A once meses de la trágica madrugada, en la que Juan Pedro Cides apuñaló y mató a su amigo Franco Daniel Ramírez mientras jugaban un partido de truco, la Justicia de Neuquén condenó a Cides como el autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía. Aunque todavía resta definir la pena, el acusado podría llegar a recibir una condena perpetua.

Todo ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando un comentario en tono de broma habría desatado el ataque mortal. Según la reconstrucción presentada por la fiscal Laura Pizzipaulo, la agresión ocurrió de manera repentina cuando ambos consumían alcohol y jugaban a las cartas.

En respuesta a la broma de la víctima, Cides reaccionó con furia al comentario, tomó un arma blanca y asestó una puñalada directamente al corazón de su amigo. La agresión resultó letal, por lo que dejó sin vida al joven en el lugar.

Según la información recopilada por El Doce.tv, la fiscal Pizzipaulo argumentó ante el tribunal que se trató de un ataque “súbito y a traición”. Además, enfatizó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad.

Durante el juicio, se expusieron testimonios presenciales, pericias y pruebas científicas que respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. Fue así que los 12 integrantes del jurado popular coincidieron en un veredicto unánime: Cides es culpable de homicidio agravado por alevosía. Según su tipificación en el Código Penal, prevé una de las penas más severas y deja al acusado al borde de cumplir con una prisión perpetua.

A pesar de esto, el proceso penal aún no finalizó. Se informó que en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura, etapa en la que se determinará la condena definitiva para Cides.

Este lunes se conocerá la sentencia contra el hombre acusado de asesinar a su amigo y abusar de su pareja

El juicio oral por el crimen de Bruno Patricio Méndez y el abuso sexual a su pareja pasó a un cuarto intermedio para que el Tribunal Penal Uno de Puerto Iguazú decida el futuro procesal de Jonathan Nazareno Ferreira, alias Polaquito, el único imputado por el hecho ocurrido el 4 de abril de 2022.

Durante la última audiencia, declaró el padre del acusado y se dio inicio a los alegatos finales. De esta manera, el fiscal Federico Rodríguez destacó la solidez de las pruebas presentadas a lo largo del proceso y solicitó la pena de prisión perpetua para Ferreira, considerando la gravedad de los delitos imputados.

Por su parte, la defensa intentó establecer que el acusado carecía de conciencia sobre sus actos la noche del crimen, tras argumentar que habría atravesado un brote psicótico. Incluso, expuso que su cliente sufría problemas de adicciones, tenía más de 16 causas previas y, apenas semanas antes del homicidio, había sido acusado de atacar a una persona en una plaza cercana a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

También mencionó un incidente con un inspector de tránsito, buscando vincular el historial delictivo de Ferreira al consumo de estupefacientes. En línea con esto, el abogado defensor reclamó la falta de peritajes psicológicos y solicitó la absolución bajo el beneficio de la duda.

Según la información de El Territorio, el hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta. Tras compartir bebidas alcohólicas, se produjo una pelea en la que Bruno Méndez fue apuñalado.

Mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven pareja de Méndez, de entonces 18 años, durante varias horas. La investigación sostiene que Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la joven logró escapar junto a su hijo y pedir auxilio, lo que permitió la intervención policial.

Durante las audiencias declararon la víctima de abuso, familiares y vecinos. La joven solicitó testificar sin la presencia del imputado, petición que fue cuestionada por Ferreira, aunque finalmente accedió a retirarse de la sala y seguir el testimonio desde otro espacio.

De la misma manera, tres vecinos relataron cómo ayudaron a la joven y a su hijo a escapar a través de un cerco de chapas, luego de que escucharan los ruidos provenientes de la vivienda. Asimismo, otros describieron las circunstancias previas y posteriores al crimen.

Por este motivo, Ferreira llegó al juicio oral como imputado por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Mientras que la Fiscalía solicitó la pena máxima, la defensa pidió la absolución bajo la premisa de que sufrió una incapacidad mental por adicciones.

De acuerdo con el cronograma judicial, la sentencia se conocerá el próximo lunes a las 10 de la mañana y el acusado tendrá derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata. El fatal episodio ocurrió luego de una pelea registrada alrededor de las 4:00 de este viernes, sobre la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. El caso ha generado conmoción en el barrio, al surgir en el contexto de una pelea asociada al consumo de alcohol y durante la celebración del Día del Trabajador.

La victima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, un hombre de 31 años. Según informaron las fuentes policiales, Cubilla se encontraba en la vereda junto a un grupo de hombres donde varias personas consumían alcohol. Aunque aún no se esclarecieron las razones, en el lugar se desató una pelea que escaló con rapidez cuando uno de los presentes apuntó con un arma blanca.

Luego, le disparó a Cubilla en la zona abdominal, dejandole una herida que le costaría la vida. El presunto agresor, un joven de 22 años, intentó huir tras herir a Cardozo Cubilla, pero fue capturado por la Policía poco después, de acuerdo a la reconstrucción inicial del caso. La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde falleció debido a la gravedad de la herida, confirmó el medio 0221.

El sospechoso, identificado con las iniciales P.A.A., fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, bajo la órbita del fiscal Martín Almirón. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar pruebas. El detenido prevé tomar declaración indagatoria en las próximas horas en la causa que se caratuló como homicidio. Los investigadores también precisaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el victimario.

Las primeras hipótesis del crimen

Tras el crímen, trascendió un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchan gritos, rotura de vidrios y pedidos de socorro: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. En medio de las investigaciones policiales, las imágenes también donde también se registran corridas e insultos podrían ser clave. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para relevar pruebas, en tanto la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.

De acuerdo a un jefe policial citado por Diario Hoy: “Se trató de una pelea de borrachos, se desconocieron y uno atacó al otro”. En las próximas horas, será indagado bajo el cargo de “homicidio”.

Este es el segundo asesinato en tres días en La Plata. El miércoles, una mujer fue asesinada tras una violenta discusión dentro de un comercio. El episodio, que ocurrió durante la tarde, involucró un altercado que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión fatal. Testigos relataron que la víctima y otra persona discutieron acaloradamente, lo que derivó en una agresión física que terminó con la vida de la mujer en el mismo lugar.

La investigación, a cargo de la fiscalía local, evalúa varias hipótesis, entre ellas un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o un femicidio. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y los responsables del ataque continúan prófugos, aunque la policía cuenta con descripciones físicas de los sospechosos y analiza las cámaras de seguridad del comercio y la zona para reconstruir lo sucedido.

Los hechos intensificaron el clima de preocupación en la ciudad, donde los reclamos por mayor seguridad y respuestas de las autoridades se multiplicaron en los últimos días. Los vecinos señalaron que hechos como estos se han vuelto recurrentes, generando un estado de alerta y desconfianza en torno a la respuesta estatal ante la inseguridad.

El ex policía involucrado en el homicidio de Milagros Micaela Basto, Horacio Antonio Grasso, enfrentará juicio oral tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de un familiar de su círculo cercano. La denuncia señala la utilización de estupecientes. Los hechos sucedieron en el mismo departamento donde cumplía prisión domiciliaria por condena previa en la capital de Córdoba.

La víctima denunció que los hechos incluyeron sistemáticas agresiones sexuales, amparadas por el incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia y la falta de respuestas institucionales, según informó el medio ElDoce.tv. Esta nueva acusación recae sobre un episodio que, según la fiscal Ingrid Vago tuvo lugar en 2021 en el mismo domicilio donde meses después se encontraría el cuerpo de Basto.

En ese mismo departamento de Buenos Aires 315, también fue hallado el cuerpo de Milagros Basto en julio de 2025. La joven de 22 años había desaparecido a finales de 2024 y se encontraba asfixiada en el mismo espacio donde se investiga a Grasso por los ataques sexuales denunciados. Este doble antecedente conecta las causas judiciales y evidencia un patrón de situaciones graves en torno al ex policía.

Entre 2021 y 2025, Horacio Grasso incumplió la prisión domiciliaria en al menos 255 ocasiones, según el abogado querellante, Carlos Nayi, en diálogo con a ElDoce.tv: “En ese departamento, 255 veces desde 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”. Este dato, surgido de registros judiciales, se transforma en uno de los elementos centrales del expediente actual.

Según el expediente, Grasso habría invitado a su familiar a una cena en el domicilio, luego la drogó y se aprovechó de la situación para abusar sexualmente de ella. El ataque sexual denunciado fue presentado el 12 de octubre de 2022 por la víctima en el Polo de la Mujer. Carlos Nayi detalló que “la mujer llegó a pedir ayuda como podía, arrastrándose al lugar donde necesitaba ser escuchada y que se le entregue un poco de justicia y empatía”.

La víctima relató que Grasso la captó inicialmente a través de redes sociales, con un discurso victimizante: “Lo que dicen los medios de prensa es mentira, soy una víctima del sistema, me persiguen por haber sido policía y a los policías la sociedad los odia”.

El expediente resalta la premeditación y la utilización de estupefacientes como elemento agravante. Además, la victima advirtió que las autoridades fueron alertadas sobre la situación los días posteriores a la denuncia, pero “nada se hizo”. “Cuando la Justicia no cumple su misión también incurre en una particular manera de matar porque en ese domicilio murió Milagros Basto”, criticó el abogado.

Los antecedentes

El hallazgo del cadáver de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, fue realizado el 7 de julio de 2025 por albañiles que trabajaban en tareas de refacción y que descubrieron un cuerpo envuelto en frazadas y sellado con cemento dentro del placard del departamento. La autopsia determinó que la muerte se habría producido alrededor de 6 meses antes, pero el grado de descomposición era tal que los forenses necesitaron más de un mes para confirmar la identidad.

Grasso ya contaba con una condena a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años, ocurrido en 2007 en barrio Colonia Lola. El ex policía accedió al régimen de prisión domiciliaria alegando problemas de salud tras esa condena. Sin embargo, el abogado querellante puso en cuestión ese beneficio, señalando que Grasso utilizaba supuestos turnos médicos para abandonar el domicilio sin autorización.

Además, Grasso había sido hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa, causas que determinaron su situación judicial previa. Según la Justicia, con la suma de los antecedentes y la gravedad de los hechos, Horacio podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua.

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Vinculan a proceso a Juan “N”, hombre detenido con más de 400 kilos de drogas en Tabasco

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Juan “N” por delitos contra la salud, luego de que autoridades estatales lo detuvieron el 25 de abril de 2026 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, con más de 400 kilos de drogas.

Durante una revisión en el Punto de Verificación e Inspección Federal “Tonalá”, agentes estatales localizaron drogas en la caja de una camioneta cerrada.

En el operativo, la Secretaría de Seguridad de Tabasco aseguró 357 kilos de marihuana y 114 kilos de metanfetamina.

Juan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El juez de Control calificó como legal la detención y resolvió la vinculación a proceso del imputado. La acusación incluye el transporte de marihuana y metanfetamina, conductas sancionadas por el Código Penal Federal.

La FGR informó que Juan “N” continuará su proceso bajo las medidas dictadas por la autoridad judicial, mientras el caso permanece bajo investigación.

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La justicia peruana autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso del triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Buenos Aires. El acusado llegará en los próximos días al país, donde será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. La decisión pone fin a una investigación internacional que se extendió durante más de siete meses, tras un caso que conmocionó por la brutalidad del crimen y el despliegue transnacional de los implicados.

Según fuentes judiciales, Valverde Victoriano será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y posteriormente comparecerá ante la justicia argentina. Se lo acusa de haber participado en una represalia vinculada a una organización narcocriminal, tras la sustracción de varios kilogramos de cocaína. La causa involucra a al menos once imputados y sumó detenciones en Argentina, Bolivia y Perú.

Triple feminicidio en Florencio Varela

El 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron en la localidad de Ciudad Evita. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El vehículo se dirigió a una vivienda en la calle Chañar 702, Florencio Varela, donde fueron sometidas a golpizas, torturas y asesinadas.

Las autopsias confirmaron que las víctimas sufrieron violencia extrema, con mutilaciones, asfixia y heridas de arma blanca. Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa y el vehículo fue incendiado para borrar pruebas. Un dato que agravó el impacto del caso fue la transmisión en vivo de parte del crimen a través de redes sociales para un grupo privado, conformado por al menos 45 personas, hecho que autoridades bonaerenses calificaron como un acto de disciplinamiento mafioso.

La investigación determinó que la orden para ejecutar a las víctimas fue motivada por el supuesto robo de droga perteneciente a la banda de “Pequeño J”. Testimonios recogidos en la causa indican que las jóvenes fueron engañadas y llevadas al lugar del asesinato.

Fuga de “Pequeño J” y alerta de Interpol

Tras el hallazgo de los cuerpos y la identificación de varios sospechosos, la justicia argentina emitió una alerta roja de Interpol para la captura internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano. El joven, de nacionalidad peruana, logró evadir los controles migratorios saliendo del país por pasos fronterizos clandestinos hacia Bolivia.

Durante los días posteriores al crimen, ‘Pequeño J’ utilizó múltiples teléfonos y tarjetas SIM para dificultar su rastreo, pero un error en una comunicación con una de sus parejas permitió a los investigadores triangular su ubicación. La colaboración entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú resultó clave para avanzar en la búsqueda internacional.

Las autoridades argentinas detectaron que el sospechoso pretendía ingresar a Perú y que su destino era la ciudad de Lima. El seguimiento incluyó tareas de inteligencia y cooperación entre los equipos de ambos países.

Ingreso a Perú y captura

El ingreso de “Pequeño J” a Perú se concretó mediante el uso de documentos apócrifos y la colaboración de una red criminal. Se desplazó desde Bolivia en buses interprovinciales y finalmente se ocultó en un camión de carga para eludir los controles.

El 30 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Perú interceptó el vehículo en el distrito de Pucusana, al sur de Lima. El operativo se llevó a cabo tras un bloqueo de pescadores en la Panamericana Sur, lo que permitió a los agentes actuar sin generar enfrentamientos. En paralelo, el principal colaborador de Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio, fue detenido en la capital peruana.

El comunicado oficial de la policía peruana confirmó que la detención obedeció a la notificación de Interpol y a la coordinación directa con la justicia argentina. El detenido fue puesto bajo custodia en una comisaría de Chilca, a la espera de la resolución judicial sobre su extradición.

Durante su aprehensión, Valverde Victoriano negó toda responsabilidad, manifestando: “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”. La defensa del acusado sostiene que no existen pruebas directas en su contra, mientras que la investigación judicial argentina afirma que lideraba una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Proceso judicial y extradición

El expediente judicial sostiene que el triple homicidio se cometió en el marco de una represalia narco, con privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y violencia de género. Además de Tony Janzen Valverde Victoriano, la causa incluye a otros diez imputados con distintos grados de participación.

La extradición de “Pequeño J” fue confirmada por la justicia peruana tras un proceso que incluyó evaluaciones de seguridad y cooperación bilateral. El traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y una vez en territorio argentino, el imputado será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.

El caso permanece abierto, con varias líneas de investigación sobre la posible participación de otros miembros de la organización y la localización de prófugos. La extradición marca una etapa clave para la justicia argentina en la búsqueda de respuestas ante uno de los crímenes más violentos y organizados de los últimos años.

La Justicia de Salta sentenció a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, un caso que sacudió a la provincia y tuvo amplio impacto nacional. La familia de la víctima, que atravesó un proceso judicial extenso y complejo, expresó que la resolución judicial representa un paso hacia la tranquilidad y la justicia esperada, aunque la pérdida sigue marcando sus vidas. Así lo relató Francisco Kvedaras, hermano de Mercedes, quien compartió sus sensaciones tras el fallo.

Francisco Kvedaras declaró en diálogo con ElTribuno, que la condena no logra devolverles a su hermana, pero sí les otorga “paz y tranquilidad”. “No hay nada que festejar, pero esta sentencia nos da una sensación de justicia, como lo esperábamos”, afirmó. El hermano de la víctima describió la experiencia del juicio como emocionalmente difícil y dolorosa, sobre todo por la exposición pública y las declaraciones escuchadas durante el proceso.

Además, manifestó que durante el juicio, la familia enfrentó argumentos de la defensa que consideró que “no eran ciertas”. A lo largo del debate, el círculo íntimo de Mercedes Kvedaras sostuvo que el objetivo era que el acusado dijera la verdad sobre lo ocurrido.

El hermano recordó la figura de Mercedes con afecto: “La recuerdo bien, con mucha felicidad y paz. Y en sus hijos la veo a ella todos los días”. También señaló que el proceso judicial significó un momento de cierre y la posibilidad de mirar hacia adelante, siempre con la esperanza de que algún día el condenado exprese verdadero arrepentimiento por sus acciones.

El caso de Mercedes Kvedaras se inscribe en un contexto de violencia de género reiterada, donde los familiares y allegados remarcaron la dificultad para identificar y abordar situaciones de abuso dentro de la pareja. La víctima había manifestado su intención de separarse de José Figueroa, pero el acusado no aceptó la decisión y ejerció diferentes formas de control y agresión en el ámbito privado. El entorno de la víctima coincidió en que existía una dinámica de poder desigual que derivó en el desenlace trágico.

El juicio de José Figueroa

Durante el juicio, la autopsia y los informes periciales resultaron determinantes para la calificación de los hechos. Los especialistas concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Este dato, junto a las lesiones encontradas y el testimonio de testigos, permitió al tribunal dictar la prisión perpetua, pena máxima prevista por la ley ante el delito de femicidio.

El tribunal de Salta, compuesto por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, resolvió por unanimidad la condena para José Eduardo Figueroa. Además, ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca reforzar los mecanismos de prevención y persecución penal en delitos de violencia de género.

La defensa intentó desacreditar el contexto de violencia de género alegado por la fiscalía y argumentó que la muerte podría haberse generado en un estado de “emoción violenta”, buscando así una pena menor. A este debate se sumó una disputa técnica por el cuestionamiento de peritajes presentados por la defensa, que derivó incluso en pedidos de investigación por presunto falso testimonio a algunos especialistas.

Antes de conocer la sentencia, Figueroa solicitó la palabra para pedir disculpas a las familias involucradas y a sus propios hijos: “Les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

La causa obtuvo visibilidad pública y reavivó el debate acerca de la respuesta institucional frente a los femicidios. Organizaciones sociales y especialistas en violencia de género valoraron la sentencia como un antecedente importante en el ámbito judicial salteño. Para el entorno de Mercedes Kvedaras, el proceso judicial no borra el sufrimiento, pero representa una instancia de reparación y una oportunidad para continuar junto a los hijos de la víctima.

La investigación en curso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez registró novedades dos semanas después de los hechos violentos ocurridos en Polanco, Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa de su homicidio, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

La detención la realizaron elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) tras la solicitud de cooperación internacional que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Dan a conocer presunta carta escrita por Erika “N”

El caso atrajo la atención de la prensa local e internacional. Federico Alvez, analista político venezolano que radica en EEUU, compartió información en torno a reportes de una supuesta carta escrita por Erika “N” un día después del asesinato de Carolina Flores.

Alvez hizo referencia a un video de la creadora de contenido La Parcerita Postin. La colombiana, un referente en información viral en ese país, dio a conocer detalles de una nota supuestamente escrita por Erika “N” en una aplicación móvil, a la cual tuvo acceso el CPNB.

En un video difundido en TikTok, Jostin Montilla —nombre real de la creadora digital—, subraya que reescribió el texto para no mostrar imágenes del documento original para evitar posibles problemas con las autoridades.

“Quiero aclarar que esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado y que me puedo meter en problemas”.

De acuerdo con sus fuentes, la carta fue escrita el 16 de abril, un día después del asesinato de su nuera, y denotaba un estado emocional alterado.

Lo que dice la carta:

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar.

Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito.

Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos.

Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien.

Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó.

Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa tres días y luego volverme con Luca.

Y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos, ni llamadas, solo si ella lo autoriza.

Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos.

Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".

En una transmisión que mantiene en sus cuentas oficiales, Jostin Montilla indica que había otras notas presuntamente escritas por Erika “N”.

Fiscalía de CDMX inicia extradición

Al margen de los reportes en Venezuela, hasta el momento autoridades venezolanas y la Fiscalía General de la República no han confirmado ni negado la existencia de registros escritos por Erika “N” donde aborde los acontecimientos ocurridos el 15 de abril.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia de la capital confirmó que ya trabaja en el proceso de extradición de Erika “N”. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el procedimiento ya inició luego de la captura de la mujer en Caracas, lograda con apoyo de autoridades venezolanas y una ficha roja de Interpol.

De acuerdo con reportes oficiales, Erika María “N” salió de México el 16 de abril, un día después del crimen ocurrido en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su localización fue posible tras una búsqueda internacional coordinada.

La Fiscalía detalló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso ha generado alto impacto público por la violencia del ataque. La agresión ocurrió dentro del domicilio familiar y fue registrada por una cámara de seguridad.

Tras el asesinato, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, exigió justicia y aclaró su postura frente al entorno familiar. “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”, declaró.

La investigación fue reclasificada como feminicidio y cuenta con orden de aprehensión vigente. Autoridades mexicanas ahora buscan concretar el traslado de la imputada para que enfrente el proceso penal en territorio nacional.

Un trágico accidente golpea por estas horas a la ciudad bonaerense de Mercedes, donde un hombre mató de un disparo en la cabeza a su hijastra de 14 años, mientras manipulaba un arma. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el tiro se escapó de manera involuntaria e impactó en la menor.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el padrastro de la adolescente ―identificado con las iniciales T.P.― fue detenido y será indagado en las próximas horas. Sin embargo, en base a la historia familiar que trascendió, todo apuntaría a que se trató de un accidente.

Según medios locales, el episodio ocurrió la noche del martes en una vivienda ubicada sobre la calle 13, a metros de su intersección con calle 52. En el domicilio también estaban la madre de la adolescente junto a otros dos menores, de 8 años y 2 meses. Luego del disparo, el tirador permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía. Los médicos del SAME atendieron a la chica en el lugar y dictaminaron que no era necesario el traslado a un hospital.

Las fuentes consultadas por estos medios señalaron que la autopsia al cuerpo de la chica fue realizada ayer y que, de acuerdo con la investigación que lleva adelante la Justicia de Mercedes, no se encontraron denuncias previas por maltratos o violencia familiar, ni ningún elemento que pudiese indicar una mala relación entre el hombre y su hijastra.

En ese sentido, las fuentes calificaron como una “desgracia triste”. Respecto a los detalles del hecho, más allá de que se confirmó que todo ocurrió mientras el padrastro manipulaba el arma, no se precisó en qué situación estaba la víctima.

El caso se maneja con total hermetismo por parte de la familia y la Justicia. De hecho, en las redes sociales se originó un gran revuelo porque se publicaron fotos de la adolescente de 14 años y sus familiares pidieron que no se difundieran las imágenes.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Fiscalía de Mercedes calificó el hecho ―por el momento― como homicidio culposo.

Disparo accidental en Santa Teresita

A finales de marzo, la localidad bonaerense de Santa Teresita, en el partido de La Costa, fue escenario de un impactante episodio que casi termina en tragedia: un jubilado, que tenía un arma dentro de una bolsa, le disparó por accidente en la calle a un vendedor de flores. La víctima debió ser operada de urgencia.

El dueño del arma, un hombre de 71 años, manipulaba una bolsa blanca en una vereda del centro de la localidad balnearia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el objeto cayó o se movió bruscamente, lo que provocó la detonación que dejó a un vendedor de flores gravemente herido.

Se ve cómo la víctima cayó al piso luego de recibir el disparo en una de sus piernas. En la filmación se observa que mientras el hombre mayor revisaba la bolsa, una mujer acomodaba su cartera a su lado y Beto García, un conocido florista de 53 años del lugar, permanecía de pie frente a ellos.

Dos mujeres reaccionaron con sorpresa, mientras el agresor rápidamente se acercó al herido. El hombre, que utilizaba bastón, recogió del suelo la bolsa donde presuntamente estaba el arma de fuego. Una de las mujeres se aproximó para pedir explicaciones y otra persona corrió a buscar ayuda. La víctima se salvó y el jubilado fue imputado por lesiones graves culposas y portación ilegal de armas.

A dos semanas del crimen de Víctor Hugo “Vica” Monteros, la mujer trans de 44 años que fue hallada sin vida el 12 de abril en la provincia de Córdoba, la familia de la víctima enfrenta el dolor y la búsqueda de justicia luego de que la Fiscalía ampliara la acusación contra el único detenido, Maximiliano Sallito, al incorporar el agravante de odio a la orientación sexual (rechazo o aversión hacia la orientación sexual, identidad de género o su expresión de la víctima). “No entiendo el odio”, lamentó la hermana de “Vica”.

La reconstrucción oficial indica que Monteros fue atacada dentro de su domicilio mientras finalizaba el fin de semana, y que el agresor intentó incendiar la vivienda después del homicidio.

Su hermana, Luciana, vive en Tucumán, provincia donde también nació Vica y se conmocionó al hablar de lo sucedido: “Mi hermano Víctor (Vica) no es un caso, no es un número. Para mí es mi hermano, una persona llena de amor, con una sensibilidad única, con una forma muy especial de ver el mundo”.

“Quiero que se respete cómo era, cómo se percibía, porque eso también es parte de quién fue. Pero por sobre todo, quiero que se entienda que era una persona… alguien que vivía su vida sin hacerle daño a nadie”, sostuvo Luciana en diálogo con ElDoceTV.

También recordó la relación que tenían: “Conmigo tenía un vínculo muy profundo. Nuestras charlas eran de sueños, de proyectos, de crecer”. Agregó: “Era mi fan número uno. Estaba en cada publicación, en cada historia, en cada paso que daba. Me hacía sentir importante, capaz… me hacía sentir amada. Me decía ‘te amo gorda’, y esas palabras hoy me acompañan más que nunca”.

“No entiendo el odio. No entiendo cómo alguien puede perder la vida por ser quien es, por vivir a su manera, por amar o pensar diferente", declaró la hermana de la víctima. En esta misma línea remarcó: “Mi hermano no era una amenaza para nadie. Era amor. Era libertad. Era una persona con sueños, con proyectos, con una vida por delante”.

El avance de la causa

Según datos proporcionados por el fiscal González durante una conferencia de prensa, las hipótesis señalan que Monteros fue sorprendida cuando alguien tocó el timbre de su casa, en la calle Mendoza al 300. Aunque aún no se ha determinado si la víctima permitió el ingreso del agresor voluntariamente o fue forzada, la evidencia reunida sugiere que todo el ataque ocurrió puertas adentro.

La cronología del episodio revela que el asesino intentó prender fuego la casa y luego huyó de la vivienda. Sin embargo, una vecina alertó a los bomberos al notar el humo que provenía de la vivienda y los ladridos de la mascota de Monteros. Esta rápida reacción permitió el hallazgo del cuerpo y el inicio de las pesquisas.

El fiscal imputó al detenido bajo la figura de homicidio calificado, al considerar que existen indicios de alevosía en la ejecución del ataque. En el relato reconstruido con base en la información judicial, se describe que Monteros fue atacada con 37 puñaladas en la espalda, sufrió diversos golpes y que, una vez perpetrado el crimen, el agresor prendió fuego la vivienda para “ocultar las marcas del crimen o causar un daño mayor”, según la investigación. Además, el fiscal González sumó cargos por hurto y daño.

Durante su indagatoria, el acusado optó por abstenerse de declarar. El avance de la causa incluyó también la llegada de la madre y la hermana de la víctima, Ofelia Herrera y Luciana. En declaraciones emitidas por radio Mitre Córdoba, la madre manifestó: “Siempre ha sido una persona prolija. Era un chico amado por todo el mundo. Nos amábamos. Quiero justicia”.

La tarde del 27 de abril, agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público localizaron en una vivienda de la avenida Ejército los restos descuartizados y cocidos de Benavides, tras una búsqueda impulsada por alertas de los vecinos ante fuertes olores y ruidos inusuales. El caso cobró notoriedad no solo por las circunstancias del hallazgo, sino también porque los acusados habrían dado parte de los restos como alimento a perros de raza pit bull encontrados en la casa, según informó el canal de noticias ATV Noticias.

La noticia generó escenas de pánico en la región tras el anuncio de que Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de veintiún años, fueron detenidos como principales sospechosos y sometidos a detención preliminar por siete días por orden del Ministerio Público en el marco de investigaciones por homicidio agravado según reportó el noticiero televisivo 24 Horas de Panamericana Televisión. Esta decisión se confirmó luego de que los dos fueran encontrados con pruebas contundentes: cuchillos, un martillo y otros objetos manchados con restos biológicos, según declaró el coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco.

“Era mi hijito mayor”: lamenta madre de la víctima de cruel crimen

En medio del dolor, la madre de Rudy Benavides ha solicitado públicamente la intervención inmediata y eficaz de las autoridades peruanas para garantizar que el crimen no quede impune.

En diálogo recogido por el canal de noticias ATV Noticias, la madre manifestó entre sollozos: “Lo que yo pido es justicia a las autoridades competentes, al Ministerio Público y la División de Investigación Criminal (Divincri), que me sigan apoyando hasta llegar con el otro delincuente. Tengo que conseguir justicia, ese se merece cadena perpetua por las cosas que ha hecho”.

La madre de la víctima insiste en la gravedad del crimen: “Mi hijo no tenía por qué morir así, que me lo maten. No tenía por qué, ningún derecho. Era mi hijo, era mi hijito mayor, me lo han arrancado de mis entrañas, de mi corazón”. Este testimonio se suma al plantón realizado por familiares ante la sede de la Dirección de Investigación Criminal, quienes con gritos y pancartas exigen la máxima sanción contra los implicados y demandan transparencia y celeridad en el proceso para esclarecer todos los hechos que rodearon la muerte del joven.

El pedido de justicia es directo hacia fiscales, a la Policía Nacional y a toda autoridad competente, insistiendo en que este crimen reciba una respuesta judicial proporcional a su gravedad. Según la madre, “Es muy horroroso, terrible lo que ha pasado con mi hijo. La forma como lo han tratado, la saña”, reclamando que la investigación alcance a todos los responsables.

Horror en Cusco: restos de joven fueron hallados dentro de ollas

El pánico y la consternación en la ciudad de Cusco estallaron tras el hallazgo de los restos mutilados de Benavides, según la reconstrucción realizada por la radio nacional Exitosa. La desaparición se denunció el 24 de abril, seis días después de la última vez que la víctima, quien trabajaba en un restaurante en la Plaza Mayor, fue vista al salir de su domicilio hacia su lugar de trabajo.

Vecinos del sector habían alertado días antes sobre el ingreso de personas desconocidas, música a alto volumen y olores fétidos provenientes del inmueble donde se encontraron los restos. Cuando la policía irrumpió en la vivienda, localizó partes del cuerpo de Benavides en el segundo piso, algunas en ollas con cebolla y zanahorias en proceso de cocción y otras esparcidas en el piso. Además, en la escena se encontraron entre cuatro y seis perros, algunos de raza peligrosa, que habrían sido alimentados con restos de la víctima.

El operativo forense registró incidentes de violencia cuando algunos familiares y vecinos intentaron atacar al sospechoso principal durante su traslado por la policía, manifestando la indignación popular. Las autoridades incrementaron la protección en la zona para evitar mayores enfrentamientos.

Policía detiene a implicados en atroz crimen en Cusco

La investigación se centró rápidamente en Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, quienes, de acuerdo con la reconstrucción policial, participaron en una reunión donde se consumió alcohol junto a la víctima antes del homicidio. La policía identificó y capturó a los acusados tras el cruce de información sobre el paradero final de Benavides.

En el domicilio, además de armas blancas y herramientas con manchas biológicas, se incautaron celulares, documentos y otros objetos personales que ahora forman parte de las pericias en curso, según la radio nacional Exitosa.

La autoridad policial informó que los jóvenes presentan antecedentes policiales y judiciales, aunque no se ha establecido una relación personal o motivo previo entre víctima y victimarios. El coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco, detalló: “Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, objetos que serán evaluados en el laboratorio.

La detención preliminar se dictó por siete días mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas para solicitar prisión preventiva. El móvil del crimen sigue sin determinarse, lo que mantiene abierta la investigación, mientras la atención se mantiene sobre la evolución del caso, con la participación de la ciudadanía y la comunidad cusqueña, especialmente porque Benavides era un participante habitual en festividades tradicionales de la ciudad, como el Señor de los Temblores.

El caso de Pedro Federico Arhancet, el jubilado de 76 años que fue hallado con un golpe en la cabeza y carbonizado, luego de un incendio en su departamento de la calle Moldes al 1100, en el barrio porteño de Colegiales, tuvo un giro inesperado: personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, detuvo el viernes pasado por la noche a una mujer trans -pareja de la víctima- como principal sospechosa de haberlo asesinado y luego prender fuego la propiedad.

Según comunicó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la detención tras una rápida investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de María Eugenia Sagasta. La mujer, de 36 años, fue arrestada en un departamento de la avenida Scalabrini Ortiz al 1100, en el barrio de Palermo, al que se había mudado el día anterior al descubrimiento del cuerpo.

Arhancet fue hallado por personal de Bomberos en la madrugada del jueves, tras sofocar el incendio. Según informó el MPF, la víctima fue encontrada tendida en el piso de una habitación, presentaba un golpe en la cabeza y tenía una pistola a su lado. El informe preliminar de la autopsia -indicó el organismo- reveló que el hombre llevaba varios días muerto al momento del incendio, aunque la causa precisa de la muerte aún no se determinó y se esperan estudios complementarios.

La imputada fue indagada ayer como supuesta autora del homicidio de su concubino por el juez Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, con la intervención de la secretaría de Diego Villanueva.

En el marco de la investigación, vecinos declararon que Arhancet convivía desde hacía seis años con la mujer trans y dos perros pitbull. Además, detallaron que el miércoles al mediodía, la mujer acudió con un flete para retirar sus pertenencias porque se había mudado.

A partir de ahí, personal de la División Homicidios y de la División Criminalística de la Policía de la Ciudad analizaron las cámaras de seguridad del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), hasta que lograron identificar el vehículo utilizado para la mudanza y obtener así la dirección donde se había trasladado la mujer.

Las grabaciones permitieron observar que, la noche del incendio, aproximadamente a la 1.30, una persona ingresó por la cochera del edificio y salió cerca de una hora después.

Los detectives realizaron tareas de vigilancia en el nuevo domicilio de la sospechosa y al confirmar su presencia el viernes por la noche, a menos de un día del hallazgo del cuerpo, el juez Peluso ordenó el allanamiento y la detención.

Según informaron la semana pasada fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso del edificio. El operativo contó con la colaboración de la Policía Científica, que trabaja en el lugar para iniciar las pericias y determinar las causas del incendio.

¿Baleado y auchillado?

Si bien el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal señala que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, fuentes consultadas por Infobae indicaron que los análisis del cuerpo determinaron que el hombre tenía una herida de arma blanca en el vientre y disparo de arma de fuego en la sien.

Además, ratificaron que se halló un arma a centímetros del cuerpo, con lo cual los peritos determinaron que se había iniciado un incendio luego del homicidio.

“El cuerpo se hallaba en descomposición y la muerte databa de 90 horas”, precisaron las fuentes consultadas por este medio. Los efectivos hallaron prendas de mujer y también faltaba el celular de la víctima.

Según el abogado Anthony Crespo, la Fiscalía no pidió detención preliminar dentro de las 48 horas que establece la ley, lo que permitió que los efectivos abandonaran la custodia. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal Zina Romero.

Crespo anunció que presentará una queja ante el órgano de control del Ministerio Público contra la fiscal, al considerar que hubo una omisión en un momento clave de la investigación. Para la defensa, la falta de acción dentro del plazo dejó sin sustento una posible prolongación de la detención.

Pese a la liberación, la investigación continúa. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio calificado contra los ocho militares: Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Operativo militar dejó cinco muertos

Los hechos se remontan al 25 de abril, cuando una intervención militar en la carretera Colcabamba-Ayacucho dejó cinco personas fallecidas y dos heridas. El operativo se realizó en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató una orden de alto. A partir de ese momento se desencadenó un episodio que hoy está bajo investigación.

Las diligencias fiscales incluyen pericias balísticas, pruebas de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo intervenido. Sin embargo, al momento de la liberación de los detenidos, estas acciones aún no habían concluido.

La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo, lo que derivó en la salida de los militares mientras continúan las investigaciones.

Dos versiones enfrentadas

El caso está marcado por relatos contradictorios. Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostiene que los militares actuaron en legítima defensa frente a un ataque de presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Según su versión, la intervención fue coordinada con la Policía y la Fiscalía.

En esa línea, un testimonio recogido durante la investigación señala que un grupo de personas habría sido contratado para transportar droga. Uno de los sobrevivientes declaró que cargó 13 kilos en una mochila y que el vehículo en el que viajaban no se detuvo ante la presencia militar, lo que habría desencadenado los disparos.

Sin embargo, esta versión es cuestionada por la defensa de las víctimas, que la califica como un intento de justificar la intervención. Además, en la escena no se encontraron armas ni sustancias ilícitas, lo que debilita esa hipótesis.

Cuestionamientos al operativo y Fiscalía

Desde el otro lado, el alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar, respalda la versión de los familiares, quienes sostienen que las víctimas eran jóvenes que regresaban tras participar en un campeonato de fútbol de la Copa Perú.

Según su relato, los militares habrían colocado piedras en la vía para obligar a los vehículos a detenerse, una práctica que, en la zona, suele estar asociada a asaltos. El alcalde también puso en duda que se tratara de un operativo formal, al señalar que estos suelen contar con un mayor número de efectivos.

Tovar incluso afirmó que los jóvenes habrían sido confundidos con “mochileros” en una intervención irregular. “Estoy seguro que no era un operativo militar”, sostuvo.

Un reciente informe judicial revela que Hisham Abugharbieh, de 26 años, consultó ChatGPT para obtener información sobre cómo deshacerse de un cadáver tres días antes de que dos estudiantes de doctorado de la University of South Florida (USF) desaparecieran.

El hallazgo, divulgado por el medio estadounidense ABC News, expone el uso de inteligencia artificial en el contexto de la planificación de un doble homicidio que llevó a los fiscales a solicitar la detención preventiva del acusado, al considerar que representa un peligro para la sociedad.

Las autoridades del condado de Hillsborough informaron que los estudiantes, Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años, fueron reportados como desaparecidos el 17 de abril, un día después de haber sido vistos por última vez y antes del descubrimiento del cuerpo de Limon.

Según consta en la moción de detención previa al juicio, de 23 páginas, el cuerpo de Limon fue hallado el 19 de abril junto a un puente en Tampa, dentro de varias bolsas plásticas negras, desnudo y en avanzado estado de descomposición.

La oficina forense del condado de Pinellas, Florida, determinó que murió por “múltiples heridas de arma blanca”, presentando profundas laceraciones y lesiones cortopunzantes en el abdomen y la espalda baja.

Sus extremidades mostraban señales de haber estado atadas, y también se observaron cortes en las caderas, lo que habría permitido doblar las piernas para depositar el cuerpo en las bolsas.

Las pruebas digitales y físicas detalladas por el equipo de fiscales incluyen historiales telefónicos, compras y registros de actividades en línea. Tres días antes de la desaparición, el 13 de abril, Abugharbieh realizó la siguiente consulta en ChatGPT: “¿Qué sucede si una persona es introducida en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor?”.

El sistema le advirtió que “eso suena peligroso”, pero Abugharbieh persistió y preguntó “¿cómo podrían descubrirlo?”, de acuerdo al documento judicial citado por ABC News.

Dos días después, preguntó a ChatGPT si el “VIN” de un automóvil podía ser cambiado digitalmente, y el 17 de abril, de madrugada, consultó si los autos eran inspeccionados en el parque estatal del río Hillsborough.

Esa misma noche, registros de DoorDash indican que recibió un pedido en su apartamento de bolsas de basura, toallitas desinfectantes, ambientador, snacks y gel de baño. Además, ese mes habría adquirido cintas adhesivas, iniciadores de fuego, carbón y combustible a través de Amazon, según la misma moción.

Un tercer residente del apartamento informó a investigadores que vio al sospechoso desechar varias cajas de cartón en un compactador de basura entre la noche del 16 y la mañana del 17 de abril. La policía encontró en ese lugar pertenencias de Limon, como su cartera y anteojos, así como ropa ensangrentada y la funda del teléfono de Bristy.

La tarde del 19 de abril, Abugharbieh preguntó a ChatGPT si Apple podía identificar al usuario de un iPhone después de cambiar de propietario. El 23 de abril, día en que las autoridades declararon a los estudiantes como “desaparecidos en peligro”, consultó: “¿Qué significa adulto desaparecido en peligro?”.

