Con críticas al programa económico del Gobierno, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, describió un panorama fiscal complicado para la provincia de Buenos Aires, marcado por una caída sostenida de la recaudación nacional y un descenso de la coparticipación, así como una baja considerable en los recursos captados por el fisco provincial por un menor nivel de actividad económica.

El funcionario consideró, en diálogo con Infobae, que la Argentina se encuentra “a las puertas de una eventual crisis fiscal”, en un contexto donde los recortes sucesivos del gasto llevan a una “situación sin salida”. Además, indicó que la mitad del presupuesto bonaerense proviene de la recaudación propia y la otra de la coparticipación, pero que esta última “está destruida”.

Girard sostuvo que es necesario repensar el sistema tributario argentino, aunque no colocando el foco únicamente en la eliminación de tasas municipales o Ingresos Brutos, que es uno de los impuestos más cuestionados por parte de los empresarios de todo el país.

Al mismo tiempo, planteó que la ley de coparticipación vigente “se fue emparchando con acuerdos y pactos fiscales donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias”. Advirtió que esto dejó a los gobiernos provinciales y municipales con más obligaciones y menos recursos, lo que genera tensiones en las finanzas públicas.

Sobre la posibilidad de reducir impuestos en la Provincia, Girard afirmó que Buenos Aires viene trabajando en bajar la presión tributaria, especialmente para pymes, microempresas y monotributistas, y defendió la progresividad fiscal, aunque no tienen en agenda ninguna disminución impositiva extra. Consideró, no obstante, que “la solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos”, sino “poner a crecer la economía e incentivar el mercado interno”, algo que, según su visión, el Gobierno nacional no está dispuesto a impulsar.

En simultáneo, el director del organismo recaudador bonaerense cuestionó la política económica de La Libertad Avanza al afirmar que la solución para reactivar la economía no pasa por reducir impuestos aislados, sino por impulsar el mercado interno y el consumo. “La gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos”, asveró.

- ¿Cómo impacta la caída de la recaudación nacional en las cuentas provinciales?

- Implica una caída de la coparticipación. Noveno mes consecutivo de caída y octavo mes consecutivo de caída del IVA. Si bien desacelera la caída respecto de marzo, sigue cayendo. La verdad es que es preocupante. La caída del IVA muestra que claramente hay una contracción del mercado interno y del consumo que no está revirtiéndose. Cuatro de cada cinco pesos que recauda la Provincia se explican por Ingresos Brutos y Sellos, dos impuestos vinculados con las ventas, las transacciones económicas y los contratos entre partes. Al mirar la serie, el nivel histórico es realmente crítico porque estamos a niveles de 2021, como si estuviéramos en la pandemia pero sin haber tenido el virus. Lo más preocupante es que tenemos caídas de la base imponible de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio, que no paran y que son de dos dígitos. La destrucción del tejido industrial que estamos viendo es feroz y en algunos sectores es realmente alarmante, como la industria textil: tres de cada cuatro máquinas están paradas.

- ¿Qué proyecciones hacen respecto a la evolución fiscal para los próximos meses?

- Estamos a las puertas de una eventual crisis fiscal, porque el modelo es inconsistente, es un círculo vicioso. Recortás el gasto, eso hace que la economía entre en recesión, la recesión te hace caer los ingresos y otra vez tenés que recortar gastos. En un momento no tenés más de dónde recortar y vendés activos. ¿Y qué pasa cuando se acaba eso? Estamos cerca de ese momento. La mitad del presupuesto de la Provincia es la recaudación de ARBA, la otra mitad es la coparticipación, que está destruida. Y a eso hay que sumar las decisiones discrecionales de Nación de no cumplir acuerdos, contratos y retener fondos que nos corresponden por ley.

- ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema impositivo?

- Es necesario rediscutir el sistema tributario y no las tasas municipales o Ingresos Brutos. Evidentemente, hay que hacer un reordenamiento del sistema tributario en Argentina que incluye la coparticipación. Eso no se puede negar. Ha cambiado mucho el país desde el año 94, que fue cuando se sancionó la Constitución y la ley de coparticipación federal que está vigente, que además arrastraba un acuerdo federal de la década del 70. Además, esa ley de coparticipación se fue emparchando con acuerdos, pactos fiscales, donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias, al tiempo que fueron delegando funciones. Entonces, se le generan más obligaciones a los gobiernos provinciales y municipales, pero se le dan menos recursos. Eso obviamente pone en tensión las finanzas públicas a nivel municipal y a nivel provincial, y el resultado es que crece la recaudación de tributos.

- En ese contexto, ¿hay margen para aplicar una reducción de impuestos en la provincia de Buenos Aires?

- La provincia de Buenos Aires viene trabajando en estos años en bajar la presión tributaria. Si se mide la alícuota efectiva que se paga en la provincia de Buenos Aires de Ingresos Brutos, y se tiene en cuenta el esfuerzo que hicimos en reducir los saldos a favor, se puede ver que bajó la presión. Además, esto se hace con progresividad. Tratamos de darle a la estructura de los impuestos un criterio de progresividad donde paguen más los que más tienen, donde aporten más los sectores donde hay más concentración. Eso ya se viene haciendo. No es que nosotros estamos en contra de bajar la carga tributaria, todo lo contrario. Hemos trabajado para que las pymes, las microempresas, los comercios de barrio y los monotributistas paguen menos impuestos.

- ¿Una baja de impuestos como Ingresos Brutos no contribuiría a reactivar la actividad?

- La solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos o eliminar tasas municipales, es poner a crecer la economía. Y eso implica que hay que tomar decisiones para incentivar el mercado interno, cosa que el Gobierno no quiere hacer. El Gobierno se equivoca en el diagnóstico. Se cree que el problema de la recesión son las tasas municipales. El problema de la recesión es que la gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos. Entonces, en la medida que pase eso, los comercios no van a facturar, no van a abrir caja y van a seguir cerrando, va a haber despidos.

- ¿La administración bonaerense está en contra del equilibrio fiscal, como sostiene el gobierno nacional?

- Nosotros no creemos que el déficit fiscal o el superávit fiscal sean un objetivo de la política económica. El resultado fiscal es un instrumento de política económica. Hay contextos donde hay que tener una política expansiva y hay contextos donde hay que tener una política contractiva para dar espacio al sector privado y que, con su iniciativa, para que impulse el crecimiento. No hay una visión dogmática en la provincia de Buenos Aires de que siempre hay que tener déficit fiscal y permanentemente el gobierno esté gastando más de lo que recauda y financiarlo con emisión monetaria para de esa manera poner a crecer la economía indefinidamente. Nadie que piense así pasó de segundo año de la carrera de Economía. Claro que hay momentos donde la situación te pide un Estado que actúe contracíclicamente para reactivar la economía. Hay momentos donde el crecimiento pide que el Estado se retire para que el sector privado pueda financiar la inversión privada y la expansión de la capacidad productiva. Hay momentos, no hay una única forma de entender eso.

- ¿Qué piensa de la polémica que se generó en torno a los dichos de Marcos Galperín en redes sociales sobre las jubilaciones sin treinta años de aportes?

- El empresario tiene que ser una persona que esté pensando en cómo debería aportar individualmente a la situación colectiva. Y Galperín es un caso que expresa todo lo contrario. Es un empresario hiperexitoso que apalancó la transnacionalización de su empresa a partir de los consumidores nacionales y de beneficios tributarios nacionales para terminar constituyendo residencia fiscal en Uruguay y no pagar impuestos por el patrimonio que tiene. Me parece que antidemocrático, porque desde esa posición de no contribuir pagando los impuestos como hace el resto de los argentinos, igual se da el lujo de opinar sobre política nacional. Y ahora no solo eso, sino que además se burla de una mujer de sesenta y cinco años que no le alcanza la jubilación para llegar a fin de mes. Galperín está yendo totalmente a contramano de lo que necesita este momento la gente en Argentina.

- El nombre de Axel Kicillof suena como candidato a presidente en 2027. ¿Tienen un plan económico en caso de gobernar el país a partir del año que viene?

- El plan no puede partir de una hoja en blanco. Cualquier plan económico va a estar condicionado por el contexto. Y en ese sentido, nosotros permanentemente estamos siguiendo y discutiendo la coyuntura. Así que obviamente estamos en condiciones de pensar la política económica que se requiere como respuesta a este contexto. Pero el contexto es cambiante. Hoy el contexto es este, en seis meses va a ser otro, en un año y medio va a ser otro. El problema que tenemos es que el plan económico tiene que partir de una realidad concreta y esa realidad concreta estamos muy preocupados por la deriva que está tomando, viendo que el gobierno insiste en acelerar en un rumbo equivocado. Entonces, la verdad es que no sabemos si esto va a terminar con ruptura de los contratos, con ruptura de la cadena de pago o con una quiebra del Estado.

La posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con Israel para que técnicos y expertos de esa nación asesoren a Panamá en la solución de la crisis de agua en la península de Azuero, fue planteada al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, por el presidente panameño José Raúl Mulino.

“Herzog y su delegación mostraron total disposición para ayudar”, indica una nota de prensa de la presidencia panameña.

Panamá atraviesa por una severa falta de agua en distintas regiones, situación que se agrava en la península de Azuero, donde gran parte de sus habitantes no tienen acceso al agua potable, luego de que se detectara que dos de sus principales afluentes están contaminados.

En medio de la crisis del agua, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal. Posteriormente, también renunciaría el subdirector, Luis Santanach.

Durante la visita del presidente del Estado de Israel a Panamá, la información oficial puntualiza que ambos gobiernos se comprometieron a ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio, además de pactar acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, medicina, logística, tecnología agrícola y turismo.

Panamá y el Estado de Israel mantienen un Tratado de Libre Comercio que está vigente desde el 1 de enero de 2020, lo que representa un hito histórico al ser el primer acuerdo de este tipo que Panamá firmó con una nación del Medio Oriente, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá- Israel.

Este tratado, añade el organismo empresarial, no es solo un acuerdo arancelario, sino una alianza estratégica que une la plataforma logística de Panamá con la vanguardia tecnológica de Israel.

El Tratado de Libre Comercio ofrece acceso preferencial para productos panameños, intercambio de alta tecnología, hub logístico y de servicios.

La visita de Herzog a Panamá es la primera que hace un presidente israelí a la nación canalera.

Panamá e Israel “comparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia, y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo. Por ello, hoy podemos afirmar con claridad que nuestra relación evoluciona hacia una alianza fortalecida”, afirmó Mulino.

Por su parte, el presidente Herzog expresó que el sector privado de su país anticipa la oportunidad de invertir en diversos sectores de la economía panameña, para beneficio de ambos pueblos.

Ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en temas de ciberseguridad, uno de los grandes desafíos para los estados en la actualidad, de acuerdo con la información oficial.

La delegación israelí puso de manifiesto su gran interés en la oferta turística panameña, así como en las posibilidades de invertir en el sector logístico nacional.

En el tema Salud, se acordó avanzar hacia acuerdos de cooperación entre médicos panameños e israelíes para atención, asesoría e investigación.

La delegación panameña manifestó el interés de su sector exportador en aumentar los envíos de banano, piña y café a Israel.

“Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar”, mencionó el presidente panameño, quien agregó que “es la reafirmación y el reencuentro de una sólida relación entre nuestras dos naciones, basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido en diferentes áreas por más de siete décadas”.

En su oportunidad, el presidente del Estado de Israel agradeció el apoyo que su país ha recibido del pueblo panameño desde el establecimiento del Estado de Israel en 1947, y por haber suscrito la Resolución Internacional de Naciones Unidas contra el antisemitismo.

La visita del presidente Herzog incluyó una reunión bilateral entre presidentes y un encuentro ampliado con los respectivos equipos de Gobierno.

"Condenamos en los términos más enérgicos los ataques de Hizbulá contra Israel. Deben cesar de una vez. Somos conscientes de las consecuencias, especialmente para las personas en el norte de Israel", señaló Wadephul en una rueda de prensa junto al ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar.

"Al mismo tiempo, el Líbano no debe convertirse en un escenario de guerra donde sean los civiles quienes paguen el precio, donde la generación joven crezca entre las ruinas de las casas de sus padres. Eso tampoco hará más segura la vecindad de Israel", recalcó.

A juicio de Wadephul, el Gobierno libanés "debe actuar con determinación contra Hizbulá", porque la clave para estabilizar el Líbano radica en fortalecer al Estado libanés.

"Las primeras conversaciones directas entre el Líbano e Israel en décadas dan motivo para la esperanza de que el contacto diplomático directo también pueda conducir a avances en la región. Animo a ambas partes a seguir por ese camino", sostuvo.

Wadephul exigió "un acuerdo sólido para proteger a los civiles a ambos lados de la Línea Azul, garantizar la seguridad de los cascos azules de la misión de la ONU (UNIFIL) y lograr una pacificación duradera".

Saar a su vez reiteró que Israel no tiene reclamaciones territoriales sobre el Líbano.

"Nuestras actividades en la frontera norte tienen únicamente el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos. No permitiremos que Hizbulá continúe con sus planes de invasión ni que siga disparando cohetes contra nosotros", enfatizó.

El ministro israelí de Exteriores aseguró que el Líbano "fue arrastrado por Irán a una guerra que va en contra de sus propios intereses", ya que se han lanzado desde el pasado 2 de marzo "más de 10.000 cohetes y drones contra Israel".

"Queremos liberar el sur del Líbano de la infraestructura terrorista, de los búnkeres y de los depósitos de armas y municiones", insistió.

Saar sostuvo que el Ejército libanés afirma que ya lo ha hecho, "pero la realidad es otra: el Gobierno libanés no ha afrontado realmente esta amenaza".

"Ha actuado solo de forma puntual, no ha desmantelado la infraestructura ni ha intervenido en el ámbito subterráneo", afirmó.

"Ningún país permitiría que su población quedara expuesta sin protección ante una amenaza así", enfatizó. EFE

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Directores médicos de la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideraron que la institución vive una de sus crisis más severas en décadas, según declararon en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Hospital de Clínicas.

Según señalaron, durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria de este año, destinada a su funcionamiento operativo.

Los hospitales de la UBA brindan atención a 700 mil personas por año y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud.

El presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, según destacaron las autoridades médicas, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

La UBA cuenta con seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos ellos cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica. Pero hoy, la falta de financiamiento oficial amenaza su continuidad y su capacidad de respuesta.

Como publicó Infobae, el reclamo por el financiamiento universitario surge en la antesala de la marcha federal convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de los artículos sobre recomposición salarial y becas estudiantiles. El 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos.

Un cuatrimestre sin fondos y la advertencia de los directores

“Estamos hoy a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.

Y agregó: “Tenemos que recurrir a todo tipo de ingeniería que se puedan imaginar, desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones. El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”.

La gravedad de la situación no radica solo en la ausencia de partidas para gastos corrientes, sino también en el impacto que esto tiene sobre la planificación y la gestión cotidiana.

“Imagínense que los insumos en medicina están dolarizados y así todo siguen aumentando. Con lo cual cualquiera de ustedes, en forma personal o acompañando a algún familiar, cuando va a una farmacia se queda en estupefacto de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados a lo mejor por varias veces más”, reclamó Lafos.

Y completó: “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes. Sumado eso además a las setecientas mil consultas anuales, la cantidad de alumnos que pasan por nuestras aulas, la cantidad de médicos que hacen sus cursos de especialización de posgrado, que se ha visto resentido, y eso aplica en la formación de todos los profesionales que nos van a atender a todos en los próximos años”.

“La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80 por ciento de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza”, describió el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA.

Y completó: “Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón. Entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”.

Funcionamiento al 50% y un futuro incierto

El impacto de la falta de presupuesto se refleja en la operatoria diaria. Melo relató: “Por ejemplo, el Hospital de Clínicas en la actualidad está funcionando al 50 por ciento. Obviamente, al no tener presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas de ir generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que lamentablemente lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento, pero no se puede seguir achicando más”.

El director detalló que el ajuste impacta en la seguridad, la limpieza, las licitaciones de medicamentos y los honorarios de anestesistas: “Y cuando queremos hacer cirugías, si no tenemos el proveedor que entrega esos suministros, no la podemos realizar”.

Las consecuencias se extienden a insumos críticos: “Con la plata que se adeuda, el hospital compra, por ejemplo, el oxígeno, un producto extremadamente caro. Y obviamente que un hospital que no puede comprar el oxígeno complica ya la atención. O sea, ya nuestra responsabilidad pasa a ser irresponsabilidad. Así que somos bastante responsables y fuimos haciendo en forma metódica el achicamiento del funcionamiento del hospital. Pero me parece que eso tiene un límite y nuestro límite creemos que es dentro de un mes y medio”, sostuvo Melo.

“El rectorado tiene una comunicación permanente con la parte del Gobierno, le manda todas las posibilidades, pero no tenemos respuesta”, agregó Melo.

La historia reciente de los hospitales universitarios muestra que crisis similares solo se vivieron en momentos excepcionales.

“Creo que en el año 83 y 84, el hospital tuvo una situación bastante complicada, que inclusive estuvo con poquitas camas, pero después, tuvimos varias crisis, pero me parece que esta es una crisis de funcionamiento real. Acá no es una cuestión de hacer política, es simplemente informar y esto se arregla con números”, indicó el doctor Lafos.

Respuesta del Gobierno Nacional

Después de la exposición de los directores médicos de la UBA, por la tarde, el Gobierno nacional salió al cruce de la información vertida y sostuvieron que las denuncias sobre el desfinanciamiento son "falsas“.

Mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, afirmó: “El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”.

Y describieron que el reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798 (de Presupuesto), por un monto de $79.763.113.948″. “La UBA solicitó que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno de Bolivia anunció la devolución parcial de depósitos en dólares a los ahorristas a partir del 15 de julio y medidas para normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero.

“Se está anunciando un cronograma de devolución de depósitos injustamente retenidos para las personas naturales, 933 millones de dólares a partir del 15 de julio”, informó el lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa.

La devolución de los ahorros se realizará de forma progresiva durante un año e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares. Posteriormente se habilitará otro límite, mediante un cronograma que será publicado en canales oficiales, hasta cubrir un total de 933 millones para personas naturales.

El ministro explicó más tarde, en una entrevista con el canal Unitel, que esta devolución se hará a partir de “distintas fuentes de financiamiento”, pero no precisó concretamente cuáles. “Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores”, afirmó y dijo que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

“Estamos trabajando con organismos multilaterales y estamos concluyendo un trabajo que se ha iniciado desde el primer día de gobierno que implica la previsibilidad de la llegada de recursos en los próximos meses”, afirmó Espinoza.

Por otro lado, el ministro indicó que se normalizará el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial de compra, superior en un rango que fluctúa entre el 30% y 40% al tipo de cambio oficial.

Con estas medidas, la administración de Rodrigo Paz busca regularizar las transacciones en dólares en el sistema financiero como parte de un plan integral de estabilización económica. Según el ministro Espinoza, las acciones apuntan a normalizar las operaciones financieras en el país, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad en el manejo de divisas y brindar mayor seguridad y confianza a la población.

Bolivia sufre una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 a raíz de la caída de los ingresos de la renta de los hidrocarburos y la reducción de las reservas internacionales.

La crisis se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez, lo que provocó el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial.

A pesar de contar con una menor disponibilidad de dólares, el Banco Central ha mantenido el tipo de cambio fijo desde el año 2011. En medio de ese contexto, el Gobierno de Paz estableció un “tipo de cambio referencial”, una cotización intermedia entre el oficial y el paralelo, con el que la banca busca aproximarse al valor efectivo del dólar y con el que operará el sistema de remesas.

El analista económico Gonzalo Chávez calificó estas medidas como “positivas porque ordenan pasivos, devuelven derechos de propiedad, reducen incertidumbre y formalizan operaciones cambiarias”, pero condicionó su éxito a la credibilidad. “Sin dólares suficientes, cronograma verificable y transparencia diaria, la buena noticia puede convertirse en otro pagaré emocional de la macroeconomía boliviana”, escribió en sus redes sociales.

Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, en un escueto comunicado, según reprodujo la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), en la que añadió que 1.605 de los fallecimientos, es decir el 15 % del total, son mujeres.

También en la infografia que acompaña al comunicado se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Entretanto, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos. EFE

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit, una aerolínea de bajo costo.

De acuerdo con la comunicación de Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

Cada línea ofreció un tiempo limitado para esa acción.

Duffy indicó además que para los clientes preocupados por el aumento de precios de los boletos, American Airlines y Delta Air Lines ofrecen tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor demanda.

Allegiant también se comprometió a congelar los precios en las rutas que coinciden a las que volaba Spirit mientras que Frontier les está ofreciendo hasta un 50 % de descuento en toda su red hasta el 10 de mayo.

Avianca anunció por su parte en su cuenta de X la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a los pasajeros de Spirit que tengan que regresar a su origen.

El acuerdo del Departamento de Transporte para los empleados con la mayoría de las aerolíneas es de llevarlos de regreso a su casa, así como entrevistas de trabajo con preferencia.

Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesará operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

Duffy culpó hoy en el comunicado a la pasada Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) por "bloquear la fusión de JetBlue y Spirit en 2024".

"Le dieron la espalda al consumidor y a nuestra valiosa fuerza laboral de la aviación", afirmó.

En enero del 2024 un juez federal rechazó la oferta por 3.800 millones de dólares al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.

La aerolínea, con base en Florida, que continuó operando bajo ley de quiebra, viajaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

La aerolínea anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, dijo que el cierre se debió al "aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas", lo que no dejó a la empresa "otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía", señala el diario The Hill.

“Se triplicó la crisis” en Savia Salud, esa es la denuncia que lanzó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió provisionalmente la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS que atiende a 1,7 millones de usuarios.

La decisión judicial abrió un nuevo frente político sobre el manejo del sistema de salud y dio fuerza a los cuestionamientos del mandatario regional, quien aseguró que durante la intervención la situación financiera de la entidad se deterioró gravemente.

El dato que concentró la controversia fue el salto del patrimonio negativo de 572.000 millones de pesos a 1,5 billones, cifra que Rendón convirtió en el centro de su crítica contra el Gobierno nacional.

“Como en todas las entidades del sector salud que ha intervenido Petro, se han deteriorado en su patrimonio financiero”, afirmó el gobernador, citado por Revista Semana, al insistir en que la intervención agravó la situación de la EPS.

El fallo del Tribunal cuestionó la resolución que ordenó la toma de Savia Salud por considerar que habría vacíos en la motivación del acto administrativo, especialmente frente al análisis sobre factores estructurales del sistema, como la UPC y los Presupuestos Máximos.

Pero el enfoque político tomó fuerza por la tesis de que la intervención no resolvió la crisis, sino que la profundizó. Esa fue la línea que impulsó Rendón tras conocerse la decisión judicial.

“Esa intervención no es más a lugar, no cumplió con el estándar constitucional”, sostuvo el mandatario, citado por Revista Semana, al celebrar la orden que obliga en diez días al Gobierno a realizar el empalme con los accionistas.

La decisión impacta a una EPS clave para el régimen subsidiado en Antioquia, razón por la que el debate trascendió lo jurídico y pasó al terreno político, con críticas sobre el modelo de intervención impulsado por el Gobierno Petro.

“Rompe con el modelo intervencionista”, dijo Rendón, citado por Revista Semana, en una frase que convirtió el caso Savia Salud en una disputa más amplia sobre la política de salud del Ejecutivo.

El gobernador advirtió además que aún no se sabe en qué condiciones recibirán la entidad tras el proceso de intervención, lo que, según planteó, genera incertidumbre para los usuarios más vulnerables del sistema.

Ese punto reforzó uno de los mensajes centrales del pronunciamiento: que la discusión no solo es financiera o política, sino que tiene implicaciones directas sobre millones de afiliados del régimen subsidiado.

La cifra de 1,5 billones terminó marcando el nuevo enfoque del caso, porque convirtió el debate en una discusión sobre deterioro patrimonial y no únicamente sobre la legalidad de la intervención.

La reacción política también se amplificó desde Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez calificó la decisión como histórica y sostuvo, citado por Revista Semana, que la intervención fue ilegal, arbitraria y con fines políticos.

Ese respaldo reforzó la lectura de que el fallo puede tener efectos más allá de Savia Salud, al abrir un precedente sobre otras intervenciones en el sistema.

Mientras avanza el proceso para el eventual retorno de la administración a sus accionistas, el caso se convirtió en un nuevo choque entre regiones y Gobierno nacional, con una narrativa impulsada desde Antioquia: que la crisis de Savia Salud no se contuvo, sino que se multiplicó bajo la intervención.

En 2025, los derechos humanos en Perú enfrentaron una erosión sistemática que puso en jaque los cimientos de su democracia. Según el informe presentado por Amnistía Internacional sobre la situación mundial 2025-2026, el país registró un refuerzo de prácticas autoritarias, un debilitamiento de las garantías de acceso a la justicia y un entorno cada vez más hostil para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+.

La organización sostuvo que este escenario se enmarca en una tendencia global de ataques perpetrados por Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y el sistema de protección de los derechos humanos. En ese marco, Perú aparece como uno de los países donde la institucionalidad se ha debilitado con decisiones legales y políticas que, lejos de ampliar garantías, incrementaron el riesgo de impunidad, censura y discriminación.

Retrocesos institucionales y una justicia cada vez más debilitada

Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto que tuvieron diversas normas aprobadas en 2025 sobre el sistema de justicia y el trabajo de las organizaciones civiles. De acuerdo con Amnistía Internacional Perú, la pérdida de independencia de instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo redujo de forma visible las garantías que tienen las peruanas y peruanos para acudir a la justicia.

En ese contexto, la aprobación de la ley que modificó el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue señalada como una de las medidas más preocupantes. La norma amplió el control estatal sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo registros y supervisiones que, según el informe, exponen a controles arbitrarios y desproporcionados a quienes defienden derechos humanos.

Para Amnistía, esto afecta directamente a colectivos que acompañan a víctimas de graves violaciones, entre ellas las familias de las personas fallecidas durante la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, así como las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Otra de las disposiciones cuestionadas fue la Ley 32419, que establece amnistía para perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La organización advirtió que esta norma contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar, juzgar, sancionar y reparar estos crímenes. El efecto inmediato, según el reporte, es el fortalecimiento de los riesgos de impunidad y una nueva barrera para que las víctimas obtengan justicia.

El documento también menciona la Ley 32107, vinculada a la prescripción de delitos de lesa humanidad, además de la validación parcial que realizó el Tribunal Constitucional sobre la prescripción de hechos cometidos antes de 2002. En ese mismo marco, el máximo intérprete de la Constitución anuló condenas emblemáticas, entre ellas la del exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, un fallo que generó preocupación en sectores que siguen de cerca los procesos por violaciones a los derechos fundamentales.

A ello se suma la situación de las investigaciones por las protestas de 2022-2023, que dejaron un saldo de 50 muertos, incluidos 8 menores de edad, y al menos 1.400 heridos. Tres años después, los casos siguen en etapa preliminar y no se advierten sanciones efectivas contra los responsables. Para la organización, esto evidencia una respuesta institucional insuficiente ante hechos de extrema gravedad.

Violencia contra la prensa, mujeres y personas LGTBIQ+ en un contexto de hostilidad creciente

El retroceso no se limitó al ámbito judicial. El informe de Amnistía Internacional también advierte un deterioro severo en la libertad de prensa. En 2025 se registraron cuatro periodistas asesinados y 458 ataques contra la prensa, lo que convirtió al año en uno de los más violentos para el ejercicio periodístico en el siglo. La ausencia de resultados efectivos en las investigaciones alimentó un clima de impunidad que, de acuerdo con el reporte, favorece la autocensura y debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La violencia también golpeó a quienes defienden la tierra, el ambiente y los derechos colectivos. El documento señala el asesinato de dos defensores ambientales y reporta 161 casos de personas defensoras e indígenas bajo amenaza. A esto se sumaron campañas de hostigamiento, discursos estigmatizantes y ataques digitales y físicos contra activistas, entre ellos el caso de Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú, quien fue objeto de violencia en distintos niveles.

En paralelo, el país registró un agravamiento de la violencia contra mujeres y niñas. El informe detalla 135 feminicidios, 30.029 casos de violencia sexual y 12.044 desapariciones de mujeres, una cifra que representa un aumento del 17 % respecto al año anterior. También se advierte que solo 8,2 % de las sobrevivientes de violencia sexual recibió atención de emergencia, lo que muestra un acceso todavía muy limitado a servicios de salud y protección.

En ese escenario, la aprobación de la Ley 32535, que elimina el enfoque de género de las políticas públicas, fue presentada como un retroceso importante en la respuesta estatal frente a la discriminación y la violencia. La organización sostiene que retirar este enfoque debilita la capacidad del Estado para identificar las causas estructurales de la desigualdad y para diseñar medidas eficaces de prevención.

El informe también alerta sobre las restricciones para niñas y adolescentes víctimas de violación sexual que buscan acceder al aborto terapéutico, incluso en casos donde su vida está en peligro. Asimismo, denuncia el cierre de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en zonas rurales, lo que complica aún más la atención de víctimas en regiones indígenas y alejadas.

En cuanto a los derechos LGTBIQ+, el reporte menciona la Ley 32331, que condiciona el acceso a baños públicos según el “sexo biológico”, una disposición que afecta directamente a las personas trans. A esto se suma la persistencia de la patologización legal de la identidad de género y la ausencia de reconocimiento legal para personas trans, en contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.

La situación se agrava con la estigmatización de personas migrantes y refugiadas, a quienes algunos discursos oficiales asocian con la inseguridad ciudadana. Para Amnistía, ese tipo de mensajes alimenta prejuicios, expone a estas poblaciones a mayores niveles de violencia y aumenta su vulnerabilidad frente a redes de trata y otras formas de explotación.

En una tarde sofocante reciente en la capital cubana, decenas de personas que se desplazaban en bicicleta, patinete y motocicleta eléctrica se congregaron en una fila ordenada a la entrada del Túnel de la Bahía de La Habana. Esperaban el Ciclobús, un autobús especialmente acondicionado para transportar a las personas —y sus vehículos— a través del túnel submarino que conecta La Habana Vieja con el lado este de la isla.

El autobús diésel tiene capacidad para unos 60 pasajeros y sus vehículos, realizando suficientes viajes para transportar a más de 2000 personas al día. Cuenta con una sección de asientos delantera, pero la mitad de su estructura metálica es un compartimento abierto para carga. Los pasajeros acceden mediante una rampa especial y permanecen con sus vehículos durante todo el trayecto, sujetándose a las barras de apoyo instaladas en las paredes para mantener el equilibrio. No se permite el acceso de bicicletas, motocicletas ni patinetes al túnel.

Si bien el Ciclobús no es nuevo, nunca ha sido tan popular —y esencial— como lo es ahora que Cuba atraviesa su crisis energética más grave en décadas.

El bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero ha obligado al país a racionar la gasolina a tan solo 20 litros por vehículo mediante un engorroso proceso de citas que puede durar semanas, o incluso meses, paralizando el transporte público. Hoy en día, las calles de La Habana están casi vacías de coches, pero repletas de miles de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas que se han convertido en el único medio de transporte.

“Mi esposo tiene una bicicleta, así que voy a acompañarlo”, dijo Ingrid Quintana, residente del este de La Habana, quien trabaja en la parte antigua de la ciudad mientras esperaba el Ciclobús. “Es la única opción que tenemos, porque no hay transporte público y no podemos pagar un taxi privado, así que viajamos en Ciclobús”.

El Ciclobús es la ruta de transporte público más corta de la isla, ya que recorre 3 kilómetros (1,8 millas) en unos 15 minutos.

Tras embarcar cerca del Túnel de la Bahía de La Habana, en La Habana Vieja, los pasajeros experimentan un viaje accidentado a través de la oscuridad del pasaje submarino. Emergen en el este de La Habana, una extensa zona residencial donde viven cientos de miles de personas. En contraste, la ruta terrestre alternativa debe bordear la enorme bahía, un recorrido de 16 kilómetros (10 millas) a través de zonas portuarias industriales escasamente pobladas y con pavimento deficiente.

La tarifa de embarque oscila entre 2 y 5 pesos cubanos (una pequeña fracción de un dólar estadounidense en el mercado informal), dependiendo de si se transporta una bicicleta o una motocicleta.

En comparación, un viaje en taxi compartido desde los barrios del este —pasando por el túnel— cuesta 1.000 pesos cubanos (unos 2 dólares). Un trabajador cubano puede ganar un salario mensual de 7.000 pesos cubanos (unos 14 dólares).

El Ciclobús, propiedad de la empresa estatal de transporte de La Habana, surgió en la década de 1990 durante el llamado “Período Especial”, la crisis desencadenada por el colapso de la Unión Soviética que dejó a la isla aislada, lo que llevó al entonces presidente Fidel Castro a distribuir bicicletas de fabricación china entre la población.

Con el tiempo, el servicio perdió parte de su atractivo, ya que los residentes optaron por los autobuses regulares o los taxis compartidos. Sin embargo, ahora está experimentando un resurgimiento, dado que la escasez de combustible obliga a más cubanos a depender de bicicletas, triciclos eléctricos, patinetes y motocicletas para sus desplazamientos diarios.

“La mayoría de los trabajos están al otro lado, en la ciudad, y por eso tenemos que usarlo para cruzar”, dijo Bárbaro Cabral, profesor de gimnasia de 32 años, mientras sujetaba con fuerza su bicicleta mientras el Ciclobús comenzaba a llenarse de pasajeros.

(con información de AP)

La actividad industrial argentina profundizó su tendencia decreciente durante el segundo mes del año. Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a febrero de 2026 mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2025. Este retroceso consolida un escenario complejo para el sector fabril, que en el acumulado del primer bimestre del año ya presenta una disminución del 6,0% en comparación con el mismo período del año anterior.

La medición desestacionalizada también arrojó resultados negativos, con una variación de -4,0% respecto al mes anterior. El impacto de la crisis fue generalizado: catorce de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el mes bajo análisis.

Los resultados por sector

Dentro del esquema de las grandes categorías industriales, la caída más pronunciada se observó en el rubro de “Productos textiles”, que registró un desplome del 33,2% interanual en febrero. Le siguieron en magnitud de retroceso el bloque de “Maquinaria y equipo”, con una baja del 29,4%, y los sectores de “Otros equipos, aparatos e instrumentos” y “Vehículos automotores”, ambos con caídas del 24,6%.

Al analizar las divisiones por su incidencia en el nivel general, el informe destaca el impacto negativo de sectores críticos para la estructura productiva y el consumo. La división de “Alimentos y bebidas”, la de mayor peso relativo, cayó un 6,9% interanual.

Otros sectores con caídas de dos dígitos incluyeron a los “Productos de caucho y plástico” (-15,7%), “Productos de tabaco” (-14,9%), “Industrias metálicas básicas” (-12,5%) y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-12,3%). Por su parte, la contracción también alcanzó a rubros como “Productos de metal” (-5,7%), “Productos minerales no metálicos” (-7,2%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,2%) y “Madera, papel, edición e impresión”, que presentó una baja del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La excepción: petróleo y químicos

En un contexto de retroceso casi unánime, sólo dos de las grandes categorías analizadas por el Indec lograron mostrar mejoras interanuales. Uno es el bloque integrado por “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”, que registró un incremento del 2,7% en febrero respecto al mismo mes del año anterior.

Este desempeño positivo estuvo traccionado principalmente por dos divisiones específicas. Por un lado, la “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” presentó un sólido avance del 19,7%. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos en la producción de Gasoil (+23,8%) y Naftas (+10,8%), compensando las caídas en productos de menor volumen como el Fueloil (-2,1%) y los Asfaltos (-12,2%).

Por otro lado, la división de “Sustancias y productos químicos” acompañó esta tendencia con una suba del 3,7% interanual. Gracias a este repunte, la categoría logró ser la única con incidencia positiva significativa en el nivel general del IPI manufacturero, actuando como un tenue amortiguador frente al desplome del resto de la estructura fabril.

El desempeño por rubros internos

Un atenuante dentro del mal mes que tuvo la industria, es que dentro de los sectores con caídas generales, algunas subdivisiones mostraron comportamientos al alza. En el complejo de “Alimentos y bebidas”, por ejemplo, mientras que la mayoría de las actividades operaron a la baja —como la molienda de oleaginosas (-21,9%) y los productos cárnicos (vacuna -8,2%, aviar -7,4%)—, el rubro de “Productos lácteos” logró crecer un 8,1% interanual.

En contraste, la industria textil sufrió uno de los ajustes más severos del mes. El informe detalla que los “Tejidos y acabado de productos textiles” se derrumbaron un 47,0%, mientras que los “Hilados de algodón” cayeron un 30,7%. Solo la “Preparación de fibras de uso textil” mostró una variación positiva del 21,5%, aunque con una incidencia marginal en el total del sector.

La industria de los videojuegos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Un aumento constante de despidos, saturación del mercado, presión para adoptar la inteligencia artificial generativa y una ola de incertidumbre entre los profesionales han encendido las alarmas de figuras históricas como John Romero, creador de Doom, y Brenda Romero.

Ambos advierten que el sector está viviendo una crisis comparable, e incluso más grave, que el crash de 1983 en Estados Unidos, cuando el mercado colapsó por una sobreoferta de títulos de baja calidad y una mala gestión empresarial.

La relevancia de esta advertencia radica en que no solo afecta a grandes compañías, sino que impacta directamente en estudios medianos e independientes, desarrolladores y toda la cadena de valor del gaming. El temor al desempleo, la incertidumbre sobre el futuro de los modelos de negocio y el debate sobre el papel de la inteligencia artificial están marcando un periodo de cambios profundos, cuyas consecuencias aún no se vislumbran con claridad.

Qué fue el crash del gaming en 1983

El crash de 1983 fue una de las mayores crisis en la historia de los videojuegos: una saturación de consolas y juegos mal diseñados llevó a la quiebra de numerosas empresas, obligando a la industria a reinventarse. Brenda Romero ha advertido que el momento actual es todavía más complejo: “Esto es definitivamente peor. Hay muy pocas personas que no se han visto afectadas. Es un momento realmente difícil”.

Entre los factores que agravan la crisis están la presión por adoptar modelos de “juegos como servicio”, la proliferación de lanzamientos sin la calidad suficiente y la incertidumbre sobre el impacto de la IA generativa. El sector está saturado y el mercado no logra absorber la cantidad de juegos que llegan a las tiendas digitales.

Tal como señalan los Romero, la presión para incorporar IA generativa es enorme, tanto por parte de las empresas como de los inversores, mientras que los equipos de desarrollo y los propios jugadores muestran resistencia ante la automatización de procesos creativos.

John ha resaltado que el éxito de un juego ya no garantiza estabilidad laboral, citando el caso de Battlefield 6, que tuvo buenos resultados pero fue seguido por despidos masivos en EA.

La crisis actual no solo afecta a los empleados, también a proyectos en curso y estudios consolidados. Microsoft, por ejemplo, recortó financiación a Romero Games y canceló proyectos como Everwild y Perfect Dark, lo que llevó al estudio de los Romero a reducir su plantilla de 110 a solo nueve desarrolladores.

Impacto en los estudios independientes

Romero Games es un ejemplo de la precariedad del sector: la falta de financiación y los cambios abruptos en las prioridades de los grandes publishers pueden dejar a proyectos ambiciosos al borde de la cancelación.

A pesar de todo, el estudio ha logrado sobrevivir, aunque el tamaño del equipo y las características del juego en desarrollo han tenido que adaptarse a la nueva realidad.

A pesar de estos desafíos, los creadores mantienen cierto optimismo. “Nos han pasado cosas bastante malas, y justo después nos ha pasado algo increíblemente bueno”, señala Romero, convencido de que, aunque la situación es crítica, el sector tiene capacidad de adaptación.

La crisis actual no supone el fin de la industria, pero sí un punto de inflexión. La presión para innovar, la necesidad de encontrar modelos de negocio sostenibles y la gestión responsable de recursos humanos serán clave para superar esta etapa. La historia demuestra que el gaming ha sabido reinventarse antes, pero la magnitud de los desafíos actuales exige respuestas a largo plazo y una reflexión profunda sobre el rumbo del sector.

El crash de 1983 fue superado con la llegada de la NES y el sello de calidad de Nintendo, que restauró la confianza en los consumidores. Hoy, la industria enfrenta la necesidad de redefinir estándares de calidad, adaptar la innovación tecnológica y equilibrar la rentabilidad con la creatividad. Los próximos años serán decisivos para determinar si el sector logra recuperarse o si, como advierten los creadores de Doom, enfrenta su peor crisis en cuatro décadas.

La inserción de la Argentina en la economía global se enfrenta a un escenario sustancialmente más complejo que el de principios de siglo. Aunque el Gobierno ha puesto el foco en la eliminación del déficit fiscal y la contención de la inflación como pilares de la estabilización, el camino hacia una apertura económica sostenible requiere atender lo que un documento del Ieral define como un “techo de cristal”: una serie de trabas estructurales heredadas que limitan la capacidad de respuesta del sector productivo.

Este obstáculo se hace evidente al contrastar el desempeño local con modelos internacionales de integración exitosa, donde la brecha de eficiencia queda expuesta de manera drástica. En este sentido, una comparación con Australia revela una distancia muy grande en la dotación de factores y la eficiencia exportadora. Mientras que Australia logra exportaciones por habitante vinculadas a recursos naturales de 13.000 dólares anuales, la cifra en Argentina apenas alcanza los 1.200 dólares, precisa Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral.

Esta disparidad no se agota en el sector primario. Australia ha logrado capturar el 0,56% de las exportaciones globales de servicios, mientras que la Argentina, con una población significativamente mayor (46 millones frente a 27 millones), apenas llega al 0,11 % del mercado mundial.

Incluso en sectores donde el país tiene potencial, como la minería y los hidrocarburos, la involución es marcada: el market share global de Argentina en este rubro cayó del 0,33 % en 2010 al 0,25 % en 2024, a pesar del desarrollo de Vaca Muerta. En la agroindustria, el retroceso es aún más profundo, pasando de una cuota de mercado del 2,33 % al 1,41 % en el mismo período.

El “techo de cristal” y la herencia de los cepos

Para entender por qué la economía no logra traccionar con la velocidad del periodo 2002-2003, es necesario analizar el estado del aparato productivo. El informe del Ieral señala que la “herencia de los cepos” ha dejado un tendal de empresas con escasos incentivos a la modernización. Según el documento, se atravesó un “destructivo período en el que los gerentes financieros prevalecían sobre los ingenieros de planta”.

La evidencia más clara de este deterioro se observa en el uso de la capacidad instalada industrial. Dos años después del estallido de la crisis de finales de 2023, la industria opera a solo un 53,8 % de su capacidad. En contraste, dos años después de la crisis de la convertibilidad, hacia fines de 2003, ese indicador alcanzaba el 69,9%. Existe, por tanto, una brecha de 16,1 puntos porcentuales que ilustra la dificultad actual de las plantas para competir por precio o calidad.

“La ‘herencia de la convertibilidad’ en términos productivos fue el de industrias muy entrenadas en la competencia y fuertes incentivos a favor de la actualización tecnológica, a 180 grados de la ‘herencia de los cepos’”, destaca el Ieral. Esta diferencia es crucial, ya que el uso de capacidad instalada ociosa tras una crisis permite un tramo de expansión del PIB “gratuito en términos de nuevas inversiones”, fenómeno que ocurrió en 2002/03 pero que no se ha replicado en 2024 y 25.

4 diferencias clave con la posconvertibilidad

El análisis de los especialistas identifica cuatro razones fundamentales por las cuales las condiciones de crecimiento actuales difieren drásticamente de las registradas hace dos décadas:

1. Empresas “encepadas” vs. entrenadas: A diferencia del inicio de los 2000, cuando las empresas venían de una década de competencia y actualización tecnológica, el tejido industrial actual arrastra 15 años de desincentivos y falta de modernización debido a las restricciones cambiarias.
2. Apreciación cambiaria: El tipo de cambio real multilateral actual refleja una apreciación del peso de más de un tercio respecto de los parámetros de 2003, lo que resta competitividad externa por la vía del precio.
3. Presión tributaria distorsiva: El peso de los impuestos que afectan directamente la producción es significativamente más alto. El “lastre de los impuestos distorsivos” (como Ingresos Brutos y tasas municipales) equivale hoy a 8,0 puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos que se registraban al finalizar la convertibilidad.
4. El factor China: El rol de la potencia asiática ha rotado 180 grados. Hace 25 años, la demanda china impulsaba al alza el precio de las commodities que Argentina exporta. Hoy, China empuja a la deflación los precios de los productos industriales, habiendo pasado de capturar el 5,0 % de las exportaciones manufactureras mundiales a principios de los 2000 al 20,0 % en la actualidad.

Desafíos para la inserción global

De acuerdo al análisis del Ieral, la hoja de ruta para una mayor integración al mundo debe contemplar estos desafíos inéditos. La apertura no puede ser un acto de voluntad aislado, sino que requiere una consistencia macroeconómica que permita perforar el “techo de cristal”.

A pesar de las dificultades estructurales, el informe destaca algunas señales positivas en el frente externo. Los datos de los últimos meses, incluyendo enero, muestran que las exportaciones de bienes —medidas a través de la “tendencia ciclo” del Indec— se han estabilizado en torno a los 8.000 millones de dólares mensuales. Un año atrás, ese mismo registro era de 6.800 millones de dólares, lo que marca una recuperación en los volúmenes despachados al exterior.

Sin embargo, para que este incremento se traduzca en un crecimiento sostenido, es imperativo abordar las distorsiones internas. El contraste con Australia es nítido: mientras aquel país sostiene un market share relevante en minería (6,23 %), oro (2,19 %) e incluso manufacturas como textiles (0,38 %) y maquinaria (0,28 %), la Argentina lucha por recuperar los niveles de participación global que supo tener hace apenas quince años.

En definitiva, la economía argentina se encuentra en una transición donde la estabilización fiscal y monetaria es una condición necesaria, pero no suficiente. La brecha de 16 puntos en el uso de la capacidad instalada respecto a la salida de la convertibilidad y el peso de los impuestos distorsivos sugieren que el camino hacia el crecimiento será más dependiente de reformas estructurales y ganancias de productividad que de un rebote cíclico automático.

La experiencia australiana enseña que la apertura debe ser gradual y estar acompañada de una estrategia que permita a las empresas adaptarse a un mercado global donde la competencia, liderada por China, es hoy mucho más agresiva que a principios de siglo.

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.

En una esquina de Ciudad del Cabo, a dos cuadras de las olas del océano Atlántico, cerca de tiendas de comestibles de alta gama, hamburgueserías y cafés especializados en matcha, se encuentra el Sage, un moderno edificio residencial de mediana altura en el que muchos habitantes estarían encantados de vivir.

