El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.

Secuestro de los empresarios

La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.

Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.

Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.

Asesinato del suboficial William Ríos

El 15 de marzo de 2020, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. La intervención terminó en un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores, permitiendo la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres.

Durante la balacera resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en una de las principales víctimas del caso.

La muerte del efectivo policial fue incorporada como uno de los elementos que evidenciaron la violencia con la que actuaba la organización criminal. El caso también marcó uno de los primeros expedientes judiciales en los que la Fiscalía atribuyó a Erick Moreno un rol de liderazgo dentro de Los Injertos de Lima Norte, estructura dedicada al secuestro y la extorsión.

Acusación contra ‘El Monstruo’

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Porfirio Capcha sostuvo que Erick Moreno no solo encabezaba la organización criminal, sino que además participaba activamente en las comunicaciones extorsivas y en la coordinación del secuestro. Entre los elementos presentados figuraron testimonios, registros de llamadas y los videos enviados a los familiares para exigir el pago del rescate.

La defensa del acusado alegó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, el colegiado determinó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaba la responsabilidad penal de Erick Moreno Hernández en el secuestro de los dos empresarios.

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Ya se hizo viral en la pasada Copa África, pero el Mundial lo ha catapultado. La selección decidió incluir a Michel Nkuka Mboladinga dentro de la convocatoria para que aportara su importante papel desde las gradas. Durante los 90 minutos de juego permanece inmóvil imitando la figura de Patrice Lumumba Vea, el primer presidente democrático de la historia del país.

Este gesto está lleno de significado. RD Congo atraviesa una época muy complicada. Desde hace meses, la ONU advierte de la propagación del ébola, que ya ha provocado más de 200 muertes en el país africano. A esto hay que añadir un constante clima de violencia y matanzas. El M23, un grupo paramilitar que, según Naciones Unidas, llegó a estar apoyado por Ruanda, causa el terror en las calles congoleñas. Los rebeldes mantiene el control de varias zonas en el este, incluyendo las capitales regionales de Goma y Uvira.

El origen del símbolo de Lumumba está en la relevante y cruel historia del líder congoleño. Tras conseguir ser el primer líder bajo democracia fue asesinado en 1961, cuando Joseph-Désiré Mobutu dio un golpe de Estado e inició una dictadura de tres décadas. En aquellos años, Bélgica estaba presente en el país. Lejos de frenarlo, permitió y colaboró en la llegada de Mobutu. Hasta se demostró la implicación de autoridades belgas en la muerte de Lumumba, lo que hizo que devolvieran su último resto hace cuatro años, un diente de oro, y este 2026 desembocó en la imputación de un diplomático de 93 años por crímenes de guerra.

Crisis humanitaria en RD Congo

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha alertado sobre la rápida expansión del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que ya suma 1094 casos confirmados y 277 fallecidos. El riesgo de contagio es especialmente alto entre comunidades desplazadas, que superan los dos millones de personas en la región. La agencia destaca la llegada de miles de nuevos desplazados a zonas ya afectadas por el virus y advierte que la desconfianza hacia los equipos de salud dificulta el acceso a atención médica.

El ébola ha llegado al país en un momento de máxima urgencia por los avances rebeldes. El este de RD Congo está siendo especialmente golpeado. La ONU asegura que el M23 ha cometido asesinatos, violencia sexual, reclutamientos forzosos de niños y desplazamientos forzados contra civiles desde hace años, y este 2026 ha conseguido un nuevo paso, tomando el control de ciudades completas.

Cuando Mboladinga se señala la cabeza con un dedo y se tapa los ojos con las manos, denuncia la violencia y las masacres que sufre su país. La selección de fútbol ha servido como un altavoz en ocasiones anteriores. Los jugadores también han mostrado este gesto en ocasiones anteriores, con la cara tapada y dos ojos simulando una pistola.

El juicio por crímenes de guerra en Bélgica

Las desgracias en el país no son cosa de los últimos años. Este aficionado ha puesto en valor una figura que demostró el avance de una sociedad, para un nuevo retroceso a una dictadura. Pero no solo refleja el horror en manos del líder sangriento congoleño. En 2022, el gobierno belga pidió perdón de forma oficial por su papel en el asesinato de Lumumba, facilitando su traslado y entrega. El presidente fue descuartizado y disuelto en ácido, quedando solo un diente de oro que, hasta hace cuatro años, estaba en Bélgica.

Étienne Davignon es un exdiplomático belga que fue señalado como presunto implicado en el asesinato de Patrice Lumumba. A sus 93 años, el pasado mes de marzo de este 2026, fue acusado de crímenes de guerra e iba a ser juzgado décadas después en Bélgica. Sin embargo, hace un mes, falleció. Su muerte cierra la vía penal contra los responsables vivos del crimen, pero no las demandas de justicia.

La familia Lumumba, junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, lamenta no haber obtenido una resolución judicial, tras más de 15 años de proceso en Bélgica, que culminó en marzo con la decisión de un tribunal de enviar a Davignon a juicio. El caso, considerado un precedente histórico en Europa sobre crímenes coloniales, sienta las bases para nuevas acciones legales. El equipo jurídico impulsará una demanda civil contra el Estado belga, buscando establecer la responsabilidad jurídica y avanzar en el reconocimiento de los crímenes coloniales.

Una nota de El Universal sobre una supuesta entrevista con el escritor Carlos Monsiváis volvió a poner en circulación uno de los episodios más polémicos y dolorosos en la biografía de Andrés Manuel López Obrador: la muerte de su hermano menor en Villahermosa, Tabasco, en 1969.

Lo que circula en redes

Fue la cuenta de @MElenaPerezJaen en X (antes Twitter) la que difundió imágenes de lo que presuntamente serían páginas del diario tabasqueño Rumbo Nuevo, correspondientes al 9 de junio de 1969. En ellas se narraría la muerte de José Ramón López Obrador, de 15 años, dentro del negocio familiar “Novedades Andrés”, ubicado en las calles Progreso y Primavera de Villahermosa.

La autenticidad de dichas imágenes no ha sido verificada de forma independiente.

La supuesta cita de Monsiváis

El detonante fue una nota de El Universal que recuperó una entrevista exclusiva elaborada al cronista Carlos Monsiváis, en la que este habría dicho sobre AMLO:

“A Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad… ¡Está loco! Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Hace algunos años le di cobijo cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años; había asesinado, accidentalmente, a su hermano.”

La cita, cuya origen y fecha exacta no están precisados en los materiales disponibles, no ha podido ser corroborada y circula sin contexto editorial claro.

Lo que habrían registrado los periódicos en 1969

Según las imágenes difundidas en redes, el diario Rumbo Nuevo habría publicado dos versiones sobre los hechos:

• Versión oficial: José Ramón habría tomado una pistola escuadra Super Colt calibre 38 de un casillero del negocio, la manipuló de forma imprudente y el arma habría caído del mostrador disparándose accidentalmente. Andrés Manuel, según su presunta declaración ante el Ministerio Público, estaba de espaldas cuando escuchó el disparo.
• Versión “callejera”: ambos hermanos habrían estado jugando con el arma y esta se habría accionado durante ese forcejeo.

