La Justicia de Salta espera el traslado desde Australia de Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado en una causa por presuntas estafas y administración fraudulenta vinculadas con inversiones en bitcoin. El acusado estaba prófugo desde 2022 hasta que, finalmente, fue localizado al otro lado del mundo.

Luego de que fuera detenido en el país oceánico, se confirmó que el acusado será trasladado el próximo jueves 15 de octubre. Está previsto que las autoridades australianas entreguen al detenido a Interpol, para que pueda ser transportado hasta la capital salteña.

Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.

Uno de los damnificados afirmó a El Tribuno que en 2021 el acusado administraba más de USD 170.000 que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas. A raíz de este testimonio, la investigación contempló imputaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos.

En línea con esto, los denunciantes sostuvieron que el acusado permaneció fuera del alcance de la justicia durante varios años gracias a que se habría llevado el dinero producto de las estafas. No obstante, su localización en Australia reactivó el procedimiento para que vuelva a quedar a disposición de los tribunales salteños.

Mientras se llevaba a cabo el trámite de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa había solicitado que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la justicia.

De acuerdo con la información obtenida por Informate Salta, la familia del acusado también había ofrecido un inmueble como caución real. Sin embargo, los damnificados se opusieron a ese pedido y reclamaron que se mantenga el mecanismo dispuesto por la justicia salteña.

Tras exigir que se cumplan las medidas de rigor solicitadas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, los denunciantes reprocharon la actitud de la familia de Mendioroz Juncosa. “Este hombre pertenece a la que se hace llamar ‘gente de bien’ y sus vínculos con el poder de estos círculos no son necesarios enumerarlos”, indicaron.

“Nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron varios de los damnificados. Incluso, plantearon que “seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”.

“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron los damnificados al asegurar que el trabajo de la Interpol les “abrió una ventana de esperanza” para conseguir justicia por las pérdidas denunciadas.

Financiera ilegal en Salta: la condenaron por 48 hechos de estafa y deberá indemnizar a las víctimas con $35 millones

Una mujer fue condenada en Salta a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en 48 hechos de estafa ligados a una financiera ilegal que ofrecía rendimientos semanales de hasta 60%. Además, deberá pagar $35 millones en nueve cuotas como compensación económica.

La condenada es Patricia Jimena Vidaurre, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). El juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

La investigación comenzó en agosto de 2025, luego de que varias personas denunciaran haber entregado dinero a “Inversiones Alyson”, una firma que, según la acusación, operaba sin autorización. La propuesta incluía rendimientos semanales de entre 40% y 60% sobre las sumas aportadas.

Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp. El dinero se recibía en efectivo o a través de transferencias bancarias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Al comienzo, los inversores cobraron los rendimientos prometidos. Esa dinámica habría generado confianza entre los participantes, que incrementaron sus aportes y recomendaron la operatoria a otras personas. Con el tiempo, los pagos se demoraron hasta que se interrumpieron, al igual que la comunicación con quienes reclamaban sus fondos.

La UDEC reunió denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación vinculada con “Préstamos e Inversiones Alyson”. Por este motivo, también requirió información a bancos y entidades financieras sobre las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las víctimas.

Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto con su pareja y el hijo de este. No obstante, los otros dos implicados todavía no fueron juzgados y su situación procesal continúa en trámite.

Los allanamientos se realizaron en Salta capital y Rosario de Lerma. En esos procedimientos se secuestró documentación y se dispuso la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

Como parte del acuerdo, Vidaurre deberá abonar $35 millones en nueve cuotas. Uno de sus inmuebles seguirá embargado hasta que se cancele la totalidad de la suma comprometida.

También deberá cumplir reglas de conducta durante tres años para mantener la libertad, entre ellas, fijar y mantener actualizado un domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en una dependencia policial cercana a su domicilio.

Los jóvenes españoles muestran un creciente interés por las finanzas, pero lo hacen de forma muy diferente según el sexo. Los hombres no solo ahorran más que las mujeres, sino que también invierten con mayor frecuencia y muestran una especial inclinación por la bolsa y las criptomonedas. El problema es que ese mayor “ánimo inversor” no parece ir acompañado de un nivel de conocimientos financieros elevado.

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Funcas 2026 sobre la cultura y las conductas financieras de los jóvenes españoles, realizada entre el 1 y el 11 de septiembre a una muestra representativa de 700 internautas españoles de entre 16 y 35 años. El estudio revela una brecha notable en los hábitos financieros de hombres y mujeres, tanto en el ahorro como en la inversión.

Entre los hombres, el 13% considera que sus “conocimientos generales sobre temas financieros” son “muy altos” o “altos”, mientras que el 46% los califica de “bajos” o “muy bajos”. Entre las mujeres, la percepción es todavía menos favorable: solo el 6% sitúa sus conocimientos en los niveles más altos y el 56% los considera “bajos” o “muy bajos”.

Más dinero ahorrado y más inversión

La diferencia también aparece cuando se analiza la capacidad de ahorro. El 86% de los hombres encuestados asegura haber ahorrado, “aunque sea poco, en los primeros seis meses de 2026”, frente al 73% de las mujeres. Pero no solo hay más hombres que consiguen guardar dinero: también la cantidad media es superior.

En concreto, los hombres jóvenes han ahorrado de media 1.540 euros durante la primera mitad del año, frente a los 990 euros de las mujeres. Es decir, ellos han acumulado un 55% más de ahorro que ellas. Y una parte de ese dinero termina llegando al mercado financiero.

Entre quienes han conseguido ahorrar durante los primeros seis meses de 2026, el 27% de los hombres afirma haber destinado ya todo o parte de ese dinero a algún producto financiero. Entre las mujeres, el porcentaje se queda en el 16%. La diferencia se acentúa entre los jóvenes de 16 a 25 años: uno de cada cuatro hombres ha destinado parte de sus ahorros a invertir, frente a solo una de cada diez mujeres.

Las criptomonedas marcan la mayor brecha

Las cuentas remuneradas y los fondos de inversión son los productos preferidos tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, cuando se amplía el foco aparecen diferencias mucho más marcadas. La bolsa atrae especialmente a los hombres y las criptomonedas se convierten en el producto que genera una mayor distancia entre ambos sexos.

El 24% de los hombres de entre 16 y 35 años tiene un fondo de inversión, el doble que las mujeres, cuyo porcentaje se sitúa en el 12%. En el caso de las criptomonedas, la diferencia es todavía mayor: el 23% de los hombres afirma tenerlas o haberlas tenido, frente al 8% de las mujeres.

También existe una brecha en productos financieros más tradicionales. El 12% de los hombres jóvenes tiene o ha tenido un plan de pensiones, frente al 6% de las mujeres. La paradoja es que ellas muestran una mayor desconfianza respecto al futuro de las pensiones públicas: el 79% no cree que cuando llegue su jubilación cobrará una pensión que les “permitirá vivir sin grandes aprietos”, frente al 59% de los hombres.

Ellos invierten más, pero ¿saben dónde ponen el dinero?

En esa línea, la mitad de los hombres encuestados, tiene o ha tenido algún producto de inversión. Entre las mujeres, el porcentaje cae hasta el 28%. En el grupo de 26 a 35 años, la brecha alcanza su máximo: el 55% de los hombres ha tenido o tiene algún producto de inversión, 22 puntos más que las mujeres de la misma edad.

El mayor interés inversor de los hombres preocupa a Funcas por otro motivo: el nivel de conocimientos financieros declarado no parece suficiente para respaldar ese comportamiento. “No parece que sea así, lo cual aumenta el riesgo de comportamientos inadecuados, como la apuesta por productos con potenciales rentabilidades elevadas, pero muy volátiles”, advierte Elisa Chuliá, investigadora de Funcas.

La advertencia cobra relevancia en el caso de las criptomonedas. Aunque los jóvenes varones muestran un interés muy superior por este tipo de activos, las cantidades destinadas a ellos son generalmente reducidas. Siete de cada diez hombres de entre 16 y 25 años que han comprado criptomonedas han invertido 1.000 euros o menos.

La vivienda sigue siendo el gran objetivo del ahorro

Pese al avance de la inversión financiera, la vivienda continúa siendo el principal destino del ahorro entre los jóvenes españoles. Entre quienes tienen de 26 a 35 años, el 43% de los hombres y el 38% de las mujeres señalan la compra de una vivienda como su primer objetivo de ahorro.

Entre los más jóvenes, de 16 a 25 años, los porcentajes son del 28% entre los hombres y del 26% entre las mujeres. La dificultad para reunir el dinero necesario para acceder a una vivienda puede estar empujando a una parte de los jóvenes hacia otros productos financieros.

“Aunque muchos siguen considerando la vivienda como finalidad principal del ahorro, las grandes dificultades para adquirir bienes inmobiliarios mediante la acumulación de pequeños ahorros favorecen que se adentren en un mercado –el de los productos financieros– que ha reducido las barreras de entrada gracias a la adopción de tecnologías accesibles y la proliferación de entidades y plataformas que permiten invertir cantidades muy reducidas”, explica Chuliá.

Los ‘finfluencers’ entran en juego

La expansión de las plataformas digitales está cambiando la forma en que los jóvenes se relacionan con el dinero. Algo menos de la mitad realiza un seguimiento de sus productos financieros “todos o casi todos los días” o “varias veces a la semana”. Al mismo tiempo, alrededor de una quinta parte consulta con esa frecuencia contenidos de temática financiera o sigue a ‘finfluencers’.

La encuesta también refleja la convivencia entre inversión y otros comportamientos de riesgo. Entre los jóvenes de 26 a 35 años, el 18% de los hombres y el 15% de las mujeres reconoce participar en apuestas online varias veces al mes.

El interés por invertir también es mayor entre los hombres más jóvenes: el 63% de los varones de 16 a 25 años considera que “invertir en productos financieros es, en general, una buena estrategia para personas jóvenes, como yo”, seis puntos más que los hombres de 26 a 35 años.

Sin embargo, la encuesta deja una última señal de alerta: menos de un tercio de los jóvenes que han invertido en bolsa —el 22% de la muestra— asegura haber priorizado empresas que cumplen criterios de sostenibilidad. El perfil que dibuja Funcas es el de una generación que empieza a acercarse con fuerza a los mercados, especialmente los hombres, pero que todavía tiene por delante el reto de mejorar sus conocimientos antes de asumir riesgos financieros cada vez mayores.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, por su presunta participación en KillSec, una red de ciberestafas de la que habría sido el principal administrador y a la que se atribuyen 1.000 intentos de ciberataques en distintos países.

La operación internacional permitió a las autoridades tomar el control de la infraestructura del grupo criminal, incluida su página de filtraciones, según Europol. La red habría logrado acceder a unos 500 sistemas y provocado más de 280 víctimas. Algunas pagaron rescates cercanos a 500.000 euros en criptomonedas para evitar la difusión de información robada.

KillSec operaba desde aproximadamente 2024 mediante ransomware, un programa de secuestro de datos que cifra los aparatos informáticos y bloquea el acceso a sus archivos. A la par, sus integrantes utilizaban malware, programas maliciosos destinados a infiltrarse en sistemas y extraer información.

De qué forma los ciberdelincuentes cometían delitos

El grupo de ciberdelincuentes entraba a los sistemas de organizaciones al explotar fallas de seguridad, con especial atención a espacios de almacenamiento en la nube. Una vez dentro, copiaba información interna sensible y la trasladaba a infraestructura que controlaba.

Las víctimas eran expuestas en un sitio de filtraciones de la darkweb, la internet oscura. Allí recibían amenazas de publicación de los datos sustraídos si no abonaban el rescate exigido; cuando no pagaban, los archivos podían quedar disponibles para su descarga gratuita.

La exposición de datos privados de empresas es un problema que puede afectar su reputación y operación. Se han visto casos donde grandes compañías deben cerrar porque les es más rentable que pagar el rescate o recuperarse.

Qué información robada por los ciberdelincuentes fue recuperada

La intervención permitió asegurar al menos 110 terabytes de datos, poner bajo control policial cinco servidores centrales e intervenir dominios empleados por la organización delictiva. Las autoridades actuaron sobre pruebas, activos y posibles ganancias derivadas de la actividad criminal, incluidas criptomonedas.

Los investigadores rastrean ahora los dispositivos y archivos incautados para localizar a otras posibles víctimas, identificar nuevos ataques y determinar si hubo más personas involucradas. La investigación busca reconstruir el recorrido de los fondos obtenidos mediante las extorsiones.

La operación internacional, denominada KillSwitch, derivó en tres detenciones provisionales y ocho registros en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido. Participaron fuerzas de seguridad de diez países junto con Europol y Eurojust.

En qué momento inició la investigación de las autoridades

La pesquisa en España comenzó en 2025 a partir de la colaboración entre la Guardia Civil y el FBI de San Juan, Puerto Rico, para identificar a posibles integrantes de KillSec que residieran en territorio español. La investigación nacional recibió el nombre de Operación ROTOMA, de acuerdo con la Guardia Civil.

Los Mossos d’Esquadra iniciaron una pesquisa paralela tras un ciberataque atribuido presuntamente al grupo contra una entidad catalana ese mismo año. Los atacantes habrían accedido a los sistemas de la empresa, sustraído información sensible e intentado extorsionarla, con un perjuicio económico cercano a un millón de euros.

El grupo conjunto de ambos cuerpos identificó al adolescente, localizó su residencia en la provincia de Alicante y le atribuyó el papel de administrador y operador principal de la organización. Las autoridades investigan su posible vinculación con el ataque cometido en Cataluña.

En España se realizaron dos entradas y registros: uno en un domicilio y otro en una oficina situada en un establecimiento hotelero de la provincia. Aparte del adolescente, las autoridades identificaron a un desarrollador de 18 años que era menor de edad cuando se habrían cometido algunos de los delitos.

La operación fue coordinada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo, con la participación de autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.

La jueza federal de Nueva York Jennifer Rochon desestimó la demanda colectiva contra los impulsores de los tokens $LIBRA tras concluir que los inversores no lograron sostener sus acusaciones bajo la ley federal RICO (contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) y ordenó cerrar el expediente.

La resolución alcanza también a M3M3, otro memecoin de la red Solana cuestionado por los denunciantes, que también fue lanzado dentro del ecosistema del protocolo Meteora.

El fallo menciona a Javier Milei, dentro del relato de las acusaciones sobre $LIBRA. Según el planteo de los presuntos damnificados, Hayden Davis se reunió con el presidente argentino mientras preparaba el proyecto. La demanda también reproduce mensajes atribuidos a Davis, en los que afirmó tener “control” sobre Milei y enviar dinero a su hermana, Karina Milei.

El tribunal no determinó si existió fraude, sino que estableció que la demanda no cumplió los requisitos jurídicos para avanzar. Además rechazó el pedido de los demandantes Omar Hurlock y Anuj Mehta para presentar una segunda demanda enmendada, que incorporaba los tokens $MELANIA, $ENRON y $TRUST.

Hurlock había reclamado pérdidas tras operar $LIBRA desde Brooklyn de aproximadamente 0,302 wSOL. Mehta había reclamado USD 19.164 con M3M3.

La causa apuntaba contra Kelsier Labs, una firma estadounidense de inversión y marketing enfocada en proyectos cripto y Web3, dirigida por Hayden Davis; su padre, Charles Thomas Davis; y su hermano, Gideon Davis. A su vez, imputaba al exdirector ejecutivo de Meteora Benjamin Chow y a su plataforma Meteora.

Las acusaciones contra los integrantes de Kelsier quedaron fuera del tribunal de Nueva York por falta de jurisdicción, mientras que las acciones contra Chow fueron descartadas por insuficiencia de hechos alegados.

Los argumentos del fallo

Uno de los puntos centrales de la decisión fue la situación jurídica de la plataforma cripto Meteora, que según los querellantes controlaba los lanzamientos de tokens en la red Solana.

Rochon sostuvo que la demanda no describió de qué manera las personas y entidades supuestamente vinculadas a Meteora se habían asociado para cumplir ese objetivo.

Señaló que tampoco los actores identificaron a un presidente o tesorero de Meteora, que es una condición exigida por la ley de Nueva York para avanzar en una demanda.

Por esa razón, el tribunal desestimó todas las reclamaciones sin analizar el resto de los argumentos sobre el fondo de las operaciones denunciadas.

La acusación

Los demandantes habían acusado a los directivos de Kelsier y de Meteora de organizar un mecanismo para captar a inversores minoristas mediante lanzamientos de memecoins y retirar liquidez a través de otras billeteras.

La acusación se apoyaba en dos episodios: M3M3, lanzado en diciembre de 2024, y $LIBRA, difundido en febrero de 2025 tras una publicación del presidente argentino Javier Milei.

Según la denuncia, el token $LIBRA fue lanzado el 14 de febrero de 2025 y, 23 minutos después de su creación, Milei publicó en X un mensaje de apoyo con un enlace al sitio del proyecto, para adquirir el activo. La publicación fue eliminada horas más tarde.

Los inversores alegaron que un grupo de billeteras extrajo 44.593.888 USDC del fondo de liquidez $LIBRA/USDC entre el 14 y el 16 de febrero de 2025. También sostuvieron que las operaciones con SOL —la criptomoneda nativa de Solana— se estructuraron mediante billeteras intermedias y posiciones de duración inferior a diez minutos.

La jueza no resolvió si esas operaciones ocurrieron como fueron relatadas. Su análisis se concentró en si los hechos permitían formular una causa bajo la ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir patrones continuados de actividades ilícitas.

Rochon determinó que las acusaciones describían una actividad de alrededor de seis meses, desde octubre de 2024 hasta la presentación inicial de la demanda el 17 de marzo de 2025.

Según el fallo, ese período no basta para demostrar una continuidad del supuesto delito, basado en que el tribunal de apelaciones del circuito no ha considerado suficiente un lapso menor a dos años.

La decisión cierra el litigio en primera instancia. Los demandantes pueden evaluar una apelación, aunque el fallo no informa que hayan presentado ese recurso.

Una mujer de Stone Mountain, en el área metropolitana de Atlanta, fue acusada por la Justicia federal de participar en un presunto esquema que habría desviado cerca de USD 931.000 desde cuentas de clientes de Ameris Bank hacia cuentas de criptomonedas bajo control de los involucrados.

La acusada es Mercedes Henry, de 35 años, quien trabajó para la entidad financiera como universal banker, un puesto que incluye atención al cliente y operaciones bancarias. La investigación sostiene que la mujer utilizó datos de seis clientes sin autorización para vincular sus cuentas con la plataforma Coinbase.

El caso fue informado por CBS News Atlanta a partir de una comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Las autoridades federales presentaron cargos por fraude bancario, fraude mediante dispositivos de acceso y soborno.

La maniobra habría utilizado información de seis clientes

La acusación sitúa los hechos entre septiembre y noviembre de 2021, cuando Henry se desempeñaba en distintas sucursales de Ameris Bank en el área de Atlanta. Durante ese período, habría accedido a números de cuenta y otros datos identificatorios de seis personas que eran clientes de la institución.

Con esa información, los investigadores afirman que las cuentas bancarias fueron asociadas sin consentimiento a perfiles de Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas. El mecanismo habría permitido transferir dinero de los clientes hacia billeteras digitales controladas por Henry y otras personas vinculadas al presunto fraude.

La Fiscalía aseguró que el monto total desplazado en esas operaciones rondó los USD 931.000. Para concretar las transferencias, los responsables habrían usado las credenciales y la información privada obtenida mientras Henry tenía acceso a los sistemas y a los registros de la entidad.

Aunque los documentos difundidos no detallan la cantidad de personas que habrían participado en el plan, las autoridades sostienen que la ex empleada bancaria no actuó sola. El expediente la vincula con “coconspiradores” que habrían controlado las cuentas de criptomonedas a las que llegó el dinero.

Henry habría recibido más de USD 1.000 por su participación

La investigación señala que Mercedes Henry habría recibido más de USD 1.000 como parte de su intervención en la maniobra. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuál habría sido el beneficio total que obtuvo ni qué parte de los fondos habría quedado en poder de cada uno de los presuntos involucrados.

Theodore S. Hertzberg, fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia, sostuvo que la acusada “presuntamente robó información sensible para facilitar casi USD 1 millón en transferencias fraudulentas desde las cuentas bancarias de las víctimas a cuentas de criptomonedas controladas por sus cómplices”.

El funcionario afirmó, además, que su oficina trabajará con las fuerzas de seguridad y el sector privado para identificar, detener y castigar a quienes cometan delitos financieros. “Trabajaremos con nuestros socios de las fuerzas del orden y del sector privado para identificar, arrestar y castigar a los delincuentes codiciosos que mienten, engañan y roban para enriquecerse”, expresó Hertzberg en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta.

La denuncia no identifica públicamente a los seis clientes afectados ni informa si el banco logró recuperar todo o parte del dinero. Tampoco se detallaron las medidas que habría adoptado la entidad financiera tras detectar las transferencias cuestionadas.

Un gran jurado federal formalizó tres cargos

Un gran jurado federal presentó la acusación contra Henry la semana pasada, indicó la Fiscalía. Los cargos incluyen fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y soborno, delitos que serán analizados por la Justicia federal durante el proceso judicial.

La mujer compareció ante un tribunal federal después de su detención, ocurrida el 25 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron información sobre una declaración de culpabilidad, la eventual estrategia de defensa o las condiciones de su liberación.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta la pesquisa. La investigación busca determinar el alcance total de las operaciones, identificar a otros posibles responsables y establecer el destino final de los fondos presuntamente retirados de las cuentas de los clientes.

Como se trata de una acusación formal, Henry conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.

Los inversores de capital riesgo están destinando tanto dinero a la inteligencia artificial que apenas les queda margen para otras inversiones. Sin embargo, algunos conservan cierta predilección por una moda anterior: las finanzas de criptomonedas. En la primera mitad de este año, las startups de criptomonedas recibieron 10.000 millones de dólares en capital riesgo a través de casi 750 operaciones. Aparte de utilizar una gran capacidad de procesamiento, la IA y las criptomonedas han tenido poco en común. Pero una investigación de The Economist sugiere que ambas están estrechamente vinculadas por un floreciente comercio ilícito.

La emisión de tarjetas de crédito y débito con criptomonedas está en auge. Estas tarjetas conectan las billeteras de criptomonedas con los terminales de pago utilizados por los comercios. Permiten a las personas en países pobres con monedas inestables realizar transacciones con stablecoins vinculadas a monedas extranjeras menos volátiles, como el dólar. Pero las tarjetas de criptomonedas también tienen otros grandes usuarios. Muchos emisores de tarjetas no se esfuerzan por verificar la identidad de sus titulares, lo que las ha dejado expuestas al abuso por parte de delincuentes y personas que evaden sanciones. Además, permiten a personas en lugares como China comprar suscripciones a modelos de IA de vanguardia estadounidenses, eludiendo las restricciones que los desarrolladores de modelos imponen a las ventas a los adversarios de Estados Unidos.

Las tarjetas de criptomonedas convierten las monedas digitales en dinero real al pasarlas por terminales Visa y Mastercard, y su uso está en auge. Si bien estas tarjetas pueden estar vinculadas a bitcoin, ether y otras criptomonedas inestables, la volatilidad de las criptomonedas no vinculadas a un tipo de cambio fijo las convierte en un medio de intercambio poco fiable. Las stablecoins, cuyo valor de mercado total casi se ha duplicado en los últimos dos años hasta superar los 300.000 millones de dólares, siguen siendo principalmente reservas de valor. Sin embargo, según Paymentscan, un proveedor de datos, en agosto se utilizaron tarjetas de stablecoins en transacciones por valor de más de 1.100 millones de dólares, el triple que el año anterior. Es probable que la cifra real sea mayor, ya que muchos proveedores de tarjetas de criptomonedas no informan de su volumen de transacciones.

En los últimos años, los reguladores de Estados Unidos, Europa y Hong Kong han impulsado este crecimiento mediante la elaboración de normas más claras para las monedas digitales. Como resultado, las criptomonedas en general, y las stablecoins en particular, han ganado prestigio. En concreto, en un esfuerzo decidido por captar una parte del creciente mercado de las criptomonedas, Visa y Mastercard han comenzado a ofrecer acceso a sus redes, hasta ahora reservadas principalmente a bancos, a emisores de tarjetas emergentes con licencias de pago.

Estos emisores, a su vez, prestan acceso a su red a los proveedores de tarjetas de criptomonedas. Entre los emisores más grandes se encuentran Rain, Reap y Wirex. Los tres afirman tomarse muy en serio sus responsabilidades de cumplimiento normativo. En enero, Rain recaudó 250 millones de dólares de fondos de capital riesgo, incluyendo a grandes nombres como Iconiq y Lightspeed. Los proveedores de criptomonedas registran a sus clientes bajo su propia marca. Entre abril y septiembre, el número de proveedores identificables aumentó de unos 100 a 250. La participación de Visa y Mastercard permite a los proveedores de criptomonedas ofrecer, a través de los emisores, tarjetas con los logotipos de ambos gigantes de los pagos (además del suyo propio) que pueden utilizarse en cualquier parte del mundo.

La proliferación de las stablecoins preocupa a los reguladores de los países pobres, ya que podría conducir a una pseudodolarización de sus economías. Pero también debería preocupar a sus homólogos del mundo desarrollado. Según Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, las stablecoins «crean canales adicionales para transacciones financieras ilícitas, tanto dentro como entre países». Los flujos ilícitos de criptomonedas superaron los 158.000 millones de dólares el año pasado, según estimaciones de TRM Labs, una empresa de análisis.

Para las empresas que desean bloquear a ciertos clientes, las tarjetas de criptomonedas pueden dificultar la verificación de la identidad o la ubicación del titular. Por ejemplo, sitios web en persa y ruso anuncian sus propias tarjetas de criptomonedas o de terceros, entre otros, a iraníes y rusos, quienes están excluidos del sistema financiero occidental debido a las sanciones impuestas a sus países. Un sitio web en ruso se jacta de permitir a los usuarios “pagar por Chat GPT , Claude, Netflix, Spotify... y otros servicios internacionales”.

Al igual que las tarjetas de pago de los “neobancos” digitales como Monzo o Revolut, las tarjetas de criptomonedas, en principio, solo pueden emitirse a clientes verificados que hayan superado los controles habituales de identificación del cliente (KYC). Sin embargo, en la práctica, los proveedores no siempre son tan rigurosos. Para algunos, un KYC laxo es una ventaja competitiva.

Un informe publicado en abril por Crystal Intelligence, otra firma de análisis, reveló que casi siete de cada diez proveedores de criptomonedas tenían requisitos de verificación de identidad (KYC) débiles o inexistentes. Aproximadamente la mitad de los proveedores sin KYC identificados por Crystal Intelligence tenían su sede en Hong Kong y una quinta parte en Estados Unidos. Otros venden tarjetas virtuales, en algunos casos de forma totalmente legal, pero cuentan con licencia en el Cáucaso o en los países del Golfo Pérsico, donde las normas de KYC son más laxas y se aplican con menos rigor.

Es posible que algunas empresas anuncien tarjetas con requisitos de verificación de identidad (KYC) débiles o inexistentes , pero exijan la verificación de identidad una vez que el titular de la tarjeta comience a realizar transacciones. Algunas pueden verificar la identidad de los clientes sin solicitar documentación. Muchos proveedores de tarjetas de criptomonedas aplican normas a sus productos y son fiables. Algunos incluso limitan los pagos a proveedores como Starlink, una empresa de internet satelital, cuyos productos son utilizados ilícitamente por las fuerzas armadas rusas y su flota clandestina de petroleros.

Pero en algunos casos, según descubrió Crystal Intelligence, los proveedores no solicitaron información de identidad, y en otros no se intentó verificar la información proporcionada. The Economist solicitó una tarjeta Visa a través de un canal en ruso en Telegram, una aplicación de mensajería, que prometía “sin documentos, sin esperas y sin formularios largos” y la vinculó a una billetera de Apple Pay en cuestión de minutos. El proveedor se llama CinCin y no identificó claramente al emisor de la tarjeta con el que trabajaba. La tarjeta anunciaba límites de pago mensuales de 500.000 dólares. Visa afirma que cumple con la ley en todas partes y prohíbe la actividad ilegal en su red.

Un uso cada vez más común de las tarjetas de criptomonedas es permitir que los usuarios chinos paguen el acceso a modelos de IA y chatbots estadounidenses como Claude y Chat GPT . Las redes sociales chinas están repletas de guías sobre cómo sortear tanto las restricciones estadounidenses como la prohibición nacional de la IA extranjera . La mayoría de los usuarios pagan a una “estación de transferencia” de terceros, que compra tokens de IA (los fragmentos de datos procesados ​​por los modelos) en un país sin restricciones y los revende a usuarios en China. Otros tutoriales enseñan a los usuarios chinos a comprar suscripciones directamente de los laboratorios, adquiriendo identidades falsas u ocultando su ubicación con tarjetas de criptomonedas.

Al menos una guía en línea en chino para eludir las restricciones geográficas de los laboratorios de IA estadounidenses recomienda solicitar una Mastercard a un proveedor en Dubái. Los usuarios en China continental pueden usar una red privada virtual para simular estar en otro país y seleccionar una dirección en Google Maps para obtener su tarjeta. Proveedores como el de Dubái afirman realizar el proceso KYC ( Conozca a su cliente). Sin embargo, en el video tutorial en chino, el presentador asegura a los espectadores que el proveedor no verifica la autenticidad de la dirección, como lo haría un banco solicitando una factura de servicios públicos. Mastercard afirma que se toma en serio la gobernanza y prohíbe las tarjetas recargables sin KYC en su red.

Una fuente de un proveedor estadounidense de criptomonedas cuyas tarjetas son emitidas por Rain afirma que cada mes observa cientos de usuarios que se registran para obtener las tarjetas Visa de su empresa con documentos de identidad emitidos en China y direcciones fuera de China. En un caso, su empresa observó a un usuario con una dirección IP de Shenzhen y un documento de identidad emitido en China que solicitó una tarjeta con una dirección fuera de China; posteriormente, el usuario gastó 50 000 dólares en suscripciones a Chat GPT en la App Store de Apple en Bolivia. Rain afirma que está investigando estos casos.

Rain acepta documentos de identidad chinos , ya que sus titulares podrían residir en el extranjero, pero rechaza a los usuarios que solicitan tarjetas con una dirección china. Sin embargo, varios proveedores que ofrecen tarjetas a través de Rain permiten a los usuarios que no superan la verificación de identidad (KYC) al ingresar una dirección china volver a intentarlo, e incluso uno de ellos los anima a “intentarlo de nuevo con otra dirección”. Rain afirma que mantiene altos estándares en su programa de cumplimiento, se toma muy en serio los intentos de eludir sus controles y cumple con todas las regulaciones.

Desde finales de 2024, un proveedor de criptomonedas con sede en Hong Kong que presta servicios a usuarios de habla china, y que fue monitoreado por Crystal Intelligence, registró un flujo de más de 355 millones de dólares en stablecoins en dólares hacia sus billeteras vinculadas a tarjetas y procesó 4000 transacciones. Algunos observadores sospechan que muchas de estas transferencias se utilizan para la compra al por mayor de tokens de IA . “Me atrevería a decir”, afirma una fuente del proveedor de criptomonedas estadounidense, “que una cantidad sustancial del gasto mensual de 1000 millones de dólares en stablecoins con tarjeta está financiando el mercado gris de tokens”.

El 10 de septiembre, Anthropic acusó a Alibaba, el gigante chino de internet, de haber accedido ilícitamente al modelo Claude 151 millones de veces entre mayo y julio para entrenar sus propios modelos mediante un proceso conocido como “destilación”. Anthropic alega que, para ello, Alibaba utilizó un conjunto de 5.000 cuentas Claude, algunas pagadas con tarjetas virtuales, para ocultar sus acciones. Alibaba no respondió a la solicitud de comentarios.

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Pedro Ilincheta, el supuesto trader acusado de estafar a un grupo de 14 amigos de un country de Pilar a los que convenció de entregarle dinero para realizar inversiones en criptomonedas, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro.

La jueza María Emma Prada lo consideró autor de 14 hechos de estafa. La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que la querella, en manos de los abogados Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían reclamado seis. La defensa había pedido la absolución.

Ilincheta, conocido como “Pepo” o “Peter”, no irá por el momento a una cárcel. La magistrada resolvió mantener la morigeración de la prisión preventiva que ya tenía concedida: arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.

El fallo también abrió un nuevo capítulo de la causa. Prada ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en delitos vinculados con las maniobras por las que fue juzgado su hijo. El pedido había sido realizado durante el juicio por la fiscal.

La situación de Cabeza había aparecido en distintos momentos de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, cuando debía entregarle USD 4.000 a Ilincheta, este le indicó que el efectivo sería retirado por su madre. Otro denunciante aseguró que en los resúmenes de su tarjeta encontró transferencias por aproximadamente $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago de Cabeza y de una hermana del acusado.

Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta de la misma plataforma a nombre de su madre. Precisamente por esos elementos, tanto la fiscalía como la representación de los damnificados habían solicitado que se investigara su eventual intervención.

Cómo funcionaba la maniobra

Según quedó establecido en el proceso, Ilincheta captaba principalmente a personas de su círculo de confianza y les ofrecía invertir su dinero en criptomonedas. En diferentes casos prometía un rendimiento del 26% durante los primeros tres meses y luego del 5% mensual, mientras aseguraba que los fondos podían retirarse.

Durante un tiempo, sus clientes recibieron capturas de planillas de Excel en las que aparecían sus supuestas ganancias. Ese mecanismo generó confianza y llevó a varios a aumentar las inversiones e incluso a recomendar el negocio a otros amigos. Cuando comenzaron a pedir la devolución del dinero, aparecieron las postergaciones y las excusas.

La denuncia inicial hablaba de un perjuicio de USD 276.991, pero esa cifra incluía las rentabilidades que Ilincheta había prometido o informado. La pericia contable realizada durante la investigación estableció que los montos efectivamente denunciados como entregados ascendían a USD 100.628,91: USD 46.847,30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y USD 53.781,61 mediante otras modalidades.

La pericia, sin embargo, no consiguió reconstruir completamente qué ocurrió con el dinero. Los expertos concluyeron que no era posible determinar el destino de todos los fondos ingresados en las cuentas digitales ni establecer cuánto dinero había extraído Ilincheta. El análisis de Binance también mostró que no existían subcuentas que permitieran diferenciar qué fondos correspondían a cada inversor.

Ilincheta sostuvo durante la causa una versión diferente. Afirmó que efectivamente realizaba operaciones con criptomonedas y contratos de futuros mediante plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo; negó haber buscado deliberadamente a las 14 víctimas para captar su dinero y aseguró que él también había resultado perjudicado económicamente. También rechazó haber utilizado los fondos con fines personales y sostuvo que siempre había tenido intención de devolverlos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica manifestó preocupación por el ingreso de criptoactivos al financiamiento político y por el aumento de investigaciones sobre financistas, que llegaron a 155 estudios de solvencia en la campaña presidencial de 2026. El organismo busca reforzar la trazabilidad de los recursos privados ante operaciones de mayor monto y nuevas vías para movilizar dinero hacia los partidos.

De acuerdo con el medio CRHoy, el TSE comenzó un plan piloto para implementar el Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, una plataforma orientada a supervisar las cuentas partidarias en tiempo real. La primera capacitación reunió a representantes de 11 agrupaciones políticas y contó con el apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

La herramienta tendrá un módulo contable adaptado al financiamiento electoral costarricense y otro destinado a los certificados de cesión, desde su emisión hasta la colocación. También prevé controles sobre cuotas de militancia, aportes que reciben las agrupaciones y préstamos.

Los estudios de solvencia aplicados a personas que aportaron dinero a campañas o adquirieron bonos de deuda aumentaron de 83 en 2022 a 155 en 2026. La revisión abarca recursos por ₡3,400 millones (USD 7,482.52), frente a los ₡2.800 millones (USD 6,162.07) analizados durante la campaña presidencial anterior.

En las elecciones municipales de 2020, el órgano electoral efectuó 65 estudios por ₡836,374,719,97 (USD 1,840,643.30). Para los comicios municipales de 2024, la cifra descendió a 40 procedimientos, correspondientes a ₡503,124.285 (USD 1,107.25).

Estos controles permiten verificar quién figura como aportante, si posee capacidad patrimonial para realizar la contribución y cuál es la procedencia efectiva de los fondos. Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, explicó a CRHoy que el desafío no se limita a identificar a quien realiza una transferencia o entrega dinero.

La funcionaria sostuvo que las nuevas formas de mover recursos exigen actualizar los métodos de supervisión. “No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Identificar al aportante constituye uno de los elementos esenciales de control”, dijo.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos utiliza como referencia un umbral de $ 10,000 o ₡5 millones para abrir estudios de solvencia sobre donantes, contribuyentes, financistas, compradores de certificados de cesión, proveedores o prestamistas. Sin embargo, puede reducir ese límite cuando detecta factores de riesgo en operaciones de menor cuantía.

La campaña de 2026 registró además aportes y adquisiciones de certificados de cesión por más de ₡50 millones (USD 110,037.00) e incluso superiores a ₡100 millones (USD 220,074.00). Valverde indicó que ese volumen de operaciones individuales no se había presentado de la misma forma en procesos electorales anteriores.

De los 155 estudios vinculados con la última elección presidencial, 15 fueron remitidos al área de investigaciones del departamento para ampliar las diligencias sobre el origen y la trazabilidad de los recursos. El TSE no ha enviado a la Fiscalía informes sobre posibles irregularidades en donaciones, contribuciones, certificados de cesión o aportes de ese proceso.

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, precisó que los casos continúan en una etapa inicial. “Los expedientes relacionados con el más reciente proceso electoral se mantienen abiertos y en desarrollo, en fase de recopilación y valoración de insumos probatorios”, afirmó en declaraciones recogidas por CRHoy.

El cambio desde la revisión de gastos hacia la procedencia del dinero

Entre 2010 y 2018, las investigaciones administrativas preliminares se concentraban principalmente en el uso de los recursos por parte de las agrupaciones políticas y en la veracidad de los gastos declarados durante las campañas. Desde 2022, la atención se desplazó hacia el origen de los fondos y las modalidades empleadas para realizar aportes.

Las aparentes irregularidades vinculadas con la liquidación de gastos aparecen con menor frecuencia desde entonces, mientras crece el número de análisis de solvencia y de pesquisas sobre posibles faltas o delitos electorales relacionados con el financiamiento. Según explicó la funcionaria al medio, cinco expedientes de campañas presidenciales llegaron al Ministerio Público desde la entrada en vigencia del Código Electoral de 2009.

Esos traslados no implicaron necesariamente que el departamento técnico hubiera concluido la existencia de irregularidades. Algunos expedientes fueron requeridos en el marco de investigaciones penales y otros se entregaron por órdenes judiciales de secuestro de información, debido a que contienen datos protegidos por el secreto bancario.

El robo de más de USD 350 millones a la casa de cambio de criptomonedas Bitget el jueves habría sido ejecutado por piratas informáticos vinculados a Corea del Norte, según la firma de análisis blockchain Elliptic Enterprises Ltd., lo que eleva a más de USD 1.000 millones el botín acumulado por el régimen a través de robos de activos digitales durante este año.

El ataque a Bitget se convirtió así en el mayor robo de criptomonedas registrado en lo que va de 2026, según datos de la firma de análisis TRM Labs. Antes de este incidente, ya se habían sustraído USD 1.730 millones en 333 hechos distintos contra empresas de criptomonedas a lo largo del año, de acuerdo con la misma compañía.

Bitget detectó el robo a las 18.31 GMT del jueves, cuando se registraron transferencias no autorizadas desde las billeteras de sus clientes. La cifra inicial estimada fue de USD 351,6 millones, aunque Gracy Chen, directora ejecutiva de la empresa con sede en Seychelles, precisó luego que el monto ascendió a USD 387,5 millones tras “una contabilidad más completa de las transferencias”.

Chen explicó el mecanismo utilizado por los atacantes: “Comprometieron un sistema crítico de back-end dentro de nuestra infraestructura de billeteras, lo usaron para falsificar datos de transacciones y activaron nuestro proceso de autorización para sacar los fondos”, señaló según Financial Times.

Tras drenar las billeteras, los responsables del ataque convirtieron rápidamente muchos de los tokens sustraídos y los movieron entre distintas redes, entre ellas Ethereum, XRP Ledger y Base. Las monedas afectadas incluyeron ether, XRP y las stablecoins USDC y USDT.

La compañía suspendió de manera temporal los retiros de sus clientes como medida de seguridad. Chen aclaró que la decisión no obedecía a un faltante de fondos: “Los retiros permanecen suspendidos temporalmente como precaución de seguridad, no por ningún faltante en los fondos”, dijo la directiva a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico.

El monto sustraído está cubierto por el “fondo de protección de usuarios” de Bitget, que actualmente supera los USD 464 millones, según precisó la propia Chen. La ejecutiva aseguró que los retiros se reanudarán “una vez que confirmemos que es seguro hacerlo”.

Bitget, fundada en 2018, es la quinta exchange más grande del mundo por volumen de operaciones spot según CoinMarketCap, y afirma contar con más de 120 millones de usuarios. La empresa informó que trabaja junto con las firmas de seguridad Mandiant y SlowMist, además de fuerzas de seguridad y los equipos que administran las blockchains afectadas, algunos de los cuales ya identificaron y congelaron billeteras pertenecientes a los atacantes.

Similitudes con ataques previos atribuidos a Corea del Norte

Según Elliptic, el hackeo mostró similitudes con ataques previos atribuidos a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), tanto en la forma en que se movieron los fondos robados como en el método de lavado utilizado. Parte de los fondos también estarían conectados con direcciones vinculadas a hackeos anteriores, incluido el robo récord de USD 1.500 millones sufrido por la exchange Bybit el año pasado.

“Los indicios iniciales en los patrones de lavado y las superposiciones detectadas en cadena sugieren que el grupo conocido comúnmente como ‘TraderTraitor’ sería el responsable del hackeo a Bitget”, indicó Elliptic en una publicación en su blog el viernes.

Chen coincidió con ese diagnóstico: “Con base en los patrones de comportamiento de IP y el análisis en cadena, el método de ataque en este incidente es altamente consistente con patrones conocidos de organizaciones de piratas informáticos norcoreanas”, afirmó la directiva según Financial Times.

Corea del Norte se ha convertido en una de las mayores fuentes de robo de criptomonedas de la última década. Según Elliptic, piratas informáticos vinculados a la RPDC han sustraído miles de millones de dólares en activos digitales desde 2017, utilizados para generar ingresos para el régimen sancionado internacionalmente. La firma rastreó más de 50 incidentes de seguridad vinculados a Corea del Norte solo este año, por un monto aproximado de USD 1.200 millones en fondos robados. TRM Labs, por su parte, describió operaciones financieras “dirigidas por el Estado que involucran compromisos sofisticados de infraestructura”. Corea del Norte niega habitualmente cualquier participación en hackeos informáticos o robos de criptomonedas.

Una seguidilla de ataques en la industria cripto

El hackeo a Bitget se suma a una serie de brechas importantes registradas en los últimos meses en la industria. A comienzos de septiembre se sustrajeron USD 319 millones en bitcoin de la blockchain Liquid Network, mientras que en abril se robaron USD 292 millones de la infraestructura utilizada por el protocolo KelpDAO.

En febrero de 2025, piratas informáticos norcoreanos habían drenado USD 1.500 millones de Bybit, otra casa de cambio de criptomonedas, en el mayor hackeo individual registrado hasta entonces en el sector. El FBI había señalado en su momento que “se espera que estos activos sean lavados aún más y eventualmente convertidos en moneda fiduciaria”.

Las autoridades han advertido que los delincuentes pueden mover rápidamente criptomonedas robadas a través de fronteras sin recurrir al sistema financiero tradicional. La inteligencia artificial, además, les está dando a los atacantes nuevas herramientas que facilitan la ejecución de este tipo de exploits, mientras las empresas cripto siguen siendo blancos atractivos por la posibilidad de sustraer y mover grandes cantidades de activos digitales en poco tiempo.

El robo de datos personales de tenedores de criptomonedas también se ha convertido en un negocio paralelo para los ciberdelincuentes, que buscan venderlos o cobrar por no hacerlo. La semana pasada, un grupo que aseguraba estar detrás de una filtración de datos en el banco digital Revolut amenazó con vender los registros confidenciales de cientos de clientes a otros grupos criminales, a menos que la compañía británica pagara un rescate de USD 3 millones.

En un contexto en el que las dificultades económicas pueden llevar a buscar alternativas para obtener dinero en poco tiempo, las promesas de rendimientos garantizados y riqueza inmediata requieren cautela. Norberto Giudice advirtió que este tipo de ofertas puede encubrir estafas financieras con criptomonedas y remarcó la importancia de contar con nociones básicas para administrar los recursos.

Durante una entrevista sobre inversiones y criptoactivos, Giudice, conocido en redes como @criptonorber, señaló que la urgencia y la ambición pueden influir en quienes buscan una salida rápida a sus problemas financieros. “Cuando te prometen grandes riquezas en poco tiempo, hacerte millonario en semanas, en general eso es una estafa”, precisó en Infobae en Vivo.

El entrevistado recomendó desconfiar de los atajos para aumentar el patrimonio. “Yo siempre digo que hay que desconfiar del camino corto”, afirmó. Como punto de partida, planteó una regla de administración del dinero: “Primero gastá menos de lo que te ingresa”.

Los esquemas Ponzi

Para Giudice, la búsqueda de retornos acelerados puede alimentarse de la situación económica de quienes no llegan a fin de mes y de expectativas similares a las que generan la lotería o los juegos de azar. “El peor enemigo de las inversiones es la ambición”, sostuvo.

Entre las modalidades que identificó, mencionó los esquemas Ponzi, que ofrecen pagos iniciales a algunos participantes con el fin de captar nuevos aportantes. “Después los creadores se van con la plata de todos”, describió sobre estas pirámides financieras.

También puso el foco en las propuestas que garantizan una renta mensual. “Si alguien te dice: ‘Yo te aseguro que vas a tener 20% por mes’, hay que sospechar”, indicó.

Al referirse al mercado cripto, Giudice distinguió a Bitcoin de otras criptomonedas por su antigüedad y su funcionamiento. “Bitcoin ya demostró lo contrario, porque con la antigüedad que tiene ya está como reserva de valor”.

Sobre el resto de los activos digitales, el entrevistado expresó reparos: “Todas las criptomonedas son estafas hasta que demuestren lo contrario”. En el caso de Bitcoin, mencionó que su código fija un límite de emisión de 21 millones de unidades y que cada cuatro años se produce un halving, un proceso que reduce esa emisión a la mitad.

“Un activo que tiene demanda, que se le reduce la oferta a la mitad, lógicamente sube su precio”, señaló Giudice. Además, explicó que las monedas estables, divisas digitales que mantienen paridad con el dólar, pueden funcionar como una vía de ingreso al mercado cripto.

Por último, advirtió que no recomienda endeudarse para comprar criptomonedas ni otros activos de riesgo. “No le recomendaría a nadie que saque un préstamo para comprar una acción”, afirmó.

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Piratas informáticos vinculados a Corea del Norte robaron más de USD 351 millones del exchange de criptomonedas Bitget durante un ciberataque ocurrido el día 24 de septiembre de 2026, según confirmó la propia empresa. Se trata del mayor robo de activos digitales registrado en lo que va del año.

El ataque comenzó a las 18:31 UTC, cuando los sistemas de seguridad de Bitget detectaron transferencias no autorizadas desde varias de sus billeteras conectadas a internet, conocidas como hot wallets, que la plataforma utiliza para el trading activo. La empresa activó de inmediato protocolos de respuesta de emergencia.

La compañía suspendió los retiros de criptomonedas en toda su red mientras investiga el incidente junto con fuerzas de seguridad y firmas especializadas en análisis forense de blockchain, entre ellas Mandiant y SlowMist. Los depósitos y el trading continúan funcionando con normalidad.

Un exchange de criptomonedas es una plataforma en línea donde los usuarios pueden comprar, vender o intercambiar activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, a cambio de dinero convencional u otras criptomonedas.

Por qué se sospecha que el ataque fue realizado por Corea del norte

La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, dijo en una serie de mensajes en la red social X que el patrón del ataque era “altamente consistente con los patrones conocidos de las organizaciones de hackers norcoreanos”.

La afirmación se basa en el comportamiento de las direcciones IP y el uso de redes privadas virtuales detectado durante la investigación.

Según Chen, los atacantes no lograron robar las claves privadas de las billeteras de la empresa. En cambio, habrían comprometido un sistema interno crítico de la infraestructura de billeteras, lo usaron para falsificar datos de transferencia y activaron el proceso de autorización de firmas para mover los fondos.

La ejecutiva precisó que las billeteras frías, las que permanecen desconectadas de internet, no se vieron afectadas.

Cuáles fueron las consecuencias del robo

Bitget informó que el monto final del incidente asciende a aproximadamente USD 351,6 millones en distintos activos, entre ellos ether, XRP, BNB, avalanche, USDT y USDC, distribuidos en siete cadenas de bloques diferentes: Ethereum, XRP Ledger, Arbitrum, Avalanche, Optimism, BSC y Base.

La empresa aseguró que la totalidad de la pérdida está cubierta por su fondo de protección al usuario, que mantiene más de USD 464 millones equivalentes a 5.500 bitcoins. Chen remarcó que los saldos de las cuentas de los clientes reflejan sus tenencias reales.

El robo a Bitget superó al hackeo de USD 340 millones sufrido por otro exchange a comienzos de septiembre, en el que el atacante terminó devolviendo casi todo lo sustraído y se quedó apenas con USD 47 millones, de acuerdo con lo publicado por TechCrunch.

Un patrón que se repite en el sector cripto

Corea del Norte concentra alrededor de tres cuartas partes del valor total de los robos de criptomonedas registrados en 2026 hasta la fecha, según datos de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.

Los grupos vinculados al régimen norcoreano han sido señalados repetidamente por atacar software de código abierto para comprometer masivamente a sus víctimas, con el objetivo declarado de financiar el programa de armas nucleares del país.

El precedente más citado es el robo de USD 1.500 millones sufrido por el exchange Bybit en febrero de 2025, atribuido por investigadores de blockchain al Grupo Lazarus, una organización de hackers vinculada al Estado norcoreano.

El director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou, ofreció ayuda a Bitget para rastrear los fondos robados, en una muestra de reciprocidad entre plataformas que ya habían colaborado antes, según CNBC.

Chen no precisó una fecha para la reapertura de los retiros en Bitget, aunque adelantó en una transmisión en X que el proceso podría demorar entre horas y días, y que en principio no debería extenderse por semanas.

Paseos a bordo de Lamborghinis, recorridos en yates, compras de joyas y restaurantes forman parte de las publicaciones que la modelo comparte desde Emiratos Árabes Unidos. A esta exposición de su nuevo estilo de vida se suma una importante compra inmobiliaria: según lo mostrado por ‘Magaly TV La Firme’, Reyna adquirió un departamento valorizado en más de S/1 millón, cuya entrega está prevista para 2028.

La modelo asegura que este cambio económico responde a las oportunidades laborales que encontró en el extranjero y, particularmente, a su incursión en actividades relacionadas con el marketing, el trading y las criptomonedas. Sin embargo, la explicación no terminó de convencer a Magaly Medina, quien cuestionó si esas actividades son suficientes para justificar el nivel de gastos que actualmente exhibe la exreina de belleza.

Lesly Reyna cuenta cómo pasó de trabajar en Nueva York a vivir en Dubái

El cambio de vida de Lesly Reyna ha llamado la atención precisamente porque ella misma ha mostrado distintas etapas de su trayectoria. La ex Miss Perú pasó por una época en la que trabajaba como mesera en Nueva York y también generaba contenido digital. Con el tiempo, según su propio relato, comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales.

Ahora, desde Dubái, asegura que encontró un espacio dentro del mundo del trading, además de desarrollar actividades vinculadas al marketing y las criptomonedas.

La peruana no ha ocultado que su situación económica actual es muy diferente a la que tenía años atrás. Por el contrario, utiliza sus plataformas digitales para mostrar algunos de los lujos a los que, según afirma, ahora tiene acceso.

“Gigante el mundo del trading, es un mundo millonario donde hay demasiadas oportunidades. Y la verdad es que me está yendo súper bien, estoy muy contenta”, aseguró.

¿De dónde salen los lujos que muestra Lesly Reyna en Dubái?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ fueron las imágenes que Lesly Reyna comparte desde Dubái. En sus publicaciones aparecen Lamborghinis, yates, joyas y experiencias de lujo, elementos que contrastan con la etapa de su vida en la que trabajaba como mesera.

La ex Miss Perú no negó haber disfrutado de estos lujos. Por el contrario, explicó que ha tenido la oportunidad de conocer algunos de los vehículos y experiencias que forman parte del estilo de vida de la ciudad.

“Sí, he tenido la oportunidad de estar en muchos Lamborghinis, de disfrutar poco a poco los lujos que tiene Dubái. Que no es nada, créeme que lo que yo he mostrado no es nada de la gente que realmente acá, pues, vive su vida de un sueño”, manifestó.

Con esa declaración, Reyna sostuvo que lo que muestra en sus redes sociales representaría apenas una pequeña parte del nivel de lujo que existe en Dubái. La modelo también ha utilizado sus plataformas para hablar de las distintas alternativas que, según su experiencia, pueden ayudar a una persona a acercarse al estilo de vida que desea.

Entre las opciones que menciona aparecen las criptomonedas, emprender un negocio, invertir, crear contenido y aprender nuevas habilidades. “Lo importante es encontrar algo que te acerque a la vida que quieres y, sobre todo, yo creo que te guste”, señaló.

Ex Miss Perú compró departamento de más de S/1 millón en Dubái

El estilo de vida que muestra Lesly Reyna no se limita a experiencias temporales. De acuerdo con el informe presentado por ‘Magaly TV La Firme’, la modelo adquirió un departamento valorizado en más de un millón de soles en Dubái.