Sin embargo, gran parte del edificio está diseñado para atraer a turistas, no a residentes locales. Más de un tercio de sus viviendas están reservadas para alquileres a corto plazo en Airbnb.

Los apartamentos de dos dormitorios del edificio llegan a costar unos 350 dólares por noche, casi el 40 por ciento de lo que gana una familia con ingresos medios en Ciudad del Cabo en un mes. El precio medio de la vivienda en la ciudad es de unos 200.000 dólares. En Clifton, una de las comunidades playeras más exclusivas de la ciudad, la vivienda media cuesta unos 2,5 millones de dólares.

En esta metrópoli sudafricana, propiedades como las del Sage protagonizan un intenso debate sobre la vivienda asequible, el turismo y la persistencia de la segregación del apartheid.

Desde los jóvenes profesionales hasta los trabajadores pobres, muchos habitantes de Ciudad del Cabo se quejan de que los precios descontrolados de la vivienda los han obligado a vivir lejos de los puestos de trabajo, las escuelas de clase acomodada y los supermercados saludables disponibles en el centro de la ciudad. Culpan a los turistas con mucho dinero de ocupar viviendas en lugares privilegiados y a los promotores inmobiliarios de establecer precios prohibitivos.

Alrededor del 70 por ciento de las viviendas residenciales del centro de la ciudad están dedicadas a habitaciones de hotel o alquileres de corta duración, según un informe publicado por el ayuntamiento en 2025.

"En realidad, la ciudad se está mejorando para los turistas", dijo Lizanne Domingo, teleoperadora. Domingo se desplaza diariamente al trabajo durante dos horas en cada sentido porque no puede permitirse vivir cerca de la ciudad, dijo. "No es para los nuestros, porque el costo de la vida es ridículamente caro".

Los problemas de Ciudad del Cabo pueden parecer similares a los del turismo excesivo en ciudades europeas como Barcelona y Venecia, o a los de la gentrificación en Nueva York y San Francisco. Pero Ciudad del Cabo destaca por sus casas costeras multimillonarias ubicadas a poca distancia de extensos asentamientos informales, donde las familias han vivido durante generaciones en pequeñas chozas construidas con chapa metálica y madera.

Las autoridades municipales sostienen que frenar el turismo o prohibir Airbnb no resolverá el problema. Afirman que, para crecer, la ciudad necesita los 210.000 puestos de trabajo y los 1700 millones de dólares anuales de ingresos que genera el turismo.

"Tenemos que encontrar maneras de gestionar esa presión", dijo Geordin Hill-Lewis, alcalde de Ciudad del Cabo. "Pero lo que no podemos hacer es darle la espalda a una de las únicas partes de toda la economía sudafricana que está creciendo lo suficientemente rápido como para de verdad sacar a la gente de la pobreza y darle empleo".

Según Hill-Lewis, los sudafricanos que emigran de otras partes del país son la mayor fuente de presión sobre el mercado de la vivienda de la ciudad. Vienen a Ciudad del Cabo con la esperanza de aprovechar sus servicios y oportunidades económicas.

Pero muchos habitantes de Ciudad del Cabo afirman que la crisis de la vivienda está afianzando la dinámica creada durante el apartheid, cuando el gobierno sudafricano de minoría blanca confinaba a la gente de color en comunidades lejanas y ruinosas.

Domingo, de 27 años, se crio cerca del centro de la ciudad, en uno de los muchos asentamientos informales de Ciudad del Cabo, zonas extensas que a menudo carecen de electricidad y donde los vecinos a veces se ven obligados a utilizar cubetas como retretes. Su familia y la mayoría de los demás habitantes del asentamiento eran de color, una clasificación multirracial creada por el gobierno del apartheid.

Ha pasado de una vivienda humilde a otra. Tras casarse y tener tres hijos, llegó un momento en el que dormía con su familia de cinco miembros en una habitación individual que alquilaban en una casa de tres habitaciones por 200 dólares al mes, solo para poder vivir cerca de la ciudad.

Desde entonces se han instalado en una casa ocupada de dos dormitorios localizada a más de 50 kilómetros del centro de la ciudad. Domingo piensa en que su hijo de 1 año ni siquiera ha visto la playa.

"Solo hay un supermercado en nuestra zona", dijo. "No hay comisaría de policía. No hay bomberos. No hay hospital. En lo que respecta a mis hijos, tengo miedo de que piensen que esto es todo lo que hay en la vida".

Alrededor del 20 por ciento de la población de Ciudad del Cabo vive en asentamientos informales, dijo Francois Viruly, economista inmobiliario de Ciudad del Cabo. La tasa de desempleo también ronda el 20 por ciento. Nueve de cada 10 familias que buscan vivienda no pueden permitirse vivir en el centro.

Enclavada entre una montaña y una costa rocosa, Ciudad del Cabo dispone de inmuebles mucho más baratos que ciudades comparables en el extranjero. Un alquiler de una habitación en San Francisco suele costar unos 3000 dólares al mes; en la pintoresca costa de Ciudad del Cabo ronda los 1300.

Pero los precios de la vivienda en la ciudad han subido un 38 por ciento en los últimos seis años.

Hill-Lewis, el alcalde, ha introducido cambios que, según dijo, podrían aumentar la oferta de viviendas, como acelerar la liberación de terrenos de propiedad municipal y eliminar trámites burocráticos para los promotores inmobiliarios.

En Ciudad del Cabo se han construido más viviendas subvencionadas por el gobierno que en ninguna otra área metropolitana de Sudáfrica desde 1994, cuando terminó el apartheid. Pero ninguna de esas unidades se ha construido en el centro.

Los funcionarios de la Provincia Occidental del Cabo, que incluye Ciudad del Cabo, han dado a conocer tres proyectos con los que está previsto que se construyan en los próximos años más de 1900 viviendas subvencionadas por el gobierno en el centro de la ciudad. Sin embargo, los residentes afirman que no se hacen muchas ilusiones.

Lucinda Jafthas y su familia vivieron durante años en un asentamiento informal cerca del centro de la ciudad. Después de que un incendio quemó esa zona, el gobierno ubicó a los residentes en viviendas provisionales cercanas en 2018. A la familia de Jafthas se le dijo que, con el tiempo, se les daría una vivienda de protección oficial, dijo. Todavía están esperando.

"¿Simplemente están echando a la gente aquí para poder conseguir el terreno y venderlo o hacer lo que sea?", dijo Jafthas, trabajadora de comercio minorista. "¿Piensan construir alguna vez casas para estas personas o tienen que morir aquí fuera?".

Muchos habitantes de Ciudad del Cabo dicen que temen que los residentes más vulnerables de la ciudad salgan perdiendo ante los intereses de los promotores inmobiliarios.

Según algunos vecinos, eso es lo que está ocurriendo en un barrio llamado Distrito Seis.

En 1966, el gobierno del apartheid declaró este distrito de Ciudad del Cabo como una zona exclusiva para blancos. Más de 60.000 personas, en su mayoría de color, fueron desplazadas. Pero algunas de esas familias pudieron quedarse en seis casas de campo contiguas que eran propiedad de una orden religiosa católica, que luchó contra los desalojos. Más recientemente, la orden le vendió esa propiedad a un promotor inmobiliario, quien obtuvo una orden judicial para desalojar a las familias restantes. Un abogado del promotor no respondió a una solicitud de comentarios.

"Es como David y Goliat", dijo Sean Savage, de 70 años, cuya familia vive en las casas del Distrito Seis desde 1928. "Esperamos y rezamos para que se haga justicia definitiva a esta locura".

Desde 2019, el número de anuncios de Airbnb en Ciudad del Cabo ha aumentado un 92 por ciento, hasta casi 27.000, según datos de Inside Airbnb, un grupo de defensa.

Una portavoz de Airbnb dijo que, en realidad, ha disminuido el número de anuncios activos en Ciudad del Cabo que pueden encontrarse con la herramienta de búsqueda del sitio. Añadió que las ciudades que han prohibido o restringido el alquiler a corto plazo no han registrado una disminución de los precios generales de los alquileres.

Las autoridades de Ciudad del Cabo han propuesto aumentar los impuestos sobre las viviendas que se utilizan principalmente para alquileres de corta duración. Los activistas de la vivienda piden más cambios, como exigir a los promotores que reserven unidades para viviendas asequibles.

Por ahora, los residentes hacen lo que pueden para encontrar lo que está disponible y dentro de sus posibilidades.

A través de un amigo, Zamo Tana se enteró de una nueva urbanización ubicada a unos 15 minutos en coche del centro de Ciudad del Cabo. Había un estudio disponible para alquilar por 400 dólares al mes, una ganga.

El nuevo edificio, con 241 unidades de alquiler asequible, ofrecía más espacio y comodidades, y un trayecto más corto al trabajo. Tana, de 26 años, dijo que enseguida se puso en contacto con el edificio y consiguió la vivienda.

Cuando su novia, Mamello Moeketsi, entró en el apartamento por primera vez en una tarde reciente, no pudo contener su alegría. Moeketsi, de 23 años, estaba delante del espejo del cuarto de baño con las manos juntas. La antigua vivienda de la pareja no tenía espejo en el cuarto de baño, dijo. Miró por la ventana y le encantó la idea de ver amaneceres y atardeceres desde su casa.

"Nos ha tocado la lotería", dijo.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Ciudad del Cabo y June Kim desde Nueva York.

John Eligon es el jefe del buró del Times en Johannesburgo y cubre una amplia gama de eventos y tendencias que influyen y dan forma a las vidas de la gente común en todo el sur de África.

Joao Silva es un fotógrafo del Times afincado en Sudáfrica.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Ciudad del Cabo y June Kim desde Nueva York.

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.

En un contexto de dificultades financieras para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la empresaria e influencer Delfina Ferro, fundadora y directora ejecutiva de Diabla, compartió públicamente las complicaciones que enfrentó su firma para afrontar el pago de sueldos este mes. Según detalló la propia Ferro, debió utilizar USD 30.000 de su propio bolsillo para cubrir las remuneraciones de su equipo, compuesto por una veintena de empleados.

En declaraciones difundidas en su cuenta de TikTok, Ferro afirmó: “Esta semana me toca pagar 30.000 dólares. Me la desayuné. Ustedes, que siempre me piden problemas honestos, les voy a contar un poquito de este. Yo soy CEO y fundadora de Diabla, que es mi empresa de suplementos”.

La empresaria explicó que el crecimiento de Diabla en el sector de suplementos y alimentos saludables implicó un aumento significativo en los gastos operativos. “Es la empresa que más rápido creció en los últimos años en Argentina y una empresa que crece siempre significa que gasta plata. Este mes nos descalzamos con la entrada y salida de pagos y tengo que salir a capitalizar yo la empresa con USD 30.000, porque no llegamos a pagar sueldos”, sostuvo.

Ferro señaló que la posibilidad de aportar fondos personales a la compañía proviene de su actividad como creadora de contenido en redes sociales. “Somos un equipo de 20-22 personas en Diabla, ya perdí la cuenta. Y yo puedo poner USD 30.000 en mi bolsillo para cubrir esto porque trabajo en redes. Yo soy influencer para vivir y para capitalizar Diabla”, manifestó.

La fundadora de Diabla subrayó que su decisión responde al compromiso con el desarrollo del proyecto: “Entiendo que esto lo hago porque con amor, con orgullo, con felicidad, porque estoy invirtiendo plata en construir valor en una empresa que quiero que crezca rápido y por eso es que quiero seguir poniéndole todo de mí, todo de mi plata, para ver los resultados que sé que puede lograr lo más rápido posible. Y bueno, habrá que poner treinta lucas de mi fondo de luna de miel. Chau, mi luna de miel”. Rápidamente, el video obtuvo casi medio millón de reproducciones, likes y comentarios de todo tipo.

Nuevos créditos para pymes

Con la intención de impulsar el sector productivo y facilitar el acceso al financiamiento en un entorno desafiante para las empresas, el Banco Nación lanzará a partir del 6 de abril nuevas líneas de crédito dirigidas a pymes, con tasas más bajas.

Las nuevas opciones de financiamiento presentan una tasa nominal anual del 25%, cifra que representa una baja frente al 38% vigente hasta ahora. Además, se habilitará el descuento de cheques a 30 días con una tasa del 23%, dos puntos por debajo de la anterior, en un escenario de progresiva estabilización macroeconómica y reducción de tasas en el sistema financiero argentino.

Ambas líneas cuentan con un cupo total de $1 billón y están orientadas a fortalecer la inversión y la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, un sector central para la economía argentina.

La rebaja al 25% en la línea de capital de trabajo y al 23% en el descuento de cheques a 30 días —ambas con un cupo de $1 billón— posiciona a estas alternativas entre las más competitivas disponibles para pymes en el mercado actual.

De acuerdo con lo informado por el Banco Nación, esta iniciativa contribuye a los objetivos oficiales de incentivar la producción y mejorar la estructura financiera de las empresas, ya sea para acceder a nuevos créditos o refinanciar obligaciones existentes bajo condiciones más accesibles.

El anuncio de la reducción de tasas por parte del Banco Nación ocurre en un escenario donde las condiciones financieras para las empresas resultan cada vez más exigentes. En los últimos meses, los indicadores del sistema bancario empezaron a mostrar con mayor claridad el deterioro en la capacidad de pago de las compañías.

Crece la mora bancaria de empresas

Los créditos otorgados a empresas mostraron un deterioro, aunque de menor magnitud que los de las familias: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en el primer mes del año, con un alza de 0,3 puntos porcentuales frente al mes previo. Sin embargo, al poner la lupa sobre el comportamiento anual, experimentó un alza de 2 puntos respecto al 0,77% de enero de 2025.

El incremento de la morosidad afecta principalmente a las financiaciones clasificadas como de riesgo medio o con dificultades estructurales para cumplir con los pagos. Aunque la proporción de créditos en problemas entre las empresas se mantiene por debajo de la observada en el segmento de familias, la diferencia se reduce en un contexto de menor dinamismo económico.

El mercado de crédito comercial en Argentina presenta una marcada concentración: el 42% del total de préstamos está en manos del 0,3% de las sociedades, es decir, grandes empresas. El 58% restante se reparte entre el 99,7% de las firmas activas, según el área de estudios económicos del Banco Provincia.

Esta desigualdad también se observa en los niveles de morosidad. Mientras las grandes compañías registran un índice de irregularidad del 0,9%, en el caso de las pymes ese porcentaje alcanza el 4 por ciento.

Al desagregar las últimas cifras disponibles, con datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central, el panorama se torna más complejo: en enero de 2026, 1 de cada 8 empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), marcando un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto al inicio del 2025.

El sector de la indumentaria atraviesa un escenario de deterioro sostenido que se profundiza mes a mes. La debilidad del consumo se consolida como un freno estructural para la actividad y arrastra a la mayoría de las empresas a un contexto marcado por menores ingresos, tensiones operativas y crecientes dificultades financieras.

Durante el primer bimestre de 2026, la actividad volvió a mostrar resultados negativos y extendió una dinámica contractiva que se había instalado en el sector desde hace ya dos años. Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas promedio registraron una caída interanual del 8,4% entre enero y febrero, lo que consolidó un período prolongado de retrocesos.

El relevamiento reflejó que esta tendencia no resultó aislada, sino que formó parte de un proceso más amplio. A lo largo de los últimos dos años, casi todos los bimestres relevados cerraron con caídas en las ventas promedio, lo que configuró un escenario persistente de debilidad en la actividad de la indumentaria.

En ese marco, la evolución reciente mostró una continuidad de los problemas estructurales que afectan al sector. Si bien algunos indicadores presentaron leves variaciones respecto del período anterior, el comportamiento general de la actividad mantuvo una trayectoria descendente.

El impacto de la caída en las ventas alcanzó a una amplia mayoría de las empresas. El 63% de las firmas reportó una disminución en sus ventas, mientras que un 30% logró incrementarlas y un 7% no registró cambios. Estos datos marcaron una leve mejora en comparación con el bimestre anterior (en el que el 71% de las compañías tuvo una merma en sus ventas), aunque no modificaron el cuadro general.

La persistencia de este comportamiento reflejó la dificultad del sector para recuperar niveles de actividad. La dispersión en los resultados empresariales también evidenció que el deterioro no afectó de manera homogénea, aunque sí se extendió a la mayor parte de las compañías.

Baja demanda

Dentro de este escenario, la falta de demanda continuó como el principal factor explicativo de la caída en la actividad. Desde hace dos años, este problema se ubicó al tope de las preocupaciones empresarias y, en el último relevamiento, su incidencia se profundizó. En concreto, ocho de cada diez empresas señalaron la debilidad del mercado como su principal obstáculo, lo que reflejó la centralidad de este factor en la dinámica del sector.

Este contexto también impactó sobre la capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de costos a los precios finales. La mitad de las firmas indicó que no logró aplicar ajustes, mientras que un 43% solo pudo trasladar menos de la mitad de esos incrementos.

La dificultad para recomponer precios se combinó con la caída en las ventas y generó un escenario de presión sobre los márgenes. Las empresas enfrentaron así un doble desafío: menores ingresos por volumen y limitaciones para compensar el aumento de costos.

Como consecuencia directa de este proceso, los niveles de stock volvieron a incrementarse. La acumulación de mercadería se convirtió en uno de los principales efectos visibles de la debilidad del mercado. Actualmente, el 50% de las empresas declaró contar con inventarios excesivos, lo que representó el nivel más alto desde el tercer bimestre de 2024. Este dato reflejó no solo la caída en las ventas, sino también la dificultad para ajustar la producción al ritmo de la demanda.

La acumulación de stock implicó además una presión adicional sobre la estructura financiera de las firmas. La mercadería sin vender representó recursos inmovilizados que no se transformaron en liquidez, lo que complicó la operatoria cotidiana.

Estrés financiero

En paralelo, el informe registró un aumento en el estrés financiero dentro del sector. Ocho de cada diez empresas enfrentaron dificultades en la cadena de pagos, lo que evidenció un deterioro significativo en las condiciones de financiamiento.

Este fenómeno se manifestó con especial claridad en el comportamiento de los atrasos. La proporción de compañías que registró demoras ocasionales se duplicó y alcanzó a seis de cada diez firmas, lo que marcó un cambio relevante en la dinámica de pagos.

Al mismo tiempo, el grupo de empresas que no presentó atrasos significativos se redujo de manera abrupta. Este segmento pasó del 40% al 21% en apenas un bimestre, lo que reflejó la rapidez con la que se deterioraron las condiciones financieras.

El aumento de los problemas en la cadena de pagos se vinculó tanto con la caída en los ingresos como con las dificultades para sostener el flujo de fondos. En este contexto, las empresas enfrentaron mayores restricciones para cumplir con sus compromisos y sostener el giro habitual del negocio.

El deterioro del escenario también tuvo impacto en el empleo. Las empresas avanzaron con medidas de ajuste sobre sus estructuras de personal, en línea con la evolución de la actividad y la necesidad de reducir costos. Entre las principales decisiones adoptadas se destacaron las renuncias no reemplazadas, que representaron el 25% de las medidas vinculadas al empleo. Esta estrategia permitió reducir la dotación sin recurrir de manera directa a despidos en todos los casos.

Crecen los despidos en el sector

Sin embargo, los despidos también ganaron peso dentro del conjunto de medidas y alcanzaron el 21% del total. Este dato reflejó un endurecimiento en las decisiones empresariales frente a la persistencia de la crisis.

El comportamiento del empleo se inscribió así dentro de un proceso más amplio de ajuste, que incluyó tanto la reducción de costos como la adaptación a un nivel de actividad más bajo.

El informe también relevó la evolución de las expectativas económicas, que mostraron un nuevo deterioro durante el primer bimestre del año. Las respuestas que calificaron la situación como “muy mala” y “mala” aumentaron, mientras que las evaluaciones regulares perdieron participación. Este cambio en las percepciones empresarias reflejó un clima de mayor incertidumbre en el sector. Las empresas describieron un entorno caracterizado por la debilidad del mercado, las dificultades para sostener la rentabilidad y las tensiones en la cadena de pagos.

La crisis por la calidad del combustible en Bolivia pasó de ser un reclamo sectorial a tener implicaciones políticas. En los últimos días hubo reiterados pedidos de renuncia contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Transportistas y actores políticos coincidieron en responsabilizar a ambas autoridades por la distribución de gasolina “desestabilizada” y la supuesta demora en el resarcimiento a los afectados. La dirigencia de choferes de La Paz fue una de las primeras en exigir su salida, argumentando incumplimientos y una “burla” al sector.

“Queremos la renuncia del ministro y del presidente de YPFB por la burla que han hecho con el sector”, manifestó el dirigente de los transportistas Santos Escalante a tiempo de anunciar un paro con bloqueos el miércoles, que luego fue ampliado como una medida de presión “indefinida”. Los transportistas también cuestionaron el rol de la ANH por la supuesta falta de rigurosidad en los controles del combustible.

El problema surgió hace unos dos meses con las primeras denuncias por daños mecánicos atribuidos a la mala calidad de la gasolina. En medio de la tensión por la aparición de casos, el presidente de YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con goma y manganeso que quedaban en tanques heredados de la anterior gestión.

Para corregir la gasolina “desestabilizada”, la estatal petrolera determinó incluir aditivos especiales y detergentes, con lo que se suponía que la gasolina tendría mejor calidad y cumpliría con estándares mínimos. Sin embargo, continúan surgiendo denuncias de usuarios afectados y las protestas están yendo en aumento.

En paralelo a las acciones para corregir el combustible, el Gobierno implementó un seguro para los afectados, quienes deben certificar el daño para recibir el desembolso. Aunque los choferes denuncian que hay retrasos en este proceso, YPFB informó que ya pagó a cerca de mil usuarios y que continuarán realizando desembolsos el mes de abril.

A los reclamos sectoriales se sumaron en las últimas horas legisladores de diferentes fuerzas políticas que exigen al Gobierno una solución definitiva y respaldan la protesta de los choferes.

La senadora Marcela Guerrero calificó como “gasolina basura” el combustible distribuido y lamentó que aún no se hubiera identificado a los responsables. “Hay una situación de indefensión de la población, y le damos toda la razón al autotransporte”, afirmó citada por Brújula Digital. En tanto, el senador Nilton Condori consideró como “justa” la manifestación de los choferes.

La principal fuerza opositora, Libre, fue más radical en su reclamo y se unió a la dirigencia de los choferes al exigir la renuncia de las principales autoridades del sector de hidrocarburos: el ministro, el presidente de la estatal petrolera y el director de la ANH.

“La bancada Libre, con firmeza y con total responsabilidad, exige inmediatamente la renuncia del ministro de Hidrocarburos, porque no está con la capacidad de poder darle soluciones al pueblo boliviano, sino más al contrario, está agravando la crisis”, afirmó en conferencia de prensa el diputado Rafael López. Los legisladores también advirtieron que iniciarán demandas penales por este caso.

Mientras el conflicto escala, el Gobierno hizo un llamado al diálogo a los choferes y cuestionó el paro indefinido porque, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se habrían llegado a acuerdos previos. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro y bloqueos que perjudican a los bolivianos que quieren ir a trabajar o a estudiar es un error”, escribió en su cuenta de X y agregó que “el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”.

La presencia de residuos de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, detectada desde inicios de marzo, generó un nuevo llamado desde la Cámara de Diputados para que el gobierno federal refuerce las acciones de atención ambiental, investigación y apoyo a comunidades afectadas.

Legisladores de Movimiento Ciudadano advirtieron que la contaminación ya impacta cientos de kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco y podría afectar a millones de habitantes.

Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México afecta más de 630 km de litoral

De acuerdo con denuncias de comunidades costeras, el derrame se ha manifestado en playas, ríos y lagunas mediante la presencia de chapopote y contaminación visible.

Esta situación ha provocado afectaciones a ecosistemas marinos y a actividades económicas clave como la pesca y el turismo.

Las zonas impactadas abarcan más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, entidades que en conjunto concentran a más de 10 millones de personas.

En el caso de Veracruz, se estima que cerca de 300 mil familias dependen de actividades relacionadas con el mar, mientras que la región recibe millones de visitantes cada año.

Movimiento Ciudadano pide acciones inmediatas y transparencia del gobierno federal

Durante un posicionamiento en la Cámara de Diputados, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtió que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la expansión del daño ambiental en una de las regiones ecológicas más relevantes del país.

En ese contexto, el partido presentó un punto de acuerdo para solicitar acciones urgentes de atención, mitigación e investigación sobre el origen del derrame.

La propuesta también plantea reforzar la transparencia sobre lo ocurrido y garantizar que se informe públicamente sobre responsabilidades y posibles sanciones.

Proponen comparecencias y activación del Plan Nacional de Contingencia

Entre las medidas planteadas se encuentra la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como la obligación de detallar las causas del derrame y las acciones emprendidas para contenerlo.

Además, se solicitó activar de manera inmediata el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y establecer una mesa interinstitucional de manejo de crisis coordinada por la Secretaría de Marina, con el objetivo de contener la contaminación y mitigar sus efectos ambientales.

Legisladores alertan sobre impacto económico en pesca y turismo

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, señaló que los residuos se han extendido desde Paraíso, Tabasco, hasta Tamiagua, Veracruz, lo que evidencia la magnitud del problema en la región del Golfo.

El legislador subrayó que aún no existe claridad sobre el origen del derrame, situación que ha derivado en respuestas tardías y desarticuladas por parte de distintas autoridades.

Piden apoyos económicos para familias afectadas en plena temporada turística

Sergio Gil planteó que el gobierno federal debe implementar apoyos económicos inmediatos para pescadores, restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos que han tenido que detener sus actividades debido a la contaminación, justo en el periodo de mayor flujo económico por la temporada vacacional.

Los apoyos, indicó, tendrían que ser suficientes y en varios casos a fondo perdido para evitar el cierre de negocios y proteger el ingreso de miles de familias.

También advirtió que no debería repetirse un esquema basado en endeudamiento como el que enfrentaron diversos sectores durante la pandemia.

Comunidades afectadas por el derrame en el Golfo de México

Entre los principales impactos reportados en la zona costera se encuentran:

• Presencia de chapopote y residuos de hidrocarburos en playas y cuerpos de agua
• Afectaciones a ecosistemas marinos y especies que habitan en la región
• Suspensión o reducción de actividades pesquerasPérdidas económicas para restaurantes, hoteles y servicios turísticos
• Riesgos a la salud y al sustento de comunidades costeras

Finalmente, Laura Ballesteros hizo un llamado a que las autoridades federales y estatales actúen con responsabilidad y transparencia frente a la emergencia ambiental.

“Esta situación no debe minimizarse ni convertirse en un tema político; está en juego la protección del medio ambiente, la economía regional y la salud de millones de personas”, expresó.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que introduce el llamado “botón de emergencia” para asegurar la continuidad de las comunicaciones críticas durante crisis o catástrofes nacionales o internacionales.

Esta medida permitirá desplegar rápidamente tecnologías esenciales como redes 5G privadas y facilitará la entrada al mercado de dispositivos radioeléctricos fuera del canal de las grandes operadoras.

Según ha revelado este martes El País, la reforma responde a la necesidad de dotar al país de mayor resiliencia tecnológica frente a potenciales interrupciones de suministros, una vulnerabilidad puesta en evidencia durante la pandemia deL covid-19.

Qué significa esta nueva normativa implementada en España

La nueva normativa, respaldada por la trasposición de la Directiva (UE) 2024/2749 y el Reglamento (UE) 2024/2747 de la Unión Europea, cambia los procedimientos de emergencia que se activarán al declararse el “modo de emergencia del mercado interior”.

En ese escenario de crisis, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) asume la autoridad para permitir temporalmente la comercialización de dispositivos radioeléctricos, sin los procedimientos habituales de evaluación de conformidad ni el marcado CE.

Lo anterior es corroborar que siempre se cumplan los requisitos funcionales y de seguridad mínimos para situaciones excepcionales.

Por qué España implementa este nuevo “botón de emergencia”

Durante la emergencia sanitaria mundial del coronavirus, la rotura de cadenas de suministro de componentes electrónicos y dispositivos de transmisión interrumpió la conectividad en hospitales, administraciones y sectores logísticos, escenario que impulsó tanto la legislación europea como la adaptación nacional.

El Real Decreto aprobado permite que, en condiciones extremas, productos considerados “bienes pertinentes para la crisis” accedan a una vía preferencial de entrada al mercado, asegurando el suministro acelerado de recursos críticos mientras se minimizan los obstáculos burocráticos que podrían poner en peligro servicios esenciales.

Para ilustrar el impacto práctico del nuevo marco regulatorio, destaca la reciente presentación de Telefónica en el Mobile World Congress 2026 de su propuesta Mission-Critical Dome (Cúpula de Misión Crítica), una “Burbuja Táctica 5G” apta para uso dual civil y militar.

Esta solución tecnológica puede restablecer comunicaciones integradas en menos de una hora tras una catástrofe natural o un colapso de redes convencionales, y, bajo el decreto, estas soluciones podrán desplegarse con una agilidad administrativa en situaciones críticas, lo que incrementa la capacidad de respuesta ante desastres.

Qué facilidades ofrece al despliegue de redes privadas y la expansión del 5G

La norma recién aprobada trasciende la gestión de emergencias y supone una transformación estructural para la industria española. Una de sus innovaciones principales es la simplificación de permisos para transmisiones radioeléctricas, habilitando el despliegue de redes 5G privadas con mayor autonomía y rapidez.

Antes, los trámites para estas redes equiparaban en complejidad administrativa a los procesos de actores como Telefónica, MasOrange o Vodafone. Ahora, entidades como fábricas automotrices, puertos logísticos o plantas de producción pueden gestionar espectro propio para operar sus redes, sin depender del portafolio de las grandes operadoras.

Este cambio descentraliza el control de la conectividad de alta velocidad y proporciona a la industria mecanismos para implantar sistemas conectados y soluciones de inteligencia artificial en tiempo real.

Tal agilidad es esencial para la llamada Industria 4.0, mejorando la competitividad nacional al reducir los plazos de implementación de infraestructuras inteligentes.

Cómo impacta en las ciudades este decreto

El Real Decreto contempla el entorno urbano. Se facilita la instalación de small cells, microantenas de baja potencia que pueden colocarse en farolas o marquesinas de autobús, lo que contribuye a resolver la saturación de redes 5G en grandes ciudades.

Estas soluciones permiten una cobertura más densa en zonas altamente concurridas y mejoran la calidad de la señal tanto en espacios interiores como en lugares públicos masificados.

Dirigentes transportistas advierten que la situación no es reciente. Según explican, el deterioro financiero de muchas compañías se ha ido acumulando durante los últimos dos años, hasta llegar a un punto en el que varias empresas ya no pueden cumplir con sus compromisos económicos ni sostener sus operaciones diarias.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente del sector Héctor Vargas sostuvo que algunas empresas ya han cerrado y otras se encuentran cerca de hacerlo debido a la falta de ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, señaló.

Refinanciación de deudas y acuerdos con el sistema financiero

Frente a la crisis, las empresas han intentado sostener sus operaciones mediante acuerdos con entidades financieras y proveedores. Vargas explicó que varias compañías han recurrido a procesos de refinanciación y reestructuración de deudas para evitar el cierre definitivo.

“A pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero, con los proveedores, para que nos refinancien las deudas, para que se reestructuren las deudas, seguimos en una situación muy complicada”, afirmó.

El dirigente detalló que las empresas del sector suelen adquirir sus unidades mediante financiamiento bancario, lo que genera obligaciones mensuales que deben ser cubiertas con los ingresos del servicio.

Sin embargo, cuando los ingresos disminuyen, las compañías comienzan a acumular retrasos en los pagos. En ese escenario, muchas empresas se ven obligadas a renegociar los créditos para extender los plazos o reducir temporalmente las cuotas.

Aun así, estas medidas no siempre son suficientes para sostener la actividad, especialmente cuando la reducción de la operación se mantiene durante largos periodos.

Devolución de buses y reducción de flota

Otra de las medidas que algunas empresas han adoptado para enfrentar la crisis es devolver unidades adquiridas mediante financiamiento. Vargas explicó que, ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas, algunas compañías han optado por entregar los vehículos a las entidades financieras.

“Se han devuelto unidades porque no podemos pagar”, indicó.

La devolución de buses implica, en muchos casos, reducir la flota disponible para operar en las rutas. Esto impacta directamente en la capacidad de servicio que pueden ofrecer las empresas.

El problema se agrava cuando la reducción de unidades se suma a la falta de conductores, un fenómeno que el sector atribuye al temor generado por la violencia y las extorsiones que afectan a los trabajadores del transporte.

En consecuencia, varias empresas operan actualmente con solo una parte de sus vehículos.

Menos unidades en las calles y un servicio en riesgo

La crisis económica también ha tenido un impacto directo en la cantidad de buses que circulan diariamente. Según Vargas, muchas empresas trabajan actualmente con apenas una fracción de su capacidad.

“Las empresas estamos trabajando con el veinte o treinta por ciento de nuestra capacidad operativa”, explicó.

El dirigente detalló que una empresa que cuenta con diez buses, por ejemplo, puede terminar operando con apenas dos o tres unidades debido a la falta de conductores o a las dificultades financieras.

Esta situación complica el cumplimiento de los pagos mensuales y genera un círculo que agrava la crisis. Cuando las empresas no logran reunir los ingresos necesarios al final del mes, se vuelve imposible cubrir sus obligaciones financieras.

“Si trabajamos con dos o tres carros, no podemos llegar a fin de mes para pagar”, afirmó.

Ante este escenario, los transportistas advierten que el sector podría enfrentar una paralización progresiva de servicios si no se implementan medidas que permitan aliviar la carga financiera de las empresas y garantizar condiciones mínimas para su operación.

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras tendrá 30 días para presentar propuestas concretas que permitan resolver la ausencia de placas metálicas para automóviles y motocicletas, un problema que afecta a entre 800 mil y un millón de vehículos que circulan actualmente con permisos provisionales desde hace más de tres años.

La crisis de las placas metálicas comenzó en mayo de 2023, cuando Honduras suspendió su emisión a raíz de problemas vinculados con el suministro y la contratación del proveedor encargado de su fabricación.

Desde entonces, la imagen del tráfico en Tegucigalpa, Comayagüela y otras ciudades se ha transformado, es frecuente ver automóviles y motocicletas circulando con permisos temporales de papel pegados en los parabrisas, documentos que se deterioran por el sol o la lluvia y que dificultan la identificación de los vehículos.

El diputado Juan Carlos Lagos expuso ante el pleno sus dudas sobre el origen del desabastecimiento y cuestionó a las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) por la demora en la reposición. Planteó inquietudes sobre posibles problemas contractuales, presupuestarios, logísticos o de licitación y exigió respuestas institucionales sobre los obstáculos concretos para normalizar la emisión de placas.

La diputada Gerlen Bonilla informó ante el Congreso Nacional que el número de vehículos afectados oscila entre 800 mil y un millón, cifra que revela la magnitud de la crisis. Bonilla subrayó que numerosos propietarios han pagado sus matrículas, pero aún no reciben la placa metálica correspondiente.

Asimismo señaló: “La solución a este problema la viene pidiendo el pueblo hondureño, que venimos padeciendo esta falta de responsabilidad del Estado en no brindar las placas metálicas”. Además, criticó las multas aplicadas a conductores que ya cumplieron con sus obligaciones legales: “El pueblo hondureño está cansado de que lo estén multando por un derecho por el que ya pagó”.

Durante los primeros meses de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, se entregaron las últimas placas metálicas. Posteriormente, el sistema pasó a utilizar identificaciones temporales impresas en papel.

En 2023, el IP informó que la escasez se debía a la falta de materiales y aseguró una solución temporal que no llegó a implementarse. En 2024, la institución admitió que el atraso responde a la ausencia de un proveedor responsable de la fabricación, y señaló que las licitaciones estaban en proceso de revisión. Este escenario prolongó la crisis e impidió la reposición de placas para motocicletas.

La circulación de vehículos sin placas tradicionalmente alertaba a las autoridades. La falta de identificación genera sospechas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas o robos. Aunque la prolongación del fenómeno lo ha normalizado, los inconvenientes persisten. Los números escritos en papel suelen volverse ilegibles a los pocos días, lo que obstaculiza la labor de la policía y la vigilancia vial.

Ell titular del Congreso, Tomás Zambrano, propuso crear una comisión especial para dialogar con el IP y otras instituciones vinculadas a la impresión y distribución de placas. Esta comisión, presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez, tendrá la tarea de investigar las causas del prolongado desabastecimiento y de presentar propuestas de solución en un plazo de 30 días.

A la iniciativa se sumaron los legisladores Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, quienes ya habían promovido mociones similares. El acuerdo busca centrar los esfuerzos dentro del Congreso Nacional para acelerar una respuesta a una de las crisis administrativas más extensas del sistema vehicular hondureño.

El informe que produzca la comisión especial deberá contemplar alternativas como la contratación de nuevos proveedores, la modificación de los procesos de licitación o la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el sistema de registro y control vehicular. Mientras tanto, miles de conductores continúan en situación de incertidumbre, dependiendo de permisos temporales y a la espera de una solución definitiva.

Bogotá enfrenta una crisis de basura que ha marcado un récord en 2026, con más de 23.400 puntos de arrojo clandestino y 478 zonas críticas activas. El volumen de residuos, que supera las 6.600 toneladas diarias, ha puesto bajo presión el modelo de gestión de residuos de la capital.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en innovación tecnológica, Nelson Cubides, habló sobre las estrategias que podrían implementarse en la capital para mitigar la problemática.

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Para Cubides, la magnitud del problema se refleja en la cifra anual de aproximadamente 438.000 “regueros” reportados en el espacio público. Mientras tanto, la mayoría de la basura termina enterrada en el relleno sanitario Doña Juana, una infraestructura que absorbe más del 80% de los residuos generados en la ciudad.

En ese sentido, solo un 16% de los desechos recibe algún tipo de aprovechamiento, una proporción que, en palabras de Cubides, muestra el rezago de Bogotá frente a los estándares internacionales de economía circular. “El problema de Bogotá no es solo cuánta basura produce, sino qué tan poco estamos aprovechando de ella”.

Frente a este panorama, la administración distrital ha intensificado las acciones para contener el deterioro del espacio público. El denominado Escuadrón de la Limpieza ha logrado retirar cerca de 960 toneladas diarias de residuos durante 2025 y lo que va de 2026, focalizando sus intervenciones en los puntos críticos. Además, se han instalado 211 ecopuntos y se ha fortalecido la estrategia de los “Cazaregueros” con el objetivo de combatir el arrojo ilegal de basura.

A pesar de estos esfuerzos, Cubides considera que la raíz del problema permanece intacta. “No podemos seguir reaccionando con operativos cuando el verdadero desafío es cambiar el modelo de gestión. Bogotá necesita migrar del enterramiento a la valorización energética y al aprovechamiento masivo”.

En su análisis, el experto indicó que en la ciudad se debe priorizar la separación en la fuente, la formalización de recicladores y la inversión en tecnologías de tratamiento.

La continuidad del servicio de aseo quedó asegurada con la prórroga de los contratos hasta 2027. Esta decisión, según Cubides, debe entenderse como una oportunidad para redefinir la política pública de residuos con una perspectiva de largo plazo. “Esta prórroga no puede convertirse en una simple extensión administrativa. Debe ser el punto de partida para rediseñar la política pública de residuos con visión de largo plazo”.

Cubides advirtió que Bogotá enfrenta una bifurcación. Por un lado, continuar enterrando miles de toneladas diarias de basura; por otro, transformar los residuos en una oportunidad productiva y ambiental. Con más de 6.600 toneladas diarias gestionadas por la capital y cifras que muestran un aprovechamiento muy por debajo del promedio de otras ciudades, el reto es mayúsculo.

En este contexto, enfatizó la urgencia de transformar el sistema. “Seguir enterrando el 80% de nuestros residuos es posponer una crisis ambiental que tarde o temprano será más costosa”. Cubides resaltó que la sobrecarga de la crisis no solo pone en riesgo la salud pública, sino que limita la capacidad de planificación urbana.

Para Cubides, el control operativo ha permitido retirar miles de toneladas de residuos de las calles, pero el modelo de enterramiento predomina; la baja tasa de aprovechamiento evidencia una brecha con modelos de gestión más avanzados que priorizan la separación, el reciclaje y la generación de energía a partir de residuos.

Por último, mencionó que el desafío para la capital pasa por superar la lógica del manejo reactivo y avanzar hacia un esquema en el que la basura deje de ser un pasivo urbano para convertirse en un recurso con potencial económico y ambiental.

En los últimos meses han resonado con fuerza diferentes casos de empresas que cerraron sus puertas, como Fate, o de compañías que formalizaron su quiebra, como Garbarino, pero lo cierto es que la crisis llega mucho más allá de las grandes firmas. No solo cerraron miles de empresas de diferentes lugares del país, sino también que se crearon muy pocas nuevas unidades productivas.

De hecho, según un “mapa de empresas” difundido por la consultora Equilibra, sólo una provincia en todo el país tiene hoy más firmas que las que registraba en 2023, justo antes de la llegada del gobierno de Milei. Se trata de Neuquén, que agrandó un 1,8% su universo empresarial, fuertemente influida por el boom de Vaca Muerta. El resto cayó, debido a que fueron más los cierres que las aperturas.

La provincia más perjudicada fue Misiones, que en los últimos dos años perdió al 10,3% de sus unidades productivas. El mapa, muestra también una situación delicada para La Rioja y Chaco, que sufrieron caídas del 9,6% y el 9,2% respectivamente.

Otras jurisdicciones cayeron menos, pero igualmente perdieron más empresas de las que abrieron. Fue el caso por ejemplo de Corrientes (-8,3%), Córdoba (-7,4%) y Santiago del Estero (-5,9%). Así mismo se puede mencionar muchos otros casos, de un mapa casi completo con números en rojo.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires se registró una caída del 3,8%, mientras que en CABA el universo de empresas sufrió un retroceso de 1,6%.

Qué pasó con el empleo

De la mano del cierre de empresas, cayó también el empleo privado formal en prácticamente todo el país. De acuerdo con el análisis de Equilibra, realizado en base a datos oficiales, únicamente dos provincias lograron incrementar el número de trabajadores en la era Milei. Se trata puntualmente de Neuquén (7% de crecimiento) y Río Negro (0,4%).

En el resto del país se encuentran números alarmantes. En Formosa, por ejemplo, el mercado laboral registrado se contrajo 18,5%. También sufrieron caídas estrepitosas Santa Cruz (-16,3%), La Rioja (-15%) y Chaco (-11,4%). En lo que respecta a Buenos Aires, la baja fue del 2,9%, mientras que en CABA hubo una caída del 1,6%.

Es importante aclarar que, en ambos casos (empresas y cantidad de trabajadores), Equilibra comparó los números correspondientes a noviembre de 2025 contra el promedio registrado entre enero y septiembre del 2023. Es decir que se consideró la etapa previa al cambio de gobierno como punto de referencia.

El escenario detrás de la crisis

Para comprender las razones que llevaron a esta retracción generalizada del tejido productivo, Infobae habló con Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, quien señaló que el desempeño económico del periodo analizado se caracterizó por ser limitado y dispar. De acuerdo con el especialista, la evolución de los indicadores contra el año 2023 muestra un panorama donde la recuperación no fue transversal a todos los sectores de la economía nacional.

Al analizar la dinámica de la actividad, Carrera explica que el crecimiento registrado respecto a los primeros nueve meses de 2023 fue “magro” y presentó una marcada heterogeneidad. El economista sostiene que, exceptuando al sector agropecuario —cuya mejora responde principalmente a la comparación contra un periodo de sequía extrema—, el resto de la economía no ha mostrado una expansión significativa que permita la creación de nuevas compañías.

“Magro en el sentido de que casi no creciste contra los primeros nueve meses del 2023, salvo el agro, que se recuperó post sequía”, indica Carrera. Al desglosar los componentes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) o el Producto Bruto Interno (PBI) no agropecuario, el analista observa que, si bien sectores como energía, intermediación financiera, hoteles y restaurantes registraron ciertos avances, esto no se tradujo necesariamente en el fortalecimiento del ecosistema empresarial formal.

En este sentido, el especialista de Equilibra advirtió sobre una aparente contradicción entre el crecimiento de ciertos sectores estratégicos y la capacidad de estos para sostener la cantidad de empresas y puestos de trabajo. Según Carrera, en rubros como energía e intermediación financiera se observa una destrucción de puestos de trabajo privados formales, fenómenos que “no están asociados a creación de empresas prácticamente”.

La excepción de Vaca Muerta y el impacto regional

La excepción que confirma la regla en este mapa de caída generalizada es Neuquén. El crecimiento del 1,8% en su universo de empresas y del 7% en el empleo formal encuentra su explicación en el desarrollo de los recursos energéticos. “Neuquén y la energía no convencional es la excepción con Vaca Muerta”, afirmó Carrera, diferenciando este fenómeno de lo que ocurre en otras jurisdicciones de la misma región.

La disparidad dentro de la Patagonia se hace evidente al contrastar el dinamismo de los hidrocarburos no convencionales con la situación del petróleo convencional. Mientras Neuquén logró cifras positivas, otras provincias vecinas sufrieron el impacto del declive de la actividad tradicional. Al respecto, el economista subrayó: “Se destruyeron puestos de trabajo en otras provincias de la Patagonia por el cierre de petróleo convencional”. Esta divergencia explica por qué el crecimiento, al ser tan localizado y sectorial, no logró revertir la tendencia negativa en el resto del territorio nacional.

La calidad del empleo y el avance de la informalidad

Otro de los puntos centrales del análisis de Carrera reside en la distinción entre actividad económica y estructura empresarial formal. El informe sugiere que la recuperación parcial de algunos sectores orientados al mercado interno, como hoteles y restaurantes, no está ligada a la conformación de nuevas unidades productivas, sino a modalidades laborales más precarias.

“Hay un empeoramiento de la calidad del empleo. Se están destruyendo actividades económicas de mayor calidad y se están remplazando por trabajos de peor calidad que no están asociados en empresas formales”, sostuvo el economista. Esta degradación del mercado laboral implica que, aunque exista movimiento económico, este se canaliza a través del trabajo cuentapropista o informal, el cual funciona muchas veces como un “complemento para ingresos laborales más endebles”, agregó.

Los sectores más golpeados

En la vereda opuesta al crecimiento de la informalidad se encuentra el sector asalariado privado formal, que es el que Carrera identifica directamente con la existencia de empresas constituidas. Es en este segmento donde se registra la mayor destrucción de puestos y, consecuentemente, de unidades productivas.

El análisis de Equilibra identifica dos sectores clave como los principales responsables de esta caída: la industria y la construcción. Estas áreas, que históricamente han sido grandes generadoras de empleo registrado y de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), son las que presentan el panorama más sombrío.

Esta dinámica explica las fuertes caídas registradas en provincias con perfiles industriales o dependientes de la obra pública y el consumo interno. La sustitución de empleos en empresas formales por modalidades de trabajo independiente o no registrado termina por configurar un mapa donde la supervivencia de las compañías privadas es la excepción y no la regla.

