Un sargento primero del Ejército Argentino comenzó a ser juzgado este lunes en Mar del Plata, tras haber sido procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de tres soldadas voluntarias bajo su mando. Según el expediente, los casos ocurrieron a lo largo del 2022.

El proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con la intervención del fiscal general subrogante Carlos Fioriti y el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes. Asimismo, el acusado se trata de Héctor Lorenzo Andersen, quien estaba encargado del puesto de mantenimiento del cuartel de Azul.

De esta manera, el acusado llegó a la instancia oral luego de haber sido imputado por el delito de abuso sexual simple, tipificado en el artículo 119 (primer párrafo) del Código Penal. Esta figura contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando el hecho se produce mediante violencia, amenaza, abuso de autoridad o aprovechando una relación de dependencia.

Bajo el punto de vista de la Fiscalía, Andersen habría utilizado su posición de superioridad dentro del organigrama militar para perpetrar los abusos. Y, de acuerdo con la información publicada en el sitio Fiscales, la primera denuncia permitió que las otras dos víctimas se animaran a denunciar al sargento. Actualmente, dos de ellas serán representadas por la defensora de Víctimas, Inés Jaureguiberry.

Durante la primera audiencia, se reconstruyeron los casos de las tres denunciantes. La primera en presentar cargos había ingresado al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 y fue asignada al puesto de mantenimiento del cuartel, área a cargo de Andersen.

Desde ese momento hasta el 1° de diciembre, la mujer denunció haber sido víctima de tocamientos y hostigamiento. El acusado le pedía que lo abrazara y besara cerca de la boca, la abrazaba con las manos cerca de los glúteos, le tocaba el ombligo y le hacía masajes en los hombros sin consentimiento.

En varias oportunidades, la negativa de la soldada a estos acercamientos habría provocado que Andersen la amenazara con darla de baja del Ejército. Además, la investigación señaló que el hostigamiento también habría continuado mediante mensajes de WhatsApp y en redes sociales.

El caso de la segunda víctima presentó un patrón similar, ya que denunció que, entre octubre y noviembre de 2022, Andersen le solicitaba besos, la abrazaba y la tocaba cerca de los glúteos, además de realizarle masajes sin consentimiento.

Según su testimonio, el acusado cerraba la puerta de la oficina al llegar y forzaba situaciones para exigir abrazos y besos, no permitiéndoles retirarse hasta que accedieran. Tras la primera denuncia, la segunda víctima relató que recibió amenazas para que no lo “traicione”.

Por último, la tercera soldada denunció al menos doce episodios de abuso sexual que habrían sucedido entre enero y abril de 2022, cuando debía asistir al puesto de mantenimiento que administraba Anderson para realizar diversas reparaciones.

En esos encuentros, el acusado la habría abrazado, acariciado, besado en la cara y sujetado de la cintura y el hombro. Además, declaró que entre enero y noviembre de ese año fue objeto frecuente de comentarios y “chistes sexuales” por parte de Andersen.

La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial, lo que permitió que otras dos soldadas se animaran a dar su testimonio. El tribunal que interviene en el proceso está integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

Luego de que finalizara la primera audiencia, indicaron que el juicio contra el sargento primero Andersen continuará el lunes 24 de agosto. Según el cronograma judicial, se prevé la comparecencia de nuevos testigos y el avance de la etapa probatoria.

Tres militares murieron y un cuarto resultó herido luego de que un elemento de la Guardia Nacional presuntamente abriera fuego dentro de un cuartel ubicado en el municipio de Aguililla, Michoacán, en un hecho que ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad federal en la entidad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El incidente armado ocurrió el sábado 6 de diciembre dentro de una instalación militar. De acuerdo con un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato, debido a que no está autorizado a declarar públicamente sobre el caso, a la agencia AP, un agente de la Guardia Nacional realizó varios disparos por causas que aún se investigan.

Como resultado del ataque, tres militares perdieron la vida de manera inmediata y otro más resultó gravemente herido. El elemento implicado fue detenido y permanece bajo custodia en Michoacán, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, al tratarse de un hecho que involucra a fuerzas de seguridad federales y ocurrió dentro de un recinto oficial.

Coche bomba en Coahuayana y violencia sin freno

El ataque en Aguililla ocurrió horas después de la explosión de un coche bomba frente a una instalación de la policía en el municipio de Coahuayana, también en Michoacán, donde cinco personas murieron y al menos siete resultaron heridas.

Entre las víctimas mortales del atentado se encuentran tres policías comunitarios y el conductor del vehículo que explotó, informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. El ataque fue inicialmente catalogado como un acto de terrorismo, aunque posteriormente fue reclasificado como un hecho vinculado a la delincuencia organizada.

Sobre este cambio de tipificación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será necesario esperar el avance de las investigaciones y que corresponderá a la FGR aclarar por qué se modificó la clasificación inicial del ataque.

Ambos hechos, tanto el tiroteo en Aguililla como el atentado en Coahuayana, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República, que determinará responsabilidades y el móvil de los ataques.

Estos episodios generaron conmoción a nivel nacional y volvieron a evidenciar que, pese al despliegue de más de 10 mil elementos de fuerzas federales en Michoacán, la violencia no ha logrado ser contenida.

Violencia persiste pese al ‘Plan Michoacán’

Michoacán se ha convertido desde hace varios años en un punto estratégico para el crimen organizado, principalmente por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos locales.

Ante el aumento de los hechos violentos, el gobierno federal envió el mes pasado casi 2 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional como parte del programa denominado ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cuyo objetivo es combatir a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.

La presidenta Sheinbaum lanzó este plan tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, quien fue atacado a balazos en una plaza pública por un joven de 17 años que posteriormente fue abatido por un escolta.

La muerte del edil, de 40 años de edad, provocó protestas en Uruapan, Morelia y Apatzingán, donde la población exigió mayor seguridad ante el avance del crimen organizado en la región.

A esta escalada de violencia se sumó también el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la asociación de citricultores de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, hecho que impactó directamente al sector productivo de uno de los principales estados agrícolas del país.

Michoacán es considerado el principal productor de aguacate y limón de México, actividades económicas que también han sido afectadas por la presencia criminal.