El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá por completo sus operaciones durante la noche del lunes 21 de septiembre, una medida que afectará los vuelos previstos en la principal terminal aérea de Cuba durante más de siete horas.

El cierre comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 2:40 del martes 22 de septiembre, de acuerdo con un aviso aeronáutico emitido para informar a las compañías aéreas, tripulaciones y operadores sobre las condiciones temporales del aeródromo.

La interrupción abarca siete horas y 40 minutos, por lo que no se contemplan despegues ni aterrizajes ordinarios dentro de ese periodo, salvo que exista alguna autorización excepcional. El aviso atribuye la suspensión a labores con personal y equipos en las instalaciones aeroportuarias.

El Aeropuerto José Martí concentra una parte importante de las conexiones internacionales de Cuba, por lo que el cierre obliga a las aerolíneas a revisar sus horarios, reprogramar itinerarios o definir ajustes operativos para los vuelos que tenían prevista su llegada o salida durante la franja anunciada.

El aviso atribuye la medida a trabajos dentro del aeródromo

La restricción fue comunicada mediante el NOTAM A3277/26, un tipo de anuncio utilizado en la aviación para notificar cambios, riesgos o limitaciones que pueden incidir en las operaciones de vuelo.

El texto oficial establece el cierre del aeródromo debido a trabajos con personal y equipos. No se detalló qué áreas serán intervenidas ni la naturaleza de las labores previstas para esa noche.

El aviso fue emitido el 15 de septiembre y actualizado minutos después. La información disponible no vincula de manera directa el cierre programado con otras limitaciones que enfrenta actualmente la terminal aérea.

La medida se suma a restricciones aplicadas días atrás en el aeropuerto, entre ellas un cierre temporal de 30 minutos y afectaciones en sectores operativos como la calle de rodaje A, el umbral de la pista 06, el sistema de indicadores visuales de aproximación y la senda de planeo instrumental. Esas limitaciones concluyeron el 16 de septiembre.

La terminal continúa sin disponibilidad de combustible Jet A-1

El aeropuerto mantiene vigente otro aviso que informa sobre la falta de combustible Jet A-1, utilizado de forma habitual por la aviación comercial. Esta restricción comenzó el 31 de agosto y permanecerá en vigor hasta el 1 de octubre, según la notificación aeroportuaria.

La falta de combustible en La Habana no supone necesariamente la cancelación de todos los vuelos. Las compañías pueden tomar medidas como abastecer sus aeronaves con una mayor cantidad de combustible en el punto de partida o realizar escalas técnicas en otros aeropuertos antes de continuar su ruta.

Estas limitaciones ocurren en un contexto de crisis energética en Cuba, donde los apagones prolongados han afectado durante meses la vida cotidiana y diversos servicios. La situación ha presionado la infraestructura del país y ha obligado a aplicar ajustes en áreas vinculadas al transporte, la generación eléctrica y el suministro de combustibles.

El cierre anunciado para la noche del 21 de septiembre aparece como una restricción puntual, con una causa operativa específica. La notificación no establece que la suspensión de vuelos responda a la disponibilidad de combustible ni a la crisis energética.

Las aerolíneas con operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí deberán adecuar sus planes de vuelo al periodo de cierre y a la falta de suministro de Jet A-1 mientras siga vigente el aviso correspondiente.

“La mayoría de los médicos en Cuba tienen que trabajar en algo más aparte de su profesión, ya que el salario que le pagan de todo un mes no alcanza para prácticamente nada”, señala Briana, una joven cubana que compartió su testimonio en redes sociales explicando cómo la crisis en la isla golpea de forma generalizada.

El relato expone la situación de su madre, una doctora que trabaja en un hospital local y que, ante la insuficiencia de su salario, vende flanes para sumar ingresos para cubrir gastos básicos del hogar. El nombre y la institución en la que labora la doctora no fue revelado por temor a represalias gubernamentales.

La joven identificada únicamente como Briana explicó que su madre recibe 8.000 pesos cubanos mensuales, una cantidad que, según su cálculo, equivale aproximadamente a $330. “Trabaja en un hospital y salva vidas”, expresó la joven al describir el contraste entre la formación profesional de su madre y los ingresos que percibe.

La joven cuestionó que, después de seis años de estudios universitarios, muchos médicos deban recurrir a actividades informales o pequeños negocios para sostener a sus familias. “Es doloroso ver cómo después de estudiar seis años de carrera, graduarte en lo que te apasiona para cobrar por eso, tienes que terminar vendiendo flanes porque el salario no te alcanza”, afirmó.

El video fue tomado de las redes sociales de la cubana, quien mostró el emprendimiento familiar y pidió apoyo para los pedidos de postres.

Según Briana, la venta de flanes puede dejar un ingreso similar al salario que su madre obtiene durante un mes como doctora. “Muchos otros tienen que vender lo que sea para poder llevarle un plato de comida a la mesa a sus hijos”, sostuvo.

La escasez de alimentos agrava la presión sobre los hogares

El testimonio se conoce en medio de la crisis económica y alimentaria en Cuba, marcada por la falta de productos básicos, los apagones y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en especial entre empleados del sector público.

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume. La dependencia de las compras externas se suma a dificultades en la producción local, la escasez de combustible y los cortes de energía, que afectan el transporte, la conservación y la distribución de los alimentos.

En ese escenario, familias como la de Briana buscan alternativas para complementar ingresos. La venta de dulces, comidas preparadas y otros productos se ha convertido en una vía para enfrentar el aumento de los precios y el desabastecimiento.

Los precios de los alimentos en mercados no subsidiados e informales de Cuba superan la capacidad de compra de buena parte de los trabajadores estatales.

Un médico puede recibir cerca de 8,500 pesos cubanos al mes, mientras un cartón de huevos cuesta alrededor de 6,000 pesos y una botella de aceite llega a 5,000 pesos.

La libreta de abastecimiento conserva productos con subsidio estatal, pero sus entregas son limitadas e irregulares. Además, el Gobierno eliminó en junio de 2026 los topes nacionales para artículos como aceite, pollo, leche en polvo, pasta y embutidos, de acuerdo con datos recogidos por Miami Herald.

La crisis presupuestaria del Ministerio de Salud (Minsa) podría profundizarse en 2027, según alertó la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss).

El gremio sostuvo que la falta de recursos afectaría desde la compra de medicamentos hasta la realización de cirugías y la formación de nuevos especialistas.

La Amoacss afirmó que el proyecto de presupuesto sanitario para 2027 queda aproximadamente $800 millones por debajo de las necesidades reales del Ministerio de Salud.

Recientemente, el Minsa sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su presupuesto para la vigencia fiscal 2027, por un monto de $4,650 millones para atender las necesidades del sistema de salud durante 2027.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $3,844 millones, una reducción de aproximadamente $806 millones, equivalente al 17.3% del monto solicitado.

Del presupuesto recomendado, el Minsa informó que debe realizar transferencias por $1,606.7 millones al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a la Caja de Seguro Social (CSS), a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y al Cenetim; además de $518.7 millones destinados a patronatos, y $24.6 millones correspondientes a organismos, pensiones, jubilaciones, indemnizaciones y becas de estudio.

Luego de estas transferencias, la entidad de salud pública dispondría de aproximadamente $1,455.1 millones para atender directamente sus responsabilidades en materia de salud.

De este monto, $1,042 millones corresponden a funcionamiento y $413.1 millones a inversión.

Ante esto, la Amoacss advirtió que esa diferencia obligaría al Gobierno a corregir durante el año carencias que, a su juicio, debieron contemplarse desde la preparación de las cuentas públicas.

El señalamiento del gremio parte de los ajustes efectuados durante 2026. De acuerdo con la organización, al presupuesto solicitado por el Minsa se le recortaron más de $442 millones.

Para la asociación médica, esa reducción anticipa problemas para el sistema público. La entidad sostuvo que las limitaciones financieras no se resuelven con la aprobación inicial del presupuesto, sino que reaparecen durante la ejecución de cada partida.

Según expuso la Amoacss en su comunicado, el Estado suele recurrir luego a traslados de partidas para adquirir fármacos, comprar materiales médico-quirúrgicos, contratar trabajadores y cubrir otras necesidades de los centros de salud.

El gremio cuestionó que esos gastos sean tratados como urgencias posteriores. A su entender, la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal debe quedar contemplada en la planificación presupuestaria y no depender de reasignaciones a lo largo del año.

La organización también vinculó el debate con los aportes obligatorios que millones de trabajadores realizan a la Caja de Seguro Social. En ese punto, expresó preocupación por una eventual transferencia indirecta de responsabilidades estatales hacia los recursos de los asegurados.

“¿Se pretende que los fondos de los asegurados terminen financiando indirectamente la atención médica que, por mandato constitucional, le corresponde garantizar al Estado?”, planteó la Amoacss.

La asociación denunció además que el presupuesto vigente prevé una disminución de $92 millones en la partida destinada a medicamentos. Para el gremio, esa decisión contraviene una disposición legal que protege ese rubro.

La Amoacss citó el artículo 254 de la Ley 419 del 1 de febrero de 2024. Según recordó, la norma establece que los recursos destinados a medicamentos no pueden reducirse, eliminarse ni utilizarse para objetivos distintos.

El comunicado señaló que la falta de financiamiento puede trasladarse de forma directa a los pacientes. La advertencia incluye una posible escasez de tratamientos, materiales para la atención y capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas.

El gremio también incluyó entre los riesgos una menor capacidad para sostener la formación médica especializada. Esa área requiere recursos, infraestructura y actividad clínica suficiente para que los residentes desarrollen sus prácticas.

La Amoacss cuestionó la posibilidad de ampliar las plazas de residencia sin que existan quirófanos operativos, tecnología disponible ni el número de procedimientos requerido para asegurar una preparación adecuada.

Para muchos docentes en Cuba, recibir el salario no termina cuando el dinero llega a la cuenta bancaria. El siguiente obstáculo es conseguir efectivo en un contexto de fallas de conexión, escasez de billetes y cortes eléctricos que afectan el funcionamiento de cajeros automáticos, bancos y otros servicios básicos.

La situación volvió a quedar expuesta el sábado 12 de septiembre en Santiago de Cuba, donde decenas de maestros y profesores del Distrito 1 José Martí esperaron durante varias horas en el Teatro Heredia para cobrar sus sueldos. El punto bancario instalado en el lugar quedó fuera de servicio desde el viernes por problemas de conexión.

Según Ciber Cuba, el punto habilitado para retirar efectivo sufrió un corte el viernes, pero hasta las 10:00 de la mañana del sábado el personal del banco aún no había llegado para explicar la interrupción ni informar cuándo se reanudarían las operaciones. Fotografías difundidas desde el lugar mostraron a personas dentro y fuera del teatro, algunas sentadas en el suelo mientras aguardaban atención.

Los apagones también limitan el acceso al dinero

La falta de electricidad agrava las dificultades para retirar dinero. Los cajeros automáticos, los sistemas de conexión bancaria y los puntos electrónicos de pago dependen de un suministro eléctrico estable. Cuando hay apagones, las operaciones se suspenden o se vuelven más lentas, incluso para quienes tienen fondos disponibles en sus cuentas.

La crisis energética cubana ha afectado durante meses la vida diaria en la isla. Los cortes de luz alcanzan hogares, comercios, centros educativos, hospitales, transporte y oficinas públicas. En ese escenario, las personas enfrentan límites para conservar alimentos, trasladarse, cargar teléfonos celulares, conectarse a internet o realizar pagos electrónicos.

Para los trabajadores que reciben su remuneración mediante transferencias, la falta de corriente puede impedir el uso de cajeros o aplicaciones bancarias. A eso se suma la escasez de efectivo en las sucursales, un problema que obliga a muchos ciudadanos a realizar largas filas sin la certeza de que podrán retirar dinero al final de la jornada.

La falta de efectivo afecta a trabajadores y jubilados

La situación reportada en Santiago de Cuba no es aislada. En meses recientes, varias sucursales de la provincia limitaron la atención diaria para jubilados, mientras que algunas personas comenzaron a hacer fila desde la tarde anterior para intentar cobrar al día siguiente.

La escasez de billetes también abrió espacio a intermediarios que cambian transferencias por efectivo a cambio de comisiones. Para quienes dependen de un salario estatal, esa práctica implica recibir menos dinero del que tienen acreditado en sus cuentas.

El Banco Central de Cuba eliminó en julio el límite de 5,000 pesos cubanos para las operaciones en efectivo entre actores económicos, mediante la Resolución 74/2026. La medida buscó ampliar el uso de efectivo, pero no resolvió las restricciones de liquidez que enfrentan muchas entidades bancarias.

Los docentes enfrentan además atrasos salariales en algunas provincias. La Resolución 18/2026 actualizó desde julio las remuneraciones del sector, con montos de entre 6.130 y 7.735 pesos cubanos mensuales, según el nivel de formación. Aun así, hubo denuncias de pagos pendientes en Holguín y Camagüey.

El inicio del curso 2026-2027 encontró al sistema educativo con un déficit de 24 mil plazas docentes vacantes, según los datos citados en la información. Las dificultades para cobrar, acceder al efectivo y cubrir gastos cotidianos se suman a las condiciones que enfrentan los maestros en distintas zonas de la isla.

Fede Vigevani y Aldo Rendón protagonizaron un reencuentro fuera de las cámaras del reality de Televisa Univisión. El youtuber uruguayo compartió en sus redes sociales fotografías y videos junto al estilista, tomados en su propio restaurante, y confirmó así el reencuentro que sus seguidores esperaban desde hace semanas.

El encuentro se produce apenas días después de que ambos abandonaran La Casa de los Famosos México 2026 de forma precipitada, en circunstancias distintas pero dentro de un mismo periodo de tensión para la producción del programa.

El encuentro en el restaurante de Fede Vigevani

Las imágenes que circularon en redes muestran a Vigevani y Rendón compartiendo una comida en el local que el youtuber posee en Ciudad de México. En el material audiovisual, ambos aparecen sonrientes y en un tono distendido, similar al que mostraron durante su convivencia dentro de la casa.

El reencuentro entre Fede Vigevani y Aldo Rendón ocurrió en el restaurante propiedad del youtuber uruguayo, donde ambos compartieron fotografías y videos que confirmaron el vínculo construido dentro de La Casa de los Famosos México. El material se difundió a través de las cuentas personales de ambos.

Vigevani había declarado previamente que, de todos sus compañeros dentro del reality, tuvo mayor conexión con Rendón, Masad Al-Tamimi y Luis Chaparro. Sobre el estilista, señaló que “es muy divertido y hace reír a todo el mundo”, una descripción que coincide con el tono del reencuentro compartido en redes.

Salidas precipitadas en medio de una etapa de crisis en la producción

El reencuentro llega en un momento particular para La Casa de los Famosos México 2026, marcado por una serie de salidas que no respondieron al mecanismo habitual de votación del público. La temporada arrancó el 26 de julio con 18 habitantes y, hacia inicios de septiembre, ya registraba siete bajas.

Vigevani dejó la competencia el 11 de agosto, no por decisión de la audiencia, sino porque su participación tenía fecha de vencimiento desde el inicio: había ingresado como infiltrado con un contrato temporal de dos semanas. A su salida, pidió entre lágrimas a sus compañeros “no me vean como traicionero”.

Rendón, por su parte, abandonó el programa el 1 de septiembre tras cinco semanas de competencia, en un anuncio que la conductora Galilea Montijo presentó con la voz entrecortada. El estilista explicó frente a los habitantes: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible pero tengo que iniciar el tratamiento ya”.

En redes sociales circularon versiones que vinculaban la salida de Rendón con presión de patrocinadores, ante comentarios suyos calificados de clasistas, homofóbicos y misóginos durante su estancia en el programa. Una publicación firmada por Ceriani sostuvo que la producción habría actuado por temor a perder anunciantes, recordando la fuga de marcas que sufrió el formato durante su segunda edición por la polémica generada con el participante Adrián Marcelo.

El propio Rendón rechazó de forma tajante esa versión: “¿Cuál funa? Me estaba muriendo ante los ojos del mundo”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en un encuentro con medios.

Quién es Fede Vigevani y su paso como infiltrado

Federico Augusto Vigevani de Arce nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Es el youtuber hispanohablante con más suscriptores del mundo, con más de 76 millones en su canal principal. Comenzó su carrera en 2014 con el canal grupal Dosogas junto a Mathías Sellanes y Juan Pablo Barbot, proyecto que se disolvió en 2018, año en que se mudó a Ciudad de México para relanzarse en solitario.

Su ingreso a La Casa de los Famosos México fue inédito para el formato: se convirtió en el primer “habitante infiltrado” de la historia del reality, con la misión de ejecutar retos enviados por el público a través del canal oficial de WhatsApp del programa, sin ser descubierto por sus compañeros. Su permanencia no dependía de votos de eliminación, sino de la ejecución correcta de cada misión.

Entre sus tareas estuvo esconder el papel higiénico de la casa, mezclar el maquillaje de las habitantes y darle un beso a Gema Garoa. Sobre este último episodio, aclaró después que solo existe amistad: “la veo más como una amiga, con Brianda Deyanara también me hicieron mucho ‘chipeo’ pero la verdad es una amiga”.

Vigevani salió del programa el 11 de agosto al vencerse su contrato, no como resultado de una votación. Tras su salida, se especuló con un eventual regreso al reality para cubrir el lugar dejado por Rendón, aunque ninguna fuente oficial confirmó esa posibilidad.

La trayectoria de Aldo Rendón y su salida por motivos de salud

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa. Acumula más de dos décadas como fashion stylist y consultor de imagen, con clientas como Galilea Montijo, Belinda, Gloria Trevi, Thalía y Ana de la Reguera. Colaboró además con firmas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y fue editor de moda de la revista Spot.

Ingresó al reality como cuarto habitante confirmado de la temporada y ocupó el rol de capitán del cuarto Ibiza. Durante su estancia habló abiertamente sobre padecimientos de salud previos, entre ellos anemia, queratocono y un episodio grave de hígado y vesícula derivado de un periodo de consumo excesivo de alcohol hace más de una década, que lo llevó a una hospitalización prolongada.

Su salida del 1 de septiembre respondió a una inflamación en hígado y bazo, cuadro conocido médicamente como hepatoesplenomegalia. “Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre”, detalló el estilista tras dejar la competencia.

¿Volverán a La Casa de los Famosos?

Rendón continúa bajo observación médica y no descarta reincorporarse al programa, aunque no como competidor. “Ni siquiera he podido ir a las galas, esperemos que en una o dos semanas, o por lo menos a la última gala”, declaró en un encuentro con medios.

Vigevani, en tanto, no tiene confirmación oficial de un posible regreso al reality. Su salida quedó ligada exclusivamente al vencimiento de su contrato como infiltrado, sin que la producción haya anunciado planes de reincorporarlo antes de la final, prevista para principios de octubre.

Hace apenas unos años, conseguir un lugar para construir un pesquero en algunos astilleros argentinos implicaba entrar en una lista de espera. Había proyectos, inversiones y barcos en distintas etapas de fabricación. En uno de los principales establecimientos del país llegaron a acumularse más de 30 clientes esperando su turno. Hoy, la imagen es casi la opuesta: las últimas embarcaciones están próximas a salir y detrás de ellas no aparecen nuevas órdenes.

El cambio fue rápido y llegó después de un período de fuerte expansión. Durante los últimos siete años hubo 37 botaduras de barcos pesqueros (cuando sale al agua por primera vez) en astilleros argentinos, que incluso compitieron con establecimientos españoles. La pesca se convirtió en el principal motor de la construcción naval local, reactivó instalaciones y llevó a algunas empresas a ampliar su capacidad productiva. Ahora ese ciclo se frenó y la perspectiva para 2027 es gris.

La situación modificó hasta la forma en que el sector atravesará su propia celebración. Este sábado 12 de septiembre se conmemora el Día de la Industria Naval Argentina y tradicionalmente las empresas realizan un festejo. Este año decidieron no hacerlo. “Es muy difícil cuando no tenés construcciones”, explicó a Infobae Sandra Cipolla, presidenta del Grupo SPI Astilleros y secretaria general de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

La discusión vuelve a girar alrededor de cómo sostener la construcción local

La fecha recuerda el Decreto 7.992 de 1961, con el que el entonces presidente Arturo Frondizi puso en marcha el Plan Esteverena para renovar unos 37 buques de ELMA (Empresas Líneas Marítimas Argentinas) y desarrollar tanto la Marina Mercante Nacional como la industria naval. Sesenta y cinco años después, la discusión vuelve a girar alrededor de cómo sostener la construcción local.

La fotografía de uno de los establecimientos que más creció durante el último ciclo permite dimensionar el cambio. El año pasado, Astillero Naval Federico Contessi tenía cinco barcos en construcción. Hoy le quedan dos. Las últimas unidades se entregarán entre noviembre y enero y, si no aparecen nuevos pedidos, la empresa quedará sin embarcaciones nuevas en cartera por primera vez desde 2017.

“Estamos entregando los últimos barcos y nos quedamos sin cartera”, describió a este medio Domingo Vito Contessi, vocal titular de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y presidente de Astillero Naval Federico Contessi y Cía.

Contessi, además, conoce la situación desde los dos lados del mostrador. El astillero es accionista del grupo pesquero Veraz, por lo que el empresario participa también de la actividad que durante los últimos años se convirtió en el principal cliente de los constructores navales.

La pesca, el motor que empezó a fallar

La caída de rentabilidad de buena parte de las empresas pesqueras aparece como una de las principales explicaciones del freno. No se trata de que haya menos pescado ni de una retracción de las ventas externas. Por el contrario, conviven altos niveles de capturas y exportaciones con compañías que postergaron inversiones y proyectos de renovación.

“Tenemos récord de exportaciones, récord de capturas, pero estamos en la lona. Un sector crece cuando invierte”, resumió Contessi.

La pesca argentina exporta alrededor del 95% de su producción, por lo que el tipo de cambio tiene una incidencia directa sobre sus ingresos. A eso se suma el combustible, uno de los principales insumos de la actividad y un costo que, según Contessi, aumentó 50%. “Pescar es cambiar combustible por peces”, graficó.

La presión tributaria constituye otro de los factores que señaló. En 2024 aumentó el Derecho Único de Extracción (DUE), con incrementos que, según explicó, fueron del 300% al 500%. También se creó una tasa de asignación inicial de merluza cuando se renovaron las cuotas por 15 años. A eso se agregan los derechos de exportación, que varían según el producto entre 1% y 9%, con un promedio cercano al 5 por ciento.

La pesca tampoco atraviesa una situación homogénea. El calamar presenta buenos precios internacionales y niveles favorables de capturas. El panorama es distinto para numerosas pymes nacionales que constituyen el cliente tradicional de los astilleros.

Muchas de esas empresas operan barcos fresqueros y plantas en tierra. Las embarcaciones llevan el pescado fresco a puerto para su posterior procesamiento, un modelo utilizado con merluza, langostino y distintas especies del variado costero. Los congeladores, en cambio, procesan el producto a bordo y lo desembarcan terminado para exportación. Según Contessi, ese modelo tiene menor integración de empleo y valor agregado en tierra y una mayor presencia de compañías de capital extranjero.

Somos competitivos, somos eficientes, pero estamos compitiendo con un mercado de usados, no con un mercado nuevo (Contessi)

Cerca del 95% de esos barcos, dijo, llegó desde el exterior y gran parte de las empresas creció incorporando unidades usadas. Para la construcción local, allí aparece otro problema central. “Nuestra competencia como industria naval siempre fue el barco usado”, afirmó Contessi.

Cipolla coincidió en ese diagnóstico y marcó la diferencia entre competir con astilleros extranjeros por una unidad nueva y hacerlo contra embarcaciones que ya navegaron durante años. “Somos competitivos, somos eficientes, pero estamos compitiendo con un mercado de usados, no con un mercado nuevo”, sostuvo. Y lo sintetizó en una frase: “Nuevo contra nuevo, la Argentina puede dar batalla. Jamás contra un usado”.

De una flota envejecida a las listas de espera

La situación actual contrasta con el ciclo que pocos años atrás generó fuertes expectativas. La flota pesquera argentina tenía una antigüedad promedio cercana a los 40 años, por lo que existía una necesidad significativa de reemplazar embarcaciones.

El proceso de renovación comenzó con el DNU 145/2019 durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández, con la decisión de impedir la importación de barcos usados cuando esas unidades podían construirse en el país.

A partir de ese proceso se fabricaron entre 34 y 35 pesqueros, según los números aportados por Contessi. Astilleros que permanecían con bajos niveles de actividad volvieron a trabajar y la construcción de esas embarcaciones ganó protagonismo dentro de una industria que cuenta con aproximadamente 13 establecimientos en la Argentina.

Astillero Naval Federico Contessi concentró una parte importante de ese movimiento. Construyó 28 de los más de 30 barcos pesqueros realizados durante ese período y profundizó su especialización. Entre 2019 y 2024, la empresa duplicó su capacidad instalada y llegó a contar con más de 30 clientes en lista de espera. Su estructura quedó preparada para construir entre cinco y seis barcos.

Pero de aquellos interesados, unos 15 todavía no avanzaron con sus proyectos. La menor rentabilidad pesquera frenó las decisiones de inversión que alimentaron aquel proceso de renovación.

Una oportunidad que terminó en China

En medio de esa retracción apareció una decisión que generó especial malestar entre los constructores. Después de más de 30 años, el Consejo Federal Pesquero otorgó 18 nuevos permisos para buques poteros, destinados a la pesca de calamar.

Los astilleros consideraron que allí existía una oportunidad para sostener la carga de trabajo. Los poteros son embarcaciones que pueden construirse localmente y están destinados, además, a uno de los segmentos de la pesca que presenta mejores condiciones.

Los poteros son embarcaciones que pueden construirse localmente y están destinados, además, a uno de los segmentos de la pesca que presenta mejores condiciones

Sin embargo, ninguno de los barcos correspondientes a esos nuevos permisos se fabricará en la Argentina. Once se construirán en astilleros chinos y siete serán unidades usadas importadas, precisó Contessi.

Los establecimientos nacionales tuvieron una preferencia en el sistema de puntaje, pero contaron con sólo 20 días para diseñar, presupuestar y ofrecer los barcos. Solicitaron una prórroga, pero el pedido fue rechazado. “Se armó un traje tan a medida de empresas chinas que se nos dio sólo 20 días para presentar los proyectos”, cuestionó el empresario.

Una industria que reclama ser estratégica

El planteo de los empresarios excede a la coyuntura pesquera. Según un comunicado que FINA y ABIN darán a conocer este sábado por el Día de la Industria Naval, la Argentina cuenta con una cadena integrada por astilleros, talleres, pymes, ingenieros, técnicos y trabajadores vinculados con la metalmecánica, electricidad, electrónica, automatización, ingeniería, diseño, tecnología, servicios y logística.

“Cada barco que se construye, repara o moderniza moviliza industria nacional, genera trabajo federal y conserva conocimiento en el país”, señalaron las entidades.

Uno de los puntos centrales del documento se refiere a la dificultad de reconstruir esa estructura una vez que se pierde. “Son capacidades que llevan décadas desarrollar y que, una vez perdidas, requieren años de inversión y formación para recuperarse”, advirtieron.

FINA y ABIN sostienen que la Argentina dispone de experiencia y conocimiento para construir, reparar y modernizar los buques necesarios para la pesca, el comercio, las vías navegables, los puertos, la seguridad, la defensa y el aprovechamiento de los recursos marítimos y fluviales.

Sandra Cipolla también puso el foco en el carácter estratégico de la industria naval y en la necesidad de contar con una política que genere demanda. Mencionó como ejemplo a Estados Unidos y la decisión de impulsar su industria naval a partir de objetivos vinculados con soberanía, defensa y seguridad.

Para la empresaria, una política de defensa y seguridad puede generar trabajo en los astilleros públicos y, al mismo tiempo, desarrollar la cadena de valor privada. También reclamó una definición sobre la Marina Mercante. Barcos para transportar granos, cargas o gasoil constituyen potenciales mercados para los constructores nacionales, pero buena parte del transporte está, según explicó, extranjerizado.

Una política de defensa y seguridad puede generar trabajo en los astilleros públicos y, al mismo tiempo, desarrollar la cadena de valor privada (Cipolla)

“No pedimos privilegios ni mercados cautivos”, sostuvieron FINA y ABIN en su comunicado. Las entidades reclaman condiciones impositivas, laborales, regulatorias, financieras y logísticas que permitan producir e invertir con niveles de competitividad comparables con los de sus competidores internacionales. “Queremos construir en el país los barcos que la Argentina necesita y competir por aquellos que necesita el mundo”, expresan en el comunicado.

Diversificarse para no depender de la pesca

La crisis no afecta de la misma manera a todos los establecimientos. Grupo SPI, que cuenta con tres unidades productivas y se prepara para sumar una cuarta, consiguió reducir su dependencia de la pesca mediante una mayor diversificación.

La empresa construye remolcadores, barcazas, embarcaciones de turismo y pesqueros —entre ellos, unidades de gran porte— y también realiza reparaciones y transformaciones. Además, recientemente avanzó hacia actividades vinculadas con Vaca Muerta. Cerró un contrato para construir una lancha multipropósito destinada a ese mercado y fabricó containers minadores para Añelo.

El comunicado de FINA y ABIN identifica justamente allí una posibilidad de expansión. Las capacidades desarrolladas por la industria naval en ingeniería, fabricación, metalmecánica, electricidad, automatización, montaje y servicios tecnológicos pueden utilizarse también en energía, Oil & Gas, minería y desarrollos offshore.

La actividad vinculada con la Hidrovía y las barcazas también perdió participación en la Argentina y se desplazó principalmente hacia Paraguay. En tanto, el turismo constituye un nicho reducido.

FINA y ABIN propondrán en su documento una agenda conjunta entre empresas, trabajadores, universidades, ciencia y tecnología y los distintos niveles del Estado. El objetivo, según expresarán, será mejorar competitividad, inversión y financiamiento, renovar flotas, desarrollar proveedores, incorporar tecnología y formar capital humano.

Menos personal y vuelta a las reparaciones

El freno de las construcciones ya comenzó a trasladarse hacia la cadena de proveedores. Según la estimación de Contessi, los astilleros privados reúnen alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos. A ellos se suman los trabajadores de establecimientos públicos como Tandanor y Río Santiago y los empleos indirectos vinculados con proveedores, subcontratistas y navalpartistas. “Tengo muchos navalpartistas. Todos van reduciendo plantel”, afirmó.

El propio Astillero Contessi también empezó a adaptarse. La empresa redujo 20% su dotación mínima, comenzó a diversificarse hacia yates de aluminio e intensificó las reparaciones. Hasta el momento, según indicó el empresario, no se registraron cierres de astilleros ni convocatorias vinculadas con esta situación.

El freno de las construcciones ya comenzó a trasladarse hacia la cadena de proveedores

Para parte de la industria, la falta de nuevas construcciones implicará regresar con mayor intensidad a la reparación y transformación de embarcaciones obsoletas. Otros establecimientos intentarán buscar mercados alternativos y sostener la fabricación de unidades nuevas.

“Lo que necesitamos es que la industria naval sea considerada estratégica para la producción nacional y que nos convoquen a discutir qué políticas necesita el sector y cómo llevarlas adelante”, resumió Sandra Cipolla.

La festividad del 8 de septiembre fusiona el catolicismo y la santería mediante el homenaje conjunto a la Virgen de la Caridad y Oshún. A través de ropa amarilla, girasoles y rituales, los cubanos unen la devoción mariana con la energía del orisha del amor y la prosperidad en un símbolo de identidad nacional.

Ante la profunda crisis actual en la isla, esta celebración funciona como un vital espacio de respiro y refugio espiritual. Más allá de la religión, el homenaje a “Cachita” une a los creyentes en un acto de fe para pedir salud, bienestar y alivio económico.

La industria manufacturera y la construcción, dos ramas de actividad que tienen alta incidencia en el PBI, el empleo y otras variables económicas claves, tuvieron un mal desempeño en julio. Según el Indec, la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

En lo que respecta a la construcción, los números muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual. El lado positivo, es que ese rubro se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% en el período enero-julio de este año, en relación al mismo período del 2025.

Maquinaria, equipos y calzado, los más golpeados

Puertas adentro de la industria, el resultado de julio golpeó de manera dispar a las distintas ramas. Doce de las dieciséis divisiones que componen el índice manufacturero mostraron caídas interanuales, mientras que apenas cuatro lograron sostenerse en terreno positivo.

La mayor baja se dio en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída interanual de 31,4%. Según el Indec, la retracción se dio principalmente en la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que se desplomó 49,8% por una menor producción de celulares y televisores. A eso se sumó una caída de 25% en equipos y aparatos eléctricos, explicada por una menor fabricación de motores, generadores y transformadores.

“Maquinaria y equipo” fue la segunda división con mayor retroceso, con una baja de 26,7%. La producción de maquinaria agropecuaria se hundió 46,6%, con menos unidades de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y ciertas líneas de implementos, en un contexto de menor demanda de unidades de fabricación nacional.

“Prendas de vestir, cuero y calzado” cayó 15,9% en julio. La fabricación de prendas de vestir bajó 14,4% y la de calzado y sus partes, 26,5%. Los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados.

Por su parte, “Productos minerales no metálicos” retrocedió 12,6%, un resultado directamente vinculado a la construcción. En ese caso, la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, es decir, básicamente ladrillos, se desplomó 41,3% por restricciones en la disponibilidad de gas que afectaron los niveles de producción.

“Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” mostró una caída de 5,4%, explicada principalmente por la fabricación de vehículos automotores, que bajó 9,9%. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron 48,8% en julio, y ese segmento representa apenas 30,1% del total de ventas a concesionarios en lo que va del año.

El rubro de “Alimentos y bebidas”, uno de los que mayor incidencia tienen sobre el índice general, registró una baja más moderada, de 0,5%. La principal incidencia negativa se dio en galletitas, productos de panadería y pastas, con una caída de 6,2%, en un contexto de menor consumo interno de harina de trigo. La elaboración de vino cayó 13,6%: según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al mercado interno bajaron 1,4% y las exportaciones, medidas en hectolitros, se redujeron 28,7%. En sentido opuesto, la molienda de oleaginosas creció 10,7%, con un aumento de 9,3% en el ingreso de soja a molienda, según la SAGyP.

Entre las pocas divisiones que crecieron, se destacó “Madera, papel, edición e impresión”, con una suba de 7,1%, traccionada por papel y productos de papel (12,6%) y, en menor medida, por madera (4,8%) y edición e impresión (3,2%). En tanto, “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” avanzó 8,1%, con un gasoil que subió 10,9% y naftas que crecieron 4,5%, aunque los asfaltos cayeron 35%. También fue positivo el resultado de “Industrias metálicas básicas”, que subió 1,6%, apoyada en la industria siderúrgica (5,4%) y en aluminio y otros metales no ferrosos (5%).

Los materiales de la construcción, con resultados dispares

En la construcción, el consumo aparente de insumos también mostró un comportamiento dispar en julio. Entre las subas se destacó el rubro “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, con un incremento de 22,8%. Le siguieron “artículos sanitarios de cerámica”, con una suba de 7%, mientras que “mosaicos graníticos y calcáreos y pinturas para construcción” prácticamente no mostraron variación, con subas de 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Del lado de las bajas, el asfalto lideró la caída con un retroceso de 23,1%, seguido por el yeso, que cayó 21,2%. Los ladrillos huecos bajaron 12,9%, las cales 9,8% y el hormigón elaborado 9,5%. El cemento portland, uno de los insumos de mayor peso en la obra, retrocedió 8,1%, mientras que las placas de yeso cayeron 7,2%, entre otros insumos.

El resto de los indicadores del sector mostró un panorama algo más alentador. Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado alcanzaron 376.374 en junio, con una suba de 1,2% interanual y un acumulado semestral positivo de 0,5%. La superficie autorizada por los permisos de edificación, por su parte, trepó 31,6% en junio en la comparación interanual, hasta 1.574.149 metros cuadrados, con lo que el acumulado de los primeros seis meses del año quedó 8,9% por encima de igual período de 2025.

La ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento está en estado de shock. Tiene apenas 15.000 habitantes y poco más de 1.000 trabajaban en la planta avícola Granja Tres Arroyos, que acaba de despedir, en la última semana, a más de 700 personas. El cierre de este gigante, que ya acumulaba una situación crítica desde hacía tiempo y adeudaba dos meses y medio de salarios, aguinaldo y vacaciones, hizo tambalear a todo un pueblo. Un pueblo que vivía desde hace casi 30 años, en gran parte, gracias a la producción cotidiana de esa fábrica, cuyas compras y salarios derramaban en toda la comunidad. Para que quede claro el impacto: uno de cada 10 empleos en esta ciudad son en esta planta.

Hoy la foto es gris. Decenas de familias que se preguntan cómo pagar el alquiler o los servicios de luz, gas y agua; otras que habían llegado de lejos sólo para trabajar en la planta ahora planean su partida; chicos que van a tener que dejar el barrio y la escuela siguiendo a sus padres que buscan trabajo y, el caso extremo en boca de todos, un trabajador que fue desalojado y que durmió varias noches dentro de su vehículo, un Renault 12 estacionado frente a la fábrica.

Más allá de que el clima dentro de la fábrica, y ya en la ciudad, indicaba que la situación de la planta era cada vez peor y para muchos era la “crónica de un final anunciado”, el comunicado que comenzó a circular el domingo 30 de agosto que indicaba que las tareas operativas de la planta permanecerían suspendidas hasta nuevo aviso a partir del lunes 1° de septiembre terminó de confirmar lo que ya se venía sospechando desde hacía tiempo.

“Se informa a todo el personal de Planta Sarmiento que, debido a la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento, que afectan el normal desarrollo de la actividad, las tareas operativas permanecerán suspendidas...”. “El personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por su encargado o supervisor”, agregó el parte.

Los despidos fueron llegando durante toda esa semana. Fueron más de 700 los telegramas enviados, entre los 554 de Capitán Sarmiento y otros 150 de ciudades aledañas. Y, sin explicación alguna, los trabajadores se quedaron sin empleo, sin obra social y con un altísimo riesgo de no cobrar siquiera la indemnización correspondiente. Muchos tenían más de 20 años trabajando en la empresa.

Hay unas 300 personas que no fueron despedidas, pero se levantan cada día con la incertidumbre de no saber qué pasará con su futuro laboral. En el medio, rige una conciliación obligatoria por 15 días desde el viernes pasado, dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, aunque la compañía que dirige la familia De Grazia no la acató. De todos modos, este martes la firma retomó parcialmente la producción, sólo subproductos, pero no se sabe por cuánto tiempo. Con una deuda de más de $2.000 millones y una negociación de por medio con la empresa, la distribuidora eléctrica Eden no les restableció el servicio, por lo que están trabajando con un grupo electrógeno, contó uno de los trabajadores. “Cuando se termine el gasoil que trajeron en un solo camión, otra vez sin luz”, acotó.

Mientras tanto, trascendió de diversas fuentes que la empresa está preparando su pedido de concurso de acreedores y que el objetivo de la familia De Grazia es reducir al mínimo la estructura de la planta, sanearse financieramente y comenzar a recuperar producción. Pero también circulan versiones que indican que el ajuste fue realizado para facilitar una venta. Por ahora, más dudas que certezas.

“De alguna manera vamos a hacer los cumpleaños”

En una ciudad tan pequeña, un recorte tan grande de empleos dejó a la comunidad de Capitán Sarmiento conmocionada. La impotencia ante una situación que no controlan ni pueden solucionar refueza día a día su solidaridad con las familias afectadas por los despidos y suma acciones para colaborar con alimentos, pañales para los niños y artículos de higiene personal, entre otros productos. Capitan Sarmiento se ve venir un futuro doloroso y reacciona como puede.

La delegación del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires (STIA) ya venía entregando mercadería desde hace más de dos meses a los trabajadores que no cobraban sus salarios en tiempo y forma. Y desde este lunes comenzaron a realizar ollas populares durante la noche, en el salón que tiene el gremio. Pero no es el único caso: en una localidad en la que todos los vecinos conocen al menos a una persona que depende de Granja hizo que las ollas populares surgieran en todos los rincones de la ciudad. Hasta un salón de fiestas privado, de nombre Borboleta, ahora recibe a cualquiera que necesite un plato de comida sin preguntar nada.

Claudia, la encargada del salón, contó a Infobae que recibe a diario llamados de personas que tenían reservado el lugar para festejarle el cumpleaños a alguno de sus hijos para avisarle que cancelan el evento por falta de dinero para pagar las cuotas.

“Lo que les estamos diciendo es que les damos el lugar y que de alguna manera conseguiremos la comida para que el nene pueda tener su fiesta de cumpleaños. No queremos que los chicos sufran más por toda esta situación”, afirmó.

Esta semana, además, se hizo una chocolatada en el Centro Educativo (un lugar donde los niños van fuera del horario escolar en donde tienen apoyo no sólo académico sino contención social) para que los chicos puedan ir a distraerse y olvidarse un poco de esta situación, en tanto que los clubes de la ciudad hicieron un encuentro deportivo el sábado para juntar alimentos. “Jornada solidaria entre clubes. El Club Social y Deportivo San Carlos, El Club Deportivo SDL, El Club Los 14 y el Club Atlético Independiente se unen para ayudar a las familias afectadas de Granja Tres Arroyos. No se cobran entradas. Sólo se solicita, a quien pueda, un alimento no perecedero para ser donado a las familias afectadas”, dice el flyer.

Las colectas están por todos lados. No sólo en el salón del sindicato y en los sitios donde se realizan las ollas populares, sino que también en gimnasios, por ejemplo, hay cajas para que la gente done alimentos. En el gremio, además, se están entregando esta semana bolsones de comida, que según dijeron a este medio fuentes de STIA, se hará de forma quincenal, en principio.

Pero la pregunta es qué va a pasar cuando se agote la conmoción inicial. Desde el Municipio de Capitán Sarmiento, que lidera Fernanda Astorino -de La Libertad Avanza-, están desde hace varios meses ayudando a personas que se acercan con dificultades por la falta de pago de Granja. Ahora, desde que llegaron los despidos masivos, las acciones se reforzaron y no sólo están realizando gestiones para entregar alimentos, sino también para que no se le corte los servicios a quienes no pueden pagarlos por esta situación, y lo mismo con las obras sociales.

“Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua. En el caso de las obras sociales, muchas les deben al Municipio porque los empleados se estuvieron atendiendo en el hospital, así que les estamos pidiendo que sostengan a la gente”, afirmó Astorino a este medio. Además, agregó que se está asistiendo con la farmacia del hospital a los despedidos que necesitan medicación.

Son muchas las acciones que se están realizando y van a seguir, pero el pueblo ya palpita el impacto económico que esta situación generará en muchos sectores económicos. Los salarios de Granja Tres Arroyos eran -y son para los que aún continúan- elevados para el promedio de una ciudad chica como es Capitán Sarmiento. En promedio, cobran unos $3 millones, algunos más, otros menos, y 1.000 personas cobrando esos sueldos generan un fuerte derrame en servicios y todo tipo de comercios en la ciudad.

El gran temor es qué pasará ahora, en un contexto de caída general de la actividad económica y de poca expectativa de repunte en el corto plazo. Por lo pronto, muchos comercios ya habían bajado la persiana en los últimos meses.

La crisis financiera y operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos y Wade, otra empresa del mismo grupo empresario, sumó un nuevo capítulo. Fuentes cercanas a las empresas confirmaron que ambas firmas se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para que se reincorporen 1.200 empleados despedidos.

El movimiento judicial se produce después de meses de dificultades financieras, conflictos laborales, cierres y suspensiones en distintas plantas del grupo. En paralelo, la cantidad de trabajadores desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados en total desde el inicio del conflicto, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

De hecho, la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los últimos 1.200 despidos en las plantas. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, establece la reincorporación de los trabajadores desvinculados mientras avanza la negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).

El alcance de los despidos incluye a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la fábrica ubicada en Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. La intervención provincial busca suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.

Durante la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades bonaerenses. También asistieron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

Las partes acordaron además la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La próxima audiencia quedó prevista para el jueves, dentro del período de conciliación obligatoria.

La situación de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

Ahora, el escenario incorpora la posibilidad concreta de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos queden bajo un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa que enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones busca ordenar su situación financiera frente a sus acreedores y evitar, en determinadas circunstancias, una instancia de quiebra. En este caso, el eventual ingreso de ambas compañías a ese proceso se produciría después de una reestructuración que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.

Una crisis que impacta en el empleo

El impacto laboral es uno de los principales indicadores de la profundidad del conflicto. Según fuentes cercanas, el acumulado de despidos desde el comienzo del proceso se ubica actualmente en torno de 1.730 trabajadores, aunque el dato todavía no está cerrado porque resta determinar con precisión cómo se distribuyen las desvinculaciones entre las diferentes plantas.

La falta de un número definitivo responde, según fuentes cercanas, a que todavía no se terminó de consolidar el detalle de las desvinculaciones producidas en cada establecimiento. Lo cierto es que el proceso de reducción de personal comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Granja Tres Arroyos solicitara, en diciembre de 2024, la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ese trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero desde entonces la empresa fue adoptando distintas medidas sobre sus establecimientos.

Uno de los primeros cierres relevantes fue el de la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. Posteriormente, la compañía anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus trabajadores hacia la planta La China, ubicada en las inmediaciones.

A mediados de agosto, además, se conocieron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los trabajadores invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó entonces las desvinculaciones y señaló que existían trabajadores con salarios atrasados.

Capitán Sarmiento, el último foco de conflicto

La situación de Capitán Sarmiento llevó la crisis a una nueva dimensión. La planta dejó de operar a partir del 31 de agosto, luego de que la compañía comunicara internamente la suspensión de las tareas productivas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. El comunicado no estableció una fecha para el regreso de las actividades y tampoco precisó qué ocurriría con los puestos de trabajo involucrados.

El conflicto se profundizó por la incertidumbre respecto del futuro de la planta. Trabajadores y personas vinculadas con el establecimiento advirtieron que parte de la maquinaria concesionada que se utilizaba allí ya no se encontraba en las instalaciones el momento de anunciarse la suspensión de actividades. También señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas.

Paralizaciones en distintas plantas

Capitán Sarmiento no fue el único establecimiento alcanzado por las medidas. Durante los últimos meses, el grupo atravesó diferentes situaciones de paralización y reducción de actividad.

En julio, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Inicialmente se había informado que se trataba de una “parada programada de dos semanas”, pero la interrupción se extendió durante otros 15 días y terminó alcanzando un mes. La medida involucró a unos 350 trabajadores.

En agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal. También se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, continuó funcionando con una reducción significativa de su nivel de actividad.

La situación de Wade se incorporó así al cuadro general del grupo y ahora quedaría alcanzada por una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguiría la misma dirección durante los próximos días.

Una deuda que condiciona el futuro del grupo

La decisión de avanzar hacia una convocatoria de acreedores se da mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.

La compañía lleva adelante negociaciones con sus acreedores con la asistencia de la banca de inversión VALO. El esquema que se venía analizando contempla una reestructuración de los compromisos financieros, con quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

El objetivo de ese proceso era encontrar una alternativa que permitiera ordenar las obligaciones financieras de la compañía y sostener su funcionamiento. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos muestra que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

El ingreso a una convocatoria de acreedores modificaría el escenario de las negociaciones, ya que trasladaría parte de la discusión sobre las obligaciones de las empresas al ámbito judicial. Para los trabajadores, en tanto, la principal incógnita sigue siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios y eventuales indemnizaciones pendientes.

El régimen de Cuba autorizó la apertura de guarderías privadas, bajo la figura de Casas de Cuidado Infantil, y estableció nuevas obligaciones para los propietarios que alquilen inmuebles a particulares, cooperativas o empresas privadas.

Las disposiciones fueron publicadas este miércoles dos de septiembre en la Gaceta Oficial como parte del paquete de transformaciones económicas y sociales aprobado por las autoridades cubanas en junio. La Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación habilita el funcionamiento de centros privados de cuidado infantil. Las personas a cargo deberán completar un curso de capacitación previo y ajustarse a requisitos vinculados con la formación de los niños.

Entre las condiciones fijadas por la norma figura la enseñanza del respeto a los símbolos nacionales y la promoción de valores “acordes a la sociedad”, según el texto difundido por las autoridades. Las Casas de Cuidado Infantil podrán constituirse como una nueva actividad privada dentro de la ampliación del marco legal para el sector no estatal cubano.

La resolución dispone que las cuidadoras tendrán que recibir formación antes de comenzar a trabajar. El Estado mantendrá facultades de supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones definidas para este tipo de establecimientos.

Las normas también incluyen cambios para la educación privada fuera del sistema escolar. Los profesores podrán ofrecer clases particulares y repaso, incluso si trabajan en instituciones públicas, siempre que lo hagan fuera de su horario laboral.

Los docentes no podrán emitir títulos o diplomas, utilizar instalaciones estatales ni emplear libros oficiales. Además, deberán ofrecer clases sin costo a niños vulnerables de las comunidades donde desarrollen su actividad.

Nuevas reglas para los alquileres

El nuevo paquete regulatorio también modifica las reglas para los alquileres. Los propietarios podrán arrendar inmuebles a las nuevas sociedades privadas y a las cooperativas, una posibilidad que amplía el uso comercial de viviendas y locales.

A partir de la entrada en vigor de las medidas, los arrendadores deberán llevar un registro de las personas que pernocten en el inmueble y conservar esa información durante cinco años.

Cuando el huésped sea un ciudadano cubano residente en el exterior o un extranjero, el propietario deberá comunicar sus datos de manera directa al Ministerio del Interior.

Las disposiciones se integran en las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano. El plan incluye cambios en la actividad privada, el comercio exterior, el sector inmobiliario y la organización de las empresas estatales.

La publicación de las medidas ocurrió un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera difundiera declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien afirmó que las reformas “van en serio”.

El funcionario aseguró que el plan ya está en marcha y que su implementación busca modificar de forma profunda el funcionamiento de la economía nacional en medio de una crisis que afecta a la isla desde hace seis años.

“Las medidas se encuentran entre las 176 reformas económicas aprobadas en junio. Este es un proceso real. Esto va en serio. Estamos realizando transformaciones que están cambiando profundamente el funcionamiento de la economía nacional”, expresó el viceministro.