Estados Unidos enfrentó en la última semana el mayor ritmo de incremento en los precios del petróleo desde 1983, lo que provocó un alza del 36% en los futuros del crudo de referencia y afectó de forma directa a consumidores, empresas e industrias a nivel nacional. Esta escalada ocurre en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que redujo el suministro energético global y ahora amenaza con elevar aún más los precios del diésel, la gasolina y el combustible para aviones.

El antecedente inmediato fue la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando los mercados de materias primas atravesaron una de las mayores disrupciones de la historia. En aquel momento, la administración Biden destinó meses a contener un caos que desbordó las cadenas de suministro energéticas internacionales y disparó los precios de combustibles.

Alex Jacquez, director de políticas de Groundwork Collaborative, afirmó en diálogo con The Wall Street Journal (WSJ) que los “efectos dominó derivados de esta perturbación en Europa del Este” tomaron por sorpresa a los responsables políticos y forzaron reacciones improvisadas ante el alza de los precios y la volatilidad.

Estados Unidos entró en la crisis actual con la producción petrolera en máximos históricos y el mercado global relativamente abastecido, apoyado por la producción de Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, remarcó el viernes que, si la situación se resuelve en el corto plazo, la economía estadounidense experimentará “una afectación menor” en comparación con las consecuencias estructurales enfrentadas por Asia y Europa, zonas más expuestas a la incertidumbre del suministro proveniente del Golfo Pérsico.

El impacto de la volatilidad y los precios sigue vigente desde 2022. En ese entonces, la disrupción llevó a respuestas empresariales y políticas que hoy se replican ante el nuevo escenario de incertidumbre energética.

La cadena global alterada tras el cierre del Estrecho de Ormuz

El enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán paralizó una de las principales rutas marítimas para la energía global: el Estrecho de Ormuz. Las amenazas y cierres en yacimientos y terminales energéticas redujeron al mínimo reciente las exportaciones a través de la franja de 32 kilómetros de ancho.

Organizaciones empresariales de referencia como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, inversores y operadores de buques cisterna observan cada giro del conflicto, mientras la volatilidad se extiende por los mercados.

El aumento de los precios ya alcanza sectores estratégicos. El precio promedio del diésel en Estados Unidos subió 51 centavos por galón en la última semana, mientras que la gasolina aumentó 32 centavos, según la consultora de precios de combustibles GasBuddy. El analista Patrick De Haan calculó que los estadounidenses gastan diariamente USD 122 millones más en gasolina que hace una semana.

El aumento afectó a transportistas como Heather Griffith, quien asumió un recorte del 5% en sus ingresos por cada recorrido de 800 kilómetros debido al aumento del costo del diésel.

El episodio más reciente comparable ocurrió en 2022, cuando el conflicto en Ucrania disparó una reacción de pánico en los mercados. Este año, los futuros del crudo estadounidense subieron un 58%. Esa volatilidad llevó a aerolíneas y grandes consumidores a buscar protección.

Rebecca Babin, operadora en la gestora privada de activos CIBC Private Wealth, sintetizó: “Cuando el mercado no logra un ritmo ni puede sostener una posición, es el momento en que se forma una úlcera”.

Futuros, reservas y riesgo de escasez: respuestas estratégicas en juego

Frente a la inestabilidad, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos autorizó este viernes la creación de un mecanismo de reaseguro por USD 20.000 millones para cubrir posibles pérdidas en el sector energético. A pesar de la medida, navieras y aseguradoras expresaron dudas sobre la rapidez y efectividad de estos seguros en el contexto de la escalada bélica.

El Departamento del Tesoro estadounidense permitió excepciones temporales para que India compre petróleo ruso en el mar y flexibilizó sanciones a filiales de Rosneft en Alemania.

Por su parte, Chris Wright indicó que no existen “planes de intervenir en el negocio del crudo”, pero no descartó otras acciones para enfrentar la volatilidad. Wright destacó la disponibilidad de reservas globales y consideró el último aumento como una reacción “exagerada” por la incertidumbre, aunque subrayó que solo “acciones concretas” podrán restablecer la confianza, según declaraciones recogidas por el diario económico estadounidense WSJ.

El presidente Donald Trump sugirió reactivar escoltas navales para buques comerciales en el Golfo, como ocurrió en la década de 1980 durante la guerra entre Irán e Irak. En tanto, el capitán retirado Jim McTigue precisó que la capacidad de Irán para desplegar armas crece, lo que incrementa el riesgo para el transporte marítimo y reduce el margen de respuesta de los transportistas.

Capacidad de respuesta del mercado estadounidense

Analistas coinciden en que, pese a la producción petrolera récord en Estados Unidos, existen límites para aumentar el bombeo de manera inmediata en la Cuenca Pérmica. Rob Wilson, director de operaciones de la firma especializada en energía East Daley Analytics, explicó que la saturación de los gasoductos y los acuerdos de exportación a largo plazo restringen el potencial de respuesta: “Si no puedes extraer gas, no puedes extraer crudo”, recalcó Wilson.

Mientras tanto, varias regiones estadounidenses mantienen la dependencia de importaciones de combustibles. Si persiste la interrupción del flujo de diésel y combustible para aviones desde Medio Oriente, las costas estadounidenses entrarán en competencia con Europa y Asia por el suministro, incrementando la presión sobre los inventarios nacionales.

Empresas de distribución energética como Global Partners informaron tras la reciente ola de frío en el noreste que “nadie llegó con inventario extra”. Además, los contratos a corto plazo mantienen precios más altos que los suministros futuros, lo que desincentiva la acumulación de reservas y eleva el riesgo de escasez si la guerra se prolonga.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos alcanzó esta semana USD 90,90 por barril, acercándose a los 100 dólares. El factor más impredecible, según el director de operaciones de Global Partners, Mark Romaine, es la duración del conflicto: “¿Cuánto durará esto?”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió sobre la posibilidad de que la guerra en Oriente Próximo provoque un aumento en la incertidumbre económica global y derive en subidas del precio del petróleo y el gas, efectos que podrían impactar significativamente sobre la economía española. En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez expuso el escenario actual señalando que la duración del conflicto, con potencial para volverse prolongado y con numerosas bajas, implica también posibles consecuencias graves en términos económicos para diferentes sectores de la sociedad.

Según publicó el medio citado, Sánchez precisó que el Ejecutivo español se encuentra evaluando distintos escenarios y el diseño de posibles medidas con el objetivo de proteger tanto a empresas como a trabajadores, autónomos y hogares en el país frente a los efectos económicos derivados del conflicto. El mandatario subrayó que el Gobierno prepara mecanismos de mitigación ante un eventual deterioro de las condiciones económicas causado por la crisis en Oriente Próximo.

De acuerdo con el reporte, el jefe del Ejecutivo defendió que España, gracias al dinamismo de su economía y la responsabilidad en la gestión fiscal reciente, cuenta en este momento con los recursos necesarios para enfrentar el desafío. Sánchez hizo hincapié en la existencia tanto de la capacidad económica como de la voluntad política para implementar nuevas acciones destinadas a amortiguar los efectos adversos sobre la economía española.

El medio detalló que, en su declaración institucional, Sánchez reiteró que estas eventuales medidas se impulsarían en coordinación con los agentes sociales, tal como ocurrió durante situaciones previas de emergencia, como la pandemia, la crisis energética y, más recientemente, la crisis arancelaria. El presidente argumentó que la colaboración con sindicatos, patronales y otros grupos sociales permitió entonces adoptar decisiones rápidamente y con mayor eficacia, lo cual, a su juicio, serviría de modelo ante el nuevo contexto generado por el conflicto en el exterior.

El mandatario puntualizó que no puede anticiparse con certeza el desenlace del conflicto ni el alcance final de sus consecuencias económicas. Sin embargo, alertó que la tendencia apunta al incremento de la volatilidad e incertidumbre, así como a una presión añadida sobre los precios de materias primas esenciales. Sánchez describió el riesgo de que los precios internacionales de la energía experimenten nuevas escaladas, con repercusiones directas sobre los costes de producción y el poder adquisitivo de los hogares y las empresas.

Durante su intervención, Sánchez mencionó también la importancia de mantener una actitud de preparación activa ante el avance de la situación internacional, recordando que la economía española logró superar impactos de anteriores crisis recientes mediante el uso de recursos públicos y la implicación de todos los actores sociales relevantes, según consignó la fuente.

Asimismo, el Ejecutivo señaló la posibilidad de que la actual crisis se prolongue y que, a diferencia de episodios anteriores, enfrente a la economía española a desafíos de mayor duración, por lo cual reforzó el mensaje de garantía sobre la disposición de mecanismos de respuesta estatal. Sánchez incidió en que el país cuenta con experiencia adquirida a partir de la gestión de crisis previas, y que este bagaje serviría para orientar la toma de decisiones ante un contexto internacional cada vez más complejo, según lo reportado por la misma fuente.

El presidente insistió en que el Gobierno seguirá atento a la evolución de los precios energéticos y a la repercusión que estos puedan tener tanto en el entorno doméstico como en la competitividad de las empresas españolas. Destacó, además, la apertura del Ejecutivo al diálogo y la búsqueda de consenso con los principales colectivos afectados.

Tal como remarcó el medio, Sánchez dejó claro que el Ejecutivo mantendrá el monitoreo constante de la situación y que la respuesta frente a las consecuencias derivadas del conflicto será proporcional a la magnitud y el carácter de los desafíos que surjan, siempre priorizando la protección de los sectores más vulnerables.

En medio de la actual crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó a sus clientes y proveedores -mediante una carta fechada el 2 de marzo- que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos. Si bien desde la empresa evitaron hacer comentarios y sólo atinaron a responder que “será un proceso largo”, es conocida la crisis que vienen atravesando la mayoría de las empresas de electrodomésticos, muchas de las cuales han avanzado en los últimos meses en fuertes ajustes de personal, suspensiones y cierre de plantas. Trascendieron, por ejemplo, los casos de Mabe y Electrolux recientemente.

Desde Peabody no explicaron los motivos de esta decisión (tampoco lo hicieron en la carta), pero el dueño de la empresa, Dante Choi, hace tiempo ya que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora está generando en la industria nacional. “En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había dicho Choi ya a fines de 2024, en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast.

Trascendió que el expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal del proceso es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

En la carta enviada a clientes y proveedores, la administración de Goldmund explicó que “la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

“Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros”, dice el texto.

Además, la empresa agrega que de ser necesario, se estará comunicando individualmente para “coordinar cualquier aspecto puntual”. “Agradecedemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta”. La carta está firmada directamente por Choi.

En la entrevista mencionada, el principal responsable de la compañía planteó la necesidad de condiciones estables para la producción nacional, remarcó los esfuerzos realizados para sostener la actividad, la importancia de preservar el empleo y la urgencia de encontrar soluciones para el sector.

El portfolio de Peabody

Peabody, la marca insignia de Goldmund, se consolidó como una de las referencias del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa desarrolló una red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos del país, y apostó por el desarrollo de productos con identidad argentina.

Inicialmente, Goldmund se dedicó a la importación y venta de heladeras tras la crisis argentina de 2001. En 2004 adquirió la marca Peabody y comenzó a desarrollar un catálogo más amplio de productos, incorporando pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

Desde 2010 la empresa inició la producción nacional de varios productos y más adelante consolidó sus operaciones con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Además, ha incursionado en exportaciones a países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y también hacia Europa y Estados Unidos.

La empresa produce en el país, especialmente líneas vinculadas a climatización y algunos productos de mayor volumen, y también importa. Una parte relevante de su portafolio —sobre todo pequeños electrodomésticos y ciertos modelos específicos— proviene del exterior, principalmente de Asia, bajo su marca. Pero aún con un esquema mixto, de producción e importación, la empresa no pudo sobrellevar la crisis y debió apelar a la figura del concurso preventivo para acomodar su situación financiera.

Choi llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un impacto inmediato en los mercados energéticos globales, con Asia identificada como la región que sufrirá las consecuencias más graves por su alta dependencia de las importaciones de petróleo y gas a través de esta vía.

La interrupción, confirmada por un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, se traduce no solo en una presión directa sobre los principales países asiáticos importadores de energía, sino también en una escalada de precios que ya sitúa al petróleo Brent casi un 10% por encima de su valor previo al inicio del conflicto, alcanzando los USD 80 por barril y proyectando posibles alzas por encima de USD 100 si la situación persiste.

Qatar, uno de los mayores productores mundiales de gas natural licuado (GNL), paralizó sus operaciones luego de que drones iraníes golpearan sus instalaciones en Ras Laffan y Mesaieed, agravando la crisis de suministro. Entre las consecuencias inmediatas, se estima que 20% de las exportaciones globales de GNL, principalmente de Qatar y transportadas por el estrecho, están en riesgo tras la ofensiva iraní reportada por medios de ese país.

Según cálculos de la consultora Kpler, en 2025 circularon por Hormuz 13 millones de barriles diarios de crudo, equivalente al 31% del comercio marítimo mundial de petróleo. Este volumen ilustra la magnitud del desafío energético que enfrentan países asiáticos cuya matriz depende del Golfo Pérsico. Analistas citados por Nomura advierten: “En Asia, Tailandia, India, Corea y Filipinas son los más vulnerables a un aumento del precio del petróleo, debido a su alta dependencia de importaciones, mientras que Malasia se beneficiaría relativamente porque es exportador de energía”.

Las consecuencias más graves recaen sobre el sur de Asia, con Pakistán y Bangladesh en máxima alerta ante la caída del GNL

En el sur de Asia, la situación es crítica para países cuya provisión de energía depende casi en exclusividad de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Según Kpler, “Qatar y los Emiratos representan el 99% de las importaciones de GNL de Pakistán, el 72% de las de Bangladesh y el 53% de las de India”. Estas naciones carecen de capacidad de almacenamiento o flexibilidad para buscar alternativas en el corto plazo.

Katayama, analista citado por los informes energéticos, detalló: “Pakistán y Bangladesh tienen una capacidad muy limitada para almacenar o cambiar de proveedor, así que una interrupción del flujo probablemente lleve a apagones inmediatos en el sector eléctrico más que a una disputa agresiva en los mercados al contado”.

La demanda insatisfecha es significativa. Bangladesh ya enfrenta una falta estructural de gas, con un déficit superior a los 1.300 millones de pies cúbicos diarios, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Para India, el impacto es doble: “Más de la mitad de sus importaciones de GNL están vinculadas al Golfo y una gran parte tiene precio referenciado al Brent, por lo que una suba en Hormuz aumentaría simultáneamente los costos del petróleo y del GNL. Eso genera un ‘shock’ físico y financiero a la vez”, señaló Katayama. Más allá del gas, alrededor del 60% del petróleo que importa India llega desde Medio Oriente, lo que amplifica el riesgo sobre el saldo de cuenta corriente del país.

China resiste con reservas, pero enfrenta la presión de competir por suministros alternativos

El bloqueo en Ormuz también afecta a China, el mayor importador mundial de crudo y que adquiere más del 80% del petróleo iraní, según cifras de Kpler. Unas circunstancias que ponen a prueba su seguridad energética.

De acuerdo a proyecciones de UBP, cerca del 40% del petróleo importado por China pasa por el estrecho de Ormuz, y aproximadamente el 30% de su GNL proviene de Qatar y Emiratos Árabes. Katayama aclaró: “China está expuesta materialmente, pero cuenta con mayor flexibilidad”.

Las existencias de GNL chinas registraron, a fines de febrero, 7,6 millones de toneladas, ofreciendo un margen de resguardo a corto plazo. Katayama agrega que si la interrupción se prolonga, “China tendría que competir por cargamentos del Atlántico, lo que apretaría la oferta en la cuenca del Pacífico y podría intensificar la puja de precios en toda Asia, aun si Beijing evita cortes totales”.

Según un análisis de Rystad Energy, el aumento en los cargamentos de crudo saudita y los reservorios estratégicos de petróleo de países como China podrían mitigar temporalmente el impacto. UBP sostiene que China, pese a ser el mayor importador neto de energía en la región, no es necesariamente el país más expuesto al shock de abastecimiento.

Japón y Corea del Sur: reservas ajustadas y alto impacto macroeconómico

La dependencia de Japón y Corea del Sur del petróleo del Golfo es marcada: el 75% y el 70% de sus importaciones, respectivamente, provienen de Medio Oriente, según UBP. En el caso del GNL, la exposición es menor (14% en Corea y 6% en Japón), pero la escasez no es el único riesgo. Lim, jefe de macro y FX para Asia-Pacífico en Convera, indicó: “Las economías con alta dependencia de importaciones de energía como Japón, Corea y Taiwán se exponen más a los shocks de suministro”.

Sus reservas no alcanzan para sostener una interrupción prolongada. Corea acumula 3,5 millones de toneladas de GNL y Japón 4,4 millones de toneladas, cifras que cubren solo entre dos y cuatro semanas de demanda estable, según Kpler.

El impacto económico directo también se refleja en la vulnerabilidad externa: los costos de importación de crudo en Corea representan el 2,7% de su PIB, y Nomura identificó al país entre los más vulnerables en cuanto a cuenta corriente.

Sudeste asiático: la inflación de costos será el primer efecto, con Tailandia como el país más expuesto

En el sudeste de Asia, el efecto inmediato no es la escasez, sino la inflación en el costo de la energía. Los países que dependen del suministro spot de GNL enfrentarán subas pronunciadas al tener que competir con Europa por cargamentos del Atlántico, explicó Katayama.

La situación de Tailandia es especialmente crítica: “Tiene el mayor nivel de importaciones netas de petróleo en Asia, equivalentes al 4,7% de su PIB, y cada salto del 10% en el valor del petróleo empeora la cuenta corriente en 0,5 puntos porcentuales”, concluyó Nomura.

La reacción coordinada de los principales países consumidores y la evolución de los precios determinarán en las próximas semanas el verdadero alcance de este nuevo episodio en la crisis energética global.

El último cambio de gobierno convirtió muchos aspectos del plano económico. El programa impulsado desde la asunción presidencial, basado en el superávit fiscal y la desregulación, alteró la estructura de la economía argentina.

Tras 24 meses de gestión, la propuesta de la “libertad” muestra resultados concretos: ciertos sectores lograron crecer con la apertura y la estabilidad cambiaria, mientras otros experimentaron caídas en el consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

En estos dos años, se observa con claridad quiénes se beneficiaron del nuevo esquema de mercado y quiénes absorbieron el costo del ajuste.

Los grandes ganadores

Un dato relevante para evaluar el desempeño sectorial es el relevado por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado mensualmente por el Indec. Según ese índice, cuatro sectores evidenciaron un crecimiento consistente durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei:

1. Agricultura lidera, con una suba del 40,9%. Este aumento quedó reflejado tanto en la producción como en las exportaciones.
2. Intermediación financiera, con un aumento del 18,7 por ciento.
3. Explotación de minas y canteras, con un crecimiento de 16% en el período.
4. Hoteles y restaurantes, con una recuperación del 13,2 por ciento.

Otros sectores también registraron mejoras, aunque en menor medida. Es el caso de las actividades inmobiliarias (3,3%), transporte y comunicaciones (2,8%), la enseñanza (1,7%) y electricidad, gas y agua (1 por ciento).

Los sectores que cayeron

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos.

La construcción fue la que peor desempeño tuvo, con una contracción del 13,9% entre 2023 y 2025. Este retroceso está vinculado con la reducción de la obra pública, lo que impactó sobre empresas constructoras que aún enfrentan dificultades para adaptarse.

También fue marcada la caída en pesca, con un descenso del 8,7%, y en la industria manufacturera, con una baja del 8,1%. En estos dos casos, la falta de recuperación después de fluctuaciones previas se explica por la dificultad de adecuarse al nuevo entorno económico.

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos

Completan la lista de retrocesos el comercio (3,6%), las “otras actividades de servicios comunitarios y sociales” (3,2%), la administración pública (1,8%) y los servicios sociales y de salud (0,4 por ciento).

El impacto en el mercado laboral

El plan económico actual no solo se refleja en las actividades económicas, sino también en el mercado laboral.

Se identifican tres tendencias principales: disminución del empleo asalariado formal, aumento del empleo no registrado y crecimiento del trabajo por cuenta propia.

Datos oficiales precisan que, entre el tercer trimestre de 2023 e igual período de 2025, la cantidad de trabajadores asalariados en blanco en el sector privado disminuyó 3,1%, lo que significó la pérdida de 235 mil puestos de trabajo, según el último informe de generación del ingreso del organismo estadístico Indec.

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil). Los demás descendieron, con la construcción nuevamente en el último lugar. Este sector recortó 88 mil puestos asalariados formales; es decir, una caída del 18,8 por ciento.

También descendió el empleo asalariado en el transporte (38 mil menos), la industria manufacturera (45 mil menos) y las actividades inmobiliarias (20 mil menos).

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil)

En el caso de la industria manufacturera, esto ocurre pese al crecimiento puntual del sector, debido a que la expansión se produjo principalmente por mejoras en productividad y automatización, que no requirieron aumentar la planta de trabajadores formales.

En contrapartida, el mercado informal avanzó 4,2% durante el mismo período, con 231 mil empleos en negro nuevos, principalmente en “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (85 mil), servicios sociales y de salud (68 mil) y “otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales” (49 mil más).

El trabajo por cuenta propia también creció. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, se sumaron 400 mil nuevos cuentapropistas, lo que representó un incremento del 7,2%. Lideraron la expansión hoteles y restaurantes (116 mil trabajadores adicionales), la industria manufacturera (93 mil) y otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (46 mil).

Los factores detrás de la transformación económica

Analistas y especialistas destacan que la desigual evolución de los sectores responde a la capacidad de cada uno para adaptarse a un mercado con mayor competencia y menos restricciones estatales.

Osvaldo Giordano, presidente del think tank Ieral de Fundación Mediterránea, comentó que la dispersión sectorial se explica desde el diseño del nuevo marco: “La estabilidad macroeconómica, la integración al mundo y la desregulación favorece la expansión de algunos sectores y agrega dificultades en otros”.

Para Daniel Garro, director de la consultora Value International Group, “el rendimiento desigual entre sectores radica en la productividad y eficiencia históricas. Buena parte de la industria se sostuvo gracias a subsidios sobre tasas de interés, energía y gas. Cuando eso se termina, si no tenés hechas bien las cuentas, sonaste”.

Garro destaca que el agro logró ser competitivo incluso en contextos adversos, debido al nivel de capitalización y eficiencia.

El economista Raúl Mercau aporta que el crecimiento de la agricultura se debe, en buena parte, a la comparación con un año extraordinariamente adverso: “La campaña 2022/23 fue dramáticamente menor por sequía histórica. El crecimiento del valor agregado agrícola que muestra el EMAE 2024-2025 se explica por comparar con un año base muy bajo y por la recuperación de la producción total, en particular de soja y trigo”. Durante la campaña 2024/25, la producción alcanzó hasta 143 millones de toneladas, impulsada especialmente por rendimientos récord de maíz como los 8,07 toneladas por hectárea.

El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés (Mercau)

En relación a la intermediación financiera, Mercau precisa: “El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés. En el período las tasas han sido altas y los spreads altos”. Además, cuenta que la metodología del EMAE y el efecto de los “impuestos netos de subsidios” inflaron parcialmente la recuperación del sector financiero y el PBI.

¿Por qué crece la informalidad?

Las modificaciones en el empleo registraron un patrón similar. El descenso del asalariado formal y el auge del cuentapropismo y la informalidad, según Giordano, obedecen a que “los sectores que más rápido se están adaptando al nuevo entorno se caracterizan por una baja intensidad en la generación de empleos. El aumento en la informalidad es la contrapartida del estancamiento en la cantidad de empleos formales”.

Garro, por su parte, argumenta que la rigidez normativa y los altos costos explican el avance del trabajo en negro: “Es muy costoso emplear a alguien en Argentina. El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad”. Agrega que el cuentapropismo representa, en muchos casos, el acceso alternativo al empleo formal ante la ausencia de reformas legislativas.

El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad (Garro)

Osvaldo Giordano agrega que la prolongada falta de creación de empleo asalariado privado registrado, que se extiende por más de una década, fuerza a muchos a buscar ingresos en formas de trabajo por cuenta propia e informalidad.

Perspectivas

De cara a los próximos dos años, los economistas consultados prevén resultados diferenciados entre sectores, de acuerdo a la eficiencia y la inserción internacional de cada uno.

Raúl Mercau observa que “se repetirá el crecimiento de los sectores que son creadores de empleo: minería, principalmente por incentivos fiscales como el RIGI. La industria y el comercio seguirán estancados, es parte del proceso de ajuste”. Ejemplifica que en otros países, como Perú, medidas similares demoraron años en reducir la inflación, con elevados costos sociales.

Osvaldo Giordano coincide en que las expectativas más sólidas recaen en los sectores más eficientes con buena presencia internacional, como el agro, hidrocarburos y minería. Destaca además que, de concretarse la eliminación de las retenciones al agro, el sector podría ampliar aún más su crecimiento.

“El aprovechamiento de nuevas oportunidades depende del avance en la mejora del entorno. Es muy importante que rápidamente se defina un régimen monetario y cambiario definitivo, similar al que adoptó Perú, y que se mantenga la velocidad en las reformas necesarias”, estima Giordano.

Garro, en tanto, sostiene que la inversión será el factor decisivo y no el consumo: “No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo”.

No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo (Garro)

En materia de empleo, Garro anticipa que la evolución dependerá del desarrollo de capacidades y de la creación de valor: plantea que los “puestos de trabajo” tradicionales tenderán a desaparecer, mientras que se generarán empleos de alto valor vinculados a nuevas tecnologías. “Hay profesionales como abogados o contadores que se van a quedar sin trabajo si no se reestructuran frente a la inteligencia artificial y la robótica”, advierte.

Hay una guerra desatada entre dos de las figuras de más peso en Bioceres, una de las joyas del mundo biotecnológico local, que prometía ser un unicornio y ahora está desmembrada y atravesando una fuerte crisis cuyo impacto y consecuencias aún no están del todo claros.

En el centro de la disputa, que presenta denuncias cruzadas y fuertes acusaciones económicas, se encuentran Federico Trucco, el histórico CEO y fundador de la empresa, y Juan Sartori, un millonario uruguayo, que fue senador y precandidato presidencial en su país, y se convirtió en accionista el año pasado.

En medio de un entramado societario complejo, con “varias Bioceres” que convivieron en un momento bajo el paraguas de la misma empresa holding, una novedad de los últimos días fue que una de ellas, Bioceres S.A., había pedido la quiebra.

Ayer por la noche, esa empresa quebrada emitió un comunicado detallando que llegó a una situación de “profundo deterioro económico y financiero” registrada al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, por la gestión del ex CEO, Federico Trucco. Desde la compañía, que hoy está en manos de Sartori, remarcaron que la presentación fue una medida “razonable e ineludible”. Así, se hizo evidente el fuerte conflicto que existe entre la administración actual y la anterior.

Desde la compañía aseguran que la firma, nacida en 2001 como un emprendimiento de productores agropecuarios que apostaron por la tecnología en el sector, y que llegó a convertirse en un ejemplo para startups que buscaban acceder al mercado de capitales, terminó bajo “un esquema de concentración absoluta de poder decisorio” en la figura de Trucco.

Guerra de comunicados

Según el comunicado, “los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170–180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre)”. En comparación, la pérdida del ejercicio anterior ascendía a $6.000 millones de pesos (alrededor de 130,3 millones de dólares).

La empresa quebrada detalló que el auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC), emitió un informe con abstención de opinión, destacando un patrimonio neto negativo de 156.526.180.076 pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) y la existencia de “incertidumbres significativas” respecto de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Bioceres S.A. afirma que esta cifra “es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo una conducción centralizada que asumió niveles de riesgo extraordinarios”.

En tal sentido, la compañía afirmó que durante los años en los que se tomaron las decisiones financieras que llevaron al deterioro patrimonial, “la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco”.

En concreto, el comunicado detalla que las acciones de Trucco tuvieron como consecuencia directa “la pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de 270.000 millones de pesos, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”.

Además, el documento difundido asevera que las operaciones más relevantes —incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento a cancelarse en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones con acreedores— “fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”.

BIOX es otra de las empresa del entramado societario: está en poder de Trucco, quien es su CEO, y cotiza en Wall Street.

Sobre el final del comunicado, Bioceres S.A. alegó que “la magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”.

Finalmente, la empresa informó que “ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”.

La respuesta de los fundadores

“No puede creer ese comunicado. Usan el logo de una empresa que mandaron a la quiebra”, resumió un allegado a Trucco en diálogo con Infobae.

El histórico CEO de Bioceres y actual CEO de Biox convocó a Sartori –que ya tenía vínculos con el negocio– como accionista, en momento de crisis, a mediados de 2025. Lo hizo ingresando al holding, Bioceres S.A., en el que había varias empresas. El uruguayo tomó el control, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores, de acuerdo a lo que manifiestan cerca del exdirectivo.

“Después quiso quedarse con Biox, la empresa que cotiza en Wall Street. Hizo una oferta hostil, pero no pudo sacar a Trucco. No aprobó la gestión de Trucco, quien fue a la Justicia este año. La Justicia le dio la razón y Sartori empezó a rematar acciones de BIOX a pérdida: perdió unos 20 millones de dólares. Vaciaron una sociedad”, relató una fuente cercana a Trucco.

En las últimas semanas, la acción cayó de USD 2 a 0,60 centavos. Cuando Sartorio entró al grupo como accionistas, en julio pasado, ese papel valía 7 dólares.

Según pudo saber este medio, el ejecutivo analiza iniciar acciones judiciales contra su histórica directora de legales, a la que acusa de haberse pasado al “bando de Sartori” y al propio empresario uruguayo.

Sartori hoy tiene Bioceres S.A. y Moolec, que es su controlante y que reportó un ahorro ante la SEC de USD 95 millones por mandar a la quiebra a la primera. El 25 de febrero Moolec informó a la SEC, el regulador bursátil de Wall Street, cambios en su Junta Directiva, a la que ingresó Daniel Core y de la que salieron Aimar Dimo y Gloria Montaron Estrada. Montaron Estrada estaría trabajando ahora directamente para Sartori, indicaron cerca de Trucco, y su salida del directorio sería una movida preventiva ante la posibilidad de implicancias legales futuras.

Antes de la difusión del último comunicado vinculado al accionista nacido en Uruguay, el ala fundadora de la empresa, vinculada a Federico Truco, hizo público un texto titulado “Otra vez, otro intento de extorsión: Grupo de directores y fundadores de Bioceres denuncian una nueva maniobra de presión” en el que cuestionaron el “nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”.

A propósito de la quiebra, los fundadores y directivos de la compañía original rechazaron “la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones” durante la última asamblea de accionistas. "Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”, argumentaron.

Además, alertaron que la presentación de insolvencia propuesta por Sartori intenta “torcer la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de uno de los directores, desnaturalizando el alcance de una resolución judicial vigente mediante acciones de presión societaria”. A la vez, acusaron al accionista de optar “por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”.

La crisis de Bioceres

La empresa santafesina fue durante años uno de los mayores referentes de la biotecnología agrícola en Argentina, llegando a alcanzar una valuación cercana a la de un unicornio y posicionándose como la esperanza local en el sector. Actualmente, sin embargo, su acción en Wall Street se encuentra por debajo de un dólar, en medio de una transformación profunda de su modelo de negocios y en un contexto económico adverso tanto a nivel nacional como internacional.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que opera en el Nasdaq, llegó a cotizar a 6,55 dólares por acción a principios de febrero de 2025. Doce meses después, y en medio de la guerra interna, sus acciones rondan los 0,56 dólares, lo que representa una caída de 91,5 por ciento. Esta situación la ubica en la categoría de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado estadounidense.

La crisis bursátil se reflejó también en la estructura local del grupo. A principios de 2026, Bioceres S.A.—la sociedad argentina con sede en Rosario, fundada en 2001 y origen de BIOX—solicitó la apertura de un concurso de acreedores por una deuda impaga de aproximadamente 39 millones de dólares.

El proceso se inició tras el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario marcado por el deterioro de los flujos de fondos y activos financieros de la compañía. Aunque en la actualidad Biox y Bioceres S.A. mantienen operaciones separadas, la sociedad argentina había sido controlante hasta la reestructuración societaria que tuvo lugar a mediados del año pasado. Durante su último año fiscal, la firma registró ingresos por USD 335,3 millones, una baja del 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor demanda local y la disminución de ventas de la tecnología HB4, semillas resistentes a la sequía.

El Ministerio Público atraviesa la peor crisis presupuestal de su historia, así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El fiscal alertó a la ciudadanía sobre la falta de fondos que podría generar que la Fiscalía quede inoperativa en abril.

En entrevista con RPP Noticias, Cotrina hizo un llamado al gobierno de José María Balcázar y al Ministerio de Economía y Finanzas para que autoricen el crédito adicional y así poder solventar los costos operativos.

Según indicó Cotrina, si el MEF no autoriza el desembolso del dinero, más de 4 mil asistentes se quedarían sin trabajo en marzo.

“Se nos ha comunicado, por el gerente general, que si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente, van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó.

El panorama se complicaría, pues además de los despidos, en abril ya no tendrían recursos para costear los sueldos de los fiscales. Este escenario se da en medio de la ola de inseguridad y el avance del crimen organizado que afronta el país.

“Estamos pasando por una crisis tan grave que se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a una ola de criminalidad que estamos pasando”, recordó.

Llamado de atención por los pedidos del fiscal de la Nación

En la parte final de su mensaje, Chávez Cotrina pidió a los miembros del Ejecutivo que atiendan los pedidos que viene realizando el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para obtener una partida presupuestal adicional.

El fiscal cuestionó que el Ejecutivo haga caso omiso a esta solicitud, precisamente en un contexto de violentos atentados que los fiscales deben atender diariamente.

“No es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales. Eso es sumamente importante que la población lo sepa”, expresó.

Cabe señalar que el problema presupuestal del Ministerio Público es una situación que se arrastra desde el gobierno de Dina Boluarte y que fue advertida anteriormente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Crisis presupuestal desde la era Espinoza

En septiembre de 2025, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que el Ejecutivo pretendía asignar al Ministerio Público un presupuesto menor al solicitado, pese a que previamente se habían realizado promesas públicas para otorgar mayores recursos a la institución. En ese momento, el pronunciamiento fue encabezado por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

Espinoza señaló que, aunque desde la Fiscalía se habían cumplido todos los trámites y pedidos formales ante el Poder Ejecutivo, no se concretó el compromiso de incrementar el presupuesto. “Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles”, alertó en ese entonces.

Para 2025, el Ministerio Público contó con una partida de 2.921 millones de soles. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto para 2026 contemplaba una asignación de 2.870 millones, es decir, 50 millones menos respecto al año anterior. La advertencia se dio en un contexto en el que la institución defendía la necesidad de mayores recursos para sostener su operatividad.

En los meses posteriores hubo cambios en la conducción del Ministerio Público y Delia Espinoza fue destituida. Actualmente, el fiscal de la Nación es Tomás Aladino Gálvez, quien formó parte de la Junta que suscribió aquel pronunciamiento.

Un operario con 32 años de antigüedad en la fábrica percibía, al momento del anuncio del cierre, un salario neto mensual de $1,7 millones. Si bien el monto se sitúa por encima del promedio de otras actividades industriales, los propios trabajadores denuncian que la cifra ocultaba una parálisis de más de un año en las negociaciones colectivas. Según el testimonio de Jorge Ayala, trabajador de la planta con tres décadas de servicio, el valor promedio que la fábrica pagaba por hora era de 6.800 pesos. “Hace 14 meses que no se aumentaban los salarios”, aseguró Ayala.

El impacto del congelamiento salarial

Este estancamiento de los haberes durante más de un año ocurrió en un periodo de alta inflación, lo que licuó el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario comenzó a resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados. “El salario cubre las cosas, pero como no teníamos aumento desde hacía 14 meses, se complicaba mucho. Algunos de mis compañeros estaban haciendo Uber para incrementar los ingresos”, relató el trabajador de Fate, durante una entrevista para Infobae en Vivo.

La degradación de los ingresos fue acompañada por una creciente incertidumbre laboral que se cristalizó el 26 de enero de 2026, cuando el personal inició su periodo de vacaciones. “Salimos de vacaciones pensando en que volvíamos a trabajar. Estando de vacaciones me llegó el anuncio por correo privado electrónico. Yo pensé: ‘Bueno, será una suspensión’, que quizás se podría prever, pero esta situación no se imaginaba”, explicó Ayala. La noticia del cierre definitivo llegó de manera abrupta, a pesar de que la producción venía registrando bajas sostenidas en los meses previos. “Para mí, como para muchos trabajadores, no quiero pasar a ser un muerto social. Quiero tener los recursos para vivir. El laburo ordena la vida”, manifestó Ayala.

Los antecedentes de una caída anunciada

El cierre de 2026 es el desenlace de una crisis estructural que la empresa arrastraba desde hacía años. La cronología de este declive muestra tres hitos fundamentales. El primero se remonta a marzo de 2019, cuando Fate solicitó su primer Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), argumentando una situación “gravísima” por la caída del consumo y las altas tasas de interés. En aquel entonces, la planta contaba con 2.000 trabajadores.

El segundo momento crítico ocurrió en julio de 2024. Tras la reducción de aranceles a la importación de neumáticos dispuesta por el Gobierno —que bajaron del 35% al 16%—, la empresa volvió a presentar un PPC. En mayo de ese año, Fate ya había despedido a 97 operarios, citando una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y una brecha de costos “insalvable” respecto a los productos extranjeros, particularmente los provenientes de China. La dirección de la firma señalaba entonces factores como la “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y elevada conflictividad gremial” como los principales obstáculos para la producción.

Finalmente, el tercer hito fue la clausura definitiva comunicada esta semana. Según fuentes allegadas a la empresa, el ingreso masivo de cubiertas importadas —que alcanzó récords de 860.000 unidades mensuales en 2025— terminó por desplazar a la fabricación nacional. La gerencia de Fate sostuvo que el costo de producir un neumático en Argentina se volvió significativamente superior al valor de los productos importados, lo que llevó a la liquidación de activos y al despido de la totalidad de la nómina.

Un futuro incierto para 920 familias

Tras el anuncio del cierre, la empresa aseguró que indemnizará a todo el personal conforme a la ley vigente. No obstante, el impacto social en la zona de San Fernando es profundo.

A pesar de la decisión del Directorio, los trabajadores mantienen la expectativa de una posible reapertura bajo otras condiciones o mediante la intervención política. “Estoy convencido de que Fate reabre con nosotros. Hoy, la exigencia es que tengo que hacer hasta lo último para recuperar mi puesto de trabajo. Yo quiero trabajar, al igual que mis 900 compañeros”, concluyó Ayala.

Por el momento, la planta permanece cerrada y el mercado local se encamina a ser abastecido íntegramente por productos importados, marcando el fin de la mayor fabricante de capitales nacionales en el sector del neumático.

"Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no teno ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas", dijo Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

A primera hora de este jueves, Balcázar expuso que va a iniciar una rueda de diálogo con los partidos políticos y los gremios para llegar a consensos y conseguir unas elecciones ordenadas "sin aspavientos ni malos entendidos" de que su gobierno puede interferir en la transparencia de los comicios.

También agregó que otra de sus prioridades es impulsar "leyes especiales que no se han dado hasta el momento" que considera "necesarias y fundamentales" para luchar contra el crimen organizado y poder así "pacificar el país", junto a las bancadas políticas y las iglesias católicas.

Sobre su futuro Consejo de Ministros, que tiene que nombrar en los próximos días, repitió que, tras una evaluación previa, no descarta que algunos continúen en el cargo, especialmente en la cartera de economía.

"No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen", señaló el abogado al añadir que aún no se ha puesto en contacto con líderes políticos.

Sostuvo que quiere mantener "las mejores relaciones con la prensa", y acto seguido acudió a Palacio de Gobierno, donde previsiblemente tendrá reuniones con distintos partidos de cara a formar su gobierno.

Balcázar fue el más votado en el pleno del Parlamento para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente se convirtió en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, que entró al Congreso junto al partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha. EFE

La vitivinicultura argentina atraviesa un período de crisis, pero algunas miradas optimistas hablan de un momento de inflexión, un punto de quiebre, que puede significar la recuperación en el corto o mediano plazo. Para entender qué está pasando exactamente, es necesario hacer un repaso de la situación general de la actividad vitivinícola en el país.

De acuerdo a las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita de vino se encuentra en el valor más bajo del que se tiene registro en Argentina. En detalle, en 2025 se consumieron 15,7 litros por persona, un número que representó una caída del 3,68% respecto al año anterior, cuando se midió una demanda de 16,3 litros per cápita. Estas cifras están muy lejos de los números que aparecían en el radar hace un par de décadas. En 2005, por ejemplo, la ingesta per cápita había sido de 29,2 litros.

En lo que respecta a las ventas, el INV informó que la comercialización acumulada entre enero y diciembre del año pasado reflejó una baja del 2,7% en comparación al 2024. Lo positivo es que aún en ese marco, las ventas de vino embotellado se mantuvieron prácticamente estables (cayeron apenas 0,1%). La baja general fue condicionada principalmente por el tetrabrik, cuyas ventas se desplomaron 6,2 por ciento. No es un dato menor, teniendo en cuenta que ese formato explica un tercio del mercado.

Fue peor el desempeño de la industria en el mercado de exportación. Los números difundidos por el INV muestran una contracción del 6,8% de las ventas al exterior en 2025. La diferenciación por formato indica que las exportaciones de vino fraccionado retrocedieron 4,6%, mientras que el vino a granel sufrió una dura baja del 13,6%. La excepción fue el mosto concentrado, que en 2025 logró una recuperación del 3,5% en el mercado de exportación. En términos de valor, en 2025 el sector despachó vinos por USD 661 millones, el valor más bajo desde 2009.

Menos superficie y productores

No solo las ventas confirman el mal momento de la vitivinicultura. Otros datos, que generalmente se analizan en períodos de largo plazo, confirman que la crisis no responde sólo a cuestiones coyunturales. De acuerdo a los datos públicos del INV, en 2024 (dato más reciente) había 199.946 hectáreas de vid en Argentina, distribuidas en 22.039 viñedos. Apenas diez años antes la superficie era de 226.388 hectáreas y había 25.482 viñedos.

La caída ha sido una constante en los últimos años. La baja de ventas, combinada con otros factores que condicionaron la rentabilidad del sector, obligaron a cientos de productores a abandonar parte de sus viñedos. Muchos optaron por abandonar la actividad.

Las oportunidades y desafíos para el sector

Los números no admiten discusión, pero hay una serie de factores a tener en cuenta que pueden cambiar la ecuación. Mario González, presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y Fabián Ruggeri, presidente entrante, hablaron con Infobae en la previa de la vendimia sobre el presente del sector. Si bien admitieron que para muchos actores de la industria la situación es crítica, aseguraron que hay mucho que se puede hacer para cambiar esta realidad.

Para González, la clave reside en la capacidad de mantener una visión que trascienda la urgencia del día a día. “La coyuntura de la actividad vitivinícola no está siendo la mejor. Desde Coviar seguimos desarrollando estrategias a largo plazo. Nos cuesta mucho a los argentinos tener esa mirada, pero es de destacar el trabajo interinstitucional que hacemos en ese sentido”, señaló el dirigente. En este marco, uno de los pilares de la gestión ha sido la caracterización de suelos en las diferentes provincias vitivinícolas, un proyecto que busca aportar “datos duros que muestran a la Argentina con una diversidad enorme con características distintivas”. Según González, esta información técnica “va a marcar la diferencia en las exportaciones y en futuras inversiones”.

La competitividad internacional también se vincula hoy con estándares globales de producción. Al respecto, el presidente saliente destacó el avance en materia de sostenibilidad: “Va a ser una barrera paraarancelaria muy fuerte si no avanzamos en el sello de la vitivinicultura sostenible”. En este sentido, mencionó la importancia del convenio con la Sociedad Rural Argentina (SRA) para integrar la calculadora de huella de producto con herramientas de proceso organizacional.

Por su parte, Ruggeri, quien asume la conducción del organismo, coincidió en que la institucionalidad de Coviar es el vehículo para que las mejoras alcancen a toda la industria. “Vamos a acompañar para que las autoridades puedan hacer los mejores acuerdos posibles. La Coviar va a estar acompañando desde lo técnico para dar toda la información del sector”, afirmó, haciendo referencia a las negociaciones internacionales pendientes, como el acuerdo con la Unión Europea.

Diversificación y la apuesta por el mosto

Ante la caída del consumo de vino, la diversificación de la producción de uva surge como una alternativa de equilibrio para la cadena. “Uno cuando habla de vinicultura se imagina el vino, pero el producto uva se deriva en un montón de aspectos. Puede ir para pasa de uva, uva en fresco, mosto y otros productos”, explicó González.

En este punto, ambos dirigentes subrayaron la necesidad de retomar la discusión sobre la Ley de Edulcoración con jugos naturales. La propuesta de ley para el uso de jugos naturales (mosto) como edulcorante, impulsada por provincias como San Juan y Mendoza, busca reemplazar los jarabes de alta fructosa en bebidas, promoviendo la producción frutícola local.

Para Ruggeri, este proyecto es vital tanto para la industria como para la salud pública: “Hemos trabajado todo 2025 para volver a poner sobre la mesa este tema. El proyecto va muy vinculado con la salud de las personas; el mundo va teniendo esa tendencia hacia lo saludable. Es el momento justo para volver con mucha fuerza entre todos”.

Ruggeri también desestimó las versiones que sugieren una reducción drástica de la superficie cultivada como salida a la crisis. “La erradicación nunca fue una alternativa real. ¿De dónde sacaron que hay que erradicar 70 mil hectáreas? Son números tirados al aire”, cuestionó. Según su visión, la demanda de uvas blancas y comunes podría incluso incrementarse: “Con la buena alternativa que vamos a tener con el tema del mosto y la posibilidad de hacer exportaciones a granel de vino blanco, es probable que nos empiecen a faltar uvas”.

Rentabilidad, precios y el rol del sector financiero

Uno de los puntos más críticos para la vitivinicultura es la situación financiera de los productores y las bodegas. Mario González analizó el comportamiento de los precios en las góndolas y su impacto en el consumo: “La industria se fue ajustando a valores que realmente han sido muy bajos, lo que permitió que la caída del consumo no fuera tan fuerte como en otros productos. Lo malo es que hubo baja rentabilidad y en algunos casos fue negativa”.

Para revertir este escenario, el sector demanda cambios profundos en el acceso al crédito. “Hace 30 años que no hay créditos accesibles para la actividad”, sentenció González, remarcando que el sector primario es el que más sufre la falta de rentabilidad.