El inmueble está ubicado en Jumeirah Village Circle, una zona que, según la información presentada por el programa, se encuentra aproximadamente a 15 minutos de la marina de Dubái y a unos 20 minutos del Burj Khalifa.

La propiedad tiene previsto ser entregada en 2028, por lo que se trata de una adquisición inmobiliaria que se suma a la nueva etapa que la ex Miss Perú asegura estar construyendo en Emiratos Árabes Unidos.

La compra llamó especialmente la atención por el contraste con la historia laboral que Reyna ha contado en otras oportunidades. Su evolución económica es precisamente uno de los puntos que despertaron las preguntas de Magaly Medina durante el informe. A la propiedad se suman otros gastos que quedaron registrados en las imágenes emitidas por el programa. Entre ellos aparecen las compras de joyería de alta gama.

Lesly Reyna presume joyas Cartier y responde a rumores sobre un ‘sugar’

El programa de Magaly Medina también mostró imágenes de Lesly Reyna comprando anillos Cartier valorizados en más de S/12 mil. Según lo presentado en el espacio televisivo, la modelo se considera una clienta frecuente de la exclusiva marca.

Las adquisiciones de lujo alimentaron las interrogantes sobre la verdadera dimensión de sus ingresos. Sin embargo, Reyna también se refirió a una de las especulaciones que suelen acompañar este tipo de historias: la posibilidad de que un hombre adinerado financie su estilo de vida.

La ex Miss Perú negó que exista un ‘sugar’ que se encargue de pagar sus gastos y aseguró que mantiene una dinámica económica compartida con el padre de su hijo. Según explicó, ambos manejan sus responsabilidades bajo una modalidad que describió como “50-50”.

Reyna también relató una curiosa situación que vivió en Dubái y que utilizó para cuestionar la idea de que una mujer deba buscar a un hombre millonario como una forma de asegurar su futuro.

“Yo no entiendo cómo hay mujeres que pueden decir que su mayor logro en la vida es ser la novia de un millonario. Chicas, estudien, no vayan a buscar que alguien venga a solucionar la vida, tú solita lo puedes solucionar y es lo que yo estoy haciendo”, afirmó.

Magaly Medina cuestiona cómo Lesly Reyna sostiene su nuevo estilo de vida

Las explicaciones de la modelo fueron presentadas en ‘Magaly TV La Firme’, pero Magaly Medina cuestionó que los ingresos provenientes de actividades como asesorías o marketing fueran suficientes, en su interpretación, para explicar el nivel de gastos que Reyna muestra actualmente.

La conductora puso el foco en la diferencia entre la explicación ofrecida por la ex Miss Perú y las imágenes de su actual estilo de vida. La duda planteada por el programa apunta a si las actividades mencionadas por Reyna representan la totalidad de sus fuentes de ingresos.

Lesly Reyna quiere regresar a Perú para participar en ‘Combate’

Las dudas de Magaly Medina aumentaron cuando el programa reveló otro detalle relacionado con los planes de Lesly Reyna. La ex Miss Perú contó que se comunicó con la producción de ‘Combate’ porque le gustaría participar durante una próxima visita a Perú. Según explicó, tiene previsto viajar al país en diciembre y permanecer algunas semanas, por lo que habría considerado la posibilidad de volver temporalmente a la televisión.

“Le escribí porque la verdad es que yo voy a ir en diciembre a Perú y yo dije, ay, me encantaría al menos que voy a quedar unas semanas por ahí y hacer un poquito de show en Perú”, explicó.

La conductora utilizó el comentario para ironizar sobre la situación y cuestionó que una persona que asegura estar encaminada hacia una vida millonaria en Dubái busque regresar a Perú para participar en un programa de competencia.

“¿Cómo vas a decir que estás camino a ser millonaria allá en Dubái? (...) Y de pronto ahora me dice que quiere venir a ser combatiente. O sea, no entendí nada”, comentó la ‘Urraca’.

Los activos digitales recuperaron USD 3 billones de valor de mercado por primera vez desde enero, impulsados por el repunte de Bitcoin y por una acumulación de apuestas apalancadas que puede acelerar tanto las subas como las caídas. El avance se produjo después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara el mes pasado un aumento en la recompra de bonos a largo plazo.

El mercado incorporó más de USD 740 mil millones desde ese anuncio, de acuerdo con CoinGecko. A la vez, el interés abierto en futuros perpetuos de distintos tokens rozó los USD 160 mil millones, su mayor nivel desde finales de octubre del año pasado, según Coinglass.

El riesgo del apalancamiento

Los futuros perpetuos son contratos sin una fecha fija de vencimiento y constituyen el mayor segmento del comercio de criptomonedas por volumen. El interés abierto, que mide la cantidad de contratos aún vigentes, funciona como una señal del posicionamiento especulativo y del nivel de exposición apalancada de los operadores.

El lunes, la suba de las cotizaciones obligó a liquidar más de USD 920 millones en posiciones bajistas. Cuando un operador que apostó por una caída debe recomprar el activo para cerrar una operación perdedora, esa compra puede añadir presión alcista al precio.

Nuevas apuestas tras el cierre de posiciones bajistas

El comportamiento del mercado no se limitó al cierre de ventas en corto. El interés abierto continuó en alza incluso después de las liquidaciones, una señal de que ingresaron nuevas posiciones apalancadas mientras los bajistas abandonaban sus contratos.

Rachael Lucas, analista de BTC Markets, advirtió a Bloomberg que una suba abrupta suele reducir el interés abierto porque elimina posiciones del mercado. “Esta vez no fue así, lo que significa que las posiciones se están reponiendo de inmediato. Los operadores están aprovechando esta situación, en lugar de reducir el riesgo. Por eso, el próximo 5% en cualquier dirección será más rápido de lo que se espera”.

El Bitcoin retrocedió el martes hasta USD 85.100, después de haber avanzado casi 8% durante la sesión estadounidense hasta USD 87.381, su valor más alto desde enero. La combinación de un precio ascendente, liquidaciones de cortos y mayor interés abierto eleva la posibilidad de movimientos abruptos en cualquiera de los dos sentidos.

Caleb Lin, operador sénior de ventas de QCP Group, planteó que el principal riesgo aparece cuando el apalancamiento crece más rápido que el mercado al contado, es decir, el espacio donde se compran y venden los activos para entrega inmediata. “Un aumento en el interés abierto de perpetuidad es positivo cuando el precio al contado también lo acompaña. Cuando aumenta más rápido, el mercado se vuelve reactivo: una leve reversión desencadena liquidaciones de posiciones largas, lo que hace que los precios bajen y fuerza un mayor desapalancamiento”, declaró a Bloomberg.

Lin sostuvo que el mismo mecanismo contribuyó a la escalada por encima de USD 83.000, cuando los vendedores en corto se vieron obligados a cerrar sus operaciones. “El apalancamiento alcista que se acumula contra un punto débil crea las mismas condiciones a la inversa”.

El regreso de los flujos hacia los ETF de Bitcoin

El movimiento de precios coincidió con una renovada entrada de capital institucional en Bitcoin y en algunos tokens de menor tamaño. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado de Estados Unidos captaron USD 999 millones el lunes, el mayor flujo neto diario desde el 6 de octubre de 2025, fecha en la que el activo superó USD 126.000 y alcanzó su máximo histórico.

Los ETF habían sufrido fuertes salidas de capital al inicio de la semana anterior, pero volvieron a registrar ingresos el jueves y el viernes. En esas dos jornadas atrajeron USD 593 millones.

Las criptomonedas alternativas también participaron de la recuperación. Zcash, un activo orientado a la privacidad, registró un fuerte ascenso, mientras que HYPE, el token nativo de la cadena de bloques Hyperliquid, alcanzó un máximo histórico.

Pese al avance, Lucas cuestionó que el movimiento pueda sostenerse solo con la dinámica de liquidaciones. “Las subidas repentinas provocan un aumento del precio, no generan inversores a largo plazo”, afirmó. La analista indicó que seguirá la evolución de la demanda al contado durante la próxima semana para determinar si puede compensar las compras forzadas de quienes cerraron posiciones bajistas.

A más de un mes de ser requerido formalmente, Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, presentó su justificación patrimonial y fundamentó el grueso de su fortuna en USD 591.544,61 que generó invirtiendo en Bitcoin, según la versión que ofreció su defensa en los tribunales federales de Comodoro Py. Las criptomonedas pasaron por billeteras virtuales a las que tendría acceso, aunque no están a su nombre.

Luego de mantener casi intactos esos supuestos ahorros por más de cinco años y medio, el exfuncionario brindó una explicación detallada de cómo gastó ese medio millón de dólares desde que llegó al poder en diciembre de 2023 en propiedades, vehículos y viajes, entre otros ítems.

Para fines de 2025 le quedó un resto de USD 209.961,52, de acuerdo al escrito presentado por su abogado. El documento, al que accedió Infobae, cuenta con 78 páginas y tres anexos.

El fiscal Gerardo Pollicita detectó una diferencia de $43.068.549 en moneda nacional y un flujo de USD 402.578,12 sin correlato directo con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar. A partir de la respuesta que dio el exfuncionario libertario este lunes, el acusador está en condiciones de pedir su declaración indagatoria, si entiende que aún persisten las sospechas de enriquecimiento ilícito.

La ruta de las cripto

El pilar central de la justificación de Adorni consistió en la revelación de una fortuna en criptoactivos construida, según alegó, mucho antes de su ingreso a la función pública. Además, el exvocero y su esposa, Bettina Angeletti, admitieron haber acumulado ahorros en negro mediante el ejercicio de sus profesiones como contador y licenciada en administración, respectivamente.

“Al contraer matrimonio unificaron sus ahorros personales, entre los que se encontraba parte del dinero que, junto a su hermano, había recibido tras el fallecimiento de su padre en el año 2002, y que fue ese ahorro conjunto, sostenido durante más de una década de actividad profesional privada, el que les permitió reunir, hacia 2014 y, principalmente, hacia 2017, el capital destinado a la adquisición de Bitcoin”, argumentó el abogado de Adorni, Matías Ledesma, en el escrito de 78 páginas presentado este lunes.

Mantuvieron sus ahorros “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, para “sostener una capacidad de ahorro sensiblemente mayor” a la que hubiesen tenido si pagaban impuestos.

La defensa detalló además que toda la operatoria cripto se realizó de manera informal debido a la falta de plataformas reguladas en el país durante aquellos años.

Adorni dijo que compraba bitcoin en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, siempre de acuerdo a la versión que plasmó su defensa en la justificación patrimonial.

El grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas, lo que representó más del 99% del capital total invertido. Antes de dar ese salto financiero, en 2014 habrían probado con los primeros USD 1.897,20.

Con la fuerte revalorización del activo a fines de 2017, el exfuncionario decidió desarmar sus posiciones para “garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos”, expuso su defensa. Casi no tocó esas ganancias hasta diciembre de 2023. “Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó la defensa.

La liquidación se concretó bajo la misma modalidad: reuniones físicas donde Adorni transfirió los Bitcoin y recibió dólares en efectivo, siempre en negro. El escrito identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que registraron actividad exclusivamente entre 2014 y 2018, las cuales quedaron totalmente vacías tras las operaciones. El total obtenido por estas ventas ascendió a USD 591.544,61.

Este capital en efectivo, siguió la defensa del ex ministro coordinador, nunca pasó por un banco y siempre se resguardó en el domicilio del matrimonio.

Para intentar demostrar que son suyas las billeteras virtuales por las que pasó el dinero —que en rigor no tienen datos del titular—, Adorni certificó ante un escribano que tiene las contraseñas (claves privadas) necesarias para operar esas cuentas. Verificar esto será uno de los puntos clave para lo que viene en la investigación.

Sucede que las cuentas informadas son las denominadas “billeteras de autocustodia”, un tipo de cartera que no pertenece a plataformas o exchanges centralizados y regulados. Por ende, no cuentan con datos de titularidad, registro de identidad ni un nombre y apellido asociado.

Para la defensa, la sola posesión de las claves privadas “acredita fehacientemente la titularidad” de las billeteras virtuales. Restará saber si el fiscal y el juez comparten el mismo criterio.

“El señor Adorni me entregó las claves privadas de cada una de estas en un sobre cerrado y lacrado que solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, propuso en esa línea el abogado Ledesma.

Con ese medio millón de dólares, que recién habrían empezado a gastar cuando Adorni llegó al poder, costearon sus viajes, las adquisiciones inmobiliarias y las lujosas compras y refacciones que llamaron la atención de los investigadores. Entre estos gastos se encontraron la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, su posterior remodelación y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito.

Deudas que “desaparecieron”

Otro de los puntos críticos del requerimiento fiscal apuntó a la cancelación de pasivos financieros. La fiscalía intimó a Adorni a explicar el destino y la forma de pago de dos deudas informadas por el propio Adorni en su declaración jurada de 2023: una personal por $6.429.000 y otra de su cónyuge por $3.903.000, ambas contraídas con el Banco de Galicia, que dejaron de figurar en los ejercicios siguientes.

Los investigadores sospechan que esos pasivos se pagaron, y por ende integran la lista de “gastos” de la familia.

La respuesta de la defensa ante este requerimiento resultó llamativa. El escrito sostuvo que tales deudas eran “inexistentes” y que nunca se declararon ante el organismo recaudador en las presentaciones impositivas ordinarias. El abogado defensor atribuyó la inclusión de estos pasivos millonarios en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción a un mero “error material” de carga.

Para subsanar esta y otras inconsistencias, Adorni presentó una serie de declaraciones rectificativas el 10 de junio de 2026. La defensa argumentó que la rectificación es un derecho amparado por la Ley de Procedimiento Tributario, la cual exime de sanciones a quienes regularicen su situación de manera espontánea antes de recibir una notificación formal de inspección.

Bajo esta premisa, el descargo rechazó cualquier acusación de “omisión maliciosa”, señalando que el exfuncionario corrigió los datos por iniciativa propia y abonó los impuestos correspondientes antes de ser notificado del requerimiento judicial, aunque lo hizo cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya estaba avanzada.

El fiscal Pollicita también exigió acreditar la existencia, la entrega efectiva de los fondos y la evolución de los contratos de mutuo celebrados con dos familiares directas: Silvia Pais (madre de Adorni) y Norma Zuccolo. Estos préstamos privados fueron utilizados por el exfuncionario como fuentes de financiamiento en sus declaraciones patrimoniales.

La defensa admitió que no existen documentos escritos, transferencias bancarias ni registros de fecha cierta que prueben la entrega del dinero. El descargo argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación no impone formalidades solemnes para la validez de los contratos de mutuo entre particulares.

Adorni alegó que se trató de un préstamo “entre madre e hijo”, vínculo en el que “la ausencia de formalidades documentales adicionales no es indicio de irregularidad sino la práctica habitual entre familiares directos”.

Como único elemento de prueba, la defensa remitió a las propias declaraciones juradas impositivas de Adorni, donde se asentaron dichos pasivos.

Ahora la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete desarrolló a lo largo de 78 páginas -además de tres anexos- quedará bajo estudio del fiscal Gerardo Pollicita, quien debe evaluarla antes de decidir si pide al juez Ariel Lijo la indagatoria del exfuncionario.

El bitcoin sube hoy más de 6% a un máximo de ocho meses (al mediodía en Buenos Aires), ya que una mejora general del apetito por el riesgo ayudó a prolongar un repunte que comenzó la semana pasada.

La criptomoneda original avanzó hasta 6,29% y alcanzó los USD 85.900.

El repunte se produce junto con avances de las acciones y los bonos, ya que la caída de los precios del petróleo y el optimismo antes de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, de China, están impulsando a los mercados en general. Otros activos digitales también repuntaron. Ether, el segundo token más grande, subió más de 4,3% a USD 2.747, mientras que otras criptomonedas, como XRP, Solana y Monero, también registraron avances.

“Los mercados financieros han recuperado el apetito por el riesgo después de estar dominados por la preocupación por los rendimientos de los bonos gubernamentales, los niveles de deuda y la posibilidad de un regreso a una política más restrictiva en el banco central más poderoso del mundo”, dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma de inversión y negociación IG.

Las ganancias del bitcoin amplían una recuperación que comenzó a fines de la semana pasada, cuando el mercado cripto asimiló el fracaso de un histórico proyecto de ley sobre criptomonedas en EE.UU. y el primer aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en más de tres años. La aprobación el jueves por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para que versiones digitales de valores comiencen a negociarse en EE.UU. ayudó a mejorar el ánimo.

“La capitalización del mercado cripto ha aumentado a US$2,8 billones, su nivel más alto desde fines de enero de este año”, dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro. “Aunque al repunte del viernes le siguió una mayor presión vendedora, los compradores han vuelto a dominar el mercado de criptomonedas desde el domingo”, destacó.

El interés abierto de bitcoin en la plataforma de negociación de opciones Deribit estaba fuertemente dominado por opciones de compra, lo que señalaba un sentimiento alcista. La plataforma mostraba más de 272.000 contratos por el derecho a comprar el token, frente a más de 154.000 opciones de venta, o el derecho a vender.

“El mercado de opciones de bitcoin está posicionado para capturar el potencial alcista”, dijo Pratik Kala, gestor de cartera del fondo de cobertura de activos digitales Apollo Crypto. “La gente está pasando de protegerse contra las caídas a querer aprovechar el potencial alcista”, dijo el especialista.

Sin embargo, los operadores no están convencidos de que el impulso pueda mantenerse debido a los difíciles obstáculos macroeconómicos, con el petróleo todavía por encima de USD 100 por barril y los rendimientos de los Treasuries de EEUU elevados.

El bitcoin se mantiene muy por debajo de su máximo de 2026, de más de USD 97.000 a mediados de enero, y aún más lejos de su récord de octubre. El entusiasmo de los inversionistas minoristas también ha resultado difícil de reavivar, ya que las acciones de inteligencia artificial y otras operaciones vinculadas a la IA compiten por el mismo capital especulativo.

“Para esta semana no hay grandes catalizadores que vigilar como tales, pero cualquier comentario restrictivo o moderado de miembros de la Fed podría afectar al mercado”, dijo Jeff Mei, director de operaciones de BTSE.

Con información de Bloomberg

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este domingo a Sandra Muñoz, de nacionalidad chilena, investigada por su presunta responsabilidad en una estafa piramidal que afectó a más de 1500 chilenos y logró ganancias por unos $1.000 millones (más de USD 1 millón).

La mujer fue apresada en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba embarcarse rumbo al Perú y según antecedentes policiales, sería una de las cabecillas de la plataforma “Sunflower Technologies”, la que operó entre 2023 y 2025 captando inversionistas a los que se les ofrecía una rentabilidad mensual de hasta el 12%.

La empresa mantenían oficinas en la comuna capitalina de Las Condes y realizaba masivas capacitaciones en hoteles de regiones para captar clientes. El dinero ingresado simulaba “hacer crecer un árbol” en una app, pero en realidad los fondos eran convertidos en criptomonedas y luego desviados.

A inicios de julio de 2025, los jefes —presuntamente un grupo de empresarios de origen asiático- vaciaron los fondos, eliminaron los canales de soporte digitales, abandonaron el país y aún permanecen prófugos. La investigación liderada por el Ministerio Público continúa vigente para dar con su paradero internacional.

Tras destaparse el engaño, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclaró que la firma nunca estuvo regulada ni autorizada para operar en Chile.

Su rol en el esquema

De acuerdo a la inspectora de la Bridec Metropolitana, Llubixza Lizana, la detención de Muñoz se logró tras una instrucción verbal emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud a la participación directa que tiene la imputada en los hechos, lo cual dice relación con inversiones que hicieron diversas víctimas en la plataforma Sunflower Technology durante los años 2023 a 2025”.

La detective explicó que Muñoz “era quien reclutaba a las personas, las capacitaba y además tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal”.

“Cuando las víctimas invertían en esta plataforma se les indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%”, agregó Lizana.

“Este dinero se transaba en criptomonedas, siendo la forma de fuga del mismo”, complementó al uniformada.

De acuerdo a antecedentes de la causa, también existen otras querellas en contra de Jaime Mena -exgerente general de la empresa en Chile-, y Zhiqiang Yang, su representante legal.

Ciberdelincuentes usan falsos agentes de inteligencia artificial (IA) para inducir a los usuarios a instalar malware que reemplazan extensiones legítimas de monederos de criptomonedas y roban sus contraseñas.

La maniobra fue detectada entre abril y junio por HP, en un escenario donde la inteligencia artificial agéntica, sistemas capaces de ejecutar tareas en nombre del usuario, se convirtió en un nuevo señuelo para fraudes financieros.

La actividad forma parte del Threat Insights Report de HP, que analizó millones de dispositivos protegidos con HP Wolf Security para identificar campañas recientes y los métodos empleados para evadir sistemas de detección.

Cómo opera este ciberataque que roba criptomonedas

El ataque se presenta como una alternativa a los asesores financieros tradicionales: los ciberdelincuentes prometen una herramienta que supervisa carteras de criptomonedas y opera de forma automática.

El sitio tradingclaw se hacía pasar por un asistente de IA para negociar activos digitales, pero distribuía una familia de software malicioso llamada Needle Stealer. Una vez instalado, el programa examina los navegadores en busca de extensiones de monederos, entre ellas Coinbase y MetaMask.

Cuando el programa las encuentra, las sustituye por copias visualmente similares; al ingresar sus datos para iniciar sesión, las víctimas entregan sus credenciales a los atacantes, que pueden acceder a sus fondos.

Patrick Schläpfer, investigador principal de HP Security Lab, advirtió que los atacantes “están aprovechando la adopción de herramientas de IA agéntica para desarrollar nuevos señuelos que engañan a los usuarios y les llevan a descargar software malicioso que parece legítimo”. A su juicio, esa estrategia vuelve la distribución de estos programas “más sofisticada y difícil de detectar”.

Qué otros ciberataques fueron identificados

La segunda campaña detectada combina Phantom Gate, un cargador de software malicioso, con Phantom Stealer, una herramienta destinada al robo de información, incluidas credenciales y datos financieros.

Phantom Stealer se comercializa como un programa legítimo para realizar pruebas de penetración, mientras que Phantom Gate permite a los delincuentes desplegar y ampliar las campañas de infección.

Schläpfer sostuvo que estas herramientas reflejan “la expansión del panorama de amenazas” porque permiten construir “cadenas de infección peligrosas”. El resultado es un aumento del riesgo de que las organizaciones queden comprometidas.

La tercera modalidad recurre al phishing, un engaño que suplanta páginas o servicios para obtener datos personales, mediante códigos QR. Las víctimas reciben archivos PDF con el contenido borroso bajo el argumento de que fue ocultado “por motivos de seguridad”, y se les pide escanear el código con el teléfono para acceder a la información.

El código redirige al usuario a una página fraudulenta desde el dispositivo. Esas direcciones habrían sido bloqueadas al abrirse desde una computadora, pero funcionan en los teléfonos, que cuentan con niveles de protección más bajos y exponen las credenciales de acceso.

Cómo fue posible detectar diferentes ciberataques

HP Wolf Security puede observar estos ataques porque ejecuta programas sospechosos dentro de contenedores protegidos. Ese aislamiento permite conocer el comportamiento de los delincuentes sin que el dispositivo quede afectado.

Los usuarios protegidos por ese servicio abrieron 60.000 millones de archivos adjuntos de correo, páginas web y archivos descargados sin que se registraran brechas de seguridad.

Los datos mostraron que al menos el 10% de las amenazas detectadas por correo mediante HP Sure Click logró esquivar uno o más escáneres de las pasarelas de correo.

Asimismo, los archivos ejecutables fueron el mecanismo de distribución más frecuente y aparecieron en el 40% de los casos. Los archivos comprimidos representaron el 38%, mientras que los PDF alcanzaron el 7,5%.

James Wright, director global de Seguridad de Sistemas Personales de HP, señaló que los usuarios “se mueven constantemente entre dispositivos y aplicaciones” a través de navegadores y herramientas de IA, y que los delincuentes actualizan sus tácticas con rapidez para seguirlos.

Por eso, pidió que las organizaciones adopten un modelo de confianza cero, basado en el aislamiento y la contención de clics y descargas que no sean confiables.

Científicos lograron reconstruir en formato digital el cerebro y el sistema nervioso central completo de una mosca de la fruta adulta y, poco después, desarrolladores comenzaron a utilizar este modelo para realizar experimentos que van desde jugar al clásico videojuego Doom hasta tomar decisiones sobre operaciones con criptomonedas.

El mapa digital, denominado MaleCNS v1.0, reúne más de 166.000 neuronas, alrededor de 125 millones de conexiones entre ellas y cerca de 11.700 tipos de células. El trabajo fue realizado por investigadores de Google Research, el HHMI Janelia Research Campus, Harvard y Princeton, y representa un avance importante para estudiar cómo una red neuronal biológica procesa información.

La reconstrucción no se limita al cerebro. También incluye el cordón nervioso de la mosca, una estructura comparable en algunos aspectos con la médula espinal humana. Esto permite analizar cómo la información puede recorrer el sistema nervioso desde la percepción de estímulos hasta la generación de respuestas motoras.

Un cerebro digital que aprendió a jugar Doom

Tras la publicación de MaleCNS v1.0, desarrolladores comenzaron a utilizar el conectoma en diferentes simulaciones. Una de las más llamativas fue desarrollada por el ingeniero Alex Wormuth, quien conectó el modelo digital con Doom, el conocido videojuego de disparos.

En la simulación, cada imagen del videojuego se transforma en señales que estimulan las neuronas sensoriales del cerebro virtual. El sistema procesa miles de señales de brillo y color que activan millones de conexiones neuronales para generar decisiones de control dentro del juego.

El experimento también incorpora un mecanismo similar al aprendizaje por refuerzo. Cuando el personaje recibe un daño que no provoca su muerte, determinadas células dopaminérgicas actúan como una señal de recompensa o refuerzo dentro de la simulación.

Otros desarrolladores han utilizado el mismo modelo en experimentos relacionados con videojuegos como Super Mario 64 y Beat Saber.

También lo utilizaron para operar con criptomonedas

El conectoma digital también salió del terreno de los videojuegos. Wormuth creó el proyecto Stonkfly, que utiliza el cerebro simulado de la mosca para analizar gráficos financieros y tomar decisiones en operaciones con criptomonedas.

La simulación incorpora señales que funcionan como recompensas y castigos. Cuando la cartera virtual obtiene ganancias, se activa una señal asociada a 15 células neuronales. Las pérdidas, en cambio, activan dos células relacionadas con respuestas aversivas.

El modelo también ha sido utilizado en otros experimentos realizados por desarrolladores, como la clasificación de correos electrónicos, la resolución de salas de escape y la creación de tipografías.

En una prueba de clasificación de mensajes, el cerebro digital alcanzó alrededor del 80 % de la precisión obtenida por una pequeña red neuronal artificial convencional. El resultado muestra que una red biológica reconstruida puede utilizarse para procesar determinados patrones, aunque eso no significa que pueda competir con los sistemas de IA diseñados específicamente para esas tareas.

Cómo reconstruyeron el cerebro de la mosca

Para crear MaleCNS v1.0, los investigadores tuvieron que dividir el sistema nervioso de la mosca en miles de secciones extremadamente delgadas. Cada una fue fotografiada mediante microscopía electrónica, generando millones de imágenes.

Posteriormente, herramientas de inteligencia artificial permitieron alinear y ensamblar esas imágenes para reconstruir una representación tridimensional del sistema nervioso con precisión celular.

El resultado funciona como un enorme mapa de conexiones conocido como conectoma. Este permite conocer qué neuronas están conectadas entre sí y estudiar la estructura de la red, pero no equivale a tener un cerebro biológico vivo funcionando dentro de un ordenador.

El cerebro digital tiene importantes límites

Los experimentos no significan que los científicos hayan creado una mosca digital consciente. MaleCNS v1.0 es fundamentalmente un mapa estático de conexiones y necesita simulaciones adicionales para producir comportamientos.

Además, el sistema fue diseñado por la evolución para las necesidades de una mosca, por lo que sus capacidades disminuyen cuando se le asignan tareas alejadas de las funciones para las que evolucionó.

Los investigadores y desarrolladores también han encontrado que ejecutar este modelo puede ser más lento y menos preciso que utilizar redes neuronales artificiales creadas específicamente para cada objetivo.

Por ahora, el principal valor del proyecto está en permitir estudiar cómo una red neuronal biológica completa puede transformar estímulos en respuestas. Los experimentos con videojuegos y criptomonedas son una demostración llamativa de esa posibilidad, pero todavía están lejos de demostrar que una simulación de un cerebro biológico pueda reproducir la experiencia subjetiva de un animal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra BitBank, un exchange de criptomonedas iraní controlado por el financista Babak Zanjani, al que acusa de procesar los pagos que reciben los buques a cambio de garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sostiene que la plataforma canalizó cientos de millones de dólares (USD) en bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen iraní.

Según el comunicado del Tesoro, BitBank operó entre junio y julio como el mecanismo de cobro de la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, la entidad que Irán presenta como un seguro marítimo para barcos que transitan el estrecho, pero que Washington describe como un esquema de extorsión disfrazado. El organismo calificó al exchange como “una pieza central en la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales” del régimen.

La medida se inscribe en la “Operación Proscrito Económico” (Operation Economic Outcast), la estrategia con la que el Tesoro busca aislar financieramente a Irán y desarticular sus redes comerciales, logísticas y de transporte. Desde su lanzamiento, el programa ha apuntado contra el comercio ilícito de petróleo iraní, casas de cambio, compañías navieras y empresas fachada repartidas por varios países.

Junto a BitBank, Washington sancionó también a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa que desarrolló el software del exchange, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado que las nuevas sanciones dejan en claro que “los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance” de la OFAC.

Zanjani, de 50 años, es una de las figuras más señaladas de las redes de evasión de sanciones iraníes. Fue condenado a muerte en 2016 por un tribunal revolucionario, acusado de apropiarse de unos USD 2.800 millones que debía repatriar al Estado por la venta de petróleo durante el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. La Justicia iraní conmutó la pena en abril de 2024 por 20 años de prisión, después de que Zanjani devolviera cerca de USD 2.100 millones en activos. Poco después recuperó la libertad condicional y, en 2025, reapareció como respaldo de proyectos económicos vinculados al Gobierno, a través de un nuevo holding llamado Avan.

El caso de BitBank se suma a una escalada de sanciones previas contra el entramado financiero de Zanjani. En enero, el Tesoro ya había señalado a sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, por lavar dinero para el CGRI. En julio, la lista se amplió a otras nueve firmas vinculadas al financista, entre ellas el conglomerado iraní Dot One y sociedades registradas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, además de varios de sus directivos.

Para entender el trasfondo de la sanción es necesario remontarse a la crisis del estrecho de Ormuz, que se desató el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra instalaciones iraníes. Irán respondió minando la vía marítima y atacando embarcaciones, lo que redujo en más de un 90% el tránsito diario de buques por un corredor que hasta entonces canalizaba una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. En marzo, el régimen declaró el estrecho bajo su control y exigió el pago de “seguros” para autorizar el paso, una exigencia que la OFAC advirtió en mayo que exponía a sanciones a cualquier persona o empresa que la cumpliera, sin importar el método de pago utilizado.

De ese esquema surgió Hormuz Safe, promovido en redes sociales por el propio Zanjani, según indicó el Tesoro en un comunicado de julio. La entidad, desarrollada por el Ministerio de Economía iraní, ofrece servicios de seguro, control de tráfico y respuesta de emergencia a los buques, y acepta pagos en bitcoins y otros activos digitales como vía para sortear el sistema financiero occidental. Washington sostiene que ese circuito de criptomonedas permitió al régimen mantener el control sobre el tráfico marítimo del Golfo Pérsico mientras generaba ingresos adicionales para el CGRI, organización designada como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

El uso de exchanges locales para eludir sanciones no es un fenómeno aislado en Irán. Una investigación de Reuters publicada en mayo reveló que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas del país, con unos 11 millones de usuarios y hasta USD 11.000 millones en transacciones procesadas, canalizó fondos que firmas de análisis de blockchain vincularon con entidades sancionadas, incluidos el CGRI y el banco central iraní.

La nueva ronda de sanciones no incluye, hasta ahora, medidas contra los operadores de blockchain que procesaron las transacciones de BitBank ni contra las billeteras digitales identificadas en la investigación, un vacío que analistas señalan como el próximo frente previsible de la ofensiva del Tesoro contra las finanzas digitales del régimen.

La Binance Card física comenzó a estar disponible en Argentina para permitir pagos con criptomonedas convertidas automáticamente a pesos en el momento de cada compra. La empresa informó que el lanzamiento busca ampliar el uso cotidiano de activos digitales más allá de la inversión.

La tarjeta internacional es prepaga y se vincula con la billetera digital del usuario dentro de la aplicación de Binance. Puede utilizarse en comercios físicos, tiendas online y billeteras móviles que acepten pagos con tarjeta.

Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC, una moneda estable vinculada al dólar. El beneficio tiene un límite de 100 USDC por mes y se acredita directamente en la billetera digital del cliente.

La Binance Card local es emitida por Pomelo Fintech Services.

Pagos con activos digitales y conversión inmediata

Los usuarios pueden cargar la tarjeta con Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT y otras monedas estables. Al efectuar una compra, el sistema convierte los activos digitales en moneda fiduciaria, es decir, dinero de curso legal, directamente en el punto de venta.

Binance señaló que esa operación no requiere transferencias manuales ni implica comisiones adicionales por conversión. La tarjeta también puede incorporarse a Apple Pay y Google Pay para realizar pagos sin contacto.

El producto no tiene costo de emisión ni mantenimiento, y puede solicitarse desde la aplicación o el sitio web de la compañía. El envío también es gratuito para los residentes argentinos que completen la verificación de identidad.

La empresa afirmó que la tarjeta puede usarse durante viajes sin la necesidad de pedir una habilitación previa a una entidad bancaria, ya que opera con el saldo de dólares digitales disponible en la cuenta. Según Binance, los pagos internacionales realizados con esos activos no están alcanzados por la percepción de 30% aplicada a las tarjetas tradicionales, incluidos los gastos en suscripciones de plataformas internacionales de películas y series, servicios de inteligencia artificial y otras compras en moneda extranjera.

Una cuenta para operar, transferir y pagar

La plataforma reúne en una misma cuenta la operatoria con criptomonedas, el envío y la recepción de pagos mediante Binance Pay y el uso de la tarjeta. Desde la aplicación, los usuarios pueden recibir alertas en tiempo real, bloquear el plástico y controlar sus gastos.

El gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur, Matías Alberti, sostuvo que el país combina una adopción cripto que excede la inversión con usos para pagos, transferencias y búsqueda de rendimientos. “Con la tarjeta física, estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de expandir los instrumentos financieros cripto para que los usuarios puedan usar sus activos digitales en su vida cotidiana: pagar el supermercado, cargar combustible o comprar online, todo directamente desde la app de Binance”, afirmó.

Alberti añadió: “La idea es simple: que la cripto deje de ser solo para invertir y pase a ser también para vivir en nuestro día a día”.

El Metro de Medellín confirmó un acceso no autorizado a su cuenta oficial en X durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre de 2026, desde la que se difundió contenido sobre criptomonedas ajeno al sistema de transporte masivo ferroviario.

“Gracias a quienes se han preocupado por nuestra cuenta en la red social X. Efectivamente, en la madrugada de hoy fuimos víctimas de un ingreso temporal no autorizado a nuestro perfil que generó la publicación masiva de un anuncio sobre temas ajenos al Metro de Medellín, relacionados con criptomonedas”, expuso.

La intrusión provocó la publicación de un anuncio extraño para los seguidores. Las áreas de seguridad de la información activaron los protocolos, detuvieron sus efectos y recuperaron el control total del perfil. El incidente quedó limitado a la cuenta de X y no comprometió otros sistemas operativos o de información.

La empresa pidió precaución a quienes interactuaron con los contenidos fraudulentos, advirtiendo a quienes abrieron algún enlace no proporcionar información personal ni financiera para evitar posibles estafas o intentos de phishing.

“Luego de aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, nuestras áreas expertas en seguridad de la información detuvieron los impactos de esta intromisión que solo afectó nuestra cuenta de X. En caso de haber realizado clic en algún enlace publicado durante este incidente, te sugerimos no proporcionar información personal ni financiera”, señaló.

Metro de Medellín respondió a denuncia de ciudadano que no pudo entrar con su mascota

El Metro de Medellín restringió el ingreso de un ciudadano antioqueño con su mascota, hecho que se registró el 24 de junio de 2026, porque se encontraba fuera del horario autorizado para transportar animales, pese a que había pagado el pasaje y llevaba al perro en un guacal.

La empresa sostuvo que sus operadores aplicaron el reglamento vigente y negó haber exigido la presencia de la dueña del canino, que había fallecido tras un tratamiento oncológico.

“El ingreso de mascotas a la red Metro está regulado por unas condiciones y horarios definidos en nuestro reglamento de usuario, según los parámetros de la resolución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, indicó. Y agregó que esas disposiciones buscan proteger la seguridad operativa, la convivencia y el bienestar de pasajeros y animales.

La denuncia se difundió en redes sociales con un video en el que el usuario cuestionó su retiro de las instalaciones, argumentando que contaba con los certificados de la mascota y la constancia de su esquema de vacunación completo.

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, escribió el ciudadano en su cuenta de Instagram.

Conforme a su queja, los funcionarios le explicaron que pretendía entrar al sistema fuera de las franjas reglamentadas para el traslado de animales. La situación generó cuestionamientos en redes sociales sobre las políticas y los horarios establecidos para las mascotas en la red de transporte masivo.

Voceros de la empresa desmintieron que los trabajadores hubieran pedido que acudiera la propietaria fallecida. Sí confirmaron, tras revisar lo ocurrido con el personal presente en la estación, que el ingreso fue rechazado porque no correspondía al horario permitido.

La revisión interna concluyó que la actuación de los operadores estuvo “acorde con lo establecido”. El Metro de Medellín reconoció que el ciudadano atravesaba una situación personal difícil, pero señaló que debe aplicar las mismas reglas para todos los usuarios a fin de garantizar un trato equitativo.

La empresa afirmó que analiza alternativas junto con la autoridad de transporte para flexibilizar las condiciones de acceso de mascotas. El estudio lleva varios meses y busca responder al aumento de usuarios que realizan sus recorridos acompañados por animales, sin alterar la seguridad del sistema ni de quienes lo utilizan.

El Senado de Estados Unidos frenó el avance de la Ley de Claridad, un proyecto que buscaba establecer un marco federal integral para las criptomonedas. La iniciativa no logró obtener respaldo demócrata debido a preocupaciones sobre la solidez de sus salvaguardas éticas, especialmente en relación con los negocios digitales del presidente Donald Trump.

La legislación fue elaborada por ejecutivos del sector cripto durante negociaciones con el Congreso y la Casa Blanca. La Cámara de Representantes aprobó el texto con apoyo bipartidista en julio de 2025.

Sin embargo, en el Senado la votación concluyó con 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que no se alcanzó el umbral de 60 votos requerido para su aprobación, precisó The New York Times.

Según The Washington Post, la Ley de Claridad distribuía la supervisión de los activos digitales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Además, extendía a las plataformas de criptomonedas normas contra el lavado de dinero similares a las aplicables al sistema bancario.

Por otro lado, contemplaba mecanismos de protección para consumidores y bancos comunitarios. El Departamento del Tesoro podía restringir los programas de recompensas ofrecidos por plataformas de monedas estables si contribuían a retiros masivos de depósitos que afectaran a entidades pequeñas.

Los defensores de la iniciativa afirmaron que el proyecto aportaría mayor certeza jurídica al sector. La Casa Blanca y grupos vinculados a la industria advirtieron, además, que la falta de una regulación federal podría favorecer el traslado de innovación, empleos e inversiones a otros países.

Los desacuerdos sobre inversiones en criptomonedas de Trump y funcionarios bloquearon la iniciativa

El desacuerdo se centró en la posibilidad de que funcionarios federales, incluido el presidente, obtengan beneficios de activos digitales mientras ejercen sus cargos.

Las empresas vinculadas a Trump generaron USD 1.400 millones en 2025. Una parte significativa de esos ingresos provino de World Liberty Financial, compañía en la que su familia posee una participación, informó Associated Press.

De acuerdo con The Washington Post, la propuesta republicana más reciente impedía que altos funcionarios federales emitieran o patrocinaran monedas digitales durante su mandato y otorgaba a los fiscales generales estatales facultades para exigir el cumplimiento de esas normas.

Previamente, esa autoridad estaba reservada exclusivamente al fiscal general, pero los demócratas argumentaron que este podría negarse a investigar al presidente y a otros funcionarios.

Frente a estas nuevas concesiones, según Associated Press, los opositores de la norma señalaron que la propuesta no obligaba al presidente ni a futuros mandatarios a desprenderse de sus tenencias de criptomonedas si estas alcanzaban un determinado valor. En consecuencia, la mayoría votó en contra.

Ante el rechazo, la Casa Blanca anunció que buscará aplicar parte de su agenda mediante los organismos reguladores.

El asesor sobre criptomonedas, Patrick Witt, afirmó que el resultado “aumenta el riesgo de que los estándares a los que se adhieran los mercados financieros mundiales en el futuro sean los de Bruselas o Pekín, en lugar de los de Washington y Nueva York”.

El calendario reduce las opciones de retomar el proyecto

Además de la oposición demócrata, los republicanos Susan Collins, de Maine; Josh Hawley, de Misuri; y Jerry Moran, de Kansas, votaron contra la medida.

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, cambió su voto de favorable a contrario para preservar la posibilidad de solicitar una reconsideración posterior, reportó The Washington Post.

El calendario legislativo dificulta una nueva negociación. El Congreso tendrá recesos en octubre y antes de los comicios. Un cambio de mayorías en las legislativas de noviembre podría alterar el margen para aprobar el texto.

Pese al bloqueo, la industria recibió otros avances regulatorios durante la actual administración. El Congreso aprobó el año pasado la Ley Genius, que estableció reglas para las monedas estables, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) adoptó políticas más favorables al sector, indicó The New York Times.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) iniciaron acciones judiciales para confiscar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la acusación, provienen de operaciones de venta de petróleo iraní y tenían como destino el financiamiento del régimen de Irán.

El fiscal adjunto del distrito, Sean Buckley, afirmó que los activos incautados podían financiar operaciones militares y ataques contra intereses estadounidenses y sus aliados. “Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados”, declaró.

La demanda señala a las firmas chinas Blessed Trust y Hexa Whale. De acuerdo con las autoridades, ambas usaron cuentas de negociación de Binance, plataforma con sede en Emiratos Árabes Unidos, para blanquear ganancias procedentes de la comercialización “ilegal” de petróleo iraní.

Estados Unidos sostiene que los fondos beneficiaban actividades que atribuye a la República Islámica y a la Guardia Revolucionaria de Irán. La investigación calcula que la red de operadores de criptomonedas en China y otros países pudo blanquear hasta USD 1.500 millones vinculados a exportaciones de crudo iraní.

“Como se alega en la denuncia presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de operadores de criptomonedas en China y otros países para blanquear más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo ilícito, destinados a beneficiar al ejército iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica, designada como organización terrorista”, sostuvo Buckley.

El subdirector a cargo del FBI, James Barnacle, señaló que la investigación muestra la capacidad de la agencia para identificar circuitos financieros y bloquear activos vinculados a Gobiernos que buscan eludir sanciones. “El FBI no cejará en su empeño de confiscar los fondos de actores extranjeros peligrosos”, afirmó.

Fuentes del régimen iraní indicaron al Financial Times que el banco central del país promovió la repatriación de fondos de inversores y empresas para sostener la economía. Entre las alternativas figuraría el empleo de criptomonedas para liquidar operaciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio iraníes. Las autoridades iraníes también flexibilizaron normas cambiarias, según esas fuentes. Las medidas permiten a los operadores acceder al mercado de divisas fuera de los tipos oficiales y utilizar ingresos por exportaciones para importar bienes de forma directa, sin canalizarlos por el sistema estatal.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió además en la cumbre del bloque BRICS un mayor uso de las monedas nacionales en el comercio entre los miembros del bloque y alertó sobre posibles “shocks” políticos en otras divisas, en alusión al sistema dominado por el dólar.

Estas gestiones coinciden con una ofensiva financiera de Estados Unidos contra Irán. Varios bancos internacionales recibieron sanciones por sus presuntos vínculos con la República Islámica.

El lunes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al banco ruso VTB, la segunda entidad financiera de Rusia por volumen de activos, al acusarlo de facilitar operaciones que permitieron a Irán eludir las restricciones económicas estadounidenses y mover miles de millones de dólares ligados a Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a VTB Bank Public Joint Stock Company en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. La decisión congela los activos de la entidad bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y compañías de Estados Unidos realizar operaciones con el banco sin una licencia específica.

La medida se tomó bajo la Orden Ejecutiva 13902, que habilita sanciones contra actores relacionados con los sectores financiero y petrolero de Irán. El Tesoro no anunció licencias generales ni plazos de desinversión para operaciones ya en curso.

Según el comunicado oficial, VTB estableció vínculos de corresponsalía bancaria con instituciones financieras iraníes previamente sancionadas, abrió oficinas en Irán y creó un mecanismo de liquidación en riales iraníes y rublos rusos. Ese sistema habría permitido el movimiento de fondos vinculados al régimen iraní entre ambos países, de acuerdo con Washington.

La designación forma parte de la Operation Economic Outcast, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el 24 de agosto. La administración de Donald Trump describió esa estrategia como un “Día D económico” contra el Gobierno iraní.

(Con información de Europa Press)

Una operación clandestina de minería de criptomonedas, descubierta en las montañas de la Sierra Norte de Puebla, encendió las alarmas sobre una nueva ruta de financiamiento del crimen organizado en México: el uso de activos digitales para blanquear capital ilícito.

Las autoridades localizaron el sitio, ubicado en el municipio de Tlaola, después de que el intenso ruido mecánico y el consumo eléctrico desproporcionado llamaran la atención de los habitantes de la zona. Según reportó la agencia Reuters, el volumen de energía requerido para operar y enfriar los equipos superaba ampliamente la demanda de las comunidades rurales cercanas.

Un hallazgo con maquinaria sofisticada

En el inmueble, las autoridades encontraron 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, todo el equipo necesario para competir contra millones de máquinas en la generación de criptomonedas como el bitcoin.

Aunque se trata de una operación modesta frente a los estándares comerciales internacionales, representa la cuarta granja de este tipo detectada en la región desde el año pasado, lo que sugiere un patrón y no un caso aislado.

El analista de seguridad David Saucedo señaló que el nivel de sofisticación detectado apunta a experiencia técnica y respaldo financiero propio de organizaciones criminales de gran escala. La Fiscalía General de la República evitó pronunciarse sobre el caso, argumentando que la investigación continúa en curso.

El robo de electricidad, la clave del negocio

Uno de los hallazgos centrales de la investigación apunta al posible robo de energía de una represa hidroeléctrica cercana. De acuerdo con especialistas, la electricidad representa el costo más alto en la minería de criptomonedas, por lo que sustraerla de la red elimina virtualmente el principal gasto operativo.

Samuel León, experto en robo de energía de la Universidad Iberoamericana, explicó que si el suministro fue tomado de forma ilegal, los costos de mantener la operación serían prácticamente nulos.

El Índice de Consumo de Electricidad de Bitcoin, elaborado por la Universidad de Cambridge, calcula que producir un solo bitcoin cuesta cerca de 45 mil dólares, una cifra que aun así deja un margen amplio de ganancia si se considera que la criptomoneda se cotiza actualmente alrededor de los 78 mil dólares.

Un fenómeno que crece a nivel global

El caso de Puebla se inserta en una tendencia más amplia. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, las transacciones ilícitas con criptomonedas se duplicaron con creces durante 2025, alcanzando un estimado de 154 mil millones de dólares recibidos por direcciones vinculadas a actividades delictivas, frente a 59 mil millones de dólares el año anterior.

Caio Motta, especialista en América Latina de Chainalysis, explicó que los cárteles latinoamericanos han encontrado en las criptomonedas una herramienta atractiva para lavar dinero, especialmente en zonas con energía barata o bajo control del crimen organizado, donde resulta más sencillo robar electricidad e instalar infraestructura de minería a gran escala.

Escondida en la sierra, pero no en silencio

La ubicación remota de la granja, entre bosques densos y comunidades dispersas, la convertía en un escondite casi perfecto. Sin embargo, residentes de localidades vecinas —que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias— relataron que el zumbido de los equipos podía escucharse hasta un kilómetro de distancia.

Las otras tres granjas descubiertas en la región en el último año también se localizaron cerca de la misma represa hidroeléctrica, en el norte de Puebla. Autoridades locales indicaron que ya colaboran con estados vecinos para identificar posibles operaciones adicionales.

Casos similares se han reportado en Brasil, Estados Unidos y el sudeste asiático, incluyendo un operativo de gran escala contra la minería de bitcoin en Tailandia que abarcó cinco provincias.

Una amenaza en expansión

Para Motta, el crecimiento del uso global de criptomonedas —cada vez más accesibles— probablemente elevará los delitos vinculados a estos activos a niveles récord en los próximos años. No obstante, señaló que las autoridades también están mejorando sus capacidades para rastrear transacciones digitales, lo que podría equilibrar la balanza en la lucha contra este tipo de delitos financieros.

El caso de Puebla se suma así a una lista creciente de hallazgos que documentan cómo el crimen organizado mexicano diversifica sus fuentes de ingreso, más allá del narcotráfico y la extorsión, hacia el terreno de las finanzas digitales.

Una de estas personas es solicitada en extradición por Estados Unidos. Además, durante la operación, la Fiscalía y la Policía aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 propiedades asociadas a la organización, afectando directamente su patrimonio. El valor de estos inmuebles se estimó en 12 millones de dólares

Las actividades de la organización abarcaban Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, señaló en declaraciones a medios de comunicación el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del servicio de Policía.

La investigación identificó a Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, como presunto cabecilla de la red desarticulada.

Según lo que explicó el vocero de la institución, Mejía Úsuga lideraba la estructura Juan de Dios Úsuga vinculada al Clan del Golfo y coordinaba actividades para el tráfico transnacional de cocaína y la gestión de recursos de origen ilícito.

Así movían millonadas desde Colombia a Irán: el papel clave de EE. UU. y su Lista OFAC

Uno de los mecanismos detectados por los investigadores consistía en el uso de billeteras virtuales y criptoactivos.

De acuerdo con la Policía, la organización realizó transferencias hacia una plataforma de intercambio de criptomonedas en la República Islámica de Irán mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de activos.

El seguimiento permitió identificar el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que eran almacenados en billeteras frías para dificultar su rastreo.

En Colombia, la red habría ejecutado operaciones de alrededor de 2,3 billones de pesos, distribuidas en cerca de 2.000 transacciones internacionales. Estas operaciones utilizaron distintas vías para ingresar y movilizar recursos ilícitos en el sistema financiero nacional.

La organización también habría canalizado sumas de dinero procedentes de Estados Unidos a través de empresas legalmente constituidas, con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a los recursos del narcotráfico y facilitar su ingreso al sistema económico colombiano.

Las pesquisas establecieron además que la estructura operaba en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, donde empleaba recursos humanos y logísticos para facilitar el tráfico transnacional de cocaína mediante el acceso y manipulación de los procesos portuarios.

Los hoy detenidos enfrentan imputaciones por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a las actuaciones judiciales vigentes.

Sobre el resultado, el brigadier general William Castaño Ramos agregó que “el seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”.

Qué encontró la Fiscalía General de la Nación en otro operativo: nueve sociedades y cuatro comercios bajo investigación

Ese mismo día se conocieron más detalles del operativo, y se mencionó que la red habría operado principalmente entre 2018 y 2026. Los recursos ingresaban al sistema financiero o circulaban mediante activos virtuales, luego eran convertidos en efectivo e invertidos en inmuebles y vehículos de alta gama.

El conjunto de activos sometidos a medidas cautelares incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio localizados en Medellín y Envigado.

Las empresas figuraban en sectores como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

La Fiscalía determinó que varias de esas compañías no tenían infraestructura ni capacidad operativa acordes con los montos que movilizaban. También encontró diferencias entre sus estados financieros, las transacciones bancarias y la actividad económica que declaraban.

Las pesquisas detectaron operaciones internacionales de alto valor y movimientos cruzados entre las sociedades investigadas. Para las autoridades, esas maniobras permitían encubrir el origen de dinero relacionado con el tráfico de drogas.

Transferencias en USDT y nexos con grupos sancionados

Los investigadores identificaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital estable vinculada al dólar, realizadas con empresas relacionadas con organizaciones de narcotráfico sancionadas por la Ofac.

Según la hipótesis oficial, los fondos que llegaban a Colombia por canales financieros y activos virtuales eran monetizados y retirados con rapidez.

Sobre este operativo, las autoridades señalaron Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como el supuesto cabecilla de la organización. Las autoridades le atribuyen la articulación de la monetización, compensación y entrega de los recursos.

Este sujeto sería el presunto sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, exnegociador de la mesa de paz urbana durante el Gobierno de Gustavo Petro y líder histórico de la organización criminal conocida como La Oficina.

Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con la administración del dinero y del grupo empresarial investigado. Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de los activos virtuales.

A Johan Mateo Ruiz Orijhuela se le atribuye el uso de billeteras digitales para ingresar, ocultar y convertir grandes sumas de dinero. Luis Andrés Ospina Ochoa habría movido y mantenido ocultos los recursos a través de las sociedades bajo investigación.

Durante los registros y allanamientos, los agentes incautaron seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos que serán incorporados a la investigación.

El régimen de Irán recurre a criptomonedas tras flexibilizar los controles cambiarios para sostener su comercio exterior y obtener divisas durante la guerra y el bloqueo de Estados Unidos.

El Banco Central iraní permitió que exportadores e importadores cerraran operaciones transfronterizas mediante plataformas locales de activos digitales. Tether, una criptomoneda vinculada al dólar, y bitcoin pasaron a utilizarse para cobrar exportaciones y pagar compras de bienes destinados a la industria.