La aplicación de ese paquete coincide con un escenario que se agravó desde enero, cuando comenzó el bloqueo petrolero de Estados Unidos, y que sumó desde mayo nuevas sanciones consecutivas con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos en Cuba.

El paquete aprobado en junio apunta a descentralizar decisiones económicas, ampliar la autonomía de las empresas estatales, modificar las reglas para el comercio exterior y habilitar una mayor participación privada en distintas actividades, incluida la financiera. Las disposiciones entran en vigor en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba desde hace varios años.

Cuba habilitó empresas privadas de más de 100 trabajadores y amplió el marco para cooperativas y trabajadores por cuenta propia

El Consejo de Estado de Cuba publicó este miércoles el Decreto-Ley 133, que habilita la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. La norma incorpora una nueva figura al sector no estatal, hasta ahora integrado principalmente por las micro, pequeñas y medianas empresas que comenzaron a operar en 2021.

Según informó la agencia de noticias EFE, la disposición fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia dentro de siete días. Esta forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano en junio.

Las nuevas sociedades podrán adoptar dos formas jurídicas. Cuando cuenten con más de un propietario deberán identificarse como sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Si pertenecen a una sola persona, se constituirán como sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (SURL).

Las sociedades podrán abrir establecimientos en otras provincias

El decreto autoriza a las empresas privadas a instalar sucursales, locales u otros establecimientos secundarios fuera de la provincia donde fueron constituidas. También podrán importar y exportar de forma directa, aunque para ello necesitarán una autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Las compañías tendrán la posibilidad de asociarse con capital extranjero y de fijar sus precios, dentro de las regulaciones y límites establecidos por el Estado. Además, podrán determinar los salarios de sus empleados.

La norma exige que todas las operaciones financieras se canalicen por cuentas bancarias corrientes. Las ventas de bienes y servicios deberán realizarse en pesos cubanos, salvo en las actividades que una legislación específica autorice a operar en divisas.

Antes de la aprobación de una sociedad, sus socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria, según las exigencias del Banco Central de Cuba. También tendrán que acreditar el origen lícito de los fondos.

Cubanos residentes en el exterior podrán ser propietarios

La legislación permite que sean propietarios de estas empresas ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país.

Quedarán excluidos quienes ejerzan cargos o funciones de dirección en el Estado y el Gobierno, así como las personas con deudas pendientes o condenas por delitos considerados incompatibles con la actividad empresarial que pretendan desarrollar.

El Decreto-Ley 133 incluye una obligación de responsabilidad social para las empresas, que deberán contribuir con las comunidades donde realicen sus actividades.

Cooperativas y trabajadores por cuenta propia tendrán nuevas reglas

Las cooperativas también podrán extender sus operaciones a otras provincias y realizar importaciones o exportaciones con autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Al igual que las sociedades privadas, deberán operar principalmente en pesos cubanos.

En el caso del trabajo por cuenta propia, la norma limita la colaboración familiar a situaciones puntuales. A la vez, permite que los titulares de una licencia viajen al exterior hasta 3 meses por año natural sin perder su autorización.

Quienes contraten trabajadores deberán bancarizar el pago de los salarios, según las disposiciones difundidas este miércoles.

La publicación de las medidas ocurrió un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera difundiera declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien afirmó: “Las reformas van en serio”.

El paquete aprobado en junio apunta a descentralizar decisiones económicas, ampliar la autonomía de las empresas estatales, modificar las reglas para el comercio exterior y habilitar una mayor participación privada en distintas actividades, incluida la financiera. Las disposiciones entran en vigor en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba desde hace varios años.

Mantener a una familia en Cuba desde Estados Unidos ya no se resuelve con una transferencia mensual. Según una estimación de Periódico Cubano basada en precios de agosto de 2026, el emigrado que sostiene un hogar de tres o cuatro personas puede destinar entre USD 500 y USD 950 cada mes, y superar los USD 1,000 en cuanto aparece una enfermedad, una avería o cualquier gasto imprevisto.

La cifra real que muchos no calculan es la anual: si durante ese período se añade la compra de un sistema de energía solar para enfrentar los apagones, el desembolso total puede moverse entre USD 8,000 y casi USD 17,000 en doce meses.

Por qué los 200 dólares de antes ya no alcanzan

La inflación oficial interanual llegó al 20.70% en julio de 2026, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Pero el economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, estima que la inflación real alcanzó el 72% interanual ese mismo mes, lo que ubica a Cuba entre los países con mayor deterioro de precios del mundo, junto a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Sudán.

El rubro que más pesa en el bolsillo es la alimentación. Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una inflación interanual del 26.36% y explicaron el 63% del alza mensual del índice de precios en julio. El aceite comestible subió casi 20% en un solo mes; el arroz, casi 3%; la carne de cerdo, más del 3%.

Los precios en los mercados confirman la magnitud del problema. A finales de julio se registraron cartones de huevos de hasta 3.200 pesos cubanos (CUP), equivalentes a USD 4.74 al cambio informal actual, y arroz a 530 CUP la libra, es decir, USD 0.78.

Días después, algunos vendedores ofrecían huevos a 200 CUP por unidad (USD 0.30) y el litro de aceite llegó a 4,000 CUP, cifra superior al salario mínimo mensual de 3,210 CUP vigente desde julio (USD 4.75).

El salario promedio estatal entre enero y abril fue de 7,074 CUP al mes, lo que representa entre USD 10.48 y USD 10.49 según el cambio informal de 675 CUP por dólar. Según economistas independientes, este ingreso apenas cubre el 10% de lo necesario para la alimentación en la isla.

Cuánto cuesta alimentar a cuatro personas al mes

La comida es la partida más pesada del presupuesto recurrente. Una caja de 40 libras de muslos de pollo rondaba los USD 48 a finales de agosto en plataformas que permiten comprar desde el extranjero; un paquete mayorista de 22 libras de frijoles negros costaba unos USD 23. Pero esos productos por separado no constituyen una alimentación completa.

Una familia de tres o cuatro integrantes necesita arroz, huevos, aceite, leche, café, azúcar, pastas, viandas, vegetales, proteínas y condimentos.

Con esa canasta, Periódico Cubano estima un gasto de entre USD 250 y USD 400 mensuales solo en alimentos, lo que equivale a entre USD 2.08 y USD 4.44 diarios por persona, según el tamaño del hogar. No es una dieta de lujo; es una estimación de subsistencia.

A esa cifra se añaden entre USD 150 y USD 300 en efectivo para transporte, agua, gas, reparaciones, pagos a trabajadores privados y emergencias cotidianas. El dinero puede desaparecer en un solo imprevisto: una avería de refrigerador, una bomba de agua rota o la necesidad de transporte privado puede consumir lo enviado en todo el mes.

El gasto que nadie calculaba: los apagones

La crisis eléctrica introdujo una variable que no existía en el presupuesto del emigrado hace apenas dos años. Al cierre de agosto de 2026, la Unión Eléctrica (UNE) informó que los cortes podían afectar de forma simultánea al 72% del territorio nacional, con apagones de hasta 20 horas consecutivas en La Habana y de hasta 40 horas en provincias del interior. En lo que va del año se han registrado al menos siete colapsos totales del sistema eléctrico, según la agencia EFE.

Las consecuencias son directas sobre el presupuesto familiar. Cuando un corte prolongado daña carne, leche u otros alimentos almacenados en el refrigerador, la familia tiene que volver a comprar lo que ya había pagado. En Santa Clara, más de 100 familias pasaron más de 112 horas sin electricidad ni agua durante julio.

Ante esa realidad, las estaciones de energía y los paneles solares se convirtieron en una necesidad para quienes tienen un familiar en el exterior capaz de financiarlos.

La tienda oficial de EcoFlow en Estados Unidos ofrecía a finales de agosto la DELTA Pro 3 por USD 2,799; con un panel solar de 400 W, el precio subía a USD 3,099, y a USD 3,499 con dos paneles.

Una configuración más completa con batería adicional alcanzaba los USD 5,499, antes de sumar el costo de trasladar el equipo hasta Cuba.

Medicamentos, higiene y el peso de la sanidad privada

El propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que solo estaba disponible alrededor del 30% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias estatales. La apertura de establecimientos privados permitió encontrar algunos fármacos, pero a precios que el salario cubano no puede absorber: una suspensión de cefalexina se vendía en 2,000 CUP en una de esas farmacias; algunos suplementos llegaban a 3,000 CUP.

Para un hogar relativamente sano, Periódico Cubano calcula entre USD 40 y USD 120 mensuales en medicamentos, productos de higiene, detergente y artículos similares. Una persona con diabetes, hipertensión, cáncer o un tratamiento crónico puede requerir cantidades muy superiores.

El envío de cajas desde Florida agrega otro renglón. Las tarifas marítimas en agencias de Miami pueden rondar un dólar por libra en promociones y hasta dos dólares en tarifas regulares; una caja de unas 44 libras puede situarse alrededor de USD 90 solo de transporte. Distribuido en doce meses, ese gasto equivale a entre USD 20 y USD 60 adicionales al mes.

La suma que las estadísticas de remesas no muestran

Al consolidar todas las partidas, el rango mensual se ubica entre USD 480 y USD 930, que la estimación redondea a entre USD 500 y USD 950 para absorber las variaciones de precio y los imprevistos. Una familia con mayores necesidades puede cruzar sin dificultad la barrera de los USD 1,000.

El fenómeno que esas cifras revelan es que muchos emigrados declaran “mandar 200 dólares al mes”, pero pagan además alimentos desde el exterior, cajas con medicamentos, recargas telefónicas y compras extraordinarias.

Su gasto real puede ser dos o tres veces mayor que el valor de la transferencia monetaria registrada.

La CEPAL proyecta una caída del 6.5% del PIB cubano en 2026. En ese contexto, el familiar en Estados Unidos ya no financia únicamente el consumo mensual: termina cubriendo una parte de la infraestructura del hogar, desde el sistema eléctrico hasta los medicamentos que el Estado no puede garantizar.

La malnutrición afecta casi al doble de mujeres que de hombres en Cuba, según datos que revelaron una brecha de género que el sistema de salud de la isla no reconoce oficialmente.

El 9% de las mujeres analizadas por Food Monitor Program registró un peso por debajo del umbral saludable, frente al 4.9% de los hombres. La organización examinó registros de peso y talla de 1,275 mujeres y 1,228 hombres, y la diferencia se mantuvo en todos los grupos de edad del estudio.

Cuando comer es una decisión de sacrificio

Una madre habanera de 18 años describió a Martí Noticias la mecánica cotidiana de esa estadística: la mayoría de los días come una sola vez. A veces dos. La escasez obliga a ordenar prioridades dentro del hogar, y ella siempre queda al final de esa lista.

“Lo miré durmiendo y yo nada más pensaba qué le daría cuando se despertara, qué podía darle. No tenía nada, nada, nada. No había ni agua ese día”, relató.

Su testimonio ilustra lo que Sergio Ángel Baquero, director de Proyectos de Food Monitor Program, describió a la redacción de Martí Noticias como una “dinámica de sacrificio alimentario femenino”: las mujeres reducen sus porciones, dejan de comer o reservan los mejores alimentos para sus hijos, familiares enfermos u otras personas dependientes.

La paradoja que señaló la organización es que las mujeres describieron hogares ligeramente mejor abastecidos que los hombres, pero registraron una prevalencia de bajo peso casi dos veces mayor. El sacrificio, en otras palabras, no aparece en las respuestas sobre el hogar. Aparece en el cuerpo.

Una brecha que se acentúa en la juventud y en la vejez

Entre las mujeres de 18 a 25 años, el 12.6% registró bajo peso, frente al 8.3% de los hombres del mismo rango. En el grupo de 26 a 40 años, la diferencia fue de 8.9% contra 5%.

Las provincias con mayor proporción de mujeres con bajo peso fueron Las Tunas (25%), Guantánamo (23.4%), Pinar del Río (21.4%) y Granma (20.3%).

En el otro extremo de la pirámide etaria, la vulnerabilidad también se concentró en las mujeres. El 94.7% de las mayores de 60 años teme que sus ingresos resulten insuficientes, el 92.2% ha enfrentado dificultades para conseguir medicamentos y el 87.6% depende exclusivamente de una jubilación o pensión.

El peso invisible de alimentar a una familia

La desigualdad no se reduce a cuánto comen las mujeres, sino también a cuánto trabajan para que los demás coman. Según Food Monitor Program, en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, al menos una participa en la preparación de los alimentos, y el 74.8% cocina sola o acompañada por otra persona.

La organización utiliza el término “feminización de la subalimentación” para describir ese doble peso: mayor incidencia de bajo peso y mayor carga en la gestión alimentaria familiar.

Un deterioro que no se detiene

El contexto en el que se inscribió este análisis de género fue el de una crisis que se agrava de forma sostenida. La proporción de encuestados que declaró haberse ido a dormir con hambre al menos una vez en el mes subió del 18.7% en 2023 al 24.6% en 2024 y al 33.9% en 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria analizada por Food Monitor Program.

Esa tendencia coincide con los datos más recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que publicó el 21 de agosto de 2026 su IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.

El informe, basado en 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país, estimó que el 94% de la población vive en pobreza extrema, cinco puntos más que en la medición de 2025.

El dato que más creció en un año dentro de ese estudio es precisamente el del hambre: ocho de cada 10 cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los seis meses previos a la encuesta, frente a siete de cada 10 en la medición anterior. Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada 10.

El verano de 2026 agravó aún más ese escenario. Madres cubanas describieron en redes sociales los meses de julio y agosto como los más difíciles que han vivido, marcados por apagones, escasez de agua y precios fuera del alcance de cualquier salario.

El Ministerio de la Industria Alimentaria admitió en junio que durante el año no pudo distribuir aceite, pollo ni yogur a través del sistema de racionamiento. En agosto, un litro de aceite llegó a costar entre $3,000 (125 USD) y $7,000 pesos cubanos (291.60 USD) en el mercado informal.

Para la joven madre entrevistada en La Habana, esas cifras se traducen en una decisión diaria sin margen de error: cuánto puede comer ella cuando primero tiene que asegurarse de que su hijo tenga algo que llevarse a la boca.

La presión sobre el sistema federal de respuesta a incendios en Estados Unidos quedó expuesta este verano cuando cientos de pedidos de recursos no encontraron respuesta y varias cuadrillas debieron sostener operativos con equipos reducidos.

En ese marco, el medio especializado en cambio climático Grist reportó que bomberos y fuentes con acceso a datos internos advirtieron sobre vacantes, desgaste y fallas de coordinación en plena temporada alta.

Uno de los puntos más sensibles aparece en los cargos de conducción. La publicación explicó que funciones como líderes de tarea, supervisores de división y responsables de maquinaria pesada requieren años de experiencia y hoy resultan cada vez más difíciles de cubrir.

Esas ausencias traban decisiones operativas y limitan el uso de recursos disponibles en incendios de gran escala.

Esa situación se reflejó en Oregón, donde contratistas privados quedaron sin tareas asignadas por falta de personal calificado para dirigirlos, tal y como publicó Grist. La dificultad no surgió por ausencia de equipos o máquinas, sino por la falta de mandos capaces de integrarlos al operativo.

Falta de personal y desgaste acumulado

Un capitán federal destinado en el noroeste del país resumió la crisis con una frase directa. “Simplemente no tenemos suficiente gente”, dijo a Grist. El mismo oficial describió una presión constante sobre cuadrillas reducidas mientras los incendios ya afectaban zonas urbanas y rurales de varios estados.

El desgaste quedó expuesto en las horas extra. El medio señaló que muchos bomberos superaron las 1.000 horas de trabajo adicional el año pasado.

Esa carga equivale a casi cinco meses extra dentro de una temporada ya exigente. Para varios integrantes del sistema, el panorama de este año apunta a una presión todavía mayor.

Uno de los capitanes comparó la situación con un equipo deportivo que sale a competir sin suplentes. “Presentarse a un partido con 13 personas es una locura. Jugar toda una temporada con 13 personas es abuso”, aseguró en declaraciones recogidas por Grist.

La crisis arrastra varios años de deterioro. El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), dependiente del Departamento de Agricultura, administra más de 193 millones de acres, equivalentes a unos 78 millones de hectáreas, y concentra la mayor parte de la fuerza federal dedicada al combate del fuego.

Aun así, el organismo no logró sostener el ritmo de contratación y permanencia que exige el aumento del riesgo.

La distancia entre el discurso oficial y lo que ocurre en el terreno

La advertencia de los bomberos contrasta con la posición pública del gobierno. El jefe del USFS, Tom Schultz, aseguró en julio ante un subcomité del Congreso que la fuerza estaba completa y equipada para responder de manera agresiva a cada nueva ignición no planificada.

Grist indicó que la agencia utilizó como referencia una meta de contratación de 11.300 puestos, una cifra que se mantuvo estable durante años. Bomberos y fuentes familiarizadas con datos internos cuestionaron ese criterio. Afirmaron que el total operativo mínimo no alcanza para sostener una respuesta eficaz bajo las condiciones actuales.

Seth McKinney, oficial de manejo del fuego en la oficina del sheriff del condado de Boulder, volvió este verano para colaborar con el organismo donde había trabajado durante 12 años. “No debería sorprender a nadie que estemos en esta situación, porque no hemos invertido en nuestros bomberos federales”, afirmó al medio.

Menos capacidad en plena expansión del riesgo

El trasfondo de esta crisis combina salarios bajos, desgaste físico, fatiga mental y pérdida de personal experimentado. Grist recordó que el USFS perdió casi la mitad de sus empleados permanentes entre 2021 y 2024.

El reporte también mencionó una reducción adicional de cerca del 20% de la fuerza laboral durante la ola de despidos masivos de 2025, aunque esa poda no apuntó de forma exclusiva a bomberos.

El país se mantuvo desde el 18 de julio en nivel 5 de preparación, la categoría más alta de despliegue de recursos. Grist informó que, hasta el martes pasado, más de 49.200 incendios habían consumido 7,2 millones de acres, unos 2,9 millones de hectáreas, por encima de los promedios de la última década.

La escasez también golpeó las tareas preventivas. Más de la mitad de los bomberos federales que respondieron una encuesta de organizaciones del sector dijeron que sus unidades cancelaron quemas prescriptas por falta de personal.

Por estos días se observa que la caída en la deteriorada democracia y sus instituciones no tiene piso. Solo basta con mirar a los Fernando Cerimedo de la vida, que bajo un pomposo título de influencers u operadores van con sus trolls y/o negocios non sanctos a cuestas desgastando, erosionando la salud democrática en Argentina y otros países.

Tampoco tiene piso en nuestro país -excluido el 20% que le interesa al Gobierno- la caída de la industria nacional y, por ende, de los puestos de trabajo y el consumo. Cuando los bolsillos están flacos, no se compra, sean productos nacionales o los que ingresan con mano de obra extranjera.

El titular de ADIMRA, Elio Do Re, le dio a Infobae el número que lo dice todo: 39,2% es la capacidad ocupada de este sector industrial.

Por su parte, el titular de AIM, Rafael Catalano -representante del corazón del sector ubicado en Rosario y su zona-, remató diciendo: “Lo que más nos preocupa es que la caída del sector no tiene piso”.

Las declaraciones recientes del presidente del BCRA, Santiago Bausili, asegurando que la política monetaria “mantendrá un sesgo contractivo”, descartando cualquier posibilidad de un giro expansivo para tratar de darle impulso a la actividad económica “hasta que la inflación converja con los niveles internacionales”, parece darle la razón.

La dinámica laboral y empresarial en una provincia central de la economía argentina -Santa Fe- da cuenta de que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se redujo la cantidad de empleadores en 3065 -de 50674 cayó a 47609-. Y se perdieron 20412 puestos de trabajo registrados -de 632761 a 612349-, según CEPA Rosario.

La industria es la columna vertebral de la producción y prosperidad de un país que se precie. De ella, sale no solo lo que esa población consume y necesita a diario, sino también los insumos que la ciencia y la tecnología necesitan para su desarrollo y el del país.

Tampoco tiene piso la caída del bienestar social. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA nos habla de eso cuando señala que el 58,3% de niños y adolescentes de sectores vulnerables sufrieron en este último año privaciones en cuanto a su vestimenta. Y si lo analizamos en el contexto total del sector, vemos que el 37.5% tuvo problemas para acceder a ropa y calzado. Esto también determina la concurrencia al sistema educativo.

¿Concurre un niño a la escuela sin zapatillas ni buzo? Los indicadores determinan que un hogar donde hay niños tiene más pobreza que aquellos donde no los hay. Los niños afectados por la imposibilidad de vestirse que sí asisten al sistema educativo, en un 36.8% presentan dificultades en el aprendizaje. También en un 27.3% tienen obstáculos para integrarse con sus pares. Y se ha detectado que el 18.1% manifiesta problemas emocionales. Sin prevención y ante esta deserción de los resortes del Estado, pueden caer en manos de los “dueños de todo lo ilícito”. Se los oye decir: “No tengo futuro”. Y es real, porque pueden terminar su vida por decisión de terceros o propia.

En la sociedad argentina tampoco hay piso -como lo registramos la semana pasada- para el suicidio. La media es de 11.8 cada 100 mil habitantes. Pero ha aumentado del año pasado a hoy, especialmente dentro de las fuerzas federales de seguridad.

La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que hay un 30% más. Impresiona. Quizás entre las causas aparezca otro gran tema argentino actual, el endeudamiento, que tampoco tiene piso. Hay 20 millones de argentinos con este problema, y 6 millones en mora, muchos de ellos en el estado de incobrables. Los intereses que se les aplican resultan absolutamente usurarios. Las fuerzas federales superan el porcentaje de morosidad de la media nacional. La ministra del área, ¿sostendrá que es un problema entre privados y que nadie los obliga a endeudarse?

Santa Fe es la primera provincia en registrar esta problemática. Al respecto, Infobae conversó con su ministro de Economía, Pablo Olivares, quien indicó: “Encaramos, desde nuestras posibilidades, un plan para empleados públicos y jubilados, poniendo límite al descuento automático en los haberes del 50% al 25%. E impulsamos la unificación de deudas (tarjetas, préstamos, fintech) a través del agente financiero provincial para empleados públicos y privados, independientes y autónomos. Y un plan de alivio fiscal y tributario a través de un plan de facilidades de pago para deudas tributarias provinciales para personas y empresas”.

Volviendo al tema Cerimedo, destapa el accionar de parte de la nueva derecha latinoamericana, que refleja la novedad de quienes sin cargo público importante manejan el poder. En Argentina, un ejemplo claro es el de Santiago Caputo.

Cerimedo es el representante de otro tema que tampoco tiene piso: las redes sociales y las campañas sucias que se realizan a través de ellas. Habría operado de esta forma no solo para el presidente Javier Milei, sino además para Jair Bolsonaro en Brasil y Rodrigo Paz en Bolivia -gobierno que hoy lo desconoce-. Y también en España, asociándose a Javier Negre. ¿Puede una democracia permitir que operadores, influencers, o lo que fuere ocupen o manejen sectores de gobierno sin dejar sus huellas digitales registradas?

Debiera ser un tema, entre otros, para que los candidatos presidenciales 2027 encaren. Son quienes, entre otras cosas, deben recordar que Argentina está sin piso para su decadencia. Y que el desafío para quien la gobierne, es poner un tope a esta caída y comenzar una política de crecimiento sin techo.

La ONU destinará unos 80 millones de dólares equivalente a unos 532.6 millones de lempiras, para apoyar a Honduras frente a la crisis provocada por la sequía, con recursos dirigidos a municipios afectados, acciones anticipatorias, acceso a agua segura y asistencia para pequeños productores.

La sequía que afecta a distintas zonas de Honduras requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno, las municipalidades y los organismos de cooperación internacional, afirmó este miércoles el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandro Álvarez.

Durante su participación en el I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos, realizado en el Legislativo, Álvarez informó que Naciones Unidas trabaja con el Gobierno del presidente Nasry Asfura y diferentes instituciones para atender los efectos de la crisis climática, principalmente en las comunidades donde la falta de agua amenaza la producción de alimentos y las condiciones de vida de las familias.

La asistencia busca complementar los esfuerzos que desarrolla el Gobierno y fortalecer la atención directa en las comunidades que enfrentan mayores necesidades debido a la falta de agua y sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria.

Fondos para acciones anticipatorias

El propósito de estos fondos es permitir que las comunidades puedan adoptar medidas antes de que los efectos de la falta de lluvias se profundicen y reducir así el impacto sobre las familias y los medios de vida.

La estrategia adquiere especial importancia para las zonas rurales, donde una parte de la población depende directamente de la agricultura y de la disponibilidad de agua para mantener sus cultivos y actividades productivas.

Álvarez señaló que posteriormente se prevé liberar recursos para respaldar a los pequeños productores, uno de los sectores que enfrenta mayores riesgos ante la falta de lluvias y las posibles pérdidas en los cultivos.

“Hay un donativo adicional de alrededor de 20 millones de dólares. Será recibido por el país para poder hacer frente a esta sequía. Posteriormente vamos a liberar fondos para apoyar a pequeños productores y estaremos en condiciones de hacer este trabajo”, expresó.

PMA, FAO y Unicef participan en la respuesta

La respuesta de Naciones Unidas se desarrolla de manera conjunta con organismos especializados como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

A esta coordinación se suma la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), con la que se trabaja para fortalecer las acciones en los territorios.

Según Álvarez, estas organizaciones mantienen coordinación con diferentes instituciones del Gobierno para atender la situación desde una perspectiva multisectorial.

La intervención no se limita a la entrega de alimentos, sino que contempla acciones relacionadas con el agua, la salud, la producción agrícola y la protección de las familias más vulnerables.

Prorizar familias más afectadas

Uno de los principales llamados realizados durante el congreso fue establecer criterios técnicos para determinar cuáles municipios y comunidades requieren atención prioritaria.

Álvarez recordó que la sequía no afecta de la misma manera a todos los municipios, por lo que consideró necesario establecer una metodología que permita dirigir los recursos hacia las zonas con mayores necesidades.

“Digo esto para que tomemos acciones que no necesariamente son simpáticas de tomar, pero se debe priorizar con base en metodologías técnicas para que el apoyo a las familias y las ayudas llegue de manera multisectorial porque la gente debe comer”, manifestó.

Para el representante de Naciones Unidas, la distribución de la asistencia debe responder a las condiciones reales de cada territorio y no realizarse de manera uniforme, debido a que existen diferencias en cuanto a disponibilidad de agua, producción agrícola y capacidad de las familias para enfrentar la emergencia.

Álvarez explicó que las acciones de respuesta deben incluir mecanismos que permitan a las comunidades contar con agua segura, especialmente en aquellas zonas donde las fuentes tradicionales se han reducido o presentan dificultades para abastecer a la población.

Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación y distribución de filtros de agua, plantas potabilizadoras, pozos y bombas, con el objetivo de garantizar el suministro y reducir los riesgos para la salud.

El funcionario insistió en que el componente sanitario debe ser atendido, debido a que la falta de agua segura puede convertirse en un problema adicional para las familias afectadas por la emergencia climática.

Los pequeños productores se encuentran entre los sectores que pueden sufrir mayores consecuencias, debido a que la reducción de las precipitaciones puede afectar cultivos, disponibilidad de agua para riego y capacidad de las familias rurales para generar ingresos.

Por esa razón, la ONU contempla liberar recursos específicos para respaldar a este sector, como parte de una estrategia que busca reducir el impacto de la sequía y contribuir a mantener la producción de alimentos.

La actividad metalúrgica volvió a mostrar en julio un desempeño negativo y se mantuvo en niveles reducidos de producción. Según el informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual de 4,4%, mientras que frente a junio presentó un incremento de apenas 0,1 por ciento.

Con este resultado, la actividad metalúrgica acumuló una contracción de 5,5% en los primeros siete meses de 2026. El registro de julio mantuvo al sector en un piso históricamente bajo, de acuerdo con el relevamiento de la entidad.

Uno de los principales indicadores que reflejó el escenario fue la utilización de la capacidad instalada. Durante julio, las empresas metalúrgicas utilizaron apenas el 39,2% de su capacidad productiva, uno de los niveles más bajos en términos históricos.

El indicador registró además una caída de 6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con Adimra, este nivel reflejó un uso muy acotado del aparato productivo y resultó similar a los registros correspondientes a la salida de la pandemia de 2020.

La evolución de la producción y el bajo nivel de utilización de las instalaciones se dieron en un contexto en el que las distintas ramas que integran la actividad mostraron, en su mayoría, variaciones negativas.

Caída en la mayoría de los sectores

El comportamiento sectorial presentó un panorama contractivo durante julio. Autopartes fue la única rama que registró un crecimiento frente al indicador previo, con una variación de 1,9%. Sin embargo, el rubro acumuló una caída de 3,1% durante los últimos seis meses.

El resto de las actividades relevadas por Adimra presentó descensos interanuales. Bienes de Capital registró una baja de 9,5%, la mayor entre las ramas mencionadas en el informe. En tanto, Maquinaria Agrícola cayó 7,7%, mientras que Equipos y Aparatos Eléctricos presentó una disminución de 4,3%. En Equipamiento Médico, el retroceso alcanzó 3,9%.

También se registraron bajas en Carrocerías y Remolques, con una caída interanual de 3,4%; Otros Productos de Metal, con una disminución de 1,7%; y Fundición, con un descenso de 1,5%.

Los resultados mostraron así que el retroceso de la actividad metalúrgica durante julio alcanzó a la mayor parte de las ramas relevadas. La excepción fue Autopartes, aunque el rubro también acumuló una variación negativa durante los últimos seis meses.

El análisis realizado según las distintas cadenas de valor también mostró resultados negativos. Todas las cadenas registraron una caída por segundo mes consecutivo.

La mayor contracción correspondió a Consumo Final, con un descenso interanual de 9,6%. En segundo lugar se ubicó Construcción, con una baja de 8,2%. La cadena Agrícola registró una disminución de 7,9%, mientras que Minería presentó una contracción de 6,4%.

Por su parte, Petróleo y Gas mostró una caída de 4,4%, mientras que Energía Eléctrica registró un descenso de 3,2%. También se observaron bajas en las cadenas de Alimentos y bebidas, con una contracción de 2,6%, y Automotriz, con una disminución de 1,1%.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, describió el escenario de la actividad metalúrgica y señaló que la producción continuó estancada, con índices de productividad históricamente bajos. Según expresó, esta situación configuró un escenario de incertidumbre que dificultó avizorar un sendero de recuperación. Del Re también destacó la persistencia de una retracción en el mercado y señaló que la baja demanda afectó a todos los sectores productivos.

En ese sentido, sostuvo que esta situación dificultó la operatividad de muchas empresas y planteó como necesario el desarrollo de herramientas destinadas a promover la inversión para sostener el empleo dentro del entramado industrial.

Qué pasó en las principales provincias metalúrgicas

La caída de la actividad también se extendió a las principales provincias metalúrgicas relevadas, aunque con diferentes niveles de intensidad.

Córdoba registró el retroceso más pronunciado, con una caída interanual de 7,9%. Según el informe, el resultado provincial estuvo explicado principalmente por el desempeño de maquinaria agrícola y autopartes.

En Buenos Aires, la actividad metalúrgica presentó una baja de 5,8%, con descensos concentrados en bienes de capital y equipo médico. Por su parte, Mendoza registró una caída de 4,6%, mientras que Entre Ríos mostró una disminución de 4,2%. En ambos casos, el retroceso estuvo determinado por el desempeño de los bienes de capital.

Entre las provincias relevadas, Santa Fe presentó la baja más acotada, con una contracción de 3,8%.

En esa provincia, el resultado tuvo una distribución más repartida entre las empresas relevadas. Las caídas en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola determinaron el signo negativo del conjunto.

En cuanto al nivel de empleo aportado por las empresas del sector, también mostró una variación negativa durante julio, con una caída interanual de 2,2%. En la comparación con junio, el descenso fue de 0,2%.

Expectativas

Las expectativas para los próximos meses tampoco mostraron modificaciones significativas. Según el relevamiento de Adimra, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios en su producción durante el próximo trimestre.

El dato se registró en un contexto de producción estancada y sin señales de recuperación de la demanda interna, de acuerdo con el informe. La mayoría de las empresas relevadas mantuvo así una expectativa de estabilidad para sus niveles de producción.

Tras varios meses de conflictos laborales y dificultades para afrontar los pagos en tiempo y forma, Supermercados Toledo sumó un nuevo dato que expuso la situación financiera que atraviesa la empresa: la compañía vendió una de sus sucursales para conseguir fondos y afrontar el pago de salarios. El establecimiento involucrado no trascendió, pero desde el gremio recibieron la información y plantearon su preocupación por el escenario que atraviesa la cadena marplatense.

De acuerdo con lo informado a los representantes sindicales, la operación permitió a la firma contar con recursos para afrontar compromisos salariales de julio (se les adeuda el 60% del sueldo a los 1.800 trabajadores y el compromiso asumido este miércoles fue que harán el pago este viernes). Durante la negociación que mantuvieron las partes en el Ministerio de Trabajo bonaerense, los representantes de los trabajadores también conocieron otro dato vinculado con esa operación: los empleados que trabajaban en el local vendido serán reubicados en otros establecimientos de la compañía.

De esta manera, la venta de la sucursal no implicaría, por el momento, una pérdida de puestos de trabajo para quienes desarrollaban tareas allí. La empresa transmitió tranquilidad al gremio respecto del destino de esos trabajadores y planteó la posibilidad de que continúen dentro de la estructura de Toledo mediante su traslado a otros locales.

El dato aparece en medio de un conflicto que durante los últimos meses involucró a trabajadores de las distintas actividades que desarrolla el grupo. La empresa afrontó reclamos por atrasos en el pago de salarios, asambleas y medidas de fuerza en sus establecimientos, en un contexto de preocupación sindical por la situación económica y financiera de la compañía.

El último episodio se produjo durante esta semana, cuando los trabajadores realizaron retención de tareas desde el viernes anterior al acuerdo alcanzado ayer en el Ministerio de Trabajo. El conflicto se originó por el pago incompleto de los salarios correspondientes a julio.

La compañía realizó inicialmente el pago del 40% de los haberes de julio (el 4° día hábil de agosto), mientras que el 60% restante quedó pendiente. En una audiencia realizada en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la empresa propuso completar el pago el viernes 14 de agosto.

El acta estableció que la firma pagaría el saldo total correspondiente al 60% de los salarios de julio que permanecía impago y pidió el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza. Los sindicatos aceptaron la propuesta y los trabajadores retomaron las tareas en los establecimientos.

El entendimiento también incluyó la creación de una mesa de trabajo semanal, que funcionará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y contará con representantes de las organizaciones sindicales y de la conducción de Toledo.

El objetivo de esa mesa será continuar el diálogo sobre la situación de la compañía y los distintos reclamos planteados por los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, además, decidió mantener las actuaciones en reserva durante 30 días para controlar el cumplimiento del acuerdo.

La venta de la sucursal se conoció dentro de ese escenario de negociación y sumó un elemento a la discusión sobre el futuro de la empresa. Según explicó a Infobae el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), Guillermo Bianchi, durante la audiencia los representantes de Toledo reconocieron que debieron vender un activo para afrontar el pago del dinero adeudado a los trabajadores.

El dirigente sindical señaló además que la situación salarial no comenzó con el último conflicto. Según explicó, durante los últimos meses la compañía realizó pagos parciales de los salarios y completó los haberes con demoras. “Daban un pago parcial el 4 día hábil del mes y generalmente a las 48 horas pagaban el resto”, explicó Bianchi. Según el dirigente, esa modalidad generó conflictos porque el gremio interpretó que podía convertirse en una forma de avanzar hacia el pago de los salarios en cuotas.

El representante sindical también vinculó el deterioro de la relación con la conducción actual de la empresa con el período posterior a la muerte de Antonio Toledo, histórico dueño de la cadena. Actualmente, la compañía está dirigida por Bernabé Toledo, uno de los hijos del fundador.

A la demora en los salarios se sumó el pago del medio aguinaldo. La empresa intentó abonarlo en tres cuotas y finalmente lo pagó en dos veces.

Una estructura con 1.800 trabajadores

La dimensión del problema laboral se explica también por el tamaño del grupo. Toledo cuenta con 1.800 trabajadores directos, distribuidos entre distintas unidades de negocio.

El grupo está integrado por cinco divisiones: supermercados, una planta de panificados, una planta de elaboración de chacinados, una planta procesadora de aves y otra planta faenadora de cerdos.

De los 1.800 trabajadores, unos 1.400 pertenecen al gremio de Comercio. El resto está afiliado a Camioneros, Uatre y Maestranza.

En el negocio supermercadista, la firma tiene 24 grandes locales y 15 pequeñas tiendas Mini Toledo en Mar del Plata. Además, posee una sucursal en Pinamar, otra en Vidal, otra en Santa Clara, una en Miramar, una en Tres Arroyos, una en Necochea y otra en Balcarce.

La venta de una de esas sucursales abre ahora un interrogante sobre la estrategia que seguirá la empresa para afrontar sus compromisos. Trascendió que una de las opciones que barajan es que avancen con un proceso de reestructuración de los pasivos.

Desde el sector sindical, en tanto, la principal preocupación se mantiene sobre la continuidad de las fuentes laborales a futuro. Según indicaron desde el gremio, durante los últimos meses no se produjeron despidos de personal. La dotación se redujo únicamente porque la empresa no reemplazó a trabajadores que se jubilaron o que renunciaron.

La crisis de la ENEE suma un nuevo desafío luego de conocerse que existen zonas de Honduras donde las cuadrillas de la estatal enfrentan dificultades para ingresar debido a la presencia de estructuras criminales, situación que complica las labores de cobro y atención del servicio eléctrico.

El tema fue expuesto durante el programa Frente a Frente, de Canal 5, en medio de un debate sobre la situación del sector eléctrico y las posibles reformas que podrían impulsarse para mejorar las condiciones financieras y operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Durante el espacio televisivo participaron el diputado liberal Mario Segura, el diputado nacionalista Eder Mejía y el exgerente de la ENEE Erick Tejada, quienes abordaron algunos de los principales problemas que afectan actualmente a la empresa estatal.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la existencia de las denominadas zonas de difícil gestión, lugares donde, según lo expuesto durante el debate, las condiciones de seguridad impiden o dificultan que los trabajadores de la ENEE puedan desarrollar con normalidad sus labores de cobro y supervisión.

Tejada explicó que estos sectores han sido identificados debido a las condiciones particulares que presentan y que la presencia de grupos criminales representa un obstáculo para el ingreso de las cuadrillas. Esta situación no solo afecta las labores de facturación, sino también otras tareas relacionadas con el mantenimiento y atención del servicio.

El exfuncionario también hizo referencia a denuncias relacionadas con supuestos cobros paralelos en determinados sectores. Según lo expuesto, algunas estructuras estarían exigiendo pagos a residentes bajo circunstancias que dificultan la actuación de las autoridades y la recopilación de pruebas documentales.

La situación resulta especialmente compleja porque los habitantes de estas comunidades pueden sentir temor de denunciar. De acuerdo con lo planteado durante el debate, el miedo a represalias constituye uno de los principales factores que dificultan confirmar formalmente las denuncias sobre estos supuestos cobros.

El diputado Mario Segura manifestó que este tipo de señalamientos también ha llegado al conocimiento del Congreso Nacional. Sin embargo, reconoció que obtener testimonios y evidencias puede resultar complicado cuando las personas involucradas viven en sectores donde existe una fuerte presencia criminal.

A la problemática de seguridad se suma otro de los grandes desafíos de la estatal: el hurto de energía. Durante el debate se señaló que esta práctica representa entre el 30 % y el 35 % de las pérdidas totales de la empresa, afectando directamente sus ingresos y debilitando sus finanzas.

El diputado Eder Mejía consideró necesario establecer un plan específico para combatir las conexiones ilegales y recuperar los recursos que la empresa deja de percibir. Incluso planteó que, de ser necesario, las fuerzas de seguridad podrían respaldar los operativos destinados a reducir las pérdidas.

La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de impulsar reformas legales que permitan fortalecer las acciones contra quienes sustraen electricidad de manera ilegal. El objetivo sería reducir las pérdidas y establecer mecanismos más efectivos para garantizar que los usuarios paguen por el servicio eléctrico que reciben.

Otro de los grandes problemas señalados durante el foro fue la elevada mora de la ENEE, que rondaría los 18,000 millones de lempiras. La cifra representa un fuerte golpe para las finanzas de la empresa y evidencia las dificultades que enfrenta para recuperar los recursos correspondientes al consumo de electricidad.

Tejada también señaló la existencia de aproximadamente 23,000 consumidores considerados de alto consumo, debido a que superan los 3,000 kilovatios hora mensuales. El exgerente consideró necesario revisar cuáles de estos usuarios mantienen deudas pendientes con la estatal.

La identificación de los grandes deudores sería un paso importante para mejorar la recuperación de ingresos.

Sin embargo, durante el debate también se advirtió sobre la circulación de listas de deudores cuya información no necesariamente sería confiable, por lo que se planteó la necesidad de actualizar y verificar los registros oficiales.

Entre los sectores señalados dentro de las obligaciones pendientes aparecen consumidores residenciales, entidades gubernamentales y empresas públicas.

Durante la discusión se mencionaron instituciones como Hondutel y SANAA, cuyos compromisos con la estatal forman parte del complejo panorama de la mora eléctrica.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 empleados sobre un plantel total de 900 trabajadores de su planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La compañía atribuyó la medida a la caída de la actividad, consecuencia de las restricciones impuestas a las exportaciones por la gripe aviar, afectando principalmente el mercado chino.

Los telegramas enviados aseguran que “la decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

“En particular, los brotes de influenza aviar registrados en el país que determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación, provocando una significativa reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”, precisa el documento al que accedió Infobae.

A dicho escenario, afirma Granja Tres Arroyos, se sumaron sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena.

“La empresa adoptó diversas medidas tendientes a preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, procurando adecuar sus operaciones al nivel real de actividad. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para revertir la crisis descripta, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal, a fin de posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”, remarcó el telegrama.

Mientras tanto, en un comunicado, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó su repudio por los despidos y cuestionó el accionar “artero e insensible” de la empresa frente a la grave situación económica de los trabajadores.

Desde el gremio afirmaron que la empresa avanza con “despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”. Contaron además que entre los despedidos se encuentran también delegados de personal.

Resaltaron que los trabajadores “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.

Al mismo tiempo, desde el sindicato dijeron que la justificación de la compañía no es más que riesgo empresarial, pero queda expuesto como fuerza mayor. “No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló Julio Chamorro, secretario general en Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Agregó que es probable que este martes lleguen nuevos telegramas.

La crisis de la gripe aviar

La situación crítica que atraviesa la compañía responde a la convergencia de varios factores que fueron deteriorando su posición financiera y operativa. Uno de los principales fue el efecto de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) sobre sus mercados externos.

La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmara los primeros casos en establecimientos comerciales. La suspensión se prolongó hasta agosto de ese año y generó para el sector pérdidas estimadas en USD 160 millones.

El problema volvió a presentarse en agosto de 2025, cuando un nuevo brote provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca. La situación se extendió tras otro episodio detectado en febrero de 2026 en Ranchos, provincia de Buenos Aires, al que posteriormente se sumaron focos en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, en Córdoba.

El bloqueo se mantuvo hasta las últimas semanas. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado mediante la publicación en su Diario Oficial del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permite a la Argentina volver a exportar carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario como país libre de IAAP.

Empresa en problemas

Para Granja Tres Arroyos, no obstante, la normalización del comercio exterior se produce después de un período prolongado de dificultades. En diciembre de 2024, la empresa había pedido ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Aunque el trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, el proceso derivó en una aceleración de las medidas de ajuste y de los recortes dentro de la compañía.

A este escenario se suma una pesada carga financiera. La firma mantiene negociaciones con sus acreedores para reestructurar una deuda de USD 350,9 millones, en un proceso en el que la banca de inversión VALO actúa como asesora.

La propuesta incluye quitas de hasta el 75% del capital adeudado, un esquema de cancelación con plazos de hasta siete años y la venta de, al menos, cinco activos considerados no estratégicos para el grupo.

La calma que una persona muestra en una crisis no siempre refleja fortaleza. Psicólogos y estudios sobre el apego coinciden en que también puede ser una defensa emocional aprendida, una respuesta que ayuda a contener el malestar hacia afuera pero que puede dejar aislamiento, desconexión y dificultad para expresar lo que se siente.

En este sentido, la serenidad admirada en momentos de presión no necesariamente nace de una habilidad entrenada de forma consciente sino que puede surgir de experiencias previas de dolor o inseguridad.

Uno de los efectos que describen las investigaciones citadas es una menor satisfacción social, además de una reducción de la cercanía afectiva y una sensación de desconexión con uno mismo, consecuencias pueden acumularse con el tiempo cuando la supresión emocional se vuelve habitual.

La idea central es directa: aparentar tranquilidad en medio de una crisis puede ser una estrategia de supervivencia aprendida en el pasado. Esa adaptación puede condicionar la manera en que una persona se relaciona en la vida adulta.

La serenidad exterior puede nacer de experiencias de dolor o inseguridad

Un ejemplo de lo anterior fue expuesto en la revista AS, la cual cita el caso de Orla, una profesional de comunicaciones de crisis en Dublín, a quien sus superiores describían como “inquebrantable” durante una semana especialmente difícil en el trabajo. Mientras proyectaba serenidad hacia los demás, ella experimentaba una sensación de vacío.

Ese contraste entre la imagen pública y la experiencia interna es uno de los puntos que subraya el texto. La cultura popular suele premiar esa compostura y la asocia con madurez emocional, liderazgo o capacidad para manejar la presión; sin embargo, muchas veces el costo emocional es interno.

El diario también recoge el testimonio de un participante de un taller de resiliencia en Dublín que describió su infancia como un entorno en el que cualquier reacción emocional podía provocar una respuesta negativa. Con el tiempo, ese comportamiento se volvió automático.

Su entorno interpretó esa reacción como sensatez o solidez. Un terapeuta, en cambio, la definió como inhibición emocional crónica.

El apego evitativo puede convertir la contención emocional en un hábito

Según los estudios sobre el apego evitativo desarrollados por Jeffry Simpson y W. Steven Rholes, algunos niños aprenden a desactivar sus emociones incluso antes de que aparezcan. Ese patrón puede mantenerse más adelante y moldear la manera en que responden al conflicto, la presión o la cercanía afectiva.

Esta forma de adaptación puede convertir a esas personas en aquellas a las que todos recurren en momentos difíciles. Esa función refuerza lo que algunos especialistas describen como una “trampa de la utilidad emocional”.

La expresión alude a un patrón en el que alguien termina siendo valioso para los demás por su capacidad de sostener, contener o resolver, pero no necesariamente por mostrar sus propias necesidades. Esa dinámica puede volver más difícil que la persona se sienta acompañada.

AS añade que quienes ocupan de forma constante el papel de la persona fuerte pueden llegar a sentirse emocionalmente inaccesibles. También pueden vivir la soledad de ser el apoyo de todos sin sentirse sostenidos.

Las consecuencias descritas por la psicología no siempre son visibles de inmediato. Aun así, la supresión frecuente de las emociones puede traducirse en menos cercanía afectiva, menor satisfacción en los vínculos sociales y una sensación persistente de desconexión.

La conclusión que plantea la publicación es que la calma socialmente admirada no siempre debe leerse como señal de equilibrio o control. En ciertos casos, responde a una defensa aprendida mucho antes, cuando expresar emociones no era seguro.

La Joaqui y Luck Ra son dos de las figuras más seguidas de la música urbana argentina. Ella, referente del RKT con 31 años y dos hijas. Él, cantante de cuarteto de 27, que creció en popularidad con el respaldo de su pareja —entre otros momentos, cuando participó como jurado en La Voz. Llevaban juntos alrededor de tres años y su relación había sido, hasta hace poco, de las más visibles del ambiente.

Las fotos que La Joaqui publicó desde sus vacaciones mostraban piletas infinity con vistas al mar, terrazas con horizonte costero y rincones de un destino tropical. Ella sola, sin compañía identificable. Las imágenes acumularon cientos de miles de “me gusta” de seguidores, colegas y amigos del medio.

Luck Ra no fue uno de ellos. Ese detalle, en principio menor, llevó a los seguidores más atentos a revisar el historial de interacciones del cantante en el perfil de La Joaqui. El resultado fue contundente: hace más de un mes que Luck Ra no reacciona a ningún posteo de ella, ni con un “me gusta” ni con un comentario.

El contraste con publicaciones anteriores resultó llamativo. En una foto de La Joaqui junto a una de sus hijas, publicada el 21 de junio, Luck Ra había dejado dos comentarios: “che falta un hermanito………” con 6.828 “me gusta”, y una cadena de emojis de carita enamorada con 2.124 “me gusta”. Esa publicación data de hace cuatro semanas. Desde entonces, nada.

En los posteos más recientes —incluido uno titulado “Ojitos mentirosos” que cosechó 313 mil “me gusta” y recibió comentarios de artistas como Ángela Torres, Nicki Nicole y Flor Jazmín Peña— la cuenta de Luck Ra no dejó ninguna huella.

La ausencia fue suficiente para que los fanáticos empezaran a cruzar datos y la situación comenzara a circular en redes antes de que ningún medio lo confirmara.

Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien puso palabras a lo que las redes ya insinuaban. Al aire del programa, con Ángel de Brito como conductor y la presencia de Juli Argenta, Ochoa fue directo: “Una crisis muy profunda, no están juntos ya”.

Según precisó, la separación lleva entre un mes y mes y medio. Y anticipó que, aunque la noticia podría generar desmentidas, la situación es real: “Tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”.

El panelista detalló la asimetría emocional que atraviesa a la pareja en este momento. Luck Ra es quien tomó la decisión: “Él quiere otra cosa para su vida”. La Joaqui, en cambio, atraviesa el proceso desde otro lugar: “Ella está muy enamorada y no lo puede entender”.

Ante eso, ambos habrían acordado una estrategia de silencio público. Según Ochoa, “tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte” antes de hacer cualquier anuncio formal.

