Un registro de números y letras encontrado en el celular de Fernando Cerimedo destapó un movimiento millonario de dinero. La semana pasada se difundió una captura de pantalla incluida en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. Según las autoridades, el teléfono pertenecía a Cerimedo, consultor político y “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz.

El código encontrado corresponde a una “billetera fría” o wallet a través de la cual se realizaron transacciones por más de 44 millones de dólares en un plazo de seis meses. Si bien la billetera tiene actualmente menos de nueve dólares, el rastreo realizado por el senador de oposición, Leonardo Roca, comprobó que se movieron cifras millonarias como un puente entre quienes le hacían los depósitos y los destinatarios.

El código fue encontrado en el teléfono secuestrado y escaneado en el marco de las investigaciones por tentativa de feminicidio que enfrenta el asesor presidencial, luego del ataque armado de dos sicarios contra su pareja, la abogada Nadia Beller.

Un mapa interactivo difundido por el senador Roca muestra el flujo de transferencias. Según sus hallazgos, la cuenta atribuida a Cerimedo enviaba el dinero que recibía a otras diez cuentas, de las cuales una registró movimientos de varios millones de dólares en seis meses.

“No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero”, afirmó el senador Roca, citado por medios locales. Según su investigación, durante meses se movieron grandes sumas de dinero, pero la billetera fue “vaciada justo cuando ya estaba detenido”.

El legislador también detectó una presunta relación entre el asesor presidencial y la casa de cambios que se allanó la semana pasada en el marco de las investigaciones judiciales. En ese operativo, se logró identificar con cámaras de seguridad que el representante legal huyó llevando un bolso que presuntamente tenía cerca de 700 mil dólares. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A. y hoy detenido con prisión preventiva, luego afirmó que perdió el dinero que llevaba consigo y defendió la legalidad de sus operaciones.

El senador Roca informó que puso en conocimiento del fiscal la información sobre estas transacciones y solicitó que se confirme la cadena de custodia del dispositivo y se identifique a los titulares de las direcciones finales de esta red.

“Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona”, escribió Roca en X. El documento de su investigación se puede consultar aquí.

Cerimedo, de 45 años, enfrenta tres procesos penales en Bolivia. El primero por tentativa de feminicidio luego de que su amante lo acusara de haber ordenado la balacera en su contra, el segundo por enriquecimiento ilícito por las denuncias de corrupción estatal que lo involucran y el tercero por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, luego de que la Fiscalía Departamental de Beni encontrara indicios de autorización de vuelos irregulares.

El consultor político se vinculó con Rodrigo Paz luego de la primera vuelta electoral como estratega de campaña. Posteriormente, pasó a asesorar al presidente, aunque el alcance de sus funciones aún no ha sido plenamente esclarecido: el Gobierno sostiene que su trabajo se limitaba a lo comunicacional, pero fotografías y declaraciones públicas sugieren que su rol trascendía ese ámbito.

Un informe especial de la consultora Ad Hoc analizó la evolución de la imagen digital de Milei y el comportamiento de las principales cuentas que integran su comunidad en redes. Maia Jastreblansky explicó en Infobae a la Tarde que el estudio identifica un descenso “paulatino y persistente” del protagonismo digital del Presidente.

El análisis también pone el foco en una segunda dimensión: los principales referentes libertarios ya no consiguen instalar agenda ni generar el mismo nivel de interacciones que durante los primeros meses de la gestión. De allí surge el concepto de “fatiga digital” utilizado por la consultora.

$LIBRA marcó un punto de inflexión

Uno de los principales hallazgos del informe es la identificación de $LIBRA como un punto de inflexión en la conversación sobre Milei.

El lanzamiento de la criptomoneda, que el Presidente difundió en febrero de 2025, generó un fuerte impacto en las redes. Ad Hoc lo define como “un escándalo nativo digital para un gobierno nativo digital” y señala que, a partir de ese episodio, comenzó a crecer la negatividad asociada a la figura presidencial.

Los números muestran el cambio: en febrero de 2025, Milei alcanzó 13 millones de menciones, mientras que en junio de 2026 esa cifra había descendido a 3,7 millones.

Durante su presentación del informe, Jastreblansky remarcó que la caída no fue abrupta, sino sostenida. Para Ad Hoc, el Presidente se encuentra actualmente lejos del volumen de conversación digital que generaba durante el primer año de gobierno.

Los principales referentes libertarios también perdieron impacto

La consultora analizó específicamente a los 15 usuarios libertarios más destacados en la conversación sobre Milei. El resultado acompaña la tendencia registrada alrededor del Presidente: esas cuentas lo mencionan menos y también generan menos interacciones.

Jastreblansky explicó que estos referentes “perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público”. La conclusión surge de observar tanto la cantidad de veces que mencionan al Presidente como la respuesta que generan sus publicaciones.

El propio Presidente también redujo la frecuencia con la que se menciona en la conversación digital. Según Ad Hoc, en julio sus auto-menciones estuvieron 28,4% por debajo del promedio registrado durante 2026.

El dato permite observar una tendencia en dos niveles: no solamente hay menos conversación alrededor de Milei, sino que también disminuyó la capacidad de las cuentas que históricamente amplificaron su discurso para generar repercusión.

Las entrevistas de Milei también tienen menos alcance

La pérdida de impacto aparece incluso en espacios digitales cercanos al oficialismo. Ad Hoc analizó las entrevistas presenciales de Milei y encontró que durante 2026 tuvieron menos visualizaciones e impacto que en etapas anteriores.

El dato resulta relevante porque esos canales formaron parte del ecosistema digital que acompañó el crecimiento político del Presidente. Sus entrevistas podían convertirse en contenidos de alta circulación y alimentar durante horas la conversación en X.

Según el informe, ese efecto también se redujo: las apariciones de Milei continúan generando atención, pero ya no alcanzan los niveles de repercusión registrados anteriormente.

La conversación digital y los datos de opinión pública

La última de las cinco claves planteadas por Ad Hoc conecta el comportamiento de las redes con otro fenómeno: la evolución de la opinión pública.

La consultora sostiene que la dificultad del oficialismo para sostener su narrativa en redes se combina con los desafíos propios de la gestión. En ese sentido, los indicadores digitales comienzan a mostrar un correlato con los estudios de opinión pública.

Las redes tienen movimientos más rápidos y están fuertemente condicionadas por la coyuntura, pero Ad Hoc observa que, al comparar las tendencias generales, la evolución de la conversación digital y la de la opinión pública comienzan a mostrar recorridos similares.

Ese es el eje del informe presentado por Jastreblansky: la comunidad digital que acompañó el crecimiento de Milei perdió parte de su capacidad de amplificar sus mensajes, mientras que el propio Presidente registra un volumen de conversación muy inferior al de sus primeros meses de gobierno.

El estudio de Ad Hoc resume el fenómeno bajo una misma idea: “fatiga digital”. No se trata solamente de una caída en las menciones, sino de un descenso sostenido de la capacidad de Milei y de sus principales referentes para generar conversación e instalar agenda en las redes.

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Diez billeteras de criptomonedas controladas por Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, un pirata informático iraní que usó los alias Achilles, The Joker y bc.monster, concentraron el 92% de los 16,8 millones de dólares que la firma de análisis blockchain TRM Labs rastreó en la red cripto de un grupo de hackers sancionado esta semana por Estados Unidos. Fayaz recibió 15,5 millones de dólares entre enero de 2018 y agosto de este año a través de esas diez direcciones.

TRM Labs examinó en total 30 direcciones en Bitcoin, Ethereum y TRON que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vinculó a integrantes del Instituto Mabna, una organización de piratería informática señalada por el régimen iraní y sancionada el lunes por el Tesoro dentro de la Operación Economic Outcast, su nueva ofensiva contra Teherán. Esas 30 direcciones recibieron en conjunto los 16,8 millones de dólares desde 2018.

Fayaz fue uno de los cinco integrantes del Instituto Mabna sancionados el lunes y figura, junto a otros 12 acusados, en la causa que el Departamento de Justicia amplió el 18 de agosto contra el grupo. El Tesoro lo vinculó, junto a otros tres sancionados —Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i y Mojtaba Ghal’eh-Kuhi—, con una operación de piratería informática dirigida por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen. El quinto, Behzad Mesri, había sido acusado por separado en 2017 de robar episodios inéditos de “Game of Thrones” a HBO.

Según los fiscales, el Instituto Mabna operó desde 2013 como una red de piratas a sueldo para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y universidades iraníes, y violó los sistemas de 144 universidades de EEUU, 178 extranjeras y 42 empresas privadas estadounidenses, de donde robó más de 31 terabytes de datos académicos y propiedad intelectual.

Fuera de esta causa judicial, el Instituto Mabna es conocido en la industria de la ciberseguridad bajo los alias Silent Librarian, Cobalt Dickens y TA407. Desde 2013, el grupo despliega campañas de phishing estacionales —concentradas entre septiembre y octubre, al inicio del año académico— que imitan las páginas de acceso a bibliotecas universitarias para robar credenciales de estudiantes y profesores. Según la firma de ciberseguridad Secureworks, la operación llegó a apuntar a 380 universidades en más de 30 países y siguió activa, con métodos casi sin cambios, incluso después de que el Departamento de Justicia acusara a nueve de sus integrantes en 2018.

El Instituto Mabna no es el único brazo de piratería informática vinculado al régimen. El Comando Cibernético de la Guardia Revolucionaria fue señalado por Washington en 2024 por una serie de ataques a sistemas de agua en Estados Unidos: los hackers entraron a los equipos que controlan de forma remota las plantas de tratamiento —fabricados por una empresa israelí y conectados a internet sin que sus operadores hubieran cambiado la contraseña de fábrica— y los usaron para dejar mensajes de propaganda contra Israel. El mismo grupo fue vinculado también a una intrusión de 2021 contra el hospital pediátrico Boston Children’s. Otro grupo asociado al régimen, identificado por el FBI como Pioneer Kitten, vendió accesos robados a bandas de ransomware que extorsionaron a escuelas, hospitales y gobiernos municipales de Estados Unidos entre 2017 y 2024.

La sanción a Fayaz y sus compañeros es apenas una pieza de una ofensiva mayor. El mismo lunes, el Tesoro designó a cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados al régimen y emitió cinco determinaciones sectoriales bajo la Orden Ejecutiva 13902, que por primera vez declara sancionable el sector de activos digitales de Irán, junto con tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Con esta medida cambia la forma en que Washington sanciona las criptomonedas iraníes. Hasta ahora, el Tesoro debía identificar y sancionar cada plataforma una por una. Ahora alcanza con que una institución, en cualquier parte del mundo, procese una transacción significativa con un exchange o una empresa cripto iraní para arriesgar su propio acceso al sistema financiero de Estados Unidos, aunque esa contraparte no haya sido sancionada. Es la lógica de las sanciones secundarias: alcanzan a los terceros que sigan haciendo negocios con Teherán, no solo al régimen sancionado.

Para Ari Redbord, director global de política en TRM Labs, la ofensiva apunta más allá de Teherán. “Irán no es el único objetivo aquí. De hecho, el foco está puesto en las sanciones secundarias. Ese es el golpe de máxima presión del Tesoro. El Departamento del Tesoro está poniendo en alerta a todos los países y plataformas que todavía hacen negocios con Irán, y el sector de los activos digitales es uno de los focos de la Operación Economic Outcast. Por ejemplo, TRM rastreó más de 3.840 millones de dólares que fluyeron entre el exchange CoinEx y más de 60 entidades iraníes sancionadas. Ese es el tipo de exposición que las sanciones secundarias fueron creadas para castigar”, dijo. “La Operación Economic Outcast busca aislar verdaderamente al régimen iraní, tanto dentro como fuera del sistema cripto.”

El caso de CoinEx que menciona Redbord no forma parte de las sanciones del lunes: proviene de un informe que TRM Labs publicó en junio, cuando identificó a ese exchange con sede en Seychelles como principal canal externo de plataformas iraníes —entre ellas Nobitex, la mayor casa de cambio cripto del país— hacia el mercado global. CoinEx negó cualquier vínculo comercial con el régimen iraní.

El otro caso que documenta TRM es el de Mesri. Sus 15 direcciones recibieron 1,2 millones de dólares entre julio de 2019 y agosto de este año. Antes de retirar ese dinero, lo fue moviendo varias veces entre sus propias billeteras —un método habitual para dificultar el rastreo del origen de los fondos— hasta depositarlo finalmente en la cuenta de un exchange, la plataforma donde ese dinero podía convertirse en efectivo.

Entre Fayaz y Mesri concentran prácticamente todo el dinero identificado. Mesri había sido señalado por primera vez en 2018, cuando se abrió la causa original contra el Instituto Mabna, y sus billeteras siguieron recibiendo fondos en los años posteriores. Los nueve acusados de esa causa original permanecen en Irán, fuera del alcance de la Justicia estadounidense.

Una billetera de criptomonedas a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró movimientos por USD 1.4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, un hallazgo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incorporó al expediente del caso Venus para reconstruir el manejo patrimonial atribuido a la estructura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, investigada por legitimación de capitales, según publicó CRHoy.com.

El análisis forense determinó ingresos por USD 756,260 y retiros por USD 656,766, para un acumulado de USD 1,413,026 en ese período. Ese registro forma parte de la evidencia digital revisada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ para establecer qué papel habrían desempeñado los hijos de Álvarez Alfaro dentro de la organización.

Ese es el dato central de la nueva línea de pesquisa: los investigadores vinculan la wallet con el entorno familiar de alias Gato y la usan como uno de los indicios para seguir la ruta del dinero que, según el expediente, buscó ser movido u ocultado aun después de la detención del supuesto jefe de la estructura con fines de extradición.

El pasado jueves, los agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez como parte de una ampliación de la investigación. Sebastián y Jonathan no estaban en Costa Rica al momento de las diligencias, porque habían salido del país en los últimos dos meses.

En los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes decomisaron aparatos electrónicos a varios sospechosos del caso. También encontraron documentación vinculada con Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, además de libretas con anotaciones sobre armas, cantidades de droga y dinero.

A esa evidencia se sumó la apertura forense de los dispositivos incautados en los allanamientos del 17 de junio de 2025. El expediente califica esos análisis, junto con un informe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, como parte medular del sustento probatorio de las nuevas pesquisas.

Un día después de aquella operación, el 18 de junio de 2025, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro.

Según el expediente citado por el medio, esos mensajes permitieron concluir que la organización mantenía bajo su control una billetera electrónica de criptoactivos en la que se registraron los movimientos por más de USD 1.4 millones.

Los análisis también detectaron conversaciones que, de acuerdo con la tesis policial, muestran maniobras de otros integrantes de la familia para mover u ocultar patrimonio. El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez sobre el retiro y traslado de efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección.

En el caso de Pamela, el expediente sostiene que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de domicilio, el movimiento de efectivo y la custodia de criptomonedas. Los investigadores consideran relevante que parte de esas acciones ocurrieran cuando ya existían medidas para inmovilizar bienes dentro de la pesquisa por legitimación de capitales.

Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado girando instrucciones desde prisión para ocultar patrimonio. El expediente incorpora los movimientos de la wallet entre los indicios con los que se busca reconstruir el manejo de los bienes atribuidos a la organización.

El expediente también vincula a la estructura con droga, dinero en efectivo y exportaciones contaminadas

Otro elemento surgió de un dispositivo decomisado en Corporación Mega Diesel. Según las comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esa empresa pertenecería únicamente a Profe.

Los peritos extrajeron del dispositivo fotografías de aparente droga, troqueles usados para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para ocultar sustancias dentro de tablas de madera y fotografías de grandes cantidades de efectivo empaquetado. Los investigadores compararon esos troqueles con evidencia hallada en otros dispositivos.

Según el expediente, coincidían con los encontrados en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, señalado como encargado de custodiar droga en una casa de seguridad de Calle Barquero, y con los hallados en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel. Para los investigadores, esa coincidencia permite establecer una conexión entre Profe y la droga almacenada en ese inmueble.

El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas sobre el alcance internacional de la supuesta organización. Los investigadores encontraron imágenes que, según la publicación, muestran coordinaciones para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India.

La investigación relaciona esos envíos con sociedades de José Francisco Guzmán Corrales y señala la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós. El OIJ detuvo el pasado jueves a Solano, de 58 años, a quien los investigadores vinculan con los cargamentos enviados hacia Hong Kong.

Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 sociedades como actividades comerciales de fachada para introducir en la economía nacional recursos de supuesto origen ilícito. Los hijos de Profe figuran en varias de esas personas jurídicas.

La Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago formalizó este lunes en ausencia a dos ciudadanos venezolanos, miembros de una extensa red que lavó alrededor de USD 85 millones para el Tren de Aragua en Chile, a fin de dar curso a su proceso de extradición desde EE.UU, país donde permanecen detenidos gracias a una alerta internacional.

El primero de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, dueño de una empresa “fachada” llamada BexGroup, y el segundo es su “palo blanco”, Willasander Tejedor Ruiz. En total, ambos lograron desviar a Colombia unos $17.270 millones (USD 19 millones) en criptomonedas.

“El tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso en donde dio por acreditados los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición”, señaló el fiscal Milibor Bugueño.

El persecutor detalló que al imputado Marcos de Jesús Reyes ya se le habían congelado USD 300 mil en moneda digital. Debido a esto, “para nosotros como Fiscalía es bastante importante esta etapa y seguir con las siguientes para extraditar al imputado y que pueda asumir justamente la correspondiente conducta que realizó acá en Chile”, cerró.

La “Operación Tokio”

En junio del año pasado, el Juzgado de Garantía de San Miguel en Santiago pasó a control de audiencia a 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, 14 de los cuales quedaron en prisión preventiva y tres con arresto domiciliario, incluyendo a una mujer de 80 años.

Todos son de nacionalidad venezolana y entre quienes quedaron tras las rejas se cuentan dos ejecutivos bancarios -José Carlos Pérez Asencio y Rossana Magdalena Blanco Blanco-, amén de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada” -una de ellas BexGroup, propiedad de Marcos de Jesús Reyes Acosta-, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”, remató el persecutor.

El dinero procedía de cuentas vinculadas a una empresa transnacional chilena dedicada al procesamiento de pagos. Sin embargo, ningún representante autorizado de la compañía realizó los depósitos. La empresa reportó transacciones hacia cuentas que no reconocía y denunció el movimiento de sus fondos como un robo.

La investigación permitió identificar a varias personas que acudieron a distintas agencias bancarias de Miraflores el 4 de agosto. Entre ellas figuraban Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Parte del dinero debía salir de los bancos mediante cheques de gerencia para luego ser destinado a la compra de activos digitales.

El caso comenzó con el contacto entre un exejecutivo de la compañía, cuyo paradero actual se desconoce, y Manuel Aquize Estrada, un ex taxista de Cusco dedicado, según el reporte, al comercio de criptomonedas. La primera reunión ocurrió en el Café Haití de Miraflores. Desde ese encuentro, la operación sumó nuevas cuentas y personas hasta superar los cuatro millones de soles.

A fines de julio, el exejecutivo contactó a Aquize Estrada con una propuesta que aparentaba ser una operación de conversión de dinero. Según el relato difundido por Panorama, le indicó que una empresa chilena necesitaba liquidez en dólares y que requería personas capaces de recibir fondos para convertirlos en criptomonedas.

Aquize aceptó utilizar su cuenta bancaria. El primer depósito ocurrió el 31 de julio por 500 mil soles, seguido por otro movimiento de 300 mil soles. El 3 de agosto recibió otros 500 mil soles.

En total, Aquize recibió 1 millón 300 mil soles. El dinero fue retirado mediante cheques de gerencia y trasladado a una casa de cambio para adquirir criptomonedas. Para completar la operación, entregaba información correspondiente a las billeteras digitales indicadas por los supuestos destinatarios.

Según la información proporcionada en el reportaje, el exejecutivo confirmaba por teléfono que las criptomonedas llegaban a las billeteras señaladas. La operación continuó bajo ese mecanismo hasta que surgieron nuevos requerimientos de dinero.

Más cuentas para ampliar la operación

El siguiente paso consistió en incorporar a otras personas. Aquize llevó al encuentro del 4 de agosto a tres conocidos que permitirían utilizar sus cuentas bancarias para recibir nuevos depósitos.

Entre ellos estuvieron César A.T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Cada uno recibió 500 mil soles, de acuerdo con la información difundida por Panorama.

Las cámaras de seguridad registraron a los integrantes del grupo durante sus desplazamientos por el distrito. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a las intervenciones policiales.

El retiro de los fondos no siguió el mismo curso previsto en las operaciones anteriores. De acuerdo con el reporte, las entidades bancarias contactaron a la empresa vinculada con los depósitos para verificar la legitimidad de las transacciones.

La compañía indicó que no reconocía a las personas que intentaban retirar el dinero y confirmó que ningún representante autorizado realizó los depósitos. Tras esa comunicación, se presentó la denuncia por el movimiento irregular de los fondos.

La alerta permitió detener parte de la operación antes de que el dinero fuera convertido por completo en criptomonedas. Los implicados fueron intervenidos en distintos puntos. Aquize fue detenido en Jesús María, mientras que los otros involucrados fueron ubicados en el marco del operativo desarrollado en Lima.

El dinero también llegó a cambistas

La investigación descrita por Panorama señala que parte de los fondos retirados mediante este mecanismo llegó a casas de cambio y cambistas ubicados en distintas regiones del Perú. El objetivo consistía en transformar el dinero recibido en activos digitales mediante billeteras proporcionadas por los supuestos destinatarios.

El caso todavía presenta interrogantes sobre la ruta exacta que siguieron las transferencias desde las cuentas de la empresa chilena hasta las cuentas personales utilizadas por los involucrados. La información difundida señala que no se conoce con precisión cómo se distribuyeron todos los depósitos entre las personas que participaron en la operación.

El monto involucrado llegó a cerca de cuatro millones de soles, según la información proporcionada sobre la denuncia y las operaciones detectadas.

Un exejecutivo permanece prófugo

La investigación también apunta al exejecutivo que contactó inicialmente a Aquize Estrada. Según el reporte, este hombre utilizó una relación previa con el ex taxista cusqueño para incorporarlo al esquema y después solicitó nuevas cuentas para ampliar el volumen de dinero movilizado.

El exejecutivo permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida. Su papel resulta central dentro de la operación descrita, debido a que fue quien presentó la supuesta necesidad de convertir fondos de la empresa chilena en dólares y criptomonedas.

La empresa transnacional, por su parte, denunció las operaciones tras detectar transacciones hacia cuentas que no identificaba. La intervención policial del 4 de agosto permitió detener a varios de los participantes antes de que pudieran completar los retiros previstos.

El bitcoin extendió su rally el viernes y cerró su mejor semana en más de tres años. La criptomoneda cerró en USD 78.500 (a las 20 de Buenos Aires) y acumuló un avance de poco más de 22% esta semana, uno de las mayores suba en siete días desde marzo de 2023.

El entusiasmo regresó al mercado de criptomonedas después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunciara el miércoles que la cartera al menos duplicaría sus recompras de bonos a largo plazo. La medida desató un repunte que obligó a los operadores a cerrar miles de millones de dólares en posiciones cortas. Ese mismo día, el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con líderes de la industria cripto, lo que reforzó el optimismo. Mientras tanto, el oro alcanzó su nivel más alto desde mayo ante el temor de que la intervención en el mercado de bonos siga presionando al dólar.

“El verdadero motor fue la decisión del Tesoro de EEUU de duplicar las recompras de bonos a largo plazo, lo que hizo caer los rendimientos de largo plazo y elevó el apetito por el riesgo en general”, dijo Rachael Lucas, analista de BTC Markets. “Nada cambió los argumentos de largo plazo a favor de bitcoin, pero tampoco ha cambiado su volatilidad”, aseguró

Bitcoin amplía su rally mientras el dólar se debilita

Una ola de cobertura de posiciones cortas sigue siendo uno de los principales factores detrás del alza del precio de bitcoin, según Adam Morgan McCarthy, investigador principal de LO:TECH, una firma londinense de liquidez y datos de mercado de activos digitales. En los últimos tres días se liquidaron casi USD 2.500 millones en apuestas bajistas apalancadas sobre bitcoin y USD 4.500 millones en todo el mercado de criptoactivos, según datos de Coinglass.

Las apuestas bajistas contra IBIT, el ETF de BlackRock y el mayor de bitcoin del mundo, habían aumentado de manera constante durante todo el año. Las posiciones cortas llegaron a representar cerca de 3% de las participaciones en circulación del fondo, valorado en USD 55.000 millones, según S3.

“El oro refleja la verdadera señal macroeconómica de esta semana: repuntó claramente después de que el Tesoro duplicara sus compras de bonos, sin las compras forzadas que impulsaron el precio de bitcoin”, dijo McCarthy.

“Si se quiere saber dónde se están cubriendo realmente los inversores esta semana frente al riesgo cambiario y la inflación, el oro lo muestra; bitcoin, no”, agregó.

La reunión de Trump con ejecutivos de firmas como Coinbase Global y Payward fue interpretada como una señal positiva del compromiso del gobierno con el sector cripto. Trump instó al Senado a aprobar la Clarity Act, un proyecto para regular la estructura del mercado de criptomonedas que está estancado por desacuerdos sobre disposiciones éticas. El proyecto no llegó a votarse antes del receso de agosto del Senado.

Las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas también siguieron subiendo. Coinbase, la mayor plataforma de negociación de activos digitales de EEUU, avanzó 6,3%; Strategy, uno de los mayores tenedores corporativos de bitcoin, ganó 4,5%, y el emisor de stablecoins Circle Internet Group se disparó casi 7 por ciento.

Los compradores institucionales regresaron al mercado esta semana, y los ETF de bitcoin al contado que cotizan en EEUU se encaminan a registrar sus mayores entradas semanales desde enero. Los 13 fondos han captado más de USD 1.000 millones en lo que va de la semana, reforzando el optimismo en el mercado cripto.

“Por primera vez este año, ahora existe el riesgo de que mi previsión de US$100.000 para fin de año sea demasiado baja”, escribió Geoffrey Kendrick, jefe global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, en una nota a clientes.

Los ETF de bitcoin registran fuertes entradas

“La reunión de Trump con el sector cripto, el impulso de la Clarity Act y las entradas positivas a los ETF reforzaron el optimismo, pero no fueron toda la historia”, dijo Lucas.

En otra señal de fortaleza, los grandes tenedores de bitcoin, conocidos como ballenas, acumularon unos USD 2.750 millones en la criptomoneda durante los últimos 60 días, según CryptoQuant.

Bitcoin aún está muy por debajo del máximo de más de USD 126.000 que alcanzó en octubre pasado, antes de una fuerte ola de ventas que lo llevó hasta USD 58.642 a fines de junio.

Con información de Bloomberg

El Bitcoin y el oro subieron con fuerza este viernes después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que al menos duplicará sus compras de deuda pública de largo plazo, una intervención impulsada por el secretario Scott Bessent que presionó al dólar y reactivó la búsqueda de activos de cobertura.

La mayor criptomoneda del mercado avanzó más de 7% en la jornada y acumuló 23% en la semana, hasta unos USD 77.200, su nivel más alto desde mayo. El metal precioso ganó 1,5% en el día, llegó a cerca de USD 4.585 la onza troy y sumó más de 13% en agosto, con rumbo a su mayor alza mensual desde 1999.

Un reporte de Lemon señaló “el Bitcoin subió más de un 20% en menos de cinco días, pasando de USD 63.000 a USD 77.000, una ganancia que normalmente le toma un año al S&P 500. Además, se posicionó como el 13° activo más valioso del mundo, superando a Meta", la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, el conglomerado de Mark Zuckerberg.

El informe explicó que el alza todavía no superan las dos caídas diarias más grandes del año en el precio de Bitcoin, del 5 de febrero (-13%) y del 5 de junio (-7%). Y marca un contraste en la actitud de los inversores argentinos: “En esas dos caídas, 8 de cada 10 dólares operados en Lemon fueron compra. Ahora, con Bitcoin en máximos, el patrón se invierte, más de la mitad del volumen es venta. El argentino compra en el pánico y vende en la euforia”.

El trasfondo del movimiento positivo estuvo en la apuesta por activos que los inversores consideran refugio ante la pérdida de poder de compra del dólar y de otras monedas. Esa estrategia había retrocedido después de que Estados Unidos lanzara su guerra contra Irán a comienzos de este año, un episodio que elevó la inflación, empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo y fortaleció al dólar.

“El fuerte repunte del Bitcoin se debió a la decisión del Tesoro de recomprar bonos a largo plazo”, explicó Gautam Chhugani, estratega de Bernstein, en una nota. “No somos expertos en macroeconomía, pero sabemos que históricamente el Bitcoin ha tenido una reacción positiva ante la expansión de la liquidez. La apatía de este año hacia el Bitcoin y los mercados de criptomonedas se debió a una combinación de mercados más ajustados tras el conflicto con Irán, con el consiguiente aumento del riesgo de inflación y un fuerte comercio de IA/semiconductores que acaparó toda la liquidez”.

“El Tesoro estadounidense sorprendió a los mercados financieros esta semana al anunciar que duplicará el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo, pasando de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares por sesión. Esta intervención apunta directamente a los bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años, después de que los rendimientos de referencia alcanzaran máximos de 20 años debido a la persistente inflación y a las presiones sobre los precios de la energía derivadas de la guerra”, precisó Yahoo Finance.

El Tesoro de EEUU, al rescate de los bonos

Operadores citados por Financial Times señalaron que el repunte de Bitcoin y del oro siguió al anuncio del miércoles, cuando el Tesoro norteamericano informó que “al menos duplicará” sus compras de deuda pública de largo vencimiento. La medida bajó levemente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, pero debilitó a la moneda estadounidense por las dudas sobre su poder de compra.

El dólar cayó con fuerza tras ese anuncio y ya perdía cerca de 1% frente a una canasta de divisas desde el martes. Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies, dijo que el oro y las criptomonedas mostraron un desempeño “masivo” desde la decisión del secretario del Tesoro Scott Bessent y sostuvo que eso reforzó la visión de un dólar más débil.

Bessent empujó una intervención en el mercado de bonos y la reacción inmediata fue una caída del dólar, un alza de bitcoin y un salto del oro. La consecuencia geopolítica y financiera inmediata fue el regreso de operaciones defensivas que apuestan a una depreciación de la moneda de reserva global.

Un operador de materias primas afirmó que la medida “dio un fuerte impulso” a los activos asociados a esa estrategia, en especial al oro y a bitcoin. Ese mismo operador añadió que el mercado recibió una “tormenta perfecta” para retomar esa apuesta por la baja de las expectativas de suba de tasas, combinada con el anuncio del Tesoro.

El rebote en todo el mercado cripto

Eoin Walsh, gestor de cartera de TwentyFour Asset Management, dijo que un comportamiento errático e imprevisible suele traducirse en primas más altas y que eso explica en parte por qué el dólar se depreció. Chris Turner, responsable de investigación de mercados globales en ING, ofreció otra lectura y sostuvo que la intervención debe entenderse como un intento de estabilizar el mercado de bonos y de contener el riesgo de una liquidación de deuda estadounidense de mayor plazo.

Turner afirmó que algunos comentaristas ven en la debilidad del dólar una pérdida de credibilidad de la política económica de Estados Unidos. Aun así, dijo que lo que observó fue a un secretario del Tesoro muy involucrado en el tramo largo del mercado de deuda pública.

La suba no quedó limitada a Bitcoin, que por sí solo representa la mitad de la capitalización de las “cripto”. Ether avanzó alrededor de 26% en la última semana, Solana ganó cerca de 22% y XRP trepó unos 37 por ciento.

El movimiento también revirtió una etapa prolongada de debilidad en el sector. Antes de este rebote, el precio de Bitcoin acumulaba una caída de 31% en el último año y las criptomonedas atravesaban una baja sostenida desde el otoño pasado.

El precio del Bitcoin se recupera tras haber colapsado más de 30% en el ultimo año, desplazado del foco inversor por el récord de Wall Street

Axel Rudolph, analista técnico jefe de la plataforma IG, dijo que el impulso alimentó más impulso. Señaló que, después de meses de sentimiento frágil, la velocidad y la magnitud de la recuperación mostraron cuán rápido puede girar el mercado cripto cuando mejora la liquidez y los inversores corren detrás del alza.

El salto repentino del precio de Bitcoin provocó un cierre forzado de posiciones bajistas, a medida que operadores que apostaban contra la criptomoneda desarmaron sus ventas. Esta semana también fue bien recibida por el sector una reunión entre el presidente Donald Trump, los jefes de las principales agencias regulatorias de Estados Unidos y empresas cripto.

Ese encuentro coincidió con un momento delicado para la industria de las monedas virtuales, que arrastró meses de debates bloqueados sobre una ley clave para la estructura del mercado de activos digitales. La llamada Clarity Act, que busca supervisar el mercado cripto y dar más comodidad a las instituciones de Wall Street para mantener e intercambiar tokens, seguía frenada en el Senado mientras los demócratas exigían cláusulas éticas para impedir que funcionarios del gobierno obtengan beneficios de la industria.

La Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU también publicó esta semana sus propias propuestas para regular las criptomonedas, en un paso que el sector recibió de forma favorable. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, dijo que resultaba difícil no mostrarse extremadamente optimista sobre bitcoin y sobre el mercado de las cripto.

Bitcoin y oro subieron con fuerza el viernes después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que al menos duplicará sus compras de deuda pública de largo plazo, una intervención impulsada por el secretario Scott Bessent que presionó al dólar y reactivó la búsqueda de activos de cobertura, según Financial Times.

La mayor criptomoneda del mercado avanzó casi 7% en la jornada y acumuló 23% en la semana, hasta unos USD 77.380, su nivel más alto desde mayo. El metal precioso ganó 1,5% en el día, llegó a cerca de USD 4.585 la onza troy y sumó más de 13% en agosto, con rumbo a su mayor alza mensual desde 1999.

El trasfondo del movimiento estuvo en la llamada operación de protección frente a la depreciación monetaria: una apuesta por activos que los inversores consideran refugio ante la pérdida de poder de compra del dólar y de otras monedas fiduciarias. Esa estrategia había retrocedido después de que Estados Unidos lanzara su guerra contra Irán a comienzos de este año, un episodio que elevó la inflación, empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo y fortaleció al dólar.

El Tesoro actuó sobre la deuda larga

Operadores citados por el diario señalaron que el repunte de bitcoin y del oro siguió al anuncio del miércoles, cuando el Tesoro informó que “al menos duplicará” sus compras de deuda pública de largo vencimiento. La medida bajó levemente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, pero debilitó a la moneda estadounidense por las dudas sobre su poder de compra.

El dólar cayó con fuerza tras ese anuncio y ya perdía cerca de 1% frente a una canasta de divisas desde el martes. Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies, dijo que el oro y las criptomonedas mostraron un desempeño “masivo” desde la decisión de Bessent y sostuvo que eso reforzó la visión de un dólar más débil.

Bessent empujó una intervención en el mercado de bonos y la reacción inmediata fue una caída del dólar, un alza de bitcoin y un salto del oro. La consecuencia geopolítica y financiera inmediata fue el regreso de operaciones defensivas que apuestan a una depreciación de la moneda de reserva global.

Un operador de materias primas afirmó que la medida “dio un fuerte impulso” a los activos asociados a esa estrategia, en especial al oro y a bitcoin. Ese mismo operador añadió que el mercado recibió una “tormenta perfecta” para retomar esa apuesta por la baja de las expectativas de suba de tasas, combinada con el anuncio del Tesoro.

El rebote se extendió a todo el mercado cripto

Eoin Walsh, gestor de cartera de TwentyFour Asset Management, dijo que un comportamiento errático e imprevisible suele traducirse en primas más altas y que eso explica en parte por qué el dólar se depreció. Chris Turner, responsable de investigación de mercados globales en ING, ofreció otra lectura y sostuvo que la intervención debe entenderse como un intento de estabilizar el mercado de bonos y de contener el riesgo de una liquidación de deuda estadounidense de mayor plazo.

Turner afirmó que algunos comentaristas ven en la debilidad del dólar una pérdida de credibilidad de la política económica de Estados Unidos. Aun así, dijo que lo que observó fue a un secretario del Tesoro muy involucrado en el tramo largo del mercado de deuda pública.

La suba no quedó limitada a bitcoin. Ethereum avanzó alrededor de 26% en la última semana, solana ganó cerca de 22% y XRP trepó unos 37%.

El movimiento también revirtió una etapa prolongada de debilidad en el sector. Antes de este rebote, el precio de bitcoin acumulaba una caída de 31% en el último año y las criptomonedas atravesaban una baja sostenida desde el otoño pasado.

Axel Rudolph, analista técnico jefe de la plataforma IG, dijo que el impulso alimentó más impulso. Señaló que, después de meses de sentimiento frágil, la velocidad y la magnitud de la recuperación mostraron cuán rápido puede girar el mercado cripto cuando mejora la liquidez y los inversores corren detrás del alza.

Las acciones vinculadas a los activos digitales también subieron esta semana. Coinbase avanzó 16%, Circle ganó 17% y Strategy, una de las mayores compradoras corporativas de bitcoin, trepó 21%.

Analistas dijeron a la publicación que el salto repentino del precio de bitcoin provocó un cierre forzado de posiciones bajistas, a medida que operadores que apostaban contra la criptomoneda desarmaron sus ventas. Esta semana también fue bien recibida por el sector una reunión entre el presidente Donald Trump, los jefes de las principales agencias regulatorias de Estados Unidos y empresas cripto.

Ese encuentro coincidió con un momento delicado para la industria, que arrastró meses de debates bloqueados sobre una ley clave para la estructura del mercado de activos digitales. La llamada Clarity Act, que busca supervisar el mercado cripto y dar más comodidad a las instituciones de Wall Street para mantener e intercambiar tokens, seguía frenada en el Senado mientras los demócratas exigían cláusulas éticas para impedir que funcionarios del gobierno obtengan beneficios de la industria.

La Comisión de Bolsa y Valores también publicó esta semana sus propias propuestas para regular las criptomonedas, en un paso que el sector recibió de forma favorable. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, dijo que resultaba difícil no mostrarse extremadamente optimista sobre bitcoin y sobre el mercado cripto.

Las criptomonedas en Colombia entraron en una nueva zona de tensión: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya exige reportes sobre operaciones con criptoactivos, pero el Congreso de la República archivó el proyecto de ley que buscaba fijar reglas para las plataformas del sector.

Eso implica que Colombia aumentará el control sobre compras, ventas y tenencia de criptoactivos desde el año gravable 2026, pero sin un marco integral para vigilar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Siguen en pie obligaciones tributarias y antilavado, aunque persisten vacíos sobre reservas, segregación de fondos, custodia y respuesta ante una quiebra.

Colombia comenzó a exigir información sobre operaciones con criptoactivos al mismo tiempo que dejó caer la iniciativa que pretendía ordenar el funcionamiento de las plataformas que los administran. La diferencia marca el debate actual: una cosa es conocer movimientos y otra supervisar cómo se guardan y protegen los recursos de los clientes.

La contradicción encendió alertas en el sector fintech y trasladó la discusión al gobierno de Abelardo de la Espriella, que deberá decidir qué camino seguirá ante un mercado que reclama reglas claras y menos impuestos.

Qué cambia con los reportes tributarios sobre criptoactivos

La obligación nació con la Resolución 000240 del 24 de diciembre de 2025, con la que la Dian adoptó el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), conocido como Carf. Desde el año gravable 2026, los proveedores cobijados por esa norma deben recopilar información de sus clientes y de sus operaciones.

El primer envío de esa información está previsto para mayo de 2027. Con ese esquema, la autoridad tributaria amplía su capacidad para revisar la actividad relacionada con activos digitales dentro del país.

Al respecto, la Dian precisó después que ese cambio no creó un tributo nuevo. En el Concepto 5146 del 26 de junio de 2026, aclaró que Colombia no tiene todavía una definición tributaria especial de criptoactivo ni una base o método exclusivo para valorarlo.

Eso significa que para patrimonio, costo fiscal e ingresos por venta siguen vigentes las reglas generales del Estatuto Tributario. El punto central, por ahora, es el deber de informar, no la creación de una carga distinta para este tipo de activos.

Vacío regulatorio que deja el archivo del proyecto de ley

El contraste aumentó porque el proyecto de ley 510 de 2025 salió del trámite legislativo. La ficha oficial de la Cámara de Representantes lo registra como archivado por aplicación del artículo 190 de la Ley 5 de 1992. La iniciativa proponía regular a los proveedores de servicios de activos virtuales y fijar condiciones para su operación. Con ese archivo, el país se quedó sin la herramienta que buscaba ordenar de forma más amplia ese mercado.

Eso no significa que el sector opere sin ninguna obligación. Desde abril de 2022, la Resolución 314 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) exige a determinados proveedores reportes de operaciones sospechosas y reportes mensuales sobre transacciones.

Dicho control, de todos modos, apunta a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. No funciona como licencia de operación ni ofrece una garantía sobre la solvencia de una plataforma.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aclaró que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos. En la práctica, una empresa puede cumplir exigencias ante la Uiaf y la Dian sin que exista un régimen integral sobre reservas, segregación de fondos, custodia o respuesta ante una quiebra.

La presión económica y política sobre el nuevo Gobierno

La magnitud del mercado añade presión a esa discusión. Chainalysis calculó que Colombia recibió USD44.200 millones en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, el quinto volumen de América Latina.

Esa medición reúne actividad observada en cadena. No equivale a dinero declarado, inversión productiva, ganancias ni número de usuarios, pero sí muestra la escala económica del sector. Ante la situación, el director ejecutivo del Cripto Latin Fest, Santiago Guzmán, planteó el reclamo del sector: “El país ya decidió cómo va a mirar este mercado desde lo tributario, pero todavía no decide bajo qué reglas puede operar. Esa distancia es la que hay que cerrar”.

El archivo del proyecto cambió además el punto de partida del debate. Ya no se trata de acelerar una iniciativa en curso, sino de definir si el Congreso presentará otra, qué entidad vigilaría a los proveedores y cuáles serían las garantías mínimas para usuarios y empresas.

El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto después de prometer herramientas digitales contra la corrupción, y su Gobierno anunció una reforma tributaria para septiembre. Cualquier propuesta sobre activos virtuales deberá competir por espacio en esa agenda.

Según Guzmán, se harán tres solicitudes durante jornadas empresariales entre el 26 y el 28 de agosto en en el desarrollo del Cripto Latin Fest en Bogotá. Ellas son:

• Retomar un marco para proveedores
• Establecer reglas técnicas para proyectos de minería y centros de datos que utilicen energía renovable.
• Publicar orientación operativa de la Dian sobre el reporte que comenzó a regir.

La industria busca además evitar dos simplificaciones:

• Carf creó un tributo
• Sostener que no existe ningún control sobre el mercado.

La discusión de fondo sigue abierta para el Gobierno, el Congreso y las empresas. Mientras no exista una respuesta clara sobre quién asume responsabilidades cuando una plataforma pierde activos, mezcla recursos de clientes o cierra, la capacidad oficial para vigilar operaciones seguirá por delante de la protección efectiva para quienes participan en ese mercado.

La defensa de Mauricio Novelli pidió a la Cámara Federal que confirme la exclusión de cinco compradores de $LIBRA, que se presentaron como querellantes en la causa que, según se expresa en el expediente, investiga el lanzamiento y el posterior derrumbe de la cotización del criptoactivo, promovido por un mensaje del presidente Javier Milei en febrero de 2025.

El planteo lo hizo el abogado Daniel Rubinovich en un memorial, en respuesta a las apelaciones de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que los apartó del rol de presuntos damnificados.

Argumentó que el derecho penal no castiga pérdidas especulativas ni decisiones financieras fallidas en mercados no regulados. En esa línea, remarcó que la estafa exige una secuencia precisa: un engaño idóneo, un error derivado de ese engaño y una disposición patrimonial perjudicial causada por ambos.

En el escrito agregó que la información relevante sobre $LIBRA estaba disponible públicamente en herramientas abiertas como SolScan. Por lo tanto, indicó que esa disponibilidad refuerza la idea de autorresponsabilidad de quienes operaron en un mercado descentralizado y sin supervisión estatal.

La defensa citó un documento de febrero de 2025 de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, en el que ese organismo señaló que las memecoins no constituyen securities bajo la ley federal estadounidense, y que suelen depender de la especulación, la demanda social y fenómenos culturales, más que de expectativas jurídicas de rentabilidad.

También mencionó advertencias de la Comisión Nacional de Valores sobre activos virtuales que no califican como negociables y que pueden implicar pérdida total en períodos breves.

La Sala I del tribunal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, deberá analizar los argumentos de las partes para resolver si ratifica la decisión de desplazar a los querellantes o si los reincorpora a la causa.

El pedido de los querellantes

El inversor Martín Romeo, patrocinado por su abogado Nicolás Ozsust, aseguró que la oferta de $LIBRA fue una estafa planeada y cuestionó que la pesquisa se hubiera enfocado en tomar la cuestión como un tema de riesgo propio de los mercados.

Además, enfatizó que “no se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”.

Por otro lado, aseguró que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.

La resolución cuestionada

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente, al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli.

De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que operó en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclamaron.

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo.

El posteo incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5, y luego se desplomó por ventas que se atribuyeron al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada.

Esa secuencia habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares desde pocas wallet addresses, y generó pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanzó a “Kip Network”, de Julián Peh, y “Kelsier Ventures”, de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y mencionó a “Kip Protocol” como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostuvo que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento en octubre de 2024 y en enero de 2025.

El reciente hackeo que provocó el robo de más de 2.000 bitcoins —equivalentes a más de 100 millones de dólares— a usuarios de hardware wallets volvió a poner la seguridad de los activos digitales en el centro de la conversación. La magnitud del incidente deja un recordatorio de que la seguridad de los fondos no depende únicamente de la tecnología elegida, sino también de la arquitectura que existe detrás de su custodia.

A medida que el ecosistema madura y atrae a más usuarios, resulta cada vez más importante que las personas comprendan cómo se protegen sus fondos y bajo qué estructura están resguardados. La confianza ya no puede basarse únicamente en la promesa de una tecnología, sino también en la forma en que esa tecnología se respalda.

Esa conversación alcanza tanto a quienes optan por la autocustodia como a quienes eligen delegar la custodia de sus activos en una plataforma. En ambos casos, la pregunta de fondo es qué mecanismos existen para proteger el patrimonio del usuario ante un error técnico, un incidente de seguridad o cualquier otra contingencia.

Ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios

El caso ocurrido demuestra que la conversación sobre seguridad ya no pasa únicamente por decidir entre una billetera fría (como hardware wallets) o una caliente que se conecta a internet, ni entre autocustodia o custodia institucional. Esas son decisiones importantes, pero insuficientes por sí solas.

Tal discusión, aunque es válida, resulta incompleta, ya que ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma: los controles de seguridad, los procesos de custodia y, si aplica, el marco jurídico que garantiza que el patrimonio de los usuarios permanezca protegido ante cualquier eventualidad.

Cuando los fondos están dentro de un fideicomiso, hay separación patrimonial total: los activos de los clientes no forman parte del patrimonio operativo de la wallet. De ese modo, ante cualquier eventualidad operativa de la plataforma, los fondos permanecen fuera vinculados a la identidad de los usuarios. Así, cuentan con una capa de seguridad adicional regulada que otras alternativas no ofrecen.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma

En definitiva, el reciente incidente pone de manifiesto que hoy el desafío pasa por construir infraestructuras capaces de ofrecer seguridad a los usuarios de activos digitales, más allá del tipo de plataforma. A medida que el ecosistema continúa madurando, la seguridad dejará de evaluarse por el tipo de wallet o el modelo de custodia elegido y pasará a medirse por la solidez del conjunto de mecanismos técnicos que respaldan esa solución.

Ese cambio de enfoque será clave para fortalecer la confianza de los usuarios y acompañar la próxima etapa de adopción de activos digitales. En este proceso, cobrarán cada vez mayor relevancia aquellas soluciones que hayan desarrollado estructuras capaces de brindar mayores niveles de protección y responder ante distintos escenarios de riesgo.

La evolución del ecosistema no estará marcada únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías, sino también por la capacidad de construir modelos más sólidos, donde la innovación esté acompañada por mecanismos que permitan resguardar de manera adecuada el patrimonio de quienes participan.

Head of Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc

Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense, fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU. Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones.

Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

El mexicano organizó el lavado con una red de cómplices

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos. Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico.