La decisión redujo las exigencias para el ingreso de fondos desde el exterior. Los comerciantes pudieron cambiar divisas en el mercado abierto, sin sujetarse a las cotizaciones oficiales, y aplicar los ingresos de las ventas externas a la importación de insumos sin canalizarlos por el sistema estatal.

Hasta la flexibilización, las empresas exportadoras debían repatriar parte de sus ingresos en moneda extranjera y venderlos en una plataforma administrada por el Estado. Los tipos de cambio oficiales se ubicaron por debajo de los valores de mercado, por lo que compañías y particulares conservaron recursos en el exterior o los ingresaron sin declararlos.

De igual manera, el jefe de la Organización General de Inspección, Zabihollah Khodaian, informó que más de 20.000 personas y compañías incumplieron compromisos de retorno de fondos por el equivalente a 94.000 millones de euros. Entre los casos figuraron empresas estatales del sector petrolero y gasífero.

La inspección abrió además expedientes contra 219 personas y compañías por 23.500 millones de euros en recursos no declarados. La Justicia iraní detuvo a 22 personas relacionadas con comerciantes de petróleo y emitió órdenes de arresto contra otras 19.

Bajo este contexto, las criptomonedas ofrecieron una vía de pago para compañías afectadas por las restricciones financieras. Tether adquirió relevancia por su vínculo con el dólar, que permite a los operadores realizar transacciones con un valor más estable que el rial iraní.

Las casas de cambio de países vecinos continuaron como el principal canal para repatriar divisas, mientras las plataformas digitales permitieron liquidar parte de las operaciones comerciales. En 2025 circularon por Irán cerca de USD 10.000 millones en criptoactivos, según datos del sector.

El país ya utilizó activos digitales antes de la guerra actual. La minería de bitcoin, favorecida por los bajos costos de la energía local, permitió obtener recursos para comprar importaciones al margen de los canales bancarios sometidos a sanciones. Una estimación situó en Irán el 4,5% de la minería global de esa criptomoneda.

En abril, Tether congeló USD 344 millones en billeteras que las autoridades estadounidenses vincularon con el Banco Central iraní.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha la operación Paria Económico para aislar al régimen iraní y limitar sus opciones de pago internacional. La ofensiva se sumó al bloqueo mantenido sobre puertos iraníes y a la presión sobre los socios comerciales de Teherán.

El Departamento del Tesoro advirtió que el régimen utilizó cada vez más los activos digitales para sortear sanciones. Washington anunció medidas contra bancos y empresas de terceros países que realizaron o facilitaron operaciones relacionadas con Irán.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó en sus listas a entidades de Turquía y Egipto. Entre ellas estuvieron Golden Global Bank y Banque Misr, la segunda mayor institución financiera egipcia. Las sanciones también alcanzaron a compañías vinculadas con la aviación iraní.

Bajo este contexto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, planteó la situación de su país durante el Foro Económico de los BRICS en India. El mandatario afirmó que las sanciones económicas y las acciones militares de Estados Unidos e Israel llevaron a Irán a una etapa crítica y peligrosa.

Pezeshkian pidió a los miembros del bloque ampliar el comercio con sus monedas nacionales y crear mecanismos de liquidación mutua. También reclamó instrumentos que impidieran que un país interrumpiera las transacciones de otro mediante el control de una tecnología o una herramienta financiera.

A finales de agosto, el presidente iraní reconoció que las medidas estadounidenses redujeron en un 35% las exportaciones e importaciones del país. La inflación interanual llegó al 87,9% en julio y el aumento de precios de alimentos y bebidas alcanzó el 128%.

Además, el encarecimiento del costo de vida alimentó protestas contra la República Islámica en los últimos años. En la última movilización, las autoridades iraníes informaron 3.117 muertes tras la represión, mientras que la organización opositora HRANA elevó la cifra a más de 7.000.

(Con información de Europa Press)

Hace cinco años, hablar de stablecoins en Argentina era hablar de refugio ante la inflación. Hoy es hablar de infraestructura.

La lectura tradicional ya es conocida: inflación persistente, un peso que se deprecia y trabas para acceder a monedas fuertes empujaron a millones de argentinos hacia activos digitales atados al dólar. Pero quedarse en esa explicación es quedarse corto. El fenómeno mutó, y lo hizo rápido.

Ya no se trata solo de resguardar valor. Hoy estos instrumentos se usan para cobrar desde el exterior, transferir fondos, pagar servicios y operar dentro de plataformas financieras digitales. Dejaron de ser una respuesta defensiva ante la inestabilidad para convertirse en parte de la rutina financiera de trabajadores independientes, empresas regionales y cualquiera que reciba dinero desde otro país. Lo vemos en casos muy concretos: un freelancer que cobra en dólares y hoy puede llevar esos fondos a nuestra plataforma para ponerlos a rendir, con la misma facilidad con la que después los retira de nuevo a su cuenta bancaria. Esa ida y vuelta, que hace apenas un tiempo implicaba fricción y costos, ya empieza a resolverse con buenas tasas para quien deposita y sin las barreras de siempre.

Hoy estos instrumentos se usan para cobrar desde el exterior, transferir fondos, pagar servicios y operar dentro de plataformas financieras digitales

La razón es simple: disponibilidad las 24 horas, un valor previsible en dólares y la posibilidad de mover dinero sin quedar atado a los tiempos ni a los costos del sistema bancario tradicional.

Argentina no inventó esta lógica, pero la perfeccionó por necesidad y se consolidó como uno de los mercados más relevantes para la adopción de stablecoins. Turquía, Nigeria y Líbano cuentan historias parecidas: cuando el acceso a una moneda estable escasea, la tecnología ocupa ese vacío.

Lo que sí es nuevo es que el crecimiento del sector dejó de depender exclusivamente de países con problemas monetarios. Redes de pago globales y compañías tecnológicas y financieras de primer nivel están entrando al terreno de las monedas digitales estables, y eso cambia la pregunta de fondo.

Ya no se discute si van a tener un lugar en el sistema financiero global. Se discute qué infraestructura va a emitirlas, custodiarlas, moverlas y conectarlas con el dinero tradicional.

Lo que sí es nuevo es que el crecimiento del sector dejó de depender exclusivamente de países con problemas monetarios

Las cifras dan una idea de la magnitud. Citi proyecta que el mercado podría llegar a 1,9 billones de dólares en 2030 en su escenario base, y hasta 4 billones en uno más optimista. Standard Chartered, por su parte, ubica el techo en 2 billones para 2028. Pagos internacionales, comercio digital, operaciones entre empresas y transacciones automatizadas serían los motores de ese salto.

Con semejante proyección sobre la mesa, conviene preguntarse qué es lo que realmente va a definir quién gana esta carrera. Y acá está el punto que casi nadie discute lo suficiente: el futuro del sector no se define únicamente por qué activo gana terreno, sino por la infraestructura que lo rodea. Las plataformas de emisión, los sistemas de custodia, las herramientas de cumplimiento normativo y los puentes entre el dinero tradicional y el digital van a pesar tanto, o más, que las monedas mismas. Ahí se va a jugar la competencia real de los próximos años.

Y esto exige una conversación más madura sobre riesgo. Que un activo busque estabilidad de precio no lo vuelve automáticamente seguro. La solidez de las reservas, la transparencia del emisor y la calidad regulatoria son variables que todavía muchos usuarios no evalúan antes de operar. Más adopción sin más educación financiera es una fórmula incompleta. El objetivo no es masificar el uso a cualquier costo, sino construir un ecosistema que la gente entienda y en el que pueda confiar.

El usuario argentino promedio entiende de wallets, tipos de cambio y transferencias on-chain con una naturalidad que en otros mercados todavía es incipiente

En esta carrera por construir esos cimientos, Argentina llega con una ventaja poco común: una comunidad ya familiarizada con activos digitales, talento técnico de primer nivel y un ecosistema fintech que aprendió a resolver problemas en condiciones adversas. Pocos países acumularon tanta experiencia práctica en tan poco tiempo.

Lo veo todos los días: el usuario argentino promedio entiende de wallets, tipos de cambio y transferencias on-chain con una naturalidad que en otros mercados todavía es incipiente. Esa curva de aprendizaje, ganada a fuerza de necesidad, hoy es un activo estratégico.

El desafío ahora no es de adopción, eso ya está resuelto. Es de conversión: transformar una respuesta nacida de la urgencia en una infraestructura financiera de largo plazo, con mejores productos, reglas claras y transparencia real. Argentina tiene todo para liderar esa transición en la región. La pregunta es si va a capitalizar esa ventaja antes de que otros lo hagan primero.

El autor es Gerente General de Nexo Argentina

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso este miércoles 9 de septiembre por el multihomicidio cometido hace ocho días contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar cercana a la familia identificada como Aleyda “N”.

La jueza de control que lleva el caso determinó también que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva. Además, dictó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, menor a los seis meses que había solicitado el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, según reportes.

La resolución se dio a conocer tras la reanudación de la audiencia en los juzgados del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que la defensa solicitara el 6 de septiembre la duplicidad del término constitucional para analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Con esto, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevas pruebas y solicitar diligencias adicionales antes de que el asunto avance hacia la etapa de juicio oral o un posible proceso abreviado.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentan formalmente los cargos de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con cuatro meses de gestación y por crueldad a los seres sintientes por la privación de la vida de un canino hembra.

La Fiscalía reconstruyó el móvil del ataque: una caja fría con criptomonedas

De acuerdo con datos expuestos previamente por autoridades, Diego Sebastián “N” y Jonathan Meléndez sostenían una relación de socios en negocios.

La Fiscalía mexiquense identificó como pista central del caso una caja fría, dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que mantiene las claves privadas desconectadas de internet. Diego Sebastián “N” habría ingresado al departamento de la familia Meléndez el día del crimen para localizar ese dispositivo, en el que el músico presuntamente guardaba acceso a una suma millonaria de dólares en criptoactivos.

La Fiscalía precisó que, de haber obtenido esos recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N”, su chofer, dos millones de pesos “por la ayuda” prestada durante el operativo criminal.

Los preparativos del ataque comenzaron un día antes del crimen

Según indagatorias, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” desde el 31 de agosto para conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de los que suelen utilizarse para tatuar y cubrebocas. Estos insumos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coincidieron después con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas y posteriormente asesinarlas.

Las autoridades revelaron que el pasado 1 de septiembre, ambos procesados ingresaron al Fraccionamiento Residencial Grand Viure a bordo de un vehículo de la marca KIA de color gris. El multihomicidio ocurrió en el departamento identificado como PH1 de la Torre 4, donde Diego Sebastián “N” habría utilizado una pistola con silenciador para disparar en la cabeza a las cinco víctimas: Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía, Aleyda y la mascota de la familia, un golden retriever.

Las autoridades reconocieron que Diego Sebastián “N” sería el único de los dos procesados que ingresó al departamento para cometer el crimen, con base en cámaras de videovigilancia que lo captaron subiendo en el elevador.

El arma empleada en el ataque estaba provista de un silenciador que, según reconoció el propio Diego Sebastián “N” ante las autoridades, desensambló y arrojó a una barranca tras cometer el crimen.

El abogado defensor había anticipado que podría dejar el caso

Carlos Rodrigo Pichardo Moreno, socio de la firma Sabag Becker Gerrit-Cohen y especializado en derecho penal, es el litigante que representa a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” desde el inicio del proceso. En declaraciones previas a la audiencia de este miércoles, el abogado había señalado en exclusiva al medio El País que existía la posibilidad de que dejara la defensa tras esta diligencia.

Durante la primera audiencia, Pichardo Moreno subrayó ante los medios que “no es lo mismo ser acusado que ser responsable” y exigió que el proceso se resolviera “con argumentos objetivos, que no sean los medios los que lo determinen, sino que sea el juez quien determine la verdad”.

En otros hechos, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló días antes que Diego Sebastián “N” cuenta con dos carpetas de investigación previas en la capital: una averiguación de 2007 por violencia familiar y otra por el delito de amenazas, presentada por una mujer de la tercera edad. La funcionaria precisó que ninguno de esos expedientes guarda relación directa con el multihomicidio de Atizapán de Zaragoza.

Los imputados enfrentan penas que podrían superar los 280 años de prisión

El delito de homicidio calificado contempla una pena de hasta 70 años de prisión por cada una de las cuatro víctimas, lo que podría derivar en una sentencia acumulada superior a los 280 años de cárcel para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. A esa pena se sumarían de 5 a 10 años de prisión por el delito de interrupción del embarazo y de 3 a 6 años por maltrato y crueldad a los seres sintientes, derivado de la muerte del perro de la familia.

Seguidores de la banda Camilo Séptimo se reunieron el fin de semana previo en el Palacio de Bellas Artes y en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para llevar flores, pancartas y cantar canciones en memoria de “Honas”, como le decían sus compañeros de banda y sus amigos más cercanos a Jonathan Meléndez.

Ambos fueron detenidos el 2 de septiembre en puntos distintos del Estado de México

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Gerardo “N” fue detenido primero, a las 07:47 horas del 2 de septiembre, en la calle Bosque de los Cipreses, colonia Los Héroes Tecámac, en el municipio de Tecámac. La captura ocurrió en vía pública, según consta en el documento oficial.

Diego Sebastián “N” fue detenido casi dos horas después, a las 09:25 horas, sobre la carretera México-Toluca, en la localidad La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, a unos metros del Conalep El Zarco. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales. Posteriormente fueron enviados a los juzgados del penal de Barrientos.

De acuerdo con datos previos obtenidos por Infobae México, los hijos de Gerardo “N”, identificados como Alberto “N” y Luis “N”, también fueron aprehendidos ese mismo 2 de septiembre por presuntamente intentar frenar el operativo de captura de su padre en Tecámac.

Infobae México tuvo acceso a la ficha de detención de Alberto “N” en el Registro Nacional de Detenciones, donde aparece con el mismo apellido que su padre, capturado en el mismo punto exacto y con idéntico horario.

Un ciudadano de Singapur, Malone Lam, se declaró culpable por integrar y dirigir una conspiración criminal que robó más de USD 245 millones en bitcoin a una víctima de Washington, en un caso que las autoridades describen como uno de los mayores hurtos de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.

Lam, de 22 años y residente reciente de Miami, fue arrestado el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda de alquiler.

El acusado admitió su responsabilidad ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly por un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, reportó Associated Press.

Hasta el momento, la magistrada no fijó la fecha de la sentencia, aunque sí dejó programada una audiencia de seguimiento para el 8 de diciembre de 2026.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó en un comunicado: “Si construyen un imperio del cibercrimen, los encontraremos, desmantelaremos su operación y los haremos responsables. Este acusado dirigía una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante el engaño, invadía su privacidad y robaba cientos de millones de dólares en criptomonedas”.

La maniobra se apoyó en engaños para vaciar una billetera virtual

De acuerdo con la acusación, Lam organizó una red internacional que operó al menos desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025. El caso incluye a 18 imputados y, con la admisión de Lam, ya son 11 los que se declararon culpables.

Los miembros eran personas radicadas en California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países, con vínculos originados en plataformas de videojuegos en línea.

Los investigadores sostienen que el grupo contactaba a sus objetivos mediante técnicas de ingeniería social y, en algunos casos, con irrupciones en domicilios para obtener datos que permitieran acceder a billeteras de criptomonedas.

El acusado era quien identificaba a las víctimas y distribuía funciones entre los distintos miembros de la organización. Según el comunicado de la fiscalía, Lam usaba los alias “Anne Hathaway”, “$$$” y “King Greavy”.

Pese a que el grupo ya había concretado otros robos por millones de dólares, la investigación terminó por detenerlo a raíz de una estafa cometida en agosto de 2024.

Dos presuntos cómplices se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma Gemini para convencer a un hombre de Washington, D.C. de entregar acceso a su Google Drive y revelar códigos de seguridad, precisó Associated Press.

Con esa información, Lam extrajo más de 4.100 bitcoin, valuados en más de USD 245 millones.

Uno de los implicados dejó una pista clave cuando abrió una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas sin ocultar su dirección IP, lo que permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los sospechosos.

El dinero robado fue gastado en autos, relojes, aviones privados y clubes nocturnos

Tras el robo, Lam participó en el lavado de los activos sustraídos y en su conversión a efectivo.

Con esos fondos, los integrantes de la red pagaron servicios en clubes nocturnos de hasta USD 500.000 por noche, bolsos de lujo entregados en fiestas, relojes de entre USD 100.000 y más de USD 500.000, ropa de alto valor, casas alquiladas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, vuelos privados, seguridad particular y una flota de vehículos exóticos.

En una audiencia citada por Associated Press, cuando la jueza le preguntó si recordaba cuáles de esos vehículos había comprado personalmente, el acusado respondió: “Necesitaría algo de tiempo”.

Entre las compras atribuidas a Lam figuran más de 30 autos, incluidos Porsche, Lamborghini y Ferrari personalizados, y un reloj de USD 2 millones. A su vez, habría gastado USD 569.000 en una sola noche en un club de Los Ángeles.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidaron como las principales organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, según explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en entrevista con Infobae México.

De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, ambas estructuras utilizan estos activos digitales para mover miles de millones de dólares y evitar el sistema bancario tradicional con el objetivo de enviar el dinero de regreso a México.

TRM Labs, una firma de EEUU de análisis de criptomonedas, describió que estos activos favorecen a las organizaciones criminales debido a que ya no usan el establecimiento de empresas fachada u otras técnicas más costosas.

“Las criptomonedas facilitan de manera más eficiente el funcionamiento de las redes criminales internacionales que antes dependían de complejas y costosas empresas pantalla”, refirió.

Cómo el Cártel de Sinaloa convertiría efectivo en activos digitales

Vigil explicó que el Cártel de Sinaloa recauda el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos y lo transforma en criptomonedas con apoyo de intermediarios internacionales.

La organización criminal, que desde septiembre de 2024 se encuentra en una disputa interna entre sus facciones, evitaría depositar fondos en cuentas bancarias porque eso representa el mayor riesgo de exposición ante las autoridades estadounidenses.

“Ellos no ponen dinero en cuentas bancarias, ellos mueven en efectivo, compran criptomonedas”, detalló Vigil.

El proceso de conversión del dinero en efectivo también se apoya en el uso de mulas: personas contratadas para realizar múltiples transacciones pequeñas en cajeros automáticos de criptomonedas con el objetivo de no llamar la atención de los sistemas de vigilancia financiera.

El blanqueo de activos a través de criptomonedas

El exfuncionario de la DEA explicó que el lavado de dinero a través de criptomonedas se realiza en tres etapas sucesivas. La primera consiste en la colocación: convertir el efectivo en moneda digital mediante intermediarios y cajeros automáticos de activos digitales.

La segunda fase implica el uso de “mulas” o personas especializadas que realizan compras fraccionadas para no dejar rastro de las operaciones. La tercera etapa consiste en ejecutar transacciones rápidas entre distintas cadenas de bloques (que forman parte del llamado blockchain de las criptomonedas) para “confundir a analistas”, antes de retirar el dinero como si proviniera de una fuente legítima.

Vigil explicó que el mecanismo resulta eficaz porque el registro público de blockchain no permite identificar con facilidad quién compra o vende las monedas.

El CJNG y la compra de precursores químicos

El exagente de la DEA explicó que el CJNG estaría colaborando con redes chinas para mover fondos ilícitos y adquirir precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Este esquema conecta el dinero generado en el mercado estadounidense con proveedores en mercados extranjeros a través de circuitos que operan al margen del sistema financiero regulado.

Sus operaciones también se realizarían a través de la recaudación del efectivo de la venta de drogas en diversas ciudades estadounidenses, para luego convertirlo en moneda digital, que puede ser bitcoins, ethereum, entre otras, que finalmente les permite pagar los suministros de precursores químicos.

Las dificultades para rastrear las operaciones con criptomonedas

Vigil explicó que las agencias de seguridad necesitarían desarrollar redes de informantes, inteligencia específica e intercepciones telefónicas para detectar operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas, dado que el análisis de transacciones del registro público del blockchain no resulta suficiente por sí solo.

Además de las criptomonedas, dijo, los cárteles lavan el dinero a través del comercio, ya sea comprando en Estados Unidos electrónicos, textiles, diamantes u oro para luego venderlo en México.

“Siempre nos hemos ido en contra de la infraestructura financiera, pero la cosa es que no ponen el dinero aquí en cuentas bancarias, que es un riesgo muy grande para ellos. Entrando a México pueden comprar, terrenos, negocios, centros comerciales, restaurantes, ganado... El dinero se lava muy, muy fácil”, afirmó.

Cabe señalar que un caso reciente se publicó el pasado 4 de septiembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano mexicano se declaró culpable de lavar aproximadamente 4 millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos para regresarlo a México a través de criptomonedas.

De acuerdo con los documentos judiciales, Carlos Erick Vázquez González trabajaba con intermediarios financieros que organizaban la recolección de ganancias del narco en diversas ciudades de EEUU para luego blanquearlas y enviarlos mediante criptomonedas a México.

El mexicano recibió cerca de 4 millones de dólares en una billetera de criptomonedas que tenía bajo su control, los cuales luego transfirió para ocultar su origen. Finalmente las vendió por dólares estadounidenses en México y devolvía el efectivo al intermediario que había organizado la recolección de ganancias.

Por esto, Vázquez González recibía una comisión de 40 mil dólares, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El Salvador desarrolló un marco regulatorio independiente para activos digitales, impulsado por la adopción de Bitcoin, con el objetivo de ubicarse en la transición de las finanzas tradicionales hacia instrumentos digitales, según afirmó Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CENAP), durante la Entrevista AM en Canal 10.

Reyes sostuvo que la regulación especializada permitió al país diferenciar la supervisión de los activos digitales de los mecanismos que aplican a la banca, las bolsas y los mercados de valores convencionales. A su juicio, esos organismos fueron concebidos para instrumentos financieros previos a la expansión de la tecnología blockchain.

La tokenización consiste en crear representaciones digitales de instrumentos financieros o derechos económicos sobre una red blockchain. Reyes explicó que esa tecnología permite emitir, administrar y fraccionar inversiones con una estructura de costos menor que la de los mecanismos tradicionales.

El funcionario comparó el proceso con el cambio entre un vehículo convencional y uno eléctrico. Ambos cumplen una función similar para el usuario, aunque su funcionamiento interno requiere conocimientos y sistemas de supervisión distintos. Bajo esa lógica, señaló que los instrumentos tokenizados son programas informáticos diseñados para operar como productos financieros.

El mercado inmobiliario figura entre los sectores con mayor presencia dentro del ecosistema salvadoreño, de acuerdo con Reyes. El presidente de la Comisión indicó que existen proyectos que ofrecen participaciones desde 100 dólares y retornos anunciados de hasta 15%, aunque estas condiciones dependen de cada emisión.

El esquema permite que una empresa estructure un instrumento de deuda asociado a un desarrollo inmobiliario, lo divida en unidades digitales y lo ofrezca a inversionistas a través de plataformas autorizadas. Reyes planteó que este mecanismo puede ampliar el acceso a productos financieros que antes requerían grandes capitales o la intermediación bancaria.

“En vez de que el banco haga el dinero, la gente puede invertir y ganar dinero”, dijo durante la entrevista. También contrastó esas opciones con las cuentas de ahorro tradicionales, que, según su explicación, suelen ofrecer tasas de entre 3% y 4%.

El funcionario aseguró que la CENAP aprobó más de 260 millones de dólares en proyectos inmobiliarios tokenizados en El Salvador. A esa cifra sumó 360 millones de dólares en inversiones vinculadas a productos tokenizados, en una industria que describió como temprana.

Reyes también mencionó que el volumen de operaciones en plataformas que ofrecen activos fraccionados, como acciones tokenizadas, supera los 2.300 millones de dólares. No precisó el período de medición ni el detalle de las operaciones incluidas en ese cálculo.

La Comisión afirma que rechaza cerca del 80% de las emisiones

La protección del inversionista constituye uno de los ejes del esquema regulatorio, afirmó Reyes. Según sus declaraciones, la Comisión rechaza cerca del 80% de las solicitudes de emisión que recibe, debido a los filtros que aplica sobre la estructura financiera, el respaldo del producto y los mecanismos de protección al consumidor.

Para obtener autorización, un proyecto debe contar con un emisor, un estructurador, una plataforma de intercambio o exchange y un certificador que evalúe los riesgos. Después, la Comisión realiza un análisis sobre el producto, su precio, los inversionistas a los que se dirige y los mecanismos previstos para evitar pérdidas o irregularidades.

Reyes señaló que el proceso puede tomar entre dos y seis meses para una emisión, siempre que la documentación cumpla con los requisitos. En el caso de las plataformas proveedoras de servicios de activos digitales, el trámite puede extenderse por más de un año.

Entre las exigencias, mencionó controles sobre el origen y destino de los fondos, medidas de prevención de lavado de dinero, monitoreo de transacciones y separación de las carteras de los usuarios respecto de los fondos propios de las empresas.

La Comisión sostiene que toda entidad que ofrezca servicios vinculados con activos digitales, billeteras, plataformas de intercambio o tarjetas debe contar con autorización oficial. Reyes advirtió que las compañías que operan sin permiso incumplen la legislación salvadoreña y pueden representar un riesgo para los usuarios.

El funcionario indicó que la entidad ya tiene más de 140 compañías aprobadas entre emisores y proveedores. La próxima etapa, aseguró, estará centrada en programas de educación financiera y en el fortalecimiento de la liquidez para que más personas conozcan y evalúen los productos tokenizados disponibles en el país.

Un pirata informático robó aproximadamente 4.000 bitcoins, valorados en unos 340 millones de dólares, de Liquid Network, una plataforma utilizada para realizar operaciones vinculadas al ecosistema de las criptomonedas.

Sin embargo, el caso tomó un giro inusual después de que el responsable devolviera la mayor parte de los fondos tras conocerse que Blockstream, la empresa detrás de la red, había corregido la vulnerabilidad que permitió el ataque.

De acuerdo con información publicada por el exejecutivo de Blockstream Samson Mow, se recuperaron alrededor de 3.400 de los aproximadamente 4.000 bitcoins sustraídos. Los 600 restantes, valorados en torno a 47 millones de dólares según las estimaciones mencionadas, continuaban en poder del atacante.

El incidente obligó a Liquid Network a suspender sus operaciones mientras se realizan correcciones adicionales y mejoras en los sistemas de seguridad. La identidad de la persona responsable del ataque todavía no ha sido confirmada.

Por la cantidad de fondos involucrados, el caso se encuentra entre los mayores robos de criptomonedas registrados hasta la fecha, según clasificaciones especializadas que realizan un seguimiento de este tipo de incidentes.

El hacker aprovechó una vulnerabilidad para retirar miles de bitcoins

Liquid Network fue lanzada en 2018 por la empresa de criptomonedas Blockstream. La plataforma funciona como una red destinada a facilitar determinadas operaciones con activos digitales y es utilizada por distintos servicios vinculados al intercambio de criptomonedas.

La compañía informó inicialmente sobre el incidente a través de una publicación en X. Según la información disponible, un hacker obtuvo acceso a los fondos de una billetera de la red y consiguió retirar miles de bitcoins.

Reportes especializados señalaron que el atacante habría aprovechado una vulnerabilidad del sistema para realizar la operación. Posteriormente, la persona responsable del ataque afirmó que estaba dispuesta a devolver el dinero si Blockstream corregía el fallo de seguridad.

Este punto fue uno de los elementos más llamativos del caso. En lugar de desaparecer inmediatamente con los fondos, el atacante presentó su acción como una demostración de una vulnerabilidad y condicionó la devolución de los activos a que la empresa solucionara el problema.

Sin embargo, hasta que se confirme su identidad y sus motivaciones, no existe certeza sobre si el ataque puede considerarse una acción de “hacking ético” o un robo seguido de una devolución parcial.

Blockstream corrigió el fallo y recuperó la mayor parte de los fondos

Según Samson Mow, Blockstream consiguió solucionar la vulnerabilidad utilizada durante el incidente. Después de esta corrección, alrededor de 3.400 bitcoins fueron recuperados.

La cifra representa la mayor parte de los aproximadamente 4.000 bitcoins que habían sido retirados inicialmente. No obstante, cerca de 600 bitcoins todavía permanecían fuera del control de la empresa.

El valor de estos activos puede variar de forma constante debido a las fluctuaciones en el precio de Bitcoin. Por ello, las estimaciones en dólares representan una referencia aproximada del tamaño del incidente en el momento en que se dieron a conocer los datos.

Mow también indicó que las operaciones de Liquid Network continuarían suspendidas durante un tiempo. La intención de la compañía es aplicar nuevas correcciones y reforzar sus sistemas antes de permitir que la plataforma vuelva a operar con normalidad.

El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de las criptomonedas

El ataque demuestra que, aunque las criptomonedas utilizan tecnologías diseñadas para ofrecer seguridad y transparencia, las plataformas, billeteras y servicios que operan alrededor de estos activos pueden tener vulnerabilidades.

En muchos casos, los ataques no requieren vulnerar directamente la tecnología de Bitcoin. Los delincuentes pueden intentar aprovechar errores en programas, configuraciones incorrectas o fallos en los sistemas que administran los fondos.

Por este motivo, la seguridad del ecosistema depende no solo de las características de la cadena de bloques, sino también de las herramientas y empresas encargadas de gestionar los activos.

Uno de los mayores robos de criptomonedas del año

La cantidad involucrada sitúa al incidente de Liquid Network entre los robos de activos digitales más importantes registrados. El sitio especializado Rekt, que recopila información sobre ataques y pérdidas en el sector, incluye el caso entre los incidentes de mayor impacto económico.

La devolución de gran parte de los fondos también convierte el episodio en un caso poco habitual. Mientras que en otros robos de criptomonedas los activos son transferidos entre múltiples direcciones para dificultar su rastreo, en esta ocasión el atacante terminó devolviendo la mayor parte del dinero.

Por ahora, quedan varias preguntas sin respuesta: quién está detrás del ataque, qué ocurrirá con los 600 bitcoins restantes y cuándo Liquid Network reanudará sus operaciones. Blockstream continuará realizando mejoras de seguridad, mientras el caso vuelve a demostrar los riesgos que enfrentan las plataformas que administran grandes cantidades de activos digitales.

El mundo de los activos digitales, denominado como criptomonedas, son una alternativa al sistema financiero tradicional que permite la realización de pagos y transferencias, y que también se ha ubicado como un método de inversión a futuro.

Los casos del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, presuntamente a causa del robo de una caja fría de bitcoins, así como el reciente aseguramiento de una granja de criptomonedas en el municipio de Tlaola, Puebla, ponen en el foco el uso de estos activos digitales, que también son usados por el narcotráfico para el lavado de dinero.

Estas monedas digitales desafían al sistema financiero debido a que no están reguladas por bancos al no pertenecer a ninguna institución. Su emisión y gestión está controlada por una red de ordenadores distribuidos en todo el mundo, lo que facilita su uso por parte de grupos delictivos.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos digitales cuyas transacciones dependen de una base de datos denominada blockchain, un registro digital en el que se encuentran las transacciones realizadas con las monedas, que pueden ser bitcoin, ethereum, entre otras.

Actualmente, un bitcoin se cotiza cerca de los 23 mil dólares en plataformas de intercambio, de acuerdo con datos de bancos nacionales.

Las granjas de criptomonedas juegan un papel importante en el mundo de activos digitales, ya que en ellas se minan las monedas para crear unidades adicionales de una criptodivisa. Este proceso consiste en resolver un problema matemático planteado por una red de mineros, en la que se usan equipos informáticos: el que resuelva primero el problema, se lleva nuevas unidades de la criptomoneda.

El uso de estas monedas digitales favorece la comisión de actividades de lavado de dinero debido a que sus transacciones no son fáciles de detectar por las autoridades. Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), explicó en entrevista con Infobae México que esto se lleva a cabo a través de tres pasos.

De acuerdo con Vigil, el proceso comienza con el uso de efectivo para adquirir criptomonedas, que se realiza al reclutar a intermediarios que lo convierten en moneda a través de cajeros automáticos de bitcoin

De manera posterior, los fondos se mueven entre distintas cadenas de bloques (blookchain) para romper el rastro de auditoría pública a través de transacciones de bajo monto que no llamen la atención y, finalmente, el dinero regresa a la economía convencional simulando un origen legítimo.

El exfuncionario de la DEA explicó que a esto se suman los corredores de venta libre y los intercambios entre pares, donde “comerciantes pícaros o no regulados intercambian grandes volúmenes de efectivo por criptomonedas, evitando cualquier verificación estándar de identificación del cliente”.

Las cajas frías y los monederos virtuales para el uso de criptomonedas

El caso de Jonathan Meléndez puso en el foco en los activos digitales, luego de que las autoridades dieron a conocer que el presunto homicida del tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, identificado como Diego Sebastián “N”, quería sustraer criptomonedas que le pertenecían al músico.

Diversos reportes señalaron que se trataba de una caja fría en la que tenía al menos 3 millones de dólares en bitcoins. Este sistema es una billetera que mantiene las transacciones en un entorno aislado, donde la operación se completa fuera de línea y solo la firma (no la clave) viaja de vuelta al dispositivo conectado para transmitirse a la blockchain.

Además, existen monederos virtuales que sirven para almacenar, enviar y recibir criptomonedas que serían el equivalente a una cuenta bancaria tradicional. Estos están protegidos por un sistema encriptado para que solo pueda acceder su propietario usando una contraseña o pin de seguridad.

Los obstáculos para rastrear las operaciones digitales en el lavado de dinero

Mike Vigil indicó que las agencias necesitarían desarrollar redes de informantes e inteligencia, además de recurrir a intercepciones telefónicas para detectar las operaciones que lavado de dinero que se cometen a través de criptomonedas. Aun así, remarcó que se necesita información muy específica para identificar a los compradores y vendedores.

Además, detalló cómo los delincuentes rompen el rastro de auditoría pública del blockchain una vez que el dinero ya se encuentra dentro del ecosistema digital. Según indicó, mueven los fondos “rápidamente a través de cadenas de bloques completamente diferentes”, por ejemplo, al intercambiar bitcoin por Ethereum y luego por Monero.

Vigil describió esos movimientos entre distintas cadenas como “una cortina de humo técnica que es notoriamente difícil para que los sistemas automatizados de seguimiento de cumplimiento rastreen sin problemas”.

Métodos tradicionales de lavado que persisten junto a las criptomonedas

Vigil precisó que, además del uso de monedas digitales, los cárteles continúan recurriendo a mecanismos convencionales para blanquear las ganancias derivadas de la venta de drogas en Estados Unidos. Según explicó, buena parte del dinero se transporta físicamente en vehículos hacia México.

También describió la compra de bienes de comercio como una vía paralela de lavado. “Aquí compran electrónicos, compran textiles, compran diamantes, oro (…) lo trasladan a México y lo venden ahí como si fueran cosas limpias, algo de comercio”, relató.

A ese circuito se suma la adquisición de bienes raíces y negocios. Vigil mencionó la compra de “terrenos”, “centro comerciales”, restaurantes y ganado como destinos habituales del dinero ilícito, en operaciones que, afirmó, resultan sencillas de ejecutar para las organizaciones criminales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” por el homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La autoridades sostienen que el supuesto autor material entró en el departamento familiar con la intención de localizar un dispositivo conocido como caja fría, donde presuntamente se resguardaban claves de acceso a una cantidad millonaria en bitcoins.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Diego Sebastián “N” habría ofrecido a su cómplice 2 millones de pesos por ayudarlo a dar con esos recursos.

El intervalo de muerte de las víctimas se ubicó entre las 17:30 y las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo que ambos permanecieron dentro del fraccionamiento Grand Viure.

Qué es exactamente una caja fría de criptomonedas

Una caja fría, también llamada cold wallet o cartera fría, no es un contenedor físico de monedas digitales. Es un mecanismo de almacenamiento —puede ser un dispositivo del tamaño de una memoria USB o incluso una hoja de papel— que guarda las claves privadas necesarias para autorizar movimientos de criptomonedas en la cadena de bloques.

La diferencia con las llamadas hot wallets es la desconexión total de internet. Mientras las billeteras calientes permanecen conectadas a la red y quedan expuestas a hackeos remotos, la cold wallet firma las transacciones en un entorno aislado. La operación se completa fuera de línea y solo la firma, no la clave, viaja de vuelta al dispositivo conectado para transmitirse a la blockchain.

El propietario de una caja fría recibe, al configurarla, una frase semilla de entre 12 y 24 palabras que funciona como llave maestra. Sin esa frase, o sin acceso físico al dispositivo, nadie puede mover los fondos, aunque conozca la dirección pública de la cuenta.

Esto explica por qué tener el aparato en las manos no garantiza de inmediato el control del dinero. Los propios criterios de seguridad de este tipo de billeteras están pensados para resistir justamente el escenario que la Fiscalía describe: alguien que busca el dispositivo físico sin contar con las credenciales completas para operarlo.

El plan incluyó instrucciones para maniatar a las víctimas un día antes

Los investigadores documentaron que el 31 de agosto, un día antes del ataque, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” para conseguir desarmadores planos y de cruz, guantes de tatuaje, cubrebocas y cinchos grandes. Estos objetos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial gris, coinciden con los utilizados para maniatar a las cuatro víctimas localizadas en el departamento.

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento registraron el ingreso de Gerardo “N” al volante de un Kia gris a las 17:23 horas, con Diego Sebastián “N” como acompañante. Éste subió al departamento un minuto después, tras una autorización telefónica de la esposa de Meléndez, quien confiaba en él por su relación con el músico.

El arma con silenciador terminó en una barranca

Jonathan Meléndez llegó al domicilio a las 19:28 horas acompañado de un amigo, quien permaneció esperando abajo tras notar cierto temor en el músico. A las 19:41 horas, una cámara captó a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento sin que se le viera previamente salir por el elevador, y dos minutos después el vehículo abandonó el fraccionamiento con ambos detenidos a bordo.

El arma utilizada contra las víctimas estaba provista de silenciador. “La desensamblé y la aventé a una barranca”, reconoció el activo del delito ante los investigadores, según consta en la indagatoria. La ausencia de detonaciones escuchadas por los vecinos coincide con esa versión.

Las penas que enfrentan los detenidos

Los dos hombres ingresaron al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde la audiencia inicial para formular imputación quedó programada para las 12:30 horas de este sábado. Por el homicidio calificado de cada una de las cuatro víctimas podrían recibir de 25 a 70 años de prisión.

La Fiscalía también les atribuye el delito de interrupción del embarazo, en agravio del producto de la gestación de la esposa de Meléndez, con una pena posible de 5 a 10 años. El caso incluye además cargos por maltrato y crueldad contra un canino hembra de raza golden retriever, hallado en el domicilio con impacto de arma de fuego, delito sancionado con hasta 6 años de cárcel.

La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB) de El Salvador presentó su memoria de labores correspondiente al período de junio de 2025 a mayo de 2026. El informe puso el foco en la Reserva Estratégica de Bitcoin y en la promoción del mercado de activos digitales a nivel nacional e internacional.

La AAB planteó como objetivo asegurar el crecimiento sostenido de la Reserva Estratégica de Bitcoin como fondo de reserva de liquidez nacional, a partir de nuevas inversiones y de condiciones de mercado favorables.

Proyecciones para 2026-2027

Entre sus principales ejes de acción figuran el fortalecimiento de la reserva nacional, el mantenimiento de la certificación ISO 37001 Antisoborno, la mejora de la seguridad informática institucional, la modernización administrativa, la promoción del mercado de activos digitales y Bitcoin, y el desarrollo de regulación para la emisión de estos instrumentos.

Sobre la Reserva Estratégica de Bitcoin, la agencia indicó que busca consolidar su gestión estratégica, optimizar la liquidez y responder a la volatilidad del mercado.

En materia de certificación, señaló que mantendrá la ISO 37001 Antisoborno y ejecutará un programa anual de capacitación y cumplimiento normativo.

También previó reforzar la infraestructura de seguridad informática institucional mediante la mejora de controles y protocolos internos. En el plano administrativo, informó que actualizará procesos para atraer proveedores e impulsará programas de formación y desarrollo del personal especializado.

La AAB además indicó que implementará una estrategia de promoción del ecosistema de activos digitales, con campañas y participación en eventos internacionales, para fortalecer la presencia de El Salvador en mercados financieros globales.

En regulación, señaló que el país continuará ejecutando políticas y normativas para la emisión de activos digitales, en colaboración con instituciones estatales para el desarrollo de un marco regulatorio.

Dificultades y gestión institucional

Durante el período analizado, la AAB identificó dos principales dificultades: la atracción de proveedores a los procesos de compra y la simplificación de requisitos de conformidad.

Sobre el primer punto, indicó que la baja participación en ofertas estuvo asociada a montos reducidos. Como respuesta, la agencia agrupó procesos, publicó montos más atractivos e incentivó la participación de mipymes.

En el plano administrativo, la AAB informó que busca simplificar los requisitos exigidos en cada modalidad de compra, sin apartarse del marco normativo.

La gestión institucional se apoyó en pilares como eficiencia operativa, innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y ética organizacional. Según la memoria, la agencia fortaleció la cultura interna mediante automatización de procesos, supervisión, control, capacitación del personal y auditorías preventivas.

Programas destacados

Entre los programas destacados, la AAB señaló la certificación ISO 37001 Antisoborno, que describió como un proyecto ejecutado con éxito y con alcance sobre el 100% de la población usuaria externa.

También informó que concluyó el programa de actualización normativa institucional, con incorporación de directrices en prevención de lavado de dinero, antisoborno y gestión de riesgos.

Contrataciones, adquisiciones y ejecución presupuestaria

Durante junio a diciembre de 2025, la AAB realizó 23 procesos de contratación, de los cuales 17 se adjudicaron por un monto total de $182,110. Entre enero y mayo de 2026, la agencia registró 11 procesos, con ocho contrataciones efectivas y un monto total de $77,110. La comparación de precios y la contratación directa fueron los métodos más utilizados.

En el rubro financiero, al cierre de 2025 la agencia ejecutó la totalidad de los $23,395,060 asignados. A mayo de 2026, el presupuesto ejecutado ascendió a $82,089,635, y quedó pendiente solo un 0.4% del total aprobado para ese ejercicio.

El 18 de agosto de 2024, un residente de Washington D.C. recibió dos llamadas telefónicas que, en cuestión de horas, se convirtieron en un robo que le costaron más de 4.100 bitcoins, el equivalente a USD 240 millones al momento del ataque.

Los interlocutores se identificaron como representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini, y lo convencieron de entregar códigos de seguridad y acceso a su almacenamiento en la nube.

Detrás del operativo estaba Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años que abandonó la escuela en octavo grado y coordinó el ataque desde el otro lado del país, según informó la agencia Associated Press.

Debido a esto, el joven tiene una audiencia para formalizar un acuerdo de culpabilidad prevista para el martes 8 de septiembre en Washington.

En caso de concretarse, Lam sería el undécimo acusado que se declara culpable dentro de una causa que abarca a 18 imputados. En su primera comparecencia judicial, la fiscalía estimó que las guías federales de sentencia podrían recomendar para el joven, una pena de al menos 14 años de prisión.

El esquema que utilizaron, fue denominado por los fiscales como ataque de ingeniería social, donde los estafadores no vulneran sistemas informáticos, sino que manipulan a las víctimas para que entreguen voluntariamente sus credenciales.

En este caso, la víctima, identificada como “Víctima 7” en los documentos judiciales, era un inversor con años de trayectoria en el mercado cripto y un patrimonio considerable en bitcoins. Mientras que Lam y sus cómplices, Veer Chetal y Jeandiel Serrano, la seleccionaron precisamente por ese perfil.

Un mes de derroche: autos, jets y clubs nocturnos

Tras el robo, el grupo utilizó especialistas en lavado de dinero para convertir la criptomoneda en efectivo a través de múltiples plataformas de intercambio. Con los fondos ya blanqueados, comenzó una racha de gastos que los fiscales describieron como extravagante incluso para los estándares del fraude cripto.

Lam gastó más de USD 569.000 en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles y adquirió más de 30 vehículos, entre ellos Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados, además de un reloj valuado en USD 2 millones.

El grupo alquiló mansiones en Miami y en los Hamptons, contrató guardaespaldas y viajó en jets privados. El cómplice Chetal le regaló un Lamborghini a sus padres y escondió USD 500.000 en efectivo dentro de la lavarropas de su casa. En conjunto, Lam y sus allegados gastaron USD 4 millones en clubes nocturnos en apenas un mes, según las autoridades.

Un error de IP expuso a todo el grupo

La fiesta terminó por un descuido técnico. Serrano no ocultó su dirección IP al crear una cuenta en una plataforma de criptomonedas para depositar casi USD 30 millones en activos robados. Los investigadores rastrearon esa dirección hasta una vivienda en Encino, California, que Serrano alquilaba por USD 47.500 mensuales.

Para cuando las autoridades lo identificaron, Serrano se encontraba de vacaciones en las Maldivas. Fue detenido el 18 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde llevaba puesto un reloj valuado en USD 500.000.

Lam fue arrestado el mismo día en una de sus mansiones en Miami. Un oficial de las fuerzas del orden fuera de servicio lo había alertado previamente de que las autoridades se dirigían a su domicilio, según consta en la acusación formal.

La noticia del robo generó una trama paralela de extorsión y secuestro

La magnitud del botín circuló rápidamente entre los círculos del fraude cripto. Una semana después del golpe, los padres de Chetal fueron interceptados mientras conducían en Danbury, Connecticut: varios hombres enmascarados los obligaron a detenerse, golpearon al padre con un bate de béisbol, empujaron a la pareja dentro de una furgoneta y les ataron las manos.

El objetivo era usarlos como rehenes para presionar a Chetal a entregar su parte de los fondos robados. El plan fracasó cuando testigos alertaron a la policía, que detuvo a los secuestradores, provenientes de Miami.

El 9 de septiembre de 2024, el FBI allanó el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, y encontró USD 37 millones en criptomonedas robadas. Chetal acordó cooperar con la investigación.

18 imputados y un patrón que se repite en todo el sector

El caso de Lam y sus cómplices no es un hecho aislado. Las denuncias por fraude en inversiones de criptomonedas ante el FBI aumentaron casi un 50% en 2025.

La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, quien lleva años rastreando The Com —una subcomunidad clandestina de jóvenes hackers atraídos por las ganancias del fraude cripto—, advirtió que la tendencia puede agravarse si no se destinan más recursos al combate de este tipo de delitos.

“Si no aumentamos seriamente los recursos para perseguir a estas personas y hacerlo más rápido, el fenómeno se va a extender cada vez más”, señaló en declaraciones recogidas por Associated Press.

En ese contexto, el Departamento de Justicia disolvió el año pasado una unidad dedicada específicamente a la persecución de delitos relacionados con criptomonedas, en el marco de un enfoque regulatorio más permisivo adoptado por la administración federal.

En total, 18 personas ya fueron imputadas por el caso. Lam sería el undécimo en declararse culpable y las autoridades recomendarían una pena mínima de 14 años de prisión.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso, ya condenó a dos lavadores de dinero a penas de aproximadamente seis años de cárcel cada uno, y a un tercer implicado a libertad condicional.

El Salvador llega a los cinco años de vigencia de la Ley Bitcoin con un uso cotidiano limitado de la criptomoneda, pese a mantener 7.764 bitcoins en reservas y haber reformado su marco legal tras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un millonario acuerdo de financiamiento. Actualmente, el país conserva la criptomoneda como opción voluntaria, pero su adopción masiva entre la población sigue siendo reducida.

La normativa entró en vigor el 7 de septiembre de 2021 y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y generó un intenso debate internacional sobre su viabilidad y riesgos. Pero en enero de 2025 la ley pasó por varias reformas y ajustes para limitar la exposición estatal a la volatilidad de los criptoactivos.

La estrategia institucional del gobierno salvadoreño ha sido no solo mantener sus reservas de Bitcoin sino que amplió su marco legal con la creación de la Ley de Activos Digitales, una normativa que permite la tokenización y el acceso a nuevas formas de financiamiento para empresas y ciudadanos. Esta normativa busca conectar la economía real con los mercados de capitales globales y democratizar el acceso a inversiones, permitiendo que cualquier persona pueda invertir desde montos bajos, de acuerdo al especialista en activos digitales entrevistado por Infobae, Fabián Delgado, quien funge como gerente de desarrollo de negocio para Colombia y Latinoamérica en la empresa Bitfinex.

Sin embargo, el uso cotidiano de Bitcoin entre la población salvadoreña es reducido. Diversas encuestas y estudios han mostrado que la mayoría de los ciudadanos no utiliza la criptomoneda para compras diarias, aunque sí existen casos de adopción en determinados comercios y sectores empresariales.

Tras las reformas a la Ley Bitcoin, la política oficial permite ahora el uso voluntario del criptoactivo, eliminando la obligatoriedad inicial y dejando en manos de cada persona o empresa la decisión de adoptar o no esta tecnología.

Entre enero y julio de 2026, El Salvador recibió USD 41.11 millones en remesas enviadas a través de carteras de criptomonedas, un alza de 35.7% frente al mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Pero el uso de ese canal representó solo el 0.69% del total de USD 5,924.85 millones en remesas generales registradas en los primeros siete meses de 2026; en el mismo lapso de 2025 equivalió al 0.53% de los USD 5,714.28 millones, de acuerdo con las cifras del BCR.

El experto en activos digitales considera que el poco uso se debe a la falta de educación financiera de la población y a la complejidad tecnológica que representan barreras importantes para la adopción masiva.

La estrategia oficial y la mirada de los especialistas

Delgado consideró que la estrategia del gobierno salvadoreño se basa en mantener las reservas como activo de valor, sin vender en los momentos de baja. “No se puede hablar de pérdidas hasta que no se ejecutan ventas con pérdida de capital. Puede haber una bajada frente al dólar, pero la pérdida no se materializa hasta que se vende el activo”, señaló el experto.

El día que entró en vigencia la Ley Bitcoin, cada criptoactivo tenía un valor que oscilaba los USD 46,000 y actualmente la unidad ronda los USD 80,000. Fue en diciembre de 2024 que rompió la barrera de los USD 100,000 y su pico más alto registrado ocurrió en octubre del año pasado cuando alcanzó los USD 126,000.

Hasta la fecha, el gobierno no ha anunciado alguna venta de las criptomonedas en su poder, por el contrario ha comprado una cada día desde el 17 de noviembre de 2022. Por lo que dicha reserva habría acumulado más de USD 600 millones hasta la fecha.

Las condiciones del FMI y el nuevo marco de uso

Una de las principales condiciones impuestas por el FMI fue que el Estado salvadoreño dejara de comprar Bitcoin y que limitara su participación en la empresa Chivo.

El pasado 3 de septiembre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la billetera Chivo quedó bajo control privado y que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador no implicó el uso de recursos públicos, como parte del acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa financiero vigente con el país.

El organismo señaló que el Gobierno redujo de forma sustancial su participación en Chivo. La propiedad mayoritaria y el control operativo de la plataforma pasaron a manos de un operador privado, mientras que el Estado mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los activos de los usuarios, asegura el organismo.

Y sobre la reserva de Bitcoin de El Salvador, el FMI aseguró que la acumulación registrada desde la primera revisión del programa se explicó por donaciones privadas, por lo que no implicó la utilización de recursos estatales.

Por otro lado, el marco regulatorio vigente en El Salvador ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas financieras en el país, como la tokenización, que es uno de los conceptos centrales de la Ley de Activos Digitales. Según analistas, esta tecnología posibilita la compra fraccionada de activos y facilita el acceso a la inversión, incluso para pequeños ahorradores.

“La tokenización viene a democratizar el acceso a la inversión y la liquidez para empresas”, indicó Delgado a Infobae. De acuerdo al experto, el sector inmobiliario, así como las micro y pequeñas empresas (mypes) figuran entre los rubros con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

El quinto aniversario de la Ley Bitcoin encuentra al país con una de las mayores reservas de la criptomoneda, según los datos recientes, pero también con desafíos pendientes en materia de educación financiera y adopción social. Especialistas insisten en que la capacitación y la comprensión de los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías serán claves para ampliar el impacto de la ley en los próximos años.

Un mexicano identificado como Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de dinero por aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes del narcotráfico, cuyos recursos fueron transferidos posteriormente a México mediante criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que Vázquez González aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para el lavado de dinero, luego de una investigación encabezada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington, Kentucky.

De acuerdo con documentos judiciales, el mexicano formaba parte de una organización de “intermediarios financieros” dedicada a recolectar ganancias derivadas de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses para después ocultar su origen y trasladar los recursos a México.

Utilizó criptomonedas para ocultar el origen del dinero

Como parte del esquema, Vázquez González recibió aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes de actividades ilícitas en una billetera de criptomonedas bajo su control.

Una vez que los fondos llegaban a la cartera digital, el acusado los movía rápidamente mediante distintas operaciones con el objetivo de dificultar que las autoridades pudieran rastrear su procedencia y establecer su vínculo con las ganancias del narcotráfico.

Posteriormente, Vázquez González vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses en México. El efectivo obtenido era entregado al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias ilícitas en Estados Unidos.

De esta manera, el acusado habría funcionado como uno de los eslabones encargados de transformar y movilizar recursos procedentes del narcotráfico, utilizando activos digitales como mecanismo para facilitar el traslado y ocultamiento del dinero.

Por su participación en las operaciones, Vázquez González recibió una comisión estimada en 40 mil dólares, según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González formalizó su declaración de culpabilidad ante un tribunal federal de Kentucky por el cargo de conspiración para el lavado de dinero.

La investigación fue realizada por agentes de la DEA en Lexington, quienes siguieron el flujo de los recursos y las operaciones relacionadas con las criptomonedas utilizadas dentro del esquema.

Tras declararse culpable, el mexicano permanece a la espera de conocer la sentencia que le impondrá el tribunal federal.

La audiencia está programada para el 17 de diciembre, y el delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para perseguir mecanismos utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico para mover sus ganancias fuera del sistema financiero tradicional.