El certificado médico legista, según los documentos difundidos, indicaría que la bala tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba, sin precisar distancias ni puntos de entrada y salida. La causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio por herida de arma de fuego en la masa encefálica. Nadie fue detenido.

Un episodio que ya había llegado a la política

No es la primera vez que este asunto resurge en el debate público. El episodio tiene una historia propia dentro de la vida política de López Obrador, y ha reaparecido en los momentos más tensos de su carrera.

El antecedente más conocido ocurrió durante el debate del 7 de marzo del año 2000, transmitido en el programa de Joaquín López-Dóriga. En plena campaña por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el panista Diego Fernández de Cevallos lanzó una de las acusaciones más directas que se recuerdan en la historia de los debates mexicanos: “Yo a usted tendría que acusarlo de asesino”, dijo, sosteniendo publicaciones de la época que señalaban a Andrés Manuel como responsable de la muerte de su hermano.

La respuesta de AMLO fue inmediata y contundente. Acusó al PRI y al PAN de utilizar “un accidente que sufrió mi hermano” para atacarlo y enlodarlo políticamente. No negó los hechos —la muerte de José Ramón— pero sí rechazó de plano cualquier responsabilidad criminal.

Tras aquel debate, el tema bajó el volumen en los medios tradicionales, aunque nunca desapareció del todo. En cada ciclo electoral, usuarios en redes sociales y opositores al tabasqueño rescataban el episodio como argumento de ataque. Con la llegada de las plataformas digitales, la historia encontró un nuevo canal de circulación, más rápido y menos filtrado que la prensa impresa.

Ahora, con la supuesta cita de Carlos Monsiváis como detonante y las imágenes del Rumbo Nuevo circulando en X, el tema vuelve a estar sobre la mesa —esta vez con documentos visuales que, verificados o no, ya recorren miles de timelines.

¿Qué queda pendiente?

Lo que sí puede afirmarse es que la muerte de José Ramón López Obrador el 9 de junio de 1969 es un hecho histórico registrado. Lo que permanece en disputa, más de cinco décadas después.

Las imágenes del periódico tabasqueño, la cita atribuida a Monsiváis y la discusión que vuelve a abrirse en redes son, por ahora, piezas de un rompecabezas que nadie ha terminado de armar con certeza. Lo que sí es claro es que cada vez que el nombre de AMLO vuelve a ocupar espacio en la conversación pública —incluso después de dejar la presidencia— este episodio regresa con él, como una sombra que la política mexicana no ha podido, o no ha querido, dejar descansar.

La jornada también registró la muerte de una mujer en Nuevo León por la caída de un anuncio tras una tormenta. Mientras que la celebración del triunfo de México ante Corea del Sur derivó en violencia en Guadalajara y Chihuahua, con patrullas dañadas y personas atropelladas.

A continuación, te contamos las noticias más relevantes en seguridad, narcotráfico y crimen de este sábado 20 de junio.

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Policías Auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron a tres hombres en posesión de 37 dosis de posibles narcóticos en la alcaldía Azcapotzalco.

El operativo se desarrolló en la avenida Morelos con la calle Ticomán, en la colonia San Andrés, donde los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando observaron a los tres sujetos intercambiar varias bolsitas similares a las utilizadas para la distribución de droga, en un puesto semifijo de venta de pollo.

Ante la presencia de un posible hecho delictivo, los efectivos les marcaron el alto y practicaron una revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación policial. Como resultado del procedimiento, les aseguraron 13 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana, 10 bolsitas con posible crystal (metanfetamina), nueve con probable cocaína y cinco envoltorios con supuesta cocaína en piedra, para un total de 37 dosis de posibles narcóticos.

Los tres detenidos son hombres de 43, 56 y 57 años de edad. Un cruce de información posterior reveló que el detenido de 43 años cuenta con una carpeta de investigación abierta desde 2022 por el delito de robo.

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Mueren cuatro personas por disparos en bar de CDMX: hay dos detenidos

Cuatro muertos y un herido dejó un tiroteo en un bar de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, tras una riña entre jóvenes que escaló hasta el uso de armas de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al establecimiento ubicado en la calle Miguel Hidalgo luego de recibir un reporte de disparos al interior del local.

Según el testimonio de trabajadores del bar, durante una convivencia en el lugar un grupo de jóvenes inició una discusión, momento en que uno de los involucrados extrajo una pistola de entre sus ropas y abrió fuego contra otros sujetos.

Sujeto herido sería responsable de las detonaciones

Al arribo de los policías, se confirmó la muerte de cuatro hombres por heridas de arma de fuego. Un quinto individuo, con una lesión en el muslo derecho, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica definitiva bajo custodia policial, al ser señalado como probable responsable de haber efectuado detonaciones.

La revisión de los videos del establecimiento permitió que al exterior del bar fue detenida una mujer de 22 años, señalada de haber ocultado el arma de fuego utilizada por uno de los tiradores.

Al momento de su detención, se le aseguró una pistola abastecida con cinco cartuchos útiles, así como un teléfono celular. La joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En total, la SSC presentó a dos probables responsables vinculados con los hechos.

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Detienen a dos presuntos narcomenudistas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo en el municipio de Atlixco, en inmediaciones de un inmueble previamente asegurado por la autoridad ministerial.

Elementos de la Unidad de Apoyo Policial se trasladaron a un domicilio ubicado en la colonia Los Ángeles. Los agentes confirmaron el quebrantamiento de los sellos oficiales colocados por la autoridad ministerial, aunque no encontraron personas al interior del inmueble.

En el transcurso de las diligencias, los agentes investigadores detectaron en los alrededores del domicilio conductas compatibles con la venta y distribución de narcóticos en vía pública.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Jorge Alberto N. y Sandra N. A ambos les aseguraron 53 bolsas con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, siete envoltorios con una sustancia de color negro con características similares a la heroína, además de dinero en efectivo, una bolsa tipo mariconera y hojas con anotaciones y cuentas.

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Siete personas detenidas en operativo de cateo en Pinotepa Nacional

Como resultado de un cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, fueron detenidas siete personas. La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en el barrio La Posta, donde se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y diversas unidades de motor vinculadas a las investigaciones en curso.

En el operativo participaron elementos de la Vicefiscalía Regional de la Costa, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Los hechos fueron informados por el fiscal de la entidad, Bernardo Rodríguez Alamilla.

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Detienen a presuntos responsables de la muerte de una persona en cantina San Luis en Garibaldi

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro hombres en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, tras trabajos de investigación vinculados con la muerte de una persona al interior de un bar ubicado en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle República de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue agredida con disparos de manera directa en el exterior del establecimiento y corrió hacia el interior en busca de refugio, donde murió.