Una vez que los cómplices entregaban el efectivo, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión, es decir, un porcentaje del monto total lavado.

El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.

La DEA de Detroit coordinó la investigación con oficinas en México, Texas, Illinois y Ohio

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingés) también en Detroit. Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso.

La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington, Kentucky. La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red que Gordiano Valenzuela operó.

El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de la iniciativa federal para desmantelar cárteles transnacionales

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF. Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero.

El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

Otro mexicano CEO de una casa de cambio también usó criptomonedas para lavar dinero del narco en Estados Unidos

El caso de Gordiano Valenzuela no fue aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia que operaba en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación.

La investigación reveló que Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El dinero ilícito ingresaba al circuito financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo: Kleiman contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda. Pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas.

La digitalización de pagos y el auge de nuevas formas de transferir dinero han abierto la puerta a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas. Si alguien te exige pagar solo mediante transferencia bancaria, criptomonedas o aplicaciones de dinero, es una señal clara de estafa.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), durante 2025, las pérdidas reportadas por este tipo de engaños superaron los 4.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud y el alcance del problema. El peligro no solo radica en la cantidad de víctimas, sino en la dificultad de recuperar el dinero una vez que la transacción ha sido realizada por estos canales.

El esquema suele comenzar con un contacto inesperado. Un supuesto agente de gobierno, representante de una empresa conocida o incluso un familiar en apuros solicita un pago urgente para resolver un problema, liberar un premio o evitar una consecuencia legal. El detalle que evidencia la trampa: la insistencia en que la única forma de pago posible es a través de métodos que no permiten reversar la transacción. Esta exigencia convierte la operación en un callejón sin salida para la víctima.

¿Por qué estos métodos de pago son la herramienta favorita de los estafadores?

Las transferencias bancarias, las criptomonedas, las aplicaciones de pago y las tarjetas de regalo no cuentan con mecanismos de protección o reversión efectivos para el usuario. Una vez enviado el dinero, recuperarlo resulta prácticamente imposible. Los estafadores lo saben y por eso insisten en que no aceptan tarjetas de crédito tradicionales, ya que estas sí ofrecen opciones de disputa y devolución.

Además, la facilidad para crear cuentas anónimas y mover fondos rápidamente en plataformas digitales hace que rastrear a los delincuentes sea una tarea compleja para las autoridades.

Claves para identificar una estafa de pago único

• Exigencia de método exclusivo: si el interlocutor rechaza opciones convencionales y solo acepta transferencia, cripto o tarjetas de regalo, sospecha inmediatamente.
• Presión y urgencia: los estafadores suelen apurar la decisión, alegando que el tiempo es limitado o que una consecuencia grave se aproxima si no se transfiere el dinero de inmediato.
• Imposibilidad de verificación: cuando se intenta comprobar la identidad de quien solicita el pago, suelen aparecer evasivas, excusas o información falsa.

Estrategias de defensa: cómo protegerte

• Nunca envíes dinero a desconocidos o a quien insista en un único método de pago.
• Verifica la legitimidad: busca en internet el nombre de la empresa, agencia o persona junto a palabras como “estafa” o “queja”.
• Prefiere siempre la tarjeta de crédito: ofrece mayor protección y posibilidad de disputa.
• Actúa rápido si caíste en la trampa: contacta al proveedor del servicio usado, reporta el fraude y pide revertir la transacción si es posible.

Estafas emergentes: el caso de WhatsApp

El auge de los fraudes digitales se refleja también en aplicaciones de mensajería. Una de las tácticas más frecuentes es el secuestro de cuentas de WhatsApp mediante el envío inesperado de códigos de verificación por SMS. Este método puede parecer un simple error, pero es una puerta de entrada para intentos de acceso no autorizado.

Cuando recibes un código sin haberlo solicitado, puede deberse a un error involuntario (otro usuario escribió mal su número) o a un intento de toma de control de tu cuenta. El código es la llave: si lo entregas a un tercero, perderás el acceso y el atacante podrá suplantar tu identidad digital.

Qué hacer ante un código sospechoso:

• No compartas el código bajo ninguna circunstancia.
• Desconfía de mensajes o llamadas que soliciten el código, incluso si parecen de soporte técnico.
• Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.
• Informa a tus contactos si detectas mensajes sospechosos desde tu cuenta.

La regla de oro es simple: si alguien te dice que solo puedes pagar con transferencia, cripto o tarjeta de regalo, detente y verifica. Mantener la cautela, informarse sobre los métodos de pago seguros y desconfiar de la presión o las promesas poco creíbles es la mejor defensa ante las estafas digitales. En la era de las finanzas electrónicas, la protección empieza por identificar los riesgos y rechazar atajos que pueden salir muy caros.

Shelbit, una de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Irán sancionadas por Estados Unidos el viernes por eludir las sanciones, gestionó más de 6.300 millones de dólares en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026, según un informe de TRM Labs.

El fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y varias empresas fueron incluidas en la lista negra por ayudar a blanquear miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Del total, el informe de la firma de análisis de blockchain vincula 5,6 millones de dólares en transferencias de Shelbit a billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como 2 millones de dólares en transferencias a una billetera posteriormente identificada como vinculada a Hamás. El sitio web de Shelbit ya no está operativo.

“[Irán] está construyendo este tipo de ecosistema en cadena, y estamos viendo cifras mucho mayores que nunca antes debido a su capacidad para hacerlo”, dijo Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, en una entrevista.

Shelbit no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Además de la plataforma de intercambio, Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home también han sido sancionadas, según informó el Departamento del Tesoro.

La semana pasada, Reuters documentó los flujos de miles de millones de dólares y los vínculos de la plataforma con el gobierno y el ejército iraníes.

Con gran parte del sector bancario formal de Irán paralizado por las sanciones, la Guardia Revolucionaria ha creado formas alternativas de transferir dinero. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta cada vez más útil para Irán, gracias a su capacidad para transferir valor rápidamente a través de las fronteras y eludir muchos de los controles de cumplimiento de la banca convencional.

Las direcciones controladas por Kayvanpour también enviaron más de 2 millones de dólares a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, que fue sancionada por Estados Unidos en junio, según informó el Departamento del Tesoro.

Shelbit pone de manifiesto las limitaciones de este enfoque. TRM Labs afirmó que las billeteras de la compañía funcionaban más como una infraestructura de pago para sacar dinero del país de una sola vez, que como una plataforma de intercambio.

La red se extendía mucho más allá de Irán. TRM rastreó su exposición a billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), plataformas iraníes sancionadas y aproximadamente 318 millones de dólares relacionados con la red de pagos rusa A7, también sancionada. Según TRM, los vínculos de Shelbit con redes iraníes, asociadas a la IRGC y rusas sugieren que podría haber servido como infraestructura compartida para múltiples economías ilícitas.

Shelbit se registró como entidad en Dubái en marzo de 2024, según el registro mercantil de la ciudad. La plataforma de intercambio figura en la misma ubicación que Velorix Watches Trading LLC, una relojería en un distrito comercial al norte de Dubái, según el registro.

La empresa de criptomonedas no era un operador conocido en el sector y no realizó una amplia campaña de marketing, según TRM Labs en su informe. Aun así, Shelbit atrajo importantes flujos de criptomonedas. El tamaño medio de las transacciones en su plataforma era de casi 56.000 dólares, y los clientes intercambiaban la mayoría de sus activos a través de la cadena de bloques Tron, una red conocida por su popularidad entre hackers y blanqueadores de dinero.

Shelbit también proporcionó parte de la infraestructura financiera que permitió a la economía del juego iraní mover dinero a pesar de que las apuestas en línea son ilegales en el país. TRM Labs rastreó alrededor de 72 millones de dólares en transacciones entre Shelbit y 55 plataformas de juego en línea, lo que llevó a la firma de análisis de blockchain a concluir que la liquidación de apuestas probablemente era una línea de negocio para Shelbit.

“La Guardia Revolucionaria Islámica defiende una postura desde un punto de vista ideológico, como que el juego es ilegal, y luego se beneficia o se lucra con la red de apuestas ilegales”, dijo Alex Zerden, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos e investigador sénior adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

El juego, añadió, puede generar dinero, facilitar el blanqueo de capitales y proporcionar otro canal a través del cual la IRGC puede obtener beneficios económicos.

Bloomberg

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años, señalado por su probable responsabilidad en un fraude relacionado con inversiones en criptomonedas que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista.

La captura se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de movilidad del país, donde las autoridades lograron ubicar al imputado para ejecutar el mandato judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se originó en Bahía de Banderas, Nayarit, donde Edgar Gilberto Fabris Contreras y Arturo Jossmar Ramírez Vega, identificados como socios de la empresa Cryptonetwork S.A. de C.V., presuntamente convencieron a la víctima de invertir una importante suma de dinero bajo la promesa de obtener rendimientos mensuales mediante operaciones con criptomonedas, divisas y otros instrumentos financieros.

Sin embargo, las ganancias prometidas nunca fueron entregadas y el capital tampoco habría sido recuperado, por lo que el afectado presentó la denuncia correspondiente.

Investigación apunta a esquema de inversión fraudulento

Las indagatorias de la Fiscalía capitalina establecen que los presuntos responsables captaron recursos económicos asegurando que serían destinados a un modelo de inversión con activos digitales y operaciones financieras de alta rentabilidad.

De acuerdo con la investigación, el inversionista habría confiado en las promesas realizadas por los socios de la empresa, quienes ofrecían rendimientos periódicos derivados de las operaciones con criptomonedas.

No obstante, una vez entregado el dinero, los pagos comprometidos dejaron de realizarse y la víctima tampoco pudo recuperar la inversión inicial, situación que derivó en el inicio de la carpeta de investigación por el delito de fraude.

Tras reunir los elementos necesarios, un juez libró la orden de aprehensión contra Edgar Gilberto Fabris Contreras, la cual fue ejecutada por agentes de investigación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si Arturo Jossmar Ramírez Vega enfrenta algún proceso judicial relacionado con los mismos hechos ni si existen más personas afectadas por el presunto esquema de inversión.

El AICM, escenario de recientes detenciones relevantes

La captura de Edgar Gilberto Fabris Contreras ocurre apenas unas semanas después de otro operativo de alto impacto realizado en el mismo aeropuerto.

El pasado 16 de julio, autoridades federales y del Estado de México detuvieron en las inmediaciones del AICM a David “N”, identificado como presunto líder de una red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible —conocido como huachicol— en territorio mexiquense.

En aquella operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones también lo relacionaban con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y préstamos ilegales bajo el esquema denominado “gota a gota” en municipios como Zumpango, Tecámac y Ecatepec. Además, fuentes oficiales señalaron que mantenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambas detenciones reflejan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa siendo un punto estratégico para la ejecución de órdenes de aprehensión contra personas buscadas por distintos delitos, desde integrantes de organizaciones criminales hasta presuntos responsables de fraudes financieros de alto impacto económico.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha informado cuándo será presentada la persona detenida ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

Un ataque informático logró superar los controles de Steam, infectando cerca de 8.000 computadoras y permitiendo el robo de más de 220.000 dólares en criptomonedas a jugadores de todo el mundo.

La operación fue desmantelada tras el arresto de Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, según datos de los expertos en seguridad digital de, Eset, y documentos judiciales en Estados Unidos. El caso demuestra que, aunque las plataformas oficiales mantienen estrictas políticas de seguridad, los ciberatacantes continúan buscando nuevas formas de vulnerar la confianza de los usuarios.

Cómo operó el malware en Steam

Durante casi dos años, entre mayo de 2024 y febrero de 2026, el responsable de la campaña maliciosa utilizó videojuegos publicados en Steam para distribuir un infostealer, programa diseñado para robar credenciales, contraseñas, tokens de sesión y datos asociados a billeteras de criptomonedas.

De acuerdo con el FBI, los títulos afectados incluidos: BlockBlasters,Chemia,Dashverse,DashFPS,Lampy,Lunara,PirateFiyTokenova se promocionaban en comunidades como Discord, Telegram y X, atrayendo a usuarios desprevenidos.

El malware se ejecutaba junto al juego, permitiendo el acceso a información privada y facilitando el robo de activos digitales. En algunos casos, los atacantes empleaban chatbots para identificar perfiles con grandes sumas en criptomonedas y priorizaban estos objetivos.

Uno de los elementos centrales del ataque fue el aprovechamiento de la confianza que los usuarios depositan en plataformas oficiales. Aunque Steam cuenta con revisiones técnicas y controles para detectar software malicioso, estos procesos no equivalen a una auditoría de seguridad integral.

Los atacantes consiguieron publicar títulos que aparentaban legitimidad, superando las verificaciones iniciales e incluso lanzando actualizaciones maliciosas posteriores.

La estrategia no se limitó al aspecto técnico. Los responsables aprovecharon la ingeniería social para convencer a los jugadores de la autenticidad de los juegos, utilizando reseñas, foros y campañas en redes sociales para darles visibilidad.

Limitaciones de los controles en plataformas oficiales

El caso de Steam no es aislado. En 2025, Apple eliminó casi 59.000 aplicaciones que, tras ser aprobadas, introdujeron cambios para cometer fraudes. Esta situación evidencia que ningún sistema de revisión es totalmente infalible, incluso en las tiendas más reconocidas del sector digital.

La principal lección para los usuarios es que la seguridad no depende solo de la plataforma. Si bien descargar desde sitios oficiales sigue siendo la mejor práctica, los cibercriminales han adaptado sus tácticas para explotar la percepción de confianza que generan estos entornos.

Cómo identificar videojuegos sospechosos

Para reducir el riesgo de descargar malware, es fundamental que los usuarios adopten hábitos de verificación adicionales:

• Consultar comentarios y reseñas de otros jugadores. Las alertas tempranas suelen difundirse rápidamente en la comunidad.
• Prestar atención a permisos inusuales. Si un juego solicita instalar controladores o componentes adicionales, conviene investigar su procedencia.
• Evitar mods, hacks y parches no oficiales. Muchos ataques emplean versiones alteradas para introducir malware.
• Mantener actualizado el sistema operativo y el software de seguridad. Estas herramientas son clave para detectar amenazas que logran superar los controles iniciales.

El rol de las víctimas y la cooperación con las autoridades

Tras la detección de la campaña, el FBI solicitó la colaboración de los afectados para reunir pruebas y rastrear la operación. El aporte de información por parte de los usuarios fue determinante para identificar los títulos comprometidos y asociar las evidencias al principal sospechoso. Este enfoque colaborativo permitió reconstruir el funcionamiento del malware y concluir la investigación con el arresto del responsable.

La relevancia de este incidente radica en que afectó a una de las mayores plataformas de distribución digital, considerada por millones de usuarios como un entorno seguro para descargar videojuegos. Si bien Steam implementa procesos de revisión y verificación, la sofisticación de los ataques y el uso de técnicas de ingeniería social siguen representando riesgos para la comunidad gamer.

El incidente pone en evidencia los límites de la seguridad en plataformas oficiales y la necesidad de una actitud más crítica por parte de los usuarios.

En Colombia, los dólares digitales como Usdt y Usdc deben incluirse en la declaración de renta ante la Dian cuando integran el patrimonio o generan ingresos gravables, aunque nunca pasen por un banco.

El control sobre esas operaciones se intensificará porque desde 2027 la autoridad tributaria empezará a recibir información de proveedores de servicios de criptoactivos bajo la Resolución 000240 de 2025.

Entre el 12 de agosto y el 26 de octubre vencen los plazos para que las personas naturales presenten la declaración correspondiente a 2025, según los dos últimos dígitos de la cédula.

En ese universo, una estimación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ubica en cerca de seis millones a las personas que en el país usan criptomonedas o exchanges relacionados con estos activos.

La regla central es que los criptoactivos se consideran activos intangibles para efectos tributarios. De acuerdo con el Concepto Unificado 1621 del 17 de octubre de 2023, la Dian los define como representaciones digitales de valor que no son emitidas ni respaldadas por un banco central, pero que pueden funcionar como medio de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor.

Esa clasificación incluye bitcoin, ethereum, stablecoins como Usdt y Usdc, tokens de utilidad y cualquier otro criptoactivo que se posea o negocie en Colombia. La obligación, además, no nació con ese concepto: el documento consolidó el criterio jurídico de la autoridad, pero la exigencia de declararlos ya existía.

No toda persona con criptomonedas está obligada a declarar renta. La exigencia depende de si supera los umbrales generales del Estatuto Tributario al cierre del año gravable correspondiente.

Para 2025, deben declarar quienes al 31 de diciembre tengan un patrimonio bruto superior a $224,1 millones, equivalente a 4.500 UVT, o ingresos brutos de $69,7 millones o más, equivalentes a 1.400 UVT. También quedan obligados quienes alcancen ese mismo monto en compras, pagos con tarjeta, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, así como los responsables del impuesto sobre las ventas.

En el caso de los dólares digitales, su equivalencia en pesos puede variar con la tasa de cambio, pero esa desvalorización por sí sola no configura una pérdida tributaria si no existe una venta por debajo del costo.

Según explicó Camilo Suárez, CEO de la fintech Vurelo, el punto no es sólo determinar si una persona que opera con criptoactivos debe declarar, sino seguir la ruta completa de cada movimiento. Comprar, cambiar una moneda por otra, vender a otro usuario o recibir recompensas puede tener efectos tributarios distintos, incluso cuando el dinero permanece dentro de la plataforma.

La tenencia no es el único hecho relevante. Vender criptomonedas por pesos o permutarlas por otros activos digitales puede generar ingresos o utilidades que deben reportarse.

Uno de los errores más frecuentes es creer que solo importa lo vendido. Michelle Arguelles, consultora tributaria en blockchain, advirtió que esa idea es incorrecta porque los activos guardados en una billetera o en una plataforma también cuentan dentro del patrimonio y pueden hacer que el contribuyente supere los topes de la Dian.

La publicación pone un ejemplo concreto: pasar de ether (criptomoneda nativa de la red Ethereum) a Usdt constituye una permuta y puede generar utilidad gravable aunque no intervengan pesos. Si alguien compró ether por $8 millones y lo cambió cuando valía $12 millones, el resultado inicial sería de $4 millones antes de comisiones y ajustes.

Ese tratamiento cambia según el tiempo de tenencia. Si la criptomoneda se mantuvo por dos años o más y cumplía la condición de activo fijo, la utilidad puede tributar como ganancia ocasional a una tarifa del 15%; en los demás casos, puede incorporarse a la renta ordinaria, cuyas tarifas marginales llegan hasta el 39%.

También son renta ordinaria los criptoactivos recibidos como contraprestación por servicios. En ese caso, deben declararse por su valor en pesos al momento de la recepción.

El material agrega que no todo movimiento genera impuesto. El aumento de precio mientras no exista venta no constituye ingreso realizado, y los traslados entre billeteras propias no equivalen a ventas ni a transferencias a terceros. El simple intercambio entre criptomonedas, añade el texto en otra parte, sigue siendo un área de interpretación en evolución y requiere análisis caso por caso.

El supuesto de que estas operaciones no dejan rastro ya no es sostenible. Las plataformas y exchanges recopilan datos de movimientos, y la Dian cruza esa información mediante reportes exógenos y registros de terceros.

Desde este año los proveedores de servicios de criptoactivos, incluidos exchanges, custodios y plataformas P2P administradas del exterior que atiendan a residentes colombianos, deben recopilar información de usuarios y operaciones para entregarla a la autoridad tributaria a partir de mayo de 2027. Esa obligación surge de la Resolución 000240 de 2025, que implementa en el país el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Ocde.

Las consecuencias por omitir estos activos son jurídicas y económicas. Si la Dian detecta omisión en una declaración, puede aplicar la sanción por inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario, equivalente al 200% del mayor impuesto que resulte de la corrección.

Si la persona estaba obligada a declarar y no lo hizo, la sanción prevista en el artículo 643 es del 20% de los ingresos brutos o del 20% del patrimonio bruto, la cifra que sea mayor. A eso se suman intereses moratorios sobre el impuesto dejado de pagar, con la tasa vigente del Banco de la República y los puntos adicionales previstos por la ley.

La firmeza de la declaración opera después de tres años contados desde el vencimiento para presentarla, según el artículo 714 del Estatuto Tributario. Si no se presentó declaración, el plazo de riesgo se extiende a cinco años; por eso, 2022, 2023 y 2024 siguen abiertos para revisión en la mayoría de los casos, mientras que la responsabilidad penal por defraudación fiscal tiene términos distintos.

Antes de enviar el formulario 210, se recomienda conservar extractos, historial de transacciones, direcciones de billeteras, órdenes, comprobantes y soportes de comisiones. También aconseja comparar la información exógena que ya tiene la Dian con el historial de cada plataforma y usar la herramienta institucional Ayuda Renta como borrador, ya que presentar tarde acarrea una sanción de extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

Un laboratorio afiliado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) lanzó una cuenta en la plataforma OnlyFans para recaudar fondos y mantener con vida décadas de investigación sobre marmotas, ante los recortes federales que golpean el financiamiento científico en Estados Unidos.

La iniciativa, bautizada OnlyMarms, debutó a fines de mayo y, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, ya acumula 1.700 seguidores y generó alrededor de USD 5.000 en propinas brutas.

Una idea que nació en un prado de Colorado

La cuenta no surgió de una sala de reuniones ni de una estrategia de comunicación institucional.

Dan Blumstein, profesor de ecología y biología evolutiva de UCLA y codirector del Marmot Project en el Rocky Mountain Biological Laboratory de Colorado, la concibió mientras aguardaba, sentado en un prado, la aparición de los animales que lleva años estudiando.

En ese momento, según relató a Los Angeles Times, reflexionaba sobre el estado del financiamiento para su trabajo y recordó la serie de comedia de Apple TV Margo’s Got Money Troubles, cuya protagonista recurre a OnlyFans para pagar sus cuentas. “Las marmotas también tienen problemas de dinero”, razonó el científico.

El contenido que publica OnlyMarms dista bastante del material habitual en esa plataforma. Los videos muestran a las marmotas de vientre amarillo en su entorno natural: una hembra que ahuyenta a un macho curioso, un ejemplar que se acerca cada vez más al lente de la cámara de campo.

Emily Renkey, estudiante de posgrado de primer año en el laboratorio, aclaró a Los Angeles Times que se trata de imágenes tomadas sin intervención humana.

“Son animales salvajes, por eso es importante que la gente sepa que simplemente captamos imágenes de ellos en su ambiente natural”, aseguró.

La clasificación del contenido es apta para todo público, aunque alguna pelea ocasional entre ejemplares le añade un toque de drama, tal y como dijo Blumstein al medio californiano.

El trasfondo: recortes que amenazan décadas de ciencia

Detrás de la curiosidad que despierta la iniciativa hay una realidad que preocupa a la comunidad científica.

Los recortes federales al financiamiento universitario redujeron el número de estudiantes de posgrado con respaldo económico, lo que afecta directamente a estudios de largo plazo como el que conduce Blumstein.

Sin esa masa de investigadores junior, proyectos que requieren años de observación continua pierden capacidad operativa.

El seguimiento de las marmotas de vientre amarillo en el laboratorio de Colorado lleva más de seis décadas de historia. El ecólogo Ken Armitage inició el programa en 1962 y lo extendió hasta su retiro; Blumstein asumió la conducción en 2001.

Armitage falleció en 2022. El estudio que dejó como legado es uno de los registros de campo de mayor continuidad en su tipo a nivel mundial.

"Esto representa un verdadero desafío“, afirmó Blumstein en declaraciones a Los Angeles Times. “Es un momento de aprendizaje, no solo sobre las marmotas, sino sobre el lamentable estado del financiamiento científico, el valor de la investigación a largo plazo y la necesidad de mantener vivo un proyecto que creemos valioso para la sociedad”, agregó.

Criptomoneda, redes sociales y la primera Fat Marmot Week

El fenómeno trascendió la plataforma de suscripción. Fanáticos de los animales crearon por iniciativa propia una criptomoneda de tipo meme coin también llamada OnlyMarms, cuyas comisiones de transacción generaron decenas de miles de USD adicionales para el laboratorio, de acuerdo con la información publicada por Los Angeles Times.

De los USD 5.000 recaudados en propinas directas en la plataforma, el laboratorio retiene aproximadamente USD 4.000 una vez que OnlyFans descuenta su comisión.

El equipo también administra una cuenta de Instagram y prepara para este mes la primera edición de la Fat Marmot Week, una competencia sobre qué ejemplar logrará engordar más antes de entrar en hibernación.

El formato toma como referencia la popular Fat Bear Week del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

“Me sorprende el abrumador interés internacional en las marmotas y el entusiasmo por esta idea”, admitió Blumstein ante Los Angeles Times.

Renkey, por su parte, destacó con humor que los animales no tienen la menor conciencia de su repentina fama global. “Las marmotas no saben lo famosas que son”, dijo la investigadora al medio.

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.

La detención la llevaron a cabo agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Kleiman enfrenta una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 250,000 dólares por el cargo de asesinato por encargo. La acusación formal corresponde al caso número 26-MJ-4495.

El caso lo llevan los fiscales adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler, con contribución de Daniel Casillas.

De casa de cambio a pantalla para el narco: así operaba MoneyFlip

La investigación federal inició con una pesquisa sobre empresas de cambio de divisas que operan en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades identificaron a Kleiman como presunto responsable de operaciones de blanqueo de dinero a través de su empresa de servicios monetarios con licencia, originalmente registrada como MXN Financial LLC y rebautizada como MoneyFlip LLC en 2025.

Kleiman, quien anteriormente vivió y trabajó en San Diego antes de establecerse en Miami, operaba el negocio como mayorista internacional de divisas y casa de cambio en el Distrito Sur de California. Según la denuncia, utilizaba esa estructura para realizar transacciones transfronterizas de divisas que eludían los requisitos de reporte establecidos en la Ley de Secreto Bancario.

Las ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas eran introducidas al sistema financiero a través de empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

En febrero de 2026, agentes encubiertos de Investigaciones de Seguridad Nacional contactaron a Kleiman y le pidieron convertir dólares en criptomonedas, advirtiéndole de entrada que el dinero venía del narcotráfico. Kleiman no se echó para atrás. “Dime los detalles principales. Necesito saber si... lo que tienes es limpio o sucio. O sea, no me asusto, amigo”, respondió, según los documentos judiciales.

Para mantener las comunicaciones fuera de los canales convencionales, Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió la contraseña con los agentes. Los mensajes se redactaban y guardaban como borradores sin enviarse, con la intención de reducir rastros digitales.

En total, convirtió aproximadamente 750,000 dólares en activos digitales, transferidos a la billetera de un agente federal encubierto. Cobró una comisión del 10%.

El giro: de lavar dinero a pagar por un asesinato

Durante las conversaciones sobre las operaciones financieras, Kleiman le preguntó a los agentes encubiertos si podían ayudarle a recuperar una deuda que le debía un empresario mexicano, y a matarlo. Acordó pagar 40,000 dólares por el secuestro y asesinato del hombre.

En mayo de 2026, un tercero entregó un primer depósito de 5,000 dólares en efectivo a uno de los agentes en San Diego. A principios de julio, el mismo agente le pidió a Kleiman un segundo anticipo de 5,000 dólares para “reservar a los salvajes” y le advirtió que “pagara o no, la víctima sería abandonada muerta al costado de la carretera”. Kleiman respondió: “Te prepararé esos cinco en dos o tres semanas”.

El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman tres fotografías y un video montados para simular que la víctima había sido capturada, torturada y asesinada. Entre ese material había una imagen de una supuesta víctima tendida muerta en un campo, con una manta que cubría el cuerpo con la leyenda “Por ser Rata”. Uno de los agentes le dijo: “Ya mataron al tipo, así que hay que pagarles”. Kleiman respondió: “De acuerdo. Cuenten con ello”.

Al día siguiente, 29 de julio, entregó otros 5,000 dólares en efectivo y transfirió aproximadamente 25,000 USDT a una billetera de criptomonedas como pago final por el asesinato. Sumados los dos anticipos previos de 5,000 dólares cada uno, Kleiman completó así el pago total de 40,000 dólares que había acordado por el homicidio. Horas después fue arrestado en Miami.

El caso involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el IRS en su división de Investigación Criminal y la Oficina del Sheriff del Condado Imperial, con apoyo del Departamento de Policía de Brawley.

La investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que agrupa a agencias federales para combatir cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico que operan en territorio estadounidense.

Once aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, emitieron el viernes una advertencia conjunta sobre la contratación de trabajadores de tecnología de la información originarios de Corea del Norte, alertando que Pyongyang utiliza esa red para financiar su programa de armas nucleares y robar información confidencial a empresas globales.

La declaración, publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue suscrita también por Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos. En total, 19 agencias gubernamentales de nueve países respaldaron el comunicado.

Según el aviso, los trabajadores de tecnología de Corea del Norte se hacen pasar por nacionales de otros países para obtener contratos a través de plataformas digitales de empleo, adquisición y prestación de servicios. Una vez contratados, remiten sus salarios directamente a agencias estatales norcoreanas. La coalición advirtió que estos operativos participan en la extracción de datos corporativos, el robo de criptomonedas y el espionaje de información sensible.

“Los trabajadores de TI norcoreanos emplean métodos cada vez más sofisticados, incluida la integración de inteligencia artificial, para ocultar sus identidades y expandir sus actividades globalmente”, señala el comunicado conjunto. Esa incorporación de inteligencia artificial permite a los operativos ampliar su alcance y perfeccionar la suplantación de identidad a una escala sin precedentes, según la coalición.

El aviso detalla además que los operativos se apoyan en facilitadores ubicados en China, Rusia y el sudeste asiático para montar lo que el documento denomina laptop farms: instalaciones que alojan dispositivos proporcionados por las empresas contratantes, a los que los trabajadores norcoreanos acceden de forma remota mediante redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar su ubicación real.

Pyongyang lleva décadas insistiendo en su derecho a contar con armamento nuclear y misiles balísticos, programas prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En 2023, el país consagró su condición nuclear en su propia constitución. Acosado por un amplio régimen de sanciones internacionales, el gobierno norcoreano es señalado por operar actividades de ciberdelincuencia y lavado de dinero para sostener sus ambiciones militares.

La coalición instó a todos los países, empresas y entidades a profundizar su comprensión de estos esquemas e implementar medidas para contrarrestar las tácticas descritas. Las plataformas de contratación en línea recibieron un llamado específico a fortalecer los procedimientos de verificación de identidad y los procesos de revisión de equipos informáticos. El aviso del viernes se suma a advertencias previas emitidas por Washington y sus aliados sobre las mismas redes.

La investigación de la causa $LIBRA retomará su ritmo después de la feria judicial, con dos cuestiones pendientes: por un lado, el acceso a la información que solicitó el tribunal para identificar a los usuarios detrás de las billeteras digitales; y, por otro, la audiencia prevista para el próximo 10 de agosto en la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si se sostiene la hipótesis de estafa que habilite la participación de querellantes.

Antes de ingresar en el receso de invierno, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano para disponer el congelamiento de las direcciones de criptoactivos hasta obtener información sobre su titularidad.

Se trata de una medida cautelar que, según se indicó, busca favorecer la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos involucrados y preservarlos ante la posibilidad de un futuro decomiso. La diligencia fue delegada al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que deberá presentar un informe una vez que se complete la instrucción.

Mientras tanto, el otro eje que condiciona el rumbo del proceso es el conflicto sobre la intervención de querellantes, que surgió cuando el imputado Mauricio Gaspar Novelli promovió una excepción por falta de acción para excluir a las cinco personas que se presentaron como particulares damnificados.

En la presentación, la defensa sostuvo que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo carecen de legitimación para continuar interviniendo en el caso, porque se supone que debían conocer que estaban operando en un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y fuerte exposición al riesgo.

La ruta del dinero

El análisis de la secuencia de movimientos de dinero que identificaron los peritos de la Policía Federal se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, Fixed Float y Bridge Finance.

Asimismo, se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a plataformas de intercambio centralizadas, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación “Expuestos en X”.

Los expertos señalaron que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.

La cuestión de la estafa

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli, con el argumento de que, en el estado actual de la causa, no está acreditado que hayan sufrido un perjuicio directo para intervenir como particulares ofendidos.

Los afectados apelaron para revertir la medida, por lo que la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para revisar la decisión el próximo 10 de agosto.

La controversia principal se sostiene en la cuestión de si hubo o no hubo estafa. De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que opera en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclaman.

En la misma línea, planteó que “aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”.

La causa

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo, que incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5 tras el posteo y luego se desplomó por ventas que fueron atribuidas al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada, lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, mediante unas pocas direcciones de billeteras digitales, generando pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanza a Kip Network de Julián Peh y Kelsier Ventures de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y menciona a Kip Protocol como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostiene que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento, en octubre de 2024 y en enero de 2025. Agrega que los empresarios habrían pagado para posibilitar esas reuniones.

El oro es la inversión más tradicional y, para muchos, la más conservadora frente a momentos de crisis. Las diversas formas de comprarlo agregan ahora en la Argentina la tecnología blockchain, la misma de las criptomonedas. El oro tokenizado implica que se podrá invertir en el metal precioso representado en forma digital pero respaldado al 100% por oro físico.

La plataforma que ofrecerá este servicio por primera vez en el mercado argentino reunirá, con precio internacional, la custodia, la comercializción, la tokenización y la liquidez del oro. Fue creada por Prosegur Crypto, la unidad de activos digitales de la tradicional empresa de logística del efectivo.

La primera etapa pondrá a la venta 2.000 tokens, cada uno de ellos por valor equivalente a 1 gramo de oro físico certificado de máxima pureza, almacenado en einstalaciones de alta seguridad. Los tokens reflejan la cotización internacional del oro y pueden ser transferidos o vendidos dentro de la plataforma. Toda la operación funciona con tecnología blockchain, lo que permite controlar su trazabilidad y verificación.

Cómo invertir en oro digital

La operación para invertir en oro tokenizado es simple. Basta con registrarse en una web y cargar datos de una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria. Allí se puede comprar “un gramo de oro al mismo precio de un kilo”, según explican en Prosegur, ya que la plataforma utiliza la cotización del mercado de Londres con actualización cada 6 horas. A su vez, se garantiza la liquidez, ya que se puede vender las 24 horas y transferir de inmediato a la cuenta registrada.

Un punto clave son las comisiones. Aunque garantizan liquidez, se entiende que se trata de una inversión de mediano y largo plazo. La comisión es del 4% al momento de la compra y del 6% al de la venta, por lo que no luce conveniente para “tradear”, para entrar y salir todo el tiempo, algo más propio de un ETF de oro. En este caso, al existir un respaldo de oro físico, se trata de una inversión para sostener en el tiempo.

“La gran ventaja es que todo el proceso lo hace Prosegur, no hay roturas en la cadena de custodia. Acercamos el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología. Y el beneficio que trae la tokenización en sí mismo: pagar un gramo al mismo precio que grandes cantidades“, explicó a Infobae José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto.

El negocio de Prosegur Crypto se abrió en el contexto de cambios regulatorios en la Argentina para favorecer las transacciones del ecosistema cripto. La empresa, que opera en 36 países, se inscribió en el país como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el registro que maneja la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Su foco apunta al segmento corporativo, con servicios mayoristas para bancos orientados a la tokenización de instrumentos y los real world assets (RWA), los activos tradicionales que pueden digitalizarse y operarse con tecnología blockchain. Esa estrategia permite comprar un gramo de oro físico sin tenerlo en la mano, con la misma seguridad de los grandes inversores y el precio internacional. “No somos un exchange minorista pero ofrecemos una infraestructura para individuos de alto valor”, explicó Fernández Freire.

El objetivo de Prosegur es que su producto de oro tokenizado pueda ser incorporado por Alycs, billeteras o bancos dentro del portafolio de inversiones que ofrecen a sus clientes. Asegura que tiene conversaciones avanzadas en ese terreno con varias entidades.

La empresa inauguró en la Argentina un “búnker de custodia de criptoactivos”, una infraestructura diseñada para almacenar activos digitales en “un entorno completamente aislado, sin conexión a internet, con múltiples capas de protección física y criptográfica”.

Este tipo de instalaciones, señalaron en la compañía, combina protocolos de seguridad de grado militar, almacenamiento en frío y sistemas avanzados de gestión de claves, lo que “consolida un modelo que integra la experiencia histórica de Prosegur en custodia de valores con las exigencias del ecosistema digital”.

“Desde el punto de vista operativo, Prosegur Crypto es responsable de la compra y almacenamiento de lingotes de oro, así como de la emisión de los tokens digitales. Por cada lingote se generan 1.000 tokens, respaldados físicamente por el metal custodiado. Estos activos digitales se almacenan mediante tecnología de almacenamiento en frío, combinando seguridad física y ciberseguridad avanzada”, explicaron.

Una mujer identificada como Cassandra Thompson quedó arrestada en Miami tras una acusación de haber drogado y robado más de USD 84.000 a un hombre en Brickell. Según las autoridades, se apropió del teléfono de la víctima para sustraer efectivo y criptomonedas mientras el afectado permanecía inconsciente.

El delito se cometió en diciembre de 2024 y la captura ocurrió más de un año después, al regresar la sospechosa a la ciudad.

Cómo fue el robo millonario en Brickell

La policía sostiene que la noche del 11 de diciembre de 2024, un hombre invitó a Thompson a su apartamento tras conocerla en un restaurante de la zona. Ya dentro del domicilio, la mujer preparó una bebida con vodka que la víctima bebió. Minutos después, él perdió el conocimiento.

Mientras el hombre permanecía inconsciente, Thompson tomó su teléfono y accedió a sus cuentas digitales. La sospechosa transfirió USD 72.800 en criptomonedas y USD 1.225 a través de Venmo usando el dispositivo, además de llevarse USD 10.000 en efectivo del dormitorio.

Cuando la víctima despertó horas después, encontró la puerta entreabierta, su celular desaparecido y un pedido de comida sin recoger en la entrada.

Quién es la acusada y cómo la ubicaron

Thompson, de 35 años, residente de Las Vegas, fue identificada gracias a grabaciones de seguridad y rastreo digital del teléfono robado. Según los informes policiales, la investigación permitió seguir la pista del dispositivo hasta Nueva York, Estados Unidos, ciudad a la que la acusada voló pocas horas después de cometer el robo.

Las pruebas digitales y los registros de las transferencias bancarias confirmaron la identidad de Thompson. El trabajo coordinado entre la víctima y las autoridades permitió emitir una orden de arresto, que se hizo efectiva el 26 de julio de 2026, cuando Thompson arribó al aeropuerto internacional de Miami.

Dónde y cuándo ocurrió el delito

El hecho se registró en un apartamento ubicado en Brickell, Miami. Todo sucedió durante la madrugada: la pareja llegó al apartamento cerca de las 3:30, la bebida fue servida poco después y, para las 4:00, la sospechosa ya había abandonado el lugar. A las 8:00, Thompson tomó un vuelo rumbo a Nueva York con el botín en su poder.

La detención de la acusada se realizó en el Turner Guilford Knight Correctional Center tras su llegada a Miami, donde quedó a disposición judicial bajo cargos de hurto mayor, lavado de dinero y fraude informático.

Qué reveló la investigación policial

La investigación determinó que la sustancia utilizada para incapacitar a la víctima no ha sido identificada, pero permitió a la acusada operar sin resistencia y apropiarse de grandes sumas en poco tiempo. Parte de las transferencias digitales fue bloqueada por la plataforma Coinbase, pero la mayoría de los fondos logró ser retirada antes de que se detectara el fraude.

Las pruebas presentadas incluyen videos de seguridad, rastreo de dispositivos y registros de las transacciones financieras, elementos que resultaron claves para la captura un año después del delito.

Otros fraudes recientes con criptomonedas y engaño en Estados Unidos

En Estados Unidos se han registrado recientemente otros delitos vinculados al robo digital y la manipulación de víctimas para sustraer criptomonedas. El 26 de julio de 2026, fiscales federales informaron la recuperación de más de USD 25 millones en activos virtuales defraudados a más de 200 personas, principalmente a través de falsas relaciones sentimentales y esquemas de inversión fraudulentos.

Las redes criminales, con base en el extranjero, lograron mezclar y mover los fondos de las víctimas antes de que fueran congelados por las autoridades, según detalló The Financial Wire.

Otro caso destacado en el sur de Florida involucró la detención de un joven de 21 años, acusado de liderar un grupo que instaló videojuegos infectados para acceder a unas 80 billeteras digitales y apropiarse de al menos USD 220.000 en criptomonedas.

De acuerdo con el reporte de WSVN, los fondos robados fueron blanqueados mediante tarjetas de regalo digitales. Las autoridades estadounidenses alertan sobre el aumento de estos delitos y aconsejan precaución al compartir información financiera o transferir dinero por internet.

Cuando empecé a construir una fintech cripto en Perú, mi primera pregunta no fue técnica. Fue: ¿cómo se gana la confianza de alguien para que le confíe su dinero a algo que la ley todavía no termina de definir? No existía un manual. El marco regulatorio para criptoactivos en el país apenas estaba tomando forma, y sigue evolucionando hoy.

Vengo de sistemas, no de banca tradicional. Pasé más de diez años construyendo software antes de fundar una empresa cripto. Esa falta de trayectoria financiera clásica podría verse como una debilidad. En un sector donde la regulación todavía se está escribiendo, resultó ser una ventaja: no tenía vicios heredados de cómo "siempre se hizo" en finanzas, y eso me obligó a pensar la credibilidad desde cero, sin dar nada por sentado.

La pregunta que más me hacen es simple: si no hay una ley completa que regule esto, ¿cómo confío en una plataforma cripto? La respuesta honesta es que la credibilidad en un sector así no se construye esperando a que llegue la regulación. Se construye anticipándola.

Eso significa, en la práctica, adoptar estándares de identificación y prevención de lavado de activos antes de que sean obligatorios, no cuando ya no queda otra opción. Significa ser transparente sobre los riesgos reales de los criptoactivos en vez de vender promesas de rentabilidad fácil, algo que lamentablemente todavía abunda en el discurso de muchos proyectos en la región. Significa también dialogar con los reguladores en vez de evitarlos, porque el marco que se está construyendo hoy en Perú va a definir qué tipo de industria tendremos mañana.

Hay una tentación fuerte en cripto de venderse como el futuro inevitable, sin matices. Prefiero un enfoque distinto: reconocer abiertamente que este es un sector joven, con reglas incompletas, y que la responsabilidad de quienes construimos aquí es demostrar con hechos, no con discursos, que se puede operar con seriedad mientras el marco legal madura. (Frase clave omitida en este párrafo según instrucción 4)

Esto no es solo una postura ética, también es una decisión práctica. Un usuario que entiende exactamente qué está usando, cuáles son los riesgos y qué protecciones tiene, es un usuario que se queda. Uno que se siente engañado o confundido, no vuelve, y además cuenta su mala experiencia a diez personas más. En una industria que todavía tiene que ganarse un lugar en la conversación financiera del país, ese tipo de confianza vale más que cualquier campaña publicitaria.

El Perú tiene una oportunidad real de convertirse en un referente regional en esta materia, no por tener la regulación más rápida, sino por tener una construida con criterio, en conversación con la industria y no en contra de ella. Ya hay avances concretos en el registro de plataformas y en la exigencia de estándares operativos, y eso es una buena señal. Todavía falta camino, pero la dirección importa tanto como la velocidad.

Construir credibilidad en un sector sin marco maduro no es cómodo. Obliga a operar con más disciplina que la que exigiría la ley hoy, apostando a que ese esfuerzo se traduzca en confianza real de la gente y en un marco regulatorio mejor pensado mañana. No hay atajo. La confianza en finanzas, sea tradicional o digital, siempre se gana despacio y se pierde rápido. En cripto, donde todavía hay mucho por demostrar, esa regla aplica el doble.

Mi apuesta es que los países que entiendan esto primero, construyendo reglas claras junto a quienes ya operan con seriedad en el sector, van a atraer más inversión y más talento que los que solo persiguen la innovación sin ponerle estructura. Perú puede ser uno de esos países, si la conversación entre reguladores e industria sigue siendo honesta y constante.

“La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy”, es la afirmación de Matías Alberti, quien acaba de asumir como gerente general de Binance para el mercado nacional y el Cono Sur. El país encabeza la adopción de criptomonedas en la región y la demanda por servicios digitales crece a diario.

En diálogo con Infobae, el ejecutivo analiza los desafíos y oportunidades que deberá afrontar al comandar la operación local de una de las principales plataformas de exchange a nivel mundial.

—¿Qué representa para usted liderar la operación regional de una plataforma global en un mercado como la Argentina?

—Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en la Argentina y el Cono Sur. La Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo: primero en LATAM en tasa de adopción con un 20% de la población, y segundo en volumen regional con US$93.900 millones en transacciones en 2025. Pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente. Esa es precisamente la oportunidad: Binance nació con una idea simple pero poderosa, aumentar la libertad del dinero, y en la Argentina esa misión es una necesidad concreta. Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una superapp financiera, y la Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante.

—¿De qué manera su recorrido en empresas fintech y cripto aporta a los desafíos actuales de la industria?

—Durante los últimos años tuve la oportunidad de liderar operaciones y estrategia en distintos países de la región: fui country manager de un exchange global en la Argentina, antes Chief Operating Officer y Country Manager en una fintech regional, con operaciones en la Argentina, México y Perú, y Global Head of Operations en otra fintech con foco en LATAM. A eso se suma mi experiencia como cofundador de dos startups de tecnología fintech. Ese recorrido me dio una mirada regional y una cercanía muy concreta con los lanzamientos de mercado y la ejecución regulatoria, que es justamente lo que este rol en Binance requiere.

—¿Cuáles son los objetivos concretos que se propone para el primer año de gestión?

—Darle al usuario argentino herramientas que funcionen, que sean simples y que le resuelvan el día. Desde pagos del día a día hasta inversiones y transferencias internacionales. Queremos que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible. Los stablecoins ya son una realidad cotidiana: representan el 62% del volumen de transacciones cripto en la Argentina. Esa es una realidad que queremos profundizar con la propuesta de Binance Pay.

—¿Cómo se traduce el concepto de “superapp financiera” en la vida cotidiana de quienes utilizan la plataforma?

—Significa expandirnos desde el exchange como único punto de contacto y pensar en todo el ciclo de las finanzas diarias de una persona: pagos, rendimientos, inversiones y transferencias, todo en un mismo lugar. En un mercado como el argentino, con una adopción cripto del 20% pero con barreras reales de acceso a servicios financieros tradicionales, esa integralidad es lo que le da sentido a la propuesta. La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy.

—¿Qué rol juega el equipo regional en el desarrollo de nuevas soluciones?

—Me incorporo al equipo regional que lidera Daniel Acosta, Head of Latin America de Binance. La Argentina y el Cono Sur son mercados extremadamente dinámicos en desarrollo cripto y con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales, así que el trabajo conjunto con el equipo regional es clave para sostener ese ritmo. Binance tiene hoy más de 320 millones de usuarios globales y un volumen acumulado de US$34 billones en 2025, y LATAM es una de las regiones de mayor crecimiento dentro de ese mapa.

—¿Cuáles son los pilares de su formación profesional y cómo los aplica en el ecosistema digital?

—Soy contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. También completé estudios de posgrado en Blockchain y Fintech en IEBS, España. Esa combinación entre la formación financiera tradicional y la especialización en blockchain es la que me permite moverme con comodidad entre ambos mundos, que es justamente lo que hoy le pide el mercado a la industria cripto.

—¿Qué lugar ocupa el cumplimiento normativo dentro de la estrategia de Binance en la región?

—Estamos para acompañar a cada argentino en la gestión integral de sus finanzas, con la simplicidad de una app y la seguridad de una infraestructura de nivel mundial. Cumplimiento no es un complemento, es la base: Binance tiene hoy uno de los programas más robustos de la industria, con controles contra lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, verificación de identidad y cooperación con autoridades. Pero además de proteger, eso es lo que da legitimidad a todo el ecosistema. Sin reglas claras y sin cumplimiento, no hay confianza; sin confianza, no hay adopción masiva. Vamos a estar donde el usuario nos necesite, y vamos a seguir construyendo para que la libertad del dinero sea algo real, no una promesa.

La seguridad como eje clave en la industria cripto

Cabe destacar que Binance fue incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto habilita el acceso completo a la plataforma para usuarios locales y permite operar bajo estándares internacionales de seguridad y transparencia.