Esta no es la primera crisis que enfrenta la pareja. Ochoa recordó que hace aproximadamente seis meses atravesaron otro momento de quiebre del que lograron recuperarse. “Tuvieron una crisis también, que lograron reflotar, salir adelante”, dijo. Esta vez, la situación parece distinta.

Entre los indicios que el panel de LAM sumó al relato, uno se repitió con fuerza: Luck Ra integra un grupo con traperos conocidos con los que solía salir. La Joaqui dejó de aparecer en esas juntadas. “Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció”, describió Ochoa.

El dato se reforzó con otro episodio reciente. Durante un streaming que Luck Ra realizó desde España, el chat se llenó de preguntas de fanáticos sobre la crisis. Él no respondió ninguna. Juli Argenta lo señaló al aire: “Eran todos los mensajes del chat sobre ese tema y él no respondía nada”.

Ángel de Brito preguntó la edad de ambos casi de pasada, pero el dato abrió una conversación que Ochoa no dejó pasar. Luck Ra tiene 27 años; La Joaqui, 31. Ella además es madre de dos nenas.

Ochoa fue cuidadoso en sus palabras, pero explícito en el fondo: “Él quiere otra cosa y ella viene anexada también de sus hijas, y a veces en un vínculo funciona y a veces no”. Aclaró que Luck Ra es “amoroso” con las nenas y que las quiere, pero que ese factor forma parte de la ecuación que hoy los separa.

La incertidumbre que enfrenta la producción de maíz, trigo y frijol en México podría ocasionar una reducción drástica de la superficie de siembra y agravar las condiciones laborales de quienes dependen del campo.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) alertó que este escenario amenaza tanto la soberanía alimentaria del país como el empleo y los ingresos de millones de jornaleros.

Álvaro López Ríos, secretario general de la organización, atribuyó esta situación a:

• Elevados costos de producción
• Caída de los precios pagados a los productores
• Revisiones comerciales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
• Entrada de granos extranjeros subsidiados

De acuerdo con las proyecciones citadas por la UNTA, la superficie sembrada durante los ciclos primavera-verano y otoño-invierno podría reducirse hasta 35 por ciento. Esto representaría alrededor de 2.3 millones de hectáreas menos destinadas al establecimiento de cultivos.

“Al sembrarse menos maíz, trigo y frijol, se requiere menos mano de obra, lo que genera desempleo, subempleo y recorta los ingresos de los jornaleros temporales”, señaló López Ríos.

Menos cultivos significan menos empleos en el campo

La reducción de las áreas de cultivo tiene un efecto directo sobre las contrataciones temporales. Si los productores disminuyen la superficie destinada a los granos básicos, también necesitan menos personas para preparar la tierra, sembrar, cuidar las parcelas y levantar las cosechas.

La UNTA advirtió que la crisis financiera de los agricultores nacionales, provocada en parte por la competencia desigual con productos importados, reduce sus márgenes de ganancia. Ante la falta de rentabilidad, algunos empleadores limitan los salarios, disminuyen las prestaciones o prescinden de trabajadores eventuales.

Los estados con mayor cantidad de trabajadores agrícolas son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En contraste, entidades como Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Baja California concentran una mayor demanda de mano de obra para la agricultura comercial y ofrecen mejores salarios promedio, según la organización.

No obstante, incluso en las regiones con agricultura tecnificada persisten la informalidad y la falta de seguridad social. La zona de San Quintín, en Baja California, concentra a más de 47 mil jornaleras y jornaleros agrícolas.

El último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó en Baja California 103 mil 842 puestos de trabajo eventuales y cerca de 11 mil 799 trabajadores permanentes.

Más del 94% de los trabajadores eventuales no tendría seguridad social

En México existen aproximadamente entre 2.3 y 3 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas, también identificados como trabajadores eventuales del campo. Sin embargo, estimaciones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que más del 94% no se encuentra inscrito en el Seguro Social.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estableció para 2026 un salario mínimo de 356.16 pesos diarios para jornaleros agrícolas y trabajadores del campo en la mayor parte del territorio nacional. En los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto asciende a 440.87 pesos diarios.

A pesar de estos niveles salariales, la UNTA sostuvo que existe un rezago histórico en los ingresos y prestaciones del sector. Un trabajador eventual formal afiliado al IMSS percibe, en promedio, alrededor de 356 pesos diarios, pero una parte considerable de la población jornalera permanece en la informalidad.

Esta condición incrementa su vulnerabilidad ante una caída en las contrataciones, pues carece de mecanismos de protección frente al desempleo y, en muchos casos, tampoco tiene acceso a servicios médicos, pensiones o prestaciones laborales.

UNTA pide seguro de desempleo y revisar los granos básicos en el T-MEC

Frente a este panorama, López Ríos pidió al Gobierno de México crear un programa de empleo temporal para el sector rural y otorgar un seguro de desempleo a los jornaleros agrícolas afectados por la reducción de las siembras.

También planteó revisar la posibilidad de excluir los granos básicos del T-MEC, evaluar la competencia desleal y analizar las prácticas de dumping que, según la organización, favorecen la entrada de producción estadounidense en condiciones perjudiciales para los agricultores mexicanos.

La UNTA advirtió que, si no se aplican medidas para proteger la producción y el empleo rural, podrían aumentar la migración hacia las ciudades, la pobreza y el riesgo de que trabajadores sin oportunidades sean captados por circuitos delictivos.

Para la organización, la caída de la superficie destinada al maíz, trigo y frijol no constituye únicamente un problema productivo. También representa una amenaza para el abastecimiento nacional, la autosuficiencia alimentaria y la estabilidad de millones de familias que dependen directa o indirectamente del campo mexicano.

El senador por el Centro Democrático Andrés Forero expresó su preocupación ante la grave situación de la EPS Famisanar tras su intervención, que enfrenta afectaciones en la gestión administrativa y la ausencia de funcionarios en cargos estratégicos.

La alarma del congresista se encendió luego de la divulgación de un comunicado oficial de la empresa sanitaria dirigido a todos sus trabajadores, en el que se informó la suspensión temporal de trámites y actuaciones administrativas relacionadas con la planta de personal y la contratación de talento humano.

La medida, firmada por el agente especial interventor, Mauricio Molina Álvarez, notificó la detención de procesos como la vinculación de personal, la celebración y renovación de contratos, encargos, provisión de vacantes, movimientos en la nómina y autorizaciones de horas extras, salvo autorización expresa del interventor.

Al respecto, Forero denunció que supo que, además, “no hay gerente financiero, no hay secretario general, no hay tesorero en propiedad, no hay gerente de salud en propiedad, no hay gerente de planeación en propiedad”.

De hecho, el comunicado señaló que la suspensión tiene carácter temporal y responde a la necesidad de reorganizar y priorizar los procesos internos de la EPS. Sin embargo, en la misiva se indicó que los trámites en curso permanecerán suspendidos hasta nuevas instrucciones de la administración.

La intervención de Famisanar y las medidas tomadas han generado inquietud entre trabajadores y usuarios, ante el riesgo de afectaciones en la prestación de servicios y en la estabilidad laboral del personal.

Cuáles son las EPS con mayor patrimonio negativo en el sistema de salud colombiano

Luego de la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS y sus controversiales resultados, se conoció el déficit acumulado entre las entidades intervenidas por el Gobierno, que ya supera los 25 billones de pesos, con Nueva EPS y Coosalud en la cabeza del listado de patrimonio negativo en el sector, según el más reciente sondeo financiero.

El informe divulgado por el medio económico La República reveló que, de las 22 EPS con datos disponibles, 14 presentan patrimonio negativo.

De hecho, la Nueva EPS encabeza el ranking con un déficit de 11,9 billones de pesos, pese a haber reportado ingresos por 22,2 billones de pesos en su último balance. No obstante, la entidad aún no ha presentado los informes correspondientes al ejercicio de 2025.

La sigue Coosalud, con un saldo en rojo de 3,6 billones y Famisanar con 2,8 billones negativos, ambas con cifras de 2025.

Según el reporte del medio, el grupo de EPS con patrimonio negativo incluye también a Sanitas (-2,6 billones), Emssanar (-2,2 billones), Savia Salud y Asmet Salud (ambas con -1,5 billones), y SOS EPS, que reporta un déficit de 1,09 billones.

Otras entidades como Compensar, Mallamas EPSI, Dusakawi EPSI, Mutual Ser, Capresoca y Comfenalco Valle registran déficits inferiores, entre 189.641 millones y 515.686 millones de pesos.

En contraste, solo ocho EPS mantienen patrimonio positivo, aunque en niveles modestos frente al tamaño de sus operaciones: EPS Familiar de Colombia, Capital Salud EPS, Salud Mía, Anas Wayuu EPSI, EPS Sura, Aliansalud EPS, Salud Total y Comfachoco, esta última con el mayor saldo positivo del grupo.

Según los datos, las EPS intervenidas o bajo control estatal han concentrado los peores resultados financieros, pues llegaron a agrupar cerca del 60% de los afiliados al sistema, lo que representa cerca de 29,5 millones de usuarios.

Incluso, algunos consultores y gremios advirtieron al medio que la deuda de las EPS con las grandes IPS podría oscilar entre 35 y 40 billones de pesos, situación que representa un desafío urgente para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que propone un plan de choque en favor del sistema de salud colombiano con la inyección inicial de 10 billones de pesos, antes de una reforma que permita un modelo de aseguramiento mixto.

Durante 2025, la inseguridad en las vías de Colombia se agravó por el aumento de ataques armados, desplazamientos forzados y bloqueos en corredores rurales y carreteras principales.

De acuerdo con las autoridades, entre enero y septiembre, más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, con especial impacto en departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander. Durante ese tiempo, se registraron 339 eventos que restringieron el acceso humanitario y la movilidad, vinculados a paros armados y atentados contra la población civil.

El desplazamiento masivo incrementó un 93% durante 2025 en comparación con el año anterior, mientras que los confinamientos aumentaron un 19%. El accionar de grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, incluyó ataques con explosivos, emboscadas y bloqueos, afectando tanto a viajeros como al transporte de carga. Además, la expansión de estos grupos alcanzó cerca del 73% del territorio nacional, generando un entorno de riesgo constante en la red vial y zonas rurales.

Transportadores de carga se plantean no ingresar más al Chocó

Debido a los recientes problemas que se han registrado para el acceso terrestre al departamento de Chocó, vinculados a la presencia de grupos armados ilegales que han intensificado los bloqueos y acciones violentas en los principales ejes viales de la región, transportadores que cubren las rutas hacia y desde Chocó han manifestado preocupación ante el aumento de retenes ilegales, amenazas con cargas explosivas y la quema de vehículos, lo que ha llevado a considerar la suspensión de sus operaciones en la zona.

De acuerdo con Walter Arango, vocero de los transportadores terrestres en el departamento, es la primera vez que los conductores viven una situación con tal nivel de riesgo, mencionando la aparición frecuente de banderas de grupos armados y artefactos explosivos improvisados en las carreteras.

“Nunca se había visto esta situación: Tantos problemas con los vehículos, banderas de grupos armados constantemente en las vías, al igual que las pipetas de gas con artefactos explosivos”, declaró Arango a Noticias RCN.

El vocero de los transportadores afirmó que la posible interrupción del servicio de transporte terrestre plantea riesgos directos para la población de Chocó y sus 31 municipios, dado que la movilidad de mercancías y personas depende en gran medida de estos corredores.

Comerciantes locales han señalado que, debido a los bloqueos y amenazas de ataques a vehículos, algunas cadenas de supermercados nacionales estarían evaluando la posibilidad de cerrar sus tiendas en la región, ante las dificultades para garantizar el abastecimiento de productos.

Habitantes y líderes comunitarios han solicitado al Gobierno Nacional la adopción de medidas que permitan restablecer la seguridad en las vías, facilitando el trabajo de los transportadores de carga y permitiendo que la población local y los visitantes puedan desplazarse sin temor a incidentes violentos relacionados con la actividad de grupos criminales en el territorio.

La violencia aumenta los costos del transporte de carga

El cierre de la vía Quibdó-Medellín, por enfrentamientos y acciones violentas en el departamento de Chocó, ha generado un aumento significativo en los costos del transporte de carga.

Transportadores informaron sobre la presencia de retenes ilegales y amenazas de secuestro por parte de grupos armados, lo que ha obligado a modificar rutas o suspender servicios hacia el departamento. Esta situación ha provocado sobrecostos de hasta un 100% en el valor del flete, dificultando el abastecimiento y encareciendo los productos en la región.

Los transportadores señalaron que el temor a secuestros y ataques, sumado a la quema de vehículos, limita su disposición a ingresar al territorio chocoano. Comerciantes y habitantes han alertado sobre el riesgo de desabastecimiento debido a la suspensión parcial o total de los servicios de carga, mientras solicitan medidas urgentes para garantizar la seguridad en los principales corredores viales del departamento.

La cantidad de empresas activas en la Argentina volvió a caer en abril y acumuló más de 27.000 cierres desde que el presidente Javier Milei asumió su cargo. El fenómeno no es uniforme: hay actividades que lograron sostener o incluso ampliar su base de empleadores, mientras que otras redujeron de manera notoria su presencia en la economía.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en noviembre de 2023, el mes previo a que Javier Milei asumiera la Presidencia, había 511.337 empresas registradas en el país. En abril de 2026, último dato disponible, ese número había bajado a 484.095. La diferencia equivale a 27.242 empresas menos en poco más de dos años de gestión.

Es importante aclarar que la SRT releva únicamente a las empresas que tienen al menos un trabajador registrado. Esto significa que el universo medido no incluye a las empresas unipersonales ni a la economía informal, por lo que el número real de unidades productivas que dejaron de operar en el país podría ser distinto al que surge de este registro.

La caída no se limitó a la cantidad de empleadores. La cifra de trabajadores registrados también retrocedió en el mismo período, de 9.840.290 a 9.515.777, una pérdida de 324.513 puestos de trabajo formales.

Los sectores con más empresas perdidas

El comercio fue el sector que más empleadores perdió en términos absolutos desde noviembre de 2023: pasó de 149.038 a 141.753 empresas, una baja de 7.285 firmas (-4,9%). Le siguió transporte y almacenamiento, que retrocedió de 39.394 a 32.965 empresas (-6.429) y fue el de peor caída porcentual (-16,3%). Servicios inmobiliarios bajó de 29.621 a 25.686, con una pérdida de 3.935 empresas, e industria manufacturera pasó de 49.556 a 46.005, un recorte de 3.551 unidades productivas.

Entre los sectores más afectados también aparecen los servicios profesionales, que cayeron de 31.011 a 28.431 empresas, una diferencia de 2.580 firmas, y la agricultura, que bajó de 53.554 a 51.355, con 2.199 empleadores menos. La construcción, por su parte, pasó de 21.672 a 19.774 empresas, una reducción de 1.898 firmas.

Las cinco excepciones

No todos los rubros mostraron el mismo comportamiento. Cinco sectores lograron crecer en cantidad de empresas en los primeros 29 meses de la gestión Milei. Servicios de asociaciones y personales sumó 2.023 empresas nuevas en el período. Actividades administrativas incorporó 1.026 empleadores, de 11.468 a 12.494, y fue uno de los pocos sectores que creció tanto en empresas como reforzó su presencia relativa dentro del total.

Explotación de minas y canteras y “electricidad y gas” también terminaron el período con más empresas que en noviembre de 2023, aunque con variaciones menores: 28 y 12 empleadores adicionales, respectivamente.

El quinto rubro con resultado positivo no corresponde a la rama privada, sino que se trata justamente de la administración pública, que sumó 67 unidades productivas.

Una foto distinta si se mira el empleo

Ahora bien, el ranking cambia si en lugar de la cantidad de empresas se observa la cantidad de trabajadores registrados por sector. Industria manufacturera es, en ese caso, la actividad más golpeada: perdió 81.795 puestos de trabajo, al pasar de 1.214.714 a 1.132.919 trabajadores. La construcción también aparece entre las más afectadas en materia de empleo, con una caída de 74.840 puestos, de 476.710 a 401.870, pese a que en cantidad de empresas su retroceso había sido menor al de otros sectores.

Transporte y almacenamiento repite entre los más perjudicados también en esta variable, con una baja de 65.605 trabajadores. Un caso particular es el de la administración pública, que sumó 67 empleadores más en el período, pero al mismo tiempo perdió 63.535 puestos de trabajo.

En tanto, el comercio, que lideró la pérdida de empresas, tuvo una caída de empleo comparativamente más acotada: bajó de 1.259.584 a 1.250.041 trabajadores, una diferencia de 9.543. Esto sugiere que buena parte de las firmas que dejaron de estar registradas en ese sector correspondían a empleadores de baja escala.

Un fenómeno que se repite en algunos sectores es el de una base de empleadores más chica pero con más trabajadores registrados. Es el caso de la agricultura, que perdió 2.199 empresas pero sumó 28.223 trabajadores, al pasar de 338.378 a 366.601. Algo similar ocurrió en salud, donde la cantidad de empresas bajó de 19.241 a 19.097 -144 menos-, mientras que el empleo creció en 15.970 puestos, de 367.221 a 383.191 trabajadores.

Estos casos muestran que la reducción en la cantidad de empleadores no implica necesariamente una caída equivalente en el nivel de empleo del sector, sino que puede reflejar procesos de concentración, donde una porción de la actividad queda en manos de un número menor de firmas de mayor tamaño.

En Panamá, la informalidad le resta recursos fundamentales al Estado para resolver crisis históricas como el suministro de agua potable o el desabastecimiento de medicamentos, además de erosionar los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal.

Además, genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley. El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata, pero para que el país dé el salto definitivo al desarrollo, necesitamos transformarlo en empleo formal y productivo.

Estos planteamientos surgen de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), cuya presidenta Giulia De Sanctis señaló que el lanzamiento del recién anunciado programa gubernamental “Panamá pa’ Ti” marca una hoja de ruta oportuna y necesaria para atender las demandas más sensibles de la población: empleo, salud, canasta básica y agua.

Cumplidos dos años en el poder, este 1 de julio el presidente José Raúl Mulino anunció que “Panamá Pa’ Ti” será el nombre de una nueva estrategia que entre sus componentes tendrá la generación de 80,000 nuevos empleos privados a través de una estrecha alianza con el sector productivo. No serán plazas estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos, aseguró el gobernante.

Para potenciar el impacto de este plan y garantizar que la confianza se arraigue con fuerza en el hogar de cada panameño, De Sanctis manifestó que la meta de generar 80,000 empleos privados debe complementarse con una estrategia paralela contra el obstáculo estructural más grande de nuestro mercado: la informalidad laboral, que hoy abarca a más de la mitad de la fuerza de trabajo.

La Apede registra las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondientes a septiembre de 2025, que evidencian que la informalidad continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de Panamá. El 47.1% de los trabajadores ocupados no agrícolas, unas 784,990 personas, laboran en la informalidad.

En la voz de su presidenta, el gremio manifiesta que el esfuerzo por ordenar las finanzas públicas y recuperar la credibilidad internacional constituye un cimiento indispensable; no hay bienestar sostenible sobre cuentas desordenadas.

Aún sin que empiece su ejecución, la Apede indica que “el gran mérito de esta iniciativa es que traduce esa estabilidad fiscal en compromisos concretos, devolviendo la mirada a las urgencias diarias del ciudadano”.

“Celebramos la visión y el ordenamiento planteados por el Ejecutivo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será únicamente la cantidad de empleos creados, sino su capacidad para reducir la informalidad laboral. Mientras casi cinco de cada diez trabajadores permanezcan fuera del empleo formal y de la protección social, Panamá seguirá enfrentando un freno para elevar su productividad, fortalecer sus finanzas públicas y generar un crecimiento más inclusivo“, pondera la asociación.

La buena noticia, agrega el gremio, es que la región ofrece experiencias exitosas donde la informalidad se ha reducido de manera paulatina pero sostenida mediante programas específicos de incentivos.

La Apede hace referencia al modelo del “Monotributo” en Uruguay, que según dice es un ejemplo claro de que al simplificar y unificar los impuestos y la seguridad social en un solo pago muy bajo, lograron bajar la informalidad del 42.8% en 2001 a 21% en 2022, ofreciendo a los micro emprendedores ventajas reales en salud y jubilación.

Detalla que Colombia, por su parte, logró reducirla en un rango de 3 a 7 puntos porcentuales al aliviar de forma agresiva los costos no salariales de contratación, facilitando que las pequeñas empresas dieran el paso hacia la legalidad.

La empresa autopartista Unionbat, dedicada a la fabricación de baterías, decidió discontinuar su actividad productiva en una planta situada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, para concentrar su producción en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Según se comunicó, “la decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente”. En Gualeguaychú, señalaron, “permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso. La compañía agradece el aporte de quienes integraron esa operación”.

Medios entrerrianos informaron que la decisión implica el despido de cerca de un centenar de empleados. Algunas versiones aumentan la cuenta a 120 despidos.

“La empresa Unión Bat comenzó el despido de aproximadamente un centenar de trabajadores convencionados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre la situación del empleo industrial en su planta de Gualeguaychú y que también abrió interrogantes acerca de la continuidad de la firma en la localidad”, informó el medio local “Analisis Digital” en la tarde/noche del viernes.

La noticia, señaló, “generó una rápida reacción entre los empleados y representantes sindicales. Al mediodía, trabajadores y delegados gremiales se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica para desarrollar una asamblea en la que analizaron el alcance de la medida y evaluaron los pasos a seguir”.

“Nuevo golpe”

El medio señaló que la decisión es “un nuevo golpe” al empleo industrial en la ciudad entrerriana y el aumento de la incertidumbre ante la posibilidad de que los despidos representen el inicio de un proceso de reducción o incluso de cierre de la planta incrementó la preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector gremial”.

La decisión de la autopartista se inscribe en el marco de un menor nivel de actividad de la industria automotriz, con niveles de venta inferiores a los previstos en los planes anuales de las principales automotrices del país.

Infobae recurrió al contacto de WhatsApp de la empresa, cuya respuesta fue que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17:30 y que “apenas volvamos a estar en horario laboral te responderemos”.

Ayer, en una Asamblea, los empleados locales buscaban precisiones sobre la decisión de la empresa y en diálogo con una radio local delegados del gremio definieron un escenario “incierto y angustiante”, por su impacto directo en el empleo, las familias afectadas y la economía local.

El Entre Ríos, otro medio local, señaló por su parte que en Gualeguaychú, la industria representa una importante fuente de trabajo y movimiento económico y que los despidos anunciados “no solo impactan sobre los trabajadores alcanzados, sino también sobre el entramado comercial y de servicios vinculado a la actividad fabril”.

Unionbat SA es una fabricante de baterías cuya sede central está en Villa Lynch, San Martín. Se define como “una empresa totalmente integral que inicia su proceso de fabricación en su fundición de metales no ferrosos, fabricando sus aleaciones de alta calidad y pureza” y posee dos plantas industriales, una de 9.400 metros cuadrados en San Martin, Provincia de Buenos Aires, y otra de 20.000 m2 en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en el cual se produjeron los despidos de ayer.

En su página web afirma ser “el único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949” y “la única fábrica de baterías en la Argentina que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación”.

Más de cien años

La empresa es más que centenaria. Su historia, según describe, se remonta a la función en 1914 de la empresa Gino Bocci y Hermano. En 1981 presentó la primera “batería intercelda, termosellada y de bajo mantenimiento” fabricada en América del Sur y en 1997 se fusionó con Baterías Wao dando origen a la sociedad actual: Unionbat S.A. En 2001 obutvo la Homologación del Sistema de Calidad bajo varias normas y como “operador de residuos peligrosos” y en 2005, reseña fue “la primera fábrica de Argentina” en producir baterías con aleación Calcio-Plata. Su más reciente hito fue el lanzamiento en 2019 de “nuevas baterías plomo-ácido Línea SOLAR, aptas para Energías renovables”.

Para Entre Ríos el cierre de planta y la reducción de su nómina a solo personal en tareas de mantenimiento se suma a la crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, que cerró la planta “La China” en la provincia, poniendo riesgo unos 950 empleos y culpó a los sindicatos de aplicar “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo pasado se perdieron 26.448 empresas en todo el país, una baja del 5,2% sobre el total.

Se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” dice el informe de Fundar, cuyo relevamiento precisa también que sólo en marzo pasado se registraron 2.011 empresas menos que en febrero. Según el documento, a marzo se acumulaban 18 meses consecutivos de caída mensual. Y en la comparación interanual la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.

Jimena es comunicadora, conductora y actriz con una sólida trayectoria en medios de comunicación, donde se destacó en noticieros y programas de televisión. A lo largo de su carrera combinó el periodismo con su faceta artística, una dualidad que ella misma reconoce como parte central de su identidad profesional.

Trabajó en distintos medios de cable y la televisión abierta, y en los últimos años decidió alejarse de la TV informativa para priorizar su bienestar personal y explorar nuevos caminos creativos. Actualmente, integra el equipo de Infobae al Mediodía, que se emite de lunes a viernes, de 12 a 15 horas.

—¿En qué momento de tu vida te encuentro?

—¡Uf! Qué buena pregunta y qué profunda. En un momento de crisis. Vengo como con una crisis tras otra. Todo empezó en la época de la pandemia, que ahí yo ya venía queriendo renunciar a un trabajo y no estaba pudiendo. De repente decretan aislamiento obligatorio. Y dije: “¿Qué hago?” Yo quería dar un giro, tenía como la necesidad de lanzarme un poco al vacío y dije: “No puedo hacerlo en este momento, en el medio de la pandemia”. Seguía como muy en piloto automático. Si bien ya había registrado que quería cambiar mi vida, estaba muy pasada de rosca y dándome cuenta que hoy estamos y mañana no sabemos. No me sentía muy feliz en ese momento, entonces, sentía que tenía que correrme del lugar en el que estaba. Lo pude hacer después, pospandemia, y tomé un par de decisiones. Pero la crisis no es que se resuelve de un día para el otro.

—Son procesos...

—Son años.

—Aunque también dicen que son oportunidades.

—Sí. Después fueron pasando un montón de otras cosas que hoy me vuelven a traer a un momento de crisis. Hace un año falleció mi viejo, de una forma bastante inesperada, de golpe y fue como: “¡Ay! Otra vez crisis”. Cuando creía que estaba un poquito mejor, de repente pasa esto. Yo sé que quizás para el afuera parezco una persona fuerte y lo soy. Pero también tengo estos momentos de caídas.

—No es una contradicción ser una persona fuerte y transitar momentos de debilidad. Pueden ir de la mano, ¿no?

—Sí. Son momentos en los que uno o una se siente muy vulnerable. En realidad, me siento un poco así y también por una cuestión de edad, tener que pensar en ¿quiero ser mamá o no quiero ser mamá? ¿Qué quiero hacer con mi carrera? ¿Estoy yendo por el lugar correcto? ¿Es mi futuro en Argentina o en otro país? Como que hay un montón de cosas que ya desde más chica venía sintiéndolas, pero son preguntas de esta crisis que sigue estando ahí medio latente. Las trabajo, hago terapia, constelaciones familiares, hago de todo (risas). La meditación es algo que apliqué mucho en la pandemia y después traté de sostenerlo. No pude ser tan disciplinada y constante con eso, pero es una herramienta que la tengo a mano. Cuando estoy muy abrumada o en una, medito. Hice cursos de meditación trascendental y otras cosas, siempre aprendiendo.

—Dijiste recién: “Tomé algunas decisiones en el ámbito laboral”. Y uno piensa que todo el mundo quiere estar en la televisión, incluso hoy, con el auge de las redes sociales. Cuando parece que todos quieren estar en la tele, vos decidiste alejarte a pesar de que ya tenías un lugar ganado. ¿Cómo viviste ese proceso y por qué te fuiste?

—Me costó mucho tomar esa decisión. Ya venía sintiendo la necesidad de irme porque me sentía muy en piloto automático y bastante desalineada con mis sueños o con mis objetivos. Como que no estaba en eje. Y la gente cercana, cuando les comentaba que quería renunciar en ese momento a TN y a Canal Trece, que estoy muy agradecida por todo lo que me dio Artear, fue un momento muy complicado para mí porque se te pone todo el mundo en contra, ¿viste? La familia opina y te dicen: “Che, estás loca, ¿cómo te vas a ir?”.

—O sea, todos te decían: “¡No te podés ir!”

—“No, no te vayas, no te podés ir”. Mi viejo me acuerdo que fue una de las primeras personas que llamé cuando ya tenía la decisión retomada y le dije: “Mirá, pa, te quiero decir esto. No quiero que me digas que no lo haga. Yo ya sé que por miedo me vas a decir no lo hagas. Pero por favor, necesito que me acompañen. Yo ya tomé la decisión, yo sé que tengo recursos para salir adelante. No sé muy bien qué va a pasar. Me estoy tirando al vacío, pero necesito que me apoyen y no que me digan: ‘Che, no lo hagas, no podés, mirá si no funciona’, o cosas así”.

—¿Y qué te dijo?

—“Bueno, está bien”.

—No le quedó de otra (risas).

—No le quedó de otra porque además le dije: “Mirá, pa, yo hasta acá llegué sola”. Sola es un decir, ¿no? Porque te encontrás un montón de gente en el camino que te va ayudando. Pero yo llegué a los medios tirando currículums. Entonces, digo, si insistí, perseveré y lo logré, como logré esto, puedo lograr todo lo que me proponga. Fui con ese discurso bien arriba, que hay días que estoy re en esa de me como el mundo y hay días que no tanto (risas). Pero él me entendió y me dijo: “Sí, tenés razón, está bien lo que decís”. Después mi mamá creo que no me dijo nada en ese momento y mi hermano me dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que yo estaba tomando. Y un poco me chocó porque es mi hermano mayor, ¿viste? Como diciendo: “No, no está bueno lo que estás haciendo”.

—¿Cuál es el lado B de la tele que la gente no conoce y que no está bueno?

—La tele tiene un lado B que cuando hacés programas en vivo de lunes a viernes con una exigencia de una carga horaria bastante extensa, y me ha pasado en diferentes medios, no solo del que hablábamos recién, o de trabajar incluso fines de semana, en un momento sentís que no tenés vida. Yo sentí que no tenía vida fuera de la tele. Como que me estaba absorbiendo, chupando el sistema. Y también ahí es donde dije: “Che, ¿mis sueños están acá adentro? No. Entonces, me tengo que correr”. Ese fue el momento de claridad y me sentí un poco rara cuando me fui igual, ¿eh? Es un cambio muy abrupto el de pasar de hacer televisión en vivo todos los días, incluso días del fin de semana, feriados...

—Porque la tele no conoce de feriados (risas).

—Olvidate. Todo eso también me pesaba. Porque me ha pasado de no hacer actividades en familia o con amigas por estar trabajando. Un montón de cosas me perdí un montón por estar trabajando y por esa obsesión de estar, que te lo genera el mismo sistema, ¿no? Workaholic a full. Pero en un momento dije: “Che, ¿por qué yo no me fui a Año Nuevo con mis amigas a Ecuador? Que en ese viaje la pasaron bomba. ¿Y por qué no fui? No, porque estaba trabajando. ¿Y por qué me perdí tal celebración familiar? Y porque estaba trabajando”. Y en un momento dije: “Che, pará. La vida no es el canal de televisión o la vida no pasa por acá, pasa por las personas que tengo alrededor, que amo y que quiero". Me empecé a dar cuenta también de la importancia de cuidar los vínculos. Estoy en una época que lo puedo blanquear esto. Antes, cuando era más chica, yo sabía que era un poco una impostora en los medios masivos de comunicación que hacían noticias. Porque de entrada siempre trabajé en en noticieros.

—¿Y por qué te sentías una impostora?

—Porque yo siempre me di cuenta que mi vibra va por otro lado, no por el lado de las noticias. De hecho soy actriz. Y para mí ahí se chocaban un poco la actriz y la comunicadora. Soy licenciada en Comunicación y era como que las dos cosas no matcheaban. Es como que mis dos profesiones, mis dos vocaciones, no... Yo no me sentía como pez en el agua en los noticieros, aunque muchos puedan decir lo contrario. Justamente porque hay algo de las noticias malas, de las noticias feas y negativas que me hacían mal. Y de eso me di cuenta desde el primer minuto. Pero lo sostuve porque era trabajo, porque obviamente tenía un lugar privilegiado. Me automaticé un montón. También era ganar experiencia en algo que igual es muy interesante, un lugar en el que aprendés un montonazo. Pero en un momento mi cortocircuito fue: “Che, pará, porque sí estoy en la tele, que era algo que sí anhelaba y que sí quería, no estoy en la tele haciendo lo que de verdad quería”. La conducción me encanta, pero más desde el lado del entretenimiento.

—Eso te iba a preguntar. ¿Sentís que quizás si hubiese sido otro formato te hubieses sentido un poco más a gusto o no hubieses tenido que tomar esta decisión? O sea, las noticias son las que en algún punto te invitaron a correrte del medio.

—Sí.

—Estás en un momento de mucho cuestionamiento y a veces hay preguntas que a veces la sociedad o el sistema nos obliga a hacernos...

—Sí, recontra.

—Recuerdo que fuiste una de las primeras en contar públicamente que habías congelado óvulos y más allá de que es algo que se hace desde hace mucho tiempo, vos rompiste ese tabú. Hoy, mirando hacia atrás, ¿sentís que fue un proceso que hiciste porque realmente lo deseabas, porque anhelás ser mamá el día de mañana, o porque sentías que era algo que tenías que hacer?

—En realidad siempre supe que quiero ser mamá. Tengo un grupo de amigas que son un poquito más grandes que yo, o sea, ya tienen 40. Y ellas ya habían vivido el proceso de que una que le había costado bastante concebir, había perdido un embarazo y varias cosas. Entonces, era un tema del que se hablaba mucho en ese grupo. Yo teniendo 30 ya las escuchaba hablar de los tratamientos que se estaban haciendo, y más allá de este caso puntual, el resto se habían acoplado a congelar óvulos. Entonces, yo les empecé a preguntar: “Che, ¿cómo es? ¿Cuándo me recomiendan hacerlo?”. “Y, hacelo, si podés, antes de los 35”, me dijeron. Y cuando renuncio al canal digo: “Bueno, voy a empezar a ordenar mi vida”. Porque había cosas que antes no tenía ni tiempo de hacerlas o de pensarlas siquiera. Entonces, fui, visité a un médico y le pregunté todo. Por suerte no estaba laburando, porque cada un día tenía que ir a la clínica que quedaba en la otra punta, a que me chequeen.

—¿Ibas sola o estabas acompañada?

—No, iba sola. No estaba con nadie en ese momento. Iba sola, pero igual en ese sentido soy un poco rara. No me jode hacer las cosas sola, como que tengo esa personalidad. Incluso si hubiese estado con alguien en ese momento, tal vez hubiera ido sola.

—¿Y te imaginás teniendo un hijo sola?

—Ahora no. De más chiquita era un poco más crazy y en un momento me acuerdo que le había dicho a mi mamá: “Si no me enamoro, má, capaz...”. Pero no, ahora soy mucho más consciente que me gustaría armar una familia. Porque no tengo casos tan cercanos de madres solteras, pero conozco un par de personas que se volvieron locas con el tema. Aunque entiendo que cada uno lo lleva de una manera diferente.

—Nunca hay garantías. A veces tenés un compañero y estás sola igual.

—Sí Te puede salir mal, obvio. Puede pasar. Nada te garantiza nada. Así que no sé, en unos años te cuento. Me gustaría, obvio, ojalá pueda ser mamá antes de los 40, pero no lo sé. Pero una mujer que tiene 35 años sí o sí, inevitablemente se pregunta el tema de los hijos. Tengo amigas que ya saben que no quieren y listo. Pero es un tema de conversación o es un tema que te aparece como un pensamiento.

—Mencionás la maternidad, el cambio de laburo y también me dijiste: “Siento que sigo en crisis y hace muchos años vengo en crisis”. ¿En qué etapa de la crisis estás? Porque va cambiando, ¿viste? El proceso y la búsqueda.

—Sí, va cambiando. La crisis se va transformando en otra crisis. Está buenísimo ser más consciente, pero te lleva a ir más para adentro y decís: bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Porque te vas encontrando en el camino con un montón de cosas. Estoy en un momento en el que no paré de buscar, pero sí me ordené un poquito más. Estoy haciendo psicoanálisis y una terapia más sistémica, que sería como constelaciones pero con una terapeuta. Yo creo que estoy en un tema ahí como del clan familiar, de sanar un poco lo vincular, ¿viste? De entender qué pasó en las parejas de mi familia, entender por qué a veces a mí me cuesta un poquito. Tengo como cierto miedo al compromiso, que lo fui observando a lo largo de los años.

—Es un re tema ese en nuestra generación.

—Sí. Hay un tema ahí con el amor. Por qué elegís y no elegís a la mejor persona y decís: “Che, ¿por qué elegí a esta persona?”

—O por ahí lo que elegiste hace unos años no es lo mismo que elegís hoy. Y eso es válido también.

—Por suerte, porque se supone que vamos evolucionando y nos vamos transformando.

—¿Y encontraste el issue en el linaje?

—Un poquito sí, estoy en esa, justo estoy en ese momento.

—¿Ahora estás sola?

—Sí, más o menos.

—Porque también uno tiene que estar disponible para conocer a un otro, sino no llega.

—Sí, eso es verdad. Pero son un montón de cosas. Yo lo que sí siento es como que quiero trabajar bastante el tema del amor, amor en la familia y el amor propio también, porque es super importante para avanzar en la vida y en todo.

—¿Has tenido algún desengaño que te ha invitado, después de una herida fuerte, a necesitar sanar?

—Sí, tuve un vínculo bastante tormentoso hace un par de años. Un vínculo bastante como feo, en varios aspectos, que después viéndolo a la distancia, yo decía: “Che, ¿pero por qué elegí a esta persona? ¿Por qué compartí tanto tiempo? ¿Qué onda?” Y me acuerdo que mi astróloga una vez me dijo: “Basta porque perdés energía diciendo por qué. Ya está, ya pasó. ¿Qué aprendiste de eso?” Lo que aprendí es que nunca más voy a caer en las manos de un psicópata, eso seguro, o de una persona manipuladora, porque me doy cuenta a cinco cuadras más o menos. Yo ya veo una persona y tengo el escáner encendido. Aprendés un montón de los vínculos que son tóxicos o que no son sanos, por suerte. Igual siento que es algo que si te querés meter, porque podés vivir en piloto automático y vas por la vida así como si nada. No sé, yo no puedo.

—Igual fíjate cómo nos sale naturalmente el cuestionamiento hacia nosotras mismas. Esto de por qué yo elegí o por qué me quedé tanto tiempo y, en definitiva, el que era un loco era el otro. Pero una busca la responsabilidad propia, ¿no?

—Sí. Es que no podés creer a veces la de quedarte en lugares a donde ya sabés que no es. Porque hay algo que te avisa. Hay algo que te viene avisando: “Che, no es por acá, no es por acá”. ¿Y por qué una se queda en lugares a donde ya no?

—¿Porque tenemos el anhelo de querer transformar la realidad y al otro?

—Claro.

—¿En qué momento de ese proceso, de ese vínculo, entendiste o te diste cuenta que había cuestiones que trascendían lo que es una personalidad difícil?

—No era por el lado de la violencia, era por el lado de la manipulación, que igual es una forma de violencia. Me costó darme cuenta, pero cuando me di cuenta me cayó una lista de cosas…

—¿Y te acordás cuando fue ese momento puntual?

—Sí, cuando me revisó toda la computadora. Toda la computadora, todas las redes sociales, todo, todo, todo.

—¿Y cómo te diste cuenta que había pasado eso?

—Algo que me pareció raro, sentí unas actitudes un poco raras. Olfateé algo y me puse a investigar. Había dejado el historial de cosas que había buscado, en las conversaciones en las que se había metido y el historial me mostró el paso a paso de lo que había hecho en mi computadora.

—¿Y qué sentiste en ese momento?

—Impotencia, pero también alivio porque era lo que creo que necesitaba para decir basta. Porque ya habíamos cortado y estábamos en una cosa ahí medio… Nos volvimos a ver. Viste que a veces pasa y que es lo peor que se puede hacer. Pero pasa. Ahí le mandé un mensaje con el historial y le dije: “Mirá, te olvidaste esto” (risas).

—¿Y qué te respondió?

—No, nada. Yo bloqueé. No recibí respuesta.

—¿Y nunca más la vida te cruzó con esa persona?

—No, por suerte. Ya está. Fue hace algunos años.

—Hay un meme que dice: “Estoy conociendo a mis próximos tres años de terapia”. ¿Sentís que atravesar algo así puede dejarte, de algún modo, anestesiada durante mucho tiempo?

—Y sí, cuesta un poco después entregarse a nuevas historias, a nuevos amores, abrirse. Yo de por sí siento que tengo medio una coraza. Entonces cuando te pasa algo así también te golpea y te genera un cimbronazo que cuesta un poco más porque decís: “Che, me abrí y me pasó esto”.

—Te invito a un juego. ¿Qué tiene que tener el hombre ideal que te encuentre hoy a tus 35 años para enamorarte o para engancharte o para que le des esa oportunidad?

—Hoy dije algo al aire en Infobae en Vivo que me parece que resume un poco todo esto. Medio en chiste dije: “Lo amo a Scaloni”. En realidad, amo lo que representa Scaloni, porque ese tipo de hombre sensible que se muestra vulnerable…

—Hagamos la listita: sensible, real, ¿qué más?

—Líder. Porque para estar con una persona como yo tenés que ser muy firme. Yo también tengo una energía fuerte. Y lo sé…

—¿Sentís que está difícil? Viste que uno escucha mucho esto de “está difícil el mercado”.

—Me matás con esa porque yo vengo de estar en un vínculo, nos separamos y ahora estamos medio como de vuelta. Y no estoy en búsqueda. Además nunca tuve ninguna red social de estas de...

—No sos partidaria de las apps de citas.

—De las apps no soy usuaria, pero me divierte. A veces le digo a mis amigas: “Che, ¿me muestran?” Para joder un rato y hay opciones. Hay que saber buscar.

—Para mí el tema es que hay que tener claro qué es lo que no querés. Ahí ya tenés un filtro importante.

—Sí, tengo un grupo de amigas que son bastante bajativas que dicen eso que vos dijiste de que está difícil. Pero el otro día fui a cenar y nos contaba una amiga que una amiga de ella estaba conociendo gente a través de un pádel especial para ir a matchear. Y vos te ponés colores para identificar. Por ejemplo, verde es estoy para todo. Amarillo es tipo estoy acá viendo qué onda. Es como para ir a tantear y no quedar como tan regalada con el verde. Y ahí después empezás a charlar si pinta, ¿entendés? Hay varias opciones...

—Para cerrar las entrevistas siempre pregunto qué te dirías si pudieras tomarte un mate con tu yo de hace 10 años atrás, pero hoy la voy a cambiar y te pregunto: “Si pudieses volver a tomarte un mate con tu papá, ¿qué charlarías? ¿Qué le dirías?”

—¡Uh! Qué fuerte. Me voy a emocionar... Le agradecería. Ya le agradecí, por suerte en vida, pero por haber sido el mejor (se emociona).

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México atraviese una crisis de apagones, mientras Nuevo León acumula un mes de cortes masivos, protestas callejeras y colonias que llegaron a estar hasta seis días sin electricidad en plena ola de calor.

La mandataria sostuvo que lo ocurrido no son apagones sino “interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución”. Precisó que la capacidad de generación eléctrica del país es suficiente para cubrir la demanda y que el problema radica en las líneas que transportan esa energía hasta los hogares.

Qué dijo el gobierno federal

En su conferencia matutina del 24 de junio, Sheinbaum trazó una distinción entre ambos conceptos: “Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda; eso no existe”, afirmó. Anunció además una inversión que calificó de “muy importante” para fortalecer la red de distribución en distintas regiones del país.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, participó en la misma conferencia y reveló que la paraestatal cuenta con una capacidad instalada de 70.000 megawatts frente a una demanda máxima de 55.000. Anunció el envío de cuadrillas y trabajadores de otras regiones del país para reforzar las labores en Nuevo León.

Calleja Alor detalló que la CFE opera sistemas inteligentes de supervisión de red y realiza reuniones diarias para revisar las condiciones del suministro y el pronóstico de demanda. “Estamos haciendo una inversión sin precedente en transmisión y distribución”, sostuvo.

Un mes de fallas en Nuevo León

Las declaraciones federales llegaron tras cuatro semanas de incidentes eléctricos en el estado. El 6 de junio, una falla interna dejó sin luz al Aeropuerto Internacional de Monterrey durante una hora. Días después, el calor extremo disparó el uso de aires acondicionados y sobrecargó los transformadores locales, generando un efecto dominó entre circuitos vecinos.

El 18 de junio, un incendio detectado en inmediaciones de líneas de transmisión de la CFE en Escobedo agravó las fallas. Decenas de semáforos en el centro de Monterrey quedaron fuera de servicio, lo que obligó a la Dirección de Tránsito a desplegar un operativo de emergencia en avenidas como Colón, Zaragoza y Zuazua.

El golpe definitivo llegó el 19 de junio, cuando una tormenta con fuertes vientos y descargas eléctricas dañó la red de distribución y dejó sin electricidad a 284.514 usuarios en el estado.

Colonias sin luz por días y corte de agua potable

Apodaca concentró la mayor cantidad de afectaciones, con más de 40 sectores sin servicio. San Nicolás de los Garza registró fallas en unos 20 fraccionamientos. Guadalupe llegó a tener cerca de 100 colonias sin electricidad durante el domingo posterior a la tormenta, con vecinos que acumularon entre cuatro y seis días sin servicio.

La interrupción eléctrica también detuvo los equipos de bombeo de agua potable, lo que agravó la situación en miles de hogares de la zona metropolitana.

La CFE informó que en la madrugada del 20 de junio el suministro quedó restablecido al 100%. Aun así, colonias de Guadalupe y otros municipios continuaron reportando fallas hasta el 23 de junio.

Bloqueos y silencio del gobernador

La desesperación acumulada derivó en protestas. Vecinos de colonias como Siete Colinas, Tres Caminos, Tolteca y Fomerrey 31 cerraron los seis carriles del bulevar Miguel de la Madrid en Guadalupe durante la hora pico del 22 de junio, tras acumular entre cuatro y cinco días sin electricidad.

En San Nicolás, residentes de El Refugio y Constituyentes de Querétaro bloquearon las avenidas Ruiz Cortines y Juan Pablo II. Otros vecinos cerraron la avenida Fidel Velázquez, con más de 24 horas sin luz en plena ola de calor. Fue el cuarto día consecutivo de bloqueos en la zona metropolitana.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León presentaron un punto de acuerdo para exigir a la CFE mayor inversión en infraestructura eléctrica estatal. El gobernador Samuel García no emitió pronunciamiento público sobre la crisis.

Lo que hizo la CFE en campo y lo que prometió antes

Para atender la contingencia, la paraestatal desplegó 202 trabajadores, 42 grúas y 59 vehículos. Ejecutó 142 acciones primarias que incluyeron reemplazo de transformadores, sustitución de postes y reparación de tramos de líneas. También realizó 454 balanceos de carga, 26.325 podas de árboles cercanos a líneas eléctricas y 2.509 sustituciones de componentes de aislamiento.

Calleja Alor había visitado Nuevo León en febrero de 2026 y ofrecido garantías de suministro. La crisis se desató cinco meses después de ese compromiso.

Cortes programados en otros estados durante junio

Nuevo León no fue el único frente. Durante junio, la CFE ejecutó cortes de mantenimiento en municipios de Sonora, comunidades de Hidalgo —con bloques de hasta ocho horas—, colonias de Veracruz, localidades de Sinaloa, zonas de Morelos, Guerrero y Chiapas.

Sheinbaum citó el caso de Mexicali, donde las altas temperaturas comenzaron en abril, un mes antes de lo habitual, como ejemplo de la presión adicional que el calor adelantado ejerce sobre la red de distribución en distintas regiones del país.

La afirmación llega días después de que la nueva gestión admitiera públicamente el deterioro del sistema y anunciara medidas para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos e insumos. Sin embargo, pese a los reclamos de pacientes y al reconocimiento de las dificultades, el titular de EsSalud aseguró que la declaratoria de emergencia no está contemplada en este momento.

Presidente de EsSalud reconoce crisis, pero descarta declaratoria de emergencia

Las denuncias por la falta de atención continúan acumulándose en los principales hospitales de EsSalud. Pacientes reportan que no encuentran citas para electrocardiogramas, resonancias magnéticas ni radioterapias, mientras que las listas de espera se extienden durante meses para procedimientos considerados prioritarios.

En ese contexto, el presidente ejecutivo de la institución, Jaime Moreno, admitió que la seguridad social atraviesa una situación complicada.

“EsSalud actualmente está en una crisis financiera, crisis de las entregas de servicios, crisis de la prestación de los servicios de salud”, sostuvo durante una entrevista.

Sin embargo, al ser consultado sobre una posible declaratoria de emergencia, el funcionario fue categórico.

—¿No va a ser declarada en emergencia?

—“Hasta ahora no”, respondió.

La declaración marca un cambio respecto a lo señalado días atrás, cuando Moreno indicó que la nueva gestión evaluaba esa posibilidad mientras realizaba un diagnóstico integral de la institución. En esa oportunidad explicó que era necesario revisar el estado real de los servicios antes de adoptar medidas extraordinarias.

Ahora, pese a reconocer la crisis, el titular de EsSalud sostiene que la entidad continuará implementando acciones de gestión sin recurrir, por el momento, a una declaratoria de emergencia.

Persisten las quejas por falta de citas y tratamientos en hospitales de EsSalud

La decisión se conoce mientras continúan las denuncias de asegurados por las dificultades para acceder a servicios médicos especializados.

Uno de los casos es el de Bernardino Jeriquizpe, de 82 años, quien aseguró haberse desmayado en tres oportunidades y necesitar un electrocardiograma con urgencia. Sin embargo, afirmó que en el Hospital Edgardo Rebagliati le informaron que no existen citas disponibles y que deberá volver a consultar recién en agosto.

La situación también alcanza a pacientes oncológicos. Familiares denunciaron que las radioterapias presentan demoras de varios meses, mientras que las resonancias magnéticas pueden tardar entre dos y tres meses, retrasando diagnósticos y tratamientos.