La moción agrega que Bristy habría sido “dispuesta de manera similar” a Limon, aunque, al momento de la presentación, la identificación formal de unos restos hallados en el área seguía pendiente, según detalló la oficina del alguacil de Hillsborough, Florida.

Evidencias forenses y tecnológicas apuntan a homicidio premeditado

La policía encontró manchas de sangre en varias áreas del apartamento, incluidas dos “marcas con forma humana” en el piso de la habitación de Abugharbieh. Además, bolsas negras ubicadas bajo la cama del acusado coincidían con las bolsas halladas tanto en el compactador como en el puente Howard Frankland, donde apareció el cuerpo de Limon.

El teléfono de Abugharbieh registró su ubicación en Clearwater Beach entre las 22:00 y 4:00 del 17 de abril, coincidiendo con la última localización conocida del móvil de Limon. Según la moción, el automóvil del sospechoso se detuvo en el puente Howard Frankland a las 1:30 y regresó casi tres horas después al punto exacto donde una semana más tarde apareció el cadáver.

La documentación señala que, al ser interrogado por las autoridades y según reunió ABC News, Abugharbieh negó cualquier implicación, asegurando que la madrugada del 16 de abril fue a pescar y que transportó a Limon y Bristy a Clearwater Beach, dejándolos a solicitud de Limon. Alegó que los vio “ambos vivos cuando los dejó”, y explicó a los detectives que las cajas que desechó contenían solo ropa vieja.

Declaraciones y antecedentes familiares

La moción también detalla que Abugharbieh tenía cortes en el meñique izquierdo, el tríceps y las piernas. Justificó esas lesiones alegando que se había cortado con una cebolla. Además, una familiar informó a las autoridades que Abugharbieh “tenía antecedentes de dificultades para manejar su ira y había mostrado comportamientos violentos con la familia en el pasado”.

Entre las consultas realizadas por Abugharbieh a ChatGPT durante esos días, se incluyen preguntas sobre armas de fuego, incluida: “¿Se puede tener un arma en casa sin licencia?”, “¿Mis vecinos oirán mi arma?”, y “¿Alguien ha sobrevivido a una bala de francotirador en la cabeza?”, según documentos citados por el medio estadounidense ABC News.

La detención de Abugharbieh ocurrió el viernes pasado, tras haberse atrincherado en una residencia de Tampa durante un breve enfrentamiento con la policía. Abandonó la vivienda envuelto solo en una toalla, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Situación legal y proceso judicial

El acusado no es actualmente estudiante ni empleado de la University of South Florida (USF), según confirmaron portavoces de la institución citados por ABC News. Permanece recluido sin derecho a fianza a la espera de la próxima audiencia, prevista para el martes 28 de abril.

La fiscal estatal del condado de Hillsborough, Suzy Lopez, sostuvo en un comunicado que buscarán mantenerlo bajo custodia preventiva al considerar que “Abugharbieh sigue representando un peligro para nuestra comunidad y debe continuar detenido hasta el juicio”.

No se determinó públicamente un posible móvil del crimen. Un defensor público fue designado para representar a Abugharbieh, aunque la defensa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios formulada por ABC News.

La acusación federal contra Cole Tomas Allen, exalumno de Caltech y residente de Torrance, por intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, renovó el debate sobre la circulación y el control de armas en el sur de California.

De acuerdo con Los Angeles Times, Allen fue presentado el lunes ante un tribunal federal en Washington, D.C., donde enfrenta cargos federales por intento de asesinato, transporte interestatal de armas con fines criminales y uso de armas en un crimen violento.

El juez ordenó su detención sin derecho a fianza tras la presentación de pruebas que incluyen la portación de una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática calibre .38 y varios cuchillos, además de un manifiesto que señalaba como objetivos a altos funcionarios del gobierno.

Según Los Angeles Times, Allen adquirió legalmente las armas utilizadas en el ataque en dos comercios de South Bay: una escopeta en Turner’s Outdoorsman, en Torrance, y una pistola semiautomática en CAP Tactical Firearms, en la vecina Lawndale.

La fiscalía argumentó que Allen planificó el ataque y viajó armado desde California a Washington, D.C., con la intención explícita de atentar contra el mandatario. La acusación formal, presentada el lunes 27 de abril, marca el inicio de un proceso penal federal que podría derivar en una condena a cadena perpetua.

Torrance: densidad de armerías y armas en delitos

El contexto del caso revela una realidad poco visible para buena parte del público: la notable densidad de armerías en el sur de California y su vínculo con la circulación de armas involucradas en delitos en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los Angeles Times reportó que, hasta noviembre de 2023, Torrance contaba con 18 armerías, equivalente a un comercio cada 8.150 habitantes en una población cercana a 147.000 personas. En contraste, la ciudad de Los Ángeles —capital del condado— tenía 38 armerías para más de 4 millones de habitantes, lo que representa una tienda cada 100.000 residentes.

Las cifras oficiales muestran que Torrance figura como un nodo crítico en la venta y posterior uso de armas en crímenes. Entre 2017 y 2021, los comercios de armas de la ciudad vendieron el tercer mayor volumen nacional de armas recuperadas en delitos en Los Ángeles, solo por detrás de Las Vegas y Phoenix, según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) citado por Los Angeles Times. Durante ese periodo, más de 700 armas incautadas en Los Ángeles habían sido previamente adquiridas en comercios de Torrance.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de California, la sucursal de Turner’s Outdoorsman en Torrance vendió 1.652 armas vinculadas a delitos entre 2010 y 2022. CAP Tactical Firearms, también mencionada en la acusación contra Allen, vendió en el mismo periodo 150 armas relacionadas con investigaciones judiciales.

Reacciones, regulación local y perfil del acusado

El impacto del caso llevó a declaraciones públicas de autoridades locales. George K. Chen, alcalde de Torrance, expresó en la red social X: “Torrance es una comunidad construida sobre el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública. Nuestra comunidad se une al país para condenar el incidente violento que ocurrió en Washington, D.C.”, según recogió Los Angeles Times.

La regulación sobre el comercio de armas varía según el municipio dentro del condado de Los Ángeles. Tras el tiroteo de Uvalde en 2022, la ciudad de Burbank estableció una moratoria temporal para nuevas armerías y, en 2024, implementó zonas de amortiguamiento alrededor de escuelas e iglesias.

En 2023, Torrance prohibió la apertura de nuevos comercios de armas en el centro histórico, aunque estos negocios siguen presentes en otras zonas comerciales de la ciudad.

Propietarios y empleados del sector manifestaron sus posturas ante las restricciones. Jack Brandhorst, dueño de Red Rifle Ltd., sostuvo tras el rechazo del permiso para trasladar su tienda: “Estos concejales solo complacieron a los sectores más ruidosos. No existe ninguna ley o norma que limite las armerías en esa zona”, declaró a Los Angeles Times.

Por su parte, Turner’s Outdoorsman reiteró su política de no comentar con la prensa sobre investigaciones policiales, mientras que CAP Tactical Firearms no emitió declaraciones.

El perfil de Cole Tomas Allen despertó sorpresa en la comunidad local y entre quienes lo conocían en el ámbito académico. Los Angeles Times recogió testimonios de vecinos que lo describen como discreto, inteligente y con destacada habilidad en matemáticas y ciencias.

También se documentó su participación como coordinador general de grupo en la Caltech Christian Fellowship, según una publicación de 2016 de la organización.

El manifiesto atribuido a Allen, que forma parte de la investigación federal, contiene referencias explícitas a la fe cristiana y menciona: “Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es una conducta cristiana; es complicidad con el crimen del opresor”, texto citado por Los Angeles Times.

En una entrevista posterior, Donald Trump afirmó a Fox News que Allen “odia a los cristianos” y lo calificó como “enfermo”.

Actualmente, Allen permanece bajo custodia federal y la próxima audiencia está programada para el jueves. La acusación formal y la investigación en curso mantienen el foco en la intersección entre la regulación de armas, la seguridad pública y la violencia política en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones de Temuco (670 kms al sur de Santiago) ratificó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, imputado como coautor del asesinato del cabo Eugenio Naín Caniumil (24 años) en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas (700 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

Painevilo fue apresado la semana pasada luego de permanecer prófugo desde marzo de 2021. De acuerdo al fiscal Carlos Bustos, “hay argumentos que dan cuenta de la participación del imputado y de la existencia de los delitos por los que fue formalizado”, a saber, homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados.

De esta manera, el comunero mapuche volvió al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, mientras se cumple el plazo de 60 días decretado por el tribunal para la investigación.

El crimen

El homicidio de Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo de Carabineros ascendido póstumamente a suboficial mayor, ocurrió el 30 de octubre de 2020 en el sector de Metrenco, cuando fue emboscado junto al comandante Cristián Fernández Opazo mientras ambos participaban de un procedimiento por corte de la Ruta 5 Sur. Naín recibió un disparo fatal con un fusil de guerra apenas se bajó del vehículo en que se habían movilizado para despejar una barricada.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Kallfulicán Tranamil Nahuel a una pena total de 32 años de cárcel como coautor del crimen, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco en marzo de 2024.

Tras permanecer prófugo desde 2021, Francisco Javier Painevilo Maldonado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 17 de abril en Padre Las Casas. La Fiscalía confirmó además que un rastro de ADN lo sitúa en un atraco a un camión de valores el año 2019 en el peaje de Chivilingo, Región del Bío Bío.

Al día de hoy, la justicia mantiene vigente una orden de detención contra Carlos Esteban Cancino Tapia (apodado “El Rana”), quien sigue prófugo y es sindicado por el Ministerio Público como el presunto autor material del disparo que dio muerte a Naín.

Cabe señalar que la muerte del joven uniformado, quien tenía solo 24 años, caló hondo en la opinión pública y motivó la promulgación en el Congreso de la Ley Naín-Retamal, la que fortalece el respaldo legal al actuar policial frente a agresiones y delitos graves. La familia de la víctima, de origen mapuche al igual que los condenados, ha exigido justicia sin beneficios durante todo el proceso.

“Que se pudran en la cárcel, que vivan en vida todo el dolor que me causaron a mí y a mis hijos y a la familia de mi marido, que paguen en vida lo que causaron”, pidió el martes pasado Dayana Pereira, viuda de Eugenio Naín.

Nadia Núñez fue quien lo asistió en sus últimos momentos, luego de que recibiera un disparo en el abdomen. En declaraciones a la prensa, brindó un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson en horas de la tarde.

“Fue desgarrador verlo a Agustín así”, describió la vecina, quien conocía a la víctima desde su infancia porque era amigo de su hijo. Y siguió: “Yo no me voy a olvidar más de la cara de Agus esperando que pase ese maldito auto y bajarse esa persona que le sacó la vida”.

Según relató la mujer, momentos antes del asalto advirtió a la distancia el vehículo de los delincuentes y pensó que podía embestir a Agustín, por lo que le pidió que se quedara quieto. En ese instante, uno de los hombres descendió del vehículo y lo amenazó: “Dame todo”.

“Y le dio todo. No se resistió en ningún momento, porque están diciendo que se resistió, que peleó. Agustín no se resiste, no es un nene que va a pelear, que te va a decir nada. Es un nene sano”, lamentó.

Como se observa en el video que encabeza la nota, la reacción inmediata de Agustín durante el asalto fue arrojar su mochila al suelo, en un intento de entregársela al delincuente. Sin embargo, el agresor no buscaba el bolso, sino su celular, por lo que se abalanzó sobre el joven y se lo arrebató de la mano.

Durante ese forcejeo, el delincuente disparó contra el estudiante y la bala impactó en su abdomen. Luego, el atacante se fugó a bordo del Volkswagen Voyage negro.

La mujer ingresó al joven a su domicilio, donde este solo alcanzó a disculparse con su hijo por chocarse con los objetos dentro de la casa: “Lo primero que hice fue llamar a la mamá. Por allá vi al papá y lo cargaron en un auto y se lo llevaron. Hasta ahí nada más es lo que sé”, continuó la mujer, quien precisó que más tarde tuvo que llamar al 911 por su propio hijo.

“Se crió con él. Jugaban juntitos desde que tenían tres, cuatro, cinco, seis años. Es un amiguito de toda la vida”, detalló.

Agustín volvía caminando de una clase de inglés, ya que debía rendir un examen parcial de la materia: “Es un nene que tenía que estar acá con todos. Nos rompieron a todos los vecinos y más a sus papás, que no sé cómo van a seguir”.

“Mi hijo estaba sudando, porque se desploma en los brazos de mi hijo. No se olvida más esto. Cuando entró a mi casa estaba consciente porque me dice ‘llamame la ambulancia’ y después se desplomó”, cerró. Rivero falleció poco después de ser trasladado al hospital local.

El robo del auto utilizado para el crimen

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el Volkswagen Voyage usado en el asalto del joven fue robado a las 16:00 en la calle Madariada al 1700, partido de Lanús. Tres horas después, el grupo delictivo cometió el homicidio y, tras el hecho, se detectó la participación de la Renault Kangoo como vehículo de apoyo.

Ambos rodados fueron localizados poco antes de la medianoche: el Voyage, en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas, Avellaneda; la Kangoo, en Blas Pladeras y Camino General Belgrano, Monte Chingolo.

Personal de la DDI realizó tareas de campo que incluyeron el levantamiento de rastros genéticos y papilares. Además, observaron movimientos sospechosos cerca de uno de los vehículos, lo que derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús.

En esa operación, se concretó la detención de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación apunta ahora a identificar al resto de la banda, entre ellos dos sospechosos identificados como Alejandro Alexander, apodado “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller.

Durante la requisa, la policía incautó dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Cley y zapatillas que habrían sido utilizadas durante los hechos, según precisaron los voceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los acusados bajo los cargos de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda. Las tareas continúan para dar con los prófugos y avanzar en las pericias sobre los vehículos y las pruebas recolectadas, informaron fuentes consultadas por Infobae.

Un doble crimen cometido en el condado de Miami-Dade ha sacudido a la comunidad local tras la detención de un anciano acusado de asesinar a su esposa y a su hijastro en el apartamento que compartían. El caso, cargado de detalles inquietantes y contradicciones, expone la complejidad de los conflictos familiares y la importancia de la labor policial para desentrañar versiones y pruebas en crímenes domésticos. La investigación se ha centrado en la figura de José Vidal, un hombre de 79 años, cuya detención y procesamiento judicial se han convertido en el eje de un proceso penal que aún genera interrogantes.

El arresto de José Vidal se produjo después de que agentes de las autoridades locales reunieran suficientes elementos para imputarle dos cargos de asesinato en segundo grado con arma. El hombre, identificado en los registros carcelarios como José Vidal, permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial. De acuerdo con los documentos oficiales, la acusación se fundamenta en la presunta autoría del doble homicidio ocurrido en el domicilio familiar, localizado en la cuadra 17500 y la 67th Place al noroeste del condado. El procedimiento judicial avanza con Vidal privado de libertad, sin opción a fianza, tras su presentación ante un juez durante el fin de semana.

Hallazgo de las víctimas y condiciones de la escena

El caso comenzó a esclarecerse cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a la vivienda señalada. En el interior del apartamento, los oficiales hallaron los cuerpos sin vida de la esposa e hijastro de Vidal, cada uno en distintas áreas del inmueble. Según el reporte policial, ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca y señales evidentes de violencia, lo que llevó a los investigadores a descartar rápidamente la hipótesis de un accidente o muerte natural.

El análisis inicial de la escena permitió identificar huellas de calzado con sangre en varias zonas del interior de la vivienda. Estos rastros, lejos de ser detalles menores, se convirtieron en piezas fundamentales para reconstruir los movimientos y posibles acciones del responsable dentro del apartamento. Los detectives localizaron unas sandalias en la cocina que, aunque habían sido limpiadas, aún conservaban rastros biológicos compatibles con la sangre hallada en la escena, lo que reforzó las sospechas sobre la implicación directa del residente principal.

Versión inicial del sospechoso y contradicciones detectadas

Tras la comisión del crimen, José Vidal se presentó por sus propios medios en el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines, luego de recorrer varios kilómetros en bicicleta desde su residencia. En ese centro médico, el anciano ofreció una versión de los hechos que, según la investigación, resultó inconsistente y plagada de contradicciones. Vidal afirmó haber encontrado la puerta de su vivienda abierta y relató que fue atacado por dos hombres desconocidos que supuestamente lo dejaron inconsciente.

Según su narración, permaneció sin conocimiento hasta el día siguiente, momento en el que, al despertar, habría descubierto los cuerpos de su esposa y su hijastro. Aseguró además que llamó al 911 antes de dirigirse al hospital. Sin embargo, los elementos recabados por los investigadores pusieron en duda su relato desde el principio. Al ser examinado por personal médico en un hospital de Hollywood, solo se le detectó una herida leve en el abdomen y ninguna lesión en la cabeza, contradiciendo su declaración de haber estado inconsciente durante horas como resultado de una supuesta agresión.

En un párrafo autónomo y directo: José Vidal aseguró haber sido víctima de un ataque por parte de dos desconocidos, pero los informes médicos y las pruebas encontradas en la escena no respaldaron esa versión. Los investigadores determinaron que sus declaraciones no coincidían con las evidencias físicas ni con la cronología de los hechos, debilitando su coartada desde los primeros momentos de la pesquisa.

Conflicto familiar previo y posible móvil económico

El trasfondo del doble crimen reveló un conflicto económico de larga data entre el acusado y su hijastro. Las pesquisas policiales indicaron que existía una disputa previa por la desaparición de una suma considerable de dinero. Según el informe oficial, la víctima había expresado a familiares su intención de expulsar a Vidal del hogar apenas un día antes de los hechos. Este dato aportó un posible móvil para el crimen y explicó la tensión creciente dentro del núcleo familiar.

Durante el interrogatorio, el propio Vidal reconoció que había protagonizado un enfrentamiento físico reciente con su hijastro, motivado por la discusión sobre el dinero desaparecido y la inminente expulsión del apartamento. La existencia de este conflicto fue considerada por los agentes como un elemento clave para comprender la dinámica y el desenlace fatal de la disputa familiar.

Evidencias materiales y registros de cámaras de seguridad

La labor de los investigadores se apoyó en pruebas materiales y registros de cámaras de seguridad. Imágenes de vigilancia mostraron al sospechoso utilizando las sandalias manchadas de sangre en el interior del apartamento. Además, los detectives revisaron grabaciones en las que se observa a Vidal realizando varios recorridos hacia un contenedor de basura cercano, transportando bolsas durante la jornada anterior al hallazgo de los cuerpos. Ningún video mostró la presencia de personas que coincidieran con la descripción de los supuestos agresores mencionados por Vidal en su versión inicial.

Otro registro de cámara captó al acusado deteniéndose en una estación de servicio para comprar boletos de lotería mientras se dirigía al hospital. Este detalle, lejos de ser anecdótico, reforzó las inconsistencias en su relato sobre el supuesto estado de conmoción y urgencia tras los crímenes.

Situación judicial actual de José Vidal

Tras la acumulación de pruebas y testimonios, José Vidal fue ingresado en la cárcel del condado y presentado ante un juez, quien determinó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial. Los cargos de asesinato en segundo grado con arma se mantienen vigentes en los registros del sistema penitenciario, mientras la investigación sigue su curso a la espera de nuevas audiencias y posibles revelaciones.

En medio del incremento de hechos violentos en Panamá, los tribunales de justicia han confirmado y dictado condenas en distintos casos de homicidio y delitos sexuales, con penas que alcanzan hasta 48 años de prisión, reflejando la respuesta del sistema judicial ante crímenes de alto impacto registrados en los últimos años en diferentes provincias del país.

Uno de los fallos más severos fue la confirmación de la condena de 48 años de prisión contra un hombre conocido como alias “Zaza”, sancionado por los delitos de homicidio y robo en un caso ocurrido en el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

El Ministerio Público logró que se rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa, luego de sustentar que el Tribunal de Juicio valoró correctamente las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas adecuadas y conforme a derecho.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2023 en una residencia en Cerro Viento, cuando el sentenciado agredió a la víctima con un arma blanca, provocándole más de 50 heridas que causaron su muerte.

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró sostener la validez del proceso y la condena impuesta en primera instancia.

En otro proceso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste obtuvo una condena de 30 años de prisión contra un hombre de 65 años, hallado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años, en un hecho registrado en el distrito de La Chorrera.

Durante la lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio también impuso la pena accesoria de inhabilitación para portar armas de fuego por 30 años, una vez cumplida la condena principal.

Este caso fue sustentado durante un juicio oral realizado entre el 6 y el 10 de abril de 2026, en el que el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que permitieron a un jurado de conciencia emitir un veredicto de culpabilidad.

El crimen se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando dos hombres ingresaron a la residencia de la víctima en el sector de Las Lajas, en el corregimiento de Obaldía, donde la agredieron físicamente y la hirieron con arma blanca en el cuello.

Por este mismo caso, las autoridades también lograron otras condenas vinculadas al hecho, incluyendo una pena de 20 años de prisión para otro implicado por homicidio doloso agravado, así como una sentencia de 12 años de prisión mediante acuerdo de pena para un tercer ciudadano, lo que refleja la responsabilidad compartida en el crimen investigado.

En la provincia de Darién, la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional logró una condena de 6 años de prisión contra un hombre de 70 años, declarado culpable por el delito de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Fe durante el mes de febrero de 2023, cuando el imputado, quien era vecino de la víctima, perpetró el delito.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, lo que permitió que el Ministerio Público iniciara las investigaciones y posteriormente sustentara el caso ante el tribunal.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron consideradas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, derivando en la condena impuesta.

Estos fallos se producen en un contexto en el que las autoridades judiciales han reiterado la importancia de fortalecer los procesos investigativos y garantizar el cumplimiento de las penas, especialmente en casos que involucran delitos graves contra la vida y la integridad personal, en medio de la preocupación por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.

Hasta marzo, en Panamá se habían reportado al menos 130 homicidios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia en distintos puntos del país, pero que en los últimos días ha estado acompañada por una serie de ataques que han quedado registrados en video, evidenciando la gravedad y exposición pública de estos hechos.

En varias de estas grabaciones se observan agresiones armadas en espacios abiertos y zonas residenciales, que han dejado múltiples víctimas, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad y el nivel de violencia, así como por la capacidad de respuesta de las autoridades ante este tipo de incidentes.

La medida adoptada por los choferes paralizó por completo el servicio este lunes y obligó a decenas de pasajeros a buscar rutas alternas para continuar sus desplazamientos en el sur de Lima. En medio del desconcierto, la empresa difundió un comunicado en el que confirmó la suspensión total de sus operaciones como medida preventiva, mientras la Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes para esclarecer el atentado y determinar si está vinculado con el pago de cupos que ya venía afectando a la compañía desde el año pasado.

Conductores de Sur Lima suspenden operaciones tras ataque armado en Chorrillos

El episodio de violencia ocurrió cuando una unidad de Sur Lima ingresaba a su patio de maniobras, en el distrito de Chorrillos, y fue interceptada por un sujeto encapuchado que abrió fuego contra la ventana del piloto. De acuerdo con los reportes recogidos en la zona, fueron tres disparos los que impactaron directamente en la parte frontal del vehículo, generando una escena de pánico entre quienes se encontraban cerca del paradero San Genaro.

Aunque el conductor resultó ileso, el ataque fue suficiente para que los trabajadores tomaran una decisión drástica: no salir a circular. Según el material difundido en el lugar, la empresa cuenta con al menos 100 unidades y opera una ruta importante para miles de usuarios que se movilizan entre zonas de Chorrillos, San Juan de Lurigancho y La Victoria. La ausencia de buses este lunes confirmó que el temor entre los transportistas se impuso por encima de la continuidad del servicio.

El comunicado compartido entre conductores y empresas del sector dejó en evidencia el nivel de tensión que se vive en esta parte de Lima Sur. En el documento, la compañía señaló que, pese a las conversaciones sostenidas con la organización criminal conocida como “Ruglas”, no se logró un acuerdo que garantice la seguridad de los choferes. En ese contexto, la paralización fue presentada como una medida de protección frente a la posibilidad de nuevos ataques.

De acuerdo con el testimonio de algunos conductores, la presión extorsiva no era nueva. Ellos afirmaron que ya venían pagando sumas semanales y que incluso existía un voucher de abono por casi 2.000 soles cancelado el mismo sábado al mediodía. Pese a ello, el atentado ocurrió igual, lo que alimentó la sospecha de que una nueva banda estaría disputando el control de la ruta o exigiendo nuevos pagos bajo amenazas.

Usuarios afectados por la paralización y el temor a nuevos ataques en Lima Sur

La suspensión de Sur Lima impactó de inmediato en los pasajeros que utilizan a diario esta ruta para llegar a sus centros de trabajo, estudios o actividades familiares. En el paradero San Genaro, donde normalmente circulan varias unidades, este lunes se observó un panorama distinto: la empresa atacada no operó y solo algunas combis y mototaxis mantuvieron actividad en la zona, mientras los usuarios intentaban adaptarse a la ausencia del servicio.

Muchos ciudadanos optaron por tomar la empresa de transporte San Genaro S. A., que recorre una ruta similar y se convirtió en la alternativa inmediata para no interrumpir sus viajes. Sin embargo, la presencia de más vehículos no eliminó la sensación de incertidumbre. Varios pasajeros expresaron que el problema no solo es llegar a tiempo, sino hacerlo con la certeza de que no quedarán expuestos a una bala perdida o a un nuevo atentado mientras se trasladan.

En el mismo punto, otro de los reclamos más repetidos fue la falta de respuesta frente a la criminalidad que golpea al sector transporte. Vecinos y usuarios señalaron que la violencia no distingue si hay pasajeros o no a bordo, y que los ataques se han convertido en una amenaza permanente para conductores, cobradores y usuarios. En esa línea, pidieron una intervención más firme de las autoridades para enfrentar a las bandas que operan en corredores como el de Chorrillos.

El caso de Sur Lima se suma a una cadena de hechos similares registrados en distintos distritos de la capital. Según el antecedente compartido por la propia empresa, en octubre del año pasado ya habían denunciado que eran víctimas de extorsión por parte de bandas criminales que les exigían un pago de 50.000 soles como inscripción y luego 20.000 soles mensuales para dejarlos trabajar. Ese historial vuelve a colocar bajo la lupa la situación de las empresas de transporte que operan en zonas donde la presión delictiva se ha vuelto constante.

De acuerdo con información policial y fiscal, el Ministerio Público consiguió que se dicte detención preliminar por siete días contra Oscar Franco Tinco (21) y Gabriel Condori Olmedo (21), quienes habrían participado directamente en el homicidio y posterior desmembramiento de la víctima. Asimismo, los restos de Benavides habrían sido hallados dentro de ollas de cocina, en estado de cocción.

La intervención se produjo tras una serie de diligencias iniciadas luego de que los familiares recibieran información clave sobre el último paradero de Benavides, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar el inmueble donde ocurrió el crimen.

Detención de sospechosos y evidencias clave en el caso

El operativo que permitió la captura de los implicados se realizó tras el levantamiento de información y el cruce de datos que llevaron a los agentes hasta el distrito de San Jerónimo. Según detalló el coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco, durante la intervención se hallaron evidencias de alto valor criminalístico que vincularían directamente a los detenidos con el asesinato.

“Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, indicó la autoridad policial, precisando que estos objetos serán fundamentales para el desarrollo de las pericias forenses.

Las investigaciones preliminares también revelan que ambos sospechosos habrían estado con la víctima en una reunión donde se consumieron bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el crimen. A partir de esta información, la Policía logró identificar al segundo implicado y proceder con su captura en las inmediaciones del mercado Vinocanchon, luego de ubicar a sus familiares mediante registros oficiales.

Asimismo, durante las diligencias se incautaron celulares, documentos y otros objetos personales, los cuales serán analizados como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades han evitado brindar mayores detalles sobre este material debido a que forma parte de la investigación en curso.

Familia exige justicia mientras se investiga el móvil del crimen

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de la víctima realizaron un plantón frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Cusco, donde exigieron justicia y la máxima sanción contra los responsables. Entre gritos y pancartas, pidieron que el caso no quede impune y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de Rudhy Benavides.

Uno de los aspectos que aún genera incertidumbre es el móvil del crimen, ya que, según versiones de los allegados, no existiría una relación de amistad previa entre la víctima y los detenidos. Esta situación ha sido confirmada por la Policía, que indicó que, por el momento, no se ha logrado establecer el motivo que llevó a los presuntos implicados a cometer un acto de tal violencia.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el día de su desaparición, Benavides salió con rumbo a su centro de trabajo en el centro histórico de Cusco, pero nunca llegó. Las pesquisas apuntan a que ese mismo día habría tenido contacto con los detenidos, primero en otro lugar y posteriormente en la vivienda donde finalmente se produjo el crimen.

El caso, que inicialmente fue investigado como una desaparición, dio un giro tras el hallazgo del cuerpo en condiciones estremecedoras, convirtiéndose en una investigación por homicidio agravado. Las autoridades no descartan que en los próximos días se revelen nuevos elementos que permitan entender la secuencia de los hechos y las razones detrás de este crimen que ha impactado a toda la región.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sicarios no dudaron en disparar pese a que el automóvil seguía en marcha. La ráfaga, que superó las 40 detonaciones según vecinos, se produjo desde otra camioneta en movimiento, lo que incrementó el riesgo para transeúntes y residentes. El ataque puso en alerta a los vecinos, pues evidencia el nivel de violencia que atraviesa el distrito.

Las cámaras de seguridad captaron el momento posterior al atentado, incluyendo la fuga de los atacantes. También registraron la intervención de una patrulla policial que intentó perseguir el vehículo implicado, sin éxito. Según la consulta vehicular, la unidad utilizada por los agresores tenía una placa reportada como robada.

Gravemente herido, el conductor fue trasladado a un centro médico; sin embargo, no sobrevivió a los impactos de bala. Durante las diligencias, la Policía halló en el interior del vehículo de la víctima un arma de fuego con cacerina abastecida. El hecho es materia de investigación.

Tras el crimen, los vecinos exigieron medidas urgentes frente a la creciente inseguridad. El nivel de violencia del ataque —en plena vía pública y con un alto número de disparos— ha reavivado el temor en una zona donde los episodios de sicariato se han vuelto recurrentes.

Operativo a búnker con ciudadanos extranjeros

El asesinato ocurre en un contexto marcado por operativos recientes contra organizaciones criminales con presencia extranjera en San Juan de Lurigancho. A inicios de 2026, la Policía ejecutó una intervención en un inmueble que funcionaba como búnker y centro de operaciones de una banda vinculada al Tren de Aragua.

Durante el operativo, más de 50 personas fueron intervenidas en una fiesta clandestina que se desarrollaba en el lugar, un restaurante ubicado en la intersección de la avenida Los Jardines Oeste con el jirón Las Grosellas. En la diligencia se incautó un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, tusi y pasta básica de cocaína.

Como resultado de las investigaciones, 29 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la División de Extranjería para evaluar su situación migratoria, mientras que 13 permanecieron detenidos por su presunta vinculación con organizaciones criminales. Según información policial, algunos de los intervenidos serían reincidentes o tendrían nexos con facciones del Tren de Aragua.

Alcalde de SJL cuestiona eficacia de estados de emergencia

Meses antes de estos hechos, en octubre de 2025, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ya había advertido sobre las limitaciones de las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad. En una entrevista, cuestionó directamente la efectividad de los estados de emergencia.

“Los estados de emergencia no han funcionado”, afirmó, al señalar que su aplicación reiterada no ha generado resultados sostenibles. En esa línea, sostuvo que la medida ha perdido credibilidad por la falta de planificación y ejecución adecuada. “El estado de emergencia llega algo manoseado y maltratado a la mesa de trabajo”, expresó.

El burgomaestre también puso énfasis en las carencias operativas de las fuerzas del orden. “Necesitamos de manera urgente generar más recursos tanto a la Policía Nacional como a las distintas unidades que hoy lamentablemente no tienen inteligencia ni logística”, advirtió.

Asimismo, remarcó la importancia del control territorial y la voluntad política para enfrentar el crimen organizado. “Antes había voluntad política y liderazgo; hoy no lo vemos”, señaló, recordando que durante la pandemia el despliegue policial y militar tenía un efecto disuasivo.

Números de emergencia en Perú

Frente a escenarios de violencia o emergencias, la ciudadanía cuenta con diversos canales de atención a nivel nacional. La central policial (105) permite reportar delitos en curso, mientras que el Cuerpo General de Bomberos (116) atiende incendios y rescates.

En casos de emergencias médicas, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (106) opera en varias regiones del país, incluida Lima. También se puede acceder a Infosalud (113) para orientación sanitaria y a EsSalud (107) para información general.

Para situaciones de violencia familiar o sexual, la línea 100 brinda atención especializada, y Defensa Civil responde a emergencias vinculadas a desastres a través del 115.

En Lima, existen además servicios de ambulancias como Alerta Médica y Clave Médica, así como el servicio de EsSalud (117), que complementan la atención ante urgencias.

El acceso oportuno a estos números puede marcar la diferencia en contextos críticos, especialmente en distritos donde la violencia y la criminalidad representan un riesgo constante.

Este sábado 25 de abril de 2026, un cuerpo completamente calcinado fue hallado cerca de las 2:30, en un descampado que separa los barrios José Hernández y Caribe, en la zona oeste de Mar del Plata. Familias de un joven desaparecido se acercaron al lugar tras una alerta al 911 y pese al avanzado estado del cadáver, consideraron posible su identificación.

La recolección de evidencias se complica por la ausencia de registros fílmicos y la escasa colaboración de los testigos, según indica el informe del medio. El terreno donde fue encontrado el cuerpo suele ser utilizado para abandonar vehículos siniestrados y depositar residuos, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio podría haber sido elegido para el ocultamiento de pruebas.

La fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación, que intenta establecer si la víctima murió en el lugar o fue trasladada y luego incendiada, sin descartar ninguna hipótesis por el momento, conforme relató La Capital de Mar del Plata.

La madrugada del hallazgo siguió a un incendio registrado previamente en el barrio Autódromo, en la intersección de Guanahani y San Francisco Javier, donde tres viviendas precarias fueron afectadas por el fuego y los Bomberos lograron extinguir el foco. En la inspección inicial no se localizaron víctimas, aunque luego una mujer presentó prendas de vestir atribuidas a su hermano, presuntamente vinculado con los hechos investigados.

Quién podría ser el joven hallado

El cuerpo calcinado encontrado en el barrio José Hernández podría corresponder a Kevin Ábalos, 33 años, según fuentes policiales y personas de su entorno. El hecho fue detectado en la madrugada en Juan B. Justo 8400, donde el cadáver presentaba signos de haber sido incendiado.

Aunque la identidad y las causas de la muerte solo se confirmarán una vez concluida la autopsia programada, sus allegados ya la habían reconocido antes de la confirmación forense. Ábalos había sido visto con vida en su entorno habitual y su ausencia generó preocupación entre sus conocidos.

La investigación judicial analiza de manera prioritaria la posibilidad de que el crimen se haya perpetrado en otro sitio y que el cuerpo de Kevin Ábalos fuera trasladado para dificultar su identificación y eliminar evidencia, de acuerdo con la reconstrucción de los peritos.

De acuerdo con la información recopilada, la Justicia investiga posibles vínculos de la víctima con la venta de drogas en diferentes sectores de la ciudad, mientras cámaras de seguridad y testimonios se analizan para reconstruir su recorrido final. El caso sigue abierto para determinar las circunstancias exactas y los responsables del hecho.

Otro crimen en Mar del Plata

Eber Ezequiel Puliti, un hombre de 39 años, fue identificado como la víctima encontrada muerta a puñaladas la madrugada del viernesen el barrio Juramento de Mar del Plata. La recopilación de datos iniciales de la investigación estableció que el cuerpo fue hallado alrededor de las 3.30 sobre la acera, sin documentación y con el torso desnudo, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia del mismo.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) determinó en el lugar la ausencia de signos vitales. La víctima presentaba al menos dos heridas de un arma blanca, una en la zona intercostal superior derecha y otra en el glúteo derecho, aunque la precisión acerca del número y características de las lesiones se confirmará tras la autopsia.

La identificación de Puliti se logró gracias al sistema Morpho ID aplicado a sus huellas dactilares, procedimiento realizado a menos de 12 horas de ocurrido el crimen, según detallaron fuentes consultadas por 0223. La investigación está bajo la dirección de la fiscal Florencia Salas, quien dispuso las medidas necesarias para esclarecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

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Sonora: vinculan a proceso a empresa distribuidora de papa por homicidio culposo

Un juez de Sonora vinculó a proceso a la empresa Distribuidora de Papa La Costeña, S.A. de C.V. por el presunto delito de homicidio culposo, tras la muerte de Alan Gerardo “N” en 2024, quien perdió la vida al ser aplastado por un montacargas durante su jornada laboral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la empresa habría incurrido en omisiones en materia de seguridad, supervisión y condiciones del centro de trabajo.

El juez impuso como medida cautelar una garantía económica de 20 mil pesos a la persona moral imputada.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó establecido en cuatro meses, de acuerdo con la resolución judicial. La FGJES sostuvo que mantiene atención institucional a las manifestaciones públicas de los familiares de la víctima.

La Fiscalía reiteró su compromiso de procurar justicia con apego a la legalidad, respeto al debido proceso y atención a las víctimas.

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Crímenes en San Juan de Aragón

La mañana de este viernes un grupo de personas disparó a un automovilista en la avenida San Juan de Aragón y poco después las autoridades encontraron un cadáver embolsado en Gran Canal, a unos 5 kilómetros del primer crimen, sin embargo las indagatorias continúan y se sigue investigando si ambos hechos están relacionados.

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Matan a dos personas en Martín Carrera, CDMX

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México realizó las indagatorias por un doble asesinato con arma blanca en un domicilio de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hay un detenido.

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Un multihomicidio estremeció este lunes a la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México, cuando una mujer de 52 años identificada como Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 6 meses murieron dentro de su domicilio, localizado en el cruce de las calles Martín Carrera y Vicente Guerrero, en la colonia Martín Carrera. Las primeras indagatorias indican que ambas víctimas murieron por heridas producidas con arma blanca.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio, tras la detención inmediata del presunto responsable. El señalado, Jonathan “N”, fue localizado en el lugar de los hechos y presentaba indicios de consumo reciente de narcóticos, según el parte oficial.

El incidente se desencadenó cuando la madre sorprendió a Jonathan “N” consumiendo sustancias dentro del hogar familiar. Este hallazgo provocó una discusión verbal, que escaló a un ataque físico. Jonathan habría tomado un cuchillo de la cocina y agredió primero a su madre, provocándole lesiones mortales.

Mientras se producía la agresión, una tercera persona —hermana del presunto agresor y de 28 años— intentó intervenir para proteger a la madre. Resultó herida de gravedad. Elementos de emergencias la trasladaron de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

Cuando la hermana no pudo detener el ataque, Jonathan “N” presuntamente dirigió la agresión al menor de 7 meses, nieto de la víctima principal. El infante recibió heridas fatales en el mismo sitio.

Paramédicos y policías arribaron tras recibir diversos reportes. Al ingresar al domicilio, confirmaron que la mujer y el bebé no presentaban signos vitales. El acceso al inmueble estaba cerrado por dentro, lo que dificultó que personas externas pudieran intervenir.

Vecinos relatan que escucharon gritos de auxilio desde el interior del departamento, pero la imposibilidad de entrar impidió su auxilio oportuno.

Elementos policiales lograron la detención inmediata de Jonathan “N” dentro del inmueble, asegurando el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. Al momento de ser aprehendido, el acusado presentaba alteraciones en su comportamiento atribuibles al efecto de algún estupefaciente, versión corroborada por testigos presenciales en la escena.

La Fiscalía capitalina realiza diligencias en el lugar del crimen para recabar pruebas periciales, mientras familiares y residentes permanecen custodiados por elementos preventivos.

Como parte de los procedimientos legales, las víctimas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. El Ministerio Público dictó medidas de resguardo para proteger a la sobreviviente y otros posibles familiares en riesgo.

Información preliminar indica que la familia residía desde hace varios años en la colonia Martín Carrera, donde no se reportaban antecedentes recientes de violencia familiar. Hasta el momento, autoridades no descartan que el consumo de narcóticos por parte del agresor haya sido un factor determinante en la escalada del conflicto.

Jonathan “N” se encuentra bajo resguardo y será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México evalúa aplicar las agravantes de parentesco consanguíneo y uso de arma blanca en la imputación.

La zona permanece acordonada para facilitar el trabajo de peritos y especialistas forenses. Vecinos expresan temor y consternación ante la magnitud del caso y la violencia presenciada.

• Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 7 meses fallecieron tras ser atacados con arma blanca en su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero.• El presunto responsable, Jonathan “N”, fue detenido en el lugar, bajo presunto consumo de narcóticos; la Fiscalía investiga feminicidio y homicidio.• La hermana del agresor, de 28 años, resultó herida al intentar defender a su madre y es atendida en un hospital capitalino.

El primer trimestre de 2026 cerró con 130 víctimas de homicidio en Panamá, una cifra que representa una disminución de 9% frente a igual periodo de 2025, cuando se registraron 143 casos.

Sin embargo, el dato agregado oculta una dinámica relevante: marzo se convirtió en el mes más violento del trimestre, con 53 homicidios, superando ampliamente a enero con 42 y febrero con 35, lo que evidencia una tendencia al alza en la violencia letal hacia el cierre del periodo.

El desglose mensual confirma esta evolución. Enero concentró el 32% de los homicidios, mientras que febrero representó el 27%, pero marzo acumuló el 41% del total de casos, consolidándose como el punto más crítico del trimestre.

Este comportamiento plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en el corto plazo, ya que, aunque el acumulado muestra una baja interanual, la intensidad de los hechos en marzo rompe la tendencia inicial del año.

A nivel geográfico, la violencia homicida se mantiene concentrada en áreas específicas. Panamá registró 52 casos (40%), seguido de San Miguelito con 26 (20%) y Panamá Oeste con 17 (13%), mientras que Colón reportó 22 homicidios (16.9%). Estas cuatro zonas agrupan la mayoría de los hechos, confirmando la persistencia de focos territoriales de alta incidencia delictiva, mientras que provincias como Bocas del Toro, Veraguas y comarcas indígenas no registraron casos en este periodo.

El perfil de las víctimas también refleja patrones claros. El 94% de los homicidios corresponde a hombres (122 casos), frente a un 6% de mujeres (8 casos), lo que confirma que la violencia letal sigue afectando principalmente a la población masculina.

No obstante, dentro de este total se incluyen los casos de femicidio, que requieren un análisis diferenciado por su naturaleza y contexto.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de jóvenes adultos. Las personas entre 18 y 24 años concentran 40 víctimas (30.8%), seguido por el rango de 25 a 29 años con 26 casos (20%), lo que implica que más de la mitad de los homicidios se concentra en población joven.

Esta distribución evidencia una alta exposición de jóvenes a dinámicas de violencia, vinculadas en muchos casos a entornos urbanos y actividades delictivas.

El tipo de arma utilizada refuerza el patrón de criminalidad violenta. El 83.8% de los homicidios se cometió con armas de fuego (109 casos), muy por encima de las armas blancas con 12 casos (9.2%). Otros mecanismos como asfixia mecánica (2 casos) e incendiarismo (1 caso) tienen una incidencia marginal, mientras que un 4.6% permanece sin determinar, lo que sugiere investigaciones en curso o limitaciones forenses en algunos casos.

El análisis comparativo por región entre 2025 y 2026 muestra comportamientos mixtos. Colón registra una reducción de 33%, mientras que Panamá baja 13% y San Miguelito 7%, pero otras áreas presentan incrementos, como Panamá Oeste con un alza de 21%, y provincias como Chiriquí y Coclé con aumentos de 67%.

Este contraste refleja que la disminución nacional no es homogénea, sino resultado de variaciones territoriales con realidades distintas.

En paralelo, el informe de femicidios aporta una dimensión adicional a la violencia registrada. Durante el primer trimestre se contabilizan 7 femicidios, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujer, siendo marzo nuevamente el mes más crítico con 4 femicidios, frente a 1 en enero y 2 en febrero. Esto evidencia que, al igual que en los homicidios generales, existe una concentración de los hechos en el último mes del periodo analizado.

El desglose de femicidios también muestra concentración territorial. San Miguelito lidera con 3 casos, seguido de Panamá Oeste con 2, mientras que otras provincias registran incidencias menores. En cuanto a los métodos, predominan las armas de fuego con 4 casos, aunque también se reportan situaciones con arma blanca, asfixia mecánica y casos sin determinar, lo que refleja la diversidad de escenarios en los que ocurre la violencia de género.

A nivel global, la violencia entre jóvenes se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 193,000 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren cada año por homicidio, lo que representa cerca del 40% del total de homicidios en el mundo, una proporción que evidencia el peso desproporcionado de este fenómeno en la población joven.

Este patrón es especialmente marcado en regiones como América Latina, donde los homicidios figuran entre las principales causas de muerte en hombres jóvenes, reflejando una combinación de factores como desigualdad, exclusión social y acceso a entornos violentos.

Organismos como UNICEF advierten que la violencia letal es solo una parte de un problema más amplio, ya que alrededor de 130,000 niños y adolescentes menores de 20 años mueren cada año por causas violentas, y la mayoría son varones en etapas avanzadas de la adolescencia.

Además, el impacto va más allá de las víctimas directas: millones de jóvenes crecen expuestos a entornos violentos, lo que incrementa el riesgo de reproducción de estos patrones en el tiempo. Este escenario confirma que la violencia juvenil no solo es un tema de seguridad, sino un problema estructural con consecuencias sociales, económicas y generacionales que sigue desafiando a los sistemas de prevención a nivel global.

La tranquilidad en la pequeña localidad de Quilino, al norte de la provincia de Córdoba, se vio alterada desde anoche, luego del violento crimen de una jubilada de 82 años, a la que hallaron en su casa, en medio de una escena macabra. Por el hecho fueron detenidos un hombre y una mujer, que serían sus vecinos.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en la noche del viernes y aparentemente se trató de un intento de robo. Si bien esa es la principal hipótesis que maneja la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, la investigación recién comienza y aún no se descarta ninguna posibilidad.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el cuerpo de la víctima fue encontrado maniatado y con múltiples golpes y lesiones. En el lugar trabajó personal de la Departamental Ischilín de la Policía junto con el gabinete científico de la Policía Judicial, que realizó las pericias tras el levantamiento del cuerpo.

En el lugar trabajaron equipos especializados para recabar pruebas y esclarecer la mecánica del hecho. Aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente todos los detalles, las primeras teorías del caso apuntan a que la mujer habría sido atacada por delincuentes que ingresaron a su vivienda con fines de robo.

La investigación del hecho, sin embargo, avanzó ágilmente y apenas horas del hallazgo del cadáver de la víctima, la Policía logró la detención de tres sospechosos. Según confirmaron las fuentes consultadas por este medio, dos de los sospechosos son una pareja conformada por un hombre 33 años y una mujer de 36, quienes serían vecinos de la jubilada. En ese sentido, anticiparon que en las próximas horas podría haber más detenciones.

Tercer sospechoso detenido

“El cuerpo presentaba signos de ataduras en los tobillos y la boca tapada, lo que es indicio de que no se trataba de una muerte natural, sino de un hecho delictivo”, explicó la fiscal en diálogo con Cadena 3, donde además confirmó que hay una tercera persona arrestada y que en el corto plazo podría haber más detenciones, aunque se abstuvo de dar más detalles para no adelantar datos que afecten la investigación.

Los sospechosos habrían ingresado al domicilio con fines de robo, según creen los investigadores. “Constatamos el faltante de dinero que la señora tenía como ahorros”, precisó la fiscal al medio cordobés.

La causa fue inicialmente calificada como homicidio en ocasión de robo, aunque la funcionaria advirtió que la imputación podría modificarse. “Dos de las personas que habrían ingresado eran conocidas por la víctima, lo que nos lleva a pensar que la muerte pudo haber sido para evitar que los reconociera”, señaló la funcionara, con lo que confirma el dato al que accedió Infobae. Los tres fueron imputados por el mismo delito.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta relación entre la ganadería, la deforestación y economías ilegales en el país.

El pronunciamiento se dio a través de su director técnico, José de Silvestri, que explicó de forma directa cuál es el papel que cumple el gremio y cómo funciona el proceso de vacunación del ganado en Colombia.

Según indicó De Silvestri la labor de Fedegán es concreta y no incluye funciones judiciales ni de control sobre la propiedad de la tierra. “Nosotros vacunamos, no nos importa de quién sea el ganado, tenemos que vacunar porque la prioridad es blindar el país contra la fiebre aftosa”, señaló.

El directivo insistió en entrevista con Contexto Ganadero en que el gremio no tiene competencia para determinar si un predio es legal o ilegal. “Esa no es nuestra responsabilidad. La autoridad competente deberá decir si un predio es legal o ilegal. A nosotros nos compete vacunar el 100% del hato ganadero”, explicó.

El programa de vacunación bovina en Colombia es obligatorio y se realiza en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). De acuerdo con las cifras entregadas por Fedegán, cada año se desarrollan dos ciclos de vacunación que abarcan cerca de 615.000 predios, más de 700.000 ganaderos y alrededor de 30 millones de animales.

De Silvestri detalló que el proceso no se limita a los registros previos. “Nosotros vamos a predios que están en el inventario del ICA y si encontramos animales fuera de ese registro, también debemos vacunarlos. Es la única forma de proteger el estatus sanitario del país”, afirmó.

La cobertura de este programa supera el 99%, lo que, según el gremio, lo convierte en un modelo reconocido internacionalmente. “Es una campaña exitosa, ejemplo en el hemisferio”, sostuvo el director técnico.

Las declaraciones del presidente Petro generaron controversia al sugerir que la actividad ganadera en la Amazonía podría estar relacionada con el lavado de activos y que las jornadas de vacunación facilitarían esas prácticas. A esto se sumaron comentarios de la ministra Irene Vélez sobre el uso del glifosato y su relación con la expansión de la ganadería.

Frente a este punto, De Silvestri explicó que el glifosato es un producto de uso común en el sector agrícola. “El glifosato es un herbicida de uso común en la agricultura. Lo que hace es detener el crecimiento de la vegetación de manera temporal para introducir cultivos. Eso no es praderización, están totalmente equivocados”, dijo.

Sobre la deforestación en regiones como la Amazonía, el vocero de Fedegán señaló que se trata de un fenómeno más complejo. “Primero talan, venden la madera, luego hacen cultivos ilícitos y después meten ganado. Pero el origen no es la ganadería, es la ilegalidad”, explicó.

El directivo también advirtió que la situación de orden público ha dificultado el cumplimiento de las jornadas sanitarias en algunas zonas del país. “En el último ciclo no pudimos entrar a zonas como Caquetá o Guaviare por paros armados. Si aparece un brote de fiebre aftosa allí, el país pierde su estatus sanitario y ahí se nos vendrían encima”, alertó.

Fedegán enfatizó que su trabajo está enfocado en la sanidad animal y la protección del estatus sanitario del país, un aspecto clave para la producción de alimentos. “Respondemos por más de 600 mil predios y millones de animales. No por dos o tres actores ilegales”, concluyó De Silvestri.

“La ganadería en el Amazonas es, en muchos casos, un simple lavado de activos”, fueron las palabras con las que el presidente afirmó que el ganado no se utiliza necesariamente por su valor alimentario o productivo, sino como una herramienta para “limpiar” dinero proveniente de economías ilícitas (narcotráfico y minería ilegal) y para ocupar tierras de manera “visible” ante el Estado.

Durante el consejo de ministros del 22 de abril, Petro describió un ciclo donde la vaca es el eslabón final de una cadena de delitos ambientales. Según su tesis, el ganado sirve como una “prueba de posesión” que los actores ilegales utilizan para reclamar derechos sobre baldíos de la nación que han sido deforestados.

Por medio de un comunicado emitido en redes sociales, el sospechoso fue visto durante mayo de 2025 en el centro y las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. Además, difundieron los últimos dos videos que se obtuvieron de él. En uno de ellos, se lo vio vistiendo un uniforme de taekwondo.

En línea con esto, las autoridades precisaron que el hombre involucrado debe presentarse ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, situada en Fructuoso Rivera 720, 1° piso, barrio Observatorio, en el horario de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Incluso, pidieron que cualquier información útil para identificarlo sea reportada a los teléfonos 351-4332659 o al 911, mencionando el sumario 50/25.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el hombre buscado estaría vinculado a la investigación de un homicidio ocurrido en mayo de 2025 en barrio Alberdi. Según el expediente, el 9 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años dentro de un departamento ubicado sobre la calle 27 de Abril al 900.

El hallazgo lo realizó el padre de la víctima, quien encontró el cadáver en una habitación con signos evidentes de incendio. Los indicios del fuego eran visiblemente notorios en un colchón, por lo que se pidió la presencia de los efectivos de la Dirección de Bomberos para que pudieran evaluar el hecho.

La investigación también involucró al Gabinete Científico de la Policía Judicial y el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, quienes realizaron pericias en el lugar para establecer las causas y circunstancias del crimen. Las autoridades continúan recolectando datos y analizando pruebas con el objetivo de esclarecer el caso y dar con el paradero del hombre buscado.

Investigan a una mujer por la muerte de su acompañante, luego de que perdiera el control del auto y chocara

En la madrugada de este jueves 23 de abril, una mujer al volante de un Volkswagen Voyage perdió el control del vehículo en la colectora de la Circunvalación, a la altura del cruce entre avenida Agustín Tosco y Concejal Felipe Belardinelli, en el barrio General Artigas de la ciudad de Córdoba.

Según las fuentes policiales, el auto salió de su trayectoria, impactó contra un cartel y terminó sumergido en una zanja, lo que dejó como saldo un hombre muerto y la intervención del personal policial y los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió cuando, por motivos que las autoridades aún intentan esclarecer, el automóvil que conducía la mujer se despistó de manera repentina. El vehículo chocó de lleno contra una estructura y detuvo su marcha abruptamente en una franja lateral de la colectora, dentro de una zanja. La conductora era acompañada por un hombre, quien sufrió politraumatismos severos como resultado del impacto.

Un servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo. El hombre fue diagnosticado con múltiples lesiones graves y trasladado de urgencia al Hospital Misericordia, donde el equipo médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, la muerte del acompañante fue confirmada horas después del accidente, pese a los esfuerzos realizados.

En el caso de la conductora del automóvil, mayor de edad, no presentó lesiones tras el siniestro. No obstante, el personal policial desplegó un operativo en la zona para relevar pruebas materiales e iniciar las actuaciones correspondientes, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

La Justicia tomó intervención inmediata en el caso, comenzando la tarea de determinar las causas que derivaron en el despiste y el choque fatal. Según se informó, las circunstancias que rodean el accidente permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis respecto a la dinámica del siniestro vial.

Asimismo, aclararon que el expediente permanecerá bajo la órbita judicial hasta que se definan las responsabilidades y se esclarezcan los motivos exactos que llevaron al Volkswagen Voyage a colisionar contra el cartel y terminar en la zanja.

Micaela Valeria Benitez, una mujer trans de 37 años fue hallada sin vida en su vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza, tras un ataque con arma blanca que ocurrió a principio de la semana. Días más tarde, hubo un avance en la investigación cuando un acusado fue detenido en González Catán. El hombre, que ya tenía una orden de detención nacional e internacional, la habría contactado para comprarle un automóvil y terminó apuñalándola.

El señalado fue identificado como Elías Luna de 28 años, quien fue localizado por la policía tras refugiarse en la casa de un familiar, según informó el medio Primer Plano Online. Tras el brutal episodio el detenido espera ser indagado bajo la imputación inicial de “robo agravado y homicidio criminis causa”, un delito cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

La instrucción del caso recayó en el fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. Arribas ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del sospechoso, ubicada en la intersección de las calles Mompox y Ramos Mejía, aunque para entonces Luna ya no se hallaba en el domicilio. El operativo continuó desplazándose hasta González Catán, donde los efectivos montaron una vigilancia encubierta en la vivienda de un familiar. Luna intentó escapar cuando fue interceptado, pero la policía logró reducirlo y detenerlo.

La investigación determinó que el ataque se produjo en la casa de Benítez, ubicada sobre la calle Santiago del Estero y Horacio Quiroga, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3. La víctima había publicado en redes sociales la venta de un Ford Fiesta y según declaró Cintia Benítez, hermana mayor de la víctima: “La engañó con que estaba interesado en comprarle el auto, Vale se dio cuenta y se ve que se salió todo de las manos”.

“No sabemos si intentó abusarla y ella se defendió, pero lo que sí sabemos es que la apuñaló varias veces y la mató. Tenía un corte profundo en el cuello”, relató el familiar de la víctima. Cintia también recordó a su hermana: “Vale era un ser alegre, lleno de luz, que vivió como quería vivir. Cuidó a una señora mamá de un amigo nuestro y se compró el auto con su esfuerzo. Luchó toda la vida para ser quien quería. Había mucha gente que la juzgaba y ella siempre enfocada en su objetivo: era todo lo que estaba bien. Queremos justicia y que este asesino pague por lo que hizo”.

La reconstrucción del crimen

La víctima fue hallada sin vida, tendida en el piso de su dormitorio, en ropa interior y presentando múltiples heridas. El contexto en el que encontraron el cuerpo mantiene abierta una de las principales incógnitas del caso: si se trató de un ataque sexual frustrado ante el cual Benítez se habría defendido, lo que derivó en el homicidio y posterior robo del vehículo.

Un llamado al 911 alertó sobre gritos en la vivienda y el esclarecimiento del crimen resultó posible gracias al testimonio de una vecina, quien vio salir al agresor de la vivienda, corriendo y con las manos ensangrentadas. Cuando la testigo lo interpeló, Luna respondió: “No se meta, son problemas de pareja”, antes de huir del lugar en el vehículo de Benítez.

Al ingresar a la casa, la policía encontró a Valeria Benitez sin vida y con heridas de arma blanca en el cuello, torax y la espalda. Además, al recorrer la escena, hallaron en el baño un cuchillo pequeño con sangre. Mientras las autoridades siguen realizando investigaciones para sumar a la causa, un dato contundente es que el auto nunca fue recuperado. El proceso judicial avanzará a partir de las pruebas reunidas, el testimonio de la vecina y la recuperación del Ford Fiesta.

Un vendedor de drogas y su acompañante fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Darío Cucit, un hombre de 36 años de Correa, provincia de Santa Fe, durante un intento de robo de su automóvil. La decisión judicial representa el cierre de un proceso penal que involucró pruebas periciales, análisis de comunicaciones y registros audiovisuales para reconstruir los hechos y determinar la autoría del crimen.

Cucit tenía problema de adicciones a las drogas y acumulaba una importante deuda económica, por eso decidió vender su Ford Fiesta para intentar saldar parte de esas deudas. El fallo, dictado este jueves por el tribunal integrado por las juezas Marisol Usandizaga, Brenda Coassolo y Griselda Strologo en los Tribunales de San Lorenzo, marcó el fin de una investigación que reveló que la presunta compraventa del vehículo fue en realidad una emboscada de los imputados: Ramón Alberto Rojas de 59 años e Iván Castillo de 36 años.

La victima fue vista por última vez cuando salió de su hogar en Correa a las 19.20 del martes 30 de julio de 2024. Se dirigió por la Ruta 9 hasta encontrarse con Ramón Alberto Rojas, domiciliado en las cabañas del Parque Sarmiento de Carcarañá y señalado como vendedor de drogas, quien estaba acompañado por Iván Castillo, oriundo de Buenos Aires. El camino que tomaron quedó documentado gracias a filmaciones de las cámaras de seguridad, que registraron los vehículos circulando por Ruta 9.

A las 20 horas, tras una breve conversación, ambos vehículos se dirigieron hacia Luis Palacios y media hora después, se oyeron los disparos. Cerca de la entrada de la estancia Santa Eulogia, los homicidas despojaron a Cucit de su auto y su teléfono y lo asesinaron disparando cinco tiros. A las 22 horas, la Policía notificó el hallazgo del cuerpo.

El fallo judicial, impuso la pena de prisión perpetua a los responsables. La justicia determinó que el asesinato de Gonzalo Cucit respondió a un robo planificado y ejecutado con extrema violencia, en el marco de una transacción que involucraba a personas vinculadas al narcotráfico regional.

La investigación

La investigación del fiscal Aquiles Balbis reunió testimonios, peritajes y análisis de los teléfonos móviles implicados. El seguimiento de las líneas telefónicas coincidió con los desplazamientos de la víctima y los acusados desde Correa hasta el sitio del asesinato. A esto se sumó la prueba registrada en cámaras, que mostró tanto el encuentro entre los vehículos como los trayectos clave.

En el juicio no se logró establecer cuál de los acusados efectuó los disparos, por lo que ambos fueron sentenciados como partícipes necesarios del delito de homicidio criminis causa, figura que implica asesinar para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo del vehículo.

Iván Castillo fue vinculado de forma directa al hallar en su poder la tarjeta de memoria que pertenecía al celular de Cucit. La prueba estaba oculta en la cabaña de Rojas y, pese a que el dispositivo había sido formateado, un análisis forense permitió recuperar imágenes tomadas por la víctima, donde se lo veía tocando la batería o junto a sus mascotas.

Por otro lado, también analizaron a quien conectó a Cucit y Rojas para simular la compra del vehículo, Claudio “Mono” Martin. Fue imputado como partícipe del crimen tras hallarse en su domicilio un cuaderno con anotaciones que confirmaban la deuda de la víctima con él. Las cámaras constataron que Rojas visitó su casa antes y después del asesinato. Martin terminó quitándose la vida en prisión durante el proceso, declarando su inocencia en una de las audiencias.

Durante el cierre del juicio, una hermana de Gonzalo Cucit expresó: “Siento un gran alivio: se hizo justicia por mi hermano. Ahora va a estar tranquilo. Los tipos van a estar presos por mucho tiempo. Se lo merecían, porque la verdad es que mi hermano no se merecía que le hicieran lo que le hicieron”.

A casi dos años del crimen, declaró por primera vez Renzo Karban, acusado de asesinar a su hermana Romina en Chaco. La defensa del imputado volvió a exigir que la investigación contemple otras hipótesis, insistiendo en que la pesquisa oficial se sostuvo desde el inicio sobre una única línea.

Romina Karban fue asesinada el 8 de mayo de 2024 en un campo familiar en Chaco. Su hermano es el único sospechoso por el crimen. La Fiscalía sostiene que el móvil fue económico, ya que Renzo habría matado a su hermana para quedarse con la herencia de un campo.

De acuerdo con la autopsia, Romina recibió cinco disparos y la acusación considera que hubo alevosía y codicia.

La causa judicial que se tramita en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Durante la audiencia preliminar realizada antes de la elevación a juicio por jurado popular, la fiscal María Rosa Osiska solicitó a la jueza Rosana Glibota diversas nulidades respecto de actos procesales de la investigación penal. Este pedido derivó en que parte de la causa regrese a etapa de investigación, hecho que reconfigura el curso del proceso.

El fiscal César Collado prepara una nueva resolución de prisión preventiva para Karban, ajustada al estado actual del expediente. La medida incluiría una nueva imputación y consideraría los elementos que surjan de la investigación suplementaria.

El imputado cambió de representación legal el 10 de abril, pasando de defensa oficial a la abogada María José Beliz Gómez. En su declaración ante el fiscal, Karban negó el hecho y se declaró inocente y aseguró que testigos pueden confirmar su coartada en los momentos en que se lo acusa de cometer el crimen.

La defensa del imputado anunció que solicitará peritajes sobre los teléfonos celulares de otras personas potencialmente implicadas. El equipo legal se abstuvo de anticipar detalles de la estrategia, aunque su abogada declaró: “Tenemos más que varias razones para suponer hipótesis que manejamos y no se investigaron en cuanto a lo que hay en el expediente”.

“Vimos desde el inicio una cierta tendencia en la investigación del asesinato de Romina, que incluso hasta se puso en duda la dependencia judicial, por la ubicación catastral donde encontraron el cuerpo de la joven”, recordó Beliz Gómez.

El proceso continuará con la revisión de pruebas y la posible ampliación de imputaciones, en una causa que aún busca esclarecer la muerte de Romina Karban y determinar si existieron otras personas involucradas, de acuerdo con la cobertura de Diario Norte.

El crimen de Romina

Romina Karban fue hallada muerta el 8 de mayo de 2024 en el campo familiar ubicado en la localidad chaqueña de La Verde. La joven había desaparecido horas antes y su cuerpo fue encontrado con cinco disparos, dos en la cabeza y tres en la espalda, lo que para la fiscalía demostró alevosía y la intención de asegurar la muerte.

El cuerpo fue encontrado entre matorrales, boca abajo y según el informe forense, no presentaba signos de resistencia o lucha. Su moto estaba a 50 metros de donde se produjo el hallazgo. A su vez, la Policía Científica encontró casquillos de un arma 9 mm. Al inicio de la investigación, la Fiscalía había detenido a la pareja de la víctima, pero fue liberada al poco tiempo.

La investigación se centró rápidamente en su hermano, Renzo Karban, quien fue imputado por homicidio agravado. La Fiscalía considera que el asesinato estuvo motivado por disputas familiares relacionadas con la sucesión de la propiedad rural. Tras la muerte del padre en diciembre de 2023, la distribución del campo familiar quedó en proceso. Para los investigadores, el crimen buscó eliminar a una heredera directa, lo que habría facilitado el acceso de Renzo Karban a la totalidad de los bienes familiares.

Un jurado popular de Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y a Ariana Gisele González, de 25 años, por la muerte de su bebé de dos meses, Kathaleya Quetzaly, ocurrida el 12 de octubre de 2021. Ambos fueron acusados por homicidio agravado por el vínculo y alevosía luego de que la recién nacida sea ingresada al Hospital Militar con signos de violencia.

El tribunal consideró a Hernández autor penalmente responsable del delito, mientras que a González, fue responsabilizada por el mismo delito, pero con atenuaciones extraordinarias.

La decisión se produjo tras siete días de debate y una extensa deliberación, según el medio local Elonce. Desde su arresto, la pareja permaneció detenida, bajo arresto domiciliario.

Las investigaciones indicaron que la niña habría padecido agresiones reiteradas durante semanas, lo que provocó un cuadro clínico cuyos daños resultaron en el desenlace fatal. De acuerdo con las pericias, la beba tenía 18 lesiones externas y varias internas, incluidas 5 costillas fracturadas y hemorragias en cabeza y ojos.

El proceso judicial avanza hacia la audiencia de cesura, para definir la pena. Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vílchez y Evangelina Santana, mientras que las defensas fueron ejercidas por Mariana Montefiori, Antonela Manfredi, Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

El juicio comenzó el martes 14 de abril. La acusación formal de la Fiscalía señala la existencia de violencia extrema en la muerte, hecho sucedido en octubre de 2021. La fiscal Evangelina Santana abrió el juicio aseverando que “a Kathaleya la destruyeron González y Hernández”.

Por su parte, la defensa de Cristian Gabriel Hernández ratificó la inocencia de su representado y aseguró que “no tuvo participación en los hechos”. De esa manera, sostuvo que el cuidado de la beba recaía exclusivamente en González, señalando que Hernández trabajaba como soldado voluntario en jornadas de hasta 48 horas. “Mi defendido estaba preocupado por la salud de Ariana, quien padece epilepsia”, afirmó el defensor, Rodrigo Juárez, ante el jurado.

La defensora pública Antonela Manfredi argumentó que Ariana Gisele González fue víctima tanto de violencia física como psicológica ejercida por Hernández en el domicilio compartido: “Ariana fue una más de las víctimas de Hernández”. La profesional destacó la existencia de un “retraso madurativo leve”, epilepsia y una depresión postparto severa documentada, condiciones que, según su alegato, le impidieron pedir auxilio o proteger a su hija.

Los hechos

Todo comenzó cuando González, la madre de la recién nacida, llamó al 911 porque la bebé no respiraba. Un patrullero que se encontraba cerca acudió de inmediato, trasladando a madre e hija al hospital Militar. Pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron el deceso en la guardia. La vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en Arroyo Correntoso y Nazario Medrano, había sido alquilada por la pareja hacía un año.

“Fue una muerte violenta, por conjunción de cosas y muchas lesiones”, señalaron fuentes de la investigación a Infobae. El informe preliminar de autopsia señalaba que la muerte fue causada por múltiples agresiones previas. Según la acusación, ambas personas imputadas ocasionaron una “lesión cerebral de tipo traumática que le produjo la muerte” a su hija mediante golpes y agresiones físicas sostenidas por al menos 30 días.

La Fiscalía sostuvo que los padres “incumplieron su deber de evitar todo tipo de riesgo para su vida y prevaliéndose de su mayor fuerza física y de la nula capacidad de defensa de la niña”. Con el propósito de determinar la dinámica de los hechos y obtener detalles sobre el cuidado que recibió la menor, la fiscal Evangelina Santana dispuso el resguardo policial de los acusados y la preservación del domicilio.

Vecinos del distrito de Tumán, en Chiclayo, tomaron la justicia por mano propia cuando descubrieron a dos hombres en el interior de una chacra supuestamente intentando cometer un robo. La intervención popular derivó en la retención, golpiza y posterior arrojo de los presuntos ladrones a un canal de regadío. Las consecuencias fueron fatales: uno de los implicados, Bernardino Flores Irene, fue hallado sin vida, mientras que el otro, Jonathan Abad Quintana, sobrevivió y presentó una denuncia ante las autoridades.

La reacción vecinal, que incluyó maniatar y vendar los ojos de los sospechosos antes de lanzarlos al agua, ha abierto ahora una investigación policial que busca esclarecer los detalles del suceso, determinar responsabilidades penales y examinar tanto la muerte de Flores Irene como la actuación colectiva de los residentes.

Según datos de la Policía Nacional del Perú proporcionados por el general Luis Bolaños Melgarejo al medio La República, la investigación enfrenta obstáculos por la ausencia de cámaras de vigilancia en la zona, así como por la versión de Abad Quintana, quien no logró identificar a sus captores ni al propietario de la chacra.

El hecho ocurrió entre la noche del lunes 20 y la madrugada del miércoles 22 de abril, periodo durante el cual el temor y la incertidumbre prevalecieron en la comunidad local de Ferreñafe. Perú 21 confirmaría más tarde, tras el hallazgo del cadáver, el desenlace letal de una acción colectiva cuya motivación fue detener un presunto delito.

Retienen y golpean a dos sujetos señalados como ladrones

La secuencia comenzó, según el relato policial citado por La República, en horas previas al incidente, cuando Jonathan Abad Quintana declaró haber estado en un bar de Tumán con Bernardino Flores Irene, apodado ‘Batería’. De acuerdo con su testimonio, fue Flores quien sugirió trasladarse a una chacra del sector rural San Tumán para sustraer sacos de urea.

Ambos hombres acudieron en mototaxi hasta la zona, donde fueron detectados por los moradores en el momento en que, presuntamente, intentaban ingresar ilícitamente al predio. La respuesta comunitaria fue inmediata: los interceptaron, los golpearon, les ataron pies y manos y les vendaron los ojos. Tras permanecer retenidos durante varias horas bajo vigilancia popular, aproximadamente a las 22h ambos fueron arrojados al canal de regadío Taymi.

Solo Abad Quintana pudo liberarse de sus ataduras y salir del agua, tras lo cual, temiendo por su vida, acudió directamente a la comisaría de Tumán. En su denuncia refirió un intento de homicidio y aportó detalles de la participación de Flores Irene, aunque más tarde declararía no haber logrado reconocer a los vecinos involucrados.

Confirman muerte de ‘Batería’ tras hallazgo de cuerpo en acequia

La desaparición de Flores Irene, alias ‘Batería’, mantuvo en vilo durante más de un día tanto a vecinos como a las fuerzas de seguridad. Perú 21 informó que en la mañana del miércoles 22 de abril, los habitantes de Ferreñafe detectaron un cuerpo flotando en la acequia La Alameda, situada a varios kilómetros del sitio original del incidente.

El hallazgo movilizó a representantes del Ministerio Público, agentes de criminalística y peritos, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas. De acuerdo con la información de La República, tras intensas labores de búsqueda sobre el cauce, se confirmó oficialmente el fallecimiento de Flores Irene, cuyas circunstancias ahora son objeto de investigación penal por presunto homicidio y omisión de socorro.

La muerte del hombre de 47 años se produce en el marco de un acto de justicia extrajudicial que, en palabras del general Luis Bolaños Melgarejo, “es inaceptable y será perseguido conforme a la ley”. En toda la zona rural persiste el temor de nuevos estallidos de violencia colectiva y la exigencia de mayores medidas de seguridad.

Familia de Flores Irene niega su participación en presunto robo

Pese al señalamiento popular, la familia de Bernardino Flores Irene rechaza la hipótesis de su vinculación con el robo en la chacra de Tumán. Su esposa aseguró a Perú 21 que él “no estaba involucrado en ese delito”, sembrando dudas sobre la autenticidad del móvil atribuido por el grupo de vecinos.

Esta declaración contradice el testimonio inicial de Jonathan Abad Quintana, quien había indicado en su denuncia policial la presunta participación de Flores Irene en la tentativa de robo de insumos agrícolas. La investigación policial deberá determinar la veracidad de ambas declaraciones, así como establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados que participaron en los hechos, tanto como presuntos autores como víctimas.

En paralelo, la falta de pruebas directas y la imposibilidad de identificar a los atacantes convierten el caso en un desafío judicial para las autoridades. El jefe policial de la región Lambayeque confirmó a La República que “la investigación sigue abierta y se agota cada línea de indagación, incluida la reconstrucción de los hechos con los sobrevivientes y testigos disponibles”.

Se trata de Jasith Sangama, madre de dos menores, quien logró sobrevivir a dos atentados en menos de dos semanas. Desde entonces, asegura que no tiene una vida estable, cambia constantemente de ubicación y teme que pueda ocurrir un tercer ataque. Su testimonio se conoce en medio de las investigaciones policiales que ya lograron la captura del presunto sicario involucrado en el caso.

“Vivo asustada”: el testimonio de la sobreviviente del ataque de sicario en Lima

Con la voz entrecortada, Jasith Sangama relató cómo cambió su vida tras convertirse en víctima de un caso de sicariato en Lima. La mujer aseguró que vive en alerta permanente y que ha tenido que alejarse de su entorno habitual para protegerse.

“Terrible, horrible. Todo esto ha cambiado mi vida. Vivo asustada. Estoy en diferentes lugares porque temo, temo por mi vida, por lo mis, por mis hijos también”, expresó al recordar los momentos de terror que vivió durante el ataque.

Según detalló, ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, donde un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones. Días después, el segundo ataque se produjo en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María, cuando un sicario la interceptó y le disparó al menos cinco veces mientras intentaba refugiarse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima corre hacia el interior del edificio, intenta esconderse detrás de la caseta de vigilancia, pero es alcanzada por el atacante, quien abre fuego sin detenerse. Pese a la gravedad del hecho, logró sobrevivir y fue trasladada a un centro de salud.

En su declaración, también responsabilizó directamente a su expareja como el presunto autor intelectual del crimen. “Cien por ciento segura que es él. Lo dijo el sicario también, que fue enviado, que fue enviado por mi esposo, mi aún esposo”, afirmó.

Inicialmente, pensó que el motivo estaba relacionado con la demanda de pensión de alimentos para sus hijos, pero luego sostuvo que el trasfondo sería una disputa por bienes económicos. “A un principio pensé que era por la denuncia de la pensión de alimentos… pero me llego a enterar por medio del sicario que son por los bienes que me está... que me quiere matar”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto emocional en sus hijos. “Ellos están viviendo un trauma psicológico horrible que jamás olvidarán y justamente porque viene de parte de su padre”, indicó, al tiempo que pidió protección y justicia para su familia.

Captura del sicario y claves del caso que investiga la Policía

En paralelo al testimonio de la víctima, la Policía Nacional del Perú logró capturar a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, quien confesó ser el autor material del ataque armado ocurrido el pasado 24 de marzo en Jesús María. Su identificación fue posible gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa parte de su rostro mientras huía en una bicicleta tras disparar contra la mujer.

De acuerdo con las investigaciones del Depincri Jesús María, ya existían indicios que vinculaban a Pizarro Cabrera con la tentativa de homicidio, lo que permitió su intervención. Además, se conoció que el detenido contaba con antecedentes y una requisitoria vigente por el delito de pornografía infantil.

El caso también involucra a la expareja de la víctima, José Luis Amasifuen Samasi, quien fue detenido como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, fue liberado pese a existir un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, lo que ha generado preocupación en el entorno de la agraviada.

Durante las diligencias, el sicario habría revelado detalles sobre cómo se negoció el ataque, lo que podría ser clave para determinar las responsabilidades detrás del crimen por encargo. Mientras tanto, la investigación busca establecer si hubo más personas involucradas en la planificación y ejecución del atentado.

Familiares de Jasith Sangama exigieron que se aplique la máxima sanción contra el sicario confeso y que se profundicen las indagaciones para identificar a todos los responsables. Asimismo, solicitaron que se agilice la intervención quirúrgica que aún necesita la víctima como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso continúa en desarrollo, mientras la mujer permanece en resguardo y evita cualquier rutina que pueda exponer su ubicación.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló que el Estado hondureño pone en marcha un plan integral orientado a atacar directamente las economías del crimen organizado.

“No solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”, afirma el funcionario.

La estrategia, prevista para el período 2026-2030, se sustenta en tres pilares: control territorial en zonas de alta incidencia, ataques a las economías criminales y fortalecimiento de la investigación e inteligencia.

Velásquez explica que el control territorial se basa en pruebas y análisis de datos, mientras que el componente financiero busca desarticular la logística de las estructuras delictivas mediante el decomiso de bienes y activos.

Reducir homicidios

El anuncio ocurre en medio de un aumento de la violencia. La ASJ reporta al menos 624 homicidios hasta el 10 de abril de 2026, un incremento del 5 % frente al año anterior. Honduras permanece entre los países más violentos de la región. La extorsión, el narcotráfico y el control territorial de pandillas permanecen como factores clave en la dinámica criminal.

Especialistas en seguridad consideran que atacar las finanzas del crimen organizado es una estrategia necesaria, pero advierten que no puede funcionar de manera aislada.

Las acciones represivas requieren apoyo en inteligencia, investigación y fortalecimiento institucional, ya que las estructuras criminales suelen reorganizarse de manera rápida si no se golpean por completo sus redes.

El analista Fernando Gonzáles sostiene que muchas estrategias actuales en la región responden a modelos de “mano dura”, similares a los implementados en otros países, aunque enfatiza la necesidad de adaptación al contexto local.

Otros expertos agregan que la falta de políticas integrales y sostenidas limita los resultados, destacando que el combate al crimen organizado exige no solo operativos policiales, sino también medidas sociales y económicas de prevención.

A nivel regional, especialistas consultados aseguran que el crimen organizado evoluciona hacia estructuras más complejas y diversificadas, por lo que las respuestas estatales deben ser igualmente integrales, combinando control territorial, inteligencia financiera y cooperación internacional.

Desafío y seguridad

Entre los principales retos para el plan de seguridad figuran la sostenibilidad en el tiempo, la coordinación entre instituciones estatales, la lucha contra la corrupción e impunidad y el respeto a los derechos humanos en los operativos.

Pruebas recientes muestran que medidas como los estados de excepción generan resultados mixtos, pues logran reducciones parciales de la violencia y provocan cuestionamientos sobre su efectividad e impacto. Esta herramienta sigue siendo cuestionada por organismos de derechos humanos, que sostienen que “el estado de excepción sin resultados precisos limita los derechos ciudadanos”, según las observaciones de la organización Cristosal.

El Gobierno afirma que la estrategia busca reducir los índices delictivos, recuperar la paz y la confianza ciudadana. Analistas coinciden en que el éxito depende de la implementación efectiva, la transparencia institucional y la capacidad estatal de desarticular integralmente las redes criminales que operan en el país.

El contexto en el que surge esta estrategia refleja una problemática estructural. Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH señalan que Honduras continúa enfrentando altos niveles de criminalidad, pese a reducciones registradas en años recientes.

Encontraron sin vida a Maximino Morel Duarte, un hombre de 89 años, en su vivienda de Garupá, provincia de Misiones. El hombre presentaba golpes en el cráneo. En el marco de la causa, hay una joven de 26 años detenida.

El episodio ocurrió en la mañana del lunes, cerca de las 9.30 horas, en el barrio Santa Clara, cuando un hombre de 81 años acudió al domicilio de su amigo. Tras no recibir respuesta, ingresó a la vivienda situada sobre la calle Oberá, entre Puerto Piray y El Dorado y se encontró una brutal escena. En el lugar, el testigo halló a Morel Duarte tendido en el suelo de la cocina, sin signos vitales y con lesiones compatibles con un hecho violento.

De acuerdo con el relato recogido por El Territorio, el testigo refirió que minutos antes una mujer había salido de la casa de la víctima y manifestó que el propietario se había caído. El hombre, al ingresar, constató la muerte de su amigo y el lugar quedó preservado para el trabajo de los peritos de Criminalística y del médico policial, quienes realizaron un primer examen.

