en el siglo pasado.

A pesar del evidente grado de afectación en buena parte del cuartel, los agentes allí destinados se vieron sorprendidos por la noticia. Fueron convocados por el coronel jefe a primera hora de la mañana y, a mediodía, ya estaban pensando adónde irán junto a sus familias cuando salgan por última vez de la que ha sido su casa.

El principal causante del deterioro del edificio es la aluminosis o “fiebre del hormigón”, una lesión de este material que se manifiesta especialmente en las viguetas de los forjados de los edificios, lo que provoca que el hormigón pierda sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso. En las instalaciones de la Comandancia de Toledo se ha agravado, principalmente, en varios bloques de viviendas de los agentes y sus familias, así como en los bajos de estos edificios, donde se emplazan algunas unidades y otras dependencias del instituto armado.

La misma mañana de este miércoles, la Guardia Civil de Toledo hacía oficial el desalojo y anunciaba que las nuevas instalaciones de la Comandancia se ubicarán “sobre el solar que se ocupa actualmente”. Las duración de las obras se estima en un periodo de dos años y, según fuentes del instituto armado consultadas por Infobae España, una de las soluciones para los agentes y sus familias sería su traslado provisional a cuarteles de las localidades más próximas a la capital toledana. Para estudiar esta y otras posibilidades, el coronel anunció a los agentes la creación de una oficina para atender a las familias afectadas y proporcionarles “la mejor de las soluciones”.

Dos desalojos en apenas un año y medio

El de Toledo es el segundo cuartel desalojado por aluminosis en apenas un año y medio. Las dependencias de la Guardia Civil de Cartagena (Murcia) tuvieron que ser derruidas ante el riesgo de derrumbe para las viviendas de unas 80 familias. Tras su demolición, las obras para la construcción del nuevo acuartelamiento aún no han comenzado.

La aluminosis está presente en numerosos cuarteles de la Guardia Civil a lo largo y ancho del territorio nacional y las asociaciones profesionales denuncian las “deficientes” medidas de prevención y mantenimiento que toma el Ministerio del Interior para evitar el completo deterioro de las instalaciones afectadas. Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncian que el desalojo de la Comandancia de Toledo “pone de manifiesto la evidente precariedad de muchas instalaciones” del instituto armado” y consideran “muy necesaria” una “mayor dotación de recursos para la conservación y mejora” de las mismas.

El portavoz de IG, Dani Fernández, se acuerda de los guardias civiles afectados y sus familias: “Con cada desalojo, se ve afectada de forma directa la conciliación laboral y personal de los guardias civiles, ya que muchos de ellos se ven obligados a trasladar su puesto de trabajo e incluso, en algunos casos, a perder su vivienda en dichos acuartelamientos afectados por su desalojo”.