Pese a este escenario, Moreno afirmó que la institución viene ejecutando medidas para enfrentar la crisis. Precisó que EsSalud cuenta con aproximadamente 8,8 millones de asegurados y que los gobiernos locales y regionales mantienen una deuda estimada de S/ 600 millones con la entidad.

Asimismo, informó que ya se destinaron S/ 117 millones para la compra de medicamentos, insumos y materiales médicos que serán distribuidos en los establecimientos de salud del país, con el objetivo de reducir el desabastecimiento y mejorar la atención a los asegurados.

Los reclamos reflejan un problema que, según el propio presidente ejecutivo, no solo está relacionado con el abastecimiento de medicamentos, sino también con la prestación de servicios y la capacidad de respuesta de la institución frente a la demanda de millones de asegurados.

Pese a este escenario, Moreno reiteró que la estrategia de la nueva gestión será reforzar las compras de insumos, mejorar la atención en los establecimientos de salud y ejecutar medidas administrativas para enfrentar la crisis. Así, aunque reconoce que EsSalud atraviesa una crisis financiera y de servicios, la postura oficial es mantener las acciones de reorganización sin recurrir, por ahora, a una declaratoria de emergencia.

La marcha de la actividad económica sigue marcada por señales dispares entre distintos sectores y regiones del país. Mientras algunas ramas productivas muestran signos de recuperación o atraviesan procesos de expansión, otras continúan enfrentando dificultades para sostener sus niveles de actividad. Este escenario también se refleja en la cantidad de empresas que operan en el país.

De acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -el mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo de 2026, se perdieron 26.448 empresas en todo el país, lo que representa una baja del 5,2% sobre el total. El informe señala que se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno”, al comparar la serie con la de administraciones anteriores.

El relevamiento también señala que sólo en marzo se registraron 2.011 empresas menos que en febrero, lo que representa una baja del 0,41% mensual. Según el documento, ya se acumulan 18 meses consecutivos de caída mensual en este indicador. Por otro lado, en la comparación interanual, la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.

Una serie con pocos antecedentes

El Monitor de Fundar reconstruye la serie histórica de la cantidad de empresas registradas en el país desde 1996, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según ese registro, en noviembre de 2023 había 512.357 empresas activas, mientras que en marzo de 2026 el número bajó a 485.909, un nivel similar al de septiembre de 2021, cuando se habían contabilizado 486.782. El máximo de la serie se dio en febrero de 2012, con 540.282 empresas, y en diciembre de 2017 el registro marcaba 532.183.

El informe compara además la evolución del universo empresario en los primeros meses de cada gestión, tomando como base 100 al mes previo a cada asunción presidencial. En esa comparación, que incluye los dos mandatos de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, la actual administración muestra la trayectoria más negativa de las cinco series relevadas.

Las provincias más afectadas y la única excepción

La caída de empresas no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas provincias. Según el informe, 23 de las 24 jurisdicciones del país muestran una baja en la cantidad de empresas desde la asunción del gobierno actual. La Rioja encabeza ese ranking con una reducción del 17,46%, seguida por Catamarca, con el 12,71%, y Chaco, con el 11,55%. También se ubican entre las más afectadas Tierra del Fuego, con el 11,54%, Misiones, con el 11,20%, y Corrientes, con el 10,86 por ciento.

Neuquén es la única provincia que muestra una variación positiva en ese período, del 1,99 por ciento. En la comparación mensual, el panorama también es mayoritariamente negativo: 21 de las 24 provincias registraron una caída entre febrero y marzo, y solo tres mostraron un incremento. Formosa fue la que más creció en términos porcentuales en ese lapso (0,18%), seguida por Catamarca (0,10%) y Jujuy (0,07%).

Es importante aclarar que las variaciones porcentuales muestran la realidad particular de cada provincia, pero eso no implica que las más comprometidas en el ranking sean las que más unidades productivas perdieron. Por una cuestión lógica, son los grande aglomerados urbanos, como CABA, Buenos Aires y Santa Fe los que mayor cantidad de firmas perdieron.

Qué pasa con los distintos sectores económicos

El informe también desagrega el comportamiento por rama de actividad, sobre un total de 18 sectores, sin contabilizar organizaciones extraterritoriales ni administración pública. En la comparación mensual, 11 de esos 18 sectores muestran una caída, mientras que en la comparación interanual la cifra sube a 13. Desde noviembre de 2023 también son 13 los sectores que acumulan una baja en la cantidad de empresas.

Transporte y almacenamiento es el sector más afectado en ese período, con una caída del 16,39%, seguido por el sector inmobiliario, con el 12,79%, y la construcción, con el 9,50 por ciento. En el otro extremo, servicios administrativos creció un 8,89% desde la asunción del actual gobierno y fue, además, el que más subió en términos porcentuales durante el último mes relevado. Asociaciones y servicios personales también mostró una variación positiva acumulada, del 4,44 por ciento. El sector inmobiliario, en tanto, fue el más afectado durante marzo en la comparación estrictamente mensual.

Casos concretos durante el último mes

El relevamiento de Fundar incluye, además, un repaso de los principales movimientos empresariales registrados en marzo. Entre los cierres, el informe menciona la suspensión por tiempo indeterminado de una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, con 950 empleos en riesgo, y el cierre de la planta de Adient en Pueblo Esther, que dejó de fabricar asientos para autos en el país y pasó a importarlos desde Brasil. También se registró el cierre de la planta de Leval S.A. en San Nicolás, con 52 despidos, y de la fábrica textil de Mazalosa, en el Parque Industrial de La Rioja, que producía indumentaria para las marcas Portsaid, Desiderata y System.

En el mismo período, el informe también da cuenta de anuncios de inversión. Chevron presentó un plan por 13.800 millones de dólares para desarrollar el área El Trapial, en Vaca Muerta; el Gobierno oficializó el ingreso al régimen RIGI de un proyecto minero en Mendoza por 891 millones de dólares para la producción de cobre, con más de 6.300 puestos laborales previstos; y Mercado Libre anunció una inversión de 3.400 millones de dólares para 2026, un 30% superior a la del año anterior.

La crisis en EsSalud volvió a quedar expuesta públicamente tras una protesta realizada en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati, donde pacientes, médicos, enfermeros y personal administrativo denunciaron la falta de medicamentos, insumos básicos y equipos médicos. Durante la manifestación, asegurados con enfermedades crónicas y oncológicas relataron las dificultades que enfrentan para acceder a tratamientos esenciales, mientras que representantes del cuerpo médico alertaron sobre un deterioro progresivo en las condiciones de atención.

En medio de los reclamos, el recientemente nombrado presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, se presentó en el establecimiento y respondió a las críticas. El funcionario sostuvo que la institución ya cuenta con recursos económicos para atender las carencias reportadas en diferentes hospitales del país y atribuyó parte de los problemas a fallas de gestión. Además, lanzó una advertencia directa contra quienes resulten responsables de irregularidades dentro de la entidad: “A los corruptos los vamos a botar”.

Pacientes y médicos denuncian falta de medicamentos e insumos en el Rebagliati

La protesta reunió a trabajadores de salud y asegurados que expresaron su preocupación por la escasez de medicamentos y materiales considerados indispensables para la atención diaria. Según denunciaron representantes del cuerpo médico, la situación afecta tanto a pacientes hospitalizados como a quienes requieren tratamientos especializados de manera permanente.

Uno de los dirigentes médicos señaló que el problema no solo involucra la ausencia de medicinas, sino también de elementos básicos como agujas, jeringas, catéteres y otros dispositivos utilizados en procedimientos rutinarios. De acuerdo con su versión, la situación se ha agravado en los últimos años debido a deficiencias en la planificación y adquisición de insumos.

Durante la manifestación también participaron pacientes con enfermedades autoinmunes, quienes aseguraron enfrentar dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan para controlar sus condiciones de salud. Uno de ellos afirmó que lleva más de un año sin recibir el tratamiento habitual y sostuvo que los productos entregados en reemplazo no han tenido los resultados esperados.

A los reclamos se sumaron pacientes oncológicos. Una mujer diagnosticada con cáncer de mama denunció que no pudo recoger los medicamentos prescritos para continuar con su tratamiento. Según explicó, recibió una receta médica, pero le informaron que debía esperar a que hubiera disponibilidad del producto, situación que la obligó a permanecer sin medicación.

Los representantes del cuerpo médico también cuestionaron la falta de equipos y medicamentos utilizados en áreas críticas. Un especialista de cuidados intensivos afirmó que durante su última guardia se encontraron con limitaciones para acceder a determinados fármacos empleados en el manejo de pacientes con complicaciones cardíacas, lo que, según indicó, incrementa los riesgos durante la atención.

Además de la falta de medicinas, los manifestantes advirtieron sobre demoras en la obtención de citas médicas y retrasos en exámenes diagnósticos. Según señalaron, los problemas no se limitan al Hospital Rebagliati, sino que también son reportados en otros establecimientos de EsSalud a nivel nacional.

Jaime Moreno afirma que se transfirieron S/107 millones y anuncia cambios en la gestión

Frente a las denuncias, Jaime Moreno aseguró que desde su llegada a la presidencia ejecutiva de EsSalud se han adoptado medidas para enfrentar los problemas de abastecimiento. El funcionario indicó que lleva seis días en el cargo y afirmó que una de sus primeras acciones fue gestionar la transferencia de 107 millones de soles para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios en todo el país.

Según explicó, parte de esos recursos fueron destinados al Hospital Rebagliati, que recibió aproximadamente 17 millones de soles para atender sus necesidades inmediatas. No obstante, señaló que el principal problema ahora radica en la velocidad de ejecución del presupuesto.

“Lo que estoy viendo es que lo gasten rápido”, manifestó durante su intervención. Asimismo, indicó que evaluará el desempeño de los responsables administrativos y advirtió que podrían producirse cambios en distintas dependencias si no se agilizan las adquisiciones.

Moreno reconoció que al visitar el área de emergencia del Rebagliati encontró carencias de materiales básicos, entre ellos equipos de venoclisis y vías utilizadas para la atención de pacientes. Sin embargo, sostuvo que el problema no se debe actualmente a la falta de recursos económicos, sino a dificultades en los procesos de gestión y compra.

Respecto a las denuncias por corrupción, el titular de EsSalud señaló que impulsará una política de transparencia y control. En ese contexto, pronunció una de las frases más contundentes de su intervención: “Los corruptos los vamos a botar”.

El funcionario añadió que cualquier investigación deberá realizarse respetando los procedimientos correspondientes y con participación de órganos como la Contraloría, las oficinas de control institucional y las áreas de integridad.

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de equipos médicos. Moreno aseguró que uno de los tomógrafos observados por los trabajadores volvería a operar y afirmó que se encuentra realizando seguimiento directo a los problemas reportados en los principales hospitales de la institución.

Sobre las largas esperas para acceder a citas médicas, reconoció que existen dificultades que afectan a miles de asegurados en diversas regiones. En ese sentido, adelantó que se evaluarán nuevas estrategias para reducir las colas presenciales, telefónicas y virtuales, especialmente en beneficio de adultos mayores y pacientes con enfermedades complejas.

El presidente ejecutivo también informó que los directores y gerentes de las redes asistenciales mantendrán una comunicación más cercana con los usuarios para atender reclamos relacionados con falta de medicamentos, demoras en consultas y acceso a procedimientos especializados. Mientras tanto, pacientes y trabajadores continúan exigiendo soluciones concretas ante problemas que, según sostienen, se vienen arrastrando desde hace varios años en distintos hospitales de EsSalud.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el principal problema económico de Honduras y aseguró que su gobierno no prevé privatizarla. Durante una comparecencia pública, sostuvo que el objetivo es sanear las finanzas de la estatal y mantener su carácter público.

“La ENEE es de los hondureños y seguirá siendo de los hondureños”, afirmó el presidente. Agregó que el problema no es la propiedad de la empresa, sino la necesidad de rescatar sus finanzas y garantizar su sostenibilidad.

La situación se da en medio de pérdidas millonarias, deudas acumuladas, problemas de infraestructura y una creciente demanda de energía de la población y del sector productivo.

La ENEE y finanzas públicas

La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha sido durante años uno de los temas más sensibles para las finanzas del Estado hondureño.

Informes técnicos y organismos económicos han señalado que las pérdidas operativas, los subsidios, las dificultades de cobro y las obligaciones financieras acumuladas han generado una fuerte presión sobre el presupuesto nacional.

Asfura sostuvo que la recuperación de la ENEE es fundamental para liberar recursos que puedan destinarse a otras áreas para la población.

“El gran problema económico que tenemos es la ENEE. Si no tomamos medidas, eso nos va a causar muchos más problemas”, afirmó el mandatario. Según dijo, la situación de la empresa impacta directamente la capacidad del Gobierno para impulsar proyectos de desarrollo.

También señaló que una empresa eléctrica financieramente estable permitiría fortalecer la inversión pública en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura.

Energía y crecimiento

El presidente señaló que la solución de los problemas estructurales de la estatal eléctrica no debe verse únicamente como un asunto administrativo, sino como una pieza para el crecimiento económico del país.

Expertos coinciden en que el sistema energético tiene una incidencia directa sobre la competitividad nacional, la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Las interrupciones del servicio, los elevados costos operativos y las dificultades financieras de la empresa impactan tanto a hogares como a empresas y limitan en muchos casos las posibilidades de expansión económica.

Por eso, el Gobierno considera prioritario impulsar medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa y financiera de la ENEE sin alterar su condición de empresa pública.

Mejores necesarias

Durante su intervención, Asfura también abordó otros aspectos de la gestión gubernamental y aseguró que los ciudadanos comenzarán a observar avances progresivos en áreas vinculadas al desarrollo nacional.

El presidente sostuvo que su administración trabaja en proyectos orientados a mejorar la red de salud pública, fortalecer la infraestructura vial y ampliar la capacidad de respuesta del Estado en distintas regiones del país.

Aunque reconoció que muchos de estos cambios requieren tiempo para consolidarse, aseguró que los resultados comenzarán a reflejarse gradualmente en beneficio de la población.

“Honduras va cambiando poco a poco hacia un nuevo rumbo”, expresó el mandatario, que pidió paciencia a la ciudadanía mientras continúan ejecutándose los programas y proyectos contemplados en su plan de gobierno.

Asfura adelantó que las alcaldías recibirán maquinaria, equipo y herramientas para mejorar la ejecución de proyectos comunitarios y atender las necesidades de sus municipios.

La iniciativa busca dotar a las administraciones locales de mayores recursos para la construcción y mantenimiento de infraestructura, la atención de emergencias, el mejoramiento de caminos y la ejecución de obras de beneficio social.

El desafío para la gestión

La recuperación de la ENEE se perfila como uno de los principales retos de la administración de Asfura y como un factor determinante para el desempeño económico del país en los próximos años.

El sector energético continúa siendo una de las áreas más observadas por organismos financieros, inversionistas y sectores productivos debido a su impacto sobre las finanzas públicas y la actividad económica nacional.

El mensaje del mandatario apunta a despejar dudas sobre una posible privatización de la ENEE y a reforzar que el objetivo de su administración es rescatar la empresa sin renunciar a su carácter público.

La crisis del agua en Panamá ya no se explica por escasez natural, sino por fallas de gobernanza y ejecución que mantienen a miles de personas con problemas diarios de abastecimiento en un país con alta disponibilidad hídrica, plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Este diagnóstico, en voz de su presidente Giulia De Sanctis, adquiere mayor peso por el efecto del cambio climático, con menos precipitaciones, sequías más prolongadas y una demanda creciente que obliga a tomar decisiones estratégicas para evitar crisis mayores.

Cada día se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, según la APEDE, mientras que miles de familias siguen dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para abastecerse.

La respuesta directa al problema, según el gremio de empresarios, pasa por una gestión integral del recurso hídrico: fortalecer la gobernanza, coordinar instituciones, modernizar los modelos de administración, descentralizar decisiones y asegurar que la inversión responda a una estrategia nacional definida.

Para la asociación, el agua dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental y pasó a ser un factor de competitividad, salud pública, desarrollo económico y seguridad nacional.

Uno de los problemas centrales identificados durante el foro “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico” fue la dispersión de funciones entre múltiples entidades.

Esa estructura reparte responsabilidades entre protección de cuencas, abastecimiento, saneamiento, monitoreo y regulación, lo que dificulta la coordinación, retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta frente a los problemas que enfrentan los ciudadanos.

De Sanctis señaló que desde la APEDE y el sector privado han realizado acercamientos con distintos gremios para analizar el tema, construir consensos y propiciar la reactivación de la mesa intergremial.

La propuesta apunta a una visión integral del agua, con instituciones mejor articuladas y decisiones sustentadas en planificación de largo plazo.

También plantea que Panamá necesita elevar su capacidad de ejecución e invertir mejor, lo que incluye más eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura existente, una reducción efectiva de las pérdidas, sistemas modernos de monitoreo y una gestión basada en datos para anticipar riesgos y mejorar las decisiones.

Las 52 cuencas hidrográficas del país enfrentan desafíos distintos y requieren soluciones diferenciadas, con base en información, monitoreo y planificación de largo plazo, se afirma. Dentro de ese mapa, se destaca que el proyecto de Río Indio fue presentado como una de las decisiones más importantes para el futuro del país.

La iniciativa impulsada por el Canal de Panamá busca garantizar agua potable para más de 2 millones de personas y reforzar la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica frente a los efectos del cambio climático.

El planteamiento de la organización de ejecutivos de empresa subraya que no se trata solo de una obra de infraestructura, sino de una inversión en seguridad hídrica nacional y competitividad para las próximas generaciones.

Se advierte que ninguna obra resolverá por sí sola la crisis. La magnitud del problema exige una política sostenida que abarque desde la protección de cuencas hasta el saneamiento y la distribución, con continuidad más allá de los ciclos de gobierno.

Como antecedente de una política pública sostenida, la asociación cita la experiencia del Programa de Saneamiento de Panamá, donde 890 mil personas se benefician de sistemas modernos de tratamiento de aguas residuales y existen metas concretas para ampliar la cobertura en las próximas décadas.

Ese ejemplo, de acuerdo con la APEDE, demuestra que los resultados son posibles cuando hay continuidad en las políticas públicas. El argumento es que ese mismo enfoque de largo plazo debe extenderse a toda la gestión hídrica nacional.

El sector privado también fue señalado como actor necesario en esa estrategia, ya que puede aportar con prácticas de eficiencia, reutilización, medición y protección de cuencas, mientras los ciudadanos deben asumir un uso más responsable del recurso.

La advertencia final es que el agua no puede seguir tratándose como un bien infinito.

Tras la reciente renuncia del presidente de EsSalud, y en medio de nuevas denuncias sobre equipos médicos abandonados, falta de medicamentos y problemas de gestión, el cardiólogo y especialista en salud pública Marco Almerí pidió una reestructuración total de la institución. Según sostuvo, los problemas que enfrentan millones de asegurados no responden a una falta de recursos, sino a deficiencias administrativas acumuladas durante años.

En una entrevista con Exitosa, el médico afirmó que EsSalud cuenta con el presupuesto más alto de su historia, pero atraviesa una de las etapas más críticas en materia de atención y servicios. Para Almerí, la entidad se ha alejado de su objetivo principal —garantizar una atención oportuna y de calidad a los asegurados— y requiere cambios profundos para revertir las carencias que hoy afectan a pacientes en todo el país.

EsSalud bajo cuestionamientos por gestión, burocracia y falta de atención oportuna

Durante la entrevista, el especialista en salud pública fue enfático al señalar que la crisis de EsSalud no responde a una carencia de recursos, sino a una cadena de decisiones administrativas e intereses internos que, a su juicio, han debilitado el servicio. Según explicó, la institución maneja hoy uno de los presupuestos más altos de su historia, pero al mismo tiempo enfrenta carencias que, dijo, no se habían visto en ese nivel en años anteriores.

“No es falta de dinero. Presupuesto hay. Esto es un problema de gestión y de intereses subalternos”, fue una de las ideas centrales que planteó Almerí al referirse a la situación de la entidad. El médico insistió en que el asegurado debería ser el eje de toda decisión institucional, pero advirtió que en la práctica no tendría voz ni capacidad de incidencia en cómo se administra el servicio que él mismo financia.

En ese contexto, el especialista sostuvo que el sistema ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir tolerando los mismos errores. Para Almerí, la salida pasa por una reestructuración completa de EsSalud, que permita replantear la organización interna, revisar prioridades y devolverle el enfoque original a la institución: atender de forma eficiente a los pacientes.

El médico también cuestionó la existencia de una llamada “burocracia dorada”, a la que responsabilizó por el mal servicio que reciben los asegurados. De acuerdo con su versión, el problema se agrava porque cuando faltan medicamentos o insumos, ello sería consecuencia de una mala programación del año anterior. Lo mismo ocurriría con vacunas y otros recursos esenciales para la atención médica.

Otro de los puntos que generó alarma en la entrevista fue la mención a presuntas presiones contra médicos y especialistas que se atreven a denunciar irregularidades. Almerí aseguró que cualquier profesional que hable sobre los problemas de EsSalud termina expuesto a querellas, amenazas o documentos intimidatorios. Esa situación, afirmó, habría contribuido a sostener un clima de silencio alrededor de las deficiencias del sistema.

Equipos de hemodiálisis abandonados y compras cuestionadas aumentan la preocupación

Las declaraciones del especialista coincidieron con nuevas denuncias sobre el estado de la infraestructura y del equipamiento en EsSalud. Durante el diálogo con Exitosa, se mencionó el caso de 42 equipos de hemodiálisis comprados en 2022 y hallados abandonados en uno de los sótanos de la institución tras una visita inopinada del Congreso y la Contraloría. Estos equipos, destinados a pacientes renales, habrían permanecido sin uso mientras decenas de asegurados continúan esperando tratamientos vitales.

El tema generó especial preocupación porque la hemodiálisis es un procedimiento indispensable para personas con enfermedad renal avanzada. Almerí recordó que un paciente que no recibe este tratamiento tres veces por semana corre un grave riesgo de morir. En ese sentido, consideró inaceptable que equipos de este tipo permanezcan almacenados sin entrar en funcionamiento, mientras en los centros asistenciales persisten largas esperas y turnos de madrugada para poder acceder al servicio.

La situación, además, expone un problema mayor relacionado con la forma en que se realizan las compras y la gestión logística dentro del sistema. En la entrevista también se hizo referencia a la posibilidad de implementar compras centralizadas de medicamentos para todo el sector salud, incluyendo al MINSA y a EsSalud, como una medida para reducir la dispersión, controlar mejor los procesos y evitar espacios abiertos a la corrupción.

Según lo expuesto en el diálogo, esta alternativa encontraría resistencia en algunos sectores internos de EsSalud, precisamente porque afectaría intereses instalados. La crítica apunta a que el sistema actual permite compras a distintos precios y con diferencias de calidad, lo que termina perjudicando al asegurado y favoreciendo irregularidades.

Almerí fue aún más lejos al advertir que, si no se corrige la situación de manera urgente, EsSalud podría terminar requiriendo un salvataje financiero en el futuro. Recordó que, según un informe de gestión económica correspondiente a 2024, los flujos netos de la institución habrían sido negativos desde 2021, un dato que, a su juicio, debería encender todas las alertas dentro del Estado.

En medio de ese panorama, el especialista insistió en que la atención en EsSalud no puede seguir dependiendo de la inercia burocrática ni de las cuotas de poder. Para él, la prioridad debe estar en el asegurado, en los pacientes que esperan consultas, tratamientos, medicinas y procedimientos que, en muchos casos, definen entre la vida y la muerte.

Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de la Argentina, presentó a sus acreedores una propuesta para reestructurar una deuda total de USD 350,9 millones. Según un documento al que accedió Infobae, el plan elaborado por la firma de banca de inversión VALO Columbus, divide la deuda en cuatro grandes bloques y ofrece a cada tipo de acreedor condiciones distintas. Además, reserva un tramo especial con mejores condiciones para quienes se comprometan a seguir proveyendo de materia prima e insumos, de manera que la empresa pueda retomar su actividad. La fecha prevista para cerrar el acuerdo es el 30 de junio de 2026.

La propuesta llega en el momento más crítico de la historia reciente del grupo. Fundado en la década de 1930 por el inmigrante italiano Gaspar De Grazia, que vendía pollos en carreta por las calles de Buenos Aires, el grupo creció durante décadas hasta convertirse en el actor dominante del sector: procesaba hasta 760.000 aves por día, empleaba a más de 6.500 personas, exportaba a más de 60 países y facturaba alrededor de USD 1.300 millones anuales. Hoy, tiene sus plantas paralizadas y, según datos oficiales, acumula más de 1.800 cheques rechazados por más de $29.000 millones, adeuda salarios a sus trabajadores y opera con una faena diaria que cayó a cerca de 200.000 aves.

La empresa, conducida por Joaquín De Grazia, agrupa a tres sociedades: Granja Tres Arroyos S.A., WADE S.A. y Avex S.A. La reestructuración abarca la deuda de las tres en forma conjunta.

La deuda, por partes

El pasivo total de USD 350,9 millones —calculado al tipo de cambio de $1.450 por dólar— se divide en cuatro categorías. La deuda comercial es la de mayor monto individual, con USD 123 millones, e involucra a proveedores de granos como ACA, Bunge y Dreyfus, laboratorios veterinarios, fleteros, pequeños granjeros y proveedores de energía.

La deuda fiscal suma USD 88,1 millones, principalmente con ARCA (ex AFIP) por USD 56,2 millones y con organismos provinciales como ARBA por otros USD 31,9 millones.

La deuda financiera garantizada asciende a USD 85,1 millones y tiene cuatro acreedores: Rabobank (USD 43,8 millones), ACA (USD 36 millones), el Banco de la Nación Argentina (USD 3,5 millones) y el BICE (USD 1,8 millones). La deuda financiera sin garantía suma USD 54,7 millones y se distribuye entre más de diez bancos —entre ellos BBVA, Banco Santander, BAPRO, Credicoop y Supervielle—, más acreedores no bancarios, fideicomisos y cheques diferidos emitidos en el mercado de capitales. A ese total se le suma, con monto aún por determinar, una deuda con Proteinsa S.A. por saldo de precio de una compra anterior.

Consultadas fuentes de la empresa, precisaron a Infobae: “Estamos totalmente abocados a encontrar soluciones que nos permitan salir de esta difícil situación para continuar operando en Argentina y preservar las fuentes de trabajo de nuestros más de cinco mil empleados”. Y agregaron: “Para eso, hemos decidido iniciar un proceso de reordenamiento y reestructuración de deuda con el asesoramiento de Columbus Investment Banking que esperamos tengan un impacto positivo en el mediano plazo y poder así consolidar el legado que hemos construido con esfuerzo y compromiso por el país”.

Cómo funciona el plan para los proveedores

La parte más elaborada de la propuesta es la que concierne a la deuda comercial, porque son los proveedores quienes sostienen el abastecimiento diario de la planta. El plan les ofrece cuatro opciones —llamadas tramos— y cada uno puede elegir la que prefiera, o combinarlas.

El Tramo 1 es el más agresivo para el acreedor: acepta una quita del 75% del capital. Es decir, si un proveedor tiene un crédito de USD 100.000, le perdonan USD 75.000 y solo cobra USD 25.000. A cambio, lo recupera en 12 cuotas mensuales a una tasa del 1% anual en dólares, con seis meses de gracia antes de que empiecen los pagos.

El Tramo 2 reduce la quita al 50%: el acreedor cobra la mitad de lo que le deben, en 24 cuotas mensuales al 2% anual, también con seis meses de gracia.

El Tramo 3 no aplica ninguna quita: el acreedor cobra el 100% de su crédito, pero espera hasta siete años (84 cuotas mensuales al 3% anual, con seis meses de gracia).

Los tres primeros tramos están respaldados por un mecanismo de garantía, de manera que GTA cede a un fiduciario —un administrador independiente— los derechos sobre sus cobros presentes y futuros. Ese fiduciario recibe el dinero que entra a la empresa y lo aplica al pago de los acreedores en orden de prioridad: primero cobra el Tramo 1, luego el Tramo 2 y finalmente el Tramo 3. Si en algún momento sobra caja por encima de lo necesario para cubrir el próximo vencimiento, ese excedente se destina automáticamente a cancelar deuda por adelantado —un mecanismo conocido como cash sweep— para reducir el saldo pendiente más rápido.

El Tramo 4 tiene una lógica distinta: no es para acreedores que ya tienen deuda con GTA, sino para proveedores estratégicos dispuestos a seguir abasteciendo a la empresa durante los 120 días posteriores al cierre del acuerdo. Cada uno debe comprometerse a entregar materia prima e insumos por al menos USD 5 millones en ese período, y el conjunto debe sumar un mínimo de USD 20 millones. A cambio, la deuda preexistente se refinancia en 60 cuotas mensuales al 4% anual con garantía hipotecaria sobre activos de GTA, y la nueva asistencia de emergencia se consolida en una facilidad al 6% anual en 8 cuotas trimestrales, también con hipoteca de primer grado.

El puente de liquidez

Según el informe de VALO al que accedió Infobae, el plan no puede cerrarse si la empresa no consigue, antes del 30 de junio, al menos USD 80 millones de capital de trabajo fresco para sostener la operación durante la transición. El documento identifica cuatro fuentes posibles para reunir ese monto.

La primera es el propio Tramo 4: los proveedores estratégicos que se sumen aportarían al menos USD 30 millones en materia prima e insumos. La segunda es la venta de activos no estratégicos por al menos USD 30 millones; el documento menciona explícitamente cinco propiedades en carpeta: la planta de deshidratados en Zárate (Buenos Aires), un tambo en Santa Elena (Entre Ríos), una cría de porcinos en Bella Vista (Entre Ríos), la Planta Becar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Planta Wade I en Ezeiza (Buenos Aires).

La tercera fuente son anticipos de grandes clientes y contratos de maquila —donde GTA faena para terceros usando su capacidad instalada ociosa— por al menos USD 10 millones. La cuarta, y la más abultada, es la incorporación de un nuevo inversor que aporte al menos USD 45 millones bajo la forma de deuda o capital.

GTA ya dio un paso en esa dirección: a principios de 2026 vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) bajo un esquema de leaseback —venta con alquiler posterior— que le permitió obtener liquidez inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra en cuatro años.

Qué piden los acreedores a cambio

Para que el acuerdo entre en vigor, el plan exige condiciones estrictas de adhesión. El 100% de los acreedores financieros —tanto los garantizados como los no garantizados— debe aceptar la propuesta. En el caso de los acreedores comerciales, el umbral es del 90% de la deuda total de ese bloque.

Además, todos los acreedores deben renunciar a cobrar los intereses por mora y punitorios acumulados hasta la fecha de cierre, y liberar las garantías personales que hayan otorgado personas físicas y la sociedad HAI S.A.

Como condición adicional, GTA debe ceder al fideicomiso de garantía un conjunto de productos destinados a la exportación —principalmente garras de pollo y otros subproductos— valuados en USD 35 millones. Esa cesión está condicionada a la reapertura de los mercados de China, la Unión Europea y Chile, que se cerraron para la empresa tras el brote de influenza aviar que golpeó al sector en 2024 y que, según estimaciones del sector, implicó una pérdida de alrededor de USD 160 millones en exportaciones.

Cómo imagina GTA su recuperación

El plan financiero proyecta un rebote productivo en nueve meses. La empresa estima que, una vez cerrada la reestructuración, la producción mensual de pollitos bebé pasaría de los 10 millones actuales a 14,9 millones, la tasa de mortandad en la crianza bajaría del 18% al 12%, y la faena diaria volvería a 430.000 aves —lejos aún del pico histórico de 760.000, pero más del doble de las 200.000 actuales.

En términos financieros, las proyecciones elaboradas por VALO prevén que las ventas caigan a USD 450,8 millones en 2026 —el año del ajuste—, para luego recuperarse a USD 763,2 millones en 2027 y estabilizarse en torno a USD 780 millones anuales a partir de 2030. El resultado operativo, negativo en USD 34,7 millones en 2026, pasaría a positivo en USD 46,4 millones en 2027.

El EBITDA —indicador que mide la capacidad de generar caja antes de impuestos, intereses y amortizaciones— se proyecta en USD 50,2 millones para 2027 y en USD 65,6 millones anuales desde 2030 en adelante. Las proyecciones macroeconómicas que sustentan el modelo fueron elaboradas por la consultora Eco Go y asumen una inflación del 32% para 2026, una devaluación del 10% ese año y un tipo de cambio de $1.600 por dólar a fin de diciembre.

“El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, dijo en X el ex general de la Guardia Revolucionaria.

Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Estados Unidos, advirtió que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró.

Estados Unidos mantiene un cerco a los buques y puertos iraníes como represalia por el bloqueo de la República Islámica del estrecho de Ormuz, vía vital para la economía mundial.

El alto el fuego establecido el 8 de abril entre los dos rivales incluía el cese de las hostilidades de Israel en el Líbano, pero el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y este mismo lunes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Teherán, 1 jun (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que las "posiciones contradictorias" de Estados Unidos están alargando las negociaciones para poner fin a la guerra, que se producen en medio de “una profunda sospecha y desconfianza”.

“Las posiciones contradictorias de los estadounidenses son la razón de la prolongación del proceso de negociación”, dijo Bagaei en una rueda de prensa en Teherán.

El diplomático indicó además que las negociaciones se producen “en medio de una profunda sospecha y desconfianza, y el intercambio de mensajes también se desarrolla en este clima”.

Bagaei insistió en que el alto el fuego en Líbano es "parte inseparable de cualquier tregua o acuerdo final para poner fin a la guerra", una afirmación que llega en medio de nuevos ataques de Israel contra los alrededores de Beirut.

El portavoz de la cancillería iraní sostuvo también que la liberación de activos iraníes congelados en otros países es igualmente “una demanda no negociable”, y que estudian el proceso para lograr esos fondos.

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó hace más de tres meses y reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo lastra la economía global.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador, relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura de Ormuz.

Según fuentes citadas por el medio digital Axios, en el apartado nuclear Trump habría pedido detalles más concretos sobre cuándo y cómo Washington se haría con el control de las reservas iraníes de uranio enriquecido.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Tras la intervención del Estado en los locales comerciales de la marca Lili Pink, que afronta un proceso de extinción de dominio por lavado de activos y contrabando, esta empresa comenzó a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La actualidad de la compañía no sería la mejor, puesto que el 27 de mayo la SAE emitió un comunicado en el que informó que han recibido más de 80 solicitudes para terminar contratos de arrendamiento de locales en los que funcionan tiendas de la marca que solo recibe dinero en efectivo desde la intervención.

El temor de estar involucrados con una empresa que está siendo señalada de lavar dinero y comercializar productos de contrabando ha hecho que centros comerciales y proveedores hayan suspendido toda relación comercial con Lili Pink.

En el comunicado se hizo un llamado a la responsabilidad y sensibilidad social para evitar decisiones que afecten la estabilidad de la operación y el empleo de miles de familias. El vicepresidente de la SAE, Diego Chávez, aseguró que el objetivo de la entidad es mantener a Lili Pink como unidad económica y una fuente de trabajo estable.

Experto opinó sobre el futuro de Lili Pink

En diálogo con Infobae Colombia, el docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Julio César Rivera analizó la crisis que afronta Lili Pink y los retos que tendrá la SAE para mantener la empresa estable.

Para Rivera, era lógico que los centros comerciales y proveedores reconocidos buscarían alejarse de Lili Pink, puesto que no es “normal” hacer negocios con personas o empresas que están afrontando investigaciones por delitos graves.

“Esto podría estar vinculando indirectamente a todas las personas que arrendaron centros comerciales y locales a Lili Pink. Podrían decir: ‘Este centro comercial contrató con Lili Pink’, y como Lili Pink lavaba dinero, el pago del arriendo podría ser con ese dinero. En ese sentido, se pueden ver salpicados como coautores, cómplices o partícipes del delito de lavado de activos”, opinó el experto.

El docente indicó que, en caso de que la crisis se agrave, lo probable es que “si la tendencia se mantiene, efectivamente podría desaparecer Lili Pink”.

El experto afirmó que la incertidumbre se mantendrá durante los próximos meses y solo cambiará la situación cuando las autoridades y el Estado confirmen que todo al interior de la empresa bajo la nueva administración está en regla.

“Esto genera un pánico económico directo. El Estado hace lo que puede, enviando mensajes diciendo que está administrando, que va a estar pendiente, pero esto está afectando a terceros que estaban de buena fe en el lugar”.

De la misma forma, cuestionó la falta de garantías que tienen las empresas que trabajaban previamente con Lili Pink para tener certeza de que no se verán involucradas en una investigación a corto plazo.

“Para los proveedores, la pregunta es: ¿Si no puedo hacer negocios lícitos con una persona (Lili Pink) que tuvo algo ilícito, qué queda? Por eso, la SAE va a confirmar que los demás vinculados no tienen un interés en defraudar también o en lavar activos”.

Al hablar de casos similares, recordó que en la mayoría de los casos, el Estado tarda en estabilizar las empresas que en su momento estuvieron vinculadas con criminales o utilizadas para encubrir delitos, algo que, en el caso de Lili Pink, que se sostiene directamente de las ventas constantes, podría ser demasiado tiempo para que la compañía se sostenga sin tener que despedir a una parte de los empleados.

“La tranquilidad que le queremos transmitir a los empresarios es que justamente la administración hoy está en cabeza del Estado colombiano”, concluyó el vicepresidente de la SAE en el último mensaje que se ha emitido sobre este tema.

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a cinco obras sociales sindicales luego de detectar incumplimientos en distintas áreas vinculadas al funcionamiento de las entidades.

La decisión se oficializó este martes mediante las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 publicadas en el Boletín Oficial y alcanzó a organizaciones vinculadas a sectores como transporte, espectáculos, subterráneos y empaque de fruta.

Las entidades incluidas en el procedimiento son:

• Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén
• Obra Social de Serenos de Buques
• Obra Social Modelos Argentinos
• Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires
• Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Según informó el organismo, las auditorías identificaron problemas vinculados al grado de cumplimiento de prestaciones médicas, aspectos jurídico-institucionales, indicadores económico-financieros, capacidad de repago y atención a los beneficiarios. La evaluación se realizó bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, normativa que regula el procedimiento de crisis y liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

La Superintendencia indicó que las cinco entidades “superaron los factores de criticidad establecidos en la normativa”. A partir de esa definición, el organismo intimó a las obras sociales a presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

Ese programa deberá ser supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, organismo encargado de monitorear la evolución financiera, administrativa y prestacional de las entidades incluidas dentro del sistema especial de seguimiento.

Las resoluciones publicadas este martes detallaron que el análisis incluyó distintos indicadores relacionados con la situación de cada obra social. Entre ellos, figuraron variables vinculadas con el cumplimiento de prestaciones, funcionamiento institucional, capacidad financiera y respuesta a los afiliados.

El procedimiento previsto por el Decreto 1400/2001 contempla mecanismos de supervisión para aquellas entidades que registran niveles elevados de criticidad. En esos casos, la Superintendencia puede exigir programas de saneamiento, medidas correctivas y esquemas de seguimiento específicos para garantizar el funcionamiento del servicio.

Dentro del sistema de salud sindical, las obras sociales administran la cobertura médica de trabajadores registrados y sus grupos familiares. Los recursos provienen principalmente de aportes y contribuciones derivados de los salarios formales.

La declaración de crisis no implicó de manera automática el cierre de las entidades ni una intervención inmediata, aunque sí abrió una instancia de control especial por parte de la autoridad regulatoria. Durante ese proceso, las obras sociales deberán presentar información y avanzar con medidas orientadas a corregir las irregularidades detectadas en las auditorías.

En el comunicado difundido este martes, la Superintendencia señaló que las decisiones formaron parte del “proceso de reordenamiento del sistema de salud” impulsado bajo lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

El organismo sostuvo además que las medidas buscaron “garantizar que operen Agentes del Seguro capaces de brindar prestaciones de calidad, promover la transparencia en la gestión y asegurar que los beneficiarios puedan elegir en libertad”.

Las cinco resoluciones se publicaron en simultáneo y siguieron una estructura similar. En cada caso, la Superintendencia describió la situación de la entidad correspondiente y formalizó la inclusión dentro del procedimiento de crisis previsto por la normativa vigente.

La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén quedó comprendida dentro de la resolución 934/2026. La resolución 935/2026 alcanzó a la Obra Social de Serenos de Buques. En tanto, la resolución 936/2026 incluyó a la Obra Social Modelos Argentinos.

Por su parte, la resolución 937/2026 declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, mientras que la resolución 938/2026 correspondió a la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

El deterioro de la autonomía indígena en Nicaragua expuso a comunidades del Pacífico y del Centro Norte a más conflictos por la tierra, daños ambientales y pérdida de formas tradicionales de organización, según un estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, retomado por el periódico 100% Noticias.

El informe-citado en la nota- sostiene que la presión aumentó por actividades extractivas como minería, tala y extracción de arena, además de monocultivos y turismo sin regulación. De acuerdo con la investigación, los impactos recaen sobre el agua, los bosques y la biodiversidad, mientras los beneficios para las comunidades resultan limitados.

El estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, divulgado recientemente, afirma que los pueblos indígenas del Pacífico y del Centro Norte pierden control territorial pese a contar con títulos comunales históricos.

Ese retroceso, según el documento, se traduce en más disputas por la tenencia de la tierra, despojos y menor protección estatal frente a actores externos.

Conflictos territoriales y ataques a comunidades indígenas

De acuerdo a la nota de 100% Noticias, la investigación advierte que invasiones de colonos, desplazamientos forzados y expropiación de tierras integran un patrón que afecta a distintas comunidades indígenas.

Aunque el análisis se concentra en el Pacífico y el Centro Norte, el reporte también menciona que en el Caribe las organizaciones locales documentaron ataques armados, asesinatos y expulsión de familias indígenas por colonos instalados en tierras comunales.

Para el estudio, la presión sobre territorios y recursos naturales se combina con un escenario de escasa protección estatal y falta de información reciente.

El documento plantea que esa ausencia de resguardo facilita que terceros avancen sobre áreas tituladas y profundicen los conflictos de propiedad y uso de la tierra.

El informe agrega que las consecuencias no se limitan a la integridad territorial. Describe una crisis social y cultural vinculada a procesos de transculturización, migración y pérdida de saberes ancestrales, con efecto directo en el tejido comunitario y en las prácticas de vida tradicionales.

Intervención estatal y debilitamiento de la organización indígena

El reporte también denuncia intervención y cooptación de estructuras organizativas indígenas. Según la investigación, se registran prácticas de imposición de autoridades y de manipulación de procesos internos, lo que reduce la representatividad comunitaria y debilita mecanismos propios de toma de decisiones.

En ese punto, líderes comunitarios y organismos de derechos humanos citados en el documento afirman que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recortó espacios de autonomía y participación, y que promovió estructuras alineadas con el oficialismo.

Según esas fuentes, ese esquema facilitó la aprobación y ejecución de proyectos económicos sin una consulta amplia a las poblaciones afectadas.

El estudio plantea que resulta clave un diálogo intercultural que reconozca la cosmovisión indígena como base de control y desarrollo territorial.

También señala como pendiente resolver la tensión entre el municipio y el territorio indígena, por el impacto que tiene sobre la gestión de tierras comunales y la continuidad de sus formas de organización.

Resistencia comunitaria y propuestas de las comunidades

Pese al panorama descripto, el informe registra una voluntad de resistencia en las comunidades entrevistadas. Entre las propuestas relevadas, menciona el fortalecimiento organizativo, la recuperación de la identidad cultural y la articulación entre pueblos para la defensa de sus derechos y territorios.

La investigación sostiene que la continuidad de estos pueblos depende de su capacidad de organización y de su posibilidad de exigir respeto por su autonomía, tradiciones y tierras comunales en un contexto que, según el documento, mantiene múltiples focos de presión sobre los recursos naturales y la gobernanza local.

El futuro de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex, atraviesa uno de sus momentos más complejos en medio de problemas financieros, incidentes operativos y tensiones internas en la conducción de la empresa.

En ese contexto, un reporte de Reuters reveló que el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, habría presentado en al menos dos ocasiones su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el último año.

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia internacional, la mandataria federal rechazó ambas solicitudes y convenció al funcionario de permanecer al frente de la empresa productiva del Estado.

Las versiones apuntan a que Rodríguez Padilla se habría sentido desplazado debido a la creciente intervención presidencial en decisiones estratégicas y operativas dentro de Pemex.

El reporte señala que, conforme se han agravado los problemas de la petrolera, la participación de Sheinbaum en asuntos internos de la compañía también ha aumentado, incluyendo nombramientos en áreas clave como exploración, producción y administración.

Producción petrolera y accidentes complican el panorama de la empresa

Durante los primeros meses de la actual administración, Pemex ha enfrentado diversos incidentes que han puesto bajo presión a la compañía.

Entre ellos destacan derrames de petróleo en el Golfo de México, incendios en instalaciones vinculadas a la refinería Olmeca y otros accidentes operativos que han generado cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento y seguridad industrial.

A ello se suma la caída en la producción de crudo. Actualmente, la empresa reporta una producción promedio cercana a 1.6 millones de barriles diarios, cifra inferior a la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles establecida para el sexenio.

Especialistas consultados en distintos reportes han advertido que los campos maduros continúan registrando declive productivo y que las inversiones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir esa tendencia.

Además, la empresa enfrenta retrasos en proyectos estratégicos y dificultades para estabilizar la operación de algunas refinerías.

Los principales problemas que enfrenta Pemex actualmente

En medio de este escenario, analistas y organismos financieros coinciden en que la petrolera enfrenta una crisis multifactorial que impacta tanto a sus finanzas como a su capacidad operativa.

Entre los principales desafíos destacan:

• Una deuda financiera cercana a los 79 mil millones de dólares, además de adeudos millonarios con proveedores.
• Producción de petróleo por debajo de las metas planteadas por el gobierno federal.
• Incremento de accidentes operativos, incendios y derrames en instalaciones estratégicas.
• Problemas de mantenimiento e infraestructura en refinerías y complejos petroleros.
• Dificultades para atraer inversión privada debido al alto nivel de endeudamiento y condiciones fiscales.
• Persistencia de riesgos ambientales relacionados con fugas y contaminación por hidrocarburos.
• Presiones presupuestales para el gobierno federal derivadas del respaldo financiero a la empresa.

Estos factores han provocado que distintos especialistas consideren que Pemex atraviesa una situación crítica que requiere ajustes estructurales de largo plazo.

Deuda y pérdidas financieras presionan al gobierno federal

Otro de los puntos que ha encendido alertas es la situación financiera de la empresa.

Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex reportó pérdidas por más de 45 mil millones de pesos, atribuidas principalmente a menores ventas, deterioro de activos, pérdidas cambiarias y mayores costos financieros.

La situación también comenzó a impactar la percepción internacional sobre las finanzas públicas mexicanas.

Esta semana, la calificadora S&P Global Ratings colocó la perspectiva crediticia de México en negativa, al advertir riesgos asociados al bajo crecimiento económico y al respaldo constante que el gobierno mantiene hacia Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Según el análisis de la firma, el apoyo fiscal continuo a ambas empresas estatales podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas del país y limitar la capacidad de consolidación fiscal en los próximos años.

Intervención política y cambios internos generan tensiones

Fuentes citadas por Reuters también señalaron que dentro de Pemex existen tensiones por la participación de distintos actores políticos en decisiones internas de la empresa.

Algunos nombramientos recientes habrían sido impulsados desde otras áreas del gobierno federal, lo que habría reducido el margen de maniobra del director general.

En medio de estas diferencias, algunos analistas consideran que Rodríguez Padilla enfrenta dificultades para tomar decisiones estratégicas sin la validación directa de Presidencia.

Incluso, versiones periodísticas mencionan que la presidenta revisa de manera frecuente la cobertura mediática relacionada con la petrolera debido a la preocupación por la situación de la compañía.

Futuro incierto para Pemex y su dirección general

Mientras el gobierno federal busca fortalecer a Pemex y atraer inversión privada sin modificar el modelo energético impulsado durante la administración anterior, persisten dudas sobre la viabilidad financiera y operativa de la empresa en el mediano plazo.

Aunque recientemente se anunciaron contratos mixtos con empresas privadas para impulsar la producción petrolera, especialistas consideran que el interés de inversionistas internacionales sigue siendo limitado debido al elevado endeudamiento, la incertidumbre financiera y los retrasos en pagos a proveedores.

En paralelo, continúan las especulaciones sobre posibles cambios en la dirección de la empresa.

Entre los nombres mencionados en versiones periodísticas aparece el de Lázaro Cárdenas Batel, aunque previamente había rechazado asumir la dirección de la petrolera al inicio del sexenio.

Por ahora, Pemex se mantiene en una etapa de alta presión financiera, operativa y política, mientras el gobierno federal intenta contener los efectos de una crisis que se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos de la administración actual.

Con críticas al programa económico del Gobierno, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, describió un panorama fiscal complicado para la provincia de Buenos Aires, marcado por una caída sostenida de la recaudación nacional y un descenso de la coparticipación, así como una baja considerable en los recursos captados por el fisco provincial por un menor nivel de actividad económica.

El funcionario consideró, en diálogo con Infobae, que la Argentina se encuentra “a las puertas de una eventual crisis fiscal”, en un contexto donde los recortes sucesivos del gasto llevan a una “situación sin salida”. Además, indicó que la mitad del presupuesto bonaerense proviene de la recaudación propia y la otra de la coparticipación, pero que esta última “está destruida”.

Girard sostuvo que es necesario repensar el sistema tributario argentino, aunque no colocando el foco únicamente en la eliminación de tasas municipales o Ingresos Brutos, que es uno de los impuestos más cuestionados por parte de los empresarios de todo el país.

Al mismo tiempo, planteó que la ley de coparticipación vigente “se fue emparchando con acuerdos y pactos fiscales donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias”. Advirtió que esto dejó a los gobiernos provinciales y municipales con más obligaciones y menos recursos, lo que genera tensiones en las finanzas públicas.