En ese sentido, el programa de cumplimiento de la compañía incluye controles AML y CFT, procesos de verificación de identidad (KYC/KYB) y una unidad dedicada a delitos financieros.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos detuvo a un joven de Florida acusado de operar un esquema que utilizaba videojuegos infectados en Steam para robar fondos de criptomonedas a usuarios a nivel internacional.

La investigación, desarrollada durante casi dos años, permitió identificar a decenas de víctimas y evidenciar el impacto financiero de la maniobra.

Un esquema basado en juegos infectados

Según información publicada por WPLG Local 10, Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, de 21 años, fue arrestado el martes pasado en North Lauderdale, Florida, y enfrenta cargos federales por conspiración para obtener información informática con fines de lucro.

La acusación formal, de 15 páginas, detalla cómo Wilkins participó en una operación que distribuyó malware a través de al menos ocho videojuegos, afectando unas 8.000 computadoras y robando cerca de 220.000 dólares de alrededor de 80 billeteras de criptomonedas entre mayo de 2024 y febrero de 2026.

El documento judicial identifica la plataforma utilizada únicamente como “una popular empresa de distribución digital de software”. Los títulos mencionados —BlockBlasters, Dashverse, Lunara y PirateFi— coinciden con los juegos referidos por el FBI en marzo, cuando solicitó la colaboración de víctimas de títulos de Steam infectados.

El caso se tramita en el tribunal federal de Seattle, cerca de la sede de Valve, desarrolladora de Steam, y la detención de Wilkins constituye el primer arresto público relacionado con esta investigación.

Modus operandi: promoción y selección de víctimas

Wilkins financió y promocionó el malware, sin ser su creador directo. Agentes federales ya habían allanado la vivienda del desarrollador, cuya identidad se mantiene reservada y que de momento no enfrenta cargos.

Las conversaciones obtenidas en la aplicación Signal durante ese operativo vincularon a Wilkins —bajo el seudónimo Sibel.eth— con la compra de un troyano de acceso remoto por 10.000 dólares y con intercambios sobre cómo engañar a los usuarios para que autorizaran transacciones que vaciaban sus carteras digitales.

La distribución y promoción de los juegos ocurrió en plataformas como Discord, Telegram, X y LinkedIn. Los implicados utilizaron bots para identificar usuarios con grandes tenencias de criptomonedas y enviarles mensajes directos, lo que explica que solo cerca del 1% de los dispositivos infectados llegara a sufrir robos efectivos. Según el informe, 80 billeteras fueron vaciadas entre las 8.000 computadoras comprometidas.

Impacto financiero y rastreo de fondos

El análisis realizado por especialistas como ZachXBT y vx-underground —citado por el portal Tom’s Hardware— estimó que BlockBlasters solo habría permitido sustraer más de 150.000 dólares de entre 261 y 478 víctimas. Entre los casos documentados figura el robo de 32.000 dólares, originalmente donados para el tratamiento contra el cáncer de un streamer de Twitch en septiembre de 2025.

El FBI detalló que los pagos extraídos de las billeteras de las víctimas se transfirieron a Bitrefill, un servicio de tarjetas de regalo. Más de 150 de estas tarjetas fueron adquiridas y la mayoría se utilizó para compras en Uber Eats. La investigación permitió vincular las tarjetas a una cuenta con entregas en el domicilio familiar de Wilkins y en sus direcciones estudiantiles en la University of West Florida.

Durante un registro en la vivienda de North Lauderdale, realizado una semana antes de la detención, los agentes confiscaron varios dispositivos electrónicos y tres frases semilla de billeteras de criptomonedas, una de ellas correspondiente a una billetera de Monero. Según la acusación, Wilkins registró un historial de transacciones por 382.000 dólares en criptomonedas.

Proceso judicial y reacción de Valve

Wilkins enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión si resulta culpable y su primera comparecencia en la corte federal de Fort Lauderdale estaba programada para el 15 de julio. Valve —compañía que ha experimentado varios incidentes de malware en su plataforma, incluido el caso reciente del juego Chemia Early Access— no había respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

La operación revelada pone en evidencia los riesgos crecientes en el ecosistema de los videojuegos digitales y el uso de plataformas populares como vehículo para fraudes financieros sofisticados.

La plataforma salvadoreña TOHKN anunció un avance significativo para la inversión en Latinoamérica al lanzar TOHKN US Public Markets. Este programa permite a cualquier persona en la región acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y a las principales criptomonedas desde USD 10, a través de una experiencia digital segura, ágil y sencilla. El Salvador, con un marco regulatorio robusto y una infraestructura tecnológica pionera, se posiciona como epicentro regional para la “tokenización” de activos financieros.

La oferta de TOHKN incluye tStocks, tETFs y tBonds: acciones, fondos cotizados y bonos estadounidenses representados como activos digitales. Gracias a la plataforma, los usuarios latinoamericanos pueden invertir en empresas globales como Apple o Nvidia, así como en ETFs de gestoras internacionales como BlackRock y Vanguard, agrupando cientos de empresas en un solo instrumento. La propuesta elimina barreras históricas relacionadas con la inversión transfronteriza, que tradicionalmente exigía cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas.

El marco regulatorio que respalda a TOHKN es uno de los más avanzados del mundo para activos digitales. La infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V. —entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)— proporciona transparencia estructural, custodia digital y seguridad jurídica. La plataforma opera conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales y ofrece una custodia digital y supervisión legal que fortalece la protección de los inversionistas.

“El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos ‘tokenizados’ al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista de la próxima etapa de las finanzas globales”, dijo Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.

El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un hito regulatorio: es la primera vez que instrumentos “tokenizados” vinculados a activos estadounidenses están disponibles para compra en tiempo real y con respaldo de una oferta pública autorizada por la CNAD. Esta innovación acerca a los inversionistas latinoamericanos a oportunidades antes reservadas para grandes fondos o inversionistas institucionales.

TOHKN se presenta como una puerta de entrada regional al Russell 3000, el índice que reúne a las principales empresas que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense. Cada “token” emitido por la plataforma está sujeto a supervisión formal, exigencias de transparencia y respaldo legal, lo que facilita el acceso seguro y sencillo a instrumentos que antes eran inaccesibles para la mayoría de los latinoamericanos.

“Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece”, explicó Alejandra Gómez, general Counsel de TOHKN.

La trayectoria de TOHKN incluye hitos como la oferta pública de THKN1, el primer SAFE “tokenizado” de la región, que recaudó USD 1.2 millones en su ronda pre-semilla, y la emisión de activos digitales inmobiliarios con RNCRRev, pionera en democratizar el acceso a retornos generados por proyectos inmobiliarios.

Felipe Nuila, CTO y cofundador, remarcó que TOHKN fue diseñada “pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, para que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión”.

El respaldo a la plataforma se ve fortalecido por la participación de reconocidos empresarios y líderes regionales, como Simón Borrero, CEO de Rappi; y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros.

TOHKN continuará ampliando su ecosistema con la incorporación de más activos digitales y funcionalidades, buscando que cada usuario tenga acceso a las mismas oportunidades que antes estaban reservadas para unos pocos.

Con esta iniciativa, El Salvador y TOHKN marcan un antes y un después en la democratización de la inversión global, abriendo el camino para que toda Latinoamérica participe activamente en los mercados financieros internacionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir la prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, quien deberá regresar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, en el Estado de México, bajo prisión preventiva justificada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión fue adoptada por una jueza federal tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el 14 de julio en el Centro de Justicia Federal del Altiplano. Minero Alonso, de 35 años, permanecía desde finales de 2025 en su departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que en octubre de ese año una jueza había autorizado que cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.

Por qué le habían concedido el arresto domiciliario

El argumento central de la defensa para obtener el cambio de lugar de reclusión fue que Minero Alonso no recibía el tratamiento adecuado para su problema de hipertensión dentro del penal. Con base en esa hipótesis de enfermedad grave, la jueza federal había modificado en octubre de 2025 el lugar de ejecución de la prisión preventiva justificada al domicilio del imputado.

Junto con esa medida, se impusieron condiciones adicionales: prohibición de salir del país, localizador electrónico, vigilancia fija a cargo de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica.

Qué resolvió la jueza: el padecimiento no es grave

En la audiencia del 14 de julio, los fiscales federales y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron nuevos argumentos para solicitar el reingreso de Minero Alonso a prisión. Entre ellos, que la instalación residencial no garantizaba la imposibilidad de fuga y que el estado de salud del imputado podía atenderse desde el interior del penal.

Con ese razonamiento, la jueza concluyó que ya no se actualizaba la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para suspender la aplicación de la prisión preventiva y dio instrucciones a la GN para que el imputado fuera trasladado de vuelta al penal federal de alta seguridad del Altiplano.

La queja de los vecinos y la investigación interna de la FGR

Además, desde el condominio ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guadarrama. Los residentes del edificio promovieron recursos legales afirmando que una instalación habitacional no era el lugar adecuado para la medida otorgada al imputado. Además, la propia GN emitió oficios en los que reconoció que el edificio no reunía las condiciones necesarias para el resguardo.

Ante esa situación, la FGR abrió una investigación interna por presuntas negligencias y actos de corrupción de las fiscales originalmente a cargo del caso, a quienes sustituyó por un nuevo equipo. Ese equipo documentó los riesgos, revisó la situación de reclusión de Minero Alonso y solicitó formalmente la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El origen de la investigación: empresas fachada y triangulación de recursos

La causa penal contra Minero Alonso tiene sus raíces en una denuncia presentada por la UIF en 2022. Según el comunicado de la FGR, entre 2018 y 2022, el imputado y otros investigados habrían utilizado tres personas morales como fachada para dispersar y triangular recursos de origen presumiblemente ilícito. La investigación involucra también a otras personas físicas.

En su audiencia inicial de mayo de 2025, la FGR expuso que Minero Alonso lavó dinero del Cártel del Norte del Valle y del Cártel de Cali, ambas organizaciones colombianas vinculadas a la figura de Eduard Fernando Giraldo, alias “El Boliqueso”, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia al momento de su detención en la Ciudad de México. El monto del presunto lavado de dinero asciende a al menos 15 mil millones de pesos.

El proceso penal bajo la causa 341/2024 sigue en curso y avanza hacia la etapa de juicio, con independencia del cambio en el lugar de ejecución de la prisión preventiva.

Cargos en Estados Unidos y posible extradición

El expediente de Minero Alonso no se limita a México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en su contra ante una corte federal en Florida en una acusación fechada en septiembre de 2025 y desclasificada en enero de 2026.

Según esa acusación, Juan “N” habría participado en un esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas y otros instrumentos financieros, en el que también resultaron estafadas 450 personas que invirtieron cerca de USD 18 millones con promesas de rendimientos que no se materializaron. Los cargos contemplan una pena de hasta 20 años de prisión y una multa no menor a USD 550 mil en caso de condena.

El próximo abono de la gratificación en Perú representa una oportunidad concreta para invertir y fortalecer el patrimonio personal en 2026.

La normativa vigente establece que el pago debe realizarse antes del 15 de julio para trabajadores del sector privado y jubilados, considerando la remuneración habitual al 30 de junio y aplicando montos proporcionales para quienes no hayan laborado todo el semestre.

sin embargo, este ingreso adicional puede también utilizarse como punto de partida para planificar y ejecutar estrategias de inversión, de acuerdo con un análisis de Conexa Financial Group.

Organizar las finanzas, primer paso antes de invertir

Antes de destinar dinero a cualquier tipo de inversión, resulta fundamental evaluar la situación financiera personal. Contar con un fondo de emergencia, reducir deudas de alto interés y definir el monto disponible para invertir de manera regular son pasos esenciales.

Christian Lobatón, CFO de Conexa Financial Group, recomienda actuar de forma informada y disciplinada al tomar decisiones financieras.

La definición de objetivos concretos es clave en este proceso. El experto sugiere establecer metas a corto plazo, como viajes o proyectos personales; a mediano plazo, como la compra de una vivienda o el inicio de un negocio; y a largo plazo, como la jubilación o la independencia financiera.

Tipos de perfil de riesgo y opciones de inversión

La elección del vehículo de inversión depende del perfil de riesgo de cada persona. Las alternativas se agrupan en tres categorías principales: conservador, moderado y agresivo, según Lobatón.

• El perfil conservador prioriza la seguridad y opta por bonos y depósitos a plazo.
• El perfil moderado busca un equilibrio entre seguridad y rentabilidad, utilizando fondos mixtos.
• El perfil agresivo apunta a una mayor rentabilidad, asumiendo volatilidad y recurriendo a acciones o criptomonedas.

Además, dentro de la bolsa de valores, los ETFs permiten diversificar la inversión al replicar índices o sectores específicos, y los fondos mutuos ofrecen acceso a carteras administradas profesionalmente, lo que facilita la participación en mercados nacionales e internacionales con montos accesibles.

En el caso de los bienes raíces, existen opciones que van desde la adquisición directa de propiedades para alquiler o reventa, hasta la participación en fondos inmobiliarios que agrupan recursos de varios inversionistas y distribuyen los rendimientos según la rentabilidad de los activos gestionados.

Las criptomonedas, por su parte, presentan un alto potencial de valorización, pero su volatilidad exige un conocimiento profundo del mercado y una alta tolerancia al riesgo, ya que las fluctuaciones de precio pueden ser abruptas y significativas en períodos cortos.

También existen opciones como materias primas (oro, plata, petróleo) y activos alternativos, donde se incluyen inversiones directas en proyectos privados o fondos especializados, explica el portavoz.

Capacitación y diversificación, claves del proceso

El aprendizaje continuo es fundamental para cualquier inversionista. Lobatón recomienda “leer sobre educación financiera, seguir noticias económicas y utilizar simuladores de inversión antes de colocar dinero real en el mercado”.

Además, destaca la importancia de diversificar las inversiones y buscar asesoría en empresas o gestores de inversión con trayectoria reconocida.

El ejecutivo de Conexa Financial Group advierte que toda rentabilidad pasada no garantiza resultados similares en el futuro. En tiempos de incertidumbre pueden surgir oportunidades para quienes mantienen disciplina y consultan fuentes confiables.

El ahorrista digital representa el nuevo rostro de la adopción cripto en Latinoamérica y El Salvador. En países afectados por la inflación y la volatilidad, como Argentina y Venezuela, estos usuarios priorizan la conservación del valor de su dinero.

Cada vez más personas reciben sus ingresos y salarios directamente en Bitcoin o stablecoins, apartándose de la especulación y buscando resguardo ante la depreciación de las monedas locales.

Empresas como Deel han validado este fenómeno al lanzar billeteras de stablecoins adaptadas a contratistas que prefieren cobrar en USD para mantener su poder adquisitivo.

El crecimiento de los activos digitales en la región ha consolidado una nueva realidad para millones de usuarios: la criptoeconomía ya no se limita a la especulación.

Las plataformas y regulaciones recientes muestran un cambio estructural en la forma en que particulares, empresas y entidades institucionales emplean Bitcoin y otras criptomonedas.

Durante 2025, la economía cripto latinoamericana avanzó a un ritmo superior al de Estados Unidos, con un volumen de transacciones que superó los USD 730,000 millones, cerca del 10 % de la actividad global, según el Lemon Crypto Report 2025.

Esta transformación impulsa el uso de activos digitales no solo para trading, sino como instrumentos para proteger valor, mover capitales y acceder a nuevos mercados.

En 2026, la utilización de criptomonedas en Latinoamérica y El Salvador es mucho más diversa. Los usuarios ya no buscan únicamente ganancias rápidas, sino que emplean los activos digitales para enfrentar la inflación, acceder a mercados internacionales y optimizar sus tesorerías empresariales.

Las plataformas identifican este cambio y adaptan su oferta, presentando nuevos perfiles de usuario que reflejan una mayor madurez del sector.

Perfiles emergentes en la adopción cripto

Bitfinex, una plataforma de trading de tokens digitales que ofrece servicios de vanguardia para operadores y proveedores, identifica tres perfiles clave en la nueva demanda regional: el ahorrista, el responsable de tesorería corporativa y el innovador institucional.

Cada grupo responde a desafíos económicos concretos y utiliza las criptomonedas para protegerse ante la depreciación, agilizar pagos y aprovechar la tokenización de activos reales.

El responsable de tesorería corporativa se destaca en empresas medianas que operan en entornos de inestabilidad y controles cambiarios.

Casos como la cervecera Cadejo en El Salvador o Méliuz en Brasil demuestran cómo las empresas emplean activos digitales para proteger su liquidez, agilizar pagos internacionales y mantener el control sobre su capital, sin depender de los sistemas bancarios tradicionales.

El innovador institucional agrupa a bancos, administradores de activos y entidades soberanas que optan por la tokenización para reducir costos y acceder más rápido a capital. Bitfinex Securities calcula que este proceso puede acortar los plazos de salida al mercado hasta en 90 días y bajar los costos de emisión al 2-4 % del capital, frente al 7 % tradicional.

Regulación y desafíos en El Salvador y la región

El Salvador ha impulsado un entorno regulatorio favorable mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales y la expansión de plataformas como Bitfinex Securities, que obtuvo una nueva licencia en mayo. Estas condiciones han facilitado la entrada de nuevos usuarios y empresas, promoviendo la adopción de soluciones cripto tanto a nivel institucional como minorista.

El país empieza a integrarse a la dinámica de innovación regional, aprovechando su marco normativo para posicionarse como referente. Los usuarios buscan ahora estructuras sólidas y respuestas a problemas reales de liquidez, acceso a mercados y protección de valor, más allá de los rendimientos inmediatos.

Para consolidar este cambio, Bitfinex propone tres pilares regulatorios: definición clara de los activos digitales, exigencia de resiliencia operativa y promoción de marcos legales para la tokenización. El modelo de las resoluciones del Banco Central de Brasil para stablecoins es referencia para una supervisión flexible e integrada.

Las empresas que adoptan activos digitales como reserva de valor y medio de pago logran sortear los obstáculos y costos del sistema bancario tradicional. La liquidez independiente y la reducción de la latencia en las transacciones se consolidan como ventajas competitivas en mercados emergentes.

Retos y oportunidades para gobiernos y empresas

En Latinoamérica, el desafío actual es implementar y escalar de forma efectiva estas iniciativas. Los gobiernos deben evolucionar hacia marcos normativos que impulsen la innovación y el crecimiento económico, estableciendo reglas claras adaptadas a la nueva realidad digital.

La región enfrenta una elección trascendental: mantener infraestructuras tradicionales, costosas y poco eficientes, o colaborar con actores regulados y experimentados para construir un sistema financiero abierto, digital y preparado para el futuro. La demanda por soluciones cripto ya ha sido validada por millones de usuarios y empresas, pero la consolidación del modelo depende de la capacidad institucional para definir estándares y políticas públicas favorables.

En síntesis, el nuevo perfil del usuario cripto en El Salvador y Latinoamérica en 2026 es el de un actor informado, pragmático y orientado a la protección de su patrimonio y la eficiencia financiera. El cambio de paradigma ya está en marcha y la región se posiciona como uno de los laboratorios más activos de la economía digital global.

Cada mes de julio, millones de trabajadores peruanos reciben un ingreso adicional que puede marcar la diferencia en sus finanzas personales.

El pago de la gratificación representa para muchos la oportunidad de equilibrar cuentas y fortalecer su situación económica, según un análisis de CIRCUM.

Aunque tradicionalmente este dinero se destina al consumo, los especialistas recomiendan enfoques más estratégicos para obtener beneficios prolongados.

Revisar y cancelar deudas como primer paso

Antes de decidir cómo utilizar la gratificación, conviene identificar si existen deudas pendientes, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas.

Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, sostiene que cancelar créditos costosos puede generar un ahorro mayor que cualquier inversión tradicional, ya que reduce los intereses futuros.

Si no hay obligaciones, la recomendación es destinar parte del dinero al ahorro, otra a la inversión y una fracción a capacitación profesional.

Elegir la moneda adecuada para el ahorro

La evolución del sol peruano durante el último año lleva a considerar mantener los fondos en moneda local, sobre todo cuando se prevé utilizarlos en el mercado nacional o en el corto plazo.

CIRCUM destaca que ahorrar en soles protege frente a la volatilidad cambiaria, mientras que el dólar puede ser apropiado para quienes buscan refugio ante escenarios internacionales inciertos.

La mejor opción: todas son buenas

No existe un instrumento financiero único para todos los perfiles. Desde CIRCUM sugieren combinar alternativas como depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF o criptomonedas.

El conocimiento sobre el funcionamiento y los riesgos de cada producto resulta decisivo para tomar mejores decisiones, puntualiza Arens.

De acuerdo con el reporte de la agencia, la educación financiera se convierte así en el factor central para quienes buscan optimizar sus recursos.

Alternativas fuera del circuito tradicional

El análisis de Alberto Abanto, jefe comercial en Inversiones IO, subraya el potencial del crowdfunding inmobiliario para pequeños inversionistas. Esta modalidad permite participar en proyectos de vivienda social, un sector impulsado por el déficit habitacional y los programas estatales.

Existen oportunidades con rentabilidades superiores al 20% anualizado y plazos de tres a nueve meses, según el informe de la consultora. La clave está en evaluar cada propuesta y comprender sus condiciones.

Comprobar el monto depositado

La revisión del depósito es fundamental. El informe de CIRCUM explica que conceptos habituales como comisiones, bonificaciones regulares y asignación familiar pueden incrementar el monto de la gratificación, mientras que pagos extraordinarios, utilidades y otros beneficios no forman parte de la base de cálculo.

Un error en el monto o el retraso en el pago puede implicar sanciones graves según la Sunafil, con multas que alcanzan los S/ 24,750 en pequeñas empresas y hasta S/ 143,660 en compañías fuera del régimen MYPE. Las microempresas, en tanto, no tienen obligación legal de otorgar este beneficio.

Fecha límite y obligaciones empresariales

Las empresas tienen hasta el 15 de julio para cumplir con el depósito de la gratificación. El análisis de CIRCUM resalta la importancia de que los empleadores respeten plazos y montos definidos por la normativa peruana.

Este ingreso extraordinario brinda una oportunidad concreta para fortalecer la salud financiera, reducir pasivos y planificar nuevas inversiones.

La imagen, la firma y el nombre de Donald Trump se han instalado en pasaportes, billetes, monedas de oro, aeropuertos y edificios federales de Estados Unidos en lo que constituye la campaña de marca personal más extensa registrada por un presidente en ejercicio. El contexto es el 250 aniversario del país, aunque el alcance de las iniciativas va más allá de las celebraciones oficiales y abarca desde documentos de identidad hasta criptomonedas.

El dato que concentra la controversia es concreto: por primera vez en la historia, un presidente en funciones aparece en un pasaporte estadounidense. A eso se suma su firma en el billete de 100 dólares de circulación general, su retrato en pancartas de tres pisos sobre edificios federales y una moneda de oro de 24 quilates aprobada en marzo.

Una encuesta de Economist/YouGov realizada en abril con 1.748 participantes reveló que el 59% de los estadounidenses desaprueba esta presencia en el dinero, frente a un 24% que la respalda.

El pasaporte con su cara: una primicia histórica

El 26 de junio, Trump presentó en Truth Social una edición especial de pasaporte con su retrato sobre el escritorio Resolute del Salón Oval y el texto de la Declaración de Independencia de fondo.

La tirada es de entre 25.000 y 30.000 ejemplares, sin costo adicional. Sin embargo, el documento solo se puede obtener en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, a partir del 6 de julio. No está disponible por correo, en línea ni en embajadas.

El Departamento de Estado confirmó que es la primera vez que un presidente en ejercicio figura en un pasaporte de Estados Unidos, según New York Post.

El dinero, las monedas y la firma presidencial

La presencia de Trump en el sistema monetario adopta tres formas distintas:

• Billete de 100 dólares: La impresión comenzó en junio. El Departamento del Tesoro prevé distribuirlo en circulación general durante el verano. El secretario Scott Bessent sostuvo que es “apropiado” incluir la firma de Trump por sus logros económicos y en honor al 250 aniversario.
• Moneda de oro de 24 quilates: La Comisión de Bellas Artes la aprobó por unanimidad en marzo. La Casa de la Moneda producirá solo 47 unidades, cada una con 19,7 onzas troy de oro, con un precio estimado de subasta de unos USD 90.000. La ley federal prohíbe que un presidente en funciones aparezca en moneda corriente, pero Bessent tiene autoridad para acuñar monedas de prueba en oro.
• Criptomoneda $TRUMP: Trump la lanzó tres días antes de su segunda inauguración. Un informe de junio de la firma de análisis Nansen calculó que casi un millón de personas perdieron en total USD 3.810 millones.

Aeropuertos, edificios y tarjetas: la marca en el espacio público

La estrategia se extiende a infraestructura física y documentos cotidianos:

• Aeropuerto: La legislatura de Florida aprobó en febrero cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Presidente Donald J. Trump International Airport”. El código IATA pasará de PBI a DJT el 18 de agosto.
• Edificios federales: Pancartas de tres pisos con el rostro de Trump y consignas de campaña cubren fachadas del Departamento de Justicia (“Make America Safe Again”), el Departamento de Trabajo y el Departamento del Interior, entre otros.
• Tarjetas de Seguridad Social: Los bebés nacidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre recibirán una tarjeta con el sello “Freedom 250”, organización público-privada impulsada por Trump.

La reacción: entre el respaldo y la crítica

La encuesta de Economist/YouGov fija con precisión el estado de la opinión pública:

• 59% desaprueba “algo” o “totalmente” la firma de Trump en el dinero.
• 24% la aprueba en algún grado.
• Margen de error: ±3,1 puntos porcentuales, con 1.748 encuestados.

El senador Bernie Sanders calificó el conjunto de acciones como “narcisismo” y presentó el proyecto de ley Stop Executive Renaming for Vanity and Ego Act. El texto tiene escasas posibilidades de avanzar en el Congreso de mayoría republicana, según New York Post.

Los límites legales: cuando los jueces frenaron la marca

Dos iniciativas encontraron obstáculos judiciales:

Moneda de oro: Un abogado jubilado de Portland presentó una demanda federal. La jueza de distrito Karin J. Immergut rechazó el pedido al determinar que el demandante carecía de legitimación y no demostró que sufriría un perjuicio personal directo.

Kennedy Center: En diciembre, el directorio del centro cultural votó cambiar su nombre a “Trump Kennedy Center” y actualizó la fachada. Un juez federal declaró ilegal la modificación, al considerar que añadir el nombre de Trump a un memorial designado por el Congreso en honor a John F. Kennedy violaba la ley.

El cartel fue retirado en junio de 2026. El centro evalúa una segunda apelación, aunque la primera ya fue rechazada.

Binance nombró a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, una designación con la que la compañía busca profundizar su estrategia regional y consolidarse como una super app financiera en uno de los mercados con mayor adopción cripto de América Latina.

La plataforma, que se presenta como la mayor del mundo en activos digitales por volumen de operaciones y número de usuarios, le asignó la conducción de las operaciones y estrategias en la región. El objetivo, según informó la empresa, es reforzar su posición como espacio único para pagos, rendimientos, inversiones y transferencias en la gestión cotidiana del dinero.

Alberti se incorporará al equipo regional encabezado por Daniel Acosta, responsable de América Latina en la compañía. Su llegada se produce en un momento en que Argentina aparece dentro de los mercados que la firma considera más dinámicos para la expansión de productos financieros digitales basados en criptoactivos.

Ampliar la oferta financiera

Alberti vinculó el potencial del negocio con dos factores: la alta adopción de cripto en Argentina y las dificultades de acceso a servicios financieros para una parte de la población. “Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en Argentina y el Cono Sur. Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”, afirmó.

“Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”

En esa misma línea, agregó: “Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una super app financiera, y Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”.

Acosta también enmarcó la designación dentro de una estrategia de expansión sobre usos concretos de la tecnología financiera. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Matías a Binance. Argentina y el Cono Sur son regiones extremadamente dinámicas en términos de desarrollo cripto, con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales”, sostuvo.

El ejecutivo añadió que la empresa buscará profundizar su oferta de productos y servicios orientados a resolver necesidades diarias. “Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región”.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”

Alberti cuenta con más de 7 años de experiencia en fintech y cripto, con antecedentes en lanzamientos de mercado, ejecución regulatoria y conducción de equipos multifuncionales en distintos países. Antes de incorporarse a Binance, fue country manager de Coinbase en Argentina.

Previamente ocupó los cargos de chief operating officer y country manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú. También se desempeñó como global head of operations en Clara, con foco en América Latina, y fue cofundador de dos startups de tecnología financiera.

Su formación académica incluye el título de contador público por la Universidad Nacional de La Plata y una maestría en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. A eso suma estudios de posgrado en blockchain y fintech por IEBS, en España.

La designación se conoce después de que la empresa fuera incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Para la compañía, ese registro refleja su compromiso con el cumplimiento normativo tanto en el país como a escala global.

Con esa inscripción, el sitio web y la aplicación de Binance para Argentina quedaron completamente disponibles para los usuarios locales. Eso habilita el acceso al conjunto total de servicios y herramientas que la empresa ofrece en el mercado argentino.

El Programa de Cumplimiento de la compañía incluye políticas y controles contra el lavado de dinero y un marco para combatir el financiamiento del terrorismo. También incorpora procesos de verificación de identidad, conocidos como KYC y KYB, y una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros orientada a colaborar con fuerzas del orden en investigaciones vinculadas con criptoactivos y en el desarrollo de capacidades de seguridad.

El uso de criptomonedas en Perú ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos dos años. Según un análisis de la organización de Perú Blockchain Conference 2026, el 3,7% de la población —más de un millón de personas— ya opera con activos digitales, duplicando la cifra registrada menos de dos años atrás.

Este avance coloca a Perú en una posición destacada dentro de América Latina, no solo por la cantidad de usuarios, sino también por la rápida adopción de tecnologías asociadas a la economía digital.

Perú es cripto: Stablecoins y pago digital, motores de la adopción masiva

El Global Crypto Adoption Index de Chainalysis ubica a Perú en el puesto 7 de adopción cripto a nivel regional y en el puesto 42 en el ranking mundial.

Además, el informe subraya que el país ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en protagonista de la expansión blockchain en la región. El auge de las stablecoins —criptomonedas ligadas a activos estables, como el dólar— ha impulsado aún más este fenómeno.

Las stablecoins se han consolidado como una opción preferida para pagos internacionales, remesas digitales y resguardo de valor, en un contexto donde la eficiencia transfronteriza y la dolarización digital adquieren cada vez más relevancia, tanto para usuarios individuales como para empresas.

El entorno regulatorio, junto con la colaboración entre fintechs, billeteras digitales y el sistema financiero tradicional, ha favorecido la interoperabilidad y el acceso a soluciones blockchain.

De acuerdo con la organización, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha destacado en sus reportes las ventajas tangibles de las stablecoins frente a los mecanismos tradicionales, lo que refuerza la tendencia sectorial hacia una mayor digitalización y modernización financiera.

Un mercado en auge y la consolidación de Lima como capital cripto

A propósito de este crecimiento, la Perú Blockchain Conference 2026 celebrará su quinta edición los días 10 y 11 de julio en Lima, en el JW Marriott Larcomar de Miraflores, reafirmando el posicionamiento del país como hub regional para la industria blockchain y de activos digitales.

El evento, organizado por LATAM Blockchain Events LLC, espera superar los más de 3,000 asistentes alcanzados en 2025 y congregará a líderes de empresas globales como Tether, Bitunix, Pariscorp, Binance, Vantage, Bybit, MEXC, Koywe, Circle, BingX, Chainalysis, Tangem, Meru, KAST, Xolvox, JHSafe, Bitllon, BYDFi, Fedi, WhiteBIT, Cardano, Input Output IOHK, Lace, CoinW, Feather Exchange, Midnight, Cryptometales, Blockenfy, Linka, Fluyez, Waxxis, Forex Society, entre otros actores clave del ecosistema.

La conferencia reunirá a compañías del sector, inversionistas, desarrolladores, comunidades Web3 y público general interesado en el futuro de la economía digital. E

ntre los líderes confirmados destaca la participación virtual de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, así como la presencia de patrocinadores de primer nivel y una agenda que incluye competencias de trading, lanzamientos educativos y actividades de networking empresarial.

Formación, networking y nuevos programas para el ecosistema local

Además de las conferencias y paneles, el evento servirá como plataforma para el lanzamiento de la LATAM Blockchain Academy, una iniciativa conjunta con Bitunix que buscará impulsar la formación en blockchain, criptomonedas y trading en toda la región. Las activaciones incluirán competencias regionales, programas de educación financiera y experiencias de integración para comunidades del sector.

La organización de la Perú Blockchain Conference 2026 resalta que el país atraviesa un momento crucial para la evolución del sector. La adopción de criptoactivos, el desarrollo de soluciones blockchain y la convergencia entre empresas tecnológicas, instituciones y usuarios consolidan a Lima como capital cripto de Latinoamérica. El evento será además un espacio estratégico para acelerar la adopción responsable, la innovación y la creación de redes de negocios en el ecosistema Web3.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió el pasado sábado 27 de junio, alrededor de las 16:35, en una torre situada sobre avenida Dorrego al 2200, a metros del cruce con Concepción Arenal. Allí, un agente observó que varios hombres se trenzaban en lucha en el lobby y solicitó apoyo para separar a las partes.

Según relataron los damnificados, de 23 y 25 años, minutos antes se habían presentado en el lugar luego de pactar un encuentro para comprar monedas digitales por la suma de 10 mil dólares.

Al llegar al edificio, las víctimas fueron recibidas por un hombre de 18 años, quien los condujo hacia el primer piso. Una vez ahí, aparecieron sus dos cómplices, ambos menores de edad.

Hasta ese momento todo transcurría con normalidad, pero hubo un detalle que llamó la atención de uno de los compradores. Los jóvenes no podían abrir la puerta del departamento donde se iba a realizar la supuesta operación, por lo que las víctimas decidieron dirigirse hacia la planta baja.

En ese contexto, uno de los estafadores extrajo un arma de fuego de entre sus ropas, pero uno de los damnificados notó que se trataba de una réplica de plástico. Así, los hombres oriundos de Turquía aprovecharon para atacar a los delincuentes, lo cual derivó en una salvaje disputa que se extendió hasta el arribo del personal policial.

Los efectivos detuvieron a los tres imputados y secuestraron tres teléfonos celulares, un juego de llaves compuesto por un sensor magnético y una llave metálica, y una réplica de pistola plástica de color marrón, la cual también presentaba un desgaste de color negro.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores N° 6, a cargo de Carlos Cociancich, con intervención de la Secretaría N° 16, a cargo de Nicolás Renom, que dispuso la detención de los tres imputados y ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias del hecho y el alcance de la banda de estafadores.

El fiscal federal Gerardo Pollicita emplazó a Binance y Lemon a que en un plazo de 72 horas informen movimientos en cuentas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba que ordenó en la causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en un dictamen que firmó este viernes, el fiscal confirmó que se detectaron “inconsistencias” en la evolución patrimonial del ex funcionario.

En el tramo final de la pesquisa y de manera previa a pedirle un requerimiento de justificación patrimonial, la fiscalía ratificó que del resultado de las diversas pruebas que ya hay en la causa existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni, según informaron a Infobae fuentes del caso. La inminencia de este eventual requerimiento fue uno de los motivos que esgrimió la fiscalía al pedir que la defensa informe a la Justicia cualquier plan de del ex jefe de Gabinete de Javier Milei para salir del país, con el fin de evaluar su “pertinencia”, algo que ya fue dispuesto por el juez del caso, Ariel Lijo.

Este pedido de Pollicita se dio al mismo tiempo en que ordenaran al ex jefe de Gabinete a informar cada vez que quiera salir del país, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Además, descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes.

Las cripto

La fiscalía recibió respuesta de Binance sobre la existencia de una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020 y pidió ante ello un detalle de los activos registrados desde esa fecha al 31 de mayo de 2021. En cuanto a Lemon, se le requirió que también en 72 horas envíe una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Manuel Adorni para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022 que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales, en particular operaciones con criptoactivos, con detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.

También en relación a la vinculación con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como también cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Además se pidieron detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.

Las inversiones del ex funcionario

Poco antes de dejar el cargo, en declaraciones periodísticas, el ahora ex jefe de Gabinete dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

A mediados de junio pasado, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y al directorio de YPF pero sigue imputado en la investigación que avanzó la semana última con nuevas declaraciones de testigos en relación al uso de tarjetas de crédito de sus ahora ex empleados en Gobierno para compras particulares como consolas de videojuegos que luego el ex funcionario imputado les pagaba en efectivo.

En otro de los casos se facturó a nombre de una funcionaria de su área la compra de camas y blanquería para la casa del barrio privado Indio Cua de los Adorni por casi 8 millones de pesos que, según declaró la testigo, pagaron en efectivo en el comercio. Quienes pasaron a declarar bajo juramento de verdad por el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía de Pollicita, confirmaron que estos episodios existieron.

El caso judicial contra un ciudadano chino Wenshen Xu en Estados Unidos dejó al descubierto el alcance internacional de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba desde Colombia y se extendía por varios continentes.

Xu, de 52 años y residente en Honduras, fue capturado en Ciudad de Guatemala en julio de 2025 y extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos por conspirar para importar cocaína, lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más temidas y sanguinarias en México.

La investigación se desarrolló por parte de autoridades estadounidenses en coordinación con organismos de Colombia, Guatemala y Honduras, y reveló que Xu no solo era un enlace financiero clave, sino que articulaba operaciones que iban desde Cali hasta el mercado estadounidense, pasando por Centroamérica y Asia.

Colombia: punto de partida y centro logístico de la red

Uno de los elementos más destacados del expediente judicial es la referencia directa a la ciudad de Cali como punto estratégico de la organización, señaló un informe del Departamento de Justicia.

Según los documentos, el 17 de julio de 2025, Xu y otros integrantes de la estructura criminal coordinaron el transporte de varios kilogramos de cocaína desde esa ciudad colombiana.

La operación se realizó a nombre de un supuesto representante del CJNG, lo que refuerza la conexión entre los carteles mexicanos y los operadores internacionales.

La participación de Colombia, sin embargo, no se limitó al origen de uno de los cargamentos. La indagación detalló la existencia de una infraestructura logística compleja, compuesta por pistas de aterrizaje clandestinas, el uso de aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y contactos distribuidos en distintos países de América Latina.

Dicha red permitió, según la justicia de Estados Unidos, movilizar más de 450 kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano utilizando rutas ya establecidas y protegidas.

Más allá del narcotráfico: lavado de millones con criptomonedas

El alcance de la organización liderada por Xu iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes.

La estructura criminal también se encargó de coordinar el lavado de más de 22 millones de dólares generados por la venta de cocaína y fentanilo. Para enmascarar el origen ilícito de esos fondos, los miembros del grupo recurrieron a transferencias con criptomonedas, operaciones comerciales ficticias y plataformas de comunicación encriptadas.

Estos mecanismos —que incluyen tanto el uso de herramientas digitales como el movimiento de dinero a través de empresas fachada— representan, según los investigadores, una muestra de la evolución de las estrategias financieras empleadas por las organizaciones de narcotráfico.

Los niveles de sofisticación de los métodos utilizados por la red de Xu demuestra, de manera no tan alejada de lo que plantean algunas series y películas, la capacidad de adaptación de estos grupos frente a los controles internacionales y la vigilancia bancaria.

La operación internacional y cooperación policial

El caso Xu destaca también por la cooperación entre agencias de distintos países, destacó el mismo Departamento.

La Policía Nacional de Colombia desempeñó un papel central en el desarrollo de la investigación, trabajando de la mano con la DEA y sus oficinas en Guatemala y Colombia, así como con la Policía Nacional de Guatemala y otras dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió identificar y rastrear los movimientos de Xu y su red, lo que derivó en su captura el 17 de julio de 2025 en Ciudad de Guatemala y su posterior extradición a Estados Unidos el 30 de enero de este año.

De otro lado, las autoridades estadounidenses puntualizaron que la operación es un ejemplo de cómo los esfuerzos conjuntos pueden desarticular estructuras criminales con presencia multinacional.

Un nuevo modelo de crimen transnacional: alerta en el radar

Para el sistema judicial de Estados Unidos, la estructura liderada por Xu representa una nueva generación de redes criminales, en la que convergen operadores de distintos orígenes y especialidades.

En una misma operación puede encontrarse a un financiero chino, estructuras logísticas en Centroamérica, cargamentos que parten desde Colombia y carteles mexicanos encargados de la distribución final en Estados Unidos.

A raíz de esta articulación se evidenciaría el carácter multinacional y la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que aprovechan la globalización y las nuevas tecnologías para evadir controles y maximizar sus ganancias ilícitas.

Tras declararse culpable, Wenshen Xu deberá comparecer nuevamente ante la justicia estadounidense el jueves 15 de octubre de 2026, cuando un juez federal definirá su condena.

El hoy detenido enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una sanción máxima que podría alcanzar la cadena perpetua, según la legislación norteamericana.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó este martes detención provisional e instrucción formal contra el hondureño Denis Esteban G. C., de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público, según informó este martes el portal de Centros Judiciales El Salvador. El caso apunta a un perjuicio patrimonial preliminar de $350.000.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias como proveedores de servicios de activos digitales. En la audiencia inicial, el juez consideró que los indicios presentados acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, además del riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.

La acusación sostiene que Denis Esteban actuó junto con la también procesada Valeria Lisseth A. R., de 26 años, y que usaron una sociedad fantasma llamada Trade Corporation Capital S. A. de C. V. para captar personas por redes sociales y ofrecer inversiones en monedas digitales con promesas de ganancias.

La denuncia por la inversión y las amenazas

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima fue persuadida para invertir $976.920,02. Según el escrito, cuando pidió la devolución del capital y de las ganancias supuestamente generadas, los imputados se negaron a pagar y comenzaron a amenazarla de muerte.

El juzgado aún no resolvió la situación jurídica de Aragón Rivas porque figura en el proceso en calidad de ausente.

Casos similares de estafas en el país

Este año, en enero, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició la audiencia preliminar contra tres hermanos identificados como Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada en el denominado “Caso Forex”, donde hasta ahora se han contabilizado 500 víctimas y un monto defraudado superior a USD $2.5 millones.

Las investigaciones fiscales han demostrado que este tipo de esquemas fraudulentos se han multiplicado con la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso a mecanismos internacionales de transferencia.

A pesar de las tres órdenes de captura y la alerta de difusión internacional de Interpol, hasta hace un año los imputados permanecían fugitivos de la justicia salvadoreña. Las autoridades prevén que la actual audiencia preliminar se extienda durante toda la semana, mientras continúan recibiendo denuncias y ampliando el expediente de investigación.

En marzo de 2025, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que Gerardo Alfredo Escrich Torres continúe en detención provisional y abrió instrucción formal en su contra, acusado de estafa agravada por un monto total de USD 62.000, en perjuicio de cuatro víctimas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado convenció a las víctimas de entregar dinero con la promesa de inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, además de supuestas operaciones de trading en la bolsa de valores.

La acusación sostiene que ofrecía rendimientos de entre 10% y 15% por cada inversión. Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, periodo en el que las víctimas lo conocieron y, según el expediente, él aseguró que contaba con autorización del Banco Central de Reserva para realizar esas operaciones.

Según la imputación, cuando las víctimas reclamaban las ganancias tras realizar transferencias, Escrich Torres respondía que había perdido el dinero por problemas en el mercado de criptomonedas.

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, experimentó un cambio sustancial luego de que el FBI determinó que las tres notas atribuidas a un supuesto secuestro resultaron ser falsas.

Esta decisión, confirmada por Reuters a través de fuentes federales y policiales, diluye la hipótesis de un secuestro extorsivo y deja sin sustento la versión que dominó la cobertura mediática desde inicios de febrero.

Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo análisis forense, con la familia manteniendo la búsqueda activa y la recompensa vigente.

Investigación federal y las comunicaciones apócrifas

La intervención de la agencia federal comenzó con el análisis de todas las comunicaciones asociadas a la desaparición de Nancy Guthrie.

Un funcionario del FBI, citado por Reuters, afirmó que ninguna de las tres notas recibidas —dos de ellas presentadas como pedidos de rescate y una más reciente con supuesta información sobre los autores— es considerada auténtica. Esta evaluación fue confirmada por una segunda fuente policial, lo que llevó a las autoridades a descartar el secuestro extorsivo como móvil principal.

La oficina del sheriff del condado de Pima, que conduce la investigación general, decidió remitir las consultas sobre las notas al FBI.

Su vocera, Angelica Carrillo, aseguró que no existen novedades y que tanto las muestras de ADN como las pruebas de video continúan bajo análisis forense. Esta falta de avances refuerza la incertidumbre sobre el paradero de la mujer, de 84 años y con problemas de movilidad y salud.

Las tres comunicaciones analizadas por los federales llegaron inicialmente a distintos medios, incluyendo a TMZ.com. La primera nota, según la información divulgada por ese portal, exigía una suma “de millones” en criptomonedas y establecía dos fechas límite para el pago: el 5 y el 9 de febrero.

La segunda nota, difundida la semana pasada por la cadena NBC News, aseguraba que para ese momento Nancy Guthrie ya había fallecido. El texto no solicitaba dinero ni ofrecía datos sobre el cuerpo. Los investigadores del FBI determinaron que las dos comunicaciones provenían de un mismo remitente, aunque no detallaron la metodología empleada para llegar a esa conclusión.

Al intentar verificar la autenticidad de la primera nota, el FBI realizó un depósito de criptomonedas en la cuenta señalada, pero el dinero nunca fue reclamado. Este elemento, sumado a otros procedimientos que no fueron especificados, llevó a las autoridades a concluir que las notas no guardaban relación con la desaparición de Guthrie.

El tercer mensaje, también descartado, fue recibido por TMZ.com y contenía la afirmación de que el autor conocía la identidad de los secuestradores y poseía videos del “principal involucrado” y de la víctima en el día en que habría fallecido. Tampoco en este caso el FBI detalló los pasos que permitieron descartar la autenticidad del mensaje.

El rol de la familia Guthrie y la exposición pública

Desde el primer momento, la familia de Savannah Guthrie impulsó la atención mediática sobre el caso. La periodista, copresentadora del programa Today en NBC, utilizó sus redes sociales y su espacio en televisión para solicitar a los supuestos captores que abrieran un canal de comunicación directo. En uno de los mensajes difundidos junto a sus hermanos, Savannah declaró: “Pagaremos”, haciendo explícita la intención de cumplir con cualquier pedido de rescate. Esta exposición pública contribuyó a instalar la hipótesis del secuestro en la agenda mediática.

Luego de la difusión de la segunda nota, la conductora volvió a solicitar colaboración ciudadana para esclarecer el caso y recordó que la familia mantiene una recompensa de USD 1.000.000 para quien aporte información relevante.

La periodista describió el estado de sus allegados como “agonía” desde la desaparición de su madre, una situación que se prolongó sin novedades sustanciales desde el 31 de enero, día en que Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, tras compartir la noche con su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

Evidencia forense y el escenario de incertidumbre

El avance de la investigación se vio condicionado por la falta de resultados contundentes en las pruebas genéticas y de video. Las autoridades confirmaron que la sangre hallada en el porche delantero de la vivienda pertenecía a Nancy Guthrie, lo que reforzó el carácter violento del episodio.

A mediados de febrero, el FBI y la oficina del sheriff difundieron imágenes de vigilancia que mostraban a un individuo armado y cubierto con un pasamontañas manipulando la cámara del timbre poco antes de la desaparición.

Las muestras genéticas obtenidas de un guante encontrado cerca del domicilio, similar al que llevaba el sospechoso, no coincidieron con perfiles conocidos en bases de datos nacionales.

La falta de coincidencias en el análisis forense y la ausencia de comunicaciones genuinas dejaron el caso en una fase de incertidumbre. La investigación permanece bajo la órbita de las autoridades federales y locales, sin que se hayan divulgado nuevos indicios.

A pesar de ello, Savannah expresó que la familia sigue “avivando las brasas de la esperanza” de que su madre esté viva, aunque reconoció que existe la posibilidad de que ya no lo esté.

La exposición pública del caso, el papel de los medios y la actuación de las autoridades federales dibujaron un escenario donde la búsqueda de respuestas sigue abierta y la familia mantiene la expectativa de encontrar a Nancy Guthrie o, al menos, de conocer el desenlace real de su desaparición.

Google Finance se ha consolidado como un servicio digital que permite acceder de manera gratuita a información sobre mercados bursátiles globales, seguimiento de empresas y análisis de inversiones. La herramienta facilita el monitoreo de valores y activos en tiempo real, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes desean gestionar inversiones o simplemente mantenerse informados sobre la evolución de la economía.

Sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, cualquier persona puede consultar datos actualizados, configurar alertas y organizar su propia cartera, todo desde una plataforma intuitiva.

Cómo funciona Google Finance y para qué sirve

El servicio de Google Finance está orientado a usuarios con distintos niveles de experiencia, desde quienes apenas se inician en inversiones hasta quienes buscan una fuente centralizada de datos de mercado y noticias empresariales.

Su funcionamiento es sencillo: basta con ingresar en el sitio web o buscar el símbolo de una acción en el buscador de Google para obtener un resumen visual con gráficos, cotizaciones y datos históricos.

Además, la plataforma ofrece informes de inteligencia de mercado y herramientas interactivas para organizar y visualizar carteras personalizadas. De este modo, se convierte en una opción práctica para quienes desean tomar decisiones informadas y seguir el rendimiento de sus activos sin recurrir a plataformas complejas o de pago.

Funciones clave de Google Finance para principiantes en inversión

El acceso a una función de carteras globales es uno de los puntos centrales de la renovada propuesta de Google Finance. Esta herramienta permite consolidar todas las inversiones del usuario en un solo panel, mostrando estadísticas detalladas sobre la distribución y el rendimiento de los activos.

Así, quienes están comenzando en el mundo de las inversiones pueden comprender de manera visual la composición de su portafolio, detectar desequilibrios y planificar ajustes.

Para facilitar el registro de las inversiones, el sistema admite tanto la carga de archivos (CSV o PDF) como la introducción manual de datos. Esto significa que no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos técnicos para empezar a organizar una estrategia de inversión adaptada a objetivos personales.

Otra característica destacada es la herramienta de análisis, que responde a preguntas sobre diversificación y riesgo, permitiendo identificar sectores subrepresentados en la cartera o analizar el impacto de diferentes tipos de activos en la proyección a largo plazo. Esta función ayuda a los usuarios a optimizar su estrategia sin necesidad de recurrir a asesores externos.

Inteligencia de mercado y automatización en Google Finance

La plataforma ha incorporado la posibilidad de programar informes personalizados que anticipan los movimientos relevantes de los mercados antes de la apertura diaria. Los usuarios pueden modificar tanto el contenido como el horario de estos reportes, y vincularlos a sus activos favoritos o a su cartera personal.

Una vez configuradas las tareas, Google Finance opera de manera automatizada en segundo plano y envía las notificaciones directamente al móvil o al panel web. Esto permite mantenerse informado sobre los cambios más relevantes sin dedicar tiempo a buscar manualmente cada novedad financiera.

Para quienes se están familiarizando con la dinámica de los mercados, esta automatización representa una ventaja: reduce la sobrecarga informativa y permite enfocarse solo en lo imprescindible para tomar decisiones.

Google Finance en el móvil: seguimiento en tiempo real y novedades con IA

La aplicación móvil de Google Finance, disponible para Android y próximamente para iOS, refuerza la experiencia de monitoreo en tiempo real. Desde el teléfono es posible consultar la evolución de activos, recibir alertas personalizadas y acceder a un flujo de noticias constantemente actualizado.

Entre las innovaciones destaca una herramienta de análisis basada en inteligencia artificial diseñada para explicar los factores detrás de los movimientos bursátiles. Esta función busca brindar contexto y claridad, facilitando la comprensión de los eventos que influyen en el valor de las acciones.

Además, la aplicación permite revisar y modificar la estrategia de inversión en función de los datos más recientes, así como configurar nuevas alertas o tareas desde cualquier lugar. En los próximos meses, se planea incorporar más funciones avanzadas, como las llamadas de ganancias en vivo y herramientas de gestión de cartera que ya están presentes en la versión web.

Cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Rastrear los mercados financieros globales de forma gratuita con Google Finance es un proceso accesible y diseñado para principiantes. Para empezar, el usuario solo necesita una cuenta de Google para ingresar desde el navegador web o el celular, sin requerir descargas ni suscripciones de pago.

Una vez dentro de la plataforma, la barra de búsqueda funciona como el centro de mando desde donde se puede explorar la economía mundial, permitiendo localizar índices globales, acciones de empresas específicas, tasas de cambio de divisas y criptomonedas.

Para facilitar el monitoreo diario, la herramienta ofrece la creación de una “Lista de seguimiento”. Al presionar el botón de seguir en cualquier activo de interés, este se ancla en la pantalla principal para mostrar sus variaciones de precio en tiempo real.

Yendo un paso más allá, la plataforma permite simular o registrar una cartera de inversiones real. Al añadir un activo detallando la cantidad y su precio de compra, Google Finance calcula automáticamente las ganancias o pérdidas que el usuario tendría según las fluctuaciones del mercado.

Finalmente, la plataforma no solo se limita a mostrar cifras, sino que proporciona herramientas para entender el contexto financiero. Los inversores pueden superponer gráficos para comparar visualmente el rendimiento de distintos activos y consultar paneles de noticias específicos para cada mercado o empresa. Esta integración de datos y noticias ayuda a comprender claramente los motivos detrás de los cambios de precio diarios.

Según el Informe de Adopción Cripto de Chainalysis 2025, América Latina figura entre las regiones con mayor avance en adopción de cripto. El relevamiento señala que la región cuenta con tres de los 20 mercados más relevantes a nivel mundial y que, durante el último año, el uso de activos digitales creció un 63%.

La tendencia está impulsada tanto por usuarios minoristas como institucionales. Por eso, uno de los principales exchanges globales busca impulsar un cambio estratégico en esta parte del planeta.

Se trata de Binance, que anunció recientemente el nombramiento de Daniel Acosta como nuevo responsable para América Latina. A través de su dirección, el objetivo es profundizar la presencia de la compañía en una de las regiones de mayor crecimiento en adopción de activos digitales.

Estrategia para acercar la cripto al uso cotidiano

Desde Binance pretenden continuar facilitando el acceso a soluciones cripto seguras, accesibles y que puedan integrarse en la vida diaria. Para Acosta, el potencial radica en expandir el alcance de productos y servicios en un contexto donde todavía existe margen para mejorar la inclusión financiera.

“América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento”, expresó el nuevo Head de Latam.

Asimismo, reveló que Binance no es solo un exchange cripto, sino una “superapp financiera”, y esta región es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más interesante: “Estamos atentos a las oportunidades y necesidades de los usuarios locales, y comprometidos a construir la infraestructura que los conecte con el sistema financiero global”.

Nuevos productos y utilidades para usuarios de América Latina

Binance considera a América Latina como un territorio clave para el desarrollo de herramientas que mejoran la usabilidad de las criptomonedas. De hecho, estas fueron las iniciativas más recientes en este lugar:

• Lanzamiento de la Binance Card
• Herramientas de pago con código QR
• Integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay, que permite pagos instantáneos en reales brasileños usando cripto
• 32 pares de negociación en monedas fiduciarias locales en distintos mercados

Estas soluciones buscan facilitar los pagos, transferencias y la inversión en activos digitales en la región.

Trayectoria de Daniel Acosta y nuevo enfoque regional

Daniel Acosta ocupó el cargo de gerente general de Binance para Colombia y Norte de Latinoamérica desde 2022. En la nueva etapa, dirige la estrategia regional para el crecimiento y el cumplimiento regulatorio, adaptando la propuesta de la marca a las demandas locales.

En su recorrido profesional, Acosta trabajó durante diez años en Mastercard, donde lideró productos de pagos y blockchain para América Latina y el Caribe. Además, cuenta con formación en administración de empresas y capacitación en innovación en Singularity University.

Cambios en el liderazgo y continuidad de la estrategia

La llegada de Acosta coincide con la transición de Guilherme Nazar a un nuevo rol de asesor estratégico: estará vinculado a la estrategia regional mientras explora nuevos proyectos en la intersección entre finanzas y tecnología.

Este ejecutivo venía encabezando la presencia de Binance en América Latina desde 2022, período en el que la compañía obtuvo licencias regulatorias en mercados clave como la Argentina, Brasil, El Salvador y México. Bajo su gestión. De hecho, la empresa sumó millones de usuarios al ecosistema cripto a través de productos adaptados a cada país.

Cifras globales y apuesta por la seguridad

Según datos de la compañía, su base de usuarios global supera los 320 millones. Además, en 2025, la plataforma registró un volumen negociado de 34 billones de dólares.

El crecimiento de la industria lleva a la empresa a reforzar inversiones en seguridad, cumplimiento normativo y educación, con el objetivo de proteger los fondos y fortalecer la confianza en el ecosistema digital.

Binance sostiene un compromiso firme con el desarrollo de un entorno cripto inclusivo, orientado a ampliar el acceso financiero a través de la tecnología blockchain. Su portafolio cubre trading, pagos, educación, investigación, impacto social y servicios institucionales.

El liderazgo de Acosta marca una nueva etapa para Binance en América Latina, con el foco puesto en la adopción y el desarrollo de soluciones alineadas a las necesidades de los usuarios en el marco de la transformación digital.

En el corazón rural del estado de Nueva York, una granja lechera se convirtió en pionera al utilizar el estiércol de más de 4.000 vacas y residuos alimentarios para generar biogás que alimenta una mina de criptomonedas instalada en su predio.

Según informó Grist, el proyecto de Lent Hill Dairy Farm y Ag-Grid Energy representa el primer caso en Estados Unidos donde el gas natural renovable (RNG) producido en un tambo se destina directamente a la computación, con la mira en el creciente mercado energético de los centros de datos.

De los residuos al biogás: un modelo energético en expansión

En la Lent Hill Dairy Farm, ubicada en el condado de Steuben, dos grandes digestores anaeróbicos transforman diariamente más de 170.000 litros de residuos alimentarios y el estiércol de las vacas en biogás, un combustible que suele emplearse en electricidad, calefacción y transporte.

Ag-Grid Energy, la empresa a cargo, plantea que este modelo podría replicarse en tambos medianos para abastecer pequeños centros de datos y llevar capacidad de computación de inteligencia artificial a zonas rurales a través de fibra óptica, de acuerdo con declaraciones de Rashi Akki, fundadora y directora ejecutiva, recogidas por Sentient.

La iniciativa surge en un contexto donde los gigantes tecnológicos buscan alternativas energéticas a los combustibles fósiles para evitar la sobrecarga de la red eléctrica por el crecimiento de los centros de datos.

Según datos citados por Grist, estos centros ya consumen el 4,9% de la electricidad de Estados Unidos, una cifra que podría duplicarse hacia 2030. Microsoft, por ejemplo, se asoció en California con Enchanted Rock para utilizar gas natural renovable como respaldo energético en sus instalaciones.

Patrick Serfass, director ejecutivo del American Biogas Council, sostuvo ante Sentient que el biogás es “un excelente complemento” para la demanda de energía confiable y de alta capacidad que exigen los centros de datos.

Sus estimaciones aseguran que Estados Unidos apenas desarrolló entre el 10% y el 15% de la capacidad potencial del mercado de biogás. “Los centros de datos van a estar tan hambrientos de energía que podrían absorber prácticamente toda la oferta que la industria pueda crear”, afirmó Serfass.

Incentivos económicos y cuestionamientos al impacto ambiental

El auge del biogás como solución energética se apoya en subsidios públicos. El programa californiano Low-Carbon Fuel Standard financia cerca de 200 digestores en 16 estados; en 2023, la Inflation Reduction Act del gobierno de Joe Biden destinó más de USD 150 millones a proyectos de biogás; y el Michigan Strategic Fund aprobó más de USD 100 millones en bonos privados para digestores, según informó Grist.

Akki, de Ag-Grid Energy, subrayó que los créditos fiscales resultan decisivos para la viabilidad de estos proyectos y propuso incentivos específicos para digestores que generen electricidad orientada a inteligencia artificial, en línea con los apoyos ya existentes para otras formas de producción energética.

No obstante, la expansión de digestores en conexión con centros de datos enfrenta críticas de investigadores y comunidades que cuestionan tanto su impacto ambiental como su eficacia económica.

Sarah D’Onofrio, investigadora y defensora de comunidades afectadas, afirmó que el gas natural renovable puede incorporarse en la infraestructura energética sin necesidad de grandes cambios, lo que permite a las empresas mezclarlo con gas convencional y presentar el suministro como sustentable.

D’Onofrio advirtió que una reducción real de emisiones requeriría una transición hacia energías limpias, en lugar de reemplazos renovables de combustibles fósiles.

Su preocupación principal es que la demanda de los centros de datos incentive la expansión de la industria del estiércol-energía y, por lo tanto, de las granjas industriales.

Controversias y resistencia local ante los digestores

En Estados Unidos, los animales criados en establecimientos industriales generan unas 427 millones de toneladas de estiércol al año, con efectos sobre el aire y el agua en comunidades rurales, según datos citados por Grist.

Los digestores no eliminan el residuo: dejan digestato, un subproducto que puede emplearse como fertilizante o cama para animales, aunque investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que este material puede contaminar más que el estiércol sin digerir.

Brent Kim, investigador del Johns Hopkins Center for a Liveable Future, definió los subsidios públicos como un “incentivo perverso” que puede llevar a que el valor del estiércol supere al de la leche.

Kim y sus colegas publicaron una revisión científica en la que concluyen que si bien los digestores pueden reducir emisiones de metano a corto plazo, también pueden aumentar las de amoníaco y otros contaminantes, generando un fenómeno de “cambio de un contaminante por otro”.

El beneficio climático de los digestores es debatido: el World Resources Institute estima que solo reducen en torno al 25% el metano del almacenamiento de estiércol.

Un informe de Friends of the Earth detectó que las lecherías con digestores incrementaron el tamaño de sus rodeos un 3,7% anual, una tasa 24 veces superior a la de las granjas sin esa tecnología. En el condado de Kewaunee, en Wisconsin, el tamaño de los rodeos creció cerca de un 58% desde la instalación de estos sistemas.

Las críticas no provienen solo del ámbito académico. En 2023, Victoria Gehrke, organizadora comunitaria en Lind, Wisconsin, supo que una empresa de residuos para energía proponía instalar un digestor en la localidad con la promesa de gestionar estiércol y reducir desperdicios.

Junto a Laurie Knutzen, identificaron riesgos de emisiones peligrosas, tránsito constante de camiones, escasas restricciones sobre el origen de los residuos y contaminación del agua. Tras más de un año de oposición, el municipio rechazó el proyecto de Vanguard Renewables en la primavera de 2024, aunque la empresa sigue operando más de 50 digestores en el país y prevé superar los 100 proyectos para fines de 2028.

Productores rurales como Lynn Henning, en Michigan, señalaron que cuando el estiércol se vuelve “más valioso que la leche”, cambia el sentido mismo de la actividad agropecuaria.

Por su parte, Kathy Morrison, también en Michigan, relató que convivir junto a un digestor deterioró su calidad de vida debido al olor del digestato, que se dispersa en los campos tras el proceso.

Morrison aclaró que no rechaza la tecnología en sí, especialmente en versiones pequeñas y controladas, pero cuestionó los proyectos de gran escala orientados al lucro. Consideró que la entrada de los centros de datos, que ya arrastran sus propios impactos ambientales, ampliaría todavía más esas oportunidades de negocio.

La nueva aplicación de Google Finance representa un avance significativo para quienes desean iniciarse en el mundo de las inversiones sin complicaciones. Esta herramienta ha dejado atrás su versión beta y ahora ofrece una serie de funciones diseñadas para simplificar el seguimiento y la comprensión de los movimientos financieros.

Entre sus principales atractivos se encuentran la posibilidad de gestionar una cartera personalizada, el acceso a informes de inteligencia de mercado y la comodidad de una aplicación móvil que reúne todas estas novedades en un solo lugar.

Estas características convierten a Google Finance en una opción especialmente útil para principiantes, quienes encontrarán en esta plataforma una ayuda concreta para tomar decisiones informadas y monitorear su progreso de manera sencilla.

Google Finance: funciones clave para inversores principiantes

La plataforma renovada de Google Finance incorpora una función de carteras accesible a nivel mundial, pensada para quienes se inician en las inversiones y buscan un método sencillo para organizar sus activos.

Los usuarios pueden visualizar todas sus inversiones consolidadas en un panel único, donde se muestran datos de rendimiento y estadísticas sobre la distribución de activos. Esta visión integral permite a los principiantes comprender mejor la composición de su portafolio y detectar posibles áreas de mejora.

Además, la aplicación facilita la creación de nuevas carteras mediante la carga de archivos como CSV o PDF, así como el registro manual de inversiones. Esto permite que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda comenzar a estructurar una estrategia de inversión adaptada a sus necesidades.

La herramienta de investigación integrada responde a consultas orientadas a evaluar la diversificación y el perfil de riesgo, como “¿Qué sectores están subrepresentados en mi cartera?” o “¿Cómo afecta mi asignación de renta fija a mi potencial de crecimiento a largo plazo?”. Estas funcionalidades ayudan a los usuarios a identificar oportunidades de ajuste y optimización sin necesidad de conocimientos avanzados.

La facilidad de configuración y el acceso a información relevante convierten a Google Finance en una solución práctica para quienes desean comprender el funcionamiento del mercado y el impacto de sus decisiones financieras desde el inicio.

Inteligencia de mercado personalizada en Google Finance

Uno de los elementos diferenciadores de la nueva versión de Google Finance es la forma en que acerca la inteligencia de mercado a sus usuarios. La plataforma permite configurar tareas personalizadas, como recibir informes diarios previos a la apertura del mercado sobre los movimientos más significativos en criptomonedas.

Según Barine Tee, Director de Ingeniería en Google, es posible modificar tanto el contenido de los informes como el horario de entrega, e incluso utilizar la lista de seguimiento o la cartera personal para adaptar las estadísticas a las inversiones de cada usuario.

Una vez establecidas las tareas, Google Finance opera en segundo plano, recopilando datos y preparando informes personalizados de acuerdo a la programación definida. Las notificaciones llegan tanto a la aplicación móvil —disponible en Android y próximamente en iOS— como al panel web, donde también pueden consultarse y editarse las tareas configuradas.

Esta automatización y personalización reducen la necesidad de seguir manualmente las noticias financieras, lo que resulta especialmente útil para quienes se están familiarizando con los mercados y desean recibir información relevante sin esfuerzo adicional.

La nueva app de Google Finance: seguimiento en tiempo real y herramientas de IA

La llegada de la aplicación de Google Finance para Android marca un hito en la experiencia móvil de los inversores principiantes. Esta app permite consultar en cualquier momento la lista de activos en seguimiento, acceder a datos en tiempo real y leer un flujo de noticias financieras actualizado constantemente.

Entre sus novedades destaca la presencia de una herramienta de investigación basada en inteligencia artificial, que ayuda a explicar los “momentos clave” detrás de los movimientos de las acciones.

Esta combinación de funciones busca hacer más accesible la información financiera para quienes necesitan consultar el mercado varias veces al día desde su teléfono. La app integra también la posibilidad de recibir notificaciones personalizadas, mantenerse informado sobre los acontecimientos más recientes y ajustar la estrategia de inversión en tiempo real, todo desde la palma de la mano.

Se prevé que, en los próximos meses, más funciones presentes en la versión web —como las llamadas de ganancias en vivo y las herramientas avanzadas de gestión de cartera— se incorporen a la aplicación móvil. Además, está previsto el lanzamiento de la versión para iOS, lo que ampliará la disponibilidad de Google Finance a una mayor cantidad de usuarios.

Ventajas de Google Finance para quienes inician en inversiones

La nueva propuesta de Google Finance busca eliminar las barreras de entrada al mundo de la inversión, ofreciendo una experiencia intuitiva y herramientas que facilitan la toma de decisiones informadas.

La integración de carteras personalizadas, informes automáticos y acceso móvil inmediato permite a los principiantes monitorear su progreso y ajustar su estrategia en función de datos concretos, sin verse abrumados por la complejidad habitual de otras plataformas financieras.

La disponibilidad global de estas funciones, junto con la promesa de nuevas actualizaciones tanto en la web como en dispositivos móviles, posiciona a Google Finance como una opción atractiva para quienes buscan una herramienta confiable y sencilla para gestionar sus inversiones desde cualquier lugar.

La plataforma de criptomonedas Binance comunicó a sus clientes en la Unión Europea que interrumpirá la prestación de servicios en la región desde la próxima semana, debido a su imposibilidad de obtener una licencia bajo el nuevo régimen de la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Esta decisión surge cuando el plazo para que todas las empresas del sector cuenten con la autorización exigida por la Unión Europea llega a su fin el 30 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, encabezada por Carlos San Basilio, confirmó que no otorgará prórrogas ni excepciones a las plataformas de criptomonedas que no hayan cumplido con los requisitos de la MiCA. En declaraciones recogidas por Reuters durante un acto en Santander, San Basilio explicó que el regulador mantiene una comunicación activa con las compañías que no obtuvieron la autorización, con el objetivo de asegurar un cierre ordenado de sus operaciones.

Según lo informado por Reuters, San Basilio remarcó que “no va a haber ni excepciones ni prórrogas” para las plataformas, y subrayó que la prioridad del regulador español es la protección de los clientes durante la transición. El funcionario aclaró que las empresas deben comunicar de manera clara sus planes de salida del mercado europeo y garantizar la salvaguarda de los derechos de los inversores.

En este contexto, Binance notificó que, tras retirar su solicitud de licencia en Grecia por no recibir una resolución formal, ya no podrá prestar servicios a sus usuarios en la Unión Europea. El intercambio más grande del mundo señaló que planea buscar la autorización a través de Francia, país donde previamente mantuvo conversaciones con las autoridades regulatorias. A pesar de este enfoque alternativo, la empresa reconoció que cualquier posible licencia llegaría después de la fecha límite, por lo que suspenderá temporalmente sus servicios a los clientes europeos.

Durante la semana previa al vencimiento del plazo, clientes de Binance en países como Polonia, Italia, España y Francia —donde la compañía cuenta con licencias locales— recibieron comunicaciones sobre el procedimiento para retirar sus fondos. La plataforma aseguró que los activos de los usuarios “permanecen seguros y protegidos”. En el mensaje enviado a los usuarios, Binance explicó que la empresa “no obtendrá una licencia MiCA para el 30 de junio de 2026”.

El fracaso en la obtención de la autorización en Grecia marcó un revés relevante para Binance, que había intentado consolidar su posición en la región tras enfrentar investigaciones y sanciones regulatorias en otros mercados. Según fuentes citadas por Reuters, la candidatura del gigante de las criptomonedas en Grecia se complicó por dudas sobre los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los requisitos para sus dirigentes, especialmente en torno a Changpeng Zhao, fundador de la compañía.

La imposibilidad de operar bajo la nueva normativa europea implica que los usuarios de plataformas que no cuenten con la licencia no podrán realizar nuevas operaciones en la región. El propio presidente de la CNMV advirtió que quienes decidan operar igualmente con plataformas no autorizadas quedarán fuera del alcance de las protecciones que ofrece la regulación MiCA.

El marco normativo MiCA, aprobado a nivel comunitario, obliga a todas las empresas del sector cripto a tramitar y obtener una licencia específica para seguir funcionando en el mercado de la Unión Europea. La aplicación de la regulación corresponde a cada Estado miembro, aunque existen propuestas para ampliar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) en el futuro.

El entorno europeo se ha mostrado especialmente estricto con el cumplimiento de las nuevas reglas. La CNMV, según palabras de San Basilio recogidas por Reuters, mantiene un diálogo continuo con las empresas afectadas para supervisar la transferencia de activos y fondos de los clientes a otros proveedores, procurando que los usuarios no sufran pérdidas ni confusiones durante el proceso de transición.

A pesar del contratiempo, Binance reiteró a través de sus portavoces que Europa sigue siendo un mercado estratégico para la compañía. La empresa manifestó su intención de seguir colaborando con los reguladores y adaptarse a un marco regulatorio “claro, justo y armonizado”. Binance espera obtener una licencia MiCA en los próximos meses y planea anunciar la jurisdicción elegida cuando el proceso esté concluido.

El caso de Binance no es aislado. La mayor presión regulatoria en la región ha impulsado a otros actores del sector a buscar licencias locales o a cesar actividades en algunos mercados. En paralelo, empresas rivales con licencias vigentes han aprovechado la salida de Binance para atraer a usuarios que buscan opciones reguladas y continuidad en sus operaciones dentro del espacio europeo.

La decisión de la CNMV y la entrada en vigor del régimen MiCA marcan un punto de inflexión para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. La transición al nuevo marco regulatorio representa un desafío tanto para las plataformas que aspiran a seguir operando de manera legal como para los usuarios, quienes deben informarse adecuadamente sobre el estatus regulatorio de los servicios que utilizan para resguardar sus activos digitales.

“A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó Milei al periodista Fernando González. Las declaraciones del Jefe de Estado se producen después de que Adorni reconociera públicamente, el pasado 10 de junio, que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

El ahora exvocero presidencial explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a almacenar al menos 500.000 dólares en un dispositivo externo. Ante esa situación, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente.

Pese a la gravedad de los hechos, Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, sostuvo. Además, aclaró que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

El mandatario ratificó una postura que expone en público y en privado y señaló que no se dejará "llevar por los denunciadores seriales”. Al mismo tiempo, lanzó otra crítica al expresidente Mauricio Macri al recordar que asumió la presidencia en 2015 “procesado”. “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", ironizó.

Consultado sobre si el escándalo podría afectar la imagen de su gobierno de cara a las elecciones de 2027, Milei descartó el impacto y reafirmó su intención de presentarse a la reelección.

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", aseguró.

Y agregó: “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.

Por último, afirmó a El Observador: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las las cumplí en febrero".

Distinción en Madrid

Por otro lado, Milei recibió este viernes la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo durante la inauguración de la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, celebrada en el Aula Magna de esa casa de estudios en Madrid. El acto se enmarca en la sexta visita del mandatario a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

La distinción fue entregada en reconocimiento a “su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según precisó la propia institución universitaria.

Durante su discurso ante el auditorio, Milei defendió los resultados económicos de su gestión. El presidente argentino señaló que la inflación, que al inicio de su mandato rondaba el 211% en minoristas y el 300% en mayoristas —con una dinámica proyectada hacia el 15.000%—, se ubica actualmente entre el 25% y el 30%. “Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, afirmó.

En otro pasaje de su intervención, cuestionó los modelos económicos en Europa, señalando de forma directa que "no puede crecer porque está atestada de regulaciones“. El mandatario argentino advirtió que la obsesión por corregir supuestos “fallos de mercado” mediante la intervención estatal solo consigue “matar el crecimiento económico”.

“Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”, afirmó el mandatario en referencia al gasto público descontrolado, el ataque a la propiedad privada y las regulaciones en nombre de la “justicia social”.

Binance, el exchange de criptomonedas con más usuarios del mundo, suspenderá gran parte de sus operaciones en la Unión Europea desde el 1 de julio tras no obtener la licencia MiCA, el permiso obligatorio para operar bajo la nueva regulación europea de criptoactivos.

La decisión afecta especialmente a España, donde se estima que existen alrededor de 500.000 cuentas activas que deberán buscar alternativas mientras la compañía intenta conseguir autorización en otro país del bloque.

La empresa había iniciado el proceso de licencia en Grecia, pero decidió retirarlo después del rechazo del regulador local. Ahora busca obtener la autorización en otro Estado miembro, aunque todavía no ha revelado cuál será el país elegido.

Qué cambiará para los usuarios europeos de Binance

Con la entrada en vigor plena del reglamento MiCA, Binance solo podrá realizar las operaciones necesarias para facilitar una salida ordenada de sus clientes europeos.

Entre las restricciones anunciadas se encuentran:

• Suspensión de la compra y venta de criptomonedas.
• Fin de los servicios de préstamos.
• Cancelación de los programas de recompensas.
• Cierre automático de operaciones abiertas después del período de gracia establecido por la empresa.

Según las autoridades europeas, durante esta transición únicamente podrá mantenerse la custodia de los activos mientras los usuarios transfieren sus fondos o cierran sus posiciones.

La empresa aseguró que continúa comprometida con el mercado europeo y afirmó que espera obtener la licencia “en los próximos meses”, aunque no existe una fecha oficial para ello.

Qué es la licencia MiCA y por qué es tan importante

MiCA (Markets in Crypto-Assets) es la nueva regulación de la Unión Europea destinada a supervisar el funcionamiento de las empresas dedicadas a los activos digitales.

Su objetivo es establecer normas comunes para proteger a los inversionistas, aumentar la transparencia del sector y exigir controles más estrictos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

A partir de julio, cualquier plataforma que quiera ofrecer servicios de criptomonedas dentro de la Unión Europea necesita esta autorización.

Sin ella, las compañías no pueden captar nuevos clientes ni prestar la mayoría de sus servicios financieros relacionados con criptoactivos.

Por qué Binance no consiguió la autorización

Diversas fuentes del sector señalan que Binance enfrentó numerosos obstáculos durante el proceso regulatorio. Antes de presentar la solicitud en Grecia, la empresa habría explorado opciones en países como Malta, Francia, Alemania, Suecia y España.

Sin embargo, varios supervisores europeos mantienen reservas por el historial regulatorio de la compañía. Entre los principales factores que complican la obtención de la licencia aparecen:

• Investigaciones abiertas relacionadas con lavado de dinero.
• La compleja estructura societaria del grupo.
• La amplia variedad de servicios financieros que ofrece.
• La influencia que mantiene su fundador, Changpeng Zhao (CZ).

Los reguladores consideran especialmente relevante el historial judicial de Zhao, quien en Estados Unidos aceptó responsabilidades relacionadas con incumplimientos en los controles contra el lavado de dinero y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión.

La normativa MiCA establece que los accionistas con participaciones significativas no deben tener antecedentes relacionados con delitos financieros o financiación del terrorismo que comprometan su honorabilidad.

El pasado regulatorio sigue pesando sobre Binance

Durante los últimos años Binance acumuló investigaciones en distintos países. En 2023, las autoridades estadounidenses alcanzaron un acuerdo con la empresa que incluyó una multa superior a los 4.300 millones de dólares, una de las mayores sanciones impuestas a una compañía del sector financiero.

Posteriormente, Francia intensificó investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y fraude fiscal.

Aunque Binance renovó parte de su dirección ejecutiva con la llegada del nuevo CEO, Richard Teng, los supervisores europeos consideran que todavía existen aspectos estructurales que deben analizarse antes de conceder una licencia de alcance comunitario.

Qué deben hacer los usuarios

Los clientes europeos podrán retirar o trasladar sus criptomonedas hacia plataformas que sí cuenten con autorización MiCA.

Algunos usuarios podrían optar por utilizar filiales de Binance ubicadas fuera de Europa, como las establecidas en Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos. Sin embargo, hacerlo implica operar fuera del marco regulatorio europeo y perder las protecciones que ofrece la normativa comunitaria.

Mientras Binance intenta regresar al mercado europeo mediante una nueva licencia, cientos de miles de usuarios deberán decidir si esperan el regreso de la plataforma o trasladan definitivamente sus activos a exchanges regulados dentro de la Unión Europea.

La historia económica argentina es un libro abierto, atravesado por generaciones de desencantos, algunos aciertos y eventualidades. Pero las nuevas tecnologías podrían destrabar la causa de las crisis. Así, conceptos como liquid staking, autocustodia, fixed supply, open source y permission-less, garantizados mediante el cómputo de la tecnología, que en su taxonomía se denominaba como blockchain, presentan soluciones alternativas.

Pero hace 50 años estos conceptos no existían. En 1975 mi abuelo cerró su fábrica de autos en La Plata, donde se fabricaba el primer Dune Buggy Argentino “Puelche”, por culpa del Rodrigazo, donde salían más caras las partes del auto y su ensamble que el producto final.

Sin embargo, la problemática económica no finaliza allí. La hiperinflación de 1989 es un recuerdo que reside en la memoria de muchos argentinos, tanto familiares cercanos como el mismo presidente de la nación, cuentan abiertamente en sus recuerdos de juventud cómo se remarcaban los precios constantemente, incluso mientras esperaban la fila del supermercado.

Luego vino el año 1990, cuando se dio a conocer el famoso “Plan Bonex”, donde se canjearon compulsivamente los depósitos a plazo fijo en pesos (australes) por bonos en dólares (los “Bonex 89”) a 10 años. Buscaba frenar la hiperinflación absorbiendo dinero de la economía, pero afectó duramente los ahorros de la gente. Fue una confiscación de hecho del ahorro privado donde muchas veces los bonos eran vendidos a precios de remate por necesidad de liquidez.

Once años pasaron, para que luego mi padre, con un reciente bebé en brazos, encontrara la imposibilidad de acceder a sus ahorros, en un pasado diciembre de 2001. Y luego me tocó a mí, un joven argentino insertado en el mercado laboral, que no podía acceder al mercado de divisas extranjeras ni a transacciones internacionales bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Tres generaciones, cinco crisis y una eventual solución

Al principio parecía no existir una forma eficiente que, bajo las disposiciones del contrato social argentino, pueda cumplirse la voluntad de parte. Hasta que, por recomendación de un amigo, hoy ingeniero, me invitó a leer unos papers extremadamente interesantes sobre IO Research, sobre una blockchain llamada Cardano, que, a través de su infraestructura tecnológica, garantizaba pragmáticamente por protocolo un conjunto de conceptos teóricos llevados por primera vez a la práctica.

Por ejemplo, una red permission-less. Se trata de aquella en la que cualquier persona puede participar, enviar y recibir valor sin solicitar autorización a un intermediario ni cumplir requisitos de admisión. No existe una autoridad facultada para excluir. Quienes intentaban acceder al mercado de divisas y a transacciones internacionales, por ejemplo, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se encontraron con una compuerta cerrada.

El cepo cambiario es, en esencia, un sistema basado en permisos: para operar hace falta una autorización que el Estado puede negar discrecionalmente. Una infraestructura permission-less elimina esa compuerta de raíz. El acceso deja de depender de la voluntad de un tercero y pasa a ser propiedad del propio protocolo. Donde antes había una ventanilla que podía decirte “no”, ahora hay una red que no tiene la capacidad técnica de impedir.

La autocustodia significa que el usuario controla las claves privadas que dan acceso a sus fondos. Nadie los guarda en su nombre; no hay un banco ni un custodio que los tenga bajo su titularidad. Aquí resuena diciembre de 2001 con toda su fuerza. Los ahorros estaban en manos de un tercero al que el Estado pudo ordenar que cerrara las puertas. El Corralito, y antes el Plan Bonex, fueron posibles precisamente porque mediaba un custodio.

La autocustodia disuelve ese punto de vulnerabilidad. Si las claves son personales, no existe un intermediario al que se le pueda instruir que retenga, congele o canjee patrimonios sin consentimiento. El ahorro deja de ser una promesa de un tercero y vuelve a ser una posesión directa.

Liquid democracy and stake: reglas que no cambian a escondidas

El liquid staking permite poner fondos a trabajar en la validación de la red y obtener rendimiento por ello, sin perder la capacidad de moverlos: el capital permanece líquido. La democracia líquida, a su vez, es un modelo de gobernanza en el que cada participante puede votar directamente sobre las reglas del sistema o delegar su voto a alguien de confianza, con la potestad de revocar esa delegación en cualquier momento.

El Plan Bonex fue, ante todo, un cambio de reglas decidido unilateralmente y aplicado de un día para el otro sobre ahorristas que nada pudieron decir. Esa es la patología: en el sistema tradicional, las reglas monetarias se modifican por decisión vertical del poder político, sin participación de los afectados. La gobernanza on-chain invierte esa lógica. Las reglas se transforman mediante votación de los propios participantes, de manera transparente y previsible.

Y el carácter líquido del staking evita el atrapamiento: a diferencia de aquel plazo fijo que quedó congelado y luego canjeado a la fuerza, aquí podés generar rendimiento sin renunciar al control inmediato de tu capital. Nadie reescribe el contrato ni cambia las reglas mientras estás ocupado con otra cosa.

Fixed supply: el fin de la máquina de imprimir

La oferta fija implica que la cantidad total de unidades que existirán está predeterminada por protocolo y es matemáticamente inalterable. Nadie puede emitir más. Esta es la respuesta al fantasma más antiguo de mi familia y de nuestro país.

El Rodrigazo que fundió la fábrica de mi abuelo y la hiperinflación de 1989 que remarcaba los precios en la cola del supermercado tienen un origen común: la emisión monetaria sin límite. Cuando el dinero se imprime sin freno, el valor se evapora, las partes de un auto terminan costando más que el auto, y el ahorro de toda una vida se vuelve papel. Un suministro fijo cancela esa posibilidad por diseño. No hay autoridad que pueda diluir bienes fabricando más unidades, porque el protocolo sencillamente no lo permite. La disciplina monetaria deja de ser una promesa política, siempre frágil, y pasa a ser una certeza algorítmica.

Descentralizado: sin un único dedo sobre el botón

Una red descentralizada funciona distribuida entre miles de nodos independientes en todo el mundo, sin un punto central de control ni una entidad única capaz de apagarla, censurarla o modificar sus reglas a voluntad.

Si uno observa con atención las cinco crisis económicas argentinas, descubre un denominador común: en cada una hubo un único actor con poder discrecional que tomó una decisión devastadora para el ahorrista. Un Estado, un Banco Central, una firma al pie de un decreto. Cerrar la fábrica por el Rodrigazo, canjear los depósitos con el Bonex, congelar las cuentas en el Corralito, clausurar el acceso a las divisas. La descentralización es la propiedad que sostiene a todas las demás, porque elimina ese punto único de falla. Cuando no existe una sola palanca que alguien pueda accionar sobre todos a la vez, las confiscaciones, los corralitos y los cepos pierden el órgano que los hace posibles.

100% up time: el fin de los feriados bancarios

La disponibilidad permanente significa que la red opera las 24/7 sin horarios bancarios, feriados ni ventanillas cerradas. Al estar distribuida globalmente, no hay un instante en que el sistema esté apagado.

La angustia de 2001 no fue sólo abstracta: fue la imposibilidad de acceder a lo propio en el momento exacto de la necesidad. Y en el Bonex, los bonos se malvendían a precio de remate por la urgencia de conseguir liquidez. Un sistema siempre disponible elimina esa servidumbre. El acceso al patrimonio deja de depender de que una institución decida abrir sus puertas, de un feriado bancario decretado de emergencia o de un horario de atención.

Tres generaciones de mi familia atravesaron cinco versiones distintas de la misma falla estructural: la existencia de un intermediario con poder discrecional sobre el fruto del trabajo ajeno. Lo notable es que cada uno encuentra una respuesta puntual en una propiedad técnica concreta: la emisión descontrolada se responde con fixed supply; la confiscación, con self custody; el cambio unilateral de reglas, con gobernanza líquida; la exclusión administrativa, con permission-less; el cierre de ventanillas, con 100% up time; y el poder concentrado, con la descentralización que las articula a todas.

Lo que mis abuelos no tuvieron, lo que mis padres no tuvieron, es lo que ahora nosotros sí tenemos, y termina siendo una opción más al agregado de virtudes que nos otorga la tecnología. Por primera vez, un conjunto de conceptos teóricos dejó de habitar exclusivamente los papers para garantizarse, pragmáticamente, por protocolo. La historia económica argentina seguirá siendo un libro abierto. Pero quizás, por fin, tengamos la oportunidad de escribir un capítulo distinto, o al menos contar con una alternativa.

Los mercados financieros atraviesan un período de reacomodamiento generalizado que tuvo recientemente como principal motor el avance de las negociaciones de paz en Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán.

Mientras que el precio del oro, el petróleo y las criptomonedas emprendieron un drástico sendero bajista, los índices bursátiles procuran encontrar un punto de equilibrio. Wall Street, por ejemplo, anotó a comienzos de junio nuevos máximos históricos y los récord de cotizaciones de activos vinculadas a los desarrollos de inteligencia artificial dieron incluso señales de “burbuja” para algunos expertos financieros.

Con una inflación remanente muy alta como consecuencia de la volatilidad de los precios de la energía, los analistas financieros descuentan una pronta suba de tasas en los EEUU, que podría darle al dólar un nuevo período de auge y fortalecimiento.

La caída del Bitcoin, ahora por debajo de los USD 60.000, se debe a esta combinación de presiones macroeconómicas, que se plasma en concreto en la salida de capital institucional y un cambio en el interés de los inversores hacia sectores tecnológicos tradicionales.

Este miércoles la cotización del Bitcoin, que es la principal criptomoneda al acaparar el 50% del market cap del mercado “cripto”, resta un 5%, or debajo de los USD 60.000, un reciente psio que ya había ondeado en la operatoria itradiaria entre el 5 y el 6 de junio de este año.

Por otra parte, el Bitcoin se hundió más de 50% respecto de su máximo histórico por encima de los USD 124.000 del 7 de octubre de 2025.

Los factores principales que impulsan esta tendencia son:

• Política de la Reserva Federal (Fed): Las altas tasas de interés y un entorno de liquidez global más restrictivo reducen el apetito por activos de riesgo como las criptomonedas.
• Dólar más fuerte. A la vez, un dólar mas fuerte tienden a deprimir las valuaciones de activos nominados en esta moneda. Hay que recordar que el índice DXY (Dollar Index) acaba de marcar su nivel más alto desde marzo de 2025.
• Salida de fondos (ETF): Se han registrado importantes salidas de capital de los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin, lo que refleja una menor demanda institucional.
• Auge de la Inteligencia Artificial (IA): Gran parte del capital inversor ha migrado hacia el sector tecnológico, especialmente hacia empresas vinculadas a la IA y los semiconductores, que ofrecen un gran atractivo a corto plazo.
• Incertidumbre macroeconómica y geopolítica: Las tensiones internacionales y la incertidumbre sobre la inflación han llevado a muchos inversores a refugiarse en activos tradicionales como el oro y el efectivo.

“Preveo que Bitcoin tocará fondo cerca de 38.000 dólares en septiembre de 2026″, manifestó el administrador y analista David Zanoni. El autor fundamenta estas expectativas en el estudio de patrones cíclicos y en la tendencia histórica de registrar caídas proporcionalmente menos severas en cada mercado bajista.

“Veo que la fase final de este mercado bajista de Bitcoin se producirá en los próximos tres meses”, proyectó el administrador egresado de la Universidad de Rutgers. “Esta teoría se basa en los ciclos de precios de Bitcoin de cuatro años, que suelen terminar con un mercado bajista de aproximadamente un año”, agregó Zanoni.

Históricamente, Bitcoin demostró ser altamente volátil, y estas correcciones fuertes suelen generar incertidumbre a corto plazo, aunque muchos inversores institucionales también aprovechan estos descensos para acumular más a largo plazo.

Aún con el descuento de precios de los últimos meses, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, observó que “el Bitcoin se posiciona como la opción predilecta para el largo plazo de los inversores argentinos que en general son más experimentados ya que, pese a la volatilidad global, el usuario local mantiene la confianza en su resiliencia, al punto de que este activo concentra el 52% de las carteras locales y reafirma su rol como un refugio de valor estratégico en el tiempo“.

Minnesota aplicará la prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas a partir del 1 de agosto de 2026, como respuesta directa a la creciente ola de estafas que involucra a estos dispositivos.

La medida, confirmada por Fox News, exige que los operadores retiren todas las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas provocadas por este tipo de fraude superaron USD 1.000.000 en el estado durante los últimos tres años, lo que llevó a las autoridades a endurecer las políticas de control y protección al consumidor.

La decisión surge tras el fracaso de estrategias previas que incluían advertencias obligatorias en pantalla, límites de monto y otras restricciones. Según Fox News, los delincuentes lograron adaptar su accionar para sortear estos controles, manteniendo a las víctimas bajo presión y logrando que realicen transferencias de dinero sin consultar ni detenerse a reflexionar.

El método: rapidez, presión y falta de margen para actuar

Los cajeros de criptomonedas —también conocidos como crypto kiosks— permiten transformar efectivo en activos digitales de manera casi instantánea.

Este funcionamiento, que para usuarios legítimos puede representar una ventaja, fue aprovechado por estafadores para convertir el “pánico en pagos”, como advierte Fox News.

Los delincuentes suelen contactar a sus víctimas simulando emergencias, amenazas judiciales o problemas bancarios, y las convencen para que retiren dinero en efectivo y lo depositen en estos dispositivos.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Minnesota, muchas víctimas reciben llamadas alarmantes y, bajo presión, acuden a un cajero siguiendo instrucciones detalladas.

“El estafador permanece al teléfono, indica cada paso y aconseja qué responder si surge alguna pregunta de un empleado”, describe el medio estadounidense. La rapidez de la operación elimina casi por completo la posibilidad de intervención de terceros o de reversión de la transacción.

El usuario, intimidado, introduce el dinero en el cajero, que de inmediato lo convierte en criptomonedas y lo transfiere a una billetera digital designada por el estafador. A diferencia de otros métodos de pago, la transferencia en criptomonedas ofrece menos opciones de rastreo o recuperación, lo que deja a los afectados en una situación de alta vulnerabilidad.

Cifras y patrones: impacto del fraude en Minnesota y Estados Unidos

Entre 2023 y 2025, Minnesota registró 134 denuncias, con pérdidas totales cercanas a USD 1.000.000, según datos citados por Fox News. Solo en 2025, se reportaron 70 casos y pérdidas superiores a USD 540.000.

Las autoridades reconocen que estos números podrían ser solo una parte del daño real, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o temor a juicios familiares.

El fenómeno trasciende el ámbito estatal. El Federal Bureau of Investigation (FBI) informó que, en 2025, su Internet Crime Complaint Center (IC3) recibió más de 13.400 denuncias en todo el país relacionadas con fraudes en cajeros de criptomonedas. Las pérdidas declaradas superaron los USD 388 millones.

Más de la mitad de las víctimas eran mayores de 50 años, un dato que subraya la especial vulnerabilidad de los adultos mayores ante este tipo de engaño.

Las autoridades estatales habían intentado frenar el avance del fraude con advertencias en los dispositivos y límites en los montos, pero los resultados fueron insuficientes.

Como señala Fox News, los delincuentes perfeccionaron sus tácticas y continuaron explotando el sistema. Por eso, la prohibición de los cajeros fue presentada como la única vía posible para cortar el flujo directo de efectivo a activos digitales bajo presión.

Casos emblemáticos y debate sobre el futuro de las criptomonedas

Algunos casos reseñados por Fox News ilustran el drama personal que esconden las cifras. Una residente de Minnesota, Gail Barr, perdió USD 9.260 luego de que la engañaran con una supuesta citación judicial.

Un hombre de 85 años fue víctima de un falso reembolso de PayPal que, tras una transferencia inicial de USD 10.000 en un cajero de criptomonedas, derivó en la entrega de monedas de oro a un mensajero.

El caso de Joe Allen, un ciudadano de Connecticut con discapacidad, expuso pérdidas superiores a USD 300.000 en una estafa de inversión con criptomonedas.

La nueva regulación no restringe la compra y venta de criptomonedas mediante plataformas reguladas en línea. La prohibición se dirige exclusivamente a los dispositivos instalados en lugares públicos, como estaciones de servicio y tiendas.

Mientras algunos expertos sostienen que esta medida puede salvar a potenciales víctimas, otros advierten que los delincuentes buscarán nuevas rutas para sus fraudes.

El FBI recomienda a quienes hayan enviado dinero a través de estos cajeros que denuncien de inmediato ante la policía, organismos de protección al consumidor y el IC3, ya que la denuncia temprana podría ayudar a identificar patrones y evitar nuevos casos.

Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió las exenciones para el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, para diversas empresas del sector financiero como las billeteras cripto, las empresas de cobranza extrabancaria, las administradoras de tarjetas y las transportadoras de caudales.

El principal beneficiario de estos cambios será el sector de las criptomonedas, que dejará de tributarlo con un agregado especial tendiente a la formlaización de la actividad. El decreto contempla una exención específica que mejora la situación de las empresas registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el ámbito de la CNV.

El decreto deroga una norma de 2021 que disponía diversas exenciones al impuesto al cheque en las transferencias de dinero pero que, a la vez, no regían cuando esas operaciones estuvieran relacionadas con el movimiento de criptoactivos. Aunque la persona estuviera exenta del impuesto, debía pagarlo cuando compraba cripto. Ese impedimento fue eliminado, por lo que cuando se opere en la compraventa de monedas digitales, se gozará de esa exención.

Además de ese beneficio, el decreto dispuso que estén exentas del impuesto las cuentas utilizadas en forma exclusiva para operaciones con cripto, siempre que sus titulares sean operadores inscriptos en el registro de PSAV de la Comisión Nacional de Valores, lo que le otorga una clara validación a las billeteras registradas sobre las que no lo están.