Revisiones de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a un grupo de sujetos que huyeron a bordo de un vehículo color gris. Los policías le dieron seguimiento a la unidad y solicitaron a los tripulantes que bajaran para realizarles una revisión preventiva.

Los agentes hallaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo y medio de presunta marihuana y un arma de fuego corta. Con base en ese hallazgo, procedieron a la detención de cuatro hombres de 24, 36, 46 y 52 años de edad.

Dan más de 40 años de prisión ahombre por homicidio en Edomex

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 47 años y seis meses de prisión en contra de Julio César Lavis García, alias El Gordo tras ser acreditada su responsabilidad en el homicidio de un hombre.

Además de los años tras las rejas, el sujeto sentenciado deberá cubrir la reparación del daño moral por 13 mil pesos; reparación del daño material por 610 mil 572 pesos y una multa de 322 mil 449 pesos.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 14 de mayo de 2025, cuando la víctima pidió un servicio de taxi por aplicación, al momento de entrar a la unidad fue interceptado por El Gordo, quien viajaba en una motocicleta y con otro sujeto .

Los agresores usaron un arma de fuego para amenazar al chofer y a la víctima con el fin de quitarles sus pertenencias.

“El otro masculino disparó en contra de la víctima, quien perdió la vida en el lugar a causa de las heridas, en tanto que los probables responsables se dieron a la fuga”, es parte del reporte de las autoridades.

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El eco de los impactos de bala rompió la tensa calma de la noche en el sureste de Austin, Texas. Era el lunes 15 de junio de 2026. A las 10:47 p.m., el estacionamiento del establecimiento AutoZone, ubicado en el 2237 East Riverside Drive, se convirtió en el escenario de una tragedia que cruzó fronteras. Allí, entre herramientas, vehículos a medio reparar y la luz neón del negocio, yacía el cuerpo de José Salgado Amador, un joven mecánico nicaragüense de 28 años cuyo único pecado fue trabajar hasta tarde para sacar adelante a su familia.

José, originario de la humilde comunidad de Pueblo Viejo en Matagalpa, Nicaragua, se había ganado el respeto y el cariño de la comunidad hispana en Texas. Sus clientes lo describían como un hombre servicial, de una amabilidad inquebrantable y de absoluta confianza.

“Era un muchacho muy querido, siempre tenía clientes, siempre estaba lleno de gente que confiaba en él”, relató con la voz entrecortada Rosa Nieto, clienta y amiga cercana de la víctima. Para muchos, José no solo arreglaba motores; era un punto de apoyo en un entorno que a menudo se torna hostil para los migrantes.

La rutina de trabajo del nicaragüense se interrumpió de forma abrupta cuando un sujeto desconocido se le acercó con intenciones criminales. Según las investigaciones preliminares de los detectives del Departamento de Policía de Austin, el individuo abordó al mecánico con el único propósito de despojarlo de sus pertenencias.

En un instante de vulnerabilidad y violencia ciega, el delincuente sacó un arma de fuego y, tras un presunto intento de resistencia o por pura saña, disparó en repetidas ocasiones contra José antes de darse a la fuga a pie y perderse entre las calles aledañas.

La alerta llegó a los servicios de emergencia como un reporte de tiroteo. Al llegar al lugar, los oficiales de policía encontraron a Salgado Amador herido de gravedad en el pavimento.

A pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro hospitalario para salvarle la vida, los médicos no pudieron hacer nada ante la gravedad de los impactos. José fue declarado muerto a las 11:56 p.m., dejando una viuda y a una pequeña hija de apenas cuatro años en la orfandad.

La caza del sospechoso y el clamor de justicia

Las autoridades locales no han detenido las investigaciones. Gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos, la policía obtuvo secuencias de video clave. En las imágenes se observa el momento exacto en que el implicado sale huyendo a toda prisa por varias calles antes de abordar un vehículo para escapar.

El sospechoso ha sido descrito preliminarmente como un joven de origen hispano, de entre 15 y 20 años de edad. Para acelerar su captura, la Policía de Austin ha distribuido las imágenes y ofrece una recompensa de hasta mil dólares a cualquier persona que brinde información fidedigna que conduzca al arresto del homicida.

La urgencia comunitaria es máxima: exigen que el responsable pague ante la ley por destruir a una familia. “Solo queremos que se haga lo justo”, expresaron de manera rotunda los allegados de la víctima.

Mientras la policía busca al criminal, en Nicaragua el dolor se transforma en una carrera contrarreloj. Desde Matagalpa, los padres de José esperan el regreso de su hijo, pero no de la forma en que lo soñaron. La familia necesita recaudar más de $10,000 dólares para costear los trámites de repatriación del cuerpo y poder brindarle una cristiana sepultura en su tierra natal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para una sargento de la policía que mató a su media hermana tras una discusión en un departamento del barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Alejandra Rosignoli fue hallada culpable del homicidio de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2019 en un inmueble de la avenida Pueyrredón al 1000. Las investigaciones y pericias determinaron que existió una pelea previa entre ambas mujeres. Durante esa confrontación, Rosignoli utilizó una pistola Bersa y disparó de manera directa al ojo de Monzón, provocando su muerte.

Sin embargo, la acusada sostuvo desde un primer momento que el disparo se produjo de manera accidental, argumento que fue desestimado en las distintas instancias judiciales. La defensa apeló la sentencia, reclamando que el hecho debía ser considerado como un homicidio imprudente, pero la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la condena tras analizar las circunstancias y las pericias balísticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal condenó en 2021 a Rosignoli por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de valorar las pruebas que indicaban la existencia de una pelea previa y la intencionalidad en el disparo. La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que no hubo dolo y solicitando una revisión bajo la figura menos gravosa del homicidio culposo.

En ese marco, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja por inadmisible. Todas las instancias judiciales rechazaron este planteo y consideraron que hubo voluntad de producir la muerte. Afirmaron que la desestimación no implica validar o rechazar la justicia de la sentencia previa sino que se limita a los requisitos procesales del recurso.

Con esta resolución, la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios. La condenada, de 50 años y sargento primera de la Policía Federal Argentina, se encontraba en su departamento de Recoleta junto a su media hermana Yolanda Monzón, quien trabajaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. Ambas habían consumido alcohol el día de la tragedia.

En ese marco, Rosignoli mostró a su hermana un arma de fuego adquirida recientemente; al manipularla, disparó y el proyectil impactó en la cabeza de Monzón, quien falleció antes de recibir asistencia médica. Aunque las pruebas judiciales indican que existió una pelea previa entre las hermanas antes del disparo, no se datallaron los motivos específicos del conflicto.

El informe policial señaló que la acusada fue trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca, presentando una crisis nerviosa y signos de intoxicación etílica. En la investigación intervinieron personal de la Gendarmería Nacional y la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad.

Las pruebas periciales que fundamentaron la condena de Silvia Alejandra Rosignoli incluyeron la reconstrucción de la pelea previa al disparo y, especialmente, los peritajes balísticos que determinaron que el tiro. Estas pericias permitieron descartar la versión de un accidente, ya que el tribunal consideró que existió una intención clara de matar en el contexto de una discusión violenta.