Sobre la posibilidad de reducir impuestos en la Provincia, Girard afirmó que Buenos Aires viene trabajando en bajar la presión tributaria, especialmente para pymes, microempresas y monotributistas, y defendió la progresividad fiscal, aunque no tienen en agenda ninguna disminución impositiva extra. Consideró, no obstante, que “la solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos”, sino “poner a crecer la economía e incentivar el mercado interno”, algo que, según su visión, el Gobierno nacional no está dispuesto a impulsar.

En simultáneo, el director del organismo recaudador bonaerense cuestionó la política económica de La Libertad Avanza al afirmar que la solución para reactivar la economía no pasa por reducir impuestos aislados, sino por impulsar el mercado interno y el consumo. “La gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos”, asveró.

- ¿Cómo impacta la caída de la recaudación nacional en las cuentas provinciales?

- Implica una caída de la coparticipación. Noveno mes consecutivo de caída y octavo mes consecutivo de caída del IVA. Si bien desacelera la caída respecto de marzo, sigue cayendo. La verdad es que es preocupante. La caída del IVA muestra que claramente hay una contracción del mercado interno y del consumo que no está revirtiéndose. Cuatro de cada cinco pesos que recauda la Provincia se explican por Ingresos Brutos y Sellos, dos impuestos vinculados con las ventas, las transacciones económicas y los contratos entre partes. Al mirar la serie, el nivel histórico es realmente crítico porque estamos a niveles de 2021, como si estuviéramos en la pandemia pero sin haber tenido el virus. Lo más preocupante es que tenemos caídas de la base imponible de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio, que no paran y que son de dos dígitos. La destrucción del tejido industrial que estamos viendo es feroz y en algunos sectores es realmente alarmante, como la industria textil: tres de cada cuatro máquinas están paradas.

- ¿Qué proyecciones hacen respecto a la evolución fiscal para los próximos meses?

- Estamos a las puertas de una eventual crisis fiscal, porque el modelo es inconsistente, es un círculo vicioso. Recortás el gasto, eso hace que la economía entre en recesión, la recesión te hace caer los ingresos y otra vez tenés que recortar gastos. En un momento no tenés más de dónde recortar y vendés activos. ¿Y qué pasa cuando se acaba eso? Estamos cerca de ese momento. La mitad del presupuesto de la Provincia es la recaudación de ARBA, la otra mitad es la coparticipación, que está destruida. Y a eso hay que sumar las decisiones discrecionales de Nación de no cumplir acuerdos, contratos y retener fondos que nos corresponden por ley.

- ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema impositivo?

- Es necesario rediscutir el sistema tributario y no las tasas municipales o Ingresos Brutos. Evidentemente, hay que hacer un reordenamiento del sistema tributario en Argentina que incluye la coparticipación. Eso no se puede negar. Ha cambiado mucho el país desde el año 94, que fue cuando se sancionó la Constitución y la ley de coparticipación federal que está vigente, que además arrastraba un acuerdo federal de la década del 70. Además, esa ley de coparticipación se fue emparchando con acuerdos, pactos fiscales, donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias, al tiempo que fueron delegando funciones. Entonces, se le generan más obligaciones a los gobiernos provinciales y municipales, pero se le dan menos recursos. Eso obviamente pone en tensión las finanzas públicas a nivel municipal y a nivel provincial, y el resultado es que crece la recaudación de tributos.

- En ese contexto, ¿hay margen para aplicar una reducción de impuestos en la provincia de Buenos Aires?

- La provincia de Buenos Aires viene trabajando en estos años en bajar la presión tributaria. Si se mide la alícuota efectiva que se paga en la provincia de Buenos Aires de Ingresos Brutos, y se tiene en cuenta el esfuerzo que hicimos en reducir los saldos a favor, se puede ver que bajó la presión. Además, esto se hace con progresividad. Tratamos de darle a la estructura de los impuestos un criterio de progresividad donde paguen más los que más tienen, donde aporten más los sectores donde hay más concentración. Eso ya se viene haciendo. No es que nosotros estamos en contra de bajar la carga tributaria, todo lo contrario. Hemos trabajado para que las pymes, las microempresas, los comercios de barrio y los monotributistas paguen menos impuestos.

- ¿Una baja de impuestos como Ingresos Brutos no contribuiría a reactivar la actividad?

- La solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos o eliminar tasas municipales, es poner a crecer la economía. Y eso implica que hay que tomar decisiones para incentivar el mercado interno, cosa que el Gobierno no quiere hacer. El Gobierno se equivoca en el diagnóstico. Se cree que el problema de la recesión son las tasas municipales. El problema de la recesión es que la gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos. Entonces, en la medida que pase eso, los comercios no van a facturar, no van a abrir caja y van a seguir cerrando, va a haber despidos.

- ¿La administración bonaerense está en contra del equilibrio fiscal, como sostiene el gobierno nacional?

- Nosotros no creemos que el déficit fiscal o el superávit fiscal sean un objetivo de la política económica. El resultado fiscal es un instrumento de política económica. Hay contextos donde hay que tener una política expansiva y hay contextos donde hay que tener una política contractiva para dar espacio al sector privado y que, con su iniciativa, para que impulse el crecimiento. No hay una visión dogmática en la provincia de Buenos Aires de que siempre hay que tener déficit fiscal y permanentemente el gobierno esté gastando más de lo que recauda y financiarlo con emisión monetaria para de esa manera poner a crecer la economía indefinidamente. Nadie que piense así pasó de segundo año de la carrera de Economía. Claro que hay momentos donde la situación te pide un Estado que actúe contracíclicamente para reactivar la economía. Hay momentos donde el crecimiento pide que el Estado se retire para que el sector privado pueda financiar la inversión privada y la expansión de la capacidad productiva. Hay momentos, no hay una única forma de entender eso.

- ¿Qué piensa de la polémica que se generó en torno a los dichos de Marcos Galperín en redes sociales sobre las jubilaciones sin treinta años de aportes?

- El empresario tiene que ser una persona que esté pensando en cómo debería aportar individualmente a la situación colectiva. Y Galperín es un caso que expresa todo lo contrario. Es un empresario hiperexitoso que apalancó la transnacionalización de su empresa a partir de los consumidores nacionales y de beneficios tributarios nacionales para terminar constituyendo residencia fiscal en Uruguay y no pagar impuestos por el patrimonio que tiene. Me parece que antidemocrático, porque desde esa posición de no contribuir pagando los impuestos como hace el resto de los argentinos, igual se da el lujo de opinar sobre política nacional. Y ahora no solo eso, sino que además se burla de una mujer de sesenta y cinco años que no le alcanza la jubilación para llegar a fin de mes. Galperín está yendo totalmente a contramano de lo que necesita este momento la gente en Argentina.

- El nombre de Axel Kicillof suena como candidato a presidente en 2027. ¿Tienen un plan económico en caso de gobernar el país a partir del año que viene?

- El plan no puede partir de una hoja en blanco. Cualquier plan económico va a estar condicionado por el contexto. Y en ese sentido, nosotros permanentemente estamos siguiendo y discutiendo la coyuntura. Así que obviamente estamos en condiciones de pensar la política económica que se requiere como respuesta a este contexto. Pero el contexto es cambiante. Hoy el contexto es este, en seis meses va a ser otro, en un año y medio va a ser otro. El problema que tenemos es que el plan económico tiene que partir de una realidad concreta y esa realidad concreta estamos muy preocupados por la deriva que está tomando, viendo que el gobierno insiste en acelerar en un rumbo equivocado. Entonces, la verdad es que no sabemos si esto va a terminar con ruptura de los contratos, con ruptura de la cadena de pago o con una quiebra del Estado.

La posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con Israel para que técnicos y expertos de esa nación asesoren a Panamá en la solución de la crisis de agua en la península de Azuero, fue planteada al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, por el presidente panameño José Raúl Mulino.

“Herzog y su delegación mostraron total disposición para ayudar”, indica una nota de prensa de la presidencia panameña.

Panamá atraviesa por una severa falta de agua en distintas regiones, situación que se agrava en la península de Azuero, donde gran parte de sus habitantes no tienen acceso al agua potable, luego de que se detectara que dos de sus principales afluentes están contaminados.

En medio de la crisis del agua, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal. Posteriormente, también renunciaría el subdirector, Luis Santanach.

Durante la visita del presidente del Estado de Israel a Panamá, la información oficial puntualiza que ambos gobiernos se comprometieron a ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio, además de pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.

Panamá y el Estado de Israel mantienen un Tratado de Libre Comercio que está vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que representa un hito histórico al ser el primer acuerdo de este tipo que Panamá firmó con una nación del Medio Oriente, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá- Israel.

Este tratado, añade el organismo empresarial, no es solo un acuerdo arancelario, sino una alianza estratégica que une la plataforma logística de Panamá con la vanguardia tecnológica de Israel.

El Tratado de Libre Comercio ofrece acceso preferencial para productos panameños, intercambio de alta tecnología, hub logístico y de servicios.

La visita de Herzog a Panamá es la primera que hace un presidente israelí a la nación canalera.

Panamá e Israel “comparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia, y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, hoy podemos afirmar con claridad que nuestra relación evoluciona hacia una alianza fortalecida”, afirmó Mulino.

Por su parte, el presidente Herzog expresó que el sector privado de su país anticipa la oportunidad de invertir en diversos sectores de la economía panameña, para beneficio de ambos pueblos.

Ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en temas de ciberseguridad, uno de los grandes desafíos para los estados en la actualidad, de acuerdo con la información oficial.

La delegación israelí puso de manifiesto su gran interés en la oferta turística panameña, así como en las posibilidades de invertir en el sector logístico nacional.

En el tema Salud, se acordó avanzar hacia acuerdos de cooperación entre médicos panameños e israelíes para atención, asesoría e investigación.

La delegación panameña manifestó el interés de su sector exportador en aumentar los envíos de banano, piña y café a Israel.

“Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar”, mencionó el presidente panameño, quien agregó que “es la reafirmación y el reencuentro de una sólida relación entre nuestras dos naciones, basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido en diferentes áreas por más de siete décadas”.

En su oportunidad, el presidente del Estado de Israel agradeció el apoyo que su país ha recibido del pueblo panameño desde el establecimiento del Estado de Israel en 1947, y por haber suscrito la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo.

La visita del presidente Herzog incluyó una reunión bilateral entre presidentes y un encuentro ampliado con los respectivos equipos de Gobierno.

"Condenamos en los términos más enérgicos los ataques de Hizbulá contra Israel. Deben cesar de una vez. Somos conscientes de las consecuencias, especialmente para las personas en el norte de Israel", señaló Wadephul en una rueda de prensa junto al ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar.

"Al mismo tiempo, el Líbano no debe convertirse en un escenario de guerra donde sean los civiles quienes paguen el precio, donde la generación joven crezca entre las ruinas de las casas de sus padres. Eso tampoco hará más segura la vecindad de Israel", recalcó.

A juicio de Wadephul, el Gobierno libanés "debe actuar con determinación contra Hizbulá", porque la clave para estabilizar el Líbano radica en fortalecer al Estado libanés.

"Las primeras conversaciones directas entre el Líbano e Israel en décadas dan motivo para la esperanza de que el contacto diplomático directo también pueda conducir a avances en la región. Animo a ambas partes a seguir por ese camino", sostuvo.

Wadephul exigió "un acuerdo sólido para proteger a los civiles a ambos lados de la Línea Azul, garantizar la seguridad de los cascos azules de la misión de la ONU (UNIFIL) y lograr una pacificación duradera".

Saar a su vez reiteró que Israel no tiene reclamaciones territoriales sobre el Líbano.

"Nuestras actividades en la frontera norte tienen únicamente el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos. No permitiremos que Hizbulá continúe con sus planes de invasión ni que siga disparando cohetes contra nosotros", enfatizó.

El ministro israelí de Exteriores aseguró que el Líbano "fue arrastrado por Irán a una guerra que va en contra de sus propios intereses", ya que se han lanzado desde el pasado 2 de marzo "más de 10.000 cohetes y drones contra Israel".

"Queremos liberar el sur del Líbano de la infraestructura terrorista, de los búnkeres y de los depósitos de armas y municiones", insistió.

Saar sostuvo que el Ejército libanés afirma que ya lo ha hecho, "pero la realidad es otra: el Gobierno libanés no ha afrontado realmente esta amenaza".

"Ha actuado solo de forma puntual, no ha desmantelado la infraestructura ni ha intervenido en el ámbito subterráneo", afirmó.

"Ningún país permitiría que su población quedara expuesta sin protección ante una amenaza así", enfatizó. EFE

(foto)(vídeo)

Directores médicos de la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideraron que la institución vive una de sus crisis más severas en décadas, según declararon en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Hospital de Clínicas.

Según señalaron, durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria de este año, destinada a su funcionamiento operativo.

Los hospitales de la UBA brindan atención a 700 mil personas por año y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud.

El presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, según destacaron las autoridades médicas, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

La UBA cuenta con seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos ellos cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica. Pero hoy, la falta de financiamiento oficial amenaza su continuidad y su capacidad de respuesta.

Como publicó Infobae, el reclamo por el financiamiento universitario surge en la antesala de la marcha federal convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de los artículos sobre recomposición salarial y becas estudiantiles. El 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos.

Un cuatrimestre sin fondos y la advertencia de los directores

“Estamos hoy a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.

Y agregó: “Tenemos que recurrir a todo tipo de ingeniería que se puedan imaginar, desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones. El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”.

La gravedad de la situación no radica solo en la ausencia de partidas para gastos corrientes, sino también en el impacto que esto tiene sobre la planificación y la gestión cotidiana.

“Imagínense que los insumos en medicina están dolarizados y así todo siguen aumentando. Con lo cual cualquiera de ustedes, en forma personal o acompañando a algún familiar, cuando va a una farmacia se queda en estupefacto de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados a lo mejor por varias veces más”, reclamó Lafos.

Y completó: “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes. Sumado eso además a las setecientas mil consultas anuales, la cantidad de alumnos que pasan por nuestras aulas, la cantidad de médicos que hacen sus cursos de especialización de posgrado, que se ha visto resentido, y eso aplica en la formación de todos los profesionales que nos van a atender a todos en los próximos años”.

“La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80 por ciento de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza”, describió el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA.

Y completó: “Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón. Entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”.

Funcionamiento al 50% y un futuro incierto

El impacto de la falta de presupuesto se refleja en la operatoria diaria. Melo relató: “Por ejemplo, el Hospital de Clínicas en la actualidad está funcionando al 50 por ciento. Obviamente, al no tener presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas de ir generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que lamentablemente lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento, pero no se puede seguir achicando más”.

El director detalló que el ajuste impacta en la seguridad, la limpieza, las licitaciones de medicamentos y los honorarios de anestesistas: “Y cuando queremos hacer cirugías, si no tenemos el proveedor que entrega esos suministros, no la podemos realizar”.

Las consecuencias se extienden a insumos críticos: “Con la plata que se adeuda, el hospital compra, por ejemplo, el oxígeno, un producto extremadamente caro. Y obviamente que un hospital que no puede comprar el oxígeno complica ya la atención. O sea, ya nuestra responsabilidad pasa a ser irresponsabilidad. Así que somos bastante responsables y fuimos haciendo en forma metódica el achicamiento del funcionamiento del hospital. Pero me parece que eso tiene un límite y nuestro límite creemos que es dentro de un mes y medio”, sostuvo Melo.

“El rectorado tiene una comunicación permanente con la parte del Gobierno, le manda todas las posibilidades, pero no tenemos respuesta”, agregó Melo.

La historia reciente de los hospitales universitarios muestra que crisis similares solo se vivieron en momentos excepcionales.

“Creo que en el año 83 y 84, el hospital tuvo una situación bastante complicada, que inclusive estuvo con poquitas camas, pero después, tuvimos varias crisis, pero me parece que esta es una crisis de funcionamiento real. Acá no es una cuestión de hacer política, es simplemente informar y esto se arregla con números”, indicó el doctor Lafos.

Respuesta del Gobierno Nacional

Después de la exposición de los directores médicos de la UBA, por la tarde, el Gobierno nacional salió al cruce de la información vertida y sostuvieron que las denuncias sobre el desfinanciamiento son "falsas“.

Mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, afirmó: “El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”.

Y describieron que el reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798 (de Presupuesto), por un monto de $79.763.113.948″. “La UBA solicitó que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno de Bolivia anunció la devolución parcial de depósitos en dólares a los ahorristas a partir del 15 de julio y medidas para normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero.

“Se está anunciando un cronograma de devolución de depósitos injustamente retenidos para las personas naturales, 933 millones de dólares a partir del 15 de julio”, informó el lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa.

La devolución de los ahorros se realizará de forma progresiva durante un año e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares. Posteriormente se habilitará otro límite, mediante un cronograma que será publicado en canales oficiales, hasta cubrir un total de 933 millones para personas naturales.

El ministro explicó más tarde, en una entrevista con el canal Unitel, que esta devolución se hará a partir de “distintas fuentes de financiamiento”, pero no precisó concretamente cuáles. “Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores”, afirmó y dijo que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

“Estamos trabajando con organismos multilaterales y estamos concluyendo un trabajo que se ha iniciado desde el primer día de gobierno que implica la previsibilidad de la llegada de recursos en los próximos meses”, afirmó Espinoza.

Por otro lado, el ministro indicó que se normalizará el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial de compra, superior en un rango que fluctúa entre el 30% y 40% al tipo de cambio oficial.

Con estas medidas, la administración de Rodrigo Paz busca regularizar las transacciones en dólares en el sistema financiero como parte de un plan integral de estabilización económica. Según el ministro Espinoza, las acciones apuntan a normalizar las operaciones financieras en el país, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad en el manejo de divisas y brindar mayor seguridad y confianza a la población.

Bolivia sufre una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 a raíz de la caída de los ingresos de la renta de los hidrocarburos y la reducción de las reservas internacionales.

La crisis se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez, lo que provocó el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial.

A pesar de contar con una menor disponibilidad de dólares, el Banco Central ha mantenido el tipo de cambio fijo desde el año 2011. En medio de ese contexto, el Gobierno de Paz estableció un “tipo de cambio referencial”, una cotización intermedia entre el oficial y el paralelo, con el que la banca busca aproximarse al valor efectivo del dólar y con el que operará el sistema de remesas.

El analista económico Gonzalo Chávez calificó estas medidas como “positivas porque ordenan pasivos, devuelven derechos de propiedad, reducen incertidumbre y formalizan operaciones cambiarias”, pero condicionó su éxito a la credibilidad. “Sin dólares suficientes, cronograma verificable y transparencia diaria, la buena noticia puede convertirse en otro pagaré emocional de la macroeconomía boliviana”, escribió en sus redes sociales.

Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, en un escueto comunicado, según reprodujo la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), en la que añadió que 1.605 de los fallecimientos, es decir el 15 % del total, son mujeres.

También en la infografia que acompaña al comunicado se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Entretanto, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos. EFE

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit, una aerolínea de bajo costo.

De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

Cada línea ofreció un tiempo limitado para esa acción.

Duffy indicó además que para los clientes preocupados por el aumento de precios de los boletos, American Airlines y Delta Air Lines ofrecen tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor demanda.

Allegiant también se comprometió a congelar los precios en las rutas que coinciden a las que volaba Spirit mientras que Frontier les está ofreciendo hasta un 50 % de descuento en toda su red hasta el 10 de mayo.

Avianca anunció por su parte en su cuenta de X la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a los pasajeros de Spirit que tengan que regresar a su origen.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.

Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesará operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

Duffy culpó hoy en el comunicado a la pasada Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) por "bloquear la fusión de JetBlue y Spirit en 2024".

"Le dieron la espalda al consumidor y a nuestra valiosa fuerza laboral de la aviación", afirmó.

En enero del 2024 un juez federal rechazó la oferta por 3.800 millones de dólares al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.

La aerolínea, con base en Florida, que continuó operando bajo ley de quiebra, viajaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

La aerolínea anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, dijo que el cierre se debió al "aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas", lo que no dejó a la empresa "otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía", señala el diario The Hill.

“Se triplicó la crisis” en Savia Salud, esa es la denuncia que lanzó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió provisionalmente la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS que atiende a 1,7 millones de usuarios.

La decisión judicial abrió un nuevo frente político sobre el manejo del sistema de salud y dio fuerza a los cuestionamientos del mandatario regional, quien aseguró que durante la intervención la situación financiera de la entidad se deterioró gravemente.

El dato que concentró la controversia fue el salto del patrimonio negativo de 572.000 millones de pesos a 1,5 billones, cifra que Rendón convirtió en el centro de su crítica contra el Gobierno nacional.

“Como en todas las entidades del sector salud que ha intervenido Petro, se han deteriorado en su patrimonio financiero”, afirmó el gobernador, citado por Revista Semana, al insistir en que la intervención agravó la situación de la EPS.

El fallo del Tribunal cuestionó la resolución que ordenó la toma de Savia Salud por considerar que habría vacíos en la motivación del acto administrativo, especialmente frente al análisis sobre factores estructurales del sistema, como la UPC y los Presupuestos Máximos.

Pero el enfoque político tomó fuerza por la tesis de que la intervención no resolvió la crisis, sino que la profundizó. Esa fue la línea que impulsó Rendón tras conocerse la decisión judicial.

“Esa intervención no es más a lugar, no cumplió con el estándar constitucional”, sostuvo el mandatario, citado por Revista Semana, al celebrar la orden que obliga en diez días al Gobierno a realizar el empalme con los accionistas.

La decisión impacta a una EPS clave para el régimen subsidiado en Antioquia, razón por la que el debate trascendió lo jurídico y pasó al terreno político, con críticas sobre el modelo de intervención impulsado por el Gobierno Petro.

“Rompe con el modelo intervencionista”, dijo Rendón, citado por Revista Semana, en una frase que convirtió el caso Savia Salud en una disputa más amplia sobre la política de salud del Ejecutivo.

El gobernador advirtió además que aún no se sabe en qué condiciones recibirán la entidad tras el proceso de intervención, lo que, según planteó, genera incertidumbre para los usuarios más vulnerables del sistema.

Ese punto reforzó uno de los mensajes centrales del pronunciamiento: que la discusión no solo es financiera o política, sino que tiene implicaciones directas sobre millones de afiliados del régimen subsidiado.

La cifra de 1,5 billones terminó marcando el nuevo enfoque del caso, porque convirtió el debate en una discusión sobre deterioro patrimonial y no únicamente sobre la legalidad de la intervención.

La reacción política también se amplificó desde Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez calificó la decisión como histórica y sostuvo, citado por Revista Semana, que la intervención fue ilegal, arbitraria y con fines políticos.

Ese respaldo reforzó la lectura de que el fallo puede tener efectos más allá de Savia Salud, al abrir un precedente sobre otras intervenciones en el sistema.

Mientras avanza el proceso para el eventual retorno de la administración a sus accionistas, el caso se convirtió en un nuevo choque entre regiones y Gobierno nacional, con una narrativa impulsada desde Antioquia: que la crisis de Savia Salud no se contuvo, sino que se multiplicó bajo la intervención.

En 2025, los derechos humanos en Perú enfrentaron una erosión sistemática que puso en jaque los cimientos de su democracia. Según el informe presentado por Amnistía Internacional sobre la situación mundial 2025-2026, el país registró un refuerzo de prácticas autoritarias, un debilitamiento de las garantías de acceso a la justicia y un entorno cada vez más hostil para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+.

La organización sostuvo que este escenario se enmarca en una tendencia global de ataques perpetrados por Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y el sistema de protección de los derechos humanos. En ese marco, Perú aparece como uno de los países donde la institucionalidad se ha debilitado con decisiones legales y políticas que, lejos de ampliar garantías, incrementaron el riesgo de impunidad, censura y discriminación.

Retrocesos institucionales y una justicia cada vez más debilitada

Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto que tuvieron diversas normas aprobadas en 2025 sobre el sistema de justicia y el trabajo de las organizaciones civiles. De acuerdo con Amnistía Internacional Perú, la pérdida de independencia de instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo redujo de forma visible las garantías que tienen las peruanas y peruanos para acudir a la justicia.

En ese contexto, la aprobación de la ley que modificó el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue señalada como una de las medidas más preocupantes. La norma amplió el control estatal sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo registros y supervisiones que, según el informe, exponen a controles arbitrarios y desproporcionados a quienes defienden derechos humanos.

Para Amnistía, esto afecta directamente a colectivos que acompañan a víctimas de graves violaciones, entre ellas las familias de las personas fallecidas durante la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, así como las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Otra de las disposiciones cuestionadas fue la Ley 32419, que establece amnistía para perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La organización advirtió que esta norma contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar, juzgar, sancionar y reparar estos crímenes. El efecto inmediato, según el reporte, es el fortalecimiento de los riesgos de impunidad y una nueva barrera para que las víctimas obtengan justicia.

El documento también menciona la Ley 32107, vinculada a la prescripción de delitos de lesa humanidad, además de la validación parcial que realizó el Tribunal Constitucional sobre la prescripción de hechos cometidos antes de 2002. En ese mismo marco, el máximo intérprete de la Constitución anuló condenas emblemáticas, entre ellas la del exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, un fallo que generó preocupación en sectores que siguen de cerca los procesos por violaciones a los derechos fundamentales.

A ello se suma la situación de las investigaciones por las protestas de 2022-2023, que dejaron un saldo de 50 muertos, incluidos 8 menores de edad, y al menos 1.400 heridos. Tres años después, los casos siguen en etapa preliminar y no se advierten sanciones efectivas contra los responsables. Para la organización, esto evidencia una respuesta institucional insuficiente ante hechos de extrema gravedad.

Violencia contra la prensa, mujeres y personas LGTBIQ+ en un contexto de hostilidad creciente

El retroceso no se limitó al ámbito judicial. El informe de Amnistía Internacional también advierte un deterioro severo en la libertad de prensa. En 2025 se registraron cuatro periodistas asesinados y 458 ataques contra la prensa, lo que convirtió al año en uno de los más violentos para el ejercicio periodístico en el siglo. La ausencia de resultados efectivos en las investigaciones alimentó un clima de impunidad que, de acuerdo con el reporte, favorece la autocensura y debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La violencia también golpeó a quienes defienden la tierra, el ambiente y los derechos colectivos. El documento señala el asesinato de dos defensores ambientales y reporta 161 casos de personas defensoras e indígenas bajo amenaza. A esto se sumaron campañas de hostigamiento, discursos estigmatizantes y ataques digitales y físicos contra activistas, entre ellos el caso de Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú, quien fue objeto de violencia en distintos niveles.

En paralelo, el país registró un agravamiento de la violencia contra mujeres y niñas. El informe detalla 135 feminicidios, 30.029 casos de violencia sexual y 12.044 desapariciones de mujeres, una cifra que representa un aumento del 17 % respecto al año anterior. También se advierte que solo 8,2 % de las sobrevivientes de violencia sexual recibió atención de emergencia, lo que muestra un acceso todavía muy limitado a servicios de salud y protección.

En ese escenario, la aprobación de la Ley 32535, que elimina el enfoque de género de las políticas públicas, fue presentada como un retroceso importante en la respuesta estatal frente a la discriminación y la violencia. La organización sostiene que retirar este enfoque debilita la capacidad del Estado para identificar las causas estructurales de la desigualdad y para diseñar medidas eficaces de prevención.

El informe también alerta sobre las restricciones para niñas y adolescentes víctimas de violación sexual que buscan acceder al aborto terapéutico, incluso en casos donde su vida está en peligro. Asimismo, denuncia el cierre de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en zonas rurales, lo que complica aún más la atención de víctimas en regiones indígenas y alejadas.

En cuanto a los derechos LGTBIQ+, el reporte menciona la Ley 32331, que condiciona el acceso a baños públicos según el “sexo biológico”, una disposición que afecta directamente a las personas trans. A esto se suma la persistencia de la patologización legal de la identidad de género y la ausencia de reconocimiento legal para personas trans, en contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.

La situación se agrava con la estigmatización de personas migrantes y refugiadas, a quienes algunos discursos oficiales asocian con la inseguridad ciudadana. Para Amnistía, ese tipo de mensajes alimenta prejuicios, expone a estas poblaciones a mayores niveles de violencia y aumenta su vulnerabilidad frente a redes de trata y otras formas de explotación.

En una tarde sofocante reciente en la capital cubana, decenas de personas que se desplazaban en bicicleta, patinete y motocicleta eléctrica se congregaron en una fila ordenada a la entrada del Túnel de la Bahía de La Habana. Esperaban el Ciclobús, un autobús especialmente acondicionado para transportar a las personas —y sus vehículos— a través del túnel submarino que conecta La Habana Vieja con el lado este de la isla.

El autobús diésel tiene capacidad para unos 60 pasajeros y sus vehículos, realizando suficientes viajes para transportar a más de 2000 personas al día. Cuenta con una sección de asientos delantera, pero la mitad de su estructura metálica es un compartimento abierto para carga. Los pasajeros acceden mediante una rampa especial y permanecen con sus vehículos durante todo el trayecto, sujetándose a las barras de apoyo instaladas en las paredes para mantener el equilibrio. No se permite el acceso de bicicletas, motocicletas ni patinetes al túnel.

Si bien el Ciclobús no es nuevo, nunca ha sido tan popular —y esencial— como lo es ahora que Cuba atraviesa su crisis energética más grave en décadas.

El bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero ha obligado al país a racionar la gasolina a tan solo 20 litros por vehículo mediante un engorroso proceso de citas que puede durar semanas, o incluso meses, paralizando el transporte público. Hoy en día, las calles de La Habana están casi vacías de coches, pero repletas de miles de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas que se han convertido en el único medio de transporte.

“Mi esposo tiene una bicicleta, así que voy a acompañarlo”, dijo Ingrid Quintana, residente del este de La Habana, quien trabaja en la parte antigua de la ciudad mientras esperaba el Ciclobús. “Es la única opción que tenemos, porque no hay transporte público y no podemos pagar un taxi privado, así que viajamos en Ciclobús”.

El Ciclobús es la ruta de transporte público más corta de la isla, ya que recorre 3 kilómetros (1,8 millas) en unos 15 minutos.

Tras embarcar cerca del Túnel de la Bahía de La Habana, en La Habana Vieja, los pasajeros experimentan un viaje accidentado a través de la oscuridad del pasaje submarino. Emergen en el este de La Habana, una extensa zona residencial donde viven cientos de miles de personas. En contraste, la ruta terrestre alternativa debe bordear la enorme bahía, un recorrido de 16 kilómetros (10 millas) a través de zonas portuarias industriales escasamente pobladas y con pavimento deficiente.

La tarifa de embarque oscila entre 2 y 5 pesos cubanos (una pequeña fracción de un dólar estadounidense en el mercado informal), dependiendo de si se transporta una bicicleta o una motocicleta.

En comparación, un viaje en taxi compartido desde los barrios del este —pasando por el túnel— cuesta 1.000 pesos cubanos (unos 2 dólares). Un trabajador cubano puede ganar un salario mensual de 7.000 pesos cubanos (unos 14 dólares).

El Ciclobús, propiedad de la empresa estatal de transporte de La Habana, surgió en la década de 1990 durante el llamado “Período Especial”, la crisis desencadenada por el colapso de la Unión Soviética que dejó a la isla aislada, lo que llevó al entonces presidente Fidel Castro a distribuir bicicletas de fabricación china entre la población.

Con el tiempo, el servicio perdió parte de su atractivo, ya que los residentes optaron por los autobuses regulares o los taxis compartidos. Sin embargo, ahora está experimentando un resurgimiento, dado que la escasez de combustible obliga a más cubanos a depender de bicicletas, triciclos eléctricos, patinetes y motocicletas para sus desplazamientos diarios.

“La mayoría de los trabajos están al otro lado, en la ciudad, y por eso tenemos que usarlo para cruzar”, dijo Bárbaro Cabral, profesor de gimnasia de 32 años, mientras sujetaba con fuerza su bicicleta mientras el Ciclobús comenzaba a llenarse de pasajeros.

(con información de AP)

La actividad industrial argentina profundizó su tendencia decreciente durante el segundo mes del año. Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a febrero de 2026 mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2025. Este retroceso consolida un escenario complejo para el sector fabril, que en el acumulado del primer bimestre del año ya presenta una disminución del 6,0% en comparación con el mismo período del año anterior.

La medición desestacionalizada también arrojó resultados negativos, con una variación de -4,0% respecto al mes anterior. El impacto de la crisis fue generalizado: catorce de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el mes bajo análisis.

Los resultados por sector

Dentro del esquema de las grandes categorías industriales, la caída más pronunciada se observó en el rubro de “Productos textiles”, que registró un desplome del 33,2% interanual en febrero. Le siguieron en magnitud de retroceso el bloque de “Maquinaria y equipo”, con una baja del 29,4%, y los sectores de “Otros equipos, aparatos e instrumentos” y “Vehículos automotores”, ambos con caídas del 24,6%.

Al analizar las divisiones por su incidencia en el nivel general, el informe destaca el impacto negativo de sectores críticos para la estructura productiva y el consumo. La división de “Alimentos y bebidas”, la de mayor peso relativo, cayó un 6,9% interanual.

Otros sectores con caídas de dos dígitos incluyeron a los “Productos de caucho y plástico” (-15,7%), “Productos de tabaco” (-14,9%), “Industrias metálicas básicas” (-12,5%) y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-12,3%). Por su parte, la contracción también alcanzó a rubros como “Productos de metal” (-5,7%), “Productos minerales no metálicos” (-7,2%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,2%) y “Madera, papel, edición e impresión”, que presentó una baja del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La excepción: petróleo y químicos

En un contexto de retroceso casi unánime, sólo dos de las grandes categorías analizadas por el Indec lograron mostrar mejoras interanuales. Uno es el bloque integrado por “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”, que registró un incremento del 2,7% en febrero respecto al mismo mes del año anterior.

Este desempeño positivo estuvo traccionado principalmente por dos divisiones específicas. Por un lado, la “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” presentó un sólido avance del 19,7%. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos en la producción de Gasoil (+23,8%) y Naftas (+10,8%), compensando las caídas en productos de menor volumen como el Fueloil (-2,1%) y los Asfaltos (-12,2%).

Por otro lado, la división de “Sustancias y productos químicos” acompañó esta tendencia con una suba del 3,7% interanual. Gracias a este repunte, la categoría logró ser la única con incidencia positiva significativa en el nivel general del IPI manufacturero, actuando como un tenue amortiguador frente al desplome del resto de la estructura fabril.

El desempeño por rubros internos

Un atenuante dentro del mal mes que tuvo la industria, es que dentro de los sectores con caídas generales, algunas subdivisiones mostraron comportamientos al alza. En el complejo de “Alimentos y bebidas”, por ejemplo, mientras que la mayoría de las actividades operaron a la baja —como la molienda de oleaginosas (-21,9%) y los productos cárnicos (vacuna -8,2%, aviar -7,4%)—, el rubro de “Productos lácteos” logró crecer un 8,1% interanual.

En contraste, la industria textil sufrió uno de los ajustes más severos del mes. El informe detalla que los “Tejidos y acabado de productos textiles” se derrumbaron un 47,0%, mientras que los “Hilados de algodón” cayeron un 30,7%. Solo la “Preparación de fibras de uso textil” mostró una variación positiva del 21,5%, aunque con una incidencia marginal en el total del sector.

La industria de los videojuegos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Un aumento constante de despidos, saturación del mercado, presión para adoptar la inteligencia artificial generativa y una ola de incertidumbre entre los profesionales han encendido las alarmas de figuras históricas como John Romero, creador de Doom, y Brenda Romero.

Ambos advierten que el sector está viviendo una crisis comparable, e incluso más grave, que el crash de 1983 en Estados Unidos, cuando el mercado colapsó por una sobreoferta de títulos de baja calidad y una mala gestión empresarial.

La relevancia de esta advertencia radica en que no solo afecta a grandes compañías, sino que impacta directamente en estudios medianos e independientes, desarrolladores y toda la cadena de valor del gaming. El temor al desempleo, la incertidumbre sobre el futuro de los modelos de negocio y el debate sobre el papel de la inteligencia artificial están marcando un periodo de cambios profundos, cuyas consecuencias aún no se vislumbran con claridad.

Qué fue el crash del gaming en 1983

El crash de 1983 fue una de las mayores crisis en la historia de los videojuegos: una saturación de consolas y juegos mal diseñados llevó a la quiebra de numerosas empresas, obligando a la industria a reinventarse. Brenda Romero ha advertido que el momento actual es todavía más complejo: “Esto es definitivamente peor. Hay muy pocas personas que no se han visto afectadas. Es un momento realmente difícil”.

Entre los factores que agravan la crisis están la presión por adoptar modelos de “juegos como servicio”, la proliferación de lanzamientos sin la calidad suficiente y la incertidumbre sobre el impacto de la IA generativa. El sector está saturado y el mercado no logra absorber la cantidad de juegos que llegan a las tiendas digitales.

Tal como señalan los Romero, la presión para incorporar IA generativa es enorme, tanto por parte de las empresas como de los inversores, mientras que los equipos de desarrollo y los propios jugadores muestran resistencia ante la automatización de procesos creativos.

John ha resaltado que el éxito de un juego ya no garantiza estabilidad laboral, citando el caso de Battlefield 6, que tuvo buenos resultados pero fue seguido por despidos masivos en EA.

La crisis actual no solo afecta a los empleados, también a proyectos en curso y estudios consolidados. Microsoft, por ejemplo, recortó financiación a Romero Games y canceló proyectos como Everwild y Perfect Dark, lo que llevó al estudio de los Romero a reducir su plantilla de 110 a solo nueve desarrolladores.

Impacto en los estudios independientes

Romero Games es un ejemplo de la precariedad del sector: la falta de financiación y los cambios abruptos en las prioridades de los grandes publishers pueden dejar a proyectos ambiciosos al borde de la cancelación.

A pesar de todo, el estudio ha logrado sobrevivir, aunque el tamaño del equipo y las características del juego en desarrollo han tenido que adaptarse a la nueva realidad.

A pesar de estos desafíos, los creadores mantienen cierto optimismo. “Nos han pasado cosas bastante malas, y justo después nos ha pasado algo increíblemente bueno”, señala Romero, convencido de que, aunque la situación es crítica, el sector tiene capacidad de adaptación.

La crisis actual no supone el fin de la industria, pero sí un punto de inflexión. La presión para innovar, la necesidad de encontrar modelos de negocio sostenibles y la gestión responsable de recursos humanos serán clave para superar esta etapa. La historia demuestra que el gaming ha sabido reinventarse antes, pero la magnitud de los desafíos actuales exige respuestas a largo plazo y una reflexión profunda sobre el rumbo del sector.

El crash de 1983 fue superado con la llegada de la NES y el sello de calidad de Nintendo, que restauró la confianza en los consumidores. Hoy, la industria enfrenta la necesidad de redefinir estándares de calidad, adaptar la innovación tecnológica y equilibrar la rentabilidad con la creatividad. Los próximos años serán decisivos para determinar si el sector logra recuperarse o si, como advierten los creadores de Doom, enfrenta su peor crisis en cuatro décadas.

La inserción de la Argentina en la economía global se enfrenta a un escenario sustancialmente más complejo que el de principios de siglo. Aunque el Gobierno ha puesto el foco en la eliminación del déficit fiscal y la contención de la inflación como pilares de la estabilización, el camino hacia una apertura económica sostenible requiere atender lo que un documento del Ieral define como un “techo de cristal”: una serie de trabas estructurales heredadas que limitan la capacidad de respuesta del sector productivo.

Este obstáculo se hace evidente al contrastar el desempeño local con modelos internacionales de integración exitosa, donde la brecha de eficiencia queda expuesta de manera drástica. En este sentido, una comparación con Australia revela una distancia muy grande en la dotación de factores y la eficiencia exportadora. Mientras que Australia logra exportaciones por habitante vinculadas a recursos naturales de 13.000 dólares anuales, la cifra en Argentina apenas alcanza los 1.200 dólares, precisa Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral.

Esta disparidad no se agota en el sector primario. Australia ha logrado capturar el 0,56% de las exportaciones globales de servicios, mientras que la Argentina, con una población significativamente mayor (46 millones frente a 27 millones), apenas llega al 0,11 % del mercado mundial.

Incluso en sectores donde el país tiene potencial, como la minería y los hidrocarburos, la involución es marcada: el market share global de Argentina en este rubro cayó del 0,33 % en 2010 al 0,25 % en 2024, a pesar del desarrollo de Vaca Muerta. En la agroindustria, el retroceso es aún más profundo, pasando de una cuota de mercado del 2,33 % al 1,41 % en el mismo período.

El “techo de cristal” y la herencia de los cepos

Para entender por qué la economía no logra traccionar con la velocidad del periodo 2002-2003, es necesario analizar el estado del aparato productivo. El informe del Ieral señala que la “herencia de los cepos” ha dejado un tendal de empresas con escasos incentivos a la modernización. Según el documento, se atravesó un “destructivo período en el que los gerentes financieros prevalecían sobre los ingenieros de planta”.

La evidencia más clara de este deterioro se observa en el uso de la capacidad instalada industrial. Dos años después del estallido de la crisis de finales de 2023, la industria opera a solo un 53,8 % de su capacidad. En contraste, dos años después de la crisis de la convertibilidad, hacia fines de 2003, ese indicador alcanzaba el 69,9%. Existe, por tanto, una brecha de 16,1 puntos porcentuales que ilustra la dificultad actual de las plantas para competir por precio o calidad.

“La ‘herencia de la convertibilidad’ en términos productivos fue el de industrias muy entrenadas en la competencia y fuertes incentivos a favor de la actualización tecnológica, a 180 grados de la ‘herencia de los cepos’”, destaca el Ieral. Esta diferencia es crucial, ya que el uso de capacidad instalada ociosa tras una crisis permite un tramo de expansión del PIB “gratuito en términos de nuevas inversiones”, fenómeno que ocurrió en 2002/03 pero que no se ha replicado en 2024 y 25.

4 diferencias clave con la posconvertibilidad

El análisis de los especialistas identifica cuatro razones fundamentales por las cuales las condiciones de crecimiento actuales difieren drásticamente de las registradas hace dos décadas:

1. Empresas “encepadas” vs. entrenadas: A diferencia del inicio de los 2000, cuando las empresas venían de una década de competencia y actualización tecnológica, el tejido industrial actual arrastra 15 años de desincentivos y falta de modernización debido a las restricciones cambiarias.
2. Apreciación cambiaria: El tipo de cambio real multilateral actual refleja una apreciación del peso de más de un tercio respecto de los parámetros de 2003, lo que resta competitividad externa por la vía del precio.
3. Presión tributaria distorsiva: El peso de los impuestos que afectan directamente la producción es significativamente más alto. El “lastre de los impuestos distorsivos” (como Ingresos Brutos y tasas municipales) equivale hoy a 8,0 puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos que se registraban al finalizar la convertibilidad.
4. El factor China: El rol de la potencia asiática ha rotado 180 grados. Hace 25 años, la demanda china impulsaba al alza el precio de las commodities que Argentina exporta. Hoy, China empuja a la deflación los precios de los productos industriales, habiendo pasado de capturar el 5,0 % de las exportaciones manufactureras mundiales a principios de los 2000 al 20,0 % en la actualidad.

Desafíos para la inserción global

De acuerdo al análisis del Ieral, la hoja de ruta para una mayor integración al mundo debe contemplar estos desafíos inéditos. La apertura no puede ser un acto de voluntad aislado, sino que requiere una consistencia macroeconómica que permita perforar el “techo de cristal”.

A pesar de las dificultades estructurales, el informe destaca algunas señales positivas en el frente externo. Los datos de los últimos meses, incluyendo enero, muestran que las exportaciones de bienes —medidas a través de la “tendencia ciclo” del Indec— se han estabilizado en torno a los 8.000 millones de dólares mensuales. Un año atrás, ese mismo registro era de 6.800 millones de dólares, lo que marca una recuperación en los volúmenes despachados al exterior.

Sin embargo, para que este incremento se traduzca en un crecimiento sostenido, es imperativo abordar las distorsiones internas. El contraste con Australia es nítido: mientras aquel país sostiene un market share relevante en minería (6,23 %), oro (2,19 %) e incluso manufacturas como textiles (0,38 %) y maquinaria (0,28 %), la Argentina lucha por recuperar los niveles de participación global que supo tener hace apenas quince años.

En definitiva, la economía argentina se encuentra en una transición donde la estabilización fiscal y monetaria es una condición necesaria, pero no suficiente. La brecha de 16 puntos en el uso de la capacidad instalada respecto a la salida de la convertibilidad y el peso de los impuestos distorsivos sugieren que el camino hacia el crecimiento será más dependiente de reformas estructurales y ganancias de productividad que de un rebote cíclico automático.

La experiencia australiana enseña que la apertura debe ser gradual y estar acompañada de una estrategia que permita a las empresas adaptarse a un mercado global donde la competencia, liderada por China, es hoy mucho más agresiva que a principios de siglo.

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.

En una esquina de Ciudad del Cabo, a dos cuadras de las olas del océano Atlántico, cerca de tiendas de comestibles de alta gama, hamburgueserías y cafés especializados en matcha, se encuentra el Sage, un moderno edificio residencial de mediana altura en el que muchos habitantes estarían encantados de vivir.

Sin embargo, gran parte del edificio está diseñado para atraer a turistas, no a residentes locales. Más de un tercio de sus viviendas están reservadas para alquileres a corto plazo en Airbnb.

Los apartamentos de dos dormitorios del edificio llegan a costar unos 350 dólares por noche, casi el 40 por ciento de lo que gana una familia con ingresos medios en Ciudad del Cabo en un mes. El precio medio de la vivienda en la ciudad es de unos 200.000 dólares. En Clifton, una de las comunidades playeras más exclusivas de la ciudad, la vivienda media cuesta unos 2,5 millones de dólares.

En esta metrópoli sudafricana, propiedades como las del Sage protagonizan un intenso debate sobre la vivienda asequible, el turismo y la persistencia de la segregación del apartheid.

Desde los jóvenes profesionales hasta los trabajadores pobres, muchos habitantes de Ciudad del Cabo se quejan de que los precios descontrolados de la vivienda los han obligado a vivir lejos de los puestos de trabajo, las escuelas de clase acomodada y los supermercados saludables disponibles en el centro de la ciudad. Culpan a los turistas con mucho dinero de ocupar viviendas en lugares privilegiados y a los promotores inmobiliarios de establecer precios prohibitivos.

Alrededor del 70 por ciento de las viviendas residenciales del centro de la ciudad están dedicadas a habitaciones de hotel o alquileres de corta duración, según un informe publicado por el ayuntamiento en 2025.

"En realidad, la ciudad se está mejorando para los turistas", dijo Lizanne Domingo, teleoperadora. Domingo se desplaza diariamente al trabajo durante dos horas en cada sentido porque no puede permitirse vivir cerca de la ciudad, dijo. "No es para los nuestros, porque el costo de la vida es ridículamente caro".

Los problemas de Ciudad del Cabo pueden parecer similares a los del turismo excesivo en ciudades europeas como Barcelona y Venecia, o a los de la gentrificación en Nueva York y San Francisco. Pero Ciudad del Cabo destaca por sus casas costeras multimillonarias ubicadas a poca distancia de extensos asentamientos informales, donde las familias han vivido durante generaciones en pequeñas chozas construidas con chapa metálica y madera.

Las autoridades municipales sostienen que frenar el turismo o prohibir Airbnb no resolverá el problema. Afirman que, para crecer, la ciudad necesita los 210.000 puestos de trabajo y los 1700 millones de dólares anuales de ingresos que genera el turismo.

"Tenemos que encontrar maneras de gestionar esa presión", dijo Geordin Hill-Lewis, alcalde de Ciudad del Cabo. "Pero lo que no podemos hacer es darle la espalda a una de las únicas partes de toda la economía sudafricana que está creciendo lo suficientemente rápido como para de verdad sacar a la gente de la pobreza y darle empleo".

Según Hill-Lewis, los sudafricanos que emigran de otras partes del país son la mayor fuente de presión sobre el mercado de la vivienda de la ciudad. Vienen a Ciudad del Cabo con la esperanza de aprovechar sus servicios y oportunidades económicas.

Pero muchos habitantes de Ciudad del Cabo afirman que la crisis de la vivienda está afianzando la dinámica creada durante el apartheid, cuando el gobierno sudafricano de minoría blanca confinaba a la gente de color en comunidades lejanas y ruinosas.

Domingo, de 27 años, se crio cerca del centro de la ciudad, en uno de los muchos asentamientos informales de Ciudad del Cabo, zonas extensas que a menudo carecen de electricidad y donde los vecinos a veces se ven obligados a utilizar cubetas como retretes. Su familia y la mayoría de los demás habitantes del asentamiento eran de color, una clasificación multirracial creada por el gobierno del apartheid.

Ha pasado de una vivienda humilde a otra. Tras casarse y tener tres hijos, llegó un momento en el que dormía con su familia de cinco miembros en una habitación individual que alquilaban en una casa de tres habitaciones por 200 dólares al mes, solo para poder vivir cerca de la ciudad.

Desde entonces se han instalado en una casa ocupada de dos dormitorios localizada a más de 50 kilómetros del centro de la ciudad. Domingo piensa en que su hijo de 1 año ni siquiera ha visto la playa.

"Solo hay un supermercado en nuestra zona", dijo. "No hay comisaría de policía. No hay bomberos. No hay hospital. En lo que respecta a mis hijos, tengo miedo de que piensen que esto es todo lo que hay en la vida".

Alrededor del 20 por ciento de la población de Ciudad del Cabo vive en asentamientos informales, dijo Francois Viruly, economista inmobiliario de Ciudad del Cabo. La tasa de desempleo también ronda el 20 por ciento. Nueve de cada 10 familias que buscan vivienda no pueden permitirse vivir en el centro.

Enclavada entre una montaña y una costa rocosa, Ciudad del Cabo dispone de inmuebles mucho más baratos que ciudades comparables en el extranjero. Un alquiler de una habitación en San Francisco suele costar unos 3000 dólares al mes; en la pintoresca costa de Ciudad del Cabo ronda los 1300.

Pero los precios de la vivienda en la ciudad han subido un 38 por ciento en los últimos seis años.

Hill-Lewis, el alcalde, ha introducido cambios que, según dijo, podrían aumentar la oferta de viviendas, como acelerar la liberación de terrenos de propiedad municipal y eliminar trámites burocráticos para los promotores inmobiliarios.