Fabián Ruggeri reforzó este pedido de financiamiento diferencial, argumentando que los procesos de mejora técnica no son inmediatos. “Si necesitamos hacer reconversión, necesitamos tiempo. No pensamos en menos de diez años. La eficiencia hídrica y energética debe ser vital y requiere de inversiones”, explicó. Para el presidente entrante, la incorporación de tecnología es indispensable para sostener la calidad, pero advirtió que “el sector financiero debe estar a disposición”.

Nuevos hábitos de consumo

Pese a la lentitud histórica que se le atribuye a la viticultura para implementar cambios, Ruggeri destacó la agilidad con la que el sector ha respondido recientemente a las nuevas demandas del mercado. “En este año en particular migramos rápido hacia vinos más suaves, más dulces, de menos alcohol. Algo de vinos sin alcohol. Se ha hecho a una velocidad inédita para la industria”, observó.

Finalmente, ambos referentes buscaron disipar versiones de conflictos internos dentro de la actividad. “No hay una pelea con Bodegas de Argentina. Son intereses diferentes”, aclaró Ruggeri. González, en la misma línea, concluyó: “Muchas veces se planteó una institución contra otra y es mezclar peras con manzanas. En lo particular se hizo mucho esfuerzo para tratar de trabajar todos juntos y hemos logrado algunas acciones interesantes. Simplemente hay que dedicarle tiempo a construir”.

El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

2019: alerta bajo el Procedimiento Preventivo de Crisis

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

2024: pérdida de competitividad y segundo PPC

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

2026: cierre definitivo

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.

La deuda total acumulada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ya supera los 18 mil millones de lempiras, mantiene al sistema sanitario en una etapa crítica, provocando la suspensión de cirugías electivas y extendiendo los tiempos de espera para miles de afiliados que requieren atención especializada.

Este déficit, alimentado en gran medida por la falta de aportaciones tanto del Estado como de empresas privadas, amenaza con colapsar la prestación de servicios médicos y obliga a la institución a reorganizar sus recursos mientras la presión de la demanda no cede.

Desde la perspectiva del dirigente gremial Carlos Rueda, la gravedad de la crisis se traduce en un deterioro de la operatividad diaria del IHSS. La suspensión de intervenciones programadas ha dejado a miles de pacientes con diagnósticos quirúrgicos a la espera por seis a ocho meses, mientras solo se realizan procedimientos de emergencia como cesáreas y apendicitis.

La falta de insumos médicos, especialmente en el área quirúrgica, limita la respuesta hospitalaria y agrava la mora en salud, según detalló Rueda, quien remarcó que “la institución intenta reorganizar sus recursos para cubrir los casos más urgentes”.

La deuda del sector público y privado es la principal causa de este colapso financiero. Según Rueda, el Estado hondureño debe más de 12 mil millones de lempiras, acumulados en los últimos quince años. A esto se suma la mora privada, que supera los seis mil millones.

Mientras tanto, los trabajadores afiliados cumplen con sus contribuciones, deducidas directamente de sus salarios, pero los empleadores no transfieren siempre la totalidad al IHSS. Este incumplimiento crónico ha privado al Seguro Social de recursos fundamentales para insumos, medicamentos y funcionamiento cotidiano.

Medidas urgentes y exigencias al nuevo liderazgo

El nombramiento de un nuevo director ejecutivo se traduce en expectativas de respuestas inmediatas. Rueda, vocero del gremio médico, enfatizó la necesidad de “implementar medidas orientadas a recuperar la mora acumulada y a sanear las finanzas de la institución” como condición para restablecer todos los servicios de salud. De su gestión depende la recuperación de los fondos pendientes y la garantía de atención médica regular para los derechohabientes.

Desde el sector privado, Luis Larach, representante empresarial, definió la situación del IHSS como prioritaria para la estabilidad laboral del país. Expuso que, aunque el gobierno ha enfocado esfuerzos en la salud, persisten problemas estructurales como politización, corrupción y gestión ineficiente. Larach consideró que “la institución debe ser gestionada bajo criterios técnicos y meritocráticos”, exigiendo administradores con formación especializada, continuidad en sus cargos y planificación estratégica para definir el rumbo institucional.

Larach también alertó que la mora en salud del IHSS podría ser igual o mayor que la del sistema público, debido al atraso en la modernización tecnológica y la falta de planificación administrativa. “La gestión manual de expedientes y citas médicas puede ocasionar la pérdida de turnos y prolongar la programación de procedimientos,” explicó, resaltando que ese rezago tecnológico suma dificultades a una estructura ya golpeada por el déficit financiero.

La combinación de escasez de recursos y procesos administrativos manuales ha desencadenado una experiencia negativa para los asegurados, quienes dependen de la entidad para recibir cirugías, tratamientos y medicamentos. La suspensión de procedimientos electivos y la ampliación de los tiempos de espera representan obstáculos para quienes necesitan atención especializada de manera oportuna.

Mientras tanto, la presión sobre el IHSS por la demanda creciente se incrementa en un contexto de recursos limitados y problemas estructurales no resueltos. Sin la recuperación de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones patronales, la capacidad operativa de la institución permanece restringida, generando incertidumbre entre los derechohabientes y exigiendo medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema.

De acuerdo con las estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria registró un crecimiento del 2% en diciembre respecto de noviembre, mientras que frente al mismo mes del año anterior presentó una baja del 3,5 por ciento. Los datos surgen de mediciones propias elaboradas a partir del consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Desde la entidad señalaron que “los primeros datos disponibles de diciembre indican una suba respecto al mes anterior”, aunque aclararon que el resultado intermensual estuvo influenciado, en parte, por un bajo nivel de comparación debido a los feriados de noviembre. En ese marco, la UIA remarcó que, pese al repunte mensual, el nivel de actividad industrial continúa mostrando señales de estancamiento cuando se lo observa en un período más amplio.

Los sectores que impulsaron el repunte mensual

En el informe, la UIA precisó que el crecimiento del 2% mensual se produjo en un contexto en el que varios indicadores sectoriales mostraron variaciones positivas. Entre ellos, se destacó la producción vinculada a la construcción, que presentó una suba mensual luego de la caída registrada en noviembre. En particular, los despachos de cemento aumentaron 7,4% respecto del mes anterior, mientras que el Índice Construya avanzó 3,2 por ciento.

Sin embargo, la UIA advirtió que, a pesar de esta recuperación mensual, la construcción continúa siendo uno de los sectores más afectados en términos de nivel productivo. Según el relevamiento, el sector mantiene bajas superiores al 20% en comparación con los niveles de 2022, lo que refleja una contracción persistente más allá de los movimientos de corto plazo.

Otro de los rubros que mostró una mejora en diciembre fue el automotriz. La producción de vehículos registró un incremento del 12% mensual, luego de un desempeño más bajo en noviembre, explicado en parte por la menor cantidad de días hábiles. En la misma línea, el patentamiento de maquinaria industrial creció 4,4%, mientras que el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 4,2%, un indicador que suele utilizarse como referencia del nivel de actividad fabril.

Exportaciones y desempeño dispar entre rubros

En cuanto al sector externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una suba del 2,2% respecto del mes previo. De esta manera, el año cerró con USD 12.941 millones exportados hacia el principal socio comercial de la Argentina, lo que implicó una caída del 4,7% en relación con 2024.

No todos los sectores acompañaron el repunte mensual. Según el informe de la UIA, la metalmecánica presentó una leve baja de 1,3% respecto de noviembre.

En el balance general, la UIA subrayó que, más allá de la suba mensual registrada en diciembre, el nivel acumulado de la actividad industrial se mantiene sin cambios relevantes. “Con estos datos, junto con las estimaciones propias, el nivel acumulado de la actividad industrial aún se encuentra estancado”, indicaron desde la entidad. En ese sentido, precisaron que la industria se ubica en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y alrededor de un 9% por debajo de 2022.

Un cierre de año con señales ambiguas

La caída interanual del 3,5% en diciembre refleja, según el análisis de la UIA, las dificultades que aún persisten en distintos segmentos del entramado industrial. El informe remarcó que el desempeño negativo interanual convive con dinámicas sectoriales muy diversas, donde algunas ramas muestran signos de recuperación parcial, mientras que otras continúan afectadas por la menor demanda.

Al observar los indicadores de producción relevados por la entidad, se destacan contrastes marcados entre sectores. Mientras que algunos rubros lograron recomponer parcialmente su nivel de actividad en la comparación mensual, otros permanecen con variaciones negativas tanto en términos interanuales como frente a años previos. En particular, la UIA señaló que varios sectores industriales continúan operando con niveles de producción inferiores a los registrados antes de 2023.

Desde la entidad también pusieron el foco en que el repunte mensual de diciembre debe ser analizado con cautela. Según indicaron, el efecto de los feriados de noviembre generó una base de comparación baja, lo que influyó en la magnitud del crecimiento intermensual observado. En ese marco, aclararon que el dato mensual no alcanza, por sí solo, para revertir la tendencia de debilidad que muestra la industria en el análisis de mediano plazo.

En relación con el cierre del año, la UIA destacó que la actividad industrial finalizó diciembre sin cambios significativos en el nivel general acumulado. Si bien algunos sectores lograron mejoras puntuales, el desempeño agregado mostró una evolución contenida, con diferencias marcadas entre ramas productivas y sin una recuperación generalizada.

“El nivel de actividad industrial se encuentra en valores similares a los del cuarto trimestre de 2024”, señalaron desde la entidad, al tiempo que reiteraron que, en la comparación con 2022, la industria todavía se ubica aproximadamente un 9% por debajo. De esta manera, el cierre de diciembre dejó un escenario ambiguo para la industria: una mejora mensual impulsada por algunos sectores y una caída interanual que da cuenta de un nivel de actividad todavía debilitado, según el diagnóstico de la UIA.

El balance sectorial

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó su primera reunión de Junta Directiva del 2026. Los representantes de la entidad manifestaron su preocupación por el desempeño negativo de la actividad y remarcaron la importancia de que continúe la baja de tasas y se avance en una reforma que reduzca la presión fiscal al sector formal. Coincidieron en la importancia de generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales de forma de no perder tejido empresarial y PyME.

Las autoridades de la UIA analizaron además la agenda para la modernización laboral que se tratará esta semana en el Senado de la Nación. Coincidieron en la importancia de avanzar con la modernización del marco laboral como condición necesaria para la generación de empleo formal, luego de más de una década sin creación de nuevo empleo registrado. “Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo”, comentaron.

Rizobacter, una de las firmas del grupo empresario de biotecnología agrícola Bioceres, anunció un proceso de reestructuración de su deuda para mejorar el perfil y extender los plazos de sus compromisos financieros. La compañía que forma parte del holding, cuya acción se desmoronó en Wall Street, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que comenzó las negociaciones con los tenedores de una serie de sus Obligaciones Negociables (ONs), cuyo vencimiento está previsto para el 10 de febrero y alcanza un monto de 3,8 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes cercanas a la empresa a Infobae, “es el kick off de un proceso de reorganización de la deuda para estirar el plazo y mejorar el perfil”. Este movimiento replica la estrategia implementada previamente por San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs.

En los términos actuales de emisión, la compañía disponía de 30 días para negociar con los tenedores de los títulos y evitar, de esta manera, la cesación de pagos. El objetivo principal de la estrategia es modificar las condiciones originales, priorizando la extensión de los plazos y la adecuación a la capacidad de pago actual de la empresa.

“De cara al próximo vencimiento de la ON Serie VIII Clase B, previsto para el 10 de febrero de 2026, la compañía informó al mercado que los documentos de la emisión contemplan un período de gracia de 30 días“, señalaron desde Rizobacter.

En este contexto, la compañía intenta establecer un nuevo acuerdo con los bonistas a través de una petición de consentimiento, una herramienta frecuente para modificar fechas o términos de pago de la deuda corporativa. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado con información directa sobre la operación aseguraron a este medio que la negociación entre las partes se encuentra encaminada. El proceso busca aportar previsibilidad a las finanzas de la compañía en un contexto de fuerte caída bursátil de Bioceres.

El desplome bursátil de Bioceres

En efecto, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, registró un valor máximo de USD 6,55 por acción en febrero de 2025. Doce meses después, los papeles cotizan alrededor de USD 0,58, lo que representa una depreciación superior al 90 por ciento. Esta reducción la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Mientras tanto, la estructura local del holding evidenció problemas financieros. Bioceres S.A., la firma argentina con sede en Rosario que dio origen de BIOX, inició un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga que ronda los 39 millones de dólares.

El inicio de este proceso respondió al impago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un contexto marcado por una fuerte caída de los ingresos y activos financieros de la empresa. Aunque actualmente Biox y Bioceres S.A. no mantienen vínculo operativo directo, la segunda fue accionista principal de la primera hasta la reestructuración del grupo, realizada a mediados del año anterior.

La crisis también impactó en la filial tecnológica de la compañía en Estados Unidos. Recientemente trascendió que el control de ProFarm Group, empresa del grupo Bioceres Crop Solutions, pasó a manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares. La empresa informó que el procedimiento legal sigue en curso y bajo apelación, y destacó la diferencia entre el valor de ejecución (USD 15 millones) y los USD 243 millones que BIOX había abonado por la adquisición de esa firma en 2022, durante un contexto favorable para el sector agrícola.

Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, informó que las inspecciones detectaron la ausencia de más de 70 medicamentos esenciales en almacenes y farmacias hospitalarias, varios indispensables para la atención de emergencias. “Hay medicamentos claves que no están disponibles cuando los pacientes los necesitan, lo cual pone en serio riesgo la atención oportuna”, señaló Luis Castillo Torrealba.

De acuerdo con el vocero, uno de los principales problemas identificados es la deficiente programación del abastecimiento. Se continúan solicitando fármacos de baja rotación mientras faltan insumos críticos, lo que afecta la atención médica y genera riesgo de pérdida o vencimiento de medicamentos no utilizados.

Castillo Torrealba alertó que los almacenes de hospitales como Suárez Angamos y Luis Negreiros no cuentan con certificación de buenas prácticas, lo cual compromete la adecuada conservación de medicamentos, insumos médicos y equipamiento quirúrgico. “Esto pone en riesgo no solo los tratamientos, sino también la seguridad de los pacientes”, remarcó.

La Contraloría evidenció también que la falta de medicamentos se agrava por la presencia de equipos médicos inoperativos y la ausencia de insumos de laboratorio, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. En hospitales como Sabogal, se detectaron más de 18 equipos de emergencia fuera de servicio, mientras que en otros establecimientos existen equipos disponibles, pero insuficientes para responder a una sobredemanda.

Un caso especialmente sensible es el de pacientes con hemofilia, quienes enfrentan la falta prolongada de factores coagulantes, medicamentos vitales para su supervivencia. Castillo Torrealba indicó que la Contraloría supervisa las compras de emergencia para este grupo, recordando que en procesos anteriores ya se habían detectado riesgos que obligaron a suspender adquisiciones.

“El problema no es solo conseguir medicamentos de emergencia, sino asegurar que el abastecimiento sea sostenible en el tiempo. Si no se corrigen los procesos de compra y programación, esta crisis se va a repetir”, advirtió el vocero.

La Contraloría precisó que su labor es técnica y preventiva, y que ha trasladado todas las observaciones a EsSalud y a las direcciones hospitalarias para la adopción de medidas correctivas. No obstante, Castillo Torrealba señaló que muchas de las recomendaciones emitidas desde noviembre pasado no han sido atendidas, lo que ha motivado un seguimiento más exhaustivo.

Finalmente, instó a las autoridades de los establecimientos de salud a asumir su responsabilidad en la gestión de recursos. “No basta con cambiar personas; es indispensable que existan procesos claros y adecuados para la compra y distribución de medicamentos. El objetivo es poner al ciudadano en el centro y garantizar una atención de salud continua y de calidad”, concluyó Luis Castillo Torrealba.

Esta problemática no se limita a Lima, donde se concentran los hospitales de mayor complejidad y a los que llegan familias de diversas regiones del país, sino que se replica en hospitales de provincias, agravando la situación de miles de asegurados que han contribuido durante toda su vida laboral al sistema.

Situación del hospital Rebagliati

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, tres madres de familia denunciaron en Latina Noticias la falta de medicamentos esenciales para tratar a sus hijos, situación que se prolonga desde hace al menos 15 días.

Algunas de estas madres llegaron desde provincias con la esperanza de conseguir el fármaco, pero se encontraron con la respuesta de que no había abastecimiento. Una de ellas es Yolanda, proveniente de Huaraz, quien denunció que no encontró el medicamento que contiene una hormona de crecimiento indispensable para el tratamiento de su hijo.

Según relató, el martes recibió un mensaje vía WhatsApp indicando que el medicamento ya estaba disponible. Sin embargo, al llegar este miércoles en horas de la mañana a Lima, se le informó que el fármaco nuevamente se había agotado.

“Debido a la falta del medicamento se estanca el tratamiento y luego los médicos nos preguntan por qué no cumplimos. EsSalud me dice que me van a volver a avisar, pero ¿qué hago si me regreso a mi tierra y en el camino me avisan que ya hay? EsSalud no me paga el pasaje ni los gastos en Lima. ¿Cómo voy a estar gastando en pasajes, alimentación y alojamiento a cada rato?”, cuestionó.

Mientras se recogían este y otros descargos, personal administrativo del hospital salió a informar que el medicamento finalmente había llegado y que las madres podían pasar a recogerlo. No obstante, las aseguradas advirtieron que esta situación ocurre de manera frecuente, lo que provoca gastos adicionales, interrumpe la continuidad de los tratamientos y causa desgaste emocional y físico tanto en los pacientes como en sus familiares.

Situación en hospital Guillermo Almenara

La crisis también golpea al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, donde pacientes oncológicos denunciaron un grave desabastecimiento de medicamentos para quimioterapia y tratamientos hormonales, además de la inoperatividad de los tomógrafos, lo que impide diagnósticos oportunos y calidad de vida para muchos que enfrentan estas difíciles enfermedades.

Familiares relataron que algunos tratamientos han quedado paralizados porque no se pueden realizar tomografías necesarias para aprobar la compra de los fármacos, y que pacientes deben esperar semanas o meses sin medicación.

“Estoy indignada y triste. Uno aporta toda su vida y cuando necesita el medicamento no hay”, expresó una familiar de una paciente con cáncer de mama.

Situación en hospital Sabogal

En el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, la situación es especialmente crítica para los adultos mayores. Testimonios recogidos por Latina Noticias dan cuenta de largas madrugadas en las puertas del hospital, teléfonos que no contestan y citas que nunca se programan.

La señora Evelyn, de 78 años, llegó desde Comas cerca de las 5 de la mañana buscando una cita en oftalmología. Desde diciembre espera que le lean los resultados de exámenes realizados, pero le informaron que no hay programación.

“Yo no vivo a la vuelta de la esquina. No veo bien. Este celular que me dan es una burla”, reclamó, al señalar que el número telefónico entregado por el hospital permanece fuera de servicio.

La asegurada también relató que tuvo que esperar desde julio hasta diciembre para una resonancia magnética, la cual finalmente se realizó en una clínica particular. Además, denunció que los tomógrafos del hospital están malogrados y que los pacientes son derivados a otros centros o a clínicas privadas, con costos que muchos no pueden asumir.

A esto se suma la falta de medicamentos esenciales, como la insulina, que varios asegurados han tenido que comprar por su cuenta. Evelyn afirmó gastar 85 soles cada diez días en medicación que debería recibir por EsSalud.

Otro testimonio es el de Julio Ramos Garcés, de 77 años, quien indicó que en el último mes seis de diez medicamentos de su receta no estaban disponibles, obligándolo a comprarlos pese a ser jubilado y padecer múltiples enfermedades crónicas.

Todo ello ocurre mientras la Contraloría General de la República intervino el hospital Sabogal para verificar irregularidades en compras y almacenamiento de insumos, tras detectarse la falta de más de 30 medicamentos, un tomógrafo inoperativo por meses y gastos administrativos por más de 150 mil soles en remodelaciones de oficinas.

Crisis en provincias: Hospital Víctor Lazarte

La problemática se extiende también a regiones. En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en La Libertad, el cuerpo médico solicitó que el establecimiento sea declarado en emergencia, ante la falta de medicamentos, insumos y equipos médicos.

Según el presidente del cuerpo médico, Ever Castillo, hay al menos 30 medicamentos e insumos agotados, lo que condiciona cirugías y atenciones de emergencia. Los pacientes se ven obligados a comprar anestésicos, catéteres y otros materiales.

El hospital lleva más de un año sin tomógrafo, cuenta con un solo equipo de rayos X operativo y carece de resonador, monitores, camas y reactivos para exámenes, afectando incluso áreas críticas como UCI y oftalmología.

Los médicos responsabilizan a la Gerencia Regional de EsSalud y advierten que el bajo presupuesto y su lenta ejecución ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Crisis en EsSalud lleva varios años

Los testimonios recientes de asegurados en Lima y regiones confirman que la crisis en EsSalud no es nueva ni circunstancial, sino un problema estructural que se ha repetido a lo largo de 2024, 2025 y años anteriores. Demoras de varios meses para acceder a citas médicas, desabastecimiento crónico de medicamentos, equipos inoperativos y maltrato al usuario han sido denunciados de manera constante por pacientes.

Muchos asegurados, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o graves, han llegado incluso a abandonar tratamientos o resignarse a vivir con la enfermedad, ante la imposibilidad de obtener atención oportuna. Esta situación se repite tanto en hospitales de Lima —que reciben pacientes de todo el país— como en establecimientos de regiones, evidenciando que el colapso de EsSalud es nacional, persistente y no resuelto, pese a tratarse de un seguro contributivo obligatorio.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 2 de febrero de 2026 un decreto que instituye un estado de emergencia sanitaria en el sistema de salud pública, vigente hasta febrero de 2027 y con posibilidad de prórroga, con el propósito de afrontar la crisis estructural que atraviesa el sector.

Mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, el Estado dispone de instrumentos legales para ejecutar acciones urgentes orientadas a superar las deficiencias identificadas en los servicios sanitarios.

Según la normativa, si la situación no mejora, la emergencia podrá extenderse a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificación del Legislativo.

Entre las disposiciones más relevantes del decreto se encuentra la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, ejecute estrategias con mayor celeridad y bajo esquemas contractuales extraordinarios.

Conforme al articulado, estos mecanismos deben estar sujetos a auditoría y sistemas de control. Todos los contratos celebrados por esta vía deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional, lo que implica una fiscalización constante sobre procesos de adquisición y contratación. A fin de garantizar el acceso público a la información, las compras extraordinarias deben publicarse en la plataforma oficial de HonduCompras, según estipula el texto del decreto.

La aplicación de la declaratoria supone la posibilidad de reducir la mora quirúrgica mediante la subrogación de servicios quirúrgicos a hospitales privados o acuerdos con instituciones, así como la compra acelerada de medicamentos, equipos y suministros médicos indispensables.

La infraestructura hospitalaria podrá recibir mantenimiento e iniciativas de actualización mediante un modelo operativo que prioriza la rapidez, sin obviar los controles y auditorías formales.

El Ejecutivo también queda facultado para suscribir fideicomisos financieros con bancos nacionales por hasta un año, dirigidos a la obtención de recursos necesarios para reducir listas de espera, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento adecuado de los centros asistenciales. Todos estos fideicomisos están sujetos tanto a auditorías internas como externas.

La crisis del sistema sanitario hondureño motivó la declaración de emergencia.

Entre los factores destacados figuran la existencia de decenas de miles de pacientes en espera de procedimientos quirúrgicos, reportada por distintos sectores; la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos; y las condiciones deficientes de infraestructura y atención en la red pública de servicios de salud.

El Congreso nacional reconoció que estas circunstancias impiden una atención integral a la población, lo que justificó la adopción de medidas legales excepcionales.

Para la aplicación efectiva de las acciones previstas, la normativa establece que el reglamento correspondiente se redacte en un plazo de 30 días tras la publicación de la ley, garantizando la inclusión de diversos actores del sector sanitario.

Entre los gremios y organizaciones que participarán en la elaboración del reglamento se encuentran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Colegio Médico de Honduras, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Afines de Honduras (Sitramedhys). La participación de estos sectores asegura la incorporación de criterios técnicos y profesionales en la implementación de la ley.

La emergencia faculta la contratación directa de médicos, enfermeras y personal administrativo, además de la compra de bienes y servicios requeridos para enfrentar la contingencia, mediante procedimientos simplificados y con la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos, privados y no gubernamentales.

La ley fue aprobada tras un debate en el que varias bancadas parlamentarias respaldaron la iniciativa. Según medios hondureños, la votación superó los 90 votos afirmativos, luego de una discusión en la que el énfasis estuvo puesto en la urgencia de atender la crisis sanitaria. El Partido Libertad y Refundación (Libre) optó por abstenerse o mostrar desacuerdo respecto a ciertos puntos, sin impedir la aprobación final. Los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana manifestaron apoyo al instrumento legal.

El proceso legislativo incluyó un receso solicitado por distintos grupos parlamentarios para revisar el dictamen. Posteriormente, la sesión se reanudó para concretar la aprobación, formalizando así un marco legal que permite respuestas excepcionales a los problemas estructurales del sistema público de salud en Honduras.

Caracas, 29 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves conversaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen "las restricciones en el espacio aéreo comercial" del país suramericano, operativas desde el pasado noviembre, y expresó: "Vengan todas las aerolíneas que tengan que venir".

Al término de una movilización chavista, Rodríguez dijo haber recibido este jueves una llamada de Trump y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante la que abordaron "la agenda de trabajo" entre ambas naciones, que evalúan reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y aseguró que están "dando pasos importantes".

"Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas la aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir", expresó la mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en el país suramericano por parte de EE.UU.

Trump anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela "se abrirán muy pronto" y ordenó, tras una conversación con Rodríguez, que el proceso comience hoy mismo.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que había dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela".

El pasado noviembre, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Entonces, Venezuela vivió una crisis de su conectividad aérea, después de la cancelación de numerosos vuelos de aerolíneas internacionales, de la que aún se recupera la nación petrolera.

El 4 de enero, un día después de la detención de Maduro y su esposa, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019.

Este jueves, tras anuncio de Trump, American Airlines informó que está "lista" para reanudar las rutas comerciales entre ambos países.

Tras el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de un arancel del 30% para los productos colombianos como consecuencia de la falta de ayuda a su país por parte de la nación cafetera para combatir el narcotráfico, comenzó una crisis diplomática que es tendencia en la región.

Como respuesta directa, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció que se suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las seis de la tarde del 22 de enero por orden del presidente Gustavo Petro.

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Debido a que no ha existido ningún tipo de diálogo entre voceros de Colombia y Ecuador, y que el ministro de Defensa cafetero ha rechazado las afirmaciones del presidente del vecino país, diferentes expertos se han pronunciado para afirmar qué país queda peor parado en medio de la crisis.

Colombia y Ecuador afrontarán varios retos si se mantienen las diferencias

En diálogo con Infobae Colombia, la experta en desarrollo internacional y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano July Villalba habló sobre los retos que tendrá cada país si se mantienen las diferencias actuales.

En primer lugar, analizó el anuncio realizado por Noboa, lo que calificó como una estrategia política que se salió de las manos, puesto que, en su concepto, lo que se buscaba era presionar a Colombia.

“La imposición de aranceles por parte de Ecuador a productos provenientes de Colombia es una estrategia política más y que es recurrente entre ambos países. Habitualmente, se justifica como mecanismo para presionar las operaciones militares en la frontera y reducir el tráfico de minería de oro y contrabando que se origina y fortalece en el territorio colombiano”.

Para Villalba, el trasfondo de los aranceles es la necesidad que tienen en Ecuador de mejorar su industria interna, que en varios sectores se ve superada por la colombiana.

“Detrás de estas imposiciones también se denota por parte del Gobierno ecuatoriano el querer aplicar medidas proteccionistas debido a la baja productividad de las industrias nacionales, que enfrentan una fuerte competencia de bienes importados de Colombia”.

A nivel político, cuestionó la forma con la que la administración de Daniel Noboa ha afrontado los retos en su mandato, recordando que no es la primera vez que toma este tipo de decisiones.

“En algunos casos, los aranceles también se han aplicado como respuesta a desequilibrios en la balanza comercial o a presiones económicas internas que el Gobierno de Noboa no ha podido contrarrestar”.

Más allá de la afectación directa que tendrán algunas empresas en Colombia, para la experta, el reto más importante de esta crisis está en las comunicaciones en el corto plazo que tendrán que tener los dos países.

“La aplicación de aranceles por parte de Ecuador afecta a los exportadores y reduce la competitividad de sus productos en el mercado ecuatoriano; además, viola los acuerdos establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, organización que vincula a estos dos países y que promueve el libre comercio”.

Por último, indicó que Colombia y Ecuador se necesitan para tener un crecimiento económico estable, aunque analizó que este tipo de situaciones ponen en evidencia las falencias que se tienen en la región a la hora de proteger la industria nacional.

“Pone de manifiesto el desafío de equilibrar la protección de las economías nacionales con los compromisos de integración regional. Si bien estas medidas pueden ofrecer alivio temporal a ciertos sectores productivos, también pueden afectar el comercio bilateral y el crecimiento económico a largo plazo. Por ello, el diálogo y la negociación suelen ser herramientas clave para resolver estas diferencias y fortalecer una relación comercial más estable y cooperativa”.

El ministro de Economía de Groenlandia, Múte Bourup Egede, destacó que la presión internacional está afectando el estado emocional y mental de la sociedad groenlandesa, en un momento en el que las negociaciones diplomáticas continúan y la incertidumbre geopolítica incrementa. Egede pidió a la población estar mentalmente preparada para situaciones de mayor tensión y no descartó que se enfrenten a más desafíos en los próximos días. Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa que compartió con el primer ministro Jens-Frederik Nielsen, poco después de la llegada de un contingente militar danés a la isla, según detalló el semanario local Sermitsiaq.

En ese contexto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, explicó que aunque no se espera un ataque militar de Estados Unidos, el gobierno toma medidas de precaución recomendando a los habitantes estar preparados "para lo peor". Nielsen afirmó que la posibilidad de una intervención militar se considera remota, pero subrayó la importancia de la preparación ante cualquier escenario que pueda presentarse. De acuerdo con Sermitsiaq, ambas autoridades dirigieron mensajes enfocados en fortalecer la resiliencia de la población frente a la incertidumbre internacional.

Durante la misma comparecencia, el ministro Egede explicó que el miedo y la inquietud derivan de la presión constante proveniente de Estados Unidos, representada por el presidente Donald Trump, quien no ha modificado sus posturas respecto a la isla. Según recoge Sermitsiaq, Egede afirmó que "aunque no parece que se utilizará la fuerza militar, debemos prepararnos para todo, porque la nación que nos presiona no ha cambiado de opinión". El ministro insistió en la necesidad de asegurar la estabilidad y la seguridad interior, reforzando la idea de que Groenlandia debe estar lista ante cualquier eventualidad suscitada desde el exterior.

La llegada de tropas danesas ha sido interpretada como una medida precautoria en medio de una escalada de tensiones. Según informó Sermitsiaq, este despliegue responde a una necesidad de seguridad dentro de la isla y coincide con la intensificación del debate internacional sobre el futuro político y geoestratégico de Groenlandia. El gobierno groenlandés aclaró que la presencia militar danesa representa un esfuerzo de cooperación dentro del marco existente entre Dinamarca y Groenlandia, y no responde directamente a un inminente conflicto, aunque la situación sigue causando inquietud en la población local.

El escenario diplomático también continúa desarrollándose. El semanario Sermitsiaq consignó que Nielsen calificó como "un buen avance" las conversaciones orientadas a reforzar la cooperación militar estadounidense en el territorio, señalando que dichas pláticas se centran en cumplir con las demandas de seguridad citadas por Trump, las cuales han servido de argumento para la posible anexión futura de Groenlandia por parte de Washington. Estas negociaciones han ganado relevancia en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, donde se prevé que el presidente estadounidense aborde el tema con representantes de las distintas partes involucradas.

A pesar de las señales contradictorias que llegan desde Estados Unidos —donde no se ha descartado completamente la opción militar, pero tampoco se ha confirmado una intención de intervención—, las autoridades de Groenlandia reiteraron su compromiso con la vía diplomática y el diálogo directo con Washington. Según lo publicado por Sermitsiaq, el gobierno sostendrá su estrategia de agotar todas las opciones diplomáticas para preservar la estabilidad de la isla mientras se desarrollan las negociaciones multilaterales en Davos.

El contexto internacional, caracterizado por la presencia de altos funcionarios y líderes globales en el Foro Económico Mundial de Davos, proporciona una oportunidad clave para debatir el rumbo de Groenlandia en términos de seguridad y soberanía. La permanencia de la tensión ha llevado a las autoridades locales a reforzar su llamado a la unidad social y la preparación colectiva, mientras se mantienen atentos a las decisiones que se tomen en el ámbito internacional.

Sermitsiaq informó que las autoridades groenlandesas pusieron énfasis en la importancia de generar un clima de seguridad dentro de la sociedad y proteger los intereses nacionales. Aunque la probabilidad de un conflicto armado es considerada baja en las declaraciones oficiales, la necesidad de mantenerse vigilantes y coordinados ante presiones externas se fortalece en el discurso de los líderes políticos y figuras gubernamentales de la isla.

Sabrina fue consultada por su postura ante el tratamiento a la situación de su expareja. En ese sentido, fue sincera sobre el desgaste que le implica. “No, es que hace falta desintoxicarme porque de verdad yo me asqueo de mí. Digo, al tener dos programas en vivo, que es inevitable tocar el tema...”, reconoció.

La exposición constante no le da respiro y el ciclo de preguntas se repite. “Yo sé que lo que digo trae coletazo, pero si encima después de eso se hace la nota de… Uno tiene que hacerlo para estar agradecida, pero no se termina más”, agregó, admitiendo su cansancio frente a la insistencia de la prensa por obtener su opinión sobre el tema. Más adelante, intentó marcar una diferencia en esta nueva etapa profesional: “Yo ya estoy de este lado y lo estoy disfrutando”.

En la misma línea, explicó cómo vive el cruce entre lo personal y lo mediático. “Por ejemplo, recién me crucé a Nico Vázquez, digo, que hemos tratado mucho de su tema y lo hemos realizado con opinión. Después me lo cruzo y le tengo cariño. Yo no llevo y traigo info, yo solamente opino lo que la producción presenta”, ejemplificó

En otro tramo de la charla, Sabrina reconoció: “A veces, la opinión puede ser peor. Yo lo hago desde el sentido común con lo que sucedió con Luciano y Griselda. Yo opino con la verdad, que eso el tiempo lo demuestra. Luego, desde lo vivido, lo aprendido y lo que vemos todos. Sé que la mía, al estar involucrada, suena más fuerte que la de otros”.

En cuanto a la comparación con otras figuras femeninas del espectáculo y la reacción frente a la infidelidad, Sabrina fue contundente: “Hay que desdramatizarlo también. Viste que es todo un tema. Ayer veía una nota de Yanina Latorre cuando pasó lo de Diego, con la verdad que ella atraviesa eso y se hace cargo de lo que le pasó, no es algo que generó ella, pero lo atraviesa”.

En ese sentido, mencionó casos de mujeres que, desde su perspectiva, lograron empoderarse y asumir el dolor públicamente: “Después vemos otras mujeres, como Moria Casán con Ferrer Vázquez, que lo habían encontrado no sé dónde, o Griselda, que son mujeres más empoderadas, que les cuesta poder, poder decir: ‘Sí, me engañaron. Sí, me quiero morir. Me duele’”.

Estos dichos se suman a los que dijo en su última participación en Bondi Live. Allí, lanzó: “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano metió los cuernos y es ‘pobre’, ‘ah, tal vez’. A mí cuando metieron los cuernos era ‘cornuda’, ‘¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mie...”.

También destacó el doble estándar en el ámbito del espectáculo, por lo que utilizó a Casán como ejemplo. “Tiene que ver según si estás enojada o no con el novio de Lali o si tenés favoritismos. Cada uno con sus principios”, aseguró. Y al ahondar al respecto, sumó: “Para mí, tal vez, es no tener principios, meterte todo el tiempo con tipos casados, porque ya, si bien la culpa los tienen los tipos, hay una cosa de no sororidad, que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero cuando... Porque te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez, repetís la misma... Es porque las mujeres te chupan un hue…”.

Teherán, 19 ene (EFE).- Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas por la caída del rial y que pronto se tornaron en clamor pidiendo el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precios de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

Una represión estatal que ha causado “varios miles de muertos” ha sacado a los manifestantes de las calles, pero el descontento no ha amainado en un país donde muchos consideran que con las segundas reservas de gas y petróleo mundiales y un alto nivel educativo se debería vivir mejor.

La depreciación del rial y una alta inflación de en torno al 40 %, los detonantes de las protestas, mantienen aún los precios al alza y por ejemplo el precio de una botella de aceite se ha duplicado hasta los 12.500.000 de riales (7,4 euros) en un mes y el de una caja de huevos cuesta casi el doble con 3.150.000 riales (1,8 euros) al cambio de la calle (1,68 millones de riales por euro).

El cambio oficial está fijado en 1.18 millones de riales por euro.

“La gente tiene razón para estar tan enfurecida. No se puede vivir así”, dice a EFE Mahin, una conservadora y religiosa vecina de Teherán de 57 que se gana la vida cocinando y limpiando casas.

Esta mujer asegura que hace meses que no come carne porque sencillamente no se lo puede permitir: “No tendríamos que preocuparnos por la comida”, dice Mahin, que viste con el tradicional chador iraní, la prenda negra que cubre todo el cuerpo excepto la cara.

Mahin es una de los millones de iraníes que tienen acceso a un subsidio en crédito en supermercados para comprar alimentos de diez millones de riales (5,9 euros) al mes pero considera que es una cantidad que “no vale de nada”.

Esta mujer no salió a manifestarse en las movilizaciones que comenzaron el 28 de diciembre  pero no fue por falta de ganas.

“Yo tenía muchas ganas de salir a protestar y mi hija igual. Pero al final no lo hicimos por miedo. Por mi barrio mataron a mucha gente”, explica la residente de la zona de Tehranpars, en el este de la capital.

Los subsidios son un plan del Gobierno del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, que consiste en dirigir hacia la población 10.000 millones de dólares anuales que se gastaban en subsidiar determinadas importaciones con un cambio preferencial, en un país en el que el salario mínimo es de 105 millones de riales (unos 62 euros) y el estipendio medio ronda los 450 millones (268 euros, al cambio de la calle).

El objetivo es “preservar el poder adquisitivo de los hogares, controlar la inflación y garantizar la seguridad alimentaria” y del que han hecho uso 57,5 millones de iraníes (de una población de 91,5 millones), informó hoy el viceministro de Bienestar del Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social, Yaghoub Andayesh.

Pero las ayudas no parecen satisfacer a casi nadie. Mahmud, otro vecino de Teherán, recibió la ayuda así como su mujer y dos hijas, en total 40 millones de riales (23,8 euros), pero tuvo que poner cinco millones de su bolsillo para comprar dos paquetes de cinco kilos de arroz, producto básico de la dieta iraní.

“El Gobierno tiene que hacer algo más”, dice a EFE y además considera que la medida ha provocado otra subida de precios.

El Gobierno ha propuesto además reducir los impuestos con exenciones para los salarios de hasta 400 millones de riales mensuales, por encima de los 240 millones de riales del año pasado, otra medida que no ha generado optimismo.

Ante las críticas, las autoridades echan balones fuera.

Pezeshkian señaló anoche a Estados Unidos como “uno de los principales factores” de "las  dificultades en la vida del querido pueblo de Irán” debido a las sanciones que limitan su capacidad para comerciar con otros países, especialmente vender su petróleo y gas.

Un argumento que no convence a Reza, licenciado en ingeniería petroquímica de 30 años que se gana la vida conduciendo un taxi en Teherán.

“Debería tener una vida mejor. Estoy tratando de emigrar a Holanda para buscar trabajo allí”, dice a EFE este joven que afirma que “no ve un futuro” si continúa viviendo en el país persa y culpa a las autoridades por ello.

“Están las sanciones, es verdad, pero Irán ha sido muy hostil con muchos países durante mucho tiempo, tiene que buscar una manera de arreglar las relaciones con la comunidad internacional”, afirma.

Por ello, Reza considera que el país necesita un cambio de políticas que es improbable que lleva a cabo la República Islámica.

Jaime León

Teherán, 16 ene (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vimculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

La paralización de hospitales públicos en Honduras anticipa el desafío más urgente para el gobierno entrante, que llegará al poder con un sistema de salud afectado por meses de salarios impagos y condiciones laborales deterioradas

Mientras los nuevos funcionarios prometen durante la campaña elevar los estándares del sector, la administración actual deja un panorama marcado por servicios interrumpidos, deuda acumulada y protestas gremiales, una combinación que mantiene en vilo tanto a los trabajadores como a millones de ciudadanos que dependen, en su mayoría, de la red pública para atender sus necesidades médicas.

En las últimas semanas, las acciones sindicales se han intensificado. Los hospitales de referencia nacional han limitado su funcionamiento a las áreas de emergencias y a la atención de pacientes críticos.

Este escenario preocupa particularmente porque más del 50 % de los hondureños vive en situación de pobreza o con ingresos insuficientes, según consignan los representantes gremiales, volviendo inaccesibles otras opciones de salud.

El conflicto, como han denunciado médicos, enfermeras y personal administrativo, deriva de retrasos que alcanzan hasta seis meses de salario para las enfermeras y ocho para los médicos, además de pagos de aguinaldo pendientes y contratos incumplidos.

Esta falta de liquidez se suma a problemas crónicos del sistema, como insumos insuficientes, instalaciones en malas condiciones y una carga laboral desbordada. Según el testimonio de uno de los voceros del sector durante las protestas: “No declaramos brazos caídos por gusto. A las enfermeras les deben seis meses y a los médicos ocho. Si no fuera así, nosotros estaríamos trabajando. Necesitamos nuestro pago, nadie trabaja porque lo vea”.

La crisis no solo ha acentuado la precariedad material y la sobrecarga de recursos humanos, sino que ha puesto en primer plano la deuda histórica que arrastran sucesivas gestiones.

Durante el mandato de Xiomara Castro, el ministerio de Salud, encabezado hasta hace poco por Carla Paredes, atravesó multitud de movilizaciones y negociaciones fallidas.

La salida de Paredes, ocurrida a veinte días del cambio de gobierno, coincidió con cuestionamientos a su gestión y señalamientos sobre irregularidades administrativas y contratos bajo sospecha, situaciones que hasta ahora permanecen sin clarificación oficial.

En declaraciones públicas antes de retirarse del cargo, la exministra pidió perdón a la sociedad: “Nos hemos puesto al servicio de la población con la mayor transparencia y el mayor esfuerzo. Estoy orgullosa de ellos y, si cometí un error, pido perdón”, reconoció en entrevista con medios periodísticos nacionales.

La autocrítica de la exfuncionaria, sin embargo, no logró contener el malestar entre los gremios, que insisten en que las disculpas no reemplazan el cumplimiento de los acuerdos salariales ni la necesidad de reformas estructurales: la falta de respuestas ha alimentado mesas de diálogo y compromisos reiteradamente frustrados.

Los actores del sector han subrayado que sus demandas no constituyen un ataque a la población, sino una exigencia legítima para que se respete su labor. Han reiterado en repetidas ocasiones su pesar por las interrupciones: “No es una protesta contra la gente, es una protesta para que se respete nuestro trabajo”, remarcan en distintos comunicados.

La movilización, convocada por Amnistía Internacional y la organización Mujeres, Vida, Libertad, Paz y Justicia, tuvo lugar en la Plaza del Campidoglio, frente a las puertas del ayuntamiento romano, donde se desplegaron banderas iraníes y carteles en los que se podía leer "Vergüenza" o "Basta a las ejecuciones en Irán".

También se registraron momentos de tensión, cuando personas afines al régimen se enfrentaron a algunos de los manifestantes, aunque la Policía intervino rápidamente para evitar incidentes mayores.

"¡Paren! Dejen de matar, de condenar a muerte, de arrestar. Está en marcha una verdadera caza de personas; basta. El mundo los está observando. Han intentado oscurecer a Irán, pero no lo han logrado", denunció, en declaraciones a EFE, el portavoz de Amnistía Internacional en Italia, Riccardo Noury.

La organización pro derechos humanos pidió al Gobierno italiano que "actúe con determinación, junto con la Unión Europea, reforzando los mecanismos de justicia internacional, haciendo su parte en las Naciones Unidas y utilizando toda la diplomacia necesaria".

Entre los asistentes se encontraban representantes de la esfera política nacional y opositora al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Como la secretaria del Partido Democrático (PD) y líder opositora, Elly Schlein, quien declaró estar de lado "de quienes protestan en este momento contra el régimen".

"Recordarán las grandes manifestaciones que ya se produjeron tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022. Ahora estamos viendo manifestaciones aún más multitudinarias; incluso es difícil verlas, ya que el régimen también ha adoptado la decisión de cortar Internet", dijo.

También el exprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, quien pidió a la comunidad internacional una "atención enorme" y "una intervención muy fuerte", mediante "presiones políticas, diplomáticas y sanciones a todos los niveles. "Porque esa represión no puede continuar", enfatizó.

A la movilización no solo asistieron ciudadanos italianos que respaldan la causa del pueblo iraní, sino también iraníes como Kourosh Danesh, quien llegó a Italia en 1981 y se manifestaba con el objetivo de dar voz a los iraníes allí presentes: "Y, junto a ellos, gritar libertad para Irán y contra toda forma de dictadura".

"Por la libertad del pueblo iraní, porque es un pueblo que tiene sed de esa libertad, porque es un pueblo que en los siglos recientes nunca ha saboreado una libertad verdadera, y esta lucha que está llevando adelante espero que esta vez los conduzca hacia la perspectiva de la libertad", subrayó.

Las manifestaciones comenzaron en Irán hace unas tres semanas a raíz de la caída del valor de la moneda nacional, y fueron inicialmente lideradas por comerciantes de Teherán aunque se extendieron rápidamente a otras regiones del país y derivaron en protestas de carácter político dirigidas contra la República Islámica.

Las tensiones se incrementaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.

Las proyecciones para 2026 indican que el déficit del sector salud podría volver a superar los $10 billones por segundo año consecutivo, una cifra que mantiene en alerta a los distintos actores del sistema.

Detrás de este escenario se combinan las recientes decisiones del Gobierno sobre el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las presiones inflacionarias y el fuerte incremento del salario mínimo, factores que, según los gremios, amenazan con profundizar la crisis en lugar de aliviarla.

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De acuerdo con advertencias del sector, el aumento aprobado para la UPC no logra compensar el encarecimiento de los costos operativos ni el impacto del alza salarial.