Se detectaron daños en la región del cráneo de la víctima, lo que llevó a ordenar la autopsia médico legal para precisar la causa de muerte. Al mismo tiempo, la División Investigaciones de la Unidad Regional X, junto a la Dirección de Homicidios, desplegó tareas en el barrio, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos.

La detención de la mujer

Ese mismo día, lograron identificar a la mujer que fue vista saliendo de la vivienda del hombre de 89 años. Con las evidencias obtenidas, cerca de las 15 horas, Luz Noemí C, de 26 años, fue detenida en inmediaciones de las calles Posadas y 9 de Julio, a tan solo dos cuadras de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Maximino Morel Duarte.

Tras la detención, se realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde se incautaron prendas de vestir, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la víctima los investigadores hallaron un martillo tipo maza, que quedó secuestrado para peritajes. El operativo fue realizado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2 de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Monte, quien autorizó la medida y supervisó el procedimiento junto a personal policial.

Durante la inspección en el inmueble, los agentes detectaron en la parte posterior un sector utilizado como inquilinato. En ese espacio, se encontraron envoltorios con una sustancia blanca, una balanza de precisión y un teléfono celular. Tras las pruebas de campo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, por lo que intervino la Justicia Federal para el secuestro de los materiales.

La sospechosa permanece a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte de Morel Duarte y el posible vínculo con el hallazgo de droga en la propiedad. Hasta el momento, la mujer sigue detenida y no hay más información sobre el avance del caso. Una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y de los peritajes realizados sobre los elementos secuestrados, sería indagada sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan recabando testimonios y analizando registros fílmicos de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el posible móvil del crimen.

El asesinato de una psicóloga en un hogar de paso en Barrancabermeja continúa generando impacto nacional. Nuevos detalles revelan que la víctima ya había advertido sobre riesgos previos, según información obtenida por la Revista Semana.

La mujer habría sido amenazada días antes por adolescentes bajo su cuidado. El caso expone posibles fallas en las condiciones de seguridad dentro del sistema.

El crimen reabre el debate sobre la protección del personal en estos espacios. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Amenazas previas y advertencias ignoradas

El asesinato de Karelis Ismerlano, trabajadora de un hogar de paso en Barrancabermeja, ha generado conmoción en todo el país, especialmente tras conocerse nuevos detalles que apuntan a que el riesgo al que estaba expuesta ya había sido advertido días antes del crimen.

La mujer fue encontrada sin vida el pasado 9 de abril dentro de una fundación ubicada en el barrio La Libertad, luego de ser atacada por varios adolescentes que estaban bajo su cuidado. El caso ha cobrado relevancia por las circunstancias en las que ocurrió y por las alertas previas que, según su entorno cercano, no habrían sido atendidas.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Alejandro Cabarcas, la víctima enfrentaba condiciones laborales exigentes, con turnos nocturnos en diferentes hogares del ICBF, lo que implicaba una exposición constante a situaciones de riesgo.

“A ella le tocaba hacer turnos en diferentes casas… pasaba toda la noche en esa casa del ICBF”, relató Cabarcas, citado por Semana, al explicar el contexto en el que se desempeñaba la psicóloga.

El hombre también señaló que en el lugar donde ocurrió el crimen ya se habían presentado problemas de convivencia con algunos de los jóvenes. “En esa casa había dos pelados, ya grandes”, indicó, citado por ese medio de comunicación.

Según su relato, estos adolescentes mostraban comportamientos agresivos y reiteradas actitudes hostiles hacia la víctima. “Empiezan a decirle groserías, la insultaban, la trataban mal”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando, tras un altercado que obligó a la intervención de la Policía, uno de los jóvenes lanzó una amenaza directa. “El pelado la señala y le dice: ‘ah, sí, usted me las paga’”, recordó, citado por ese medio de comunicación.

Días después, la situación habría escalado aún más con un presunto intento de intoxicación dentro del mismo hogar. “Me dijo: ‘Esos chinos me tuvieron que haber echado algo en el agua’”, relató Cabarcas, citado por ese medio de comunicación. Exámenes médicos confirmaron la presencia de medicamentos en su organismo.

A pesar de estos antecedentes, la mujer regresó a trabajar al mismo lugar, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la gestión del riesgo en este tipo de instituciones.

La noche del crimen y cuestionamientos al sistema

Los detalles sobre la noche del crimen reflejan un escenario de alta tensión que terminó en un desenlace fatal. Según el testimonio conocido a través del pódcast Conducta Delictiva, los hechos habrían ocurrido en medio de un episodio de violencia extrema dentro del hogar.

“Ya era una noche de terror, ya era algo escalofriante”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación, al referirse a lo sucedido.

El relato también señala que una menor habría presenciado los hechos, lo que agrava la dimensión del caso y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que convivían los adolescentes dentro del lugar.

De acuerdo con la información conocida, en la vivienda convivían varios jóvenes, incluyendo una menor de 15 años, lo que habría generado conflictos adicionales. “Llegó una joven… y el comportamiento de estos pelados inmediatamente es empezar a morbosearla”, indicó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

Para protegerla, la víctima habría tenido que tomar medidas adicionales dentro del hogar. “Le tocaba encerrar a la niña… porque el peligro es latente en las noches”, relató, citado por ese medio de comunicación.

Estos elementos han reabierto el debate sobre las condiciones de funcionamiento de los hogares de paso y la capacidad del sistema para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los menores bajo protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que los hechos ocurrieron en una fundación que presta servicios a la entidad y que el caso se encuentra en investigación.

Además, indicó que, debido a que los responsables son menores de edad, su identidad está protegida, aunque la institución manifestó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Karelis Ismerlano continúa generando cuestionamientos sobre la prevención de riesgos en estos espacios y la necesidad de fortalecer los protocolos para evitar que situaciones similares se repitan.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron los últimos minutos de la víctima antes del ataque. Según las imágenes, Ortiz Llerena caminaba hablando por celular y se detuvo a conversar con un vecino, sin notar que un sujeto con casco se acercaba por la espalda. Segundos después, el agresor le disparó a quemarropa y huyó de la zona. Lo que parecía una conversación cotidiana terminó en una escena de terror captada por cámaras de seguridad, evidenciando la frialdad con la que operan los delincuentes.

Sicario lo intercepta tras una llamada y le dispara a quemarropa

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad municipal, Ortiz Llerena caminaba por la calle B hablando por celular cuando se encontró con un vecino. Ambos se detuvieron a conversar por unos segundos en una esquina de la zona. En ese momento, un sujeto con casco apareció por la espalda y, sin mediar palabra, ejecutó un disparo directo a la cabeza, acabando con su vida de forma instantánea.

Testigos indicaron que la víctima habría recibido una llamada sospechosa minutos antes del ataque, lo que no se descarta como una posible señal para que el sicario ubicara su posición exacta. Algunos vecinos relataron que escucharon cómo alguien lo llamaba insistentemente antes de que ocurriera el crimen, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada.

Tras perpetrar el asesinato, el atacante cruzó rápidamente la avenida Lima y huyó con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlo. La escena generó pánico entre los residentes, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar el disparo y encontraron al hombre tendido en el suelo, sin signos vitales.

Según información preliminar, Ortiz Llerena contaba con antecedentes por robo y posesión de drogas, lo que ha llevado a la Policía Nacional del Perú a no descartar un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del homicidio.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, agentes policiales y familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor. El fallecido deja un hijo en la orfandad, mientras que vecinos de la zona exigieron mayor seguridad ciudadana, señalando que el ataque ocurrió a pocos metros de instalaciones del sistema de justicia.

Números para denuncias

El fenómeno de la extorsión mantiene niveles inéditos en el país. El más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que uno de cada cuatro adultos declara haber sido víctima o conocer a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, lo que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional.

La línea principal para denunciar extorsiones en Perú es la 111, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, gestionado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir imágenes, audios y videos de las víctimas. Otros canales incluyen el 105 (emergencias generales) y la línea 1818.

• Línea 111: Central oficial para denunciar extorsiones, creada para recibir denuncias anónimas y rápidas contra grupos criminales.
• 105: Central de Emergencia de la Policía Nacional.
• Línea 1818: Línea de emergencia del Ministerio del Interior para reportar extorsiones.
• 942841978: Celular directo de contacto para denuncias de este tipo. Infobae +3

Recomendaciones de seguridad:

• Confidencialidad: Al llamar al 111, no es obligatorio identificarse.
• Evidencia: Se anima a los ciudadanos a enviar fotos, audios o videos que ayuden a la investigación.
• Información clave: Proporcionar la hora de los hechos, cantidad de extorsionadores y vehículos involucrados

Dos adolescentes permanecen detenidos en City Bell tras ser acusados de asesinar a Claudio Gastón González, un hombre de 48 años de una puñalada. El crimen ocurrió en la calle 479 entre 8 y 10 en el barrio Savoia, donde, de acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían participado en una discusión que derivó en el trágico hecho. Luego de investigaciones policiales, los jóvenes de 15 y 17 años fueron aprehendidos.

El próximo lunes, la Justicia definirá la prisión preventiva para el más grande mientras que el adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia de menores y enfrentará una medida de seguridad en el marco del régimen penal juvenil. La defensa del adolescente con edad punible, representada por Ricardo Berenguer, optó por guardar silencio ante el tribunal, estrategia que persistirá hasta que la Fiscalía finalice la recolección de pruebas.

Según la investigación, los adolescentes fueron hallados luego de que la misma víctima dijera los nombres antes de fallecer. El testimonio de un vecino fue clave ya que fue quien relató lo sucedido: el hombre escuchó el pedido de ayuda de Gónzalez y cuando alertó al hombre herido en el piso, la victima le alcanzó a decir quién lo había apuñalado y quien lo estaba acompañando.

La policía realizó un rastrillaje inmediato por la zona y localizó a los adolescentes a pocas cuadras del lugar del fatal episodio y los encontraron en Florencio Varela. Uno de los interceptados presentaba manchas de sangre en las zapatillas, dato clave detallado en el reporte policial. La intervención de la fiscal Carmen Ibarra al frente de la UFI del Joven N°1 avaló el arresto: el adolescente de 17 años quedó privado de su libertad por ser punible mientras el de 15 fue puesto bajo medida de seguridad.

La causa fue formalizada como “homicidio”. La hipótesis principal sostiene que existía un conflicto previo entre González y los familiares de los sospechosos, hecho que habría derivado en el enfrentamiento violento. La relación precedente entre la víctima y los jóvenes constituye una de las líneas investigativas principales que guían el expediente, bajo jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.

A partir de esta información, ambos culpables fueron detenidos y se mantienen bajo resguardo oficial a la espera de nuevas resoluciones judiciales. La causa judicial avanza con el análisis de peritajes ambientales, psicológicos y psiquiátricos, en busca de clarificar el contexto, el estado de los menores y los posibles condicionantes al momento del incidente.

Otro crimen en La Plata

Hace pocas semanas, hallararon el cuerpo sin vida de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, en Villa Elisa, ciudad de La Plata. El cadáver presentaba signos de violencia y manchas de sangre. Actualmente, el único detenido por el crimen es Lionel Gonzalo Maciel, el jardinero de 31 años, quien se negó a declarar tras ser aprehendido la noche del 8 de abril en la calle 48, cerca de la vivienda donde se encontró el cuerpo de Copoletti.

La investigación, encabezada por la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, demostró la participación del jardinero a través de cámaras de seguridad y allanamientos. El informe de la autopsia resaltó que Copoletti falleció por traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas y una hemorragia en la base del cráneo, además de lesiones en una mano compatibles con señales de defensa.

Las pruebas incorporadas también establecieron que, tras cometer el crimen, Maciel habría descartado prendas de vestir en otra vivienda, circunstancia que motivó un segundo procedimiento judicial. La sucesión de estos episodios violentos, ocurridos en diferentes barrios del partido de La Plata, exponen una escalada en hechos delictivos que involucran tanto adolescentes como adultos, generando preocupación en la comunidad y renovando el debate sobre la inseguridad y la respuesta de las autoridades judiciales y policiales.

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Detienen a 7 personas tras cateos por delitos contra la salud y homicidio en Guanajuato

Siete personas fueron detenidas en León tras operativos realizados la madrugada del este sábado 18 de abril en cuatro puntos de la ciudad, según informes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las acciones, coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ejército Mexicano, derivaron de denuncias anónimas y se concentraron en las colonias Flores Magón, Villa Esmeralda, Brisas del Campestre y San José de la Joya.

Estas detenciones no estarían relacionadas ente sí.

En los cateos, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, básculas grameras, dinero en efectivo, once celulares, un vehículo y una motocicleta con alteraciones. Además, se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio.

La Fiscalía señaló que la participación ciudadana permitió dirigir los cateos y lograr la detención de los presuntos responsables, así como el decomiso de narcóticos y objetos relacionados con actividades delictivas en la ciudad.

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Vinculan a proceso a un hombre detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

Un juez vinculó a proceso a un hombre identificado como José “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras haber sido detenido en Mexicali con 700 mil pastillas de fentanilo y más de 10 kilos de la sustancia en polvo.

La Fiscalía General de la República reportó que la detención ocurrió cuando el imputado intentaba abordar una camioneta con compartimiento oculto, donde se halló la droga.

El aseguramiento se realizó en el cruce de Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Municipal pusieron a disposición al detenido tras recibir un Informe Policial Homologado que permitió la intervención de autoridades federales.

Según la FGR, la camioneta trasladaba cinco costales de tela obscura con el estupefaciente.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California presentó los datos de prueba que sustentaron la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo de tres meses para investigación complementaria.

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SSP Chiapas niega detención arbitraria tras señalamientos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo negó la detención arbitraria de un hombre en Siltepec, después de que circularan señalamientos en redes sociales sobre el caso. La dependencia estatal señaló que el pasado 8 de abril, durante patrullajes, una persona pidió auxilio tras ser despojada de 5 mil pesos en efectivo.

Elementos estatales implementaron un operativo y detuvieron en flagrancia a Elías “N”. En el aseguramiento, los agentes decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador con 7 cartuchos útiles y la cantidad de dinero reportada.

La SSP afirmó a través de un comunicado que puso a disposición de las autoridades los objetos asegurados y al detenido, y reiteró su compromiso de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, con respeto a los derechos humanos.

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Detuvieron en Quintana Roo a un ciudadano húngaro de 48 años de edad que era considerado uno de los delincuentes más buscados de Europa.

János Balla, alias“ Dániel Takács”, cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol.

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Una mujer fue asesinada en Azcapotzalco

Una movilización Policiaca se vivió en la Colonia San Sebastián en la Alcaldía de Azcapotzalco tras el reporte de una mujer asesinada con disparos de arma de fuego en la Cerrada 5 de Mayo y Privada Acálotenco.

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En medio del dolor interminable por el crimen de Ángel, su hijo de cuatro años, hay una duda que todavía retumba en la cabeza de Luis López y que, de manera retórica, hizo en diálogo con Infobae: “¿por qué nunca escucharon a mi hijo?“, expresó el hombre. Lo preguntó sin esperar una respuesta, pero sí algo aliviado después de saber que Mariela Beatriz Altamirano, la mamá biológica del menor, y su pareja, Michel Kevin González, pasarán al menos los próximos seis meses presos, como únicos acusados del homicidio.

La pregunta que se hace Luis no es casual y le apunta directamente a la Justicia de la provincia de Chubut, luego de haberle otorgado la tenencia de Ángel a la madre, pese a que el vínculo que tenían era prácticamente nulo. “Se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”, graficó Luis para resumir en pocas palabras cómo fue la secuencia entre noviembre del año pasado -mes en el que el niño comenzó a vivir con Altamirano- y el pasado 7 de abril, día en el que la víctima murió en un hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

“El área de Protección, como es la mamá, agarró y le hizo dos revinculaciones con el nene, que tampoco era revinculación como tal, y se lo entregaron así nomás. Fue como cuando uno va al correo a buscar una caja o algo así, se lo dieron sin que mi hijo la conozca”, aseguró.

Según el hombre, el único interés que tuvo “la progenitora” -como él se refiere a ella cada vez que la menciona- para pedir la tenencia de Ángel, fue evitar que continuaran reteniéndole parte de su sueldo como acompañante de adultos mayores para la manutención del chico.

“Vino de Córdoba, a donde se había ido cuando Ángel era un bebé, se instaló en Comodoro, se consiguió un trabajo y después cuando se dio cuenta que le estaban sacando el sueldo a ella y que le correspondía al hijo, ahí se agarró de eso para poder sacármelo”, dijo Luis.

El niño en condiciones deplorables

López recordó una vez más que el vínculo entre madre e hijo no existía. Para ella, “Ángel era un desconocido y sólo lo hizo por plata”, agregó el padre. “Mi hijo era un desconocido para ella. No sabía los gustos de él, no sabía qué dibujitos miraba. Lo único conocido que ella tenía era la plata que recuperó. Se quiso hacer la madre pero sólo por plata”, continuó.

Pero la relación con Altamirano no es lo único que le preocupaba a Luis. Un punto que resalta el padre de Ángel son las condiciones en las que el nene pasó a vivir una vez que dejó su casa.

El hombre contó que la casa en la que vivía Altamirano con González era “de apenas cuatro por dos metros”, tenía goteras y carecía de condiciones mínimas de higiene y comodidad para el menor. “Después me había enterado que él se iba a un comedor, que se iba solo al jardín; con sólo cuatro años solo a un jardín. ¿Cómo puede ser? Usaba la misma ropa una semana. O sea, que no fueron ni capaces de comprarle ropita como para cambiarlo ni bañarlo“, recordó, indignado.

De igual manera, remarcó que, tras la restitución, le impusieron una restricción perimetral, lo que impidió cualquier contacto con su hijo y lo dejó sin saber nada sobre su situación.

Después de varios meses, Luis finalmente acordó algunas visitas para ver a su hijo. Fue en ellas donde registró el momento en que Ángel le expresaba, en medio de un llanto que conmueve, que no quería volver a la casa de su mamá. Ante el miedo de que no le creyeran, Luis decidió filmarlo y viralizar las imágenes para quedaran como testimonio de la angustia que esta sufría Ángel. Entre noviembre y abril, apenas llegó a verlo tres veces: la última, cuando le confirmaron que había muerto.

“Entregué las pruebas. Y anteriormente venía avisando que mi hijo no se sentía bien, que no estaba bien, que yo como padre, lo veía que estaba mal alimentado y no me hicieron caso. No me hicieron caso hasta que esta manga de asesinos hizo lo que quiso con mi hijo”, añadió.

“Ambos lo maltrataron”

De acuerdo con el testimonio, el padrastro era quien se encargaba de cuidar al niño mientras la madre trabajaba. López aseguró que le hicieron creer que ambos trabajaban y que su hijo estaba bien, pero luego descubrió que la situación era muy distinta. “Andaba todo golpeado. Eso yo no lo sabía. No lo supe hasta el día de la audiencia que ellos quedaron detenidos”, indicó.

Denunció que su hijo era víctima de maltrato físico y remarcó que la autopsia reveló entre “20 y 22 golpes” y lesiones en el cráneo del chico. Tampoco dudó en decir que el maltrato fue impartido tanto por la mujer como por su pareja.

La mira del padre en la “progenitora”

Luis no puede dejar de mencionar a su ex mujer y, como puede, trata de contenerse para no proferirle insultos. El dolor y -quizá- la frustración por no poder hacer nada, por momentos invaden su discurso. Pese a eso, se muestra entero y con el ánimo suficiente para pedir justicia.

“No se le puede decir madre, porque una madre no abandona a los hijos, una madre no maltrata a los hijos, una madre no cambia a su hijo por un macho”, insistió Luis, cuando recordó que su ex mujer tiene otros dos hijos: uno en la provincia de Misiones de otra relación anterior y una beba de cinco meses, producto de su vínculo con el otro acusado del asesinato.

Luis relató cómo, durante los años que Altamirano estuvo alejada de Ángel, se había enterado de que habría abandonado a su hijo en Misiones. “Es como si fuera ‘venir de vacaciones e irse’ y dejar todas las cosas atrás, tiradas. El día que venía, tenía un hijo acá, tenía otro hijo allá y no le importaba nada a esa mujer”, agregó.

Este viernes se realizó una masiva marcha en el Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron Luis, su pareja, su abogado Roberto Castillo y decenas de vecinos que se unieron para pedir que los presuntos asesinos sean condenados.

“El último recuerdo que me quedó del nene, de mi hijo, fue con la lagrimita de él llorando y pidiendo por mí. A mí me dejaron de lado, a nosotros nos dejaron de lado, no nos escucharon. No hicieron nada, solamente porque era la mamá, se lo entregaron y listo”, insistió.

Lo que le queda por delante a Luis no será fácil pero -dijo- se mantiene firme en su propósito de buscar justicia. No sabe si continuará viviendo en Comodoro Rivadavia o mudarse a otra ciudad con su familia. “Por el momento yo me estoy enfocando en hacer justicia por mi hijo y después veremos qué me depara el destino”, concluyó.

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en City Bell tras ser identificados como presuntos responsables del homicidio de Claudio Gastón González, un hombre de 48 años que fue apuñalado en el Barrio Savoia durante la madrugada del viernes.

La investigación policial apunta a un posible conflicto previo entre la víctima y familiares de los acusados, lo que habría desencadenado una discusión en las inmediaciones de la vivienda de González. El incidente se registró en la calle 479 entre 8 y 10, donde, de acuerdo con testigos, se produjo un enfrentamiento durante el cual uno de los menores sufrió una lesión en la cabeza y González recibió la puñalada mortal, de acuerdo con el medio 0221.

Según fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911 de un vecino que escuchó los pedidos de auxilio y alertó sobre la presencia del hombre herido. Minutos despues, el personal del SAME encontró a González con una lesión en el pecho y múltiples heridas. Allí mismo, constataron el fallecimiento.

El testimonio del vecino resultó clave para la investigación, ya que, tras escuchar los gritos y acercarse, la propia víctima le alcanzó a decir lo ocurrido. El testigo comentó que González identificó al agresor como un joven conocido del barrio, quien lo apuñaló con un cuchillo mientras estaba compañado junto a otro menor.

A partir de esta información, la policia realizó un rastrillaje en la zona y a pocas cuadras lograron identificar a los adolecentes, ubicados en Florencio Varela. Los jovenes de 15 y 17 años fueron iterceptados gracias a la descripción aportada. Uno de ellos tenía manchas de sangre en las zapatillas, según el reporte difundido.

La UFI del Joven N°1, encabezada por la fiscal Carmen Ibarra, avaló la aprehensión de los sospechosos y estableció que el mayor quede privado de su libertad por ser punible, mientras que el menor fue puesto bajo medida de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio” y surge la hipótesis de que los jóvenes y la víctima de conocían de antemano y tuvieron un enfrentamiento.

Otro asesinato en La Plata

El asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, sucedió el 6 de abril en su vivienda en Villa Elisa, en la ciudad de La Plata. Actualmente, el detenido por el crimen es el jardinero que se niega a declarar. Esta decisión del principal sospechoso, Lionel Gonzalo Maciel, de 31 años, deja abierta la investigación quien fue encontrado sin vida con signos evidentes de violencia. La causa se da en un contexto de robo y violencia, agravando el escenario delictivo presentado ante la justicia.

El informe de la autopsia resultó determinante para la causa: Copoletti falleció a raíz de un traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas en el cráneo y rostro, así como una segunda hemorragia en la base del cráneo. Esta información figura entre las pruebas centrales recabadas por la investigación judicial, bajo la dirección de la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta. La autopsia también detectó lesiones en una mano, compatibles con un intento defensivo de la víctima.

Cámaras de seguridad y allanamientos permitieron precisar la implicación del jardinero. Maciel fue arrestado el 8 de abril por la noche en la calle 48, a pocas cuadras del domicilio donde ocurrió el asesinato. La detención fue efectuada por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata (DDI La Plata), luego de que el fiscal Condomí Alcorta solicitara un allanamiento de urgencia. La investigación arrojó que el sospechoso habría descartado ropa tras el crimen en otra vivienda, donde se realizó un segundo operativo judicial.

La reciente noticia del femicidio de Sophia Civarelli, seguido por el suicidio de su novio, Valentín Alcida, mantiene bajo conmoción a la comunidad universitaria de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Las muertes ocurrieron entre la madrugada y la mañana de este viernes. El fallecimiento de ella lo alertó su propia pareja, quien denunció que la chica se había suicidado. Horas después, él se arrojó al vacío y también falleció.

Al principio la Justicia abrió una causa por “muerte en investigación” y evaluó la hipótesis de un doble suicidio. Sin embargo, tras recabar los primeros testimonios y pruebas, la fiscal Carla Ranciari, a cargo de la investigación, confirmó que la chica había sido asesinada y que el principal sospechoso era su novio fallecido.

Según se supo a partir de la declaración de una amiga de ambos, la relación que mantenían Sophia y Valentía estaba marcada por celos, manipulación y violencia psicológica. En este sentido, dijo que la víctima tenía intenciones de separarse en el corto plazo y avanzar con proyectos personales.

Sophia Civarelli tenía 22 años y era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había trasladado a la ciudad para cursar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario.

Allí conoció a Valentín Alcida, quien también estudiaba en dicha institución. Él era oriundo de la provincia de Córdoba y se había mudado a la ciudad santafesina para arrancar sus estudios universitarios. Tras unos meses de noviazgo, y dado que ambos vivían solos, decidieron irse juntos a un departamento y comenzar a convivir.

De acuerdo al testimonio que dio la amiga de ellos a la prensa local, la convivencia era buena y no tenían grandes problemas. Sin embargo, sí calificó a Alcida como una persona “muy celosa” que quería a Sophia “solo para él”. Y este era el mayor punto de conflicto entre ambos.

La historia de sus muertes se conoció a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, el joven había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos.

La investigación está coordinada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por Carla Ranciari. Como parte de la investigación, la justicia ordenó la autopsia de Civarelli en el Instituto Médico Legal de Rosario, aplicando el procedimiento destinado a esclarecer las circunstancias específicas en casos de violencia de género.

En un comienzo, el fallecimiento se había catalogado simplemente como “muerte en investigación” pues no se detectaron de inmediato signos claros de violencia de género. No obstante, la evolución de los procedimientos técnicos y los resultados preliminares de los peritajes inclinaron la pesquisa hacia el móvil de violencia machista.

El testimonio de una amiga de Sophia

En sus declaraciones al canal El Tres, una conocida de ambos dijo que la relación entre Sophia y su pareja era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.

También recordó que aconsejó a Sophia alejarse de esa situación: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”. Según narró, su amiga le prometió que buscaría dejar la relación apenas lograra estabilidad económica. La testigo caracterizó a la pareja de la víctima: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

“Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, expresó la amiga de Civarelli y añadió que su interpretación de los hechos la lleva a pensar que la víctima comunicó a su pareja “algo que no le gustó”, lo que desencadenó una fatal discusión. “Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”, aseveró.

Una pareja fue hallada sin vida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la madrugada de este viernes. Primero la Justicia evaluó un posible doble suicido. Sin embargo, el caso dio un giro cuando la fiscal Carla Ranciari confirmó que se trataría de un femicidio seguido de un suicidio: según las primeras pericias, Valentín Alcida habría matado a su novia Sophia Civarelli, de 22 años, en el departamento donde convivían, y luego fue hasta la terraza de una amiga, donde se arrojó al vacío.

En medio de la conmoción, y mientras continúa avanzando la causa judicial, una amiga de la joven habló con la prensa local y aseguró que la relación que tenían estaba marcada por los celos, manipulación y violencia psicológica. En este sentido, dijo que la víctima tenía múltiples proyectos personales y que había manifestado su intención de independizarse en el corto plazo. Alcida, en cambio, no se quería separar.

Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había trasladado a la ciudad para cursar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, institución donde también estudiaba Alcida, oriundo de la provincia de Córdoba. Así se conocieron.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, el joven había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos.

La investigación está coordinada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por Carla Ranciari.

En sus declaraciones al canal El Tres, la amiga de Sophia describió que la relación entre ella y su pareja era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.

Coty recordó que aconsejó a Sophia alejarse de esa situación: “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí”. Según narró, su amiga le prometió que buscaría dejar la relación apenas lograra estabilidad económica. La testigo caracterizó a la pareja de la víctima: “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”.

“Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, expresó la amiga de Civarelli y añadió que su interpretación de los hechos la lleva a pensar que la víctima comunicó a su pareja “algo que no le gustó”, lo que desencadenó una fatal discusión. “Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio”, aseveró.

La cronología de los hechos

El rumbo de la investigación se modificó tras la aplicación del protocolo específico para femicidio, y en esta línea, se ordenó realizar la autopsia de la joven. Según informó la fiscal Carla Ranciari a Cadena 3, ahora el foco esta puesto como un posible caso de violencia de género. Civarelli fue encontrada en la calle 3 de Febrero al 2400 y suponen que Alcida fue el autor del crímen, y posteriormente se quitó la vida en otro domicilio.

Ambos eran estudiantes de universitarios de 22 años, eran pareja desde el 2025 y convivian en un departamento en el barrio Lourdes, lugar que fue el escenario donde apareció el cuerpo de Civarelli. Un llamado al 911 advirtió sobre el fallecimiento de la joven y poco después, una segunda llamada al 911 alertó sobre un varón joven que se había arrojado al vacío desde otro departamento, ubicado en la misma calle 3 de Febrero al 1100.

Valentín Alcida, fue trasladado con vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció mientras era atendido. El giro en la calificación se consolidó después de realizar peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos, tomar testimonios y relevar rastros en la escena, elementos que llevaron a priorizar el femicidio seguido de suicidio como la hipótesis central.

Como parte de la investigación, la justicia ordenó la autopsia de Civarelli en el Instituto Médico Legal de Rosario, aplicando el procedimiento destinado a esclarecer las circunstancias específicas en casos de violencia de género.

En un comienzo, el fallecimiento se había catalogado simplemente como “muerte en investigación” pues no se detectaron de inmediato signos claros de violencia de género. No obstante, la evolución de los procedimientos técnicos y los resultados preliminares de los peritajes inclinaron la pesquisa hacia el móvil de violencia machista.

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Secretaría de Marina y otras autoridades detienen a 16 personas en CDMX, Edomex y Morelos

En el marco de las operaciones de seguridad y vigilancia desarrolladas en la Región Naval Central, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo diversas acciones operativas en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, logrando en un solo día la detención de 16 personas, por su probable participación en diversos delitos.

Como resultado de estas acciones, se aseguraron aproximadamente 349 dosis de presunta cocaína, 205 dosis de presunta metanfetamina, 140 dosis de presunta marihuana, además de un frasco y cinco bolsas con características similares a esta droga, así como ocho bolsas con características similares a la metanfetamina. De igual forma, se aseguraron seis vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con hechos delictivos, dos armas de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles.

Las acciones operativas incluyeron la ejecución de órdenes de cateo en coordinación con autoridades ministeriales, la atención a denuncias ciudadanas, recorridos de patrullaje terrestre y la implementación de dispositivos de seguridad perimetral durante operativos interinstitucionales, fortaleciendo la presencia y capacidad de respuesta en zonas prioritarias.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

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El Ministerio Público de la Acusación ofreció una recompensa de $16 millones de pesos para colaborar en la investigación por el homicidio de Ercilio Abel Centurión, de 75 años.

El crimen ocurrió hace un menos de un mes en una vivienda de avenida Francia al 4800, ciudad de Rosario, pero aún no hay sospechosos.

En este contexto, la Fiscalía decidió ofrecer la recompensa con el objetivo de identificar a los asesinos, por lo que aclararon que la identidad de quienes colaboren será estrictamente preservada tanto durante la investigación como una vez concluida, una medida destinada a proteger a los testigos y fomentar la participación ciudadana.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, las personas que tengan información relevante pueden comunicarse al 911, al correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, ubicado en calle Sarmiento 2850 de Rosario. La autoridad judicial espera que el incentivo económico y la garantía de confidencialidad permitan obtener testimonios clave para avanzar en la investigación.

El episodio tuvo lugar el 26 de marzo, cerca de las 18.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en el interior de una vivienda. Personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el sitio y halló al sobrino de la víctima, quien relató que al llegar al domicilio de su tío encontró la puerta abierta y el interior revuelto. Al ingresar, observó a Centurión tendido en el piso del living y solicitó asistencia médica de inmediato.

Minutos después del aviso, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó el fallecimiento de Centurión. Según el primer informe médico, la causa de muerte sería una posible asfixia mecánica, aunque se aguardaban los resultados de estudios complementarios para confirmar esta hipótesis. La escena del crimen y el desorden en la vivienda apuntan a la hipótesis de un robo que terminó en homicidio.

Un vecino del barrio declaró ante la Policía que, momentos antes de que se descubriera el cuerpo, observó a dos hombres en la vereda de la casa, aparentemente realizando tareas de poda en un árbol, lo que podría haber sido una coartada para no levantar sospechas.

Por su parte, una familiar de la víctima sostuvo que vio a esas mismas personas salir corriendo desde el interior de la vivienda poco después.

Con base a estos testimonios la Fiscalía, considera que los autores del hecho podrían haberse hecho pasar por trabajadores antes de ingresar a la vivienda. El relato de familiares y vecinos coincide en la presencia de personas ajenas a la rutina del barrio, lo que refuerza la línea de investigación vinculada a un crimen en ocasión de robo.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Regional 2, que evalúa el análisis de cámaras de seguridad cercanas y la ampliación de testimonios. Los peritos trabajan en la recolección de huellas y otras pruebas materiales dentro de la vivienda para identificar a los responsables.

El caso permanece abierto y las vías de contacto para aportar información siguen habilitadas.

La zona sudoeste de Rosario, donde ocurrió el homicidio, ha sido escenario de otros episodios de inseguridad en los últimos meses, según coinciden residentes y fuentes policiales. El crimen de Centurión reavivó el temor entre los vecinos, que manifestaron su preocupación por el aumento de robos violentos en viviendas habitadas por personas mayores.

Un intruso condenado por el asesinato de una inquilina en Manhattan recibió este martes una sentencia de 20 años a cadena perpetua, después de que la víctima fuera encontrada en el armario de su propio apartamento encerrada en un bolso de viaje, un hecho que conmocionó a la comunidad. La información fue confirmada por New York Daily News.

La víctima, Nadia Vitels, tenía 52 años y se había mudado recientemente al barrio de Kips Bay tras la muerte de su madre, dejando el inmueble temporalmente desocupado. Según el diario estadounidense, tanto Halley Tejada, el condenado, como Kensly Alston, aprovecharon que el lugar estaba vacío para ingresar sin permiso y residir allí hasta que Vitels regresó; fue entonces cuando la sorprendieron y la asesinaron.

Las cámaras de vigilancia captaron a Tejada y Alston mientras salían robando el automóvil Lexus de Vitels, estacionado frente al edificio. El vehículo posteriormente estuvo involucrado en un accidente en Pensilvania, según la Fiscalía de distrito de Manhattan.

Las circunstancias del crimen en Manhattan

El hallazgo del cuerpo de Vitels ocurrió en marzo de 2024 gracias a la insistencia de su hijo, Misha Vitels, quien, tras no recibir noticias de su madre durante varios días, insistió en ingresar al departamento acompañado de familiares y un encargado del edificio.

“Mi mamá siempre respondía inmediatamente, sobre todo a sus amigos. Supe en ese instante que algo iba mal”, relató Vitels ante la corte según recogió New York Daily News.

Dentro de la vivienda, observó ropa tirada en el suelo cerca del armario del recibidor, señales de violencia como “una grieta importante y un agujero en la pared junto a la entrada de la habitación” y el perro de su madre solo, con el piso cubierto de orina seca, pero sin rastro de equipaje ni computadora.

Finalmente, el cuerpo fue hallado escondido bajo ropa en el armario, dentro de un bolso de viaje. Misha tenía 23 años al momento del hallazgo y declaró ante el tribunal: “La espera, la búsqueda, el momento en que comprendí la verdad, me rompió y sé que nunca sanaré por completo… No fue solo perderla, fue la forma en que la arrebataron, esas horas y la imagen de que entró a su casa y nunca volvió a salir, solamente para terminar metida en una bolsa”.

La motivación de Tejada y Alston estuvo vinculada tanto al robo como a la ocupación ilegal de la propiedad, ya que se instalaron en el lugar aprovechando que estaba vacío, y al retornar la propietaria, la atacaron y posteriormente sustrajeron el vehículo.

Testimonios de la familia Vitels

El impacto de la muerte de Vitels fue profundo para su familia. En palabras del hijo ante la corte: “¿Cómo asimila un hijo de 23 años estar días sin oír de su madre, apresurarse preocupado a buscarla, encontrar su cuerpo amarrado dentro de una bolsa, y saber que quien hizo esto algún día podría volver a las calles, mientras ella nunca tendrá otro día?”.

La sentencia y la reacción judicial

El fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg expresó al diario estadounidense New York Daily News: “Nadia Vitels estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida cuando Halley Tejada la asesinó en el mismo apartamento al que se acababa de mudar”.

Sobre la sanción, añadió: “Tejada ha sido sentenciado de 20 años a cadena perpetua en prisión estatal por su conducta aberrante y fatal. Mis pensamientos están con los seres queridos de la señora Vitels, que siguen lamentando su dolorosa pérdida. Sé que esta sentencia no la devolverá, pero espero que sirva como consuelo”.

La resolución judicial establece que Halley Tejada podrá solicitar la libertad condicional una vez transcurridos los 20 años, mientras la familia Vitels permanece afectada por la pérdida.

Los tres presuntos atacantes de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años que fue asesinado a golpes a comienzos de abril, cuyo cuerpo fue descartado en una heladera que fue encontrada en un zanjón con agua en la ciudad de Funes, en el departamento Rosario, fueron llevados a audiencia imputativa. A Luis Fernando Vega (29), Kevin Ariel Toloza (25) y Matías Damián Zabala (40) se los consideró coautores y quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

La audiencia debía comenzar a las 11 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Sin embargo, por demoras técnicas vinculadas a la defensa pública de uno de los sospechosos, el inicio recién se dio pasadas las 17 ante el juez Aldo Bilbao Benítez.

De acuerdo con la teoría del caso dada a conocer por la fiscal Noelia Navone, el joven, que tenía consumo problemático de estupefacientes –señalado por testimonios de su propio entorno–, fue atacado entre la noche del viernes 3 de abril y la mañana del sábado 4 por Vega, Toloza y Zabala, quienes le dieron trompadas en distintas partes del cuerpo –principalmente en el cráneo– y lo golpearon un elemento contundente. Todas las agresiones tuvieron lugar dentro de una casa ubicada en Coronel Brandsen al 5300 de Funes.

En estos momentos de la investigación, el móvil del homicidio luce aparentemente vinculado a una cuestión de consumo de droga. No obstante, no quedó claro si la víctima conocía a quienes lo agredieron hasta la muerte. Es por eso que se avanza con las pericias a los teléfonos de todos los involucrados.

Según la información que brindaron familiares de Nast, el chico había asistido a una fiesta el 3 de abril por la noche y nunca regresó a su casa. Es por eso que ellos comenzaron a buscarlo desde el sábado y vía redes sociales se movieron para tratar de obtener algún tipo de dato.

El cuerpo fue encontrado recién el lunes a las 17 en un zanjón situado en inmediaciones de Tomás de la Torre y Paysandú, en Funes. Literalmente, a la vuelta del domicilio en el que fue asesinado. Es por eso que los investigadores policiales al localizar el cadáver dentro de la heladera comenzaron a relevar cámaras de videovigilancia y a tomar testimonios que culminaron, en primera instancia, en la rápida detención de Luis Vega.

Por su parte, Kevin Toloza se entregó ante la Policía de Investigaciones, después de que la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de esa fuerza provincial allanara dos propiedades familiares de Funes y otra en Rosario. Cercado, fue junto con un abogado a ponerse a disposición de la fiscal Navone.

Zabala fue el último en caer. El jueves de la semana pasada, el Comando Radioeléctrico funense dio con él en inmediaciones de avenida de las América y El Mangrullo, luego de que testigos lo relacionaran con el homicidio.

El macabro hecho, ocurrido a eso de las 07:00 horas del pasado jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima, un ciudadano peruano de 40 años, fue golpeado en la calle con un bate de madera y luego subido a un vehículo donde sus captores lo torturaron con un taladro eléctrico, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a los transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Los tres imputados cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y el otro, venezolano en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, el bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

El nivel de ensañamiento de los agresores quedó demostrado en el informe del Servicio Médico Legal (SML), que estableció que la víctima presentaba alrededor de 100 heridas, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano abierto derivado de múltiples agresiones con un “objeto contuso penetrante”.