En Ciudad del Cabo se han construido más viviendas subvencionadas por el gobierno que en ninguna otra área metropolitana de Sudáfrica desde 1994, cuando terminó el apartheid. Pero ninguna de esas unidades se ha construido en el centro.

Los funcionarios de la Provincia Occidental del Cabo, que incluye Ciudad del Cabo, han dado a conocer tres proyectos con los que está previsto que se construyan en los próximos años más de 1900 viviendas subvencionadas por el gobierno en el centro de la ciudad. Sin embargo, los residentes afirman que no se hacen muchas ilusiones.

Lucinda Jafthas y su familia vivieron durante años en un asentamiento informal cerca del centro de la ciudad. Después de que un incendio quemó esa zona, el gobierno ubicó a los residentes en viviendas provisionales cercanas en 2018. A la familia de Jafthas se le dijo que, con el tiempo, se les daría una vivienda de protección oficial, dijo. Todavía están esperando.

"¿Simplemente están echando a la gente aquí para poder conseguir el terreno y venderlo o hacer lo que sea?", dijo Jafthas, trabajadora de comercio minorista. "¿Piensan construir alguna vez casas para estas personas o tienen que morir aquí fuera?".

Muchos habitantes de Ciudad del Cabo dicen que temen que los residentes más vulnerables de la ciudad salgan perdiendo ante los intereses de los promotores inmobiliarios.

Según algunos vecinos, eso es lo que está ocurriendo en un barrio llamado Distrito Seis.

En 1966, el gobierno del apartheid declaró este distrito de Ciudad del Cabo como una zona exclusiva para blancos. Más de 60.000 personas, en su mayoría de color, fueron desplazadas. Pero algunas de esas familias pudieron quedarse en seis casas de campo contiguas que eran propiedad de una orden religiosa católica, que luchó contra los desalojos. Más recientemente, la orden le vendió esa propiedad a un promotor inmobiliario, quien obtuvo una orden judicial para desalojar a las familias restantes. Un abogado del promotor no respondió a una solicitud de comentarios.

"Es como David y Goliat", dijo Sean Savage, de 70 años, cuya familia vive en las casas del Distrito Seis desde 1928. "Esperamos y rezamos para que se haga justicia definitiva a esta locura".

Desde 2019, el número de anuncios de Airbnb en Ciudad del Cabo ha aumentado un 92 por ciento, hasta casi 27.000, según datos de Inside Airbnb, un grupo de defensa.

Una portavoz de Airbnb dijo que, en realidad, ha disminuido el número de anuncios activos en Ciudad del Cabo que pueden encontrarse con la herramienta de búsqueda del sitio. Añadió que las ciudades que han prohibido o restringido el alquiler a corto plazo no han registrado una disminución de los precios generales de los alquileres.

Las autoridades de Ciudad del Cabo han propuesto aumentar los impuestos sobre las viviendas que se utilizan principalmente para alquileres de corta duración. Los activistas de la vivienda piden más cambios, como exigir a los promotores que reserven unidades para viviendas asequibles.

Por ahora, los residentes hacen lo que pueden para encontrar lo que está disponible y dentro de sus posibilidades.

A través de un amigo, Zamo Tana se enteró de una nueva urbanización ubicada a unos 15 minutos en coche del centro de Ciudad del Cabo. Había un estudio disponible para alquilar por 400 dólares al mes, una ganga.

El nuevo edificio, con 241 unidades de alquiler asequible, ofrecía más espacio y comodidades, y un trayecto más corto al trabajo. Tana, de 26 años, dijo que enseguida se puso en contacto con el edificio y consiguió la vivienda.

Cuando su novia, Mamello Moeketsi, entró en el apartamento por primera vez en una tarde reciente, no pudo contener su alegría. Moeketsi, de 23 años, estaba delante del espejo del cuarto de baño con las manos juntas. La antigua vivienda de la pareja no tenía espejo en el cuarto de baño, dijo. Miró por la ventana y le encantó la idea de ver amaneceres y atardeceres desde su casa.

"Nos ha tocado la lotería", dijo.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Ciudad del Cabo y June Kim desde Nueva York.

John Eligon es el jefe del buró del Times en Johannesburgo y cubre una amplia gama de eventos y tendencias que influyen y dan forma a las vidas de la gente común en todo el sur de África.

Joao Silva es un fotógrafo del Times afincado en Sudáfrica.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Ciudad del Cabo y June Kim desde Nueva York.

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.

En un contexto de dificultades financieras para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la empresaria e influencer Delfina Ferro, fundadora y directora ejecutiva de Diabla, compartió públicamente las complicaciones que enfrentó su firma para afrontar el pago de sueldos este mes. Según detalló la propia Ferro, debió utilizar USD 30.000 de su propio bolsillo para cubrir las remuneraciones de su equipo, compuesto por una veintena de empleados.

En declaraciones difundidas en su cuenta de TikTok, Ferro afirmó: “Esta semana me toca pagar 30.000 dólares. Me la desayuné. Ustedes, que siempre me piden problemas honestos, les voy a contar un poquito de este. Yo soy CEO y fundadora de Diabla, que es mi empresa de suplementos”.

La empresaria explicó que el crecimiento de Diabla en el sector de suplementos y alimentos saludables implicó un aumento significativo en los gastos operativos. “Es la empresa que más rápido creció en los últimos años en Argentina y una empresa que crece siempre significa que gasta plata. Este mes nos descalzamos con la entrada y salida de pagos y tengo que salir a capitalizar yo la empresa con USD 30.000, porque no llegamos a pagar sueldos”, sostuvo.

Ferro señaló que la posibilidad de aportar fondos personales a la compañía proviene de su actividad como creadora de contenido en redes sociales. “Somos un equipo de 20-22 personas en Diabla, ya perdí la cuenta. Y yo puedo poner USD 30.000 en mi bolsillo para cubrir esto porque trabajo en redes. Yo soy influencer para vivir y para capitalizar Diabla”, manifestó.

La fundadora de Diabla subrayó que su decisión responde al compromiso con el desarrollo del proyecto: “Entiendo que esto lo hago porque con amor, con orgullo, con felicidad, porque estoy invirtiendo plata en construir valor en una empresa que quiero que crezca rápido y por eso es que quiero seguir poniéndole todo de mí, todo de mi plata, para ver los resultados que sé que puede lograr lo más rápido posible. Y bueno, habrá que poner treinta lucas de mi fondo de luna de miel. Chau, mi luna de miel”. Rápidamente, el video obtuvo casi medio millón de reproducciones, likes y comentarios de todo tipo.

Nuevos créditos para pymes

Con la intención de impulsar el sector productivo y facilitar el acceso al financiamiento en un entorno desafiante para las empresas, el Banco Nación lanzará a partir del 6 de abril nuevas líneas de crédito dirigidas a pymes, con tasas más bajas.

Las nuevas opciones de financiamiento presentan una tasa nominal anual del 25%, cifra que representa una baja frente al 38% vigente hasta ahora. Además, se habilitará el descuento de cheques a 30 días con una tasa del 23%, dos puntos por debajo de la anterior, en un escenario de progresiva estabilización macroeconómica y reducción de tasas en el sistema financiero argentino.

Ambas líneas cuentan con un cupo total de $1 billón y están orientadas a fortalecer la inversión y la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, un sector central para la economía argentina.

La rebaja al 25% en la línea de capital de trabajo y al 23% en el descuento de cheques a 30 días —ambas con un cupo de $1 billón— posiciona a estas alternativas entre las más competitivas disponibles para pymes en el mercado actual.

De acuerdo con lo informado por el Banco Nación, esta iniciativa contribuye a los objetivos oficiales de incentivar la producción y mejorar la estructura financiera de las empresas, ya sea para acceder a nuevos créditos o refinanciar obligaciones existentes bajo condiciones más accesibles.

El anuncio de la reducción de tasas por parte del Banco Nación ocurre en un escenario donde las condiciones financieras para las empresas resultan cada vez más exigentes. En los últimos meses, los indicadores del sistema bancario empezaron a mostrar con mayor claridad el deterioro en la capacidad de pago de las compañías.

Crece la mora bancaria de empresas

Los créditos otorgados a empresas mostraron un deterioro, aunque de menor magnitud que los de las familias: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en el primer mes del año, con un alza de 0,3 puntos porcentuales frente al mes previo. Sin embargo, al poner la lupa sobre el comportamiento anual, experimentó un alza de 2 puntos respecto al 0,77% de enero de 2025.

El incremento de la morosidad afecta principalmente a las financiaciones clasificadas como de riesgo medio o con dificultades estructurales para cumplir con los pagos. Aunque la proporción de créditos en problemas entre las empresas se mantiene por debajo de la observada en el segmento de familias, la diferencia se reduce en un contexto de menor dinamismo económico.

El mercado de crédito comercial en Argentina presenta una marcada concentración: el 42% del total de préstamos está en manos del 0,3% de las sociedades, es decir, grandes empresas. El 58% restante se reparte entre el 99,7% de las firmas activas, según el área de estudios económicos del Banco Provincia.

Esta desigualdad también se observa en los niveles de morosidad. Mientras las grandes compañías registran un índice de irregularidad del 0,9%, en el caso de las pymes ese porcentaje alcanza el 4 por ciento.

Al desagregar las últimas cifras disponibles, con datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central, el panorama se torna más complejo: en enero de 2026, 1 de cada 8 empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), marcando un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto al inicio del 2025.

El sector de la indumentaria atraviesa un escenario de deterioro sostenido que se profundiza mes a mes. La debilidad del consumo se consolida como un freno estructural para la actividad y arrastra a la mayoría de las empresas a un contexto marcado por menores ingresos, tensiones operativas y crecientes dificultades financieras.

Durante el primer bimestre de 2026, la actividad volvió a mostrar resultados negativos y extendió una dinámica contractiva que se había instalado en el sector desde hace ya dos años. Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas promedio registraron una caída interanual del 8,4% entre enero y febrero, lo que consolidó un período prolongado de retrocesos.

El relevamiento reflejó que esta tendencia no resultó aislada, sino que formó parte de un proceso más amplio. A lo largo de los últimos dos años, casi todos los bimestres relevados cerraron con caídas en las ventas promedio, lo que configuró un escenario persistente de debilidad en la actividad de la indumentaria.

En ese marco, la evolución reciente mostró una continuidad de los problemas estructurales que afectan al sector. Si bien algunos indicadores presentaron leves variaciones respecto del período anterior, el comportamiento general de la actividad mantuvo una trayectoria descendente.

El impacto de la caída en las ventas alcanzó a una amplia mayoría de las empresas. El 63% de las firmas reportó una disminución en sus ventas, mientras que un 30% logró incrementarlas y un 7% no registró cambios. Estos datos marcaron una leve mejora en comparación con el bimestre anterior (en el que el 71% de las compañías tuvo una merma en sus ventas), aunque no modificaron el cuadro general.

La persistencia de este comportamiento reflejó la dificultad del sector para recuperar niveles de actividad. La dispersión en los resultados empresariales también evidenció que el deterioro no afectó de manera homogénea, aunque sí se extendió a la mayor parte de las compañías.

Baja demanda

Dentro de este escenario, la falta de demanda continuó como el principal factor explicativo de la caída en la actividad. Desde hace dos años, este problema se ubicó al tope de las preocupaciones empresarias y, en el último relevamiento, su incidencia se profundizó. En concreto, ocho de cada diez empresas señalaron la debilidad del mercado como su principal obstáculo, lo que reflejó la centralidad de este factor en la dinámica del sector.

Este contexto también impactó sobre la capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de costos a los precios finales. La mitad de las firmas indicó que no logró aplicar ajustes, mientras que un 43% solo pudo trasladar menos de la mitad de esos incrementos.

La dificultad para recomponer precios se combinó con la caída en las ventas y generó un escenario de presión sobre los márgenes. Las empresas enfrentaron así un doble desafío: menores ingresos por volumen y limitaciones para compensar el aumento de costos.

Como consecuencia directa de este proceso, los niveles de stock volvieron a incrementarse. La acumulación de mercadería se convirtió en uno de los principales efectos visibles de la debilidad del mercado. Actualmente, el 50% de las empresas declaró contar con inventarios excesivos, lo que representó el nivel más alto desde el tercer bimestre de 2024. Este dato reflejó no solo la caída en las ventas, sino también la dificultad para ajustar la producción al ritmo de la demanda.

La acumulación de stock implicó además una presión adicional sobre la estructura financiera de las firmas. La mercadería sin vender representó recursos inmovilizados que no se transformaron en liquidez, lo que complicó la operatoria cotidiana.

Estrés financiero

En paralelo, el informe registró un aumento en el estrés financiero dentro del sector. Ocho de cada diez empresas enfrentaron dificultades en la cadena de pagos, lo que evidenció un deterioro significativo en las condiciones de financiamiento.

Este fenómeno se manifestó con especial claridad en el comportamiento de los atrasos. La proporción de compañías que registró demoras ocasionales se duplicó y alcanzó a seis de cada diez firmas, lo que marcó un cambio relevante en la dinámica de pagos.

Al mismo tiempo, el grupo de empresas que no presentó atrasos significativos se redujo de manera abrupta. Este segmento pasó del 40% al 21% en apenas un bimestre, lo que reflejó la rapidez con la que se deterioraron las condiciones financieras.

El aumento de los problemas en la cadena de pagos se vinculó tanto con la caída en los ingresos como con las dificultades para sostener el flujo de fondos. En este contexto, las empresas enfrentaron mayores restricciones para cumplir con sus compromisos y sostener el giro habitual del negocio.

El deterioro del escenario también tuvo impacto en el empleo. Las empresas avanzaron con medidas de ajuste sobre sus estructuras de personal, en línea con la evolución de la actividad y la necesidad de reducir costos. Entre las principales decisiones adoptadas se destacaron las renuncias no reemplazadas, que representaron el 25% de las medidas vinculadas al empleo. Esta estrategia permitió reducir la dotación sin recurrir de manera directa a despidos en todos los casos.

Crecen los despidos en el sector

Sin embargo, los despidos también ganaron peso dentro del conjunto de medidas y alcanzaron el 21% del total. Este dato reflejó un endurecimiento en las decisiones empresariales frente a la persistencia de la crisis.

El comportamiento del empleo se inscribió así dentro de un proceso más amplio de ajuste, que incluyó tanto la reducción de costos como la adaptación a un nivel de actividad más bajo.

El informe también relevó la evolución de las expectativas económicas, que mostraron un nuevo deterioro durante el primer bimestre del año. Las respuestas que calificaron la situación como “muy mala” y “mala” aumentaron, mientras que las evaluaciones regulares perdieron participación. Este cambio en las percepciones empresarias reflejó un clima de mayor incertidumbre en el sector. Las empresas describieron un entorno caracterizado por la debilidad del mercado, las dificultades para sostener la rentabilidad y las tensiones en la cadena de pagos.

La crisis por la calidad del combustible en Bolivia pasó de ser un reclamo sectorial a tener implicaciones políticas. En los últimos días hubo reiterados pedidos de renuncia contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Transportistas y actores políticos coincidieron en responsabilizar a ambas autoridades por la distribución de gasolina “desestabilizada” y la supuesta demora en el resarcimiento a los afectados. La dirigencia de choferes de La Paz fue una de las primeras en exigir su salida, argumentando incumplimientos y una “burla” al sector.

“Queremos la renuncia del ministro y del presidente de YPFB por la burla que han hecho con el sector”, manifestó el dirigente de los transportistas Santos Escalante a tiempo de anunciar un paro con bloqueos el miércoles, que luego fue ampliado como una medida de presión “indefinida”. Los transportistas también cuestionaron el rol de la ANH por la supuesta falta de rigurosidad en los controles del combustible.

El problema surgió hace unos dos meses con las primeras denuncias por daños mecánicos atribuidos a la mala calidad de la gasolina. En medio de la tensión por la aparición de casos, el presidente de YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con goma y manganeso que quedaban en tanques heredados de la anterior gestión.

Para corregir la gasolina “desestabilizada”, la estatal petrolera determinó incluir aditivos especiales y detergentes, con lo que se suponía que la gasolina tendría mejor calidad y cumpliría con estándares mínimos. Sin embargo, continúan surgiendo denuncias de usuarios afectados y las protestas están yendo en aumento.

En paralelo a las acciones para corregir el combustible, el Gobierno implementó un seguro para los afectados, quienes deben certificar el daño para recibir el desembolso. Aunque los choferes denuncian que hay retrasos en este proceso, YPFB informó que ya pagó a cerca de mil usuarios y que continuarán realizando desembolsos el mes de abril.

A los reclamos sectoriales se sumaron en las últimas horas legisladores de diferentes fuerzas políticas que exigen al Gobierno una solución definitiva y respaldan la protesta de los choferes.

La senadora Marcela Guerrero calificó como “gasolina basura” el combustible distribuido y lamentó que aún no se hubiera identificado a los responsables. “Hay una situación de indefensión de la población, y le damos toda la razón al autotransporte”, afirmó citada por Brújula Digital. En tanto, el senador Nilton Condori consideró como “justa” la manifestación de los choferes.

La principal fuerza opositora, Libre, fue más radical en su reclamo y se unió a la dirigencia de los choferes al exigir la renuncia de las principales autoridades del sector de hidrocarburos: el ministro, el presidente de la estatal petrolera y el director de la ANH.

“La bancada Libre, con firmeza y con total responsabilidad, exige inmediatamente la renuncia del ministro de Hidrocarburos, porque no está con la capacidad de poder darle soluciones al pueblo boliviano, sino más al contrario, está agravando la crisis”, afirmó en conferencia de prensa el diputado Rafael López. Los legisladores también advirtieron que iniciarán demandas penales por este caso.

Mientras el conflicto escala, el Gobierno hizo un llamado al diálogo a los choferes y cuestionó el paro indefinido porque, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se habrían llegado a acuerdos previos. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro y bloqueos que perjudican a los bolivianos que quieren ir a trabajar o a estudiar es un error”, escribió en su cuenta de X y agregó que “el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”.

La presencia de residuos de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, detectada desde inicios de marzo, generó un nuevo llamado desde la Cámara de Diputados para que el gobierno federal refuerce las acciones de atención ambiental, investigación y apoyo a comunidades afectadas.

Legisladores de Movimiento Ciudadano advirtieron que la contaminación ya impacta cientos de kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco y podría afectar a millones de habitantes.

Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México afecta más de 630 km de litoral

De acuerdo con denuncias de comunidades costeras, el derrame se ha manifestado en playas, ríos y lagunas mediante la presencia de chapopote y contaminación visible.

Esta situación ha provocado afectaciones a ecosistemas marinos y a actividades económicas clave como la pesca y el turismo.

Las zonas impactadas abarcan más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, entidades que en conjunto concentran a más de 10 millones de personas.

En el caso de Veracruz, se estima que cerca de 300 mil familias dependen de actividades relacionadas con el mar, mientras que la región recibe millones de visitantes cada año.

Movimiento Ciudadano pide acciones inmediatas y transparencia del gobierno federal

Durante un posicionamiento en la Cámara de Diputados, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtió que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la expansión del daño ambiental en una de las regiones ecológicas más relevantes del país.

En ese contexto, el partido presentó un punto de acuerdo para solicitar acciones urgentes de atención, mitigación e investigación sobre el origen del derrame.

La propuesta también plantea reforzar la transparencia sobre lo ocurrido y garantizar que se informe públicamente sobre responsabilidades y posibles sanciones.

Proponen comparecencias y activación del Plan Nacional de Contingencia

Entre las medidas planteadas se encuentra la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como la obligación de detallar las causas del derrame y las acciones emprendidas para contenerlo.

Además, se solicitó activar de manera inmediata el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y establecer una mesa interinstitucional de manejo de crisis coordinada por la Secretaría de Marina, con el objetivo de contener la contaminación y mitigar sus efectos ambientales.

Legisladores alertan sobre impacto económico en pesca y turismo

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, señaló que los residuos se han extendido desde Paraíso, Tabasco, hasta Tamiagua, Veracruz, lo que evidencia la magnitud del problema en la región del Golfo.

El legislador subrayó que aún no existe claridad sobre el origen del derrame, situación que ha derivado en respuestas tardías y desarticuladas por parte de distintas autoridades.

Piden apoyos económicos para familias afectadas en plena temporada turística

Sergio Gil planteó que el gobierno federal debe implementar apoyos económicos inmediatos para pescadores, restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos que han tenido que detener sus actividades debido a la contaminación, justo en el periodo de mayor flujo económico por la temporada vacacional.

Los apoyos, indicó, tendrían que ser suficientes y en varios casos a fondo perdido para evitar el cierre de negocios y proteger el ingreso de miles de familias.

También advirtió que no debería repetirse un esquema basado en endeudamiento como el que enfrentaron diversos sectores durante la pandemia.

Comunidades afectadas por el derrame en el Golfo de México

Entre los principales impactos reportados en la zona costera se encuentran:

• Presencia de chapopote y residuos de hidrocarburos en playas y cuerpos de agua
• Afectaciones a ecosistemas marinos y especies que habitan en la región
• Suspensión o reducción de actividades pesquerasPérdidas económicas para restaurantes, hoteles y servicios turísticos
• Riesgos a la salud y al sustento de comunidades costeras

Finalmente, Laura Ballesteros hizo un llamado a que las autoridades federales y estatales actúen con responsabilidad y transparencia frente a la emergencia ambiental.

“Esta situación no debe minimizarse ni convertirse en un tema político; está en juego la protección del medio ambiente, la economía regional y la salud de millones de personas”, expresó.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que introduce el llamado “botón de emergencia” para asegurar la continuidad de las comunicaciones críticas durante crisis o catástrofes nacionales o internacionales.

Esta medida permitirá desplegar rápidamente tecnologías esenciales como redes 5G privadas y facilitará la entrada al mercado de dispositivos radioeléctricos fuera del canal de las grandes operadoras.

Según ha revelado este martes El País, la reforma responde a la necesidad de dotar al país de mayor resiliencia tecnológica frente a potenciales interrupciones de suministros, una vulnerabilidad puesta en evidencia durante la pandemia deL covid-19.

Qué significa esta nueva normativa implementada en España

La nueva normativa, respaldada por la trasposición de la Directiva (UE) 2024/2749 y el Reglamento (UE) 2024/2747 de la Unión Europea, cambia los procedimientos de emergencia que se activarán al declararse el “modo de emergencia del mercado interior”.

En ese escenario de crisis, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) asume la autoridad para permitir temporalmente la comercialización de dispositivos radioeléctricos, sin los procedimientos habituales de evaluación de conformidad ni el marcado CE.

Lo anterior es corroborar que siempre se cumplan los requisitos funcionales y de seguridad mínimos para situaciones excepcionales.

Por qué España implementa este nuevo “botón de emergencia”

Durante la emergencia sanitaria mundial del coronavirus, la rotura de cadenas de suministro de componentes electrónicos y dispositivos de transmisión interrumpió la conectividad en hospitales, administraciones y sectores logísticos, escenario que impulsó tanto la legislación europea como la adaptación nacional.

El Real Decreto aprobado permite que, en condiciones extremas, productos considerados “bienes pertinentes para la crisis” accedan a una vía preferencial de entrada al mercado, asegurando el suministro acelerado de recursos críticos mientras se minimizan los obstáculos burocráticos que podrían poner en peligro servicios esenciales.

Para ilustrar el impacto práctico del nuevo marco regulatorio, destaca la reciente presentación de Telefónica en el Mobile World Congress 2026 de su propuesta Mission-Critical Dome (Cúpula de Misión Crítica), una “Burbuja Táctica 5G” apta para uso dual civil y militar.

Esta solución tecnológica puede restablecer comunicaciones integradas en menos de una hora tras una catástrofe natural o un colapso de redes convencionales, y, bajo el decreto, estas soluciones podrán desplegarse con una agilidad administrativa en situaciones críticas, lo que incrementa la capacidad de respuesta ante desastres.

Qué facilidades ofrece al despliegue de redes privadas y la expansión del 5G

La norma recién aprobada trasciende la gestión de emergencias y supone una transformación estructural para la industria española. Una de sus innovaciones principales es la simplificación de permisos para transmisiones radioeléctricas, habilitando el despliegue de redes 5G privadas con mayor autonomía y rapidez.

Antes, los trámites para estas redes equiparaban en complejidad administrativa a los procesos de actores como Telefónica, MasOrange o Vodafone. Ahora, entidades como fábricas automotrices, puertos logísticos o plantas de producción pueden gestionar espectro propio para operar sus redes, sin depender del portafolio de las grandes operadoras.

Este cambio descentraliza el control de la conectividad de alta velocidad y proporciona a la industria mecanismos para implantar sistemas conectados y soluciones de inteligencia artificial en tiempo real.

Tal agilidad es esencial para la llamada Industria 4.0, mejorando la competitividad nacional al reducir los plazos de implementación de infraestructuras inteligentes.

Cómo impacta en las ciudades este decreto

El Real Decreto contempla el entorno urbano. Se facilita la instalación de small cells, microantenas de baja potencia que pueden colocarse en farolas o marquesinas de autobús, lo que contribuye a resolver la saturación de redes 5G en grandes ciudades.

Estas soluciones permiten una cobertura más densa en zonas altamente concurridas y mejoran la calidad de la señal tanto en espacios interiores como en lugares públicos masificados.

Dirigentes transportistas advierten que la situación no es reciente. Según explican, el deterioro financiero de muchas compañías se ha ido acumulando durante los últimos dos años, hasta llegar a un punto en el que varias empresas ya no pueden cumplir con sus compromisos económicos ni sostener sus operaciones diarias.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente del sector Héctor Vargas sostuvo que algunas empresas ya han cerrado y otras se encuentran cerca de hacerlo debido a la falta de ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, señaló.

Refinanciación de deudas y acuerdos con el sistema financiero

Frente a la crisis, las empresas han intentado sostener sus operaciones mediante acuerdos con entidades financieras y proveedores. Vargas explicó que varias compañías han recurrido a procesos de refinanciación y reestructuración de deudas para evitar el cierre definitivo.

“A pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero, con los proveedores, para que nos refinancien las deudas, para que se reestructuren las deudas, seguimos en una situación muy complicada”, afirmó.

El dirigente detalló que las empresas del sector suelen adquirir sus unidades mediante financiamiento bancario, lo que genera obligaciones mensuales que deben ser cubiertas con los ingresos del servicio.

Sin embargo, cuando los ingresos disminuyen, las compañías comienzan a acumular retrasos en los pagos. En ese escenario, muchas empresas se ven obligadas a renegociar los créditos para extender los plazos o reducir temporalmente las cuotas.

Aun así, estas medidas no siempre son suficientes para sostener la actividad, especialmente cuando la reducción de la operación se mantiene durante largos periodos.

Devolución de buses y reducción de flota

Otra de las medidas que algunas empresas han adoptado para enfrentar la crisis es devolver unidades adquiridas mediante financiamiento. Vargas explicó que, ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas, algunas compañías han optado por entregar los vehículos a las entidades financieras.

“Se han devuelto unidades porque no podemos pagar”, indicó.

La devolución de buses implica, en muchos casos, reducir la flota disponible para operar en las rutas. Esto impacta directamente en la capacidad de servicio que pueden ofrecer las empresas.

El problema se agrava cuando la reducción de unidades se suma a la falta de conductores, un fenómeno que el sector atribuye al temor generado por la violencia y las extorsiones que afectan a los trabajadores del transporte.

En consecuencia, varias empresas operan actualmente con solo una parte de sus vehículos.

Menos unidades en las calles y un servicio en riesgo

La crisis económica también ha tenido un impacto directo en la cantidad de buses que circulan diariamente. Según Vargas, muchas empresas trabajan actualmente con apenas una fracción de su capacidad.

“Las empresas estamos trabajando con el veinte o treinta por ciento de nuestra capacidad operativa”, explicó.

El dirigente detalló que una empresa que cuenta con diez buses, por ejemplo, puede terminar operando con apenas dos o tres unidades debido a la falta de conductores o a las dificultades financieras.

Esta situación complica el cumplimiento de los pagos mensuales y genera un círculo que agrava la crisis. Cuando las empresas no logran reunir los ingresos necesarios al final del mes, se vuelve imposible cubrir sus obligaciones financieras.

“Si trabajamos con dos o tres carros, no podemos llegar a fin de mes para pagar”, afirmó.

Ante este escenario, los transportistas advierten que el sector podría enfrentar una paralización progresiva de servicios si no se implementan medidas que permitan aliviar la carga financiera de las empresas y garantizar condiciones mínimas para su operación.

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras tendrá 30 días para presentar propuestas concretas que permitan resolver la ausencia de placas metálicas para automóviles y motocicletas, un problema que afecta a entre 800 mil y un millón de vehículos que circulan actualmente con permisos provisionales desde hace más de tres años.

La crisis de las placas metálicas comenzó en mayo de 2023, cuando Honduras suspendió su emisión a raíz de problemas vinculados con el suministro y la contratación del proveedor encargado de su fabricación.

Desde entonces, la imagen del tráfico en Tegucigalpa, Comayagüela y otras ciudades se ha transformado, es frecuente ver automóviles y motocicletas circulando con permisos temporales de papel pegados en los parabrisas, documentos que se deterioran por el sol o la lluvia y que dificultan la identificación de los vehículos.

El diputado Juan Carlos Lagos expuso ante el pleno sus dudas sobre el origen del desabastecimiento y cuestionó a las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) por la demora en la reposición. Planteó inquietudes sobre posibles problemas contractuales, presupuestarios, logísticos o de licitación y exigió respuestas institucionales sobre los obstáculos concretos para normalizar la emisión de placas.

La diputada Gerlen Bonilla informó ante el Congreso Nacional que el número de vehículos afectados oscila entre 800 mil y un millón, cifra que revela la magnitud de la crisis. Bonilla subrayó que numerosos propietarios han pagado sus matrículas, pero aún no reciben la placa metálica correspondiente.

Asimismo señaló: “La solución a este problema la viene pidiendo el pueblo hondureño, que venimos padeciendo esta falta de responsabilidad del Estado en no brindar las placas metálicas”. Además, criticó las multas aplicadas a conductores que ya cumplieron con sus obligaciones legales: “El pueblo hondureño está cansado de que lo estén multando por un derecho por el que ya pagó”.

Durante los primeros meses de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, se entregaron las últimas placas metálicas. Posteriormente, el sistema pasó a utilizar identificaciones temporales impresas en papel.

En 2023, el IP informó que la escasez se debía a la falta de materiales y aseguró una solución temporal que no llegó a implementarse. En 2024, la institución admitió que el atraso responde a la ausencia de un proveedor responsable de la fabricación, y señaló que las licitaciones estaban en proceso de revisión. Este escenario prolongó la crisis e impidió la reposición de placas para motocicletas.

La circulación de vehículos sin placas tradicionalmente alertaba a las autoridades. La falta de identificación genera sospechas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas o robos. Aunque la prolongación del fenómeno lo ha normalizado, los inconvenientes persisten. Los números escritos en papel suelen volverse ilegibles a los pocos días, lo que obstaculiza la labor de la policía y la vigilancia vial.

Ell titular del Congreso, Tomás Zambrano, propuso crear una comisión especial para dialogar con el IP y otras instituciones vinculadas a la impresión y distribución de placas. Esta comisión, presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez, tendrá la tarea de investigar las causas del prolongado desabastecimiento y de presentar propuestas de solución en un plazo de 30 días.

A la iniciativa se sumaron los legisladores Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, quienes ya habían promovido mociones similares. El acuerdo busca centrar los esfuerzos dentro del Congreso Nacional para acelerar una respuesta a una de las crisis administrativas más extensas del sistema vehicular hondureño.

El informe que produzca la comisión especial deberá contemplar alternativas como la contratación de nuevos proveedores, la modificación de los procesos de licitación o la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el sistema de registro y control vehicular. Mientras tanto, miles de conductores continúan en situación de incertidumbre, dependiendo de permisos temporales y a la espera de una solución definitiva.

Bogotá enfrenta una crisis de basura que ha marcado un récord en 2026, con más de 23.400 puntos de arrojo clandestino y 478 zonas críticas activas. El volumen de residuos, que supera las 6.600 toneladas diarias, ha puesto bajo presión el modelo de gestión de residuos de la capital.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en innovación tecnológica, Nelson Cubides, habló sobre las estrategias que podrían implementarse en la capital para mitigar la problemática.

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Para Cubides, la magnitud del problema se refleja en la cifra anual de aproximadamente 438.000 “regueros” reportados en el espacio público. Mientras tanto, la mayoría de la basura termina enterrada en el relleno sanitario Doña Juana, una infraestructura que absorbe más del 80% de los residuos generados en la ciudad.

En ese sentido, solo un 16% de los desechos recibe algún tipo de aprovechamiento, una proporción que, en palabras de Cubides, muestra el rezago de Bogotá frente a los estándares internacionales de economía circular. “El problema de Bogotá no es solo cuánta basura produce, sino qué tan poco estamos aprovechando de ella”.

Frente a este panorama, la administración distrital ha intensificado las acciones para contener el deterioro del espacio público. El denominado Escuadrón de la Limpieza ha logrado retirar cerca de 960 toneladas diarias de residuos durante 2025 y lo que va de 2026, focalizando sus intervenciones en los puntos críticos. Además, se han instalado 211 ecopuntos y se ha fortalecido la estrategia de los “Cazaregueros” con el objetivo de combatir el arrojo ilegal de basura.

A pesar de estos esfuerzos, Cubides considera que la raíz del problema permanece intacta. “No podemos seguir reaccionando con operativos cuando el verdadero desafío es cambiar el modelo de gestión. Bogotá necesita migrar del enterramiento a la valorización energética y al aprovechamiento masivo”.

En su análisis, el experto indicó que en la ciudad se debe priorizar la separación en la fuente, la formalización de recicladores y la inversión en tecnologías de tratamiento.

La continuidad del servicio de aseo quedó asegurada con la prórroga de los contratos hasta 2027. Esta decisión, según Cubides, debe entenderse como una oportunidad para redefinir la política pública de residuos con una perspectiva de largo plazo. “Esta prórroga no puede convertirse en una simple extensión administrativa. Debe ser el punto de partida para rediseñar la política pública de residuos con visión de largo plazo”.

Cubides advirtió que Bogotá enfrenta una bifurcación. Por un lado, continuar enterrando miles de toneladas diarias de basura; por otro, transformar los residuos en una oportunidad productiva y ambiental. Con más de 6.600 toneladas diarias gestionadas por la capital y cifras que muestran un aprovechamiento muy por debajo del promedio de otras ciudades, el reto es mayúsculo.

En este contexto, enfatizó la urgencia de transformar el sistema. “Seguir enterrando el 80% de nuestros residuos es posponer una crisis ambiental que tarde o temprano será más costosa”. Cubides resaltó que la sobrecarga de la crisis no solo pone en riesgo la salud pública, sino que limita la capacidad de planificación urbana.

Para Cubides, el control operativo ha permitido retirar miles de toneladas de residuos de las calles, pero el modelo de enterramiento predomina; la baja tasa de aprovechamiento evidencia una brecha con modelos de gestión más avanzados que priorizan la separación, el reciclaje y la generación de energía a partir de residuos.

Por último, mencionó que el desafío para la capital pasa por superar la lógica del manejo reactivo y avanzar hacia un esquema en el que la basura deje de ser un pasivo urbano para convertirse en un recurso con potencial económico y ambiental.

En los últimos meses han resonado con fuerza diferentes casos de empresas que cerraron sus puertas, como Fate, o de compañías que formalizaron su quiebra, como Garbarino, pero lo cierto es que la crisis llega mucho más allá de las grandes firmas. No solo cerraron miles de empresas de diferentes lugares del país, sino también que se crearon muy pocas nuevas unidades productivas.

De hecho, según un “mapa de empresas” difundido por la consultora Equilibra, sólo una provincia en todo el país tiene hoy más firmas que las que registraba en 2023, justo antes de la llegada del gobierno de Milei. Se trata de Neuquén, que agrandó un 1,8% su universo empresarial, fuertemente influida por el boom de Vaca Muerta. El resto cayó, debido a que fueron más los cierres que las aperturas.

La provincia más perjudicada fue Misiones, que en los últimos dos años perdió al 10,3% de sus unidades productivas. El mapa, muestra también una situación delicada para La Rioja y Chaco, que sufrieron caídas del 9,6% y el 9,2% respectivamente.

Otras jurisdicciones cayeron menos, pero igualmente perdieron más empresas de las que abrieron. Fue el caso por ejemplo de Corrientes (-8,3%), Córdoba (-7,4%) y Santiago del Estero (-5,9%). Así mismo se puede mencionar muchos otros casos, de un mapa casi completo con números en rojo.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires se registró una caída del 3,8%, mientras que en CABA el universo de empresas sufrió un retroceso de 1,6%.

Qué pasó con el empleo

De la mano del cierre de empresas, cayó también el empleo privado formal en prácticamente todo el país. De acuerdo con el análisis de Equilibra, realizado en base a datos oficiales, únicamente dos provincias lograron incrementar el número de trabajadores en la era Milei. Se trata puntualmente de Neuquén (7% de crecimiento) y Río Negro (0,4%).

En el resto del país se encuentran números alarmantes. En Formosa, por ejemplo, el mercado laboral registrado se contrajo 18,5%. También sufrieron caídas estrepitosas Santa Cruz (-16,3%), La Rioja (-15%) y Chaco (-11,4%). En lo que respecta a Buenos Aires, la baja fue del 2,9%, mientras que en CABA hubo una caída del 1,6%.

Es importante aclarar que, en ambos casos (empresas y cantidad de trabajadores), Equilibra comparó los números correspondientes a noviembre de 2025 contra el promedio registrado entre enero y septiembre del 2023. Es decir que se consideró la etapa previa al cambio de gobierno como punto de referencia.

El escenario detrás de la crisis

Para comprender las razones que llevaron a esta retracción generalizada del tejido productivo, Infobae habló con Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, quien señaló que el desempeño económico del periodo analizado se caracterizó por ser limitado y dispar. De acuerdo con el especialista, la evolución de los indicadores contra el año 2023 muestra un panorama donde la recuperación no fue transversal a todos los sectores de la economía nacional.

Al analizar la dinámica de la actividad, Carrera explica que el crecimiento registrado respecto a los primeros nueve meses de 2023 fue “magro” y presentó una marcada heterogeneidad. El economista sostiene que, exceptuando al sector agropecuario —cuya mejora responde principalmente a la comparación contra un periodo de sequía extrema—, el resto de la economía no ha mostrado una expansión significativa que permita la creación de nuevas compañías.

“Magro en el sentido de que casi no creciste contra los primeros nueve meses del 2023, salvo el agro, que se recuperó post sequía”, indica Carrera. Al desglosar los componentes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) o el Producto Bruto Interno (PBI) no agropecuario, el analista observa que, si bien sectores como energía, intermediación financiera, hoteles y restaurantes registraron ciertos avances, esto no se tradujo necesariamente en el fortalecimiento del ecosistema empresarial formal.

En este sentido, el especialista de Equilibra advirtió sobre una aparente contradicción entre el crecimiento de ciertos sectores estratégicos y la capacidad de estos para sostener la cantidad de empresas y puestos de trabajo. Según Carrera, en rubros como energía e intermediación financiera se observa una destrucción de puestos de trabajo privados formales, fenómenos que “no están asociados a creación de empresas prácticamente”.

La excepción de Vaca Muerta y el impacto regional

La excepción que confirma la regla en este mapa de caída generalizada es Neuquén. El crecimiento del 1,8% en su universo de empresas y del 7% en el empleo formal encuentra su explicación en el desarrollo de los recursos energéticos. “Neuquén y la energía no convencional es la excepción con Vaca Muerta”, afirmó Carrera, diferenciando este fenómeno de lo que ocurre en otras jurisdicciones de la misma región.

La disparidad dentro de la Patagonia se hace evidente al contrastar el dinamismo de los hidrocarburos no convencionales con la situación del petróleo convencional. Mientras Neuquén logró cifras positivas, otras provincias vecinas sufrieron el impacto del declive de la actividad tradicional. Al respecto, el economista subrayó: “Se destruyeron puestos de trabajo en otras provincias de la Patagonia por el cierre de petróleo convencional”. Esta divergencia explica por qué el crecimiento, al ser tan localizado y sectorial, no logró revertir la tendencia negativa en el resto del territorio nacional.

La calidad del empleo y el avance de la informalidad

Otro de los puntos centrales del análisis de Carrera reside en la distinción entre actividad económica y estructura empresarial formal. El informe sugiere que la recuperación parcial de algunos sectores orientados al mercado interno, como hoteles y restaurantes, no está ligada a la conformación de nuevas unidades productivas, sino a modalidades laborales más precarias.

“Hay un empeoramiento de la calidad del empleo. Se están destruyendo actividades económicas de mayor calidad y se están remplazando por trabajos de peor calidad que no están asociados en empresas formales”, sostuvo el economista. Esta degradación del mercado laboral implica que, aunque exista movimiento económico, este se canaliza a través del trabajo cuentapropista o informal, el cual funciona muchas veces como un “complemento para ingresos laborales más endebles”, agregó.

Los sectores más golpeados

En la vereda opuesta al crecimiento de la informalidad se encuentra el sector asalariado privado formal, que es el que Carrera identifica directamente con la existencia de empresas constituidas. Es en este segmento donde se registra la mayor destrucción de puestos y, consecuentemente, de unidades productivas.

El análisis de Equilibra identifica dos sectores clave como los principales responsables de esta caída: la industria y la construcción. Estas áreas, que históricamente han sido grandes generadoras de empleo registrado y de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), son las que presentan el panorama más sombrío.

Esta dinámica explica las fuertes caídas registradas en provincias con perfiles industriales o dependientes de la obra pública y el consumo interno. La sustitución de empleos en empresas formales por modalidades de trabajo independiente o no registrado termina por configurar un mapa donde la supervivencia de las compañías privadas es la excepción y no la regla.

Estados Unidos enfrentó en la última semana el mayor ritmo de incremento en los precios del petróleo desde 1983, lo que provocó un alza del 36% en los futuros del crudo de referencia y afectó de forma directa a consumidores, empresas e industrias a nivel nacional. Esta escalada ocurre en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que redujo el suministro energético global y ahora amenaza con elevar aún más los precios del diésel, la gasolina y el combustible para aviones.

El antecedente inmediato fue la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando los mercados de materias primas atravesaron una de las mayores disrupciones de la historia. En aquel momento, la administración Biden destinó meses a contener un caos que desbordó las cadenas de suministro energéticas internacionales y disparó los precios de combustibles.

Alex Jacquez, director de políticas de Groundwork Collaborative, afirmó en diálogo con The Wall Street Journal (WSJ) que los “efectos dominó derivados de esta perturbación en Europa del Este” tomaron por sorpresa a los responsables políticos y forzaron reacciones improvisadas ante el alza de los precios y la volatilidad.

Estados Unidos entró en la crisis actual con la producción petrolera en máximos históricos y el mercado global relativamente abastecido, apoyado por la producción de Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, remarcó el viernes que, si la situación se resuelve en el corto plazo, la economía estadounidense experimentará “una afectación menor” en comparación con las consecuencias estructurales enfrentadas por Asia y Europa, zonas más expuestas a la incertidumbre del suministro proveniente del Golfo Pérsico.

El impacto de la volatilidad y los precios sigue vigente desde 2022. En ese entonces, la disrupción llevó a respuestas empresariales y políticas que hoy se replican ante el nuevo escenario de incertidumbre energética.

La cadena global alterada tras el cierre del Estrecho de Ormuz

El enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán paralizó una de las principales rutas marítimas para la energía global: el Estrecho de Ormuz. Las amenazas y cierres en yacimientos y terminales energéticas redujeron al mínimo reciente las exportaciones a través de la franja de 32 kilómetros de ancho.

Organizaciones empresariales de referencia como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, inversores y operadores de buques cisterna observan cada giro del conflicto, mientras la volatilidad se extiende por los mercados.

El aumento de los precios ya alcanza sectores estratégicos. El precio promedio del diésel en Estados Unidos subió 51 centavos por galón en la última semana, mientras que la gasolina aumentó 32 centavos, según la consultora de precios de combustibles GasBuddy. El analista Patrick De Haan calculó que los estadounidenses gastan diariamente USD 122 millones más en gasolina que hace una semana.

El aumento afectó a transportistas como Heather Griffith, quien asumió un recorte del 5% en sus ingresos por cada recorrido de 800 kilómetros debido al aumento del costo del diésel.

El episodio más reciente comparable ocurrió en 2022, cuando el conflicto en Ucrania disparó una reacción de pánico en los mercados. Este año, los futuros del crudo estadounidense subieron un 58%. Esa volatilidad llevó a aerolíneas y grandes consumidores a buscar protección.

Rebecca Babin, operadora en la gestora privada de activos CIBC Private Wealth, sintetizó: “Cuando el mercado no logra un ritmo ni puede sostener una posición, es el momento en que se forma una úlcera”.

Futuros, reservas y riesgo de escasez: respuestas estratégicas en juego

Frente a la inestabilidad, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos autorizó este viernes la creación de un mecanismo de reaseguro por USD 20.000 millones para cubrir posibles pérdidas en el sector energético. A pesar de la medida, navieras y aseguradoras expresaron dudas sobre la rapidez y efectividad de estos seguros en el contexto de la escalada bélica.

El Departamento del Tesoro estadounidense permitió excepciones temporales para que India compre petróleo ruso en el mar y flexibilizó sanciones a filiales de Rosneft en Alemania.

Por su parte, Chris Wright indicó que no existen “planes de intervenir en el negocio del crudo”, pero no descartó otras acciones para enfrentar la volatilidad. Wright destacó la disponibilidad de reservas globales y consideró el último aumento como una reacción “exagerada” por la incertidumbre, aunque subrayó que solo “acciones concretas” podrán restablecer la confianza, según declaraciones recogidas por el diario económico estadounidense WSJ.

El presidente Donald Trump sugirió reactivar escoltas navales para buques comerciales en el Golfo, como ocurrió en la década de 1980 durante la guerra entre Irán e Irak. En tanto, el capitán retirado Jim McTigue precisó que la capacidad de Irán para desplegar armas crece, lo que incrementa el riesgo para el transporte marítimo y reduce el margen de respuesta de los transportistas.

Capacidad de respuesta del mercado estadounidense

Analistas coinciden en que, pese a la producción petrolera récord en Estados Unidos, existen límites para aumentar el bombeo de manera inmediata en la Cuenca Pérmica. Rob Wilson, director de operaciones de la firma especializada en energía East Daley Analytics, explicó que la saturación de los gasoductos y los acuerdos de exportación a largo plazo restringen el potencial de respuesta: “Si no puedes extraer gas, no puedes extraer crudo”, recalcó Wilson.

Mientras tanto, varias regiones estadounidenses mantienen la dependencia de importaciones de combustibles. Si persiste la interrupción del flujo de diésel y combustible para aviones desde Medio Oriente, las costas estadounidenses entrarán en competencia con Europa y Asia por el suministro, incrementando la presión sobre los inventarios nacionales.

Empresas de distribución energética como Global Partners informaron tras la reciente ola de frío en el noreste que “nadie llegó con inventario extra”. Además, los contratos a corto plazo mantienen precios más altos que los suministros futuros, lo que desincentiva la acumulación de reservas y eleva el riesgo de escasez si la guerra se prolonga.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos alcanzó esta semana USD 90,90 por barril, acercándose a los 100 dólares. El factor más impredecible, según el director de operaciones de Global Partners, Mark Romaine, es la duración del conflicto: “¿Cuánto durará esto?”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió sobre la posibilidad de que la guerra en Oriente Próximo provoque un aumento en la incertidumbre económica global y derive en subidas del precio del petróleo y el gas, efectos que podrían impactar significativamente sobre la economía española. En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez expuso el escenario actual señalando que la duración del conflicto, con potencial para volverse prolongado y con numerosas bajas, implica también posibles consecuencias graves en términos económicos para diferentes sectores de la sociedad.

Según publicó el medio citado, Sánchez precisó que el Ejecutivo español se encuentra evaluando distintos escenarios y el diseño de posibles medidas con el objetivo de proteger tanto a empresas como a trabajadores, autónomos y hogares en el país frente a los efectos económicos derivados del conflicto. El mandatario subrayó que el Gobierno prepara mecanismos de mitigación ante un eventual deterioro de las condiciones económicas causado por la crisis en Oriente Próximo.

De acuerdo con el reporte, el jefe del Ejecutivo defendió que España, gracias al dinamismo de su economía y la responsabilidad en la gestión fiscal reciente, cuenta en este momento con los recursos necesarios para enfrentar el desafío. Sánchez hizo hincapié en la existencia tanto de la capacidad económica como de la voluntad política para implementar nuevas acciones destinadas a amortiguar los efectos adversos sobre la economía española.

El medio detalló que, en su declaración institucional, Sánchez reiteró que estas eventuales medidas se impulsarían en coordinación con los agentes sociales, tal como ocurrió durante situaciones previas de emergencia, como la pandemia, la crisis energética y, más recientemente, la crisis arancelaria. El presidente argumentó que la colaboración con sindicatos, patronales y otros grupos sociales permitió entonces adoptar decisiones rápidamente y con mayor eficacia, lo cual, a su juicio, serviría de modelo ante el nuevo contexto generado por el conflicto en el exterior.

El mandatario puntualizó que no puede anticiparse con certeza el desenlace del conflicto ni el alcance final de sus consecuencias económicas. Sin embargo, alertó que la tendencia apunta al incremento de la volatilidad e incertidumbre, así como a una presión añadida sobre los precios de materias primas esenciales. Sánchez describió el riesgo de que los precios internacionales de la energía experimenten nuevas escaladas, con repercusiones directas sobre los costes de producción y el poder adquisitivo de los hogares y las empresas.

Durante su intervención, Sánchez mencionó también la importancia de mantener una actitud de preparación activa ante el avance de la situación internacional, recordando que la economía española logró superar impactos de anteriores crisis recientes mediante el uso de recursos públicos y la implicación de todos los actores sociales relevantes, según consignó la fuente.