Los jueces valoraron tanto la trayectoria del proyectil como los indicios del enfrentamiento físico previo, y concluyeron que el disparo no pudo haberse producido de forma accidental. El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de junio de 2026, dejó firme la condena y dispuso el archivo del caso. Por lo tanto, Rosignoli permanece detenida bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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Tormenta derriba panorámico en Nuevo León y mata a una mujer en plena vía pública

Una mujer murió la tarde de este viernes 19 de junio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego de que un anuncio panorámico colapsara sobre ella en el cruce de la avenida Universidad y Ramón López Velarde, en la colonia Anáhuac.

Las fuertes ráfagas de viento que acompañaron la tormenta eléctrica que azotó la zona metropolitana de Monterrey derribaron la estructura, propiedad de una farmacia, que cayó sobre la víctima en el estacionamiento del local.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones policiacas acudieron al lugar para las labores de auxilio y acordonar el área.

Autoridades abrieron una investigación para determinar las condiciones en que ocurrió el colapso de la estructura y si existían riesgos previos vinculados al estado del anuncio o a las condiciones meteorológicas de la jornada.

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El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

Agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron desde Perú a un argentino, acusado de asesinar a sangre fría a un hombre de un tiro en la cabeza en la provincia de Tucumán.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el operativo fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y solicitado por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital de Tucumán, bajo la órbita del juez Daniel Leiva.

El asesino está acusado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, por el hecho que ocurrió en marzo de 2024.

Según consta en el expediente, el imputado y un cómplice arribaron al lugar del crimen en una motocicleta y efectuaron varios disparos contra un grupo de personas, con claras intenciones de quitarles la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una de las víctimas y le provocó la muerte en el acto, mientras que otra persona resultó herida en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, ambos responsables se dieron a la fuga y permanecieron prófugos.

A raíz del hecho, la autoridad judicial de Tucumán solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que tramitó la captura internacional del sospechoso, de nacionalidad argentina. El Departamento Interpol de la PFA emitió la correspondiente Notificación de Índice Roja, permitiendo activar los mecanismos de cooperación internacional.

Luego de diversas tareas de inteligencia y un exhaustivo intercambio de información con Interpol Perú, se logró determinar el paradero del sospechoso en ese país. La investigación dio sus frutos y finalmente las autoridades peruanas confirmaron oficialmente la detención del imputado en septiembre del año pasado.

El hombre quedó a disposición de la justicia de ese país y sujeto al proceso de extradición.

A partir de ahí, el órgano judicial argentino remitió la solicitud formal de extradición a través del canal diplomático. Tras varios meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación recibió la confirmación de que la extradición había sido concedida por el gobierno peruano.

“Al establecer que éste se hallaba en la República del Perú, se llevó adelante un exhaustivo intercambio de información con personal de Interpol Perú, a fin de recabar la mayor cantidad de información posible para lograr su localización. Como resultado de ello, los colegas confirmaron mediante comunicación oficial la detención del investigado en septiembre de 2025 en ese territorio, quedando sometido al proceso de extradición”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La extradición se concretó tras un procedimiento internacional coordinado entre la Policía Federal Argentina, Interpol Perú y autoridades diplomáticas. Tras la aprobación de su extradición, una comisión policial argentina viajó a Lima para asumir su custodia y el traslado al país.

Los agentes asumieron la custodia del detenido y gestionaron su traslado seguro hasta la Argentina, bajo un estricto protocolo de seguridad y coordinación entre organismos de ambos países.

Al arribar al país, el asesino quedó a disposición del juez Daniel Leiva y del órgano judicial que lo requirió, a la espera del proceso penal por el delito que le imputan.

Una sangrienta escena conmociona este viernes al barrio porteño de San Cristóbal, donde fue hallado el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada. Por el crimen, detuvieron a su hermano.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la vía pública. La víctima, un hombre de 38 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a este medio que, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió que la víctima había mantenido una discusión con su hermano. Este, de 39 años y cuya identidad no fue revelada, quedó detenido.

Durante esta mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

La localización de cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en Ocoyoacac abrió una nueva línea en la búsqueda de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, una pareja desaparecida desde el 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga si entre las víctimas estaban los dos hombres con ciudadanía de Estados Unidos.

La Fiscalía de la Ciudad de México detalló a Infobae México que la investigación sigue para determinar con plena certeza la identiodad de los fallecidos.

El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles 17 de junio en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa, donde también fue localizada una extremidad humana. La carpeta de investigación quedó abierta para establecer la identidad de las víctimas y el vínculo del sitio con otros posibles restos.

De acuerdo con los reportes del operativo, en el lugar fueron encontrados tres hombres y una mujer, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba una pareja, mientras que en una segunda fosa aparecieron dos hombres más.

La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con apoyo de binomios caninos para el rastreo, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

Las fosas fueron ubicadas en una zona de cabañas del Valle del Silencio

Los primeros trabajos de campo se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja boscosa que colinda con la Ciudad de México. El punto intervenido estaba detrás de un conjunto de cabañas cercano a la zona turística de La Marquesa.

Según la información preliminar de las corporaciones de seguridad, en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano, cuya identificación quedaría a cargo de las autoridades. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, que extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

Los reportes periciales iniciales también describieron a un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de cerca de 38 años en una de las fosas. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres de alrededor de 40 años.

Hasta ese momento, no existió un pronunciamiento oficial que confirmara la identidad de los cuatro cuerpos. La FGJEM mantuvo la investigación en curso y peritos de distintas especialidades siguieron trabajando en la zona.

La respuesta inmediata a la principal duda del caso fue esta: las autoridades todavía no confirmaron que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo, pero el operativo que llevó al hallazgo sí derivó directamente de la investigación por su desaparición.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras salir a una reunión en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un asunto relacionado con la instalación de un elevador en su vivienda.

Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y luego fueron apagados.

Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

Ambos hombres habían sido reportados como desaparecidos desde hacía casi un mes. Una de las fichas de búsqueda los identificó como un ciudadano estadounidense-mexicano de 57 años y un ciudadano estadounidense de 56 años, ambos residentes en Chicago.

Tras la denuncia, fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea llevó a las autoridades a desplegar el operativo que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la detención portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Mientras avanzaban las diligencias, elementos policiacos y binomios caninos continuaron la búsqueda de más restos humanos en el paraje intervenido.

• Fueron localizados cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en el Valle del Silencio, en Ocoyoacac, Estado de México.
• Las autoridades investigaron si dos de las víctimas correspondían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, desaparecidos desde el 20 de mayo.
• En la CDMX fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con el caso; portaban armas, cartuchos y droga.