El uso de criptomonedas ha permitido a grupos criminales incorporar nuevas herramientas para transferir recursos, aunque las autoridades estadounidenses han desarrollado investigaciones enfocadas en rastrear las transacciones realizadas mediante activos digitales.

En este caso, los documentos judiciales señalan que Vázquez González utilizó billeteras de criptomonedas bajo su control para recibir millones de dólares y posteriormente convertir los activos digitales en efectivo en México, obteniendo una comisión por facilitar las operaciones.

La sentencia determinará finalmente la pena que deberá cumplir por su participación en el esquema de lavado de dinero.

El aparente robo de dinero en efectivo y de criptomonedas se perfiló como una de las principales líneas de investigación detrás del multihomicidio que dejó cómo víctimas al tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, integrantes de su familia y una empleada doméstica en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, detenidos por el crimen, fueron trasladados este viernes al penal de Barrientos.

El periodista Carlos Jiménez detalló en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, la versión que Gerardo “N” habría dado a las autoridades sobre su participación en los hechos.

“Según Gerardo dice que al final él no sabía que los iban a matar, pero que después sí le dijo que los mató”, relató el comunicador.

Qué se sabe de las criptomonedas en la investigación

De acuerdo con el reporte de Jiménez, el presunto autor material del crimen logró sustraer un disco duro del departamento donde ocurrió el ataque.

“¿Te acuerdas que platicábamos ayer que quería llevarse criptomonedas? Alrededor de treinta millones en criptomonedas. Se llevó un disco duro de la casa”, explicó el periodista.

El presunto agresor habría sometido a la familia dentro del inmueble e iniciado una videollamada con Meléndez para exigirle la entrega del dispositivo, según los reportes. Las autoridades no han confirmado oficialmente este móvil ni la forma en que el sospechoso.

Jiménez también relató un supuesto intento de soborno durante la detención de los sospechosos.

“Los agentes de la Fiscalía de Justicia, de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les ofreció un millón medio de pesos en efectivo a este sujeto a cambio de que lo dejaran escapar”, señaló el periodista en la misma entrevista.

En una publicación de X, Carlos Jiménez detalló:

“El tipo q asesinó al tecladista de @CamiloVIImx 1º dijo q iba por un préstamo de $300 mil. Ahora afirma q iba a exigirle Dlls y 30 millones en bitcoins, pero q las cosas salieron de control y por eso mató a todos”.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas son activos digitales que existen únicamente en redes de blockchain, sin representación física como billetes o monedas. Su propiedad se acredita mediante claves criptográficas, no mediante un documento o certificado tradicional.

Cada usuario recibe una clave pública, que funciona como una dirección visible en la red, y una clave privada, que permite autorizar transacciones y demostrar la titularidad de los fondos. Perder esa clave privada equivale a perder el acceso al dinero, sin posibilidad de recuperación a través de un banco o autoridad central.

Cómo se clasifican las criptomonedas

Las criptomonedas se dividen en distintos tipos según cómo funcionan y para qué se usan. La categoría más conocida es bitcoin, que fue la primera criptomoneda que existió y funciona con su propia red digital independiente, sin depender de ningún banco ni gobierno.

A todas las criptomonedas que no son bitcoin se les llama altcoins, que significa “monedas alternativas”. Dentro de ese grupo existen las llamadas stablecoins, que son criptomonedas creadas para no perder ni ganar valor de forma brusca, porque están atadas al precio del dólar u otra moneda tradicional.

También existen otras criptomonedas, como Ethereum, que además de funcionar como dinero digital permiten crear aplicaciones y realizar acuerdos automáticos dentro de internet, sin necesidad de intermediarios.

Y existen los llamados tokens, que no tienen su propia red, sino que se crean aprovechando la tecnología de otra criptomoneda ya existente.

En resumen, unas criptomonedas sirven principalmente como una forma de ahorro o inversión, otras buscan mantener un valor estable para hacer pagos sin riesgo, y otras existen para dar soporte a plataformas digitales más grandes.

¿Qué tipo de criptomoneda habría buscado el multihomicida?

Hasta el momento no hay información oficial sobre que criptomoneda específica habría contendio el supuesto disco duro que habría sustraído Diego Sebastián “N” del departamento de Jonathan Meléndez. La única versión es la de Carlos Jiménez, quien señaló que se trataría de bitcoin.

Las autoridades tampoco han dado más detalles respecto a la hipótesis de las criptomonedas como aparente móvil del crimen.

Esta falta de precisión importa porque cada criptomoneda tiene un precio distinto, y ese precio cambia todo el tiempo. Por eso, calcular a cuánto equivalen los 30 millones mencionados por el periodista depende de saber exactamente de qué moneda digital se trataba.

¿Cuánto dinero serían 30 MDP en bitcoin hoy?

Para dar una idea de las diferencias de precio, este 4 de septiembre un bitcoin cuesta alrededor de 1 millón 346 mil 081 pesos mexicanos. Por lo que 30 millones de pesos mexicanos equivalen a 22.32.

Ethereum, la segunda criptomoneda más usada en el mundo, tiene un precio mucho menor: cerca de 41 mil 393.89 pesos. Es decir que 30 millones de pesos serían 724.74.

Tether, que es una de esas monedas diseñadas para no cambiar de precio, se mantenía en 16.88 pesos, prácticamente lo mismo que vale un dólar. Ante esto, 30 millones de pesos mexicanos serían 1 millón 775 mil 959.88.

Esto significa que, si los 30 millones de pesos hubieran estado guardados en Tether en lugar de bitcoin, la cantidad de “monedas” habría sido mucho mayor, aunque el valor en pesos fuera el mismo.

Dónde se guardan las criptomonedas

Los fondos en criptomonedas no se almacenan dentro de un dispositivo físico como tal, sino en la red de blockchain correspondiente. Lo que un dispositivo o aplicación resguarda son las claves privadas necesarias para acceder a esos fondos y autorizar movimientos.

Existen dos categorías principales de billeteras digitales para guardar esas claves: las billeteras calientes y las billeteras frías. Las primeras funcionan mediante software conectado permanentemente a internet, lo que facilita las transacciones diarias pero las expone a mayores riesgos de ataques informáticos.

Las billeteras frías, en cambio, mantienen las claves privadas fuera de línea, en dispositivos físicos similares a memorias USB, tarjetas inteligentes o sistemas air-gapped que nunca se conectan a internet. Este método se considera el más seguro para resguardar montos elevados durante periodos prolongados, aunque resulta menos práctico para operaciones frecuentes.

Quien posea físicamente ese dispositivo y conozca las claves de acceso puede transferir los fondos sin necesidad de intervención del propietario original.

Los detenidos ya están en el penal de Barrientos

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados este viernes por la mañana desde el Complejo Central de la Fiscalía mexiquense hasta el Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de que venciera el plazo constitucional de 48 horas para resolver su situación jurídica.

La FGJEM les imputó los delitos de homicidio, cohecho y maltrato animal, este último relacionado con la muerte del perro de la familia, hallado maniatado dentro del departamento. Diego Sebastián “N”, de 51 años y originario de Argentina, fue señalado como presunto autor material del multihomicidio y era socio del músico en un negocio de administración y renta de propiedades de lujo en Valle de Bravo.

La captura de ambos sospechosos ocurrió en menos de 12 horas después del hallazgo de los cuerpos, gracias a la coordinación entre la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El crimen organizado ya no necesita desplazar camiones blindados repletos de dinero para reciclar sus ganancias de origen ilícito; la transformación digital del delito ha erigido un mercado financiero paralelo y transfronterizo donde la velocidad algorítmica y la descentralización actúan como un velo casi impenetrable. En este escenario, las fases clásicas del blanqueo de capitales —colocación, estratificación e integración— se ejecutan mediante secuencias informáticas automatizadas, contratos inteligentes en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y redes opacas de billeteras virtuales.

El primer escalón de este mecanismo, la colocación, se nutre del dinero en efectivo que generan actividades como el narcotráfico, la extorsión o la trata de personas. Ese capital físico es volcado a la economía digital mediante compras fraccionadas en plataformas entre pares (Peer-to-Peer o P2P), intermediarios informales – Over the Counter - (OTC) o billeteras que operan al margen de los controles bancarios. Acto seguido, la fase de estratificación despliega una ingeniería financiera compleja, esto es, a través de cadenas como el peeling chains que fragmenta un saldo masivo en miles de microtransacciones, intercambios cruzados entre distintas cadenas de bloques (cross-chain swaps), y el paso de fondos por servicios de mezclado (mixers) diseñados para volatilizar la trazabilidad del dinero.

En el centro de esta arquitectura destaca la articulación entre los carteles de la droga y las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (Chinese Money Laundering Organizations o CMLO). Esta alianza opera como una red de banca subterránea basada en transferencias espejo y el uso masivo de activos digitales, de forma predilecta la moneda estable Tether (USDT - es una moneda digital diseñada para mantener un valor constante de uno a uno con el dólar estadounidense) sobre la red TRON. Los courier de las redes de lavado chinas, recolectan los dólares en efectivo de las calles y los venden a ciudadanos o empresarios asiáticos interesados en evadir los rígidos controles de divisas de su país. Para saldar la deuda con los jefes narcos en América Latina, la red de lavado adquiere millones de USDT (Tether) y los transfiere a direcciones de criptomonedas no custodiadas. El proceso concluye con la captación de entidades de tecnología financiera (fintechs) e instituciones de pago digital irregulares. Al cooptar licencias operativas o constituir entidades financieras fantasma, las organizaciones delictivas logran inyectar el capital filtrado directamente en el circuito económico formal. Este esquema se potencia mediante el uso de inteligencia artificial generativa, empleada para confeccionar identidades sintéticas y falsificaciones profundas (deepfakes) capaces de burlar las pruebas biológicas de los sistemas de verificación de identidad (Know Your Customer o KYC) en las plataformas de cambio mundiales.

La cartografía global de la delincuencia transnacional

La evidencia volcada en expedientes judiciales e investigaciones internacionales confirma que las mayores estructuras criminales del planeta han migrado sustancialmente sus operaciones financieras al ciberespacio. En América del Norte y Central, el Cártel de Sinaloa expuso la magnitud de este modelo a través del caso Fortune Runner, instruido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esta causa, una red liderada por Edgar Joel Martínez-Reyes canalizó más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo y metanfetaminas en Los Ángeles utilizando depósitos estructurados, comercio internacional ficticio y la transferencia sistemática de Tether mediante células financieras chinas; paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó las direcciones de criptomonedas vinculadas a la facción de la red narco criminal de estructura compleja conocida como Los Chapitos, donde operadores como Jesús Alonso Aispuro Félix, movilizaban millones de dólares digitales hacia las cúpulas del cartel.

La ramificación transcontinental quedó en evidencia cuando las autoridades de Camboya incautaron cerca de 7 millones de dólares en criptoactivos en el marco de un operativo conjunto contra células del Cártel de Sinaloa, articuladas con conglomerados delictivos asiáticos. En Sudamérica, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil llevó esta estrategia a un nivel de sofisticación institucional nunca visto. Mediante las operaciones Carbono Oculto y Fluxo Oculto, la justicia de San Pablo y la Policía Federal desmantelaron una red que infiltró e instaló bancos piratas y entidades de pago fintech no autorizadas por el Banco Central. A través de estos canales de pago digital, el PCC lavó miles de millones de reales provenientes de la adulteración de combustibles y de actividades vinculadas al narcotráfico, distribuyendo los fondos en empresas pantalla e invirtiendo masivamente en activos criptográficos. “El dinero era disgregado en cientos de cuentas bancarias y convertido rápidamente a criptomonedas a través de mercados P2P para su remisión al extranjero.”

En paralelo, la banda venezolana Tren de Aragua ha expandido su huella en países como Chile, donde investigaciones judiciales descubrieron el procesamiento de más de 13,5 millones de dólares derivados de secuestros, extorsiones y trata de personas.

A nivel global, las organizaciones criminales cibernéticas que operan bajo el modelo de ransomware-as-a-service (RaaS), como el grupo Lockbit, han transformado la extorsión en una industria multinacional.

Antes de que la operación Cronos golpeara su infraestructura principal, Lockbit extorsionó a más de 2.500 entidades públicas y privadas, recaudando más de 500 millones de dólares en rescates pagados en Bitcoin y Monero - (XMR) es una criptomoneda descentralizada de código abierto lanzada en 2014 que prioriza de forma absoluta la privacidad y el anonimato de sus usuarios-. Sus cabecillas empleaban cadenas de pelado (peel chain) y plataformas de cambio sin controles -KYC- para disimular las ganancias. Un patrón similar se observa con el grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, el cual canalizó más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos sustraídos de protocolos DeFi a través del mezclador de contratos inteligentes Tornado Cash, destinando esos recursos a financiar programas de armamento y eludir sanciones multinacionales.

“La rápida expansión del ciberlavado no solo constituye un desafío policial; representa una amenaza directa a la gobernanza democrática y a la estabilidad social de América Latina, pues las características socioeconómicas de la región actúan como un terreno fértil que las organizaciones criminales, explotan de manera metódica.”

Uno de los principales factores de vulnerabilidad radica en la asimetría regulatoria e institucional. A pesar de los esfuerzos promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para hacer cumplir la Recomendación 15 sobre activos virtuales, la aplicación efectiva de la norma conocida como Travel Rule —que exige identificar a los generadores y beneficiarios de cada transacción— sigue siendo sumamente dispar entre los países de la región, permitiendo esta falta de homogeneidad actuarial, que los grupos transnacionales operen entre distintas jurisdicciones, instalando sus nodos funcionales en aquellos países que ofrecen menores capacidades de fiscalización tecnológica.

A esto se suma la elevada tasa de informalidad económica que atraviesa a las sociedades latinoamericanas. El uso masivo de medios de pago electrónicos y plataformas P2P sin una educación financiera o digital sólida, facilita que las organizaciones delictivas mimeticen sus operaciones ilegales entre millones de microtransacciones cotidianas. “El flujo constante e inmediato de liquidez limpia que el ciberlavado proporciona a las cúpulas delictivas, fortalece su capacidad financiera para adquirir armamento militar, financiar redes territoriales y disputar el monopolio de la fuerza al propio Estado.”

El impacto sobre la institucionalidad democrática es grave, ya que la inmensa masa de recursos lavados permite a estas estructuras desplegar estrategias de cooptación y fomento de la corrupción a gran escala, compra de voluntades en fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios políticos. Asimismo, la irrupción de estos capitales ilícitos en la economía formal distorsiona los precios en sectores estratégicos como el mercado inmobiliario o el comercio minorista, generando una competencia desleal para los actores económicos legítimos, destruyendo de manera complementaria la base tributaria de los Estados.

Argentina en la mira - la radiografía de las grietas normativas

En el escenario argentino, a pesar de las recientes reformas legislativas introducidas por la Ley 27.739 y la consecuente creación del registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), persisten vacíos legales, lagunas procesales y limitaciones estructurales que, potencialmente, pueden ser aprovechados por organizaciones criminales de distinto tipo.

La primera gran brecha reside en la imposibilidad práctica de fiscalizar el mercado entre particulares (Peer-to-Peer) y las billeteras de autocustodia (unhosted wallets). La normativa vigente exige a las plataformas de intercambio centralizadas radicadas en el país que implementen protocolos KYC -Know Your Customer, conozca su Cliente- y reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); sin embargo, cuando las transacciones ocurren de manera descentralizada o a través de billeteras privadas donde el usuario posee el control exclusivo de sus llaves criptográficas, la capacidad de supervisión estatal se diluye casi por completo.

“Los ciberdelincuentes explotan esta brecha de vulnerabilidad transfiriendo fondos provenientes de estafas bancarias hacia traders P2P para adquirir monedas estables (USDT) en minutos, logrando retirar el dinero del circuito financiero supervisado antes de que se emita la primera alerta administrativa.”

El segundo pilar de vulnerabilidad es la desactualización del Código Penal sustantivo. La legislación argentina carece de tipos penales específicos y autónomos que sancionen modalidades delictivas contemporáneas como el phishing, la distribución de ransomware, la provisión de infraestructura para ciberataques o el uso de falsificaciones profundas creadas por inteligencia artificial para la suplantación de identidad. Ante esta omisión, los fiscales e investigadores se ven obligados a encuadrar estas complejas maniobras dentro de figuras jurídicas tradicionales como la estafa genérica (Art. 172 del Código Penal) o el daño informático (Art. 183 del Código Penal). Esta rigidez legal desencadena constantes conflictos de competencia, dilaciones procesales y dificultades para fundamentar imputaciones por crimen organizado o lavado de activos en términos del Artículo 303 del Código Penal.

A nivel procesal, la falta de un régimen unificado sobre la evidencia digital entorpece las investigaciones judiciales. Los códigos de procedimiento vigentes en la mayoría de las jurisdicciones del país no contemplan protocolos claros y expeditos para la preservación de pruebas informáticas, la incautación de activos virtuales ni el congelamiento preventivo e inmediato de billeteras criptográficas en la cadena de bloques (blockchain). La tramitación de requerimientos a empresas tecnológicas con sede en el exterior mediante exhortos internacionales choca de frente con la inmediatez de la tecnología blockchain, permitiendo que los fondos sean dispersados a través de mezcladores (mixers) mucho antes de que las autoridades argentinas lleguen a obtener una providencia precautoria.

A esto se le suma la proliferación indocumentada de las llamadas cuentas mula. Si bien los bancos y las fintech aplican validaciones de identidad, no existe una base de datos unificada en tiempo real que permita identificar patrones anómalos de apertura masiva de cuentas bancarias o virtuales; la ausencia de un marco penal que sancione con severidad a quienes ceden, alquilan o venden sus perfiles financieros facilita la creación de redes de contención compuestas por cientos de cuentas de paso que fragmentan el dinero ilícito en capas indetectables. Finalmente, la imposibilidad de aplicar sanciones efectivas a proveedores de servicios de activos virtuales del exterior que operan con residentes argentinos sin fijar domicilio ni representación en el país, genera una asimetría que favorece la fuga y el blanqueo de divisas fuera del alcance de la UIF.

La trampa de los casinos ilegales y las billeteras sin control

En el cruce entre la informalidad financiera, los vacíos normativos y el avance de la delincuencia digital, se ha consolidado un fenómeno socio-delictivo que afecta de manera directa a la estructura familiar básica, esto es, la expansión acelerada de los casinos de juego online clandestinos y su penetración en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

A diferencia de los sitios autorizados que utilizan el dominio oficial .bet.ar y aplican filtros de validación de identidad para impedir el acceso a menores, las plataformas de apuestas ilegales operan bajo dominios genéricos .com o mediante enlaces directos distribuidos de forma masiva a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Estos casinos clandestinos carecen de cualquier sistema de verificación de edad (Know Your Customer) o política de juego responsable. Cualquier usuario que posea un teléfono inteligente y acceso a una billetera virtual puede comenzar a apostar en cuestión de segundos, sin necesidad de presentar un documento de identidad o acreditar la mayoría legal de edad.

El atractivo visual de estas plataformas, diseñado bajo la lógica de la gamificación y alimentado por agresivas campañas de publicidad en redes sociales como Instagram o TikTok, convierte al teléfono móvil en un casino encubierto disponible las 24 horas; para financiar las partidas, la economía informal del juego ilegal ha establecido un canal fluido basado en las transferencias electrónicas a través de claves virtuales uniformes (CVU) y claves bancarias uniformes (CBU). Esta infraestructura sin supervisión adecuada funciona como un embudo que absorbe los ingresos familiares y los encauza directamente hacia los circuitos del ciberlavado y el crimen organizado.

Uno de los costados más graves de esta problemática es la cooptación y utilización sistemática de menores de edad por parte de las organizaciones criminales que administran el juego ilegal.

“Los adolescentes, atraídos por la promesa de ingresos rápidos o empujados por la necesidad de sostener su propia adicción, son captados para cumplir roles estratégicos dentro de la cadena logístico-financiera del ciberdelito.” A través de convocatorias abiertas en redes sociales, los reclutadores promueven la figura del cajerito o intermediario financiero; la función del menor consiste en ofrecer crédito a otros apostadores —frecuentemente sus propios compañeros de colegio o amigos del barrio—, recibir las transferencias en sus billeteras virtuales personales y cargar las fichas digitales en el sitio clandestino a cambio de una comisión que ronda entre el 10% y el 20% del volumen recaudado.

Investigaciones judiciales recientes en nuestro país han sacado a la luz la existencia de cientos de cuentas bancarias virtuales a nombre de adolescentes que eran utilizadas para canalizar millones de pesos diarios hacia las cúpulas del juego ilegal. En otros casos, los jóvenes son persuadidos o engañados para que presten o alquilen sus perfiles financieros a cambio de sumas fijas de dinero, convirtiéndose de esta manera en cuentas mula. Esos CVU o CBU son utilizados por las bandas criminales para recibir los fondos derivados de estafas virtuales, engaños telefónicos o el cobro de apuestas clandestinas.

Ludopatía precoz, ruina patrimonial y espiral extorsiva

La exposición continua de los adolescentes al juego clandestino ha desencadenado una crisis de ludopatía infantil y juvenil de proporciones alarmantes.

Informes sociosanitarios estiman que una porción considerable de la población escolarizada ha participado en apuestas online, experimentando cuadros acelerados de adicción conductual que se manifiestan en alteraciones severas del sueño, estados de ansiedad, irritabilidad, ausentismo y un paulatino aislamiento del entorno social y familiar. “A medida que la adicción avanza, la necesidad compulsiva de seguir apostando lleva a los menores a incurrir en engaños sostenidos dentro de sus hogares, recurriendo en ocasiones, los adolescentes, al robo de las tarjetas de crédito de sus padres, la extracción furtiva de fondos de cuentas familiares o la solicitud de dinero a prestamistas informales que operan en las mismas plataformas de apuestas.” En cuestión de semanas, familias trabajadoras descubren que sus ahorros de toda la vida han desaparecido o que enfrentan deudas exorbitantes en dólares que superan ampliamente su capacidad de pago.

Cuando los menores se endeudan con las administraciones de estas plataformas o fracasan en la rendición de los fondos cobrados en su rol de cajeritos, la dinámica delictiva adopta métodos abiertamente violentos. Las estructuras criminales, que obtienen los datos personales y de localización del menor a través de la propia información guardada en los dispositivos móviles, inician campañas de hostigamiento e intimidación directa. Se han documentado situaciones donde cobradores del crimen organizado realizan llamadas extorsivas nocturnas, envían mensajes con fotografías de armas de fuego e incluso se presentan en las inmediaciones del domicilio familiar o la escuela para exigir a los padres el pago inmediato de la deuda contraída por el hijo. La paz doméstica se quiebra por completo, sumiendo al grupo familiar en un estado de parálisis, terror y vulnerabilidad extrema.

Ciberlavado como actividad ligada a la explotación infantil

El peligro que acecha a la estructura familiar básica alcanza su punto más crítico en la intersección entre la ludopatía infantil, el endeudamiento de menores y las redes transnacionales de explotación sexual y trata de personas. Especialistas en ciberseguridad y fiscalías especializadas han advertido que cuando los niños y adolescentes pierden todo su dinero y quedan atrapados en saldos deudores insostenibles, reclutadores de estas plataformas ilegales aprovechan la desesperación del menor para ofrecer alternativas de pago. Bajo este esquema de coacción, se induce a las víctimas a enviar fotografías, videos o material con contenido de desnudez o de índole sexual a cambio de la cancelación de la deuda o de la acreditación de nuevo saldo para continuar apostando.

“Esta maniobra desliza al menor hacia una espiral ininterrumpida de extorsión (sextorsión), acoso cibernético (grooming) y eventual captura por parte de redes de pornografía e infiltración de abusadores.”

Los mismos canales digitales que comenzaron como un entretenimiento ilícito o un intento de generar dinero fácil se transforman en una red de sometimiento donde la intimidad y la integridad psíquica del niño son destruidas. Ante este escenario, organismos internacionales de protección a la infancia recalcan la necesidad de recurrir a herramientas como la Línea 145 (a nivel nacional) para la denuncia anónima de casos de trata y explotación, o a los canales de respuesta ante ciberdelitos, como única vía para romper el cerco de silencio que imponen estas organizaciones criminales.

El desafío del Estado y el rescate del núcleo social

La evidencia recopilada demuestra de forma contundente que el ciberlavado, la banca subterránea y la explotación del juego clandestino infantil forman parte de un mismo ecosistema delictivo transnacional; “lo que comienza como una transacción anónima en una cadena de bloques o una apuesta furtiva desde un teléfono inteligente en el aula de una escuela, puede terminar financiando la logística de los carteles de la droga y destruyendo la cohesión del hogar.” Frenar este avance exige una reconfiguración profunda de la respuesta estatal. Es imprescindible adecuar la legislación penal de fondo, para tipificar de manera autónoma los nuevos delitos cibernéticos y sancionar de forma severa la utilización de menores como herramientas financieras.

A nivel operativo, el Estado debe dotar a las fiscalías e investigadores judiciales de herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo forense de cadenas de bloques en tiempo real y el congelamiento preventivo e inmediato de activos en billeteras virtuales.

Asimismo, resulta impostergable el establecimiento de controles estrictos y cruzados sobre las empresas de tecnología financiera, exigiendo sistemas de validación biométrica inquebrantables para la apertura de cuentas y la fiscalización rigurosa de las transferencias entre particulares. Por último, la respuesta no puede ser exclusivamente punitiva; se requiere una política pública integral que aborde la ciberludopatía como un problema de salud pública, implemente programas de alfabetización digital y financiera en las escuelas y proporcione a las familias las herramientas conceptuales y de contención afectivas necesarias para proteger la intimidad del hogar frente al asedio del crimen organizado.

Los estadounidenses perdieron USD 15.900 millones en estafas durante 2025, la cifra más alta jamás registrada, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). El número representó un aumento del 25% respecto a 2024 y casi 430% más que en 2020.

Aunque la dimensión real del problema podría ser mucho mayor, debido a que la FTC estima que las pérdidas reales en 2024 rondaron los USD 200.000 millones —unos 550 millones diarios—, al considerar que la mayoría de las víctimas nunca denuncia por vergüenza.

El 98% de los adultos en Estados Unidos sospecha haber sido blanco de estafadores, muchos de ellos a diario, de acuerdo con una encuesta de Associated Press con NORC Center for Public Affairs Research. Además, 3 de cada 10 afirman haber perdido dinero o información personal.

Otra investigación conjunta de la agencia AP identificó que, pese a la magnitud del fenómeno, las víctimas tienen escasos recursos legales y en muchos casos terminan sufriendo pérdidas adicionales tras el delito inicial.

Estafas de suplantación: el fraude más denunciado por quinto año consecutivo

Dentro del universo de fraudes, las estafas de suplantación de identidad encabezan el listado desde hace cinco años. En 2025, las pérdidas por esta categoría alcanzaron los USD 3.500 millones, casi el triple de lo registrado en 2020, indicó la FTC.

Cerca de un millón de personas presentaron denuncias; el 20% perdió dinero, con una mediana de USD 700, aunque algunos casos superaron el millón.

Los estafadores que se hicieron pasar por empresas obtuvieron USD 1.000 millones, con las pérdidas más altas atribuidas a quienes fingieron ser representantes bancarios.

Una de las modalidades más frecuentes combina ambas formas: el engaño comienza con una alerta falsa de seguridad bancaria y concluye con un supuesto agente federal que instruye a la víctima a mover todos sus fondos “para protegerlos”, incluyendo cuentas de retiro e inversiones.

La inteligencia artificial y las criptomonedas amplifican el alcance de las organizaciones criminales

El crecimiento de las pérdidas está impulsado, en gran medida, por los avances en inteligencia artificial y el uso de criptomonedas.

La IA permite a los estafadores operar a una escala sin precedentes, porque ya no es posible detectar un fraude por errores de ortografía o gramática deficiente, advirtió Amy Nofziger, directora sénior de apoyo a víctimas de la red AARP Fraud Watch Network. “Con las herramientas disponibles para los criminales, pueden hacer que cualquier texto o correo suene 100% correcto”, señaló.

Por su parte, las criptomonedas dificultan el rastreo y la recuperación de fondos. Las transferencias pueden ocultar la identidad de los involucrados y muchas casas de cambio operan desde jurisdicciones donde las leyes estadounidenses no aplican.

Incluso cuando los investigadores localizan el dinero robado, recuperarlo es casi imposible. Brian Glick, quien perdió USD 575.000, vio cómo el FBI intentó sin éxito que la empresa Tether congelara los monederos vinculados al fraude, ya que los fondos habían sido mezclados con otros en cuestión de horas.

Después del robo llegan las deudas: impuestos, bancos y una segunda victimización

Para muchas víctimas, el daño económico no termina con la estafa. Hasta 2018, las pérdidas por robo o fraude podían deducirse del ingreso imponible, es decir, la ley permitía que el valor perdido sea descontado de impuestos futuros. Esta disposición, hecha permanente en 2025 eliminó esa posibilidad para la mayoría de los fraudes comunes.

De este modo, quien retiró fondos de una cuenta de jubilación y los perdió ante un estafador puede recibir igualmente una factura del IRS por los impuestos de ese retiro.

Susan Bivins, enfermera retirada, fue engañada para enviar más de USD 200.000 a alguien que se hacía pasar por un agente federal. Ni el FBI ni la policía local intervinieron. Luego llegó la factura del IRS por el valor de USD 80.000. Vendió su casa y aún paga la deuda vendiendo productos artesanales.

Los bancos tampoco suelen actuar como red de contención. Bajo la legislación actual, las instituciones financieras rara vez son responsables por transacciones que el propio cliente autorizó, aunque haya sido mediante engaño.

Una propuesta en el Congreso busca revertir la carga fiscal sobre las víctimas

El 29 de junio de 2026, los representantes Max Miller (Ohio) y Tom Suozzi (Nueva York) presentaron la Tax Relief for Fraud Victims Act (H.R. 9500). La iniciativa propone restablecer la deducción de pérdidas por robo en casos de fraude y extender los plazos para reclamar reembolsos impositivos.

También contempla eximir de la penalización habitual del 10% a los retiros de cuentas de jubilación vinculados a estafas. Kathy Stokes, de AARP, instó al Congreso a actuar en favor de víctimas “atrapadas con una deuda que no merecen”. “Esencialmente están siendo revictimizadas por el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

De acuerdo con una revisión de Gallup, 8 de cada 10 estadounidenses consideran que el gobierno federal no hace lo suficiente para protegerlos.

El contraste con otros lugares es marcado: el Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Singapur ya cuentan con marcos que obligan a bancos y plataformas digitales a asumir parte de la responsabilidad y, en algunos casos, a reembolsar a las víctimas.

En Estados Unidos, al menos 13 agencias federales intervienen en distintos aspectos del problema sin una estrategia coordinada ni una definición común del delito.

Bitcoin logra su primera transacción resistente a computadoras cuánticas sin alterar su código, marcando un hito técnico y simbólico en la historia de las criptomonedas. El hecho, protagonizado en agosto de 2026 por Avihu Levy de StarkWare, muestra que es viable proteger fondos en la red Bitcoin frente a amenazas cuánticas sin requerir cambios en las reglas de consenso.

Aunque la cantidad enviada fue mínima —10.000 satoshis—, el experimento sirve de precedente crucial ante la futura llegada de ordenadores cuánticos capaces de romper la criptografía tradicional.

Qué implica la resistencia cuántica en Bitcoin

El debate sobre la vulnerabilidad de Bitcoin ante la computación cuántica lleva años latente. El sistema de firmas ECDSA, sobre el que se apoya la seguridad de la red, se considera robusto contra los ordenadores clásicos, pero no frente al algoritmo de Shor, que podría ejecutarse en hardware cuántico y obtener claves privadas a partir de claves públicas expuestas en transacciones.

El riesgo se concentra en el tiempo que transcurre entre la publicación de la transacción y su inclusión en un bloque —alrededor de 10 minutos—, lapso en el que un atacante cuántico podría, en teoría, redirigir fondos.

A pesar de que la amenaza no es inminente, existe consenso en que el momento de tomar precauciones debe anticiparse a la disponibilidad real de ordenadores cuánticos capaces de romper la criptografía de Bitcoin. Voces del sector, como Michael Saylor o investigadores de Coinbase, han advertido que la preparación debe comenzar antes de que la tecnología se vuelva operativa.

El desafío para Bitcoin no solo es técnico, sino también de gobernanza: cualquier modificación del protocolo requiere el acuerdo de la comunidad, lo que añade un nivel de complejidad a la transición hacia métodos resistentes a la computación cuántica.

Historias pasadas de la ciberseguridad ilustran los riesgos de actuar tarde. El reemplazo del cifrado DES por AES, aunque necesario y evidente, tardó casi una década en generalizarse pese a las advertencias. Bitcoin enfrenta una dificultad extra: su estructura de consenso hace que la adopción de cambios sea más lenta y laboriosa.

Cómo funciona el método QSB aplicado en la transacción

La solución desarrollada por Avihu Levy, denominada QSB (Quantum-Safe Bitcoin), combina dos técnicas principales. La primera, conocida como signature grinding, obliga al sistema a generar millones de firmas hasta hallar una que evite exponer información sensible de la clave pública que podría ser explotada por un adversario cuántico.

La segunda técnica emplea firmas hash de un solo uso y búsquedas computacionales que atan la autorización de gasto a una transacción específica.

Este abordaje permite blindar la transacción incluso durante la ventana crítica de exposición de diez minutos. Levy calculó que el nivel de seguridad frente al algoritmo de Shor ronda los 118 bits, lo que, según los estándares actuales, representa un margen suficiente ante las capacidades cuánticas previstas para los próximos años.

El precio de esta protección no es menor: generar la transacción requiere entre 150 y 200 dólares en recursos de GPU y puede tomar varias horas, lo que la convierte en una estrategia poco adecuada para el día a día, pero válida como mecanismo de emergencia para proteger grandes sumas.

Existe otra dificultad: la transacción emplea un formato no estándar ignorado por la mayoría de los nodos de Bitcoin. Por eso, fue necesario utilizar el servicio privado Slipstream de MARA Pool, que permite entregar la transacción directamente a un minero, evitando la red pública de mempool. Así, se consiguió que la transacción resistente a computadoras cuánticas fuese incluida en el bloque #964.199.

Límites y desafíos del enfoque cuántico-seguro actual

La introducción del QSB no significa que Bitcoin esté, de repente, protegido contra el riesgo cuántico. El propio Avihu Levy fue claro en señalar que se trata de una solución de emergencia y no de una protección universal para toda la red.

Los bitcoins almacenados en carteras que nunca han realizado una transacción siguen protegidos, ya que la clave pública no se encuentra expuesta. El problema real afecta a los fondos cuyas claves públicas han quedado registradas en la blockchain: estos son los vulnerables ante ataques cuánticos futuros.

Eli Ben-Sasson, CEO de StarkWare, utilizó una metáfora ilustrativa para describir la situación: “La criptomoneda se está comportando como los pasajeros del Titanic. Lo que Avihu ha demostrado es que hay botes salvavidas. Eso no es motivo para relajarse. Es motivo para construir más, y construirlos ahora”.

Levy y Ben-Sasson defienden que la verdadera solución pasa por una actualización general del protocolo de Bitcoin —un soft fork— que active la resistencia cuántica de manera automática y generalizada. Hasta que eso ocurra, solo usuarios técnicamente informados y con acceso a servicios específicos como Slipstream podrán beneficiarse de protecciones avanzadas.

Bitcoin resiste la presión monetaria y mantiene su tendencia alcista

Bitcoin ha logrado mantenerse sólido pese al endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. La criptomoneda superó los 81.000 dólares la semana pasada, aunque retrocedió tras las declaraciones restrictivas del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

A pesar de la caída momentánea, el precio se sostiene por encima del soporte de 77.100 dólares, manteniendo una estructura de máximos y mínimos crecientes. El impulso reciente proviene principalmente de compras al contado y de un interés abierto en aumento, mientras que los ETF al contado sumaron cerca de 1.000 millones de dólares en entradas netas.

Por otro lado, los productos de inversión en Ether también captaron fuerte demanda, con una racha de entradas positivas que refuerza la disposición de los inversores institucionales a asumir riesgos en el sector cripto, incluso en un contexto menos favorable para la política monetaria.

Inflación, déficit fiscal y el impacto de la Reserva Federal en los mercados

La economía de Estados Unidos enfrenta una inflación persistente y un déficit fiscal elevado, factores que siguen presionando los rendimientos de los bonos y limitan la posibilidad de una política monetaria más flexible. El crecimiento del segundo trimestre alcanzó el 1,5%, con un avance mayor en la inversión privada.

La inflación anual llegó al 3,7% y el déficit fiscal sumó 1,8 billones de dólares, a dos meses de cerrar el año fiscal. El presidente de la Reserva Federal confirmó en Jackson Hole que la lucha contra la inflación continúa, eliminando las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

Actualmente, los futuros asignan un 57% de probabilidad a un alza de un cuarto de punto en la próxima reunión, mientras que los rendimientos de los bonos a dos y treinta años subieron tras el discurso de Warsh.

Un registro de números y letras encontrado en el celular de Fernando Cerimedo destapó un movimiento millonario de dinero. La semana pasada se difundió una captura de pantalla incluida en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. Según las autoridades, el teléfono pertenecía a Cerimedo, consultor político y “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz.

El código encontrado corresponde a una “billetera fría” o wallet a través de la cual se realizaron transacciones por más de 44 millones de dólares en un plazo de seis meses. Si bien la billetera tiene actualmente menos de nueve dólares, el rastreo realizado por el senador de oposición, Leonardo Roca, comprobó que se movieron cifras millonarias como un puente entre quienes le hacían los depósitos y los destinatarios.

El código fue encontrado en el teléfono secuestrado y escaneado en el marco de las investigaciones por tentativa de feminicidio que enfrenta el asesor presidencial, luego del ataque armado de dos sicarios contra su pareja, la abogada Nadia Beller.

Un mapa interactivo difundido por el senador Roca muestra el flujo de transferencias. Según sus hallazgos, la cuenta atribuida a Cerimedo enviaba el dinero que recibía a otras diez cuentas, de las cuales una registró movimientos de varios millones de dólares en seis meses.

“No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero”, afirmó el senador Roca, citado por medios locales. Según su investigación, durante meses se movieron grandes sumas de dinero, pero la billetera fue “vaciada justo cuando ya estaba detenido”.

El legislador también detectó una presunta relación entre el asesor presidencial y la casa de cambios que se allanó la semana pasada en el marco de las investigaciones judiciales. En ese operativo, se logró identificar con cámaras de seguridad que el representante legal huyó llevando un bolso que presuntamente tenía cerca de 700 mil dólares. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A. y hoy detenido con prisión preventiva, luego afirmó que perdió el dinero que llevaba consigo y defendió la legalidad de sus operaciones.

El senador Roca informó que puso en conocimiento del fiscal la información sobre estas transacciones y solicitó que se confirme la cadena de custodia del dispositivo y se identifique a los titulares de las direcciones finales de esta red.

“Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona”, escribió Roca en X. El documento de su investigación se puede consultar aquí.

Cerimedo, de 45 años, enfrenta tres procesos penales en Bolivia. El primero por tentativa de feminicidio luego de que su amante lo acusara de haber ordenado la balacera en su contra, el segundo por enriquecimiento ilícito por las denuncias de corrupción estatal que lo involucran y el tercero por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, luego de que la Fiscalía Departamental de Beni encontrara indicios de autorización de vuelos irregulares.

El consultor político se vinculó con Rodrigo Paz luego de la primera vuelta electoral como estratega de campaña. Posteriormente, pasó a asesorar al presidente, aunque el alcance de sus funciones aún no ha sido plenamente esclarecido: el Gobierno sostiene que su trabajo se limitaba a lo comunicacional, pero fotografías y declaraciones públicas sugieren que su rol trascendía ese ámbito.

Un informe especial de la consultora Ad Hoc analizó la evolución de la imagen digital de Milei y el comportamiento de las principales cuentas que integran su comunidad en redes. Maia Jastreblansky explicó en Infobae a la Tarde que el estudio identifica un descenso “paulatino y persistente” del protagonismo digital del Presidente.

El análisis también pone el foco en una segunda dimensión: los principales referentes libertarios ya no consiguen instalar agenda ni generar el mismo nivel de interacciones que durante los primeros meses de la gestión. De allí surge el concepto de “fatiga digital” utilizado por la consultora.

$LIBRA marcó un punto de inflexión

Uno de los principales hallazgos del informe es la identificación de $LIBRA como un punto de inflexión en la conversación sobre Milei.

El lanzamiento de la criptomoneda, que el Presidente difundió en febrero de 2025, generó un fuerte impacto en las redes. Ad Hoc lo define como “un escándalo nativo digital para un gobierno nativo digital” y señala que, a partir de ese episodio, comenzó a crecer la negatividad asociada a la figura presidencial.

Los números muestran el cambio: en febrero de 2025, Milei alcanzó 13 millones de menciones, mientras que en junio de 2026 esa cifra había descendido a 3,7 millones.

Durante su presentación del informe, Jastreblansky remarcó que la caída no fue abrupta, sino sostenida. Para Ad Hoc, el Presidente se encuentra actualmente lejos del volumen de conversación digital que generaba durante el primer año de gobierno.

Los principales referentes libertarios también perdieron impacto

La consultora analizó específicamente a los 15 usuarios libertarios más destacados en la conversación sobre Milei. El resultado acompaña la tendencia registrada alrededor del Presidente: esas cuentas lo mencionan menos y también generan menos interacciones.

Jastreblansky explicó que estos referentes “perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público”. La conclusión surge de observar tanto la cantidad de veces que mencionan al Presidente como la respuesta que generan sus publicaciones.

El propio Presidente también redujo la frecuencia con la que se menciona en la conversación digital. Según Ad Hoc, en julio sus auto-menciones estuvieron 28,4% por debajo del promedio registrado durante 2026.

El dato permite observar una tendencia en dos niveles: no solamente hay menos conversación alrededor de Milei, sino que también disminuyó la capacidad de las cuentas que históricamente amplificaron su discurso para generar repercusión.

Las entrevistas de Milei también tienen menos alcance

La pérdida de impacto aparece incluso en espacios digitales cercanos al oficialismo. Ad Hoc analizó las entrevistas presenciales de Milei y encontró que durante 2026 tuvieron menos visualizaciones e impacto que en etapas anteriores.

El dato resulta relevante porque esos canales formaron parte del ecosistema digital que acompañó el crecimiento político del Presidente. Sus entrevistas podían convertirse en contenidos de alta circulación y alimentar durante horas la conversación en X.

Según el informe, ese efecto también se redujo: las apariciones de Milei continúan generando atención, pero ya no alcanzan los niveles de repercusión registrados anteriormente.

La conversación digital y los datos de opinión pública

La última de las cinco claves planteadas por Ad Hoc conecta el comportamiento de las redes con otro fenómeno: la evolución de la opinión pública.

La consultora sostiene que la dificultad del oficialismo para sostener su narrativa en redes se combina con los desafíos propios de la gestión. En ese sentido, los indicadores digitales comienzan a mostrar un correlato con los estudios de opinión pública.

Las redes tienen movimientos más rápidos y están fuertemente condicionadas por la coyuntura, pero Ad Hoc observa que, al comparar las tendencias generales, la evolución de la conversación digital y la de la opinión pública comienzan a mostrar recorridos similares.

Ese es el eje del informe presentado por Jastreblansky: la comunidad digital que acompañó el crecimiento de Milei perdió parte de su capacidad de amplificar sus mensajes, mientras que el propio Presidente registra un volumen de conversación muy inferior al de sus primeros meses de gobierno.

El estudio de Ad Hoc resume el fenómeno bajo una misma idea: “fatiga digital”. No se trata solamente de una caída en las menciones, sino de un descenso sostenido de la capacidad de Milei y de sus principales referentes para generar conversación e instalar agenda en las redes.

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Diez billeteras de criptomonedas controladas por Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, un pirata informático iraní que usó los alias Achilles, The Joker y bc.monster, concentraron el 92% de los 16,8 millones de dólares que la firma de análisis blockchain TRM Labs rastreó en la red cripto de un grupo de hackers sancionado esta semana por Estados Unidos. Fayaz recibió 15,5 millones de dólares entre enero de 2018 y agosto de este año a través de esas diez direcciones.

TRM Labs examinó en total 30 direcciones en Bitcoin, Ethereum y TRON que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vinculó a integrantes del Instituto Mabna, una organización de piratería informática señalada por el régimen iraní y sancionada el lunes por el Tesoro dentro de la Operación Economic Outcast, su nueva ofensiva contra Teherán. Esas 30 direcciones recibieron en conjunto los 16,8 millones de dólares desde 2018.

Fayaz fue uno de los cinco integrantes del Instituto Mabna sancionados el lunes y figura, junto a otros 12 acusados, en la causa que el Departamento de Justicia amplió el 18 de agosto contra el grupo. El Tesoro lo vinculó, junto a otros tres sancionados —Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i y Mojtaba Ghal’eh-Kuhi—, con una operación de piratería informática dirigida por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen. El quinto, Behzad Mesri, había sido acusado por separado en 2017 de robar episodios inéditos de “Game of Thrones” a HBO.

Según los fiscales, el Instituto Mabna operó desde 2013 como una red de piratas a sueldo para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y universidades iraníes, y violó los sistemas de 144 universidades de EEUU, 178 extranjeras y 42 empresas privadas estadounidenses, de donde robó más de 31 terabytes de datos académicos y propiedad intelectual.

Fuera de esta causa judicial, el Instituto Mabna es conocido en la industria de la ciberseguridad bajo los alias Silent Librarian, Cobalt Dickens y TA407. Desde 2013, el grupo despliega campañas de phishing estacionales —concentradas entre septiembre y octubre, al inicio del año académico— que imitan las páginas de acceso a bibliotecas universitarias para robar credenciales de estudiantes y profesores. Según la firma de ciberseguridad Secureworks, la operación llegó a apuntar a 380 universidades en más de 30 países y siguió activa, con métodos casi sin cambios, incluso después de que el Departamento de Justicia acusara a nueve de sus integrantes en 2018.

El Instituto Mabna no es el único brazo de piratería informática vinculado al régimen. El Comando Cibernético de la Guardia Revolucionaria fue señalado por Washington en 2024 por una serie de ataques a sistemas de agua en Estados Unidos: los hackers entraron a los equipos que controlan de forma remota las plantas de tratamiento —fabricados por una empresa israelí y conectados a internet sin que sus operadores hubieran cambiado la contraseña de fábrica— y los usaron para dejar mensajes de propaganda contra Israel. El mismo grupo fue vinculado también a una intrusión de 2021 contra el hospital pediátrico Boston Children’s. Otro grupo asociado al régimen, identificado por el FBI como Pioneer Kitten, vendió accesos robados a bandas de ransomware que extorsionaron a escuelas, hospitales y gobiernos municipales de Estados Unidos entre 2017 y 2024.

La sanción a Fayaz y sus compañeros es apenas una pieza de una ofensiva mayor. El mismo lunes, el Tesoro designó a cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados al régimen y emitió cinco determinaciones sectoriales bajo la Orden Ejecutiva 13902, que por primera vez declara sancionable el sector de activos digitales de Irán, junto con tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Con esta medida cambia la forma en que Washington sanciona las criptomonedas iraníes. Hasta ahora, el Tesoro debía identificar y sancionar cada plataforma una por una. Ahora alcanza con que una institución, en cualquier parte del mundo, procese una transacción significativa con un exchange o una empresa cripto iraní para arriesgar su propio acceso al sistema financiero de Estados Unidos, aunque esa contraparte no haya sido sancionada. Es la lógica de las sanciones secundarias: alcanzan a los terceros que sigan haciendo negocios con Teherán, no solo al régimen sancionado.

Para Ari Redbord, director global de política en TRM Labs, la ofensiva apunta más allá de Teherán. “Irán no es el único objetivo aquí. De hecho, el foco está puesto en las sanciones secundarias. Ese es el golpe de máxima presión del Tesoro. El Departamento del Tesoro está poniendo en alerta a todos los países y plataformas que todavía hacen negocios con Irán, y el sector de los activos digitales es uno de los focos de la Operación Economic Outcast. Por ejemplo, TRM rastreó más de 3.840 millones de dólares que fluyeron entre el exchange CoinEx y más de 60 entidades iraníes sancionadas. Ese es el tipo de exposición que las sanciones secundarias fueron creadas para castigar”, dijo. “La Operación Economic Outcast busca aislar verdaderamente al régimen iraní, tanto dentro como fuera del sistema cripto.”

El caso de CoinEx que menciona Redbord no forma parte de las sanciones del lunes: proviene de un informe que TRM Labs publicó en junio, cuando identificó a ese exchange con sede en Seychelles como principal canal externo de plataformas iraníes —entre ellas Nobitex, la mayor casa de cambio cripto del país— hacia el mercado global. CoinEx negó cualquier vínculo comercial con el régimen iraní.

El otro caso que documenta TRM es el de Mesri. Sus 15 direcciones recibieron 1,2 millones de dólares entre julio de 2019 y agosto de este año. Antes de retirar ese dinero, lo fue moviendo varias veces entre sus propias billeteras —un método habitual para dificultar el rastreo del origen de los fondos— hasta depositarlo finalmente en la cuenta de un exchange, la plataforma donde ese dinero podía convertirse en efectivo.

Entre Fayaz y Mesri concentran prácticamente todo el dinero identificado. Mesri había sido señalado por primera vez en 2018, cuando se abrió la causa original contra el Instituto Mabna, y sus billeteras siguieron recibiendo fondos en los años posteriores. Los nueve acusados de esa causa original permanecen en Irán, fuera del alcance de la Justicia estadounidense.

Una billetera de criptomonedas a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró movimientos por USD 1.4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, un hallazgo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incorporó al expediente del caso Venus para reconstruir el manejo patrimonial atribuido a la estructura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, investigada por legitimación de capitales, según publicó CRHoy.com.

El análisis forense determinó ingresos por USD 756,260 y retiros por USD 656,766, para un acumulado de USD 1,413,026 en ese período. Ese registro forma parte de la evidencia digital revisada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ para establecer qué papel habrían desempeñado los hijos de Álvarez Alfaro dentro de la organización.

Ese es el dato central de la nueva línea de pesquisa: los investigadores vinculan la wallet con el entorno familiar de alias Gato y la usan como uno de los indicios para seguir la ruta del dinero que, según el expediente, buscó ser movido u ocultado aun después de la detención del supuesto jefe de la estructura con fines de extradición.

El pasado jueves, los agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez como parte de una ampliación de la investigación. Sebastián y Jonathan no estaban en Costa Rica al momento de las diligencias, porque habían salido del país en los últimos dos meses.

En los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes decomisaron aparatos electrónicos a varios sospechosos del caso. También encontraron documentación vinculada con Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, además de libretas con anotaciones sobre armas, cantidades de droga y dinero.

A esa evidencia se sumó la apertura forense de los dispositivos incautados en los allanamientos del 17 de junio de 2025. El expediente califica esos análisis, junto con un informe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, como parte medular del sustento probatorio de las nuevas pesquisas.

Un día después de aquella operación, el 18 de junio de 2025, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro.

Según el expediente citado por el medio, esos mensajes permitieron concluir que la organización mantenía bajo su control una billetera electrónica de criptoactivos en la que se registraron los movimientos por más de USD 1.4 millones.

Los análisis también detectaron conversaciones que, de acuerdo con la tesis policial, muestran maniobras de otros integrantes de la familia para mover u ocultar patrimonio. El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez sobre el retiro y traslado de efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección.

En el caso de Pamela, el expediente sostiene que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de domicilio, el movimiento de efectivo y la custodia de criptomonedas. Los investigadores consideran relevante que parte de esas acciones ocurrieran cuando ya existían medidas para inmovilizar bienes dentro de la pesquisa por legitimación de capitales.

Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado girando instrucciones desde prisión para ocultar patrimonio. El expediente incorpora los movimientos de la wallet entre los indicios con los que se busca reconstruir el manejo de los bienes atribuidos a la organización.

El expediente también vincula a la estructura con droga, dinero en efectivo y exportaciones contaminadas

Otro elemento surgió de un dispositivo decomisado en Corporación Mega Diesel. Según las comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esa empresa pertenecería únicamente a Profe.

Los peritos extrajeron del dispositivo fotografías de aparente droga, troqueles usados para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para ocultar sustancias dentro de tablas de madera y fotografías de grandes cantidades de efectivo empaquetado. Los investigadores compararon esos troqueles con evidencia hallada en otros dispositivos.

Según el expediente, coincidían con los encontrados en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, señalado como encargado de custodiar droga en una casa de seguridad de Calle Barquero, y con los hallados en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel. Para los investigadores, esa coincidencia permite establecer una conexión entre Profe y la droga almacenada en ese inmueble.

El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas sobre el alcance internacional de la supuesta organización. Los investigadores encontraron imágenes que, según la publicación, muestran coordinaciones para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India.

La investigación relaciona esos envíos con sociedades de José Francisco Guzmán Corrales y señala la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós. El OIJ detuvo el pasado jueves a Solano, de 58 años, a quien los investigadores vinculan con los cargamentos enviados hacia Hong Kong.

Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 sociedades como actividades comerciales de fachada para introducir en la economía nacional recursos de supuesto origen ilícito. Los hijos de Profe figuran en varias de esas personas jurídicas.

La Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago formalizó este lunes en ausencia a dos ciudadanos venezolanos, miembros de una extensa red que lavó alrededor de USD 85 millones para el Tren de Aragua en Chile, a fin de dar curso a su proceso de extradición desde EE.UU, país donde permanecen detenidos gracias a una alerta internacional.

El primero de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, dueño de una empresa “fachada” llamada BexGroup, y el segundo es su “palo blanco”, Willasander Tejedor Ruiz. En total, ambos lograron desviar a Colombia unos $17.270 millones (USD 19 millones) en criptomonedas.

“El tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso en donde dio por acreditados los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición”, señaló el fiscal Milibor Bugueño.