Jesús Albrey González, presidente del Colegio Médico de Abogados, explicó que si bien la decisión del Ministerio de Salud de equiparar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo representa un avance, el ajuste sigue siendo insuficiente para este último. “Es necesario que la UPC crezca a la par del costo de las atenciones”, afirmó González en declaraciones recogidas por La República.

El dirigente gremial advirtió que los efectos de este desbalance ya se están sintiendo en la red de prestación de servicios. Según González, los servicios de mayor riesgo serían los primeros en resentirse, lo que terminaría afectando a todo el sistema.

“La cartera está creciendo en paralelo a todas las atenciones médicas”, señaló, al tiempo que alertó sobre el deterioro financiero de clínicas y hospitales que dependen de los giros oportunos de las EPS.

La visión de los gremios contra lo establecido por el Gobierno

Una visión similar expresó Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La dirigente explicó que el incremento del 9,03% aprobado para la UPC del régimen contributivo se diluye al descontar la inflación.

“En términos reales, el aumento está entre 4% y 4,5%, considerando una inflación de 5,10% registrada en 2025”, indicó Vesga, también en declaraciones a La República.

El Ministerio de Salud informó que el aumento promedio de la UPC para 2026 fue de 12,5%, con incrementos diferenciados según el régimen: 16,49% para el subsidiado y 9,03% para el contributivo.

Esta decisión generó inconformidad en el sector privado, que considera que la mayor carga del gasto en salud recae precisamente sobre el régimen contributivo. Vesga recordó que Acemi había solicitado un aumento del 17,33%, argumentando que la brecha entre costos reales e ingresos reconocidos no solo persiste, sino que se amplía en términos reales.

¿Qué es la UPC y por qué es importante para las finanzas de la Salud?

La UPC es el valor per cápita que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reconoce a las EPS por cada afiliado, y constituye la principal fuente de financiación de la atención en salud.

Desde la perspectiva gremial, el ajuste aprobado resulta insuficiente porque no incorpora adecuadamente factores clave de costos. Más del 40% del gasto del sistema corresponde a nómina, y una proporción importante del personal de salud devenga el salario mínimo, que tuvo un incremento del 23%.

“Ese aumento salarial no fue considerado de manera suficiente en el cálculo de la UPC”, advirtió Vesga, lo que incrementa la presión financiera sobre EPS y hospitales.

El sistema de salud colombiano opera bajo dos grandes regímenes. El subsidiado cubre a la población clasificada en el Sisbén y se financia principalmente con recursos públicos.

El contributivo, en cambio, se sostiene con las cotizaciones de trabajadores dependientes e independientes. En ambos casos, la Adres administra los recursos y los gira a las EPS según la UPC definida por el Gobierno.

La situación de los connacionales se volvió crítica luego de que un vuelo humanitario programado no pudiera aterrizar en la capital boliviana por inconvenientes de fuerza mayor, obligando a la Cancillería peruana a activar planes de contingencia para asegurar su traslado por vía terrestre. La medida permitió concretar el retorno en coordinación con autoridades diplomáticas, militares y regionales, en una jornada que demandó varias horas de desplazamiento y seguimiento permanente.

Cancillería activa plan de contingencia para evacuar a peruanos varados en Bolivia

De acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería, el grupo de 34 peruanos partió desde La Paz a las 11:30 horas (hora peruana), acompañado por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, con el objetivo de garantizar su seguridad durante todo el trayecto. Tras varias horas de viaje, los connacionales arribaron a la localidad fronteriza de Desaguadero alrededor de las 14:30 horas, donde ya los esperaban representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Una vez en territorio nacional, el Ministerio de Defensa dispuso un vehículo del Ejército del Perú para completar el traslado hasta la ciudad de Juliaca, punto de llegada final del operativo. La intervención articulada entre sectores permitió culminar el retorno sin incidentes, en un contexto en el que el tránsito fronterizo continúa siendo intermitente debido a las protestas y bloqueos en distintas regiones de Bolivia.

Mientras tanto, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana, evaluando de manera constante las opciones técnicas y logísticas para facilitar su pronto retorno. Las autoridades peruanas han señalado que el monitoreo es continuo, considerando que la situación en las carreteras cambia de forma constante y puede agravarse en determinados tramos.

Además del acompañamiento logístico, las autoridades peruanas brindan alojamiento y alimentación básica a los afectados mientras se definen las rutas más seguras para su salida, en medio de un contexto marcado por episodios de violencia y protestas que siguen dificultando la movilidad en el país vecino.

Crisis en Bolivia: decenas de peruanos atrapados en el país vecino

La operación se produce en medio de una crisis social y económica en Bolivia, impulsada por movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que han generado el cierre de rutas estratégicas hacia Perú y Chile, afectando no solo el tránsito de pasajeros, sino también el comercio binacional y el flujo turístico en plena temporada alta hacia destinos como el salar de Uyuni. En este contexto, decenas de ciudadanos peruanos quedaron atrapados durante varios días, algunos de ellos obligados a continuar su trayecto a pie ante la suspensión total del transporte.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de protección y asistencia a los peruanos en el extranjero, señalando que continuará desplegando acciones para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de los connacionales afectados por la crisis en Bolivia, mientras se evalúan nuevas alternativas de evacuación conforme evolucione el escenario en el país vecino.

En paralelo, la Cancillería del Perú informó que el margen de acción para las repatriaciones aéreas es limitado. Según precisó Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, actualmente se tiene registro de alrededor de 78 peruanos varados en distintas zonas de Bolivia, una cifra que supera la capacidad de los vuelos humanitarios, los cuales solo cuentan con 70 asientos disponibles.

Frente a este escenario, el Gobierno peruano viene coordinando con las autoridades bolivianas para facilitar el desplazamiento seguro de los connacionales hasta terminales aéreos, desde donde puedan ser trasladados hacia Lima o Juliaca, en la región Puno.

La funcionaria explicó que el operativo se ejecuta desde un centro de control instalado por el consulado y la embajada peruana, con apoyo de las agregadurías militar y policial, desde donde se monitorea en tiempo real la situación en carreteras y puntos críticos. En ese marco, se ha priorizado la atención de los peruanos atrapados en zonas de mayor riesgo, como Oruro, El Tolar y Conani, donde los bloqueos son más intensos y el tránsito permanece restringido.

Un elemento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) logró poner a salvo a un hombre que subió a un puente peatonal con la intención de arrojarse, este jueves 8 de enero en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

Según el reporte oficial de las autoridades, la persona se encontraba en aparente situación vulnerable.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso con la calle Cecilio Róbelo, en la colonia Jardín Balbuena.

Imágenes compartidas por internautas revelaron que el hombre tenía diversas manchas de sangre en su ropa, dato que posteriormente fue confirmado por las autoridades.

Cómo fue el rescate

Los equipos de emergencia de la Ciudad de México respondieron a una alerta emitida por la frecuencia de radio institucional sobre un hombre que había escalado la estructura tubular de un puente peatonal en la alcaldía Venustiano Carranza y amenazaba con lanzarse al vacío.

La operación estuvo coordinada por 4 grupos de emergencia, los cuales realizaron las siguientes tareas:

• Policías capitalinos acudieron al lugar y, tras confirmar la situación, coordinaron el cierre de la circulación vehicular con la Subsecretaría de Control de Tránsito y solicitaron apoyo de servicios médicos y de rescate.
• Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio y estacionó un vehículo con escalera bajo el puente.
• Rescatistas del ERUM subieron por el exterior del puente para asegurar al hombre.
• Debajo de la estructura, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) permanecieron atentos por si era necesaria su intervención.

Tras la coordinación, el personal del ERUM localizado cerca del hombre lo sujetó para que no se arrojara y lo intentó meter entre los barrotes del puente, mientras que los elementos al interior también lo jalaron hacia el interior del puente.

Luego de poner a salvo al individuo, realizaron una valoración médica en el lugar antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

Según el reporte oficial, el hombre, de 39 años, presentaba heridas punzocortantes en el pómulo izquierdo, dos lesiones en el cuello y dos más en ambas muñecas, todas de aproximadamente cuatro centímetros, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

En redes sociales comenzaron a circular los videos del momento, en el cual pueden verse a los grupos de rescate en la zona, intentando convencer al hombre de que no se lanzara.

Cómo y dónde solicitar ayuda en casos de crisis

En caso de necesitar ayuda en casos de crisis, el gobierno de México tiene a disposición la Línea de la Vida, un canal gratuito gestionado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), que opera todos los días del año, a cualquier hora, a través del número 800-911-2000.

Este recurso brinda atención especializada tanto para quienes viven directamente problemas de salud mental, como para familiares y personas cercanas.

Según información oficial, la línea está pensada para quienes requieren apoyo ante adicciones, violencia de género, riesgos de autolesión o cualquier otra problemática emocional.

Los servicios incluyen orientación sobre el uso de sustancias, acceso a intervenciones breves y la canalización a centros de salud cuando existe un riesgo grave, como puede ser un intento suicida.

Alicia Villarreal volvió a acaparar la atención pública luego de que publicara un inquietante mensaje en su cuenta de Instagram, el cual fue interpretado como una indirecta a Cibad Hernández, su novio.

Sus palabras cobraron relevancia rápidamente en redes sociales, por lo que algunos aseguraron que su relación con el creador de contenido podría estar atravesando una fuerte crisis.

Problemas de dinero habrían afectado la relación

Después de las celebraciones de fin de año, se dio a conocer que la pareja habría enfrentado algunos problemas económicos luego de que Hernández le pidiera miles de pesos a la intérprete de regional mexicano.

“Cibad llegó a decirle a Alicia Villarreal que sus ex mujeres lo estaban extorsionando supuestamente que le estaban pidiendo dinero, que porque querían salir a decir no se qué tantas cosas de él, y que él quería calmar la historia”, contó Jorge Carbajal en el programa En Shock.

Pese a la cercanía que la pareja ha demostrado tener desde que hicieron público su romance, Carbajal aseguró que “La Güerita Consentida" se negó a prestarle dinero.

“Cibad le pidió 12 mil dólares, que supuestamente lo estaban extorsionando. Que supuestamente cuando le dijo eso, Alicia Villarreal dijo: ‘¿Y a mí qué? Que salgan y hablen, es tu problema’“, agregó.

El inquietante mensaje de Alicia Villarreal tras supuesta crisis

Después de que Jorge Carbala reveló la supuesta cantidad de dinero que Cibad Hernández le pidió a la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas”, surgió un nuevo mensaje de Villarreal.

A través de sus historias de Instagram, la cantante reposteó una reflexión en la que fue etiquetada, la cual desató especulaciones sobre su actual relación sentimental.

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruirte cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”, se lee en la historia.

La respuesta de Cibad Hernández ante la polémica

Alicia Villarreal no ha dado declaraciones sobre el tema, pero Hernández ya respondió a través de su cuenta personal de Instagram. Sin recurrir a comunicados o mensajes formales, el creador de contenido optó por el humor.

“A los chismes hay que tratarlos con humor”, colocó en la descripción de un video en el que se burla de la supuesta plática que tuvo con Villarreal.

Sus seguidores se sumaron con comentarios que hacían alusión a la fuerte cantidad de dinero que le habría pedido a la cantante, mientras que otros optaron por enviarle sus mejores deseos pese a que su relación ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión.

Tras la captura de Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Estados Unidos, varios expertos han afirmado que la situación no representará un cambio radical para Venezuela, sino que será el comienzo de una transición que podría tardar varios años.

En ese sentido, lejos de ser una oportunidad para que miles de venezolanos que se han radicado en el exterior puedan volver a su país, la situación actual de esa nación es tomada como el factor que podría generar una nueva crisis migratoria.

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En ese sentido, Colombia, que es el principal vecino de Venezuela, ha reforzado su frontera y se han implementado varias estrategias para el posible recibimiento de cientos de ciudadanos de ese país.

El país cafetero no es el mismo que se ha preparado ante la posible llegada de migrantes, puesto que en Panamá se registró un anuncio que ha sido tomado como una medida preliminar para el mismo tema.

El 8 de enero, la Brigada Oriental de Panamá, ubicada en la provincia del Darién, anunció una operación llamada “Escudo de Acero”, que será liderada por el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.

En la atención a medios, Solís indicó que se trata de una misión para responder a los ejes fundamentales de la institución, es decir, tener un control territorial y de seguridad ciudadana, en una región que ha sido afectada por la constante llegada de migrantes.

Como detalle más llamativo, Solís mencionó que los uniformados reforzarán las zonas más alejadas de la frontera regular, que habitualmente es utilizada por los “coyotes” para el ingreso de los migrantes de manera ilegal.

Cabe recordar que desde hace varios meses Panamá ha implementado una medida que incluye el traslado de cientos de migrantes hasta su país de origen para evitar que estos se radiquen en su territorio en precarias condiciones.

La crisis migratoria que padeció Panamá

Este tipo de medidas son tomadas en Panamá como parte de la postura que tiene su presidente, José Raúl Mulino, de no volver a ser el principal espacio de paso para los migrantes sudamericanos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Entre 2021 y 2024, la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, alcanzó cifras históricas. En 2021, cruzaron la ruta 133,726 personas. En 2022, el flujo subió a 248,284 y en 2023 se registró un récord de 520,000 migrantes. La mayoría eran venezolanos, aunque también cruzaron haitianos, ecuatorianos y personas de otras nacionalidades.

El peligroso trayecto estuvo marcado por riesgos de violencia, enfermedades y explotación, mientras las autoridades de Panamá y Colombia enfrentaban dificultades para gestionar la emergencia humanitaria y el tránsito irregular.

En 2024, la cifra cayó a 302,203 personas, aunque seguía representando uno de los mayores flujos migratorios de la región. Las razones detrás del aumento sostenido incluyeron la inestabilidad en países de origen, la flexibilización de controles fronterizos y la falta de alternativas legales para migrar hacia Estados Unidos y Canadá.

En 2025, tras la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, y con las ayudas que recibió Panamá desde Norteamérica, se registró un cambio drástico: solo 3,091 personas cruzaron la selva, lo que representó una reducción del 99% respecto al año previo.

El Gobierno panameño, bajo la administración de José Raúl Mulino, implementó el cierre de rutas no autorizadas en el Darién y firmó acuerdos con el gobierno estadounidense para facilitar vuelos de deportación. Por su parte, la administración estadounidense endureció las políticas migratorias, incrementó las deportaciones y restringió el acceso a quienes ingresaban por vías irregulares.

Caracas, 7 ene (EFE).- Miles de chavistas miembros de consejos comunales, comunas y militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchan en Caracas este miércoles para insistir en la liberación del presidente Nicolás Maduro, detenido en EE.UU. tras ser capturado en un ataque de tropas estadounidenses a la capital venezolana, y ofrecer su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes participan en la marcha con pancartas que llevan el mensaje "Los queremos de vuelta", mientras portan banderas de Venezuela y exhiben fotografías del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) e imágenes de Maduro y Flores.

También cargan los juguetes de los alter egos Súper Bigote y Súper Cilita, personajes inspirados en Maduro y Flores, respectivamente, que tienen su propia serie animada y de novelas gráficas.

La concentración se inició frente al Parque Alí Primera, en el oeste de la ciudad, y está previsto que la movilización recorra unas siete manzanas, pasando a un costado del palacio presidencial de Miraflores hasta llegar al centro de la ciudad.

El oficialismo también se ha movilizado en días previos para dar su respaldo a Rodríguez, quien juró el lunes ante el Parlamento como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La actividad de este miércoles se desarrolla en el segundo día oficial de Rodríguez como presidenta encargada, quien ya hizo sus primeras designaciones en las áreas de seguridad y economía.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos en varias zonas militares y urbanas, que terminó con la captura del mandatario venezolano y de su esposa.

La operación dejó "decenas" de muertos, según anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció hace unos días una moratoria en el pago del impuesto automotor provincial. A fin de buscar el éxito de la medida, habrá beneficios significativos para los que adhieran.

“Informo que, entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, estará vigente el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias del Impuesto Provincial al Automotor”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El esquema “prevé la condonación de hasta el 100 % de intereses y multas, en función de la fecha de adhesión, la forma de pago y la cantidad de cuotas elegidas”, agregó.

La provincia del litoral enfrenta una situación de ahogo financiero. Debió postergar para enero el pago de aguinaldo del personal político, la cúpula de la Justicia y el poder legislativo. Además, estuvo a punto de suspender la vigencia del programa de incentivos al consumo. Un aporte nacional permitió su extensión hasta marzo.

Sin embargo, Misiones no solicitará por ahora anticipos de coparticipación tal como hizo Entre Ríos. “La provincia le viene pidiendo a Nación que le pague lo que le debe: Anses y consenso fiscal”, dijo a Infobae una alta fuente del Gobierno misionero. Se trata de los recursos para atender el déficit de la caja de jubilaciones no transferida y de las compensaciones por los acuerdos de 2017, firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Jamás solicitamos que nos den un adelanto de «copa». Queremos lo que nos pertenece”, agregó. Por otro lado, marcó que existe una mora del 40% en el pago del tributo.

En este orden, el Gobierno provincial enfrenta otro problema con el impuesto automotor. La alícuota en Corrientes es menor, por lo tanto muchas empresas y familias misioneras registran allí sus vehículos.

En tanto, la medida suscitó cuestionamientos de la oposición. Adrián Núñez, presidente de la LLA Misiones y legislador provincial, aseguró en diálogo con este medio que la moratoria “vuelve a reproducir un problema estructural: desalientan el cumplimiento voluntario y en tiempo, y terminan premiando al contribuyente incumplidor.

Cuál es el alcance del régimen de regularización del impuesto automotor

Para ponerse al día con el tributo, el Gobierno estableció un esquema de quita de multas e intereses. Dependerá del mes en el que el contribuyente adhiera al plan. Gozarán de una reducción del 100% de las penas los que se sumen en enero, siempre y cuando paguen al contado o con una entrega del 50% y el saldo hasta en tres cuotas. Esto implica que abonarán a valor histórico.

Si se elige otro esquema de cancelación, la rebaja de multas e intereses será menor.

Para explicar el alto nivel de morosidad, Belén Gregory, titular de la ATM (Agencia Tributaria de Misiones), apuntó a la crisis económica. “Las familias están endeudadas en todo el país. Pagar impuestos no es la prioridad, sino los gastos del hogar. Por eso se tomó la decisión”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Ni siquiera el programa Ahora Patente, que subsidiaba una parte del pago del compromiso, actuó como incentivo para sostener el nivel de cumplimiento de los contribuyentes.

Cuáles son los cuestionamientos opositores

Núñez sumó otra crítica ética a la moratoria: “El mensaje implícito es claro. Quien paga tarde, paga menos. Quien cumple, no recibe ningún beneficio. Esto erosiona la cultura tributaria y genera inequidad horizontal”, esgrimió.

Por otro lado, reseñó que el impuesto automotor “es de naturaleza provincial, pero no puede soslayarse que aproximadamente el 75% de lo recaudado se distribuye a los municipios. Esto obliga a preguntarse si la decisión fue previamente consensuada con los intendentes. Una moratoria implica resignar recursos que muchos municipios pueden tener ya presupuestados”. Esto afectaría ”su planificación financiera y autonomía real”, razonó.

En otro orden, marcó que no se trata de una rebaja del impuesto ni de un alivio fiscal hacia el futuro. En 2026, el tributo “no se reduce, no se difiere ni se flexibilizan sus vencimientos. La medida se limita exclusivamente a regularizar deuda pasada. Por lo tanto, no hay una política tributaria de estímulo, sino simplemente un mecanismo de cobro diferido. Además, deja expuesto una situación alarmante: los altos impuestos generan incumplimientos crónicos, siendo necesario una revisión estructural de la matriz tributaria de Misiones”, concluyó.

Durante noviembre, la actividad económica en la Argentina mostró un retroceso generalizado en la mayoría de los sectores, desde la industria y el consumo hasta el agro y la construcción. El panorama reflejó la influencia de un nuevo régimen macroeconómico que modificó los factores habituales de crecimiento y alteró la dinámica de diversos rubros productivos. Las señales de debilidad se extendieron tanto en el frente interno como externo, según surge del relevamiento realizado por la consultora Analytica en su último Índice Líder de Actividad dado a conocer este martes.

En términos de cifras, el ILA indicó una caída de 0,7% en la actividad económica durante noviembre. Los sectores más afectados incluyeron las actividades industriales y aquellas relacionadas con el consumo. Las ventas de autos al mercado interno disminuyeron 9,1%, mientras que los patentamientos de automóviles retrocedieron 4% y los de motos bajaron 6,7%.

El frente externo y fiscal también se vio impactado: las importaciones de bienes cayeron 6,9%, la recaudación de IVA se redujo 7,6% y la recaudación de la seguridad social bajó 1,2%. El sector de la construcción presentó descensos en el Índice Construya (7,9%) y en el consumo de cemento (3,7%). El informe señaló que el complejo agroindustrial mostró bajas en la molienda de oleaginosas (6%), la producción de aceites (7,4%) y de harina (3,5%), con una menor faena bovina (3,1%).

El sector energético tampoco escapó al sesgo contractivo que marcó el mes. La producción de petróleo crudo cayó 1,4%. Las excepciones positivas resultaron escasas: la confianza del consumidor subió 8,8%; las exportaciones de bienes avanzó 12% y la producción de gas aumentó 1,6%. Sin embargo, estos datos aislados no lograron revertir la tendencia descendente predominante en la economía.

El informe de Analytica aportó detalles sobre el comportamiento sectorial. El relevamiento del Estimador Mensual de Actividad (EMAE) correspondiente a octubre registró una baja de 0,4% respecto de septiembre y cortó así la dinámica positiva del trimestre anterior. Ocho de los dieciséis sectores relevados presentaron variaciones mensuales negativas. Las mayores caídas correspondieron a intermediación financiera (9,4%), pesca (2,0%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,2%), administración pública y defensa (0,2%) e industria manufacturera (0,2%).

Entre las actividades que lograron avances en el mes se destacaron la construcción, con un crecimiento de 3,1%, el comercio mayorista, minorista y de reparaciones (1,4%) y la explotación de minas y canteras (0,7%). Estos incrementos, aunque relevantes en sus segmentos, no alcanzaron para compensar el peso de las contracciones observadas en los rubros de mayor impacto agregado.

El análisis interanual mostró que la actividad subió 3,25%, aunque el 68,9% de esa variación se explicó por solo dos componentes: impuestos netos de subsidios (8,1%) e intermediación financiera (22,8%). Tres sectores presentaron variaciones interanuales negativas: hoteles y restaurantes (1,0%), administración pública y defensa (0,8%) e industria manufacturera (2,7%).

Caídas generalizadas

El documento de Analytica puntualizó que los cambios en el régimen macroeconómico alteraron los motores tradicionales del crecimiento. El Índice Líder de Actividad, construido con datos de alta frecuencia y que mantiene una elevada correlación con el EMAE que publica el INDEC, permitió anticipar la dinámica mensual de la economía argentina. Las conclusiones del informe resaltaron que la caída de noviembre se apoyó en retrocesos extendidos en la mayoría de los indicadores sectoriales, de consumo y crédito.

Entre los indicadores negativos, la producción de autos descendió 12,5%, el Índice Construya bajó 7,9%, la recaudación de IVA cayó 7,6% y las importaciones de bienes retrocedieron 6,9%. La producción de harina disminuyó 3,5%, la demanda de electricidad (GUMAS sin ALUAR) se redujo 1,5% y la recaudación de la seguridad social cayó 1,2%. El único incremento relevante en energía correspondió a la producción de gas, que subió 1,6%.

El informe remarcó que la mayoría de los sectores económicos sintió el impacto del contexto contractivo. La industria manufacturera, el agro, la intermediación financiera y la administración pública acusaron retrocesos tanto en la comparación mensual como en la interanual. Las ramas más dinámicas en etapas anteriores, como la construcción y el comercio, lograron avances puntuales, aunque insuficientes frente a la magnitud de las caídas en los sectores industriales y ligados al consumo.

La debilidad del consumo interno quedó reflejada en la baja de la recaudación de IVA y en la contracción de las importaciones, factores clave para la evolución de la demanda agregada. Analytica subrayó que la heterogeneidad sectorial se acentuó hacia el final del año, con algunos sectores aislados mostrando resultados positivos y la mayoría experimentando retrocesos.

La industria argentina atraviesa un proceso de retroceso de larga duración que se refleja con claridad en un dato central: entre 1970 y 2024, la producción industrial per cápita cayó 17,6 por ciento. El indicador resume medio siglo de transformaciones económicas, cambios en el contexto internacional y una elevada inestabilidad macroeconómica local que impactaron de forma persistente sobre el sector manufacturero. Al mismo tiempo, la industria perdió peso dentro de la economía: pasó de representar cerca del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) a alrededor del 18%.

El diagnóstico surge de un informe de Fundar, que analiza la evolución de la industria argentina en las últimas décadas y la compara con la experiencia de otros países. A diferencia de lo ocurrido en gran parte de las economías occidentales, donde la industria perdió participación relativa dentro del PBI porque los servicios crecieron más rápido, pero continuó expandiéndose en términos absolutos, en la Argentina la industria se redujo también en tamaño. Es decir, se producen menos bienes industriales por habitante que hace cinco décadas.

El informe señala que los cambios en la organización de la producción a escala global, con un mayor protagonismo de Asia y nuevas formas de fragmentación de las cadenas productivas, coincidieron en la Argentina con un contexto macroeconómico marcado por fuertes vaivenes y políticas industriales cambiantes. “Cuando los vaivenes son tan fuertes, las empresas invierten menos; con menos inversión es más difícil modernizar plantas; y sin modernización, la competitividad industrial se deteriora”, plantea el documento.

Un proceso de desindustrialización

Según Fundar, desde los años setenta la economía argentina atraviesa un proceso de desindustrialización que se manifiesta tanto en la producción por habitante como en el peso del sector dentro del PBI. En ese período, la industria no solo perdió relevancia relativa, sino que retrocedió en términos absolutos, un fenómeno que la diferencia de lo ocurrido en otros países.

Osvaldo Giordano, economista y presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, explicó que la caída de la producción industrial per cápita responde a una combinación de factores macroeconómicos y de política económica. “Un contexto macroeconómico de muy alta inestabilidad, derivado de más de medio siglo de déficit fiscal crónico, genera condiciones muy adversas para toda la actividad productiva, pero especialmente para las más complejas y sofisticadas como muchas de las ramas industriales”, señaló.

Giordano agregó que otro elemento clave fue el enfoque de la política industrial. “Una política industrial basada en el aislamiento respecto al resto del mundo. La contrapartida de proteger la producción nacional con barreras arancelarias y paraarancelarias es desproteger las ramas industriales más competitivas y dinámicas, ya que implica insumos y bienes de capital más caros”, afirmó.

Desde la perspectiva del sector empresario, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), ubicó el inicio del proceso de desindustrialización a fines de los años setenta. “A partir del período 1976-1981 comenzó la decadencia. Hubo endeudamiento externo, apertura indiscriminada de importaciones y se cerraron fábricas grandes e importantes. Muchas industrias no se volvieron a recuperar”, sostuvo.

Rosato recordó el cierre de plantas industriales y la salida de empresas del país en ese período. “Se cambió la política, no hubo una política industrial, y ahí retrocedimos. Esa fue la primera pérdida importante cuando hablamos de desindustrialización”, afirmó.

Cambios en la estructura industrial

El informe de Fundar muestra que la industria argentina también se transformó internamente. Entre 1914 y principios de los años 80, ganaron peso las ramas de mayor intensidad de capital y complejidad tecnológica, como maquinaria, vehículos, químicos y metales. Estas actividades pasaron de representar el 20% del PBI industrial en 1914 al 61% en 1984.

Sin embargo, desde entonces, ese proceso se revirtió parcialmente. Hoy, esas ramas explican el 54% del PBI industrial. En paralelo, las actividades tradicionales o de baja complejidad tecnológica, como alimentos, bebidas y tabaco, recuperaron participación: representan cerca de un tercio del producto industrial, luego de haber llegado a explicar solo el 20% en 1984.

Fundar vincula la pérdida de protagonismo de las ramas más sofisticadas con el modelo de desarrollo adoptado desde los años setenta, caracterizado por el abandono de la industrialización por sustitución de importaciones, la apertura comercial y la elevada inestabilidad macroeconómica. En ese contexto, solo algunos sectores lograron consolidar ventajas competitivas, como el aluminio, ciertos segmentos de la química, la siderurgia y partes de la industria automotriz.

Giordano subrayó que la volatilidad macroeconómica fue determinante. “La muy alta volatilidad cambiaria generó recurrentes cambios de incentivos para la producción de bienes industriales. Si en un momento existen condiciones competitivas y al poco tiempo cambian drásticamente, se imposibilita la planificación estratégica y la inversión en equipamiento y tecnologías que requieren un período de recupero de mediano plazo”, explicó.

Competitividad y mercado interno

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, ofreció una interpretación diferente sobre las causas del retroceso industrial. Para Garro, el problema central fue la protección prolongada del mercado interno. “La industria argentina ha quedado reducida al mercado doméstico. Al no competir, termina vendiendo solo en el mercado interno y eso explica la caída”, sostuvo.

Según Garro, incluso con un contexto macroeconómico más estable, el resultado hubiera sido similar. “El contexto macroeconómico eleva los costos de producir, pero igual hubiera caído. Cuando se protege una industria y solo puede vender en el mercado doméstico, inexorablemente se achica”, afirmó.

Giordano, en cambio, puso el acento en el entorno general en el que operaron las empresas. “Más allá de problemas propios, el entorno fue decisivo. Las empresas se adaptan a las condiciones en las que se desenvuelven. Con ciclos recurrentes de atraso cambiario y saltos devaluatorios, y con un bajísimo desarrollo del crédito, el progreso industrial en esas condiciones es más una excepción que una regla”, indicó.

Inestabilidad, inversión y crisis recurrentes

Tanto el informe de Fundar como los economistas coinciden en señalar el impacto de la inestabilidad macroeconómica sobre la inversión. El documento remarca que la elevada volatilidad frenó el crecimiento general de la economía y golpeó especialmente a la industria, un sector que requiere inversiones de largo plazo en maquinaria, tecnología e infraestructura.

Rosato recordó que, tras la crisis de 2001-2002, la industria mostró una recuperación vinculada al cambio en los precios relativos. “La devaluación generó costos de producción muy bajos en dólares y eso permitió que las empresas empezaran a exportar. El país se recuperó rápidamente porque había un tipo de cambio competitivo”, explicó.

Sin embargo, señaló que esa situación no se sostuvo. “Cuando el dólar quedó planchado y la inflación no se pudo controlar, dejó de ser negocio exportar. Las exportaciones fueron cayendo y volvieron los problemas”, afirmó.

Giordano enumeró otros factores que afectaron a la industria en las últimas décadas: “Creación de impuestos distorsivos, inestabilidad y atraso cambiario, aislamiento internacional, falta de crédito e infraestructura, degradación de la educación, excesos de burocracia y malas regulaciones, especialmente las laborales”.

Impacto en el empleo y los salarios

La caída de la producción industrial per cápita tuvo efectos sobre el empleo. Según Giordano, la participación de la industria manufacturera en el empleo privado total pasó del 26% a mediados de los años 90 al 18% en 2025, con un descenso paulatino a lo largo de las últimas tres décadas.

Aun así, el informe de Fundar destaca que la industria sigue siendo uno de los sectores más relevantes de la economía. Hoy representa el 18,1% del PBI y genera alrededor de 2,5 millones de puestos de trabajo, el 10,9% del total. Su aporte al producto es superior al de sectores como el agro, el petróleo, la minería o el turismo.

Además, se trata de un sector de alta productividad. Cada trabajador industrial produce, en promedio, más valor que en la mayoría de las demás actividades. En 2024, los salarios de los trabajadores formales industriales fueron 17% más altos que el promedio de los asalariados formales del sector privado, aunque con fuertes diferencias entre ramas.

Una tendencia evitable

Giordano sostuvo que la comparación con otros países muestra que el retroceso no era inevitable. “Si bien el contexto global es de cambio tecnológico y mayor intensidad de capital, en la Argentina operaron factores adicionales que dificultaron aún más el desarrollo de la industria manufacturera”, afirmó.

Garro coincidió en que la tendencia global afectó a la industria, pero insistió en que podría haberse atenuado con mayor competencia. “A nivel mundial, la industria pierde peso y la clasificación entre industria y servicios ya no es tan clara. Pero el encierro y la protección impidieron que la industria se transformara”, señaló.

El informe de Fundar concluye que, pese a haber perdido terreno, la industria continúa siendo un componente central de la estructura productiva argentina, tanto por su aporte al PBI como por su productividad y calidad del empleo. Al mismo tiempo, el recorrido de los últimos 50 años muestra con claridad cómo la combinación de inestabilidad macroeconómica, cambios en las políticas económicas y transformaciones globales incidió en la caída de la producción industrial per cápita, uno de los indicadores más sintéticos del desempeño del sector.

El proceso de reconversión que atraviesa la industria textil en la Argentina, como muchos otros sectores, sumó un nuevo capítulo en los últimos días, con el reciente cierre de una línea de confección de ropa deportiva que tenía en La Rioja TN & Platex, una de las empresas más importantes del sector, de la familia Karagozian.

En ese complejo fabril, la compañía comunicó a sus empleados el final de la elaboración de indumentaria, con la consecuente desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales. La decisión, confirmada por fuentes de la empresa ante la consulta de Infobae, refleja el escenario de crisis que atraviesa el rubro textil argentino en un contexto de caída de ventas, aumento de importaciones y pérdida de capacidad de producción histórica.

El impacto en la planta de La Rioja no implicó el cierre completo de las operaciones de TN & Platex en esa provincia. La empresa mantiene en esa sede las áreas de hilandería y tejeduría, extendiendo su actividad en el resto del país pese al ajuste en la confección de indumentaria. La compañía proveía tanto a marcas propias (DFAC y Xpirit) como a terceros, abarcando distintos segmentos del mercado nacional, según información recabada por este medio.

Según informaron desde la empresa, la decisión forma parte de un plan de “adecuación operativa” diseñado para adaptarse a “los desafíos del sector” y “ajustar la oferta a la demanda actual”. El cierre de la línea de confección, que afectó únicamente a la división de prendas de vestir, se produce tras registrarse una caída abrupta de la actividad textil y un deterioro veloz del consumo local en los últimos meses.

El caso de La Rioja se suma así a un antecedente reciente dentro del mismo grupo empresarial. En noviembre pasado, se produjo otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, provincia de Corrientes, donde la empresa recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior (línea Seamless). Según trascendió, ese ajuste derivó en 17 despidos directos y hay otras 9 personas que tenían contrato a plazo fijo que se vence a fin de mes.

En Monte Caseros, los directivos de TN Platex anunciaron que parte de la reconversión responde a la llegada de maquinaria transferida desde otras provincias, lo que forzó la reestructuración de la plantilla laboral. Sucede que meses atrás la empresa decidió también cerrar la hilandería que tenían en Catamarca, quedarse allí solamente con algo de confección para el sector minero, y trasladar su maquinaria a las instalaciones correntinas. “El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Catamarca y oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para buscar la mayor eficiencia posible”, aclararon desde la firma.

Los números de la industria

Estos ajustes internos de TN & Platex se enmarcan dentro de una profunda crisis de la industria textil argentina. En septiembre de 2025, el sector marcó una caída interanual de 20% en el nivel de actividad, mientras que, en comparación con dos años antes, la contracción llegó a 27,8%, según el Boletín Ecónomico que publica la Fundación Pro Tejer. El acumulado enero-septiembre 2025 arrojó una baja de 1,1% contra igual período del año anterior, y una retracción de 18,9% con respecto a 2023.

En la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, la reducción interanual en septiembre fue de 14,2%. Si la comparación se toma contra septiembre de 2023, el descenso acumuló 11,4%. El promedio enero-septiembre 2025 mostró una merma de la actividad del 0,3% al cotejar con el mismo tramo de 2024 y de 10,5% al compararlo con dos años atrás.

El uso de la capacidad instalada en la industria textil se mantuvo hundido en septiembre de 2025, con un promedio de 37,1%. Este valor significa 14,2 puntos porcentuales menos frente a septiembre de 2024 y 22 puntos menos que lo registrado en septiembre de 2023. Para el acumulado enero-septiembre 2025, el uso de la capacidad instalada alcanzó el 42,7%, ratificando una tendencia negativa que se arrastra desde el año anterior.

La caída de ventas dentro de la economía formal complementa este cuadro de situación. Las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles para el hogar evidenciaron un crecimiento de 26% interanual en los primeros nueve meses de 2025. Este incremento, sin embargo, se encuentra en tensión con la rentabilidad negativa, ya que, según los datos internos del sector, los precios de venta muchas veces permanecen por debajo de los costos de producción. Además, una fracción creciente del consumo se concentra en productos importados.

En los shoppings, la comercialización de indumentaria, prendas y marroquinería subió apenas 1% sobre enero-septiembre de 2024 y mostró una disminución de 2,2% al contrastar con cifras de dos años atrás. La tendencia de precios también mostró al sector de prendas de vestir y calzado como uno de los que menos aumentos registró durante el año.

Pérdida de empleo

El deterioro de la producción y los precios afectó de lleno el nivel de empleo en la industria. Durante agosto de 2025, el trabajo registrado privado total se contrajo 2% respecto a diciembre de 2023, lo que equivale a la pérdida de 125.876 puestos en el esquema formal del mercado laboral. El rubro textil, confecciones, cuero y calzado encabezó los segmentos más afectados junto a la construcción, con una caída de empleo del 12%, lo que representó casi 14.000 puestos menos en el sector.

Adicionalmente, las importaciones incrementaron la presión sobre las fábricas locales. Entre enero y octubre de 2025, el ingreso de productos textiles e indumentaria marcó un total de 332.696 toneladas y 1.450 millones de dólares en valores, lo que significó un aumento interanual de 89% en cantidades y 61% en montos. En todos los segmentos, las cantidades importadas aumentaron a mayor ritmo que los montos, lo cual evidencia que el país está importando insumos y prendas con precios internacionales más bajos, en detrimento de la producción interna.

La industria metalúrgica argentina terminó noviembre con una de las caídas interanuales de actividad más pronunciadas del último tiempo, según el relevamiento mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El reporte, difundido por el Departamento de Estudios Económicos de la organización, confirmó que el sector registró una variación interanual de -4,2% y una contracción mensual respecto de octubre de 0,5%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se retrajo a 44,4%, lo que marcó uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica disponible.

Desde la perspectiva de la actividad acumulada, el año presenta una baja de 0,3% y sostiene niveles notoriamente inferiores respecto de los máximos recientes, que se ubicaban 18,3% por encima del actual. En el análisis de Adimra, este comportamiento ratifica un escenario industrial recesivo, donde el volumen de producción y el aprovechamiento de recursos productivos mantiene una tendencia descendente sin indicios de reversión a corto plazo.

Elio Del Re, presidente de la entidad, sintetizó la situación con una advertencia: “El balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada e importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”. Planteó además: “Hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% a nivel interanual, por lo que es necesario una política industrial integral que permita salir de este escenario extremadamente preocupante para las pymes argentinas”.

Caídas generalizadas

La contracción no se limitó a un segmento puntual de la metalurgia, sino que se expresó en casi todas las ramas de producción y a lo largo de toda la gama de cadenas de valor. El informe sectorial indicó que maquinaria agrícola cerró el mes con una baja de 2,6%, mientras que carrocerías y remolques, uno de los pocos subsectores con incremento, alcanzó apenas un 3,1% y comenzó a estudiar señales de desaceleración.

Otros rubros, como autopartes (-4,8%), fundición (-18,2%), bienes de capital (-3,4%), equipos y aparatos eléctricos (-3,4%) y equipamiento médico (-2,8%), ratificaron una tendencia descendente persistente. En este desglose, fundición fue el sector más perjudicado.

El análisis de cadenas de valor expuso derrumbes en empresas asociadas a la cadena agropecuaria (-1,2%), energía eléctrica (-1,3%), minería (-6,4%), y petróleo y gas (-7,1%). Sectores vinculados al consumo final (-8,3%), automotriz (-5,8%) y construcción (-6,3%) también formaron parte de los que mostraron mayor retroceso, según recabó la organización industrial en el documento mensual.

La contracción se reflejó en todo el paisaje regional del país. El reporte detalló que Santa Fe cerró con una baja interanual de 1,5%, una caída menos pronunciada que en octubre, pero que mantuvo a la provincia en terreno negativo tras mejores resultados durante el primer semestre del año. Entre Ríos, después de un breve salto positivo el mes previo, descendió nuevamente un -1,5%. Córdoba acentuó el deterioro (-5,6%) y Buenos Aires también mostró un fuerte retroceso con otro -5,6%, consolidándose como el principal aporte negativo al resultado general. Mendoza arrojó una baja de -1,8%, más leve que la de meses anteriores, pero sin lograr recuperar los niveles de un año atrás.

Uso de capacidad instalada y mercado laboral

El uso de la capacidad instalada sufrió una merma de 6,1 puntos porcentuales respecto de igual período de 2024, cifra que reflejó no solo la restricción en la utilización de los recursos disponibles en el aparato productivo, sino también el impacto de un contexto recesivo extendido.

El nivel de empleo registrado en empresas metalúrgicas disminuyó un 3,3% interanual y un 0,4% mensual, marcando una tendencia negativa a lo largo de 2025. Entre las firmas consultadas por Adimra, un 77,5% anticipó que no prevé cambios o estima que su producción podría disminuir en los próximos meses. Apenas un 9,1% prevé incorporar personal o aumentar la dotación fabril, mientras que la amplia mayoría vislumbró estancamiento o contracción en plantillas.

Panorama del comercio exterior

El capítulo de comercio exterior presentó una doble dinámica: mientras importaciones de productos metalúrgicos crecieron de manera ininterrumpida, alcanzando en octubre (último dato disponible) los 2.656 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual de 11,8% en dólares y de 33,4% en toneladas, las exportaciones del mismo rubro sumaron apenas 454 millones de dólares, con un descenso de 7,1% interanual.

Desde junio de 2024, las compras externas mantuvieron una tasa de incremento del 5% mensual promedio, según puntualizó el informe. Las cifras brindaron evidencia del avance de productos importados sobre el mercado doméstico, tanto en volumen como en valor, acentuando las dificultades para los puestos locales de la cadena de valor industrial.

Caracas, 14 dic (EFE).- Los familiares de los presos políticos instalaron este domingo la "mesa de los que esperan", en Caracas, como una forma de protesta para exigir la liberación de estas personas antes de la celebración de la Navidad.

"Estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos, porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría", señaló Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde la plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas.

Los manifestantes instalaron una mesa alargada en la plaza con un mantel negro, velas doradas, servilletas de tela rojas y platos donde había bambalinas con los nombres de todos los presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado en los que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Además, tenían pancartas en las que exigían la liberación de sus familiares, y frases como: "Venezuela se viola el debido proceso", "a los familiares se les niega el derecho a visitar a los presos políticos", "pensar distinto no es un delito", así como "liberen a los adolescente injustamente detenidos".

"Nosotros creemos que es fundamental para que haya paz y retomemos la democracia y los caminos de la justicia, deben liberar a todos los presos políticos, para que ninguna mesa quede vacía en esta Navidad", añadió Casanova.

Por su parte, Luz Coello indicó a EFE que su hijo fue detenido el 31 de julio de 2024 cuando estaba regresando de hacer una diligencia y que, en ese momento, no se encontraba protestando.

Coello indicó que a su hijo lo están acusando de terrorismo e incitación al odio y actualmente está recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

"Estoy esperando la libertad de mi hijo como lo estamos esperando todas las madres que tenemos nuestros hijos, hermanos, injustamente detenidos", añadió.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 774 son hombres, 119 mujeres y cuatro son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, de acuerdo a su último reporte publicado el pasado 10 de diciembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que estas personas han cometido diversos delitos.

Cada vez más niñas, niños y adolescentes están siendo internados en servicios de salud mental por intentos de suicidio, autolesiones y crisis emocionales agudas. Lo señalan las guardias pediátricas, los hospitales generales y los equipos interdisciplinarios que hoy reciben en primera línea un sufrimiento que se vuelve visible solo cuando ya no hay otra salida.

Aumentan las internaciones, baja la edad de ingreso y se complejiza la clínica. Esto configura un patrón clínico, social y epidemiológico que habla del deterioro de las condiciones de vida y de la soledad subjetiva con la que transitan actualmente muchas infancias y adolescencias. No estamos ante episodios aislados, sino ante un signo de época.

A nivel mundial, las cifras confirman esta gravedad. En Argentina, los datos recientes también son contundentes: según el Sistema Nacional de Información Criminal, en 2024 se registraron 4.249 suicidios —una tasa de 9,8 cada 100.000 habitantes mayores de 5 años—, consolidándose como la primera causa de muerte violenta del país.

La población menor de 20 años representó el 11,6% de esos fallecimientos. Estos indicadores muestran que la mortalidad por suicidio se ha triplicado en jóvenes en los últimos 25 años y que el suicidio es hoy la segunda causa de muerte en menores de 19 años.

Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, y cada año alrededor de 89.000 adolescentes mueren por suicidio.

UNICEF y la OPS señalan que las Américas muestran un aumento sostenido de intentos tempranos, especialmente en mujeres adolescentes, fenómeno que vinculan directamente con experiencias de violencia, abuso y la ausencia de redes protectoras.

La internación —que debería ser un recurso excepcional y acotado— aparece como un punto de caída porque a los efectores del sistema de protección y de salud les llegan niñas, niños y adolescentes en situaciones cada vez más graves, sin que antes hayan contado con dispositivos comunitarios, escolares o terapéuticos suficientes para intervenir a tiempo.

La psicopatología infanto-juvenil lo viene advirtiendo desde hace décadas: la depresión en niñas, niños y adolescentes no se presenta como en la vida adulta. Puede manifestarse como irritabilidad persistente, retraimiento, somatizaciones, problemas en el rendimiento escolar, fatiga crónica, quejas corporales, pérdida de interés, aislamiento o explosiones emocionales que muchas veces los adultos suelen malinterpretar como desobediencia o parte del adolecer propio de esa etapa de la vida.

He acompañado a demasiados niños y niñas que atraviesan estas fragilidades. No llegan solo por un intento de suicidio: llegan después de autolesiones, autoagresiones que se repiten en soledad y un malestar que marcó su mente y cuerpo mucho antes de que el mundo adulto —familias, instituciones, escuelas, sistemas de salud— pudiera percibirlo y sostenerlo.

El mundo parece detenerse cuando se está frente a un niño que ha perdido la esperanza y lo muestra con las manos vendadas, con cortes, hematomas, fracturas producto de momentos de desesperación, con lavados de estómago, o intentando poner en palabras cómo piensan huir de este mundo.