Pruebas y formalización

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Juacida presentó ante el tribunal los testimonios de los horrorizados testigos del hecho y varios videos recogidos de las cámaras de seguridad circundantes, uno de los cuales da cuenta del momento en que el cuerpo es abandonado en la vía pública.

Luego de exponer los informes presentados por Carabineros, el fiscal Juacida presentó acusación por el delito de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y premeditación y pidió prisión preventiva para los imputados, medida que fue acogida por el tribunal que decretó además 100 días para la investigación.

La investigación por el crimen de Ángel López, el nene de 4 años que fue asesinado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tendrá hoy un día clave: la madre del chico, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, detenidos desde el domingo a la noche como principales sospechosos, serán imputados formalmente por homicidio.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación se llevará a cabo a partir de las 11 en los Tribunales penales del barrio Roca. Allí, los presuntos responsables del crimen del niño de de 4 años serán acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.

El Ministerio Público Fiscal será representado por Cristian Olazábal, fiscal Jefe, Facundo Oribones, fiscal General y Diana Guzmán, funcionaria de la Fiscalía. La audiencia estará a cargo del juez penal Alejandro Soñis. Los imputados serán representados por Vanesa Vera y Alejandro Varas, ambos defensores públicos.

El informe preliminar de la autopsia, entrevistas, denuncias previas y testimonios fundamentaron el pedido de detención de los acusados.

El parte médico oficial consignó que, el 5 de abril, el menor fue trasladado en ambulancia e ingresó al Hospital Regional en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga, detalló que el niño presentaba lesiones compatibles con violencia física y niveles anormales de glucemia, elementos incorporados a la causa judicial.

En la guardia, el diagnóstico fue paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio como diagnóstico secundario.

A partir del resultado preliminar de los exámenes forenses, los representantes del Ministerio Público dijeron el viernes pasado que “el niño presentó traumatismos en la zona craneal”.

Además, revelaron que “están tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria” y dieron un detalle que aún inquieta: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás”.

Al mismo tiempo, la acusación se basó en testimonios de vecinos y allegados, quienes declararon ante la Justicia sobre malos tratos y agresiones físicas sufridas por el niño durante su permanencia bajo la tutela de su madre y el padrastro.

La madre del niño había declarado que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar ya había indicado la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial.

La detención se concretó en la noche del domingo 12 de abril. Altamirano y González, hasta ese momento, se encontraban alojados bajo custodia en un hotel de la ciudad.

Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que González, fue llevado a la Seccional Mosconi del kilómetro 3. La hija de ambos, de seis meses de edad, quedó a resguardo y sería trasladada a Córdoba.

El padre biológico de Ángel, Luis López, aseguró que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir y apuntó tanto contra los acusados como contra el sistema judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

“Hizo una falsa nota para que me saquen al nene y se lo entreguen a la asesina y al asesino”, denunció. Además, aseguró que no fue convocado a audiencias clave ni tuvo acceso pleno al expediente: “No me dejaron participar, no me llamaron. Dudo hasta que hayan llevado a mi hijo a esa supuesta audiencia”.

Un niño de trece años ha fallecido hoy en Francia tras recibir un disparo en la cabeza en un tiroteo ocurrido en Villefranche-sur-Saône, al norte de Lyon, según ha informado la cadena BFM TV. La víctima, que no tenía antecedentes policiales, se encontraba en un centro comercial del barrio de Belleroche cuando fue alcanzada por los disparos sobre las 13:15 horas.

Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar, pero “falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación”, según un comunicado de las autoridades. Por el momento, no se ha hallado el objeto del crimen, tal y como han relatado en Le Figaro. Mientras tanto, la policía ha detenido a dos menores de 12 y 15 años en “el lugar de los hechos, donde no se encontró el arma”, como ha asegurado la Fiscalía.

Además, han determinado que el mayor de los arrestados ha sido “puesto bajo custodia”, mientras que el otro menor ha quedado “en detención”. La fiscal regional, Laetitia Francart, ha declarado que “por el momento, no se baraja ninguna hipótesis” sobre las causas del tiroteo, según Le Parisien.

La División de Delincuencia Organizada y Especializada (DCOS), dependiente de la Dirección General de Policía de Lyon (DIPN), ha asumido la investigación de homicidio “con el objetivo particular de determinar las circunstancias de los hechos”, según la fiscal. Del mismo modo, las autoridades francesas mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar ninguna posibilidad hasta avanzar en el esclarecimiento del caso.

Un caso se cierra y otro se abre

Mientras tanto, la Policía Nacional española ha resuelto otro tiroteo del país vecino al haber detenido en Melilla al presunto autor del suceso. Tal y como informó Europa Press, el pasado domingo, 5 de abril, las autoridades detuvieron al responsable de un tiroteo ocurrido en Toulouse en septiembre de 2024. El incidente dejó como saldo una víctima mortal y dos heridos, uno de ellos con lesiones graves.

El operativo de detención se llevó a cabo durante un control rutinario en el filtro de vehículos del puerto de Melilla, un punto que conecta la ciudad autónoma con Málaga, Almería y Motril a través de enlaces marítimos. Durante la inspección documental, los agentes identificaron al sospechoso y, tras consultar las bases de datos policiales, constataron que existía una orden internacional activa para su búsqueda, detención y extradición. Concretamente, sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por delitos graves relacionados con el tiroteo en Toulouse.

Las autoridades francesas aportaron información relevante sobre el caso, permitiendo a la policía española vincular al individuo con los hechos mediante diferentes pruebas. Entre los elementos considerados figuran análisis técnicos, la identificación precisa de los vehículos que usó en la huida tras el tiroteo y registros telefónicos que sitúan al arrestado en la zona del suceso en el momento en que tuvo lugar.

El éxito de la operación tuvo lugar gracias a la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad y al intercambio de información a través de organismos internacionales como Europol e Interpol. Por el momento, el detenido permanece a disposición judicial, a la espera de los trámites para su posible extradición a Francia.

Durante esta jornada se lleva a cabo en la ciudad de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), la audiencia de formalización de tres hombres acusados de secuestrar a un ciudadano extranjero de 40 años y luego asesinarlo con un taladro al interior de un vehículo, para luego abandonarlo en plena vía pública.

El macabro hecho, ocurrido el jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima fue capturada en la calle y una vez arriba del vehículo, golpeado con un bate y torturado con un taladro eléctrico en al menos 30 ocasiones, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a varios transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Dos chilenos y un extranjero

El coronel Diego Salas, jefe de la Prefectura de Carabineros de Iquique, detalló que “la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas, quienes lo golpearon con elementos contundentes y utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que causó su muerte”.

Trascendió que los tres imputados -de 32, 45 y 49 años-, cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y uno, extranjero en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, un bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

Este salvaje hecho sube a siete los homicidios en cuatro meses y debido al verdadero sadismo con el que actuaron los atacantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para todos ellos mientras se desarrolle la investigación.

En el marco de la investigación por el asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, el principal sospechoso se negó a declarar ante la justicia. El supuesto responsable del crimen es el jardinero de la víctima, un hombre de 31 años identificado como Lionel Gonzalo Maciel, quien fue detenido durante un allanamiento fiscal realizado por efectivos del Gabinete de Homicidios en la ciudad de La Plata.

Luego de su decisión, el hombre continuará detenido por el homicidio del jubilado que encontraron el 6 de abril en un galpón de su vivienda de Villa Elisa. El cuerpo fue hallado entre herramientas y una bicicleta, sobre un charco de sangre.

En la causa, los peritajes forenses determinaron que la víctima falleció a raíz de traumatismo encéfalo craneano: esto sucedió debido a golpes con un objeto contundente, presentando múltiples fracturas en el cráneo y rostro. Además de una hemorragia meníngea y lesiones en una mano relacionadas con un aparente intento de defensa.

La identificación del sospechoso se consiguió gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que lo ubicaron cerca del lugar hacia la hora del crimen, según el reporte citado del medio local. Además, una persona aportó un testimonio clave y los investigadores detectaron que el acusado habría desechado prendas de vestir en otra vivienda, donde también se realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia y gestionados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cómo fue la detención del jardinero

El jardinero Lionel Gonzalo Maciel, de 41 años, fue detenido el miércoles 8 de abril por la noche como principal sospechoso del homicidio de Néstor Daniel Copoletti. Los investigadores lo encontraron en la calle 48 a pocas cuadras de la vivienda de la víctima y fue aprehendido por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata tras un allanamiento de urgencia solicitado por el fiscal.

El material clave del caso es la autopsia, la cual confirmó que el jubilado falleció por hemorragia en la base del cráneo, provocada por una serie de golpes en la cabeza, según la investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza Marcela Garmendia. Esto indicaría que la muerte fue debido a un acto violento.

Aunque las entradas de la vivienda de Copoletti no presentaban signos de violencia, para el fiscal Condomí Alcorta, el crimen fue en ocasión de robo y sospechan que hurtó dos armas del jubilado junto con pastillas y herramientas. “Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, expresaron las fuentes del expediente.

Las evidencias surgieron por el testimonio de un vecino, que ubicó a Maciel en el barrio tras el crimen. El testigo lo escuchó gritar desde la rama de un árbol: “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía”. Luego relató que el jardinero le ofreció pastillas de clonazepam al mismo vecino. El hombre también fue visto portando una mochila cargada de herramientas.

Por otro lado, los investigadores también detectacto que el detenido había descartado prendas de ropa tras el crimen en otro domicilio. Esta vivienda también fue allanada en búsqueda de material para la investigación judicial del crimen de Néstor Daniel Copoletti.

La relación entre imputado y víctima era cercana: la suegra de Maciel trabajaba como mucama en la casa del jubilado. Además, la autopsia detectó heridas defensivas en los brazos de Copoletti, lo que indica que intentó resistirse durante el ataque. Maciel enfrentará declaración indagatoria ante el fiscal Condomí Alcorta en las próximas horas.

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Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a un menor de edad en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde vecinos intervinieron para someter al agresor antes de la llegada de las autoridades.

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Hallaron cráneo humano y restos óseos en el cerro de las Siete Gotas en Culiacán

Un cráneo humano y restos óseos fueron localizados por personal del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, durante la mañana de este viernes 10 de abril de 2026, en una zona de montaña ubicada en el área conocida como el cerro de las Siete Gotas, entre los sectores Ampliación Siete Gotas y Ampliación 5 de Febrero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró en las inmediaciones de la avenida Gaviotas y las calles Golondrina y Paloma, a 700 metros al oriente de la escuela primaria Florentino Ochoa Sauceda y a 500 metros al oriente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús número 38.

Detienen a menor de edad con cartuchos en Culiacán

Un menor de edad fue detenido por fuerzas federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de cartuchos en la comunidad de La Limita de Itaje, informaron las autoridades.

De acuerdo con información del Grupo Interinstitucional, el aseguramiento se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre por parte de elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Detienen a Óscar Raúl por asesinar a dos policías federales en Morelos

Óscar Raúl “N”, fue detenido en Culiacán, presuntamente involucrado en el asesinato de dos agentes federales ministeriales en 2020, en el estado de Morelos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un reporte, Óscar Raúl era buscado por el homicidio de dos policías federales ministeriales en Cuernavaca y fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en la colonia Industrial El Palmito.

Masacre en bar de Guerrero dejó cuatro muertos

Cuatro personas murieron la noche del viernes 10 de abril de 2026 dentro del restaurante Playa Ventura en la comunidad turística de Barra Vieja, en el municipio de Acapulco, durante una balacera registrada a las 19:30 horas en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Las víctimas incluyeron a tres hermanos, identificados como Alejandra N, Radacunti N y José Inés N, quienes eran los propietarios del negocio, además de una persona más que no ha sido identificada oficialmente.

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Ataque armado en bar de Puebla dejó dos heridos

Un ataque armado en el bar Cachao’s, ubicado en la ciudad de Puebla, dejó dos lesionados luego de que sujetos en motocicleta dispararon y lanzaron una bomba molotov contra el establecimiento. El hecho ocurrió la noche del viernes y generó movilización de autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron al bar Cachao’s, ubicado en la colonia 10 de mayo, sobre la calle 28 Oriente, donde abrieron fuego contra el inmueble. Durante la agresión, también lanzaron una bomba molotov, lo que provocó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, dos hombres que estaban afuera del establecimiento resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica y posteriormente los trasladaron a un hospital. Hasta el momento, su estado de salud se reporta delicado.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en el barrio Empalme Graneros y otros puntos de la ciudad de Rosario como parte de una investigación por el homicidio de un joven. El brutal hecho ocurrió el 8 de marzo cuando balearon a Franco David Beltrán, de 20 años, crimen que vincularon con el narcomenudeo de la zona. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y permitieron secuestrar elementos clave.

El allanamiento fue coordinado por los fiscales Andrea Vega y César Cabrera de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente. El procedimiento sucedió entre las calles Garzón al 1400, José Ingenieros al 2400 y múltiples puntos de Campbell al 1500 bis. Lograron encontrar materiales determinante para la investigación como sustancias ilegales, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En total, incautaron 1,218 kilogramos de cocaína y 1,844 kilogramos de marihuana, así como 30 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. La suma de dinero secuestrada superó los 300 mil pesos. Entre los objetos hallados también se contaron un arma de fuego de fabricación casera, picadura de cannabis, nueve teléfonos celulares y dos tablets, de acuerdo a Cadena 3.

Con respecto a las investigaciones, que siguen en curso, el Gobierno de Santa Fe explicó: “Durante los requisas en estos domicilios fue clave la tarea del perro Kenzo, que encontró material estupefaciente alojado en una pared”. Los fiscales a cargo del caso aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, mientraslos resultados de los peritajes. El avance de la causa dependerá del análisis de los elementos secuestrados y de las próximas diligencias judiciales.

El crimen

La investigación se originó por el fallecimiento de Franco David Beltrán, un joven de 20 años que fue hallado con heridas graves en la vía pública durante la madrugada del 8 de marzo. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas SIES constató el deceso. Según determinó la pesquisa inicial, el ataque habría sido ejecutado por un individuo a bordo de una motocicleta blanca.

Frente a la reconstrcción de hechos, los agentes judiciales analizaron el material de cámaras de seguridad disponibles, recopilaron testimonios y examinaron los antecedentes de la víctima. Gracias a eso, lograron realizar las detenciones de cuatro personas involucradas en el crimen.

A través del material recopilado por la Justicia, los invetigadores del Ministerio Público de la Acusación, lograron vincular el homicidio del joven y la venta de drogas en la ciudad de Rosario. Los datos obtenidos de los diferentes allanamientos arrojaron que la cantidad total de droga secuestrada superó los 3 kilogramos, distribuidos entre cocaína y marihuana.

En este marco, la fiscalía sostiene que el crimen de Beltrán responde a un ajuste de cuentas interno dentro del circuito del narcomenudeo de Rosario. Esta modalidad de violencia asociada al tráfico de drogas preocupa a las autoridades provinciales que se vuelve más regular y sigue creciendo en la provincia.

El material incautado refuerza la línea de investigación de la fiscalía sobre una conexión directa entre el homicidio y la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. A partir de los dispositivos electrónicos secuestrados, el Ministerio Público de la Acusación busca determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas o grupos dedicados al narcomenudeo.

Los antecedentes de Beltrán también formaron parte del expediente: había sido detenido en febrero por portación de arma de fuego, situación que ahora los fiscales Vega y Cabrera consideran relevante para comprender el contexto del asesinato. “Los antecedentes de la víctima y las denuncias previas por venta de drogas en su entorno fueron las piezas clave para reconstruir el móvil del hecho”, dijeron fuentes policiales a Telefe Rosario.

Abril de 2018 comenzó en El Salvador con un sol de justicia y el calor asfixiante propio de la época. Sin embargo, bajo la superficie de la cotidianidad, una marea de violencia misógina estaba a punto de desbordarse.

En menos de treinta días, nombres como Karla y Katherine se convertirían en las banderas de una lucha que el país no podría seguir ignorando.

En ese mes, la narrativa oficial de que «la violencia es solo cosa de pandillas» se desmoronó estrepitosamente; los verdugos no llevaban tatuajes ni armas de guerra, sino alianzas matrimoniales y promesas de amor.

El calendario marcaba apenas el 14 de abril cuando el país se paralizó. Karla Turcios, una reconocida periodista de La Prensa Gráfica, desapareció de su hogar sin dejar rastro.

La noticia corrió como pólvora por las redacciones y redes sociales. En medio del caos, su esposo, Mario Huezo, se presentó ante las cámaras y las autoridades con una calma que muchos confundieron con estoicismo. Reportó una supuesta nota de amenaza dejada por criminales y, con un cinismo aterrador, suplicó públicamente por el regreso de la madre de su hijo.

Mientras el gremio periodístico lloraba y exigía justicia en las calles, las cámaras de seguridad y el rastro del GPS revelaban una verdad macabra. Las investigaciones confirmaron que, mientras su hijo dormía, Huezo había asfixiado a Karla en su propia cama.

Con una frialdad sociopática, subió el cuerpo al vehículo, condujo hacia la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Ana, y lo abandonó como si fuera un desecho.

El feminicidio de la periodista rompió la «burbuja» de seguridad que las mujeres profesionales creían tener. Si una mujer con visibilidad pública, recursos y educación no estaba a salvo en su hogar, ninguna lo estaba.

La captura de Huezo expuso el perfil del feminicida moderno: aquel que es capaz de llorar en el entierro la muerte que él mismo provocó.

La confirmación del patrón: Katherine Cárcamo y la fuga fallida

Cuando el país aún no terminaba de asimilar el sepelio de Karla, el 22 de abril un nuevo nombre sacudió la conciencia nacional: Katherine Cárcamo. La joven enfermera de 27 años fue hallada muerta en su vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. El método volvía a ser la asfixia; el escenario, nuevamente el dormitorio; y el sospechoso, una vez más, el esposo: Bryan Arévalo.

Arévalo intentó repetir el guion de la simulación: cerró la casa, fingió normalidad ante la familia y emprendió la huida. Sin embargo, la presión social y la alerta activada por los crímenes previos hicieron que las autoridades actuaran con una rapidez inusual.

Fue capturado en la frontera de San Cristóbal mientras intentaba cruzar hacia Guatemala. La muerte de Katherine fue la confirmación de un patrón innegable: el hogar salvadoreño se había transformado en el lugar más peligroso para las mujeres.

“Nos están matando”: El despertar de una nación

Bajo el asedio de una presión social sin precedentes y movilizaciones masivas, el Gobierno se vio obligado a decretar una Alerta Nacional por Violencia de Género. Fue el punto de inflexión donde las instituciones, finalmente, comenzaron a aplicar con rigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Los jueces empezaron a desterrar el eufemismo de los «crímenes pasionales» para llamar a los asesinos por su nombre: feminicidas.

El Salvador clausuró el 2018 como uno de los lugares más hostiles del planeta para ser mujer, oficializando una crisis humanitaria que se alimentaba en la intimidad. Las cifras, respaldadas por el observatorio de ORMUSA, son el eco de una tragedia que pudo evitarse: 383 feminicidios que dejaron al país frente al espejo de su propia violencia.

Hoy en día, los nombres de Karla y Katherine resuenan como recordatorios de una deuda pendiente. Aunque las cifras de homicidios generales han bajado drásticamente en años recientes debido a nuevas políticas de seguridad, la lucha contra la violencia interna, aquella que ocurre detrás de puertas cerradas y bajo el techo del hogar, sigue siendo el desafío más íntimo, persistente y difícil de erradicar en la sociedad salvadoreña.

Un hombre de 84 años fue asesinado en una vivienda de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba. Este episodio fue registrado durante las últimas horas del jueves y se impulsó una investigación judicial que tuvo una revelación en las últimas horas. A un día del crimen, el nieto de la víctima, confesó ser responsable del ataque.

El joven de 25 años confesó haber asesinado a su abuelo, José Luis Zárate, en una vivienda ubicada en calle Vicente Forestieri al 4800. La policía halló al jubilado con lesiones severas en el rostro y cuero cabelludo, compatibles con una agresión violenta. Ante esa situación, fue imputado por homicidio simple y está a disposición del fiscal Víctor Chiapero.

El nieto de la víctima arribó al Hopital San Roque donde reconoció ante personal médico su responsabilidad en el ataque. El joven se presentó poco después del hecho y relató que había agredido a su abuelo tras una discusión. Las primeras declaraciones del detenido abrieron nuevas líneas de investigación en torno al posible móvil del crimen. El joven aseguró que era víctima de abuso por parte del abuelo, una versión que ahora evalúa la justicia cordobesa.

Aunque no existían denuncias previas por episodios de violencia por parte de ninguno, la fiscalía también trabaja sobre la hipótesis de una posible cadena de tensiones familiares no documentadas. Dentro del entorno más cercano, algunos testimonios aportaron detalles sobre el distanciamiento familiar, especialmente después del fallecimiento de la madre del acusado.

El sospechoso permanece alojado en la cárcel de Bouwer, a disposición del fiscal Víctor Chiapero, quien conduce la investigación. En paralelo, la policía secuestró una motocicleta utilizada por el joven y continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el desarrollo de los hechos.

El hallazgo del hombre en Córdoba

Las fuentes policiales detallaron que el cuerpo de José Luis Zárate de 84 años, fue encontrado por un equipo del servicio de emergencias que confirmó el deceso en el lugar. Los peritajes médicos iniciales determinaron que las lesiones del jubilado eran compatibles con una violenta golpiza, que le pudieron haber causado un edema cerebral, hematomas o un coma que lo llevaron a la muerte.

La secuencia del crimen se inició cerca de las 16, cuando el nieto llegó encolerizado a la vivienda de la calle Vicente Forestieri al 4889. Según testimonios recogidos por los investigadores, el joven golpeó la puerta a los gritos y fue el propio Zárate quien decidió dejarlo entrar. Los primeros minutos de la visita estuvieron marcados por una discusión verbal, pero después los gritos se apaciguaron y ambos permanecieron dentro de la casa.

Entre las versiones de los vecinos del barrio, comenzó a circular que el ataque se habría producido con una silla, aunque ese punto no fue confirmado oficialmente. Un testigo citado por ElDoce.TV aseguró que la discusión entre abuelo y nieto se tornó violenta dentro de la vivienda y que la víctima quedó agonizando en el comedor.

El servicio de emergencias llegó cuando Zárate ya había fallecido por el traumatismo de cráneo severo, esto se determinó en los primeros exámenes médicos. Tras el violento episodio, voceros de la Policía de Córdoba informaron que el operativo en la escena del crimen se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer el vínculo entre los involucrados y los motivos del ataque.

La causa avanza mientras los investigadores reconstruyen la secuencia y el contexto familiar. La fiscalía todavía no descarta ninguna hipótesis y sigue esperando los resultados de las próximas indagatorias para definir los próximos pasos judiciales. La versión de un posible abuso y el entorno social de la víctima serán aspectos claves para el avance de la instrucción.

La investigación por la muerte de la policía federal Rosalía Yamila La Roza (44), baleada en la cabeza por su hijo de 15 años el pasado 21 de marzo en su casa de Villa Gobernador Gálvez, dio un giro brusco en las últimas horas. Si bien en primer momento la hipótesis era que el disparo había sido accidental producto de un supuesto forcejeo entre la mujer y el adolescente, evidencia recolectada en el caso da cuenta de que el menor planificó el homicidio de su madre.

Conversaciones por redes sociales mantenidas por el adolescente no punible –que fue objeto de una audiencia informativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario– con otros usuarios evidenciaron que L. A. había comentado previamente que iba a matar a su mamá. Incluso, mandó varios mensajes luego de hacerlo.

La Roza, que cumplía funciones en la División Unidad Operativa Federal Rosario (DUOF Rosario), recibió un tiro en el cráneo dentro de su casa de Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que la primera línea investigativa era que el menor había accionado sin querer el arma, que sería la reglamentaria de su madre.

Este jueves, una hermana de Rosalía realizó un posteo a través de Facebook en el que adjuntó la foto de la oficial asesinada y acompañó con un extenso texto en reclamo de justicia.

“Hoy elegimos hablar con la serenidad de quien confía, pero con la herida abierta de quien espera. Respetamos el carácter reservado de la Investigación Penal Preparatoria. Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendarios”, indicó.

En la publicación, agregó: “El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica. Mientras los operadores judiciales –magistrados, fiscales y peritos– avanzan bajo las competencias de la Ley 27.801, nosotros transitamos un duelo que se siente como una tortura silenciosa.

Por eso, con firmeza, exigimos especialidad y celeridad, que se apliquen los estándares del nuevo sistema penal juvenil para que el proceso avance sin dilaciones innecesarias; responsabilidad técnica, que la gravedad del hecho sea correspondida con la máxima eficiencia de cada interviniente en este sistema acusatorio; vigencia plena, que la Ley 27.801 se aplique en todo su alcance, garantizando que el acceso a la justicia para sea efectivo”.

El giro de la investigación se da en un contexto donde la violencia de los más jóvenes está en agenda tras el tiroteo fatal ocurrido la semana pasada dentro de la escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde Gino C. realizó varios escopetazos en el interior del establecimiento educativo, ataque por el que fue asesinado Ian Cabrera (13) y otros dos chicos sufrieron heridas de arma de fuego.

El caso de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, vuelve a estar en la mirada pública con la detención de los presuntos autores materiales de su asesinato.

Las detenciones corresponden a Ángel “N”, de 19 años, capturado el 6 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc. Un segundo implicado, de 24 años, fue detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México, y trasladado a un centro penitenciario del oriente de la capital.

Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado.

Autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México lograron la detención tras meses de análisis de videovigilancia y trabajo coordinado, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En diciembre de 2025, la Policía de la Ciudad de México detuvo a José Eduardo “N” en la alcaldía Azcapotzalco, señalado como colaborador logístico en la huida de los agresores.

Las autoridades informaron que los tres detenidos estarían implicados en el homicidio de Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 frente al salón Micky Hair Masaryk en Polanco.

Las detenciones derivan de pruebas recolectadas y seguimiento institucional.

El homicidio: ejecución directa en una de las zonas más exclusivas

El asesinato de Micky Hair ocurrió la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk, en Polanco. De acuerdo con la SSC y el alcalde de Miguel Hidalgo, Miguel Tabe, fue un ataque directo.

Los agresores, a bordo de una motocicleta, interceptaron al estilista al salir del salón y le dispararon varias veces.

Videos y testimonios en redes sociales identifican a la víctima como Miguel de la Mora, información corroborada por su edad y vestimenta mostrada horas antes en sus historias de Instagram, según reportes.

Días previos al crimen, De la Mora denunció amenazas y solicitó una orden de restricción ante la FGJCDMX contra un individuo identificado como Eduardo E..

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe relación entre estas amenazas y el móvil del asesinato.

Carrera mediática, clientela de alto perfil y precios exclusivos

Miguel de la Mora forjó su carrera en Guadalajara y, en junio de 2024, abrió la sucursal Micky Hair Salón Masaryk en la Ciudad de México. Su salón ganó notoriedad por atender a celebridades, influencers y empresarias. Entre sus clientas destacan Ángela Aguilar, quien documentó un procedimiento de extensiones; Kenia Os, Natalia Dupeyrón, Regina Peredo, María Fernanda Beltrán Figueroa y Priscila Escoto.

En redes sociales, De la Mora superaba 168.000 seguidores en su cuenta personal y el salón sumaba 24,700 seguidores. Mostraba viajes de trabajo a Japón, Brasil, París y Nueva York, así como afinidad por marcas de lujo como Cartier, Louis Vuitton y Hermès.

Usuarios en redes sociales compartieron cotizaciones de hasta 118.390 pesos por extensiones y coloración en el salón, mientras otra cotización alcanzó 116 mil pesos por 200 gramos de extensiones.

Círculo personal y vínculo con Diana Esparragoza

Miguel de la Mora mantenía una relación cercana con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”. Ambos realizaron viajes recientes, incluidos trayectos a Punta Mita y Japón. La amistad generó especulación en redes sociales tras el asesinato.

En entrevista, De la Mora relató que inició en el estilismo invitado por una amiga a un taller profesional. Expresó que la peluquería le permitió “conectar con muchísimas personas maravillosas” y “empoderar a las mujeres”.

Reacciones y seguimiento judicial

El homicidio de Micky Hair provocó expresiones de condolencia entre clientes, artistas y seguidores, quienes llenaron sus redes sociales con mensajes de luto tras confirmarse el ataque directo.

Ramiro Fabián Nast tenía 23 años y fue encontrado sin vida dentro de una heladera en un zanjón en Funes, una localidad de Rosario, Santa Fe. La víctima había recibido un golpe fatal en la cabeza y luego su cuerpo fue descartado. En medio de las investigaciones por el crimen del joven, este jueves, hubo un avance al caer un tercer sospechoso.

Según informó el Gobierno de Santa Fe, el aprehendido es un hombre de 40 años, identificado como Matías Z. La pesquisa, que ya registra a otros dos detenidos, avanza luego de que el delito fuera revelado por una allegada a los autores, lo que permitió a la policía encontrar el cuerpo y fortalecer la causa.

Durante la tarde, personal del Comando Radioeléctrico llevó a cabo la detención de Matías Z. tras recibir una información de calle que conducía a una vivienda en la zona oeste de Funes, en las inmediaciones de avenida de las Américas y El Mangrullo. El operativo concluyó cuando el sospechoso salió al exterior y fue aprehendido de inmediato.

Esta última detención se suma a las otras dos: Kevin Ariel T, de 25 años se entregó a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones el miércoles y quedó a disposición de la fiscalía por su presunta vinculación con el crimen. Por su parte, Luis Fernando V, de 29 años fue arrestado en el momento del hallazgo del cuerpo y señalado como el posible autor material.

El joven de 29 años detenido fue identificado como una de las últimas personas en tener contacto con la víctima, aunque la fiscalía no brindó detalles sobre su vínculo con el hecho. Tanto Matías Z. como Kevin Ariel T. y Luis Fernando V. serán presentados ante la Justicia en audiencia imputativa en los próximos días. La causa sigue bajo investigación y las autoridades continúan trabajando sobre las distintas líneas que ha revelado el expediente.

La reconstrucción de los hechos

La desaparición del joven comenzó luego de que asistiera a una fiesta el viernes previo, siendo ese el último momento en que su entorno lo vio con vida. Su madre, Yanina, encabezó una intensa búsqueda durante el fin de semana, difundiendo las características físicas de su hijo, incluido un tatuaje en una mano, para facilitar la identificación. Según declaraciones de Yanina, su hijo “no tenía vínculos con actividades delictivas”. Sin embargo, mencionó a personas “de este barrio que comercializa y que tiene que ver con la muerte de mi hijo”.

La denuncia formal de paradero fue radicada el domingo 5 de abril, llevando la fiscalía a coordinar rastrillajes con la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el cuerpo de bomberos voluntarios de Funes. El operativo concluyó el lunes a las 16:30, cuando los efectivos hallaron la heladera con el cuerpo en su interior, confirmando la muerte violenta y el ocultamiento deliberado del cadáver.

Ramiro Nast fue asesinado el sábado y su cuerpo apareció el lunes dentro de una heladera desechada en un zanjón con agua. Al ser encontrado, los investigadores encontraron signos de violencia que luego se confirmó en el preinforme de autopsia realizado en el Instituto Médico Legal. Este determinó que la causa del fallecimiento fue “un fuerte golpe en el cráneo”.

La investigación presume que la víctima estaba maniatada en el momento del ataque, según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad. El hallazgo del cadáver se produjo luego de que una mujer del entorno de los imputados se presentara en la comisaría 23ª y señalara el lugar tras recibir la confesión de uno de los acusados, quien admitió que “se le había ido la mano mientras retenía a Nast”.

Una nueva solicitud de ADN por parte de la Unidad Fiscal que investiga el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en Salta, volvió a fracasar.

A pesar de que el pedido a la esposa de Clemente Vera -uno de los condenados absueltos en 2021-, se presentara ante la Justicia, la medida quedó suspendida tras la intervención de un Juzgado de Garantías, en medio de cuestionamientos por parte de la defensa y la imposibilidad de contar con un perito propio.

El pedido anterior se había realizado a fines de marzo pero, en aquella ocasión, Beatriz Yapura no se presentó. La decisión de avanzar con la extracción de una muestra de ADN, se tomó tras varios intentos por parte del equipo especializado conformado para este caso, y luego de que se trasladaran a Salta muestras genéticas tomadas en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue tras ese procedimiento que la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente. El abogado defensor de su esposo, José Vargas, subrayó en aquella ocasión que el pedido era “totalmente infundado”, algo similar a lo que manifestó recientemente. “La medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí, se vulneraron derechos”, añadió.

El objetivo de estos procedimientos es realizar pericias genéticas en el marco de una nueva etapa de la investigación, con la intención de avanzar en el esclarecimiento del caso. Vargas calificó como infundado el pedido y denunció que se hizo sin la intervención judicial adecuada. A su vez, recordó que su defendido estuvo encarcelado durante diez años sin pruebas fehacientes en su contra.

Para darle un nuevo impulso a la investigación, en febrero de 2025, el Procurador General Pedro García Castiella conformó una Unidad Especial integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín. Uno de los principales objetivos es el cotejo de ADN con perfiles genéticos almacenados en la UBA. Peritos forenses franceses lograron recuperar de los hisopados de las autopsias tres perfiles genéticos desconocidos, correspondientes a dos personas masculinas y una femenina, que no fueron individualizados ni incluidos en la primera etapa de la investigación.

Clemente Vera, jardinero de San Lorenzo, fue inicialmente colaborador de la policía en la quebrada donde ocurrieron los hechos. Durante la instrucción bajo el juez Martín Pérez, Vera pasó de ser guía a imputado y finalmente a condenado. En 2014 fue absuelto en el juicio oral, pero dos años después, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó esa decisión, lo condenó a prisión perpetua y dispuso su retorno a la cárcel. El 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia, cuestionó duramente a la Justicia salteña y ordenó la liberación inmediata de Vera.

Durante los 10 años que estuvo preso, recordó en una entrevista con Infobae: “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”. “Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado.

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación.

Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, prestó nuevamente declaración en la causa tras regresar al país con el propósito de entregar documentación y supuestas pruebas que permanecieron bajo resguardo en Francia. Entre ese material, se incluirían muestras genéticas que no habrían sido incorporadas previamente a la investigación.

Un hombre fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, y hay un sospechoso detenido. La víctima tenía signos de violencia y golpes severos en la cabeza.

El episodio se registró en las últimas horas del jueves en la zona suroeste de la ciudad en una casa situada sobre la calle Forestieri al 5000. Según informaron fuentes de la policía de Córdoba, quienes arrivaron al domicilio junto al servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar, el golpe recibido por la víctima pudo haberle causado un edema cerebral, hematomas o un coma, que lo llevó a la muerte.

Los primeros exámenes médicos determinaron que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo severo, lo que condujo a los investigadores a evaluar la hipótesis de un homicidio. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de la víctima ni del detenido mientras continúan las tareas judiciales. Tampoco se dio a conocer si de la vivienda en donde encontraron el cadáver faltaba algún elemento de valor o personal de la víctima.

En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y el secuestro de una motocicleta que era utilizada por él, de acuerdo con lo que indicó El Doce. El sospechoso será indagado en las próximas horas.

La Policía de Córdoba indicó que el operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que interviene en el caso para esclarecer las circunstancias del crimen y el vínculo entre los involucrados.

Mataron a un hombre en Córdoba y lo tiraron a un descampado

Hace menos de una semana, entontraron a un joven de 28 años muerto con varias heridas de bala en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, también en la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo en el kilómetro 11 de ese camino luego de una denuncia recibida a través del 911, que movilizó a personal policial y a un servicio de emergencias hasta el lugar. Aparentemente, habrían descartado el cuerpo en una zona descampada

Los profesionales que intervinieron confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego, entre ellos en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo lo que terminó con la vida de la víctima, de acuerdo con lo que determinaron las autoridades.

La Brigada de Investigaciones tomó la conducción de la causa y desplegó un operativo conjunto con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas. A partir de las primeras averiguaciones y tareas de rastreo, la Policía detuvo a un hombre de 55 años durante la noche del sábado, en una vivienda situada en la calle Los Crisantemos al 1700, en las afuera de la ciudad. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura previo a su detención.

Hasta el momento, la Justicia no difundió las identidades del joven fallecido así como tampoco de detenido, al igual que en el reciente caso. Las autoridades trabajan en esclarecer el motivo del crimen y las circunstancias en que se produjo el ataque, sin que se hayan proporcionado detalles sobre la relación entre ambos o sobre posibles antecedentes previos. La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

El área rural donde se realizó el hallazgo permanece bajo custodia policial, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes. El caso sigue bajo análisis judicial a la espera de avances en la causa y posibles novedades sobre la identidad de los involucrados y el móvil del homicidio.

A días del macabro hallazgo del cuerpo de Ramiro Fabián Nast dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón de Funes, provincia de Santa Fe. Otro sospechoso quedó detenido.

Las acciones policiales y judiciales permitieron que un nuevo sospechoso, Kevin Ariel T., de 25 años, se entregara voluntariamente durante la mañana de ayer ante la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones.

Kevin Ariel T. llegó acompañado por su abogado defensor particular a la sede de la PDI. Allí, se puso a disposición de la fiscal Noelia Navone, quien lleva adelante el caso. El sospechoso quedó detenido, a la espera de la audiencia imputativa, cuya fecha aún no ha sido establecida por la Oficina de Gestión Judicial.

De acuerdo con la información del portal Rosario3, este arresto representa el segundo en el marco de la causa, ya que previamente había sido detenido Luis Fernando V., de 29 años, señalado como el presunto autor material del crimen.

La decisión de Kevin T. de presentarse ante las autoridades se produjo luego de que la Unidad de Violencias Altamente Lesivas allanara dos domicilios en Funes y uno en Rosario. Según se informó, el sospechoso optó por ajustarse a derecho al verse cercado por el operativo policial.

El cuerpo de Nast fue localizado el lunes pasado dentro de una heladera arrojada a un zanjón con agua, en la zona de Tomás de la Torre y Paysandú. El descubrimiento se produjo tras varios días de búsqueda.

El preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal indica que la causa de muerte fue un fuerte golpe en el cráneo.

La investigación plantea que el homicidio habría ocurrido en la mañana del sábado anterior al hallazgo. Estos datos fueron obtenidos a partir de los indicios recolectados por el equipo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

La última vez que se vio a Ramiro Fabián Nast con vida fue la noche del viernes, cuando asistió a una fiesta. Desde entonces, su familia perdió todo contacto, lo que motivó una intensa campaña pública encabezada por su madre, Yanina. La madre utilizó las redes sociales y distintos medios para difundir datos sobre su hijo, incluyendo la descripción de sus rasgos físicos y un tatuaje en la mano, con la esperanza de facilitar la identificación.

La movilización social fue notoria. Según relató Yanina, la reacción de la comunidad fue inmediata y masiva. “A mi hijo lo amaba todo el mundo. La misma policía se sorprendió de cómo salió a buscarlo tanta gente”, afirmó la madre. El joven mantenía un vínculo cercano con su familia, a pesar de no convivir con su madre, y era reconocido por su entorno laboral y sus amigos como una persona apreciada.

Acerca de las posibles causas del crimen, la madre de la víctima fue clara al desvincular a su hijo de actividades delictivas. Sostuvo que la muerte estaría relacionada con personas de la zona donde se produjo el hallazgo. “Lo único que sé es de gente de este barrio que comercializa y que tiene que ver con la muerte de mi hijo; es todo lo que sé”, expresó Yanina, subrayando que no existía ninguna vinculación previa de su hijo con esos sectores.

Con las detenciones, la investigación sigue su curso bajo la dirección de la fiscal Navone. El proceso judicial prevé nuevas audiencias en las que se formalizarán las imputaciones y se evaluarán las pruebas reunidas hasta el momento.

En Diciembre de 2024, encontraron hundidos en el Rio Quequén a Magalí Vera y a su pareja, Javier Cerfoglio tras un siniestro vial en la localidad de Necochea, ella estaba sin vida. Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, el caso tuvo un giro inesperado cuando hallaron signos de violencia y golpes que llevaron a la detención de Cerfoglio por femicidio. Este lunes, tras 492 días del crímen, el hombre habló por primera vez.