El persecutor detalló que al imputado Marcos de Jesús Reyes ya se le habían congelado USD 300 mil en moneda digital. Debido a esto, “para nosotros como Fiscalía es bastante importante esta etapa y seguir con las siguientes para extraditar al imputado y que pueda asumir justamente la correspondiente conducta que realizó acá en Chile”, cerró.

La “Operación Tokio”

En junio del año pasado, el Juzgado de Garantía de San Miguel en Santiago pasó a control de audiencia a 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, 14 de los cuales quedaron en prisión preventiva y tres con arresto domiciliario, incluyendo a una mujer de 80 años.

Todos son de nacionalidad venezolana y entre quienes quedaron tras las rejas se cuentan dos ejecutivos bancarios -José Carlos Pérez Asencio y Rossana Magdalena Blanco Blanco-, amén de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada” -una de ellas BexGroup, propiedad de Marcos de Jesús Reyes Acosta-, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”, remató el persecutor.

El dinero procedía de cuentas vinculadas a una empresa transnacional chilena dedicada al procesamiento de pagos. Sin embargo, ningún representante autorizado de la compañía realizó los depósitos. La empresa reportó transacciones hacia cuentas que no reconocía y denunció el movimiento de sus fondos como un robo.

La investigación permitió identificar a varias personas que acudieron a distintas agencias bancarias de Miraflores el 4 de agosto. Entre ellas figuraban Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Parte del dinero debía salir de los bancos mediante cheques de gerencia para luego ser destinado a la compra de activos digitales.

El caso comenzó con el contacto entre un exejecutivo de la compañía, cuyo paradero actual se desconoce, y Manuel Aquize Estrada, un ex taxista de Cusco dedicado, según el reporte, al comercio de criptomonedas. La primera reunión ocurrió en el Café Haití de Miraflores. Desde ese encuentro, la operación sumó nuevas cuentas y personas hasta superar los cuatro millones de soles.

A fines de julio, el exejecutivo contactó a Aquize Estrada con una propuesta que aparentaba ser una operación de conversión de dinero. Según el relato difundido por Panorama, le indicó que una empresa chilena necesitaba liquidez en dólares y que requería personas capaces de recibir fondos para convertirlos en criptomonedas.

Aquize aceptó utilizar su cuenta bancaria. El primer depósito ocurrió el 31 de julio por 500 mil soles, seguido por otro movimiento de 300 mil soles. El 3 de agosto recibió otros 500 mil soles.

En total, Aquize recibió 1 millón 300 mil soles. El dinero fue retirado mediante cheques de gerencia y trasladado a una casa de cambio para adquirir criptomonedas. Para completar la operación, entregaba información correspondiente a las billeteras digitales indicadas por los supuestos destinatarios.

Según la información proporcionada en el reportaje, el exejecutivo confirmaba por teléfono que las criptomonedas llegaban a las billeteras señaladas. La operación continuó bajo ese mecanismo hasta que surgieron nuevos requerimientos de dinero.

Más cuentas para ampliar la operación

El siguiente paso consistió en incorporar a otras personas. Aquize llevó al encuentro del 4 de agosto a tres conocidos que permitirían utilizar sus cuentas bancarias para recibir nuevos depósitos.

Entre ellos estuvieron César A.T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Cada uno recibió 500 mil soles, de acuerdo con la información difundida por Panorama.

Las cámaras de seguridad registraron a los integrantes del grupo durante sus desplazamientos por el distrito. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a las intervenciones policiales.

El retiro de los fondos no siguió el mismo curso previsto en las operaciones anteriores. De acuerdo con el reporte, las entidades bancarias contactaron a la empresa vinculada con los depósitos para verificar la legitimidad de las transacciones.

La compañía indicó que no reconocía a las personas que intentaban retirar el dinero y confirmó que ningún representante autorizado realizó los depósitos. Tras esa comunicación, se presentó la denuncia por el movimiento irregular de los fondos.

La alerta permitió detener parte de la operación antes de que el dinero fuera convertido por completo en criptomonedas. Los implicados fueron intervenidos en distintos puntos. Aquize fue detenido en Jesús María, mientras que los otros involucrados fueron ubicados en el marco del operativo desarrollado en Lima.

El dinero también llegó a cambistas

La investigación descrita por Panorama señala que parte de los fondos retirados mediante este mecanismo llegó a casas de cambio y cambistas ubicados en distintas regiones del Perú. El objetivo consistía en transformar el dinero recibido en activos digitales mediante billeteras proporcionadas por los supuestos destinatarios.

El caso todavía presenta interrogantes sobre la ruta exacta que siguieron las transferencias desde las cuentas de la empresa chilena hasta las cuentas personales utilizadas por los involucrados. La información difundida señala que no se conoce con precisión cómo se distribuyeron todos los depósitos entre las personas que participaron en la operación.

El monto involucrado llegó a cerca de cuatro millones de soles, según la información proporcionada sobre la denuncia y las operaciones detectadas.

Un exejecutivo permanece prófugo

La investigación también apunta al exejecutivo que contactó inicialmente a Aquize Estrada. Según el reporte, este hombre utilizó una relación previa con el ex taxista cusqueño para incorporarlo al esquema y después solicitó nuevas cuentas para ampliar el volumen de dinero movilizado.

El exejecutivo permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida. Su papel resulta central dentro de la operación descrita, debido a que fue quien presentó la supuesta necesidad de convertir fondos de la empresa chilena en dólares y criptomonedas.

La empresa transnacional, por su parte, denunció las operaciones tras detectar transacciones hacia cuentas que no identificaba. La intervención policial del 4 de agosto permitió detener a varios de los participantes antes de que pudieran completar los retiros previstos.

El bitcoin extendió su rally el viernes y cerró su mejor semana en más de tres años. La criptomoneda cerró en USD 78.500 (a las 20 de Buenos Aires) y acumuló un avance de poco más de 22% esta semana, uno de las mayores suba en siete días desde marzo de 2023.

El entusiasmo regresó al mercado de criptomonedas después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunciara el miércoles que la cartera al menos duplicaría sus recompras de bonos a largo plazo. La medida desató un repunte que obligó a los operadores a cerrar miles de millones de dólares en posiciones cortas. Ese mismo día, el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con líderes de la industria cripto, lo que reforzó el optimismo. Mientras tanto, el oro alcanzó su nivel más alto desde mayo ante el temor de que la intervención en el mercado de bonos siga presionando al dólar.

“El verdadero motor fue la decisión del Tesoro de EEUU de duplicar las recompras de bonos a largo plazo, lo que hizo caer los rendimientos de largo plazo y elevó el apetito por el riesgo en general”, dijo Rachael Lucas, analista de BTC Markets. “Nada cambió los argumentos de largo plazo a favor de bitcoin, pero tampoco ha cambiado su volatilidad”, aseguró

Bitcoin amplía su rally mientras el dólar se debilita

Una ola de cobertura de posiciones cortas sigue siendo uno de los principales factores detrás del alza del precio de bitcoin, según Adam Morgan McCarthy, investigador principal de LO:TECH, una firma londinense de liquidez y datos de mercado de activos digitales. En los últimos tres días se liquidaron casi USD 2.500 millones en apuestas bajistas apalancadas sobre bitcoin y USD 4.500 millones en todo el mercado de criptoactivos, según datos de Coinglass.

Las apuestas bajistas contra IBIT, el ETF de BlackRock y el mayor de bitcoin del mundo, habían aumentado de manera constante durante todo el año. Las posiciones cortas llegaron a representar cerca de 3% de las participaciones en circulación del fondo, valorado en USD 55.000 millones, según S3.

“El oro refleja la verdadera señal macroeconómica de esta semana: repuntó claramente después de que el Tesoro duplicara sus compras de bonos, sin las compras forzadas que impulsaron el precio de bitcoin”, dijo McCarthy.

“Si se quiere saber dónde se están cubriendo realmente los inversores esta semana frente al riesgo cambiario y la inflación, el oro lo muestra; bitcoin, no”, agregó.

La reunión de Trump con ejecutivos de firmas como Coinbase Global y Payward fue interpretada como una señal positiva del compromiso del gobierno con el sector cripto. Trump instó al Senado a aprobar la Clarity Act, un proyecto para regular la estructura del mercado de criptomonedas que está estancado por desacuerdos sobre disposiciones éticas. El proyecto no llegó a votarse antes del receso de agosto del Senado.

Las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas también siguieron subiendo. Coinbase, la mayor plataforma de negociación de activos digitales de EEUU, avanzó 6,3%; Strategy, uno de los mayores tenedores corporativos de bitcoin, ganó 4,5%, y el emisor de stablecoins Circle Internet Group se disparó casi 7 por ciento.

Los compradores institucionales regresaron al mercado esta semana, y los ETF de bitcoin al contado que cotizan en EEUU se encaminan a registrar sus mayores entradas semanales desde enero. Los 13 fondos han captado más de USD 1.000 millones en lo que va de la semana, reforzando el optimismo en el mercado cripto.

“Por primera vez este año, ahora existe el riesgo de que mi previsión de US$100.000 para fin de año sea demasiado baja”, escribió Geoffrey Kendrick, jefe global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, en una nota a clientes.

Los ETF de bitcoin registran fuertes entradas

“La reunión de Trump con el sector cripto, el impulso de la Clarity Act y las entradas positivas a los ETF reforzaron el optimismo, pero no fueron toda la historia”, dijo Lucas.

En otra señal de fortaleza, los grandes tenedores de bitcoin, conocidos como ballenas, acumularon unos USD 2.750 millones en la criptomoneda durante los últimos 60 días, según CryptoQuant.

Bitcoin aún está muy por debajo del máximo de más de USD 126.000 que alcanzó en octubre pasado, antes de una fuerte ola de ventas que lo llevó hasta USD 58.642 a fines de junio.

Con información de Bloomberg

El Bitcoin y el oro subieron con fuerza este viernes después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que al menos duplicará sus compras de deuda pública de largo plazo, una intervención impulsada por el secretario Scott Bessent que presionó al dólar y reactivó la búsqueda de activos de cobertura.

La mayor criptomoneda del mercado avanzó más de 7% en la jornada y acumuló 23% en la semana, hasta unos USD 77.200, su nivel más alto desde mayo. El metal precioso ganó 1,5% en el día, llegó a cerca de USD 4.585 la onza troy y sumó más de 13% en agosto, con rumbo a su mayor alza mensual desde 1999.

Un reporte de Lemon señaló “el Bitcoin subió más de un 20% en menos de cinco días, pasando de USD 63.000 a USD 77.000, una ganancia que normalmente le toma un año al S&P 500. Además, se posicionó como el 13° activo más valioso del mundo, superando a Meta", la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, el conglomerado de Mark Zuckerberg.

El informe explicó que el alza todavía no superan las dos caídas diarias más grandes del año en el precio de Bitcoin, del 5 de febrero (-13%) y del 5 de junio (-7%). Y marca un contraste en la actitud de los inversores argentinos: “En esas dos caídas, 8 de cada 10 dólares operados en Lemon fueron compra. Ahora, con Bitcoin en máximos, el patrón se invierte, más de la mitad del volumen es venta. El argentino compra en el pánico y vende en la euforia”.

El trasfondo del movimiento positivo estuvo en la apuesta por activos que los inversores consideran refugio ante la pérdida de poder de compra del dólar y de otras monedas. Esa estrategia había retrocedido después de que Estados Unidos lanzara su guerra contra Irán a comienzos de este año, un episodio que elevó la inflación, empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo y fortaleció al dólar.

“El fuerte repunte del Bitcoin se debió a la decisión del Tesoro de recomprar bonos a largo plazo”, explicó Gautam Chhugani, estratega de Bernstein, en una nota. “No somos expertos en macroeconomía, pero sabemos que históricamente el Bitcoin ha tenido una reacción positiva ante la expansión de la liquidez. La apatía de este año hacia el Bitcoin y los mercados de criptomonedas se debió a una combinación de mercados más ajustados tras el conflicto con Irán, con el consiguiente aumento del riesgo de inflación y un fuerte comercio de IA/semiconductores que acaparó toda la liquidez”.

“El Tesoro estadounidense sorprendió a los mercados financieros esta semana al anunciar que duplicará el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo, pasando de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares por sesión. Esta intervención apunta directamente a los bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años, después de que los rendimientos de referencia alcanzaran máximos de 20 años debido a la persistente inflación y a las presiones sobre los precios de la energía derivadas de la guerra”, precisó Yahoo Finance.

El Tesoro de EEUU, al rescate de los bonos

Operadores citados por Financial Times señalaron que el repunte de Bitcoin y del oro siguió al anuncio del miércoles, cuando el Tesoro norteamericano informó que “al menos duplicará” sus compras de deuda pública de largo vencimiento. La medida bajó levemente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, pero debilitó a la moneda estadounidense por las dudas sobre su poder de compra.

El dólar cayó con fuerza tras ese anuncio y ya perdía cerca de 1% frente a una canasta de divisas desde el martes. Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies, dijo que el oro y las criptomonedas mostraron un desempeño “masivo” desde la decisión del secretario del Tesoro Scott Bessent y sostuvo que eso reforzó la visión de un dólar más débil.

Bessent empujó una intervención en el mercado de bonos y la reacción inmediata fue una caída del dólar, un alza de bitcoin y un salto del oro. La consecuencia geopolítica y financiera inmediata fue el regreso de operaciones defensivas que apuestan a una depreciación de la moneda de reserva global.

Un operador de materias primas afirmó que la medida “dio un fuerte impulso” a los activos asociados a esa estrategia, en especial al oro y a bitcoin. Ese mismo operador añadió que el mercado recibió una “tormenta perfecta” para retomar esa apuesta por la baja de las expectativas de suba de tasas, combinada con el anuncio del Tesoro.

El rebote en todo el mercado cripto

Eoin Walsh, gestor de cartera de TwentyFour Asset Management, dijo que un comportamiento errático e imprevisible suele traducirse en primas más altas y que eso explica en parte por qué el dólar se depreció. Chris Turner, responsable de investigación de mercados globales en ING, ofreció otra lectura y sostuvo que la intervención debe entenderse como un intento de estabilizar el mercado de bonos y de contener el riesgo de una liquidación de deuda estadounidense de mayor plazo.

Turner afirmó que algunos comentaristas ven en la debilidad del dólar una pérdida de credibilidad de la política económica de Estados Unidos. Aun así, dijo que lo que observó fue a un secretario del Tesoro muy involucrado en el tramo largo del mercado de deuda pública.

La suba no quedó limitada a Bitcoin, que por sí solo representa la mitad de la capitalización de las “cripto”. Ether avanzó alrededor de 26% en la última semana, Solana ganó cerca de 22% y XRP trepó unos 37 por ciento.

El movimiento también revirtió una etapa prolongada de debilidad en el sector. Antes de este rebote, el precio de Bitcoin acumulaba una caída de 31% en el último año y las criptomonedas atravesaban una baja sostenida desde el otoño pasado.

El precio del Bitcoin se recupera tras haber colapsado más de 30% en el ultimo año, desplazado del foco inversor por el récord de Wall Street

Axel Rudolph, analista técnico jefe de la plataforma IG, dijo que el impulso alimentó más impulso. Señaló que, después de meses de sentimiento frágil, la velocidad y la magnitud de la recuperación mostraron cuán rápido puede girar el mercado cripto cuando mejora la liquidez y los inversores corren detrás del alza.

El salto repentino del precio de Bitcoin provocó un cierre forzado de posiciones bajistas, a medida que operadores que apostaban contra la criptomoneda desarmaron sus ventas. Esta semana también fue bien recibida por el sector una reunión entre el presidente Donald Trump, los jefes de las principales agencias regulatorias de Estados Unidos y empresas cripto.

Ese encuentro coincidió con un momento delicado para la industria de las monedas virtuales, que arrastró meses de debates bloqueados sobre una ley clave para la estructura del mercado de activos digitales. La llamada Clarity Act, que busca supervisar el mercado cripto y dar más comodidad a las instituciones de Wall Street para mantener e intercambiar tokens, seguía frenada en el Senado mientras los demócratas exigían cláusulas éticas para impedir que funcionarios del gobierno obtengan beneficios de la industria.

La Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU también publicó esta semana sus propias propuestas para regular las criptomonedas, en un paso que el sector recibió de forma favorable. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, dijo que resultaba difícil no mostrarse extremadamente optimista sobre bitcoin y sobre el mercado de las cripto.

Bitcoin y oro subieron con fuerza el viernes después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que al menos duplicará sus compras de deuda pública de largo plazo, una intervención impulsada por el secretario Scott Bessent que presionó al dólar y reactivó la búsqueda de activos de cobertura, según Financial Times.

La mayor criptomoneda del mercado avanzó casi 7% en la jornada y acumuló 23% en la semana, hasta unos USD 77.380, su nivel más alto desde mayo. El metal precioso ganó 1,5% en el día, llegó a cerca de USD 4.585 la onza troy y sumó más de 13% en agosto, con rumbo a su mayor alza mensual desde 1999.

El trasfondo del movimiento estuvo en la llamada operación de protección frente a la depreciación monetaria: una apuesta por activos que los inversores consideran refugio ante la pérdida de poder de compra del dólar y de otras monedas fiduciarias. Esa estrategia había retrocedido después de que Estados Unidos lanzara su guerra contra Irán a comienzos de este año, un episodio que elevó la inflación, empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo y fortaleció al dólar.

El Tesoro actuó sobre la deuda larga

Operadores citados por el diario señalaron que el repunte de bitcoin y del oro siguió al anuncio del miércoles, cuando el Tesoro informó que “al menos duplicará” sus compras de deuda pública de largo vencimiento. La medida bajó levemente el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, pero debilitó a la moneda estadounidense por las dudas sobre su poder de compra.

El dólar cayó con fuerza tras ese anuncio y ya perdía cerca de 1% frente a una canasta de divisas desde el martes. Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies, dijo que el oro y las criptomonedas mostraron un desempeño “masivo” desde la decisión de Bessent y sostuvo que eso reforzó la visión de un dólar más débil.

Bessent empujó una intervención en el mercado de bonos y la reacción inmediata fue una caída del dólar, un alza de bitcoin y un salto del oro. La consecuencia geopolítica y financiera inmediata fue el regreso de operaciones defensivas que apuestan a una depreciación de la moneda de reserva global.

Un operador de materias primas afirmó que la medida “dio un fuerte impulso” a los activos asociados a esa estrategia, en especial al oro y a bitcoin. Ese mismo operador añadió que el mercado recibió una “tormenta perfecta” para retomar esa apuesta por la baja de las expectativas de suba de tasas, combinada con el anuncio del Tesoro.

El rebote se extendió a todo el mercado cripto

Eoin Walsh, gestor de cartera de TwentyFour Asset Management, dijo que un comportamiento errático e imprevisible suele traducirse en primas más altas y que eso explica en parte por qué el dólar se depreció. Chris Turner, responsable de investigación de mercados globales en ING, ofreció otra lectura y sostuvo que la intervención debe entenderse como un intento de estabilizar el mercado de bonos y de contener el riesgo de una liquidación de deuda estadounidense de mayor plazo.

Turner afirmó que algunos comentaristas ven en la debilidad del dólar una pérdida de credibilidad de la política económica de Estados Unidos. Aun así, dijo que lo que observó fue a un secretario del Tesoro muy involucrado en el tramo largo del mercado de deuda pública.

La suba no quedó limitada a bitcoin. Ethereum avanzó alrededor de 26% en la última semana, solana ganó cerca de 22% y XRP trepó unos 37%.

El movimiento también revirtió una etapa prolongada de debilidad en el sector. Antes de este rebote, el precio de bitcoin acumulaba una caída de 31% en el último año y las criptomonedas atravesaban una baja sostenida desde el otoño pasado.

Axel Rudolph, analista técnico jefe de la plataforma IG, dijo que el impulso alimentó más impulso. Señaló que, después de meses de sentimiento frágil, la velocidad y la magnitud de la recuperación mostraron cuán rápido puede girar el mercado cripto cuando mejora la liquidez y los inversores corren detrás del alza.

Las acciones vinculadas a los activos digitales también subieron esta semana. Coinbase avanzó 16%, Circle ganó 17% y Strategy, una de las mayores compradoras corporativas de bitcoin, trepó 21%.

Analistas dijeron a la publicación que el salto repentino del precio de bitcoin provocó un cierre forzado de posiciones bajistas, a medida que operadores que apostaban contra la criptomoneda desarmaron sus ventas. Esta semana también fue bien recibida por el sector una reunión entre el presidente Donald Trump, los jefes de las principales agencias regulatorias de Estados Unidos y empresas cripto.

Ese encuentro coincidió con un momento delicado para la industria, que arrastró meses de debates bloqueados sobre una ley clave para la estructura del mercado de activos digitales. La llamada Clarity Act, que busca supervisar el mercado cripto y dar más comodidad a las instituciones de Wall Street para mantener e intercambiar tokens, seguía frenada en el Senado mientras los demócratas exigían cláusulas éticas para impedir que funcionarios del gobierno obtengan beneficios de la industria.

La Comisión de Bolsa y Valores también publicó esta semana sus propias propuestas para regular las criptomonedas, en un paso que el sector recibió de forma favorable. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, dijo que resultaba difícil no mostrarse extremadamente optimista sobre bitcoin y sobre el mercado cripto.

Las criptomonedas en Colombia entraron en una nueva zona de tensión: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya exige reportes sobre operaciones con criptoactivos, pero el Congreso de la República archivó el proyecto de ley que buscaba fijar reglas para las plataformas del sector.

Eso implica que Colombia aumentará el control sobre compras, ventas y tenencia de criptoactivos desde el año gravable 2026, pero sin un marco integral para vigilar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Siguen en pie obligaciones tributarias y antilavado, aunque persisten vacíos sobre reservas, segregación de fondos, custodia y respuesta ante una quiebra.

Colombia comenzó a exigir información sobre operaciones con criptoactivos al mismo tiempo que dejó caer la iniciativa que pretendía ordenar el funcionamiento de las plataformas que los administran. La diferencia marca el debate actual: una cosa es conocer movimientos y otra supervisar cómo se guardan y protegen los recursos de los clientes.

La contradicción encendió alertas en el sector fintech y trasladó la discusión al gobierno de Abelardo de la Espriella, que deberá decidir qué camino seguirá ante un mercado que reclama reglas claras y menos impuestos.

Qué cambia con los reportes tributarios sobre criptoactivos

La obligación nació con la Resolución 000240 del 24 de diciembre de 2025, con la que la Dian adoptó el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), conocido como Carf. Desde el año gravable 2026, los proveedores cobijados por esa norma deben recopilar información de sus clientes y de sus operaciones.

El primer envío de esa información está previsto para mayo de 2027. Con ese esquema, la autoridad tributaria amplía su capacidad para revisar la actividad relacionada con activos digitales dentro del país.

Al respecto, la Dian precisó después que ese cambio no creó un tributo nuevo. En el Concepto 5146 del 26 de junio de 2026, aclaró que Colombia no tiene todavía una definición tributaria especial de criptoactivo ni una base o método exclusivo para valorarlo.

Eso significa que para patrimonio, costo fiscal e ingresos por venta siguen vigentes las reglas generales del Estatuto Tributario. El punto central, por ahora, es el deber de informar, no la creación de una carga distinta para este tipo de activos.

Vacío regulatorio que deja el archivo del proyecto de ley

El contraste aumentó porque el proyecto de ley 510 de 2025 salió del trámite legislativo. La ficha oficial de la Cámara de Representantes lo registra como archivado por aplicación del artículo 190 de la Ley 5 de 1992. La iniciativa proponía regular a los proveedores de servicios de activos virtuales y fijar condiciones para su operación. Con ese archivo, el país se quedó sin la herramienta que buscaba ordenar de forma más amplia ese mercado.

Eso no significa que el sector opere sin ninguna obligación. Desde abril de 2022, la Resolución 314 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) exige a determinados proveedores reportes de operaciones sospechosas y reportes mensuales sobre transacciones.

Dicho control, de todos modos, apunta a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. No funciona como licencia de operación ni ofrece una garantía sobre la solvencia de una plataforma.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aclaró que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos. En la práctica, una empresa puede cumplir exigencias ante la Uiaf y la Dian sin que exista un régimen integral sobre reservas, segregación de fondos, custodia o respuesta ante una quiebra.

La presión económica y política sobre el nuevo Gobierno

La magnitud del mercado añade presión a esa discusión. Chainalysis calculó que Colombia recibió USD44.200 millones en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, el quinto volumen de América Latina.

Esa medición reúne actividad observada en cadena. No equivale a dinero declarado, inversión productiva, ganancias ni número de usuarios, pero sí muestra la escala económica del sector. Ante la situación, el director ejecutivo del Cripto Latin Fest, Santiago Guzmán, planteó el reclamo del sector: “El país ya decidió cómo va a mirar este mercado desde lo tributario, pero todavía no decide bajo qué reglas puede operar. Esa distancia es la que hay que cerrar”.

El archivo del proyecto cambió además el punto de partida del debate. Ya no se trata de acelerar una iniciativa en curso, sino de definir si el Congreso presentará otra, qué entidad vigilaría a los proveedores y cuáles serían las garantías mínimas para usuarios y empresas.

El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto después de prometer herramientas digitales contra la corrupción, y su Gobierno anunció una reforma tributaria para septiembre. Cualquier propuesta sobre activos virtuales deberá competir por espacio en esa agenda.

Según Guzmán, se harán tres solicitudes durante jornadas empresariales entre el 26 y el 28 de agosto en en el desarrollo del Cripto Latin Fest en Bogotá. Ellas son:

• Retomar un marco para proveedores
• Establecer reglas técnicas para proyectos de minería y centros de datos que utilicen energía renovable.
• Publicar orientación operativa de la Dian sobre el reporte que comenzó a regir.

La industria busca además evitar dos simplificaciones:

• Carf creó un tributo
• Sostener que no existe ningún control sobre el mercado.

La discusión de fondo sigue abierta para el Gobierno, el Congreso y las empresas. Mientras no exista una respuesta clara sobre quién asume responsabilidades cuando una plataforma pierde activos, mezcla recursos de clientes o cierra, la capacidad oficial para vigilar operaciones seguirá por delante de la protección efectiva para quienes participan en ese mercado.

La defensa de Mauricio Novelli pidió a la Cámara Federal que confirme la exclusión de cinco compradores de $LIBRA, que se presentaron como querellantes en la causa que, según se expresa en el expediente, investiga el lanzamiento y el posterior derrumbe de la cotización del criptoactivo, promovido por un mensaje del presidente Javier Milei en febrero de 2025.

El planteo lo hizo el abogado Daniel Rubinovich en un memorial, en respuesta a las apelaciones de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que los apartó del rol de presuntos damnificados.

Argumentó que el derecho penal no castiga pérdidas especulativas ni decisiones financieras fallidas en mercados no regulados. En esa línea, remarcó que la estafa exige una secuencia precisa: un engaño idóneo, un error derivado de ese engaño y una disposición patrimonial perjudicial causada por ambos.

En el escrito agregó que la información relevante sobre $LIBRA estaba disponible públicamente en herramientas abiertas como SolScan. Por lo tanto, indicó que esa disponibilidad refuerza la idea de autorresponsabilidad de quienes operaron en un mercado descentralizado y sin supervisión estatal.

La defensa citó un documento de febrero de 2025 de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, en el que ese organismo señaló que las memecoins no constituyen securities bajo la ley federal estadounidense, y que suelen depender de la especulación, la demanda social y fenómenos culturales, más que de expectativas jurídicas de rentabilidad.

También mencionó advertencias de la Comisión Nacional de Valores sobre activos virtuales que no califican como negociables y que pueden implicar pérdida total en períodos breves.

La Sala I del tribunal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, deberá analizar los argumentos de las partes para resolver si ratifica la decisión de desplazar a los querellantes o si los reincorpora a la causa.

El pedido de los querellantes

El inversor Martín Romeo, patrocinado por su abogado Nicolás Ozsust, aseguró que la oferta de $LIBRA fue una estafa planeada y cuestionó que la pesquisa se hubiera enfocado en tomar la cuestión como un tema de riesgo propio de los mercados.

Además, enfatizó que “no se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”.

Por otro lado, aseguró que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.

La resolución cuestionada

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente, al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli.

De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que operó en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclamaron.

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo.

El posteo incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5, y luego se desplomó por ventas que se atribuyeron al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada.

Esa secuencia habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares desde pocas wallet addresses, y generó pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanzó a “Kip Network”, de Julián Peh, y “Kelsier Ventures”, de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y mencionó a “Kip Protocol” como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostuvo que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento en octubre de 2024 y en enero de 2025.

El reciente hackeo que provocó el robo de más de 2.000 bitcoins —equivalentes a más de 100 millones de dólares— a usuarios de hardware wallets volvió a poner la seguridad de los activos digitales en el centro de la conversación. La magnitud del incidente deja un recordatorio de que la seguridad de los fondos no depende únicamente de la tecnología elegida, sino también de la arquitectura que existe detrás de su custodia.

A medida que el ecosistema madura y atrae a más usuarios, resulta cada vez más importante que las personas comprendan cómo se protegen sus fondos y bajo qué estructura están resguardados. La confianza ya no puede basarse únicamente en la promesa de una tecnología, sino también en la forma en que esa tecnología se respalda.

Esa conversación alcanza tanto a quienes optan por la autocustodia como a quienes eligen delegar la custodia de sus activos en una plataforma. En ambos casos, la pregunta de fondo es qué mecanismos existen para proteger el patrimonio del usuario ante un error técnico, un incidente de seguridad o cualquier otra contingencia.

Ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios

El caso ocurrido demuestra que la conversación sobre seguridad ya no pasa únicamente por decidir entre una billetera fría (como hardware wallets) o una caliente que se conecta a internet, ni entre autocustodia o custodia institucional. Esas son decisiones importantes, pero insuficientes por sí solas.

Tal discusión, aunque es válida, resulta incompleta, ya que ninguna de esas opciones de wallet está exenta de riesgos por definición. Cada una presenta desafíos distintos y exige mecanismos específicos para proteger los activos de los usuarios.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma: los controles de seguridad, los procesos de custodia y, si aplica, el marco jurídico que garantiza que el patrimonio de los usuarios permanezca protegido ante cualquier eventualidad.

Cuando los fondos están dentro de un fideicomiso, hay separación patrimonial total: los activos de los clientes no forman parte del patrimonio operativo de la wallet. De ese modo, ante cualquier eventualidad operativa de la plataforma, los fondos permanecen fuera vinculados a la identidad de los usuarios. Así, cuentan con una capa de seguridad adicional regulada que otras alternativas no ofrecen.

La verdadera diferencia está en la calidad de la infraestructura que protege los activos en cada plataforma

En definitiva, el reciente incidente pone de manifiesto que hoy el desafío pasa por construir infraestructuras capaces de ofrecer seguridad a los usuarios de activos digitales, más allá del tipo de plataforma. A medida que el ecosistema continúa madurando, la seguridad dejará de evaluarse por el tipo de wallet o el modelo de custodia elegido y pasará a medirse por la solidez del conjunto de mecanismos técnicos que respaldan esa solución.

Ese cambio de enfoque será clave para fortalecer la confianza de los usuarios y acompañar la próxima etapa de adopción de activos digitales. En este proceso, cobrarán cada vez mayor relevancia aquellas soluciones que hayan desarrollado estructuras capaces de brindar mayores niveles de protección y responder ante distintos escenarios de riesgo.

La evolución del ecosistema no estará marcada únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías, sino también por la capacidad de construir modelos más sólidos, donde la innovación esté acompañada por mecanismos que permitan resguardar de manera adecuada el patrimonio de quienes participan.

Head of Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc

Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense, fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU. Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones.

Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

El mexicano organizó el lavado con una red de cómplices

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos. Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico.

Una vez que los cómplices entregaban el efectivo, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión, es decir, un porcentaje del monto total lavado.

El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.

La DEA de Detroit coordinó la investigación con oficinas en México, Texas, Illinois y Ohio

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingés) también en Detroit. Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso.

La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington, Kentucky. La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red que Gordiano Valenzuela operó.

El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de la iniciativa federal para desmantelar cárteles transnacionales

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF. Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero.

El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

Otro mexicano CEO de una casa de cambio también usó criptomonedas para lavar dinero del narco en Estados Unidos

El caso de Gordiano Valenzuela no fue aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia que operaba en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación.

La investigación reveló que Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El dinero ilícito ingresaba al circuito financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo: Kleiman contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda. Pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas.

La digitalización de pagos y el auge de nuevas formas de transferir dinero han abierto la puerta a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas. Si alguien te exige pagar solo mediante transferencia bancaria, criptomonedas o aplicaciones de dinero, es una señal clara de estafa.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), durante 2025, las pérdidas reportadas por este tipo de engaños superaron los 4.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud y el alcance del problema. El peligro no solo radica en la cantidad de víctimas, sino en la dificultad de recuperar el dinero una vez que la transacción ha sido realizada por estos canales.

El esquema suele comenzar con un contacto inesperado. Un supuesto agente de gobierno, representante de una empresa conocida o incluso un familiar en apuros solicita un pago urgente para resolver un problema, liberar un premio o evitar una consecuencia legal. El detalle que evidencia la trampa: la insistencia en que la única forma de pago posible es a través de métodos que no permiten reversar la transacción. Esta exigencia convierte la operación en un callejón sin salida para la víctima.

¿Por qué estos métodos de pago son la herramienta favorita de los estafadores?

Las transferencias bancarias, las criptomonedas, las aplicaciones de pago y las tarjetas de regalo no cuentan con mecanismos de protección o reversión efectivos para el usuario. Una vez enviado el dinero, recuperarlo resulta prácticamente imposible. Los estafadores lo saben y por eso insisten en que no aceptan tarjetas de crédito tradicionales, ya que estas sí ofrecen opciones de disputa y devolución.

Además, la facilidad para crear cuentas anónimas y mover fondos rápidamente en plataformas digitales hace que rastrear a los delincuentes sea una tarea compleja para las autoridades.

Claves para identificar una estafa de pago único

• Exigencia de método exclusivo: si el interlocutor rechaza opciones convencionales y solo acepta transferencia, cripto o tarjetas de regalo, sospecha inmediatamente.
• Presión y urgencia: los estafadores suelen apurar la decisión, alegando que el tiempo es limitado o que una consecuencia grave se aproxima si no se transfiere el dinero de inmediato.
• Imposibilidad de verificación: cuando se intenta comprobar la identidad de quien solicita el pago, suelen aparecer evasivas, excusas o información falsa.

Estrategias de defensa: cómo protegerte

• Nunca envíes dinero a desconocidos o a quien insista en un único método de pago.
• Verifica la legitimidad: busca en internet el nombre de la empresa, agencia o persona junto a palabras como “estafa” o “queja”.
• Prefiere siempre la tarjeta de crédito: ofrece mayor protección y posibilidad de disputa.
• Actúa rápido si caíste en la trampa: contacta al proveedor del servicio usado, reporta el fraude y pide revertir la transacción si es posible.

Estafas emergentes: el caso de WhatsApp

El auge de los fraudes digitales se refleja también en aplicaciones de mensajería. Una de las tácticas más frecuentes es el secuestro de cuentas de WhatsApp mediante el envío inesperado de códigos de verificación por SMS. Este método puede parecer un simple error, pero es una puerta de entrada para intentos de acceso no autorizado.

Cuando recibes un código sin haberlo solicitado, puede deberse a un error involuntario (otro usuario escribió mal su número) o a un intento de toma de control de tu cuenta. El código es la llave: si lo entregas a un tercero, perderás el acceso y el atacante podrá suplantar tu identidad digital.

Qué hacer ante un código sospechoso:

• No compartas el código bajo ninguna circunstancia.
• Desconfía de mensajes o llamadas que soliciten el código, incluso si parecen de soporte técnico.
• Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.
• Informa a tus contactos si detectas mensajes sospechosos desde tu cuenta.

La regla de oro es simple: si alguien te dice que solo puedes pagar con transferencia, cripto o tarjeta de regalo, detente y verifica. Mantener la cautela, informarse sobre los métodos de pago seguros y desconfiar de la presión o las promesas poco creíbles es la mejor defensa ante las estafas digitales. En la era de las finanzas electrónicas, la protección empieza por identificar los riesgos y rechazar atajos que pueden salir muy caros.

Shelbit, una de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Irán sancionadas por Estados Unidos el viernes por eludir las sanciones, gestionó más de 6.300 millones de dólares en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026, según un informe de TRM Labs.

El fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y varias empresas fueron incluidas en la lista negra por ayudar a blanquear miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Del total, el informe de la firma de análisis de blockchain vincula 5,6 millones de dólares en transferencias de Shelbit a billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como 2 millones de dólares en transferencias a una billetera posteriormente identificada como vinculada a Hamás. El sitio web de Shelbit ya no está operativo.

“[Irán] está construyendo este tipo de ecosistema en cadena, y estamos viendo cifras mucho mayores que nunca antes debido a su capacidad para hacerlo”, dijo Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, en una entrevista.

Shelbit no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Además de la plataforma de intercambio, Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home también han sido sancionadas, según informó el Departamento del Tesoro.

La semana pasada, Reuters documentó los flujos de miles de millones de dólares y los vínculos de la plataforma con el gobierno y el ejército iraníes.

Con gran parte del sector bancario formal de Irán paralizado por las sanciones, la Guardia Revolucionaria ha creado formas alternativas de transferir dinero. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta cada vez más útil para Irán, gracias a su capacidad para transferir valor rápidamente a través de las fronteras y eludir muchos de los controles de cumplimiento de la banca convencional.

Las direcciones controladas por Kayvanpour también enviaron más de 2 millones de dólares a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, que fue sancionada por Estados Unidos en junio, según informó el Departamento del Tesoro.

Shelbit pone de manifiesto las limitaciones de este enfoque. TRM Labs afirmó que las billeteras de la compañía funcionaban más como una infraestructura de pago para sacar dinero del país de una sola vez, que como una plataforma de intercambio.

La red se extendía mucho más allá de Irán. TRM rastreó su exposición a billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), plataformas iraníes sancionadas y aproximadamente 318 millones de dólares relacionados con la red de pagos rusa A7, también sancionada. Según TRM, los vínculos de Shelbit con redes iraníes, asociadas a la IRGC y rusas sugieren que podría haber servido como infraestructura compartida para múltiples economías ilícitas.

Shelbit se registró como entidad en Dubái en marzo de 2024, según el registro mercantil de la ciudad. La plataforma de intercambio figura en la misma ubicación que Velorix Watches Trading LLC, una relojería en un distrito comercial al norte de Dubái, según el registro.

La empresa de criptomonedas no era un operador conocido en el sector y no realizó una amplia campaña de marketing, según TRM Labs en su informe. Aun así, Shelbit atrajo importantes flujos de criptomonedas. El tamaño medio de las transacciones en su plataforma era de casi 56.000 dólares, y los clientes intercambiaban la mayoría de sus activos a través de la cadena de bloques Tron, una red conocida por su popularidad entre hackers y blanqueadores de dinero.

Shelbit también proporcionó parte de la infraestructura financiera que permitió a la economía del juego iraní mover dinero a pesar de que las apuestas en línea son ilegales en el país. TRM Labs rastreó alrededor de 72 millones de dólares en transacciones entre Shelbit y 55 plataformas de juego en línea, lo que llevó a la firma de análisis de blockchain a concluir que la liquidación de apuestas probablemente era una línea de negocio para Shelbit.

“La Guardia Revolucionaria Islámica defiende una postura desde un punto de vista ideológico, como que el juego es ilegal, y luego se beneficia o se lucra con la red de apuestas ilegales”, dijo Alex Zerden, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos e investigador sénior adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

El juego, añadió, puede generar dinero, facilitar el blanqueo de capitales y proporcionar otro canal a través del cual la IRGC puede obtener beneficios económicos.

Bloomberg

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años, señalado por su probable responsabilidad en un fraude relacionado con inversiones en criptomonedas que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista.

La captura se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de movilidad del país, donde las autoridades lograron ubicar al imputado para ejecutar el mandato judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se originó en Bahía de Banderas, Nayarit, donde Edgar Gilberto Fabris Contreras y Arturo Jossmar Ramírez Vega, identificados como socios de la empresa Cryptonetwork S.A. de C.V., presuntamente convencieron a la víctima de invertir una importante suma de dinero bajo la promesa de obtener rendimientos mensuales mediante operaciones con criptomonedas, divisas y otros instrumentos financieros.

Sin embargo, las ganancias prometidas nunca fueron entregadas y el capital tampoco habría sido recuperado, por lo que el afectado presentó la denuncia correspondiente.

Investigación apunta a esquema de inversión fraudulento

Las indagatorias de la Fiscalía capitalina establecen que los presuntos responsables captaron recursos económicos asegurando que serían destinados a un modelo de inversión con activos digitales y operaciones financieras de alta rentabilidad.

De acuerdo con la investigación, el inversionista habría confiado en las promesas realizadas por los socios de la empresa, quienes ofrecían rendimientos periódicos derivados de las operaciones con criptomonedas.

No obstante, una vez entregado el dinero, los pagos comprometidos dejaron de realizarse y la víctima tampoco pudo recuperar la inversión inicial, situación que derivó en el inicio de la carpeta de investigación por el delito de fraude.

Tras reunir los elementos necesarios, un juez libró la orden de aprehensión contra Edgar Gilberto Fabris Contreras, la cual fue ejecutada por agentes de investigación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si Arturo Jossmar Ramírez Vega enfrenta algún proceso judicial relacionado con los mismos hechos ni si existen más personas afectadas por el presunto esquema de inversión.

El AICM, escenario de recientes detenciones relevantes

La captura de Edgar Gilberto Fabris Contreras ocurre apenas unas semanas después de otro operativo de alto impacto realizado en el mismo aeropuerto.

El pasado 16 de julio, autoridades federales y del Estado de México detuvieron en las inmediaciones del AICM a David “N”, identificado como presunto líder de una red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible —conocido como huachicol— en territorio mexiquense.

En aquella operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones también lo relacionaban con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y préstamos ilegales bajo el esquema denominado “gota a gota” en municipios como Zumpango, Tecámac y Ecatepec. Además, fuentes oficiales señalaron que mantenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambas detenciones reflejan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa siendo un punto estratégico para la ejecución de órdenes de aprehensión contra personas buscadas por distintos delitos, desde integrantes de organizaciones criminales hasta presuntos responsables de fraudes financieros de alto impacto económico.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha informado cuándo será presentada la persona detenida ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

Un ataque informático logró superar los controles de Steam, infectando cerca de 8.000 computadoras y permitiendo el robo de más de 220.000 dólares en criptomonedas a jugadores de todo el mundo.

La operación fue desmantelada tras el arresto de Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, según datos de los expertos en seguridad digital de, Eset, y documentos judiciales en Estados Unidos. El caso demuestra que, aunque las plataformas oficiales mantienen estrictas políticas de seguridad, los ciberatacantes continúan buscando nuevas formas de vulnerar la confianza de los usuarios.

Cómo operó el malware en Steam

Durante casi dos años, entre mayo de 2024 y febrero de 2026, el responsable de la campaña maliciosa utilizó videojuegos publicados en Steam para distribuir un infostealer, programa diseñado para robar credenciales, contraseñas, tokens de sesión y datos asociados a billeteras de criptomonedas.

De acuerdo con el FBI, los títulos afectados incluidos: BlockBlasters,Chemia,Dashverse,DashFPS,Lampy,Lunara,PirateFiyTokenova se promocionaban en comunidades como Discord, Telegram y X, atrayendo a usuarios desprevenidos.

El malware se ejecutaba junto al juego, permitiendo el acceso a información privada y facilitando el robo de activos digitales. En algunos casos, los atacantes empleaban chatbots para identificar perfiles con grandes sumas en criptomonedas y priorizaban estos objetivos.

Uno de los elementos centrales del ataque fue el aprovechamiento de la confianza que los usuarios depositan en plataformas oficiales. Aunque Steam cuenta con revisiones técnicas y controles para detectar software malicioso, estos procesos no equivalen a una auditoría de seguridad integral.

Los atacantes consiguieron publicar títulos que aparentaban legitimidad, superando las verificaciones iniciales e incluso lanzando actualizaciones maliciosas posteriores.

La estrategia no se limitó al aspecto técnico. Los responsables aprovecharon la ingeniería social para convencer a los jugadores de la autenticidad de los juegos, utilizando reseñas, foros y campañas en redes sociales para darles visibilidad.

Limitaciones de los controles en plataformas oficiales

El caso de Steam no es aislado. En 2025, Apple eliminó casi 59.000 aplicaciones que, tras ser aprobadas, introdujeron cambios para cometer fraudes. Esta situación evidencia que ningún sistema de revisión es totalmente infalible, incluso en las tiendas más reconocidas del sector digital.

La principal lección para los usuarios es que la seguridad no depende solo de la plataforma. Si bien descargar desde sitios oficiales sigue siendo la mejor práctica, los cibercriminales han adaptado sus tácticas para explotar la percepción de confianza que generan estos entornos.

Cómo identificar videojuegos sospechosos

Para reducir el riesgo de descargar malware, es fundamental que los usuarios adopten hábitos de verificación adicionales:

• Consultar comentarios y reseñas de otros jugadores. Las alertas tempranas suelen difundirse rápidamente en la comunidad.
• Prestar atención a permisos inusuales. Si un juego solicita instalar controladores o componentes adicionales, conviene investigar su procedencia.
• Evitar mods, hacks y parches no oficiales. Muchos ataques emplean versiones alteradas para introducir malware.
• Mantener actualizado el sistema operativo y el software de seguridad. Estas herramientas son clave para detectar amenazas que logran superar los controles iniciales.

El rol de las víctimas y la cooperación con las autoridades

Tras la detección de la campaña, el FBI solicitó la colaboración de los afectados para reunir pruebas y rastrear la operación. El aporte de información por parte de los usuarios fue determinante para identificar los títulos comprometidos y asociar las evidencias al principal sospechoso. Este enfoque colaborativo permitió reconstruir el funcionamiento del malware y concluir la investigación con el arresto del responsable.

La relevancia de este incidente radica en que afectó a una de las mayores plataformas de distribución digital, considerada por millones de usuarios como un entorno seguro para descargar videojuegos. Si bien Steam implementa procesos de revisión y verificación, la sofisticación de los ataques y el uso de técnicas de ingeniería social siguen representando riesgos para la comunidad gamer.

El incidente pone en evidencia los límites de la seguridad en plataformas oficiales y la necesidad de una actitud más crítica por parte de los usuarios.

En Colombia, los dólares digitales como Usdt y Usdc deben incluirse en la declaración de renta ante la Dian cuando integran el patrimonio o generan ingresos gravables, aunque nunca pasen por un banco.

El control sobre esas operaciones se intensificará porque desde 2027 la autoridad tributaria empezará a recibir información de proveedores de servicios de criptoactivos bajo la Resolución 000240 de 2025.

Entre el 12 de agosto y el 26 de octubre vencen los plazos para que las personas naturales presenten la declaración correspondiente a 2025, según los dos últimos dígitos de la cédula.

En ese universo, una estimación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ubica en cerca de seis millones a las personas que en el país usan criptomonedas o exchanges relacionados con estos activos.

La regla central es que los criptoactivos se consideran activos intangibles para efectos tributarios. De acuerdo con el Concepto Unificado 1621 del 17 de octubre de 2023, la Dian los define como representaciones digitales de valor que no son emitidas ni respaldadas por un banco central, pero que pueden funcionar como medio de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor.

Esa clasificación incluye bitcoin, ethereum, stablecoins como Usdt y Usdc, tokens de utilidad y cualquier otro criptoactivo que se posea o negocie en Colombia. La obligación, además, no nació con ese concepto: el documento consolidó el criterio jurídico de la autoridad, pero la exigencia de declararlos ya existía.

No toda persona con criptomonedas está obligada a declarar renta. La exigencia depende de si supera los umbrales generales del Estatuto Tributario al cierre del año gravable correspondiente.

Para 2025, deben declarar quienes al 31 de diciembre tengan un patrimonio bruto superior a $224,1 millones, equivalente a 4.500 UVT, o ingresos brutos de $69,7 millones o más, equivalentes a 1.400 UVT. También quedan obligados quienes alcancen ese mismo monto en compras, pagos con tarjeta, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, así como los responsables del impuesto sobre las ventas.

En el caso de los dólares digitales, su equivalencia en pesos puede variar con la tasa de cambio, pero esa desvalorización por sí sola no configura una pérdida tributaria si no existe una venta por debajo del costo.

Según explicó Camilo Suárez, CEO de la fintech Vurelo, el punto no es sólo determinar si una persona que opera con criptoactivos debe declarar, sino seguir la ruta completa de cada movimiento. Comprar, cambiar una moneda por otra, vender a otro usuario o recibir recompensas puede tener efectos tributarios distintos, incluso cuando el dinero permanece dentro de la plataforma.

La tenencia no es el único hecho relevante. Vender criptomonedas por pesos o permutarlas por otros activos digitales puede generar ingresos o utilidades que deben reportarse.

Uno de los errores más frecuentes es creer que solo importa lo vendido. Michelle Arguelles, consultora tributaria en blockchain, advirtió que esa idea es incorrecta porque los activos guardados en una billetera o en una plataforma también cuentan dentro del patrimonio y pueden hacer que el contribuyente supere los topes de la Dian.

La publicación pone un ejemplo concreto: pasar de ether (criptomoneda nativa de la red Ethereum) a Usdt constituye una permuta y puede generar utilidad gravable aunque no intervengan pesos. Si alguien compró ether por $8 millones y lo cambió cuando valía $12 millones, el resultado inicial sería de $4 millones antes de comisiones y ajustes.

Ese tratamiento cambia según el tiempo de tenencia. Si la criptomoneda se mantuvo por dos años o más y cumplía la condición de activo fijo, la utilidad puede tributar como ganancia ocasional a una tarifa del 15%; en los demás casos, puede incorporarse a la renta ordinaria, cuyas tarifas marginales llegan hasta el 39%.

También son renta ordinaria los criptoactivos recibidos como contraprestación por servicios. En ese caso, deben declararse por su valor en pesos al momento de la recepción.

El material agrega que no todo movimiento genera impuesto. El aumento de precio mientras no exista venta no constituye ingreso realizado, y los traslados entre billeteras propias no equivalen a ventas ni a transferencias a terceros. El simple intercambio entre criptomonedas, añade el texto en otra parte, sigue siendo un área de interpretación en evolución y requiere análisis caso por caso.

El supuesto de que estas operaciones no dejan rastro ya no es sostenible. Las plataformas y exchanges recopilan datos de movimientos, y la Dian cruza esa información mediante reportes exógenos y registros de terceros.

Desde este año los proveedores de servicios de criptoactivos, incluidos exchanges, custodios y plataformas P2P administradas del exterior que atiendan a residentes colombianos, deben recopilar información de usuarios y operaciones para entregarla a la autoridad tributaria a partir de mayo de 2027. Esa obligación surge de la Resolución 000240 de 2025, que implementa en el país el Marco de Reporte de Criptoactivos de la Ocde.

Las consecuencias por omitir estos activos son jurídicas y económicas. Si la Dian detecta omisión en una declaración, puede aplicar la sanción por inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario, equivalente al 200% del mayor impuesto que resulte de la corrección.

Si la persona estaba obligada a declarar y no lo hizo, la sanción prevista en el artículo 643 es del 20% de los ingresos brutos o del 20% del patrimonio bruto, la cifra que sea mayor. A eso se suman intereses moratorios sobre el impuesto dejado de pagar, con la tasa vigente del Banco de la República y los puntos adicionales previstos por la ley.

La firmeza de la declaración opera después de tres años contados desde el vencimiento para presentarla, según el artículo 714 del Estatuto Tributario. Si no se presentó declaración, el plazo de riesgo se extiende a cinco años; por eso, 2022, 2023 y 2024 siguen abiertos para revisión en la mayoría de los casos, mientras que la responsabilidad penal por defraudación fiscal tiene términos distintos.

Antes de enviar el formulario 210, se recomienda conservar extractos, historial de transacciones, direcciones de billeteras, órdenes, comprobantes y soportes de comisiones. También aconseja comparar la información exógena que ya tiene la Dian con el historial de cada plataforma y usar la herramienta institucional Ayuda Renta como borrador, ya que presentar tarde acarrea una sanción de extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

Un laboratorio afiliado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) lanzó una cuenta en la plataforma OnlyFans para recaudar fondos y mantener con vida décadas de investigación sobre marmotas, ante los recortes federales que golpean el financiamiento científico en Estados Unidos.

La iniciativa, bautizada OnlyMarms, debutó a fines de mayo y, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, ya acumula 1.700 seguidores y generó alrededor de USD 5.000 en propinas brutas.

Una idea que nació en un prado de Colorado

La cuenta no surgió de una sala de reuniones ni de una estrategia de comunicación institucional.

Dan Blumstein, profesor de ecología y biología evolutiva de UCLA y codirector del Marmot Project en el Rocky Mountain Biological Laboratory de Colorado, la concibió mientras aguardaba, sentado en un prado, la aparición de los animales que lleva años estudiando.

En ese momento, según relató a Los Angeles Times, reflexionaba sobre el estado del financiamiento para su trabajo y recordó la serie de comedia de Apple TV Margo’s Got Money Troubles, cuya protagonista recurre a OnlyFans para pagar sus cuentas. “Las marmotas también tienen problemas de dinero”, razonó el científico.

El contenido que publica OnlyMarms dista bastante del material habitual en esa plataforma. Los videos muestran a las marmotas de vientre amarillo en su entorno natural: una hembra que ahuyenta a un macho curioso, un ejemplar que se acerca cada vez más al lente de la cámara de campo.

Emily Renkey, estudiante de posgrado de primer año en el laboratorio, aclaró a Los Angeles Times que se trata de imágenes tomadas sin intervención humana.

“Son animales salvajes, por eso es importante que la gente sepa que simplemente captamos imágenes de ellos en su ambiente natural”, aseguró.

La clasificación del contenido es apta para todo público, aunque alguna pelea ocasional entre ejemplares le añade un toque de drama, tal y como dijo Blumstein al medio californiano.