Conmocionados se encuentran los 25 mil habitantes de la pacífica comuna de Loncoche (760 kms al sur de Santiago), luego de la detención de tres adolescentes, todos de 17 años, quienes se concertaron para asesinar a la madre de una de ellas. La mujer fue hallada en su domicilio el lunes con más 80 puñaladas y varias fracturas, y los menores de edad serán formalizados este viernes por los delitos de parricidio y homicidio calificado.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, la hija de la víctima -identificada como Carmen Barrera Rantul, de 53 años-, junto a su “pololo”, pagaron la suma de $60 mil pesos (USD 67) a un compañero de curso para cometer el macabro crimen, y fue ella quien dejó la ventana abierta de la casa por donde entró el imberbe asesino.

“La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofreció un pago de $60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, señaló explicó Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

En tanto, el fiscal regional, Roberto Garrido, agregó que los motivos del ataque tendrían en su origen en la mala relación que tenían madre e hija, “incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con el pololo”.

Según el persecutor, testigos aseguraron haber visto al sicario huir del sitio del suceso con su ropa manchada de sangre, imágenes que también fueron registradas por las cámaras de seguridad del sector.

“Hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de vídeo, sino que también algunos testimonios (...) Se trata de un sicariato”, sentenció tajante Garrido.

“Las imputaciones que se pueden hacer en este caso son homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima. Hay varias circunstancias que pueden calificar esta conducta como homicidio calificado”, complementó.

Los acusados, por ser menores de edad, enfrentan hasta 10 años de cárcel, y la audiencia de formalización será este viernes a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Loncoche, instancia en la que la fiscalía pedirá su internación provisoria.

Padre de la menor: “Estoy destrozado”

Por otra parte, el padre de la menor de edad, José Coronado, habló este miércoles con el programa “La tarde es nuestra” de Canal 13, aseguró estar “destrozado” y dejó en claro que la relación entre la víctima y su hija eran más que tensas.

“La que era mi esposa castigaba a mis hijos chicos. Al primero, después con el segundo y después siguió con ella”, partió contando en la entrevista.

Tocante al crimen, dijo estar seguro que “fue planeado por mi hija (...) porque honestamente hace años venía esta situación (...) Mi hija se encerraba, todo el tiempo, se encerraba en la pieza (...) Hasta ahora, que mi hija tenía su pololo, ella le dijo ‘que era mucho pololo para ella’”, agregó.

“Qué voy a decir, es el amor de mi vida, mi princesa. No tengo palabras, al contrario, si yo pudiera sacarla de ahí, la sacaría”, remató el acongojado progenitor.

pie: El hecho ocurrió en la pequeña comuna de Loncoche y tiene conmocionado al país.

Pie: El padre: “Estoy destrozado”.

El silencio habitual de la colonia Montefresco, en la aldea El Pino del municipio de El Porvenir, Atlántida, se rompió abruptamente la noche de ayer 16 de junio.

En un instante, el sonido de las motocicletas precedió a una ráfaga de disparos que transformó una reunión de amigos en una escena de dolor, muerte y desesperación.

Allí, en la entrada de una vivienda donde compartían de forma amena, quedaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes que apenas empezaban a vivir: Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katherine Tatiana Oliva Bardales, de 19 años. Ambas, descritas preliminarmente como amas de casa y unidas por una cercana amistad, se convirtieron en las nuevas víctimas mortales de un ataque armado sorpresivo y despiadado.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el grupo compuesto por las dos muchachas y tres jóvenes de sexo masculino fue abordado por sujetos fuertemente armados que se conducían en dos motocicletas. Sin mediar palabra alguna, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo, dejando una estela de casquillos y gritos en la escena.

Tras la huida de los sicarios, los cuerpos de socorro y la Policía Nacional se movilizaron con rapidez al sector. Lamentablemente, para Yaritza y Katherine ya no había nada que hacer; los múltiples impactos de bala segaron sus vidas de manera casi instantánea en la entrada del inmueble.

Por su parte, los tres hombres sobrevivientes, identificados como Leonardo Joel Flores (35 años), German Ramos (25 años) y Kevin Ordóñez, presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados de emergencia bajo pronóstico reservado al Hospital Atlántida en la ciudad de La Ceiba.

Mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo el acompañamiento técnico del Ministerio Público, procesaba la escena del crimen buscando indicios para identificar a los autores materiales, a las afueras de la morgue local el dolor se transformaba en palabras.

Desde las tres de la mañana, la madre de Katherine Tatiana esperaba con el corazón destrozado que le entregaran el cuerpo de su hija. En declaraciones a medios locales, recordó con nostalgia el último contacto con la joven: “Se despidió de mí y me dijo que regresaba hoy”.

La madre relató que Katherine no tenía hijos, se dedicaba a los quehaceres del hogar y se encontraba en el lugar junto a su pareja sentimental, quien presuntamente figura entre los heridos ingresados en el centro hospitalario. Al igual que el resto de los familiares de las víctimas en Atlántida, su exigencia ante las autoridades y los cuerpos de inteligencia es rotunda: justicia y que el doble asesinato no quede sumido en la impunidad.

Honduras bajo fuego: el imparable aumento de la criminalidad y los feminicidios

El violento suceso en El Porvenir no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural: Honduras sigue aumentando de manera alarmante sus casos de criminalidad y violencia de género. Pese a la implementación de estados de excepción parciales y el despliegue de fuerzas de seguridad en puntos críticos, el control de los grupos criminales y los ataques con armas de fuego continúan cobrando vidas diariamente, ensañándose de forma particular con las mujeres y los jóvenes.

Las dinámicas de la violencia en zonas como el departamento de Atlántida muestran la vulnerabilidad de las comunidades rurales y semiurbanas ante estructuras delictivas que operan con total impunidad en motocicletas. Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la violencia señalan con preocupación que los homicidios múltiples o masacres donde pierden la vida tres o más personas y los ataques directos en viviendas particulares se han vuelto cotidianos.

El caso de Yaritza y Katherine engrosa las frías estadísticas de muertes violentas de mujeres en el país, una epidemia silenciosa que sitúa a Honduras con una de las tasas de feminicidios más altas de la región de América Latina.

El expediente por el filicidio de Pamela Magalí Gauna, una joven de 28 años asesinada a puñaladas por su mamá en la provincia de Chaco, sumó un elemento que inquieta a los investigadores: se trata de un mensaje de audio enviado por la acusada, Irma Gladis Pérez, antes de que se descubriera el cuerpo de la víctima.

“Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo”, dijo la acusada en la grabación, que ya está incorporada a la causa, confirmaron fuentes con acceso a la investigación a Infobae. Ahora será el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien deberá determinar su significado y si revela algún móvil detrás del crimen.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la pequeña ciudad de Tres Isletas, ubicada en el centro-norte de la provincia de Chaco. Luego del hecho, la asesina se entregó a la Policía, confesó el crimen y quedó detenida.

El asesinato de Pamela, según confiaron fuentes policiales a este medio, salió a la luz en horas de la noche, cuando un tío de la víctima se acercó a la comisaría local para informar que su hermana se había comunicado con él para avisarle que iba a atacar a su hija.