Durante la el inicio de la cuarta, y última, audiencia del juicio en su contra, Javier Cerfoglio realizó declaraciones sobre lo sucedido en 2024. El imputado habló desde el penal de Batán, donde se aloja desde que la Justica le rechazó la prisión preventiva domiciliaria. En el juicio por el asesinato de Magalí Vera, la fiscalía solicitó reclusión perpetua para el acusado, quien enfrenta cargos por un femicidio ocurrido en Necochea tras una fiesta de casamiento. El trágico episodio, marcado por una agresión feroz, culminó con el traslado del cuerpo en el baúl de un automóvil hasta el Río Quequén.

El abogado querellante, Juan Manuel Iovine, solicitó la máxima pena por el cuádruplemente calificado: por vínculo con la víctima, ensañamiento, alevosía y mediar violencia de género. Mientras tanto, el defensor Javier Mengoechea planteó la reducción de la pena a 20 años, al calificar el hecho como una tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, posición rechazada por la acusación.

En su declaración final, Cerfoglio pidió disculpas a su hijo, a sus padres y a otros familiares, pero omitió dirigirse a la familia de la víctima. “No declaré antes porque no me lo permitían... Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, expresó.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas. Nada más, nada más señora jueza”, declaró. Además, antes de terminar su alegato manifestó: “Muchas mentiras hay”.

Las evidencias claves de la investigación

El comisario Juan Manuel Ibarra, de la Policía Científica de Necochea, presentó pruebas consideradas “demoledoras” por los investigadores, que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad donde se registraron 30 patadas propinadas por Cerfoglio mientras Vera permanecía indefensa en la vía pública. El peritaje reveló que, tras la brutal golpiza, la víctima fue arrastrada y depositada inconsciente en el baúl de un Honda Fit color rojo.

La secuencia final del crimen determinó la causa de muerte. El acusado condujo hasta el Río Quequén, cerca de la terminal de ómnibus, y arrojó el automóvil al agua pasada la madrugada bajo una intensa lluvia. Según la acusación de la fiscalía y el análisis del fiscal Marcos Bendersky, el imputado tardó 28 minutos en sacar a Vera del baúl para posteriormente causarle la muerte por asfixia por sumersión, a pesar de que la víctima llegó inconsciente pero aún con vida al río.

La autopsia confirmó signos inequívocos de violencia: fractura expuesta del tabique nasal, lesiones múltiples y una hinchazón extrema en la cabeza. El hallazgo se produjo a las 7.16, cuando su cuerpo fue encontrado bajo un muelle, a 15 metros del vehículo.

En la reconstrucción de los hechos, el 1 de diciembre de 2024, la pareja habría discutido en un casamiento y abandonaron la fiesta. El ataque ocurrió cuando Vera descendió del auto de espaldas, según la narración del abogado Iovine: “La puso como un perro en el baúl, así la llevó hasta orillas del río”. El fiscal Bendersky remarcó que incluso después de dejar a Vera inconsciente, el acusado prefirió arrojar el coche al río y ahogar a la víctima, en vez de llevarla al hospital.

El entorno familiar y social quedó profundamente impactado. Los padres de la víctima, Felipe Vera y Stella Maris Castro, manifestaron dolor e incredulidad por no haber advertido el riesgo durante los catorce años de relación de la pareja. Relatos de familiares indicaron que Vera había mencionado a personas cercanas en días previos: “El Javier que ustedes conocen no es el verdadero Javier”. La familia todavía está esperando el fallo, que será anunciado el lunes 13 y en el mientras tanto siguen buscando justicia por Magalí.

Como Jaime Avilez Pinto, de 42 años, fue identificado el padre de familia que murió acribillado este lunes en el antejardín de su casa, ubicada en la comuna de Tomé (500 kms al sur de Santiago), tras evitar que una banda de delincuentes raptaran a su hijo de solo 6 años.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el asalto se produjo en horas de la madrugada cuando cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda de Avilez, quién dormía junto a su pareja y dos de sus cuatro hijos, los que buscaban a uno de ellos con el fin de cobrar una deuda.

“Hay varias hipótesis relativas a algún ánimo de venganza, algún ánimo de negocio ilícito o, derechamente, algún tipo de rencilla personal que hubiesen tenido con la víctima o con el grupo familiar”,señaló el fiscal ECOH Biobío, Michelangelo Bianchi.

Al no hallar a la persona que buscaban, los sujetos intentaron raptar a la pareja de Avilez y a su hijo de solo 6 años como medida de presión, ante lo cual el padre salió en defensa de su familia.

“Entraron con un auto rojo, le pegaron de cola al portón, lo sacaron altiro. A la señora la maniataron de pies y manos, boca abajo; a la hija también, y se querían llevar al niñito”, aseguró el padre de la víctima.

“Llévenme a mí”

Según el testimonio del padre de Avilez, al ver que los atacantes se abalanzaban sobre su pareja e hijo les dijo: ‘Llévenme a mí’. Mi hijo sale, comienza a pelear con uno y ahí le pegaron y le dispararon”.

“Cualquier padre da la vida por sus hijos y por lo mismo él prefirió que se lo llevaran a él”, señaló por su parte uno de los hermanos de la víctima.

Trascendió que los atacantes dispararon al menos 10 veces a Avilez, quien falleció en el antejardín de su casa producto de la gravedad de sus heridas.

Hasta ahora no hay personas detenidas y la policía trabaja intensamente para dar con el paradero de los responsables de este crimen que conmocionó a la comuna de Tomé.

A tan solo un día de que el cuerpo de un joven de 28 años fuera hallado sin vida en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, ubicado en la ciudad de Córdoba, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años acusado de haber sido el autor del crimen.

El hallazgo se produjo el viernes a la noche en el kilómetro 11 de ese camino, cuando el personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron producto de una denuncia realizada al 911. Fue así que constataron que la víctima se encontraba tirada en el piso con múltiples heridas de bala.

Durante una revisión ocular, las autoridades constataron que el joven presentaba impactos en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo. Ante el nivel de gravedad de estas lesiones, plantearon que estas heridas habrían provocado su muerte en el lugar.

Desde ese entonces, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que desplegó un operativo junto con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas. Como resultado de las averiguaciones, en las últimas horas del sábado, tras tareas de rastreo, la Policía logró detener a un hombre de 55 años.

Según la información publicada en El Doce.tv, el acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen fue capturado en la calle Los Crisantemos al 1700. De la misma manera, se confirmó que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura.

Por el momento, no se difundieron las identidades de la víctima ni del detenido, mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer el caso, como, por ejemplo, las circunstancias en que ocurrió el crimen y el móvil que habría motivado el ataque. Tampoco se informaron detalles sobre la relación entre ambos ni sobre posibles antecedentes previos entre el joven asesinado y el sospechoso.

Qué se sabe de la investigación sobre la muerte de José Allende, el joven que apareció muerto en un balneario

La autopsia preliminar de José Gabriel Allende (26), hallado sin vida en el balneario Los Elefantes de Mina Clavero, confirmó que su muerte se debió a un shock cardiogénico irreversible. En paralelo, la Fiscalía de Córdoba mantiene detenidas a tres personas, entre ellas una de las últimas que estuvo con él antes de que se reportara su desaparición.

Los informes forenses detallaron que el cuerpo del joven no presentaba lesiones óseas ni heridas externas que expliquen la muerte, aunque sí un avanzado estado de descomposición, consistente con haber permanecido sumergido durante un periodo prolongado en el agua.

De la misma manera, se extrajeron muestras para exámenes toxicológicos y de anatomía patológica, cuyos resultados aún deben incorporarse a la investigación. Según explicaron las autoridades, estos resultados podrían ampliar el panorama de qué fue lo que ocurrió con José.

El operativo de búsqueda comenzó el domingo 22 de marzo, después de que Allende fuera visto por última vez al salir de la Plaza Centenario, donde había estado con amigos hasta las 3 de la madrugada del lunes. Después de varios días, su cuerpo fue encontrado sin signos de violencia externa, pero con síntomas de inmersión prolongada.

El relato de Luciana Allende, hermana de la víctima, amplió ante El Doce.tv los posibles móviles e instancias del episodio, sugiriendo un escenario de enfrentamiento. Describió que, tras dejar la plaza, Allende se habría reunido con un conocido, la pareja de este y otro joven no identificado.

El grupo se habría dirigido primero a un kiosco, donde supuestamente se produjo un robo violento. “Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano, que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso, le roban el celular y sale corriendo”, relató.

Más tarde, el joven habría intentado contactar a los supuestos agresores para recuperar su teléfono, lo que motivó su presencia en una vivienda próxima a la plazoleta Merlo y el posterior movimiento del grupo hacia otra dirección. El último registro fehaciente de Allende corresponde a una cámara de seguridad que lo captó solo a las 6:00 del lunes.

Las pistas recogidas hasta el momento, con especial atención al relato proporcionado por la familia, orientaron una de las líneas de investigación de la Fiscalía hacia un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcomenudeo. A pesar de esto, los tres detenidos aún no tienen vínculos determinados oficialmente, y sus identidades permanecen bajo reserva.

Durante los procedimientos de detención ejecutados entre el viernes y el sábado de la semana pasada, las fuerzas policiales secuestraron varios teléfonos móviles, prendas de vestir y un vehículo que habría sido empleado por los sospechosos. Los objetos incautados serán sometidos a peritajes técnicos que buscan establecer su conexión precisa con la muerte de Allende.

La tarde del Viernes Santo, Nilcia Pamela Chávez Pérez, empleada del área de servicios generales del Hospital Escuela de Tegucigalpa, fue asesinada presuntamente por su pareja en su domicilio de la colonia Modesto Rodas Alvarado, en un episodio que no solo sacudió a la comunidad, sino que volvió a ubicar la crisis de la violencia de género en el centro del debate nacional por la respuesta y el trato institucional que reciben las victimas.

En un giro inusual, el presunto responsable, un oficial administrativo de 40 años cuya identidad las autoridades aún no divulgan, se entregó voluntariamente a la policía tras cerrar el apartamento, llevando consigo un croquis detallado que permitía localizar el cuerpo de la víctima.

De inmediato, la escena fue asegurada por la policía y el Ministerio Público inició el proceso de investigación, mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), testigos indicaron que Chávez Pérez y el sospechoso mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años. Versiones recogidas por la DPI refieren que durante ese periodo la víctima habría enfrentado episodios reiterados de violencia doméstica.

Según información oficial, constan al menos dos denuncias previas presentadas por la mujer ante las instancias pertinentes, lo que revela un antecedente de maltrato documentado en el sistema.

Este hecho aporta un elemento diferencial clave respecto a otros crímenes de pareja, pues evidencia la existencia de una vía institucional previa que, de acuerdo con distintos sectores y organizaciones de derechos de las mujeres, no fue suficiente para evitar la escalada letal en este caso. El femicidio de Chávez Pérez reactiva, así, la demanda de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta cuando hay antecedentes y denuncias formales de agresión.

A lo largo del país, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reiteran la urgencia de políticas preventivas y de atención más eficaces. El caso muestra la brecha crítica entre la denuncia y la protección efectiva para quienes enfrentan violencia al interior de sus relaciones familiares.

El asesinato se produjo dentro de un conjunto de apartamentos en una fecha con fuerte carga simbólica —el Viernes Santo—, tradicionalmente asociada al recogimiento familiar, lo que acentuó la consternación tanto en la colonia Modesto Rodas Alvarado como entre los compañeros de trabajo de la víctima en el Hospital Escuela, quienes subrayaron su dedicación y compromiso laboral.

La respuesta policial tras la entrega del sospechoso incluyó el acordonamiento de la zona y el despliegue de unidades de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver, al tiempo que fiscales del Ministerio Público iniciaban el proceso judicial. El detenido permanece bajo custodia a la espera de audiencia ante los tribunales, donde se definirán los cargos, de acuerdo con fuentes oficiales citadas.

El asesinato de Nilcia Pamela Chávez Pérez no fue el único crimen de género registrado ese día en Tegucigalpa. Pocas horas antes, en la colonia La Era, fue hallado el cadáver de otra mujer, presuntamente lapidada. El doble crimen configura una de las jornadas más violentas contra las mujeres en la capital hondureña en lo que va del año.

Ambos casos han renovado el reclamo público para que las denuncias por violencia doméstica sean atendidas con mayor celeridad, y para que se brinde acompañamiento integral a las mujeres en situación de riesgo.

La muerte de Nilcia Pamela Chávez Pérez se suma, así, a la larga lista de víctimas de la violencia de género en Honduras, en un contexto en el que el dolor y la indignación movilizan reclamos sociales de prevención eficaz y acceso a la justicia, bajo la premisa de que la protección de las denunciantes debe ser inmediata y efectiva.

La Justicia de la provincia de Salta investiga el violento crimen de un hombre de 35 años, asesinado de al menos un balazo en medio de un supuesta batalla campal entre vecinos en un barrio del sudeste de la capital. Por el hecho, 14 personas fueron detenidas, de las cuales dos son menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho se registró en las primeras horas del viernes detrás de la fábrica La Cerámica, en el barrio La Fama, por motivos que todavía no están del todo claros. La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP realicen peritajes en el lugar.

El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. Las 14 personas sospechadas serán imputadas el próximo lunes.

De acuerdo con el diario El Tribuno de Salta, el crimen del hombre de 60 años se habría producido a partir de una discusión por la demora en un pedido de bebidas a un delivery ubicado sobre calle Samuel Quevedo.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron en base a fuentes judiciales citadas por el medio, un hombre que había realizado el pedido comenzó a reclamar por la tardanza. Ante la situación, se sumaron otras personas y se generó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

Al parecer, en la vivienda donde funciona el delivery estaban reunidas varias personas, mientras ingerían bebidas alcohólicas y escuchaban música. A partir de allí, salieron varias de esas personas y el conflicto se agravó.

Según trascendió, la víctima es un hombre de tendría 35 años conocido como “El Tuerto”, quien luego de recibir al menos un balazos, falleció cuando llegó al hospital San Bernardo.

Las detenciones no fueron sencillas. Tras el llamado al 911, tanto los móviles de la Policía como la ambulancia que concurrieron al lugar, fueron atacadas con piedras por parte de los vecinos. En medio del operativo, varios de los involucrados escaparon por los techos, lo que complicó el procedimiento y motivó un despliegue mayor de efectivos.

Los efectivos encontraron dos armas de fuego, que deberán ser sometidas a peritajes. “En el avance investigativo, adelantó que se produjo la demora de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad, como sospechosas de haber tenido participación en el hecho y que serán imputadas el próximo lunes en sede fiscal”. comunicó el MPF de Salta.

Este viernes se realizó en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la audiencia de formulación de cargos contra el joven de 15 años que mató a Ian Cabrera (13) y le provocó lesiones a otros ocho estudiantes en un tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

Una vez finalizada, los fiscales del caso, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron algunos detalles de la investigación. En ellos, indicaron que “no tienen ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”.

“Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros hoy dimos cuenta y explicamos al momento de imputar, de hacer saber los hechos, que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además, estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”, aseguró el fiscal Luis Schiappa Pietra luego de la audiencia realizada esta mañana.

En ese sentido, el funcionario judicial explicó que el foco de la investigación ahora se centrará en los perfiles de internet que utilizaba el adolescente que disparó.

“Nosotros ya tenemos hoy información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas, estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también”, explicó el fiscal.

Al ser consultado si pudo haber existido la participación de otras personas en el hecho, el fiscal aseguró que “se está investigando” y que “por el momento no tiene información concreta para transmitir respecto de ese punto”.

“Esta es una investigación muy compleja, en muy pocos días. Desde el Ministerio Público pudimos reconstruir parte importante de lo que fueron los momentos, algunos momentos previos y luego posteriores a estos hechos. Creemos que esta es una investigación que va a continuar. Claramente respecto de él, nosotros no tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible”, resaltó.

Respecto a la escuela, el fiscal adelantó que todavía permanecerá cerrada con el objetivo de poder avanzar en la investigación. “Hoy constituye lo que es desde el punto de vista de la investigación penal, la escena del crimen, la escena del hecho; va a permanecer un tiempo más resguardada”, dijo el fiscal.

Y añadió: “Nosotros en ese sentido, a los fines investigativos, estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien decidirá desde el punto de vista justamente educativo y el dictado de clases, cómo tendrá que resolver, cómo va a canalizar esto. Hoy por hoy prima la investigación penal en relación, reitero, a este terrible hecho que ocurrió en esta localidad de San Cristóbal”.

Schiappa Pietra, en la conferencia de prensa, estuvo acompañado por Carlos Vottero, fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y de sus colegas Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

A su turno Vottero reveló que en el audiencia no estuvo presente el chico de 15 acusado ni la familia de Ian, pese a que se lo pidió al juez. “Quiero mencionar que lamento mucho como fiscal regional y representante del Ministerio Público de la Acusación, la no presencia en la sala del autor, menor no punible de 15 años, del hecho”, dijo el fiscal Regional, quien remarcó que por decisión del magistrado, la causa sigue bajo secreto de sumario.

Octavio Alan Ochoa Martínez, abogado y consejero del PRI, fue asesinado afuera del despacho donde laboraba en el cruce de Rayón y Francia, en la colonia Moderna de Guadalajara.

El crimen habría ocurrido el miércoles 1 de abril, medios locales reportan que el hombre iba llegando a su trabajo cuando sujetos armados le quitaron la vida con al menos cuatro disparos.

Policías y cuerpos de emergencias llegaron al lugar, sin embargo, el litigante ya no contaba con signos vitales. Por lo que arribaron peritos de la fiscalía de Jalisco con el objetivo de iniciar las indagatorias por este crimen.

El PRI condena el asesinato

Hace un par de horas, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Haro Ramírez, en el estado condenó el asesinato y exigió que no haya impunidad en el caso:

“El día de ayer fue asesinado de manera cobarde mi amigo y Consejero Político del PRI, Alan Ochoa, cuando se dirigía a trabajar a su despacho. Condenamos este hecho y exigimos no haya impunidad, sino justicia para nuestro compañero Alan. A su familia y amigos, nuestras sinceras condolencias. Que descanse en paz”.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dedicó un mensaje reconociendo al joven abogado:

“Nuestra mayor condena ante el cobarde asesinato de Alan Ochoa. Un joven valioso, abogado, Consejero del PRI en Jalisco, que salió de su casa a trabajar y ya no regresó. Nos duele y nos indigna. Porque nadie debería perder la vida así. Porque ninguna familia merece recibir una llamada que le cambie la vida para siempre. A su familia y amigos les enviamos toda nuestra solidaridad. No están solos”.

En el mismo mensaje publicado en sus redes sociales, Alito Moreno exigió justicia por el crimen, pidió una investigación a fondo y “que los responsables paguen”.

El también senador del tricolor finalizó su mensaje asegurando que “México no puede seguir acostumbrándose a la violencia como si fuera parte del paisaje”.

La violencia alcanza a líder del PRI en Ometepec, Guerrero

El pasado 11 de marzo se reportó el asesinato de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.

Medios locales indicaron que el ataque ocurrió mientras Rodríguez Estrada permanecía dentro de su tienda, situada junto a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas, donde anteriormente desempeñó el cargo de comisaria.

A través de su cuenta oficial en X, el senador y coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, condenó el crimen perpetrado en contra de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, exigió una investigación a fondo y con resultados inmediatos:

“Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia! Mi respaldo total a Alejandro Bravo Abarca, como dirigente del PRI en Guerrero, y mi solidaridad con la familia de Claudia Ivett y sus seres queridos”.

La muerte de Alan Ochoa, abogado y Consejero del PRI en Jalisco, fue condenada este 2 de abril por Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del partido, quien exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

Esta declaración del presidente de Moreno fue hecha a través de un mensaje en redes sociales, en el que el dirigente remarcó la gravedad del hecho y el impacto en la comunidad política.

Moreno calificó de “cobarde asesinato” la muerte del priísta, agregando que “México no puede seguir acostumbrándose a la violencia como si fuera parte del paisaje”.

Además, el líder partidista expresó solidaridad con la familia y amigos de la víctima, señalando que “nadie debería perder la vida así”, y pidió que ninguna familia se vea obligada a recibir una llamada que transforme su vida de forma repentina.

El llamado del presidente del PRI incluyó una exigencia precisa: justicia para Ochoa y acciones efectivas para que se esclarezcan los hechos, además de que los responsables sean castigados.

Presidenta del PRI en Jalisco informa del asesinato de Alan Ochoa

Laura Haro Ramírez, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, fue quien informó del asesinato del consejero del PRI, Alan Ochoa.

De acuerdo con la presidenta, Alan Ochoa fue asesinado el día de ayer 1 de abril cuando se desplazaba hacia su despacho. El hecho motivó un llamado explícito de parte de la Haro Ramírez a que se garantice justicia y no quede impune este homicidio.

“Condenamos este hecho y exigimos no haya impunidad, sino justicia para nuestro compañero Alan. A su familia y amigos, nuestras sinceras condolencias. Que descanse en paz”, declaró en sus redes sociales.

Asesinan a lideresa del PRI en Guerrero

La líder regional del PRI, Claudia Ivett Rodríguez, falleció tras un ataque armado ocurrido la noche del 11 de marzo en la región de Costa Chica, Guerrero, confirmaron el coordinador del partido en el Senado, Manuel Añorve, y el comité estatal del partido, según informó EFE.

Funcionarios de la Fiscalía estatal se movilizaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias, mientras que las autoridades no han dado declaraciones públicas sobre el caso, reportaron medios locales. Tampoco se han identificado a los responsables ni se ha determinado el motivo del crimen.

El senador Manuel Añorve repudió el ataque en redes sociales y exigió acciones inmediatas: “Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia!”

De acuerdo con los reportes iniciales citados por medios, varios individuos ingresaron al comercio donde trabajaba Rodríguez, quien también ejercía funciones como comisaria en Milpillas, y abrieron fuego antes de huir.

Guerrero figura entre las entidades mexicanas con más homicidios. El Gobierno federal sostiene que en los primeros 17 meses del mandato de Claudia Sheinbaum los asesinatos han disminuido 44 %, según datos recogidos por EFE.

Clyde fue arrestado por primera vez en 1926, acusado de no devolver un auto de alquiler. Poco después, tras conocerse en 1930, se convirtieron en pareja, y aunque Bonnie nunca se divorció formalmente de su primer esposo, lo acompañó fielmente incluso durante su paso por prisión, donde cumplió una condena de dos años.

Quiénes fueron Bonnie y Clyde

El vínculo entre ambos se consolidó en medio de la llamada “Era del Enemigo Público”, una época en la que nombres como John Dillinger y Baby Face Nelson dominaban los titulares. Juntos, iniciaron un camino delictivo que incluiría robos a bancos, tiendas y estaciones de servicio, sumando cómplices como el hermano de Clyde, Buck Barrow, y su esposa Blanche.

Su notoriedad creció tras un tiroteo en Joplin, Misuri, donde murieron dos policías y la policía halló una cámara con fotografías de la pareja, imágenes que circularon por periódicos de todo el país.

Durante dos años, la prensa estadounidense alimentó el mito de esta pareja rebelde. De acuerdo con los reportes de la época, él era descrito como un “notorio ‘malo’ y asesino de Texas”, mientras que ella era retratada como “su cómplice, fumadora de puros y experta en el manejo de armas”, explica el FBI.

La pareja fue señalada como responsable de al menos 13 asesinatos, además de múltiples robos y secuestros. Su persecución involucró a agencias estatales y federales, incluyendo la entonces Oficina de Investigación, hoy FBI, que los rastreó tras descubrir la relación de Clyde con varios autos robados y el uso de recetas médicas vinculadas a su familia en Texas.

Tras su unión se adentraron rápidamente en el mundo del crimen. El primer gran giro ocurrió cuando, en 1932, uno de los cómplices de Clyde asesinó al dueño de una tienda, lo que llevó a la pareja a huir. A medida que ampliaban su radio de acción, participaban en asaltos a bancos, negocios menores y estaciones de servicio, a menudo con violencia letal.

Durante 1933 y 1934, la ola de delitos atribuidos a la banda de Barrow incluyó robos a bancos y vehículos, asesinatos y secuestros. Un punto clave fue la conexión con la familia Methvin, especialmente con Henry Methvin, que frecuentaba la casa de su familia en la parroquia de Bienville, Luisiana.

En este contexto, la persecución se intensificó a nivel estatal y federal. El FBI emitió órdenes de arresto por el transporte interestatal de automóviles robados, y la policía tejana llegó a ofrecer una recompensa de 1.000 USD (Equivalentes a 25.000 USD actuales) por los cuerpos de Bonnie y Clyde, no por su captura.

La presión se incrementó aún más tras el asesinato de policías en Texas y Oklahoma, y el secuestro de varios agentes y civiles, lo que llevó a una vigilancia constante y a la colaboración entre diversas agencias.

Cómo fue el plan para asesinar a Bonnie y Clyde

La captura mortal de Bonnie Parker y Clyde Barrow fue el resultado de una estrategia minuciosa dirigida por agentes de policía de Texas y Luisiana. En los meses previos a la emboscada, las autoridades intensificaron la vigilancia sobre la pareja, tras una serie de crímenes que incluyeron homicidios y secuestros, y gracias a la colaboración de un cómplice clave en el desenlace.

El plan se centró en el hecho de que Henry Methvin, aliado de la pareja, tenía familia en la parroquia de Bienville, Luisiana. Los agentes sospechaban que, si la banda se separaba, ambos regresarían a la casa. Para aprovechar esta previsibilidad, convencieron al padre del aliado para que estacionara su vehículo al costado de una carretera rural en calidad de cebo, ya que la pareja confiaba en él y probablemente se detendrían al verlo.

Por lo tanto, y según una reconstrucción del FBI, la noche del 21 de mayo de 1934, los agentes se ocultaron en las malezas cerca del lugar eledigo. Esperaron durante horas con rifles semiautomáticos, escopetas y pistolas. Finalmente, el 23 de mayo se sentenció el final de la carrera criminal de Bonnie Parker y Clyde Barrow.

Cerca de las nueve de la mañana, el Ford V8 robado y conducido por Clyde apareció en la carretera. Al ver al padre de Methvin al costado, detuvieron el vehículo, presuntamente para ofrecerle ayuda.

En ese momento, seis oficiales abrieron fuego y mataron al instante a Clyde con un disparo en la cabeza, mientras que Bonnie, según relataron los agentes, alcanzó a gritar al darse cuenta de lo ocurrido. El grupo policial disparó alrededor de 130 balas, vaciando el arsenal completo contra el automóvil, incluso cuando el mismo ya había caído en una zanja.

La decisión de abrir fuego sin advertencia previa se justificó, según los agentes, por el temor a que la pareja respondiera letalmente o escapara, ya que en el coche se encontraron posteriormente rifles, escopetas, pistolas, revólveres y 3.000 cartuchos de munición. Bonnie fue hallada con un arma en el regazo.

A la llegada de las autoridades, la escena era caótica: saqueadores intentaron llevarse recuerdos sangrientos, desde trozos de ropa hasta partes del cuerpo.

El forense determinó que Bonnie Parker recibió 26 disparos y Clyde Barrow 17, aunque algunos investigadores posteriores estimaron que ambos podrían haber recibido más de 50 disparos cada uno. El funerario encargado de los cuerpos reportó grandes dificultades para embalsamarlos debido a la cantidad de orificios de bala. Dos miembros del jurado que revisaron las fotografías del lugar de los hechos sufrieron náuseas ante la brutalidad de la escena.

Qué sucedió tras el asesinato de Bonnie y Clyde

La ejecución desencadenó una oleada de reacciones inmediatas y un legado que se prolonga hasta el presente. Las autoridades recibieron críticas por la dureza del operativo y por haber disparado sin advertencia, pero los agentes involucrados insistieron en que no podían correr riesgos dada la peligrosidad de la pareja.

En tanto, el impacto social y mediático fue inmediato. La cobertura de los periódicos fue tan intensa en la muerte como lo había sido durante la vida criminal del dúo. Las imágenes de la escena se difundieron por todo el país, capturando la atención pública y consolidando la leyenda negra de la pareja.

En cuanto a su destino final, aunque ambos manifestaron el deseo de ser enterrados juntos, la familia de Bonnie no lo permitió. Fueron sepultados en cementerios separados en Dallas, Texas.

El legado de la pareja trascendió su época. El auto, conocido como el “coche de la muerte”, fue exhibido durante casi cuatro décadas en ferias y parques de atracciones antes de establecerse en el Hotel y Casino Whiskey Pete’s en Primm, Nevada.

La fascinación por la historia criminal se renovó en 1967 con el estreno de la película Bonnie y Clyde, protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty, y volvió a cobrar fuerza en 2019 con la producción de Netflix The Highwaymen.

Hoy, el lugar donde murieron permanece silencioso, marcado por una lápida que recuerda el hecho con una inscripción sobria: “En este lugar, el 23 de mayo de 1934, Clyde Barrow y Bonnie Parker fueron asesinados por agentes de la ley”.

El incidente, registrado en video, evidenció la falta de capacidad policial para contener estos eventos urbanos, que se han hecho recurrentes en la ciudad, según informó Fox News.

En este episodio, dos vehículos fueron decomisados y no se realizaron arrestos, a pesar de la magnitud del operativo. La cifra contrasta con hechos recientes: en Carson, otro distrito del condado de Los Ángeles, 64 personas detenidas y 25 vehículos remolcados fue el saldo tras una toma callejera similar, de acuerdo con datos de My News LA citados por Fox News.

El fenómeno conocido como street takeovers ya afecta a varias ciudades importantes de Estados Unidos. En Los Ángeles, estos eventos no solo alteran la circulación, sino que implican riesgos directos para la seguridad de residentes y espectadores.

El video publicado por el medio de noticias local OnScene.TV muestra cómo los organizadores cerraron la intersección y realizaron maniobras riesgosas con automóviles a alta velocidad, mientras los asistentes se acercaban peligrosamente. En un momento, un sedán negro avanzó entre la multitud e impactó a una persona, que logró retirarse por sus propios medios.

El nivel de intimidación aumentó cuando la multitud rodeó y detuvo un autobús Metro Rapid que transportaba a un conductor y pasajeros. El vehículo permaneció inmovilizado mientras varios jóvenes subían al techo y otros rayaban la carrocería, incluso el parabrisas, con grafitis. Los pasajeros quedaron atrapados y solo pudieron observar la situación desde el interior.

Antecedentes recientes en Carson

Durante el desarrollo del evento, se encendieron fuegos artificiales en el centro de la intersección, lo que provocó la huida de parte de los espectadores. Las imágenes también reflejan la escasez de respuesta policial: la Fuerza Especial de Carreras Callejeras del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no pudo intervenir y solo se enviaron dos patrullas, según verificó Fox News.

El sargento Chris Carson de la división Harbor del LAPD explicó a Los Angeles Daily News las dificultades operativas que enfrentan ante estos incidentes: “Muchas veces, cuando llegamos, ya se han marchado. Los residentes locales no lo aprueban. Nosotros tampoco. Se adueñan de un lugar y generan un peligro. Bloquean el tráfico. Pero no tenemos el personal suficiente para detener a todos. Huyen de nosotros”.

Según Fox News, este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en grandes ciudades como Los Ángeles. El verano pasado, cerca de 50 vehículos participaron en otro “takeover” en las inmediaciones de Crypto.com Arena. En ese suceso, testigos reportaron fuegos artificiales, disparos con pistolas de pintura y saqueos en comercios cercanos.

Estrategias y respuesta oficial

Las autoridades respondieron con medidas diferenciadas según el distrito. En Carson, por ejemplo, dos vehículos fueron enviados al corralón por 30 días y se emitieron 8 infracciones de tránsito.

Al mismo tiempo, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, solicitó el aumento de las multas para reincidentes involucrados en estos disturbios.

La escalada de intervenciones violentas en las calles, junto con la dificultad de detener a todos los participantes, mantiene en estado de alerta tanto a las fuerzas de seguridad como a la administración local.

Hace dos semanas, los hijos de Nicolás Vicente D’Angelo ingresaron a su vivienda ubicada en la intersección de 159 y 42 en Lisandro Olmos tras varios días sin lograr comunicarse con él y se encontraron con la peor escena. El cuerpo sin vida del hombre de 79 años con manchas de sangre en el rostro y heridas en la cabeza.

En las últimas horas y tras varios días de búsqueda, las autoridades de La Plata detuvieron a una sospechosa del crimen que se ocultaba en una casa ubicada a pocos metros de lo de D’Angelo.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 15 de marzo y, según informó 0221, los accesos a la propiedad no mostraban señales de haber sido forzados. La víctima presentaba claros signos de violencia, lo que llevó a la intervención de la Policía Científica y a la apertura de una causa bajo la fiscalía de Betina Lacki, titular de la Fiscalía N°2 de la capital bonaerense.

De acuerdo con las fuentes citadas por dicho medio, la investigación identificó a una mujer de 29 años, residente en la zona de Los Hornos como principal sospechosa del hecho aunque la detención se concretó recién este martes, cuando los efectivos de la DDI la localizaron en una vivienda de Villa Elvira, en la zona de 5 y 90.

La mujer permaneció ocutla durante varios días y era buscada intensamente por el crimen. Gracias a los testimonios de vecinos los investigadores pudieron encaminar los procedimientos hasta dar con la sospechosa, quien vivía cerca del domicilio de D’Angelo. Se trata de una persona con antecedentes penales y con al menos dos condenas previas, lo que agrava su situación procesal.

Según la reconstrucción hecha por las autoridades, la sospechosa habría abandonado la escena utilizando un vehículo de la aplicación y aparentemente se habría llevado el celular del jubilado y un televisor de la vivienda, dado que ambos elementos permanecen desaparecidos.

El informe forense reveló el resultado de la autopsia: Nicolás Vicente D’Angelo murió por asfixia mecánica. Este dato resultó determinante para orientar la causa como un homicidio agravado y permitió reforzar la hipótesis de un ataque intencional. La fiscal Betina Lacki continúa liderando la investigación junto a la Comisaría 14° de Melchor Romero y la DDI La Plata, mientras se trabaja para determinar el móvil del crimen y descartar o confirmar la participación de terceros.

En el expediente se evalúa la posibilidad de que el homicidio esté vinculado a una deuda económica, aunque señalaron que esa hipótesis sigue bajo análisis.

La semana pasada, un abogado jubilado de 85 años fue víctima de un robo en su departamento situado en la zona céntrica de La Plata. El hecho fue descubierto cuando la empleada doméstica llegó al lugar y encontró la vivienda con muebles dañados, objetos tirados y un importante desorden. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

Según relató la víctima, no se encontraba en el domicilio durante el robo. Al regresar, constató el faltante de joyas, un reloj y cadenas de oro. Personal de la Policía Bonaerense acudió al edificio ubicado en la calle 10, entre 51 y 53, donde trabajaron especialistas de Policía Científica para recolectar pruebas.

Los investigadores no detectaron daños visibles en puertas o ventanas, por lo que analizan distintas hipótesis sobre la forma en la que los ladrones ingresaron al departamento. Hasta el momento, no se logró identificar la cantidad de personas involucradas ni sus identidades.

La causa quedó en manos de las autoridades, que continúan con las tareas para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

Este lunes, el tribunal la declaró culpable por homicidio agravado por el vínculo y rechazó la existencia de emoción violenta en su accionar. La condena había sido solicitada por el fiscal de juicio de la UFI Nº15 de La Matanza, Sergio Antin.

De acuerdo con la acusación, Palavecino atacó a su pareja movida por celos, luego de protagonizar una agresión previa contra Ludmila Corvalán, ex compañera de colegio de Mariano Grinspun.

Durante el juicio, testigos señalaron que, poco antes del asesinato, la imputada enfrentó a la otra mujer por haber saludado a Grinspun y la hirió con tres puñaladas.

El crimen se produjo el 21 de octubre de 2024, en la calle Balboa al 3100. Las cámaras de seguridad registraron tanto la discusión previa como el instante en que Palavecino apuñaló a la víctima. Luego de esto, la mujer pidió auxilio.

También brindaron su declaración testigos presenciales, entre ellas vecinas que llamaron al 911 tras ver el ataque y oír cómo la acusada le exigía al joven que le “pidiera perdón por estar con esa puta” mientras lo golpeaba en la cabeza con patadas.

En el juicio se detalló que Palavecino ya contaba con antecedentes penales: el 18 de agosto de 2021 había recibido una condena de un año de prisión en suspenso por causar lesiones leves a otra ex pareja, a quien también agredió con un cuchillo.

Durante la audiencia, la defensora oficial Pilar Sagastume expuso que su representada era víctima de violencia de género y que actuó para defenderse de un supuesto ataque de Grinspun.

En el debate, se señaló que no existían denuncias previas de Palavecino contra la víctima ni elementos que acreditaran esa versión. Los testimonios de familiares y vecinos tampoco respaldaron la existencia de hechos de violencia previos por parte de Grinspun.

Según lo publicado por el diario Primer Plano, Mónica Ester, madre de la víctima, relató que su hijo vivía en un entorno de violencia y recordó que, dos meses antes del homicidio, Grinspun había recibido atención en un hospital público por heridas de arma blanca infligidas por Palavecino.

Ese episodio derivó en una denuncia y la imposición de una restricción de acercamiento de 300 metros, dictada el 28 de agosto de 2024. Pese a la orden judicial, volvieron a convivir poco después.

Cuando el fiscal le consultó si recordaba haber apuñalado a Grinspun, Palavecino optó por no responder. La defensa pidió que se consideraran atenuantes y, en caso de condena, se aplicara una pena similar a la del homicidio simple por emoción violenta, admitiendo así la autoría.

La Fiscalía y la querella, representada por el abogado Matías Melian, sostuvieron que las pruebas y las declaraciones confirmaban el homicidio calificado por el vínculo.

Durante su declaración ante el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, Corvalán manifestó que Palavecino la increpó diciendo: “¿Qué saludás a mi marido?” y luego se dirigió a su pareja con la frase: “¿Y vos qué saludás a esta p...?”. En ese momento, los atacó a ambos con el mismo cuchillo.

Tras el homicidio de Grinspun, Palavecino evidenció alteración emocional durante su traslado: comenzó a golpearse las rodillas contra la puerta trasera del patrullero, según consta en el expediente.

El informe forense confirmó que el joven de 22 años murió como consecuencia de una única herida punzante en el tórax.

La distancia, que un día fue el puente hacia la esperanza, se ha convertido hoy en el abismo más cruel para un padre hondureño residente en España. Mientras intentaba construir un futuro mejor a base de sudor y sacrificios en el viejo continente, la violencia que azota a Honduras le propinó el golpe más letal: el asesinato de dos de sus hijos jóvenes, de apenas 18 y 20 años.

En una entrevista exclusiva que ha conmovido a la audiencia de HCH Televisión Digital, este padre, cuya voz se quiebra entre el llanto y la resignación, relató el calvario que vive tras recibir la noticia que ningún progenitor debería escuchar jamás.

Aunque en su dolor el tiempo parece haberse detenido, el impacto de la llamada recibida tras los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 29 de marzo, marcó un antes y un después en su existencia.

“Mi hijo me dijo: ‘Papá, tiene que ser fuerte’. Y no, yo me fui al suelo de un solo... no tengo palabras”, confesó entre sollozos, recordando el momento en que su hijo mayor, también en España, le confirmó la tragedia.

Los jóvenes asesinados, descritos por su padre como seres “intachables y luchadores”, representaban el esfuerzo de una familia que buscaba salir adelante de manera honesta.

El menor de ellos era un joven dedicado a la iglesia, cuyo único sueño reciente era que su padre le trajera unos tenis de España. La hija, por su parte, era una emprendedora que vendía refrescos y comida a los militares y en residenciales, ilusionada con una motocicleta que acababa de adquirir para facilitar su trabajo.

Vulnerabilidad y angustia: el impacto económico tras la tragedia

La tragedia no termina con la muerte. Para este padre, el duelo se ve agravado por la falta de recursos económicos. Al no estar trabajando en los últimos meses debido a la inestabilidad de su situación migratoria y laboral en España, se encuentra en una posición de total vulnerabilidad. Su mayor angustia en este momento no es solo la pérdida física, sino la imposibilidad de enviar dinero para que sus hijos reciban una despedida digna.

“Yo lo que quisiera es que me ayudaran para darle un entierro digno a mis hijos”. Su situación es tan crítica que incluso el traslado para realizar la entrevista representó un gasto que apenas pudo costear, evidenciando que el “sueño europeo” se ha transformado en una pesadilla de impotencia.

Un mensaje de perdón inaudito

El relato es un retrato crudo de la inseguridad estructural en Honduras. No se trata de un incidente aislado; este hombre reveló que, apenas quince días antes, también perdió a un nieto en circunstancias similares en el sector de Las Casitas. La violencia, como una sombra persistente, ha decidido ensañarse con su círculo más íntimo.