El cambio es clave para el sector cripto, ya que equipara el tratamiento tributario de los operadores cripto con otros jugadores tradicionales del sector financiero, algo que venían pidiendo desde hace tiempo. En los últimos años, la Cámara Argentina Fintech impulsó la modificación en contacto con los organismos reguladores.

“El decreto 475/2026 corrige una asimetría impositiva que generaba costos adicionales para los PSAV y limitaba el desarrollo de nuevas soluciones financieras. Permite avanzar hacia un marco más competitivo, eficiente y favorable para la innovación. Representa un reconocimiento al rol que cumplen los PSAV dentro del ecosistema financiero”, señaló Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

Los activos virtuales, explicó el directivo de Lemon, ya no son solo una alternativa de resguardo de valor. Cada vez más se consolidan “como infraestructura financiera que permite acelerar la digitalización financiera en Argentina”. El reciente informe Panorama Cripto de Bitso reveló que las stablecoins representaron el 71% de las compras de cripto y que bitcoin lidera los portafolios en el país al concentrar el 52% de las tenencias totales, lo que consolida a las criptomonedas como una herramientas para preservar el valor de los ingresos.

“Celebramos esta medida, ya que elimina las asimetrías impositivas que afectaban la competitividad del sector de los activos virtuales frente a empresas fintech y de la industria financiera tradicional. Esta actualización normativa aporta equidad, transparencia y seguridad jurídica tanto para las plataformas como para los usuarios”, señaló Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica. Consideró que la unificación de criterios impositivos y la inclusión de las PSAV en la excepción “revalida a las criptomonedas como una infraestructura financiera cotidiana y necesaria para los ciudadanos”.

“El impuesto a los créditos y débitos nos ponía en desventaja frente a otros actores del sistema financiero. Con esta exención podemos competir en condiciones más parejas y trasladar esa eficiencia directamente a nuestros usuarios”, Joaquin Herrera, Co-founder y Director de Operaciones en Takenos.

Una traba para el desarrollo cripto

Según explicaron en la Cámara Argentina Fintech, hasta ahora los PSAV registrados quedaban excluidos de un régimen que ya alcanzaba a otros actores regulados del sistema, como entidades financieras, proveedores de servicios de pago (PSP) y otros agentes y mercados autorizados por la CNV.

Como consecuencia, el impuesto gravaba movimientos asociados a la operatoria de los usuarios. Esto generaba costos adicionales frente a actores que desarrollan actividades comparables, una diferencia que la industria venía señalando como un obstáculo para su desarrollo, explicó la Cámara en un comunicado. Destacó además que la modificiación es “una condición necesaria para promover nuevas inversiones y consolidar un marco regulatorio más consistente” para el desarrollo de la innovación financiera en el país.

“Esta es una gran noticia para las empresas que invierten en Argentina, generan empleo y crean soluciones que amplían el acceso a servicios financieros para millones de personas y empresas. Quienes están registrados, supervisados y sujetos a los marcos normativos establecidos deben poder desarrollarse en condiciones equivalentes a las de otros actores regulados”, señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

“La corrección de esta asimetría regulatoria es una medida clave para que el régimen de tokenización impulsado por la CNV el año pasado, finalmente se refleje en una mayor oferta de productos financieros tokenizados, para los que esta discriminación resultaba un impedimento. Además, profundizará el mercado de capitales argentino en un momento en el que una revisión de la situación del país en el ranking MSCI es inminente”, destacó Diego Díaz, Director de Cripto y Mercado de Capitales de la Cámara Argentina Fintech.

Otras exenciones

El decreto que amplió las exenciones al impuesto al cheque involucró a otras operaciones financieras, con el objetivo de “adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos" y, a la vez, "equiparar las condiciones de aquellos sujetos que, llevando adelante actividades de similares características, gozan de un tratamiento diferente en el gravamen“.

De esa forma, además de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), otros actores del sistema financiero se verán beneficiados:

- Servicios de pagos y cobranzas electrónicas: se sustituyeron incisos para clarificar que las cuentas exclusivas de empresas de servicios electrónicos de pagos y cobranzas (como el pago de facturas de servicios e impuestos) quedan exentas. Esto incluye los movimientos para el depósito o entrega de efectivo y alcanza también a sus agentes oficiales y a quienes actúen como agencias complementarias de servicios financieros. La norma original eximía únicamente a las empresas de cobranza extrabancaria, como Rapipago o Pagofácil, mientras que el decreto publicado hoy actualiza el beneficio para nuevas operaciones que la evolución tecnológica viene aportando.

- Administradoras de tarjetas: las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra o débito también recibieron beneficios. Se eximen los débitos originados en préstamos bancarios para financiar su actividad, así como los movimientos generados por la emisión y cancelación de obligaciones negociables destinadas al mismo fin.

- Transportadoras de caudales: la exención alcanza ahora a las cuentas que estas empresas utilizan para rendir a sus clientes el dinero en efectivo recaudado, siempre que figuren en el registro administrado por el Banco Central (BCRA).

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México— alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que combina el robo de identidad en redes sociales con la transferencia de recursos a través de cuentas de criptomonedas, cuyo anonimato hace casi imposible rastrear el dinero una vez enviado.

El mecanismo central de la estafa se apoya en aplicaciones vinculadas a billeteras digitales de criptomonedas. Esos sistemas ofrecen al estafador un escudo de anonimato que convierte las transferencias en prácticamente irrecuperables para la víctima.

Tres perfiles que usan los estafadores para acercarse

Los delincuentes no actúan de forma improvisada: adoptan identidades construidas para generar confianza. El primero de esos perfiles es el del supuesto “gerente de inversiones”, una figura de autoridad financiera que promete rendimientos seguros y rápidos.

El segundo perfil suplanta a celebridades. Bajo ese disfraz, los estafadores afirman que la persona famosa tiene la capacidad de multiplicar las criptomonedas que la víctima decida invertir.

El tercer perfil es el del “enamorado virtual”. Esa figura construye una relación afectiva progresiva y, una vez ganada la confianza de la víctima, solicita el envío de dinero o criptomonedas bajo el pretexto de financiar una inversión conjunta.

Hackeo y robo de identidad como herramientas del fraude

Los grupos detrás de estas estafas no se limitan a crear perfiles falsos. Sus integrantes también se dedican al hackeo y al robo de identidad de cuentas legítimas en redes sociales, lo que les permite operar con mayor credibilidad al suplantar a personas reales.

Esa táctica eleva el riesgo para cualquier usuario: el mensaje fraudulento puede llegar desde la cuenta de un conocido cuya identidad fue comprometida. La víctima baja la guardia porque reconoce al remitente.

¿Cómo captan a las víctimas en plataformas digitales?

El punto de entrada más frecuente son los grupos y perfiles falsos en redes sociales. Esos espacios incluyen enlaces diseñados para que el usuario haga clic y, al hacerlo, entregue acceso total a sus propias cuentas.

Una vez que el estafador controla esa información, puede operar en nombre de la víctima, ampliar la red de engaño hacia los contactos de esa persona y vaciar cualquier recurso digital disponible. El daño se multiplica en cadena.

¿Por qué las criptomonedas son el método de pago preferido?

A diferencia de una transferencia bancaria, una transacción en criptomonedas no cuenta con mecanismos de reversión ni protección al consumidor. Cuando los fondos cambian de billetera digital, la recuperación es, en la práctica, imposible.

Esa característica convierte a las criptomonedas en el instrumento ideal para este tipo de fraudes. El anonimato del receptor y la irreversibilidad de las operaciones dejan a la víctima sin vías de reembolso una vez consumado el engaño.

Señales de alerta que permiten identificar el fraude

Cualquier propuesta que combine una relación virtual reciente con una oportunidad de inversión debe tratarse como una señal de alarma. Los estafadores suelen generar urgencia artificial: plazos cortos, ofertas que “vencen pronto” o situaciones de emergencia que requieren un envío inmediato de fondos.

Ningún asesor financiero legítimo solicita transferencias en criptomonedas a través de redes sociales ni construye una relación romántica como paso previo a una inversión. Si alguien desconocido propone ambas cosas al mismo tiempo, se trata de una estafa.

¿Cómo denunciar ante la PDI

La PDI pone a disposición de la ciudadanía dos canales de atención directa para quienes sean víctimas de este tipo de fraude o necesiten orientación preventiva. El número telefónico es el (55) 5242 6489 y el correo electrónico es ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz para detener a estos grupos. Cada reporte permite a las autoridades mapear patrones, identificar redes de operadores y proteger a futuros posibles afectados.

Manuel Adorni entró a su primer cargo en la función pública el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Javier Milei, de quien se hizo amigo y, hoy, es su principal sostén político en medio del cúmulo de cuestionamientos políticos por sus contradicciones, mentiras públicas y llamativas justificaciones patrimoniales.

De profesión contador, hasta ese momento, el hoy jefe de Gabinete había trabajado en el sector privado, en una concesionaria de autos entre 2002 y 2016 y posteriormente, como columnista económico en distintos medios de comunicación.

Antes de asumir como vocero presidencial, se desempeñaba como co-conductor de un programa semanal en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV de su amigo Marcelo Grandio, dueño de la productora de contenidos ImHouse, investigada por haberle pagado su escapada el fin de semana de Carnaval con su familia en un avión privado a Punta del Este.

Al llegar a su cargo en el Estado, presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su primera declaración jurada patrimonial Inicial, en enero de 2024, con el detalle de sus bienes correspondientes al 2023. Es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios al llegar a la función pública para permitir un posterior control de la evolución de su patrimonio.

Se conoce también como declaración jurada de Alta, y solo contiene información sobre su patrimonio al inicio del período. Es una foto de los bienes con los que el funcionario llega a su cargo público. En ese documento, disponible en la web de la OA y analizado por Infobae, declaró un patrimonio inicial austero: $25,7 millones.

Declaró dos inmuebles. Uno, el departamento de 115 m² que compartía con su mujer, titular del 50%, y sus dos hijos menores en la calle Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, adquirido con ingresos propios a principios de 2014. El otro, un departamento en La Plata, en la Calle 50, de 107m2, que declaró haber recibido como “donación” en junio de 2016.

Para ese época era dueño de un Renault Captur modelo 2019, que compró en 2021. En dinero, informó USD 10.600 de ahorro en el país, que ingresaron en su patrimonio el “31 de diciembre de 1969″, pese a que él nació en 1980; $10 millones en un fondo común de inversión; depósitos en el exterior -sin especificar moneda o país - por $8,2 millones; y $412.000 en dinero en el país en cuentas y efectivo.

En noviembre de 2024, con un par de meses de retraso, presentó ante la OA su segunda DDJJ, la Anual 2023, ya con detalle de su patrimonio al inicio y al cierre del período.

Allí surgen las primeras inconsistencias. Informó un patrimonio inicial diferente al consignado en la DDJJ 2023 de Alta: sus bienes y dinero al comienzo del año sumaban menos, solo $11,6 millones, en lugar de $25,7 millones. Incluían los mismos dos departamentos - uno en CABA y el otro de La Plata recibido por donación -, y el Renault Captur.

En dinero consignó $2,8 millones en el país, y USD 8.220 en el exterior, en una cuenta radicada en Estados Unidos.

Al cierre de 2023, su patrimonio había dado un primer salto: pasó a ser de $61 millones. La explicación estaría en un préstamo de USD 42.500 por parte de su madre, Silvia Pais, y de una de sus abuelas, Norma Zuccolo. Esos dólares se sumaron a los USD 6.220 que informó tener en un banco norteamericano.

Como ingresos, consignó en el año un total de $3,7 millones.

Pero esa declaración tuvo una nueva versión esta semana. Junto con la presentación el 10 de junio de la DDJJ 2025 Anual, Adorni envió a la OA una Rectificativa del 2023 y otra del 2024.

Con estas nuevas presentaciones buscó saldar, tardíamente, las omisiones sobre los inmuebles que adquirió siendo ya funcionario público. Ya con la investigación judicial en pleno trámite por presunto enriquecimiento ilícito, intentó justificar su crecimiento patrimonial y nivel de gastos, que incluyeron viajes en el país y al exterior, incluido uno a un destino exclusivo como Aruba, y costosas reformas de sus nuevas propiedades.

En la DDJJ 2023 Rectificativa 1, su patrimonio pasó a ser al inicio del año de casi $131 millones, cuando en la primera versión de esa declaración jurada, había informado que era de $11,6 millones. Y al cierre del año, trepó a $515,5 millones, justo cuando ingresó a la función pública. Esos nuevos números contables retocados buscarían darle sustento a su afirmación de que hizo su dinero trabajando en el sector privado.

¿Qué cambios hizo en el documento un año y medio más tarde para explicar su crecimiento patrimonial bajo la lupa de la Justicia?

En la DDJJ 2023 Rectificativa 1 consignó a principios de año USD 565.000 por la “venta de activos” que antes no estaban. Este monto correspondería a los USD 500.000 que, en una entrevista al canal La Nación + el miércoles a la noche, dijo haber obtenido por la inversión que hizo en criptomonedas entre 2014 y 2018, a partir de una suma inicial de USD 200.000.

En la nota, dijo que esos Bitcoins estaban almacenados en una billetera fría (un dispositivo físico similar a un pendrive) fuera del sistema bancario tradicional, y admitió que no los había declarado ante la ex AFIP, y los había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA ya siendo funcionario. Según su relato frente al periodista José Del Río, encontró ese pendrive en el departamento en La Plata de su padre, tras su fallecimiento en 2002.

En esa Rectificativa del 2023, informó otros $619.356 en Bitcoin que ingresaron a su patrimonio en 2021; dinero en el país por $2.870.659; y $820.284 invertidos en el fondo de inversión FIMA. Los dólares en una cuenta en Estados Unidos volvieron a ser USD 8.220 (en lugar de USD 6.220).

Para finales de 2023, según esa segunda versión de su DDJJ 2023, su patrimonio superaba los $515,5 millones. Los dólares en el país que dijo haber obtenido “venta de activos” eran USD 513.000; es decir, USD 52.000 menos que a principios de ese año.

Durante el transcurso de 2023, se desprendió de las Bitcoins, pero sumó inversiones en otras tres criptomonedas - Binance, Lemon y BTC - por $11,8 millones. Las de Binance dijo haberlas incorporado a su patrimonio en 2021, pese a que no las había consignado a principios del 2023.

El miércoles 10 de junio, Adorni también presentó una segunda Rectificativa de su declaración patrimonial Anual 2024 ante la OA. Es la tercera presentación que hizo respecto de 2024, corrigiendo lo informado.

El documento original de la DDJJ 2024 Anual, en su primera versión, no está ya disponible en la web de la OA por lo que Infobae no pudo acceder a ella. Fue reemplazado por la Rectificativa 1 que presentó el 4 de agosto del año pasado.

En esa primera rectificación consignó un patrimonio inicial de $61 millones, una cifra coincidente con el cierre de su primera versión de la declaración jurada 2023, y al final del período, de $107,8 millones.

Volvió a informar sólo sus dos departamentos: el de Parque Chacabuco y el de La Plata, que dijo haber recibido por donación, pero no declaró la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club el 15 de noviembre de 2024. Si bien fue escriturada a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, debía declarar su 50% al ser un bien ganancial.

Sí incluyó un segundo auto, adquirido en marzo de ese año: un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En dinero dijo tener casi $2,5 millones, y declaró exactamente la misma cantidad de dólares, USD 42.500, lo que indicaría que no los habría usado para la operación o los gastos de su nueva casa de fin de semana. Siguieron apareciendo, también, los USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

Pero en la DDJJ 2024 Rectificativa 2 que presentó el 10 de junio, su patrimonio tuvo un marcado aumento y pasó a ser, al arranque del año, de casi $515,5 millones, una diferencia de $407,6 millones respecto a lo informado en la Rectificativa 1 del 2024.

En esa tercera presentación, informó que al cierre de 2024 sus bienes, activos y dinero habían trepado a $662,6 millones, muy lejos de los $107,9 millones que había declarado en la anterior presentación ante la OA.

En esta oportunidad sí incluyó la casa de fin de semana en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que había omitido en la primera versión. Su 50% lo valuó en $157 millones.

El matrimonio Adorni compró la propiedad en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia. Pero el funcionario no desembolsó ese dinero pese a los dólares incorporados en las nuevas versiones de sus declaraciones juradas, sino que acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado. Para la operación solo puso USD 20.000 en efectivo.

Adorni le hizo reformas a esa casa de Indio Cuá hasta dejarla hecha a nuevo durante 2025 por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

A principios del 2024, en la DDJJ Rectificativa 2 los dólares pasaron a ser USD 513.000, siempre por “venta de activos” no especificados. En el documento, el jefe de Gabinete incluyó las inversiones en las criptomonedas Binance, Lemon y BTC por $11,8 millones, y en fondos Fima por $552.089.

Para el cierre de 2024, los dólares se habían reducido a USD 388.961 y las inversiones en criptomonedas desaparecieron.

Adorni mantuvo exactamente igual el monto en pesos de las deudas con su madre y la sucesión de su abuela fallecida en marzo de 2025 (pese a que el préstamo había sido en dólares), lo que indicaría que no devolvió ese dinero.

Y le sumó otras dos deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres vinculadas a la Policía Federal que le prestaron los USD 100.000 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de la calle Asamblea.

Molina le prestó a Adorni USD 85.000, y Cancio, USD 15.000, aunque en la DDJJ, esas acreencias están informadas en pesos: $43,8 millones y $7,7 millones, respectivamente.

En el apartado de deudas, en la Rectificativa 2, sumó una con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $7,1 millones, al 31 de diciembre de 2024.

La declaración de 2025

En la DDJJ 2025, que presentó el miércoles por la noche, 35 días después del anuncio de que era “inminente”, el jefe de Gabinete informó un patrimonio que trepó a $944,5 millones al cierre del año.

Por la “venta de activos” - que había incorporado en las Rectificativas de 2023 y la de 2024 -, declaró USD 388.961 a principios de año, que se redujeron a USD 209.961 al cierre. Mantuvo sus USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

A su vez, consignó tener deudas por $317,3 millones, que incluyeron acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1.446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025.

En esta DDJJ, Adorni incluyó el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255,8 millones. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Angeletti.

Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

En la nueva DDJJ sigue figurando su anterior vivienda de la calle Asamblea, en Parqeu Chacabuco, actualmente desocupada y en venta. De cuatro ambientes y 115 m², lo valuó en $61 millones.

Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando por ser el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae, el aviso sigue vigente.

En la DDJJ 2025 presentada esta semana, Adorni volvió a incluir el departamento en La Plata, que valuó en casi $100 millones, pero dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”, y ya no como una “donación familiar”.

También informó que tenía la mitad de los metros cuadrados, 55 m² en lugar de los 105 m² que había consignado en sus anteriores declaraciones. Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310 millones, que incluyeron USD 209.961; otros $2.455.000 en efectivo; y $3.999.785 en billeteras virtuales.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por un total de $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

Sigue debiendo el total del dinero que le había prestado su madre y su abuela ya fallecida. Adorni las consignó en pesos por un total de $34,2 millones.

Aparecen en el documento otras cuatro deudas en dólares, que le permitieron a Adorni hacerse de los dos inmuebles que compró con su mujer en 2024 y 2025.

Por un lado, con Molina y Cancio, con las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 para comprar la casa del country Indio Cuá. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente) que, equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, que ellas habían adquirido unos meses antes. Ese préstamo se acordó sin intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó, amigo suyo e hijo de Viegas, y su socio Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, unos USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni decidió plasmar esa deuda por escrito.

Por último, el funcionario informó una deuda con ARCA por $12,2 millones. Tras la admisión pública de que obtuvo más de USD 500.000 en negro por inversiones en criptomonedas, que nunca declaró al fisco, y la exteriorización de sus dos nuevas propiedades, lo que deberá pagarle a ARCA será seguramente muy superior a esa cifra.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe Gonzalez

Luego de meses de especulaciones, críticas y silencio por parte del funcionario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su esperada declaración jurada y argumentó -en una estrategia que generó una catarata de cuestionamientos- que en los años anteriores se olvidó de informar que había ganado miles de dólares invirtiendo en criptomonedas, lo que explicaría su crecimiento patrimonial.

La explicación la hizo el miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva en la que volvió a hablar después de mucho tiempo, pero la documentación correspondiente se subió a la página web de la Oficina Anticorrupción recién al día siguiente por la tarde, casi en el momento exacto en el que comenzó el Mundial de Fútbol.

El ministro coordinador planificó su estrategia defensiva en dos partes: por un lado, ordenó las cuentas y trabajó exhaustivamente en sus ingresos y en la justificación de sus bienes y, posteriormente, preparó el mensaje público que iba a transmitir.

Para esto, consultó al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a su equipo, quienes se ocuparon del entrenamiento para los medios que ya se estaba analizando como refuerzo de la respuesta jurídica y contable.

Finalmente, Adorni reconoció en LN+ que los más de 300 mil dólares que había conseguido con el trading, entre 2014 y 2018, no los tenía blanqueado “porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”.

“La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, agregó.

A pesar de todo esto, el tema volvió a instalarse con fuerza en la opinión pública y en todo el arco político, que cuestionaron lo dicho por el funcionario y hasta replicaron declaraciones viejas que contradecirían los argumentos. Es decir, Adorni no convenció. A tal punto, que desde el PRO, principal aliado del Gobierno, lanzaron un fuerte tuit que se prestaba a interpretar que estaban reclamando la renuncia del funcionario.

En la previa de la entrevista, que estuvo anunciada desde temprano, trascendió que una vez finalizada los principales integrantes del Gobierno comenzarían a respaldarlo fuertemente en las redes sociales, pero esto no ocurrió.

En el interior del oficialismo aseguran que “no hay constancia de que algo así haya estado previsto ni tampoco que haya pasado algo en particular”, al tiempo que se preguntan “qué podría cambiar” con una acción de ese estilo.

Sin embargo, quien sí salió a hablar, pero no de una forma positiva, fue la senadora Patricia Bullrich, quien nuevamente se diferenció del resto de la cúpula al manifestar que el hecho de que el jefe de Gabinete no haya declarado antes esos bienes “no es un simple erros, sino una omisión ética”.

“Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, lanzó con firmeza la líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad insisten en que no hay “una lógica estratégica y pensada” en este tipo de desmarcaciones, sino que se trata de “algo que es más sencillo, porque ella solo dice lo que piensa de los temas”.

“Puede haber una discusión sobre el tono, pero no sobre el contenido en cuestión. Cuando escuchó la entrevista decidió volver hablar, simplemente, porque Adorni dijo lo que dijo. Hay nuevos elementos y consideró que tenía que volver a opinar de la cuestión”, señalaron.

No obstante, cerca de Bullrich también destacaron que ella “fue más dura que el PRO”, que sacó un comunicado también poniendo en duda las explicaciones del funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, el partido fundado por Mauricio Macri remarcó que “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, porque “eso no tiene ninguna justificación posible“.

El espacio se refería a la exposición que Adorni dio a finales de abril pasado en Diputados, cuando dijo que no había ninguna irregularidad en sus anteriores declaraciones juradas y que el crecimiento de su patrimonio se iba a ver reflejado en la que presentaría este año.

Ahora, el jefe de Gabinete dará un nuevo informe de gestión, esta vez en el Senado, a principios de julio, una decisión que se tomó como forma de ratificar que está firme en el cargo y no va a renunciar, según reconocieron a este medio distintas personas de su círculo de confianza.

Cuando la polémica por su estilo de vida recién había comenzado, en marzo último, la cúpula libertaria pensó en algo similar y le preparó una serie de reuniones con ministros para conversar cuestiones de agenda, a pesar de que varios de ellos ya le habían enviado los informes sobre el rumbo de la administración en sus respectivas áreas.

La idea de ir al Senado se terminó de acordar durante el encuentro de la mesa política, que fue el más extenso desde que se creó, ya que los miembros del grupo comenzaron a llegar a la Casa Rosada a las 13:30 y el último se retiró unos minutos antes de las 17:00.

Como es habitual, asistieron, además del jefe de Gabinete, Caputo y Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El único ausente con aviso fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adujo que tuvo que viajar en las últimas horas por “asuntos personales”, aunque en otras oportunidades también faltó por distintos motivos.

La reunión se dio con la particularidad de que era el cumpleaños de la senadora, a quien Adorni le llevó una torta. Todos se sacaron una foto que se terminó difundiendo recién a las horas y en la cuenta de la hermana del mandatario nacional, que no suele ser quien comparte esas imágenes.

“Se aclaró ahí todo lo que se tenía que aclarar y hasta le cantaron el feliz cumpleaños”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que se trató en la mesa política.

Por su parte, Bullrich se fue temprano del lugar para continuar con los festejos y también continuar negociando en el Congreso los votos para las reformas que están en carpeta, como la eliminación de las PASO y el Super RIGI, entre otras. La agenda parlamentaria no está yendo al ritmo que el Poder Ejecutivo se había planteado.

En la declaración jurada patrimonial que presentó, finalmente, ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al año 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio de $944.575.052, cifra que incluye 216.181 dólares.

En el documento, informa, a principios del período por primera vez, $388.961 producto de la venta de criptomonedas que -dijo ayer en una entrevista con La Nación+ - tenía desde antes de ingresar a la función pública. Esa cifra se redujo, a fin de año, a USD 209.961.

A su vez, consignó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025. Las deudas deben consignarse en el formulario en la moneda nacional.

El monto del patrimonio que declaró al cierre de ese año, el segundo como funcionario del Gabinete, es un 42,5% más que lo que informó a principios del 2025, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por este medio.

En esta DDJJ sí están las propiedades que surgieron en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y reveladas por el periodismo.

Incluyó la casa en el country en Indio Cuá que fue escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024 - y que no había detallado en su declaración jurada de ese año - y valuó en $156.926.249. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia, pero solo puso USD 20.000. El funcionario acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado.

Posteriormente, Adorni le hizo reformas para dejar ese inmueble a nuevo por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

También el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255.844.500. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Betina Angeletti. Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m2, este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711. Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae el aviso sigue vigente.

A su vez, informó nuevamente ser dueño de otro departamento en La Plata, de 55 m2, que valuó en $96.900.545 y dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”.

En su anterior DDJJ del 2024, había informado que el departamento en La Plata de la Calle 50 era una “donación familiar” y que tenía el doble de metros cuadrados: 105 m2. Todo indicaría que se trata del departamento de la familia de Adorni. El padre falleció en 2002. Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961, según el documento público al que accedió Infobae; $2.455.000 también en efectivo; y $3.999.785 en cuentas de pago, provistas por empresas de la industria Fintech.

Adorni es dueño de un Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, que adquirió en marzo de 2024. Se desprendió del Renault Captur Intense 2.0 modelo 2019.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

El funcionario informó una deuda con la Agencia de Recaudación (ARCA) por $7, 1 millones. Luego aparece el préstamo de su madre, Silvia Pais, por $16,1 millones y otro proveniente de la sucesión de su abuela ya fallecida, por $18,1 millones. Ambas acreencias habían sido consignadas en su anterior declaración jurada.

También figuran en la declaración cuatro acreedoras en dólares que le permitieron a Adorni hacerse de dos inmuebles en 2024 y 2025, cuando ya era funcionario público.

Por un lado, están las deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 en noviembre de 2024 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. Molina le prestó USD 85.000 y Cancio USD 15.000. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente), que al valor dólar del cierre del período equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente de saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, del que eran ellas dueñas. Lo hicieron sin fijar intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó - amigo suyo e hijo de Viegas - y su socio, Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícto, Adorni decidió plasmarlo por escrito.

El fiscal Gerardo Pollicita está analizando cómo avanzar en la causa por enriquecimiento ilícito, después de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Hasta ahora se evaluaron los movimientos financieros y las posesiones de Adorni desde que asumió como funcionario público, pero si la justificación que expuso ante la OA refiere a años anteriores, la fiscalía extendería el período de análisis y pediría más medidas de prueba.

Según pudo confirmar Infobae, ya tiene en su poder la declaración pública de bienes del jefe de gabinete y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún resta que le remitan la información reservada. El propósito es revisar los datos de los montos, el origen, y las fechas para definir si amplía el objeto de la investigación.

Para revisar la documentación, la cuenta con la colaboración de la DAFI, que es la Unidad del Ministerio Público especializada en investigaciones Económicas y Financieras.

La declaración

El miércoles pasado, Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025, donde informó un patrimonio de casi 945 millones de pesos. En la entrevista de La Nación+ aseguró que su patrimonio aumentó al invertir en bitcoins USD 200.000 que tenía en ahorros y terminó con USD 500.000 en criptomonedas.

En cuanto a DDJJ de acceso público, Adorni admitió deudas por más de $317.000 y casi USD 188.000.

Por otra parte, en la lista de propiedades incluyó la casa en el country en Indio Cuá, valuada $156.926.249; y el departamento con cochera de la calle Miró al 500, por $255.844.500.

La causa de Francisco Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió a la Oficina Anticorrupción la nueva Declaración Jurada Patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni, para incorporar a la documentación que está analizando en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del hermano del jefe de Gabinete.

De acuerdo a lo que averiguó Infobae, el fiscal se enteró a través de los medios de comunicación que Francisco Adorni presentó una tercera ratificación de su DDJJ después de que Manuel Adorni actualizó la suya.

“El diputado informó que el 50% de la valuación de su vivienda en City Bell alcanza los $52.600.000, corrigiendo un monto previamente declarado.” Además, declaró la existencia de cinco cajas de ahorro con un total de $2.000.000 y la incorporación de una herencia de $21.000.000 millones.

Los expedientes de Manuel Adorni

Además del caso por presunto enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo también lo investiga en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente analiza el vínculo de la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete MasBe con tres compañías contratistas de Estado.

Según la pesquisa, la empresa de Bettina Angeletti le presta servicio a Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.

“Hay un problema acá del nivel de explicaciones, creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de justificaciones tan poco serias”, afirmó en Infobae Al Mediodía Darío Nieto, referente del PRO y especialista en tecnología, al describir los aspectos técnicos fundamentales de la controversia.

Nieto explicó su postura desde su conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas. El legislador afirmó: “Hay un problema acá del nivel de berretes que creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de berretes en las explicaciones”. También señaló que busca aportar una mirada técnica sobre el funcionamiento de Bitcoin y la tecnología blockchain.

Nieto describió a blockchain como un registro transparente, trazable e inmutable y explicó que las operaciones pueden verificarse, aunque la identidad del titular de una billetera digital no queda asociada automáticamente a un nombre. Según expresó, una persona puede comprobar si una dirección realizó determinadas transacciones, pero necesita otros elementos para demostrar que era su propietario.

La explicación sobre Bitcoin y las hipótesis planteadas por Nieto

El legislador sostuvo que una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin durante 2013 habría resultado extraordinaria por el tamaño del mercado en ese momento. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera doscientas lucas en Bitcoin. Hubiera sido noticia mundial”, afirmó.

El legislador agregó que la comunidad vinculada a Bitcoin en Argentina era reducida y que sus integrantes mantenían contacto entre sí. En ese contexto, aseguró que ninguna de las personas que participaban de ese ámbito identificó a Manuel Adorni como parte de ese grupo.

Nieto planteó dos hipótesis personales sobre la documentación presentada por el funcionario. Según explicó, una posibilidad consiste en utilizar movimientos registrados en una billetera perteneciente a otra persona. La segunda alternativa, según su visión, sería identificar direcciones con operaciones antiguas y atribuirlas como propias sin acreditar la titularidad.

“Yo no descarto ninguna”, expresó el legislador al referirse a esas posibilidades. También indicó que una dirección de Bitcoin no se encuentra vinculada de manera automática a una identidad personal, sino a un código alfanumérico.

El reclamo de renuncia

Más allá de las cuestiones técnicas, Darío Nieto sostuvo que el eje principal del caso pasa por el impacto político. Según explicó, una parte de la sociedad realizó esfuerzos económicos mientras respalda el rumbo del Gobierno y podría interpretar las explicaciones del funcionario como una falta de transparencia.

“Para mí el tema acá de fondo, más allá del tema técnico, es que hay un montón de gente que cree en el rumbo de Milei”, afirmó.

El legislador sostuvo que Manuel Adorni “tiene que renunciar, sin dudas” y consideró que esa decisión evitaría un mayor desgaste institucional. También señaló que el presidente podría solicitar su salida para preservar el rumbo del Gobierno.

Nieto aclaró que comparte aspectos de la política económica nacional, aunque considera que esta situación perjudica esa agenda. “Comparto mucho lo que hace el Gobierno en economía, pero siento que esto daña todo ese rumbo”, expresó.

La postura del PRO y el debate en el Congreso

Consultado sobre una eventual moción de censura o destitución en el Congreso, Nieto aclaró que no existe una posición definida dentro del PRO. Sin embargo, manifestó su apoyo a una interpelación parlamentaria para que el funcionario responda sobre las inconsistencias señaladas durante la entrevista.

“Sin duda es interpelación. El tipo tiene que ser interpelado y tiene que dar respuestas que no ha dado”, afirmó el legislador. También expresó que preferiría una renuncia antes que una destitución impulsada por el Congreso.

Nieto explicó que considera más conveniente una salida voluntaria para evitar un conflicto institucional mayor. “Para mí es mucho más sano para la democracia argentina que el Congreso no le eche un jefe de Gabinete al presidente”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de una definición partidaria, indicó que no conversó ese tema con Mauricio Macri y aclaró que la decisión corresponderá a los legisladores nacionales cuando el asunto llegue al recinto.

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En una entrevista en Infobae al Regreso, Santiago Siri desmenuzó las declaraciones de Adorni sobre sus supuestas inversiones en bitcoin durante 2013 y 2014, señalando la falta de evidencias concretas y los elementos técnicos que hacen improbable la versión oficial.

En la charla, el especialista fue contundente: “No era frecuente en esa época hacer inversiones tan grandes en bitcoin. Tal vez los únicos que se animaban a hacer algo así eran tipos como Wenceslao Casares, que ya era multimillonario y tenía tal vez la espalda para hacer alguna inversión de ese calibre”.

El relato de Adorni y el escepticismo técnico

Según la versión de Manuel Adorni, su incursión en el mundo cripto comenzó en 2013, con una inversión de USD 200.000 en bitcoin a valores cercanos a los USD 380 por unidad. A lo largo de los años, aseguró haber vendido parte de sus tenencias, llegando a desprenderse de quince bitcoins a USD 6.800 cada uno y manteniendo un remanente valuado en USD 513.000.

Siri señaló las inconsistencias: “Era poco frecuente y algo de muy pocas personas. Si Adorni efectivamente hizo esa inversión, hay que demostrar que él fehacientemente es el dueño de esas claves públicas. Eso lo puede demostrar con la clave privada”.

La trazabilidad que permite la tecnología blockchain fue otro punto clave: “Se puede auditar, se puede ver y se pueden ver los montos y las fechas donde hizo las operaciones”.

El experto remarcó que la conducta habitual de quienes invertían en bitcoin en esos años era muy distinta: “Si te jugás un pleno de 200 mil dólares de todos tus ahorros, un departamento en bitcoin, estás todos los días tuiteando sobre bitcoin porque querés que entre más gente, para empezar”.

Las pruebas públicas y el comportamiento digital

El comportamiento digital de Adorni tampoco pasó inadvertido para Siri: “El primer tuit de Adorni, que tiene una cuenta desde el 2009 y es un tuitero que tuitea mucho, aparece en 2017 recién hablando de bitcoin con un tuit, y después en el 2020 empieza a hablar más seguido. No hay tuits de él en el 2013, en el 2014”.

El panel profundizó en la dimensión de la supuesta apuesta: “Para colmo, el 100% de tus ahorros. Para colmo, porque no es el 5% de la cartera, como se recomienda. O sea, te jugaste entero un pleno en una época en la que si alguien ponía una inversión de ese tamaño, se compraba máquinas para minar bitcoin. No, no compraba esa cantidad”, remarcó Gonzalo Aziz.

Siri agregó: “En esa época, si estabas descubriendo bitcoin, te enamorás de la tecnología y probablemente compartís en Twitter, porque todos queríamos evangelizar sobre bitcoin, enseñar, explicar qué es un blockchain, cómo funciona”.

La trazabilidad, las billeteras y la hipótesis de la simulación

La discusión avanzó sobre la posibilidad de simular la titularidad de una billetera cripto. Siri explicó: “Si alguien le suministró la clave privada de una billetera que tuvo actividad en el 2013 o en el 2014, porque la billetera puede tener actividad en esos años y después dejó de usarse, bueno, alguien le pudo haber dado la clave privada de una billetera vieja que ya está en desuso, pero que muestra movimientos en 2013, 2014”.

Siri reveló: “Nunca se me había ocurrido hasta el día de hoy que podía existir un mercado negro de este tipo de claves privadas en la dark web. Me da muchísima vergüenza como argentino que de repente, engaña pichanga sea como una nueva forma de viveza criolla que nos deja mal parados”.

La declaración jurada y la obligación de transparencia de los funcionarios públicos también ocuparon un lugar central: “Uno cuando hace su declaración jurada, revela sus tenencias. Puedes tener acciones, puedes tener cash, puedes tener diferentes instrumentos, sobre todo siendo un funcionario público, obviamente es muy importante”.

Blockchain, tecnología y las cuentas pendientes de la política

Siri también abordó la falta de capacitación institucional: “La justicia, si quiere investigar, no necesita tecnología importada de China, necesita ganas y conocimiento. Hay gente que entiende estos temas. Para poder hacer el peritaje sobre un blockchain, sobre cripto, no hace falta ninguna tecnología especial”.

Sobre el potencial de la tecnología en el país, remarcó: “Argentina es el país número uno de Latinoamérica en adopción per cápita, número cuatro a nivel mundial. El año pasado se movieron más de 90 mil millones de dólares en transacciones cripto, eso es prácticamente un sexto del PBI del país. Si van a joder con cripto, hagan bien las cosas, porque es una tecnología que podría potenciar este Gobierno, así como agarraron la bandera de la inteligencia artificial, podrían agarrar la bandera de esto y hacer cosas muy de vanguardia que ayuden a la economía del país”.

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La grabación que data del año 2022 -mucho antes de la llegada al Gobierno de Javier Milei- muestra que el vocero presidencial mantiene una visión conservadora y matizada respecto a las criptomonedas, diferenciando entre monedas volátiles como Bitcoin y las llamadas stablecoins, con preferencia por estas últimas como herramienta para transferencias económicas de bajo costo.

A pesar de sus elogios a la innovación tecnológica, Adorni optó por una mirada cautelosa respecto a la inversión en Bitcoin: “No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la criptovolátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión, me parece bien. Quien lo quiera ver como un activo o como para hacer transacciones con las monedas estables como yo, me parece que está bien también”.

Más aún, abundando en el debate sobre la viabilidad de Bitcoin como inversión, Adorne explicó que su inclinación personal es utilizar stablecoins para transacciones y que no siente la misma confianza respecto a la inversión en Bitcoin por su volatilidad. Y dio señales de que hasta ese entonces, año 2020, no había invertido en la cripto: “A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos”, reflexionó el vocero. Sostuvo que tanto quienes ven a Bitcoin como inversión, como aquellos que lo consideran solo un activo transaccional o incluso una burbuja, tienen posiciones válidas.

La intervención de Adorni se produjo durante en octubre de 2022 durante una charla con especialistas del sector, en Carta Financiera. Esto se contradice, como mínimo, con las explicaciones que dio respecto de su aumento patrimonial: aseguró que compró USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2018, obteniendo ganancias de más de USD 300.000. El video que salió a la luz muestra que 9 años después todavía se mostraba dispuesto a “probarlo”, en público.

La aparición de este video se suma a otros registros previos, como el difundido por Infobae más temprano este jueves, en los que el funcionario también mostró dudas y desconocimiento sobre el tema. En esa otra grabación, del año 2020, Adorni aseguró que cuando conoció a Bitcoin la criptomoneda cotizaba en torno a los USD 6.000, un nivel que no atravezó hasta octubre de 2017. Esto contrasta con sus explicaciones patrimoniales, ya que aseguró que invirtió fuertemente en la criptomoneda ya desde el año 2013.

En la charla virtual de 2020, organizada por una billetera digital y difundida en canales públicos, el funcionario narra su primer contacto con el mundo cripto. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, cuenta Adorni ante la audiencia.“Yo no estaba muy metido en el tema”, reconoce sobre ese momento.

En la charla virtual de 2020, organizada por una billetera digital y difundida en canales públicos, el funcionario narra su primer contacto con el mundo cripto. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, cuenta Adorni ante la audiencia. “Yo no estaba muy metido en el tema”, reconoce sobre ese momento.

La anécdota se produce cuando el precio del Bitcoin ronda los seis mil dólares, una cifra que esta moneda solo alcanzó por primera vez en octubre de 2017. Antes de ese momento, el valor de la criptomoneda se mantuvo muy por debajo, lo que permite ubicar el episodio relatado por Adorni en una fecha precisa, alejada del año 2013 que él menciona en sus declaraciones recientes.

El propio funcionario afirma en esa charla que su conocimiento sobre Bitcoin era prácticamente nulo hasta ese momento. “Hace muchos años, no, bueno, no muchos años, el bitcoin creo que estaba seis mil dólares, no sé sé cuánto fue, pero debe ser hace cinco o seis años. Me acuerdo que entro a una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver a, a darla, y veo un pibe como con dos alrededor con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa, y le digo: ‘Che, ¿qué estás haciendo?’ ‘No, compré bitcoin.’ ‘Ah, mirá vos.’ Yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo: ‘¿Qué estás haciendo?’ Porque la verdad que no, no entendía”, detalla. El funcionario subraya que su primer acercamiento práctico se produjo cuando la criptomoneda ya había superado los seis mil dólares, lo que refuerza la idea de que no tenía experiencia previa significativa con este tipo de activos ni tampoco un historial de operaciones anterior a esa fecha.

Durante la charla, Adorni describe cómo la curiosidad por el Bitcoin surgió a partir de la conducta de sus alumnos. “Pusimos entre todos, juntamos siete mil dólares y lo íbamos monitoreando, pero era impresionante, porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10 %, pero, pero ya desde hace cinco años yo empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, porque hace cinco años no estaban todas las aplicaciones que hay hoy”, relata el portavoz. El contexto temporal del relato coincide con el auge de plataformas más accesibles para operar con criptomonedas, un fenómeno que no existía aún en los primeros años de desarrollo del Bitcoin.

La contradicción entre el discurso de 2020 y la versión actual de Adorni se acentúa con las cifras y fechas mencionadas. En la entrevista televisiva reciente, el funcionario sostuvo que “empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014”. Añadió que colocó unos 200.000 dólares en ese activo y que más tarde obtuvo una ganancia adicional de 300.000 dólares. Al detallar su patrimonio, justificó la compra de propiedades, viajes y otros bienes con los resultados de esas inversiones, que según su versión habrían sido previas a su ingreso a la función pública.

Los valores históricos del Bitcoin contradicen esa secuencia. En 2013, la criptomoneda apenas registró movimientos relevantes para el público general, con precios muy inferiores a los seis mil dólares. Los especialistas en criptoactivos coinciden en que solo un reducido grupo de entendidos participaba del mercado en ese entonces. En cambio, la primera referencia concreta de Adorni acerca de su involucramiento real corresponde a cuando la moneda digital ya había alcanzado valores mucho más altos y presentaba un contexto de adopción más amplio.

La grabación de la charla de 2020 también muestra que Adorni se refirió a la falta de herramientas y aplicaciones que facilitaran las operaciones con criptomonedas en los años previos a 2017. “Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas. Se ve que el mundo avanza, pero el mundo está bancarizado y el mundo tiene otra cultura financiera. En Argentina me parece que todavía, todavía hay que trabajar en esa maduración”, señaló durante la exposición. Este comentario refuerza la idea de que la operatoria con criptomonedas, tanto para pagos como para inversiones, resultaba poco habitual y de difícil acceso en los años anteriores a su relato.

En otro tramo de la charla, el funcionario compartió su experiencia personal respecto al uso de aplicaciones vinculadas a las criptomonedas. “En lo personal, mirá que he bajado, viste que uno cuando agarra los App Store de Apple, empezás a bajar cuanta aplicación se te cruza. Y es raro encontrar aplicaciones sencillas de usar (…) está buenísimo que haya un argentino también del otro lado, que haya gente apostando por argentinos, en una aplicación que, como hablamos hoy, que en algún momento, no la aplicación, sino el concepto del utilizar bitcoins, billeteras electrónicas y que sea muy fácil el manejo de la moneda local versus el tener una criptomoneda, eso es el futuro y está bueno que ese futuro sea simple de usar”, opinó Adorni sobre el avance del sector.

El funcionario también recordó que, en ese entonces, comenzó a recibir propuestas de pago en criptomonedas para trabajos de publicidad en redes sociales. Este dato aporta otra dimensión sobre la evolución de su relación con el sector: “Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas”. El testimonio reafirma que su acercamiento a las operaciones concretas en el mundo cripto fue reciente respecto al momento de la charla y posterior al año 2013.

El desarrollo de la economía digital y la expansión de las plataformas para operar con activos virtuales modificaron el acceso y la popularidad de las criptomonedas. En la charla, Adorni reconoció que “con más cultura financiera probablemente hubiese habido un montón más de inversiones en Bitcoin que en la bolsa”. Pese a la valoración positiva sobre el crecimiento del sector cripto, su relato personal no aportó detalles de inversiones anteriores a 2017, lo que mantiene vigente la controversia en torno a la fecha exacta del inicio de sus operaciones.

La utilización de criptomonedas como sustento de la declaración jurada por parte del funcionario presenta ventajas y limitaciones, según precisó el especialista. Si bien blockchain registra de manera pública todos los movimientos, no existe una relación directa y automática entre cada billetera y su titular.

Esto admite que las operaciones sean rastreables, pero al mismo tiempo deja margen para que los responsables eludan su identificación, lo que dificulta la verificación social y judicial sobre la veracidad de los fondos declarados.

“La blockchain es básicamente un sistema de contabilidad distribuido. Es como un Excel que, en vez de guardarse en mi computadora, se almacena en todas las computadoras que forman parte de la red”, explicó Bielsa. Destacó que “todas esas computadoras conservan una copia de cada transacción, lo que hace muy difícil modificar o eliminar registros”, especialmente considerando que “una red de Bitcoin tiene cientos de miles de equipos conectados”.

Cómo funciona el rastreo de fondos en blockchain

El especialista insistió en que la trazabilidad es absoluta para cualquier billetera si se conoce su clave pública. Sin embargo, planteó los límites del sistema: “Las billeteras no son anónimas, son seudónimas. Lo que tenés es una serie de números y letras que funciona como un CBU digital”. Aunque cualquiera puede consultar el historial de una billetera, sin documentación adicional no es posible saber a quién pertenece.

Al analizar si un funcionario puede justificar su patrimonio en bitcoin simplemente con la presentación de una billetera, Bielsa indicó que “no hay forma de probar que no era de Adorni esa billetera; no es consistente ni siquiera para sostener una hora de conversación”.

De todos modos, reconoció que con la clave pública puede consultarse el historial completo, ya que existen herramientas gratuitas que permiten revisar cada movimiento de manera sencilla.

Tipos de billeteras y su importancia en la trazabilidad

Bielsa explicó diferencias claves entre sistemas de almacenamiento: “Una billetera caliente es la que está conectada a Internet y te permite operar desde una computadora o una aplicación”. Por otro lado, “las billeteras frías no están conectadas y pueden ser un pendrive o una paper wallet impresa, que es un método más rudimentario y antiguo”.

El experto se mostró escéptico ante quienes aseguran haber utilizado estos soportes años atrás: “Una persona que manejaba una paper wallet en 2014 tenía que ser muy experta, porque el sistema exigía mucho conocimiento técnico”, dijo.

Y agregó: “Para transferir correctamente los fondos, era necesario gestionar los ‘vueltos’, dado que el sistema genera una clave pública nueva en cada transferencia, por lo que presentar la historia completa requiere un nivel de detalle alto”.

Al unir el contexto técnico con la dificultad de mover grandes montos de bitcoin en los primeros años, Bielsa reforzó sus dudas: “Por entonces era algo de nicho. Encontrar a alguien que tuviera 200.000 dólares en bitcoin para vender era muy complejo, había que reunirse en persona y la confianza en la operatoria era limitada”.