Ante el aviso, un grupo de agentes de la Policía provincial se dirigió de inmediato al lugar del hecho y constató que Gauna yacía sin signos vitales dentro del domicilio. Pérez, de 58, se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial y admitió la autoría del crimen de su propia hija.

La escena fue preservada para el desarrollo de las diligencias dispuestas para determinar las circunstancias del hecho. En este sentido, durante la madrugada del sábado trabajaron en el lugar autoridades judiciales, peritos del Poder Judicial, personal de Investigaciones y efectivos de distintas áreas especializadas.

En la propiedad donde ocurrió el hecho, ubicada en el barrio Griseti, los agentes secuestraron una cuchilla de carnicero con manchas similares a sangre, teléfonos celulares y diversos elementos de interés para la causa.

El cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue por personal especializado para la realización de los exámenes forenses correspondientes.

Roggero dispuso la detención de Pérez, en una causa calificada como supuesto homicidio, y quedó alojada en la sede policial mientras avanza la investigación.

“La sospechosa (Pérez) había contactado con el tío de la víctima y le había comentado que no quería que se vaya de Tres Isletas y le pasara algo. Por eso, le dijo que prefería hacerlo ella por sus propios medios", detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Según supo Infobae, el cuerpo de Gauna presentaba múltiples heridas de arma blanca distribuidas en la zona del cuello y la cara. Asimismo, los peritos forenses detectaron indicios de defensa por parte de la víctima, al verificar que presentaba heridas en sus manos.

La víctima y su madre compartían techo y mantenían una buena relación entre ellas, según indican algunos de los testigos que ya declararon ante el fiscal Roggero.

Semanas antes de morir acuchillada, Pamela había publicado una frase en sus redes sociales que hacía referencia al vínculo que mantenía con quien se convirtió luego en su asesina: su mamá.

Las autoridades remarcan que aún no existe una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen. Las mismas fuentes señalaron que no se registraban denuncias previas entre madre e hija y que algunos testimonios describían una relación familiar dentro de los estándares.

El mensaje fue escrito en Facebook por la mujer de 28 años, que fue reportada muerta el viernes por la noche. “Mi mamá lo es todo”, decía. La frase estaba acompañada por emojis que expresaban amor y concluía: “Hija única”.

Durante la madrugada del viernes, un incendio en la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy dejó en estado crítico a uno de los internos más notorios del penal. Raúl Abad, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda, resultó gravemente herido junto a otro recluso tras el siniestro que afectó una celda del pabellón 5. Las autoridades provinciales confirmaron que el incidente tuvo origen presuntamente intencional.

De acuerdo con Somos Jujuy, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego alcanzó directamente la celda donde se encontraban Abad y otro interno de apellido Enríquez, ambos cumpliendo condenas firmes. La emergencia obligó a trasladar de urgencia a Abad al hospital Pablo Soria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según el funcionario, el recluso sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares debido a la inhalación de monóxido de carbono.

La rápida intervención del personal penitenciario evitó que el incendio se propagara a otras áreas del pabellón, limitando los daños materiales y personales. “El personal del servicio penitenciario intervino y evitó obviamente que las lesiones y los daños fueran mayores”, señaló Gil Urquiola. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera concluyente el motivo del incendio, aunque existen hipótesis ligadas a reclamos internos entre los detenidos. La fiscalía de turno continúa la investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del suceso.

Este episodio adquiere relevancia pública por el perfil del principal afectado. Raúl Abad fue condenado a prisión perpetua en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó el 3 de mayo, cuando el Tribunal en lo Criminal N° 3, presidido por la jueza María Margarita Nallar, condenó a Abad y Cachizumba como responsables de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

El femicidio de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La adolescente salió de su casa en bicicleta y no regresó, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de su familia. La respuesta policial resultó insuficiente y la búsqueda formal se activó con demoras, mientras vecinos y allegados realizaron rastrillajes por la zona. Cinco días después, el cuerpo de Iara fue hallado en un descampado, atado de pies y manos y con signos de haber sido estrangulada.

La investigación judicial determinó que Iara fue abordada por Raúl Abad, Raúl Arnaldo Cachizumba y un menor de edad, con quien mantenía una relación sentimental. Los tres la subieron por la fuerza a un vehículo, la trasladaron a un área alejada y la sometieron a violencia física y psicológica. Tras inmovilizarla, la estrangularon con un lazo y, ya sin vida, intentaron quemar su cuerpo para borrar rastros del crimen, antes de enterrarlo en el descampado donde fue encontrada.

El femicidio de Iara Rueda impulsó la sanción de la llamada Ley Iara N° 6.186, que declaró la emergencia pública en violencia de género en la provincia y generó cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Este juicio paralelo se centra en la presunta responsabilidad de varios efectivos policiales que, según la acusación, omitieron activar de inmediato el protocolo general de búsqueda de personas desaparecidas, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal del caso. La familia impulsó una causa paralela por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue elevada a juicio oral y público y cuenta con el acompañamiento del Ministerio.

Durante un operativo llevado a cabo el viernes por la madrugada, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres e incautó armas, droga y teléfonos. Se realizaron un total de 35 allanamientos en Rosario por el crimen del agente Rodolfo Manfredi, en una causa que además busca determinar quién disparó contra la patrulla y qué hacían los efectivos en ese sector.

Entre lo secuestrado hubo: 3 armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 86 gramos adicionales de esa sustancia, varias dosis de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un Posnet, de acuerdo con la PFA.

Manfredi fue asesinado durante una balacera entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Villa Banana. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y de la Fiscalía de la Acusación, encabezada por Laura Ricardo, mientras que el juez de Garantías Carlos Vera Barros ordenó los operativos tras una serie de pruebas reunidas por los investigadores.

Los detenidos

Durante la jornada del sábado, la fiscal Ricardo imputó a Luis M., uno de los demorados por el ataque, mientras que su hermano Juan Carlos M. fue liberado después del análisis de la evidencia reunida en operativos realizados en la zona oeste y otras medidas de seguridad.

Luis M., de 42 años, habia sido internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Había ingresado el viernes con una herida de arma de fuego y, tras recibir el alta, fue trasladado bajo custodia policial en una causa que corre en paralelo con actuaciones de la Justicia federal, según La Capital.

Fue Juan Carlos M. quien lo llevó al hospital en un vehículo particular después de la balacera, por lo que también quedó demorado al inicio de la pesquisa. El primer parte médico indicaba que el paciente tenía una lesión en el tórax, pero su estado mejoró en las horas siguientes y la policía lo retiró del centro de salud con autorización del Ministerio Público de la Acusación.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que Juan Carlos M. seguirá vinculado a la causa penal, aunque no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen ni por otros delitos asociados a ese episodio. Además se señaló que es probable que Luis sea imputado durante la próxima semana.

La reconstrucción del hecho

Un agente de la Policía Federal fue asesinado en Rosario durante un tiroteo ocurrido cerca de las 22 en el barrio Villa Banana, donde también resultaron heridos otro efectivo y el detenido, en un ataque que dejó además el robo del arma reglamentaria de la víctima y derivó en la detención de dos sospechosos, según la información del caso.