Lo que más ha impactado a quienes escucharon su testimonio no fue solo el dolor, sino la asombrosa capacidad de perdón. En un país donde la justicia suele ser esquiva y la venganza un impulso recurrente, este padre envió un mensaje que dejó atónitos a los televidentes.

“Ante Dios, yo los perdono. Y yo no le deseo mal a nadie. Aunque me diera cuenta de quién fue, yo los perdono y Dios sabrá el destino de cada quien”, expresó con una fe inquebrantable, delegando la justicia a la divinidad mientras su familia busca refugio bajo protección policial en Honduras por temor a nuevas represalias.

La familia continúa bajo resguardo policial. No se han reportado avances oficiales en la investigación del doble homicidio ni del asesinato reciente del nieto. El padre reiteró en la entrevista su confianza en que la justicia divina prevalecerá y renovó su llamado a la comunidad para obtener apoyo y poder despedir a sus hijos según sus creencias. “Si me pueden ayudar con algo, les voy a agradecer”, concluyó ante las cámaras del medio.

La historia de esta familia refleja el impacto de la violencia y la inseguridad en Honduras, así como las dificultades que enfrentan quienes buscan un futuro lejos de su país de origen.

El testimonio recogido por el medio hondureño expone la dimensión humana detrás de las cifras y estadísticas de homicidios, y abre un canal de apoyo para una despedida digna.

La madrugada del domingo 29 de marzo de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva de los habitantes de Tegucigalpa como una de las jornadas más lúgubres de los últimos años. El hallazgo de dos cuerpos en la residencial Altos del Trapiche no solo representó un acto de violencia extrema, sino que desnudó una persecución sistemática y despiadada contra una sola familia.

Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública hondureña, refleja la crudeza con la que operan las estructuras criminales y la vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. Eran aproximadamente las 6:00 de la mañana cuando residentes de la zona, que se preparaban para las celebraciones del Domingo de Ramos, descubrieron una escena dantesca en la acera de la calle principal.

Dos cuerpos jóvenes yacían sin vida, rodeados de casquillos de bala. Las víctimas fueron identificadas posteriormente como María Fernanda Torres Sánchez (20 años) y su hermano Jonathan Mauricio Torres Sánchez (18 años).

La brutalidad del ataque fue evidente desde el primer momento. Según informes forenses preliminares, ambos hermanos presentaban múltiples impactos de bala, la mayoría de ellos concentrados en el rostro y el cráneo. Esta modalidad, conocida en el ámbito criminal como una “firma de odio o silenciamiento”, dificultó inicialmente la identificación plena de los jóvenes.

Los vecinos de la residencial informaron haber escuchado una ráfaga de aproximadamente 25 disparos durante la madrugada, lo que indica que el lugar no fue solo un sitio de liberación de cuerpos, sino el escenario mismo de la ejecución.

Un exterminio sistemático: El trágico historial de la familia Torres Sánchez

La reconstrucción de los hechos por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sugiere que la tragedia comenzó horas antes, lejos del lugar del hallazgo. Alrededor de las 11:00 p.m. del sábado 28 de marzo, un comando armado compuesto por entre 6 y 13 individuos irrumpió violentamente en la vivienda de la familia, ubicada en la aldea Las Pozas, sector de Mateo, cerca de Las Casitas.

Testigos relataron que algunos de los atacantes vestían indumentaria similar a la de agentes policiales y portaban armas de grueso calibre. Los hermanos fueron sacados por la fuerza de su hogar y subidos a una camioneta roja que partió con rumbo desconocido.

A pesar de que un familiar se presentó esa misma noche en la posta policial de Las Brisas para denunciar el rapto, la respuesta no fue lo suficientemente rápida para evitar el fatal desenlace.

Lo que convierte este doble asesinato en un evento de impacto nacional es el aterrador contexto previo. Apenas doce días antes, el 17 de marzo de 2026, la familia Torres Sánchez ya había sido golpeada por la tragedia. Según los medios hondureños un joven identificado como Jabes Yared Torres Sánchez, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en una llantera en el sector de Las Casitas.

Con la muerte de María Fernanda y Jonathan, pertenecen a una misma familia que han sido ejecutados en menos de dos semanas. Esta secuencia de crímenes apunta inequívocamente a un objetivo de exterminio total del núcleo familiar.

Investigaciones y clamor de justicia

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad no han realizado capturas vinculadas directamente con este triple asesinato. Las líneas de investigación son complejas y se debaten entre varias hipótesis: desde conflictos de tierras o venganzas personales, hasta posibles vínculos con estructuras de maras y pandillas que operan en la zona suroccidental de la capital.

La sociedad civil y diversas organizaciones de derechos humanos han levantado su voz para exigir una investigación exhaustiva. El caso de los hermanos Torres Sánchez es un recordatorio doloroso de que la violencia en Honduras tiene rostros jóvenes y sueños truncados.

El municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, República Dominicana, enfrenta una de las jornadas más conmocionantes de su historia tras el hallazgo de un feminicidio agravado por tortura que ha encendido las alertas sobre la violencia de género en el país.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la noche del sábado 28 de marzo de 2026, Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, fue encontrada sin vida en su residencia de la calle Cándido Vargas, en un hecho que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan como asesinato con agravantes.

Según testigos citados por Listín Diario, Frías de León pasó las horas previas al crimen en compañía de una prima y una amiga en un local de comida del municipio. Familiares relataron que, cerca de las 23:00, la joven recibió una llamada. La joven regresó sola a casa. Desde entonces, no hubo más comunicación con sus allegados.

El silencio solo se rompió la madrugada del domingo, cuando su cuerpo fue hallado amordazado con cinta adhesiva, atado y parcialmente calcinado. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que el cuerpo presentaba quemaduras de tercer y cuarto grado y múltiples signos de violencia física anterior al incendio.

La investigación involucra como principales sospechosos a la pareja actual y a una expareja de la víctima. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realiza la autopsia para precisar si la muerte se produjo por las quemaduras o por otro agravante.

Escalada de feminicidios en República Dominicana en 2026

El caso de Yulenny Carolina se inscribe en un contexto de escalada de violencia de género en República Dominicana. Según la Fundación Vida sin Violencia, el año 2025 cerró con 54 feminicidios, lo que significó un descenso respecto a años previos.

No obstante, el panorama de 2026 ha mostrado un marcado retroceso: en los tres primeros meses del año, ya suman 18 feminicidios, lo que representa un incremento del 100% en comparación con los 12 casos documentados en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra iguala en tres meses casi la mitad de los asesinatos cometidos en todo 2025.

La Fundación Vida sin Violencia ha señalado que no solo crece el número de víctimas, sino también la brutalidad de los métodos empleados. El uso de fuego, tortura y otras formas de violencia extrema se han vuelto recurrentes en los informes de las autoridades.

La vulnerabilidad de las víctimas en la región norte se ha evidenciado en otros casos recientes. Semanas atrás, en la provincia de Puerto Plata, otra mujer fue atacada tras acudir a una reunión solicitada por su expareja para discutir la custodia de sus hijos. De acuerdo con la Fundación Vida sin Violencia, el 60% de los agresores utiliza pretextos o falsas emergencias, para atraer a sus víctimas a lugares privados donde quedan indefensas.

La comunidad de Sabana Iglesia permanece consternada y exige respuestas. Durante el levantamiento del cadáver, un vecino afirmó a Listín Diario: “No es solo matarla, es cómo la mataron”.

Las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras el Ministerio Público ha asegurado que el uso de fuego para intentar borrar evidencias es un agravante que, bajo el marco legal vigente, debería conllevar la pena máxima de 40 años si se logra la unificación de los cargos por tortura y asesinato.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 38 años de nacionalidad alemana y una mujer de 36 años de nacionalidad estadounidense. De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban hospedados en el lugar por un periodo de tres días.

El hallazgo se produjo cuando el propietario del departamento acudió al inmueble. Al ingresar a una de las habitaciones, encontró a la pareja sin vida, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. En el interior también se encontró una nota escrita en inglés, cuyo contenido forma parte de las diligencias en curso.

¿un suicidio o un posible crimen?

Las primeras hipótesis apuntan a que la pareja habría tomado la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, las autoridades no descartan otras líneas de investigación, debido a las evidencias encontradas en el lugar.

En el departamento se hallaron manchas de sangre, un elemento que deberá ser analizado por los peritos para determinar si corresponde a un presunto caso de homicidio. Este hallazgo ha llevado a que la investigación se maneje con cautela mientras se recogen más indicios.

La Policía Nacional ha señalado que todas las posibilidades se mantienen abiertas. La presencia de la nota en inglés será clave para esclarecer lo ocurrido, así como los resultados de las pericias que se realicen en el inmueble.

El caso ha generado atención debido a las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos y a la necesidad de establecer con precisión si se trató de un suicidio o de un hecho delictivo.

Diligencias en curso y revisión de cámaras de seguridad

Personal de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Barranco-Chorrillos se hizo cargo de las diligencias correspondientes en la escena. Los agentes procedieron al aislamiento del área para preservar las evidencias y facilitar el trabajo de los peritos.

Como parte de la investigación, las autoridades vienen revisando las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona. El objetivo es reconstruir los últimos movimientos de la pareja y determinar si hubo intervención de terceros o situaciones previas que puedan esclarecer lo sucedido.

Las diligencias también incluyen el análisis de la nota encontrada en la habitación, así como la recopilación de testimonios que puedan aportar información relevante sobre la estadía de los ciudadanos extranjeros en el departamento.

Números de emergencia

En situaciones de emergencia, contar con los números adecuados puede marcar la diferencia para recibir atención oportuna. En el Perú, existen diversas líneas habilitadas a nivel nacional que permiten acceder a servicios de salud, seguridad y asistencia en casos críticos.

Entre los principales números de emergencia se encuentra la Central Policial (105), disponible para reportar delitos o situaciones de riesgo. En caso de incendios o rescates, el Cuerpo General de Bomberos atiende a través del 116, mientras que Defensa Civil (115) brinda apoyo ante desastres naturales o emergencias similares.

Para atención en salud, Infosalud (113) ofrece orientación médica, mientras que EsSalud cuenta con líneas específicas, como el 117 para ambulancias en Lima y el 014118000 (opción 6) para atención a mujeres víctimas de violencia y su entorno familiar. Además, la línea 100 está habilitada para denuncias de violencia familiar y sexual.

En el caso de emergencias en carretera, se puede llamar al 110, correspondiente a la Policía de Carreteras. Asimismo, la Cruz Roja Peruana dispone del número 01 266 0481 para brindar asistencia humanitaria.

El Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) también opera en varias regiones del país a través del 106, ofreciendo atención prehospitalaria en lugares como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco.

En Lima, existen además servicios privados de ambulancias como Alerta Médica (01 416 6777) y Clave Médica (01 265 8783), que pueden ser contactados en caso de emergencias.

Finalmente, para situaciones que requieran intervención municipal, los ciudadanos pueden comunicarse con el serenazgo de su distrito, cuyos números varían según la jurisdicción.

Gimena Sabrina Gómez tenia 38 años cuando falleció en la localidad de Maipú, Mendoza en diciembre de 2025. La encontraron ahorcada y aunque al principio se creía que había sido un suicidio, rápidamente se puso el foco en su pareja. En este marco, la fiscalía acusó a Jorge Sebastián Miranda de 57 años por el de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dispuso la prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda, luego de que la fiscalía lo acusara de asesinar a su pareja Gimena Sabrina Gómez y simular un suicidio para encubrir el crimen ocurrido el 8 de diciembre.

La decisión, adoptada por el juez Juan Manuel Pina el 26 de marzo de 2026 durante una audiencia, convocada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, se fundamenta en un conjunto de pruebas que contradicen la coartada presentada por el imputado.

El hallazgo del cuerpo fue a las 20:30 y según lo relatado, un vecino alertó a los servicios de emergencia al recibir a Jorge en su casa, quien manifestó haber encontrado colgada a su pareja en el fondo de la vivienda. Sin embargo, el discurso del hombre está repleto de inconsistencias y las pruebas genéticas junto con los registros en la cámara de seguridad desmintieron su versión de los hechos.

Cuáles son las pruebas contra la pareja de la victima

La investigación reconstruyó los hechos en torno a la muerte de Gimena Gómez quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina y Pringles de Maipú, donde funcionaba un taller mecánico. La víctima estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria. En su declaración ante la policía, el acusado sostuvo que había salido de su domicilio dos horas antes y que al regresar encontró la puerta cerrada. Finalmente, logró ingresar y detectó a la mujer en el área posterior del inmueble.

Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas reveló inconsistencias en esta versión. Los registros muestran que Jorge no se ausentó el tiempo declarado: solo se trasladó para dejar a su padre en una cancha de bochas y volvió a buscarlo poco después, en lapsos considerablemente menores a los testimonios aportados, aportó Los Andes. Esta contradicción resultó determinante para el avance de la imputación.

El punto de inflexión en la causa fue la evidencia genética recolectada: los peritos constataron la presencia de ADN masculino bajo las uñas de la víctima y en la prenda que llevaba puesta al momento de morir, lo que, de acuerdo con Los Andes, es interpretado como una señal de que intentó defenderse de un ataque.

En relación al contexto probatorio, el hallazgo de ADN bajo las uñas de Gimena Gómez, junto con las huellas genéticas en la ropa que llevaba (una prenda con la capucha colocada), configuró para los peritos forenses un indicio clave que refuerza la hipótesis de homicidio agravado. La investigación pertinente quedó en manos de la fiscal Flores Díaz Peralta, quien promovió la inmediata aplicación del protocolo para casos de femicidio, una vez que el ayudante fiscal Roberto Chapel informó la denuncia y activó los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Por su parte, el juez Juan Manuel Pina validó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, fundándose en la gravedad del hecho y en el riesgo procesal. La instrucción de la causa continúa bajo la carátula de homicidio doblemente agravado.

La imputación formal y la privación de libertad para la pareja de la víctima se erigen como respuesta inmediata de la justicia frente a los elementos acusatorios y las pruebas periciales reunidas. El proceso judicial que ahora se desarrolla en el Polo Judicial de Maipú mantiene detenida a la persona sospechada mientras avanza la causa penal, cuyo eje central radica en el esclarecimiento de un presunto femicidio disimulado bajo la apariencia inicial de suicidio.

La Justicia condenó a un policía de Neuquén a 3 años de prisión por abusar sexualmente de una compañera de trabajo. El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2023 en las oficinas de la Policía Federal Argentina (PFA) ubicadas en Santiago de Estero al 100. El acusado fue identificado como Carlos Ezequiel, quien tendrá que pagar su condena por el delito cometido.

Como compensación a la victima, deberá pagar 4 millones de pesos, tras un acuerdo que buscó evitar su revictimización y fue homologado en el Tribunal Oral Federal local. Según informó LM Neuquén, la resolución incluye la obligación de asistir a 48 horas de capacitación en género.

El proceso judicial abarcó varias etapas e involucró no solo al autor del abuso, sino también a un ex policía, responsable de no denunciar el caso ante los superiores. Este segundo implicado deberá pagar una reparación integral de 600 mil pesos, de acuerdo con la sentencia. El monto de la reparación y la sanción para el encubrimiento fueron aspectos centrales del acuerdo final, en el que todas las partes, incluida la víctima, manifestaron su conformidad.

De acuerdo al relato, Carlos Ezequiel, perpetró el primer ataque en la cocina de la delegación, donde manoseó a su subalterna. Aunque la víctima logró huir hasta la oficina de guardia, fue nuevamente alcanzada por el agresor que se forzó sobre ella. El acusado solo se alejó cuando arribaron otros tres colegas al lugar.

Ese mismo día, según la investigación expuesta ante el tribunal, continuaron los abusos. Hacia las 16hs., el agresor repitió la conducta. El informe también explica que durante la noche, Carlos ingresó donde la agente descansaba en la planta alta y volvió a tomarla por la fuerza, sólo desistiendo cuando la mujer amenazó con gritar.

La denuncia

Estos hechos motivaron la denuncia de la víctima, cuyo amparo inicial por parte de un compañero resultó ineficaz. El otro agente solo prometió hablar con el jefe de División y le comunicó su traslado a la Secretaría Electoral, negándose posteriormente a que ella lo hiciera directamente. El accionar del ex policía jubilado quedó así también bajo examen.

El juez del Tribunal Oral Federal constató que los superiores jerárquicos nunca tomaron conocimiento del abuso porque su compañero transmitió la denuncia, circunstancia que fundamentó la imposición de la reparación económica. Solo la intervención de una cabo permitió dar curso formal a la denuncia y movilizar el aparato institucional.

La abogada querellante, recordó que la investigación se inició en la justicia ordinaria y luego fue transferida a la esfera federal. Subrayó que la víctima aceptó el traslado a otra provincia y que someterla a un juicio oral habría significado exponerla nuevamente al trauma, motivo por el cual la Defensoría Pública de Víctimas consultó su postura y validó la salida alternativa. “En todo momento estuvo informada del avance de esta causa. Está de acuerdo con la finalización de esta causa de la forma que se propone en esta audiencia”, afirmó la representante legal.

El juez unipersonal del Tribunal Oral Federal validó el acuerdo, repasando la causa y resaltando que la medida reparatoria busca no solo sancionar, sino también evitar la exposición innecesaria de la denunciante. Como parte de la condena, el responsable deberá completar un programa formativo sobre género por un total de 48 horas.

En la conclusión del proceso, el tribunal consideró probado el abuso sexual simple y la violación de los deberes de funcionario público por parte del agente, así como la omisión dolosa del segundo implicado. El sistema de reparación económica y la imposición de cursos de capacitación se definieron con el propósito de cerrar el expediente judicial y restaurar, de alguna manera, los derechos de la víctima.

El jueves 26 de marzo, la Justicia extendió la prisión domiciliaria del principal acusado, Yamil Cabrera, por el asesinato de Jazmín Ayesha González. El crimen ocurrió en octubre del 2025 cuando una joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada en el barrio Bajada Grande, ciudad de Paraná.

El asesinato se produjo durante una pelea entre un grupo de adolescentes y Yamil Cabrera, acompañante en una de las motos. De acuerdo con la información recopilada, cuando Cabrera fue agredido con una piedra, disparó con un revólver calibre 38. El joven efectuó dos disparos: el primero fue dirigido a los agresores mientras que en el segundo, la motocicleta en la que iba Jazmín se interpuso y la adolescente recibió el impacto mortal en la frente.

Por otro lado, el conductor de la moto, Julián Jonathan Manrique, quien acompañaba a Jazmín, extrajo una pistola 9 milímetros y disparó contra quienes habían protagonizado la pelea. Según el fiscal Leandro Dato Tras quien detalló el ataque que sucedió el año paso, Manrique, descendió de su moto y disparó varias veces a pesar de la “presencia de numerosas personas que salían de una fiesta”, lo que implicó un riesgo grave para terceros. Ambos participantes carecían de autorización legal para portar armas.

Todos los participantes se dieron a la fuga y, poco después, se encontraron para descartar sus armas. El abogado querellante de la familia de Jazmín, Boris Cohen señaló: “En ese momento huyen todos y se encuentran en un lugar cercano, en una gomería, que por fortuna tiene una cámara de seguridad y quedaron filmados y está la abundantísima prueba que el fiscal Dato ha recolectado. Ahí descartan las armas y elucubran un plan para deslindar su responsabilidad”.

Tras el crimen, Manrique llegó al hospital donde se encontraba la familia de la víctima. La Policía debió resguardarlo y terminó detenido. Por su parte, Cabrera ingresó al hospital San Martín con varias heridas de arma blanca recibidas en un ataque por parte de vecinos de Jazmín.

La resolución de la Justicia

En el día de la fecha, la jueza Marina Barbagelata resolvió extender hasta el 22 de julio de 2026 la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González, de 16 años. La resolución, confirmada en una audiencia tras escuchar las posiciones de las partes, mantiene las medidas de coerción complementarias ya vigentes mientras avanza la causa judicial.

El hecho se investiga como homicidio agravado por el uso de armas de fuego, lo que prevé una pena de entre diez y veinticinco años para Yamil Cabrera, quien reconoció el delito. Si es imputado por el crimen, podría afrontar penas superiores a los 10 años,

Mientras que Manrique está imputado por homicidio en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de guerra y provisión ilegal de un arma de fuego. En su caso, las consecuencias penales podrían ser superiores a 7 años.

El proceso se acerca a una posible salida de juicio abreviado, respaldada por una profusa prueba de cargo y el reconocimiento de autoría por parte de Cabrera. De acuerdo a la acusación, el imputado disparó contra un grupo de adolescentes tras una agresión, e hirió mortalmente a González, quien viajaba en otra moto conducida por Julián Jonathan Manrique. En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Laureano Dato, los querellantes Pablo Minetti y Boris Cohen, y el defensor José Barbagelata.

El caso derivó además en investigaciones paralelas: una causa involucra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez por lesiones sufridas por Cabrera horas después del crimen. Otra investiga a Manrique por usar un arma calibre 9 mm contra el grupo agresor, y un operativo más apunta a Jesús Gómez por la presunta ocultación del arma de Manrique.

El fiscal de juicio de la UFI Nº15 de La Matanza, Sergio Antin, pidió prisión perpetua para Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de asesinar a puñaladas a su novio, Mariano Grinspun, porque una mujer lo saludó en la calle.

Palavecino, imputada por homicidio agravado por el vínculo, es juzgada por el Tribunal Oral Criminal N° 4 por el hecho ocurrido el 21 de octubre de 2024 en la localidad matancera de González Catán. El debate se desarrolló en una única audiencia este miércoles, en la que las partes expusieron sus alegatos y la imputada respondió preguntas.

Según la acusación, Palavecino apuñaló a su pareja tras un ataque de celos que incluyó también una agresión previa a Ludmila Corvalán, excompañera de escuela de Mariano. Testimonios en el juicio indicaron que minutos antes del crimen, la imputada increpó a la otra mujer por saludar a Grinspun y la hirió con tres puntazos.

El ataque a Grinspun ocurrió en la calle Balboa al 3100, en esa localidad del oeste del conurbano. La secuencia, según se observa en un video registrado por las cámaras de seguridad, muestra una discusión previa y el instante en que Palavecino apuñala a la víctima. Luego, la mujer pidió ayuda.

De acuerdo con el diario Primer Plano, la madre de Grinspun, Mónica Ester, declaró que su hijo vivía en un círculo de violencia y recordó que dos meses antes del crimen, Grinspun había sido atendido en un hospital público por heridas de arma blanca provocadas también por Palavecino.

También declararon testigos presenciales, como las vecinas que llamaron al 911 al ver el ataque y escucharon cómo la acusada exigía al joven que le “pidiera perdón por estar con esa puta” mientras le propinaba patadas en la cabeza.

Entre los elementos expuestos, se mencionó que Palavecino tenía antecedentes penales: fue condenada el 18 de agosto de 2021 a un año de prisión en suspenso por lesiones leves contra otro expareja, a quien también atacó con un cuchillo.

Durante la audiencia, la defensa de Palavecino, encabezada por la defensora oficial Pilar Sagastume, argumentó que la mujer era víctima de violencia de género y que actuó en defensa ante un presunto ataque de Grinspun.

Según se expuso en el juicio, no existen denuncias previas de la acusada contra la víctima ni pruebas que respalden esa versión. Los testimonios de familiares y vecinos tampoco confirmaron situaciones de violencia previa ejercida por Grinspun.

Ante la pregunta del fiscal sobre si recordaba haber apuñalado a Grinspun, Palavecino guardó silencio. La defensa solicitó que se consideren circunstancias atenuantes y que, en caso de condena, se aplique una pena similar a la del homicidio simple por emoción violenta. Es decir, no desconoce la autoría del asesinato.

La Fiscalía y la querella, representada por el abogado Matías Melian, sostuvieron que las pruebas y testimonios acreditan el homicidio calificado por el vínculo.

La decisión final del tribunal se dará a conocer la próxima semana.

Según el relato de Corvalán ante el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, a cargo de la investigación, Palavecino increpó a la mujer con la frase: “¿Qué saludás a mi marido?”. Y se dirigió a su pareja: “¿Y vos qué saludás a esta p...?”. Y en ese contexto, atacó a ambos con el mismo cuchillo.

La relación entre Palavecino y Grinspun estaba marcada por episodios previos de agresión. Apenas un mes antes, lo había herido con un arma blanca en la espalda, situación que derivó en una denuncia y en la imposición de una restricción de acercamiento de 300 metros, dictada el 28 de agosto de 2024.

A pesar de la medida, retomaron la convivencia poco tiempo después.

Al ser trasladada luego del crimen de Grinspun, Palavecino mostró signos de alteración emocional. Durante el viaje en el patrullero, comenzó a golpearse las rodillas contra la puerta trasera del vehículo, según consta en el expediente judicial.

La autopsia confirmó que el joven, por entonces de 22 años, falleció producto de una única puntada en el tórax.

En la Asamblea General de la ONU, México fue parte de la mayoría que este miércoles respaldó una resolución impulsada por Ghana para declarar formalmente la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de los africanos como el crimen más grave cometido contra la humanidad.

La resolución fue aprobada con 123 votos a favor, 52 abstenciones y únicamente tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina — tres gobiernos que, por razones distintas, decidieron distanciarse del consenso global.

¿Qué dice la resolución?

El texto señala la esclavitud africana como el crimen de mayor gravedad en la historia por su magnitud, duración y carácter sistemático, pero sobre todo por sus consecuencias que persisten hasta hoy, moldeando estructuras racializadas de trabajo, propiedad y capital que siguen condicionando la vida de millones de personas en el mundo.

El secretario general António Guterres lo puso en palabras directas: la trata de esclavos fue una “traición profunda a la dignidad humana” y una maquinaria de explotación masiva y deshumanización deliberada. Llamó a enfrentar las secuelas de desigualdad y racismo que dejó.

¿Por qué votaron en contra los tres?

Estados Unidos fue el más explícito: su representante ante la ONU argumentó que la resolución es “muy problemática en innumerables aspectos”. El punto central de su rechazo fue que el texto abriría la puerta a reparaciones económicas por agravios históricos — algo que Washington rechaza porque, según su postura, esas prácticas no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. También criticó que la resolución promueve nuevos grupos de trabajo e informes que consideran costosos e innecesarios.

Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se alineó con Washington en un patrón que se ha vuelto bastante recurrente en los foros multilaterales.

Europa se abstuvo, no apoyó

Llamó la atención que la mayoría de las naciones europeas — entre ellas España, Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos — optaron por la abstención en lugar del voto a favor. Países con historia directa en el comercio transatlántico de esclavos eligieron no respaldarlo formalmente, aunque tampoco rechazarlo.

México del lado de la historia

Al votar a favor, México reafirmó su postura en foros internacionales a favor del reconocimiento de los crímenes históricos y los derechos de los pueblos. La resolución no tiene carácter vinculante, pero su peso es simbólico y político: fija una posición de la comunidad internacional sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna.

Siete personas comenzaron a disparar contra una vivienda ese 30 de mayo de 2024, en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo (Uruguay). El grupo delictivo dejó al menos 139 casquillos de bala en el lugar que funcionaba como una boca de venta de droga. Era la muestra de que habían cometido una masacre: cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.

Tras ese cuádruple homicidio dos personas fueron imputadas y otras tres se mantuvieron prófugas durante casi dos años. Así fue hasta esta semana, cuando –diciéndole arrepentidos– decidieron entregarse.

El Ministerio del Interior informó este miércoles la detención de José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Andreson Axel Vidal Suárez, de 19 años, que se encontraban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio. La cartera detalló que la Fiscalía de Homicidios de tercer turno logró la formalización de la investigación y la imputación de estos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Como medida cautelar, se los envió a prisión preventiva durante 180 días.

Además, esta semana fue condenado a tres años de prisión un joven al que la Fiscalía acusa de haber ofrecido “apoyo” en la masacre, consignó El País. La pena fue de tres años de prisión.

Los homicidas se entregaron este martes, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo niega. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.

La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.

“Mostraron arrepentimiento. Lamentablemente en este hecho poco fortuito hubo un fallecido de once añitos. Nuestros defendidos no tenían conocimiento de la presencia de ese niño”, dijo Martín Frustaci, abogado defensor de uno de los involucrados, en una rueda de prensa este miércoles. “Mostraron profundo arrepentimiento”, agregó.

Al ser consultados sobre por qué se entregan dos años después, el defensor contestó: “No podían más con la culpa. Les estaba carcomiendo la conciencia”.

Sin querer “justificar” la masacre, Frustaci narró que a uno de sus defendidos lo habían intentado asesinar tres veces. Y detalló: “Hubo un episodio puntual –hay una denuncia previa de un vecino– en el que le tiraron 10 tiros a un auto pensando que era el auto de mi defendido”.

“Vamos a ser claros: una cosa es la escuelita de la Facultad de Derecho y otra cosa es la escuelita de la calle. Los códigos son otros y eventualmente lo que vamos a tratar de demostrarle a la fiscal es que es un hecho aberrante y repudiable socialmente, pero es la vida de uno o de otro”, agregó el abogado.

El niño de once años no estaba emparentado con las personas de la boca pero sí solía frecuentar el lugar, consignó este noticiero.

Hasta ahora son cinco las personas que han sido judicializadas, pero la Policía maneja la hipótesis de que hay más personas involucradas por la declaración de testigos y por una foto que fue tomada por los asesinos luego del cuádruple crimen. En la imagen se los ve posando con las armas de fuego que utilizaron.

El crimen se dio por una venganza vinculada a un enfrentamiento de bocas de droga en el barrio Maracaná de Montevideo.

Un hombre de 36 años fue imputado este miércoles por su presunta participación en el asesinato de Andrea Verónica Zeballos, ocurrido el 10 de enero en el barrio Godoy, en la zona noroeste de Rosario.

El sospechoso, Ramón Agustín Ferreyra, fue detenido el pasado lunes durante un control de rutina realizado por el Comando Radioeléctrico en la intersección de Forest y Pasaje Peatonal, donde los agentes comprobaron que existía un pedido de captura vigente desde el 19 de enero.

La detención de Ferreyra se produjo en el marco de los operativos habituales de control en la ciudad, cuando efectivos solicitaron su identificación y, tras consultar los sistemas, confirmaron que el hombre estaba siendo buscado por la justicia. De inmediato, fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo trasladó para ser sometido a una audiencia imputativa por el homicidio de Zeballos.

Según expuso la fiscal Agustina Eiris durante la audiencia, el crimen de la mujer fue ejecutado por dos atacantes que interceptaron a la víctima en inmediaciones de 27 de Febrero y Brasil el 10 de enero. La víctima recibió varios disparos en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar. La Fiscalía identificó a Ferreyra como uno de los dos agresores, quien manejaba una motocicleta Benelli sin patente al momento del hecho.

La investigación señala que el acompañante de Ferreyra durante el ataque fue Geremías Uriel Campos, de 19 años, quien fue arrestado el mismo día del crimen en Pasaje 1.847, a la altura de Biedma. En ese procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y la moto utilizada para la emboscada.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, cuatro días después del hecho, Campos fue imputado formalmente por el homicidio y recibió prisión preventiva efectiva. El expediente indica que ambos hombres actuaron en coordinación y que el ataque se ejecutó de manera planificada, utilizando un vehículo robado días antes.

Ferreyra fue acusado de haber conducido la moto y de facilitar la huida tras los disparos. Según la fiscal Eiris, la motocicleta empleada había sido sustraída el 7 de enero en la zona de French al 900, lo que refuerza la hipótesis de la premeditación y la utilización de elementos ilícitos para concretar el ataque.

En la audiencia celebrada el miércoles, la jueza Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva para Ferreyra por un plazo de 60 días, atendiendo a los elementos presentados por la fiscalía y el riesgo procesal.

De acuerdo con los datos reunidos por la fiscalía, el hombre había logrado mantenerse prófugo durante más de dos meses, hasta que fue detenido en el procedimiento policial de rutina. El control en la zona noroeste permitió su identificación y posterior vinculación con el expediente del asesinato de Zeballos.

Atraparon a un prófugo por homicidio en Quilmes

A mediados de este mes y después de permanecer casi tres años y medio prófugo de la Justicia, detuvieron a un hombre acusado de haber asesinado a su vecino y herido a otro hombre a disparos. La captura se concretó en la localidad bonaerense de Quilmes, luego de que descubrieran la zona en donde se ocultaba.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la detención fue producto de una investigación coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela junto al Ministerio Público Fiscal (MPF). Así, pudieron determinar que el fugitivo, identificado como A. G. (60), se movía entre Quilmes y El Palomar.

El caso se remonta a la noche del 23 de octubre de 2022, cuando el acusado y otros dos sujetos tuvieron una pelea vecinal con la víctima fatal, Juan Nicolás Gómez, y H. A. U., el hombre que terminaría herido post balacera.

Aunque no se determinó el motivo detrás del altercado, las autoridades constataron que, minutos después de la pelea, A. G. y sus cómplices interceptaron a las víctimas en las inmediaciones de las calles La Haya y Costa Rica, en Florencio Varela.

De acuerdo con el expediente, los tres hombres portaban armas de fuego, mientras que los damnificados habrían estado desarmados. Producto del tiroteo, H. A. U. resultó herido en el abdomen y el brazo derecho, mientras que Gómez recibió dos impactos que provocaron lesiones internas graves.

A raíz de la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Mi Pueblo. No obstante, al día siguiente, el personal médico confirmó la muerte producto de la gravedad de las heridas.

Desde ese momento, el caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela. Aunque intentaron detener al acusado, confirmaron que había abandonado su domicilio y se mantuvo escondido hasta ahora.

Por este motivo, se ordenó que se realizara una investigación destinada a localizar al prófugo. Fue así que, tras una serie de tareas investigativas, estableció que A. G. alternaba su estadía entre una vivienda en El Palomar y otra en la zona de Quilmes.

A partir de esta limitación, la policía implementó dispositivos de vigilancia encubierta sobre ambos domicilios y, finalmente, logró arrestar al sospechoso en la intersección de las calles Larrea y Entre Ríos, en Quilmes. Luego de que fuera trasladado hacia la dependencia policial, se espera que sea imputado en las próximas horas.

El gendarme acusado por homicidio agravado irá a juicio oral tras la muerte del motociclista de 22 años, Ivo Rodrigo Torres, quien falleció al ser disparado dos veces en medio de una persecución en la frontera desde Bolivia. La Justicia juzgará al sargento primero Walter Daniel Álvarez, e integrante del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional.

El hecho sucedió el 6 de febrero de 2025 cuando el suboficial disparó dos veces durante una persecución en la frontera entre Argentina y Bolivia. En el momento del crimen, Walter Daniel Álvarez participaba de una patrulla encabezada por el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki. El grupo recorría en una camioneta oficial Volkswagen Amarok la franja fronteriza entre La Quiaca y Villazón (Bolivia), cuando observaron a un motociclista atravesar la frontera por un paso no habilitado a la altura de “ladrillera”.

Al ignorar la voz de alto, el conductor aceleró y se inició una persecución de 3,5 kilómetros, desde el paraje Tres Churquis, en las inmediaciones de Radio Nacional La Quiaca. El registro de los hechos, en base al informe del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, señala que tras seis minutos de persecución, Álvarez disparó en dos ocasiones: uno de los proyectiles impactó en la espalda de Torres y afectó el pulmón derecho mientras que el otro le atravesó la pantorrilla izquierda.

A pesar de que la cabo Enciso solicitó la asistencia de emergencias al SAME, los intentos de los paramédicos no lograron evitar el brutal final: Torres falleció a las 10:51hs. debido a la hemorragia provocada por el disparo que perforó su espalda, según la autopsia.

La decisión judicial, adoptada el 18 de marzo de 2026 por el juez federal de Revisión Ernesto Solá, afirma la gravedad del caso al considerar que el acusado actuó con “alevosía” y en su calidad de integrante de una fuerza de seguridad; el debate oral contará con la dirección de un tribunal colegiado aún por sortear, según informó Fiscales.gob.ar.

Las investigaciones y acusaciones del caso

El impulso de la causa penal estuvo a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, inicialmente imputó a los cuatro miembros que se encontraban dentro de la patrulla. Sin embargo, datos de la investigación científica y documental permitieron excluir de responsabilidad penal a Gunther, Enciso y Wysniewki. Esta resolución fue ratificada por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, en dos fechas: 27 de febrero y 4 de marzo de 2026.

El abogado Carlos Espada, representante de la querella, respaldó la hipótesis de la Fiscalía, centrada en la responsabilidad individual de Álvarez y sustentada en pruebas balísticas y testimoniales. Por parte de la defensa, Ricardo Belbruno, no se opusieron formalmente a la apertura del juicio.

El juez Ernesto Solá declaró admisible la imputación y dispuso el comienzo del juicio bajo la modalidad de tribunal colegiado, el cual será sorteado en los próximos días. El caso imputa a Álvarez el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser miembro de una fuerza de seguridad, cometido con arma de fuego.

La secuencia investigativa estuvo apoyada en pruebas periciales balísticas, información documental y declaraciones. Entre los elementos de mayor relevancia se encuentra el informe que reveló la ausencia de municiones en la pistola oficial asignada a Álvarez, a diferencia del resto de la dotación.

El juicio oral deberá determinar la responsabilidad del acusado en la muerte de Ivo Rodrigo Torres durante la persecución que comenzó en un paso fronterizo no habilitado. La fiscalía sostiene que solo uno de los gendarmes efectuó los disparos letales, hecho que configura la base acusatoria sobre la que se desarrollará el próximo proceso.

La muerte de Natalie McNally el 18 de diciembre de 2022 conmocionó a toda la comunidad de Lurgan, Irlanda del Norte. Al llegar a casa, la joven de 32 años y embarazada de quince semanas, fue apuñalada múltiples veces. Horas antes, Natalie estaba cenando pollo asado con su familia, mientras veían la final del Mundial de Fútbol: “Mamá, te veo el lunes o el martes”, le comentó a su madre antes de irse.

Según ha confirmado la sentencia del pasado 23 de marzo, y después de tres años de espera, su pareja Stephen McCullagh, 36 años y residente de Woodland Gardens en Lisburn, ha sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Natalie. Al parecer, McCullagh intentó construir una coartada mientras cometía el crimen. El hombre solía hacer directos en YouTube, así que esa noche inició una retransmisión de seis horas en tiempo real jugando al videojuego ‘GTA Vice City’ en su casa de Lisburn.

No obstante, la investigación policial comprobó que el video titulado ‘Violent Night’ fue grabado días antes. Durante esas seis horas se podía ver cómo McCullagh fingía leer el chat en vivo e incluso alegaba problemas técnicos para justificar su falta de interacción. Durante 44 días y 8 interrogatorios, sostuvo que la transmisión era auténtica, aunque el análisis de los archivos digitales y el historial de subida mostraron lo contrario.

Más de 3.000 horas de cámaras de seguridad delataron al culpable

La investigación policial fue larga y tediosa por la meticulosidad del plan de McCullagh. Tras perpetrar el crimen, fingió encontrar el cuerpo al día siguiente y fue él mismo quien llamó al servicio de emergencias 999. Su objetivo durante los primeros días era apuntar hacia la expareja de Natalie. Al principio su estrategia estaba saliendo tan bien que, incluso, acompañó a la familia McNally en su duelo y participó en actos conmemorativos en honor a Natalie.

Después de analizar más de 3.000 horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía identificó a McCullagh desplazándose en autobús desde Lisburn hasta Lurgan, disfrazado con peluca y sombrero. Sin embargo, las prendas que llevaba encima para tapar su identidad eran elementos que ya había utilizado en directos anteriores. Estas pruebas, sumadas al análisis forense de los dispositivos electrónicos permitieron desmontar su coartada.

La sala se llenó de aplausos con el veredicto

El juicio, que se ha extendido durante más de cuatro semanas, ha concluido este lunes con todas las pruebas que probaban la culpabilidad de McCullagh. Además, el veredicto del Tribunal de la Corona de Belfast ha sido bastante emotivo para todos los asistentes, ya que la sala se llenó de aplausos en cuanto se dio a conocer que McCullagh sería condenado con la pena máxima. Por su parte, el juez Kinney agradeció al jurado por soportar un proceso que les ha dejado huella por las “pruebas traumáticas y angustiosas que habían presenciado” y que no volverán a participar en un caso similar, ha detallado la BBC. El jurado necesitó más de dos horas para deliberar la sentencia para el acusado, quien nunca admitió los hechos y mantuvo su inocencia durante todo el proceso.