Dudas y críticas sobre la justificación patrimonial en criptomonedas

No sólo los aspectos técnicos siembran dudas sobre la validez de ciertas explicaciones patrimoniales con criptomonedas. Bielsa señaló: “El dato llamativo no es si ganó o perdió, es pensar que alguien puso todo su ahorro no declarado en una inversión de alto riesgo. Es muy difícil de creer”.

También se refirió a la dificultad de sostener los fondos sin retirarlos durante años: “La mayor parte de la gente, incluso usuarios experimentados, se sorprendía por pequeñas subidas y bajadas y rara vez aguantaba todo su capital invertido durante mucho tiempo”, afirmó. Según Bielsa, sólo quienes poseían sumas muy grandes o contaban con formación técnica podían tolerar semejante volatilidad.

A la hora de probar la propiedad real de una billetera, el proceso se complica aún más. “Por vía judicial formal no sería posible descifrar si está mintiendo o no, porque la billetera es seudónima y no está registrada a su nombre. Si consigue que alguien le preste una, y esa persona no lo declara, no nos vamos a enterar”, advirtió.

Aun así, remarcó que si la clave pública aparece en la declaración jurada, la comunidad técnica puede analizar todos los movimientos y ejercer cierto control social.

Según su experiencia, cuando la corrupción se cruza con la blockchain, la comunidad técnica y la sociedad civil disponen de herramientas inéditas para exponer irregularidades y favorecer la transparencia. Que los registros históricos permanezcan inalterables y sean públicamente consultables, representa —en su opinión— una vía real para mejorar las prácticas públicas y robustecer los controles, ofreciendo una esperanza concreta frente a viejos problemas.

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La presentación de la esperada declaración jurada de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, presentó un dato que generó atención inmediata en el ámbito político y económico: reportó ganancias por USD 513.000 obtenidas a través de operaciones con Bitcoin a modo de intento de explicación de las inconsistencias patrimoniales que lo tuvieron en el eje de la agenda política en los últimos meses.

Las criptomonedas, con sus enormes fluctuaciones, resultan un activo de lo más cómodo para explicar variaciones patrimoniales siderales difíciles de justificar, dado que la volatilidad propia de ese mercado permite sostener prácticamente cualquier narrativa financiera.

La versión de Adorni

Más allá de los datos que se hicieron públicos, en fuentes allegadas a Adorni detallaron su incursión en el universo cripto. Las fuentes narraron que ingresó a Bitcoin en 2013 con una inversión inicial de USD 200.000, adquiriendo la criptomoneda cuando el precio rondaba los USD 380 por unidad. Ese fue el punto de partida.

Durante los años siguientes, Adorni optó por realizar ventas parciales de sus tenencias. El funcionario aseguró a Infobae que vendió un total de 15 Bitcoins a un valor de USD 6.800 cada uno. El saldo resultante de esta estrategia de salida arrojó una tenencia final valuada en USD 513.000.

Esta es la versión oficial. Implica el uso de 8 billeteras digitales, distintas compras y ventas y una salida gradual del mercado luego del nacimiento de su primer hijo, lo que volvió al entonces inversor cripto y hoy funcionario nacional en un ahorrista conservador, según sus propias explicaciones.

Cuánto tendría hoy si no hubiera vendido

Para dar una idea de los movimientos de los que es capaz Bitcoin, realizamos un ejercicio de proyección patrimonial permite explorar escenarios alternativos. Si Manuel Adorni hubiera conservado la totalidad de los Bitcoin adquiridos en 2013 hasta la actualidad, su situación financiera sería drásticamente distinta. Con una inversión inicial de USD 200.000 a un precio de USD 380 por moneda, Adorni habría acumulado aproximadamente 526,32 Bitcoins al momento de su entrada a ese mercado.

Al tomar la cotización actual de Bitcoin, que se ubica en USD 62.849,28 por unidad, el valor de esa tenencia alcanzaría la cifra de USD 33.078.568,42. Esa sería la fortuna hoy.

Este cálculo ilustra el potencial de crecimiento exponencial de un activo volátil como Bitcoin, y muestra la diferencia sustancial que puede surgir a partir del momento de venta elegido por el inversor. Tener más de 500 Bitcoin en la billetera podrían haber sido el pasaje del contador al estatus de millonario. Pero sabemos que vendió antes.

El mejor y peor resultado de invertir en Bitcoin entre 2013 y 2018

Para seguir graficando el rol de las cripto como justificación de un crecimiento llamativo del patrimonio, realizamos otro ejercicio. Un análisis de escenarios extremos que ayuda a comprender la dinámica de las criptomonedas y su impacto en inversiones de gran escala, como sería volcar USD 200.000 a esa cripto (una inversión de altísimo riesgo que sería compatible con la tenencia de un patrimonio total varias veces mayor, ya que las recomendaciones de expertos suelen limitar al 5% de la cartera de inversiones lo montos a colocar en cripto).

Entonces, considerando esa inversión teórica de USD 200.000 en 2013 y su liquidación en 2018, se pueden distinguir dos situaciones opuestas:

Mejor escenario posible

• Compra en el mínimo absoluto de 2013: USD 13 por Bitcoin.
• Venta en el máximo de 2018: USD 17.500 por Bitcoin.
• Cantidad de Bitcoin adquiridos: 15.384,61 BTC.
• Valor final al vender: USD 269.230.769,23.
• Rentabilidad: +134.515%.

En este caso, la inversión inicial se transformaba en una cifra multimillonaria, multiplicando el capital por más de 1.300 veces. El precio de entrada y salida, situados en los extremos del ciclo de mercado, determinaban una diferencia abismal frente a otros escenarios.

Peor escenario posible

• Compra en el máximo de 2013: USD 1.163 por Bitcoin.
• Venta en el mínimo de 2018: USD 3.200 por Bitcoin.
• Cantidad de Bitcoin adquiridos: 171,97 BTC.
• Valor final al vender: USD 550.300,95.
• Rentabilidad: +175%.

Incluso con el peor timing, comprando en el pico de euforia de 2013 y vendiendo en el piso del criptoinvierno de 2018, la inversión en Bitcoin arrojaba un saldo positivo en dólares. El capital inicial no sólo sobrevivía, sino que casi se triplicaba, demostrando la magnitud de los ciclos de apreciación de la criptomoneda.

Es decir que la estrategia de inversión de Adorni estuvo por debajo de la peor posible. Algo que no es contradictorio en términos matemáticos, ya que como declaró el funcionario su desarme de posiciones no se hizo de una sola vez sino con varias ventas.

Sin embargo, también vale decir, la volatilidad de Bitcoin sería muy útil para explicar cualquier variación patrimonial, dados los enormes movimientos de los precios.

Conclusiones

La estrategia cripto de Adorni es, como mínimo, llamativa. El año 2013 fue un año de mucho entusiasmo cripto, pero poca masividad. Con su apuesta por USD 200.000 en el ecosistema, el actual jefe de Gabinete se posicionaría como uno de los principales entusiastas de Bitcoin en el país en aquel momento.

Momento en el que comprar Bitcoin estaba lejos de ser la inversión tradicional, según cuentan en el ecosistema.

“Lo primero que me llama la atención es que se invierta ese monto en una compra. Supe de inversiones por USD 200.000 o más en torno a 2013, pero con lo rentable que era minar, el dinero no se usaba para comprar cripto sino equipos de minería. Se ganaba mucho más en ese entonces. Comprar por esos montos, no era habitual ni sensato”, dijo un participante del ecosistema cripto local que prefirió no ser mencionado.

“Lo segundo que es llamativo es que una persona con 500 Bitcoin en 2013 hoy no tenga ni uno. Todos los chicos que tenían más de 100 Bitcoin en ese entonces, que no son muchos, hoy tienen Bitcoin en sus carteras. Raro que semejante entusiasta hoy esté en cero”, agregó el emprendedor, uno de los creadores del ecosistema local.

Según el especialista, existe una confusión frecuente entre las ventajas tributarias que otorga el régimen y las obligaciones patrimoniales que continúan vigentes para quienes ejercen cargos públicos. Mientras el sistema simplifica la presentación de declaraciones juradas y limita determinadas fiscalizaciones impositivas, no elimina la necesidad de justificar el origen de los bienes ante la Justicia o los organismos de control.

“La declaración jurada simplificada es más fácil de hacer. Solo se declaran ingresos, gastos, deducciones y el impuesto a pagar, sin informar patrimonio ni consumos”, explicó Domínguez. Sin embargo, aclaró que esa simplificación no modifica las exigencias establecidas por la Ley de Ética Pública.

“No le aplica a los funcionarios públicos, porque se rigen por la Ley de Ética Pública y deben presentar su declaración patrimonial a la Oficina Anticorrupción”, remarcó.

Qué beneficios ofrece el régimen

Uno de los principales atractivos del sistema es la denominada “presunción de exactitud”. De acuerdo con Domínguez, quienes presenten su declaración jurada y cumplan con el pago correspondiente obtienen una mayor protección frente a futuras revisiones tributarias.

“Si la declaración jurada se presenta y se paga en término, el fisco no puede verificar el IVA ni ganancias de los períodos fiscales no prescriptos”, señaló. Ese mecanismo es conocido como “tapón fiscal” y busca otorgar previsibilidad a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

Sin embargo, el contador advirtió que esa protección opera exclusivamente en el plano impositivo y no alcanza a eventuales investigaciones sobre el origen de los fondos o la evolución patrimonial.

“Si un funcionario utilizara dólares no declarados y se detectara, va a tener un problema por enriquecimiento ilícito, no tributario”, sostuvo. Además, recordó que la presunción de exactitud no es absoluta. Según explicó, la autoridad fiscal puede cuestionarla cuando detecta diferencias relevantes entre la información declarada y la situación real del contribuyente.

“Puede impugnarse si existe una discrepancia significativa, una diferencia superior al 15% del impuesto determinado”, precisó.

Por qué no es un blanqueo

Uno de los puntos sobre los que más insistió Domínguez fue en diferenciar el Régimen Simplificado de Ganancias de un régimen de exteriorización de activos. “Esto no es un blanqueo. En el blanqueo vos tenés bienes, los declarás hasta una fecha, pagás un impuesto especial y se resuelven los problemas. Acá no es así”, explicó.

Según detalló, el objetivo del sistema es simplificar el cumplimiento tributario y reducir cargas administrativas, pero no regularizar patrimonios ocultos ni otorgar inmunidad frente a eventuales investigaciones.

Por ese motivo, la adhesión al régimen no elimina la obligación de responder ante la Justicia ni ante los organismos de control cuando existen dudas sobre la evolución patrimonial de una persona.

“La Oficina Anticorrupción revisa contra el registro de la propiedad y el automotor. Si detecta omisiones, intima a rectificar”, señaló. Asimismo, recordó que una investigación judicial puede requerir el levantamiento del secreto fiscal cuando resulte necesario analizar inconsistencias patrimoniales.

Funcionarios, patrimonio y criptomonedas

Durante la entrevista, Domínguez también se refirió a las criptomonedas, un punto que cobró relevancia a partir de las explicaciones brindadas por el entorno de Adorni sobre la composición de su patrimonio.

“Siempre se tuvieron que declarar. Si alguien no lo hizo y puede demostrar que tenía una billetera en otro año y conserva los fondos, podría justificarlo judicialmente, aunque no es fácil”, afirmó.

Para el especialista, la discusión trasciende el caso puntual y pone en evidencia la diferencia entre los controles tributarios y los controles patrimoniales. Mientras el régimen simplificado puede generar beneficios frente al fisco, no reemplaza las obligaciones de transparencia ni constituye una herramienta para justificar activos no declarados.

En ese contexto, señaló que el Gobierno trabaja en ajustes técnicos sobre la implementación del sistema, mientras distintos sectores de la oposición impulsan modificaciones para excluir expresamente a funcionarios y personas políticamente expuestas.

Al cierre, Domínguez sintetizó la lógica del esquema: “La opción de adherir al régimen se puede hacer hasta el día de la presentación. Genera beneficios, no perjuicios”. Pero insistió en que esos beneficios tienen un límite claro: “No es una salida para casos de enriquecimiento ilícito u omisiones ante la Oficina Anticorrupción”.

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El Salvador cumple cinco años de la aprobación de la Ley Bitcoin, un hito que transformó el panorama financiero nacional e internacional al convertir a este país centroamericano en el primero del mundo en reconocer a la criptomoneda como Bitcoins comprados por El Salvador de curso legal.

La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 8 de junio de 2021, tras una solicitud directa del gobierno central encabezado por Nayib Bukele, en un proceso legislativo marcado por la premura y el debate sobre las implicancias de la decisión.

La Ley se fundamentó en la premisa de que “el bitcoin se sostiene en la confianza” de sus usuarios, como dijo en el debata la expresidenta de la antigua Comisión Financiera, Dania González, apartándose de la supervisión y los estándares de los organismos financieros internacionales.

En su versión original, la normativa definía al bitcoin como moneda de curso legal, establecía la obligación para todos los agentes económicos de aceptar pagos en esa criptomoneda y facultaba al Estado para adquirirla mediante fondos públicos.

Además, se autorizó que cualquier precio o contribución tributaria pudiera expresarse y pagarse en bitcoin, y se contempló la provisión estatal de infraestructura tecnológica para facilitar su uso por parte de la población.

A lo largo de estos cinco años, la Ley Bitcoin ha sido objeto de contundentes reformas que han modificado su alcance y su impacto en la economía salvadoreña.

Los cambios más relevantes incluyeron la supresión de la obligatoriedad para aceptar bitcoin, limitando su uso a la aceptación voluntaria por parte de personas naturales o jurídicas con participación privada.

Se derogó la posibilidad de pagar impuestos y otras obligaciones estatales con la criptomoneda, y se eliminó la obligación del Estado de proveer mecanismos automáticos de conversión y capacitación para facilitar su adopción masiva.

El articulado vigente establece que “la regulación del bitcoin como curso legal queda definida por su poder liberatorio ilimitado, con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente, en cualquier transacción y a cualquier título que requieran realizar”, según consta en el decreto del Diario Oficial.

Se dispone que “únicamente las personas naturales o jurídicas con total participación privada podrán aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio o para el pago de cualquier obligación monetaria”.

También, se establece que “las obligaciones monetarias del Estado, domésticas y externas, deberán ser pagadas en las monedas que fueron contraídas”, consolidando la primacía del dólar estadounidense como moneda de referencia contable y de cumplimiento de obligaciones oficiales.

Bitcoin en El Salvador y la observación del FMI

Durante este quinquenio, la implementación de la Ley Bitcoin ha estado acompañada de una intensa atención internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su declaración oficial del 22 de diciembre de 2025, destacó que las reformas a la normativa respondieron a recomendaciones técnicas dirigidas a mitigar los riesgos y a reforzar la transparencia.

El FMI subrayó que las discusiones con las autoridades salvadoreñas están enfocadas en la salvaguarda de los recursos públicos, la transparencia en la gestión de los activos digitales y la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo, proceso que se encuentra en etapas avanzadas.

El informe del organismo internacional proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4% para 2025 y valoró el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, el fortalecimiento de la regulación bancaria y la adecuación del marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales.

La evolución del precio del bitcoin ha sido uno de los factores determinantes para evaluar el impacto de la Ley. Según los datos proporcionados por Yahoo! Finanzas, el valor de la criptomoneda mostró variaciones notables desde la aprobación de la ley. El precio de apertura el 1 de julio de 2021 se situó en 35.035,98 dólares por unidad.

En los meses siguientes, el bitcoin alcanzó subidas importantes, superando los 66.789,63 dólares en noviembre de 2021, y experimentó caídas marcadas, tocando los 16.398,14 dólares en diciembre de 2022. Posteriormente, el precio inició una recuperación, con registros superiores a los 100.000 dólares por unidad en el segundo semestre de 2025 y un máximo de 126.198,07 dólares en noviembre de ese año. Al 2 de junio de 2026, el precio de cierre se ubicó en 66.545,45 dólares.

El volumen de operaciones también ha evidenciado la magnitud del impacto en los mercados. Durante este periodo, hubo meses en los que el volumen superó el billón de dólares, como ocurrió en julio de 2023 (1.110.139.768.374 dólares) y en noviembre de 2022 (1.224.531.549.126 dólares), lo que refleja el dinamismo y la volatilidad propios del mercado de criptomonedas.

En el plano interno, la adquisición de bitcoins por parte del Estado, la promoción de alternativas tecnológicas y la discusión sobre la viabilidad de su uso cotidiano han generado debates sostenidos.

La causa que investiga a la banda de las “Fake Coins”, una organización criminal dedicada al fraude infromático vinculado a critoactivos, involucra a 55 personas bajo sospecha en varios puntos del país. Días atrás, la policía ejecutó más de 70 allanamientos simultáneos, con 21 detenidos, impulsados por la Procuración bonaerense, en diferentes localidades bonaerenses y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mendoza.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por estafas mediante plataformas digitales de inversión en criptoactivos.

De acuerdo a las fuentes, la organización ofrecía oportunidades de inversión con promesas de ganancias exorbitantes, simulando respaldo en mercados financieros descentralizados y tecnología blockchain. Mediante esta fachada, inducía a error a las víctimas a través de estrategias sofisticadas de captación digital.

La estructura criminal utilizaba una diversidad de métodos para atraer inversores. Entre las modalidades detectadas aparecen la creación de páginas web apócrifas, aplicaciones móviles fraudulentas y campañas masivas de correos electrónicos y mensajes en redes sociales. En esos espacios, promocionaban supuestas carteras de inversión que prometían rentabilidad inmediata.

La investigación también identificó el uso de aplicaciones de citas y redes de contacto social, como Tinder, para entablar relaciones con potenciales víctimas e inducirlas a invertir, una modalidad conocida internacionalmente como “romance scam” o estafa afectiva-financiera.

La organización funcionaba con una estructura jerárquica, con diferentes niveles operativos y funciones específicas.

En los escalones inferiores se identificó a las denominadas “prestacuentas”, personas que realizaban múltiples transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar su origen ilícito.

Empleados bancarios

Las operaciones fraudulentas incluían la apertura de cuentas bancarias mediante documentación falsa, la contratación de préstamos millonarios a nombre de empresas ajenas y el desvío de esos fondos a cuentas controladas por los sospechosos.

En julio de 2025, uno de los imputados se presentó en una sucursal del Banco Galicia, y mediante DNI y documentación falsa afirmó ser el presidente de la empresa SEEDAR SA. Así, logró abrir una cuenta corriente a nombre de la misma.

Más tarde, ingresó de forma electrónica y contrató un préstamo a nombre de SEEDARD SA por la suma de 393.815.000 millones de pesos, los que fueron transferidos desde dicha cuenta a una a nombre del sospechoso de la empresa Let Bit.

Luego, el 19 e agosto, se tomaron de manera electrónica más “prestamos DNI” por la suma de 464.402.600 millones de pesos y los transfirió. Esta maniobra se repitió, al menos, tres veces.

Entre los casos investigados, la Unidad Fiscal de Instrucción y de Juicio N°3 de Pergamino documentó el empleo de identidades apócrifas para abrir cuentas en ese banco a nombre de otras firmas como ALAV SRL e HIDALGO SA.

De esta manera, los fondos obtenidos mediante préstamos se transferían rápidamente a cuentas a nombre de miembros de la organización, quienes luego convertían el dinero en activos digitales y lo enviaban a billeteras cripto bajo su control. Un informe de la Cámara Compensadora COELSA detalló transferencias por cientos de millones de pesos argentinos a través de esta operatoria.

La investigación también reveló la participación de agentes bancarios, cuyo posible involucramiento aún se encuentra bajo análisis. Informes técnicos de empresas de conectividad y prestadores de servicios financieros virtuales permitieron trazar el recorrido del dinero desde la apertura fraudulenta de cuentas hasta la conversión final en criptoactivos, utilizando herramientas avanzadas de rastreo digital y análisis de blockchain.

El expediente fiscal señala que los responsables intentaban justificar las operaciones bajo la figura de “arbitraje financiero” en criptoactivos, alegando que las diferencias de cotización entre monedas explicaban los movimientos. Sin embargo, los informes periciales desestimaron esta defensa: según la Procuración, los tiempos de transferencia y conversión de fondos no se corresponden con las prácticas legales de arbitraje, y no existían contratos ni vínculos formales entre las empresas afectadas y los titulares de las cuentas receptoras.

Las medidas judiciales incluyeron el bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, secuestro de dispositivos electrónicos, documentación y solicitudes de detención para los principales imputados.

La coordinación de los allanamientos requirió la intervención de la Procuración General, Unidades Fiscales de diferentes jurisdicciones y la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.

Entre los elementos probatorios destacan actas de denuncia, informes bancarios, registros de conexiones IP, peritajes de entidades tecnológicas y testimonios de víctimas y representantes legales de las empresas afectadas.

El expediente también detalla la creación de sociedades comerciales por parte de los sospechosos, contemporáneas a la comisión de los delitos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada y orientada al lavado de activos.

La causa se encuentra caratulada como “asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso y lavado de activos de origen delictivo”.

De acuerdo a la presentación fiscal, la suma total involucrada supera el equivalente a un millón de dólares, transferidos en varias operaciones en cuestión de semanas.

En la actualidad, la Procuración y la Policía Federal trabajan en la identificación de más víctimas y en el análisis de la trazabilidad de los fondos desviados, mientras se mantiene el bloqueo preventivo de activos y cuentas vinculadas a los imputados. Uno de ellos, de 22 años, trabajó en contaduría del Ejército.

Modus operandi

Los detectives detectaron las siguientes maniobras fraudulentas llevadas adelante por la red delictiva:

Esquemas Ponzi: Son plataformas fraudulentas que prometen altos rendimientos a los inversionistas, pero en realidad pagan las ganancias a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. No existe una inversión real ni generación de ganancias legítimas. El sistema colapsa cuando no ingresan suficientes fondos nuevos.

Promesas de “Traiding”: Captación de víctimas mediante la promesa de operar o invertir en mercados financieros (trading), generalmente con información falsa o engañosa. Utilizan redes sociales, publicidad y contactos directos para atraer personas y convencerlas de transferir dinero.

Transferencia de fondos en criptomonedas: Consiste en inducir a las víctimas a enviar dinero en forma de criptomonedas a billeteras digitales controladas por los estafadores. El uso de criptomonedas dificulta el rastreo y la recuperación de los fondos.

Pump and Dump: Es una técnica de manipulación de mercados donde los estafadores inflan artificialmente el valor de un activo (pump), para luego vender sus propias participaciones a precios elevados. Después, el valor cae abruptamente (dump), ocasionando pérdidas a quienes compraron en el pico de precio.

Rug Pull: Es una modalidad de fraude en proyectos de criptomonedas o finanzas descentralizadas (DeFi). Los desarrolladores cierran el proyecto y se llevan los fondos de los inversionistas, dejando a los usuarios sin acceso a su dinero y sin posibilidad de recuperarlo.

Desaparición de fondos o bloqueo de cuentas: Tras captar el dinero de las víctimas, los responsables bloquean el acceso a las cuentas o desaparecen los fondos, impidiendo que las personas recuperen lo invertido.

El precio de Bitcoin caía 6% a las 17 horas y era operado este viernes por debajo de USD 60.000, en la continuidad de una fuerte corrección bajista en la que ha caído a sus niveles más bajos en más de dos años, desde febrero de 2024.

Asimismo, este precio representa una caída de 52% desde sus máximos históricos recientes en la primera semana de octubre de 2025, y una pérdida semanal cercana al 19 por ciento. En los últimos doce meses la principal criptomoneda anota una pérdida de 41 por ciento.

Según los analistas del mundo “cripto”, esta caída generalizada en el mercado se debe a una combinación de cinco factores clave:

1. Tensión geopolítica y aversión al riesgo: El temor a posibles escaladas de conflicto entre Estados Unidos e Irán empujó a los inversores hacia activos tradicionales de refugio, provocando una caída en los mercados de riesgo como las criptomonedas.
2. Ventas institucionales: La presión de venta aumentó luego de que fondos e instituciones empezaran a desprenderse de parte de sus reservas de Bitcoin.
3. Salida de los ETF: Se han registrado salidas netas de capital en los fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés), lo que reduce la liquidez y aumenta la presión a la baja.
4. Liquidaciones de apalancamiento: Al romperse soportes de precio clave, se activaron ventas automáticas y liquidaciones forzadas de inversores que operaban con dinero prestado.
5. Comportamiento a corto plazo: Los inversores con menor tiempo de tenencia están vendiendo por miedo a un mercado bajista prolongado, lo que mantiene una intensa presión vendedora.

Históricamente, Bitcoin demostró ser altamente volátil, y estas correcciones fuertes suelen generar incertidumbre a corto plazo, aunque muchos inversores institucionales también aprovechan estos descensos para acumular más a largo plazo.

La pregunta que se hacen los analistas es si esta tendencia del Bitcoin será temporal o duradera.

“Ante la falta de resolución en Oriente Medio, las proyecciones favorecen una rotación agresiva de carteras desde activos sobrevalorados de crecimiento hacia materias primas y refugios tradicionales, en un contexto donde los activos digitales como Bitcoin continuarán rezagados y desvinculados por ahora del rendimiento de la renta variable tecnológica tradicional”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Bitcoin experimentó una presión de venta significativa tras una caída del 18.8% desde el lunes, una disminución que abortó la recuperación desde los mínimos del ciclo y obligó a revaluar dónde se encuentra realmente el soporte estructural del mercado.

En ese contexto, TradingView identificó una señal en los datos de minería que sitúa la debilidad actual en un contexto histórico que abarca la totalidad del ciclo de mercado de Bitcoin.

En términos de análisis técnico, el promedio móvil de 30 días del Bitcoin se inclinó a la baja junto con la caída del precio.

En este aspecto, cobra relevancia el "hashrate" (o tasa de hash) es la unidad de medida que indica la velocidad y potencia de cálculo de una computadora o de toda una red de criptomonedas (como Bitcoin) para procesar y validar transacciones.

Los analistas consideraron que los mineros están comprometiendo energía real y capital real para defender el nivel de precio actual. Cuando el promedio móvil de 30 días del hashrate baja junto con el precio, refleja una verdadera presión en el ecosistema de minería más que una fluctuación estadística.

El comportamiento del precio en plataformas de análisis como TradingView aporta las señales de rebote técnico:

• Picos Expansivos de Volumen: Busca una barra de volumen inusualmente alta en gráficos diarios durante una caída. Esto representa el clímax de venta, donde las manos débiles capitulan y los grandes compradores absorben la oferta.
• RSI Diario (Índice de Fuerza Relativa): Monitorea si el RSI entra en zona de sobreventa (por debajo de 30 puntos). Una divergencia alcista (precios haciendo mínimos más bajos, pero el RSI haciendo mínimos más altos) es una de las señales de reversión más fuertes.
• Medias Móviles Clave: Observa la interacción con la media móvil (MA) de 200 días. Si el precio consolida por encima de soportes clave de mediano plazo (como la zona institucional de los USD 60.000), la estructura alcista macro seguirá intacta.

La reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador alcanzó este jueves las 7,672 monedas, valoradas en más de USD 487.5 millones, según datos oficiales publicados en el portal bitcoin.gob.sv/es. El incremento se produce a pocos días de cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley Bitcóin, que permitió el uso de la criptomoneda en el país.

Desde diciembre de 2025, cuando el Gobierno informó 7,517 bitcoines, la reserva estatal sumó 152 monedas más hasta mayo de 2026, siguiendo la estrategia oficial de adquirir un bitcoin por día. Entre el lunes y el miércoles recientes, se agregaron tres monedas adicionales, elevando el total a 7,672.

La Ley Bitcoin fue promovida por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 8 de junio de 2021. Entró en vigor 90 días después y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense.

El acuerdo con el FMI y sus efectos

En 2024, el Gobierno alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero internacional, que impuso límites al uso y compra de la criptomoneda. Posteriormente, en enero de 2025, el Congreso eliminó la obligación de aceptar bitcoin y suprimió la participación estatal en su uso.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha informado si utilizará la reserva digital para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. A pesar del impulso estatal al criptoactivo, diversos estudios indican que el uso cotidiano del bitcoin continúa siendo bajo: el 92% de la población no utilizó la criptomoneda en 2024, el nivel más bajo desde su introducción en 2021.

Las remesas y el uso del Bitcoin en El Salvador

Las remesas en criptomonedas hacia El Salvador sumaron USD 23.1 millones entre enero y abril de 2026, un alza del 44.3 % frente al mismo período de 2025 que elevó su participación al 0.70 % del total recibido por el país, según el Banco Central de Reserva citado por la agencia EFE, en un contexto en el que el uso de estos activos sigue ligado a la confianza de los usuarios y la evolución de los mercados internacionales.

Durante todo 2025 las remesas enviadas por billeteras digitales llegaron a USD 57.67 millones, una caída del 32.5 % frente a los USD 85.5 millones de 2024. El aumento observado en los primeros cuatro meses de 2026 implicó USD 7.1 millones más que los USD 16 millones registrados en igual lapso del año anterior, de acuerdo con el BCR citado por EFE. Ese flujo representó una porción todavía reducida del volumen general de remesas, aunque superior al 0.52 % anotado entre enero y abril de 2025.

El total de remesas que ingresó al país entre enero y abril de 2026 alcanzó USD 3,286.72 millones, frente a USD 3,076.93 millones en el mismo período de 2025, de acuerdo con el BCR.

Las remesas enviadas mediante criptomonedas crecieron con fuerza en el arranque de 2026, pero todavía equivalen a menos del uno por ciento del total que recibe El Salvador, según las cifras del BCR.

El país fue el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense desde septiembre de 2021.

El Ministerio Público de República Dominicana pidió un año de prisión preventiva para diez detenidos por la Operación XL526, acusados de integrar una red que, según el medio dominicano Diario Libre, extorsionaba, chantajeaba y estafaba desde territorio dominicano a residentes en Estados Unidos. La solicitud incluye que el tribunal declare el expediente como de tramitación compleja, porque la investigación abarca múltiples imputados, al menos 18 víctimas identificadas y presuntas maniobras de lavado de activos, según el Ministerio Público.

La operación fue ejecutada el pasado martes con la participación de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, según el medio dominicano. En total fueron arrestadas 20 personas con fines de investigación, aunque la coerción fue solicitada solo contra diez de los detenidos.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diez personas contra las que se pidió prisión preventiva se dedicaban de forma sistemática y organizada a cometer estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas, según el órgano acusador.

La solicitud fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto con las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular interina de Santiago, Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago, según Diario Libre.

La acusación incluye lavado de activos y delitos de alta tecnología

La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron la prisión preventiva para los señalados como cabecillas de la red: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, según Diario Libre. La misma medida fue requerida para los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

Según el Ministerio Público, el caso debe ser declarado complejo por la pluralidad de imputados y víctimas, y porque se trata de una red de crimen organizado que también se dedicaba al lavado de activos. El órgano acusador sostiene que necesita tiempo adicional para profundizar la investigación, conforme al Código Procesal Penal dominicano.

El Ministerio Público afirma que la estructura recaudaba fondos por medio de acciones fraudulentas y luego los transfería, ocultaba y blanqueaba para darles apariencia de legalidad, según el diario dominicano. También sostiene que existen pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.

La red operaba desde Jacagua y usaba inglés, criptomonedas y amenazas

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización criminal de carácter internacional tenía su base operativa en el municipio Jacagua, en la provincia de Santiago. Según la acusación citada por Diario Libre, sus integrantes dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para ejecutar las actividades ilícitas.

El modo de operación consistía en captar víctimas mediante anuncios publicitarios y luego someterlas a extorsión y chantaje con un guión previamente estructurado por los cabecillas, según el Ministerio Público. La investigación sostiene que los imputados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, para asustar e intimidar a las víctimas.

Según el medio dominicano, a las personas afectadas les exigían dinero y les enviaban imágenes de crímenes como forma de amenaza. Los fondos obtenidos eran canalizados después por distintos mecanismos de movilización, entre ellos criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.

Las acciones de la Operación XL526 contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado, según Diario Libre.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el martes a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, y a otras tres bolsas de criptomonedas del país —Bitpin, Ramzinex y Wallex— como entidades sancionadas, en la acción más directa emprendida hasta ahora contra la infraestructura financiera digital del régimen de Teherán. La medida también alcanza a cuatro ciudadanos iraníes, entre ellos los dos cofundadores de Nobitex y su director ejecutivo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro determinó que Nobitex procesó más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025. La plataforma, con más de 11 millones de usuarios registrados, manejó transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), a operadores de ransomware afiliados a esa organización y a esfuerzos del banco central iraní por acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins para sostener el rial. Según la firma de analítica blockchain TRM Labs, Nobitex procesó cerca de 5.000 millones de dólares entre 2025 y marzo de 2026. Bloomberg estimó el mercado cripto total de Irán en unos 7.800 millones de dólares en marzo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión con un argumento directo: el régimen iraní se apropió de las tecnologías de activos digitales para sus propios fines corruptos, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero, mientras su economía colapsa. Sus declaraciones se enmarcan en la campaña de “presión máxima” de la administración Trump, que desde febrero de 2025 sancionó a cerca de 1.000 personas, buques y aeronaves vinculados a Irán, según datos del propio OFAC.

Las sanciones llegan un mes después de que Reuters publicara una investigación que identificó a los fundadores de Nobitex como los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más influyentes de la República Islámica. Ambos registraron la empresa bajo el apellido alternativo Aghamir, que usaron en los documentos corporativos, la vida universitaria y materiales de marketing, mientras otros parientes usaban públicamente el apellido Kharrazi. Su abuelo formó parte de la Asamblea de Expertos —el órgano que designa al líder supremo— y fue tutor de Mojtaba Khamenei, quien sucedió a su padre Ali Khamenei como líder supremo. Su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y participó en la formación del CGRI tras la revolución de 1979. El tercer individuo sancionado es Amir Hossein Rad, director ejecutivo de la plataforma.

El auge de Nobitex es inseparable del bloqueo financiero que sufre Irán. El país lleva décadas excluido del sistema bancario internacional por sanciones de Estados Unidos y Europa, agravadas desde el inicio del conflicto armado con Washington y Tel Aviv en febrero. Sin acceso a SWIFT ni a la banca corresponsal, las criptomonedas se convirtieron en un canal alternativo tanto para ciudadanos que buscan protegerse de una inflación desbocada como para entidades estatales que intentan eludir el cerco occidental.

La investigación de Reuters también reveló que Nobitex siguió operando durante el apagón de internet decretado por el gobierno iraní, procesando más de 100 millones de dólares en transacciones durante la guerra, con salidas significativas de capital hacia el exterior. En abril, la empresa de stablecoins Tether congeló 344 millones de dólares en dos carteras atribuidas al banco central iraní con vínculos documentados al CGRI y a Hezbollah, en lo que TRM Labs describió como el mayor bloqueo en cadena de reservas criptográficas soberanas iraníes registrado hasta la fecha.

Las sanciones convierten a las cuatro plataformas en entidades vetadas para cualquier institución financiera o individuo con exposición al sistema estadounidense. Quienes operen con ellas quedan en riesgo de ser designados. La medida profundiza la presión sobre Teherán en un momento en que el colapso del rial y las operaciones militares en curso sitúan al régimen en su punto de mayor fragilidad económica.

La utilización de inteligencia artificial en la negociación de criptoactivos experimentó un crecimiento relevante en los últimos meses. Esto se ve reflejado en que el 60% de los usuarios de Binance AI Pro recurrió a la herramienta para ejecutar operaciones, implementar estrategias y monitorear el mercado, según datos difundidos por la plataforma. Previamente, el uso común era como canal de consulta.

El informe abarca el período comprendido entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2026. Durante estas semanas, las intenciones vinculadas a la ejecución de tareas duplicaron a aquellas asociadas solamente al análisis de mercado.

En Binance entienden que este cambio sugiere una tendencia clara: la IA dejó de ser solo un asistente conversacional para convertirse en un componente operativoclave dentro del ecosistema cripto.

Otra cifra destacada del relevamiento indica que más del 90% de las sesiones implicaron la utilización de herramientas adicionales al chat tradicional. El promedio alcanzó 22,4 herramientas diferentes por sesión, lo que evidencia flujos de trabajo complejos y multifacéticos, por encima de las simples consultas puntuales.

Aumento del compromiso y la automatización

El uso activo diario de la plataforma también mostró un incremento sostenido. Durante la segunda semana de abril, la actividad diaria superó en un 17,6% a la del inicio del mes anterior. Además, el nivel de interacción durante los fines de semana se mantuvo similar al de los días hábiles, lo que refleja un uso continuo y cada vez más integrado en la rutina de los usuarios.

Binance también destacó el crecimiento de las configuraciones persistentes impulsadas por inteligencia artificial. Esta modalidad permite que los usuarios definan acciones recurrentes para que el sistema las ejecute de manera autónoma. Durante el período analizado, el 3,6% de las cuentas adoptó esta función y se registró un promedio de 25,1 ejecuciones automáticas por usuario junto con 4,6 tareas programadas por perfil.

Un dato adicional subraya el potencial de la plataforma: más de uno de cada ocho ingresos a la herramienta se generó automáticamente, sin intervención directa de un ser humano. Así, la capacidad de la IA para operar en forma independiente gana un espacio cada vez mayor en la gestión de activos cripto.

Características principales de Binance AI Pro

• Ejecución automatizada de estrategias de trading en criptoactivos.
• Monitoreo avanzado de operaciones y flujos de órdenes.
• Programación de automatizaciones persistentes y tareas recurrentes.
• Integración de múltiples herramientas en una misma sesión.
• Seguridad reforzada con separación de fondos y permisos limitados.
• Revisión previa de skills de terceros antes de su incorporación al sistema.

Impacto en la negociación y seguridad

El crecimiento de la IA en el trading de criptoactivos también se tradujo en un aumento del volumen negociado. Los usuarios que suscribieron al servicio registraron un incremento promedio del 14,3% en el volumen diario de operaciones respecto al período anterior a la adopción.

Asimismo, el informe reveló que un tercio de los traders de pago utilizó bots para ejecutar sus operaciones, mientras que el volumen generado por estos sistemas automáticos representó casi un tercio del total negociado por este segmento.

En materia de seguridad, Binance AI Pro incorporó una capa adicional para proteger a los inversores. Los fondos gestionados por la inteligencia artificial permanecen segregados de las cuentas principales y los permisos de acceso se limitan a la negociación, sin autorización para retiros.

En ese sentido, todas las skills de terceros pasan por un filtro de revisión antes de ser instaladas en el marketplace. De hecho, cerca del 12% de las propuestas fue identificada como potencialmente riesgosa por el equipo de Binance.

La compañía destacó la relevancia de este proceso de revisión para reducir la exposición de los usuarios a herramientas comprometidas y limitar los riesgos asociados a integraciones inseguras.

“Esta capa adicional de revisión ayuda a reducir significativamente la exposición de los usuarios a herramientas comprometidas, limitando las posibilidades de riesgos relacionados con cuentas o transacciones derivados de integraciones inseguras”, expresó el exchange, al cierre del informe.

Para más información de Binance AI Pro, se puede hacer clic aquí.

El Salvador ha experimentado un aumento del 44.3 % en las remesas recibidas a través de carteras de criptomonedas entre enero y abril de 2026, alcanzando los USD 23.1 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), citados por la Agencia EFE. Esta cifra supera los USD 16 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de USD 7.1 millones en apenas un año.

De acuerdo con lo informado por EFE, el flujo de remesas en criptomonedas representó el 0.70 % del total de remesas generales enviadas al país durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras que en el mismo lapso de 2025 esa proporción fue del 0.52 %. El monto total de remesas que ingresó a El Salvador entre enero y abril de este año sumó USD 3.286,72 millones, frente a los USD 3.076,93 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

El reporte del BCR, citado por EFE, también expone que, aunque la tendencia al alza resulta notoria en el corto plazo, el acumulado anual de remesas en criptomonedas mostró una caída en 2025. Durante ese año, los envíos a través de billeteras digitales sumaron USD 57.67 millones, un descenso del 32.5 % respecto a los USD 85.5 millones registrados en 2024.

El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, desde septiembre de 2021.

De acuerdo con la información reunida por EFE, el papel de las criptomonedas en la economía salvadoreña sigue sujeto a la evolución de la confianza de los usuarios, las políticas estatales y la dinámica de los mercados internacionales.

El Salvador registró un crecimiento destacado en las remesas enviadas mediante criptomonedas durante los primeros meses de 2026, superando ampliamente los montos reportados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos oficiales divulgados por EFE.

Las remesas familiares en El Salvador caen 29.5% en abril de 2026

En el panorama general de las remesas, el envío de remesas familiares registró en abril de 2026 un descenso. Este comportamiento se reflejó en un descenso marcado del flujo de fondos provenientes del exterior, considerado uno de los principales pilares económicos de El Salvador y factor clave para la estabilidad financiera de miles de familias y el comercio local.

De acuerdo con cifras oficiales del BCR, en abril de 2025 el país recibió USD 7.72 millones en concepto de remesas familiares. Al comparar ese dato con el ingreso correspondiente a abril de 2026, el reporte evidencia un descenso a USD 5.44 millones, lo que representa USD 2.28 millones menos en un solo año.

Este retroceso equivale a una baja aproximada del 29.5 % para el periodo analizado. Las autoridades atribuyen esta disminución a factores externos que condicionan la capacidad de envío de la comunidad migrante, principalmente radicada en los Estados Unidos.

De acuerdo con el informe más reciente del BCR, los migrantes disponen de menos capacidad de ahorro debido al aumento de los precios en los países donde residen.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este viernes que cualquier levantamiento de sanciones contra Irán sería gradual y estaría condicionado al cumplimiento de objetivos concretos por parte del régimen de Teherán, en un contexto en que Washington mantiene activa su presión económica sobre el país persa y aún no existe un acuerdo firmado entre ambas partes.

Bessent realizó estas declaraciones durante una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Económico Nacional Reagan, celebrado en Simi Valley, California, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Al ser interrogado sobre el mantenimiento del bloqueo económico a Irán, respondió con una frase escueta: “Ya veremos”.

“Cualquier medida que se levante, se levantará poco a poco”, precisó el secretario, quien añadió que existirán “objetivos que el régimen iraní tendrá que cumplir” como condición para cualquier alivio de las restricciones financieras. Bessent también advirtió que la administración podría intensificar las sanciones si un acuerdo no se vislumbra próximo.

El funcionario confirmó además que, el jueves, Washington impuso sanciones a dos aerolíneas iraníes, y señaló que el gobierno cuenta con “otros objetivos financieros” sin precisar cuáles. “Hay mucho más que podemos hacer, si es necesario”, afirmó, al tiempo que indicó que algunas medidas podrían revertirse para beneficiar a la población iraní.

En el mismo foro, Bessent reveló que Estados Unidos se ha incautado de aproximadamente USD 1.000 millones en activos iraníes en criptomonedas, en el marco de las acciones adoptadas por el Departamento del Tesoro en el contexto del enfrentamiento con Teherán.

Horas antes, el presidente Donald Trump afirmó que está tomando una “determinación final” sobre un acuerdo preliminar para extender un alto al fuego con Irán. La postura del mandatario difiere en matices con la de su secretario: Trump declaró esta semana que su gobierno “no está hablando de ningún alivio de sanciones, nada de dinero, nada”.

Irán ha estado sometido a fuertes sanciones económicas desde que Trump, durante su primer mandato, abandonó el acuerdo que limitaba el programa nuclear iraní. Teherán ha exigido de manera consistente el levantamiento de esas restricciones como condición para cualquier pacto con Washington.

Trump se enfrenta a la presión de reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre, ante la creciente frustración de los votantes por el alza de los precios. Al mismo tiempo, podría sufrir una fuerte reacción de los sectores más belicistas de su propio partido respecto a Irán si hace alguna concesión a Teherán.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha provocado graves problemas económicos a nivel mundial al disparar los precios de la energía debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se retirarían las minas del estrecho y que los barcos atrapados allí podrían comenzar a regresar a casa: «¡Saludos a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!».

Irán también exige el levantamiento de las sanciones, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y que cualquier acuerdo de paz ponga fin a la ofensiva de Israel, aliado de Estados Unidos, en el Líbano.

Israel ha desplazado a cientos de miles de personas y ha avanzado profundamente en el Líbano en su persecución de la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

El Líbano afirma que más de 3.200 personas han muerto en ataques israelíes, mientras que Israel asegura que 23 de sus soldados y cuatro civiles han fallecido.

(Con información de Europa Press, Bloomberg y Reuters)

La inteligencia artificial (IA) está presente en sectores tan diversos como la salud, las finanzas, la educación y el transporte. Por ende, el mercado de las criptomonedas ha comenzado a integrar la IA para facilitar la comprensión y la operatividad de los inversores en un espacio de alta volatilidad y complejidad técnica.

Diferentes plataformas han optado por desarrollar herramientas impulsadas por IA para ofrecer desde análisis de mercado hasta estrategias automatizadas de trading, como es el caso de soluciones como Binance AI Pro.

El crecimiento en el uso de este tipo de tecnologías tiene que ver con la alta demanda de herramientas más sofisticadas, capaces de ejecutar órdenes, monitorear activos y analizar datos en tiempo real, sin que sea necesario ser experto.

Cómo es la presencia de un agente de IA en una plataforma cripto

En el caso de Binance AI Pro, consiste en una plataforma asistida por inteligencia artificial que actúa como un agente operativo dentro del ecosistema de Binance.

Esta herramienta permite la creación automática de una cuenta de trading con IA y la vinculación de una clave API, facilitando que los usuarios deleguen análisis, ejecución de operaciones y monitoreo de activos en el sistema. Este tipo de plataformas incorporan tecnologías como ChatGPT, Claude, Qwen, MiniMax y Kimi.

De esta manera, se habilita una subcuenta virtual dedicada exclusivamente a la IA, que opera bajo parámetros de seguridad específicos y permite manejar operaciones spot, contratos perpetuos y préstamos con apalancamiento.

La clave API utilizada no otorga permisos de retiro ni transferencia, lo que agrega una capa de segregación entre la cuenta principal y la subcuenta de IA Pro.

Para qué sirve la presencia de IA en una plataforma cripto

Las funcionalidades de la IA van más allá de la mera consulta de datos. Casi el 60% de las intenciones de uso entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2026 estuvieron orientadas a la ejecución de acciones concretas, como negociación, implementación de estrategias y monitoreo en tiempo real.

El análisis de mercado tradicional quedó relegado, mostrando que los usuarios buscan automatizar procesos y agilizar la toma de decisiones.

Además, el informe de Binance reflejó que más del 90% de las sesiones incluyeron el uso de herramientas adicionales al chat, con un promedio de 22,4 herramientas empleadas por sesión. Este dato revela que los usuarios han comenzado a diseñar flujos de trabajo complejos, adaptando la IA a tareas específicas y configurando modelos avanzados para responder a la dinámica de los mercados.

De qué forma se configura y administra la seguridad de la cuenta cripto

La seguridad es uno de los pilares en la arquitectura de este tipo de soluciones. La clave API que gestiona la IA solo dispone de permisos limitados, lo que restringe su campo de acción y reduce los riesgos asociados a la automatización.

No obstante, la automatización del trading implica riesgos inherentes y las empresas detrás de estas soluciones no intervienen ni controlan las decisiones ejecutadas por la IA. El usuario conserva la responsabilidad sobre las operaciones y debe mantenerse informado sobre las implicaciones de utilizar estas herramientas.

Qué impacto tiene la automatización en el comportamiento de los usuarios

El despliegue de esta tecnología ha modificado el patrón de uso de los servicios de trading automatizado. En el caso de Binance, el uso activo diario creció un 17,6% entre la primera y la segunda semana de abril de 2026, lo que refleja un aumento en la adopción de la herramienta.

El consumo de este tipo de tecnologías durante los fines de semana igualó o superó en algunos casos al de los días hábiles, un fenómeno que evidencia la transición hacia un uso regular y persistente.

Asimismo, la automatización continua muestra señales de consolidación. Un 3,6% de los usuarios configuró tareas recurrentes para que la IA las ejecute de forma autónoma, con un promedio de 25,1 ejecuciones automáticas por usuario y 4,6 tareas programadas por cuenta.

Fue investigada por Patricio Ferrari, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, que ordenó a la Federal allanar cuatro objetivos ubicados en el Barrio Chino porteño y en Sinsacate, provincia de Córdoba. El blanco fue la organización en torno a la app Blue Mountain, disponible meses atrás en Google Play Store, liderada por un informático chino radicado en Argentina y que todavía no fue encontrado. Un bloqueo ordenado por el Juzgado de garantías que interviene en el expediente inmovilizó 8 millones de dólares cripto en diversas wallets vinculadas al caso.