Asimismo, el Ejecutivo señaló la posibilidad de que la actual crisis se prolongue y que, a diferencia de episodios anteriores, enfrente a la economía española a desafíos de mayor duración, por lo cual reforzó el mensaje de garantía sobre la disposición de mecanismos de respuesta estatal. Sánchez incidió en que el país cuenta con experiencia adquirida a partir de la gestión de crisis previas, y que este bagaje serviría para orientar la toma de decisiones ante un contexto internacional cada vez más complejo, según lo reportado por la misma fuente.

El presidente insistió en que el Gobierno seguirá atento a la evolución de los precios energéticos y a la repercusión que estos puedan tener tanto en el entorno doméstico como en la competitividad de las empresas españolas. Destacó, además, la apertura del Ejecutivo al diálogo y la búsqueda de consenso con los principales colectivos afectados.

Tal como remarcó el medio, Sánchez dejó claro que el Ejecutivo mantendrá el monitoreo constante de la situación y que la respuesta frente a las consecuencias derivadas del conflicto será proporcional a la magnitud y el carácter de los desafíos que surjan, siempre priorizando la protección de los sectores más vulnerables.

En medio de la actual crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó a sus clientes y proveedores -mediante una carta fechada el 2 de marzo- que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos. Si bien desde la empresa evitaron hacer comentarios y sólo atinaron a responder que “será un proceso largo”, es conocida la crisis que vienen atravesando la mayoría de las empresas de electrodomésticos, muchas de las cuales han avanzado en los últimos meses en fuertes ajustes de personal, suspensiones y cierre de plantas. Trascendieron, por ejemplo, los casos de Mabe y Electrolux recientemente.

Desde Peabody no explicaron los motivos de esta decisión (tampoco lo hicieron en la carta), pero el dueño de la empresa, Dante Choi, hace tiempo ya que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora está generando en la industria nacional. “En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había dicho Choi ya a fines de 2024, en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast.

Trascendió que el expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal del proceso es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

En la carta enviada a clientes y proveedores, la administración de Goldmund explicó que “la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

“Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros”, dice el texto.

Además, la empresa agrega que de ser necesario, se estará comunicando individualmente para “coordinar cualquier aspecto puntual”. “Agradecedemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta”. La carta está firmada directamente por Choi.

En la entrevista mencionada, el principal responsable de la compañía planteó la necesidad de condiciones estables para la producción nacional, remarcó los esfuerzos realizados para sostener la actividad, la importancia de preservar el empleo y la urgencia de encontrar soluciones para el sector.

El portfolio de Peabody

Peabody, la marca insignia de Goldmund, se consolidó como una de las referencias del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa desarrolló una red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos del país, y apostó por el desarrollo de productos con identidad argentina.

Inicialmente, Goldmund se dedicó a la importación y venta de heladeras tras la crisis argentina de 2001. En 2004 adquirió la marca Peabody y comenzó a desarrollar un catálogo más amplio de productos, incorporando pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

Desde 2010 la empresa inició la producción nacional de varios productos y más adelante consolidó sus operaciones con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Además, ha incursionado en exportaciones a países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y también hacia Europa y Estados Unidos.

La empresa produce en el país, especialmente líneas vinculadas a climatización y algunos productos de mayor volumen, y también importa. Una parte relevante de su portafolio —sobre todo pequeños electrodomésticos y ciertos modelos específicos— proviene del exterior, principalmente de Asia, bajo su marca. Pero aún con un esquema mixto, de producción e importación, la empresa no pudo sobrellevar la crisis y debió apelar a la figura del concurso preventivo para acomodar su situación financiera.

Choi llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un impacto inmediato en los mercados energéticos globales, con Asia identificada como la región que sufrirá las consecuencias más graves por su alta dependencia de las importaciones de petróleo y gas a través de esta vía.

La interrupción, confirmada por un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, se traduce no solo en una presión directa sobre los principales países asiáticos importadores de energía, sino también en una escalada de precios que ya sitúa al petróleo Brent casi un 10% por encima de su valor previo al inicio del conflicto, alcanzando los USD 80 por barril y proyectando posibles alzas por encima de USD 100 si la situación persiste.

Qatar, uno de los mayores productores mundiales de gas natural licuado (GNL), paralizó sus operaciones luego de que drones iraníes golpearan sus instalaciones en Ras Laffan y Mesaieed, agravando la crisis de suministro. Entre las consecuencias inmediatas, se estima que 20% de las exportaciones globales de GNL, principalmente de Qatar y transportadas por el estrecho, están en riesgo tras la ofensiva iraní reportada por medios de ese país.

Según cálculos de la consultora Kpler, en 2025 circularon por Hormuz 13 millones de barriles diarios de crudo, equivalente al 31% del comercio marítimo mundial de petróleo. Este volumen ilustra la magnitud del desafío energético que enfrentan países asiáticos cuya matriz depende del Golfo Pérsico. Analistas citados por Nomura advierten: “En Asia, Tailandia, India, Corea y Filipinas son los más vulnerables a un aumento del precio del petróleo, debido a su alta dependencia de importaciones, mientras que Malasia se beneficiaría relativamente porque es exportador de energía”.

Las consecuencias más graves recaen sobre el sur de Asia, con Pakistán y Bangladesh en máxima alerta ante la caída del GNL

En el sur de Asia, la situación es crítica para países cuya provisión de energía depende casi en exclusividad de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Según Kpler, “Qatar y los Emiratos representan el 99% de las importaciones de GNL de Pakistán, el 72% de las de Bangladesh y el 53% de las de India”. Estas naciones carecen de capacidad de almacenamiento o flexibilidad para buscar alternativas en el corto plazo.

Katayama, analista citado por los informes energéticos, detalló: “Pakistán y Bangladesh tienen una capacidad muy limitada para almacenar o cambiar de proveedor, así que una interrupción del flujo probablemente lleve a apagones inmediatos en el sector eléctrico más que a una disputa agresiva en los mercados al contado”.

La demanda insatisfecha es significativa. Bangladesh ya enfrenta una falta estructural de gas, con un déficit superior a los 1.300 millones de pies cúbicos diarios, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Para India, el impacto es doble: “Más de la mitad de sus importaciones de GNL están vinculadas al Golfo y una gran parte tiene precio referenciado al Brent, por lo que una suba en Hormuz aumentaría simultáneamente los costos del petróleo y del GNL. Eso genera un ‘shock’ físico y financiero a la vez”, señaló Katayama. Más allá del gas, alrededor del 60% del petróleo que importa India llega desde Medio Oriente, lo que amplifica el riesgo sobre el saldo de cuenta corriente del país.

China resiste con reservas, pero enfrenta la presión de competir por suministros alternativos

El bloqueo en Ormuz también afecta a China, el mayor importador mundial de crudo y que adquiere más del 80% del petróleo iraní, según cifras de Kpler. Unas circunstancias que ponen a prueba su seguridad energética.

De acuerdo a proyecciones de UBP, cerca del 40% del petróleo importado por China pasa por el estrecho de Ormuz, y aproximadamente el 30% de su GNL proviene de Qatar y Emiratos Árabes. Katayama aclaró: “China está expuesta materialmente, pero cuenta con mayor flexibilidad”.

Las existencias de GNL chinas registraron, a fines de febrero, 7,6 millones de toneladas, ofreciendo un margen de resguardo a corto plazo. Katayama agrega que si la interrupción se prolonga, “China tendría que competir por cargamentos del Atlántico, lo que apretaría la oferta en la cuenca del Pacífico y podría intensificar la puja de precios en toda Asia, aun si Beijing evita cortes totales”.

Según un análisis de Rystad Energy, el aumento en los cargamentos de crudo saudita y los reservorios estratégicos de petróleo de países como China podrían mitigar temporalmente el impacto. UBP sostiene que China, pese a ser el mayor importador neto de energía en la región, no es necesariamente el país más expuesto al shock de abastecimiento.

Japón y Corea del Sur: reservas ajustadas y alto impacto macroeconómico

La dependencia de Japón y Corea del Sur del petróleo del Golfo es marcada: el 75% y el 70% de sus importaciones, respectivamente, provienen de Medio Oriente, según UBP. En el caso del GNL, la exposición es menor (14% en Corea y 6% en Japón), pero la escasez no es el único riesgo. Lim, jefe de macro y FX para Asia-Pacífico en Convera, indicó: “Las economías con alta dependencia de importaciones de energía como Japón, Corea y Taiwán se exponen más a los shocks de suministro”.

Sus reservas no alcanzan para sostener una interrupción prolongada. Corea acumula 3,5 millones de toneladas de GNL y Japón 4,4 millones de toneladas, cifras que cubren solo entre dos y cuatro semanas de demanda estable, según Kpler.

El impacto económico directo también se refleja en la vulnerabilidad externa: los costos de importación de crudo en Corea representan el 2,7% de su PIB, y Nomura identificó al país entre los más vulnerables en cuanto a cuenta corriente.

Sudeste asiático: la inflación de costos será el primer efecto, con Tailandia como el país más expuesto

En el sudeste de Asia, el efecto inmediato no es la escasez, sino la inflación en el costo de la energía. Los países que dependen del suministro spot de GNL enfrentarán subas pronunciadas al tener que competir con Europa por cargamentos del Atlántico, explicó Katayama.

La situación de Tailandia es especialmente crítica: “Tiene el mayor nivel de importaciones netas de petróleo en Asia, equivalentes al 4,7% de su PIB, y cada salto del 10% en el valor del petróleo empeora la cuenta corriente en 0,5 puntos porcentuales”, concluyó Nomura.

La reacción coordinada de los principales países consumidores y la evolución de los precios determinarán en las próximas semanas el verdadero alcance de este nuevo episodio en la crisis energética global.

El último cambio de gobierno convirtió muchos aspectos del plano económico. El programa impulsado desde la asunción presidencial, basado en el superávit fiscal y la desregulación, alteró la estructura de la economía argentina.

Tras 24 meses de gestión, la propuesta de la “libertad” muestra resultados concretos: ciertos sectores lograron crecer con la apertura y la estabilidad cambiaria, mientras otros experimentaron caídas en el consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

En estos dos años, se observa con claridad quiénes se beneficiaron del nuevo esquema de mercado y quiénes absorbieron el costo del ajuste.

Los grandes ganadores

Un dato relevante para evaluar el desempeño sectorial es el relevado por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado mensualmente por el Indec. Según ese índice, cuatro sectores evidenciaron un crecimiento consistente durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei:

1. Agricultura lidera, con una suba del 40,9%. Este aumento quedó reflejado tanto en la producción como en las exportaciones.
2. Intermediación financiera, con un aumento del 18,7 por ciento.
3. Explotación de minas y canteras, con un crecimiento de 16% en el período.
4. Hoteles y restaurantes, con una recuperación del 13,2 por ciento.

Otros sectores también registraron mejoras, aunque en menor medida. Es el caso de las actividades inmobiliarias (3,3%), transporte y comunicaciones (2,8%), la enseñanza (1,7%) y electricidad, gas y agua (1 por ciento).

Los sectores que cayeron

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos.

La construcción fue la que peor desempeño tuvo, con una contracción del 13,9% entre 2023 y 2025. Este retroceso está vinculado con la reducción de la obra pública, lo que impactó sobre empresas constructoras que aún enfrentan dificultades para adaptarse.

También fue marcada la caída en pesca, con un descenso del 8,7%, y en la industria manufacturera, con una baja del 8,1%. En estos dos casos, la falta de recuperación después de fluctuaciones previas se explica por la dificultad de adecuarse al nuevo entorno económico.

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos

Completan la lista de retrocesos el comercio (3,6%), las “otras actividades de servicios comunitarios y sociales” (3,2%), la administración pública (1,8%) y los servicios sociales y de salud (0,4 por ciento).

El impacto en el mercado laboral

El plan económico actual no solo se refleja en las actividades económicas, sino también en el mercado laboral.

Se identifican tres tendencias principales: disminución del empleo asalariado formal, aumento del empleo no registrado y crecimiento del trabajo por cuenta propia.

Datos oficiales precisan que, entre el tercer trimestre de 2023 e igual período de 2025, la cantidad de trabajadores asalariados en blanco en el sector privado disminuyó 3,1%, lo que significó la pérdida de 235 mil puestos de trabajo, según el último informe de generación del ingreso del organismo estadístico Indec.

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil). Los demás descendieron, con la construcción nuevamente en el último lugar. Este sector recortó 88 mil puestos asalariados formales; es decir, una caída del 18,8 por ciento.

También descendió el empleo asalariado en el transporte (38 mil menos), la industria manufacturera (45 mil menos) y las actividades inmobiliarias (20 mil menos).

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil)

En el caso de la industria manufacturera, esto ocurre pese al crecimiento puntual del sector, debido a que la expansión se produjo principalmente por mejoras en productividad y automatización, que no requirieron aumentar la planta de trabajadores formales.

En contrapartida, el mercado informal avanzó 4,2% durante el mismo período, con 231 mil empleos en negro nuevos, principalmente en “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (85 mil), servicios sociales y de salud (68 mil) y “otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales” (49 mil más).

El trabajo por cuenta propia también creció. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, se sumaron 400 mil nuevos cuentapropistas, lo que representó un incremento del 7,2%. Lideraron la expansión hoteles y restaurantes (116 mil trabajadores adicionales), la industria manufacturera (93 mil) y otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (46 mil).

Los factores detrás de la transformación económica

Analistas y especialistas destacan que la desigual evolución de los sectores responde a la capacidad de cada uno para adaptarse a un mercado con mayor competencia y menos restricciones estatales.

Osvaldo Giordano, presidente del think tank Ieral de Fundación Mediterránea, comentó que la dispersión sectorial se explica desde el diseño del nuevo marco: “La estabilidad macroeconómica, la integración al mundo y la desregulación favorece la expansión de algunos sectores y agrega dificultades en otros”.

Para Daniel Garro, director de la consultora Value International Group, “el rendimiento desigual entre sectores radica en la productividad y eficiencia históricas. Buena parte de la industria se sostuvo gracias a subsidios sobre tasas de interés, energía y gas. Cuando eso se termina, si no tenés hechas bien las cuentas, sonaste”.

Garro destaca que el agro logró ser competitivo incluso en contextos adversos, debido al nivel de capitalización y eficiencia.

El economista Raúl Mercau aporta que el crecimiento de la agricultura se debe, en buena parte, a la comparación con un año extraordinariamente adverso: “La campaña 2022/23 fue dramáticamente menor por sequía histórica. El crecimiento del valor agregado agrícola que muestra el EMAE 2024-2025 se explica por comparar con un año base muy bajo y por la recuperación de la producción total, en particular de soja y trigo”. Durante la campaña 2024/25, la producción alcanzó hasta 143 millones de toneladas, impulsada especialmente por rendimientos récord de maíz como los 8,07 toneladas por hectárea.

El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés (Mercau)

En relación a la intermediación financiera, Mercau precisa: “El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés. En el período las tasas han sido altas y los spreads altos”. Además, cuenta que la metodología del EMAE y el efecto de los “impuestos netos de subsidios” inflaron parcialmente la recuperación del sector financiero y el PBI.

¿Por qué crece la informalidad?

Las modificaciones en el empleo registraron un patrón similar. El descenso del asalariado formal y el auge del cuentapropismo y la informalidad, según Giordano, obedecen a que “los sectores que más rápido se están adaptando al nuevo entorno se caracterizan por una baja intensidad en la generación de empleos. El aumento en la informalidad es la contrapartida del estancamiento en la cantidad de empleos formales”.

Garro, por su parte, argumenta que la rigidez normativa y los altos costos explican el avance del trabajo en negro: “Es muy costoso emplear a alguien en Argentina. El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad”. Agrega que el cuentapropismo representa, en muchos casos, el acceso alternativo al empleo formal ante la ausencia de reformas legislativas.

El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad (Garro)

Osvaldo Giordano agrega que la prolongada falta de creación de empleo asalariado privado registrado, que se extiende por más de una década, fuerza a muchos a buscar ingresos en formas de trabajo por cuenta propia e informalidad.

Perspectivas

De cara a los próximos dos años, los economistas consultados prevén resultados diferenciados entre sectores, de acuerdo a la eficiencia y la inserción internacional de cada uno.

Raúl Mercau observa que “se repetirá el crecimiento de los sectores que son creadores de empleo: minería, principalmente por incentivos fiscales como el RIGI. La industria y el comercio seguirán estancados, es parte del proceso de ajuste”. Ejemplifica que en otros países, como Perú, medidas similares demoraron años en reducir la inflación, con elevados costos sociales.

Osvaldo Giordano coincide en que las expectativas más sólidas recaen en los sectores más eficientes con buena presencia internacional, como el agro, hidrocarburos y minería. Destaca además que, de concretarse la eliminación de las retenciones al agro, el sector podría ampliar aún más su crecimiento.

“El aprovechamiento de nuevas oportunidades depende del avance en la mejora del entorno. Es muy importante que rápidamente se defina un régimen monetario y cambiario definitivo, similar al que adoptó Perú, y que se mantenga la velocidad en las reformas necesarias”, estima Giordano.

Garro, en tanto, sostiene que la inversión será el factor decisivo y no el consumo: “No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo”.

No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo (Garro)

En materia de empleo, Garro anticipa que la evolución dependerá del desarrollo de capacidades y de la creación de valor: plantea que los “puestos de trabajo” tradicionales tenderán a desaparecer, mientras que se generarán empleos de alto valor vinculados a nuevas tecnologías. “Hay profesionales como abogados o contadores que se van a quedar sin trabajo si no se reestructuran frente a la inteligencia artificial y la robótica”, advierte.

Hay una guerra desatada entre dos de las figuras de más peso en Bioceres, una de las joyas del mundo biotecnológico local, que prometía ser un unicornio y ahora está desmembrada y atravesando una fuerte crisis cuyo impacto y consecuencias aún no están del todo claros.

En el centro de la disputa, que presenta denuncias cruzadas y fuertes acusaciones económicas, se encuentran Federico Trucco, el histórico CEO y fundador de la empresa, y Juan Sartori, un millonario uruguayo, que fue senador y precandidato presidencial en su país, y se convirtió en accionista el año pasado.

En medio de un entramado societario complejo, con “varias Bioceres” que convivieron en un momento bajo el paraguas de la misma empresa holding, una novedad de los últimos días fue que una de ellas, Bioceres S.A., había pedido la quiebra.

Ayer por la noche, esa empresa quebrada emitió un comunicado detallando que llegó a una situación de “profundo deterioro económico y financiero” registrada al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, por la gestión del ex CEO, Federico Trucco. Desde la compañía, que hoy está en manos de Sartori, remarcaron que la presentación fue una medida “razonable e ineludible”. Así, se hizo evidente el fuerte conflicto que existe entre la administración actual y la anterior.

Desde la compañía aseguran que la firma, nacida en 2001 como un emprendimiento de productores agropecuarios que apostaron por la tecnología en el sector, y que llegó a convertirse en un ejemplo para startups que buscaban acceder al mercado de capitales, terminó bajo “un esquema de concentración absoluta de poder decisorio” en la figura de Trucco.

Guerra de comunicados

Según el comunicado, “los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170–180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre)”. En comparación, la pérdida del ejercicio anterior ascendía a $6.000 millones de pesos (alrededor de 130,3 millones de dólares).

La empresa quebrada detalló que el auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC), emitió un informe con abstención de opinión, destacando un patrimonio neto negativo de 156.526.180.076 pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) y la existencia de “incertidumbres significativas” respecto de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Bioceres S.A. afirma que esta cifra “es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo una conducción centralizada que asumió niveles de riesgo extraordinarios”.

En tal sentido, la compañía afirmó que durante los años en los que se tomaron las decisiones financieras que llevaron al deterioro patrimonial, “la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco”.

En concreto, el comunicado detalla que las acciones de Trucco tuvieron como consecuencia directa “la pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de 270.000 millones de pesos, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”.

Además, el documento difundido asevera que las operaciones más relevantes —incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento a cancelarse en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones con acreedores— “fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”.

BIOX es otra de las empresa del entramado societario: está en poder de Trucco, quien es su CEO, y cotiza en Wall Street.

Sobre el final del comunicado, Bioceres S.A. alegó que “la magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”.

Finalmente, la empresa informó que “ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”.

La respuesta de los fundadores

“No puede creer ese comunicado. Usan el logo de una empresa que mandaron a la quiebra”, resumió un allegado a Trucco en diálogo con Infobae.

El histórico CEO de Bioceres y actual CEO de Biox convocó a Sartori –que ya tenía vínculos con el negocio– como accionista, en momento de crisis, a mediados de 2025. Lo hizo ingresando al holding, Bioceres S.A., en el que había varias empresas. El uruguayo tomó el control, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores, de acuerdo a lo que manifiestan cerca del exdirectivo.

“Después quiso quedarse con Biox, la empresa que cotiza en Wall Street. Hizo una oferta hostil, pero no pudo sacar a Trucco. No aprobó la gestión de Trucco, quien fue a la Justicia este año. La Justicia le dio la razón y Sartori empezó a rematar acciones de BIOX a pérdida: perdió unos 20 millones de dólares. Vaciaron una sociedad”, relató una fuente cercana a Trucco.

En las últimas semanas, la acción cayó de USD 2 a 0,60 centavos. Cuando Sartorio entró al grupo como accionistas, en julio pasado, ese papel valía 7 dólares.

Según pudo saber este medio, el ejecutivo analiza iniciar acciones judiciales contra su histórica directora de legales, a la que acusa de haberse pasado al “bando de Sartori” y al propio empresario uruguayo.

Sartori hoy tiene Bioceres S.A. y Moolec, que es su controlante y que reportó un ahorro ante la SEC de USD 95 millones por mandar a la quiebra a la primera. El 25 de febrero Moolec informó a la SEC, el regulador bursátil de Wall Street, cambios en su Junta Directiva, a la que ingresó Daniel Core y de la que salieron Aimar Dimo y Gloria Montaron Estrada. Montaron Estrada estaría trabajando ahora directamente para Sartori, indicaron cerca de Trucco, y su salida del directorio sería una movida preventiva ante la posibilidad de implicancias legales futuras.

Antes de la difusión del último comunicado vinculado al accionista nacido en Uruguay, el ala fundadora de la empresa, vinculada a Federico Truco, hizo público un texto titulado “Otra vez, otro intento de extorsión: Grupo de directores y fundadores de Bioceres denuncian una nueva maniobra de presión” en el que cuestionaron el “nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”.

A propósito de la quiebra, los fundadores y directivos de la compañía original rechazaron “la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones” durante la última asamblea de accionistas. "Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”, argumentaron.

Además, alertaron que la presentación de insolvencia propuesta por Sartori intenta “torcer la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de uno de los directores, desnaturalizando el alcance de una resolución judicial vigente mediante acciones de presión societaria”. A la vez, acusaron al accionista de optar “por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”.

La crisis de Bioceres

La empresa santafesina fue durante años uno de los mayores referentes de la biotecnología agrícola en Argentina, llegando a alcanzar una valuación cercana a la de un unicornio y posicionándose como la esperanza local en el sector. Actualmente, sin embargo, su acción en Wall Street se encuentra por debajo de un dólar, en medio de una transformación profunda de su modelo de negocios y en un contexto económico adverso tanto a nivel nacional como internacional.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que opera en el Nasdaq, llegó a cotizar a 6,55 dólares por acción a principios de febrero de 2025. Doce meses después, y en medio de la guerra interna, sus acciones rondan los 0,56 dólares, lo que representa una caída de 91,5 por ciento. Esta situación la ubica en la categoría de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado estadounidense.

La crisis bursátil se reflejó también en la estructura local del grupo. A principios de 2026, Bioceres S.A.—la sociedad argentina con sede en Rosario, fundada en 2001 y origen de BIOX—solicitó la apertura de un concurso de acreedores por una deuda impaga de aproximadamente 39 millones de dólares.

El proceso se inició tras el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario marcado por el deterioro de los flujos de fondos y activos financieros de la compañía. Aunque en la actualidad Biox y Bioceres S.A. mantienen operaciones separadas, la sociedad argentina había sido controlante hasta la reestructuración societaria que tuvo lugar a mediados del año pasado. Durante su último año fiscal, la firma registró ingresos por USD 335,3 millones, una baja del 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor demanda local y la disminución de ventas de la tecnología HB4, semillas resistentes a la sequía.

El Ministerio Público atraviesa la peor crisis presupuestal de su historia, así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El fiscal alertó a la ciudadanía sobre la falta de fondos que podría generar que la Fiscalía quede inoperativa en abril.

En entrevista con RPP Noticias, Cotrina hizo un llamado al gobierno de José María Balcázar y al Ministerio de Economía y Finanzas para que autoricen el crédito adicional y así poder solventar los costos operativos.

Según indicó Cotrina, si el MEF no autoriza el desembolso del dinero, más de 4 mil asistentes se quedarían sin trabajo en marzo.

“Se nos ha comunicado, por el gerente general, que si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente, van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó.

El panorama se complicaría, pues además de los despidos, en abril ya no tendrían recursos para costear los sueldos de los fiscales. Este escenario se da en medio de la ola de inseguridad y el avance del crimen organizado que afronta el país.

“Estamos pasando por una crisis tan grave que se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a una ola de criminalidad que estamos pasando”, recordó.

Llamado de atención por los pedidos del fiscal de la Nación

En la parte final de su mensaje, Chávez Cotrina pidió a los miembros del Ejecutivo que atiendan los pedidos que viene realizando el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para obtener una partida presupuestal adicional.

El fiscal cuestionó que el Ejecutivo haga caso omiso a esta solicitud, precisamente en un contexto de violentos atentados que los fiscales deben atender diariamente.

“No es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales. Eso es sumamente importante que la población lo sepa”, expresó.

Cabe señalar que el problema presupuestal del Ministerio Público es una situación que se arrastra desde el gobierno de Dina Boluarte y que fue advertida anteriormente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Crisis presupuestal desde la era Espinoza

En septiembre de 2025, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que el Ejecutivo pretendía asignar al Ministerio Público un presupuesto menor al solicitado, pese a que previamente se habían realizado promesas públicas para otorgar mayores recursos a la institución. En ese momento, el pronunciamiento fue encabezado por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

Espinoza señaló que, aunque desde la Fiscalía se habían cumplido todos los trámites y pedidos formales ante el Poder Ejecutivo, no se concretó el compromiso de incrementar el presupuesto. “Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles”, alertó en ese entonces.

Para 2025, el Ministerio Público contó con una partida de 2.921 millones de soles. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto para 2026 contemplaba una asignación de 2.870 millones, es decir, 50 millones menos respecto al año anterior. La advertencia se dio en un contexto en el que la institución defendía la necesidad de mayores recursos para sostener su operatividad.

En los meses posteriores hubo cambios en la conducción del Ministerio Público y Delia Espinoza fue destituida. Actualmente, el fiscal de la Nación es Tomás Aladino Gálvez, quien formó parte de la Junta que suscribió aquel pronunciamiento.

Un operario con 32 años de antigüedad en la fábrica percibía, al momento del anuncio del cierre, un salario neto mensual de $1,7 millones. Si bien el monto se sitúa por encima del promedio de otras actividades industriales, los propios trabajadores denuncian que la cifra ocultaba una parálisis de más de un año en las negociaciones colectivas. Según el testimonio de Jorge Ayala, trabajador de la planta con tres décadas de servicio, el valor promedio que la fábrica pagaba por hora era de 6.800 pesos. “Hace 14 meses que no se aumentaban los salarios”, aseguró Ayala.

El impacto del congelamiento salarial

Este estancamiento de los haberes durante más de un año ocurrió en un periodo de alta inflación, lo que licuó el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario comenzó a resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados. “El salario cubre las cosas, pero como no teníamos aumento desde hacía 14 meses, se complicaba mucho. Algunos de mis compañeros estaban haciendo Uber para incrementar los ingresos”, relató el trabajador de Fate, durante una entrevista para Infobae en Vivo.

La degradación de los ingresos fue acompañada por una creciente incertidumbre laboral que se cristalizó el 26 de enero de 2026, cuando el personal inició su periodo de vacaciones. “Salimos de vacaciones pensando en que volvíamos a trabajar. Estando de vacaciones me llegó el anuncio por correo privado electrónico. Yo pensé: ‘Bueno, será una suspensión’, que quizás se podría prever, pero esta situación no se imaginaba”, explicó Ayala. La noticia del cierre definitivo llegó de manera abrupta, a pesar de que la producción venía registrando bajas sostenidas en los meses previos. “Para mí, como para muchos trabajadores, no quiero pasar a ser un muerto social. Quiero tener los recursos para vivir. El laburo ordena la vida”, manifestó Ayala.

Los antecedentes de una caída anunciada

El cierre de 2026 es el desenlace de una crisis estructural que la empresa arrastraba desde hacía años. La cronología de este declive muestra tres hitos fundamentales. El primero se remonta a marzo de 2019, cuando Fate solicitó su primer Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), argumentando una situación “gravísima” por la caída del consumo y las altas tasas de interés. En aquel entonces, la planta contaba con 2.000 trabajadores.

El segundo momento crítico ocurrió en julio de 2024. Tras la reducción de aranceles a la importación de neumáticos dispuesta por el Gobierno —que bajaron del 35% al 16%—, la empresa volvió a presentar un PPC. En mayo de ese año, Fate ya había despedido a 97 operarios, citando una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y una brecha de costos “insalvable” respecto a los productos extranjeros, particularmente los provenientes de China. La dirección de la firma señalaba entonces factores como la “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y elevada conflictividad gremial” como los principales obstáculos para la producción.

Finalmente, el tercer hito fue la clausura definitiva comunicada esta semana. Según fuentes allegadas a la empresa, el ingreso masivo de cubiertas importadas —que alcanzó récords de 860.000 unidades mensuales en 2025— terminó por desplazar a la fabricación nacional. La gerencia de Fate sostuvo que el costo de producir un neumático en Argentina se volvió significativamente superior al valor de los productos importados, lo que llevó a la liquidación de activos y al despido de la totalidad de la nómina.

Un futuro incierto para 920 familias

Tras el anuncio del cierre, la empresa aseguró que indemnizará a todo el personal conforme a la ley vigente. No obstante, el impacto social en la zona de San Fernando es profundo.

A pesar de la decisión del Directorio, los trabajadores mantienen la expectativa de una posible reapertura bajo otras condiciones o mediante la intervención política. “Estoy convencido de que Fate reabre con nosotros. Hoy, la exigencia es que tengo que hacer hasta lo último para recuperar mi puesto de trabajo. Yo quiero trabajar, al igual que mis 900 compañeros”, concluyó Ayala.

Por el momento, la planta permanece cerrada y el mercado local se encamina a ser abastecido íntegramente por productos importados, marcando el fin de la mayor fabricante de capitales nacionales en el sector del neumático.

"Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no teno ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas", dijo Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

A primera hora de este jueves, Balcázar expuso que va a iniciar una rueda de diálogo con los partidos políticos y los gremios para llegar a consensos y conseguir unas elecciones ordenadas "sin aspavientos ni malos entendidos" de que su gobierno puede interferir en la transparencia de los comicios.

También agregó que otra de sus prioridades es impulsar "leyes especiales que no se han dado hasta el momento" que considera "necesarias y fundamentales" para luchar contra el crimen organizado y poder así "pacificar el país", junto a las bancadas políticas y las iglesias católicas.

Sobre su futuro Consejo de Ministros, que tiene que nombrar en los próximos días, repitió que, tras una evaluación previa, no descarta que algunos continúen en el cargo, especialmente en la cartera de economía.

"No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen", señaló el abogado al añadir que aún no se ha puesto en contacto con líderes políticos.

Sostuvo que quiere mantener "las mejores relaciones con la prensa", y acto seguido acudió a Palacio de Gobierno, donde previsiblemente tendrá reuniones con distintos partidos de cara a formar su gobierno.

Balcázar fue el más votado en el pleno del Parlamento para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente se convirtió en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, que entró al Congreso junto al partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha. EFE

La vitivinicultura argentina atraviesa un período de crisis, pero algunas miradas optimistas hablan de un momento de inflexión, un punto de quiebre, que puede significar la recuperación en el corto o mediano plazo. Para entender qué está pasando exactamente, es necesario hacer un repaso de la situación general de la actividad vitivinícola en el país.

De acuerdo a las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita de vino se encuentra en el valor más bajo del que se tiene registro en Argentina. En detalle, en 2025 se consumieron 15,7 litros por persona, un número que representó una caída del 3,68% respecto al año anterior, cuando se midió una demanda de 16,3 litros per cápita. Estas cifras están muy lejos de los números que aparecían en el radar hace un par de décadas. En 2005, por ejemplo, la ingesta per cápita había sido de 29,2 litros.

En lo que respecta a las ventas, el INV informó que la comercialización acumulada entre enero y diciembre del año pasado reflejó una baja del 2,7% en comparación al 2024. Lo positivo es que aún en ese marco, las ventas de vino embotellado se mantuvieron prácticamente estables (cayeron apenas 0,1%). La baja general fue condicionada principalmente por el tetrabrik, cuyas ventas se desplomaron 6,2 por ciento. No es un dato menor, teniendo en cuenta que ese formato explica un tercio del mercado.

Fue peor el desempeño de la industria en el mercado de exportación. Los números difundidos por el INV muestran una contracción del 6,8% de las ventas al exterior en 2025. La diferenciación por formato indica que las exportaciones de vino fraccionado retrocedieron 4,6%, mientras que el vino a granel sufrió una dura baja del 13,6%. La excepción fue el mosto concentrado, que en 2025 logró una recuperación del 3,5% en el mercado de exportación. En términos de valor, en 2025 el sector despachó vinos por USD 661 millones, el valor más bajo desde 2009.

Menos superficie y productores

No solo las ventas confirman el mal momento de la vitivinicultura. Otros datos, que generalmente se analizan en períodos de largo plazo, confirman que la crisis no responde sólo a cuestiones coyunturales. De acuerdo a los datos públicos del INV, en 2024 (dato más reciente) había 199.946 hectáreas de vid en Argentina, distribuidas en 22.039 viñedos. Apenas diez años antes la superficie era de 226.388 hectáreas y había 25.482 viñedos.

La caída ha sido una constante en los últimos años. La baja de ventas, combinada con otros factores que condicionaron la rentabilidad del sector, obligaron a cientos de productores a abandonar parte de sus viñedos. Muchos optaron por abandonar la actividad.

Las oportunidades y desafíos para el sector

Los números no admiten discusión, pero hay una serie de factores a tener en cuenta que pueden cambiar la ecuación. Mario González, presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y Fabián Ruggeri, presidente entrante, hablaron con Infobae en la previa de la vendimia sobre el presente del sector. Si bien admitieron que para muchos actores de la industria la situación es crítica, aseguraron que hay mucho que se puede hacer para cambiar esta realidad.

Para González, la clave reside en la capacidad de mantener una visión que trascienda la urgencia del día a día. “La coyuntura de la actividad vitivinícola no está siendo la mejor. Desde Coviar seguimos desarrollando estrategias a largo plazo. Nos cuesta mucho a los argentinos tener esa mirada, pero es de destacar el trabajo interinstitucional que hacemos en ese sentido”, señaló el dirigente. En este marco, uno de los pilares de la gestión ha sido la caracterización de suelos en las diferentes provincias vitivinícolas, un proyecto que busca aportar “datos duros que muestran a la Argentina con una diversidad enorme con características distintivas”. Según González, esta información técnica “va a marcar la diferencia en las exportaciones y en futuras inversiones”.

La competitividad internacional también se vincula hoy con estándares globales de producción. Al respecto, el presidente saliente destacó el avance en materia de sostenibilidad: “Va a ser una barrera paraarancelaria muy fuerte si no avanzamos en el sello de la vitivinicultura sostenible”. En este sentido, mencionó la importancia del convenio con la Sociedad Rural Argentina (SRA) para integrar la calculadora de huella de producto con herramientas de proceso organizacional.

Por su parte, Ruggeri, quien asume la conducción del organismo, coincidió en que la institucionalidad de Coviar es el vehículo para que las mejoras alcancen a toda la industria. “Vamos a acompañar para que las autoridades puedan hacer los mejores acuerdos posibles. La Coviar va a estar acompañando desde lo técnico para dar toda la información del sector”, afirmó, haciendo referencia a las negociaciones internacionales pendientes, como el acuerdo con la Unión Europea.

Diversificación y la apuesta por el mosto

Ante la caída del consumo de vino, la diversificación de la producción de uva surge como una alternativa de equilibrio para la cadena. “Uno cuando habla de vinicultura se imagina el vino, pero el producto uva se deriva en un montón de aspectos. Puede ir para pasa de uva, uva en fresco, mosto y otros productos”, explicó González.

En este punto, ambos dirigentes subrayaron la necesidad de retomar la discusión sobre la Ley de Edulcoración con jugos naturales. La propuesta de ley para el uso de jugos naturales (mosto) como edulcorante, impulsada por provincias como San Juan y Mendoza, busca reemplazar los jarabes de alta fructosa en bebidas, promoviendo la producción frutícola local.

Para Ruggeri, este proyecto es vital tanto para la industria como para la salud pública: “Hemos trabajado todo 2025 para volver a poner sobre la mesa este tema. El proyecto va muy vinculado con la salud de las personas; el mundo va teniendo esa tendencia hacia lo saludable. Es el momento justo para volver con mucha fuerza entre todos”.

Ruggeri también desestimó las versiones que sugieren una reducción drástica de la superficie cultivada como salida a la crisis. “La erradicación nunca fue una alternativa real. ¿De dónde sacaron que hay que erradicar 70 mil hectáreas? Son números tirados al aire”, cuestionó. Según su visión, la demanda de uvas blancas y comunes podría incluso incrementarse: “Con la buena alternativa que vamos a tener con el tema del mosto y la posibilidad de hacer exportaciones a granel de vino blanco, es probable que nos empiecen a faltar uvas”.

Rentabilidad, precios y el rol del sector financiero

Uno de los puntos más críticos para la vitivinicultura es la situación financiera de los productores y las bodegas. Mario González analizó el comportamiento de los precios en las góndolas y su impacto en el consumo: “La industria se fue ajustando a valores que realmente han sido muy bajos, lo que permitió que la caída del consumo no fuera tan fuerte como en otros productos. Lo malo es que hubo baja rentabilidad y en algunos casos fue negativa”.

Para revertir este escenario, el sector demanda cambios profundos en el acceso al crédito. “Hace 30 años que no hay créditos accesibles para la actividad”, sentenció González, remarcando que el sector primario es el que más sufre la falta de rentabilidad.

Fabián Ruggeri reforzó este pedido de financiamiento diferencial, argumentando que los procesos de mejora técnica no son inmediatos. “Si necesitamos hacer reconversión, necesitamos tiempo. No pensamos en menos de diez años. La eficiencia hídrica y energética debe ser vital y requiere de inversiones”, explicó. Para el presidente entrante, la incorporación de tecnología es indispensable para sostener la calidad, pero advirtió que “el sector financiero debe estar a disposición”.

Nuevos hábitos de consumo

Pese a la lentitud histórica que se le atribuye a la viticultura para implementar cambios, Ruggeri destacó la agilidad con la que el sector ha respondido recientemente a las nuevas demandas del mercado. “En este año en particular migramos rápido hacia vinos más suaves, más dulces, de menos alcohol. Algo de vinos sin alcohol. Se ha hecho a una velocidad inédita para la industria”, observó.

Finalmente, ambos referentes buscaron disipar versiones de conflictos internos dentro de la actividad. “No hay una pelea con Bodegas de Argentina. Son intereses diferentes”, aclaró Ruggeri. González, en la misma línea, concluyó: “Muchas veces se planteó una institución contra otra y es mezclar peras con manzanas. En lo particular se hizo mucho esfuerzo para tratar de trabajar todos juntos y hemos logrado algunas acciones interesantes. Simplemente hay que dedicarle tiempo a construir”.

El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

2019: alerta bajo el Procedimiento Preventivo de Crisis

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

2024: pérdida de competitividad y segundo PPC

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

2026: cierre definitivo

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.

La deuda total acumulada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ya supera los 18 mil millones de lempiras, mantiene al sistema sanitario en una etapa crítica, provocando la suspensión de cirugías electivas y extendiendo los tiempos de espera para miles de afiliados que requieren atención especializada.

Este déficit, alimentado en gran medida por la falta de aportaciones tanto del Estado como de empresas privadas, amenaza con colapsar la prestación de servicios médicos y obliga a la institución a reorganizar sus recursos mientras la presión de la demanda no cede.

Desde la perspectiva del dirigente gremial Carlos Rueda, la gravedad de la crisis se traduce en un deterioro de la operatividad diaria del IHSS. La suspensión de intervenciones programadas ha dejado a miles de pacientes con diagnósticos quirúrgicos a la espera por seis a ocho meses, mientras solo se realizan procedimientos de emergencia como cesáreas y apendicitis.

La falta de insumos médicos, especialmente en el área quirúrgica, limita la respuesta hospitalaria y agrava la mora en salud, según detalló Rueda, quien remarcó que “la institución intenta reorganizar sus recursos para cubrir los casos más urgentes”.

La deuda del sector público y privado es la principal causa de este colapso financiero. Según Rueda, el Estado hondureño debe más de 12 mil millones de lempiras, acumulados en los últimos quince años. A esto se suma la mora privada, que supera los seis mil millones.

Mientras tanto, los trabajadores afiliados cumplen con sus contribuciones, deducidas directamente de sus salarios, pero los empleadores no transfieren siempre la totalidad al IHSS. Este incumplimiento crónico ha privado al Seguro Social de recursos fundamentales para insumos, medicamentos y funcionamiento cotidiano.

Medidas urgentes y exigencias al nuevo liderazgo

El nombramiento de un nuevo director ejecutivo se traduce en expectativas de respuestas inmediatas. Rueda, vocero del gremio médico, enfatizó la necesidad de “implementar medidas orientadas a recuperar la mora acumulada y a sanear las finanzas de la institución” como condición para restablecer todos los servicios de salud. De su gestión depende la recuperación de los fondos pendientes y la garantía de atención médica regular para los derechohabientes.

Desde el sector privado, Luis Larach, representante empresarial, definió la situación del IHSS como prioritaria para la estabilidad laboral del país. Expuso que, aunque el gobierno ha enfocado esfuerzos en la salud, persisten problemas estructurales como politización, corrupción y gestión ineficiente. Larach consideró que “la institución debe ser gestionada bajo criterios técnicos y meritocráticos”, exigiendo administradores con formación especializada, continuidad en sus cargos y planificación estratégica para definir el rumbo institucional.

Larach también alertó que la mora en salud del IHSS podría ser igual o mayor que la del sistema público, debido al atraso en la modernización tecnológica y la falta de planificación administrativa. “La gestión manual de expedientes y citas médicas puede ocasionar la pérdida de turnos y prolongar la programación de procedimientos,” explicó, resaltando que ese rezago tecnológico suma dificultades a una estructura ya golpeada por el déficit financiero.

La combinación de escasez de recursos y procesos administrativos manuales ha desencadenado una experiencia negativa para los asegurados, quienes dependen de la entidad para recibir cirugías, tratamientos y medicamentos. La suspensión de procedimientos electivos y la ampliación de los tiempos de espera representan obstáculos para quienes necesitan atención especializada de manera oportuna.

Mientras tanto, la presión sobre el IHSS por la demanda creciente se incrementa en un contexto de recursos limitados y problemas estructurales no resueltos. Sin la recuperación de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones patronales, la capacidad operativa de la institución permanece restringida, generando incertidumbre entre los derechohabientes y exigiendo medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema.

De acuerdo con las estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria registró un crecimiento del 2% en diciembre respecto de noviembre, mientras que frente al mismo mes del año anterior presentó una baja del 3,5 por ciento. Los datos surgen de mediciones propias elaboradas a partir del consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Desde la entidad señalaron que “los primeros datos disponibles de diciembre indican una suba respecto al mes anterior”, aunque aclararon que el resultado intermensual estuvo influenciado, en parte, por un bajo nivel de comparación debido a los feriados de noviembre. En ese marco, la UIA remarcó que, pese al repunte mensual, el nivel de actividad industrial continúa mostrando señales de estancamiento cuando se lo observa en un período más amplio.

Los sectores que impulsaron el repunte mensual

En el informe, la UIA precisó que el crecimiento del 2% mensual se produjo en un contexto en el que varios indicadores sectoriales mostraron variaciones positivas. Entre ellos, se destacó la producción vinculada a la construcción, que presentó una suba mensual luego de la caída registrada en noviembre. En particular, los despachos de cemento aumentaron 7,4% respecto del mes anterior, mientras que el Índice Construya avanzó 3,2 por ciento.

Sin embargo, la UIA advirtió que, a pesar de esta recuperación mensual, la construcción continúa siendo uno de los sectores más afectados en términos de nivel productivo. Según el relevamiento, el sector mantiene bajas superiores al 20% en comparación con los niveles de 2022, lo que refleja una contracción persistente más allá de los movimientos de corto plazo.

Otro de los rubros que mostró una mejora en diciembre fue el automotriz. La producción de vehículos registró un incremento del 12% mensual, luego de un desempeño más bajo en noviembre, explicado en parte por la menor cantidad de días hábiles. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4%, mientras que el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 4,2%, un indicador que suele utilizarse como referencia del nivel de actividad fabril.

Exportaciones y desempeño dispar entre rubros

En cuanto al sector externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una suba del 2,2% respecto del mes previo. De esta manera, el año cerró con USD 12.941 millones exportados hacia el principal socio comercial de la Argentina, lo que implicó una caída del 4,7% en relación con 2024.

No todos los sectores acompañaron el repunte mensual. Según el informe de la UIA, la metalmecánica presentó una leve baja de 1,3% respecto de noviembre.

En el balance general, la UIA subrayó que, más allá de la suba mensual registrada en diciembre, el nivel acumulado de la actividad industrial se mantiene sin cambios relevantes. “Con estos datos, junto con las estimaciones propias, el nivel acumulado de la actividad industrial aún se encuentra estancado”, indicaron desde la entidad. En ese sentido, precisaron que la industria se ubica en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y alrededor de un 9% por debajo de 2022.

Un cierre de año con señales ambiguas

La caída interanual del 3,5% en diciembre refleja, según el análisis de la UIA, las dificultades que aún persisten en distintos segmentos del entramado industrial. El informe remarcó que el desempeño negativo interanual convive con dinámicas sectoriales muy diversas, donde algunas ramas muestran signos de recuperación parcial, mientras que otras continúan afectadas por la menor demanda.

Al observar los indicadores de producción relevados por la entidad, se destacan contrastes marcados entre sectores. Mientras que algunos rubros lograron recomponer parcialmente su nivel de actividad en la comparación mensual, otros permanecen con variaciones negativas tanto en términos interanuales como frente a años previos. En particular, la UIA señaló que varios sectores industriales continúan operando con niveles de producción inferiores a los registrados antes de 2023.

Desde la entidad también pusieron el foco en que el repunte mensual de diciembre debe ser analizado con cautela. Según indicaron, el efecto de los feriados de noviembre generó una base de comparación baja, lo que influyó en la magnitud del crecimiento intermensual observado. En ese marco, aclararon que el dato mensual no alcanza, por sí solo, para revertir la tendencia de debilidad que muestra la industria en el análisis de mediano plazo.

En relación con el cierre del año, la UIA destacó que la actividad industrial finalizó diciembre sin cambios significativos en el nivel general acumulado. Si bien algunos sectores lograron mejoras puntuales, el desempeño agregado mostró una evolución contenida, con diferencias marcadas entre ramas productivas y sin una recuperación generalizada.

“El nivel de actividad industrial se encuentra en valores similares a los del cuarto trimestre de 2024”, señalaron desde la entidad, al tiempo que reiteraron que, en la comparación con 2022, la industria todavía se ubica aproximadamente un 9% por debajo. De esta manera, el cierre de diciembre dejó un escenario ambiguo para la industria: una mejora mensual impulsada por algunos sectores y una caída interanual que da cuenta de un nivel de actividad todavía debilitado, según el diagnóstico de la UIA.

El balance sectorial

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó su primera reunión de Junta Directiva del 2026. Los representantes de la entidad manifestaron su preocupación por el desempeño negativo de la actividad y remarcaron la importancia de que continúe la baja de tasas y se avance en una reforma que reduzca la presión fiscal al sector formal. Coincidieron en la importancia de generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales de forma de no perder tejido empresarial y PyME.

Las autoridades de la UIA analizaron además la agenda para la modernización laboral que se tratará esta semana en el Senado de la Nación. Coincidieron en la importancia de avanzar con la modernización del marco laboral como condición necesaria para la generación de empleo formal, luego de más de una década sin creación de nuevo empleo registrado. “Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo”, comentaron.

Rizobacter, una de las firmas del grupo empresario de biotecnología agrícola Bioceres, anunció un proceso de reestructuración de su deuda para mejorar el perfil y extender los plazos de sus compromisos financieros. La compañía que forma parte del holding, cuya acción se desmoronó en Wall Street, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que comenzó las negociaciones con los tenedores de una serie de sus Obligaciones Negociables (ONs), cuyo vencimiento está previsto para el 10 de febrero y alcanza un monto de 3,8 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes cercanas a la empresa a Infobae, “es el kick off de un proceso de reorganización de la deuda para estirar el plazo y mejorar el perfil”. Este movimiento replica la estrategia implementada previamente por San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs.

En los términos actuales de emisión, la compañía disponía de 30 días para negociar con los tenedores de los títulos y evitar, de esta manera, la cesación de pagos. El objetivo principal de la estrategia es modificar las condiciones originales, priorizando la extensión de los plazos y la adecuación a la capacidad de pago actual de la empresa.

“De cara al próximo vencimiento de la ON Serie VIII Clase B, previsto para el 10 de febrero de 2026, la compañía informó al mercado que los documentos de la emisión contemplan un período de gracia de 30 días“, señalaron desde Rizobacter.

En este contexto, la compañía intenta establecer un nuevo acuerdo con los bonistas a través de una petición de consentimiento, una herramienta frecuente para modificar fechas o términos de pago de la deuda corporativa. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado con información directa sobre la operación aseguraron a este medio que la negociación entre las partes se encuentra encaminada. El proceso busca aportar previsibilidad a las finanzas de la compañía en un contexto de fuerte caída bursátil de Bioceres.