Del mismo modo el juez a cargo del caso elogió la dignidad y fortaleza con la que la familia McNally actuó durante el proceso. Al salir del juzgado, la madre de Natalie, Bernie, se dirigió a los medios: “Era mi mejor amiga y no sé cómo vamos a seguir adelante sin ella. ¿Cómo vamos a seguir adelante?”. Mientras, Brendan, uno de sus hermanos, destacó los logros de Natalie y el orgullo familiar: “Había obtenido dos títulos universitarios, tenía una carrera exitosa, vivía de forma independiente, tenía su propio círculo de amigos y cuidaba de muchísimos gatos y perros”.

Su otro hermano, Declan, expresó que tenerla ha sido “la mayor alegría que jamás tendremos. Habrías sido una madre maravillosa para el pequeño Dean”. Asimismo, entre lágrimas, añadió: “Te amaremos por siempre y esperamos que ahora puedas descansar en paz”. La familia de Natalie ahora puede estar tranquila después haber trabajado para que el caso y la memoria de Natalie no cayera en el olvido.

De hecho, durante las primeras semanas de investigación, la comunidad de Lurgan organizó actos de homenaje, donde la imagen de Natalie fue proyectada en partidos de fútbol y otros eventos. Asimismo, la familia concedió entrevistas para mantener el caso presente y buscar justicia. A estos eventos también asistía McCullagh, quien incluso creó vídeos de Natalie que se proyectaron en los actos públicos, hasta que fue detenido como principal sospechoso del crimen.

Aunque se desconoce la motivación del acusado, la fiscalía cree que pudo estar relacionada con la lectura de mensajes privados de Natalie a otros hombres, ya que McCullagh tenía acceso al PIN del teléfono de su pareja. Por el momento, solo queda esperar al 15 de mayo, cuando la audiencia precise los términos de la condena final.

La ejecución programada de Christa Pike el 30 de septiembre de 2026 representa un hecho inédito en la historia judicial de Tennessee: será la primera vez en más de dos siglos que una mujer enfrenta la pena capital en el estado. Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, de mantenerse el calendario de la ejecución para la fecha prevista, será la primera ejecutada en ese estado en más de doscientos años.

La decisión, adoptada tras más de tres décadas desde el crimen atribuido a Pike en 1995, reabre el debate sobre la constitucionalidad del método de ejecución y su compatibilidad con los derechos religiosos de los condenados, un aspecto que la reclusa actualmente sostiene en tribunales, según informó el medio Miami Herald.

En la respuesta presentada por el estado el 19 de marzo de 2026 a la demanda interpuesta por Pike en enero de ese año, las autoridades afirmaron que la interna, ahora de 50 años, no probó que la inyección letal —protocolo recientemente actualizado en diciembre de 2024 para emplear únicamente pentobarbital en lugar de los tres fármacos previamente utilizados— infrinja sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el Miami Herald, este cambio en el protocolo busca atender las controversias y fallos presentes en ejecuciones anteriores relacionados con la administración de la pena capital.

La condenada sostiene que la imposibilidad de comunicarse con su asesor espiritual budista poco antes de la ejecución restringe su práctica religiosa y contradice sus convicciones más profundas.

El centro especializado Death Penalty Information Center (DPIC) indica que Pike alega que optar por otro método de ejecución plegándose a la exigencia estatal violentaría igualmente su fe, al convertirla en “partícipe de cualquier proceso que conduzca a su propia muerte”.

Argumentos legales y objeciones al protocolo de ejecución

En la demanda presentada, los abogados de Pike argumentan que el nuevo protocolo de inyección letal infringe la Constitución debido a “condiciones médicas singulares” de la condenada y adolece de los mismos errores que arrastraron ejecuciones precedentes: falta de transparencia, omisiones intencionales, desatención al detalle, y personal penitenciario carente de acreditaciones médicas necesarias.

De esta situación, deducen que el procedimiento podría causar “dolor y sufrimiento innecesario, terror y deshonra”, según documentos recogidos por el medio local Nashville Banner, especializado en cobertura judicial.

Antecedentes del crimen y perfil de los implicados

El trasfondo del crimen, detallado por Miami Herald y el Death Penalty Information Center, indica que Colleen Slemmer era compañera de Pike en el Job Corps de Knoxville. La acusada mantenía una relación con un menor de 17 años y sospechaba que Slemmer deseaba interferir en su vínculo.

Se acusó a Pike, su novio y una amiga de llevar a la víctima a un bosque el 12 de enero de 1995, donde, de acuerdo con los testimonios judiciales, Pike la atacó brutalmente, golpeó la cabeza de Slemmer contra el asfalto, la torturó y le cortó la garganta.

El entonces novio de Pike fue sentenciado a cadena perpetua por su participación, confirmó el Death Penalty Information Center, mientras que la amiga recibió libertad condicional tras colaborar con la fiscalía.

Documentos judiciales refieren que Pike vivió una infancia marcada por trauma, pobreza, abandono y abuso sexual, según reportó el DPIC.

En una carta escrita en 2023 al medio The Tennessean, Pike manifestó su arrepentimiento: “He cambiado drásticamente”.

Más de la mitad de los detectives de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) podrían jubilarse de inmediato al cumplir 20 años de servicio, lo que representa riesgos inmediatos para la capacidad de la ciudad en la lucha contra el terrorismo y el crimen, en medio de posibles recortes de horas extra impulsados por la administración de Zohran Mamdani.

De acuerdo con información recabada por New York Post, este escenario genera una profunda preocupación en sindicatos policiales y autoridades, que temen una salida masiva de veteranos si sus percepciones salariales futuras disminuyen.

Esto comprometería tanto la experiencia como la dirección en las filas del NYPD en un momento estratégico para la seguridad pública.

Al cierre de 2025, el NYPD contaba con un total de 34.769 oficiales, solo 250 menos que su plantilla autorizada, y logró incorporar más de 4.000 agentes durante ese año, marcando el mayor ingreso anual registrado. Según declaraciones de la comisionada de policía Jessica Tisch ante el Consejo Municipal y el diario estadounidense New York Post, “no estamos en una crisis de contratación”.

Además, destacó que el cuerpo policial cerró el año con cerca de 800 oficiales más que el promedio de los últimos tres ejercicios fiscales. Actualmente, 55 % de los detectives cumplen con los requisitos para una pensión completa tras dos décadas de servicio, según cifras sindicales citadas por New York Post.

Este umbral de elegibilidad se replica en otros mandos: 1.193 detectives activos representan el 23 % de los 5.121 efectivos totales en condiciones de retiro inmediato; para los tenientes, 698 de 1.669 —un 42 % pueden optar por la jubilación—, junto a 518 capitanes (66 % de los 780) y 954 sargentos (22 % de 4.300). Estas cifras elevan el riesgo de una pérdida de liderazgo y experiencia acumulada dentro de la estructura policial.

La preocupación central, según líderes sindicales como Scott Munro, presidente de la Detectives Endowment Association, es que una reducción de las horas extra afectaría directamente el cálculo de las pensiones. Munro explicó a New York Post que, bajo la normativa vigente, los oficiales contratados después del año 2000 reciben una pensión equivalente a la mitad del salario total de su último año, incluyendo pagos extraordinarios (USD).

Por ello, si anticipan una disminución de las horas extra bajo una administración considerada menos favorable para la policía, como la de Mamdani, optarían por jubilarse de forma inmediata y garantizar que su pensión se calcule sobre los ingresos de 2025, último año de la era Adams, cuando la política salarial era vista como más orientada hacia la policía, según explicaron líderes sindicales.

La inquietud creció cuando, a principios de año, la fuerza fue instruida a reducir las horas extraordinarias de febrero entre 9 y 11 horas, en el marco de una iniciativa de ajuste presupuestario, indicó una vocera del NYPD a New York Post.

Esta medida se aplicó durante el mes más corto y frío, periodo en el que la demanda de seguridad por eventos masivos es menor. La vocera del NYPD calificó la decisión como “gestión básica”, aunque entre los agentes surgió el temor de que fuera la antesala de un recorte presupuestario más profundo.

La pérdida de experiencia policial impacta la operatividad y la motivación interna

El temor por una fuga masiva de veteranos es compartido por diferentes sindicatos. Lou Turco, presidente de la Lieutenants Benevolent Association, afirmó a New York Post que al llegar al vigésimo año de servicio, “el departamento pierde el control”.

Turco advierte que si se recortan las horas extra tras un año especialmente productivo en ese rubro, los oficiales sénior se ven forzados a jubilarse para proteger sus beneficios.

El presidente de la Sergeants’ Benevolent Association, Vincent Vallelong, explicó que parte de la desmotivación reside en la falta de incentivos económicos: “Hay 220 sargentos en la unidad de detectives que no reciben el pago por asignación especial, equivalente a un salario de teniente. Si se les otorgara ese beneficio, no se retirarían”, prometió Vallelong en declaraciones a New York Post.

Desde otra perspectiva, el retirado detective Michael Alcazar, quien prestó servicio tres décadas en la fuerza y hoy es profesor adjunto en la reconocida escuela de criminalística John Jay College of Criminal Justice, detecta un cambio en el ambiente laboral interno: a diferencia de años anteriores, los veteranos deben volver a patrullar las calles en tareas de reemplazo, algo poco atractivo para quienes tienen más de 20 o 25 años de carrera.

Alcazar detalló a New York Post: “Cuando tienes 20 o 25 años no quieres regresar a la patrulla a pie, pero eso es lo que están haciendo ahora”.

Munro añadió que la desconfianza y el clima social adverso impulsan a los agentes a abandonar la profesión. Según sus palabras, “lo que sucede es que la gente enfrenta a nuestros policías, los acosa en la calle”.

El relevo generacional está en riesgo ante la ola de jubilaciones

La posible salida simultánea de miles de mandos y detectives amenaza con generar un vacío en la formación y el relevo dentro del NYPD, en parte porque los agentes experimentados desalientan a las nuevas generaciones para incorporarse.

Munro, que tiene dos hijos en la policía, confirmó a New York Post: “Tengo detectives veteranos diciéndole a sus hijos: ‘No entren a este trabajo’”. Y eso, según Scott, no era así antes.

La sostenibilidad operativa del NYPD depende de políticas salariales, condiciones laborales y percepción social, mientras la administración busca contener el gasto sin perder la experticia necesaria para enfrentar la criminalidad y el terrorismo en Nueva York.

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de tres años en Torrevieja, Alicante, ocurrido durante la madrugada, en lo que el Ayuntamiento ha calificado como un caso de violencia vicaria y por el que se han declarado dos días de luto oficial. Según informó el Ayuntamiento de Torrevieja, el consistorio aprobó un decreto que expresa la “más profunda repulsa y condena” frente a este suceso y convoca a los ciudadanos a guardar un minuto de silencio como muestra de solidaridad con la familia y las personas cercanas a la menor.

De acuerdo con el medio, el asesinato ocurrió en la madrugada, siendo presuntamente el padre de la niña, de 40 años, el autor de los hechos. Tras el asesinato, el hombre se habría quitado la vida. El consistorio detalló en su comunicado que las banderas en los edificios municipales se mantendrán a media asta durante hoy y mañana, periodo en el que estará vigente el luto oficial y se realizarán actos simbólicos en señal de respeto hacia la víctima y su familia.

El medio consignó que la madre de la menor, una mujer de 36 años y expareja del presunto responsable, alertó a la Guardia Civil el viernes por la noche al no poder contactar con el padre de su hija durante varias horas. Los temores de la madre crecieron al considerar que la niña, quien se encontraba bajo el cuidado de su progenitor, podría estar en peligro.

La declaración del luto oficial y la convocatoria al minuto de silencio reflejan la respuesta institucional frente a este episodio. El Ayuntamiento de Torrevieja, según publicó la fuente, reiteró su apoyo a los familiares de la niña y enfatizó la postura del municipio en contra de toda forma de violencia, en especial la que afecta a los menores en el entorno familiar.

La intervención de la Guardia Civil se centró en esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del asesinato, así como la posterior muerte del supuesto agresor. Las primeras diligencias incluyeron la toma de declaraciones, el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la investigación para conocer más detalles del caso.

Torrevieja se suma así a varias localidades que han puesto en marcha medidas institucionales ante casos similares, buscando sensibilizar a la población sobre la gravedad de la violencia vicaria y el impacto de estos delitos en el entorno familiar. El crimen ha generado reacciones en la comunidad, con expresiones de solidaridad hacia los allegados de la víctima y la reafirmación por parte de las autoridades locales de su compromiso con la protección de los derechos de menores y la prevención de situaciones de riesgo.

La Justicia ordenó la detención preventiva de Alexis Emanuel “Chami” Mendoza, identificado como brazo armado de la organización criminal Los Menores y figura relevante en la barra brava de Rosario Central. El arresto se dio en el marco de varias operaciones policiales que buscan debilitar a las principales bandas de narcotráfico y criminales de la ciudad.

El magistrado dispuso que “Chami” Mendoza permanezca en prisión al menos durante los próximos dos años, en el marco de una investigación que se vale de interceptación de comunicaciones y registros fotográficos para fundamentar las imputaciones.

La causa incluye serias acusaciones por extorsión y usurpación de una vivienda utilizada para ocultar armamento. Según la pesquisa judicial, estos delitos fueron cometidos bajo el auspicio del cabecilla prófugo Matías Gazzani y en conflicto directo con facciones residuales de Los Monos, según informó Rosario 3.

Su nombre se suma a una lista de aprehendidos este año: Carlos “Polli” Tévez, Roque “Roco” Romero, Lautaro “Wifi” Brest, Rodrigo Cappelletti y Lautaro Noriega. Todos ellos señalados como integrantes o colaboradores de Los Menores. De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal. Estas detenciones permitieron al gobierno provincial sostener que la banda narco encabezada por el prófugo Gazzani “está bastante debilitada”.

El reciente detenido, Mendoza, de 31 años y residente de Villa Nueva, fue identificado como una pieza central del desplazamiento a mano armada de la facción de “Los Pillines” en la conducción de “Los Guerreros”, la principal barra brava de Rosario Central.

“El rol de Mendoza era mantener vínculos con Mirko Benítez y con Luis Palavecino (ambos detenidos y ligados a la barra canalla), participando en hechos delictivos altamente violentos. Además, participa en actividades relacionadas con el almacenamiento y custodia de armas de fuego, material balístico y estupefacientes que pertenecen a la organización criminal”, apuntó la Fiscalía.

Además, según un testigo reservado y citado en la acusación, lo denuncia por homicidio. La persona anónima lo menciona en relación con los homicidios de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, aunque esas referencias no derivaron hasta el momento en cargos formales.

Las causas de “Chami” Mendoza

Otro eje central de la imputación contra Mendoza se relaciona con una causa de extorsión por la usurpación de una vivienda en Pedro Lino Funes al 3000, episodio que ocurrió en agosto de 2024 y que vincula a Pedro Kolonisky y Roberto “Negri” Verón, ambos actualmente en prisión. La investigación judicial estableció que una mujer, (identificada en la causa como colaboradora logística de Los Menores) ocultaba armas, droga y cartuchos en su domicilio a pedido de la banda.

El 24 de marzo de 2025, miembros de Los Menores depositaron en ese domicilio un bolso con cuatro pistolas y una ametralladora. Cinco días después, un miembro subordinado conocido como “Colo” acudió para recuperar el armamento, que ya no estaba en la vivienda. Tras la desaparición de las armas, “Chami” convocó a la mujer a su propia casa en Solís al 3100 y la amenazó: “Si el bolso no aparece, la van a matar”.

Minutos más tarde, la víctima fue visitada por Verón, Kolonisky y otros dos individuos, quienes le concedieron solo quince minutos para abandonar su hogar. En los días subsiguientes, la mujer y su familia comenzaron a recibir mensajes, exigiéndoles la firma de cesión formal de la propiedad bajo amenaza de no alertar a la Policía.

Como consecuencia directa de estos hechos, el inmueble habitado por Mendoza en Solís al 3100 fue tapiado posteriormente en cumplimiento de microtráfico. Esta intervención puso en evidencia el nivel de presión y violencia utilizado por Los Menores para proteger sus estructuras y operaciones, según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal en la investigación referida por Rosario3.

La acusación contra Chami Mendoza lo posiciona, según los investigadores, como una figura de “alto perfil” y relevancia política dentro del entramado delictivo de Los Menores, contribuyendo a operaciones que mantienen bajo amenaza tanto a la estructura criminal rival como a civiles cuyas viviendas fueron objeto de extorsión.

Un hombre fue condenado a 50 años de prisión, la pena máxima en el ordenamiento jurídico panameño, tras ser hallado culpable de homicidio doloso agravado y de tres cargos de homicidio en grado de tentativa, en un hecho ocurrido en junio de 2020 en Pacora, sector este de la capital, donde irrumpió armado junto a otros sujetos y abrió fuego contra varias víctimas.

La decisión se produjo luego de que un Jurado de Conciencia emitiera un veredicto de culpabilidad, sustentado en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Además de la pena principal, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años una vez cumplida la condena.

Este caso no es aislado. En los últimos meses, Panamá ha registrado varias sentencias que alcanzan o se aproximan al máximo de 50 años, reflejando un endurecimiento en la aplicación de la ley frente a delitos de alto impacto.

Las autoridades han insistido en que estas decisiones responden a la gravedad de los hechos y a la necesidad de enviar un mensaje claro frente a la violencia, especialmente en escenarios donde se utilizan armas de fuego y se pone en riesgo a múltiples personas.

Otro caso relevante se registró en el corregimiento de El Chorrillo, donde un hombre recibió una condena de 45 años de prisión como coautor de homicidio doloso y tentativa de homicidio en perjuicio de cuatro personas.

El hecho, ocurrido en enero de 2023, dejó dos víctimas fatales —padre e hijo— y dos heridos, entre ellos un menor. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Apelaciones, tras un recurso de anulación, consolidando la sentencia inicial.

En paralelo, otros fallos recientes muestran la diversidad y complejidad de los delitos que están llegando a los tribunales. En Panamá Oeste, un hombre de 50 años fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por violación agravada y actos libidinosos agravados contra una menor de 11 años, hechos ocurridos entre 2023 y 2024 en Capira.

La sentencia incluyó también una inhabilitación para trabajar en entornos con menores, evidenciando el enfoque de protección a víctimas vulnerables.

En la provincia de Los Santos, un ciudadano fue condenado a 24 años y 9 meses de prisión por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir, en un caso vinculado al hallazgo de dos personas sin vida en Tonosí en 2024.

La investigación mantiene a más de 20 personas bajo detención provisional, lo que evidencia la dimensión estructural de algunos de estos delitos y su posible conexión con redes criminales.

El aumento de condenas severas ocurre en un contexto de creciente presión social por endurecer las penas en Panamá. Actualmente, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley que busca establecer la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, iniciativa que se mantiene en primer debate desde finales de 2025, con avances limitados pero con un respaldo ciudadano cada vez más visible.

El anteproyecto plantea modificar el Código Penal para introducir la cadena perpetua como una sanción excepcional, aplicable en casos de homicidios especialmente crueles, múltiples víctimas o delitos vinculados al crimen organizado.

La propuesta incluye situaciones como asesinatos con ensañamiento, asfixia, fuego o mutilación, así como crímenes que generen peligro colectivo o que involucren a asesinos en serie.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a un incremento de la violencia extrema en el país y a la percepción de que las penas actuales, incluso las máximas de 30 o 50 años, no siempre resultan proporcionales a la gravedad de ciertos crímenes.

También se argumenta que la medida busca evitar la reincidencia y reforzar la protección de la vida como bien jurídico fundamental.

El debate, sin embargo, no está exento de cuestionamientos. Expertos en derecho penal han advertido que la introducción de la cadena perpetua implica retos constitucionales y debe evaluarse en función de los principios de proporcionalidad, resocialización y derechos humanos.

Aun así, el tema ha ganado terreno en la agenda pública, impulsado por casos de alta violencia que han generado conmoción nacional.

Mientras la discusión legislativa avanza lentamente, los tribunales continúan aplicando el marco vigente, con un patrón cada vez más frecuente de condenas altas en delitos graves.

La combinación de decisiones judiciales severas y propuestas de reforma penal refleja un momento de tensión entre castigo y política criminal, en el que el país busca redefinir su respuesta frente a la violencia.

Un cuidacoches fue detenido en Paraná tras asesinar de una puñalada a la pareja actual de su exnovia. Las autoridades policiales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

Tras un enfrentamiento físico, el agresor atacó a la víctima y actual pareja de su ex, acabando con su vida. Según comentaron las fuentes policiales a ElOnce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla quien falleció por una puñalada en el corazón el viernes a las 11.30 en Paraná, Entre Ríos.

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, según confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

Cecilia Galiano confirmó: “A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”.

La policía informó que el homicida, de 32 años, fue aprehendido luego de que personal de videovigilancia rastreara su recorrido por cámaras de seguridad, hasta localizarlo en calles Garay y Buenos Aires. Por otro lado, la víctima fue hallada en la vía pública, con una navaja incrustada en el pecho e inmediatamente fue trasladado al hospital San Martín, donde falleció pese a ser operado.

El origen del altercado, de acuerdo con lo relatado por la subjefa, fue una pelea entre la mujer y Lederhos. El comisario explicó el episodio y relató: “En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez. Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. “Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género”, explicó Galiano.

Caso similar

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado por el ex de su novia en Florencio Varela. El ataque, perpetrado por Néstor Sebastián Cabañas, tuvo lugar cuando el acusado citó a la víctima, supuestamente para aclarar asuntos relacionados con el hijo que este comparte con su ex. El hecho sucedió a fines del año pasado y los familiares siguen buscando visibilización.

Amigos, vecinos y familiares de la víctima afirman que se trató de una emboscada: según detalló la madre de Gómez Núñez a Prensa Obrera, el hijo del agresor presenció días antes a su padre afilar el machete con el que luego cometió el homicidio. Esto para la familia, refuerza el carácter premeditado del crimen.

El asesino, que ejerce como guía de caza (un dato que, según remarcaron allegados, lo convierte en una persona experta en el uso de armas), atacó a Gómez Núñez con un machete y le produjo heridas mortales en el corazón y el rostro, con desprendimiento de tejido, de acuerdo con el relato de los testimonios.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple. Sin embargo, la familia reclama que sea encuadrada como homicidio transversal o “femicidio vinculado”. Este pedido se debe a las repetidas denuncias por violencia de género que realizó la expareja de Cabañas. Esta figura considera la motivación de causar daño a una mujer mediante el asesinato de una persona cercana, y su reconocimiento habilitaría una pena mucho mayor.

La persistencia de casos de extrema violencia en contextos de género, aun mediando denuncias previas y pedidos de protección, pone en cuestión la eficacia del sistema estatal argentino para garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus entornos.

El viernes 20 de marzo, condenaron a prisión perpetua al coautor del doble crimen de los adolescentes de 14 y 15 años: Eric Galli y Valentín Solís. Los dos menores fueron baleados por error a metros de una comisaría y hace pocas horas dieron a conocer el fallo.

El tribunal condenó por homicidio a Franco Saavedra, de 23 años y los jueces Hebe Marcogliese, Mariano Aliau y Facundo Becerra le impusieron la pena máxima. Además, el tribunal lo consideró partícipe en una tentativa de homicidio previa, enmarcada en la misma lógica de violencia territorial y vinculada a un entorno caracterizado por la circulación de armas y economías ilegales.

El trágico hecho ocurrió durante la tarde del 24 de noviembre de 2022 en el barrio Triángulo y Moderno en Rosario. Mientras las dos victimas y un amigo más compartían una gaseosa, tres jóvenes se les acercaron y los atacaron con armas semiautomáticas.

Saavedra fue absuelto del cargo de portación de arma de guerra “por el beneficio de la duda”, en palabras del tribunal, aunque fue considerado probable acompañante del tirador. El hecho concreto que motivó la pena máxima fue el asesinato de Eric Galli y Valentín Solís.

Los hechos y la investigación

Franco Saavedra llegó acompañado por un menor de edad, identificado como Alexis A., y un tercer cómplice hasta una escalera en la dirección Sanguinetti al 5600. En el lugar, se encontraban tres adolescentes a quienes dispararon al menos 17 veces.

La balacera provocó la muerte de Valentín Solís, de 15 años, y Eric Galli, de 14, mientras que una tercera víctima, Dante R., logró huir ileso. Valentín fue trasladado al Hospital Carasco pero falleció poco después de llegar mientras que Eric ingresó en estado crítico al Hospital Clemente Álvarez donde no pudieron salvarlo.

La investigación determinó que Dante R. era el objetivo principal del ataque. Se trataba de un adolescente con antecedentes de haber sobrevivido a otros episodios violentos en la zona y cuya red de amistades ya había resultado afectada por hechos similares en meses anteriores.

La prueba fundamental que permitió identificar a Saavedra provino de imágenes de cámaras de seguridad privadas ubicadas en el complejo habitacional. Según el relato del fiscal Adrián Spelta en la audiencia imputativa, las filmaciones muestran a Saavedra huyendo a pie tras la balacera del 24 de noviembre, junto a otros dos sospechosos.

Saavedra fue detenido pocos días después del ataque mortal. Su consorte de causa, Alexis A., tenía 17 años al momento de los hechos, por lo que su situación quedó en la órbita de la Justicia de Menores. Ambos respondían, según la acusación, a las órdenes de un líder narcocriminal que operaba desde la cárcel, modalidad recurrente en el contexto delictivo local.

En el marco de hiperviolencia y narcotráfico en Rosario, el doble crimen se insertó en una secuencia de asesinatos vinculada a la rivalidad entre bandas y la sobreabundancia de puntos de venta de estupefacientes. Sin embargo, la mamá de Valentín dijo que su hijo era inocente: “Él era un chico muy bueno, no tenía nada que ver con los ajustes de cuentas ni con las drogas. Lo mataron como a un animal”.

Por otro lado, tres días antes del doble homicidio, el 21 de noviembre, el imputado también facilitó otro ataque armado en la misma zona. De acuerdo con la fiscalía, contactó a dos jóvenes y luego regresó junto a dos hombres no identificados. Tras interceptarlos en un pasillo interno, señaló la presencia de las víctimas, produciéndose entonces una balacera en la que uno de los jóvenes fue herido, aunque sobrevivió. La fiscal Ranciari caracterizó ese episodio como “entregador”, figura que ubica a Saavedra en el eslabón intermedio entre los jefes narco y los ejecutores directos.

El fallecimiento de Javier Figueroa Manquemilla, sargento de Carabineros en Chile, ocurre en medio de un escenario político marcado por el cambio presidencial y el debate sobre la violencia en el sur del país. De acuerdo con La Tercera, el uniformado murió tras permanecer una semana en estado de muerte cerebral, consecuencia de un disparo recibido en la cabeza durante un ataque en Puerto Varas el 11 de marzo, poco antes del traspaso de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El presidente José Antonio Kast expresó públicamente su pesar por la muerte del sargento y aseguró que la administración trabajará para identificar, localizar y procesar a los autores del hecho, garantizando que el crimen no quedará sin castigo.

Según informó La Tercera, el mandatario utilizó las redes sociales para manifestar su posición respecto a la muerte del sargento, afirmando: “Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”. En sus declaraciones, Kast sostuvo además que la muerte de un carabinero representa la pérdida de una parte del país y reiteró su compromiso de fortalecer la protección y el respaldo a Carabineros de Chile, anunciando que el gobierno hará todo lo posible para evitar la impunidad y llevar ante los tribunales a los responsables de este acto.

El atentado que terminó con la vida de Figueroa Manquemilla incrementó la preocupación ciudadana en torno a la seguridad de los efectivos policiales en la región sur de Chile. Según indicó La Tercera, el episodio se enmarca en una serie de hechos violentos ocurridos en zonas donde en los últimos años se han incrementado los ataques y las tensiones contra los miembros de Carabineros. Esta situación ha generado demandas tanto sociales como políticas para que se apliquen medidas de seguridad adicionales y se garantice la protección de quienes integran las fuerzas encargadas del orden público.

La Tercera detalló que la respuesta oficial incluyó mensajes institucionales de condolencia hacia la familia del sargento fallecido, sumados a expresiones de apoyo a Carabineros por parte de diversas autoridades y usuarios en redes sociales. Estas muestras de solidaridad estuvieron acompañadas de reclamos enfáticos para que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias del asesinato del uniformado.

El gobierno chileno, según consignó el medio, mantiene coordinación con la institución policial con el objetivo de monitorear el avance de las investigaciones que buscan identificar y capturar a los responsables del crimen en Puerto Varas. Este seguimiento también contempla la evaluación de los protocolos actualmente vigentes y la revisión de las estrategias para evitar nuevas agresiones a carabineros en servicio.

Organizaciones que agrupan a familiares de los policías se han sumado a las reacciones tras el atentado, solicitando la revisión de las medidas de resguardo que se aplican durante el desempeño de funciones de alto riesgo. La Tercera reportó que estos representantes demandaron garantías adicionales para el cumplimiento seguro de la labor policial y procedimientos más estrictos para la respuesta ante situaciones de violencia dirigidas contra funcionarios del Estado.

La muerte de Figueroa Manquemilla tuvo lugar durante el proceso de transición presidencial hacia la administración de José Antonio Kast, lo que ha puesto en primer plano el tema de la seguridad y la respuesta estatal ante la criminalidad en zonas conflictivas. Según publicó La Tercera, entre las primeras acciones analizadas por el nuevo gobierno se encuentran el refuerzo del vínculo con Carabineros y el impulso de políticas destinadas a asegurar la labor de las fuerzas de orden, considerada prioritaria en el contexto actual del país.

El nuevo mandatario enfatizó, según la publicación, la importancia de proteger a los funcionarios policiales y abordar con firmeza los casos de impunidad relacionados con agresiones a la fuerza pública. Además, reiteró que su administración dedicará todos los recursos necesarios para dar con los responsables del homicidio y transparentar las circunstancias del ataque.

Las implicancias del caso alcanzan tanto a las políticas internas de Carabineros como al debate público sobre la seguridad en Chile. El impacto social de este tipo de hechos ha activado demandas hacia el Estado para que garantice condiciones adecuadas de trabajo y seguridad a quienes integran cuerpos policiales, en especial en regiones donde los conflictos y la incidencia de violencia son elevados.

Tal como indicó La Tercera, la investigación sobre el crimen del sargento continuará bajo vigilancia, mientras las autoridades mantienen la promesa de que los culpables enfrentarán la justicia. El caso sostiene activa la discusión nacional en torno a la relación entre la policía, el Estado y la ciudadanía en materia de seguridad pública.

La investigación por el caso Natalia Melmann suma un capitulo más, tras haberse cumplido en febrero 25 años del crimen ocurrido en Miramar. Las autoridades intentan determinar quién es el quinto responsable y para eso enviaron las muestras de ADN de seis policías a la Asesoría Pericial de La Plata.

La decisión de remitir los análisis fue confirmada por Gustavo Melmann, padre de la víctima, quien señaló que las muestras se extrajeron a los ex uniformados y ya están en proceso de estudio en la capital bonaerense.

“Fueron tiempos muy difíciles estos 25 años que llevamos sin Nati. Nuestra salud mental, la de la mamá, la mía, la de los hermanos, está muy golpeada. Es demasiado tiempo pidiendo justicia. El temor es que no nos alcance la vida para lograrla por completo y que caiga hasta el último asesino de nuestra hija”, expresó Gustavo durante el último aniversario de muerte de la joven.

La nueva etapa de la causa apunta a identificar al quinto participante del asesinato, ya que en el cadáver de Natalia se halló un perfil genético que no pertenece a los cuatro condenados por el crimen. Por este motivo, la Justicia ordenó en 2025 la extracción de sangre a seis ex integrantes de la comisaría de Miramar: Carlos Alberto Grillo, Carlos Oroz Mierez, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, además de obtener la muestra de Enrique Diez, quien frecuentaba la casa donde la adolescente fue llevada y asesinada.

La Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a dos efectivos; sin embargo, la familia de la víctima adelantó que, si no hay compatibilidad en los primeros seis sospechosos, insistirá para que también ellos sean sometidos a análisis genéticos, según indicó el portal El Dia. A la fecha hay tres policías condenados: Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini, ya fueron sentenciados en septiembre de 2002 a reclusión perpetua como responsables de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado criminis causa”, porque se encontró ADN compatible con los tres.

El cuarto implicado, Ricardo Panadero, fue condenado a la misma pena en mayo de 2023, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de la ciudad de Mar del Plata, luego de haber sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas, aunque en el cuerpo de la víctima se halló un vello púbico con más de 97% de compatibilidad genética.

Lo declararon culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa, todos en concurso material entre sí. Su defensa, en tanto, había solicitado la “libre absolución” del ex policía.

La noche prevía al crimen, la adolescente de 15 años, salió con amigas al bar La Cantina y luego a la disco Amadeus. Alrededor de las siete, la joven regresaba caminando a su casa y fue interceptada por Gustavo Daniel “El Gallo” Fernández, quien la maniató. Posteriormente, la joven fue subida a una camioneta policial y llevada a un chalet abandonado en la zona conocida como Copacabana, donde fue asesinada.

La causa del deceso fue asfixia mecánica, al haber sido estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas. Luego la dejaron abandonada en el vivero Florentino Ameghino tapada con ramas y hallaron su cuerpo cuatro días después de su desaparición, el 4 de febrero de 2001.

El verano de 1986 marcó uno de los episodios más inquietantes para los habitantes de Lawrenceville y el condado de Gwinnett. En esos meses, varias mujeres adultas fueron víctimas de agresiones sexuales en sus propios apartamentos, generando alarma y temor entre la población local. Las autoridades respondieron a distintos incidentes similares durante un período de apenas once días, entre el 24 de junio y el 5 de julio. El agresor, cuya identidad permanecía desconocida, lograba escapar antes de que las víctimas pudieran alertar a la policía, lo que dificultaba enormemente su captura.

A lo largo de la investigación inicial, los agentes encontraron patrones claros entre los casos: el método de acceso a los domicilios y la descripción física del sospechoso. Estas coincidencias llevaron a vincular los ataques, sospechando que se trataba de un solo individuo que operaba con un modus operandi bien definido. En aquel momento, la policía distribuyó a los periódicos locales un retrato robot del posible responsable, pero los esfuerzos no dieron frutos y el caso quedó sin resolver durante décadas. El miedo y la incertidumbre persistieron en la memoria colectiva del condado, mientras las víctimas y sus familias aguardaban respuestas que parecían inalcanzables.

Décadas después, la esperanza resurgió gracias a los avances de la ciencia forense. En 2025, el Departamento de Policía de Lawrenceville y la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) decidieron reabrir el expediente, revisando minuciosamente las pruebas recolectadas en 1986. El objetivo era someterlas a nuevas técnicas de análisis de ADN y genealogía forense, herramientas que no estaban disponibles en la época de los crímenes. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la investigación, permitiendo a los especialistas aplicar métodos modernos a material genético conservado durante años.

El uso de la genealogía forense y de análisis de ADN de última generación permitió comparar los perfiles genéticos obtenidos de las escenas del crimen con bases de datos actuales. Los resultados fueron contundentes: los investigadores lograron identificar a Glenn Daniel Plybon, de 60 años, como el principal sospechoso de las agresiones sexuales cometidas en 1986. La conexión genética establecida por las pruebas forenses modernas proporcionó la evidencia necesaria para avanzar en la causa y solicitar una orden de detención.

El miércoles por la mañana, agentes del condado de Gwinnett arrestaron a Plybon en su domicilio en el condado de Oglethorpe. La detención representa un giro decisivo en un caso que permaneció sin resolver por casi cuarenta años. Plybon fue vinculado directamente con al menos cuatro violaciones ocurridas en el breve lapso de once días en el verano de 1986, donde el patrón era siempre el mismo: una mujer agredida sexualmente en su apartamento, seguida de la huida del agresor antes de que la policía pudiera intervenir.

El caso Plybon evidencia el impacto transformador de los avances tecnológicos en las investigaciones criminales. El jefe de policía de Lawrenceville, John Mullen, subrayó que la tecnología moderna de ADN ha permitido acercarse a una justicia largamente esperada. “Incluso después de casi 40 años, la tecnología moderna y la sólida colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley nos ayudaron a resolver este caso de hace décadas, a responsabilizar a este delincuente y a brindar algo de paz a las víctimas y sus familias”, sostuvo Mullen en un comunicado. Por su parte, Chris Hosey, director del GBI, enfatizó que cada nueva pista o avance tecnológico puede ser clave para esclarecer crímenes antiguos, reafirmando el compromiso de las autoridades con la búsqueda de justicia para todas las víctimas.

La detención de Plybon resalta el valor de mantener y analizar pruebas forenses, incluso en casos que llevan décadas sin resolverse. El proceso judicial contra el sospechoso se encuentra en marcha. Plybon permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Gwinnett, enfrentando múltiples cargos graves de violación. Aunque la investigación ha avanzado significativamente con su arresto, las autoridades han reiterado que el caso sigue abierto.

El Departamento de Policía de Lawrenceville ha solicitado la colaboración ciudadana, instando a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto con ellos. El llamado busca esclarecer posibles conexiones adicionales y aportar elementos que fortalezcan la causa judicial. La investigación continúa activa, con el objetivo de garantizar que todas las víctimas reciban justicia, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.

Este martes se confirmó la captura de uno de los objetivos prioritarios más importantes para las autoridades de Sudamérica: Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder de la peligrosa banda criminal ecuatoriana “Los Lobos”. El anuncio fue realizado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a través de sus redes sociales.

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Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

Este 16 de marzo en la ciudad de San Calixto en Salta, Vanesa Guadalupe García fue hallada sin vida por sus hijos que volvían del colegio. Junto con ella, se encontraba muerto por suicidio su pareja, Aníbal Palacios, quien presumen fue el culpable del crimen.

La policía encontró que la mujer de 41 años tenía signos de violencia compatibles con asfixia. Los investigadores siguen intentando responder qué sucedió en el domicilio y cómo se desarrollaron los hechos.

En este marco, su hijo publicó en sus redes sociales un emocionante mensaje recordando a Vanesa y dedicándole unas palabras. “No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte”, expresó el joven. En la descripción también escribió: “Lo mejor que tengo en la vida”.

El joven se despidió de su mamá y dejó una frase que conmocionó a quienes leyeron la publicación: “Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo”.

La reconstrucción inicial de los hecho, de acuerdo a El Tribuno, sugiere que la ex pareja de la mujer fallecida, habría perpetrado el femicidio dentro de la vivienda y luego se quitó la vida, presumiblemente por ahorcamiento. Aunque la secuencia aún debe ser formalmente confirmada por los peritos, las autoridades trabajan en el relevo de pruebas materiales y en la toma de testimonios para precisar el horario y las circunstancias.

El hecho sacudió al barrio

La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de Vanesa García, la mujer de 41 años. El encuentro que sucedió en la sede fiscal, tuvo como objetivo informar a los allegados sobre el avance de la investigación, brindarles acompañamiento institucional y detallar sus derechos como víctimas, en el marco de la Ley Brisa.

El impactante episodio movilizó a la familia de la victima quienes intentaron ingresar al domicilio tras el crimen. La situación se tensó generando un conflicto con la policía que custodiaba la escena.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación, que cercaron la propiedad y preservaron la escena. Especialistas de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP realizaron inmediatamente las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se practicarán las autopsias correspondientes que determinarán la causa exacta de muerte. La fiscal María Luján Sodero Calvet aseguró a la familia que la instrucción contempla “numerosas medidas investigativas” orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Teniendo en cuenta que tan solo días atrás sucedió el femicidio de Natalia Cruz en Salta, las autoridades de la provincia intentan acelerar los análisis de datos. Estos casos, exponen la necesidad de intervención antes de que sea tarde en el ciclo de la violencia de género, y refuerzan la urgencia de una respuesta judicial ágil para evitar nuevas situaciones graves.

Cada evento ha movilizado la logística de investigación, verificación de pruebas y entrevistas a familiares para obtener una reconstrucción precisa. La labor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ha resultado central en ambos hechos, al encargarse de los peritajes iniciales y de la entrega de los primeros informes oficiales a la justicia.

El caso de Natalia Cruz su agresor permaneció oculto durante días luego de que Daniel Orlando Serapi perpetre el crimen. El episodio ocurrió el 17 de febrero en Campo Quijano. Según la causa judicial, la pareja inició una discusión y el intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física.

Los familiares hallaron a Cruz con vida, pero las lesiones por golpes y signos de asfixia mecánica provocaron su fallecimiento poco después. La última acción comprobada del sospechoso fue una llamada a su madre, durante la que expresó: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”.

Las investigaciones permanecen abiertas, con la expectativa de que las pericias en curso y los análisis de testimonios permitan confirmar la mecánica de los crímenes y optimizar las políticas de prevención en la provincia.