Así, las víctimas caían, atraídas por un grupo de Facebook, que las llevaba a la aplicación en Google Play y a un grupo de WhatsApp con dos falsos asesores. La aplicación, básicamente, era una trampa, “un malware del tipo infostealer”, asegura un investigador.

La fuente continúa: “Este tipo de software malicioso se encuentra específicamente diseñado para sustraer información sensible de manera encubierta, sin generar daños visibles inmediatos en el dispositivo comprometido”. Los pagos de las víctimas son notables. Un damnificado entregó casi ochenta millones de pesos a la organización.

El hombre es una gota en el mar. “De los créditos que recibió la cuenta en el escaso tiempo que estuvo abierta, se desprenden 3010 transferencias a favor por un total de $3.388.108.876,05 pesos”, asegura una fuente del caso.

Entre los objetivos allanados se encontraban, precisamente, los domicilios registrados del empresario, que no fue hallado y cuyo nombre se mantiene en estricta reserva. El hombre, ex empleado de una tienda de baratijas, registrado como empreasario y almacenero en ARCA, había creado una serie de empresas junto a diversos socios, dedicadas, en los papeles, al negocio tech.

La empresa usada para los cobros de las víctimas fue creada por el empresario en 2023 junto a un contador de 26 años acostumbrado a hacer negocios con la comunidad china. La firma, insólitamente, figura en el Boletín Oficial como dedicada a la “compra, venta, comercialización, al por menor y/o al por mayor, distribución representación, importación y/o exportación, de todo tipo de carnes y sus derivados, aceites en general y aceite de oliva, vinos, productos alimenticios en general y todo tipo de productos comestibles”.

En 2025, durante el pico de los pagos de las víctimas, la sociedad cambió de autoridades. Dos ciudadanos bolivianos y peruanos se convirtieron en sus socios, entre ellos, un hombre peruano de 51 años con domicilio en Barracas.

Años atrás, el hombre cobraba un plan para acceder a una garrafa. Entre octubre y noviembre de 2025, ambos se convirtieron en las autoridades de dos sociedades polirubro. Una, por ejemplo, se dedicaba -siempre en los papeles- a “realizar operaciones de créditos hipotecarios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones, y operaciones de comercio internacional”, de acuerdo al Boletín Oficial. Luego, estaba la empresa que recibía los pagos: la pareja entró a su directorio en octubre de 2025, el mismo mes que la víctima que pagó los 80 millones de pesos denunció el caso.

El hombre allanado en Córdoba, por ejemplo, habría sido el receptor de un tercio del dinero que el grupo recaudó.

En el marco de una investigación denominada “Fake Coins”, se realizó un megaoperativo coordinado entre 10 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y fuerzas de seguridad de distintas partes del país, que incluyó 90 allanamientos simultáneos. El procedimiento terminó con 24 detenidos y el secuestro de más de 8 millones de dólares en criptoactivos, en una causa que investiga presuntas estafas vinculadas a inversiones y que habría provocado un perjuicio cercano a los $3.000 millones.

La articulación de las diligencias estuvo en manos del Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos de la Procuración General bonaerense, desde donde se informó que los montos incautados superaron el récord previo de la propia unidad especializada: durante la operación RainbowEx, en el año 2024, se habían secuestrado más de 2 millones de dólares.

En “Fake Coins”, los investigadores lograron bloquear y secuestrar un total de 8.000.000 de USDT -equivalentes a más de 8 millones de dólares en criptoactivos- y casi $60 millones de pesos en efectivo, con la colaboración de empresas privadas proveedoras de servicios de activos virtuales. También se incautaron 80 teléfonos celulares, computadoras, tablets y unidades de procesamiento.

En rigor, la investigación partió de más de un centenar de denuncias radicadas en distintos departamentos judiciales bonaerenses. El análisis conjunto permitió detectar un patrón común: los autores iniciaban el contacto con las víctimas a través de publicaciones en redes o mensajes directos que prometían ganancias rápidas y seguras. Para ganar credibilidad, las organizaciones criminales utilizaban logos, nombres de dominio y diseños web que imitaban a instituciones y empresas reales, y en varios casos recurrían a la imagen de figuras públicas o supuestos expertos financieros para validar sus esquemas. Los estafadores simulaban operaciones bursátiles o de trading y solicitaban transferencias sucesivas hacia plataformas falsas de inversión en criptomonedas.

Los investigadores identificaron al menos tres modalidades de operatoria. En la primera, las víctimas eran inducidas a descargar una aplicación disponible en Google Play Store que simulaba ser una plataforma legítima de inversiones. La pesquisa detectó que la presencia de una aplicación en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones que promete. En muchos casos, las personas seguían instrucciones de supuestos asesores financieros que no figuraban como idóneos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que dificultó la trazabilidad de los fondos.

La segunda modalidad involucró el hackeo de cuentas de WhatsApp. Los autores se hacían pasar por conocidos de las víctimas, les ofrecían operaciones de compra de dólares y lograban que transfirieran sumas millonarias. Parte de ese dinero fue derivado a billeteras virtuales y luego convertido en criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance, para ser enviado a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. Las intervenciones sobre el IMEI del dispositivo empleado revelaron la recepción de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente para habilitar líneas destinadas al fraude. En el marco de esa investigación, correspondiente al Departamento Judicial Azul, se secuestraron 4.025 USDT de cuentas radicadas en el exterior.

El tercer eje de la investigación, tramitado en el Departamento Judicial de San Isidro, derivó en el mayor secuestro del operativo: aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos vinculados a una organización de origen chino. La banda desarrollaba y distribuía plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y funcionaban como programas infostealer, diseñados para sustraer información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre transacciones con criptomonedas, la procuraduría logró identificar e incautar los flujos de dinero asociados a esa operatoria.

El operativo fue coordinado por Rafael García Borda y la Sabrina Lamperti, del Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, bajo la dirección de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, a cargo de Francisco Pont Vergés. Los allanamientos con alcance federal, en tanto, fueron ejecutados por la Policía Federal, a través de la Dirección General de Cibercrimen, bajo el mando del Comisario Mayor Adrián Acosta.

La investigación involucró a fiscales y equipos de distintos departamentos judiciales bonaerenses, con apoyo de fuerzas de seguridad de Mendoza y de áreas especializadas en ciberdelito de la Policía bonaerense. También intervinieron juzgados de CABA y de las provincias de Misiones, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.

Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez le ha declarado la guerra a las granjas de minería digital, el ex gobernador y diputado del estado Bolívar, Andrés Velásquez, afirma que en el mismísimo corazón del sistema eléctrico del país operan máquinas para explotar criptomonedas con la connivencia de las autoridades locales.

Velásquez denuncia que existen granjas de minería en el complejo hidroeléctrico de Macagua y en la subestación Guayana, ambas ubicadas en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. El dirigente opositor responsabiliza directamente a la mandataria regional, Yulisbeth García, y al jefe regional de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Rafael Rangel, de permitir y “proteger” una actividad que está prohibida en el país.

“Ellos mismos agarran las subestaciones eléctricas para montar granjas de criptomonedas”, aseguró el fundador del partido La Causa R. En el estado Bolívar se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar, considerada la “columna vertebral” del disminuido sistema eléctrico venezolano.

A principios de semana, la gobernadora García, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), celebró como un logro la desactivación de una granja de minería que tenía 310 máquinas que, dijo, afectaban a “más de 350 viviendas”. En su red social, destacó que este operativo se realizó “siguiendo cada instrucción de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.

“A propósito del desmantelamiento de granjas mineras que propagandea la gobernadora García, esperamos que desmantele también la que está minando en Corpoelec, represa Macagua. Esa está operando muy bien protegida”, fustigó Velásquez.

En crisis

Venezuela sufre una crisis del sistema eléctrico que ha llevado al gobierno a aplicar un “plan de ahorro”, que se traduce en cortes diarios del servicio durante cuatro horas o más en casi todo el territorio nacional.

El Ministerio de Energía Eléctrica publicó el 7 de mayo un comunicado en el que ratifica que “se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital” en el país, advirtiendo que aquel que viole la norma será “sancionado con todo el peso de la ley”. El despacho ordenó la activación de “un plan de supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición”.

El gobernador del estado Carabobo, el también chavista Rafael Lacava, llegó al extremo de ofrecer una recompensa de mil dólares a todo aquel que brinde información sobre la existencia de granjas de minería en su entidad. Lacava tomó la iniciativa para enfrentar lo que denominó como “el drama eléctrico”.

El gobierno del Reino Unido anunció este martes nuevas sanciones contra plataformas de criptomonedas, bancos y redes financieras vinculadas a Rusia, a las que acusa de participar en mecanismos diseñados para esquivar las restricciones económicas impuestas por Occidente desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Las medidas incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de operar con empresas británicas y el bloqueo de vínculos bancarios de corresponsalía con instituciones financieras del Reino Unido. Londres afirmó que el objetivo es desarticular estructuras utilizadas por Moscú para mover dinero, financiar adquisiciones y mantener canales de pago internacionales pese al régimen de sanciones vigente.

El paquete fue presentado como un nuevo paso contra lo que el gobierno británico describió como “sistemas financieros en la sombra” creados para sostener la economía rusa en medio de la guerra. Entre los principales objetivos aparece la red A7, señalada por las autoridades británicas como una estructura respaldada por el Kremlin utilizada para transferir fondos y facilitar operaciones financieras fuera de los circuitos tradicionales.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, estas redes habrían permitido a Rusia acceder a servicios bancarios extranjeros y mantener operaciones internacionales mediante compañías registradas en distintos países.

“Seguiremos actuando de manera rápida y decisiva junto a nuestros aliados para exponer, interrumpir y desmantelar estas redes”, declaró la ministra del Interior británica, Yvette Cooper. La funcionaria agregó que Londres busca garantizar que “quienes faciliten la agresión rusa enfrenten consecuencias”.

Las sanciones alcanzan también a entidades financieras y empresas radicadas fuera de Rusia, incluidas compañías registradas en Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Kirguistán. El gobierno británico sostiene que varias de estas organizaciones fueron utilizadas como intermediarias para canalizar pagos y operaciones relacionadas con intereses rusos.

Entre las entidades afectadas figura Huobi Global S.A., una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, actualmente conocida como HTX. Las autoridades británicas la incluyeron en la lista de sanciones bajo la acusación de proporcionar recursos financieros y apoyo económico a personas y entidades vinculadas al sector financiero ruso.

La empresa respondió posteriormente mediante un comunicado en el que aseguró que el cumplimiento regulatorio sigue siendo una “prioridad absoluta”. HTX afirmó que supervisa permanentemente las normativas de los países donde opera y que mantiene controles para cumplir con los marcos legales internacionales, incluido el británico.

La decisión de Londres refleja la preocupación de los gobiernos occidentales por el uso de criptomonedas y estructuras financieras alternativas como herramienta para evitar restricciones económicas. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido intensificaron el monitoreo sobre plataformas digitales y mecanismos de transferencia no tradicionales utilizados para mover capitales fuera del sistema bancario convencional.

Funcionarios británicos consideran que parte de la infraestructura financiera rusa comenzó a apoyarse cada vez más en redes internacionales opacas, empresas pantalla y plataformas de activos digitales para mantener operaciones comerciales y pagos internacionales.

El nuevo paquete de sanciones llega pocos días después de que el Reino Unido anunciara que postergaría temporalmente la prohibición total de importaciones de combustible refinado a partir de petróleo ruso procesado en terceros países. El gobierno aclaró entonces que esa decisión respondía a una implementación gradual de las restricciones y no a un relajamiento de las medidas contra Moscú.

Desde Londres sostienen que las nuevas acciones buscan aumentar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania. El Ejecutivo británico aseguró además que seguirá coordinando medidas con sus aliados occidentales para identificar rutas financieras alternativas utilizadas por empresas y entidades vinculadas al Kremlin.

(Con información de Reuters)

El principal cambio reside en que, mientras la transferencia tradicional de dinero o activos entre entidades requiere pasos manuales, conciliaciones y esperas, la tokenización pretende que este proceso sea instantáneo, programable y disponible las 24 horas.

En cuanto a la propiedad de estos activos, la tecnología de bloques genera un registro digital e inmutable que impide borrar o falsificar de manera automática los títulos de propiedad, aportando seguridad jurídica al entorno virtual.

Aunque su potencial alcanza a los bienes físicos, el apetito actual de los grandes fondos se centra en activos financieros altamente líquidos, como bonos del Tesoro, acciones y fondos del mercado monetario (MMF por sus siglas en inglés), donde los beneficios operativos son inmediatos.

Según la agencia de calificación Moody's, es probable que en estas etapas iniciales las instituciones utilicen un modelo de "Gemelo Digital", mediante el cual las transacciones en la cadena de bloques se reflejan simultáneamente en los registros oficiales tradicionales hasta que exista una plena claridad regulatoria.

No obstante, el éxito a gran escala de esta revolución dependerá de un marco normativo nítido, ya que estas tecnologías no fueron concebidas originalmente para el inversor minorista, sino para fortalecer y optimizar la infraestructura de las grandes instituciones.

A largo plazo, esto podría suponer que un inversor de a pie pueda comprar una fracción de un edificio de oficinas y recibir un interés de su alquiler, democratizando el acceso a plazas financieras antes restringidas.

Sin embargo, expertos coinciden en que el éxito definitivo de este vuelco dependerá de dotar al sistema de un blindaje jurídico real que proteja al pequeño ahorrador frente a vacíos legales o ciberriesgos.

Para que este ecosistema funcione, los inversores necesitan una modalidad de "efectivo digital" capaz de liquidar las operaciones directamente en la red.

Por ello, las 'stablecoins', monedas virtuales vinculadas a una divisa real, se colocan como una de las grandes candidatas a cubrir este vacío. Una de las que mayor importancia está cobrando en el mercado europeo es la planteada sobre la divisa comunitaria a través del proyecto Qivalis.

En segundo lugar se sitúan los depósitos tokenizados, versiones digitales de los depósitos bancarios tradicionales que, aunque conllevan el riesgo de crédito de la entidad emisora, cuentan con el respaldo de los fondos de garantía.

Por último, los MMF tokenizados combinan rentabilidad con alta movilidad del capital, lo que permite a las instituciones liquidar sus posiciones de manera inmediata en la red y gestionar la tesorería de forma más eficiente que con las opciones convencionales sin rendimiento.

Moody's plantea tres posibles evoluciones para el sistema financiero global, ligadas a la velocidad de adopción de la tecnología y a la claridad del desarrollo regulatorio.

El primer escenario, el más probable, consiste en un crecimiento constante del modelo en activos específicos como bonos del Tesoro, MMF y acciones líquidas, lo cual elevaría la eficiencia del sistema, al tiempo que los bancos y las gestoras tradicionales mantienen su posición central y el control de la infraestructura operativa.

El segundo escenario proyecta un estancamiento de la adopción, que se quedaría relegada en proyectos piloto o mercados de nicho, y por último, aunque menos probable, el de una expansión disruptiva si las 'stablecoins' se consolidan como el medio de pago preferido.

Pagar las nóminas de los trabajadores con criptomonedas ya es posible en países como Estados Unidos. Empresas tecnológicas, start-ups y plataformas de contratación global han sido las pioneras en retribuir a sus empleados con tokens. Según el informe State of Crypto Payroll Report 2026 de Rise, uno de cada cuatro negocios consultados ya utiliza criptoactivos para pagar algún tipo de remuneración a sus plantillas.

Pero esta modalidad de pago tiene un riesgo, reconoce Miguel Arenas Gómez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Esta práctica es un mecanismo evidente para trasladar a la persona trabajadora la volatilidad, el riesgo y la incertidumbre propios de los mercados digitales”, apunta. Incide en que “en ningún caso estamos ante una nueva vía de flexibilidad e innovación salarial”.

En la misma línea se pronuncia Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, que subraya que aceptar este tipo de salario es “aceptar que una parte de tu sueldo es muy variable y muy volátil, con un riesgo muy elevado”.

Pagar la nómina con bitcoins, poco probable en España

La pregunta que ahora se plantea es si podría extenderse la modalidad de pago en criptoactivos al mercado laboral español. En opinión de los expertos, es “poco probable”, ya que el primer freno para implantarse en España es el jurídico.

El artículo 29.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal o mediante un cheque o una modalidad similar a través de entidades de crédito. Los tokens y las criptomonedas no son de curso legal.

El artículo 26.1 del mismo estatuto permite el salario en especie, pero con dos garantías esenciales: no puede superar el 30% de las percepciones salariales y no puede reducir la cuantía íntegra en metálico del salario mínimo interprofesional. Desde la UOC consideran que la ley española es rígida precisamente para proteger el salario de la volatilidad.

Si los tokens se aceptaran como retribución en especie o como complemento variable, deberían valorarse en euros en el momento de la entrega e integrarse tanto en la base de cotización a la Seguridad Social como en la tributación del IRPF.

Miguel Arenas cuestiona que las criptomonedas puedan encajar siquiera como salario en especie. “No considero posible de ninguna de las maneras el abono del salario con criptomonedas, ni siquiera bajo la figura del salario en especie”, afirma.

La razón es que el Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige que las prestaciones en especie tengan un valor “justo y razonable” y sean apropiadas para el uso personal del trabajador y de su familia, y la volatilidad de los activos digitales dificulta garantizar ese valor estable.

Por su parte, el reglamento europeo MiCA (Market in Crypto-Assets) ha ordenado parte del mercado de los criptoactivos en la Unión Europea, fijando obligaciones para los emisores y prestadores de servicios, pero no convierte los tokens en salario ni sustituye la legislación laboral estatal.

Criptomonedas solo para remunerar la participación en beneficios

Toda esta normativa hace que Arenas solo vea un encaje jurídico muy restrictivo en el uso de criptomonedas como pago, no como salario base, sino como complemento variable extraordinario.

“La única vía en la que esto podría tener un mínimo de encaje legal sería exclusivamente como participación en beneficios”, sostiene el profesor. Es decir, una fórmula similar a las opciones sobre acciones (stock options), vinculada a los resultados de la empresa y sin comprometer la base de la nómina.

Otro inconveniente de cobrar en criptomonedas es el económico. Y es que cambia la relación con el dinero. El trabajador deja de recibir una cantidad estable y pasa a gestionar un activo cuyo precio puede variar, que exige conversión a euros, depende de una plataforma y puede generar consecuencias fiscales. Si el token cae antes de pagar el alquiler, el trabajador pierde poder adquisitivo real y se ve obligado a convertirse en gestor de cartera.

A juicio de Elisabet Ruiz, el problema no es solo el producto, sino todo el ecosistema que lo rodea. El trabajador tiene que entender qué activo recibe, cuándo puede convertirlo, cómo funciona la wallet, qué riesgo tiene la plataforma y qué ocurre si pierde las claves. A diferencia de un depósito bancario o de una nómina en euros, en este caso no siempre existe una entidad a la que reclamar ni un fondo de garantía detrás.

La experta subraya que el hecho de que el pago se haga en stablecoins —criptoactivos con un valor supuestamente estable— no elimina el riesgo. Estas monedas digitales buscan mantener paridad con una divisa como el dólar o el euro, pero no equivalen a un depósito bancario garantizado. Ruiz Dotras recuerda que una stablecoin también puede perder la paridad o desaparecer: “Que sea una stablecoin no quiere decir que sea segura”.

A ello se añade la fiscalidad. Los tokens recibidos como retribución tributan como rendimientos del trabajo y, si posteriormente se obtienen ganancias, pueden generar una nueva obligación fiscal.

Ruiz Dotras lo resume así: si el activo se vende y genera una ganancia, “también tienes que pagar impuestos sobre esta ganancia”; si no se declara correctamente, puede acabar derivando en fraude fiscal y sanciones.

El desconocimiento aumenta el riesgo

Otro de los inconvenientes del pago en criptomonedas es el desconocimiento de muchos trabajadores sobre ellas. El 39% de los empleados que reciben ingresos en cripto afirma que esto ha mejorado su capacidad para hacer negocios internacionales, pero un 75% de la Generación Z todavía tiene dificultades para comprender las implicaciones fiscales reales de recibir estos activos en su cartera personal.

Según Ruiz Dotras, la conclusión práctica es clara: los criptoactivos no deberían afectar a salarios bajos, perfiles vulnerables ni salarios básicos. Si una empresa quiere ofrecer retribución en especie, debería priorizar prestaciones vinculadas a necesidades previsibles, como seguro médico, comedor, escuela u otros gastos familiares, y no convertir una parte del salario en una inversión de riesgo.

Los expertos inciden en que los tokens pueden tener sentido como incentivo extraordinario y voluntario, siempre que el trabajador esté bien informado. Pero cuando sustituyen una parte relevante de la nómina, el riesgo es que la promesa de innovación oculte una transferencia de incertidumbre hacia quien tiene menos margen para asumirla.

La Vicepresidencia de El Salvador informó este jueves en redes sociales que el vicemandatario Félix Ulloa se reunió con una delegación de alto nivel de Costa Rica para reforzar la cooperación bilateral, con foco en seguridad, desarrollo económico y asistencia técnica.

El encuentro incluyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar y a la embajadora Samy Araya, según el comunicado oficial.

Durante la reunión, Ulloa expuso la experiencia salvadoreña con el Plan Control Territorial y el fortalecimiento institucional. También presentó el Plan Cero Ocio como una estrategia para transformar el sistema penitenciario mediante actividades productivas, técnicas, artísticas y agrícolas, e incluyó la elaboración de mobiliario para "2EscuelasXDía", de acuerdo con la Vicepresidencia.

El comunicado señaló que el gobierno salvadoreño busca avanzar hacia una etapa orientada al crecimiento económico, la innovación y la atracción de inversiones, tras lo que definió como el “milagro de la seguridad”. En ese marco, mencionó avances normativos en sectores como fintech, activos digitales y criptomonedas, y el rol de la Comisión Nacional Activos Digitales.

De acuerdo con la Vicepresidencia, Campos reconoció el trabajo coordinado de la Presidencia salvadoreña en materia de seguridad y afirmó que la visita tiene como objetivo conocer de primera mano las acciones aplicadas por el Gobierno salvadoreño. También agradeció la apertura de autoridades como el ministro de Seguridad Pública y Justicia Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa Nacional, el almirante René Francis Merino Monroy.

Aguilar, según el comunicado, señaló que Costa Rica enfrenta desafíos en seguridad y expresó el interés de retomar ideas del modelo salvadoreño para adaptarlas a la realidad costarricense.

La Vicepresidencia indicó que se trató del primer acercamiento oficial de alto nivel de la nueva gestión del Gobierno costarricense y que en la reunión participó también el viceministro de Justicia y Paz Nils Alonso Ching Vargas.

El ministro de Justicia Gabriel Aguilar Vargas llegó este lunes 18 de mayo al Centro Penitenciario La Reforma de Costa Rica con el foco puesto en el caso del homicidio del policía Gerson Rosales y en la nueva infraestructura carcelaria: dijo que buscó confirmar que “los sujetos vinculados con el cobarde homicidio de nuestro oficial de la Fuerza Pública se encuentren en celdas de máxima seguridad, y así ocurrió”.

En el mismo recorrido, el jerarca revisó el avance de la construcción del CACCO y aseguró que “las obras avanzan firmes y avanzan de acuerdo con el cronograma que les prometimos a todos ustedes”.

Fue entonces cuando Aguilar anunció una visita oficial a El Salvador para conocer el funcionamiento de centros de contención de máxima seguridad y programas de trabajo penitenciario. “El día de mañana, por instrucción de la señora presidente Laura Fernández, iré al Salvador junto con el ministro de Seguridad Pública, don Gerald Campos”, afirmó en un video difundido por el gobierno costarricense.

En su mensaje, Aguilar insistió en un endurecimiento del enfoque dentro del sistema penitenciario: “Repito, no más alcahueterías y no más tolerancia. No queremos privados de libertad ociosos, queremos privados de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”.

El líder de una de las redes de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, vinculado con la facción de Los Chapitos, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este miércoles.

Las operaciones del mexicano se centran en el estado de Sinaloa, pero los tentáculos de su red criminal llegan hasta Estados Unidos a través de la transferencia de criptomonedas para blanquear las ganancias del narcotráfico.

Este método lo adquirió de su antecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastro”, quien fue asesinado a balazos en febrero de 2025 en el Estado de México.

Armando de Jesús Ojeda: la mente detrás de las criptomonedas

Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda como el responsable de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la venta ilícita de fentanilo a nombre del Cártel de Sinaloa.

Sus operaciones se basan en coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para luego facilitar su conversión en criptomonedas antes de transferir los fondos al cártel en México.

Tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro —sancionado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 26 de septiembre de 2023 por emplear criptomonedas y transferencias bancarias para transferir ganancias del fentanilo— Ojeda Avilés asumió el rol de principal lavador de dinero para Los Chapitos.

Además de las operaciones financieras, Ojeda Avilés es señalado por supervisar directamente los envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Su red está integrada tanto por proveedores de drogas con base en México como por mensajeros establecidos en territorio estadounidense para la recolección del dinero.

La red que opera también implica a un empresario

La red criminal liderada por el mexicano está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección del dinero.

Cinco personas más, entre los que se encuentra un empresario, también fueron sancionados al ser identificados como parte de la estructura de lavado de dinero para el cártel.

Se trata de Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como estrecho colaborador de Armando de Jesús y principal intermediario financiero de la red de narcotráfico y lavado de dinero. Sus operaciones se basan en gestionar las transferencias masivas de ganancias a través de direcciones de criptomonedas.

Rodrigo Alarcón Palomares también fue identificado como socio de Armando de Jesús Ojeda luego de haber facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red.

Este hombre fue acusado en abril de 2024 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Asimismo, se le involucra con la venta de drogas en ese país.

Alarcón fue detenido en octubre de 2023 en México, cuando las autoridades lo hallaron con armas y municiones.

Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario y asesor de seguridad de Ojeda, fue señalado por ser el responsable de cobrar deudas por envíos de cocaína. En México controla una empresa de seguridad denominada Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV y un restaurante en Chihuahua a través de tres de sus familiares que actúan como sus testaferros de confianza.

Ante sus operaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a los tres familiares del empresario: Alfredo Orozco Romero, Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno.

Estas sanciones también identificaron una segunda red dedicada al tráfico de drogas desde Sinaloa a los Estados Unidos, la cual es encabezada por Jesús González Peñuelas, por quien la DEA ofrece 5 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas entre Estados Unidos y México.

La acción fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las sanciones apuntan a dos estructuras criminales distintas: una encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, ligado a Los Chapitos, y otra dirigida por Jesús González Peñuelas, señalado como operador histórico del Cártel de Sinaloa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a “los narcoterroristas” responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Los sancionados ligados a Los Chapitos

La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el principal operador financiero de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Según el Departamento del Tesoro, el operador asumió el papel de principal lavador de dinero de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de efectivo producto de la venta de drogas en Estados Unidos y posteriormente convertía esos recursos en criptomonedas para enviarlos al Cártel de Sinaloa en México.

Junto con él fue sancionado Jesús Alonso Aispuro Félix, descrito como el principal intermediario financiero de la organización y responsable de administrar transferencias millonarias mediante direcciones de criptomonedas.

Otro de los señalados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la red criminal. El Departamento del Tesoro recordó que en abril de 2024 fue acusado formalmente por lavado de dinero ligado al narcotráfico mediante criptomonedas en una corte federal de Colorado.

Asimismo, aparece Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Empresas y presuntos prestanombres

La OFAC también sancionó a las empresas mexicanas Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV y Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para apoyar financieramente las operaciones de la red criminal.

Según el gobierno estadounidense, dichas empresas eran controladas por Alfredo Orozco Romero a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas testaferros de confianza.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas compañías y personas ayudaban a ocultar y mover recursos obtenidos por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La segunda red criminal

En una segunda investigación, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Peñuelas, identificado como operador histórico del Cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia estadounidense.

Washington asegura que González Peñuelas ha participado desde 2007 en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Además, enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional en cortes federales de California y Colorado.

La DEA incluso ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

De acuerdo con la OFAC, González Peñuelas operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Junto a él fueron sancionados Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores encargados del tráfico de drogas y del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las investigaciones contra presuntas estructuras de lavado de dinero relacionadas con el Cártel del Pacífico, luego de las sanciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra operadores señalados por tráfico de drogas y manejo de recursos ilícitos mediante criptomonedas.

Las acciones se intensificaron después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a 14 sujetos —12 personas físicas y dos personas morales— presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero, refirió Hacienda a través de un comunicado.

En ese documento, la dependencia explicó que una de las estructuras investigadas presuntamente operaba esquemas de blanqueo de capitales derivados de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas, además de empresas utilizadas para ocultar y dispersar recursos de procedencia ilícita a través de operaciones comerciales.

Las investigaciones estadounidenses también señalaron que algunos de los operadores identificados estarían involucrados en el tráfico internacional de drogas y el traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos.

Ante este escenario, la UIF inició análisis financieros, fiscales y corporativos en territorio nacional para detectar posibles redes adicionales relacionadas con las personas y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

La dependencia indicó en el documento que estas revisiones buscan identificar vínculos patrimoniales, estructuras empresariales y movimientos financieros asociados con operaciones ilícitas, así como fortalecer las medidas legales y preventivas contra el uso indebido del sistema financiero.

Hacienda sostuvo en el comunicado que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional para mitigar riesgos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral.

Las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras utilizadas presuntamente por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero mediante esquemas corporativos y plataformas digitales.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la UIF no ha informado sobre posibles bloqueos de cuentas o nuevas carpetas de investigación derivadas de estos análisis financieros.

Lemon supera el millón de usuarios validados en Perú y se consolida como la billetera digital con mayor crecimiento en el país, según anunció la compañía el 22 de abril de 2026. Con este resultado, alcanzado en menos de dos años de operaciones locales, la fintech suma más de 4 millones de usuarios validados en toda América Latina y mantiene 1,3 millones de usuarios activos mensuales en la región.

El dato no es aislado: en 2025, 1 de cada 2 descargas de aplicaciones cripto en Perú correspondió a Lemon, en un año en que el mercado peruano registró más de 2,9 millones de descargas totales de apps de criptomonedas, un 50% más que en 2024. Según el reporte Estado de la Industria Crypto 2025 publicado por la propia plataforma, Perú se consolidó como el mercado de mayor crecimiento en usuarios activos per cápita en toda la región y escaló al grupo de los seis países con mayor volumen cripto recibido en América Latina, superando a Chile.

El posicionamiento de Lemon en el ecosistema financiero peruano tiene un punto de inflexión claro: a mediados de 2024, la compañía se convirtió en la primera billetera digital con criptoactivos en integrarse a la interoperabilidad del sistema financiero peruano, lo que permitió a sus usuarios enviar y recibir soles con bancos y billeteras de todo el país de forma directa. Ese paso habilitó una conexión que el sistema bancario tradicional, con sus horarios acotados y caídas recurrentes, no ofrecía: transferencias disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso en feriados y fines de semana.

En marzo de 2025 llegó otro jalón: el lanzamiento de la VISA Lemon Card powered by Pomelo, una tarjeta internacional con la que cada compra genera un porcentaje de devolución automática en Bitcoin. A la fecha, Lemon ya superó las 250.000 tarjetas emitidas en Perú —2 millones en toda la región— y más de 50.000 peruanos invierten sus dólares digitales dentro de la app.

La adopción del Bitcoin como activo de ahorro avanza con fuerza entre los usuarios locales. Más de 350.000 peruanos ya tienen Bitcoin en la aplicación, una cifra que representa el 35% del total de usuarios con tenencias en esa criptomoneda dentro de Lemon a nivel regional. Maximiliano Raimondi, CFO de la fintech, señaló a El Comercio que la cantidad nominal de Bitcoin que los usuarios tienen dentro de la app aumentó a lo largo de la primera parte de este año en comparación con el inicio de 2025, un movimiento que atribuye tanto a la mayor adopción como a la confianza creciente en el activo.

Mercado retail cripto

Lemon lidera el mercado retail cripto en Perú con el 40% de las sesiones activas durante 2025, seguido por Binance con el 36%, PrexPe con el 20% y Ligo con el 4%. A nivel regional, la app custodia más de 160 millones de dólares en criptoactivos en nombre de sus usuarios, auditables en tiempo real a través de una prueba de reservas y solvencia dentro de la propia plataforma.

Fundada en 2019 en Argentina por Marcelo Cavazzoli, la compañía ha levantado 66 millones de dólares en rondas de inversión Seed, Serie A y Serie B, con la participación de fondos como Kingsway Capital, Goodwater Capital, F-Prime, ParaFi y Valor Capital. La última ronda —una Serie B de 20 millones de dólares co-liderada por F-Prime Capital y ParaFi, cerrada en octubre de 2025— se orientó a fortalecer la presencia en Perú y a financiar la expansión hacia Colombia, México, Chile y Brasil.

Más de un millón de peruanos se sumaron a Lemon en un año, una adopción extraordinaria que nos demuestra el potencial de cripto en el país, afirmó Cavazzoli tras el anuncio. El CEO proyecta cerrar 2026 con hasta 2 millones de usuarios registrados en el país. Entre los productos que la compañía alista para el segundo semestre figura el pago de servicios como luz e internet a través de la app, previsto para entre agosto y septiembre, además del lanzamiento de cuentas sueldo, posible gracias a un cambio regulatorio de febrero de 2026 que habilitó el pago de salarios a través de billeteras de dinero electrónico en Perú.

El crecimiento de WhatsApp como canal de comunicación ha facilitado la expansión de diversas estafas que aprovechan la confianza y la rapidez que caracteriza a la plataforma.

Los fraudes cometidos a través de WhatsApp adoptan múltiples formas y afectan a usuarios de todas las edades, quienes pueden recibir mensajes, llamadas o incluso ser añadidos a grupos con fines engañosos.

Las modalidades más reportadas incluyen estafas relacionadas con el romance, empleos fraudulentos y falsas oportunidades de inversión en criptomonedas.

En estos esquemas, los estafadores utilizan tácticas para crear lazos emocionales o vínculos profesionales con sus víctimas, con el objetivo de obtener información personal o transferencias de dinero.

Cómo operan las estafas de romance a través WhatsApp

Las estafas de romance suelen comenzar con la creación de una relación aparentemente genuina, donde el estafador busca establecer una conexión emocional.

Tras varias conversaciones y promesas de encuentros que nunca llegan a concretarse, la persona que engaña solicita dinero por motivos urgentes o inesperados. El vínculo emocional construido favorece que la víctima acceda a ayudar económicamente a quien cree que es una pareja potencial.

Estos engaños pueden extenderse durante semanas o meses, con mensajes frecuentes y relatos convincentes que refuerzan la confianza. El objetivo es que la víctima baje la guardia y realice transferencias de dinero, préstamos o comparta datos sensibles.

Qué señales alertan sobre ofertas de empleo falsas en WhatsApp

Las estafas laborales explotan la esperanza de obtener una mejor situación económica. Los estafadores se hacen pasar por reclutadores de empresas reconocidas y ofrecen empleos remotos con altos salarios.

Solicitan datos personales, documentos o incluso pagos para avanzar en el proceso de selección, bajo el pretexto de trámites administrativos o compra de materiales.

La promesa de empleo inmediato y la urgencia en los mensajes son señales típicas de fraude. La ausencia de entrevistas formales o la presión para tomar decisiones rápidas deben encender alertas. En estos casos, las víctimas pueden quedar expuestas al robo de identidad, sumado a perder dinero.

En qué consisten las estafas de inversión con criptomonedas en WhatsApp

Una de las variantes más recientes de fraude en WhatsApp involucra supuestas inversiones en criptomonedas. Los ciberdelincuentes ofrecen oportunidades de bajo riesgo y altos rendimientos, solicitando a las víctimas que compartan información personal o transfieran dinero. Estas estafas pueden mencionar inversiones en acciones, bonos, bienes raíces u otros activos.

Asimismo, los estafadores suelen enviar capturas de pantalla con supuestas ganancias o testimonios de éxito para convencer a la víctima. La presión para invertir rápidamente y la promesa de retornos garantizados son señales claras de engaño.

Qué hacer ante mensajes sospechosos en la app de WhatsApp

Frente a un mensaje sospechoso, no se debe abrir, compartir ni reenviar el contenido. Si el mensaje proviene de un remitente desconocido o resulta inverosímil, lo mejor es ignorarlo. Antes de interactuar con enlaces o archivos, se debe revisar cuidadosamente su legitimidad, porque pueden ser maliciosos.

Confirmar la identidad del remitente mediante preguntas personales, llamadas o videollamadas es una práctica segura. Se puede reportar el mensaje, bloquear al remitente y eliminar la conversación para reducir riesgos y evitar la exposición a software malicioso.

Cuáles señales revelan un estafador en WhatsApp

Algunas señales comunes permiten detectar a un estafador: errores ortográficos, solicitudes de dinero, mensajes que piden compartir información personal o la suplantación de identidad de amigos, familiares o empresas.

Otra señal común de fraude es la insistencia en enviar enlaces y la urgencia para obtener respuestas. Ante estos comportamiento se sugiere evitar compartir información sensible.

WhatsApp es una aplicación gratuita, así que cualquier solicitud de pago para acceder a funciones, desbloquear la cuenta o participar en sorteos es un intento de estafa.

Una campaña de fraude digital asociada a criptomonedas logró infiltrarse en la App Store de Apple y representa una amenaza creciente para los usuarios en Colombia y el resto de América Latina.

Expertos en ciberseguridad, como Kaspersky y la plataforma Bitso, advirtieron sobre el aumento de estafas que imitan aplicaciones legítimas en medio de la expansión del mercado de activos digitales y el alza de delitos informáticos en la región. Los fraudes digitales vinculados a criptomonedas adquirieron mayor sofisticación y alcance, con ataques dirigidos a usuarios mediante aplicaciones falsas en tiendas oficiales como la App Store.

En Colombia, el mercado de criptomonedas mueve más de $40.000 millones al año, mientras que los ciberataques y las denuncias por delitos informáticos muestran cifras récord. Las autoridades y empresas tecnológicas difundieron alertas y recomendaciones clave para resguardar el capital digital de millones de usuarios latinoamericanos.

El equipo de investigación en ciberseguridad de Kaspersky detectó 26 aplicaciones falsas en la App Store. Estas imitaban plataformas reconocidas como MetaMask, Coinbase y Trust Wallet, con el objetivo de obtener fondos y datos sensibles de los usuarios.

De acuerdo con la compañía, las aplicaciones aparentaban ser juegos, calculadoras o utilidades sencillas. Al abrirse, dirigían a los usuarios a páginas que reproducían la apariencia de la tienda oficial de Apple y solicitaban la instalación de un “perfil de desarrollador” desconocido.

Luego de otorgar ese permiso, los atacantes podían instalar sóftware malicioso en los dispositivos sin activar notificaciones de seguridad. La investigación reveló que el malware estaba diseñado para atacar tanto billeteras calientes como frías, incluyendo imitaciones de plataformas como:

• Ledger.
• MetaMask.
• TokenPocket.
• imToken.
• Bitpie.

En las billeteras calientes, los delincuentes robaban frases semilla y códigos de recuperación. En el caso de las billeteras frías, las víctimas eran convencidas mediante campañas de phishing para entregar las claves privadas.

Crecimiento del mercado de criptomonedas y ciberataques en la región

El auge de las criptomonedas en América Latina está acompañado por un incremento notable en los ciberataques y delitos informáticos. Según Chainalysis, Colombia ocupa la quinta posición regional, con operaciones anuales por $44.200 millones en activos digitales.

Precisamente, en materia de seguridad, las cifras reflejan el avance del delito:

• 2025: se produjeron, en promedio, 3.406 ciberataques por semana en la región.
• 2024: se registraron 77.666 denuncias por delitos informáticos, lo que supone un aumento del 23% respecto a 2023.

Los expertos advierten que los riesgos crecen en paralelo con la masificación del uso de criptomonedas. “Este tipo de ataques aprovecha herramientas legítimas del ecosistema Apple para distribuir software malicioso en dispositivos considerados seguros”, advirtió la investigadora de Kaspersky, María Isabel Manjarrez.

Recomendaciones y sistemas de seguridad

Frente a este panorama, tanto Kaspersky como Bitso insisten en la necesidad de reforzar la protección de los usuarios y pidieron:

• No instalar perfiles desconocidos en su celular.
• Desconfiar de enlaces externos dentro de aplicaciones.
• Verificar siempre que el desarrollador sea oficial.
• Nunca compartir frases semilla ni claves privadas, y revise comentarios y valoraciones antes de descargar apps.
• Utilizar herramientas de seguridad digital para detectar páginas falsas y bloquear tentativas de fraude sobre activos digitales.

Kaspersky confirmó que ya reportó las aplicaciones maliciosas a Apple, aunque manifestó preocupación por la aparición de nuevas campañas de phishing.

Desde la perspectiva de Bitso, la seguridad de los fondos cripto se apoya en cuatro pilares:

• Custodia de los activos mediante un esquema híbrido, que equilibra disponibilidad y máxima protección: la gran mayoría de los fondos se guardan en bóvedas digitales totalmente desconectadas de internet. Solo una fracción mínima permanece en línea para garantizar que los usuarios puedan retirar o transferir su capital al instante.
• Verificación de identidad en cumplimiento de la regulación vigente. Mediante biometría y validación de documentos oficiales, Bitso alcanza tasas globales de verificación exitosa del 93,4%. Es un proceso que agiliza la experiencia del usuario y cumple con los estándares más exigentes.
• Monitoreo transaccional en tiempo real, impulsado por inteligencia artificial. Las herramientas de análisis automatizado revisan miles de operaciones simultáneas para detectar movimientos sospechosos y pueden detener transacciones inusuales para salvaguardar los fondos de los clientes.
• Protección directa de cada cuenta. El uso de validaciones de dos pasos, contraseñas dinámicas y alertas automáticas cada vez que se inicia sesión en un dispositivo nuevo, garantizan que nadie más que el titular pueda entrar a la cuenta o mover los fondos.

Riesgos y perspectivas futuras sobre la seguridad en las criptomonedas

A pesar del uso de tecnologías avanzadas y prácticas de seguridad, los fraudes y campañas de phishing siguen en aumento. Kaspersky reiteró que los cibercriminales explotan tanto las herramientas legítimas de los dispositivos como la confianza de los usuarios en las tiendas de aplicaciones, subrayando la importancia de ser precavidos al descargar y otorgar permisos.

Bitso hizo énfasis en que la combinación de buenas prácticas tecnológicas y educación digital resulta esencial para disminuir el riesgo de estafas. El reto para la industria es mantener sistemas ágiles que permitan reaccionar rápidamente ante amenazas emergentes.

La integración de inteligencia artificial y controles biométricos robustos constituye el siguiente paso hacia una seguridad más dinámica. Tanto los investigadores como las plataformas aconsejan fortalecer los hábitos de protección y elegir siempre servicios y desarrolladores oficiales. De este modo, las plataformas líderes buscan anticipar actividades irregulares en la red con sistemas automáticos de monitoreo y respuesta, apuntando a que la protección de los activos digitales opere de manera preventiva y eficiente frente a nuevas amenazas.

A mitad de 2026, México enfrenta una transformación silenciosa pero profundamente peligrosa del crimen organizado: la convergencia acelerada entre narcotráfico y cibercrimen. Lo que durante años fue visto como una amenaza futura hoy se ha convertido en una realidad operativa que exhibe no sólo la capacidad de adaptación tecnológica de los cárteles, sino también las graves limitaciones del Estado mexicano para contenerlos.

El país ya no enfrenta únicamente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y la violencia territorial; enfrenta estructuras criminales híbridas que combinan poder armado, inteligencia digital, manipulación informativa, operaciones financieras clandestinas y capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas. Y el balance de mitad de año deja una conclusión incómoda: el gobierno mexicano sigue reaccionando tarde frente a una amenaza que evoluciona más rápido que sus instituciones.

Los acontecimientos ocurridos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero pasado marcaron un punto de inflexión. Además de los narcobloqueos, enfrentamientos y episodios de violencia que sacudieron varias regiones del país, se desplegó una campaña digital masiva de desinformación que evidenció el nuevo rostro del crimen organizado mexicano. Redes automatizadas, bots, cuentas coordinadas, videos manipulados y contenido generado mediante inteligencia artificial inundaron plataformas como X, TikTok y Telegram para amplificar rumores, sembrar miedo y proyectar una imagen de ingobernabilidad nacional. Lo alarmante no fue únicamente la capacidad técnica demostrada, sino la ausencia de una respuesta institucional sólida frente a operaciones de influencia digital que ya forman parte del repertorio criminal de los cárteles.

La evolución es evidente. Los grupos criminales dejaron de depender exclusivamente de sicarios, halcones y operadores financieros tradicionales. Ahora incorporan especialistas en blockchain, hackers, operadores de ransomware, expertos en lavado digital y perfiles con conocimientos avanzados en inteligencia artificial y automatización. La lógica criminal cambió: el cártel que controle información, infraestructura digital y capacidades tecnológicas tendrá ventajas operativas equivalentes —o superiores— al control territorial. Mientras tanto, el discurso gubernamental continúa anclado en narrativas de seguridad pública tradicionales que parecen incapaces de comprender la dimensión tecnológica del problema.

El panorama resulta todavía más preocupante cuando se observa el crecimiento del ransomware, las filtraciones masivas de datos y los mercados clandestinos de acceso a sistemas mexicanos. Durante los primeros meses de 2026 aumentaron las evidencias de que información robada a empresas, gobiernos locales y dependencias federales termina circulando en ecosistemas criminales que pueden ser aprovechados por organizaciones narcotraficantes para extorsión, corrupción, espionaje o infiltración institucional. México se convirtió en uno de los objetivos más vulnerables de América Latina debido a una combinación explosiva: sistemas obsoletos, corrupción, débil inversión en ciberseguridad y ausencia de coordinación efectiva entre autoridades civiles, militares y tecnológicas.

El problema no es únicamente técnico; es político. El gobierno federal ha mostrado una preocupante incapacidad para construir una estrategia nacional coherente frente a la convergencia entre crimen organizado y ciberdelincuencia. Mientras otros países discuten ciberdefensa, protección de infraestructura crítica y operaciones híbridas, México continúa atrapado en disputas burocráticas, militarización improvisada y políticas reactivas. No existe claridad pública sobre protocolos de respuesta ante campañas de desinformación criminal, protección de sistemas estratégicos o mecanismos reales para combatir el lavado mediante criptomonedas. Peor aún: la opacidad institucional impide conocer el verdadero alcance de las vulneraciones sufridas por dependencias gubernamentales durante los últimos años.

La segunda mitad de 2026 podría agravar significativamente este escenario. La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad extraordinaria para redes criminales dedicadas al fraude digital, phishing, falsificación de boletos, robo de identidad y ataques financieros masivos. Expertos en seguridad advierten que el evento deportivo podría convertirse en el mayor catalizador de cibercrimen en la historia reciente del país, particularmente en un entorno donde los grupos criminales ya demostraron capacidad para operar campañas coordinadas en línea y explotar infraestructuras vulnerables. La combinación entre alto flujo económico, turismo internacional y debilidad institucional crea un entorno ideal para operaciones criminales híbridas.

A ello se suma la creciente presión de Estados Unidos sobre México. Washington ha endurecido su narrativa respecto a la relación entre narcotráfico, corrupción y amenazas transnacionales, incrementando el interés de agencias estadounidenses en los vínculos entre cárteles mexicanos, criptomonedas, lavado digital y operaciones cibernéticas. La posibilidad de que organizaciones criminales mexicanas sean tratadas cada vez más bajo esquemas de combate al terrorismo introduce riesgos diplomáticos, económicos y de soberanía que podrían escalar durante el resto del año.

El balance de mitad de 2026 deja una advertencia clara: el crimen organizado mexicano está evolucionando hacia un modelo tecnológicamente integrado mientras el Estado permanece rezagado. Los cárteles entendieron antes que el gobierno que el control del entorno digital ya es parte central del poder criminal. Y si la tendencia actual continúa, México podría cerrar el año no solo con mayores niveles de violencia e infiltración criminal, sino también con una capacidad institucional cada vez más debilitada frente a organizaciones que ya operan simultáneamente en las calles, las redes y los sistemas digitales del país.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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YouTube:https://www.youtube.com/@silikn7599

** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

El avance de los pagos digitales viene modificando la manera en que las personas realizan transacciones en la vida cotidiana. En esa línea, Binance Pay anunció la expansión de su sistema de pagos con criptomonedas mediante códigos QR.