La clínica enseña algo invariable: un intento de suicidio no es un acto aislado, sino el extremo de un padecimiento que no encontró las condiciones de escucha y protección que los sistemas de cuidado deberían garantizar. Desde mi experiencia clínica, el maltrato, la violencia, la falta de redes y el desamparo son condiciones que incrementan el riesgo.

En un contexto de crisis que ha instalado una sensación de desamparo y desesperanza generalizada, que también alcanza de lleno a niños y niñas. Esto deja a muchos sin el sostén que necesitan para atravesar su malestar subjetivo.

Los lineamientos nacionales sobre intento de suicidio en adolescentes, elaborados hace más de una década, ya advertían un aumento sostenido de las consultas y señalaban que el suicidio se encontraba entre las principales causas de muerte en la franja de 10 a 19 años.

En la actualidad, las tasas más altas de suicidio se registran en jóvenes de 15 a 24 años. Según datos del Banco Mundial y del Ministerio de Salud, Argentina se ubica entre los países con tasas altas en la región, con crecimientos persistentes en la franja de 15 a 19 años, un dato que hoy se confirma diariamente en las consultas.

Lo que escuchamos no es solo dolor: es la caída del sentido. Una dificultad profunda para representarse un porvenir, para sentir que la vida tiene un lugar para ellos. Esa es la ruptura del lazo que permite sostener el presente y proyectar un porvenir.

Los casos que llegan a internación suelen concentrar factores que la clínica conoce desde hace décadas: impulsividad marcada, intoxicaciones, síntomas depresivos persistentes, violencias intrafamiliares, violencia sexual, acoso y ciberacoso, retraimientos profundos, duelos recientes, consumos, rupturas vinculares.

Estos factores pueden comprenderse en cuatro grupos: factores individuales, experiencias traumáticas, rupturas vinculares y ausencia de soportes adultos.

A esto se suma un dato decisivo: muchos adolescentes llegan con tratamientos interrumpidos o directamente sin acceso a dispositivos de cuidado oportunos, en entornos donde la presencia de elementos o medios potencialmente peligrosos —como armas de fuego, medicamentos en grandes cantidades, alturas sin resguardo o sustancias tóxicas— que se naturalizan en muchos hogares, vuelve aún más frágil cualquier crisis subjetiva.

Nada de esto es nuevo para quienes trabajamos en el campo; lo verdaderamente alarmante es que, como sociedad, seguimos llegando siempre después.

Los informes del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires refuerzan este panorama: en los últimos años las consultas por riesgos para la vida (ideación e intentos) aumentaron más del 50%, con un crecimiento marcado en niñas y niños de 10 a 14 años. También reportan un incremento de internaciones breves por crisis emocionales agudas y conductas autolesivas, junto con la disminución del tiempo entre un episodio y el siguiente cuando no existe red de cuidado.

En los últimos años surgieron herramientas basadas en inteligencia artificial y una proliferación de aplicaciones de “bienestar emocional” que prometen acompañamiento inmediato. Pero muchas de estas tecnologías —incluyendo los chats automatizados— terminan reforzando un solipsismo peligroso: personas adultas, y también niños, niñas y adolescentes, quedan hablando consigo mismos a través de un algoritmo que simula diálogo, pero no ofrece la alteridad, el apoyo emocional ni la contención que solo puede brindar un otro humano.

Estudios recientes muestran que estos sistemas pueden identificar ciertos indicadores de riesgo, pero la evidencia sigue siendo limitada y heterogénea: pueden reproducir sesgos culturales, fallar en la interpretación del lenguaje infantil y adolescente, excluir a jóvenes sin acceso digital y plantear serios desafíos éticos en torno a privacidad y consentimiento.

La prevención no puede quedar solo en manos de la tecnología. Estas herramientas pueden sumar, pero nunca reemplazan la escucha humana, la presencia adulta, las redes comunitarias ni las políticas públicas que sostienen el cuidado real.

La internación no es un tratamiento: es la protección mínima que evita un riesgo inmediato. La continuidad del cuidado debería comenzar en menos de una semana y sostenerse durante meses con participación familiar, escolar y comunitaria. Pero esto no sucede.

Se da el alta sin dispositivos intermedios, sin equipos territoriales, sin seguimiento real y sin acompañamiento para comprender y elaborar el sufrimiento que llevó al gesto suicida o autolesivo. Esta ausencia de cuidado no responde a desconocimiento técnico profesional, sino a la falta crónica de financiamiento y de políticas sostenidas que garanticen los dispositivos necesarios para la continuidad del tratamiento.

Así, la internación se transforma en un trámite más dentro de un sistema que llega tarde y que no previene la repetición. Pensar el suicidio infanto-juvenil fuera de su época es un error. La niñez y adolescencia contemporánea crecen en un mundo que exige rendimiento permanente, exposición continua, felicidad obligatoria, éxito temprano y disponibilidad emocional ilimitada.

A la violencia estructural —pobreza, abuso, maltrato, negligencia, violencia de género, inseguridad, desigualdad— se suman nuevas formas de soledad: hiperconectividad sin lazo, ciberacoso, discursos de odio, precariedad material y simbólica y ausencia de plan de vida.

Los adultos tampoco son omnipotentes, pero sí responsables. Escuchar en serio cuando un adolescente expresa que no quiere vivir, tomar con absoluta seriedad las autolesiones, intervenir ante el acoso, consultar antes de la urgencia y abandonar la lógica culpabilizante son pasos mínimos.

Un niño o niña que intenta dañarse no es un manipulador ni dramático; está desesperado. La persona que intenta suicidarse no desea morir: desea terminar con un sufrimiento que se ha vuelto insoportable. No encuentra otra vía para aliviar un dolor que lo excede. Cada internación es un grito que llega cuando ya es tarde.

Estamos a tiempo si entendemos que este no es un conjunto de casos aislados, sino un problema estructural que exige respuestas sostenidas.

La Ley Nacional de Salud Mental ofrece un marco valioso para orientar esas respuestas: atención comunitaria, continuidad en los tratamientos, interdisciplina y el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir cuidados reales. Defenderla implica financiarla, implementarla y garantizar los dispositivos que prevé, junto con políticas y campañas de prevención que alcancen efectivamente a escuelas, familias y comunidades.

Necesitamos un sistema que no abandone y adultos disponibles que puedan alojar la palabra y el malestar temprano. Ninguna herramienta tecnológica sustituye la presencia humana ni el trabajo sostenido de las instituciones. Y si los informes no se traducen en políticas públicas plausibles, no hacemos más que horrorizarnos sin transformar nada. Solo cuando esos diagnósticos se convierten en acciones concretas podremos reducir riesgos y acompañar de verdad a los niños y niñas que se sienten sin salida.

Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

El futuro de la expedición de pasaportes en Colombia enfrenta una amenaza significativa debido a una serie de advertencias emitidas por la Contraloría General de la República sobre el nuevo modelo de producción, que será gestionado por la Imprenta Nacional a partir de 2025.

El organismo de control fiscal informó fallas graves en la financiación y en los procesos logísticos esenciales para la implementación del sistema, lo que podría dejar al país sin la capacidad de emitir estos documentos fundamentales.

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El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que el foco está en la falta de garantías financieras para el nuevo esquema, y señaló que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Femre), encargado de contratar el servicio, no ha realizado los trámites necesarios para asegurar ni la prestación ni la financiación del mismo.

“El señor procurador General de la Nación emitió ayer una alerta frente en la cual le pide el favor de tener toda la prudencia y detener los pagos o circunstancias que puedan llevar frente a ello”, dijo el contralor.

“Ahí hemos colocado unas alertas y esas alertas tienen que ver en que no se detecta de manera clara cómo se van a importar esos equipos, quién lo va a pagar... De manera muy clara, nosotros señalamos una serie de inquietudes que nos demandan a que no existe como la preparación suficiente frente a lo que demanda ya prácticamente algo de lo que estamos hablando a tres meses”, agregó, en una rueda de prensa publicada por Semana.

Según el ente de control, el Frmre, que actualmente administra los recursos provenientes de la emisión de pasaportes y asume los gastos asociados, no ha gestionado los procedimientos requeridos para garantizar la continuidad del servicio bajo el nuevo modelo.

Esta omisión podría comprometer la viabilidad financiera del sistema y, en consecuencia, poner en riesgo la expedición de pasaportes en todo el territorio nacional.

El informe de la Contraloría advirtió que las deficiencias detectadas en el proceso de financiación están relacionadas con posibles irregularidades en el trámite de vigencias futuras y con la aceptación de compromisos presupuestales ajenos a la misión de la Imprenta Nacional de Colombia, por un monto de 1,3 billones de pesos, informó el medio.

Este dato, resaltado por el organismo, evidencia la magnitud del problema y la urgencia de una solución para evitar la interrupción del servicio.

Aunque esta entidad actualmente administra los recursos provenientes de la emisión de pasaportes y asume los gastos asociados, la ausencia de una gestión adecuada en la transición al nuevo modelo podría dejar al país sin la capacidad de producir las libretas requeridas

A la problemática financiera se suma un riesgo aún mayor: el posible incumplimiento en el transporte y nacionalización de la maquinaria indispensable para la impresión de los pasaportes. La Contraloría advirtió que la falta de equipos imposibilitaría la producción de los documentos, lo que agravaría la situación.

Retrasos en la logística

El organismo reveló que existen retrasos en las actividades necesarias para cumplir con la normativa aduanera vigente y en la ejecución de los trámites previos a la entrada en vigor de las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.

Entre los compromisos pendientes figuró la definición de la entidad responsable de importar la maquinaria, que deberá asumir el pago de impuestos, tasas y contribuciones derivadas del proceso aduanero, ya sea directamente o a través de un agente de aduanas.

Además, la Contraloría estimó la importancia de calcular el valor de las mercancías a importar, el monto de los tributos aduaneros y el costo del servicio del agente de aduanas, información esencial para la aprobación y registro de los recursos presupuestales y contables correspondientes.

“De no ejecutarse oportunamente las actividades referidas dentro de los plazos definidos en el cronograma y particularmente, el inicio del transporte internacional de las máquinas necesarias, previsto para el 8 de diciembre de 2025, se podría comprometer el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025, generando riesgos financieros y contractuales, entre ellos, la posible aplicación de la Garantía de Primer Requerimiento a la Imprenta por un valor de 6.375.000 euros”, informó la Contraloría.

Lo que pide la Contraloría

El contralor, por su parte, comentó que “acompañando ese pronunciamiento del Procurador General de la Nación, en el sentido de que ello se mire con total prudencia, con total sensatez yo le propondría al señor procurador, de igual manera al Gobierno nacional, que se realice una nueva mesa donde permitan aclarar cada una de esas alertas de control interno que ha realizado la Contraloría y que, a hoy, la tenemos vigente”, dijo.

Agregó que “en el comunicado que sacó la Contraloría tenemos plazo de 8 de diciembre, o sea, eso es ya. Y si no están subsanadas al 8 de diciembre, pues van a existir dificultades para la ejecución de ese tema con una nueva firma. Y la verdad consideramos que en esto se debe ser muy prudentes”.

En una publicación en X, Ramón Guanipa, uno de los hijos del opositor, exigió que a su padre se le respete el derecho a las visitas en prisión y que reciba atención médica.

"Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa", manifestó Ramón, que compartió un video en el que hijos y nietos manifiestan preocupación por Guanipa, quien, según dijeron, sufre de hipertensión y necesita atención médica.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de este año, un día antes de la juramentación del actual presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato consecutivo.

Ese día acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".

En octubre de 2024, Guanipa dijo a EFE que se había convertido en "un perseguido" de "una dictadura que no acepta que el pueblo le dijo que no quiere que gobierne más, e intenta seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo".

Varias ONG y partidos opositores consideran a Guanipa como preso político. Sin embargo, el Gobierno de Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por estas razones e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.

LUNES, 17 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Alana "Lani" Silverberg era una auténtica bomba con una gran personalidad a los 3 años -- hasta que empezó a tener convulsiones.

La novia se volvió rápidamente silenciosa, de mal humor, insomne y fatigada, agotada por sus convulsiones.

"Era la pesadilla de cualquier padre. Lani tenía una gran convulsión a la semana. En un momento dado, no sabíamos qué más íbamos a hacer", dijo su madre, Sara Silverberg, en un comunicado de prensa.

Pero ahora Lani está libre de convulsiones, gracias a una dieta keto recomendada por sus médicos del Johns Hopkins Children's Center en Baltimore.

"Sabíamos que era posible que hubiera una cura con la dieta, pero parece un milagro", dijo Silverberg.

El primer signo de convulsiones de Lani apareció cuando estaba comiendo una galleta y empezó a ponerse azul.

Un neurólogo pediátrico de Johns Hopkins, el Dr. Eric Kossoff, diagnosticó a Lani síndrome de Doose, un tipo poco común de epilepsia infantil que afecta a todo el cerebro. Estas convulsiones pueden causar retrasos en el desarrollo o estancamientos si no se tratan.

Pruebas adicionales revelaron que Lani tenía casi 40 convulsiones al día. Estas incluían las crisis de caída, que hacen que el cuerpo se quede inerte, y las crisis de ausencia que parecen desconectarse con párpados temblando.

A Lani le recetaron medicación y le pusieron un casco para protegerse durante las convulsiones graves.

Luego Kossoff recomendó un tratamiento que sorprendió a los padres de Lani: la dieta cetogénica.

Las dietas keto consisten en consumir alimentos ricos en grasa y niveles muy bajos de carbohidratos, y son uno de los tratamientos más antiguos para la epilepsia, según Johns Hopkins.

Su equipo de epilepsia pediátrica ha utilizado una dieta keto para tratar a más de 1.500 niños desde 1994, pero su uso se remonta hasta 1921, según los médicos.

"Sabemos que los niños con síndrome de Doose se desempeñan increíblemente bien con la terapia dietética, por eso fue derivada inmediatamente para probar la dieta", dijo Kossoff en un vídeo de noticias publicado por Johns Hopkins.

Más de la mitad de los niños que inician una dieta keto tienen al menos un 50% de reducción en el número de convulsiones, y hasta un 15% quedan libres de convulsiones, según la Epilepsy Foundation.

Lani fue ingresada en el centro infantil Johns Hopkins durante tres días para comenzar esta dieta con receta, que requiere un estricto cumplimiento y pesaje de los alimentos para tener éxito.

Allí, ella y sus padres aprendieron a incorporar la dieta en su vida. Los Silverberg mantienen la dieta kosher, pero los expertos dicen que la dieta keto puede adaptarse a cualquier religión o preferencia cultural.

Solo un mes después de empezar la dieta keto, las convulsiones de Lani cesaron y volvió a comportarse como si fuera normal.

"La pusimos a dieta y lo hizo increíblemente bien", dijo Kossoff. "Sus convulsiones cesaron muy rápido. Pudimos quitarle toda la medicación para las convulsiones."

Dos años después, en abril de 2025, Kossoff dijo a la familia que Lani podía dejar la dieta. La familia celebró con una "fiesta del azúcar", con una piñata completa.

Kossoff no espera que Lani sufra otra convulsión, basándose en la investigación y la experiencia clínica.

"Que haya niños como Lani por ahí, que cambiando su dieta podamos detener sus convulsiones, curarlos y que puedan seguir sin necesitar volver a vernos nunca más, es simplemente maravilloso", dijo Kossoff.

Más información

La Epilepsy Foundation tiene más información sobre la dieta keto para el tratamiento de las convulsiones.

FUENTE: Johns Hopkins Medicine, comunicado de prensa, 11 de noviembre de 2025

Ante la ausencia de pagos de nómina a la plantilla profesional del Deportivo Pereira, los jugadores del club Matecaña decidieron no presentarse a los últimos partidos del torneo finalización de 2025 en Colombia.

Por ello, diferentes entidades gubernamentales pusieron la lupa en la situación que afronta la institución, por una crisis deportiva que ha sido denunciada en más de una ocasión por Acolfutpro.

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Como consecuencia de ello, en la tarde del 13 de noviembre la Superintendencia de Sociedades anunció la apertura de una actuación administrativa para someter a control al Deportivo Pereira como empresa, tras identificar una situación crítica en varios aspectos de orden económico, contable y jurídico.

Sobre la intervención, se informó que es de carácter preventivo y que tiene el objetivo de preservar la empresa como una fuente de empleo, por lo que la medida no implica una toma de posesión y el equipo de fútbol podrá tener autonomía sobre todas sus decisiones.

De la misma forma, cabe mencionar que la intervención no afecta los derechos de propiedad de los accionistas del Deportivo Pereira, que debe, como institución y empresa, actuar rápidamente para que la crisis no se extienda.

En caso de que no exista una solución en el futuro, el club se expone a medidas y consecuencias como: la toma de posesión de bienes y negocios, suspensión de pagos y congelamiento de operaciones, una restructuración obligatoria, liquidación obligatoria o seguir funcionando con supervisión y vigilancia estricta.

Cabe mencionar que con estas medidas se busca proteger el interés público, los derechos de los acreedores y la estabilidad del sistema empresarial. La intervención se fundamenta en la Ley 222 de 1995 y normas complementarias sobre insolvencia y supervisión empresarial en Colombia.

Ministerio del Trabajo ya advirtió al Deportivo Pereira

Deportivo Pereira, además de las críticas que ha recibido por parte de los futbolistas que tomaron la decisión de renunciar, también ha sido advertido por parte del Ministerio del Trabajo, que el 13 de noviembre confirmó que la institución sigue siendo investigada para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de sus contratados.

“Desde el Ministerio del Trabajo seguiremos actuando, requiriendo y realizando las investigaciones necesarias para garantizar, de forma preventiva, el pago de la seguridad social, los salarios adeudados y el restablecimiento pleno de sus derechos, así como el cumplimiento de la ley laboral en todo el país. Si bien la prioridad es que se cumplan las obligaciones con los jugadores, las sanciones correspondientes serán emitidas en caso de persistir los incumplimientos”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino al respecto.

Pereira podría afrontar 2026 con juveniles

En medio de la crisis, jugadores como Carlos Darwin Quintero, Samy Mehring o Juan David Ríos han presentado su carta de renuncia al Pereira, llegando al punto de que el primero de ellos ya fue contratado por Millonarios.

De esa forma, no se descarta que, en caso de que Pereira no asuma el pago de la nómina profesional antes de finalizar el año, esto se repita con los demás integrantes de la plantilla, que tiene derecho a negociar con otros equipos tras el incumplimiento de lo pactado en sus contratos.

Ante esta situación, en Risaralda se ha mencionado la posibilidad de que el Deportivo Pereira pueda afrontar los dos torneos de 2026 con una nómina juvenil, copiando un modelo deportivo que ha sido aplicado por clubes como Envigado FC, en los que se prioriza la formación de futbolistas para vender al exterior, dejando a un lado la intención de sumar logros a nivel de títulos o clasificaciones a torneos internacionales.

En octubre de 2025, la Unidad Clínica La Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, Santander, publicó un comunicado en el que alertó que, debido a la falta de pagos por parte de la Nueva EPS, debe suspender la prestación de sus servicios a los afiliados de esta entidad.

“Actualmente, la deuda total supera los 26.123 millones de pesos, comprometiendo la sostenibilidad financiera de la institución y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios de salud en la región”, fue parte del comunicado.

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En el documento se indicó que la situación afectaba directamente a más de 64.000 afiliados de la Nueva EPS en Barrancabermeja, además de usuarios remitidos desde otros municipios del Magdalena Medio y departamentos vecinos como Cesar, Bolívar y Antioquia, que tradicionalmente reciben atención en esta institución por la complejidad de sus servicios.

“A nivel interno, se encuentran comprometidos más de 600 empleos directos e indirectos, incluyendo médicos especialistas, enfermeros, personal asistencial, administrativo y de apoyo”, expuso la Unidad Clínica La Magdalena.

Debido a esta situación, usuarios de la EPS mencionada y veedores de salud en la región han realizado varios plantones en las oficinas de la entidad en Santander y el Magdalena Medio.

Sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta sobre el registro de los pagos a las entidades de salud en la región, en donde cada vez, más centros médicos se niegan a atender a afiliados de la Nueva EPS.

“Estamos preocupados, que se liquide y den el servicio a otra entidad porque la plata de los usuarios se la están robando” o “No están dando órdenes para dirigirnos a médicos y especialistas. No hay medicamentos desde septiembre”, son las declaraciones que hicieron usuarios afectados por la Nueva EPS en Santander a Infobae Colombia.

Crisis podría afectar a más de 600.000 usuarios

Debido a la falta de respuestas por parte de la Nueva EPS, la Unidad Clínica La Magdalena ha emitido un nuevo comunicado, en el que afirma que más de medio millón de personas está en riesgo por el incumplimiento de la entidad.

“Este incumplimiento impacta directamente a 130.000 afiliados en Barrancabermeja, quienes dependían de nuestros servicios como primero centro de atención en la región. Además, 636.000 usuarios de todo el departamento de Santander, que hoy ven en riesgo su derecho fundamental a atención oportuna, especializada y cercana”.

En ese sentido, debido a las críticas que ha recibido por no atender a los afiliados de esta EPS, el centro médico explicó que se trata de una decisión que se prolongó durante varios meses, pero en la actualidad es insostenible.

“La crisis de cartera afecta directamente la continuidad de estos servicios, pues ha generado: mora en el pago de honorarios a especialistas que viajan desde otras regiones, retrasos en pagos a proveedores de medicamentos, insumos, alimentos y transporte, dificultades para el mantenimiento de equipos de tecnología biomédica, carga financiera que amenaza la estabilidad laboral del talento humano”.

Por último, como una petición que ha sido realizada en más de una ocasión, no solo por parte de la entidad, sino también de los afiliados a la Nueva EPS en Santander y el Magdalena Medio, piden la intervención del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Gobernación de Santander para que la situación no se salga de las manos en los próximos meses.

“Que se tomen medidas inmediatas que permitan la gestión y pago de la deuda, evitando que la crisis avance y ponga en riesgo la vida y el bienestar de cientos de miles de usuarios”, se lee en el comunicado.

El uso de los ahorros para cubrir gastos cotidianos se duplicó en los últimos veinte años en la Argentina. Así lo muestra el informe “Estrategias de manutención. ¿Cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El estudio, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), analiza cómo se sostienen económicamente las familias más allá de los ingresos laborales y revela cambios profundos en las formas de administrar el presupuesto doméstico.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2003 el 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros para cubrir sus gastos, mientras que en 2025 ese valor alcanzó el 37,4%. “El contexto económico y social puede incidir en las estrategias de manutención que utilizan los hogares para organizar su funcionamiento”, señala el reporte. Entre las transformaciones observadas, el organismo destaca el incremento del uso de los ahorros y del financiamiento de gastos familiares, tanto por vías formales —como tarjetas de crédito y préstamos bancarios— como informales, a través del fiado o de préstamos entre particulares.

Más hogares recurren al crédito

El documento compara la evolución de las estrategias de manutención entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2025, cuando la EPH amplió su cobertura a 31 aglomerados urbanos. En ese período, también se observó un aumento de 3,7 puntos porcentuales en los hogares que obtienen ingresos laborales, del 78,3% al 82%. A la vez, las jubilaciones y pensiones pasaron de ser percibidas por el 29,4% de los hogares al 35,7%, y los planes sociales, subsidios y ayudas en dinero subieron del 4,5% al 14,6%.

El análisis subraya que “también se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”. En paralelo, el porcentaje de hogares que compra en cuotas o al fiado con tarjeta o libreta se elevó del 22% al 50,9% en dos décadas.

Otro de los cambios estructurales tiene que ver con el acceso al crédito. En 2003, solo el 3,4% de los hogares había pedido préstamos a bancos o financieras, mientras que en 2025 esa proporción ascendió al 14,2%. Según el INDEC, esta expansión muestra la creciente participación del endeudamiento en la economía familiar. Además, el 15,7% de los hogares solicitaba préstamos a familiares o amigos en 2003 y el 16,1% lo hizo en 2025, con escasas variaciones.

Ahorros y ventas de pertenencias

El dosier también revela que las estrategias varían según el nivel de ingresos. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó, pero esa proporción sube a uno de cada tres entre los de menores recursos. En tanto, cuatro de cada diez hogares utilizaron ahorros o vendieron pertenencias para sostener sus gastos. “Al igual que en la estrategia de solicitud de préstamos, es más frecuente en los hogares de menores recursos”, aclara el documento.

El estudio precisa que el 40,8% de los hogares usó ahorros o vendió pertenencias, con mayor incidencia en los sectores bajos. En el estrato alto, compuesto por los dos deciles de mayores ingresos, el 37,1% recurrió a estas estrategias; en el medio, el 40,6%; y en el bajo, el 42,8%.

El acceso al crédito también difiere por nivel de ingresos. Entre los hogares de ingreso alto y medio predominan los préstamos con entidades bancarias y financieras, mientras que en los de menores recursos prevalece el endeudamiento informal con familiares o amigos.

Cambios durante la pandemia

El INDEC detalla además que las estrategias de manutención se modificaron con los cambios de contexto económico. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 se observó un aumento significativo en los hogares que recibieron transferencias en dinero del Estado. “En el segundo semestre de 2020 se observó un crecimiento de hogares que recibieron subsidios y transferencias en dinero que alcanzó el 27,5%”, puntualiza el informe, en referencia a la expansión de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En el mismo período, también se incrementó el uso de ahorros: “El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%)”.

El informe señala que el uso de los ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró haberlos utilizado.

Dependencia creciente del ahorro y la asistencia estatal

Otro dato destacado es el crecimiento del financiamiento para consumos familiares. Entre 2016 y 2025, el porcentaje de hogares que compró en cuotas o al fiado se mantuvo en torno al 50%, con el valor más alto en el segundo semestre de 2024. “El uso de financiamiento para los gastos familiares muestra una mayor incidencia en los hogares con ingresos elevados”, añadió el organismo estadístico.

En cuanto a las transferencias en especie, el reporte expresa que “las provenientes del Estado, de organizaciones no gubernamentales y de las iglesias aumentaron de 2,2% en el segundo semestre de 2016 a 6,3% en el primer semestre de 2025”. Este tipo de ayuda se concentra en los sectores de menores ingresos, mientras que entre los hogares de estratos medios y altos prevalece la ayuda directa entre familias.

Por último, el análisis establece que entre tres y cuatro de cada diez hogares vivieron de jubilaciones o pensiones durante el período analizado, con un incremento entre los sectores de menores ingresos. En tanto, los hogares que perciben ingresos por alquileres se mantuvieron estables, alrededor del 3% del total, aunque con mayor peso en los estratos altos.

Durante 2025, Bogotá ha sido el escenario de una crisis en la gestión de residuos sólidos, marcada por la acumulación de basuras en más de 700 puntos críticos y serias afectaciones a la salubridad urbana.

Desde la administración distrital afirman que se debe a deficiencias en la recolección, disposición inadecuada de los residuos por parte de la ciudadanía y a la falta de cumplimiento de los esquemas de trabajo de los operadores de aseo.

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Sin embargo, varios concejales han señalado que Bogotá sigue sin tener puntos de recolección para residuos de construcción o de gran tamaño, que son los que más generan aglomeración de basura en algunas localidades.

A pesar de que se han implementado algunas estrategias para intentar mitigar la problemática, esta se ha agravado mientras que están a punto de finalizar los contratos de recolección y barrido, pactada hasta febrero de 2026.

En medio de una oleada de señalamientos en su contra, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, implementó un plan de choque, reforzando la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que incluye la ampliación de la capacidad operativa de Aguas de Bogotá para retirar residuos en los puntos más críticos

Tras varias denuncias en las que se afirma que han persistido los problemas de recolección, la respuesta del distrito ha incluido argumentar que la ciudadanía carece de una pedagogía ciudadana, puesto que, para ellos, los hábitos de disposición irregular de residuos siguieron siendo obstáculos para la solución del problema.

Sumado a ello, se ha afirmado que los puntos de disposición final de los residuos no reciben el nivel de basura que genera la ciudadanía en la actualidad, y que para arreglar esto se requiere inversión y principalmente tiempo.

Con este contexto, Infobae Colombia habló con Andrea Pérez Cadavid, gerente del CGR Doña Juana, que aclaró que el relleno está cumpliendo con una capacidad amplia de procesamiento de los residuos.

“En el relleno sanitario Doña Juana hoy estamos procesando 6.750 toneladas aproximadamente a diario del esquema ordinario de aseo y de los residuos provenientes de puntos críticos”, indicó Pérez Cadavid.

Pérez Cadavid recordó las cifras de recolección que reportó el CGR Doña Juana en 2024, asegurando que han buscado alternativas para aprovechar los residuos de construcción, que en su mayoría llega mezclado con otro tipo de basura.

“El año pasado tuvimos 119.000 toneladas de estos residuos, con los que hacemos la economía circular de los mismos. Es decir, todo lo que viene de demoliciones, de construcción, de residuos de construcción y demás que conocemos y que cuando se mezclan con el residuo ordinario no pueden ir a escombrera, sino que los disponemos en Doña Juana”.

Por último, explicó el paso a paso que sus operadores siguen para procesar de una manera correcta este tipo de residuos, lo que incluye una colaboración directa con recicladores de la ciudad.

“Hacemos un proceso de separación, trituración y son residuos que estamos utilizando al interior del relleno sanitario Doña Juana. Es decir, que estamos dejando de comprar material de cantera que son necesarios para la operación y para la prestación del servicio de exposición final, los estamos utilizando. Luego les hacemos la separación, entregamos a nuestros recicladores lo que es susceptible de reciclaje y que no se puede utilizar al interior del relleno”, puntualizó la gerente de Doña Juana.

Mientras la crisis se mantiene en Bogotá, la ciudadanía pide claridad por parte de la alcaldía, además del avance de varios proyectos que siguen sin ser ejecutados de manera eficiente, a pesar de que fueron promovidos o expuestos por la administración.

En las últimas semanas, Deportivo Pereira ha sido protagonista de las noticias en el fútbol colombiano por una crisis financiera que ha impedido que los directivos puedan estar al día con los jugadores profesionales y obligando a que tengan que asumir los últimos partidos con una nómina juvenil.

La situación económica y administrativa que enfrenta el Deportivo Pereira desde octubre de 2025 ha desencadenado una serie de medidas legales por parte de jugadores que han renunciado y ha puesto en foco las acciones de supervisión sobre el club.

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En diálogo con Infobae Colombia, el abogado deportivo César Giraldo identificó como causa principal de la crisis la administración del equipo, la repetición de episodios de impago a futbolistas.

En la entrevista, Giraldo describió que “se están repitiendo temas como el impago de futbolistas que no ayudan a la competencia y dejan muy mal parado a la institución y al FPC”.

El jurista indicó que la protección a los jugadores afectados se encuentra garantizada tanto por la ley laboral aplicable como por el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Según Giraldo, “por ley estamos hablando de 60 días que tienen para retrasos y ponerse al día, pero los entes reguladores son flexibles en estos temas, donde realmente y por ley deberían suspenderles el reconocimiento deportivo”.

El abogado afirmó que, una vez superado ese plazo de 60 días, los futbolistas pueden presentar formalmente su renuncia y dar inicio a acciones legales, ya sea en la jurisdicción laboral o deportiva.

“Ya pasado ese plazo, los jugadores pueden pasar su carta de renuncia y entablar las acciones legales para el caso, ya sea en la jurisdicción laboral o deportiva”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de desaparición del club, Giraldo indicó: “Es muy difícil que desaparezca, la solución es que haya una inyección de capital ya sea de nuevas personas que quieren comprar el equipo o un cambio de los administradores”.

También mencionó la llegada de personas sin conocimiento de la industria a cargos de dirección, lo que ha derivado en la actual coyuntura: “Eso pasa cuando en ese tipo de cargos llegan personas que no tienen el conocimiento de la industria y que llegan a este tipo de extremos con este tipo de clubes que no tienen la culpa por como muchos los manejan”.

En cuanto al margen de maniobra del Estado, Giraldo precisó que el Ministerio del Deporte tiene facultades de inspección, vigilancia y control, siempre en cumplimiento de la condición de sociedad anónima del club.

“Por ley el Ministerio del Deporte, ejerciendo sus facultades, tiene todas las facultades de intervenir, siempre respetando que el Pereira a día de hoy es una Sociedad Anónima y como tal debe respetársele todos sus derechos como empresa privada”.

El abogado además destacó el comunicado emitido por la autoridad nacional el pasado 28 de octubre, al respecto de la situación del club, añadiendo que, en su opinión, la Dimayor ha tenido una actitud permisiva con el club y sugirió que se requiere un mayor rigor en el cumplimiento de las normativas.

“La Dimayor ha sido muy permisiva con ellos y es hora que realmente este tipo de equipos se les ejerza más mano dura desde el mismo sistema para que realmente el producto mejore como pasa en ligas más desarrolladas”.

Por último, mencionó el contexto del debate sobre los derechos de televisión para opinar que todos los equipos están interesados en el nuevo contrato y que un accionar más estricto de la liga podría incidir en la mejora del producto y en la comercialización futura de los derechos televisivos.

Con la publicación del último análisis técnico del Observatorio IPA, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lamentó que la confirmación de la crisis de la economía real haya validado las advertencias que habían hecho meses atrás los industriales Pymes y advirtió que la continuidad de un plan que excluye al sector productivo “asfixiará a las fábricas nacionales, ante un incremento desquiciado de las importaciones y una suba de los costos de la producción local”.

“El consumo se sigue derrumbando; de cada 10 máquinas que hay en las fábricas, cuatro están paralizadas; las importaciones se multiplican y el Gobierno ya admitió que los próximos meses y los próximos años será una avalancha; el desempleo sigue creciendo; y la actividad industrial no deja de caer. Lamentablemente, nada sorprende, porque veníamos advirtiendo de que una ausencia de un plan que atienda a la microeconomía iba a tener consecuencias imposibles de manejar socialmente”, alertó Rosato.

El presidente de IPA también se lamentó por el pronóstico en torno al comercio exterior que el Gobierno hizo a través del proyecto de Presupuesto, en donde se espera que la balanza comercial se convierta en deficitaria por la avalancha de importaciones: “Pensar que tener una economía en recesión es la mejor receta para controlar la inflación, es como diseñar un plan de salud que contemple la muerte de todos los enfermos para sólo quede la población sana. Insistimos que en la Argentina tiene que haber empleo para todos los argentinos y las Pymes somos las únicas que garantizamos un desarrollo inclusivo y federal”.

Balance económico desfavorable

Según el último informe del Observatorio IPA, encabezado por el economista Federico Vaccarezza, existen “datos macroeconómicos críticos”, al señalar que el superávit comercial acumulado hasta julio ya se desplomó 64%, en relación con el mismo período de 2024; con una balanza comercial que acumula USD 5.071 millones en 2025, frente a USD 14.075 millones del año anterior. “Las importaciones crecen 32% versus un magro 6% de exportaciones, marcando el peor desempeño en una década”, destacó Vaccarezza.

En términos de producción, el Observatorio IPA señaló que las fábricas operaron al 58,2%, debido a que el uso de la capacidad instalada industrial cayó 1.5 puntos interanuales, con sectores clave como automotriz (-8.1 p.p.) y químicos (-5.8 p.p.) en niveles críticos. “Se registran 272.880 puestos de trabajo formales perdidos en 18 meses”, se lamentó.

La crisis de la emergencia cambiaria mostró que las reservas cayeron a USD 39.000 millones, con un Banco Central que “quemó USD 4.000 millones en reservas en 30 días para contener la corrida post-electoral”, con una volatilidad del dólar que se ubicó en buena parte de septiembre en torno al techo de la banda de flotación.

Por otro lado, desde el IPA destacaron que el consumo deprimido, con ventas 9% debajo de niveles pre-crisis, se generó porque “las ventas en supermercados mantuvieron 8 meses de crecimiento insuficiente, incapaces de recuperar la caída histórica”, con un canal mayorista que acumuló 24 meses consecutivos en rojo.

Si bien reconocieron que la política desinflacionaria mejoró los indicadores de precios generalizados a la suba, indicaron que existe una inflación persistente en torno al 33.6 anual con núcleo duro en servicios. “La variación mensual se estanca en 1.9%, pero servicios (+2.5%) y regulados (+2.7%) mantienen presión alcista. Solo el 13% de los empresarios espera mejoras en el corto plazo”, destacó el informe del Observatorio IPA.

“La economía muestra una recuperación frágil y desigual, con crecimiento concentrado en sectores especulativos mientras la industria y el empleo formal se contraen. La dependencia de financiamiento externo de emergencia evidencia vulnerabilidades estructurales no resueltas”, sostuvo Vaccarezza. Y agregó: “El plan económico sobrevive gracias a salvatajes de urgencia, y la estabilidad cambiará dependerá tanto del resultado electoral como de la llegada efectiva de dólares frescos desde el exterior”.

En término de perspectivas inmediatas, el titular del Observatorio IPA pronosticó que el escenario post-electoral definirá la capacidad de sostener la estabilidad macroeconómica. “Se anticipan meses complejos con alta volatilidad financiera y presión sobre el poder adquisitivo”, advirtió.

Durante una entrevista para el podcast On Purpose with Jay Shetty, el psiquiatra Alok Kanojia, conocido como Dr. K, formado en Harvard y creador de Healthy Gamer, explicó que la generación actual enfrenta una crisis del cuarto de vida que va mucho más allá de la incertidumbre.

Muchos jóvenes siguen los pasos socialmente establecidos —estudiar, graduarse, conseguir empleo, independizarse— para descubrir que estos hitos ya no aseguran estabilidad ni satisfacción. “La fórmula que funcionó para generaciones anteriores ya no sirve”, señaló el especialista en el podcast, destacando el impacto del aumento del costo de vida, la deuda estudiantil y la precariedad laboral, factores que han hecho que los objetivos tradicionales resulten, en muchos casos, inalcanzables.

El efecto de estos cambios estructurales se evidencia en la vida cotidiana de los jóvenes. Dr. K mencionó los altos precios de la vivienda y el alquiler, que obligan a muchos a permanecer en casa de sus padres incluso después de graduarse de la universidad.

Esta situación afecta tanto el aspecto económico como la autoestima y la percepción de éxito personal. “Muchos sienten que están atrasados, que nunca llegarán a cumplir con las expectativas”, explicó el psiquiatra en su charla con Shetty. La presión por alcanzar metas que ya no se adaptan a la realidad actual fomenta una epidemia de soledad y provoca crisis en las relaciones de pareja en hombres y mujeres.

Un dato relevante que destacó Dr. K durante la entrevista es que el 70% de los jóvenes sufre, en mayor o menor medida, esta crisis del cuarto de vida. Esta cifra proviene de su experiencia clínica y de los resultados obtenidos a partir de su trabajo al frente de Healthy Gamer, donde ha atendido a miles de jóvenes que atraviesan dificultades relacionadas con la pérdida de propósito, la presión social y los desafíos emocionales propios de la generación actual.

Impacto de la tecnología y la adicción digital

La tecnología y la adicción digital representan otro elemento clave en este escenario. Según el Dr. K en el podcast On Purpose with Jay Shetty, el uso excesivo de dispositivos, redes sociales y pornografía aparece no solo como una búsqueda de placer, sino como una vía de evasión emocional. “La adicción a la pornografía tiene más que ver con la falta de propósito que con el deseo sexual”, afirmó.

En su experiencia clínica, muchos jóvenes recurren a estos recursos para bloquear emociones negativas como la ansiedad, el aburrimiento o la tristeza. Este círculo vicioso debilita la capacidad de autoconocimiento y regulación emocional.

En este contexto, la construcción de la identidad y la relación con el ego adquieren especial relevancia. Dr. K diferenció entre “identificación” —adoptar etiquetas externas como “gamer”, “deportista” o “incel”— e “identidad”, que implica un proceso interno de autodefinición.

A su juicio, “ser uno mismo es uno de los peores consejos que se pueden dar”, argumentando que la versión actual de cada persona suele estar modelada por condicionamientos, traumas y expectativas ajenas. El especialista propuso, en cambio, un trabajo introspectivo destinado a descubrir quién se es realmente, más allá de patrones aprendidos y presiones sociales.

Masculinidad, roles de género y búsqueda de sentido

La redefinición de la masculinidad y los roles de género figura como un aspecto relevante en el análisis de Dr. K. Según detalló en el podcast On Purpose with Jay Shetty, muchos hombres intentan amoldarse a modelos de “masculinidad alfa” que no conducen a una vida más satisfactoria ni a mejores relaciones. “La presión por ser lo más masculino posible no funciona”, afirmó, remarcando que los cambios sociales han sido más veloces que la actualización de las expectativas hacia los hombres.

Esto genera confusión, frustración y, en algunos casos, conductas compensatorias poco saludables. Por su parte, las mujeres enfrentan sus propios desafíos, como la búsqueda de seguridad y la dificultad para establecer relaciones de pareja igualitarias y basadas en el respeto. Dr. K subrayó que ambos géneros se encuentran igualmente afectados por los cambios sociales y la carencia de espacios adecuados de apoyo.

Estrategias para recuperar el propósito y la salud mental

Frente a este diagnóstico, el psiquiatra propuso estrategias prácticas para recuperar el sentido y fortalecer la salud mental. En primer lugar, recomendó desarrollar la observación interna, distinguiendo entre “pensar sobre uno mismo” y “prestar atención a uno mismo”.

Esta habilidad, que puede potenciarse con meditaciones como Shunya, permite desactivar el circuito mental del ego y acceder a mayor calma y claridad. Dr. K enfatizó la importancia de regular las emociones, aceptar tanto el dolor como la incomodidad en el proceso de autoconocimiento, y evitar el uso compulsivo de la tecnología como mecanismo de evasión.

Otra recomendación clave es la búsqueda activa de propósito. Según los resultados de su programa de coaching, el sentido de dirección en la vida aumenta cuando las personas ejercen autodirección (tomar decisiones propias, aunque sean pequeñas), expanden sus capacidades (afrontar retos que superen lo mínimo necesario) y cultivan relaciones auténticas, donde puedan mostrarse como son. Dr. K destacó que el propósito no constituye un objetivo externo o una meta grandiosa, sino una sensación interna que se construye a través de la acción consciente y el compromiso con el desarrollo personal.

El servicio a los demás ocupa un lugar especial en su propuesta. “El servicio es una de las mejores formas de disolver el ego y encontrar sentido”, afirmó en el podcast On Purpose with Jay Shetty. Para quienes buscan dejar de preocuparse por la opinión ajena y forjar una base sólida para la autoestima, Dr. K sugiere entregarse a acciones que beneficien a otros, sin esperar retribución.

Esta práctica, según su experiencia, fortalece la salud mental y permite experimentar una conexión más profunda con la vida y los demás.

En un mundo cada vez más digital, donde los pagos con tarjeta y móvil dominan la economía, el Banco Central Europeo (BCE) ha emitido una recomendación que va en contra de esta tendencia global. En un reciente estudio bajo el nombre ‘Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el rol único del dinero físico en cuatro crisis’, la institución aconseja a los ciudadanos europeos guardar al menos una cantidad suficiente de efectivo para cubrir 72 horas de necesidades básicas, especialmente en situaciones de inestabilidad sistémica o crisis económicas y sociales.

El BCE pone como ejemplo a países como Países Bajos, Austria y Finlandia, donde las autoridades recomiendan que cada persona tenga entre 70 y 100 euros en efectivo en el hogar. Esta medida no busca fomentar el miedo, sino garantizar que los ciudadanos puedan acceder a recursos básicos si fallan los sistemas digitales o las infraestructuras críticas y recuerda al polémico ‘kit de supervivencia’ que la Comisión Europea recomendó a los ciudadanos preparar un kit con suministros básicos para sobrevivir ante posibles crisis el pasado mes de marzo.

La institución comunitaria subraya que el efectivo sigue cumpliendo una función esencial, incluso en una era dominada por los pagos electrónicos. Según el estudio, tener dinero líquido proporciona seguridad y control, que se vuelve especialmente relevante cuando la confianza en los sistemas financieros o digitales se ve amenazada. Mantener una reserva de efectivo no significa almacenar grandes cantidades de dinero, sino asegurar la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir emergencias de corta duración.

Lecciones de las crisis recientes

El BCE señala cuatro crisis que han afectado a Europa en los últimos años, demostrando cómo el efectivo se convierte en un recurso estratégico cuando la estabilidad se ve comprometida. El banco recuerda que a comienzos de 2020, el estallido de la pandemia provocó un aumento extraordinario en la demanda de billetes en euros, con una emisión neta que superó los 140.000 millones de euros, frente a los 55.000 millones habituales en un año normal.

La incertidumbre también llevó a los ciudadanos a buscar liquidez inmediata como medida de precaución en los países cercanos al conflicto entre Ucrania y Rusia, registraron un aumento del 36% en la emisión de billetes de euros tras la invasión rusa. En Grecia, por otra parte, los períodos prolongados de turbulencias financieras y tensiones políticas generaron picos recurrentes de demanda de efectivo.

Durante el gran apagón que afectó la red eléctrica y los sistemas digitales españoles, los usuarios se precipitaron a los cajeros automáticos para reponer sus reservas de efectivo, incluso en zonas no afectadas. El BCE señaló que este comportamiento demuestra la función de “reserva de seguridad” del efectivo ante fallos tecnológicos.

Por qué el efectivo sigue siendo esencial

El estudio enfatiza que el efectivo no solo tiene valor práctico, sino también psicológico. Su tangibilidad aporta tranquilidad y sensación de control, algo que los pagos digitales no pueden ofrecer durante momentos de tensión. Además, su funcionalidad fuera de línea lo convierte en un recurso crítico cuando las plataformas electrónicas fallan, desde cajeros hasta aplicaciones bancarias.

Siguiendo la recomendación del BCE, cada persona debería mantener suficiente efectivo para cubrir 72 horas de gastos esenciales. La clave está en mantener el dinero en un lugar seguro y rotarlo periódicamente para evitar deterioro o caducidad de los billetes. El objetivo no es acumular grandes sumas, sino contar con una reserva de emergencia inmediata, que puede marcar la diferencia durante apagones, crisis financieras o situaciones imprevistas que afecten la economía diaria.

Lo que comenzó como una protesta local por la concesión del transporte hacia Machu Picchu terminó convertido en un escándalo de alcance global. La crisis que mantiene en vilo al principal atractivo turístico del país no solo ha afectado a miles de visitantes y familias cusqueñas que dependen del turismo, sino que ahora ocupa titulares en medios de gran prestigio internacional, que advierten sobre los peligros de una gestión deficiente que amenaza incluso el título de “Maravilla del Mundo”.

Las imágenes de más de 1.400 turistas evacuados tras quedar varados por bloqueos, los llamados de organizaciones internacionales y las críticas al manejo del santuario histórico han encendido las alarmas. La coincidencia entre las coberturas de Bloomberg, CNN y El País es clara: Machu Picchu atraviesa una de sus peores crisis de imagen en décadas. Lo que ocurre en Cusco ya no se percibe como un conflicto local, sino como un escándalo que daña la reputación del país en el escenario internacional.