El trasfondo: recortes que amenazan décadas de ciencia

Detrás de la curiosidad que despierta la iniciativa hay una realidad que preocupa a la comunidad científica.

Los recortes federales al financiamiento universitario redujeron el número de estudiantes de posgrado con respaldo económico, lo que afecta directamente a estudios de largo plazo como el que conduce Blumstein.

Sin esa masa de investigadores junior, proyectos que requieren años de observación continua pierden capacidad operativa.

El seguimiento de las marmotas de vientre amarillo en el laboratorio de Colorado lleva más de seis décadas de historia. El ecólogo Ken Armitage inició el programa en 1962 y lo extendió hasta su retiro; Blumstein asumió la conducción en 2001.

Armitage falleció en 2022. El estudio que dejó como legado es uno de los registros de campo de mayor continuidad en su tipo a nivel mundial.

"Esto representa un verdadero desafío“, afirmó Blumstein en declaraciones a Los Angeles Times. “Es un momento de aprendizaje, no solo sobre las marmotas, sino sobre el lamentable estado del financiamiento científico, el valor de la investigación a largo plazo y la necesidad de mantener vivo un proyecto que creemos valioso para la sociedad”, agregó.

Criptomoneda, redes sociales y la primera Fat Marmot Week

El fenómeno trascendió la plataforma de suscripción. Fanáticos de los animales crearon por iniciativa propia una criptomoneda de tipo meme coin también llamada OnlyMarms, cuyas comisiones de transacción generaron decenas de miles de USD adicionales para el laboratorio, de acuerdo con la información publicada por Los Angeles Times.

De los USD 5.000 recaudados en propinas directas en la plataforma, el laboratorio retiene aproximadamente USD 4.000 una vez que OnlyFans descuenta su comisión.

El equipo también administra una cuenta de Instagram y prepara para este mes la primera edición de la Fat Marmot Week, una competencia sobre qué ejemplar logrará engordar más antes de entrar en hibernación.

El formato toma como referencia la popular Fat Bear Week del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

“Me sorprende el abrumador interés internacional en las marmotas y el entusiasmo por esta idea”, admitió Blumstein ante Los Angeles Times.

Renkey, por su parte, destacó con humor que los animales no tienen la menor conciencia de su repentina fama global. “Las marmotas no saben lo famosas que son”, dijo la investigadora al medio.

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.

La detención la llevaron a cabo agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Kleiman enfrenta una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 250,000 dólares por el cargo de asesinato por encargo. La acusación formal corresponde al caso número 26-MJ-4495.

El caso lo llevan los fiscales adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler, con contribución de Daniel Casillas.

De casa de cambio a pantalla para el narco: así operaba MoneyFlip

La investigación federal inició con una pesquisa sobre empresas de cambio de divisas que operan en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades identificaron a Kleiman como presunto responsable de operaciones de blanqueo de dinero a través de su empresa de servicios monetarios con licencia, originalmente registrada como MXN Financial LLC y rebautizada como MoneyFlip LLC en 2025.

Kleiman, quien anteriormente vivió y trabajó en San Diego antes de establecerse en Miami, operaba el negocio como mayorista internacional de divisas y casa de cambio en el Distrito Sur de California. Según la denuncia, utilizaba esa estructura para realizar transacciones transfronterizas de divisas que eludían los requisitos de reporte establecidos en la Ley de Secreto Bancario.

Las ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas eran introducidas al sistema financiero a través de empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

En febrero de 2026, agentes encubiertos de Investigaciones de Seguridad Nacional contactaron a Kleiman y le pidieron convertir dólares en criptomonedas, advirtiéndole de entrada que el dinero venía del narcotráfico. Kleiman no se echó para atrás. “Dime los detalles principales. Necesito saber si... lo que tienes es limpio o sucio. O sea, no me asusto, amigo”, respondió, según los documentos judiciales.

Para mantener las comunicaciones fuera de los canales convencionales, Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió la contraseña con los agentes. Los mensajes se redactaban y guardaban como borradores sin enviarse, con la intención de reducir rastros digitales.

En total, convirtió aproximadamente 750,000 dólares en activos digitales, transferidos a la billetera de un agente federal encubierto. Cobró una comisión del 10%.

El giro: de lavar dinero a pagar por un asesinato

Durante las conversaciones sobre las operaciones financieras, Kleiman le preguntó a los agentes encubiertos si podían ayudarle a recuperar una deuda que le debía un empresario mexicano, y a matarlo. Acordó pagar 40,000 dólares por el secuestro y asesinato del hombre.

En mayo de 2026, un tercero entregó un primer depósito de 5,000 dólares en efectivo a uno de los agentes en San Diego. A principios de julio, el mismo agente le pidió a Kleiman un segundo anticipo de 5,000 dólares para “reservar a los salvajes” y le advirtió que “pagara o no, la víctima sería abandonada muerta al costado de la carretera”. Kleiman respondió: “Te prepararé esos cinco en dos o tres semanas”.

El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman tres fotografías y un video montados para simular que la víctima había sido capturada, torturada y asesinada. Entre ese material había una imagen de una supuesta víctima tendida muerta en un campo, con una manta que cubría el cuerpo con la leyenda “Por ser Rata”. Uno de los agentes le dijo: “Ya mataron al tipo, así que hay que pagarles”. Kleiman respondió: “De acuerdo. Cuenten con ello”.

Al día siguiente, 29 de julio, entregó otros 5,000 dólares en efectivo y transfirió aproximadamente 25,000 USDT a una billetera de criptomonedas como pago final por el asesinato. Sumados los dos anticipos previos de 5,000 dólares cada uno, Kleiman completó así el pago total de 40,000 dólares que había acordado por el homicidio. Horas después fue arrestado en Miami.

El caso involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el IRS en su división de Investigación Criminal y la Oficina del Sheriff del Condado Imperial, con apoyo del Departamento de Policía de Brawley.

La investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que agrupa a agencias federales para combatir cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico que operan en territorio estadounidense.

Once aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, emitieron el viernes una advertencia conjunta sobre la contratación de trabajadores de tecnología de la información originarios de Corea del Norte, alertando que Pyongyang utiliza esa red para financiar su programa de armas nucleares y robar información confidencial a empresas globales.

La declaración, publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue suscrita también por Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos. En total, 19 agencias gubernamentales de nueve países respaldaron el comunicado.

Según el aviso, los trabajadores de tecnología de Corea del Norte se hacen pasar por nacionales de otros países para obtener contratos a través de plataformas digitales de empleo, adquisición y prestación de servicios. Una vez contratados, remiten sus salarios directamente a agencias estatales norcoreanas. La coalición advirtió que estos operativos participan en la extracción de datos corporativos, el robo de criptomonedas y el espionaje de información sensible.

“Los trabajadores de TI norcoreanos emplean métodos cada vez más sofisticados, incluida la integración de inteligencia artificial, para ocultar sus identidades y expandir sus actividades globalmente”, señala el comunicado conjunto. Esa incorporación de inteligencia artificial permite a los operativos ampliar su alcance y perfeccionar la suplantación de identidad a una escala sin precedentes, según la coalición.

El aviso detalla además que los operativos se apoyan en facilitadores ubicados en China, Rusia y el sudeste asiático para montar lo que el documento denomina laptop farms: instalaciones que alojan dispositivos proporcionados por las empresas contratantes, a los que los trabajadores norcoreanos acceden de forma remota mediante redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar su ubicación real.

Pyongyang lleva décadas insistiendo en su derecho a contar con armamento nuclear y misiles balísticos, programas prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En 2023, el país consagró su condición nuclear en su propia constitución. Acosado por un amplio régimen de sanciones internacionales, el gobierno norcoreano es señalado por operar actividades de ciberdelincuencia y lavado de dinero para sostener sus ambiciones militares.

La coalición instó a todos los países, empresas y entidades a profundizar su comprensión de estos esquemas e implementar medidas para contrarrestar las tácticas descritas. Las plataformas de contratación en línea recibieron un llamado específico a fortalecer los procedimientos de verificación de identidad y los procesos de revisión de equipos informáticos. El aviso del viernes se suma a advertencias previas emitidas por Washington y sus aliados sobre las mismas redes.

La investigación de la causa $LIBRA retomará su ritmo después de la feria judicial, con dos cuestiones pendientes: por un lado, el acceso a la información que solicitó el tribunal para identificar a los usuarios detrás de las billeteras digitales; y, por otro, la audiencia prevista para el próximo 10 de agosto en la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si se sostiene la hipótesis de estafa que habilite la participación de querellantes.

Antes de ingresar en el receso de invierno, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano para disponer el congelamiento de las direcciones de criptoactivos hasta obtener información sobre su titularidad.

Se trata de una medida cautelar que, según se indicó, busca favorecer la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos involucrados y preservarlos ante la posibilidad de un futuro decomiso. La diligencia fue delegada al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que deberá presentar un informe una vez que se complete la instrucción.

Mientras tanto, el otro eje que condiciona el rumbo del proceso es el conflicto sobre la intervención de querellantes, que surgió cuando el imputado Mauricio Gaspar Novelli promovió una excepción por falta de acción para excluir a las cinco personas que se presentaron como particulares damnificados.

En la presentación, la defensa sostuvo que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo carecen de legitimación para continuar interviniendo en el caso, porque se supone que debían conocer que estaban operando en un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y fuerte exposición al riesgo.

La ruta del dinero

El análisis de la secuencia de movimientos de dinero que identificaron los peritos de la Policía Federal se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, Fixed Float y Bridge Finance.

Asimismo, se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a plataformas de intercambio centralizadas, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación “Expuestos en X”.

Los expertos señalaron que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.

La cuestión de la estafa

El juez Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente al aceptar una excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Novelli, con el argumento de que, en el estado actual de la causa, no está acreditado que hayan sufrido un perjuicio directo para intervenir como particulares ofendidos.

Los afectados apelaron para revertir la medida, por lo que la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para revisar la decisión el próximo 10 de agosto.

La controversia principal se sostiene en la cuestión de si hubo o no hubo estafa. De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un activo digital que opera en un ámbito de regulación limitada y alto riesgo.

Además, destacó que los querellantes solo aportaron enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas, elementos que consideró insuficientes para probar la titularidad de las billeteras por las que reclaman.

En la misma línea, planteó que “aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”.

La causa

El expediente se abrió con una denuncia por el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicara en X un mensaje de apoyo, que incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain.

El precio partió de USD 0,01, subió hasta cerca de USD 5 tras el posteo y luego se desplomó por ventas que fueron atribuidas al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada, lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, mediante unas pocas direcciones de billeteras digitales, generando pérdidas para más de cuarenta mil compradores.

La imputación alcanza a Kip Network de Julián Peh y Kelsier Ventures de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y menciona a Kip Protocol como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad.

La hipótesis sostiene que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento, en octubre de 2024 y en enero de 2025. Agrega que los empresarios habrían pagado para posibilitar esas reuniones.

El oro es la inversión más tradicional y, para muchos, la más conservadora frente a momentos de crisis. Las diversas formas de comprarlo agregan ahora en la Argentina la tecnología blockchain, la misma de las criptomonedas. El oro tokenizado implica que se podrá invertir en el metal precioso representado en forma digital pero respaldado al 100% por oro físico.

La plataforma que ofrecerá este servicio por primera vez en el mercado argentino reunirá, con precio internacional, la custodia, la comercializción, la tokenización y la liquidez del oro. Fue creada por Prosegur Crypto, la unidad de activos digitales de la tradicional empresa de logística del efectivo.

La primera etapa pondrá a la venta 2.000 tokens, cada uno de ellos por valor equivalente a 1 gramo de oro físico certificado de máxima pureza, almacenado en einstalaciones de alta seguridad. Los tokens reflejan la cotización internacional del oro y pueden ser transferidos o vendidos dentro de la plataforma. Toda la operación funciona con tecnología blockchain, lo que permite controlar su trazabilidad y verificación.

Cómo invertir en oro digital

La operación para invertir en oro tokenizado es simple. Basta con registrarse en una web y cargar datos de una tarjeta de crédito y una cuenta bancaria. Allí se puede comprar “un gramo de oro al mismo precio de un kilo”, según explican en Prosegur, ya que la plataforma utiliza la cotización del mercado de Londres con actualización cada 6 horas. A su vez, se garantiza la liquidez, ya que se puede vender las 24 horas y transferir de inmediato a la cuenta registrada.

Un punto clave son las comisiones. Aunque garantizan liquidez, se entiende que se trata de una inversión de mediano y largo plazo. La comisión es del 4% al momento de la compra y del 6% al de la venta, por lo que no luce conveniente para “tradear”, para entrar y salir todo el tiempo, algo más propio de un ETF de oro. En este caso, al existir un respaldo de oro físico, se trata de una inversión para sostener en el tiempo.

“La gran ventaja es que todo el proceso lo hace Prosegur, no hay roturas en la cadena de custodia. Acercamos el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología. Y el beneficio que trae la tokenización en sí mismo: pagar un gramo al mismo precio que grandes cantidades“, explicó a Infobae José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto.

El negocio de Prosegur Crypto se abrió en el contexto de cambios regulatorios en la Argentina para favorecer las transacciones del ecosistema cripto. La empresa, que opera en 36 países, se inscribió en el país como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el registro que maneja la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Su foco apunta al segmento corporativo, con servicios mayoristas para bancos orientados a la tokenización de instrumentos y los real world assets (RWA), los activos tradicionales que pueden digitalizarse y operarse con tecnología blockchain. Esa estrategia permite comprar un gramo de oro físico sin tenerlo en la mano, con la misma seguridad de los grandes inversores y el precio internacional. “No somos un exchange minorista pero ofrecemos una infraestructura para individuos de alto valor”, explicó Fernández Freire.

El objetivo de Prosegur es que su producto de oro tokenizado pueda ser incorporado por Alycs, billeteras o bancos dentro del portafolio de inversiones que ofrecen a sus clientes. Asegura que tiene conversaciones avanzadas en ese terreno con varias entidades.

La empresa inauguró en la Argentina un “búnker de custodia de criptoactivos”, una infraestructura diseñada para almacenar activos digitales en “un entorno completamente aislado, sin conexión a internet, con múltiples capas de protección física y criptográfica”.

Este tipo de instalaciones, señalaron en la compañía, combina protocolos de seguridad de grado militar, almacenamiento en frío y sistemas avanzados de gestión de claves, lo que “consolida un modelo que integra la experiencia histórica de Prosegur en custodia de valores con las exigencias del ecosistema digital”.

“Desde el punto de vista operativo, Prosegur Crypto es responsable de la compra y almacenamiento de lingotes de oro, así como de la emisión de los tokens digitales. Por cada lingote se generan 1.000 tokens, respaldados físicamente por el metal custodiado. Estos activos digitales se almacenan mediante tecnología de almacenamiento en frío, combinando seguridad física y ciberseguridad avanzada”, explicaron.

Una mujer identificada como Cassandra Thompson quedó arrestada en Miami tras una acusación de haber drogado y robado más de USD 84.000 a un hombre en Brickell. Según las autoridades, se apropió del teléfono de la víctima para sustraer efectivo y criptomonedas mientras el afectado permanecía inconsciente.

El delito se cometió en diciembre de 2024 y la captura ocurrió más de un año después, al regresar la sospechosa a la ciudad.

Cómo fue el robo millonario en Brickell

La policía sostiene que la noche del 11 de diciembre de 2024, un hombre invitó a Thompson a su apartamento tras conocerla en un restaurante de la zona. Ya dentro del domicilio, la mujer preparó una bebida con vodka que la víctima bebió. Minutos después, él perdió el conocimiento.

Mientras el hombre permanecía inconsciente, Thompson tomó su teléfono y accedió a sus cuentas digitales. La sospechosa transfirió USD 72.800 en criptomonedas y USD 1.225 a través de Venmo usando el dispositivo, además de llevarse USD 10.000 en efectivo del dormitorio.

Cuando la víctima despertó horas después, encontró la puerta entreabierta, su celular desaparecido y un pedido de comida sin recoger en la entrada.

Quién es la acusada y cómo la ubicaron

Thompson, de 35 años, residente de Las Vegas, fue identificada gracias a grabaciones de seguridad y rastreo digital del teléfono robado. Según los informes policiales, la investigación permitió seguir la pista del dispositivo hasta Nueva York, Estados Unidos, ciudad a la que la acusada voló pocas horas después de cometer el robo.

Las pruebas digitales y los registros de las transferencias bancarias confirmaron la identidad de Thompson. El trabajo coordinado entre la víctima y las autoridades permitió emitir una orden de arresto, que se hizo efectiva el 26 de julio de 2026, cuando Thompson arribó al aeropuerto internacional de Miami.

Dónde y cuándo ocurrió el delito

El hecho se registró en un apartamento ubicado en Brickell, Miami. Todo sucedió durante la madrugada: la pareja llegó al apartamento cerca de las 3:30, la bebida fue servida poco después y, para las 4:00, la sospechosa ya había abandonado el lugar. A las 8:00, Thompson tomó un vuelo rumbo a Nueva York con el botín en su poder.

La detención de la acusada se realizó en el Turner Guilford Knight Correctional Center tras su llegada a Miami, donde quedó a disposición judicial bajo cargos de hurto mayor, lavado de dinero y fraude informático.

Qué reveló la investigación policial

La investigación determinó que la sustancia utilizada para incapacitar a la víctima no ha sido identificada, pero permitió a la acusada operar sin resistencia y apropiarse de grandes sumas en poco tiempo. Parte de las transferencias digitales fue bloqueada por la plataforma Coinbase, pero la mayoría de los fondos logró ser retirada antes de que se detectara el fraude.

Las pruebas presentadas incluyen videos de seguridad, rastreo de dispositivos y registros de las transacciones financieras, elementos que resultaron claves para la captura un año después del delito.

Otros fraudes recientes con criptomonedas y engaño en Estados Unidos

En Estados Unidos se han registrado recientemente otros delitos vinculados al robo digital y la manipulación de víctimas para sustraer criptomonedas. El 26 de julio de 2026, fiscales federales informaron la recuperación de más de USD 25 millones en activos virtuales defraudados a más de 200 personas, principalmente a través de falsas relaciones sentimentales y esquemas de inversión fraudulentos.

Las redes criminales, con base en el extranjero, lograron mezclar y mover los fondos de las víctimas antes de que fueran congelados por las autoridades, según detalló The Financial Wire.

Otro caso destacado en el sur de Florida involucró la detención de un joven de 21 años, acusado de liderar un grupo que instaló videojuegos infectados para acceder a unas 80 billeteras digitales y apropiarse de al menos USD 220.000 en criptomonedas.

De acuerdo con el reporte de WSVN, los fondos robados fueron blanqueados mediante tarjetas de regalo digitales. Las autoridades estadounidenses alertan sobre el aumento de estos delitos y aconsejan precaución al compartir información financiera o transferir dinero por internet.

Cuando empecé a construir una fintech cripto en Perú, mi primera pregunta no fue técnica. Fue: ¿cómo se gana la confianza de alguien para que le confíe su dinero a algo que la ley todavía no termina de definir? No existía un manual. El marco regulatorio para criptoactivos en el país apenas estaba tomando forma, y sigue evolucionando hoy.

Vengo de sistemas, no de banca tradicional. Pasé más de diez años construyendo software antes de fundar una empresa cripto. Esa falta de trayectoria financiera clásica podría verse como una debilidad. En un sector donde la regulación todavía se está escribiendo, resultó ser una ventaja: no tenía vicios heredados de cómo "siempre se hizo" en finanzas, y eso me obligó a pensar la credibilidad desde cero, sin dar nada por sentado.

La pregunta que más me hacen es simple: si no hay una ley completa que regule esto, ¿cómo confío en una plataforma cripto? La respuesta honesta es que la credibilidad en un sector así no se construye esperando a que llegue la regulación. Se construye anticipándola.

Eso significa, en la práctica, adoptar estándares de identificación y prevención de lavado de activos antes de que sean obligatorios, no cuando ya no queda otra opción. Significa ser transparente sobre los riesgos reales de los criptoactivos en vez de vender promesas de rentabilidad fácil, algo que lamentablemente todavía abunda en el discurso de muchos proyectos en la región. Significa también dialogar con los reguladores en vez de evitarlos, porque el marco que se está construyendo hoy en Perú va a definir qué tipo de industria tendremos mañana.

Hay una tentación fuerte en cripto de venderse como el futuro inevitable, sin matices. Prefiero un enfoque distinto: reconocer abiertamente que este es un sector joven, con reglas incompletas, y que la responsabilidad de quienes construimos aquí es demostrar con hechos, no con discursos, que se puede operar con seriedad mientras el marco legal madura. (Frase clave omitida en este párrafo según instrucción 4)

Esto no es solo una postura ética, también es una decisión práctica. Un usuario que entiende exactamente qué está usando, cuáles son los riesgos y qué protecciones tiene, es un usuario que se queda. Uno que se siente engañado o confundido, no vuelve, y además cuenta su mala experiencia a diez personas más. En una industria que todavía tiene que ganarse un lugar en la conversación financiera del país, ese tipo de confianza vale más que cualquier campaña publicitaria.

El Perú tiene una oportunidad real de convertirse en un referente regional en esta materia, no por tener la regulación más rápida, sino por tener una construida con criterio, en conversación con la industria y no en contra de ella. Ya hay avances concretos en el registro de plataformas y en la exigencia de estándares operativos, y eso es una buena señal. Todavía falta camino, pero la dirección importa tanto como la velocidad.

Construir credibilidad en un sector sin marco maduro no es cómodo. Obliga a operar con más disciplina que la que exigiría la ley hoy, apostando a que ese esfuerzo se traduzca en confianza real de la gente y en un marco regulatorio mejor pensado mañana. No hay atajo. La confianza en finanzas, sea tradicional o digital, siempre se gana despacio y se pierde rápido. En cripto, donde todavía hay mucho por demostrar, esa regla aplica el doble.

Mi apuesta es que los países que entiendan esto primero, construyendo reglas claras junto a quienes ya operan con seriedad en el sector, van a atraer más inversión y más talento que los que solo persiguen la innovación sin ponerle estructura. Perú puede ser uno de esos países, si la conversación entre reguladores e industria sigue siendo honesta y constante.

“La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy”, es la afirmación de Matías Alberti, quien acaba de asumir como gerente general de Binance para el mercado nacional y el Cono Sur. El país encabeza la adopción de criptomonedas en la región y la demanda por servicios digitales crece a diario.

En diálogo con Infobae, el ejecutivo analiza los desafíos y oportunidades que deberá afrontar al comandar la operación local de una de las principales plataformas de exchange a nivel mundial.

—¿Qué representa para usted liderar la operación regional de una plataforma global en un mercado como la Argentina?

—Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en la Argentina y el Cono Sur. La Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo: primero en LATAM en tasa de adopción con un 20% de la población, y segundo en volumen regional con US$93.900 millones en transacciones en 2025. Pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente. Esa es precisamente la oportunidad: Binance nació con una idea simple pero poderosa, aumentar la libertad del dinero, y en la Argentina esa misión es una necesidad concreta. Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una superapp financiera, y la Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante.

—¿De qué manera su recorrido en empresas fintech y cripto aporta a los desafíos actuales de la industria?

—Durante los últimos años tuve la oportunidad de liderar operaciones y estrategia en distintos países de la región: fui country manager de un exchange global en la Argentina, antes Chief Operating Officer y Country Manager en una fintech regional, con operaciones en la Argentina, México y Perú, y Global Head of Operations en otra fintech con foco en LATAM. A eso se suma mi experiencia como cofundador de dos startups de tecnología fintech. Ese recorrido me dio una mirada regional y una cercanía muy concreta con los lanzamientos de mercado y la ejecución regulatoria, que es justamente lo que este rol en Binance requiere.

—¿Cuáles son los objetivos concretos que se propone para el primer año de gestión?

—Darle al usuario argentino herramientas que funcionen, que sean simples y que le resuelvan el día. Desde pagos del día a día hasta inversiones y transferencias internacionales. Queremos que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible. Los stablecoins ya son una realidad cotidiana: representan el 62% del volumen de transacciones cripto en la Argentina. Esa es una realidad que queremos profundizar con la propuesta de Binance Pay.

—¿Cómo se traduce el concepto de “superapp financiera” en la vida cotidiana de quienes utilizan la plataforma?

—Significa expandirnos desde el exchange como único punto de contacto y pensar en todo el ciclo de las finanzas diarias de una persona: pagos, rendimientos, inversiones y transferencias, todo en un mismo lugar. En un mercado como el argentino, con una adopción cripto del 20% pero con barreras reales de acceso a servicios financieros tradicionales, esa integralidad es lo que le da sentido a la propuesta. La superapp financiera no es un concepto del futuro: es lo que los argentinos ya necesitan hoy.

—¿Qué rol juega el equipo regional en el desarrollo de nuevas soluciones?

—Me incorporo al equipo regional que lidera Daniel Acosta, Head of Latin America de Binance. La Argentina y el Cono Sur son mercados extremadamente dinámicos en desarrollo cripto y con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales, así que el trabajo conjunto con el equipo regional es clave para sostener ese ritmo. Binance tiene hoy más de 320 millones de usuarios globales y un volumen acumulado de US$34 billones en 2025, y LATAM es una de las regiones de mayor crecimiento dentro de ese mapa.

—¿Cuáles son los pilares de su formación profesional y cómo los aplica en el ecosistema digital?

—Soy contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. También completé estudios de posgrado en Blockchain y Fintech en IEBS, España. Esa combinación entre la formación financiera tradicional y la especialización en blockchain es la que me permite moverme con comodidad entre ambos mundos, que es justamente lo que hoy le pide el mercado a la industria cripto.

—¿Qué lugar ocupa el cumplimiento normativo dentro de la estrategia de Binance en la región?

—Estamos para acompañar a cada argentino en la gestión integral de sus finanzas, con la simplicidad de una app y la seguridad de una infraestructura de nivel mundial. Cumplimiento no es un complemento, es la base: Binance tiene hoy uno de los programas más robustos de la industria, con controles contra lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, verificación de identidad y cooperación con autoridades. Pero además de proteger, eso es lo que da legitimidad a todo el ecosistema. Sin reglas claras y sin cumplimiento, no hay confianza; sin confianza, no hay adopción masiva. Vamos a estar donde el usuario nos necesite, y vamos a seguir construyendo para que la libertad del dinero sea algo real, no una promesa.

La seguridad como eje clave en la industria cripto

Cabe destacar que Binance fue incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto habilita el acceso completo a la plataforma para usuarios locales y permite operar bajo estándares internacionales de seguridad y transparencia.

En ese sentido, el programa de cumplimiento de la compañía incluye controles AML y CFT, procesos de verificación de identidad (KYC/KYB) y una unidad dedicada a delitos financieros.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos detuvo a un joven de Florida acusado de operar un esquema que utilizaba videojuegos infectados en Steam para robar fondos de criptomonedas a usuarios a nivel internacional.

La investigación, desarrollada durante casi dos años, permitió identificar a decenas de víctimas y evidenciar el impacto financiero de la maniobra.

Un esquema basado en juegos infectados

Según información publicada por WPLG Local 10, Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, de 21 años, fue arrestado el martes pasado en North Lauderdale, Florida, y enfrenta cargos federales por conspiración para obtener información informática con fines de lucro.

La acusación formal, de 15 páginas, detalla cómo Wilkins participó en una operación que distribuyó malware a través de al menos ocho videojuegos, afectando unas 8.000 computadoras y robando cerca de 220.000 dólares de alrededor de 80 billeteras de criptomonedas entre mayo de 2024 y febrero de 2026.

El documento judicial identifica la plataforma utilizada únicamente como “una popular empresa de distribución digital de software”. Los títulos mencionados —BlockBlasters, Dashverse, Lunara y PirateFi— coinciden con los juegos referidos por el FBI en marzo, cuando solicitó la colaboración de víctimas de títulos de Steam infectados.

El caso se tramita en el tribunal federal de Seattle, cerca de la sede de Valve, desarrolladora de Steam, y la detención de Wilkins constituye el primer arresto público relacionado con esta investigación.

Modus operandi: promoción y selección de víctimas

Wilkins financió y promocionó el malware, sin ser su creador directo. Agentes federales ya habían allanado la vivienda del desarrollador, cuya identidad se mantiene reservada y que de momento no enfrenta cargos.

Las conversaciones obtenidas en la aplicación Signal durante ese operativo vincularon a Wilkins —bajo el seudónimo Sibel.eth— con la compra de un troyano de acceso remoto por 10.000 dólares y con intercambios sobre cómo engañar a los usuarios para que autorizaran transacciones que vaciaban sus carteras digitales.

La distribución y promoción de los juegos ocurrió en plataformas como Discord, Telegram, X y LinkedIn. Los implicados utilizaron bots para identificar usuarios con grandes tenencias de criptomonedas y enviarles mensajes directos, lo que explica que solo cerca del 1% de los dispositivos infectados llegara a sufrir robos efectivos. Según el informe, 80 billeteras fueron vaciadas entre las 8.000 computadoras comprometidas.

Impacto financiero y rastreo de fondos

El análisis realizado por especialistas como ZachXBT y vx-underground —citado por el portal Tom’s Hardware— estimó que BlockBlasters solo habría permitido sustraer más de 150.000 dólares de entre 261 y 478 víctimas. Entre los casos documentados figura el robo de 32.000 dólares, originalmente donados para el tratamiento contra el cáncer de un streamer de Twitch en septiembre de 2025.

El FBI detalló que los pagos extraídos de las billeteras de las víctimas se transfirieron a Bitrefill, un servicio de tarjetas de regalo. Más de 150 de estas tarjetas fueron adquiridas y la mayoría se utilizó para compras en Uber Eats. La investigación permitió vincular las tarjetas a una cuenta con entregas en el domicilio familiar de Wilkins y en sus direcciones estudiantiles en la University of West Florida.

Durante un registro en la vivienda de North Lauderdale, realizado una semana antes de la detención, los agentes confiscaron varios dispositivos electrónicos y tres frases semilla de billeteras de criptomonedas, una de ellas correspondiente a una billetera de Monero. Según la acusación, Wilkins registró un historial de transacciones por 382.000 dólares en criptomonedas.

Proceso judicial y reacción de Valve

Wilkins enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión si resulta culpable y su primera comparecencia en la corte federal de Fort Lauderdale estaba programada para el 15 de julio. Valve —compañía que ha experimentado varios incidentes de malware en su plataforma, incluido el caso reciente del juego Chemia Early Access— no había respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

La operación revelada pone en evidencia los riesgos crecientes en el ecosistema de los videojuegos digitales y el uso de plataformas populares como vehículo para fraudes financieros sofisticados.

La plataforma salvadoreña TOHKN anunció un avance significativo para la inversión en Latinoamérica al lanzar TOHKN US Public Markets. Este programa permite a cualquier persona en la región acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y a las principales criptomonedas desde USD 10, a través de una experiencia digital segura, ágil y sencilla. El Salvador, con un marco regulatorio robusto y una infraestructura tecnológica pionera, se posiciona como epicentro regional para la “tokenización” de activos financieros.

La oferta de TOHKN incluye tStocks, tETFs y tBonds: acciones, fondos cotizados y bonos estadounidenses representados como activos digitales. Gracias a la plataforma, los usuarios latinoamericanos pueden invertir en empresas globales como Apple o Nvidia, así como en ETFs de gestoras internacionales como BlackRock y Vanguard, agrupando cientos de empresas en un solo instrumento. La propuesta elimina barreras históricas relacionadas con la inversión transfronteriza, que tradicionalmente exigía cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas.

El marco regulatorio que respalda a TOHKN es uno de los más avanzados del mundo para activos digitales. La infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V. —entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)— proporciona transparencia estructural, custodia digital y seguridad jurídica. La plataforma opera conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales y ofrece una custodia digital y supervisión legal que fortalece la protección de los inversionistas.

“El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos ‘tokenizados’ al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista de la próxima etapa de las finanzas globales”, dijo Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.

El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un hito regulatorio: es la primera vez que instrumentos “tokenizados” vinculados a activos estadounidenses están disponibles para compra en tiempo real y con respaldo de una oferta pública autorizada por la CNAD. Esta innovación acerca a los inversionistas latinoamericanos a oportunidades antes reservadas para grandes fondos o inversionistas institucionales.

TOHKN se presenta como una puerta de entrada regional al Russell 3000, el índice que reúne a las principales empresas que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense. Cada “token” emitido por la plataforma está sujeto a supervisión formal, exigencias de transparencia y respaldo legal, lo que facilita el acceso seguro y sencillo a instrumentos que antes eran inaccesibles para la mayoría de los latinoamericanos.

“Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece”, explicó Alejandra Gómez, general Counsel de TOHKN.

La trayectoria de TOHKN incluye hitos como la oferta pública de THKN1, el primer SAFE “tokenizado” de la región, que recaudó USD 1.2 millones en su ronda pre-semilla, y la emisión de activos digitales inmobiliarios con RNCRRev, pionera en democratizar el acceso a retornos generados por proyectos inmobiliarios.

Felipe Nuila, CTO y cofundador, remarcó que TOHKN fue diseñada “pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, para que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión”.

El respaldo a la plataforma se ve fortalecido por la participación de reconocidos empresarios y líderes regionales, como Simón Borrero, CEO de Rappi; y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros.

TOHKN continuará ampliando su ecosistema con la incorporación de más activos digitales y funcionalidades, buscando que cada usuario tenga acceso a las mismas oportunidades que antes estaban reservadas para unos pocos.

Con esta iniciativa, El Salvador y TOHKN marcan un antes y un después en la democratización de la inversión global, abriendo el camino para que toda Latinoamérica participe activamente en los mercados financieros internacionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir la prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, quien deberá regresar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, en el Estado de México, bajo prisión preventiva justificada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión fue adoptada por una jueza federal tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el 14 de julio en el Centro de Justicia Federal del Altiplano. Minero Alonso, de 35 años, permanecía desde finales de 2025 en su departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que en octubre de ese año una jueza había autorizado que cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.

Por qué le habían concedido el arresto domiciliario

El argumento central de la defensa para obtener el cambio de lugar de reclusión fue que Minero Alonso no recibía el tratamiento adecuado para su problema de hipertensión dentro del penal. Con base en esa hipótesis de enfermedad grave, la jueza federal había modificado en octubre de 2025 el lugar de ejecución de la prisión preventiva justificada al domicilio del imputado.

Junto con esa medida, se impusieron condiciones adicionales: prohibición de salir del país, localizador electrónico, vigilancia fija a cargo de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica.

Qué resolvió la jueza: el padecimiento no es grave

En la audiencia del 14 de julio, los fiscales federales y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron nuevos argumentos para solicitar el reingreso de Minero Alonso a prisión. Entre ellos, que la instalación residencial no garantizaba la imposibilidad de fuga y que el estado de salud del imputado podía atenderse desde el interior del penal.

Con ese razonamiento, la jueza concluyó que ya no se actualizaba la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para suspender la aplicación de la prisión preventiva y dio instrucciones a la GN para que el imputado fuera trasladado de vuelta al penal federal de alta seguridad del Altiplano.

La queja de los vecinos y la investigación interna de la FGR

Además, desde el condominio ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guadarrama. Los residentes del edificio promovieron recursos legales afirmando que una instalación habitacional no era el lugar adecuado para la medida otorgada al imputado. Además, la propia GN emitió oficios en los que reconoció que el edificio no reunía las condiciones necesarias para el resguardo.

Ante esa situación, la FGR abrió una investigación interna por presuntas negligencias y actos de corrupción de las fiscales originalmente a cargo del caso, a quienes sustituyó por un nuevo equipo. Ese equipo documentó los riesgos, revisó la situación de reclusión de Minero Alonso y solicitó formalmente la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El origen de la investigación: empresas fachada y triangulación de recursos

La causa penal contra Minero Alonso tiene sus raíces en una denuncia presentada por la UIF en 2022. Según el comunicado de la FGR, entre 2018 y 2022, el imputado y otros investigados habrían utilizado tres personas morales como fachada para dispersar y triangular recursos de origen presumiblemente ilícito. La investigación involucra también a otras personas físicas.

En su audiencia inicial de mayo de 2025, la FGR expuso que Minero Alonso lavó dinero del Cártel del Norte del Valle y del Cártel de Cali, ambas organizaciones colombianas vinculadas a la figura de Eduard Fernando Giraldo, alias “El Boliqueso”, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia al momento de su detención en la Ciudad de México. El monto del presunto lavado de dinero asciende a al menos 15 mil millones de pesos.

El proceso penal bajo la causa 341/2024 sigue en curso y avanza hacia la etapa de juicio, con independencia del cambio en el lugar de ejecución de la prisión preventiva.

Cargos en Estados Unidos y posible extradición

El expediente de Minero Alonso no se limita a México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en su contra ante una corte federal en Florida en una acusación fechada en septiembre de 2025 y desclasificada en enero de 2026.

Según esa acusación, Juan “N” habría participado en un esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas y otros instrumentos financieros, en el que también resultaron estafadas 450 personas que invirtieron cerca de USD 18 millones con promesas de rendimientos que no se materializaron. Los cargos contemplan una pena de hasta 20 años de prisión y una multa no menor a USD 550 mil en caso de condena.

El próximo abono de la gratificación en Perú representa una oportunidad concreta para invertir y fortalecer el patrimonio personal en 2026.

La normativa vigente establece que el pago debe realizarse antes del 15 de julio para trabajadores del sector privado y jubilados, considerando la remuneración habitual al 30 de junio y aplicando montos proporcionales para quienes no hayan laborado todo el semestre.

sin embargo, este ingreso adicional puede también utilizarse como punto de partida para planificar y ejecutar estrategias de inversión, de acuerdo con un análisis de Conexa Financial Group.

Organizar las finanzas, primer paso antes de invertir

Antes de destinar dinero a cualquier tipo de inversión, resulta fundamental evaluar la situación financiera personal. Contar con un fondo de emergencia, reducir deudas de alto interés y definir el monto disponible para invertir de manera regular son pasos esenciales.

Christian Lobatón, CFO de Conexa Financial Group, recomienda actuar de forma informada y disciplinada al tomar decisiones financieras.

La definición de objetivos concretos es clave en este proceso. El experto sugiere establecer metas a corto plazo, como viajes o proyectos personales; a mediano plazo, como la compra de una vivienda o el inicio de un negocio; y a largo plazo, como la jubilación o la independencia financiera.

Tipos de perfil de riesgo y opciones de inversión

La elección del vehículo de inversión depende del perfil de riesgo de cada persona. Las alternativas se agrupan en tres categorías principales: conservador, moderado y agresivo, según Lobatón.

• El perfil conservador prioriza la seguridad y opta por bonos y depósitos a plazo.
• El perfil moderado busca un equilibrio entre seguridad y rentabilidad, utilizando fondos mixtos.
• El perfil agresivo apunta a una mayor rentabilidad, asumiendo volatilidad y recurriendo a acciones o criptomonedas.

Además, dentro de la bolsa de valores, los ETFs permiten diversificar la inversión al replicar índices o sectores específicos, y los fondos mutuos ofrecen acceso a carteras administradas profesionalmente, lo que facilita la participación en mercados nacionales e internacionales con montos accesibles.

En el caso de los bienes raíces, existen opciones que van desde la adquisición directa de propiedades para alquiler o reventa, hasta la participación en fondos inmobiliarios que agrupan recursos de varios inversionistas y distribuyen los rendimientos según la rentabilidad de los activos gestionados.

Las criptomonedas, por su parte, presentan un alto potencial de valorización, pero su volatilidad exige un conocimiento profundo del mercado y una alta tolerancia al riesgo, ya que las fluctuaciones de precio pueden ser abruptas y significativas en períodos cortos.

También existen opciones como materias primas (oro, plata, petróleo) y activos alternativos, donde se incluyen inversiones directas en proyectos privados o fondos especializados, explica el portavoz.

Capacitación y diversificación, claves del proceso

El aprendizaje continuo es fundamental para cualquier inversionista. Lobatón recomienda “leer sobre educación financiera, seguir noticias económicas y utilizar simuladores de inversión antes de colocar dinero real en el mercado”.

Además, destaca la importancia de diversificar las inversiones y buscar asesoría en empresas o gestores de inversión con trayectoria reconocida.

El ejecutivo de Conexa Financial Group advierte que toda rentabilidad pasada no garantiza resultados similares en el futuro. En tiempos de incertidumbre pueden surgir oportunidades para quienes mantienen disciplina y consultan fuentes confiables.

El ahorrista digital representa el nuevo rostro de la adopción cripto en Latinoamérica y El Salvador. En países afectados por la inflación y la volatilidad, como Argentina y Venezuela, estos usuarios priorizan la conservación del valor de su dinero.

Cada vez más personas reciben sus ingresos y salarios directamente en Bitcoin o stablecoins, apartándose de la especulación y buscando resguardo ante la depreciación de las monedas locales.

Empresas como Deel han validado este fenómeno al lanzar billeteras de stablecoins adaptadas a contratistas que prefieren cobrar en USD para mantener su poder adquisitivo.

El crecimiento de los activos digitales en la región ha consolidado una nueva realidad para millones de usuarios: la criptoeconomía ya no se limita a la especulación.

Las plataformas y regulaciones recientes muestran un cambio estructural en la forma en que particulares, empresas y entidades institucionales emplean Bitcoin y otras criptomonedas.

Durante 2025, la economía cripto latinoamericana avanzó a un ritmo superior al de Estados Unidos, con un volumen de transacciones que superó los USD 730,000 millones, cerca del 10 % de la actividad global, según el Lemon Crypto Report 2025.

Esta transformación impulsa el uso de activos digitales no solo para trading, sino como instrumentos para proteger valor, mover capitales y acceder a nuevos mercados.

En 2026, la utilización de criptomonedas en Latinoamérica y El Salvador es mucho más diversa. Los usuarios ya no buscan únicamente ganancias rápidas, sino que emplean los activos digitales para enfrentar la inflación, acceder a mercados internacionales y optimizar sus tesorerías empresariales.

Las plataformas identifican este cambio y adaptan su oferta, presentando nuevos perfiles de usuario que reflejan una mayor madurez del sector.

Perfiles emergentes en la adopción cripto

Bitfinex, una plataforma de trading de tokens digitales que ofrece servicios de vanguardia para operadores y proveedores, identifica tres perfiles clave en la nueva demanda regional: el ahorrista, el responsable de tesorería corporativa y el innovador institucional.

Cada grupo responde a desafíos económicos concretos y utiliza las criptomonedas para protegerse ante la depreciación, agilizar pagos y aprovechar la tokenización de activos reales.

El responsable de tesorería corporativa se destaca en empresas medianas que operan en entornos de inestabilidad y controles cambiarios.

Casos como la cervecera Cadejo en El Salvador o Méliuz en Brasil demuestran cómo las empresas emplean activos digitales para proteger su liquidez, agilizar pagos internacionales y mantener el control sobre su capital, sin depender de los sistemas bancarios tradicionales.

El innovador institucional agrupa a bancos, administradores de activos y entidades soberanas que optan por la tokenización para reducir costos y acceder más rápido a capital. Bitfinex Securities calcula que este proceso puede acortar los plazos de salida al mercado hasta en 90 días y bajar los costos de emisión al 2-4 % del capital, frente al 7 % tradicional.

Regulación y desafíos en El Salvador y la región

El Salvador ha impulsado un entorno regulatorio favorable mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales y la expansión de plataformas como Bitfinex Securities, que obtuvo una nueva licencia en mayo. Estas condiciones han facilitado la entrada de nuevos usuarios y empresas, promoviendo la adopción de soluciones cripto tanto a nivel institucional como minorista.

El país empieza a integrarse a la dinámica de innovación regional, aprovechando su marco normativo para posicionarse como referente. Los usuarios buscan ahora estructuras sólidas y respuestas a problemas reales de liquidez, acceso a mercados y protección de valor, más allá de los rendimientos inmediatos.

Para consolidar este cambio, Bitfinex propone tres pilares regulatorios: definición clara de los activos digitales, exigencia de resiliencia operativa y promoción de marcos legales para la tokenización. El modelo de las resoluciones del Banco Central de Brasil para stablecoins es referencia para una supervisión flexible e integrada.

Las empresas que adoptan activos digitales como reserva de valor y medio de pago logran sortear los obstáculos y costos del sistema bancario tradicional. La liquidez independiente y la reducción de la latencia en las transacciones se consolidan como ventajas competitivas en mercados emergentes.

Retos y oportunidades para gobiernos y empresas

En Latinoamérica, el desafío actual es implementar y escalar de forma efectiva estas iniciativas. Los gobiernos deben evolucionar hacia marcos normativos que impulsen la innovación y el crecimiento económico, estableciendo reglas claras adaptadas a la nueva realidad digital.

La región enfrenta una elección trascendental: mantener infraestructuras tradicionales, costosas y poco eficientes, o colaborar con actores regulados y experimentados para construir un sistema financiero abierto, digital y preparado para el futuro. La demanda por soluciones cripto ya ha sido validada por millones de usuarios y empresas, pero la consolidación del modelo depende de la capacidad institucional para definir estándares y políticas públicas favorables.

En síntesis, el nuevo perfil del usuario cripto en El Salvador y Latinoamérica en 2026 es el de un actor informado, pragmático y orientado a la protección de su patrimonio y la eficiencia financiera. El cambio de paradigma ya está en marcha y la región se posiciona como uno de los laboratorios más activos de la economía digital global.

Cada mes de julio, millones de trabajadores peruanos reciben un ingreso adicional que puede marcar la diferencia en sus finanzas personales.

El pago de la gratificación representa para muchos la oportunidad de equilibrar cuentas y fortalecer su situación económica, según un análisis de CIRCUM.

Aunque tradicionalmente este dinero se destina al consumo, los especialistas recomiendan enfoques más estratégicos para obtener beneficios prolongados.

Revisar y cancelar deudas como primer paso

Antes de decidir cómo utilizar la gratificación, conviene identificar si existen deudas pendientes, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas.

Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, sostiene que cancelar créditos costosos puede generar un ahorro mayor que cualquier inversión tradicional, ya que reduce los intereses futuros.

Si no hay obligaciones, la recomendación es destinar parte del dinero al ahorro, otra a la inversión y una fracción a capacitación profesional.

Elegir la moneda adecuada para el ahorro

La evolución del sol peruano durante el último año lleva a considerar mantener los fondos en moneda local, sobre todo cuando se prevé utilizarlos en el mercado nacional o en el corto plazo.

CIRCUM destaca que ahorrar en soles protege frente a la volatilidad cambiaria, mientras que el dólar puede ser apropiado para quienes buscan refugio ante escenarios internacionales inciertos.

La mejor opción: todas son buenas

No existe un instrumento financiero único para todos los perfiles. Desde CIRCUM sugieren combinar alternativas como depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF o criptomonedas.

El conocimiento sobre el funcionamiento y los riesgos de cada producto resulta decisivo para tomar mejores decisiones, puntualiza Arens.

De acuerdo con el reporte de la agencia, la educación financiera se convierte así en el factor central para quienes buscan optimizar sus recursos.

Alternativas fuera del circuito tradicional

El análisis de Alberto Abanto, jefe comercial en Inversiones IO, subraya el potencial del crowdfunding inmobiliario para pequeños inversionistas. Esta modalidad permite participar en proyectos de vivienda social, un sector impulsado por el déficit habitacional y los programas estatales.

Existen oportunidades con rentabilidades superiores al 20% anualizado y plazos de tres a nueve meses, según el informe de la consultora. La clave está en evaluar cada propuesta y comprender sus condiciones.

Comprobar el monto depositado

La revisión del depósito es fundamental. El informe de CIRCUM explica que conceptos habituales como comisiones, bonificaciones regulares y asignación familiar pueden incrementar el monto de la gratificación, mientras que pagos extraordinarios, utilidades y otros beneficios no forman parte de la base de cálculo.

Un error en el monto o el retraso en el pago puede implicar sanciones graves según la Sunafil, con multas que alcanzan los S/ 24,750 en pequeñas empresas y hasta S/ 143,660 en compañías fuera del régimen MYPE. Las microempresas, en tanto, no tienen obligación legal de otorgar este beneficio.

Fecha límite y obligaciones empresariales

Las empresas tienen hasta el 15 de julio para cumplir con el depósito de la gratificación. El análisis de CIRCUM resalta la importancia de que los empleadores respeten plazos y montos definidos por la normativa peruana.

Este ingreso extraordinario brinda una oportunidad concreta para fortalecer la salud financiera, reducir pasivos y planificar nuevas inversiones.

La imagen, la firma y el nombre de Donald Trump se han instalado en pasaportes, billetes, monedas de oro, aeropuertos y edificios federales de Estados Unidos en lo que constituye la campaña de marca personal más extensa registrada por un presidente en ejercicio. El contexto es el 250 aniversario del país, aunque el alcance de las iniciativas va más allá de las celebraciones oficiales y abarca desde documentos de identidad hasta criptomonedas.

El dato que concentra la controversia es concreto: por primera vez en la historia, un presidente en funciones aparece en un pasaporte estadounidense. A eso se suma su firma en el billete de 100 dólares de circulación general, su retrato en pancartas de tres pisos sobre edificios federales y una moneda de oro de 24 quilates aprobada en marzo.

Una encuesta de Economist/YouGov realizada en abril con 1.748 participantes reveló que el 59% de los estadounidenses desaprueba esta presencia en el dinero, frente a un 24% que la respalda.

El pasaporte con su cara: una primicia histórica

El 26 de junio, Trump presentó en Truth Social una edición especial de pasaporte con su retrato sobre el escritorio Resolute del Salón Oval y el texto de la Declaración de Independencia de fondo.

La tirada es de entre 25.000 y 30.000 ejemplares, sin costo adicional. Sin embargo, el documento solo se puede obtener en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, a partir del 6 de julio. No está disponible por correo, en línea ni en embajadas.

El Departamento de Estado confirmó que es la primera vez que un presidente en ejercicio figura en un pasaporte de Estados Unidos, según New York Post.

El dinero, las monedas y la firma presidencial

La presencia de Trump en el sistema monetario adopta tres formas distintas:

• Billete de 100 dólares: La impresión comenzó en junio. El Departamento del Tesoro prevé distribuirlo en circulación general durante el verano. El secretario Scott Bessent sostuvo que es “apropiado” incluir la firma de Trump por sus logros económicos y en honor al 250 aniversario.
• Moneda de oro de 24 quilates: La Comisión de Bellas Artes la aprobó por unanimidad en marzo. La Casa de la Moneda producirá solo 47 unidades, cada una con 19,7 onzas troy de oro, con un precio estimado de subasta de unos USD 90.000. La ley federal prohíbe que un presidente en funciones aparezca en moneda corriente, pero Bessent tiene autoridad para acuñar monedas de prueba en oro.
• Criptomoneda $TRUMP: Trump la lanzó tres días antes de su segunda inauguración. Un informe de junio de la firma de análisis Nansen calculó que casi un millón de personas perdieron en total USD 3.810 millones.

Aeropuertos, edificios y tarjetas: la marca en el espacio público

La estrategia se extiende a infraestructura física y documentos cotidianos:

• Aeropuerto: La legislatura de Florida aprobó en febrero cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Presidente Donald J. Trump International Airport”. El código IATA pasará de PBI a DJT el 18 de agosto.
• Edificios federales: Pancartas de tres pisos con el rostro de Trump y consignas de campaña cubren fachadas del Departamento de Justicia (“Make America Safe Again”), el Departamento de Trabajo y el Departamento del Interior, entre otros.
• Tarjetas de Seguridad Social: Los bebés nacidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre recibirán una tarjeta con el sello “Freedom 250”, organización público-privada impulsada por Trump.

La reacción: entre el respaldo y la crítica

La encuesta de Economist/YouGov fija con precisión el estado de la opinión pública:

• 59% desaprueba “algo” o “totalmente” la firma de Trump en el dinero.
• 24% la aprueba en algún grado.
• Margen de error: ±3,1 puntos porcentuales, con 1.748 encuestados.

El senador Bernie Sanders calificó el conjunto de acciones como “narcisismo” y presentó el proyecto de ley Stop Executive Renaming for Vanity and Ego Act. El texto tiene escasas posibilidades de avanzar en el Congreso de mayoría republicana, según New York Post.

Los límites legales: cuando los jueces frenaron la marca

Dos iniciativas encontraron obstáculos judiciales:

Moneda de oro: Un abogado jubilado de Portland presentó una demanda federal. La jueza de distrito Karin J. Immergut rechazó el pedido al determinar que el demandante carecía de legitimación y no demostró que sufriría un perjuicio personal directo.

Kennedy Center: En diciembre, el directorio del centro cultural votó cambiar su nombre a “Trump Kennedy Center” y actualizó la fachada. Un juez federal declaró ilegal la modificación, al considerar que añadir el nombre de Trump a un memorial designado por el Congreso en honor a John F. Kennedy violaba la ley.

El cartel fue retirado en junio de 2026. El centro evalúa una segunda apelación, aunque la primera ya fue rechazada.

Binance nombró a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, una designación con la que la compañía busca profundizar su estrategia regional y consolidarse como una super app financiera en uno de los mercados con mayor adopción cripto de América Latina.

La plataforma, que se presenta como la mayor del mundo en activos digitales por volumen de operaciones y número de usuarios, le asignó la conducción de las operaciones y estrategias en la región. El objetivo, según informó la empresa, es reforzar su posición como espacio único para pagos, rendimientos, inversiones y transferencias en la gestión cotidiana del dinero.

Alberti se incorporará al equipo regional encabezado por Daniel Acosta, responsable de América Latina en la compañía. Su llegada se produce en un momento en que Argentina aparece dentro de los mercados que la firma considera más dinámicos para la expansión de productos financieros digitales basados en criptoactivos.

Ampliar la oferta financiera

Alberti vinculó el potencial del negocio con dos factores: la alta adopción de cripto en Argentina y las dificultades de acceso a servicios financieros para una parte de la población. “Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en Argentina y el Cono Sur. Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”, afirmó.

“Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”

En esa misma línea, agregó: “Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una super app financiera, y Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible”.

Acosta también enmarcó la designación dentro de una estrategia de expansión sobre usos concretos de la tecnología financiera. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Matías a Binance. Argentina y el Cono Sur son regiones extremadamente dinámicas en términos de desarrollo cripto, con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales”, sostuvo.

El ejecutivo añadió que la empresa buscará profundizar su oferta de productos y servicios orientados a resolver necesidades diarias. “Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región”.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente”

Alberti cuenta con más de 7 años de experiencia en fintech y cripto, con antecedentes en lanzamientos de mercado, ejecución regulatoria y conducción de equipos multifuncionales en distintos países. Antes de incorporarse a Binance, fue country manager de Coinbase en Argentina.

Previamente ocupó los cargos de chief operating officer y country manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú. También se desempeñó como global head of operations en Clara, con foco en América Latina, y fue cofundador de dos startups de tecnología financiera.

Su formación académica incluye el título de contador público por la Universidad Nacional de La Plata y una maestría en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. A eso suma estudios de posgrado en blockchain y fintech por IEBS, en España.

La designación se conoce después de que la empresa fuera incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Para la compañía, ese registro refleja su compromiso con el cumplimiento normativo tanto en el país como a escala global.

Con esa inscripción, el sitio web y la aplicación de Binance para Argentina quedaron completamente disponibles para los usuarios locales. Eso habilita el acceso al conjunto total de servicios y herramientas que la empresa ofrece en el mercado argentino.

El Programa de Cumplimiento de la compañía incluye políticas y controles contra el lavado de dinero y un marco para combatir el financiamiento del terrorismo. También incorpora procesos de verificación de identidad, conocidos como KYC y KYB, y una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros orientada a colaborar con fuerzas del orden en investigaciones vinculadas con criptoactivos y en el desarrollo de capacidades de seguridad.

El uso de criptomonedas en Perú ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos dos años. Según un análisis de la organización de Perú Blockchain Conference 2026, el 3,7% de la población —más de un millón de personas— ya opera con activos digitales, duplicando la cifra registrada menos de dos años atrás.

Este avance coloca a Perú en una posición destacada dentro de América Latina, no solo por la cantidad de usuarios, sino también por la rápida adopción de tecnologías asociadas a la economía digital.

Perú es cripto: Stablecoins y pago digital, motores de la adopción masiva

El Global Crypto Adoption Index de Chainalysis ubica a Perú en el puesto 7 de adopción cripto a nivel regional y en el puesto 42 en el ranking mundial.

Además, el informe subraya que el país ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en protagonista de la expansión blockchain en la región. El auge de las stablecoins —criptomonedas ligadas a activos estables, como el dólar— ha impulsado aún más este fenómeno.

Las stablecoins se han consolidado como una opción preferida para pagos internacionales, remesas digitales y resguardo de valor, en un contexto donde la eficiencia transfronteriza y la dolarización digital adquieren cada vez más relevancia, tanto para usuarios individuales como para empresas.

El entorno regulatorio, junto con la colaboración entre fintechs, billeteras digitales y el sistema financiero tradicional, ha favorecido la interoperabilidad y el acceso a soluciones blockchain.

De acuerdo con la organización, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha destacado en sus reportes las ventajas tangibles de las stablecoins frente a los mecanismos tradicionales, lo que refuerza la tendencia sectorial hacia una mayor digitalización y modernización financiera.

Un mercado en auge y la consolidación de Lima como capital cripto

A propósito de este crecimiento, la Perú Blockchain Conference 2026 celebrará su quinta edición los días 10 y 11 de julio en Lima, en el JW Marriott Larcomar de Miraflores, reafirmando el posicionamiento del país como hub regional para la industria blockchain y de activos digitales.

El evento, organizado por LATAM Blockchain Events LLC, espera superar los más de 3,000 asistentes alcanzados en 2025 y congregará a líderes de empresas globales como Tether, Bitunix, Pariscorp, Binance, Vantage, Bybit, MEXC, Koywe, Circle, BingX, Chainalysis, Tangem, Meru, KAST, Xolvox, JHSafe, Bitllon, BYDFi, Fedi, WhiteBIT, Cardano, Input Output IOHK, Lace, CoinW, Feather Exchange, Midnight, Cryptometales, Blockenfy, Linka, Fluyez, Waxxis, Forex Society, entre otros actores clave del ecosistema.

La conferencia reunirá a compañías del sector, inversionistas, desarrolladores, comunidades Web3 y público general interesado en el futuro de la economía digital. E

ntre los líderes confirmados destaca la participación virtual de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, así como la presencia de patrocinadores de primer nivel y una agenda que incluye competencias de trading, lanzamientos educativos y actividades de networking empresarial.

Formación, networking y nuevos programas para el ecosistema local

Además de las conferencias y paneles, el evento servirá como plataforma para el lanzamiento de la LATAM Blockchain Academy, una iniciativa conjunta con Bitunix que buscará impulsar la formación en blockchain, criptomonedas y trading en toda la región. Las activaciones incluirán competencias regionales, programas de educación financiera y experiencias de integración para comunidades del sector.

La organización de la Perú Blockchain Conference 2026 resalta que el país atraviesa un momento crucial para la evolución del sector. La adopción de criptoactivos, el desarrollo de soluciones blockchain y la convergencia entre empresas tecnológicas, instituciones y usuarios consolidan a Lima como capital cripto de Latinoamérica. El evento será además un espacio estratégico para acelerar la adopción responsable, la innovación y la creación de redes de negocios en el ecosistema Web3.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió el pasado sábado 27 de junio, alrededor de las 16:35, en una torre situada sobre avenida Dorrego al 2200, a metros del cruce con Concepción Arenal. Allí, un agente observó que varios hombres se trenzaban en lucha en el lobby y solicitó apoyo para separar a las partes.

Según relataron los damnificados, de 23 y 25 años, minutos antes se habían presentado en el lugar luego de pactar un encuentro para comprar monedas digitales por la suma de 10 mil dólares.

Al llegar al edificio, las víctimas fueron recibidas por un hombre de 18 años, quien los condujo hacia el primer piso. Una vez ahí, aparecieron sus dos cómplices, ambos menores de edad.

Hasta ese momento todo transcurría con normalidad, pero hubo un detalle que llamó la atención de uno de los compradores. Los jóvenes no podían abrir la puerta del departamento donde se iba a realizar la supuesta operación, por lo que las víctimas decidieron dirigirse hacia la planta baja.

En ese contexto, uno de los estafadores extrajo un arma de fuego de entre sus ropas, pero uno de los damnificados notó que se trataba de una réplica de plástico. Así, los hombres oriundos de Turquía aprovecharon para atacar a los delincuentes, lo cual derivó en una salvaje disputa que se extendió hasta el arribo del personal policial.

Los efectivos detuvieron a los tres imputados y secuestraron tres teléfonos celulares, un juego de llaves compuesto por un sensor magnético y una llave metálica, y una réplica de pistola plástica de color marrón, la cual también presentaba un desgaste de color negro.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores N° 6, a cargo de Carlos Cociancich, con intervención de la Secretaría N° 16, a cargo de Nicolás Renom, que dispuso la detención de los tres imputados y ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias del hecho y el alcance de la banda de estafadores.

El fiscal federal Gerardo Pollicita emplazó a Binance y Lemon a que en un plazo de 72 horas informen movimientos en cuentas del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, como parte de nuevas medidas de prueba que ordenó en la causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en un dictamen que firmó este viernes, el fiscal confirmó que se detectaron “inconsistencias” en la evolución patrimonial del ex funcionario.

En el tramo final de la pesquisa y de manera previa a pedirle un requerimiento de justificación patrimonial, la fiscalía ratificó que del resultado de las diversas pruebas que ya hay en la causa existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni, según informaron a Infobae fuentes del caso. La inminencia de este eventual requerimiento fue uno de los motivos que esgrimió la fiscalía al pedir que la defensa informe a la Justicia cualquier plan de del ex jefe de Gabinete de Javier Milei para salir del país, con el fin de evaluar su “pertinencia”, algo que ya fue dispuesto por el juez del caso, Ariel Lijo.

Este pedido de Pollicita se dio al mismo tiempo en que ordenaran al ex jefe de Gabinete a informar cada vez que quiera salir del país, para que en Tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad”. Además, descartaron detenerlo, como habían pedido dos denunciantes.

Las cripto

La fiscalía recibió respuesta de Binance sobre la existencia de una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020 y pidió ante ello un detalle de los activos registrados desde esa fecha al 31 de mayo de 2021. En cuanto a Lemon, se le requirió que también en 72 horas envíe una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Manuel Adorni para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022 que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales, en particular operaciones con criptoactivos, con detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.

También en relación a la vinculación con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como también cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Además se pidieron detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.

Las inversiones del ex funcionario

Poco antes de dejar el cargo, en declaraciones periodísticas, el ahora ex jefe de Gabinete dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

A mediados de junio pasado, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora. La decisión se tomó luego que en la declaración jurada que presentó, Adorni blanqueó ingresos que corresponden a sus ahorros “en negro” durante esos años. Se busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200 mil dólares.

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la DAFI, la dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y al directorio de YPF pero sigue imputado en la investigación que avanzó la semana última con nuevas declaraciones de testigos en relación al uso de tarjetas de crédito de sus ahora ex empleados en Gobierno para compras particulares como consolas de videojuegos que luego el ex funcionario imputado les pagaba en efectivo.

En otro de los casos se facturó a nombre de una funcionaria de su área la compra de camas y blanquería para la casa del barrio privado Indio Cua de los Adorni por casi 8 millones de pesos que, según declaró la testigo, pagaron en efectivo en el comercio. Quienes pasaron a declarar bajo juramento de verdad por el quinto piso de Comodoro Py 2002, sede de la fiscalía de Pollicita, confirmaron que estos episodios existieron.

El caso judicial contra un ciudadano chino Wenshen Xu en Estados Unidos dejó al descubierto el alcance internacional de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba desde Colombia y se extendía por varios continentes.

Xu, de 52 años y residente en Honduras, fue capturado en Ciudad de Guatemala en julio de 2025 y extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos por conspirar para importar cocaína, lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más temidas y sanguinarias en México.

La investigación se desarrolló por parte de autoridades estadounidenses en coordinación con organismos de Colombia, Guatemala y Honduras, y reveló que Xu no solo era un enlace financiero clave, sino que articulaba operaciones que iban desde Cali hasta el mercado estadounidense, pasando por Centroamérica y Asia.

Colombia: punto de partida y centro logístico de la red

Uno de los elementos más destacados del expediente judicial es la referencia directa a la ciudad de Cali como punto estratégico de la organización, señaló un informe del Departamento de Justicia.

Según los documentos, el 17 de julio de 2025, Xu y otros integrantes de la estructura criminal coordinaron el transporte de varios kilogramos de cocaína desde esa ciudad colombiana.

La operación se realizó a nombre de un supuesto representante del CJNG, lo que refuerza la conexión entre los carteles mexicanos y los operadores internacionales.

La participación de Colombia, sin embargo, no se limitó al origen de uno de los cargamentos. La indagación detalló la existencia de una infraestructura logística compleja, compuesta por pistas de aterrizaje clandestinas, el uso de aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y contactos distribuidos en distintos países de América Latina.

Dicha red permitió, según la justicia de Estados Unidos, movilizar más de 450 kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano utilizando rutas ya establecidas y protegidas.

Más allá del narcotráfico: lavado de millones con criptomonedas

El alcance de la organización liderada por Xu iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes.

La estructura criminal también se encargó de coordinar el lavado de más de 22 millones de dólares generados por la venta de cocaína y fentanilo. Para enmascarar el origen ilícito de esos fondos, los miembros del grupo recurrieron a transferencias con criptomonedas, operaciones comerciales ficticias y plataformas de comunicación encriptadas.

Estos mecanismos —que incluyen tanto el uso de herramientas digitales como el movimiento de dinero a través de empresas fachada— representan, según los investigadores, una muestra de la evolución de las estrategias financieras empleadas por las organizaciones de narcotráfico.

Los niveles de sofisticación de los métodos utilizados por la red de Xu demuestra, de manera no tan alejada de lo que plantean algunas series y películas, la capacidad de adaptación de estos grupos frente a los controles internacionales y la vigilancia bancaria.

La operación internacional y cooperación policial

El caso Xu destaca también por la cooperación entre agencias de distintos países, destacó el mismo Departamento.

La Policía Nacional de Colombia desempeñó un papel central en el desarrollo de la investigación, trabajando de la mano con la DEA y sus oficinas en Guatemala y Colombia, así como con la Policía Nacional de Guatemala y otras dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió identificar y rastrear los movimientos de Xu y su red, lo que derivó en su captura el 17 de julio de 2025 en Ciudad de Guatemala y su posterior extradición a Estados Unidos el 30 de enero de este año.

De otro lado, las autoridades estadounidenses puntualizaron que la operación es un ejemplo de cómo los esfuerzos conjuntos pueden desarticular estructuras criminales con presencia multinacional.

Un nuevo modelo de crimen transnacional: alerta en el radar

Para el sistema judicial de Estados Unidos, la estructura liderada por Xu representa una nueva generación de redes criminales, en la que convergen operadores de distintos orígenes y especialidades.

En una misma operación puede encontrarse a un financiero chino, estructuras logísticas en Centroamérica, cargamentos que parten desde Colombia y carteles mexicanos encargados de la distribución final en Estados Unidos.

A raíz de esta articulación se evidenciaría el carácter multinacional y la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que aprovechan la globalización y las nuevas tecnologías para evadir controles y maximizar sus ganancias ilícitas.

Tras declararse culpable, Wenshen Xu deberá comparecer nuevamente ante la justicia estadounidense el jueves 15 de octubre de 2026, cuando un juez federal definirá su condena.

El hoy detenido enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una sanción máxima que podría alcanzar la cadena perpetua, según la legislación norteamericana.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó este martes detención provisional e instrucción formal contra el hondureño Denis Esteban G. C., de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público, según informó este martes el portal de Centros Judiciales El Salvador. El caso apunta a un perjuicio patrimonial preliminar de $350.000.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias como proveedores de servicios de activos digitales. En la audiencia inicial, el juez consideró que los indicios presentados acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, además del riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.

La acusación sostiene que Denis Esteban actuó junto con la también procesada Valeria Lisseth A. R., de 26 años, y que usaron una sociedad fantasma llamada Trade Corporation Capital S. A. de C. V. para captar personas por redes sociales y ofrecer inversiones en monedas digitales con promesas de ganancias.

La denuncia por la inversión y las amenazas

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima fue persuadida para invertir $976.920,02. Según el escrito, cuando pidió la devolución del capital y de las ganancias supuestamente generadas, los imputados se negaron a pagar y comenzaron a amenazarla de muerte.

El juzgado aún no resolvió la situación jurídica de Aragón Rivas porque figura en el proceso en calidad de ausente.

Casos similares de estafas en el país

Este año, en enero, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició la audiencia preliminar contra tres hermanos identificados como Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada en el denominado “Caso Forex”, donde hasta ahora se han contabilizado 500 víctimas y un monto defraudado superior a USD $2.5 millones.

Las investigaciones fiscales han demostrado que este tipo de esquemas fraudulentos se han multiplicado con la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso a mecanismos internacionales de transferencia.

A pesar de las tres órdenes de captura y la alerta de difusión internacional de Interpol, hasta hace un año los imputados permanecían fugitivos de la justicia salvadoreña. Las autoridades prevén que la actual audiencia preliminar se extienda durante toda la semana, mientras continúan recibiendo denuncias y ampliando el expediente de investigación.

En marzo de 2025, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que Gerardo Alfredo Escrich Torres continúe en detención provisional y abrió instrucción formal en su contra, acusado de estafa agravada por un monto total de USD 62.000, en perjuicio de cuatro víctimas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado convenció a las víctimas de entregar dinero con la promesa de inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, además de supuestas operaciones de trading en la bolsa de valores.

La acusación sostiene que ofrecía rendimientos de entre 10% y 15% por cada inversión. Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, periodo en el que las víctimas lo conocieron y, según el expediente, él aseguró que contaba con autorización del Banco Central de Reserva para realizar esas operaciones.

Según la imputación, cuando las víctimas reclamaban las ganancias tras realizar transferencias, Escrich Torres respondía que había perdido el dinero por problemas en el mercado de criptomonedas.

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, experimentó un cambio sustancial luego de que el FBI determinó que las tres notas atribuidas a un supuesto secuestro resultaron ser falsas.

Esta decisión, confirmada por Reuters a través de fuentes federales y policiales, diluye la hipótesis de un secuestro extorsivo y deja sin sustento la versión que dominó la cobertura mediática desde inicios de febrero.

Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo análisis forense, con la familia manteniendo la búsqueda activa y la recompensa vigente.

Investigación federal y las comunicaciones apócrifas

La intervención de la agencia federal comenzó con el análisis de todas las comunicaciones asociadas a la desaparición de Nancy Guthrie.

Un funcionario del FBI, citado por Reuters, afirmó que ninguna de las tres notas recibidas —dos de ellas presentadas como pedidos de rescate y una más reciente con supuesta información sobre los autores— es considerada auténtica. Esta evaluación fue confirmada por una segunda fuente policial, lo que llevó a las autoridades a descartar el secuestro extorsivo como móvil principal.

La oficina del sheriff del condado de Pima, que conduce la investigación general, decidió remitir las consultas sobre las notas al FBI.

Su vocera, Angelica Carrillo, aseguró que no existen novedades y que tanto las muestras de ADN como las pruebas de video continúan bajo análisis forense. Esta falta de avances refuerza la incertidumbre sobre el paradero de la mujer, de 84 años y con problemas de movilidad y salud.

Las tres comunicaciones analizadas por los federales llegaron inicialmente a distintos medios, incluyendo a TMZ.com. La primera nota, según la información divulgada por ese portal, exigía una suma “de millones” en criptomonedas y establecía dos fechas límite para el pago: el 5 y el 9 de febrero.

La segunda nota, difundida la semana pasada por la cadena NBC News, aseguraba que para ese momento Nancy Guthrie ya había fallecido. El texto no solicitaba dinero ni ofrecía datos sobre el cuerpo. Los investigadores del FBI determinaron que las dos comunicaciones provenían de un mismo remitente, aunque no detallaron la metodología empleada para llegar a esa conclusión.

Al intentar verificar la autenticidad de la primera nota, el FBI realizó un depósito de criptomonedas en la cuenta señalada, pero el dinero nunca fue reclamado. Este elemento, sumado a otros procedimientos que no fueron especificados, llevó a las autoridades a concluir que las notas no guardaban relación con la desaparición de Guthrie.

El tercer mensaje, también descartado, fue recibido por TMZ.com y contenía la afirmación de que el autor conocía la identidad de los secuestradores y poseía videos del “principal involucrado” y de la víctima en el día en que habría fallecido. Tampoco en este caso el FBI detalló los pasos que permitieron descartar la autenticidad del mensaje.

El rol de la familia Guthrie y la exposición pública

Desde el primer momento, la familia de Savannah Guthrie impulsó la atención mediática sobre el caso. La periodista, copresentadora del programa Today en NBC, utilizó sus redes sociales y su espacio en televisión para solicitar a los supuestos captores que abrieran un canal de comunicación directo. En uno de los mensajes difundidos junto a sus hermanos, Savannah declaró: “Pagaremos”, haciendo explícita la intención de cumplir con cualquier pedido de rescate. Esta exposición pública contribuyó a instalar la hipótesis del secuestro en la agenda mediática.

Luego de la difusión de la segunda nota, la conductora volvió a solicitar colaboración ciudadana para esclarecer el caso y recordó que la familia mantiene una recompensa de USD 1.000.000 para quien aporte información relevante.

La periodista describió el estado de sus allegados como “agonía” desde la desaparición de su madre, una situación que se prolongó sin novedades sustanciales desde el 31 de enero, día en que Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, tras compartir la noche con su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

Evidencia forense y el escenario de incertidumbre

El avance de la investigación se vio condicionado por la falta de resultados contundentes en las pruebas genéticas y de video. Las autoridades confirmaron que la sangre hallada en el porche delantero de la vivienda pertenecía a Nancy Guthrie, lo que reforzó el carácter violento del episodio.

A mediados de febrero, el FBI y la oficina del sheriff difundieron imágenes de vigilancia que mostraban a un individuo armado y cubierto con un pasamontañas manipulando la cámara del timbre poco antes de la desaparición.

Las muestras genéticas obtenidas de un guante encontrado cerca del domicilio, similar al que llevaba el sospechoso, no coincidieron con perfiles conocidos en bases de datos nacionales.

La falta de coincidencias en el análisis forense y la ausencia de comunicaciones genuinas dejaron el caso en una fase de incertidumbre. La investigación permanece bajo la órbita de las autoridades federales y locales, sin que se hayan divulgado nuevos indicios.

A pesar de ello, Savannah expresó que la familia sigue “avivando las brasas de la esperanza” de que su madre esté viva, aunque reconoció que existe la posibilidad de que ya no lo esté.

La exposición pública del caso, el papel de los medios y la actuación de las autoridades federales dibujaron un escenario donde la búsqueda de respuestas sigue abierta y la familia mantiene la expectativa de encontrar a Nancy Guthrie o, al menos, de conocer el desenlace real de su desaparición.

Google Finance se ha consolidado como un servicio digital que permite acceder de manera gratuita a información sobre mercados bursátiles globales, seguimiento de empresas y análisis de inversiones. La herramienta facilita el monitoreo de valores y activos en tiempo real, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes desean gestionar inversiones o simplemente mantenerse informados sobre la evolución de la economía.

Sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, cualquier persona puede consultar datos actualizados, configurar alertas y organizar su propia cartera, todo desde una plataforma intuitiva.

Cómo funciona Google Finance y para qué sirve

El servicio de Google Finance está orientado a usuarios con distintos niveles de experiencia, desde quienes apenas se inician en inversiones hasta quienes buscan una fuente centralizada de datos de mercado y noticias empresariales.

Su funcionamiento es sencillo: basta con ingresar en el sitio web o buscar el símbolo de una acción en el buscador de Google para obtener un resumen visual con gráficos, cotizaciones y datos históricos.

Además, la plataforma ofrece informes de inteligencia de mercado y herramientas interactivas para organizar y visualizar carteras personalizadas. De este modo, se convierte en una opción práctica para quienes desean tomar decisiones informadas y seguir el rendimiento de sus activos sin recurrir a plataformas complejas o de pago.

Funciones clave de Google Finance para principiantes en inversión

El acceso a una función de carteras globales es uno de los puntos centrales de la renovada propuesta de Google Finance. Esta herramienta permite consolidar todas las inversiones del usuario en un solo panel, mostrando estadísticas detalladas sobre la distribución y el rendimiento de los activos.

Así, quienes están comenzando en el mundo de las inversiones pueden comprender de manera visual la composición de su portafolio, detectar desequilibrios y planificar ajustes.

Para facilitar el registro de las inversiones, el sistema admite tanto la carga de archivos (CSV o PDF) como la introducción manual de datos. Esto significa que no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos técnicos para empezar a organizar una estrategia de inversión adaptada a objetivos personales.

Otra característica destacada es la herramienta de análisis, que responde a preguntas sobre diversificación y riesgo, permitiendo identificar sectores subrepresentados en la cartera o analizar el impacto de diferentes tipos de activos en la proyección a largo plazo. Esta función ayuda a los usuarios a optimizar su estrategia sin necesidad de recurrir a asesores externos.

Inteligencia de mercado y automatización en Google Finance

La plataforma ha incorporado la posibilidad de programar informes personalizados que anticipan los movimientos relevantes de los mercados antes de la apertura diaria. Los usuarios pueden modificar tanto el contenido como el horario de estos reportes, y vincularlos a sus activos favoritos o a su cartera personal.

Una vez configuradas las tareas, Google Finance opera de manera automatizada en segundo plano y envía las notificaciones directamente al móvil o al panel web. Esto permite mantenerse informado sobre los cambios más relevantes sin dedicar tiempo a buscar manualmente cada novedad financiera.

Para quienes se están familiarizando con la dinámica de los mercados, esta automatización representa una ventaja: reduce la sobrecarga informativa y permite enfocarse solo en lo imprescindible para tomar decisiones.

Google Finance en el móvil: seguimiento en tiempo real y novedades con IA

La aplicación móvil de Google Finance, disponible para Android y próximamente para iOS, refuerza la experiencia de monitoreo en tiempo real. Desde el teléfono es posible consultar la evolución de activos, recibir alertas personalizadas y acceder a un flujo de noticias constantemente actualizado.

Entre las innovaciones destaca una herramienta de análisis basada en inteligencia artificial diseñada para explicar los factores detrás de los movimientos bursátiles. Esta función busca brindar contexto y claridad, facilitando la comprensión de los eventos que influyen en el valor de las acciones.

Además, la aplicación permite revisar y modificar la estrategia de inversión en función de los datos más recientes, así como configurar nuevas alertas o tareas desde cualquier lugar. En los próximos meses, se planea incorporar más funciones avanzadas, como las llamadas de ganancias en vivo y herramientas de gestión de cartera que ya están presentes en la versión web.

Cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Rastrear los mercados financieros globales de forma gratuita con Google Finance es un proceso accesible y diseñado para principiantes. Para empezar, el usuario solo necesita una cuenta de Google para ingresar desde el navegador web o el celular, sin requerir descargas ni suscripciones de pago.

Una vez dentro de la plataforma, la barra de búsqueda funciona como el centro de mando desde donde se puede explorar la economía mundial, permitiendo localizar índices globales, acciones de empresas específicas, tasas de cambio de divisas y criptomonedas.

Para facilitar el monitoreo diario, la herramienta ofrece la creación de una “Lista de seguimiento”. Al presionar el botón de seguir en cualquier activo de interés, este se ancla en la pantalla principal para mostrar sus variaciones de precio en tiempo real.

Yendo un paso más allá, la plataforma permite simular o registrar una cartera de inversiones real. Al añadir un activo detallando la cantidad y su precio de compra, Google Finance calcula automáticamente las ganancias o pérdidas que el usuario tendría según las fluctuaciones del mercado.

Finalmente, la plataforma no solo se limita a mostrar cifras, sino que proporciona herramientas para entender el contexto financiero. Los inversores pueden superponer gráficos para comparar visualmente el rendimiento de distintos activos y consultar paneles de noticias específicos para cada mercado o empresa. Esta integración de datos y noticias ayuda a comprender claramente los motivos detrás de los cambios de precio diarios.

Según el Informe de Adopción Cripto de Chainalysis 2025, América Latina figura entre las regiones con mayor avance en adopción de cripto. El relevamiento señala que la región cuenta con tres de los 20 mercados más relevantes a nivel mundial y que, durante el último año, el uso de activos digitales creció un 63%.

La tendencia está impulsada tanto por usuarios minoristas como institucionales. Por eso, uno de los principales exchanges globales busca impulsar un cambio estratégico en esta parte del planeta.

Se trata de Binance, que anunció recientemente el nombramiento de Daniel Acosta como nuevo responsable para América Latina. A través de su dirección, el objetivo es profundizar la presencia de la compañía en una de las regiones de mayor crecimiento en adopción de activos digitales.

Estrategia para acercar la cripto al uso cotidiano

Desde Binance pretenden continuar facilitando el acceso a soluciones cripto seguras, accesibles y que puedan integrarse en la vida diaria. Para Acosta, el potencial radica en expandir el alcance de productos y servicios en un contexto donde todavía existe margen para mejorar la inclusión financiera.

“América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento”, expresó el nuevo Head de Latam.

Asimismo, reveló que Binance no es solo un exchange cripto, sino una “superapp financiera”, y esta región es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más interesante: “Estamos atentos a las oportunidades y necesidades de los usuarios locales, y comprometidos a construir la infraestructura que los conecte con el sistema financiero global”.

Nuevos productos y utilidades para usuarios de América Latina

Binance considera a América Latina como un territorio clave para el desarrollo de herramientas que mejoran la usabilidad de las criptomonedas. De hecho, estas fueron las iniciativas más recientes en este lugar:

• Lanzamiento de la Binance Card
• Herramientas de pago con código QR
• Integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay, que permite pagos instantáneos en reales brasileños usando cripto
• 32 pares de negociación en monedas fiduciarias locales en distintos mercados

Estas soluciones buscan facilitar los pagos, transferencias y la inversión en activos digitales en la región.

Trayectoria de Daniel Acosta y nuevo enfoque regional

Daniel Acosta ocupó el cargo de gerente general de Binance para Colombia y Norte de Latinoamérica desde 2022. En la nueva etapa, dirige la estrategia regional para el crecimiento y el cumplimiento regulatorio, adaptando la propuesta de la marca a las demandas locales.

En su recorrido profesional, Acosta trabajó durante diez años en Mastercard, donde lideró productos de pagos y blockchain para América Latina y el Caribe. Además, cuenta con formación en administración de empresas y capacitación en innovación en Singularity University.

Cambios en el liderazgo y continuidad de la estrategia

La llegada de Acosta coincide con la transición de Guilherme Nazar a un nuevo rol de asesor estratégico: estará vinculado a la estrategia regional mientras explora nuevos proyectos en la intersección entre finanzas y tecnología.

Este ejecutivo venía encabezando la presencia de Binance en América Latina desde 2022, período en el que la compañía obtuvo licencias regulatorias en mercados clave como la Argentina, Brasil, El Salvador y México. Bajo su gestión. De hecho, la empresa sumó millones de usuarios al ecosistema cripto a través de productos adaptados a cada país.

Cifras globales y apuesta por la seguridad

Según datos de la compañía, su base de usuarios global supera los 320 millones. Además, en 2025, la plataforma registró un volumen negociado de 34 billones de dólares.

El crecimiento de la industria lleva a la empresa a reforzar inversiones en seguridad, cumplimiento normativo y educación, con el objetivo de proteger los fondos y fortalecer la confianza en el ecosistema digital.

Binance sostiene un compromiso firme con el desarrollo de un entorno cripto inclusivo, orientado a ampliar el acceso financiero a través de la tecnología blockchain. Su portafolio cubre trading, pagos, educación, investigación, impacto social y servicios institucionales.

El liderazgo de Acosta marca una nueva etapa para Binance en América Latina, con el foco puesto en la adopción y el desarrollo de soluciones alineadas a las necesidades de los usuarios en el marco de la transformación digital.

En el corazón rural del estado de Nueva York, una granja lechera se convirtió en pionera al utilizar el estiércol de más de 4.000 vacas y residuos alimentarios para generar biogás que alimenta una mina de criptomonedas instalada en su predio.

Según informó Grist, el proyecto de Lent Hill Dairy Farm y Ag-Grid Energy representa el primer caso en Estados Unidos donde el gas natural renovable (RNG) producido en un tambo se destina directamente a la computación, con la mira en el creciente mercado energético de los centros de datos.

De los residuos al biogás: un modelo energético en expansión

En la Lent Hill Dairy Farm, ubicada en el condado de Steuben, dos grandes digestores anaeróbicos transforman diariamente más de 170.000 litros de residuos alimentarios y el estiércol de las vacas en biogás, un combustible que suele emplearse en electricidad, calefacción y transporte.

Ag-Grid Energy, la empresa a cargo, plantea que este modelo podría replicarse en tambos medianos para abastecer pequeños centros de datos y llevar capacidad de computación de inteligencia artificial a zonas rurales a través de fibra óptica, de acuerdo con declaraciones de Rashi Akki, fundadora y directora ejecutiva, recogidas por Sentient.

La iniciativa surge en un contexto donde los gigantes tecnológicos buscan alternativas energéticas a los combustibles fósiles para evitar la sobrecarga de la red eléctrica por el crecimiento de los centros de datos.

Según datos citados por Grist, estos centros ya consumen el 4,9% de la electricidad de Estados Unidos, una cifra que podría duplicarse hacia 2030. Microsoft, por ejemplo, se asoció en California con Enchanted Rock para utilizar gas natural renovable como respaldo energético en sus instalaciones.

Patrick Serfass, director ejecutivo del American Biogas Council, sostuvo ante Sentient que el biogás es “un excelente complemento” para la demanda de energía confiable y de alta capacidad que exigen los centros de datos.

Sus estimaciones aseguran que Estados Unidos apenas desarrolló entre el 10% y el 15% de la capacidad potencial del mercado de biogás. “Los centros de datos van a estar tan hambrientos de energía que podrían absorber prácticamente toda la oferta que la industria pueda crear”, afirmó Serfass.

Incentivos económicos y cuestionamientos al impacto ambiental

El auge del biogás como solución energética se apoya en subsidios públicos. El programa californiano Low-Carbon Fuel Standard financia cerca de 200 digestores en 16 estados; en 2023, la Inflation Reduction Act del gobierno de Joe Biden destinó más de USD 150 millones a proyectos de biogás; y el Michigan Strategic Fund aprobó más de USD 100 millones en bonos privados para digestores, según informó Grist.

Akki, de Ag-Grid Energy, subrayó que los créditos fiscales resultan decisivos para la viabilidad de estos proyectos y propuso incentivos específicos para digestores que generen electricidad orientada a inteligencia artificial, en línea con los apoyos ya existentes para otras formas de producción energética.

No obstante, la expansión de digestores en conexión con centros de datos enfrenta críticas de investigadores y comunidades que cuestionan tanto su impacto ambiental como su eficacia económica.

Sarah D’Onofrio, investigadora y defensora de comunidades afectadas, afirmó que el gas natural renovable puede incorporarse en la infraestructura energética sin necesidad de grandes cambios, lo que permite a las empresas mezclarlo con gas convencional y presentar el suministro como sustentable.

D’Onofrio advirtió que una reducción real de emisiones requeriría una transición hacia energías limpias, en lugar de reemplazos renovables de combustibles fósiles.

Su preocupación principal es que la demanda de los centros de datos incentive la expansión de la industria del estiércol-energía y, por lo tanto, de las granjas industriales.

Controversias y resistencia local ante los digestores

En Estados Unidos, los animales criados en establecimientos industriales generan unas 427 millones de toneladas de estiércol al año, con efectos sobre el aire y el agua en comunidades rurales, según datos citados por Grist.

Los digestores no eliminan el residuo: dejan digestato, un subproducto que puede emplearse como fertilizante o cama para animales, aunque investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que este material puede contaminar más que el estiércol sin digerir.

Brent Kim, investigador del Johns Hopkins Center for a Liveable Future, definió los subsidios públicos como un “incentivo perverso” que puede llevar a que el valor del estiércol supere al de la leche.

Kim y sus colegas publicaron una revisión científica en la que concluyen que si bien los digestores pueden reducir emisiones de metano a corto plazo, también pueden aumentar las de amoníaco y otros contaminantes, generando un fenómeno de “cambio de un contaminante por otro”.

El beneficio climático de los digestores es debatido: el World Resources Institute estima que solo reducen en torno al 25% el metano del almacenamiento de estiércol.

Un informe de Friends of the Earth detectó que las lecherías con digestores incrementaron el tamaño de sus rodeos un 3,7% anual, una tasa 24 veces superior a la de las granjas sin esa tecnología. En el condado de Kewaunee, en Wisconsin, el tamaño de los rodeos creció cerca de un 58% desde la instalación de estos sistemas.

Las críticas no provienen solo del ámbito académico. En 2023, Victoria Gehrke, organizadora comunitaria en Lind, Wisconsin, supo que una empresa de residuos para energía proponía instalar un digestor en la localidad con la promesa de gestionar estiércol y reducir desperdicios.

Junto a Laurie Knutzen, identificaron riesgos de emisiones peligrosas, tránsito constante de camiones, escasas restricciones sobre el origen de los residuos y contaminación del agua. Tras más de un año de oposición, el municipio rechazó el proyecto de Vanguard Renewables en la primavera de 2024, aunque la empresa sigue operando más de 50 digestores en el país y prevé superar los 100 proyectos para fines de 2028.

Productores rurales como Lynn Henning, en Michigan, señalaron que cuando el estiércol se vuelve “más valioso que la leche”, cambia el sentido mismo de la actividad agropecuaria.

Por su parte, Kathy Morrison, también en Michigan, relató que convivir junto a un digestor deterioró su calidad de vida debido al olor del digestato, que se dispersa en los campos tras el proceso.

Morrison aclaró que no rechaza la tecnología en sí, especialmente en versiones pequeñas y controladas, pero cuestionó los proyectos de gran escala orientados al lucro. Consideró que la entrada de los centros de datos, que ya arrastran sus propios impactos ambientales, ampliaría todavía más esas oportunidades de negocio.

La nueva aplicación de Google Finance representa un avance significativo para quienes desean iniciarse en el mundo de las inversiones sin complicaciones. Esta herramienta ha dejado atrás su versión beta y ahora ofrece una serie de funciones diseñadas para simplificar el seguimiento y la comprensión de los movimientos financieros.

Entre sus principales atractivos se encuentran la posibilidad de gestionar una cartera personalizada, el acceso a informes de inteligencia de mercado y la comodidad de una aplicación móvil que reúne todas estas novedades en un solo lugar.

Estas características convierten a Google Finance en una opción especialmente útil para principiantes, quienes encontrarán en esta plataforma una ayuda concreta para tomar decisiones informadas y monitorear su progreso de manera sencilla.

Google Finance: funciones clave para inversores principiantes

La plataforma renovada de Google Finance incorpora una función de carteras accesible a nivel mundial, pensada para quienes se inician en las inversiones y buscan un método sencillo para organizar sus activos.

Los usuarios pueden visualizar todas sus inversiones consolidadas en un panel único, donde se muestran datos de rendimiento y estadísticas sobre la distribución de activos. Esta visión integral permite a los principiantes comprender mejor la composición de su portafolio y detectar posibles áreas de mejora.

Además, la aplicación facilita la creación de nuevas carteras mediante la carga de archivos como CSV o PDF, así como el registro manual de inversiones. Esto permite que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda comenzar a estructurar una estrategia de inversión adaptada a sus necesidades.

La herramienta de investigación integrada responde a consultas orientadas a evaluar la diversificación y el perfil de riesgo, como “¿Qué sectores están subrepresentados en mi cartera?” o “¿Cómo afecta mi asignación de renta fija a mi potencial de crecimiento a largo plazo?”. Estas funcionalidades ayudan a los usuarios a identificar oportunidades de ajuste y optimización sin necesidad de conocimientos avanzados.

La facilidad de configuración y el acceso a información relevante convierten a Google Finance en una solución práctica para quienes desean comprender el funcionamiento del mercado y el impacto de sus decisiones financieras desde el inicio.

Inteligencia de mercado personalizada en Google Finance

Uno de los elementos diferenciadores de la nueva versión de Google Finance es la forma en que acerca la inteligencia de mercado a sus usuarios. La plataforma permite configurar tareas personalizadas, como recibir informes diarios previos a la apertura del mercado sobre los movimientos más significativos en criptomonedas.

Según Barine Tee, Director de Ingeniería en Google, es posible modificar tanto el contenido de los informes como el horario de entrega, e incluso utilizar la lista de seguimiento o la cartera personal para adaptar las estadísticas a las inversiones de cada usuario.

Una vez establecidas las tareas, Google Finance opera en segundo plano, recopilando datos y preparando informes personalizados de acuerdo a la programación definida. Las notificaciones llegan tanto a la aplicación móvil —disponible en Android y próximamente en iOS— como al panel web, donde también pueden consultarse y editarse las tareas configuradas.

Esta automatización y personalización reducen la necesidad de seguir manualmente las noticias financieras, lo que resulta especialmente útil para quienes se están familiarizando con los mercados y desean recibir información relevante sin esfuerzo adicional.

La nueva app de Google Finance: seguimiento en tiempo real y herramientas de IA

La llegada de la aplicación de Google Finance para Android marca un hito en la experiencia móvil de los inversores principiantes. Esta app permite consultar en cualquier momento la lista de activos en seguimiento, acceder a datos en tiempo real y leer un flujo de noticias financieras actualizado constantemente.

Entre sus novedades destaca la presencia de una herramienta de investigación basada en inteligencia artificial, que ayuda a explicar los “momentos clave” detrás de los movimientos de las acciones.

Esta combinación de funciones busca hacer más accesible la información financiera para quienes necesitan consultar el mercado varias veces al día desde su teléfono. La app integra también la posibilidad de recibir notificaciones personalizadas, mantenerse informado sobre los acontecimientos más recientes y ajustar la estrategia de inversión en tiempo real, todo desde la palma de la mano.

Se prevé que, en los próximos meses, más funciones presentes en la versión web —como las llamadas de ganancias en vivo y las herramientas avanzadas de gestión de cartera— se incorporen a la aplicación móvil. Además, está previsto el lanzamiento de la versión para iOS, lo que ampliará la disponibilidad de Google Finance a una mayor cantidad de usuarios.

Ventajas de Google Finance para quienes inician en inversiones

La nueva propuesta de Google Finance busca eliminar las barreras de entrada al mundo de la inversión, ofreciendo una experiencia intuitiva y herramientas que facilitan la toma de decisiones informadas.

La integración de carteras personalizadas, informes automáticos y acceso móvil inmediato permite a los principiantes monitorear su progreso y ajustar su estrategia en función de datos concretos, sin verse abrumados por la complejidad habitual de otras plataformas financieras.

La disponibilidad global de estas funciones, junto con la promesa de nuevas actualizaciones tanto en la web como en dispositivos móviles, posiciona a Google Finance como una opción atractiva para quienes buscan una herramienta confiable y sencilla para gestionar sus inversiones desde cualquier lugar.

La plataforma de criptomonedas Binance comunicó a sus clientes en la Unión Europea que interrumpirá la prestación de servicios en la región desde la próxima semana, debido a su imposibilidad de obtener una licencia bajo el nuevo régimen de la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Esta decisión surge cuando el plazo para que todas las empresas del sector cuenten con la autorización exigida por la Unión Europea llega a su fin el 30 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, encabezada por Carlos San Basilio, confirmó que no otorgará prórrogas ni excepciones a las plataformas de criptomonedas que no hayan cumplido con los requisitos de la MiCA. En declaraciones recogidas por Reuters durante un acto en Santander, San Basilio explicó que el regulador mantiene una comunicación activa con las compañías que no obtuvieron la autorización, con el objetivo de asegurar un cierre ordenado de sus operaciones.

Según lo informado por Reuters, San Basilio remarcó que “no va a haber ni excepciones ni prórrogas” para las plataformas, y subrayó que la prioridad del regulador español es la protección de los clientes durante la transición. El funcionario aclaró que las empresas deben comunicar de manera clara sus planes de salida del mercado europeo y garantizar la salvaguarda de los derechos de los inversores.

En este contexto, Binance notificó que, tras retirar su solicitud de licencia en Grecia por no recibir una resolución formal, ya no podrá prestar servicios a sus usuarios en la Unión Europea. El intercambio más grande del mundo señaló que planea buscar la autorización a través de Francia, país donde previamente mantuvo conversaciones con las autoridades regulatorias. A pesar de este enfoque alternativo, la empresa reconoció que cualquier posible licencia llegaría después de la fecha límite, por lo que suspenderá temporalmente sus servicios a los clientes europeos.

Durante la semana previa al vencimiento del plazo, clientes de Binance en países como Polonia, Italia, España y Francia —donde la compañía cuenta con licencias locales— recibieron comunicaciones sobre el procedimiento para retirar sus fondos. La plataforma aseguró que los activos de los usuarios “permanecen seguros y protegidos”. En el mensaje enviado a los usuarios, Binance explicó que la empresa “no obtendrá una licencia MiCA para el 30 de junio de 2026”.

El fracaso en la obtención de la autorización en Grecia marcó un revés relevante para Binance, que había intentado consolidar su posición en la región tras enfrentar investigaciones y sanciones regulatorias en otros mercados. Según fuentes citadas por Reuters, la candidatura del gigante de las criptomonedas en Grecia se complicó por dudas sobre los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los requisitos para sus dirigentes, especialmente en torno a Changpeng Zhao, fundador de la compañía.

La imposibilidad de operar bajo la nueva normativa europea implica que los usuarios de plataformas que no cuenten con la licencia no podrán realizar nuevas operaciones en la región. El propio presidente de la CNMV advirtió que quienes decidan operar igualmente con plataformas no autorizadas quedarán fuera del alcance de las protecciones que ofrece la regulación MiCA.

El marco normativo MiCA, aprobado a nivel comunitario, obliga a todas las empresas del sector cripto a tramitar y obtener una licencia específica para seguir funcionando en el mercado de la Unión Europea. La aplicación de la regulación corresponde a cada Estado miembro, aunque existen propuestas para ampliar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) en el futuro.

El entorno europeo se ha mostrado especialmente estricto con el cumplimiento de las nuevas reglas. La CNMV, según palabras de San Basilio recogidas por Reuters, mantiene un diálogo continuo con las empresas afectadas para supervisar la transferencia de activos y fondos de los clientes a otros proveedores, procurando que los usuarios no sufran pérdidas ni confusiones durante el proceso de transición.

A pesar del contratiempo, Binance reiteró a través de sus portavoces que Europa sigue siendo un mercado estratégico para la compañía. La empresa manifestó su intención de seguir colaborando con los reguladores y adaptarse a un marco regulatorio “claro, justo y armonizado”. Binance espera obtener una licencia MiCA en los próximos meses y planea anunciar la jurisdicción elegida cuando el proceso esté concluido.

El caso de Binance no es aislado. La mayor presión regulatoria en la región ha impulsado a otros actores del sector a buscar licencias locales o a cesar actividades en algunos mercados. En paralelo, empresas rivales con licencias vigentes han aprovechado la salida de Binance para atraer a usuarios que buscan opciones reguladas y continuidad en sus operaciones dentro del espacio europeo.

La decisión de la CNMV y la entrada en vigor del régimen MiCA marcan un punto de inflexión para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. La transición al nuevo marco regulatorio representa un desafío tanto para las plataformas que aspiran a seguir operando de manera legal como para los usuarios, quienes deben informarse adecuadamente sobre el estatus regulatorio de los servicios que utilizan para resguardar sus activos digitales.

“A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó Milei al periodista Fernando González. Las declaraciones del Jefe de Estado se producen después de que Adorni reconociera públicamente, el pasado 10 de junio, que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

El ahora exvocero presidencial explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a almacenar al menos 500.000 dólares en un dispositivo externo. Ante esa situación, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente.

Pese a la gravedad de los hechos, Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, sostuvo. Además, aclaró que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

El mandatario ratificó una postura que expone en público y en privado y señaló que no se dejará "llevar por los denunciadores seriales”. Al mismo tiempo, lanzó otra crítica al expresidente Mauricio Macri al recordar que asumió la presidencia en 2015 “procesado”. “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", ironizó.

Consultado sobre si el escándalo podría afectar la imagen de su gobierno de cara a las elecciones de 2027, Milei descartó el impacto y reafirmó su intención de presentarse a la reelección.

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", aseguró.

Y agregó: “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.

Por último, afirmó a El Observador: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las las cumplí en febrero".

Distinción en Madrid

Por otro lado, Milei recibió este viernes la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo durante la inauguración de la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, celebrada en el Aula Magna de esa casa de estudios en Madrid. El acto se enmarca en la sexta visita del mandatario a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

La distinción fue entregada en reconocimiento a “su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según precisó la propia institución universitaria.

Durante su discurso ante el auditorio, Milei defendió los resultados económicos de su gestión. El presidente argentino señaló que la inflación, que al inicio de su mandato rondaba el 211% en minoristas y el 300% en mayoristas —con una dinámica proyectada hacia el 15.000%—, se ubica actualmente entre el 25% y el 30%. “Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, afirmó.

En otro pasaje de su intervención, cuestionó los modelos económicos en Europa, señalando de forma directa que "no puede crecer porque está atestada de regulaciones“. El mandatario argentino advirtió que la obsesión por corregir supuestos “fallos de mercado” mediante la intervención estatal solo consigue “matar el crecimiento económico”.

“Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”, afirmó el mandatario en referencia al gasto público descontrolado, el ataque a la propiedad privada y las regulaciones en nombre de la “justicia social”.

Binance, el exchange de criptomonedas con más usuarios del mundo, suspenderá gran parte de sus operaciones en la Unión Europea desde el 1 de julio tras no obtener la licencia MiCA, el permiso obligatorio para operar bajo la nueva regulación europea de criptoactivos.

La decisión afecta especialmente a España, donde se estima que existen alrededor de 500.000 cuentas activas que deberán buscar alternativas mientras la compañía intenta conseguir autorización en otro país del bloque.

La empresa había iniciado el proceso de licencia en Grecia, pero decidió retirarlo después del rechazo del regulador local. Ahora busca obtener la autorización en otro Estado miembro, aunque todavía no ha revelado cuál será el país elegido.

Qué cambiará para los usuarios europeos de Binance

Con la entrada en vigor plena del reglamento MiCA, Binance solo podrá realizar las operaciones necesarias para facilitar una salida ordenada de sus clientes europeos.

Entre las restricciones anunciadas se encuentran:

• Suspensión de la compra y venta de criptomonedas.
• Fin de los servicios de préstamos.
• Cancelación de los programas de recompensas.
• Cierre automático de operaciones abiertas después del período de gracia establecido por la empresa.

Según las autoridades europeas, durante esta transición únicamente podrá mantenerse la custodia de los activos mientras los usuarios transfieren sus fondos o cierran sus posiciones.

La empresa aseguró que continúa comprometida con el mercado europeo y afirmó que espera obtener la licencia “en los próximos meses”, aunque no existe una fecha oficial para ello.

Qué es la licencia MiCA y por qué es tan importante

MiCA (Markets in Crypto-Assets) es la nueva regulación de la Unión Europea destinada a supervisar el funcionamiento de las empresas dedicadas a los activos digitales.

Su objetivo es establecer normas comunes para proteger a los inversionistas, aumentar la transparencia del sector y exigir controles más estrictos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

A partir de julio, cualquier plataforma que quiera ofrecer servicios de criptomonedas dentro de la Unión Europea necesita esta autorización.

Sin ella, las compañías no pueden captar nuevos clientes ni prestar la mayoría de sus servicios financieros relacionados con criptoactivos.

Por qué Binance no consiguió la autorización

Diversas fuentes del sector señalan que Binance enfrentó numerosos obstáculos durante el proceso regulatorio. Antes de presentar la solicitud en Grecia, la empresa habría explorado opciones en países como Malta, Francia, Alemania, Suecia y España.

Sin embargo, varios supervisores europeos mantienen reservas por el historial regulatorio de la compañía. Entre los principales factores que complican la obtención de la licencia aparecen:

• Investigaciones abiertas relacionadas con lavado de dinero.
• La compleja estructura societaria del grupo.
• La amplia variedad de servicios financieros que ofrece.
• La influencia que mantiene su fundador, Changpeng Zhao (CZ).

Los reguladores consideran especialmente relevante el historial judicial de Zhao, quien en Estados Unidos aceptó responsabilidades relacionadas con incumplimientos en los controles contra el lavado de dinero y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión.

La normativa MiCA establece que los accionistas con participaciones significativas no deben tener antecedentes relacionados con delitos financieros o financiación del terrorismo que comprometan su honorabilidad.

El pasado regulatorio sigue pesando sobre Binance

Durante los últimos años Binance acumuló investigaciones en distintos países. En 2023, las autoridades estadounidenses alcanzaron un acuerdo con la empresa que incluyó una multa superior a los 4.300 millones de dólares, una de las mayores sanciones impuestas a una compañía del sector financiero.

Posteriormente, Francia intensificó investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y fraude fiscal.

Aunque Binance renovó parte de su dirección ejecutiva con la llegada del nuevo CEO, Richard Teng, los supervisores europeos consideran que todavía existen aspectos estructurales que deben analizarse antes de conceder una licencia de alcance comunitario.

Qué deben hacer los usuarios

Los clientes europeos podrán retirar o trasladar sus criptomonedas hacia plataformas que sí cuenten con autorización MiCA.

Algunos usuarios podrían optar por utilizar filiales de Binance ubicadas fuera de Europa, como las establecidas en Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos. Sin embargo, hacerlo implica operar fuera del marco regulatorio europeo y perder las protecciones que ofrece la normativa comunitaria.

Mientras Binance intenta regresar al mercado europeo mediante una nueva licencia, cientos de miles de usuarios deberán decidir si esperan el regreso de la plataforma o trasladan definitivamente sus activos a exchanges regulados dentro de la Unión Europea.

La historia económica argentina es un libro abierto, atravesado por generaciones de desencantos, algunos aciertos y eventualidades. Pero las nuevas tecnologías podrían destrabar la causa de las crisis. Así, conceptos como liquid staking, autocustodia, fixed supply, open source y permission-less, garantizados mediante el cómputo de la tecnología, que en su taxonomía se denominaba como blockchain, presentan soluciones alternativas.

Pero hace 50 años estos conceptos no existían. En 1975 mi abuelo cerró su fábrica de autos en La Plata, donde se fabricaba el primer Dune Buggy Argentino “Puelche”, por culpa del Rodrigazo, donde salían más caras las partes del auto y su ensamble que el producto final.

Sin embargo, la problemática económica no finaliza allí. La hiperinflación de 1989 es un recuerdo que reside en la memoria de muchos argentinos, tanto familiares cercanos como el mismo presidente de la nación, cuentan abiertamente en sus recuerdos de juventud cómo se remarcaban los precios constantemente, incluso mientras esperaban la fila del supermercado.

Luego vino el año 1990, cuando se dio a conocer el famoso “Plan Bonex”, donde se canjearon compulsivamente los depósitos a plazo fijo en pesos (australes) por bonos en dólares (los “Bonex 89”) a 10 años. Buscaba frenar la hiperinflación absorbiendo dinero de la economía, pero afectó duramente los ahorros de la gente. Fue una confiscación de hecho del ahorro privado donde muchas veces los bonos eran vendidos a precios de remate por necesidad de liquidez.