El policía fue identificado como Rodolfo Manfredi, de 30 años. Según la información policial, los agentes que llegaron a la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg lo encontraron tendido en la vía pública, con varios impactos de arma de fuego y sin su pistola reglamentaria, que habría sido sustraída.

También fue herido el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años. El agente ingresó al Hospital Italiano con dos disparos en el abdomen y fue sometido a una cirugía después de que sus compañeros lo trasladaran de urgencia.

La secuencia comenzó con un llamado que alertó sobre personas baleadas en la calle. El episodio movilizó a personal de la Comisaría 19na y a unidades de la Agrupación de Unidades de Orden Público. La investigación sigue en curso para establecer cómo se produjo el tiroteo, identificar a los agresores y recuperar el arma reglamentaria robada a Manfredi.

Es falso que mochila hallada en Oaxaca contenía restos humanos, determina la FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) descartó que una mochila hallada en la colonia Monte Albán, en el municipio de Oaxaca de Juárez, contuviera restos humanos.

Los peritajes realizados por personal especializado determinaron que la caja localizada en el interior de la mochila estaba vacía.

Según un informe compartido este 12 de junio, la FGEO activó de manera inmediata los protocolos de atención tras recibir el reporte de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez. Un equipo multidisciplinario integrado por personal ministerial, pericial y de investigación se desplegó en el lugar para verificar la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Los estudios periciales efectuados en el sitio confirmaron que la caja no contenía restos humanos ni indicios relacionados con ese tipo de hechos. La inspección especializada permitió descartar de forma categórica la versión que circuló en redes sociales.

La FGEO advirtió que, tras el hallazgo, se difundió información falsa en distintos espacios digitales en la que se afirmaba que los objetos localizados contenían restos humanos. La fiscalía calificó esa versión como falsa.

La dependencia reiteró su compromiso de actuar con prontitud ante cualquier reporte que pudiera representar un riesgo para la población y de conducir las investigaciones con rigor técnico y transparencia.

Procesan a integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda dedicada al robo a casa habitación en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Cristina “N” por su probable participación en el robo agravado en pandilla a un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el 8 de marzo de 2025.

La mujer fue identificada como probable integrante del grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, dedicado al robo a casa habitación en la capital.

La autoridad judicial impuso a Cristina “N” prisión preventiva como medida cautelar y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según datos revelador por la Fiscalía capitalina, el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos, junto con estudios especializados de identificación antropológica, permitió al agente del Ministerio Público establecer la probable participación de la imputada y obtener la orden de aprehensión en su contra.

El 8 de junio, agentes de la Policía de Investigación, en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la aprehendieron en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la denuncia, las víctimas llegaron a su domicilio y encontraron el departamento en desorden. Faltaban aparatos electrónicos, objetos personales y dinero en efectivo, y las cámaras de seguridad instaladas al interior habían sido desconectadas.

El presunto líder de “Los Olmos Fragoso”, identificado como Israel “N”, fue capturado el pasado 15 de abril de 2026 en el Estado de México y vinculado a proceso por tres casos de robo a casa habitación en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Cae en Iztapalapa hombre acusado de almacenar y distribuir pornografía infantil

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo el pasado 9 de junio de 2026 a un sujeto identificado como Daniel “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, luego de una investigación de casi tres años que arrancó con una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organización que colabora con autoridades de distintos países en la detección y combate de la explotación sexual infantil.

La investigación inició en septiembre de 2023, cuando la Guardia Nacional envió a la Fiscalía capitalina un reporte del NCMEC que alertaba sobre el almacenamiento y transmisión de aproximadamente 20 archivos con material de abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

A partir de ese reporte, la FGJCDMX desarrolló una investigación especializada que incluyó análisis de información técnica y diligencias de inteligencia cibernética.

Esas labores permitieron identificar a Daniel “N” como el probable responsable y obtener una orden de aprehensión en su contra

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, localizaron al imputado en la alcaldía Iztapalapa. Tras su detención, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

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La mañana de este viernes asesinaron a tiros a un joven de 21 años. Fue atacado cuando salía de su domicilio en la esquina de Pueblo Nuevo y Baúl, colonia Pueblo Nuevo, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

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La policía de Toledo detuvo a Eljay Crisp-Carr, de 20 años, por el tiroteo que dejó 12 heridos en el Festival Old West End. El ataque ocurrido el 6 de junio obligó a cancelar la segunda jornada del evento anual, informaron Associated Press, WTOL 11 y ABC 13.

Un juez fijó una fianza de USD 1,1 millones durante la primera comparecencia judicial, con USD 100.000 por cada uno de los 11 cargos de agresión grave que enfrenta. Su próxima audiencia quedó programada para el lunes 15 de junio a las 09:00, de acuerdo con WTOL 11.

La investigación sostiene que hubo dos tiradores y que el episodio comenzó tras una disputa entre dos grupos rivales cerca del jardín cervecero del festival. Las autoridades continúan la búsqueda del segundo sospechoso, Ka Nye Taylor, de 20 años, que enfrenta 11 cargos de agresión grave.

La acusación describe disparos contra la multitud durante una pelea

En una denuncia penal presentada ante el Tribunal Municipal de Toledo, una detective describió que un video muestra que Crisp-Carr participó en la pelea, precisó Associated Press. El documento agregó que, después de que otro hombre comenzó a disparar, Crisp-Carr se apartó del grupo, se dio vuelta y abrió fuego.

Las declaraciones juradas policiales afirmaron que Taylor empezó a disparar contra el grupo y que Crisp-Carr luego giró hacia su dirección y también disparó. El expediente añadió que el detenido disparaba de manera indiscriminada hacia la multitud.

La detective identificó a Crisp-Carr a partir de testimonios de testigos, redes sociales y fotografías de las fuerzas de seguridad. El sospechoso fue detenido en la casa de un familiar, reportó ABC 13.

El mismo medio detalló que Crisp-Carr se había declarado culpable anteriormente de un cargo por portar un arma oculta en un caso derivado de una persecución policial de agosto de 2024, en la que intervinieron unidades SWAT de la Policía de Toledo. La jueza Lori Olender lo condenó el 1 de mayo de 2025 a libertad condicional.

Hasta el momento, la búsqueda de Taylor continúa y hay una recompensa conjunta de hasta USD 15.000 por información que conduzca a su arresto: hasta USD 10.000 ofrecidos por Crime Stoppers y otros USD 5.000 por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

A su vez, un tercer implicado, menor de 17 años, fue arrestado por presuntamente ocultar un arma usada en el tiroteo. El joven cumplía libertad condicional tras una causa previa vinculada a armas de fuego.

Actualmente enfrenta una acusación por manipulación de pruebas, dado que se le atribuye el retiro del arma y el traslado lejos del sitio del incidente. La fiscalía sostiene que podría ser juzgado como adulto.