El País: un “baldazo de agua fría” para el turismo y la política local

El diario El País de España publicó una extensa crónica en la que advierte que el caos en Machu Picchu amenaza con hacerle perder su estatus de Maravilla del Mundo. Según el medio, la alerta emitida por New7Wonders ha caído como un “baldazo de agua fría” para la sociedad peruana y, especialmente, para el sector turístico y hotelero de Cusco.

El periódico recuerda que la masificación turística sin planificación, la venta irregular de entradas y los problemas en el sistema de transporte han marcado la experiencia de los visitantes en los últimos años. Además, cuestiona la postura del gobierno, que intentó restar importancia a la advertencia alegando que la Unesco no ha incluido al santuario en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

El País también hace memoria sobre la fallida digitalización de la venta de entradas con Joinnus en 2024, que desató un paro indefinido y bloqueos en las vías férreas. Hoy, pese a una plataforma mixta de ventas, los inconvenientes persisten y siguen generando descontento. Para el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, el panorama es alarmante: “El 60% de la economía cusqueña está ligada al turismo. No podemos permitir que decisiones mal tomadas afecten a miles de familias”, declaró.

El medio europeo concluye que, mientras el Ejecutivo apuesta por minimizar el problema, el riesgo de que Machu Picchu quede fuera de las Nuevas 7 Maravillas sería un golpe fatal para el turismo y la reputación internacional del país.

CNN: el riesgo de perder la credibilidad como Maravilla del Mundo

La cadena CNN fue más dura al señalar que Machu Picchu está en riesgo de perder su “credibilidad” como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Citando a la organización New7Wonders, el medio recordó que el reconocimiento obtenido en 2007 no es solo honorífico, sino que implica un compromiso de conservación, gestión responsable y cumplimiento de estándares internacionales.

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders, aseguró en entrevista con CNN que esta crisis debe entenderse como “un llamado de atención para poner la casa de Machu Picchu en orden”. Aunque aclaró que aún es prematuro hablar de una exclusión, insistió en que los problemas de masificación, venta irregular de boletos, fallas en el transporte y conflictos sociales requieren soluciones estructurales de corto y largo plazo.

CNN también recogió la respuesta oficial del Ministerio de Cultura, que intentó minimizar la advertencia señalando que la Unesco es la única entidad competente en materia de patrimonio mundial. Sin embargo, el medio subrayó que la declaración de New7Wonders ha tenido gran impacto porque pone en tela de juicio la capacidad del país para gestionar su principal atractivo turístico. Además, recordó que no es la primera vez que el santuario enfrenta crisis similares: en 2023 y 2024 ya hubo bloqueos que afectaron el acceso al sitio arqueológico.

Bloomberg: protestas que paralizan el turismo y golpean la economía

El medio económico Bloomberg destacó que las protestas por el contrato de los buses hacia Machu Picchu paralizaron durante varios días el transporte ferroviario y obligaron al gobierno a evacuar a más de mil visitantes. Según la ministra de Turismo, Desilu León, 679 turistas fueron los últimos en ser retirados de la zona, tras quedar aislados sin otra forma de abandonar Machu Picchu.

La publicación advierte que esta nueva crisis llega en un momento especialmente sensible: la industria turística aún no logra superar el golpe de la pandemia y la reiteración de bloqueos en los últimos años amenaza con deteriorar definitivamente la imagen del destino. “Un turista extranjero que viene a Perú y no puede visitar Machu Picchu puede decidir cambiar de destino”, advirtió Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, citado por Bloomberg.

El reportaje también puso la lupa sobre la falta de transparencia en la concesión del servicio de buses, que genera cerca de US$32 millones al año. La exviceministra Madeleine Burns explicó que el proceso no se licitó a tiempo, lo que dejó la sensación de favoritismo hacia una empresa en particular. Para Bloomberg, este conflicto refleja un problema más profundo: la coexistencia de múltiples actores (gobierno central, autoridades regionales y comunidades locales) con intereses contrapuestos sobre Machu Picchu.

Durante su intervención, Silva relató que Salcedo manifestó abiertamente, durante una reunión con autoridades y actores vinculados al turismo, que quería una autoridad de gestión turística autónoma exclusiva para cusqueños: “Nos amenazó en nuestra cara a todos porque dijo ‘Queremos una autoridad autónoma de cusqueños, no de peruanos, o sea, no nacional, no de peruanos, si no las trece provincias de Cusco se van a levantar’”. El exministro interpretó estas declaraciones como una presión directa sobre el gobierno central que agudiza la tensión política.

El exfuncionario también sostuvo que la administración regional recurre a estrategias similares a las que utilizan grupos radicales: “Usan la misma metodología que los señores que excavan debajo de los rieles del tren: ‘Voy a incendiar Cusco si no me dan a mí todos los ingresos del turismo’”, refirió Silva. Esta postura, afirmó, condiciona cualquier tentativa de solución pacífica e inclusiva para la gestión de Machu Picchu y el sector turístico del Cusco.

Pese al panorama adverso, Silva aseguró que se lograron acuerdos en mesas de diálogo previas con representantes locales y que Salcedo coincidió en levantar los bloqueos a cambio de mantener canales de negociación abiertos. “Se levantó el bloqueo para iniciar un diálogo en paralelo”, puntualizó el exministro.

Asimismo, destacó el rol esperado de los alcaldes de Machupicchu Pueblo y de Urubamba para garantizar la operatividad armónica del servicio de buses hacia la ciudadela, gestionado temporalmente entre Consettur y un grupo urubambino. La coordinación entre ambas municipalidades busca restablecer la normalidad y asegurar el acceso de turistas, mientras se resuelve el conflicto por la administración y distribución de los ingresos turísticos.

Millonarias pérdidas

La ciudadela inca de Machu Picchu enfrenta una crisis severa debido a los bloqueos registrados en las rutas de acceso, afectando de manera directa el sector turístico y la economía regional de Cusco. Las manifestaciones han impedido la llegada de visitantes por vía férrea y carretera, ocasionando pérdidas superiores a S/ 2 millones diarios, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mencionados por Infobae Perú. La situación compromete la subsistencia de más de 31.000 negocios, incluidos hoteles, restaurantes, guías turísticos, transportistas y artesanos.

Los enfrentamientos recientes en el sector de Coriwayrachina, cerca del kilómetro 88 de la vía férrea, dejaron un saldo de al menos 15 heridos y obligaron a evacuar turistas que permanecían varados en Machupicchu Pueblo. Se organizaron trenes humanitarios enfocados en mujeres, niños y adultos mayores, mientras decenas de jóvenes siguen a la espera de nuevas coordinaciones.

El conflicto se intensificó tras el traspaso de la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela. La Municipalidad Provincial de Urubamba adjudicó temporalmente la ruta a la empresa San Antonio de Torontoy, formada por comunidades campesinas, en reemplazo de Consettur Machupicchu S.A.C. Este cambio generó protestas y enfrentamientos, profundizando la crisis.

La ministra Desilú León expresó su preocupación por el efecto de la crisis, señalando que el Ejecutivo busca soluciones dialogadas y trabaja coordinadamente con entidades como el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional para proteger a los visitantes y restablecer la normalidad. León subrayó que el impacto va más allá del turismo: “No se trata solo de turistas que no pueden ingresar, se trata de toda una cadena económica que depende de Machu Picchu”, declaró en Canal N. Estimaciones oficiales prevén que las cancelaciones de paquetes turísticos acercarán las pérdidas a los 300 millones de soles hacia fin de año. La región afronta incertidumbre mientras continúan las negociaciones para reabrir los accesos.

Miles de millones de dólares de fondos públicos en Sudán del Sur han sido robados durante la última década en una corrupción gubernamental masiva mientras la gran mayoría del país sufre falta de alimentos, dijo el martes una comisión de la ONU.

El informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur detalla varios planes presuntamente utilizados por funcionarios políticos para desviar enormes porciones de ingresos públicos desde que lograron la independencia de Sudán en 2011, después de décadas de guerra civil.

Mientras tanto, la crisis alimentaria del empobrecido país se ha agravado, y el año pasado el gobierno pospuso por segunda vez las que habrían sido las primeras elecciones nacionales de la historia, alegando falta de fondos. Según datos de la ONU, la población de Sudán del Sur se acerca a los 11 millones de habitantes.

“Mientras un pequeño grupo de poderosos actores saquea y expolia la riqueza y los recursos del país, enriqueciéndose, el Estado ha abdicado de sus responsabilidades soberanas hacia su población, externalizando servicios esenciales, como el suministro de alimentos, la atención médica y la educación, a donantes internacionales”, afirma el informe. “La corrupción está matando a los sursudaneses”.

En una declaración escrita, el gobierno calificó muchas de las acusaciones de “absurdas” y afirmó que el informe contenía “errores metodológicos” y excedía el mandato de la comisión. También afirmó que no se le había dado tiempo suficiente para responder a las conclusiones.

El informe de la ONU alega que el programa gubernamental de petróleo por carreteras canalizó los ingresos del petróleo a empresas asociadas con Benjamin Bol Mel, un empresario cercano al presidente Salva Kiir y que fue designado para uno de los cinco puestos de vicepresidente este año.

El programa de petróleo por carreteras es la iniciativa clave del gobierno para el desarrollo de infraestructura y el mayor receptor en los últimos años de ingresos petroleros, que son la piedra angular de la economía del país.

El informe señala que de los 2.200 millones de dólares dedicados al programa de carreteras, 1.700 millones no se han contabilizado y que el 95% de las carreteras requeridas por la iniciativa no se han completado.

El gobierno rechazó las conclusiones de la comisión sobre el desvío de fondos de petróleo para carreteras, que, según dijo, estaban “destinadas a manchar la buena imagen del pueblo de Sudán del Sur y sus dirigentes”.

Un empresario en el centro de acusaciones de corrupción

Bol Mel, sobre quien muchos especulan que está siendo preparado para suceder al presidente, se encuentra actualmente bajo sanciones estadounidenses, al igual que varias de sus empresas.

El informe alega que en otro esquema, Crawford Capital Ltd., “políticamente conectada”, captó decenas de millones de dólares a través de “servicios electrónicos irregulares del gobierno”, como el procesamiento de visas electrónicas y licencias de importación y exportación de petróleo, y la recaudación electrónica de impuestos.

La mayoría de los indicadores de desarrollo y calidad de vida sitúan a Sudán del Sur entre los más bajos del mundo. Aproximadamente uno de cada diez niños muere al dar a luz, y la matriculación en la educación secundaria es de tan solo el 5%.

Los analistas de seguridad alimentaria afirman que 76 de los 79 condados del país se encuentran en una situación de grave inseguridad alimentaria. Sin embargo, el informe indica que solo una pequeña fracción de los fondos gubernamentales se asigna a servicios públicos. Entre 2020 y 2024, menos del 1% del presupuesto federal se asignó a los ministerios responsables de apoyar la seguridad alimentaria.

Durante el año fiscal 2022-2023, los fondos públicos gastados en la unidad médica personal del presidente superaron a los gastados en atención médica a nivel nacional.

El gobierno ha señalado las sanciones internacionales y la disminución de la producción petrolera como obstáculos al gasto en servicios públicos.

Sudán del Sur lleva mucho tiempo plagado de corrupción y robo de fondos públicos, según han revelado múltiples investigaciones. Un informe de la ONU de 2021 descubrió decenas de millones de dólares en ingresos gubernamentales no contabilizados, lo que, según el informe, representa una pequeña fracción del patrón general de robo.

El último informe de la ONU se publicó ante el creciente temor de que el país esté recayendo en una guerra a gran escala. El jueves, el líder opositor Riek Machar fue suspendido de su cargo de primer vicepresidente tras ser imputado por cargos que incluyen asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad, después de que una milicia local, con la que el gobierno afirma tener vínculos, invadiera una guarnición militar cerca de la frontera con Etiopía. Machar se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo.

(con información de AP)

En estos tiempos de incertidumbre es necesario reflexionar sobre el Perú y los retos a superar para integrarnos como nación. En este camino es urgente reconocer nuestra identidad, diversa y con matices, y potenciar las políticas públicas, en lo económico y social, para alcanzar ese futuro compartido como país. Primero, debemos comprender nuestra interculturalidad. Somos un país rico y diverso en culturas, lenguas y orígenes históricos. Por ello, surge la interrogante: ¿nos enfocamos en la etnicidad o la peruanidad?

Definimos la etnicidad como el grupo humano que comparte rasgos lingüísticos, culturales, históricos y en muchos casos, también rasgos físicos. El Perú tiene más de cincuenta pueblos indígenas, entre ellos, los pueblos indígenas andinos, amazónicos, afroperuanos, descendientes europeos y migrantes asiáticos, especialmente los migrantes chinos y japoneses que llegaron al Perú a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

El Censo 2017 identificó en el Perú 48 lenguas originarias. Según este censo el 16.3% de la población del país manifestó tener como lengua materna una lengua originaria, en su mayoría quechua-hablantes. Sin embargo, a pesar de la diversidad étnica y cultural de nuestra población, el mismo censo registró al 60% de la población en la categoría “mestizo”, invisibilizando a muchos de estos grupos que tienen su propia riqueza cultural, sus necesidades particulares y la urgencia de la presencia de un Estado más integrador.

En cambio, la peruanidad es un concepto más amplio y holístico, y se manifiesta a través de diversos símbolos patrios como la bandera bicolor y el himno nacional, que nos hermanan y nos refieren un sentido de apego y pertenencia a la nación, independientemente de la etnicidad. La peruanidad nos transporta en el tiempo desde los momentos prehispánicos y nos lleva a través de la Colonia, la Independencia y la República, llenándonos de orgullo por ser parte del territorio peruano y nos muestra un patrimonio multicultural que nos invita a vivir la unidad en la diversidad. Algunas de estas ideas se abordaron hace unas semanas en el IV Congreso de Peruanidad, en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Fue una oportunidad para conectar nuestro contexto cultural con la herencia histórica y las políticas culturales.

En segundo lugar, si vemos al Perú desde la ventana de la economía, también encontramos claves para analizar nuestra identidad. A pesar del ruido político, los fundamentos macroeconómicos se presentan sólidos y estables. Y estas bases son muy importantes para nuestra construcción como país. Según el BCRP, este año esperamos crecer al 3.1% y de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que creceremos al 3.2% promedio anual para ese período. El MEF proyecta también un déficit fiscal del 2.2% del PBI que se ajustará al 1% hacia el 2028. Por otro lado, nuestras reservas internacionales netas (RIN) de US$88 mil millones, equivalen a 22 meses de importaciones, lo que nos da una buena capacidad para responder ante choques negativos externos; y se estima que la inflación (controlada y en el rango meta) cerrará el 2025 en 2.2%.

En lo social, encontramos otros puntos por trabajar hacia la integración. Si bien vemos mejoras en los últimos veinte años en variables sensibles como la pobreza, que bajó del 54.8% en el 2004, al 27.6% en el 2024, aún convivimos con niveles de anemia del orden del 35.3% en niños de 6 a 36 meses de edad. En Educación, los resultados de la prueba PISA (2022) señalan que solo el 34% de nuestros escolares logran el nivel de comprensión mínimo aceptable, y el 50% puede identificar ideas principales y entender textos de longitud media. En Ciencias, la situación no es mejor: solo el 47% puede identificar explicaciones científicas correctamente. Por ello, es necesario fortalecer las políticas públicas en Salud, Nutrición y Educación.

Por último, persisten problemas estructurales que evidencian la crisis que vivimos y nos plantean retos urgentes. La informalidad concentra el 72% del empleo y el 63% de la actividad productiva de la micro y pequeña empresa. También el centralismo: Lima explica el 46.5% del PBI nacional, mientras que Arequipa, la segunda región más importante del país, solo representa el 5.8%. Otro problema es la pérdida de institucionalidad que erosiona la democracia, debilita la economía y profundiza la desigualdad. Pero el reto más grave es reducir la corrupción y combatir el crimen organizado, que afecta a la mediana, pequeña y micro empresa. La inseguridad le cuesta al país S/ 26 mil millones (según el BCRP), esta cifra representa el 2.2% del PBI.

Vivimos tiempos complejos y nos toca no perder la esperanza y generar los espacios para fortalecernos en la unidad, respetando nuestra diversidad y haciendo gala del sentido de pertenencia que nos da el sabernos parte de este gran país que es el Perú.

Según el diplomático, en los últimos dos días se registró “una crisis muy grande con la caída del gobierno y una serie de medidas y situaciones que están en evolución y no se sabe cómo van a terminar de proceder”.

En diálogo con Radio Mitre, Caucino explicó que “hay muy pocos argentinos registrados como ciudadanos y varios turistas que se comunicaron con nosotros”. De acuerdo con el embajador, “felizmente, ninguno de ellos tiene dificultades mayores, más allá de las dificultades de estar allí. Estamos haciendo un seguimiento de estos casos. Y en el caso de los turistas, que en cuanto se reabra el aeropuerto puedan salir”.

Consultado sobre el número preciso de argentinos en Nepal, Caucino admitió que no se dispone de datos exactos: “No se sabe el número preciso porque puede haber argentinos que no sepamos que hayan entrado. Hay registrados viviendo allí ocho personas, pero se estima que puede haber un número un poco mayor". Hasta la mañana de este miércoles, la embajada había recibido comunicaciones de diez turistas, y “gracias a Dios, no tenemos registro de ningún herido y ningún muerto”, señaló el embajador.

Por otro lado, la asistencia consular directa se encuentra limitada: “No podemos enviar a nuestro cónsul porque el aeropuerto está cerrado”. Y también relató algunos inconvenientes sufridos por connacionales: “Hay algunos alojados en un hotel que quemaron, pero felizmente ellos no estaban allí y perdieron los documentos, con lo cual van a tener un poco más de complicaciones para salir, pero es un tema que se va a resolver”.

El embajador ofreció además una descripción general del país: “Nepal es un país de 32 millones de habitantes. Su característica principal, obviamente, es su situación geopolítica, está en el medio de la India y China. Tiene una alta inestabilidad política e institucional, es un país que tuvo un sistema monárquico hasta hace poco, hasta hace unos 15 años. En las últimas dos décadas tuvo una sucesión de gobiernos que duraron poco tiempo. Fueron 12 en los últimos 20 años”.

Las autoridades argentinas se mantienen en contacto con los ciudadanos nacionales en Nepal y confían en que, cuando se regularice el funcionamiento del aeropuerto y mejoren las condiciones de seguridad, los turistas podrán abandonar el país.

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia ayer, tras una jornada de represión contra manifestaciones que dejó al menos 19 muertos. La decisión llegó en uno de los días más letales registrados en los últimos años en el país.

“He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy... para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, expresó Oli en una carta enviada a la presidencia.

La renuncia de Sharma Oli se produjo después de que los manifestantes incendiaran las casas de algunos de los principales líderes políticos de Nepal, en protesta por la prohibición de las redes sociales.

Los informes locales y los videos compartidos en las redes sociales mostraban a los manifestantes atacando las residencias de los principales líderes políticos en Katmandú y sus alrededores. Se impuso un toque de queda en la capital y otras ciudades, y se cerraron las escuelas de Katmandú.

A pesar de que fue anulada su elección como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que es llamado popularmente como “El Bukele colombiano”, sigue en su cargo mientras se confirma el fallo y se organizan unas elecciones atípicas en la capital de Santander.

Después de conocer su salida de la alcaldía, Beltrán anunció que aprovecharía el poco tiempo que le queda en Bucaramanga para terminar de afianzar los proyectos que ha encabezado su administración.

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Uno de los más destacados es el aumento de control sobre la población migrante, principalmente sobre aquellos que tienen antecedentes judiciales o han sido capturados por diferentes crímenes en la ciudad.

Beltrán alertó sobre nuevo auge de migración constante en su ciudad

En la tarde del 5 de septiembre, Jaime Andrés Beltrán indicó en su cuenta de X que Bucaramanga se debe preparar para una nueva oleada de migración masiva desde el vecino país.

“La situación en Bucaramanga, frente a una posible nueva oleada de migración de ciudadanos provenientes de Venezuela, es de preocupación. En los últimos días, hemos visto cómo la llegada de estas personas ha aumentado en al menos 20% frente a otros meses, incluso arriesgando su vida y la de niños para llegar a nuestra ciudad, como destino o como paso transitorio”, escribió el mandatario local.

De la misma forma, anticipó que para solventar la situación será necesaria la ayuda del Gobierno nacional, asegurando que la ciudad ya superó los tomes de presupuesto para casos de esta índole.

“Bucaramanga ha llegado a su tope de recursos para atender de forma humanitaria esta situación. Hoy el municipio, con su propia plata, atiende a la población migrante en educación, alimentación escolar e inclusión en salud, pero los recursos no son ilimitados”.

En ese sentido, Beltrán cuestionó la forma con la que el Gobierno nacional ha alejado a las entidades norteamericanas que en algún momento apoyaron financieramente el control de la crisis.

“Recursos que antes se recibían para afrontar este tema, como el de USAID, ya no los tenemos disponibles, sumado a que la política actual del gobierno frente a la relación con Estados Unidos agrava más la situación”.

Por último, anticipó que el país se debe preparar para la llegada masiva de venezolanos por la crisis que se mantiene en su país por la dictadura de Nicolás Maduro.

“La coyuntura actual de Venezuela prevé que el éxodo se intensificará, y ciudades como Bucaramanga serán las más golpeadas por el fenómeno migratorio. Hoy no hay un plan de contingencia por parte del Presidente de la República, que en lugar de anticiparse a una emergencia en el país, se ha preocupado más por tomar partido y respaldar al responsable de toda esta situación”.

Cabe recordar que Beltrán no es la primera persona que cuestiona el manejo del Gobierno nacional a esta problemática, puesto que, en diálogo con El Espectador, Nastassja Rojas Silva, que es directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, enfatizo en la asistencia a los migrantes en Colombia y la falta de medidas que permitan su regularización

Rojas habló de las falencias que se han registrado durante el Gobierno Petro, que han provocado que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos de manera irregular en Colombia, la mayoría, sin respuestas sobre la forma de poder legalizar su permanencia en el país.

“Esto tiene muchísimo que ver con la forma en que se ha llevado a la política migratoria. Ni siquiera se ha puesto en marcha la política pública integral, se termina el proceso del estatuto, pero en este momento ya vamos a llegar casi a medio millón de personas venezolanas en situación de irregularidad en Colombia”.

Irán enfrenta nuevas turbulencias económicas y políticas a medida que el valor de su moneda registra una fuerte caída y las principales potencias europeas presionan para restablecer sanciones internacionales sobre el programa nuclear del país. El precio del dólar estadounidense superó los 1.060.000 riales en el mercado abierto de Teherán este lunes, cifra ligeramente superior al valor previo al inicio de negociaciones entre Teherán y Washington en abril.

El gobierno iraní y el banco central aseguraron que la depreciación no responde a una disminución de la actividad económica, sino que se trata de una reacción psicológica ante el deterioro de las condiciones políticas.

Las autoridades de Francia, Alemania y el Reino Unido, los tres países europeos que permanecen en el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y las potencias mundiales, activaron el procedimiento de “snapback”, lo que conlleva la posibilidad de restituir automáticamente las sanciones de la ONU, levantadas anteriormente a cambio de limitar el programa nuclear iraní.

La iniciativa de las potencias europeas otorga a Irán un plazo de un mes para negociar un posible acuerdo que podría posponer la reactivación de sanciones por un año o menos. Entre las condiciones exigidas figuran la reanudación del diálogo con Estados Unidos, el acceso de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares, y la justificación de los 408,6 kilogramos de uranio altamente enriquecido, según los datos de la OIEA.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y argumenta que las demandas occidentales deberían ser el resultado de negociaciones, no requisitos previos. A pesar de que inspectores de la OIEA supervisaron el reemplazo de combustible en la central nuclear de Bushehr esta semana, no han obtenido más acceso. Las autoridades iraníes han criticado al organismo internacional, acusándolo de allanar el camino para potenciales ataques de Israel y Estados Unidos en junio.

Teherán también rechaza la legalidad de la activación del “snapback”, alegando que la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la imposición de duras sanciones —iniciadas bajo el entonces presidente Donald Trump y reforzadas por la administración de Joe Biden y, posteriormente, nuevamente por Trump— invalidan la autoridad de los europeos para reinstaurar sanciones.

La presión ha llevado a Irán a buscar alianzas con China y Rusia, también signatarios del acuerdo nuclear de 2015. Los ministros de Exteriores de los tres países emitieron este lunes un comunicado conjunto declarando que la medida europea contradice la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda el acuerdo nuclear, calificándola como “legal y procesalmente defectuosa”. Abogaron por abordar las causas raíz de la disputa y demandaron el abandono de sanciones y amenazas de fuerza.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a los estados europeos de “traicionar” el mandato del Consejo de Seguridad y convertirlo en “un instrumento de presión”. Araghchi manifestó en la red social X que la prioridad es restaurar la legalidad internacional y crear condiciones para el éxito de la diplomacia.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo una reunión de dos horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en la ciudad china de Tianjin.

Situación interna y crisis domésticas

La tasa de inflación en Irán permanece por encima del 35%, una de las más elevadas en el mundo. Un nuevo castigo internacional profundizaría la exclusión del país de los mercados globales y dificultaría aún más la venta de petróleo y otras exportaciones.

Irán enfrenta, además, diversas crisis internas agravadas por décadas de mala gestión y sanciones. La capital y extensas regiones del país sufren cortes diarios de electricidad debido al deterioro de la infraestructura y a la escasez de capacidad para afrontar la elevada demanda del verano. Estas interrupciones afectan tanto a la ciudadanía como a sectores industriales ya debilitados por las sanciones.

A ello se suma el severo problema de agua que aqueja a grandes zonas urbanas y rurales, alimentado por la sobreexplotación de recursos y sequías crecientes en los últimos años. Desde el conflicto más reciente con Israel, la conectividad a internet en el país se ha vuelto irregular y muchos servicios y plataformas internacionales siguen bloqueados por el Estado.

El sistema de posicionamiento global (GPS) continúa fuertemente alterado, sobre todo en la capital, sin que las autoridades hayan clarificado cómo estas medidas protegerán frente a posibles futuros ataques de Israel ni la duración prevista de las restricciones.

El tradicional modelo de vacaciones italianas, basado en largas jornadas familiares junto al mar y reservas anticipadas de tumbonas y sombrillas en playas privadas, comienza a mostrar signos de cambio, según constatan empresarios y vecinos en la costa. Esta temporada, los negocios costeros italianos han registrado de media una bajada del 15 % en la afluencia respecto al año anterior, una tendencia que afecta tanto a hosteleros como a servicios de playa y refleja nuevas pautas de consumo entre los turistas nacionales.

Una enorme reducción en la facturación respecto a temporadas anteriores

Según informan desde France Info, en Ostia, uno de los principales destinos de la costa de Roma, la situación se observa a pie de playa. Pasquale Lubrano, al frente del restaurante La Capannina, resume con datos la pérdida que ha sufrido este verano. “Antes, por la mañana vendíamos 50 cucuruchos de helado. Hoy, solo 10”, comenta, mientras repasa la caja diaria. La facturación se ha reducido hasta un 30 % respecto a temporadas anteriores, un golpe que interpreta como parte de un cambio más amplio en la forma en que los italianos planifican y disfrutan de las vacaciones.

La imagen de numerosas sombrillas desplegadas a lo largo de la semana empieza a escasear, sustituida por una estampa diferente, según reflejan los negocios locales. Quienes visitan la costa comparan precios, examinan detenidamente las cartas de los restaurantes y optan por un gasto contenido en restauración y ocio. La inflación registró un 1,7 % en julio - dato relevante para las familias - pero el impacto en los servicios vinculados a las vacaciones ha sido todavía más acusado, encareciendo salidas tradicionales como comer fuera o alquilar equipamiento de playa.

Menos días de vacaciones, nada de restaurantes

Entre quienes notan la diferencia está Paola, residente en Roma, que describe una nueva estrategia para afrontar el verano: “No comemos en restaurantes. Hemos cogido solo una semana de vacaciones y ahora simplemente vamos a la playa de vez en cuando”. Su decisión ilustra una tendencia extendida en el país: los italianos disfrutan menos días de vacaciones y apuestan en mayor medida por desplazamientos cortos a la montaña, donde las temperaturas invitan a buscar alternativas a la playa. La afluencia en destinos de montaña ha crecido un 5 % esta temporada.

Los operadores de playa, además, hacen frente a desafíos añadidos relacionados con el entorno. En Ostia, la erosión, la sobreexplotación y el deficiente mantenimiento de algunos tramos han recortado la superficie de arena utilizable para los negocios. Michele de Fazio, responsable de La Bonnaccia, muestra dos imágenes para entender el alcance del problema: “Esta es la playa en octubre de 2023 y esta es la playa esta mañana”. La diferencia resulta patente: la línea de costa retrocedió 70 metros en menos de un año. Una consecuencia directa para el negocio resulta en el siguiente dato: “Desde hace dos años, no puedo sacar 250 tumbonas, lo que supone una pérdida de 200.000 euros”, concreta De Fazio.

Frente a esta situación, los empresarios del litoral exploran ajustes para adaptar su oferta y recuperar parte del flujo perdido. Las exigencias europeas de competencia afectan también al modelo tradicional de gestión de playas privadas, que durante años operaron con concesiones prolongadas y escasa competencia directa.

El modelo de verano italiano evoluciona. La disminución de turistas nacionales en los arenales, la prudencia en el gastoy la creciente popularidad de los destinos de montaña figuran como principales factores de este cambio. La respuesta de los negocios locales, tanto en servicios como en la renovación de las infraestructuras y la adaptación a las condiciones ambientales, marcará la próxima temporada en el principal escaparate turístico del país transalpino.

Las autoridades colombianas pusieron de manifiesto la existencia de dificultades presupuestales que afectan tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como a la fuerza pública, en el contexto de la preparación para las elecciones de 2026. Durante una reunión encabezada por el procurador General de la Nación, Gregorio Elhach, el contralor General de la República, Carlos Rodríguez, reconoció la necesidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones para asegurar la transparencia y la seguridad del proceso electoral.

Al término del encuentro, representantes de los entes de control y de la fuerza pública ofrecieron una rueda de prensa en la que el contralor Rodríguez subrayó: “Hay unas dificultades desde el punto de vista presupuestal, en las cuales la colaboración armónica será fundamental para que tenga clara la ciudadanía que hay una fuerza pública unida”. Esta declaración puso en evidencia la preocupación existente por la insuficiencia de los recursos destinados a garantizar la integridad de los comicios.

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Rodríguez anunció que en las próximas horas comparecerá ante el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Legal de Cuentas, con el objetivo de presentar un análisis de la situación fiscal y definir una hoja de ruta que permita priorizar el presupuesto para la Registraduría y las Fuerzas Militares. El contralor precisó: “Mañana estaré ante el Congreso de la República en la Comisión Legal de Cuentas, analizando y presentando la situación fiscal del país. Hemos establecido una hoja de ruta prioritaria frente al tema de los recursos que deben priorizarse tanto para la Registraduría Nacional del Estado Civil como para nuestras Fuerzas Militares”.

Aunque el contralor reconoció que se ha incrementado el presupuesto asignado a las Fuerzas Militares, recordó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estos fondos están destinados principalmente a gastos de funcionamiento, mientras que la prioridad actual es la seguridad electoral. Rodríguez enfatizó: “Hay problemas, hay dificultades, pero no es la primera vez que se viven estas dificultades. Y el mensaje es claro y contundente. Como ha pasado en épocas anteriores, vamos a responderle al país y vamos a estar muy unidos en efecto de garantizar un proceso electoral transparente”.

Por su parte, el titular de la cartera informó que se han duplicado las medidas de protección para los candidatos presidenciales, pasando de 229 a más de 500 personas incluidas en los esquemas de seguridad. Esta ampliación busca reforzar la protección por el escenario electoral que se avecina.

En respuesta a las inquietudes sobre el orden público, tanto el registrador Carlos Hernán Penagos como el procurador Gregorio Elhach aseguraron que no existe motivo alguno para aplazar o suspender las próximas elecciones, confirmando que la jornada electoral se desarrollará según lo previsto y sin contratiempos.

Carlos Hernán Rodríguez contradijo a Petro sobre la deuda de las EPS

Durante una reciente intervención en medios de comunicación, el contralor Carlos Hernán Rodríguez subrayó que la cifra de $32,9 billones corresponde a los datos reportados por las propias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que su validez se sustenta en los estados financieros presentados por cada entidad. El contralor enfatizó: “la cifra está totalmente soportada”, y aclaró que no puede “sustentar ni argumentar la cifra del presidente” en referencia a los datos ofrecidos por Gustavo Petro.

En su declaración, Rodríguez evitó entrar en controversia con el presidente o con otros organismos de control. Expresó: “no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor Presidente de la República, ni con ningún organismo sujeto de control”. No obstante, reiteró que la cifra de $32,9 billones es la que la Contraloría puede certificar con base en la información disponible.

En efecto, precisó que el cálculo corresponde al corte del 31 de diciembre de 2024 y reconoció que desconoce el comportamiento de la deuda en lo que va del año siguiente, aunque consideró probable que haya aumentado. Insistió en que “esa cifra está totalmente soportada con base a los estados financieros que reportaron cada una de las entidades y ahí está el soporte en los informes”.

El contralor también se refirió a la diferencia con la cifra de $100 billones mencionada por el presidente. Señaló que no puede “ni argumentar ni sustentar la cifra de 100 billones que da el señor Presidente de la República” y sugirió que el mandatario, junto con su equipo técnico del Ministerio y la Superintendencia, dispondrá de herramientas para explicar ese monto, posiblemente incluyendo datos de entidades liquidadas desde la entrada en vigor de la ley.

En una reciente nota para Implacables (El Nueve), Noelia abrió su mundo íntimo y contó el momento difícil de crisis que vivieron junto a Ramiro. La bailarina fue transparente sobre un conflicto que los puso a prueba. “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, aseguró la artista, al revelar los detalles del problema y cómo encontraron la manera de revertirlo.

Lejos de disimular los altibajos y las diferencias, Marzol explicó que buscaron ayuda profesional y que esa decisión marcó un antes y un después. Durante las sesiones, lograron establecer un espacio de diálogo clave para entenderse mejor. Sobre aquella etapa, la artista fue contundente: “La terapia nos ayudó en esto de poder comunicarnos y contarnos más todo lo que nos está sucediendo”.

La comunicación, admitió, había sido el nudo central del conflicto. Pero la intención de reconstruir fue más fuerte. Así, no solo resolvieron ese momento puntual, sino que sentaron las bases para seguir adelante de otra forma. “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos”, señaló emocionada ante las cámaras, e hizo foco en el amor profundo y el compromiso intransferible que sostiene su vínculo día a día. “Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”, completó dejando en claro cuánto admira al papá de sus hijos.

El relato de la bailarina mostró una faceta honesta, alejada de los clichés. Frente al público, la bailarina señaló la importancia de pedir ayuda cuando aparecen crisis y destacó cuánto aportó a la pareja animarse a mostrar fragilidades. Su historia confirma que la decisión de construir una familia permanece firme, incluso después de las dificultades.

No fue la única vez que Marzol tocó el tema. Durante una entrevista con Infobae en abril, ahondó en las dificultades de la convivencia diaria y cómo la llegada de los dos hijos modificó la dinámica sentimental. “Y ahora estamos haciendo terapia de pareja. Nos cuesta mucho encontrar el momento para estar solos, mirar una película, ir a cenar, cosas simples. Antes Rami era muy atento conmigo, en cuanto a cuidarme, tener un esguince y ponerme hielo, llamarme para ver cómo estoy. Todo eso dejó de existir cuando tuvimos los dos nenes porque nos tenemos que ocupar más de ellos. Y a mí me agarró una angustia tremenda”, confesó Marzol a ese medio.

Los pequeños gestos y atenciones quedaron relegados por las demandas de la crianza. El cambio trajo angustia. Aun así, el deseo de seguir juntos siempre estuvo presente. Hubo un quiebre, sí, y fue en Córdoba, escenario de su mayor crisis: “Estuvimos muy mal, como diez días. Ahí decidimos hacer terapia. Nunca hubo falta de amor o deseo de separarnos, pero sí tuvimos una crisis grande y dejamos de salir porque ya no tenía ningún sentido, salíamos para pelear, así que nos propusimos tratar de arreglar esto primero”.

Al mirar el camino recorrido, Marzol dejó en claro la importancia del trabajo conjunto y la voluntad de darse segundas oportunidades. Hoy, junto con Arias, celebran haber apostado al diálogo y a la familia. Para la bailarina, amar también es saber enfrentar las tormentas y reconocer, sin vueltas, las estrategias que permiten seguir adelante.

La producción industrial en Argentina volvió a retroceder en julio de 2025. Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el sector registró una caída del 3,3% interanual, lo que confirma que la crisis fabril continúa sin dar señales de recuperación. La baja se suma a un ciclo de varios meses con desempeño negativo, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, el freno de la construcción y la inestabilidad macroeconómica.

El relevamiento de FIEL mostró que la mayoría de los bloques industriales cerró el mes con resultados en rojo. El sector de químicos y plásticos fue el más golpeado, con una contracción del 18,5% respecto a julio del año pasado. En segundo lugar se ubicó la producción automotriz, que retrocedió 16,7%, golpeada por la retracción de las ventas y las dificultades de la cadena de proveedores.

Otro rubro que evidenció una fuerte merma fue el de minerales no metálicos, con una baja del 13,8%, reflejo directo de la crisis de la construcción. A esto se sumaron las caídas en pasta y papel (-9,3%) y en cigarrillos (-4,5%). Por su parte, alimentos y bebidas se mantuvo sin cambios frente al año pasado, lo que en los hechos refleja un estancamiento.

Comportamiento dispar

El estudio también evidenció que algunos sectores lograron escapar de la tendencia general. El bloque de combustibles creció un 8,8%, acompañado por un aumento en la producción de metalmecánica (4,5%) y de metálicas básicas (3,7%). En tanto, los insumos textiles mostraron una leve recuperación del 0,3%, aunque el dato se da tras varios meses de caídas.

Este desempeño dispar refleja que, mientras algunos sectores vinculados a la energía y a la producción primaria encuentran cierto impulso, otros de mayor peso relativo en el producto industrial siguen atravesando un escenario muy complicado.

Una crisis de arrastre

El retroceso de julio no puede analizarse de manera aislada. Tal como publicó recientemente Infobae en base a un estudio del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), entre marzo y junio la producción industrial acumuló una caída del 2,1%, con cuatro meses consecutivos de contracción. Ese desempeño llevó a que la actividad fabril se ubicara en niveles similares a los de septiembre de 2007, es decir, casi 18 años atrás.

“Si observamos el comportamiento de la serie en el largo plazo, se advierte que el máximo desempeño productivo del sector se alcanzó en noviembre de 2011, mientras que los valores más recientes se ubican 13% por detrás de aquel pico de producción. De hecho, el nivel de actividad que reportan los datos más recientes es comparable al que se registraba hace más de 17 años, en septiembre de 2007. De esta manera, si bien durante el último año la industria manufacturera registró un incremento del 4%, aún le queda mucho terreno por recuperar”, precisa al respecto un informe de Tomás Rodríguez Zurro, Belén Maldonado y Patricia Bergero, investigadores de la Bolsa de Comercio.

Los autores reconocen que el freno en la recuperación fabril se produjo en un contexto económico “más ordenado que en los años previos, con un acomodamiento de las cuentas públicas y un progresivo proceso desinflacionario”, pero advierten que este “aún encuentra diversos desafíos” reflejados en la reciente volatilidad de tasas de interés y el tipo de cambio, “que tienen un impacto directo en la economía real”.

El estudio precisa que el cambio en la tendencia de la evolución industrial coincidió con el anuncio del nuevo régimen cambiario implementado en abril, con un aumento del tipo de cambio “que encareció el costo de los insumos, lo cual se tradujo en un freno en los niveles de actividad industrial”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas que pasan la noche en la vía pública alcanzó en mayo de 2025 el número más alto desde que comenzó la serie de relevamientos en 2021. Según los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), se contabilizaron 1.574 personas en situación de calle, lo que significa un aumento del 27% en comparación con noviembre de 2024, cuando habían sido registradas 1.236.

El relevamiento se realizó de manera conjunta con la Dirección General Red de Atención de la Subsecretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. El trabajo de campo se desarrolló entre las 18 horas de un día y las 6 de la mañana del siguiente, con equipos que recorrieron exhaustivamente todas las comunas porteñas. La metodología fue de carácter censal, es decir, abarcó la totalidad de las personas que pernoctaban tanto en la calle como en los Centros de Inclusión Social (CIS).

El informe indica que la población total en situación de calle ascendió a 4.522 personas en mayo de 2025. De ese total, el 65,2% (2.948 personas) se encontraba en un CIS, mientras que el 34,8% (1.574) dormía directamente en la vía pública. También se señala que en los CIS hubo un incremento respecto a la medición anterior: se alojaron a 135 personas más que en noviembre de 2024.

La comparación histórica muestra que en abril de 2023 se habían registrado 1.243 personas en calle, en abril de 2024 la cifra fue de 1.325 y en noviembre de ese mismo año se contabilizaron 1.236. El salto de los últimos seis meses llevó al número más alto en cuatro años. En paralelo, la población alojada en centros pasó de 2.813 a 2.948 en el mismo lapso.

Radiografía de la indigencia

Dentro de los CIS, el informe detalló que el 74,1% de las personas alojadas eran varones y el 25,8% mujeres. El peso relativo de los menores también fue significativo: el 15% tenía menos de 15 años, mientras que el 83% de los alojados superaba los 18. En términos de gestión, el 28,3% se encontraba en dispositivos administrados por el Gobierno de la Ciudad, el 31,8% en centros conveniados y el 40% en instituciones de gestión asociada.

En relación al lugar de nacimiento, el 35,4% de las personas alojadas en CIS nació en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 52,4% provenía de la provincia de Buenos Aires u otra provincia del país y el 11,8% del extranjero. Casi la totalidad de las personas relevadas contaba con documentación: el 96,2% tenía documento argentino y el 2,1% extranjero, mientras que sólo el 0,8% carecía de identificación.

La población relevada directamente en la calle también mostró un marcado predominio masculino: el 80,1% eran varones y el 12,9% mujeres. El grupo etario más numeroso correspondió a quienes tenían entre 19 y 59 años, que concentraron el 85,3% de los casos. Entre los mayores de 60 años se observó un 6,8%, mientras que los menores de 18 representaron apenas el 1,3%.

La distribución territorial fue heterogénea. La Comuna 1, que abarca Retiro, Constitución, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat y San Telmo, concentró el 29,9% del total de personas en situación de calle. Le siguieron la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) con un 13,3% y la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) con el 10,2%. En el otro extremo, las comunas con menor incidencia fueron la 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) con 1,5% y la 12 (Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Pueyrredón) con 1,7%.

En cuanto a los espacios de pernocte, el 81,4% de las personas observadas dormía en veredas, el 5,1% en plazas o parques y el 4,1% bajo autopistas. En menor medida se detectaron casos en terminales de transporte, entradas de hospitales, cajeros automáticos y lugares de culto.

El relevamiento también permitió caracterizar a la población en términos socioeconómicos. Del total de personas observadas en la calle que respondieron el cuestionario, el 64,8% declaró haber realizado alguna actividad remunerada en la semana previa al censo. Las tareas más frecuentes fueron changas (40,9%), cartoneo (40,7%) y pedido de dinero (28,6%). En menor medida se mencionaron la venta ambulante y otros trabajos informales.

El acceso a ingresos no laborales alcanzó al 26,3% de la población entrevistada, principalmente a través del Programa Ciudadanía Porteña, que representó el 70,9% de los casos. También se mencionaron jubilaciones y pensiones (26,9%), asignaciones y otros subsidios.

En el plano educativo, el nivel alcanzado resultó bajo: el 18,3% sólo había cursado parte de la primaria sin completarla, el 23% terminó ese nivel, mientras que el 27,2% inició la secundaria pero no la concluyó. Apenas un 18,9% finalizó la escuela media y los porcentajes de estudios superiores completos fueron muy bajos: sólo el 2,9% llegó a graduarse en un nivel terciario o universitario.

El informe también relevó el tiempo que las personas llevaban viviendo en la Ciudad. Entre quienes respondieron, el 28,9% había nacido en Buenos Aires, mientras que el 59,4% residía en ella desde hacía más de un año. Un 10,2% señaló estar en la Ciudad desde menos de doce meses, y un 1,5% no respondió.

Otro dato destacado se refiere a la frecuencia con que las personas permanecen en la calle: el 88,1% de los entrevistados dijo haber dormido allí todos los días de la semana previa al operativo, lo que refleja la estabilidad de esta condición y su carácter estructural.

LUNES, 18 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Miles de niños en riesgo de suicidio o en medio de la depresión pasan días languideciendo en las salas de emergencias de los hospitales, a la espera de tratamiento, según un estudio reciente.

Más de 1 de cada 10 niños enviados a un hospital por una afección de salud mental terminaron esperando en la sala de emergencias de tres a siete días antes de que hubiera una cama disponible, informaron los investigadores el 15 de agosto en JAMA Health Forum.

La práctica, conocida como "internado", se ha vuelto cada vez más común a medida que la capacidad de los hospitales para el tratamiento hospitalario no ha podido mantenerse al día con el creciente número de niños en crisis, dijeron los investigadores.

"En un mundo perfecto, el abordaje no ocurriría en absoluto", dijo el investigador principal, John McConnell, director del Centro de Efectividad de los Sistemas de Salud de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de reclamaciones de Medicaid de 2022 que involucraron 255,000 visitas a emergencias por afecciones de salud mental entre niños de 5 a 17 años en 44 estados de EE. UU.

En general, más de 1 de cada 10 visitas a la sala de emergencias relacionadas con la salud mental terminaron durando tres o más días, mientras los niños esperaban atención.

En cinco estados, ese abordaje ocurrió en más de 1 de cada 5 visitas de este tipo, dijeron los investigadores. Esos estados fueron Montana, Carolina del Norte, Maine, Florida y Iowa.

Desafortunadamente, con frecuencia no es posible dar de alta a un niño en crisis ni a su hogar ni a un centro residencial de salud conductual, dijeron los investigadores.

"Si usted es padre y su hijo está teniendo una crisis, puede ir al departamento de emergencias y luego, idealmente, encontrar un lugar más adecuado para recibir atención después de eso", dijo McConnell en un comunicado de prensa. "Desafortunadamente, este estudio revela que a menudo no hay lugar para enviarlos".

Solo en el Hospital Infantil Doernbecher de OHSU, la cantidad de niños que requieren una consulta psiquiátrica en la sala de emergencias se ha triplicado, aumentando a 453 el año pasado de 150 en 2016, dijo la Dra. Rebecca Marshall, profesora asociada de psiquiatría de OHSU.