Once años pasaron, para que luego mi padre, con un reciente bebé en brazos, encontrara la imposibilidad de acceder a sus ahorros, en un pasado diciembre de 2001. Y luego me tocó a mí, un joven argentino insertado en el mercado laboral, que no podía acceder al mercado de divisas extranjeras ni a transacciones internacionales bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Tres generaciones, cinco crisis y una eventual solución

Al principio parecía no existir una forma eficiente que, bajo las disposiciones del contrato social argentino, pueda cumplirse la voluntad de parte. Hasta que, por recomendación de un amigo, hoy ingeniero, me invitó a leer unos papers extremadamente interesantes sobre IO Research, sobre una blockchain llamada Cardano, que, a través de su infraestructura tecnológica, garantizaba pragmáticamente por protocolo un conjunto de conceptos teóricos llevados por primera vez a la práctica.

Por ejemplo, una red permission-less. Se trata de aquella en la que cualquier persona puede participar, enviar y recibir valor sin solicitar autorización a un intermediario ni cumplir requisitos de admisión. No existe una autoridad facultada para excluir. Quienes intentaban acceder al mercado de divisas y a transacciones internacionales, por ejemplo, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se encontraron con una compuerta cerrada.

El cepo cambiario es, en esencia, un sistema basado en permisos: para operar hace falta una autorización que el Estado puede negar discrecionalmente. Una infraestructura permission-less elimina esa compuerta de raíz. El acceso deja de depender de la voluntad de un tercero y pasa a ser propiedad del propio protocolo. Donde antes había una ventanilla que podía decirte “no”, ahora hay una red que no tiene la capacidad técnica de impedir.

La autocustodia significa que el usuario controla las claves privadas que dan acceso a sus fondos. Nadie los guarda en su nombre; no hay un banco ni un custodio que los tenga bajo su titularidad. Aquí resuena diciembre de 2001 con toda su fuerza. Los ahorros estaban en manos de un tercero al que el Estado pudo ordenar que cerrara las puertas. El Corralito, y antes el Plan Bonex, fueron posibles precisamente porque mediaba un custodio.

La autocustodia disuelve ese punto de vulnerabilidad. Si las claves son personales, no existe un intermediario al que se le pueda instruir que retenga, congele o canjee patrimonios sin consentimiento. El ahorro deja de ser una promesa de un tercero y vuelve a ser una posesión directa.

Liquid democracy and stake: reglas que no cambian a escondidas

El liquid staking permite poner fondos a trabajar en la validación de la red y obtener rendimiento por ello, sin perder la capacidad de moverlos: el capital permanece líquido. La democracia líquida, a su vez, es un modelo de gobernanza en el que cada participante puede votar directamente sobre las reglas del sistema o delegar su voto a alguien de confianza, con la potestad de revocar esa delegación en cualquier momento.

El Plan Bonex fue, ante todo, un cambio de reglas decidido unilateralmente y aplicado de un día para el otro sobre ahorristas que nada pudieron decir. Esa es la patología: en el sistema tradicional, las reglas monetarias se modifican por decisión vertical del poder político, sin participación de los afectados. La gobernanza on-chain invierte esa lógica. Las reglas se transforman mediante votación de los propios participantes, de manera transparente y previsible.

Y el carácter líquido del staking evita el atrapamiento: a diferencia de aquel plazo fijo que quedó congelado y luego canjeado a la fuerza, aquí podés generar rendimiento sin renunciar al control inmediato de tu capital. Nadie reescribe el contrato ni cambia las reglas mientras estás ocupado con otra cosa.

Fixed supply: el fin de la máquina de imprimir

La oferta fija implica que la cantidad total de unidades que existirán está predeterminada por protocolo y es matemáticamente inalterable. Nadie puede emitir más. Esta es la respuesta al fantasma más antiguo de mi familia y de nuestro país.

El Rodrigazo que fundió la fábrica de mi abuelo y la hiperinflación de 1989 que remarcaba los precios en la cola del supermercado tienen un origen común: la emisión monetaria sin límite. Cuando el dinero se imprime sin freno, el valor se evapora, las partes de un auto terminan costando más que el auto, y el ahorro de toda una vida se vuelve papel. Un suministro fijo cancela esa posibilidad por diseño. No hay autoridad que pueda diluir bienes fabricando más unidades, porque el protocolo sencillamente no lo permite. La disciplina monetaria deja de ser una promesa política, siempre frágil, y pasa a ser una certeza algorítmica.

Descentralizado: sin un único dedo sobre el botón

Una red descentralizada funciona distribuida entre miles de nodos independientes en todo el mundo, sin un punto central de control ni una entidad única capaz de apagarla, censurarla o modificar sus reglas a voluntad.

Si uno observa con atención las cinco crisis económicas argentinas, descubre un denominador común: en cada una hubo un único actor con poder discrecional que tomó una decisión devastadora para el ahorrista. Un Estado, un Banco Central, una firma al pie de un decreto. Cerrar la fábrica por el Rodrigazo, canjear los depósitos con el Bonex, congelar las cuentas en el Corralito, clausurar el acceso a las divisas. La descentralización es la propiedad que sostiene a todas las demás, porque elimina ese punto único de falla. Cuando no existe una sola palanca que alguien pueda accionar sobre todos a la vez, las confiscaciones, los corralitos y los cepos pierden el órgano que los hace posibles.

100% up time: el fin de los feriados bancarios

La disponibilidad permanente significa que la red opera las 24/7 sin horarios bancarios, feriados ni ventanillas cerradas. Al estar distribuida globalmente, no hay un instante en que el sistema esté apagado.

La angustia de 2001 no fue sólo abstracta: fue la imposibilidad de acceder a lo propio en el momento exacto de la necesidad. Y en el Bonex, los bonos se malvendían a precio de remate por la urgencia de conseguir liquidez. Un sistema siempre disponible elimina esa servidumbre. El acceso al patrimonio deja de depender de que una institución decida abrir sus puertas, de un feriado bancario decretado de emergencia o de un horario de atención.

Tres generaciones de mi familia atravesaron cinco versiones distintas de la misma falla estructural: la existencia de un intermediario con poder discrecional sobre el fruto del trabajo ajeno. Lo notable es que cada uno encuentra una respuesta puntual en una propiedad técnica concreta: la emisión descontrolada se responde con fixed supply; la confiscación, con self custody; el cambio unilateral de reglas, con gobernanza líquida; la exclusión administrativa, con permission-less; el cierre de ventanillas, con 100% up time; y el poder concentrado, con la descentralización que las articula a todas.

Lo que mis abuelos no tuvieron, lo que mis padres no tuvieron, es lo que ahora nosotros sí tenemos, y termina siendo una opción más al agregado de virtudes que nos otorga la tecnología. Por primera vez, un conjunto de conceptos teóricos dejó de habitar exclusivamente los papers para garantizarse, pragmáticamente, por protocolo. La historia económica argentina seguirá siendo un libro abierto. Pero quizás, por fin, tengamos la oportunidad de escribir un capítulo distinto, o al menos contar con una alternativa.

Los mercados financieros atraviesan un período de reacomodamiento generalizado que tuvo recientemente como principal motor el avance de las negociaciones de paz en Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán.

Mientras que el precio del oro, el petróleo y las criptomonedas emprendieron un drástico sendero bajista, los índices bursátiles procuran encontrar un punto de equilibrio. Wall Street, por ejemplo, anotó a comienzos de junio nuevos máximos históricos y los récord de cotizaciones de activos vinculadas a los desarrollos de inteligencia artificial dieron incluso señales de “burbuja” para algunos expertos financieros.

Con una inflación remanente muy alta como consecuencia de la volatilidad de los precios de la energía, los analistas financieros descuentan una pronta suba de tasas en los EEUU, que podría darle al dólar un nuevo período de auge y fortalecimiento.

La caída del Bitcoin, ahora por debajo de los USD 60.000, se debe a esta combinación de presiones macroeconómicas, que se plasma en concreto en la salida de capital institucional y un cambio en el interés de los inversores hacia sectores tecnológicos tradicionales.

Este miércoles la cotización del Bitcoin, que es la principal criptomoneda al acaparar el 50% del market cap del mercado “cripto”, resta un 5%, or debajo de los USD 60.000, un reciente psio que ya había ondeado en la operatoria itradiaria entre el 5 y el 6 de junio de este año.

Por otra parte, el Bitcoin se hundió más de 50% respecto de su máximo histórico por encima de los USD 124.000 del 7 de octubre de 2025.

Los factores principales que impulsan esta tendencia son:

• Política de la Reserva Federal (Fed): Las altas tasas de interés y un entorno de liquidez global más restrictivo reducen el apetito por activos de riesgo como las criptomonedas.
• Dólar más fuerte. A la vez, un dólar mas fuerte tienden a deprimir las valuaciones de activos nominados en esta moneda. Hay que recordar que el índice DXY (Dollar Index) acaba de marcar su nivel más alto desde marzo de 2025.
• Salida de fondos (ETF): Se han registrado importantes salidas de capital de los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin, lo que refleja una menor demanda institucional.
• Auge de la Inteligencia Artificial (IA): Gran parte del capital inversor ha migrado hacia el sector tecnológico, especialmente hacia empresas vinculadas a la IA y los semiconductores, que ofrecen un gran atractivo a corto plazo.
• Incertidumbre macroeconómica y geopolítica: Las tensiones internacionales y la incertidumbre sobre la inflación han llevado a muchos inversores a refugiarse en activos tradicionales como el oro y el efectivo.

“Preveo que Bitcoin tocará fondo cerca de 38.000 dólares en septiembre de 2026″, manifestó el administrador y analista David Zanoni. El autor fundamenta estas expectativas en el estudio de patrones cíclicos y en la tendencia histórica de registrar caídas proporcionalmente menos severas en cada mercado bajista.

“Veo que la fase final de este mercado bajista de Bitcoin se producirá en los próximos tres meses”, proyectó el administrador egresado de la Universidad de Rutgers. “Esta teoría se basa en los ciclos de precios de Bitcoin de cuatro años, que suelen terminar con un mercado bajista de aproximadamente un año”, agregó Zanoni.

Históricamente, Bitcoin demostró ser altamente volátil, y estas correcciones fuertes suelen generar incertidumbre a corto plazo, aunque muchos inversores institucionales también aprovechan estos descensos para acumular más a largo plazo.

Aún con el descuento de precios de los últimos meses, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, observó que “el Bitcoin se posiciona como la opción predilecta para el largo plazo de los inversores argentinos que en general son más experimentados ya que, pese a la volatilidad global, el usuario local mantiene la confianza en su resiliencia, al punto de que este activo concentra el 52% de las carteras locales y reafirma su rol como un refugio de valor estratégico en el tiempo“.

Minnesota aplicará la prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas a partir del 1 de agosto de 2026, como respuesta directa a la creciente ola de estafas que involucra a estos dispositivos.

La medida, confirmada por Fox News, exige que los operadores retiren todas las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas provocadas por este tipo de fraude superaron USD 1.000.000 en el estado durante los últimos tres años, lo que llevó a las autoridades a endurecer las políticas de control y protección al consumidor.

La decisión surge tras el fracaso de estrategias previas que incluían advertencias obligatorias en pantalla, límites de monto y otras restricciones. Según Fox News, los delincuentes lograron adaptar su accionar para sortear estos controles, manteniendo a las víctimas bajo presión y logrando que realicen transferencias de dinero sin consultar ni detenerse a reflexionar.

El método: rapidez, presión y falta de margen para actuar

Los cajeros de criptomonedas —también conocidos como crypto kiosks— permiten transformar efectivo en activos digitales de manera casi instantánea.

Este funcionamiento, que para usuarios legítimos puede representar una ventaja, fue aprovechado por estafadores para convertir el “pánico en pagos”, como advierte Fox News.

Los delincuentes suelen contactar a sus víctimas simulando emergencias, amenazas judiciales o problemas bancarios, y las convencen para que retiren dinero en efectivo y lo depositen en estos dispositivos.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Minnesota, muchas víctimas reciben llamadas alarmantes y, bajo presión, acuden a un cajero siguiendo instrucciones detalladas.

“El estafador permanece al teléfono, indica cada paso y aconseja qué responder si surge alguna pregunta de un empleado”, describe el medio estadounidense. La rapidez de la operación elimina casi por completo la posibilidad de intervención de terceros o de reversión de la transacción.

El usuario, intimidado, introduce el dinero en el cajero, que de inmediato lo convierte en criptomonedas y lo transfiere a una billetera digital designada por el estafador. A diferencia de otros métodos de pago, la transferencia en criptomonedas ofrece menos opciones de rastreo o recuperación, lo que deja a los afectados en una situación de alta vulnerabilidad.

Cifras y patrones: impacto del fraude en Minnesota y Estados Unidos

Entre 2023 y 2025, Minnesota registró 134 denuncias, con pérdidas totales cercanas a USD 1.000.000, según datos citados por Fox News. Solo en 2025, se reportaron 70 casos y pérdidas superiores a USD 540.000.

Las autoridades reconocen que estos números podrían ser solo una parte del daño real, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o temor a juicios familiares.

El fenómeno trasciende el ámbito estatal. El Federal Bureau of Investigation (FBI) informó que, en 2025, su Internet Crime Complaint Center (IC3) recibió más de 13.400 denuncias en todo el país relacionadas con fraudes en cajeros de criptomonedas. Las pérdidas declaradas superaron los USD 388 millones.

Más de la mitad de las víctimas eran mayores de 50 años, un dato que subraya la especial vulnerabilidad de los adultos mayores ante este tipo de engaño.

Las autoridades estatales habían intentado frenar el avance del fraude con advertencias en los dispositivos y límites en los montos, pero los resultados fueron insuficientes.

Como señala Fox News, los delincuentes perfeccionaron sus tácticas y continuaron explotando el sistema. Por eso, la prohibición de los cajeros fue presentada como la única vía posible para cortar el flujo directo de efectivo a activos digitales bajo presión.

Casos emblemáticos y debate sobre el futuro de las criptomonedas

Algunos casos reseñados por Fox News ilustran el drama personal que esconden las cifras. Una residente de Minnesota, Gail Barr, perdió USD 9.260 luego de que la engañaran con una supuesta citación judicial.

Un hombre de 85 años fue víctima de un falso reembolso de PayPal que, tras una transferencia inicial de USD 10.000 en un cajero de criptomonedas, derivó en la entrega de monedas de oro a un mensajero.

El caso de Joe Allen, un ciudadano de Connecticut con discapacidad, expuso pérdidas superiores a USD 300.000 en una estafa de inversión con criptomonedas.

La nueva regulación no restringe la compra y venta de criptomonedas mediante plataformas reguladas en línea. La prohibición se dirige exclusivamente a los dispositivos instalados en lugares públicos, como estaciones de servicio y tiendas.

Mientras algunos expertos sostienen que esta medida puede salvar a potenciales víctimas, otros advierten que los delincuentes buscarán nuevas rutas para sus fraudes.

El FBI recomienda a quienes hayan enviado dinero a través de estos cajeros que denuncien de inmediato ante la policía, organismos de protección al consumidor y el IC3, ya que la denuncia temprana podría ayudar a identificar patrones y evitar nuevos casos.

Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió las exenciones para el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, para diversas empresas del sector financiero como las billeteras cripto, las empresas de cobranza extrabancaria, las administradoras de tarjetas y las transportadoras de caudales.

El principal beneficiario de estos cambios será el sector de las criptomonedas, que dejará de tributarlo con un agregado especial tendiente a la formlaización de la actividad. El decreto contempla una exención específica que mejora la situación de las empresas registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el ámbito de la CNV.

El decreto deroga una norma de 2021 que disponía diversas exenciones al impuesto al cheque en las transferencias de dinero pero que, a la vez, no regían cuando esas operaciones estuvieran relacionadas con el movimiento de criptoactivos. Aunque la persona estuviera exenta del impuesto, debía pagarlo cuando compraba cripto. Ese impedimento fue eliminado, por lo que cuando se opere en la compraventa de monedas digitales, se gozará de esa exención.

Además de ese beneficio, el decreto dispuso que estén exentas del impuesto las cuentas utilizadas en forma exclusiva para operaciones con cripto, siempre que sus titulares sean operadores inscriptos en el registro de PSAV de la Comisión Nacional de Valores, lo que le otorga una clara validación a las billeteras registradas sobre las que no lo están.

El cambio es clave para el sector cripto, ya que equipara el tratamiento tributario de los operadores cripto con otros jugadores tradicionales del sector financiero, algo que venían pidiendo desde hace tiempo. En los últimos años, la Cámara Argentina Fintech impulsó la modificación en contacto con los organismos reguladores.

“El decreto 475/2026 corrige una asimetría impositiva que generaba costos adicionales para los PSAV y limitaba el desarrollo de nuevas soluciones financieras. Permite avanzar hacia un marco más competitivo, eficiente y favorable para la innovación. Representa un reconocimiento al rol que cumplen los PSAV dentro del ecosistema financiero”, señaló Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

Los activos virtuales, explicó el directivo de Lemon, ya no son solo una alternativa de resguardo de valor. Cada vez más se consolidan “como infraestructura financiera que permite acelerar la digitalización financiera en Argentina”. El reciente informe Panorama Cripto de Bitso reveló que las stablecoins representaron el 71% de las compras de cripto y que bitcoin lidera los portafolios en el país al concentrar el 52% de las tenencias totales, lo que consolida a las criptomonedas como una herramientas para preservar el valor de los ingresos.

“Celebramos esta medida, ya que elimina las asimetrías impositivas que afectaban la competitividad del sector de los activos virtuales frente a empresas fintech y de la industria financiera tradicional. Esta actualización normativa aporta equidad, transparencia y seguridad jurídica tanto para las plataformas como para los usuarios”, señaló Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica. Consideró que la unificación de criterios impositivos y la inclusión de las PSAV en la excepción “revalida a las criptomonedas como una infraestructura financiera cotidiana y necesaria para los ciudadanos”.

“El impuesto a los créditos y débitos nos ponía en desventaja frente a otros actores del sistema financiero. Con esta exención podemos competir en condiciones más parejas y trasladar esa eficiencia directamente a nuestros usuarios”, Joaquin Herrera, Co-founder y Director de Operaciones en Takenos.

Una traba para el desarrollo cripto

Según explicaron en la Cámara Argentina Fintech, hasta ahora los PSAV registrados quedaban excluidos de un régimen que ya alcanzaba a otros actores regulados del sistema, como entidades financieras, proveedores de servicios de pago (PSP) y otros agentes y mercados autorizados por la CNV.

Como consecuencia, el impuesto gravaba movimientos asociados a la operatoria de los usuarios. Esto generaba costos adicionales frente a actores que desarrollan actividades comparables, una diferencia que la industria venía señalando como un obstáculo para su desarrollo, explicó la Cámara en un comunicado. Destacó además que la modificiación es “una condición necesaria para promover nuevas inversiones y consolidar un marco regulatorio más consistente” para el desarrollo de la innovación financiera en el país.

“Esta es una gran noticia para las empresas que invierten en Argentina, generan empleo y crean soluciones que amplían el acceso a servicios financieros para millones de personas y empresas. Quienes están registrados, supervisados y sujetos a los marcos normativos establecidos deben poder desarrollarse en condiciones equivalentes a las de otros actores regulados”, señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

“La corrección de esta asimetría regulatoria es una medida clave para que el régimen de tokenización impulsado por la CNV el año pasado, finalmente se refleje en una mayor oferta de productos financieros tokenizados, para los que esta discriminación resultaba un impedimento. Además, profundizará el mercado de capitales argentino en un momento en el que una revisión de la situación del país en el ranking MSCI es inminente”, destacó Diego Díaz, Director de Cripto y Mercado de Capitales de la Cámara Argentina Fintech.

Otras exenciones

El decreto que amplió las exenciones al impuesto al cheque involucró a otras operaciones financieras, con el objetivo de “adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos" y, a la vez, "equiparar las condiciones de aquellos sujetos que, llevando adelante actividades de similares características, gozan de un tratamiento diferente en el gravamen“.

De esa forma, además de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), otros actores del sistema financiero se verán beneficiados:

- Servicios de pagos y cobranzas electrónicas: se sustituyeron incisos para clarificar que las cuentas exclusivas de empresas de servicios electrónicos de pagos y cobranzas (como el pago de facturas de servicios e impuestos) quedan exentas. Esto incluye los movimientos para el depósito o entrega de efectivo y alcanza también a sus agentes oficiales y a quienes actúen como agencias complementarias de servicios financieros. La norma original eximía únicamente a las empresas de cobranza extrabancaria, como Rapipago o Pagofácil, mientras que el decreto publicado hoy actualiza el beneficio para nuevas operaciones que la evolución tecnológica viene aportando.

- Administradoras de tarjetas: las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra o débito también recibieron beneficios. Se eximen los débitos originados en préstamos bancarios para financiar su actividad, así como los movimientos generados por la emisión y cancelación de obligaciones negociables destinadas al mismo fin.

- Transportadoras de caudales: la exención alcanza ahora a las cuentas que estas empresas utilizan para rendir a sus clientes el dinero en efectivo recaudado, siempre que figuren en el registro administrado por el Banco Central (BCRA).

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México— alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que combina el robo de identidad en redes sociales con la transferencia de recursos a través de cuentas de criptomonedas, cuyo anonimato hace casi imposible rastrear el dinero una vez enviado.

El mecanismo central de la estafa se apoya en aplicaciones vinculadas a billeteras digitales de criptomonedas. Esos sistemas ofrecen al estafador un escudo de anonimato que convierte las transferencias en prácticamente irrecuperables para la víctima.

Tres perfiles que usan los estafadores para acercarse

Los delincuentes no actúan de forma improvisada: adoptan identidades construidas para generar confianza. El primero de esos perfiles es el del supuesto “gerente de inversiones”, una figura de autoridad financiera que promete rendimientos seguros y rápidos.

El segundo perfil suplanta a celebridades. Bajo ese disfraz, los estafadores afirman que la persona famosa tiene la capacidad de multiplicar las criptomonedas que la víctima decida invertir.

El tercer perfil es el del “enamorado virtual”. Esa figura construye una relación afectiva progresiva y, una vez ganada la confianza de la víctima, solicita el envío de dinero o criptomonedas bajo el pretexto de financiar una inversión conjunta.

Hackeo y robo de identidad como herramientas del fraude

Los grupos detrás de estas estafas no se limitan a crear perfiles falsos. Sus integrantes también se dedican al hackeo y al robo de identidad de cuentas legítimas en redes sociales, lo que les permite operar con mayor credibilidad al suplantar a personas reales.

Esa táctica eleva el riesgo para cualquier usuario: el mensaje fraudulento puede llegar desde la cuenta de un conocido cuya identidad fue comprometida. La víctima baja la guardia porque reconoce al remitente.

¿Cómo captan a las víctimas en plataformas digitales?

El punto de entrada más frecuente son los grupos y perfiles falsos en redes sociales. Esos espacios incluyen enlaces diseñados para que el usuario haga clic y, al hacerlo, entregue acceso total a sus propias cuentas.

Una vez que el estafador controla esa información, puede operar en nombre de la víctima, ampliar la red de engaño hacia los contactos de esa persona y vaciar cualquier recurso digital disponible. El daño se multiplica en cadena.

¿Por qué las criptomonedas son el método de pago preferido?

A diferencia de una transferencia bancaria, una transacción en criptomonedas no cuenta con mecanismos de reversión ni protección al consumidor. Cuando los fondos cambian de billetera digital, la recuperación es, en la práctica, imposible.

Esa característica convierte a las criptomonedas en el instrumento ideal para este tipo de fraudes. El anonimato del receptor y la irreversibilidad de las operaciones dejan a la víctima sin vías de reembolso una vez consumado el engaño.

Señales de alerta que permiten identificar el fraude

Cualquier propuesta que combine una relación virtual reciente con una oportunidad de inversión debe tratarse como una señal de alarma. Los estafadores suelen generar urgencia artificial: plazos cortos, ofertas que “vencen pronto” o situaciones de emergencia que requieren un envío inmediato de fondos.

Ningún asesor financiero legítimo solicita transferencias en criptomonedas a través de redes sociales ni construye una relación romántica como paso previo a una inversión. Si alguien desconocido propone ambas cosas al mismo tiempo, se trata de una estafa.

¿Cómo denunciar ante la PDI

La PDI pone a disposición de la ciudadanía dos canales de atención directa para quienes sean víctimas de este tipo de fraude o necesiten orientación preventiva. El número telefónico es el (55) 5242 6489 y el correo electrónico es ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz para detener a estos grupos. Cada reporte permite a las autoridades mapear patrones, identificar redes de operadores y proteger a futuros posibles afectados.

Manuel Adorni entró a su primer cargo en la función pública el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Javier Milei, de quien se hizo amigo y, hoy, es su principal sostén político en medio del cúmulo de cuestionamientos políticos por sus contradicciones, mentiras públicas y llamativas justificaciones patrimoniales.

De profesión contador, hasta ese momento, el hoy jefe de Gabinete había trabajado en el sector privado, en una concesionaria de autos entre 2002 y 2016 y posteriormente, como columnista económico en distintos medios de comunicación.

Antes de asumir como vocero presidencial, se desempeñaba como co-conductor de un programa semanal en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV de su amigo Marcelo Grandio, dueño de la productora de contenidos ImHouse, investigada por haberle pagado su escapada el fin de semana de Carnaval con su familia en un avión privado a Punta del Este.

Al llegar a su cargo en el Estado, presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su primera declaración jurada patrimonial Inicial, en enero de 2024, con el detalle de sus bienes correspondientes al 2023. Es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios al llegar a la función pública para permitir un posterior control de la evolución de su patrimonio.

Se conoce también como declaración jurada de Alta, y solo contiene información sobre su patrimonio al inicio del período. Es una foto de los bienes con los que el funcionario llega a su cargo público. En ese documento, disponible en la web de la OA y analizado por Infobae, declaró un patrimonio inicial austero: $25,7 millones.

Declaró dos inmuebles. Uno, el departamento de 115 m² que compartía con su mujer, titular del 50%, y sus dos hijos menores en la calle Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, adquirido con ingresos propios a principios de 2014. El otro, un departamento en La Plata, en la Calle 50, de 107m2, que declaró haber recibido como “donación” en junio de 2016.

Para ese época era dueño de un Renault Captur modelo 2019, que compró en 2021. En dinero, informó USD 10.600 de ahorro en el país, que ingresaron en su patrimonio el “31 de diciembre de 1969″, pese a que él nació en 1980; $10 millones en un fondo común de inversión; depósitos en el exterior -sin especificar moneda o país - por $8,2 millones; y $412.000 en dinero en el país en cuentas y efectivo.

En noviembre de 2024, con un par de meses de retraso, presentó ante la OA su segunda DDJJ, la Anual 2023, ya con detalle de su patrimonio al inicio y al cierre del período.

Allí surgen las primeras inconsistencias. Informó un patrimonio inicial diferente al consignado en la DDJJ 2023 de Alta: sus bienes y dinero al comienzo del año sumaban menos, solo $11,6 millones, en lugar de $25,7 millones. Incluían los mismos dos departamentos - uno en CABA y el otro de La Plata recibido por donación -, y el Renault Captur.

En dinero consignó $2,8 millones en el país, y USD 8.220 en el exterior, en una cuenta radicada en Estados Unidos.

Al cierre de 2023, su patrimonio había dado un primer salto: pasó a ser de $61 millones. La explicación estaría en un préstamo de USD 42.500 por parte de su madre, Silvia Pais, y de una de sus abuelas, Norma Zuccolo. Esos dólares se sumaron a los USD 6.220 que informó tener en un banco norteamericano.

Como ingresos, consignó en el año un total de $3,7 millones.

Pero esa declaración tuvo una nueva versión esta semana. Junto con la presentación el 10 de junio de la DDJJ 2025 Anual, Adorni envió a la OA una Rectificativa del 2023 y otra del 2024.

Con estas nuevas presentaciones buscó saldar, tardíamente, las omisiones sobre los inmuebles que adquirió siendo ya funcionario público. Ya con la investigación judicial en pleno trámite por presunto enriquecimiento ilícito, intentó justificar su crecimiento patrimonial y nivel de gastos, que incluyeron viajes en el país y al exterior, incluido uno a un destino exclusivo como Aruba, y costosas reformas de sus nuevas propiedades.

En la DDJJ 2023 Rectificativa 1, su patrimonio pasó a ser al inicio del año de casi $131 millones, cuando en la primera versión de esa declaración jurada, había informado que era de $11,6 millones. Y al cierre del año, trepó a $515,5 millones, justo cuando ingresó a la función pública. Esos nuevos números contables retocados buscarían darle sustento a su afirmación de que hizo su dinero trabajando en el sector privado.

¿Qué cambios hizo en el documento un año y medio más tarde para explicar su crecimiento patrimonial bajo la lupa de la Justicia?

En la DDJJ 2023 Rectificativa 1 consignó a principios de año USD 565.000 por la “venta de activos” que antes no estaban. Este monto correspondería a los USD 500.000 que, en una entrevista al canal La Nación + el miércoles a la noche, dijo haber obtenido por la inversión que hizo en criptomonedas entre 2014 y 2018, a partir de una suma inicial de USD 200.000.

En la nota, dijo que esos Bitcoins estaban almacenados en una billetera fría (un dispositivo físico similar a un pendrive) fuera del sistema bancario tradicional, y admitió que no los había declarado ante la ex AFIP, y los había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA ya siendo funcionario. Según su relato frente al periodista José Del Río, encontró ese pendrive en el departamento en La Plata de su padre, tras su fallecimiento en 2002.

En esa Rectificativa del 2023, informó otros $619.356 en Bitcoin que ingresaron a su patrimonio en 2021; dinero en el país por $2.870.659; y $820.284 invertidos en el fondo de inversión FIMA. Los dólares en una cuenta en Estados Unidos volvieron a ser USD 8.220 (en lugar de USD 6.220).

Para finales de 2023, según esa segunda versión de su DDJJ 2023, su patrimonio superaba los $515,5 millones. Los dólares en el país que dijo haber obtenido “venta de activos” eran USD 513.000; es decir, USD 52.000 menos que a principios de ese año.

Durante el transcurso de 2023, se desprendió de las Bitcoins, pero sumó inversiones en otras tres criptomonedas - Binance, Lemon y BTC - por $11,8 millones. Las de Binance dijo haberlas incorporado a su patrimonio en 2021, pese a que no las había consignado a principios del 2023.

El miércoles 10 de junio, Adorni también presentó una segunda Rectificativa de su declaración patrimonial Anual 2024 ante la OA. Es la tercera presentación que hizo respecto de 2024, corrigiendo lo informado.

El documento original de la DDJJ 2024 Anual, en su primera versión, no está ya disponible en la web de la OA por lo que Infobae no pudo acceder a ella. Fue reemplazado por la Rectificativa 1 que presentó el 4 de agosto del año pasado.

En esa primera rectificación consignó un patrimonio inicial de $61 millones, una cifra coincidente con el cierre de su primera versión de la declaración jurada 2023, y al final del período, de $107,8 millones.

Volvió a informar sólo sus dos departamentos: el de Parque Chacabuco y el de La Plata, que dijo haber recibido por donación, pero no declaró la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club el 15 de noviembre de 2024. Si bien fue escriturada a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, debía declarar su 50% al ser un bien ganancial.

Sí incluyó un segundo auto, adquirido en marzo de ese año: un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En dinero dijo tener casi $2,5 millones, y declaró exactamente la misma cantidad de dólares, USD 42.500, lo que indicaría que no los habría usado para la operación o los gastos de su nueva casa de fin de semana. Siguieron apareciendo, también, los USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

Pero en la DDJJ 2024 Rectificativa 2 que presentó el 10 de junio, su patrimonio tuvo un marcado aumento y pasó a ser, al arranque del año, de casi $515,5 millones, una diferencia de $407,6 millones respecto a lo informado en la Rectificativa 1 del 2024.

En esa tercera presentación, informó que al cierre de 2024 sus bienes, activos y dinero habían trepado a $662,6 millones, muy lejos de los $107,9 millones que había declarado en la anterior presentación ante la OA.

En esta oportunidad sí incluyó la casa de fin de semana en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que había omitido en la primera versión. Su 50% lo valuó en $157 millones.

El matrimonio Adorni compró la propiedad en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia. Pero el funcionario no desembolsó ese dinero pese a los dólares incorporados en las nuevas versiones de sus declaraciones juradas, sino que acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado. Para la operación solo puso USD 20.000 en efectivo.

Adorni le hizo reformas a esa casa de Indio Cuá hasta dejarla hecha a nuevo durante 2025 por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

A principios del 2024, en la DDJJ Rectificativa 2 los dólares pasaron a ser USD 513.000, siempre por “venta de activos” no especificados. En el documento, el jefe de Gabinete incluyó las inversiones en las criptomonedas Binance, Lemon y BTC por $11,8 millones, y en fondos Fima por $552.089.

Para el cierre de 2024, los dólares se habían reducido a USD 388.961 y las inversiones en criptomonedas desaparecieron.

Adorni mantuvo exactamente igual el monto en pesos de las deudas con su madre y la sucesión de su abuela fallecida en marzo de 2025 (pese a que el préstamo había sido en dólares), lo que indicaría que no devolvió ese dinero.

Y le sumó otras dos deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres vinculadas a la Policía Federal que le prestaron los USD 100.000 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de la calle Asamblea.

Molina le prestó a Adorni USD 85.000, y Cancio, USD 15.000, aunque en la DDJJ, esas acreencias están informadas en pesos: $43,8 millones y $7,7 millones, respectivamente.

En el apartado de deudas, en la Rectificativa 2, sumó una con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $7,1 millones, al 31 de diciembre de 2024.

La declaración de 2025

En la DDJJ 2025, que presentó el miércoles por la noche, 35 días después del anuncio de que era “inminente”, el jefe de Gabinete informó un patrimonio que trepó a $944,5 millones al cierre del año.

Por la “venta de activos” - que había incorporado en las Rectificativas de 2023 y la de 2024 -, declaró USD 388.961 a principios de año, que se redujeron a USD 209.961 al cierre. Mantuvo sus USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

A su vez, consignó tener deudas por $317,3 millones, que incluyeron acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1.446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025.

En esta DDJJ, Adorni incluyó el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255,8 millones. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Angeletti.

Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

En la nueva DDJJ sigue figurando su anterior vivienda de la calle Asamblea, en Parqeu Chacabuco, actualmente desocupada y en venta. De cuatro ambientes y 115 m², lo valuó en $61 millones.

Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando por ser el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae, el aviso sigue vigente.

En la DDJJ 2025 presentada esta semana, Adorni volvió a incluir el departamento en La Plata, que valuó en casi $100 millones, pero dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”, y ya no como una “donación familiar”.

También informó que tenía la mitad de los metros cuadrados, 55 m² en lugar de los 105 m² que había consignado en sus anteriores declaraciones. Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310 millones, que incluyeron USD 209.961; otros $2.455.000 en efectivo; y $3.999.785 en billeteras virtuales.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por un total de $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

Sigue debiendo el total del dinero que le había prestado su madre y su abuela ya fallecida. Adorni las consignó en pesos por un total de $34,2 millones.

Aparecen en el documento otras cuatro deudas en dólares, que le permitieron a Adorni hacerse de los dos inmuebles que compró con su mujer en 2024 y 2025.

Por un lado, con Molina y Cancio, con las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 para comprar la casa del country Indio Cuá. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente) que, equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, que ellas habían adquirido unos meses antes. Ese préstamo se acordó sin intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó, amigo suyo e hijo de Viegas, y su socio Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, unos USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni decidió plasmar esa deuda por escrito.

Por último, el funcionario informó una deuda con ARCA por $12,2 millones. Tras la admisión pública de que obtuvo más de USD 500.000 en negro por inversiones en criptomonedas, que nunca declaró al fisco, y la exteriorización de sus dos nuevas propiedades, lo que deberá pagarle a ARCA será seguramente muy superior a esa cifra.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe Gonzalez

Luego de meses de especulaciones, críticas y silencio por parte del funcionario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su esperada declaración jurada y argumentó -en una estrategia que generó una catarata de cuestionamientos- que en los años anteriores se olvidó de informar que había ganado miles de dólares invirtiendo en criptomonedas, lo que explicaría su crecimiento patrimonial.

La explicación la hizo el miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva en la que volvió a hablar después de mucho tiempo, pero la documentación correspondiente se subió a la página web de la Oficina Anticorrupción recién al día siguiente por la tarde, casi en el momento exacto en el que comenzó el Mundial de Fútbol.

El ministro coordinador planificó su estrategia defensiva en dos partes: por un lado, ordenó las cuentas y trabajó exhaustivamente en sus ingresos y en la justificación de sus bienes y, posteriormente, preparó el mensaje público que iba a transmitir.

Para esto, consultó al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a su equipo, quienes se ocuparon del entrenamiento para los medios que ya se estaba analizando como refuerzo de la respuesta jurídica y contable.

Finalmente, Adorni reconoció en LN+ que los más de 300 mil dólares que había conseguido con el trading, entre 2014 y 2018, no los tenía blanqueado “porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”.

“La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, agregó.

A pesar de todo esto, el tema volvió a instalarse con fuerza en la opinión pública y en todo el arco político, que cuestionaron lo dicho por el funcionario y hasta replicaron declaraciones viejas que contradecirían los argumentos. Es decir, Adorni no convenció. A tal punto, que desde el PRO, principal aliado del Gobierno, lanzaron un fuerte tuit que se prestaba a interpretar que estaban reclamando la renuncia del funcionario.

En la previa de la entrevista, que estuvo anunciada desde temprano, trascendió que una vez finalizada los principales integrantes del Gobierno comenzarían a respaldarlo fuertemente en las redes sociales, pero esto no ocurrió.

En el interior del oficialismo aseguran que “no hay constancia de que algo así haya estado previsto ni tampoco que haya pasado algo en particular”, al tiempo que se preguntan “qué podría cambiar” con una acción de ese estilo.

Sin embargo, quien sí salió a hablar, pero no de una forma positiva, fue la senadora Patricia Bullrich, quien nuevamente se diferenció del resto de la cúpula al manifestar que el hecho de que el jefe de Gabinete no haya declarado antes esos bienes “no es un simple erros, sino una omisión ética”.

“Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, lanzó con firmeza la líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad insisten en que no hay “una lógica estratégica y pensada” en este tipo de desmarcaciones, sino que se trata de “algo que es más sencillo, porque ella solo dice lo que piensa de los temas”.

“Puede haber una discusión sobre el tono, pero no sobre el contenido en cuestión. Cuando escuchó la entrevista decidió volver hablar, simplemente, porque Adorni dijo lo que dijo. Hay nuevos elementos y consideró que tenía que volver a opinar de la cuestión”, señalaron.

No obstante, cerca de Bullrich también destacaron que ella “fue más dura que el PRO”, que sacó un comunicado también poniendo en duda las explicaciones del funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, el partido fundado por Mauricio Macri remarcó que “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, porque “eso no tiene ninguna justificación posible“.

El espacio se refería a la exposición que Adorni dio a finales de abril pasado en Diputados, cuando dijo que no había ninguna irregularidad en sus anteriores declaraciones juradas y que el crecimiento de su patrimonio se iba a ver reflejado en la que presentaría este año.

Ahora, el jefe de Gabinete dará un nuevo informe de gestión, esta vez en el Senado, a principios de julio, una decisión que se tomó como forma de ratificar que está firme en el cargo y no va a renunciar, según reconocieron a este medio distintas personas de su círculo de confianza.

Cuando la polémica por su estilo de vida recién había comenzado, en marzo último, la cúpula libertaria pensó en algo similar y le preparó una serie de reuniones con ministros para conversar cuestiones de agenda, a pesar de que varios de ellos ya le habían enviado los informes sobre el rumbo de la administración en sus respectivas áreas.

La idea de ir al Senado se terminó de acordar durante el encuentro de la mesa política, que fue el más extenso desde que se creó, ya que los miembros del grupo comenzaron a llegar a la Casa Rosada a las 13:30 y el último se retiró unos minutos antes de las 17:00.

Como es habitual, asistieron, además del jefe de Gabinete, Caputo y Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El único ausente con aviso fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adujo que tuvo que viajar en las últimas horas por “asuntos personales”, aunque en otras oportunidades también faltó por distintos motivos.

La reunión se dio con la particularidad de que era el cumpleaños de la senadora, a quien Adorni le llevó una torta. Todos se sacaron una foto que se terminó difundiendo recién a las horas y en la cuenta de la hermana del mandatario nacional, que no suele ser quien comparte esas imágenes.

“Se aclaró ahí todo lo que se tenía que aclarar y hasta le cantaron el feliz cumpleaños”, reveló a Infobae una persona al tanto de lo que se trató en la mesa política.

Por su parte, Bullrich se fue temprano del lugar para continuar con los festejos y también continuar negociando en el Congreso los votos para las reformas que están en carpeta, como la eliminación de las PASO y el Super RIGI, entre otras. La agenda parlamentaria no está yendo al ritmo que el Poder Ejecutivo se había planteado.

En la declaración jurada patrimonial que presentó, finalmente, ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al año 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio de $944.575.052, cifra que incluye 216.181 dólares.

En el documento, informa, a principios del período por primera vez, $388.961 producto de la venta de criptomonedas que -dijo ayer en una entrevista con La Nación+ - tenía desde antes de ingresar a la función pública. Esa cifra se redujo, a fin de año, a USD 209.961.

A su vez, consignó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025. Las deudas deben consignarse en el formulario en la moneda nacional.

El monto del patrimonio que declaró al cierre de ese año, el segundo como funcionario del Gabinete, es un 42,5% más que lo que informó a principios del 2025, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por este medio.

En esta DDJJ sí están las propiedades que surgieron en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y reveladas por el periodismo.

Incluyó la casa en el country en Indio Cuá que fue escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024 - y que no había detallado en su declaración jurada de ese año - y valuó en $156.926.249. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia, pero solo puso USD 20.000. El funcionario acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado.

Posteriormente, Adorni le hizo reformas para dejar ese inmueble a nuevo por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

También el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255.844.500. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Betina Angeletti. Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m2, este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711. Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae el aviso sigue vigente.

A su vez, informó nuevamente ser dueño de otro departamento en La Plata, de 55 m2, que valuó en $96.900.545 y dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”.

En su anterior DDJJ del 2024, había informado que el departamento en La Plata de la Calle 50 era una “donación familiar” y que tenía el doble de metros cuadrados: 105 m2. Todo indicaría que se trata del departamento de la familia de Adorni. El padre falleció en 2002. Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961, según el documento público al que accedió Infobae; $2.455.000 también en efectivo; y $3.999.785 en cuentas de pago, provistas por empresas de la industria Fintech.

Adorni es dueño de un Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, que adquirió en marzo de 2024. Se desprendió del Renault Captur Intense 2.0 modelo 2019.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

El funcionario informó una deuda con la Agencia de Recaudación (ARCA) por $7, 1 millones. Luego aparece el préstamo de su madre, Silvia Pais, por $16,1 millones y otro proveniente de la sucesión de su abuela ya fallecida, por $18,1 millones. Ambas acreencias habían sido consignadas en su anterior declaración jurada.

También figuran en la declaración cuatro acreedoras en dólares que le permitieron a Adorni hacerse de dos inmuebles en 2024 y 2025, cuando ya era funcionario público.

Por un lado, están las deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 en noviembre de 2024 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. Molina le prestó USD 85.000 y Cancio USD 15.000. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente), que al valor dólar del cierre del período equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente de saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, del que eran ellas dueñas. Lo hicieron sin fijar intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó - amigo suyo e hijo de Viegas - y su socio, Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícto, Adorni decidió plasmarlo por escrito.

El fiscal Gerardo Pollicita está analizando cómo avanzar en la causa por enriquecimiento ilícito, después de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Hasta ahora se evaluaron los movimientos financieros y las posesiones de Adorni desde que asumió como funcionario público, pero si la justificación que expuso ante la OA refiere a años anteriores, la fiscalía extendería el período de análisis y pediría más medidas de prueba.

Según pudo confirmar Infobae, ya tiene en su poder la declaración pública de bienes del jefe de gabinete y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún resta que le remitan la información reservada. El propósito es revisar los datos de los montos, el origen, y las fechas para definir si amplía el objeto de la investigación.

Para revisar la documentación, la cuenta con la colaboración de la DAFI, que es la Unidad del Ministerio Público especializada en investigaciones Económicas y Financieras.

La declaración

El miércoles pasado, Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025, donde informó un patrimonio de casi 945 millones de pesos. En la entrevista de La Nación+ aseguró que su patrimonio aumentó al invertir en bitcoins USD 200.000 que tenía en ahorros y terminó con USD 500.000 en criptomonedas.

En cuanto a DDJJ de acceso público, Adorni admitió deudas por más de $317.000 y casi USD 188.000.

Por otra parte, en la lista de propiedades incluyó la casa en el country en Indio Cuá, valuada $156.926.249; y el departamento con cochera de la calle Miró al 500, por $255.844.500.

La causa de Francisco Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió a la Oficina Anticorrupción la nueva Declaración Jurada Patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni, para incorporar a la documentación que está analizando en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del hermano del jefe de Gabinete.

De acuerdo a lo que averiguó Infobae, el fiscal se enteró a través de los medios de comunicación que Francisco Adorni presentó una tercera ratificación de su DDJJ después de que Manuel Adorni actualizó la suya.

“El diputado informó que el 50% de la valuación de su vivienda en City Bell alcanza los $52.600.000, corrigiendo un monto previamente declarado.” Además, declaró la existencia de cinco cajas de ahorro con un total de $2.000.000 y la incorporación de una herencia de $21.000.000 millones.

Los expedientes de Manuel Adorni

Además del caso por presunto enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo también lo investiga en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente analiza el vínculo de la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete MasBe con tres compañías contratistas de Estado.

Según la pesquisa, la empresa de Bettina Angeletti le presta servicio a Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.

“Hay un problema acá del nivel de explicaciones, creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de justificaciones tan poco serias”, afirmó en Infobae Al Mediodía Darío Nieto, referente del PRO y especialista en tecnología, al describir los aspectos técnicos fundamentales de la controversia.

Nieto explicó su postura desde su conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas. El legislador afirmó: “Hay un problema acá del nivel de berretes que creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de berretes en las explicaciones”. También señaló que busca aportar una mirada técnica sobre el funcionamiento de Bitcoin y la tecnología blockchain.

Nieto describió a blockchain como un registro transparente, trazable e inmutable y explicó que las operaciones pueden verificarse, aunque la identidad del titular de una billetera digital no queda asociada automáticamente a un nombre. Según expresó, una persona puede comprobar si una dirección realizó determinadas transacciones, pero necesita otros elementos para demostrar que era su propietario.

La explicación sobre Bitcoin y las hipótesis planteadas por Nieto

El legislador sostuvo que una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin durante 2013 habría resultado extraordinaria por el tamaño del mercado en ese momento. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera doscientas lucas en Bitcoin. Hubiera sido noticia mundial”, afirmó.

El legislador agregó que la comunidad vinculada a Bitcoin en Argentina era reducida y que sus integrantes mantenían contacto entre sí. En ese contexto, aseguró que ninguna de las personas que participaban de ese ámbito identificó a Manuel Adorni como parte de ese grupo.

Nieto planteó dos hipótesis personales sobre la documentación presentada por el funcionario. Según explicó, una posibilidad consiste en utilizar movimientos registrados en una billetera perteneciente a otra persona. La segunda alternativa, según su visión, sería identificar direcciones con operaciones antiguas y atribuirlas como propias sin acreditar la titularidad.

“Yo no descarto ninguna”, expresó el legislador al referirse a esas posibilidades. También indicó que una dirección de Bitcoin no se encuentra vinculada de manera automática a una identidad personal, sino a un código alfanumérico.

El reclamo de renuncia

Más allá de las cuestiones técnicas, Darío Nieto sostuvo que el eje principal del caso pasa por el impacto político. Según explicó, una parte de la sociedad realizó esfuerzos económicos mientras respalda el rumbo del Gobierno y podría interpretar las explicaciones del funcionario como una falta de transparencia.

“Para mí el tema acá de fondo, más allá del tema técnico, es que hay un montón de gente que cree en el rumbo de Milei”, afirmó.

El legislador sostuvo que Manuel Adorni “tiene que renunciar, sin dudas” y consideró que esa decisión evitaría un mayor desgaste institucional. También señaló que el presidente podría solicitar su salida para preservar el rumbo del Gobierno.

Nieto aclaró que comparte aspectos de la política económica nacional, aunque considera que esta situación perjudica esa agenda. “Comparto mucho lo que hace el Gobierno en economía, pero siento que esto daña todo ese rumbo”, expresó.

La postura del PRO y el debate en el Congreso

Consultado sobre una eventual moción de censura o destitución en el Congreso, Nieto aclaró que no existe una posición definida dentro del PRO. Sin embargo, manifestó su apoyo a una interpelación parlamentaria para que el funcionario responda sobre las inconsistencias señaladas durante la entrevista.

“Sin duda es interpelación. El tipo tiene que ser interpelado y tiene que dar respuestas que no ha dado”, afirmó el legislador. También expresó que preferiría una renuncia antes que una destitución impulsada por el Congreso.

Nieto explicó que considera más conveniente una salida voluntaria para evitar un conflicto institucional mayor. “Para mí es mucho más sano para la democracia argentina que el Congreso no le eche un jefe de Gabinete al presidente”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de una definición partidaria, indicó que no conversó ese tema con Mauricio Macri y aclaró que la decisión corresponderá a los legisladores nacionales cuando el asunto llegue al recinto.

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En una entrevista en Infobae al Regreso, Santiago Siri desmenuzó las declaraciones de Adorni sobre sus supuestas inversiones en bitcoin durante 2013 y 2014, señalando la falta de evidencias concretas y los elementos técnicos que hacen improbable la versión oficial.

En la charla, el especialista fue contundente: “No era frecuente en esa época hacer inversiones tan grandes en bitcoin. Tal vez los únicos que se animaban a hacer algo así eran tipos como Wenceslao Casares, que ya era multimillonario y tenía tal vez la espalda para hacer alguna inversión de ese calibre”.

El relato de Adorni y el escepticismo técnico

Según la versión de Manuel Adorni, su incursión en el mundo cripto comenzó en 2013, con una inversión de USD 200.000 en bitcoin a valores cercanos a los USD 380 por unidad. A lo largo de los años, aseguró haber vendido parte de sus tenencias, llegando a desprenderse de quince bitcoins a USD 6.800 cada uno y manteniendo un remanente valuado en USD 513.000.

Siri señaló las inconsistencias: “Era poco frecuente y algo de muy pocas personas. Si Adorni efectivamente hizo esa inversión, hay que demostrar que él fehacientemente es el dueño de esas claves públicas. Eso lo puede demostrar con la clave privada”.

La trazabilidad que permite la tecnología blockchain fue otro punto clave: “Se puede auditar, se puede ver y se pueden ver los montos y las fechas donde hizo las operaciones”.

El experto remarcó que la conducta habitual de quienes invertían en bitcoin en esos años era muy distinta: “Si te jugás un pleno de 200 mil dólares de todos tus ahorros, un departamento en bitcoin, estás todos los días tuiteando sobre bitcoin porque querés que entre más gente, para empezar”.

Las pruebas públicas y el comportamiento digital

El comportamiento digital de Adorni tampoco pasó inadvertido para Siri: “El primer tuit de Adorni, que tiene una cuenta desde el 2009 y es un tuitero que tuitea mucho, aparece en 2017 recién hablando de bitcoin con un tuit, y después en el 2020 empieza a hablar más seguido. No hay tuits de él en el 2013, en el 2014”.

El panel profundizó en la dimensión de la supuesta apuesta: “Para colmo, el 100% de tus ahorros. Para colmo, porque no es el 5% de la cartera, como se recomienda. O sea, te jugaste entero un pleno en una época en la que si alguien ponía una inversión de ese tamaño, se compraba máquinas para minar bitcoin. No, no compraba esa cantidad”, remarcó Gonzalo Aziz.

Siri agregó: “En esa época, si estabas descubriendo bitcoin, te enamorás de la tecnología y probablemente compartís en Twitter, porque todos queríamos evangelizar sobre bitcoin, enseñar, explicar qué es un blockchain, cómo funciona”.

La trazabilidad, las billeteras y la hipótesis de la simulación

La discusión avanzó sobre la posibilidad de simular la titularidad de una billetera cripto. Siri explicó: “Si alguien le suministró la clave privada de una billetera que tuvo actividad en el 2013 o en el 2014, porque la billetera puede tener actividad en esos años y después dejó de usarse, bueno, alguien le pudo haber dado la clave privada de una billetera vieja que ya está en desuso, pero que muestra movimientos en 2013, 2014”.

Siri reveló: “Nunca se me había ocurrido hasta el día de hoy que podía existir un mercado negro de este tipo de claves privadas en la dark web. Me da muchísima vergüenza como argentino que de repente, engaña pichanga sea como una nueva forma de viveza criolla que nos deja mal parados”.

La declaración jurada y la obligación de transparencia de los funcionarios públicos también ocuparon un lugar central: “Uno cuando hace su declaración jurada, revela sus tenencias. Puedes tener acciones, puedes tener cash, puedes tener diferentes instrumentos, sobre todo siendo un funcionario público, obviamente es muy importante”.

Blockchain, tecnología y las cuentas pendientes de la política

Siri también abordó la falta de capacitación institucional: “La justicia, si quiere investigar, no necesita tecnología importada de China, necesita ganas y conocimiento. Hay gente que entiende estos temas. Para poder hacer el peritaje sobre un blockchain, sobre cripto, no hace falta ninguna tecnología especial”.

Sobre el potencial de la tecnología en el país, remarcó: “Argentina es el país número uno de Latinoamérica en adopción per cápita, número cuatro a nivel mundial. El año pasado se movieron más de 90 mil millones de dólares en transacciones cripto, eso es prácticamente un sexto del PBI del país. Si van a joder con cripto, hagan bien las cosas, porque es una tecnología que podría potenciar este Gobierno, así como agarraron la bandera de la inteligencia artificial, podrían agarrar la bandera de esto y hacer cosas muy de vanguardia que ayuden a la economía del país”.

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