El desplome bursátil de Bioceres

En efecto, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, registró un valor máximo de USD 6,55 por acción en febrero de 2025. Doce meses después, los papeles cotizan alrededor de USD 0,58, lo que representa una depreciación superior al 90 por ciento. Esta reducción la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Mientras tanto, la estructura local del holding evidenció problemas financieros. Bioceres S.A., la firma argentina con sede en Rosario que dio origen de BIOX, inició un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga que ronda los 39 millones de dólares.

El inicio de este proceso respondió al impago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un contexto marcado por una fuerte caída de los ingresos y activos financieros de la empresa. Aunque actualmente Biox y Bioceres S.A. no mantienen vínculo operativo directo, la segunda fue accionista principal de la primera hasta la reestructuración del grupo, realizada a mediados del año anterior.

La crisis también impactó en la filial tecnológica de la compañía en Estados Unidos. Recientemente trascendió que el control de ProFarm Group, empresa del grupo Bioceres Crop Solutions, pasó a manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares. La empresa informó que el procedimiento legal sigue en curso y bajo apelación, y destacó la diferencia entre el valor de ejecución (USD 15 millones) y los USD 243 millones que BIOX había abonado por la adquisición de esa firma en 2022, durante un contexto favorable para el sector agrícola.

Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, informó que las inspecciones detectaron la ausencia de más de 70 medicamentos esenciales en almacenes y farmacias hospitalarias, varios indispensables para la atención de emergencias. “Hay medicamentos claves que no están disponibles cuando los pacientes los necesitan, lo cual pone en serio riesgo la atención oportuna”, señaló Luis Castillo Torrealba.

De acuerdo con el vocero, uno de los principales problemas identificados es la deficiente programación del abastecimiento. Se continúan solicitando fármacos de baja rotación mientras faltan insumos críticos, lo que afecta la atención médica y genera riesgo de pérdida o vencimiento de medicamentos no utilizados.

Castillo Torrealba alertó que los almacenes de hospitales como Suárez Angamos y Luis Negreiros no cuentan con certificación de buenas prácticas, lo cual compromete la adecuada conservación de medicamentos, insumos médicos y equipamiento quirúrgico. “Esto pone en riesgo no solo los tratamientos, sino también la seguridad de los pacientes”, remarcó.

La Contraloría evidenció también que la falta de medicamentos se agrava por la presencia de equipos médicos inoperativos y la ausencia de insumos de laboratorio, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. En hospitales como Sabogal, se detectaron más de 18 equipos de emergencia fuera de servicio, mientras que en otros establecimientos existen equipos disponibles, pero insuficientes para responder a una sobredemanda.

Un caso especialmente sensible es el de pacientes con hemofilia, quienes enfrentan la falta prolongada de factores coagulantes, medicamentos vitales para su supervivencia. Castillo Torrealba indicó que la Contraloría supervisa las compras de emergencia para este grupo, recordando que en procesos anteriores ya se habían detectado riesgos que obligaron a suspender adquisiciones.

“El problema no es solo conseguir medicamentos de emergencia, sino asegurar que el abastecimiento sea sostenible en el tiempo. Si no se corrigen los procesos de compra y programación, esta crisis se va a repetir”, advirtió el vocero.

La Contraloría precisó que su labor es técnica y preventiva, y que ha trasladado todas las observaciones a EsSalud y a las direcciones hospitalarias para la adopción de medidas correctivas. No obstante, Castillo Torrealba señaló que muchas de las recomendaciones emitidas desde noviembre pasado no han sido atendidas, lo que ha motivado un seguimiento más exhaustivo.

Finalmente, instó a las autoridades de los establecimientos de salud a asumir su responsabilidad en la gestión de recursos. “No basta con cambiar personas; es indispensable que existan procesos claros y adecuados para la compra y distribución de medicamentos. El objetivo es poner al ciudadano en el centro y garantizar una atención de salud continua y de calidad”, concluyó Luis Castillo Torrealba.

Esta problemática no se limita a Lima, donde se concentran los hospitales de mayor complejidad y a los que llegan familias de diversas regiones del país, sino que se replica en hospitales de provincias, agravando la situación de miles de asegurados que han contribuido durante toda su vida laboral al sistema.

Situación del hospital Rebagliati

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, tres madres de familia denunciaron en Latina Noticias la falta de medicamentos esenciales para tratar a sus hijos, situación que se prolonga desde hace al menos 15 días.

Algunas de estas madres llegaron desde provincias con la esperanza de conseguir el fármaco, pero se encontraron con la respuesta de que no había abastecimiento. Una de ellas es Yolanda, proveniente de Huaraz, quien denunció que no encontró el medicamento que contiene una hormona de crecimiento indispensable para el tratamiento de su hijo.

Según relató, el martes recibió un mensaje vía WhatsApp indicando que el medicamento ya estaba disponible. Sin embargo, al llegar este miércoles en horas de la mañana a Lima, se le informó que el fármaco nuevamente se había agotado.

“Debido a la falta del medicamento se estanca el tratamiento y luego los médicos nos preguntan por qué no cumplimos. EsSalud me dice que me van a volver a avisar, pero ¿qué hago si me regreso a mi tierra y en el camino me avisan que ya hay? EsSalud no me paga el pasaje ni los gastos en Lima. ¿Cómo voy a estar gastando en pasajes, alimentación y alojamiento a cada rato?”, cuestionó.

Mientras se recogían este y otros descargos, personal administrativo del hospital salió a informar que el medicamento finalmente había llegado y que las madres podían pasar a recogerlo. No obstante, las aseguradas advirtieron que esta situación ocurre de manera frecuente, lo que provoca gastos adicionales, interrumpe la continuidad de los tratamientos y causa desgaste emocional y físico tanto en los pacientes como en sus familiares.

Situación en hospital Guillermo Almenara

La crisis también golpea al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, donde pacientes oncológicos denunciaron un grave desabastecimiento de medicamentos para quimioterapia y tratamientos hormonales, además de la inoperatividad de los tomógrafos, lo que impide diagnósticos oportunos y calidad de vida para muchos que enfrentan estas difíciles enfermedades.

Familiares relataron que algunos tratamientos han quedado paralizados porque no se pueden realizar tomografías necesarias para aprobar la compra de los fármacos, y que pacientes deben esperar semanas o meses sin medicación.

“Estoy indignada y triste. Uno aporta toda su vida y cuando necesita el medicamento no hay”, expresó una familiar de una paciente con cáncer de mama.

Situación en hospital Sabogal

En el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, la situación es especialmente crítica para los adultos mayores. Testimonios recogidos por Latina Noticias dan cuenta de largas madrugadas en las puertas del hospital, teléfonos que no contestan y citas que nunca se programan.

La señora Evelyn, de 78 años, llegó desde Comas cerca de las 5 de la mañana buscando una cita en oftalmología. Desde diciembre espera que le lean los resultados de exámenes realizados, pero le informaron que no hay programación.

“Yo no vivo a la vuelta de la esquina. No veo bien. Este celular que me dan es una burla”, reclamó, al señalar que el número telefónico entregado por el hospital permanece fuera de servicio.

La asegurada también relató que tuvo que esperar desde julio hasta diciembre para una resonancia magnética, la cual finalmente se realizó en una clínica particular. Además, denunció que los tomógrafos del hospital están malogrados y que los pacientes son derivados a otros centros o a clínicas privadas, con costos que muchos no pueden asumir.

A esto se suma la falta de medicamentos esenciales, como la insulina, que varios asegurados han tenido que comprar por su cuenta. Evelyn afirmó gastar 85 soles cada diez días en medicación que debería recibir por EsSalud.

Otro testimonio es el de Julio Ramos Garcés, de 77 años, quien indicó que en el último mes seis de diez medicamentos de su receta no estaban disponibles, obligándolo a comprarlos pese a ser jubilado y padecer múltiples enfermedades crónicas.

Todo ello ocurre mientras la Contraloría General de la República intervino el hospital Sabogal para verificar irregularidades en compras y almacenamiento de insumos, tras detectarse la falta de más de 30 medicamentos, un tomógrafo inoperativo por meses y gastos administrativos por más de 150 mil soles en remodelaciones de oficinas.

Crisis en provincias: Hospital Víctor Lazarte

La problemática se extiende también a regiones. En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en La Libertad, el cuerpo médico solicitó que el establecimiento sea declarado en emergencia, ante la falta de medicamentos, insumos y equipos médicos.

Según el presidente del cuerpo médico, Ever Castillo, hay al menos 30 medicamentos e insumos agotados, lo que condiciona cirugías y atenciones de emergencia. Los pacientes se ven obligados a comprar anestésicos, catéteres y otros materiales.

El hospital lleva más de un año sin tomógrafo, cuenta con un solo equipo de rayos X operativo y carece de resonador, monitores, camas y reactivos para exámenes, afectando incluso áreas críticas como UCI y oftalmología.

Los médicos responsabilizan a la Gerencia Regional de EsSalud y advierten que el bajo presupuesto y su lenta ejecución ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Crisis en EsSalud lleva varios años

Los testimonios recientes de asegurados en Lima y regiones confirman que la crisis en EsSalud no es nueva ni circunstancial, sino un problema estructural que se ha repetido a lo largo de 2024, 2025 y años anteriores. Demoras de varios meses para acceder a citas médicas, desabastecimiento crónico de medicamentos, equipos inoperativos y maltrato al usuario han sido denunciados de manera constante por pacientes.

Muchos asegurados, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o graves, han llegado incluso a abandonar tratamientos o resignarse a vivir con la enfermedad, ante la imposibilidad de obtener atención oportuna. Esta situación se repite tanto en hospitales de Lima —que reciben pacientes de todo el país— como en establecimientos de regiones, evidenciando que el colapso de EsSalud es nacional, persistente y no resuelto, pese a tratarse de un seguro contributivo obligatorio.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 2 de febrero de 2026 un decreto que instituye un estado de emergencia sanitaria en el sistema de salud pública, vigente hasta febrero de 2027 y con posibilidad de prórroga, con el propósito de afrontar la crisis estructural que atraviesa el sector.

Mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, el Estado dispone de instrumentos legales para ejecutar acciones urgentes orientadas a superar las deficiencias identificadas en los servicios sanitarios.

Según la normativa, si la situación no mejora, la emergencia podrá extenderse a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificación del Legislativo.

Entre las disposiciones más relevantes del decreto se encuentra la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, ejecute estrategias con mayor celeridad y bajo esquemas contractuales extraordinarios.

Conforme al articulado, estos mecanismos deben estar sujetos a auditoría y sistemas de control. Todos los contratos celebrados por esta vía deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional, lo que implica una fiscalización constante sobre procesos de adquisición y contratación. A fin de garantizar el acceso público a la información, las compras extraordinarias deben publicarse en la plataforma oficial de HonduCompras, según estipula el texto del decreto.

La aplicación de la declaratoria supone la posibilidad de reducir la mora quirúrgica mediante la subrogación de servicios quirúrgicos a hospitales privados o acuerdos con instituciones, así como la compra acelerada de medicamentos, equipos y suministros médicos indispensables.

La infraestructura hospitalaria podrá recibir mantenimiento e iniciativas de actualización mediante un modelo operativo que prioriza la rapidez, sin obviar los controles y auditorías formales.

El Ejecutivo también queda facultado para suscribir fideicomisos financieros con bancos nacionales por hasta un año, dirigidos a la obtención de recursos necesarios para reducir listas de espera, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento adecuado de los centros asistenciales. Todos estos fideicomisos están sujetos tanto a auditorías internas como externas.

La crisis del sistema sanitario hondureño motivó la declaración de emergencia.

Entre los factores destacados figuran la existencia de decenas de miles de pacientes en espera de procedimientos quirúrgicos, reportada por distintos sectores; la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos; y las condiciones deficientes de infraestructura y atención en la red pública de servicios de salud.

El Congreso nacional reconoció que estas circunstancias impiden una atención integral a la población, lo que justificó la adopción de medidas legales excepcionales.

Para la aplicación efectiva de las acciones previstas, la normativa establece que el reglamento correspondiente se redacte en un plazo de 30 días tras la publicación de la ley, garantizando la inclusión de diversos actores del sector sanitario.

Entre los gremios y organizaciones que participarán en la elaboración del reglamento se encuentran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Colegio Médico de Honduras, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Afines de Honduras (Sitramedhys). La participación de estos sectores asegura la incorporación de criterios técnicos y profesionales en la implementación de la ley.

La emergencia faculta la contratación directa de médicos, enfermeras y personal administrativo, además de la compra de bienes y servicios requeridos para enfrentar la contingencia, mediante procedimientos simplificados y con la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos, privados y no gubernamentales.

La ley fue aprobada tras un debate en el que varias bancadas parlamentarias respaldaron la iniciativa. Según medios hondureños, la votación superó los 90 votos afirmativos, luego de una discusión en la que el énfasis estuvo puesto en la urgencia de atender la crisis sanitaria. El Partido Libertad y Refundación (Libre) optó por abstenerse o mostrar desacuerdo respecto a ciertos puntos, sin impedir la aprobación final. Los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana manifestaron apoyo al instrumento legal.

El proceso legislativo incluyó un receso solicitado por distintos grupos parlamentarios para revisar el dictamen. Posteriormente, la sesión se reanudó para concretar la aprobación, formalizando así un marco legal que permite respuestas excepcionales a los problemas estructurales del sistema público de salud en Honduras.

Caracas, 29 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves conversaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen "las restricciones en el espacio aéreo comercial" del país suramericano, operativas desde el pasado noviembre, y expresó: "Vengan todas las aerolíneas que tengan que venir".

Al término de una movilización chavista, Rodríguez dijo haber recibido este jueves una llamada de Trump y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante la que abordaron "la agenda de trabajo" entre ambas naciones, que evalúan reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y aseguró que están "dando pasos importantes".

"Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas la aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir", expresó la mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en el país suramericano por parte de EE.UU.

Trump anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela "se abrirán muy pronto" y ordenó, tras una conversación con Rodríguez, que el proceso comience hoy mismo.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que había dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela".

El pasado noviembre, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Entonces, Venezuela vivió una crisis de su conectividad aérea, después de la cancelación de numerosos vuelos de aerolíneas internacionales, de la que aún se recupera la nación petrolera.

El 4 de enero, un día después de la detención de Maduro y su esposa, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019.

Este jueves, tras anuncio de Trump, American Airlines informó que está "lista" para reanudar las rutas comerciales entre ambos países.

Tras el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de un arancel del 30% para los productos colombianos como consecuencia de la falta de ayuda a su país por parte de la nación cafetera para combatir el narcotráfico, comenzó una crisis diplomática que es tendencia en la región.

Como respuesta directa, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció que se suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las seis de la tarde del 22 de enero por orden del presidente Gustavo Petro.

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Debido a que no ha existido ningún tipo de diálogo entre voceros de Colombia y Ecuador, y que el ministro de Defensa cafetero ha rechazado las afirmaciones del presidente del vecino país, diferentes expertos se han pronunciado para afirmar qué país queda peor parado en medio de la crisis.

Colombia y Ecuador afrontarán varios retos si se mantienen las diferencias

En diálogo con Infobae Colombia, la experta en desarrollo internacional y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano July Villalba habló sobre los retos que tendrá cada país si se mantienen las diferencias actuales.

En primer lugar, analizó el anuncio realizado por Noboa, lo que calificó como una estrategia política que se salió de las manos, puesto que, en su concepto, lo que se buscaba era presionar a Colombia.

“La imposición de aranceles por parte de Ecuador a productos provenientes de Colombia es una estrategia política más y que es recurrente entre ambos países. Habitualmente, se justifica como mecanismo para presionar las operaciones militares en la frontera y reducir el tráfico de minería de oro y contrabando que se origina y fortalece en el territorio colombiano”.

Para Villalba, el trasfondo de los aranceles es la necesidad que tienen en Ecuador de mejorar su industria interna, que en varios sectores se ve superada por la colombiana.

“Detrás de estas imposiciones también se denota por parte del Gobierno ecuatoriano el querer aplicar medidas proteccionistas debido a la baja productividad de las industrias nacionales, que enfrentan una fuerte competencia de bienes importados de Colombia”.

A nivel político, cuestionó la forma con la que la administración de Daniel Noboa ha afrontado los retos en su mandato, recordando que no es la primera vez que toma este tipo de decisiones.

“En algunos casos, los aranceles también se han aplicado como respuesta a desequilibrios en la balanza comercial o a presiones económicas internas que el Gobierno de Noboa no ha podido contrarrestar”.

Más allá de la afectación directa que tendrán algunas empresas en Colombia, para la experta, el reto más importante de esta crisis está en las comunicaciones en el corto plazo que tendrán que tener los dos países.

“La aplicación de aranceles por parte de Ecuador afecta a los exportadores y reduce la competitividad de sus productos en el mercado ecuatoriano; además, viola los acuerdos establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, organización que vincula a estos dos países y que promueve el libre comercio”.

Por último, indicó que Colombia y Ecuador se necesitan para tener un crecimiento económico estable, aunque analizó que este tipo de situaciones ponen en evidencia las falencias que se tienen en la región a la hora de proteger la industria nacional.

“Pone de manifiesto el desafío de equilibrar la protección de las economías nacionales con los compromisos de integración regional. Si bien estas medidas pueden ofrecer alivio temporal a ciertos sectores productivos, también pueden afectar el comercio bilateral y el crecimiento económico a largo plazo. Por ello, el diálogo y la negociación suelen ser herramientas clave para resolver estas diferencias y fortalecer una relación comercial más estable y cooperativa”.

El ministro de Economía de Groenlandia, Múte Bourup Egede, destacó que la presión internacional está afectando el estado emocional y mental de la sociedad groenlandesa, en un momento en el que las negociaciones diplomáticas continúan y la incertidumbre geopolítica incrementa. Egede pidió a la población estar mentalmente preparada para situaciones de mayor tensión y no descartó que se enfrenten a más desafíos en los próximos días. Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa que compartió con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen, poco después de la llegada de un contingente militar danés a la isla, según detalló el semanario local Sermitsiaq.

En ese contexto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, explicó que aunque no se espera un ataque militar de Estados Unidos, el gobierno toma medidas de precaución recomendando a los habitantes estar preparados "para lo peor". Nielsen afirmó que la posibilidad de una intervención militar se considera remota, pero subrayó la importancia de la preparación ante cualquier escenario que pueda presentarse. De acuerdo con Sermitsiaq, ambas autoridades dirigieron mensajes enfocados en fortalecer la resiliencia de la población frente a la incertidumbre internacional.

Durante la misma comparecencia, el ministro Egede explicó que el miedo y la inquietud derivan de la presión constante proveniente de Estados Unidos, representada por el presidente Donald Trump, quien no ha modificado sus posturas respecto a la isla. Según recoge Sermitsiaq, Egede afirmó que "aunque no parece que se utilizará la fuerza militar, debemos prepararnos para todo, porque la nación que nos presiona no ha cambiado de opinión". El ministro insistió en la necesidad de asegurar la estabilidad y la seguridad interior, reforzando la idea de que Groenlandia debe estar lista ante cualquier eventualidad suscitada desde el exterior.

La llegada de tropas danesas ha sido interpretada como una medida precautoria en medio de una escalada de tensiones. Según informó Sermitsiaq, este despliegue responde a una necesidad de seguridad dentro de la isla y coincide con la intensificación del debate internacional sobre el futuro político y geoestratégico de Groenlandia. El gobierno groenlandés aclaró que la presencia militar danesa representa un esfuerzo de cooperación dentro del marco existente entre Dinamarca y Groenlandia, y no responde directamente a un inminente conflicto, aunque la situación sigue causando inquietud en la población local.

El escenario diplomático también continúa desarrollándose. El semanario Sermitsiaq consignó que Nielsen calificó como "un buen avance" las conversaciones orientadas a reforzar la cooperación militar estadounidense en el territorio, señalando que dichas pláticas se centran en cumplir con las demandas de seguridad citadas por Trump, las cuales han servido de argumento para la posible anexión futura de Groenlandia por parte de Washington. Estas negociaciones han ganado relevancia en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, donde se prevé que el presidente estadounidense aborde el tema con representantes de las distintas partes involucradas.

A pesar de las señales contradictorias que llegan desde Estados Unidos —donde no se ha descartado completamente la opción militar, pero tampoco se ha confirmado una intención de intervención—, las autoridades de Groenlandia reiteraron su compromiso con la vía diplomática y el diálogo directo con Washington. Según lo publicado por Sermitsiaq, el gobierno sostendrá su estrategia de agotar todas las opciones diplomáticas para preservar la estabilidad de la isla mientras se desarrollan las negociaciones multilaterales en Davos.

El contexto internacional, caracterizado por la presencia de altos funcionarios y líderes globales en el Foro Económico Mundial de Davos, proporciona una oportunidad clave para debatir el rumbo de Groenlandia en términos de seguridad y soberanía. La permanencia de la tensión ha llevado a las autoridades locales a reforzar su llamado a la unidad social y la preparación colectiva, mientras se mantienen atentos a las decisiones que se tomen en el ámbito internacional.

Sermitsiaq informó que las autoridades groenlandesas pusieron énfasis en la importancia de generar un clima de seguridad dentro de la sociedad y proteger los intereses nacionales. Aunque la probabilidad de un conflicto armado es considerada baja en las declaraciones oficiales, la necesidad de mantenerse vigilantes y coordinados ante presiones externas se fortalece en el discurso de los líderes políticos y figuras gubernamentales de la isla.

Sabrina fue consultada por su postura ante el tratamiento a la situación de su expareja. En ese sentido, fue sincera sobre el desgaste que le implica. “No, es que hace falta desintoxicarme porque de verdad yo me asqueo de mí. Digo, al tener dos programas en vivo, que es inevitable tocar el tema...”, reconoció.

La exposición constante no le da respiro y el ciclo de preguntas se repite. “Yo sé que lo que digo trae coletazo, pero si encima después de eso se hace la nota de… Uno tiene que hacerlo para estar agradecida, pero no se termina más”, agregó, admitiendo su cansancio frente a la insistencia de la prensa por obtener su opinión sobre el tema. Más adelante, intentó marcar una diferencia en esta nueva etapa profesional: “Yo ya estoy de este lado y lo estoy disfrutando”.

En la misma línea, explicó cómo vive el cruce entre lo personal y lo mediático. “Por ejemplo, recién me crucé a Nico Vázquez, digo, que hemos tratado mucho de su tema y lo hemos realizado con opinión. Después me lo cruzo y le tengo cariño. Yo no llevo y traigo info, yo solamente opino lo que la producción presenta”, ejemplificó

En otro tramo de la charla, Sabrina reconoció: “A veces, la opinión puede ser peor. Yo lo hago desde el sentido común con lo que sucedió con Luciano y Griselda. Yo opino con la verdad, que eso el tiempo lo demuestra. Luego, desde lo vivido, lo aprendido y lo que vemos todos. Sé que la mía, al estar involucrada, suena más fuerte que la de otros”.

En cuanto a la comparación con otras figuras femeninas del espectáculo y la reacción frente a la infidelidad, Sabrina fue contundente: “Hay que desdramatizarlo también. Viste que es todo un tema. Ayer veía una nota de Yanina Latorre cuando pasó lo de Diego, con la verdad que ella atraviesa eso y se hace cargo de lo que le pasó, no es algo que generó ella, pero lo atraviesa”.

En ese sentido, mencionó casos de mujeres que, desde su perspectiva, lograron empoderarse y asumir el dolor públicamente: “Después vemos otras mujeres, como Moria Casán con Ferrer Vázquez, que lo habían encontrado no sé dónde, o Griselda, que son mujeres más empoderadas, que les cuesta poder, poder decir: ‘Sí, me engañaron. Sí, me quiero morir. Me duele’”.

Estos dichos se suman a los que dijo en su última participación en Bondi Live. Allí, lanzó: “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano metió los cuernos y es ‘pobre’, ‘ah, tal vez’. A mí cuando metieron los cuernos era ‘cornuda’, ‘¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mie...”.

También destacó el doble estándar en el ámbito del espectáculo, por lo que utilizó a Casán como ejemplo. “Tiene que ver según si estás enojada o no con el novio de Lali o si tenés favoritismos. Cada uno con sus principios”, aseguró. Y al ahondar al respecto, sumó: “Para mí, tal vez, es no tener principios, meterte todo el tiempo con tipos casados, porque ya, si bien la culpa los tienen los tipos, hay una cosa de no sororidad, que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero cuando... Porque te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez, repetís la misma... Es porque las mujeres te chupan un hue…”.

Teherán, 19 ene (EFE).- Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas por la caída del rial y que pronto se tornaron en clamor pidiendo el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precios de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

Una represión estatal que ha causado “varios miles de muertos” ha sacado a los manifestantes de las calles, pero el descontento no ha amainado en un país donde muchos consideran que con las segundas reservas de gas y petróleo mundiales y un alto nivel educativo se debería vivir mejor.

La depreciación del rial y una alta inflación de en torno al 40 %, los detonantes de las protestas, mantienen aún los precios al alza y por ejemplo el precio de una botella de aceite se ha duplicado hasta los 12.500.000 de riales (7,4 euros) en un mes y el de una caja de huevos cuesta casi el doble con 3.150.000 riales (1,8 euros) al cambio de la calle (1,68 millones de riales por euro).

El cambio oficial está fijado en 1.18 millones de riales por euro.

“La gente tiene razón para estar tan enfurecida. No se puede vivir así”, dice a EFE Mahin, una conservadora y religiosa vecina de Teherán de 57 que se gana la vida cocinando y limpiando casas.

Esta mujer asegura que hace meses que no come carne porque sencillamente no se lo puede permitir: “No tendríamos que preocuparnos por la comida”, dice Mahin, que viste con el tradicional chador iraní, la prenda negra que cubre todo el cuerpo excepto la cara.

Mahin es una de los millones de iraníes que tienen acceso a un subsidio en crédito en supermercados para comprar alimentos de diez millones de riales (5,9 euros) al mes pero considera que es una cantidad que “no vale de nada”.

Esta mujer no salió a manifestarse en las movilizaciones que comenzaron el 28 de diciembre  pero no fue por falta de ganas.

“Yo tenía muchas ganas de salir a protestar y mi hija igual. Pero al final no lo hicimos por miedo. Por mi barrio mataron a mucha gente”, explica la residente de la zona de Tehranpars, en el este de la capital.

Los subsidios son un plan del Gobierno del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, que consiste en dirigir hacia la población 10.000 millones de dólares anuales que se gastaban en subsidiar determinadas importaciones con un cambio preferencial, en un país en el que el salario mínimo es de 105 millones de riales (unos 62 euros) y el estipendio medio ronda los 450 millones (268 euros, al cambio de la calle).

El objetivo es “preservar el poder adquisitivo de los hogares, controlar la inflación y garantizar la seguridad alimentaria” y del que han hecho uso 57,5 millones de iraníes (de una población de 91,5 millones), informó hoy el viceministro de Bienestar del Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social, Yaghoub Andayesh.

Pero las ayudas no parecen satisfacer a casi nadie. Mahmud, otro vecino de Teherán, recibió la ayuda así como su mujer y dos hijas, en total 40 millones de riales (23,8 euros), pero tuvo que poner cinco millones de su bolsillo para comprar dos paquetes de cinco kilos de arroz, producto básico de la dieta iraní.

“El Gobierno tiene que hacer algo más”, dice a EFE y además considera que la medida ha provocado otra subida de precios.

El Gobierno ha propuesto además reducir los impuestos con exenciones para los salarios de hasta 400 millones de riales mensuales, por encima de los 240 millones de riales del año pasado, otra medida que no ha generado optimismo.

Ante las críticas, las autoridades echan balones fuera.

Pezeshkian señaló anoche a Estados Unidos como “uno de los principales factores” de "las  dificultades en la vida del querido pueblo de Irán” debido a las sanciones que limitan su capacidad para comerciar con otros países, especialmente vender su petróleo y gas.

Un argumento que no convence a Reza, licenciado en ingeniería petroquímica de 30 años que se gana la vida conduciendo un taxi en Teherán.

“Debería tener una vida mejor. Estoy tratando de emigrar a Holanda para buscar trabajo allí”, dice a EFE este joven que afirma que “no ve un futuro” si continúa viviendo en el país persa y culpa a las autoridades por ello.

“Están las sanciones, es verdad, pero Irán ha sido muy hostil con muchos países durante mucho tiempo, tiene que buscar una manera de arreglar las relaciones con la comunidad internacional”, afirma.

Por ello, Reza considera que el país necesita un cambio de políticas que es improbable que lleva a cabo la República Islámica.

Jaime León

Teherán, 16 ene (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vimculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

La paralización de hospitales públicos en Honduras anticipa el desafío más urgente para el gobierno entrante, que llegará al poder con un sistema de salud afectado por meses de salarios impagos y condiciones laborales deterioradas

Mientras los nuevos funcionarios prometen durante la campaña elevar los estándares del sector, la administración actual deja un panorama marcado por servicios interrumpidos, deuda acumulada y protestas gremiales, una combinación que mantiene en vilo tanto a los trabajadores como a millones de ciudadanos que dependen, en su mayoría, de la red pública para atender sus necesidades médicas.

En las últimas semanas, las acciones sindicales se han intensificado. Los hospitales de referencia nacional han limitado su funcionamiento a las áreas de emergencias y a la atención de pacientes críticos.

Este escenario preocupa particularmente porque más del 50 % de los hondureños vive en situación de pobreza o con ingresos insuficientes, según consignan los representantes gremiales, volviendo inaccesibles otras opciones de salud.

El conflicto, como han denunciado médicos, enfermeras y personal administrativo, deriva de retrasos que alcanzan hasta seis meses de salario para las enfermeras y ocho para los médicos, además de pagos de aguinaldo pendientes y contratos incumplidos.

Esta falta de liquidez se suma a problemas crónicos del sistema, como insumos insuficientes, instalaciones en malas condiciones y una carga laboral desbordada. Según el testimonio de uno de los voceros del sector durante las protestas: “No declaramos brazos caídos por gusto. A las enfermeras les deben seis meses y a los médicos ocho. Si no fuera así, nosotros estaríamos trabajando. Necesitamos nuestro pago, nadie trabaja porque lo vea”.

La crisis no solo ha acentuado la precariedad material y la sobrecarga de recursos humanos, sino que ha puesto en primer plano la deuda histórica que arrastran sucesivas gestiones.

Durante el mandato de Xiomara Castro, el ministerio de Salud, encabezado hasta hace poco por Carla Paredes, atravesó multitud de movilizaciones y negociaciones fallidas.

La salida de Paredes, ocurrida a veinte días del cambio de gobierno, coincidió con cuestionamientos a su gestión y señalamientos sobre irregularidades administrativas y contratos bajo sospecha, situaciones que hasta ahora permanecen sin clarificación oficial.

En declaraciones públicas antes de retirarse del cargo, la exministra pidió perdón a la sociedad: “Nos hemos puesto al servicio de la población con la mayor transparencia y el mayor esfuerzo. Estoy orgullosa de ellos y, si cometí un error, pido perdón”, reconoció en entrevista con medios periodísticos nacionales.

La autocrítica de la exfuncionaria, sin embargo, no logró contener el malestar entre los gremios, que insisten en que las disculpas no reemplazan el cumplimiento de los acuerdos salariales ni la necesidad de reformas estructurales: la falta de respuestas ha alimentado mesas de diálogo y compromisos reiteradamente frustrados.

Los actores del sector han subrayado que sus demandas no constituyen un ataque a la población, sino una exigencia legítima para que se respete su labor. Han reiterado en repetidas ocasiones su pesar por las interrupciones: “No es una protesta contra la gente, es una protesta para que se respete nuestro trabajo”, remarcan en distintos comunicados.

La movilización, convocada por Amnistía Internacional y la organización Mujeres, Vida, Libertad, Paz y Justicia, tuvo lugar en la Plaza del Campidoglio, frente a las puertas del ayuntamiento romano, donde se desplegaron banderas iraníes y carteles en los que se podía leer "Vergüenza" o "Basta a las ejecuciones en Irán".

También se registraron momentos de tensión, cuando personas afines al régimen se enfrentaron a algunos de los manifestantes, aunque la Policía intervino rápidamente para evitar incidentes mayores.

"¡Paren! Dejen de matar, de condenar a muerte, de arrestar. Está en marcha una verdadera caza de personas; basta. El mundo los está observando. Han intentado oscurecer a Irán, pero no lo han logrado", denunció, en declaraciones a EFE, el portavoz de Amnistía Internacional en Italia, Riccardo Noury.

La organización pro derechos humanos pidió al Gobierno italiano que "actúe con determinación, junto con la Unión Europea, reforzando los mecanismos de justicia internacional, haciendo su parte en las Naciones Unidas y utilizando toda la diplomacia necesaria".

Entre los asistentes se encontraban representantes de la esfera política nacional y opositora al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Como la secretaria del Partido Democrático (PD) y líder opositora, Elly Schlein, quien declaró estar de lado "de quienes protestan en este momento contra el régimen".

"Recordarán las grandes manifestaciones que ya se produjeron tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022. Ahora estamos viendo manifestaciones aún más multitudinarias; incluso es difícil verlas, ya que el régimen también ha adoptado la decisión de cortar Internet", dijo.

También el exprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, quien pidió a la comunidad internacional una "atención enorme" y "una intervención muy fuerte", mediante "presiones políticas, diplomáticas y sanciones a todos los niveles. "Porque esa represión no puede continuar", enfatizó.

A la movilización no solo asistieron ciudadanos italianos que respaldan la causa del pueblo iraní, sino también iraníes como Kourosh Danesh, quien llegó a Italia en 1981 y se manifestaba con el objetivo de dar voz a los iraníes allí presentes: "Y, junto a ellos, gritar libertad para Irán y contra toda forma de dictadura".

"Por la libertad del pueblo iraní, porque es un pueblo que tiene sed de esa libertad, porque es un pueblo que en los siglos recientes nunca ha saboreado una libertad verdadera, y esta lucha que está llevando adelante espero que esta vez los conduzca hacia la perspectiva de la libertad", subrayó.

Las manifestaciones comenzaron en Irán hace unas tres semanas a raíz de la caída del valor de la moneda nacional, y fueron inicialmente lideradas por comerciantes de Teherán aunque se extendieron rápidamente a otras regiones del país y derivaron en protestas de carácter político dirigidas contra la República Islámica.

Las tensiones se incrementaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.

Las proyecciones para 2026 indican que el déficit del sector salud podría volver a superar los $10 billones por segundo año consecutivo, una cifra que mantiene en alerta a los distintos actores del sistema.

Detrás de este escenario se combinan las recientes decisiones del Gobierno sobre el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las presiones inflacionarias y el fuerte incremento del salario mínimo, factores que, según los gremios, amenazan con profundizar la crisis en lugar de aliviarla.

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De acuerdo con advertencias del sector, el aumento aprobado para la UPC no logra compensar el encarecimiento de los costos operativos ni el impacto del alza salarial.

Jesús Albrey González, presidente del Colegio Médico de Abogados, explicó que si bien la decisión del Ministerio de Salud de equiparar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo representa un avance, el ajuste sigue siendo insuficiente para este último. “Es necesario que la UPC crezca a la par del costo de las atenciones”, afirmó González en declaraciones recogidas por La República.

El dirigente gremial advirtió que los efectos de este desbalance ya se están sintiendo en la red de prestación de servicios. Según González, los servicios de mayor riesgo serían los primeros en resentirse, lo que terminaría afectando a todo el sistema.

“La cartera está creciendo en paralelo a todas las atenciones médicas”, señaló, al tiempo que alertó sobre el deterioro financiero de clínicas y hospitales que dependen de los giros oportunos de las EPS.

La visión de los gremios contra lo establecido por el Gobierno

Una visión similar expresó Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La dirigente explicó que el incremento del 9,03% aprobado para la UPC del régimen contributivo se diluye al descontar la inflación.

“En términos reales, el aumento está entre 4% y 4,5%, considerando una inflación de 5,10% registrada en 2025”, indicó Vesga, también en declaraciones a La República.

El Ministerio de Salud informó que el aumento promedio de la UPC para 2026 fue de 12,5%, con incrementos diferenciados según el régimen: 16,49% para el subsidiado y 9,03% para el contributivo.

Esta decisión generó inconformidad en el sector privado, que considera que la mayor carga del gasto en salud recae precisamente sobre el régimen contributivo. Vesga recordó que Acemi había solicitado un aumento del 17,33%, argumentando que la brecha entre costos reales e ingresos reconocidos no solo persiste, sino que se amplía en términos reales.

¿Qué es la UPC y por qué es importante para las finanzas de la Salud?

La UPC es el valor per cápita que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reconoce a las EPS por cada afiliado, y constituye la principal fuente de financiación de la atención en salud.

Desde la perspectiva gremial, el ajuste aprobado resulta insuficiente porque no incorpora adecuadamente factores clave de costos. Más del 40% del gasto del sistema corresponde a nómina, y una proporción importante del personal de salud devenga el salario mínimo, que tuvo un incremento del 23%.

“Ese aumento salarial no fue considerado de manera suficiente en el cálculo de la UPC”, advirtió Vesga, lo que incrementa la presión financiera sobre EPS y hospitales.

El sistema de salud colombiano opera bajo dos grandes regímenes. El subsidiado cubre a la población clasificada en el Sisbén y se financia principalmente con recursos públicos.

El contributivo, en cambio, se sostiene con las cotizaciones de trabajadores dependientes e independientes. En ambos casos, la Adres administra los recursos y los gira a las EPS según la UPC definida por el Gobierno.

La situación de los connacionales se volvió crítica luego de que un vuelo humanitario programado no pudiera aterrizar en la capital boliviana por inconvenientes de fuerza mayor, obligando a la Cancillería peruana a activar planes de contingencia para asegurar su traslado por vía terrestre. La medida permitió concretar el retorno en coordinación con autoridades diplomáticas, militares y regionales, en una jornada que demandó varias horas de desplazamiento y seguimiento permanente.

Cancillería activa plan de contingencia para evacuar a peruanos varados en Bolivia

De acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería, el grupo de 34 peruanos partió desde La Paz a las 11:30 horas (hora peruana), acompañado por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, con el objetivo de garantizar su seguridad durante todo el trayecto. Tras varias horas de viaje, los connacionales arribaron a la localidad fronteriza de Desaguadero alrededor de las 14:30 horas, donde ya los esperaban representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Una vez en territorio nacional, el Ministerio de Defensa dispuso un vehículo del Ejército del Perú para completar el traslado hasta la ciudad de Juliaca, punto de llegada final del operativo. La intervención articulada entre sectores permitió culminar el retorno sin incidentes, en un contexto en el que el tránsito fronterizo continúa siendo intermitente debido a las protestas y bloqueos en distintas regiones de Bolivia.

Mientras tanto, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana, evaluando de manera constante las opciones técnicas y logísticas para facilitar su pronto retorno. Las autoridades peruanas han señalado que el monitoreo es continuo, considerando que la situación en las carreteras cambia de forma constante y puede agravarse en determinados tramos.

Además del acompañamiento logístico, las autoridades peruanas brindan alojamiento y alimentación básica a los afectados mientras se definen las rutas más seguras para su salida, en medio de un contexto marcado por episodios de violencia y protestas que siguen dificultando la movilidad en el país vecino.

Crisis en Bolivia: decenas de peruanos atrapados en el país vecino

La operación se produce en medio de una crisis social y económica en Bolivia, impulsada por movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que han generado el cierre de rutas estratégicas hacia Perú y Chile, afectando no solo el tránsito de pasajeros, sino también el comercio binacional y el flujo turístico en plena temporada alta hacia destinos como el salar de Uyuni. En este contexto, decenas de ciudadanos peruanos quedaron atrapados durante varios días, algunos de ellos obligados a continuar su trayecto a pie ante la suspensión total del transporte.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de protección y asistencia a los peruanos en el extranjero, señalando que continuará desplegando acciones para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de los connacionales afectados por la crisis en Bolivia, mientras se evalúan nuevas alternativas de evacuación conforme evolucione el escenario en el país vecino.

En paralelo, la Cancillería del Perú informó que el margen de acción para las repatriaciones aéreas es limitado. Según precisó Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, actualmente se tiene registro de alrededor de 78 peruanos varados en distintas zonas de Bolivia, una cifra que supera la capacidad de los vuelos humanitarios, los cuales solo cuentan con 70 asientos disponibles.

Frente a este escenario, el Gobierno peruano viene coordinando con las autoridades bolivianas para facilitar el desplazamiento seguro de los connacionales hasta terminales aéreos, desde donde puedan ser trasladados hacia Lima o Juliaca, en la región Puno.

La funcionaria explicó que el operativo se ejecuta desde un centro de control instalado por el consulado y la embajada peruana, con apoyo de las agregadurías militar y policial, desde donde se monitorea en tiempo real la situación en carreteras y puntos críticos. En ese marco, se ha priorizado la atención de los peruanos atrapados en zonas de mayor riesgo, como Oruro, El Tolar y Conani, donde los bloqueos son más intensos y el tránsito permanece restringido.

Un elemento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) logró poner a salvo a un hombre que subió a un puente peatonal con la intención de arrojarse, este jueves 8 de enero en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

Según el reporte oficial de las autoridades, la persona se encontraba en aparente situación vulnerable.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso con la calle Cecilio Róbelo, en la colonia Jardín Balbuena.

Imágenes compartidas por internautas revelaron que el hombre tenía diversas manchas de sangre en su ropa, dato que posteriormente fue confirmado por las autoridades.

Cómo fue el rescate

Los equipos de emergencia de la Ciudad de México respondieron a una alerta emitida por la frecuencia de radio institucional sobre un hombre que había escalado la estructura tubular de un puente peatonal en la alcaldía Venustiano Carranza y amenazaba con lanzarse al vacío.

La operación estuvo coordinada por 4 grupos de emergencia, los cuales realizaron las siguientes tareas:

• Policías capitalinos acudieron al lugar y, tras confirmar la situación, coordinaron el cierre de la circulación vehicular con la Subsecretaría de Control de Tránsito y solicitaron apoyo de servicios médicos y de rescate.
• Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio y estacionó un vehículo con escalera bajo el puente.
• Rescatistas del ERUM subieron por el exterior del puente para asegurar al hombre.
• Debajo de la estructura, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) permanecieron atentos por si era necesaria su intervención.

Tras la coordinación, el personal del ERUM localizado cerca del hombre lo sujetó para que no se arrojara y lo intentó meter entre los barrotes del puente, mientras que los elementos al interior también lo jalaron hacia el interior del puente.

Luego de poner a salvo al individuo, realizaron una valoración médica en el lugar antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

Según el reporte oficial, el hombre, de 39 años, presentaba heridas punzocortantes en el pómulo izquierdo, dos lesiones en el cuello y dos más en ambas muñecas, todas de aproximadamente cuatro centímetros, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

En redes sociales comenzaron a circular los videos del momento, en el cual pueden verse a los grupos de rescate en la zona, intentando convencer al hombre de que no se lanzara.

Cómo y dónde solicitar ayuda en casos de crisis

En caso de necesitar ayuda en casos de crisis, el gobierno de México tiene a disposición la Línea de la Vida, un canal gratuito gestionado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), que opera todos los días del año, a cualquier hora, a través del número 800-911-2000.

Este recurso brinda atención especializada tanto para quienes viven directamente problemas de salud mental, como para familiares y personas cercanas.

Según información oficial, la línea está pensada para quienes requieren apoyo ante adicciones, violencia de género, riesgos de autolesión o cualquier otra problemática emocional.

Los servicios incluyen orientación sobre el uso de sustancias, acceso a intervenciones breves y la canalización a centros de salud cuando existe un riesgo grave, como puede ser un intento suicida.

Alicia Villarreal volvió a acaparar la atención pública luego de que publicara un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram, el cual fue interpretado como una indirecta a Cibad Hernández, su novio.

Sus palabras cobraron relevancia rápidamente en redes sociales, por lo que algunos aseguraron que su relación con el creador de contenido podría estar atravesando una fuerte crisis.

Problemas de dinero habrían afectado la relación

Después de las celebraciones de fin de año, se dio a conocer que la pareja habría enfrentado algunos problemas económicos luego de que Hernández le pidiera miles de pesos a la intérprete de regional mexicano.

“Cibad llegó a decirle a Alicia Villarreal que sus ex mujeres lo estaban extorsionando supuestamente que le estaban pidiendo dinero, que porque querían salir a decir no se qué tantas cosas de él, y que él quería calmar la historia”, contó Jorge Carbajal en el programa En Shock.

Pese a la cercanía que la pareja ha demostrado tener desde que hicieron público su romance, Carbajal aseguró que “La Güerita Consentida" se negó a prestarle dinero.

“Cibad le pidió 12 mil dólares, que supuestamente lo estaban extorsionando. Que supuestamente cuando le dijo eso, Alicia Villarreal dijo: ‘¿Y a mí qué? Que salgan y hablen, es tu problema’“, agregó.

El inquietante mensaje de Alicia Villarreal tras supuesta crisis

Después de que Jorge Carbala reveló la supuesta cantidad de dinero que Cibad Hernández le pidió a la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas”, surgió un nuevo mensaje de Villarreal.

A través de sus historias de Instagram, la cantante reposteó una reflexión en la que fue etiquetada, la cual desató especulaciones sobre su actual relación sentimental.

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruirte cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”, se lee en la historia.

La respuesta de Cibad Hernández ante la polémica

Alicia Villarreal no ha dado declaraciones sobre el tema, pero Hernández ya respondió a través de su cuenta personal de Instagram. Sin recurrir a comunicados o mensajes formales, el creador de contenido optó por el humor.

“A los chismes hay que tratarlos con humor”, colocó en la descripción de un video en el que se burla de la supuesta plática que tuvo con Villarreal.

Sus seguidores se sumaron con comentarios que hacían alusión a la fuerte cantidad de dinero que le habría pedido a la cantante, mientras que otros optaron por enviarle sus mejores deseos pese a que su relación ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión.

Tras la captura de Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Estados Unidos, varios expertos han afirmado que la situación no representará un cambio radical para Venezuela, sino que será el comienzo de una transición que podría tardar varios años.

En ese sentido, lejos de ser una oportunidad para que miles de venezolanos que se han radicado en el exterior puedan volver a su país, la situación actual de esa nación es tomada como el factor que podría generar una nueva crisis migratoria.

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En ese sentido, Colombia, que es el principal vecino de Venezuela, ha reforzado su frontera y se han implementado varias estrategias para el posible recibimiento de cientos de ciudadanos de ese país.

El país cafetero no es el mismo que se ha preparado ante la posible llegada de migrantes, puesto que en Panamá se registró un anuncio que ha sido tomado como una medida preliminar para el mismo tema.

El 8 de enero, la Brigada Oriental de Panamá, ubicada en la provincia del Darién, anunció una operación llamada “Escudo de Acero”, que será liderada por el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.

En la atención a medios, Solís indicó que se trata de una misión para responder a los ejes fundamentales de la institución, es decir, tener un control territorial y de seguridad ciudadana, en una región que ha sido afectada por la constante llegada de migrantes.

Como detalle más llamativo, Solís mencionó que los uniformados reforzarán las zonas más alejadas de la frontera regular, que habitualmente es utilizada por los “coyotes” para el ingreso de los migrantes de manera ilegal.

Cabe recordar que desde hace varios meses Panamá ha implementado una medida que incluye el traslado de cientos de migrantes hasta su país de origen para evitar que estos se radiquen en su territorio en precarias condiciones.

La crisis migratoria que padeció Panamá

Este tipo de medidas son tomadas en Panamá como parte de la postura que tiene su presidente, José Raúl Mulino, de no volver a ser el principal espacio de paso para los migrantes sudamericanos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Entre 2021 y 2024, la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, alcanzó cifras históricas. En 2021, cruzaron la ruta 133,726 personas. En 2022, el flujo subió a 248,284 y en 2023 se registró un récord de 520,000 migrantes. La mayoría eran venezolanos, aunque también cruzaron haitianos, ecuatorianos y personas de otras nacionalidades.

El peligroso trayecto estuvo marcado por riesgos de violencia, enfermedades y explotación, mientras las autoridades de Panamá y Colombia enfrentaban dificultades para gestionar la emergencia humanitaria y el tránsito irregular.

En 2024, la cifra cayó a 302,203 personas, aunque seguía representando uno de los mayores flujos migratorios de la región. Las razones detrás del aumento sostenido incluyeron la inestabilidad en países de origen, la flexibilización de controles fronterizos y la falta de alternativas legales para migrar hacia Estados Unidos y Canadá.

En 2025, tras la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, y con las ayudas que recibió Panamá desde Norteamérica, se registró un cambio drástico: solo 3,091 personas cruzaron la selva, lo que representó una reducción del 99% respecto al año previo.

El Gobierno panameño, bajo la administración de José Raúl Mulino, implementó el cierre de rutas no autorizadas en el Darién y firmó acuerdos con el gobierno estadounidense para facilitar vuelos de deportación. Por su parte, la administración estadounidense endureció las políticas migratorias, incrementó las deportaciones y restringió el acceso a quienes ingresaban por vías irregulares.

Caracas, 7 ene (EFE).- Miles de chavistas miembros de consejos comunales, comunas y militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchan en Caracas este miércoles para insistir en la liberación del presidente Nicolás Maduro, detenido en EE.UU. tras ser capturado en un ataque de tropas estadounidenses a la capital venezolana, y ofrecer su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes participan en la marcha con pancartas que llevan el mensaje "Los queremos de vuelta", mientras portan banderas de Venezuela y exhiben fotografías del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) e imágenes de Maduro y Flores.

También cargan los juguetes de los alter egos Súper Bigote y Súper Cilita, personajes inspirados en Maduro y Flores, respectivamente, que tienen su propia serie animada y de novelas gráficas.

La concentración se inició frente al Parque Alí Primera, en el oeste de la ciudad, y está previsto que la movilización recorra unas siete manzanas, pasando a un costado del palacio presidencial de Miraflores hasta llegar al centro de la ciudad.

El oficialismo también se ha movilizado en días previos para dar su respaldo a Rodríguez, quien juró el lunes ante el Parlamento como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La actividad de este miércoles se desarrolla en el segundo día oficial de Rodríguez como presidenta encargada, quien ya hizo sus primeras designaciones en las áreas de seguridad y economía.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos en varias zonas militares y urbanas, que terminó con la captura del mandatario venezolano y de su esposa.

La operación dejó "decenas" de muertos, según anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.