El objetivo es alcanzar más de diez países para el tercer trimestre de 2026, después de procesar 40 millones de dólares a través de esta vía en solo un año desde su lanzamiento global, según informó la compañía.

La integración de las criptomonedas en este sistema busca conectar los activos digitales con la infraestructura de pagos que cientos de millones de personas utilizan a diario. El producto ya está en funcionamiento en seis países de Asia Pacífico y América Latina.

Los usuarios de la plataforma pueden escanear los códigos QR tradicionales y pagar directamente con criptomonedas, sin comisiones y en tiempo real. Cabe destacar que los comercios no necesitan incorporar nuevos dispositivos ni modificar sus sistemas actuales.

Crecimiento en América Latina y Asia

La utilización de Binance Pay mostró un crecimiento mensual marcado en América Latina, explicaron desde Binance. Entre marzo y abril de 2026, el volumen de pagos QR aumentó un 76% en la región. El mes anterior, el incremento había sido del 42%.

Los registros anunciados por la compañía muestran un ritmo acelerado en la cantidad de personas que abonan sus compras con criptomonedas. Sobre todo, en esta parte del planeta.

Esta modalidad es una función diferenciada dentro de la red de Binance Pay. Desde 2021, la plataforma totalizó más de 280.000 millones de dólares procesados en operaciones de pagos digitales.

El impacto de los pagos QR en la adopción de criptomonedas

“Durante gran parte de su historia, las criptomonedas se percibieron principalmente como un activo para operar o mantener, más que para usar en la vida cotidiana. Creemos que los pagos QR pueden contribuir a cambiar esa percepción”, declaró Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Moneda Fiduciaria en Binance.

El ejecutivo explicó que, en lugar de pedirles a comercios y usuarios que adopten un sistema completamente nuevo, el enfoque de la organización consiste en hacer que las criptomonedas sean utilizables dentro de los ecosistemas locales ya existentes.

“Tener el producto activo en seis países es un paso importante. Nuestro objetivo de expandirnos a al menos 10 más para el tercer trimestre de 2026 y explorar otras regiones refleja la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante”, agregó Gregory.

Usos cotidianos y volumen de transacciones

Según los datos de Binance, en Asia, la transacción promedio de turistas es menor a 10 dólares y los pagos más usuales incluyen comida callejera, transporte y compras minoristas. En América Latina, en tanto, observa un patrón similar, con operaciones en supermercados, cadenas de comida rápida y farmacias.

Este comportamiento indica que los pagos QR con criptomonedas se están utilizando en transacciones frecuentes y de bajo valor, asociadas al consumo diario. Así, las criptomonedas ganan un espacio en la economía real y muestran señales de mayor adopción para compras cotidianas.

Integración con sistemas de pago existentes

El modelo de Binance Pay se diseñó para funcionar sobre los estándares nacionales de pago QR ya implementados en cada país. Esto permite aprovechar la infraestructura de pagos que comercios y consumidores conocen y utilizan, sin la necesidad de crear una red nueva de aceptación.

El potencial de mercado es alto. Para 2029, se proyecta que el volumen global de pagos por QR supere los 8 billones de dólares, de acuerdo con una reciente investigación.

En esa línea, Binance Pay evalúa oportunidades en otras regiones. El objetivo es que las criptomonedas sean cada vez más accesibles y prácticas para el uso diario, conectadas a los métodos de pago habituales de la población.

Para conocer más información, se puede ingresar aquí.

La cuenta oficial de Nequi en X experimentó este miércoles 13 de mayo de 2026 un incidente de compromiso de seguridad. Usuarios advirtieron publicaciones inusuales sobre criptomonedas y proyectos vinculados a “TRON DAO” —una organización relacionada con el ámbito criptográfico— en el perfil verificado @Nequi, lo que generó alarma entre los clientes de la plataforma financiera 100% digital que alertaron en redes sociales sobre la situación.

De acuerdo con lo expresado por Nequi, en un comunicado al que accedió El Tiempo, el caso fue atribuido a un posible acceso no autorizado a su cuenta de X. El primer neobanco en Colombia informó que está trabajando con un equipo especializado para restablecer el control y reforzar los protocolos de seguridad en la red social. Aseguró que el dinero y los datos de los clientes no se vieron comprometidos, y la aplicación de la empresa continúa operando con normalidad.

La plataforma, que funciona como una billetera digital desde el celular, reiteró que mantiene abiertos sus canales oficiales de atención, que incluyen el chat dentro de la aplicación, la página web, además de las líneas activas en WhatsApp, Instagram y Facebook. Nequi indicó que proporcionará información actualizada a medida que se desarrollen nuevos eventos relacionados con este hecho.

Frente al hackeo de la cuenta de X de Nequi, miles de usuarios en redes sociales criticaron la ciberseguridad de la plataforma bancaria, que cuenta con altos protocolos de seguridad , incluyendo reconocimiento dactilar o clave de acceso. Además, aunque funciona de manera autónoma, es parte del Grupo BanColombia y está vigilada por la Superintendencia Financiera.

“Mk Nequi y Bancolombia tienen una brecha de seguridad, pero ni la hpta; es increíble este tipo de vainas. Me acabo de despertar para ver que al parecer le hackearon la cuenta aquí a los de @Nequi”, expuso un internauta. Sin embargo, “todavía no muchos lo han notado; supongo que en un rato que me vuelva a despertar ya habrá un comunicado oficial de Nequi o algo. Qué porquería la ciberseguridad en @Nequi”.

Otros usuarios expresaron su insatisfacción sobre la aplicación móvil enfocada en transacciones de bajo monto, señalando que Nequi nunca responde de manera satisfactoria a los fallos cibernéticos del sistema. “Después le echan la culpa a los clientes cuando les roban la plata de sus cuentas y no responden por sus fallas en seguridad de la información”.

Nequi suspenderá servicios de manera temporal: esta es la fecha

Una actualización técnica programada por Bancolombia, institución financiera más grande y antigua del país, afectará a miles de usuarios el domingo 17 de mayo de 2026, cuando la entidad realice tareas de mantenimiento entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m. Las plataformas digitales del banco presentarán restricciones en pagos, transferencias y consultas de saldo durante ese lapso.

Conforme a información oficial de Bancolombia, la operación incluye la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, canales que experimentarán intermitencias y caídas temporales a lo largo de esas cinco horas.

Los movimientos financieros estarán limitados: consultas de saldo, transferencias y pagos en línea podrían quedar bloqueados. El botón de pagos PSE también será afectado por demoras o interrupciones, advirtió la entidad financiera.

Un impacto particular se producirá en la conexión con Nequi, que quedará suspendida para envío de dinero entre ambas plataformas desde las 3:00 hasta las 7:00. Además, funciones como pagos con código QR Entre Cuentas y las “llaves” digitales de autorización permanecerán fuera de servicio hasta finalizar el mantenimiento.

La banca universal, que ofrece servicios a personas, pymes y empresas, recomendó a los clientes que requieran operaciones urgentes tomar previsiones antes del inicio del periodo de restricción.

La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas otro elemento importante: los investigadores hallaron movimientos de fondos a través de criptomonedas que generaron un nuevo eje de duda sobre la justificación de su patrimonio y reactivaron inspecciones sobre la trazabilidad de sus activos digitales.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita detectó operaciones en plataformas de activos digitales, iniciando la pesquisa tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero no solo de Adorni sino también de su pareja, Bettina Angeletti, y de las sociedades que ambos integran. Los primeros informes de más de 20 exchanges —entre ellos, Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango— confirmaron que Adorni realizó movimientos de “entrada y salida” con activos como BTC, ETH y USDT. Las fuentes no confirmaron en qué año se realizaron esas operaciones.

Las plataformas y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar recibieron oficios judiciales para aportar informes detallados: legajos, registros de movimientos y direcciones IP asociadas a las transacciones de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, propiedad de la pareja. Los datos remitidos llegaron en respuesta al requerimiento de Pollicita y se encuentran bajo análisis en Comodoro Py.

El patrimonio declarado y los nuevos interrogantes sobre su origen

Para responder a la pregunta central de la causa —si las operaciones inmobiliarias, reformas y viajes se condicen con el patrimonio declarado por Manuel Adorni—, la Justicia cotejó los bienes informados ante la Oficina Anticorrupción en 2024. La última declaración jurada muestra que el funcionario reportó USD 42.500, equivalentes a $43.732.500 al tipo de cambio oficial, una caja de ahorro en Estados Unidos con USD 6.220,23 (unos $6.400.616,67) y un patrimonio total de $107.894.833,66. A ello se suma una hipoteca privada por USD 100.000 con Graciela Molina y Victoria Cancio para la compra de la vivienda en el country Indio Cuá, más otros USD 20.000 invertidos en la operación, según consta en la escritura firmada por la escribana Adriana Nechevenko.

En la última declaración jurada presentada por el funcionario no figuran operaciones con criptomonedas para el periodo fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024. La normativa establece que este tipo de activos digitales deben consignarse entre los bienes personales del funcionario.

La justicia también rastrea la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y remodelaciones. Testigos y documentación bancaria acreditan, entre otros gastos, USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, USD 5.800 para un viaje a Aruba en diciembre de 2024 y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. El contratista Matías Tabar afirmó bajo juramento que las remodelaciones de la casa en Indio Cuá insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura, un dato que también figura en el expediente.

En conjunto, en poco más de un año el jefe de Gabinete movilizó USD 349.640, una cifra que la justicia considera desproporcionada respecto a sus ingresos como funcionario público y cuyos comprobantes de bancarización o facturación no aparecen en los registros evaluados por la fiscalía.

Las próximas medidas de la investigación y la estrategia de la defensa

Pollicita avanza en la consolidación de la información pendiente: aguarda nuevos datos de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para precisar el monto total involucrado en las operaciones asociadas a Adorni y a Angeletti. Además, pidió al Banco Central de la República Argentina que informe, para el periodo comprendido desde el 1° de enero de 2022 hasta la fecha, el historial completo de cuentas bancarias, cuentas corrientes, cajas de ahorro, productos financieros, créditos, préstamos y todo tipo de operatoria financiera en las que figure Adorni o sus empresas.

Al ser consultado, Manuel Adorni aseguró que “todo quedará clarificado cuando se conozca su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025”, posición que refuerza la línea de defensa frente a las discrepancias temporales y numéricas señaladas en la causa. También negó la veracidad de las cifras aportadas por el contratista Tabar y adujo que “tienen todos los papeles en orden”.

La investigación, según las fuentes citadas, está orientada a determinar si los activos, tanto inmuebles como fondos y viajes, están debidamente justificados por ingresos lícitos y declarados, y si existe correlación entre la documentación patrimonial y las erogaciones concretadas.

El avance en el rastreo de fondos digitales a través de exchanges y plataformas locales e internacionales representa un cambio de método en el seguimiento de presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito en funcionarios públicos. Según la información a la que accedió Infobae, nuevos análisis de “trazabilidad” de criptoactivos podrían ampliar el alcance de la causa y derivar en requerimientos adicionales a proveedores de servicios de pago.

Actualmente, la causa sigue sumando datos y espera información relevante de bancos y plataformas digitales. Mientras tanto, la defensa de Manuel Adorni sostiene que la publicación de su declaración jurada de 2025 permitirá esclarecer los montos movilizados y el origen de los fondos bajo investigación.

La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos representa mucho más que una actualización de política pública: es una declaración de guerra tecnológica, financiera y jurídica contra los cárteles mexicanos, y al mismo tiempo una radiografía demoledora de la incapacidad del Estado mexicano para contener el avance del crimen organizado. El documento, presentado por la administración de Donald Trump, abandona definitivamente la vieja narrativa que reducía a México a un simple país de tránsito y lo coloca como el epicentro operativo de una red criminal transnacional que hoy combina laboratorios clandestinos, plataformas digitales, criptomonedas, sistemas de banca paralela y estructuras de mando con alcance global.

Washington ya no habla únicamente de narcotráfico. Habla de seguridad nacional, terrorismo y guerra híbrida. La frontera con México dejó de ser vista como una línea física para convertirse en un ecosistema digital donde los cárteles venden fentanilo mediante redes sociales, reclutan operadores en aplicaciones cifradas y lavan millones de dólares utilizando activos virtuales y redes clandestinas de transferencia financiera. El diagnóstico estadounidense es brutal: las organizaciones criminales mexicanas evolucionaron más rápido que las instituciones encargadas de combatirlas, tanto en México como en Estados Unidos.

La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025, citada ampliamente en la estrategia, identifica a los cárteles mexicanos como la principal amenaza relacionada con drogas para la Unión Americana. No se trata ya del narcomenudeo tradicional ni de la crisis derivada de opioides farmacéuticos, sino de la producción industrial de fentanilo y metanfetamina en territorio mexicano. Según el propio documento, estas sustancias provocaron más de 84 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en apenas un año, una cifra que, pese a mostrar cierta reducción respecto al periodo anterior, sigue siendo considerada por Washington como evidencia de una amenaza persistente y estructural.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la forma en que redefine el papel de las redes sociales dentro del narcotráfico contemporáneo. Para la DEA, plataformas digitales y aplicaciones cifradas dejaron de ser simples herramientas auxiliares del crimen organizado para convertirse en la infraestructura central de distribución de drogas sintéticas. La lógica criminal descrita por el documento es tan eficiente como perturbadora: los puntos de venta callejeros están siendo reemplazados por operaciones anónimas en línea, donde las dosis se comercializan mediante perfiles falsos y son entregadas a domicilio con la misma facilidad con la que se pide comida rápida.

La estrategia utiliza el caso de Sammy Chapman, un adolescente de 16 años de California contactado por un traficante a través de Snapchat, para ilustrar el nuevo modelo de distribución criminal. El joven recibió en su domicilio una pastilla falsificada que aparentaba ser un medicamento legal, pero contenía una dosis letal de fentanilo. Murió poco después de consumirla. El caso aparece como símbolo de un mercado clandestino que ya no necesita esquinas oscuras ni intermediarios visibles: basta un algoritmo, una conversación privada y una dirección de entrega.

Frente a este escenario, Washington propone medidas que hace apenas unos años habrían parecido políticamente impensables. La administración estadounidense plantea impulsar legislación para obligar a empresas tecnológicas y plataformas digitales a colaborar activamente en la identificación y eliminación de cuentas utilizadas por organizaciones criminales. El combate al narcotráfico se traslada así al terreno de la vigilancia digital y la ciberseguridad, en una señal inequívoca de que Estados Unidos considera las redes sociales un asunto estratégico de seguridad nacional.

Sin embargo, el verdadero músculo de los cárteles, según la estrategia, no se encuentra únicamente en la producción o distribución de drogas, sino en su capacidad financiera. “Una organización criminal que no puede mover dinero no puede sobrevivir”, sostiene el documento. Bajo esa premisa, el Departamento de Justicia estadounidense enfocará buena parte de sus esfuerzos en desmantelar las redes de lavado de dinero que sostienen las operaciones de los grupos mexicanos, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones chinas especializadas en sistemas clandestinos de transferencia de capital.

El informe describe una arquitectura financiera sofisticada y profundamente opaca: los cárteles generan enormes cantidades de efectivo en territorio estadounidense y posteriormente canalizan esos recursos a través de redes chinas de banca en la sombra, mecanismos similares al sistema hawala, que operan fuera de los circuitos financieros tradicionales. Para Washington, estas estructuras constituyen hoy el principal vehículo de repatriación de ganancias ilícitas hacia México.

La ofensiva estadounidense incluye también el fortalecimiento de capacidades para rastrear criptomonedas, aplicaciones de pago y plataformas financieras descentralizadas utilizadas por el crimen organizado. El Departamento del Tesoro, mediante organismos como la OFAC y la FinCEN, coordinará operaciones destinadas a bloquear el acceso de estas redes al sistema financiero estadounidense y congelar activos a escala internacional. El documento incluso deja explícita la coordinación directa entre la FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, lo que refleja el creciente nivel de presión de Washington sobre las instituciones financieras del país.

La estrategia también expone con crudeza la dimensión internacional de la cadena del fentanilo. De acuerdo con el documento, empresas fachada en China e India suministran precursores químicos a organizaciones criminales mexicanas, que posteriormente producen drogas sintéticas en laboratorios clandestinos instalados en territorio nacional. Desde ahí, las sustancias cruzan la frontera estadounidense mediante túneles, puertos de entrada, sistemas postales y redes domésticas de distribución. El informe advierte incluso sobre un fenómeno especialmente preocupante: la instalación de laboratorios de síntesis de fentanilo en Canadá por parte de cárteles mexicanos, en un intento por reducir riesgos operativos y diversificar rutas de suministro.

El cambio más delicado, sin embargo, es jurídico y político. La designación de los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras redefine completamente el marco de acción de Estados Unidos. La estrategia deja claro que esta clasificación no es simbólica: habilita herramientas legales, militares y de inteligencia que anteriormente estaban reservadas para amenazas terroristas internacionales. Washington ya no pretende limitarse a perseguir delitos federales; busca emplear capacidades diplomáticas, financieras, militares y de inteligencia bajo doctrinas propias de guerra y defensa nacional.

La primera demostración práctica de esta nueva doctrina ya ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades estadounidenses ejecutaron una operación contra una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera entre Texas y Ciudad Juárez. La operación incluyó interceptaciones internacionales, órdenes de cateo, infiltraciones y cooperación binacional. El saldo fue contundente: decenas de arrestos, decomisos masivos de fentanilo y metanfetamina, armamento de alto poder y la neutralización de un sofisticado túnel fronterizo. La captura de María del Rosario Navarro Sánchez por parte del Gobierno mexicano fue presentada por Washington como ejemplo de la cooperación que espera mantener de manera permanente.

Y ahí emerge uno de los mensajes más incómodos para el gobierno mexicano: la cooperación dejó de ser diplomacia y comenzó a convertirse en exigencia. El documento establece que la asistencia estadounidense estará condicionada a “resultados tangibles”, incluyendo arrestos, extradiciones y destrucción de laboratorios clandestinos. En otras palabras, Washington ya no confía en promesas ni discursos políticos; exige indicadores verificables.

La lectura integral de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 deja una conclusión inquietante: para Estados Unidos, México no es solamente un vecino afectado por el narcotráfico, sino un territorio donde organizaciones criminales han logrado construir estructuras industriales, financieras y tecnológicas con capacidad de desafiar a dos Estados simultáneamente. La crítica implícita hacia el gobierno mexicano es devastadora. Mientras los cárteles expanden su presencia digital, perfeccionan sistemas de lavado internacional y diversifican sus operaciones globales, las instituciones mexicanas continúan atrapadas entre la corrupción, la debilidad institucional y una estrategia de seguridad incapaz de contener la transformación del crimen organizado en una amenaza geopolítica del siglo XXI.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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El acto de inauguración reunió a 40 delegados de países del Caribe, Centroamérica y Suramérica, quienes fueron seleccionados por sus respectivos gobiernos para participar en el programa. De acuerdo con mensajes institucionales de la ILEA, el objetivo principal consiste en fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las fuerzas de seguridad en la región frente al avance del crimen organizado y el uso ilícito de activos digitales.

Durante la ceremonia inaugural, Juan Hernández, director general de ILEA San Salvador, destacó la relevancia del curso para las instituciones representadas. “Este curso ha sido diseñado para proporcionar una base sólida sobre la tecnología, las herramientas y los procedimientos utilizados en la investigación del uso ilícito de las criptomonedas”, dijo.

En el acto, Hernández invitó a los participantes para que “aprovechen plenamente esta oportunidad” y que “formulen preguntas, intercambien experiencias y fortalezcan sus redes de cooperación”. “El conocimiento adquirido aquí tendrá un mayor impacto en la medida en que sea multiplicado y compartido en sus instituciones y con sus colegas”, expresó.

Por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el representante de instructores, George Abbruscato, agradeció la presencia de los participantes y resaltó la experiencia de los especialistas a cargo de la formación. “En nombre del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir hoy aquí. Sé que fueron seleccionados por sus países y espero que aprovechen al máximo este curso”, dijo.

“Tengo conmigo a algunos de nuestros mejores instructores en criptomonedas. Son extremadamente expertos en su campo y harán todo lo posible para que ustedes también adquieran un gran conocimiento. Aliento a cada uno de ustedes a hacer preguntas, a interactuar con los instructores, a participar plenamente esta semana, y obtendrán mucho provecho”, concluyó Abbruscato.

El programa incluye sesiones teóricas y prácticas sobre tecnología blockchain, métodos de rastreo de criptomonedas, herramientas forenses digitales y estrategias de cooperación internacional para combatir delitos financieros y lavado de activos a través de plataformas digitales. La formación está a cargo de un equipo de instructores del USSS con experiencia en la investigación de crímenes complejos relacionados con criptomonedas.

La ILEA San Salvador ha consolidado su papel como centro regional de formación para la lucha contra el crimen transnacional, con una agenda que abarca delitos cibernéticos, corrupción, trata de personas y terrorismo, entre otros. En los últimos meses, la Academia ha desarrollado cursos sobre técnicas avanzadas de investigación financiera, análisis de inteligencia criminal y combate al narcotráfico, dirigidos a policía, fiscales y personal judicial de América Latina. Estas actividades buscan fortalecer los mecanismos de cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre las agencias de seguridad del continente.

El curso sobre investigación del uso criminal de las criptomonedas responde a una demanda creciente de formación especializada, dada la rápida evolución de los delitos digitales y el aumento del uso de criptoactivos en actividades ilícitas. Según el equipo académico de la ILEA, los participantes podrán replicar los conocimientos adquiridos en sus países y contribuir a la creación de redes regionales para la prevención y persecución de estos delitos, gracias a los conocimientos impartidos por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que mantiene una agenda conjunta con ILEA, para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia en la región.

El uso de criptomonedas en Colombia ha dejado de ser solo una moda especulativa para convertirse en una herramienta con aplicaciones concretas en la economía cotidiana.

La creciente adopción de estas tecnologías no solo responde al interés por la inversión digital, sino a la necesidad de resolver problemas históricos en la región, como el alto costo de las remesas y la protección frente a la devaluación del peso. Sin embargo, la falta de una regulación específica sigue siendo un desafío pendiente que, de resolverse, podría transformar la vida de millones de familias y brindar mayor seguridad a empresas de todos los tamaños.

La relevancia de este debate se acrecienta en un contexto donde las remesas representan una fuente vital de ingresos y la digitalización de las finanzas avanza a pasos acelerados. Una regulación bien diseñada no solo reduciría costos, sino que ofrecería un marco de confianza y protección para usuarios y compañías.

Cuál es el panorama actual de las criptomonedas en Colombia

Durante una entrevista con el equipo periodístico de Infobae, Julián Colombo, Director de Asuntos Públicos en Latinoamérica de Bitso, indicó Colombia se ubica desde hace varios años entre los veinte países del mundo con mayor uso de criptomonedas. Aunque no existen estadísticas oficiales tan claras como en otros sectores, la trazabilidad de la blockchain y los reportes de la industria permiten dimensionar el fenómeno.

Países como Argentina, Brasil y México también figuran en este ranking, pero en Colombia el crecimiento se explica por la funcionalidad real que ofrecen las criptomonedas: envío rápido y barato de remesas y acceso a activos dolarizados en contextos de devaluación.

El directivo destacó que, más allá de la especulación, las criptomonedas se usan hoy en Colombia para resolver problemas concretos y cotidianos, generando una adopción exponencial en los últimos años. Sin embargo, el ecosistema aún enfrenta desafíos, especialmente en materia de regulación y seguridad de los usuarios.

Seguridad, delincuencia y la necesidad de regulación

En el mundo de las criptomonedas la seguridad depende casi totalmente del usuario. A diferencia del sistema bancario tradicional, donde es posible revertir errores o fraudes, en el entorno cripto los movimientos son irreversibles. Esto, sumado a la sofisticación del cibercrimen en la región, hace que una regulación efectiva sea aún más urgente.

El directivo de Bitso insistió en que una regulación adecuada cumple dos funciones clave: primero, pone el tema sobre la mesa para que la sociedad y los reguladores debatan cómo garantizar un mercado más seguro; segundo, permite a los usuarios acceder a plataformas reguladas con mecanismos de ayuda y defensa ante inconvenientes.

Actualmente, Colombia carece de una normativa específica, a diferencia de Argentina, Brasil y México, donde ya existen marcos regulatorios o avances en esa dirección.

Colombo señaló que la falta de regulación genera incertidumbre y dificulta que los usuarios distingan entre empresas legítimas y aquellas que operan sin estándares adecuados. Además, la ausencia de reglas claras limita el desarrollo del sector y deja a los usuarios más expuestos a fraudes y estafas.

Cuál sería el impacto económico de una regulación efectiva

Una de las aplicaciones más directas de las criptomonedas en Colombia es el envío de remesas. Hoy, los sistemas tradicionales de remesas pueden cobrar comisiones de hasta el 10% del monto enviado, lo que representa una pérdida significativa para las familias receptoras.

El directivo explicó que, bajo el sistema tradicional de remesas, si un familiar en Estados Unidos desea enviar 500 dólares a Colombia, puede llegar a pagar entre 25 y 50 dólares únicamente en comisiones a las empresas intermediarias. Esto significa que el destinatario recibe mucho menos dinero del que fue enviado originalmente.

En cambio, si se utilizan criptomonedas dentro de un marco legal claro y seguro, las comisiones por transacción pueden reducirse a solo centavos o menos de un dólar. Esta diferencia permite que casi la totalidad del dinero enviado llegue a manos de la familia en Colombia, lo que no solo representa un ahorro considerable, también incrementa la cantidad de recursos disponibles para consumo, inversión y bienestar, impulsando de manera directa la economía local.

El mismo principio aplica para empresas que importan o exportan bienes y servicios. Una regulación clara permitiría a las compañías usar criptomonedas como un método de pago eficiente, barato e inmediato, sin temor a sanciones o bloqueos bancarios. La falta de reglas, en cambio, genera miedo, incertidumbre y frena el desarrollo de sectores que podrían beneficiarse enormemente de la tecnología blockchain.

La regulación de las criptomonedas en Colombia es una oportunidad para transformar la economía digital y mejorar la vida de millones de personas. El desafío será lograr un equilibrio entre protección, innovación y apertura, permitiendo que el país aproveche al máximo el potencial de las finanzas digitales.

En México, la inclusión de mascotas y cuentas digitales como Netflix en los testamentos ha generado dudas sobre su viabilidad legal. Según el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), la ley reconoce a las mascotas como bienes muebles, lo que permite que sean mencionadas en un testamento.

Sin embargo, su consideración jurídica como objetos y no como sujetos de derechos limita la posibilidad de designarlas como herederas directas.

Al redactar un testamento, los propietarios pueden establecer disposiciones específicas para sus animales de compañía. El CNNM señala que es posible nombrar a una persona encargada del cuidado de la mascota y asignar recursos para su manutención.

Esta figura, aunque no convierte al animal en heredero, protege su bienestar mediante un tutor designado. Según el notariado, la práctica más común es dejar a la mascota bajo la custodia de un familiar o tercero de confianza, quien recibirá bienes o dinero bajo la condición de velar por el animal.

Cuidado de mascotas en testamentos mexicanos

La ley mexicana no contempla la posibilidad de que una mascota reciba directamente una herencia, pero sí permite que el testador establezca condiciones para su cuidado.

El CNNM recomienda detallar el nombre, especie, raza y características del animal en el testamento, así como las instrucciones para su manutención. Esta medida busca evitar disputas y asegurar la protección del animal tras el fallecimiento del propietario.

Existen antecedentes en medios donde personas han dejado bienes destinados al cuidado de sus mascotas. El CNNM ha documentado casos en los que el testador deja una suma de dinero a un albacea para cubrir gastos veterinarios y alimentación del animal.

La institución sugiere formalizar estos acuerdos ante notario público para evitar impugnaciones.

Cómo incluir mascotas o criptomonedas en un testamento

En cuanto a servicios digitales como Netflix, la legislación mexicana aún no regula de manera específica la transmisión de cuentas digitales por herencia.

Las plataformas de streaming suelen restringir la cesión de cuentas, ya que los contratos son personales e intransferibles.

Sin embargo, los bienes digitales, como saldos en monederos electrónicos o derechos sobre archivos digitales, sí pueden formar parte del caudal hereditario si se describen claramente en el testamento.

El CNNM recomienda a quienes deseen incluir bienes digitales en su testamento que detallen usuarios, contraseñas y condiciones de acceso, siempre dentro del marco legal de cada servicio.

No se han documentado casos en el país donde una cuenta de Netflix haya sido objeto de litigio testamentario; sin embargo, sí existen precedentes de disputas por activos digitales como correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.

Opiniones institucionales y recomendaciones notariales

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano subraya la importancia de la planeación patrimonial tanto para bienes tangibles como intangibles.

Aconsejan a los testadores asesorarse con un notario para garantizar que sus voluntades sobre mascotas y bienes digitales queden claras y sean ejecutables.

El CNNM enfatiza que, aunque la ley avanza lentamente respecto a los activos digitales, la tendencia es reconocerlos como parte del patrimonio heredable, siempre y cuando se cumplan los requisitos formales.

Hasta el momento, no existe jurisprudencia relevante sobre la transmisión de cuentas de servicios de streaming en México. La recomendación institucional es anticiparse a posibles vacíos legales mediante instrucciones precisas en los testamentos y la asesoría profesional de notarios.

En el complejo tablero de la economía salvadoreña, las remesas ese dinero que los compatriotas envían desde el exterior a sus familias actúan como el motor principal que mantiene a flote a miles de hogares.

Recientemente, los datos del Banco Central de Reserva (BCR) han revelado un fenómeno interesante: el uso de “carteras digitales” de criptomonedas para enviar este dinero ha experimentado un crecimiento notable durante los primeros tres meses de 2026.

Entre enero y marzo de este año, El Salvador recibió 17,38 millones de dólares a través de criptomonedas. Si comparamos esta cifra con el mismo periodo del año pasado (2025), cuando se recibieron 11,61 millones, vemos un salto del 49.7 %.

En términos simples: por cada 10 dólares que entraban vía cripto el año pasado, hoy están entrando casi 15. Esto representa un aumento de 5,77 millones de dólares en apenas un trimestre.

Es decir que, El Salvador recibió, en términos generales, un total de 2,435,59 millones de dólares en remesas totales durante este trimestre. Esto significa que, aunque el envío por criptomonedas creció, solo representa el 0.71 % de todo el dinero que entró al país. La gran mayoría de los salvadoreños sigue prefiriendo los métodos tradicionales, como las transferencias bancarias o las ventanillas de cobro.

Detalle de las remesas familiares recibidas en El Salvador por tipo de transferencia durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales del BCR.

Este aumento llama la atención porque el año 2025 no fue bueno para el bitcóin en las remesas salvadoreñas. Durante los 12 meses del año pasado, el uso de estas billeteras digitales se desplomó un 32.5 %.

Parecía que la confianza en esta tecnología se estaba desvaneciendo, pero los datos de este primer trimestre sugieren que un pequeño sector de la población está volviendo a utilizar estos canales o que nuevos usuarios están experimentando con ellos.

El Salvador: Un motor económico sólido impulsado por la innovación y las remesas

El Salvador se consolida como un referente global en la adopción de tecnologías financieras, permitiendo que la modernización avance al ritmo de su gente. Durante el primer trimestre de 2026, la economía nacional ha demostrado un dinamismo excepcional, impulsada por un flujo histórico de remesas familiares que alcanzó los $2,435.59 millones.

Esta cifra representa un robusto incremento de $165,9 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, reafirmando la confianza de la diáspora en el rumbo del país.

El dinamismo financiero alcanzó su punto máximo en marzo, mes en el que ingresaron $910,81 millones. Este monto no solo roza niveles récord, sino que supera por más de $47 millones lo registrado en marzo de 2025. Este crecimiento constante indica que el país cuenta con un motor económico fuerte y estable que garantiza el bienestar de miles de familias salvadoreñas.

Paralelamente, la infraestructura tecnológica impulsada en los últimos años está mostrando su madurez. El uso de billeteras digitales para criptomonedas experimentó un repunte del 49.7%, sumando $17,38 millones en el trimestre. Este avance sugiere que las herramientas modernas están ofreciendo soluciones útiles y ágiles para un segmento de la población que busca alternativas innovadoras.

En conclusión, estas cifras reflejan una convivencia armoniosa entre los canales tradicionales y las nuevas opciones digitales. El primer trimestre de 2026 cierra con un balance sumamente positivo: más recursos llegando directamente a los hogares y una mayor diversidad de opciones tecnológicas para recibirlos, consolidando una base económica sólida para el futuro de El Salvador.

La Ciudad de Buenos Aires introdujo una modificación en el esquema de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que afecta directamente a la compraventa de criptomonedas. La medida estableció una base imponible diferente, que cambia la forma en que se calcula el tributo sobre estas operaciones. A partir de la nueva reglamentación, el impuesto se aplicará únicamente sobre el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los activos digitales, en lugar de hacerlo sobre el total de la transacción.

La resolución impacta de manera significativa en la carga fiscal para quienes participan en la compraventa de criptoactivos. Hasta el momento, el tributo se calculaba sobre el monto total de la venta, sin considerar si la operación arrojaba una ganancia real. Esto generaba una presión tributaria mayor y resultaba en un contexto poco atractivo para la formalización de empresas y operadores del sector.

Con la normativa anterior, una persona que adquiría un activo digital por 97 pesos y lo vendía por 100 pesos, tributaba el 6% sobre el total de la venta, lo que equivalía a 6 pesos, pese a que la ganancia efectiva era de solo 3 pesos. Ahora, el impuesto se fija sobre la diferencia obtenida, es decir, el 6% de los 3 pesos de ganancia, lo que reduce el tributo a 0,18 pesos.

“Esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y promover la radicación de empresas tecnológicas”, señaló el gobierno porteño.

La administración de CABA aclaró que las cotizaciones utilizadas para calcular las operaciones deben provenir de mercados que operan en la compraventa de criptomonedas y que estén inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). De este modo, la medida apunta también a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la operatoria con activos digitales.

La modificación del régimen tributario se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y estimular la formalización y el desarrollo de nuevos negocios en el sector tecnológico. El gobierno local remarcó que esta iniciativa posiciona a la Ciudad de Buenos Aires entre las primeras jurisdicciones del país y de la región en adaptar su sistema impositivo a las particularidades de la economía digital.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, sostuvo: “El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, afirmó: “Además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

El titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Germán Krivocapich, agregó: “La reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad”.

Otras medidas

En los últimos meses, la Ciudad avanzó también en la actualización del nomenclador de actividades económicas para incorporar actividades vinculadas a criptoactivos y en la habilitación del pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas. Estas acciones complementan el nuevo esquema tributario y forman parte de una estrategia integral para adaptar la normativa local a la evolución de las tecnologías digitales.

El sector de activos virtuales en la Ciudad de Buenos Aires experimenta un crecimiento sostenido y demanda regulaciones que acompañen su dinámica. La resolución busca generar incentivos concretos para la formalización de operadores y empresas, al reducir la carga fiscal y simplificar el cumplimiento tributario. La medida también se orienta a captar inversiones y proyectos internacionales, en un contexto donde muchas compañías eligen jurisdicción en función de las condiciones regulatorias.

Esta decisión oficial se presenta como una respuesta a los planteos del sector, que reclamaba un marco fiscal más equitativo y acorde con la lógica de los negocios digitales. El gobierno porteño sostiene que la adecuación del régimen de Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas representa un paso clave para alinear la normativa local con las tendencias internacionales en materia tributaria.

Reacciones favorables

Distintas voces del mundo fintech saludaron la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Celebramos esta iniciativa de la Ciudad, que es el resultado de un proceso técnico, novedoso y con visión para adaptar el sistema tributario a la economía digital. Corrige una distorsión importante: no tenía sentido tributar sobre el volumen total de una operación y no sobre su resultado económico. Pasar a un esquema basado en el spread alinea la normativa con la lógica del negocio y con estándares internacionales”, afirmó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Biocca destacó que la Cámara venía trabajando en esta medida con el gobierno porteño desde el año pasado y que ayudará a la formalizción y el desarrollo de la actividad cripto: “Este tipo de avances son clave para construir un marco más competitivo y previsible para el crecimiento de la economía digital”, señaló.

“Es un paso en la dirección correcta. La nueva resolución de AGIP trae algo fundamental para la industria: claridad”, explicaron en Lemon, una de las empresas líderes del sector. “La nueva norma refleja mejor la lógica del negocio, reduce distorsiones y aporta previsibilidad. Además, se incorporan criterios claros de valuación y se reconoce la operatoria de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) registrados ante CNV, alineando el tratamiento impositivo con el nuevo marco regulatorio del país”, agregaron.

La Argentina, explicaron en Lemon, “ya tiene adopción, talento y empresas construyendo. Con reglas más claras y acordes a la economía digital, sigue su camino de consolidarse como un hub regional de innovación tecnológica y cripto.”

El ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño Esteban Bullrich expresó su malestar por los problemas de accesibilidad en una plataforma financiera. El dirigente del PRO, quien padece ELA, dirigió sus críticas a Binance, el principal exchange de criptomonedas a nivel global, debido a la ausencia de respuestas de la empresa ante fallas en el sistema de identificación facial.

“La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro. Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”, reclamó Bullrich a través de su cuenta de X.

“Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ti, Binance”, manifestó Bullrich. En su mensaje, escrito en inglés, arrobó a Changpeng Zhao y a Richard Teng, fundador y CEO de la plataforma global, respectivamente.

La respuesta del CEO de Binance también llegó a través de X. Desde su cuenta personal, Teng aseguró: “Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz”.

Rápidamente, el ex funcionario recibió el apoyo de los usuarios, incluido Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá. A su vez, el economista Roberto Cachanosky, sostuvo: “Devuélvanle sus ahorros. Algún mecanismo de comunicación con el acreedor tiene que tener el sistema. Si ofrecen manejar el dinero de la gente, háganlo con seriedad”.

Incluso, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, detalló: “De acuerdo al artículo 8 bis de la Ley 24.240 y la Disposición 137/24 vamos a impulsar la actuación de oficio para que el proveedor encuadre la validación de identidad para cumplir con el trato equitativo y digno”.

En respuesta a Bullrich, la cuenta oficial de Binance indicó: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

Fuentes de Binance señalaron a Infobae que están en contacto con Bullrich para solucionar su problema, aunque no dieron detalles acerca de si el mismo fue resuelto.

Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. Fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao (conocido como “CZ”), desde entonces se ha consolidado como un actor central en el ecosistema cripto global.

La plataforma implementa medidas de seguridad como autenticación de dos factores (2FA), que es donde ocurrió la falla identificada por Bullrich.

Cabe recordar que Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021. Desde entonces, se ha convertido en un referente en la lucha contra la enfermedad y en la concientización tanto a nivel público como en otros ámbitos.

La ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta progresivamente a las neuronas motoras, produciendo parálisis de los músculos voluntarios, afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. La mayoría de los casos son esporádicos y la enfermedad no tiene cura conocida en la actualidad, por lo que el acompañamiento interdisciplinario es fundamental para los pacientes y sus familias.

Bullrich y su familia impulsan la Fundación Esteban Bullrich, que desde 2022 lleva adelante una tarea activa en el acompañamiento a personas con ELA y en la formación de médicos y enfermeros para el abordaje integral de la patología.

La Fundación ha realizado eventos para recaudar fondos y fomentar la innovación, como la gala solidaria en el Teatro Colón en 2025 (coincidiendo con el Día Internacional de la ELA), donde se detallaron los logros de la fundación: más de 700 familias acompañadas, más de 4.200 estudiantes y profesionales de la salud formados y una red de 34 organizaciones aliadas y 162 voluntarios.

Además, desarrollaron iniciativas como un registro nacional de personas con ELA y encuentros periódicos para el intercambio de experiencias y capacitaciones sobre cuidados y apoyo a pacientes y sus familias.

El patrimonio de Kyle Holder, una mujer de 73 años residente en Nueva York, perdió la totalidad de su valor en apenas tres meses a través de una estafa de alto nivel basada en inteligencia artificial, que vació sus cuentas de USD 300.000 en ahorros y jubilación.

Su historia forma parte de una ola de delitos informáticos que, según la policía federal estadounidense, FBI, privó a miles de estadounidenses de un estimado de USD 20.000 millones en 2025, más de la mitad asociados a transferencias de criptomonedas, en lo que autoridades federales califican como un nuevo paradigma del crimen digital, informó la cadena estadounidense de noticias CBS News.

El auge de las estafas cripto con inteligencia artificial

La magnitud de este fenómeno queda reflejada en el método: los estafadores utilizaron al menos 14 billeteras de criptomonedas para dispersar y luego consolidar el dinero robado en solo cinco, logrando canalizar más de USD 5 millones hacia plataformas de intercambio, detalló Harry Chavis, agente especial a cargo de la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, a CBS News.

Esta estrategia dificulta al máximo el rastreo del flujo financiero, mientras que la inteligencia artificial, aplicada mediante herramientas vendidas en la dark web, permite identificar y personalizar ataques contra potenciales víctimas.

Un contacto que parecía una oportunidad

Holder, tras sufrir una lesión que le impidió ejercer como terapeuta ocupacional, veía en el mundo de las criptomonedas la oportunidad de reinventarse y asegurar su vejez.

Todo comenzó con un mensaje recibido en WhatsApp durante las fiestas de 2024, donde una asesora que se identificó como Niamh le ofreció coaching en inversiones cripto. Lo que parecía una amistad genuina pronto se convirtió en una manipulación emocional.

“Ella decía ser madre soltera, hablaba todos los días conmigo y hasta me preguntaba cómo había dormido”, relató Holder a CBS News.

La manipulación y el vaciamiento de los fondos

Los estafadores, haciéndose pasar por un equipo de soporte, guiaron a Holder en la apertura de dos billeteras digitales. Después de transferir una pequeña suma inicial que fue correspondida con un aparente depósito exitoso, la confianza quedó establecida.

A partir de ahí, las solicitudes de mayores fondos no cesaron, presionando con argumentos sentimentales y situaciones ficticias, como préstamos para manutención.

En total, Holder transfirió casi USD 300.000 a catorce billeteras distintas, convencida de la legalidad de la operación y de que no solo “el equipo” se encargaría de los impuestos, sino que recibiría el reintegro. Dos meses después, al no recibir ninguna devolución, comenzó a sospechar y pidió explicaciones: “Por favor, dime que esto no es una estafa. Estoy empezando a preocuparme”. Contó que escribió a Niamh.

La respuesta fue una maniobra psicológica: la acusaron de haber enviado fondos a la billetera equivocada y la exhortaron a contactar con el falso servicio al cliente.

Al enfrentar la pérdida total de sus ahorros, Holder manifestó no querer seguir viviendo. Requirió atención médica y ayuda social, terminando en una residencia asistida cubierta por Medicaid. “Quería dejarle algo a mis hijos, pero no queda nada”, resumió a CBS News.

El crimen digital y la utilización de inteligencia artificial en campañas de estafa

La IRS Criminal Investigation New York Field Office, concluyó que los ciberdelincuentes emplean algoritmos de IA capaces de escribir guiones y adaptar mensajes en función de datos personales extraídos de filtraciones y ciberataques.

Según explicó Chavis a CBS News, existen plataformas en la dark web que ofrecen listas de víctimas previas, herramientas para el robo de datos y software que permite ejecutar campañas hiperdirigidas.

La consolidación de fondos provenientes de múltiples personas terminó en billeteras controladas por los criminales, quienes, según Chavis, “lograron ver millones de dólares acumulándose en la última billetera”, sin que hasta la fecha se haya identificado a los responsables ni recuperado el dinero.

El agente especial subrayó la dimensión global e imposible de rastrear de este tipo de operaciones: “Pueden estar en cualquier parte del mundo”.

Recomendaciones y respuesta institucional ante el fraude

El IRS lanzó una línea de denuncias en línea para estos casos y subraya que no existe vergüenza en ser víctima de esquemas tan sofisticados. “Lo más importante es tomarse un momento y verificar quién está detrás de una comunicación antes de hacer clic o responder”, recomendó Chavis. “Muchas veces esa urgencia por reaccionar rápido juega en contra y, cuando uno se da cuenta, el daño ya está hecho”.

Todo mensaje sospechoso, especialmente los que apelan a la urgencia, el vínculo personal o la presión emocional, debe ser motivo de verificación directa con la institución que lo emite. La pronta denuncia es clave para las chances de rastrear a los perpetradores.

El equipo de investigadores federales continúa rastreando otros posibles afectados vinculados a la misma red, cuya captura resulta especialmente compleja dada la anonimidad y sofisticación tecnológica, destacó CBS News.

Dos ciudadanos chinos enfrentan cargos en Estados Unidos por haber dirigido un complejo dedicado a la ejecución de estafas cibernéticas a gran escala en Birmania, donde trabajadores eran obligados a participar en fraudes de inversión con criptomonedas.

La acusación presentada en Washington, D.C. apunta a Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie como los responsables de administrar el recinto conocido como Shunda Park, localizado en la aldea de Min Let Pan, hasta que fuerzas armadas de Birmania intervinieron y tomaron control del lugar en noviembre de 2025.

La fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y el fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia A. Tysen Duva, anunciaron que la acción forma parte de una ofensiva coordinada del Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafas, que tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales en el sudeste asiático.

En el complejo de Shunda, los trabajadores eran sometidos a condiciones de trabajo forzoso y se encontraban retenidos en contra de su voluntad.

Las víctimas eran seleccionadas principalmente entre personas que buscaban empleos bien remunerados en Tailandia, para ser luego trasladadas a Birmania, donde se les privaba de sus documentos de identidad y se les obligaba a ejecutar fraudes en internet.

Tras su llegada, las víctimas eran privadas de su libertad y forzadas a realizar llamadas suplantando a empleados de bancos estadounidenses y policías de Nueva York, con el propósito de obtener información de cuentas bancarias y apropiarse de los ahorros de las víctimas.

En el desarrollo de la investigación, agentes del FBI inspeccionaron miles de dispositivos electrónicos incautados en el complejo y recogieron testimonios de numerosos ex trabajadores. Los esquemas que operaban desde Shunda Park se basaban en la creación de sitios web y aplicaciones que simulaban ser plataformas de inversión legítimas.

A través de estos mecanismos, los operadores engañaban a personas en todo el mundo para que transfirieran fondos en criptomonedas, haciéndoles creer que estaban realizando inversiones auténticas.

Las pérdidas económicas generadas por estos fraudes se cuentan por miles de millones de dólares y han afectado a ciudadanos estadounidenses y de otros países.

El Departamento de Justicia señaló que, además de las detenciones, se incautó un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas de trata de personas que eran enviadas a un centro similar en Camboya.

Según el comunicado oficial, la operación incluyó también la clausura de 503 sitios web falsos empleados para estafas de inversión y la inmovilización de más de USD 700 millones en criptomonedas presuntamente relacionadas con actividades de lavado de dinero.

La coordinación entre el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y empresas privadas como JPMorgan Chase, Microsoft y Meta facilitó la identificación y desactivación de estos canales de reclutamiento y fraude.

(Con información de AP)

Durante esta jornada se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago) la audiencia de formalización por lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas contra 22 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a traficar drogas y ”blanquear" dinero para el Tren de Aragua. El grupo habría enviado hacia el extranjero, en formato de criptomonedas, alrededor de USD 4.4 millones.

De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la “Operación Patrimonio Oculto” se llevó a cabo simultáneamente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, logrando la detención de 18 ciudadanos venezolanos, dos colombianos, un cubano y un chileno. En dichos allanamientos también se decomisaron diversos tipos de drogas, vehículos y evidencia digital clave para la investigación.

Las criptomonedas

Patricio Flores, prefecto de la PDI de Viña del Mar, detalló en conferencia de prensa que tras más de un año de investigación, “se logró determinar la existencia de una organización criminal dedicada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas”, según consignó BioBíoChile.

“Parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían (…) Para las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”, agregó el detective.

En tanto, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Uribe, explicó que analizaron “más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente, que transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente $4 mil millones (USD 4.4 millones) en activos financieros”.

Así las cosas, el Ministerio Público espera que el tribunal acoja su petición de prisión preventiva para los 22 imputados, mientras se desarrolla el plazo para la investigación.