"Las enfermeras y los médicos que se dedican a la atención pediátrica lo hacen porque les gustan los niños y quieren que les vaya mejor", dijo Marshall, que no participó en el estudio.

"Cuando hay un niño que languidece en el departamento de emergencias y no puede recibir la atención que necesita, su condición puede empeorar", dijo en un comunicado de prensa. "Es desmoralizador y abrumador, especialmente cuando intentas hacer malabarismos con muchos otros niños que también necesitan atención".

Los hospitales de EE. UU. en general se enfrentan a una crisis con respecto al internado de pacientes en la sala de emergencias, según estudios anteriores.

Por ejemplo, entre el 25% y el 35% de todos los pacientes de emergencias que requieren hospitalizaciones terminan esperando cuatro o más horas para que se abra una cama, según un informe publicado a principios de este mes en la revista Health Affairs.

Peor aún, casi un 5 por ciento de los pacientes admitidos durante los meses pico de invierno esperaron un día completo por una cama, y casi un 3 por ciento esperaron ese tiempo durante los meses de menor actividad, mostraron los resultados de Health Affairs .

Los nuevos resultados muestran los problemas especiales asociados con la escasez de atención de salud mental adecuada para los niños, dijo McConnell.

Si usted o alguien que conoce tiene tendencias suicidas, llame a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis al 988 o acuda a 988lifeline.org.

Más información

El Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia ofrece más información sobre el abordaje y el hacinamiento en las salas de emergencias.

FUENTES: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, comunicado de prensa, 15 de agosto de 2025; Foro de salud de JAMA, 15 de agosto de 2025

El Ministerio de Cultura de Perú (Mincul) mantiene la venta presencial obligatoria de 1.000 boletos diarios en Machu Picchu Pueblo, de un total de 5.600 disponibles, mientras el resto se comercializa en la web oficial y con operadores autorizados. Sin embargo, la decisión —tomada en 2022 y cuestionada por más de 30 gremios turísticos— ha generado caos, afectando tanto la imagen internacional del destino como la economía de los visitantes.

Turistas atrapados en colas y precios en alza

Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de viajeros —muchos recién llegados en el tren de las seis de la mañana— corren hacia el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo para asegurar uno de los codiciados boletos presenciales. En algunos casos, las filas superan el centenar de personas antes del amanecer y se prolongan hasta el mediodía, momento en el que las entradas se agotan.

La venta online tampoco ofrece alivio: las entradas digitales están agotadas hasta septiembre, según confirmó la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa. Esto obliga a quienes no reservaron con antelación a permanecer varios días en el distrito, gastando en alojamiento y comida sin garantía de acceso. “Todito cómo están con sus niños. ¿No le da pena? Mira cómo nos hacen pasar eso a nosotros”, reclamó una visitante que llevaba tres días en espera.

El problema se agrava por el aumento de precios en Machu Picchu Pueblo, donde hoteles y restaurantes han elevado sus tarifas hasta en un 100 % durante la temporada alta, de acuerdo con Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Turismo de Cusco. Ante este panorama, algunos turistas optan por hospedarse en Santa Teresa, accesible por tren hasta la hidroeléctrica y luego en transporte terrestre, buscando opciones más económicas.

Críticas al manejo del Ministerio de Cultura

Las asociaciones de turismo acusan al Mincul de ignorar las recomendaciones de eliminar la venta presencial y trasladar toda la distribución de entradas a la plataforma virtual. Para Juan Stoessel, CEO de Casa Andina y vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco (Cartuc), en declaraciones a Perú21, las colas interminables y la venta diferida de boletos fuerzan a los turistas a quedarse más días en el pueblo, beneficiando a ciertos negocios a costa de la experiencia del visitante.

El nuevo protocolo, en vigor desde el 1 de agosto, incluye cinco ventanillas, eliminación del pre-ticket y aceptación de todos los medios de pago. Sin embargo, gremios como la Cartuc y la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco aseguran que es insuficiente y no ataca el problema de fondo. También señalan que el Mincul debería limitarse a la conservación del patrimonio, mientras la gestión turística debería recaer en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Sernanp para el manejo del entorno natural.

A esto se suman denuncias sobre vigilantes que cobrarían sobornos para permitir el acceso al circuito 2, el más completo y demandado, a visitantes que solo tienen entrada para el circuito 1. “Dependiendo del controlador, puede permitirle el acceso. Si ese acceso es pagado o no, eso va a depender de los principios morales del controlador”, afirmó Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco.

Mientras el debate continúa, Machu Picchu sigue recibiendo miles de turistas cada día, pero el sistema de ingreso actual parece incapaz de responder a la demanda. El resultado: visitantes que viajan desde distintos puntos del mundo para encontrarse con filas eternas, boletos agotados y una experiencia muy distinta a la que imaginaron.

Después de que la vicepresidente, Francia Márquez, declaró públicamente que había sido utilizada durante la campaña presidencial de 2022 para luego ser relegada en el Gobierno de Gustavo Petro, se pensó que la relación entre la caucana y el mandatario estaba destruida.

Sin embargo, fue sorpresivo que, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, que se celebró en Leticia, Márquez reapareció en un evento público al lado del presidente.

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Junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Defensa, Pedro Sánchez, el evento se llevó a cabo sin complicaciones y dejó varias fotografías de Márquez y Petro juntos, como cuando eran fórmula de campaña en los comicios de 2022.

“Fui testigo hoy del saludo entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en Leticia. Querido, cálido y natural”, escribió en su cuenta de X Armando Benedetti, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre el rencuentro entre las figuras más importantes del Gobierno nacional.

¿Reconciliación o estrategia?

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Juan Nicolás Garzón analizó lo registrado en Leticia, que para parte de la oposición hace parte de una estrategia de cara a las elecciones de 2026.

En primer lugar, indicó que no es suficiente una fotografía y un mensaje del ministro del Interior para que el país olvide las declaraciones recientes de Petro y Márquez.

“Más allá de que efectivamente el ministro del Interior hable del encuentro cálido y amable, definitivamente las formas entre el presidente y la vicepresidenta se mantienen en público, pero cada uno, de manera independiente, han expresado su inconformidad y diferencias. Eso es más diciente que una mención simple”.

Desde un rol objetivo, el analista indicó que no considera que se trate de una estrategia política, sino un comportamiento con el que las dos partes buscan proteger su imagen, pero no descartó que esto provoque movimientos para el inicio de las campañas del próximo año.

“Para cualquiera de los dos es inconveniente salir y parecer enemigos o groseros, repito, ha sido particularmente diciente lo que se ha registrado en escenarios en los que ellos se han expresado de manera nada positiva del otro. Las diferencias son profundas por el tono de las menciones, hacia el futuro no sé si hay cambio de estrategia, al final Márquez ya le apostó a tomar distancia del Gobierno y eso difícilmente puede cambiar; sin embargo, todos sabemos que la política es dinámica, no sería extraño que en el futuro hablen de acercamientos, eso sí, estratégico”.

Al hablar de este tipo de acciones en el ámbito político, Garzón recordó que no serían las primeras figuras públicas que arreglan sus diferencias por un bien objetivo, mencionando que “las fuerzas se van acomodando con el paso del tiempo, no solo para Gustavo Petro y Francia Márquez, sino para todos los políticos”.

Para Juan Nicolás Garzón, no sería real hablar de un cambio notorio en el panorama político en caso de que Márquez y Petro vuelvan a trabajar juntos, puesto que considera que el presidente no requiere de la caucana para mejorar su imagen como en el pasado.

“Sería algo muy aventurero decir que esto puede cambiar el tono de las elecciones, sería muy apresurado porque no está claro. En el caso del presidente sí es algo grande el guiño al candidato que elija, pero no el rumbo político de Francia Márquez, eso no es para nada claro”.

En ese sentido, indicó que los tres años del Gobierno Petro marcan una derrota para Francia Márquez, que en ese tiempo perdió la popularidad que tenía.

“Se desdibuja un poco la figura de Márquez, ha perdido peso, a diferencia de lo que pasaba hace tres años, cuando era hasta un símbolo, hoy en día su gestión y lo que ha pasado han provocado que tengamos una Francia Márquez disminuida, sin el mismo protagonismo de antes”.

El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Cristian Sanz, advirtió públicamente sobre la situación crítica que atraviesa el transporte de cargas en Argentina, un sector que moviliza más del 90% de la producción nacional. En una reciente entrevista televisiva, Sanz enumeró los principales desafíos que enfrenta la actividad: rutas en mal estado, costos crecientes, falta de diálogo con las autoridades y problemas con la emisión de licencias profesionales.

“Venimos advirtiendo desde hace años el deterioro progresivo de la infraestructura vial”, expresó Sanz, al referirse al informe técnico que la entidad viene elaborando desde hace tres años y que fue presentado a distintas administraciones, sin respuesta efectiva. El dirigente subrayó que el panorama se agravó durante el último año y medio, ante la paralización de la obra pública. “No lo atribuimos a un solo gobierno, pero sí es evidente que la situación ha empeorado”, remarcó.

Rutas colapsadas y accidentes en zonas estratégicas

Uno de los tramos más comprometidos, según Sanz, es la zona de acceso norte a Vaca Muerta, por donde circulan entre 500 y 600 camiones diarios cargados con arena para fractura hidráulica. “Ese camino parece sacado de una zona de guerra. Es la única vía de entrada y salida para una de las principales regiones productivas del país”, advirtió. La preocupación se intensificó tras el reciente accidente en el que fallecieron dos funcionarios de Neuquén embestidos por un camión, y otros choques en rutas clave como la 151, que une La Pampa, Río Negro y Neuquén.

A esto se suman los problemas estructurales en rutas como la 7 y la 8 en la región patagónica, donde la combinación entre alta circulación de vehículos pesados y falta de mantenimiento deriva en demoras, mayores costos operativos y un riesgo constante para la seguridad vial.

Licencias profesionales sin controles adecuados

Otro punto crítico señalado por Sanz es la emisión irregular de licencias para conductores profesionales por parte de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la provincia no adhirió al nuevo esquema nacional que exige dos requisitos fundamentales: la aprobación de un curso de capacitación y un examen psicofísico obligatorio.

“Nos preocupa que se estén emitiendo licencias sin cumplir con estas condiciones. Son legales, pero tienen un vicio de origen, y esto puede traer consecuencias graves en caso de siniestros o disputas con compañías de seguros”, explicó. La provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de conductores del país, por lo que la situación reviste especial gravedad.

FADEEAC, a través de su Fundación Profesional para el Transporte, impulsa un modelo de formación permanente con más de 80 sedes en todo el país, incluyendo un centro de capacitación de referencia en Escobar. Desde la entidad proponen que el nuevo esquema nacional de licencias sea implementado de forma uniforme en todo el territorio argentino.

Sin respuesta del Gobierno nacional

Durante la entrevista, Sanz también lamentó la falta de diálogo con el actual Gobierno. “Todavía no fuimos convocados por ninguna autoridad nacional. Ni siquiera obtuvimos una audiencia con el secretario del área, que asumió hace ya dos meses”, expresó. FADEEAC se ofreció a colaborar activamente en el diseño e implementación de soluciones, tanto en infraestructura como en seguridad vial y formación profesional, pero aún no obtuvo respuesta.

“La situación de las rutas no se resuelve sin un trabajo conjunto. Estamos dispuestos a aportar, pero necesitamos ser escuchados”, insistió Sanz. También vinculó los problemas del sector a cuestiones políticas, al señalar que la falta de adhesión de Buenos Aires al nuevo esquema de licencias podría responder a disputas entre jurisdicciones.

Impacto económico y urgencias regionales

El impacto del deterioro vial no solo repercute en los costos logísticos —que, según el último índice de FADEEAC, subieron un 4,03% en julio, el mayor aumento del año—, sino también en economías regionales afectadas por eventos extremos. Sanz hizo hincapié en el caso de Bahía Blanca, ciudad de la que es oriundo, gravemente dañada por recientes inundaciones: “La infraestructura local está destruida. Sin ayuda estatal, será imposible recomponer la situación”.

Con más de 6.000 empresas nucleadas en 43 cámaras de todo el país, y alrededor de 100.000 trabajadores bajo convenio, FADEEAC representa a un sector que considera clave para el desarrollo productivo argentino. Sus reclamos, sin embargo, siguen esperando respuesta.

Así dijo a EFE su hijo menor, Richard Contreras, quien detalló que su padre fue detenido el pasado 9 enero, en el contexto de la protesta convocada por la líder opositora María Corina Machado, quien salió a la calle, en Caracas, para exigir el respeto al triunfo que, asegura, obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral proclamó mandatario reelecto a Nicolás Maduro.

"Lo que dicen los médicos es que él tiene que ser operado de la próstata. No se ha podido operar en años anteriores y ahora estamos en esta situación", afirmó Contreras.

Asimismo, indicó que viajó a Caracas para presentar los informes médicos al abogado público asignado en el caso, para así dar cuenta de las condiciones de salud de su padre, que se han agravado en los últimos meses, según dijo, y ha derivado en otras complicaciones, como cálculos renales y estreñimiento.

"No sabemos el por qué no se han presentado los informes médicos ante la Fiscalía, ante el juez, de la patología de papá. Nosotros se los dimos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y yo personalmente viajé a Caracas y se los entregué al abogado defensor asignado en ese momento", señaló.

Además, denunció que su padre, quien tiene una sonda urinaria, está recluido en un calabozo de la GNB "donde hay más de 90 detenidos", "un solo baño" y el calor es "insoportable".

Por tanto, pidió a las autoridades que otorguen una medida a su padre para que, de esta manera, pueda salir de prisión y ser atendido.

"A papá no le quedan muchos años de vida. Entonces que los pase con sus familiares (sus cuatro hijos) con sus (diez) nietos", agregó.

En una rueda de prensa celebrada en el paso de Rafah, diversas organizaciones civiles egipcias denunciaron este miércoles que "miles de camiones con ayuda humanitaria siguen esperando entrar en Gaza" y reclamaron a la comunidad internacional que "se solidarice contra esta guerra atroz e injusta".

“Basta ya”, clamó uno de los portavoces de la denominada Coalición Nacional para Gaza, “la ayuda está lista, pero no llega a quienes la necesitan desesperadamente”, afirmó.

“Estamos aquí cada día en Rafah, esperando que nos dejen pasar”, declaró el vicepresidente de la fundación Sonna al Hayah, Hamed Ibrahim.

“Pedimos a la conciencia del mundo que se movilice. La gente en Gaza muere de hambre y los bombardeos continúan”, concluyó Ibrahim.

Además de las cifras oficiales, varios camioneros entrevistados por EFE relataron en primera persona las condiciones de espera en la frontera y las dificultades que enfrentan en Kerem Shalom, en Israel.

“La inspección es muy lenta, casi no trabajan y no dejan que nadie entre”, explicó uno de los conductores. “Cada día cruzan entre cinco y diez camiones como máximo. No permiten comida fresca, solo latas. También rechazan la harina. Es muy injusto lo que está pasando”.

Otro transportista señaló que lleva casi diez días en la zona. “Pueden entrar 300 camiones, pero solo dejan pasar 50 o 70. Ayer, de 500 listos, solo pasaron 70. Y a veces nos hacen volver sin explicación”, denunció.

“Nos inspeccionan con escáneres, perros y detectores. Nosotros esperamos en caravanas. No tenemos miedo, pero sentimos que la situación es absurda. O rompemos el cerco con nuestra ayuda o morimos como mártires, no nos importa”.

Algunos productos son devueltos por criterios que los conductores consideran “arbitrarios”, como “llevar tijeras médicas, sacos de dormir de color verde o paquetes con harina”, relataron.

Las organizaciones denunciaron que las "pausas tácticas" del Ejército israelí no han supuesto una mejora significativa en el acceso humanitario y pidieron la reapertura estable del paso de Rafah con garantías para el flujo de ayuda.

El Ejercito del Estado judío anunció el pasado 27 de julio “pausas tácticas” en su actividad militar, con el objetivo de permitir la distribución de ayuda humanitaria ante la creciente preocupación por el aumento del hambre en el territorio.

La Media Luna Roja Egipcia anunció que desde entonces han sido autorizados 800 camiones con unas 8.000 toneladas de ayuda, en su mayoría productos alimentarios y medicinas, aunque más de 200 vehículos preparados siguen detenidos en Rafah.

Las autoridades egipcias insisten en que podrían movilizar al menos 500 camiones diarios, cifra similar a la que Gaza recibía antes del estallido de la guerra en octubre de 2023, pero denuncian que las limitaciones israelíes impiden ese volumen.

Según datos ofrecidos en la rueda de prensa, desde el inicio de la guerra han salido de Egipto más de 36.000 camiones con ayuda humanitaria, lo que equivale a medio millón de toneladas.

La directora ejecutiva de la Media Luna Roja Egipcia, Amal Imam, destacó que las operaciones se realizan en coordinación con agencias de la ONU.

“Desde el inicio de la crisis hemos enviado ayuda desde todas las provincias egipcias. Esta es una epopeya nacional popular, no solo una operación logística”, afirmó.

Imam explicó que, desde la última reactivación parcial del paso el 27 de julio, se han enviado cerca de 1.500 toneladas diarias de ayuda bajo el convoy 'Zad al Izaa' (Provisión del Orgullo), aunque la mayoría de los camiones siguen esperando autorización.

Al menos 180 personas han muerto en Gaza por hambre o desnutrición desde el comienzo de la guerra, incluidos 93 menores, según el último recuento de las autoridades sanitarias locales, publicado este lunes.

Ahmed Gamal, de la fundación Sonaa al Kheir, destacó que la sociedad civil egipcia ha movilizado más de 250.000 voluntarios desde el inicio de la guerra.

“Estamos listos para enviar toda la ayuda necesaria o incluso más”, concluyó.

Pablo de Aguinaco Berrio

El Ministerio de Educación Nacional hizo una rueda de prensa para mostrar resultados de la gestión de la cartera durante el Gobierno Petro, y con énfasis en las tareas que estaría desarrollando el actual ministro de Educación, Daniel Rojas.

A través de redes sociales, tanto el ministro, como las comunicaciones oficiales de la cartera, han buscado informar los avances en programas implementados, así como en las cifras de los nuevos estudiantes matriculados en las universidades públicas del país, y la aparente disminución de la deserción académica en la educación superior.

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Uno de los mensajes más insistentes por parte del equipo de la cartera también fue desmentir un señalamiento con el que se le acusa de, presuntamente, duplicar artificialmente las cifras de los nuevos cupos en las instituciones de educación superior públicas del país, a través de un procedimiento “engañoso”.

Las voz prominente de esta denuncia es la congresista opositora Cathy Juvinao, que en durante las últimas semanas de julio ha estado anunciando en sus redes y con ruedas de prensa que la cifra que expone el ministerio sobre 190.000 nuevos cupos en universidades sería “engañosa”.

“Luego de revisar las respuestas del @Mineducacion a 6 solicitudes desde nuestra oficina, y de revisar la fórmula que ideó el @DNP_Colombia para contar ‘nuevos cupos’ en las universidades públicas, podemos afirmar que la cifra de 190.000 nuevos cupos es engañosa“, escribió Juvinao.

Al respecto, el Ministerio ofreció una exposición de resultados para desmentir las denuncias.

En sus redes publicaron voceros que “el ministro @DanielRMed presenta las cifras oficiales que confirman que el modelo de educación superior del presidente Petro es exitoso. No se dejen engañar, la educación superior pública crece como nunca antes con más matrículas, más cobertura y más jóvenes accediendo a la universidad sin pagar ¡#MejorEstudiar gratis y con cobertura!“.

Durante la exposición de datos, el ministro Rojas contrargumentó los señalamientos de Cathy Juvinao, que asegura que el Gobierno está hablando de cupos y no de nuevos estudiantes.

Sin embargo, Rojas, en sus declaraciones, afirmó que la gestión actual ha permitido que ingresen “2.553.560 personas estudiantes matriculados en la educación superior. Si alguien quiere investigar, realmente investigar. Si estas cifras corresponden a la realidad o no, podría ir a averiguar cada documento de matrícula y encontrará un nombre y un apellido, un número de cédula, una familia, una historia. Personas, no sillas, personas, seres humanos. Por eso hablamos de potencia mundial de la vida. Estos son vidas 2.553.560 personas, la cifra más alta", dijo.

La denuncia de Cathy Juvinao

La legisladora del Congreso sostuvo que, según sus verificaciones y el asesoramiento técnico de especialistas, las cifras reportadas estarían infladas.

Juvinao señaló que ninguno de los 102 proyectos de infraestructura universitaria anunciados por el Gobierno ha sido completado y que los 110.000 cupos proyectados no existen actualmente.

“Ninguno de estos proyectos ha sido terminado en su totalidad y cerca de 110.000 nuevos puestos, que ellos proyectan en esas nuevas infraestructuras, tampoco han sido creados”, declaró.

La congresista alertó sobre posibles inconsistencias en la metodología empleada por el Ministerio de Educación para contabilizar los nuevos cupos estudiantiles.

Según explicó, la cartera dirigida por Daniel Rojas registraría como nuevos ingresos, en años consecutivos, a estudiantes ya matriculados, produciendo una suma artificial de beneficiarios.

La representante explicó: “Hicimos el ejercicio con una fórmula alterna, con asesoría de expertos, y nos daría que si estuviéramos hablando de matrículas de primer ingreso no serían 190.000, como reporta el Gobierno, sino 125.000”.

A su vez, el Gobierno sigue defendiéndose. Afirmó que “las cifras hoy hablan, estamos sumando estudiantes. En solo 2 años abrimos 190 mil cupos gratuitos en Instituciones de Educación Superior públicas. Sí, ¡190 mil! Eso es como llenar 5 veces el Estadio El Campín de Bogotá, pero de sueños, no de humo. #MejorEstudiar con nuevos cupos es posible y gratis. ¡Viva la U!“.

Incluso, pullaron al Gobierno del expresidente Iván Duque: “El #GobiernoDelCambio ha llegado a 190.000 nuevos cupos para que los y las jóvenes colombianos estudien lo que quieran, gratis y en su territorio. Nuestro modelo escalonado muestra que, en solo dos años, hemos creado el 95,5% de los cupos que el gobierno de Duque generó en sus cuatro años completos”.

La crisis económica que enfrenta Sinaloa, derivada de la fuerte ola de violencia del estado, coloca a miles de personas en la necesidad de buscar alternativas para sobrevivir.

El desempleo creciente empuja a la población a migrar de empleos formales al comercio ambulante, fenómeno que se expresa con mayor fuerza en banquetas, mercados y tianguis de las principales ciudades del estado.

La informalidad gana terreno como refugio inmediato frente a la falta de oportunidades laborales, en una dinámica transversal que impacta tanto a quienes perdieron su trabajo como a quienes lo conservan con condiciones precarias.

En Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y otras ciudades, las calles se llenan de puestos improvisados.

Personas que hasta hace poco contaban con un ingreso fijo optan por vender ropa, alimentos, accesorios y otros productos al menudeo.

Esta tendencia responde a la dificultad para encontrar nuevas oportunidades en el sector formal, saturado y afectado por una recesión que impacta a la mayoría de los sectores productivos.

Negocios establecidos cierran por la falta de ventas y por el alza de precios en insumos, lo cual deriva en despidos y recortes de personal.

Las cifras de desempleo se mantienen altas, mientras la economía informal absorbe a un número cada vez mayor de excluidos.

La regulación sobre el ambulantaje disminuye en el contexto actual y la capacidad de los gobiernos municipales para ordenar a los vendedores informales resulta insuficiente o poco efectiva.

La inflación complica la situación. Los elevados precios de la canasta básica, servicios y materias primas debilitan aún más el poder adquisitivo de las familias ya impactadas por la pérdida de empleo.

Al no contar con apoyos gubernamentales efectivos y suficientes, muchas personas se ven forzadas a improvisar medios de subsistencia en las calles.

Diversos comerciantes ambulantes señalan que han solicitado apoyos o facilidades a autoridades municipales, sin que haya una respuesta o programas reales que mitiguen la precariedad.

El escenario de informalidad también enfrenta riesgos asociados a la inseguridad.

Ambulantes y tianguistas denuncian robos, cobros de piso y extorsión.

Estas condiciones, sumadas a la falta de protección social y derechos laborales, vuelven aún más vulnerable a quienes dependen de esta actividad.

A pesar de ello, la venta informal representa la única alternativa para quienes carecen de otras opciones ante el avance del desempleo.

¿Qué provocará el aumento del comercio no regulado en Sinaloa?

Expertos advierten sobre el círculo vicioso que se genera: la informalidad crece por el desempleo, pero el crecimiento de la economía informal debilita la base tributaria y la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios y apoyos sociales, perpetuando así los problemas estructurales.

Organizaciones de comerciantes y algunos sectores empresariales demandan un plan integral, que incluya apoyos económicos, capacitación y medidas de seguridad.

La expansión del comercio ambulante en Sinaloa no solo refleja el impacto inmediato de la crisis económica, sino que también representa un desafío de largo plazo para las autoridades en términos de regulación, inclusión y bienestar social.

Mientras tanto, las calles permanecen como testigo de la adaptación forzosa de miles de trabajadores sinaloenses ante la falta de empleo formal.

“Lo que me quita el sueño es que actores maliciosos desarrollen este tipo de IA antes de que podamos defendernos”. Con esta advertencia, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expuso ante la Reserva Federal de Estados Unidos su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y su potencial para desencadenar amenazas de una magnitud inédita.

El temor de Altman no se limita a los fraudes cotidianos: contempla la posibilidad de que una IA superinteligente llegue a provocar daños masivos, desde ataques a infraestructuras críticas hasta la fabricación de armas biológicas.

En este contexto, el líder de la empresa creadora de ChatGPT subrayó la urgencia de anticipar y contrarrestar los riesgos, antes de que la tecnología escape al control humano.

Qué piensa Sam Altman sobre el uso de inteligencia artificial en fraudes

La intervención de Altman ante la Reserva Federal se centró en los peligros inmediatos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito del fraude.

El directivo alertó sobre la facilidad con la que las nuevas herramientas permiten imitar la voz humana y suplantar identidades, lo que representa una amenaza directa para los sistemas de seguridad que aún dependen de la biometría de voz.

 “Algo que me aterra es que, al parecer, todavía hay instituciones financieras que aceptan la huella de voz como autenticación para mover grandes cantidades de dinero”, afirmó Altman, quien considera que estos mecanismos han quedado obsoletos frente a la capacidad de la IA para replicar patrones vocales con precisión.

Cómo será el avance de estafas que utilizan inteligencia artificial

El CEO de OpenAI calificó la situación como una “crisis de fraude inminente” y advirtió que los ataques no se limitarán a simples llamadas telefónicas. Según su análisis, la tecnología ya permite generar videollamadas completamente realistas, lo que dificultará aún más la verificación de la identidad en entornos digitales.

Esta evolución, explicó Altman, amplía el espectro de vulnerabilidades y exige una revisión urgente de los protocolos de autenticación utilizados por bancos y otras instituciones.

Qué casos se han visto donde la IA es usada para suplantación de identidad

Las preocupaciones de Altman coinciden con las alertas emitidas por el FBI, que ha investigado intentos de fraude mediante voces clonadas por inteligencia artificial. Uno de los casos más recientes involucró la suplantación de la voz del senador Marco Rubio, usada para contactar con responsables políticos y diplomáticos.

Este episodio ilustra la facilidad con la que los atacantes pueden manipular la confianza en la comunicación digital, aprovechando la sofisticación de las herramientas de IA para engañar incluso a interlocutores experimentados.

Cuál es la probabilidad de que la inteligencia artificial supere a los humanos

Más allá del fraude financiero, Altman planteó ante la Reserva Federal un escenario de riesgo sistémico: la posibilidad de que la inteligencia artificial supere las capacidades humanas en la próxima década.

Este salto cualitativo, advirtió, podría situar a gobiernos y sociedades ante desafíos sin precedentes, especialmente en un contexto de competencia geopolítica con potencias del continente asiático.

Para el directivo, el equilibrio entre innovación y protección resulta imprescindible, porque la carrera tecnológica podría dejar a los sistemas de defensa rezagados frente a actores maliciosos.

Cómo prevenir los riesgos relacionados con el mal uso de la inteligencia artificial

Como parte de las respuestas a estos desafíos, Altman mencionó su apoyo a The Orb, un dispositivo desarrollado por Tools for Humanity que busca autenticar identidades humanas en entornos digitales.

Esta tecnología aspira a convertirse en una solución eficaz frente a los riesgos crecientes de suplantación y manipulación digital, ofreciendo un método robusto para distinguir entre usuarios reales y entidades generadas por IA.

Este tipo de intervenciones, como la de Altman ante la Reserva Federal refleja la inquietud de los líderes tecnológicos ante el ritmo acelerado de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer mecanismos de protección eficaces.

El gobierno sirio comenzó el lunes a evacuar a familias beduinas atrapadas en la ciudad de Sweida, donde milicianos drusos y combatientes beduinos se han enfrentado durante más de una semana.

Los enfrentamientos entre las milicias de la minoría religiosa drusa y los clanes musulmanes sunitas causaron cientos de muertes y amenazaron con desestabilizar la ya frágil transición posbélica de Siria. Los enfrentamientos también provocaron una serie de ataques sectarios selectivos contra la comunidad drusa, seguidos de represalias contra los beduinos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU informó que unas 128.571 personas fueron desplazadas en las hostilidades que comenzaron con una serie de secuestros y ataques recíprocos hace una semana.

Israel también lanzó docenas de ataques aéreos en la provincia de Sweida, de mayoría drusa, contra fuerzas gubernamentales que se habían aliado efectivamente con los beduinos.

Medios estatales sirios informaron el domingo por la mañana que el gobierno había coordinado con algunos funcionarios de Sweida el traslado de autobuses para evacuar a unos 1.500 beduinos de la ciudad. El ministro del Interior sirio, Ahmad al-Dalati, declaró a SANA que la iniciativa también permitirá el regreso de los civiles desplazados de Sweida, ya que los combates han cesado en gran medida y continúan los esfuerzos para un alto el fuego total.

“Hemos impuesto un cordón de seguridad en las inmediaciones de Sweida para garantizar su seguridad y detener los combates allí”, declaró al-Dalati a la agencia de noticias estatal siria. “Esto preservará el camino que conducirá a la reconciliación y la estabilidad en la provincia”.

Autobuses llenos de familias beduinas fueron acompañados por vehículos de la Media Luna Roja Árabe Siria y ambulancias. Algunas familias partieron en camiones con sus pertenencias.

Las autoridades sirias no dieron más detalles sobre la evacuación y cómo se vincula con el acuerdo más amplio, luego del fracaso de las conversaciones para un intercambio de rehenes el sábado.

Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un organismo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra, dijo que, como parte del acuerdo, los combatientes beduinos tendrían que liberar a las mujeres drusas que mantenían cautivas y abandonar la provincia.

Los combatientes beduinos se habían retirado de la ciudad de Sweida el domingo y, junto con otros miembros de tribus de otras partes del país, permanecieron en las afueras mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona. Un convoy de ayuda de unos 32 vehículos de la Media Luna Roja entró en la ciudad, aunque una delegación gubernamental con otro convoy de ayuda fue rechazada.

Después de que las negociaciones para un intercambio de rehenes fracasaran el domingo por la noche, el Observatorio y grupos activistas en Sweida informaron haber escuchado lo que dijeron eran ataques aéreos y helicópteros israelíes sobre aldeas donde tuvieron lugar algunos enfrentamientos entre los beduinos y las milicias drusas.

El ejército israelí afirmó que “no tenía conocimiento” de ningún ataque nocturno en Siria.

El presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, ha intentado apelar a la comunidad drusa, criticando duramente a las facciones leales al líder espiritual, el jeque Hikmat al-Hijri, implicadas en los enfrentamientos. Prometió exigir responsabilidades a los autores de ataques selectivos y otras violaciones.

La comunidad drusa del país celebró en gran medida la caída de la familia Assad, que puso fin a décadas de gobierno tiránico. Si bien les preocupaba el régimen islamista de facto de Al-Sharaa, un gran número quería abordar el asunto por la vía diplomática.

Sin embargo, Al-Hijri y sus partidarios han adoptado una postura más confrontativa con Al-Sharaa, a diferencia de la mayoría de las demás figuras drusas influyentes. Los críticos también señalan la anterior lealtad de Al-Hijri a Asad.

Sin embargo, los numerosos casos de ataques sectarios, que incluyeron asesinatos de civiles drusos y profanaciones de fotografías de notables religiosos, han hecho que los drusos sean más escépticos respecto de Al-Sharaa y menos optimistas respecto de la coexistencia pacífica.

Más de la mitad del millón de drusos que hay en todo el mundo vive en Siria. La mayoría de los demás drusos residen en Líbano e Israel, incluyendo los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en la Guerra de Oriente Medio de 1967 y anexó en 1981.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, volvió a pronunciarse para sobre los perjuicios que sufre el sector de vivienda en Colombia, que, según su versión, está experimentando ventas equivalentes a las registradas once años atrás, en 2014.

La suspensión del programa Mi Casa Ya y la falta de un plan de reactivación figuran entre las principales causas del estancamiento.

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En diálogo con el diario económico La República, el directivo de la Cámara Colombiana de la Construcción volvió a detallar que durante el primer semestre de 2025, las ventas crecieron 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior, con 77.151 unidades comercializadas.

Sin embargo, Herrera explicó que este aumento responde a un efecto rebote por la baja base comparativa de los años previos. Informó que el crecimiento anual calculado es de apenas 0,6%, lo que deja la cifra de comercialización en torno a 145.000 unidades en el último año. “Eso es equivalente al mismo nivel de comercialización que teníamos en febrero del 2014″, confirmó.

De tal manera, según Herrera, el mercado de vivienda es ahora 17% más pequeño en comparación con el promedio de ventas entre 2015 y 2019. El dirigente señaló que, en los últimos 25 meses, las ventas y las iniciaciones de proyectos muestran caídas continuas. Las iniciaciones bajan más de 38%.

“Eso no es bueno porque es un mercado que tenía que haber crecido para seguir atendiendo las demandas de la población”. aseguró Guillermo Herrera.

La influencia del freno a Mi Casa Ya

La circunstancia se podría atribuir a la suspensión del programa Mi Casa Ya, que, alega Herrera, dejó sin opciones de compra a cerca de 70.000 familias.

El indicador de desistimientos para la vivienda de interés social (VIS) se eleva: en los últimos 12 meses, más de 24.000 familias abandonaron la compra, el doble del promedio histórico.

“Esto es realmente preocupante porque el promedio histórico nos muestra que en el año, alrededor de 10.000 familias desistían de la compra de vivienda de interés social, hoy es más del doble”, dijo.

“El gobierno nunca implementó ningún plan de reactivación, y por el contrario, lo que empezó fue a desmontar la política de subsidios que se expresaba a través del programa Mi Casa Ya, y en esto pues no pierden solamente los empresarios, acá pierden todos los colombianos”, declaró Herrera en conversación con el medio.

Qué pasará con los que no lograron acceder al subsidio

La ministra de Vivienda, Helga Rivas, afirmó que “nosotros no tenemos presupuestado para el próximo año cincuenta mil subsidios”, y señaló que los recursos asignados para el periodo 2022-2026 se agotaron.

Rivas explicó que la meta de subsidios fijada en el Plan Nacional de Desarrollo ya se cumplió y que, aunque la administración actual no concederá nuevos apoyos, el programa podría ser retomado por futuros gobiernos.

La funcionaria indicó que “ese programa seguirá existiendo, pero en el gobierno del presidente Gustavo Petro 2022-2026 ya se asignaron los recursos que se tenían contemplados para estos subsidios”.

Entre agosto de 2022 y junio de 2025, se entregaron 226.735 subsidios, cifra que, según la ministra, supera la meta establecida. De ese total, la Nación financió 114.700 y las Cajas de Compensación Familiar, con recursos propios, aportaron 112.035.

Gremios como Camacol critican que los subsidios de las cajas figuren en el balance estatal, ya que no provienen de fondos públicos.

No obstante, la ministra señaló que, ante el agotamiento del presupuesto, se busca ampliar las alternativas para quienes no alcanzaron el subsidio, incluyendo opciones a través del Fondo Nacional del Ahorro, bancos y entidades territoriales.

“Se está generando una gama de alternativas desde la política pública, diferentes al subsidio, porque el subsidio no es la única alternativa para que una familia pueda acceder a una vivienda”, dijo Rivas.

Casi todos los recursos estatales ahora se destinan al mejoramiento de vivienda y otras soluciones habitacionales, según la funcionaria. El gobierno sostiene que la política de vivienda abarca también temas de ruralidad, agua y ordenamiento territorial, no solamente la entrega de subsidios directos.

“Estamos ante el inicio del fin.” Así resume Eric Weinstein el momento histórico que atraviesa la humanidad, en una entrevista publicada por The Diary Of A CEO.

Su diagnóstico es contundente: el orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial está en proceso de desintegración, mientras crecen amenazas existenciales vinculadas al avance de la tecnología, la manipulación de la información y una profunda crisis de sentido.

A lo largo de la conversación, Weinstein aborda desde la amenaza nuclear y la inteligencia artificial hasta la erosión de los valores sociales, impulsando una reflexión urgente sobre el futuro colectivo e individual.

El colapso del orden mundial: señales de un nuevo panorama

Según Weinstein, la estabilidad internacional que caracterizó la segunda mitad del siglo XX se terminó. Sostiene que la aparente calma de las últimas décadas fue una “burbuja artificial”, mantenida por el equilibrio posterior a la Segunda Guerra Mundial y pensada para evitar el uso de tecnologías devastadoras como las armas nucleares y la manipulación genética.

El matemático percibe en los conflictos recientes en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la proliferación de armas nucleares en países como Rusia, China, Israel, Pakistán, India, Irán y Corea del Norte los síntomas de un mundo cada vez más inestable. “Estamos viendo la desintegración de la OTAN, el resurgimiento de tensiones entre potencias y la incapacidad de las nuevas generaciones para mantener los sistemas heredados”, explica.

Para Weinstein, la percepción de seguridad predominante en Occidente es ilusoria: “La era de la estasis, donde muy poco ocurría durante largos periodos, ha terminado”.

Recuerda que la humanidad fue testigo del uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, pero advierte que la amenaza de una guerra nuclear a gran escala persiste. “Vivimos en un planeta con una sola atmósfera, y hay nueve o diez personas en el mundo que podrían decidir, en cualquier momento, acabar con todos nosotros”, remarca. Considera que la sociedad no interiorizó la magnitud de este peligro.

Ciencia, tecnología y el poder desmedido

Weinstein dedica especial atención a los riesgos asociados con el avance científico y tecnológico. “La ciencia es demasiado poderosa y está siendo controlada“, sostiene. Recuerda que, en apenas seis meses entre 1952 y 1953, la humanidad accedió a dos de los mayores poderes jamás conocidos: la fusión del hidrógeno (base de la bomba H) y la comprensión de la estructura del ADN. “De repente, teníamos acceso a las dos palancas más poderosas que la humanidad haya tenido jamás”, afirma.

El desarrollo de la inteligencia artificial y la biotecnología son ejemplos actuales de cómo la ciencia puede alterar el equilibrio global. Cita la pandemia de Covid-19, en la que una pequeña secuencia de aminoácidos bastó para paralizar el planeta durante años. “Eso muestra el poder de la biotecnología”, señala.

Respecto a la inteligencia artificial, destaca el impacto del artículo “Attention is All You Need” (2017) y el avance de sistemas como AlphaFold, capaces de predecir la estructura de proteínas. A su criterio, la automatización de tareas y la transformación de sectores como la medicina y el derecho marcan el inicio de una revolución que deja a millones de personas sin un propósito claro.

Weinstein también denuncia restricciones legales y secretismo en torno a la física teórica, sobre todo en Estados Unidos. “Los físicos no tienen libertad de expresión plena; existe una doctrina que prohíbe divulgar ciertos avances por motivos de seguridad nacional”, sostiene. Según él, este clima de opacidad frenó el progreso y generó desconfianza hacia los científicos.

Manipulación de la información y el rol de la inteligencia

Uno de los puntos más controvertidos es su visión sobre la manipulación de la ciencia y la información por redes de poder e inteligencia. “Vivimos en una realidad gestionada, una especie de show de Truman colectivo”, sostiene. Denuncia la existencia de programas secretos, campañas de desinformación y mecanismos diseñados para desacreditar a quienes desafían los discursos oficiales.

En este marco, menciona a Jeffrey Epstein, a quien describe como “un constructo vinculado a la inteligencia”. Sostiene que Epstein no era un simple financiero, sino una figura utilizada para influir y vigilar a científicos de alto nivel. “Sabía demasiado sobre mi trabajo científico y estaba conectado con mi programa de posgrado en Harvard”, relata, y asegura que la historia oficial sobre Epstein es una “cortina de humo”.

El matemático también critica el sistema de revisión por pares y denuncia la existencia de “programas de acceso especial no reconocidos” en los ámbitos de defensa e investigación. Señala que hablar de estos temas implica el riesgo de destrucción personal y profesional. A su juicio, la falta de transparencia y la persecución de científicos críticos debilitan la capacidad de la sociedad para enfrentar los desafíos tecnológicos y existenciales.

Crisis de sentido, valores y el impacto humano

Más allá de la geopolítica y la tecnología, Weinstein identifica una crisis profunda de sentido en la sociedad actual. Lamenta la creciente tendencia a la individualización y la ruptura de vínculos con la familia, la religión y la comunidad. “Cada vez menos personas tienen hijos o desean tenerlos. La familia es todo, y estamos perdiendo esa conexión”, afirma.

Aunque se declara ateo, defiende la importancia social de la religión y las tradiciones como factores de protección y guía. “No creo que estemos hechos para vivir sin religión; necesitamos algo trascendente que nos oriente”, asegura. Reflexiona también sobre el legado: “Es triste que nadie se preocupe por su legado porque no ven un futuro”. Considera fundamental recuperar el sentido de propósito y la responsabilidad hacia las siguientes generaciones.

Llamado a la acción: sentido y responsabilidad ante la encrucijada

Frente a este panorama, Weinstein insta a recuperar el sentido, la curiosidad y la búsqueda de trascendencia. Reivindica la importancia de la familia, la belleza, la música y la exploración intelectual. Recomienda no dejarse atrapar por la obsesión por el éxito, soñar en grande y querer dejar una huella permanente.

Anima a involucrarse en la vida pública y a no sucumbir al cinismo o la indiferencia. Según Weinstein, la humanidad está ante una encrucijada: puede reaccionar para evitar el desastre, o dejarse arrastrar hacia el colapso. “La era de la estabilidad ha terminado; debemos recuperar el sentido y la responsabilidad”, enfatiza.

Testimonios y percepciones personales

Durante la entrevista, Weinstein comparte experiencias personales, como sus vínculos con Jeffrey Epstein en el entorno académico de Harvard, la preocupación por la transparencia en la ciencia y la búsqueda de sentido en lo cotidiano: la familia, la naturaleza, la música y la gastronomía.

Sobre figuras públicas, manifiesta admiración por Elon Musk, a quien considera “el espíritu americano”, aunque objeta su falta de interés por la ciencia fundamental. De Donald Trump, destaca su intuición para la negociación y su capacidad para desconcertar a sus opositores, pero critica la gestión política actual tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

The Diary Of A CEO traza una mirada provocadora sobre los desafíos presentes y futuros. Las advertencias de Eric Weinstein van más allá del pesimismo: son un llamado a la reflexión, la acción y la recuperación del sentido en un mundo cada vez más incierto. El desafío es no perder lo esencial antes de que sea demasiado tarde.

En los últimos años, la ciudad francesa de Orleans ha visto cómo muchas de sus tiendas han echado el cierre. Los paseos por el centro muestran cada vez más locales vacíos, escaparates cerrados y persianas bajadas donde antes había actividad y movimiento. Vecinos y comerciantes hablan de una situación preocupante, donde el comercio de barrio pierde fuerza y los espacios comerciales más tradicionales han desaparecido.

La competencia de los grandes centros comerciales y el auge de las compras por internet han cambiado los hábitos de consumo. Muchos ciudadanos eligen comprar fuera del centro o desde casa, a toque de clic. La pandemia empeoró la situación de muchas tiendas que ya enfrentaban dificultades para atraer clientes.

Esta transformación afecta al día a día de la ciudad. A nivel económico, es evidente que genera pérdidas, pero también tiene efectos en la vida social de algunas ciudades. La Rue de la République de Orleans era un lugar de encuentro de ciudadanos, de intercambio social y de comercio. Esto ha cambiado y ahora “estamos confundidos”, admite Christel, una vecina de la ciudad, al hablar con Le Parisien.

Las tiendas de ropa, las más afectadas

“Antes solía comprar en Pimkie. Tenían camisetas pequeñas y apañadas. Ahora ya no sabemos a qué tienda acudir...“, cuenta Christel. Marie-France, otra clienta habitual, coincide, afirmando que “antes iba una vez al mes a Camaïeu, Etam... Ahora sólo compro dos veces al año, casi siempre en dos tiendas independientes cerca de casa. Son más caras, pero compro menos”. Para muchas personas, los puntos de referencia han desaparecido.

El paisaje comercial ha cambiado de forma clara. Donde antes estaba Pimkie, ahora hay un Paradis du fruit. La boutique de lencería Tenezis ha ocupado el espacio que dejó Camaïeu, marca que cerró tras liquidarse en 2022. La tienda Brice apenas resiste y con una difícil siotuación. Otros nombres conocidos del sector textil, como Cop.Copine, André, Z, Du pareil au même y San Marina, se han marchado.

Estas ausencias muestran el impacto de la crisis en el comercio de ropa en Orleans. Las tiendas de siempre desaparecen, dejando vacíos en las calles y cambiando las costumbres de compra de los vecinos. Muchos se ven obligados a buscar alternativas, a veces más caras y menos accesibles, mientras la ciudad pierde parte del ambiente que daban estos comercios.

Los esfuerzos por Orleans

Aunque algunas tiendas han desaparecido, la Rue de la République no muestra el aspecto vacío que presentan otros centros urbanos con persianas bajadas. La vía desemboca en un centro comercial al lado de la estación de tren, que cuenta con otras 60 tiendas y restaurantes.

Luc Nantier, teniente de alcalde de Orleans y responsable del área de comercio, explica que siempre están trabajando para atraer nuevos comerciantes. “Buscamos constantemente minoristas. En cuanto sabemos que una marca nacional va a cerrar, revisamos dónde se producirá ese cierre”, comenta Nantier.

Muchas de las peticiones que recibe el ayuntamiento para instalar nuevos negocios corresponden a restaurantes. “Nuestro centro se mantiene”, afirma Nantier. La tasa de locales vacíos es del 6,1 %. Aunque esta cifra está muy por debajo de la media nacional, situada en el 10,64 %, ha subido el doble en las últimas dos décadas.