La ciudad ofreció compensación económica a las víctimas

La violencia hizo que personas aterradas huyeran mientras otras corrieron para ayudar a los heridos junto con médicos y policías. Las víctimas tenían edades que iban desde adolescentes hasta una persona de unos 60 años, indicó Associated Press.

La Oficina del Fiscal del Condado de Lucas informó que las víctimas del tiroteo pueden solicitar compensación económica a través de los Servicios de Compensación para Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Ohio.

La fiscal del condado de Lucas Julia Bates, citada por ABC 13, afirmó: “Quiero que todos los afectados por este tiroteo sepan que no están solos. Hay ayuda disponible y estamos comprometidos a conectar a las víctimas con el apoyo que necesitan”.

Las personas que quieran solicitar el reembolso de gastos asociados al tiroteo tienen la opción de comunicarse por correo electrónico a la siguiente dirección: crimevictimscompensationapplications@ohioago.gov.

Asimismo, asistentes, vendedores, voluntarios y otras personas presentes en el festival pueden solicitar una ayuda económica. Los interesados pueden comunicarse con Vera Sanders, directora de servicios de asistencia a víctimas, a través del 419-213-4994. Se brindará atención en español.

La abogada Mónica Picco, quien representa a la primera mujer que denunció a Gabriel Barrelier antes de que fuera detenido por el homicidio de Agostina Vega, brindó más detalles sobre el episodio en el que la víctima fue desnudada y atada en la casa del acusado, antes de lograr escapar.

Según indicó la letrada, la joven declarará este viernes ante la Justicia para relatar su versión de los hechos. Cabe recordar que el episodio ocurrió en 2025 y derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad. Barrelier permaneció detenido durante 20 días y luego recuperó la libertad el 26 de mayo pasado tras el pago de una fianza y el cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

“Fue un engaño. Él la lleva al domicilio con el pretexto de que tenían que buscar un dinero y, a cambio de eso, le iba a pagar. Con ese anzuelo, Barrelier la lleva a mi clienta a su domicilio”, precisó Picco. Según el testimonio de la víctima, el acuerdo consistía en que ella recibiría dinero por guardar una suma de dinero.

Sin embargo, una vez en la vivienda, el ahora detenido por el crimen de Vega comenzó a apuntarla con un arma para obligarla a desnudarse y luego atarla. Durante el episodio, repetía una inquietante frase: “Yo necesito que la gente que te va a dar la plata te vea así. Desnuda”. La letrada señaló que no puede determinar quiénes eran esas supuestas personas.

En declaraciones a la prensa, Picco detalló que la víctima nunca había estado antes en la casa de Barrelier. No obstante, ambos se conocían desde tiempo atrás y habían salido dos veces a comer. Según explicó, el primer contacto ocurrió cuando la joven era menor de edad y tiempo después retomaron la comunicación a través de Instagram.

Sobre el tipo de vínculo que mantenían, opinó: “No voy a decir que eran amigos, pero eran conocidos”. Y agregó que se conocían por intermedio de una tía de una expareja de la víctima.

Consultada sobre los elementos probatorios de la acusación, respondió: ”No se encontró ni esa arma ni se encontró el celular de mi clienta, porque él, cuando la exige que se saque la ropa para posteriormente atarla, le saca el celular y las llaves de la moto. Y el celular nunca lo recuperó“.

Otro dato que llamó la atención de la querella ocurrió instantes antes de la llegada de la Policía. Según relató la abogada, cuando la joven logró escapar y refugiarse en un comercio ubicado frente a la vivienda, apareció un auto oscuro con vidrios polarizados. Del vehículo descendió un hombre “de un 1,70 y contextura física robusta”, quien preguntó qué había sucedido mientras la víctima permanecía protegida por los vecinos.

Asimismo, Picco aseguró que la hija de Barrelier y su pareja estaban en el domicilio al momento del episodio, aunque aclaró que desconoce cómo está distribuida la vivienda. “Se aparecen luego. Cuando ingresa mi clienta al domicilio, nunca las ve”. Ahora, la causa fue recaratulada como “privación ilegítima de la libertad agravada”.

“(Mi clienta) está mal porque se pregunta de manera constante qué hubiese pasado si no hubiera podido escapar. Con el diario del lunes y viendo todo esto, es una pregunta que cualquier mujer que pasa por todo esto se la haría”, concluyó.

Un testigo clave del episodio es J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso. Según su relato, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, contó.

El comerciante asegura que la mujer cruzó la calle en estado de desesperación. “En otro local de enfrente había unos chicos que le dieron una remera para que se tapara”, recordó. La reacción del hoy acusado fue lo que más le llamó la atención. “Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: ‘Estás loca’. No se inmutó”, relató.

De acuerdo con el testigo, varias personas asistieron a la mujer y la llevaron hasta una barbería cercana. “Ahí le dieron agua, algo para comer. Ella repetía: ‘Tengo miedo. Pídanme un auto, me quiero ir a mi casa’”, recordó. Poco después llegó la Policía.

“Mientras tanto, Barrelier entró a la casa y después salió a fumar a la vereda como si nada”, sostuvo. Según recuerda, los efectivos finalmente trasladaron al sospechoso en un patrullero. “Se lo llevaron junto con la madre, la pareja y la hija”, afirmó.

La detención de un joven de 19 años acusado de haber participado en el crimen de un adolescente en la Villa Gascón de la ciudad de Mar del Plata, generó un nuevo avance en la investigación judicial.

El operativo, coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, culminó ayer jueves con la captura de L. M. L., señalado por la fiscalía como uno de los autores materiales del homicidio de Brian Hostes.

La aprehensión se produjo tras dos procedimientos en viviendas ubicadas en Gascón al 7600 y Coronel Suárez al 2500. En la primera dirección, personal policial localizó y detuvo a Lascano en el domicilio de su novia. Por disposición judicial, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para quedar a disposición de la Justicia.

El caso, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el 29 de abril pasado, cerca de las 13.30, en la intersección de las calles Coronel Suárez y Gascón. Allí, Brian, de 17 años, recibió tres disparos: dos en la pierna y uno en la zona abdominal. Las heridas fueron letales y, aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación. Según la información oficial, la fiscal Mariana Baqueiro quedó a cargo de la causa tras la intervención inicial de la fiscal Costanza Mandagarán. La pesquisa incluyó la detención preventiva de dos adolescentes, de 16 y 18 años, durante un allanamiento de urgencia vinculado al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el crimen de Brian Hostes se produjo en un contexto de violencia barrial y antecedentes penales previos. La víctima, identificada oficialmente, tenía “numerosos conflictos con la ley”, según se informó en el expediente, lo que complejizó la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de los móviles.

Momentos antes del deceso, se registraron incidentes violentos entre familiares de la víctima y otro grupo no identificado, tanto en el predio del hospital como en la puerta de la guardia. La magnitud de la pelea obligó a la intervención del Cuerpo de Infantería, que debió actuar para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el centro asistencial.

Los informes judiciales confirmaron que al menos uno de los presuntos autores del homicidio era menor de edad, lo que motivó el traspaso del expediente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese marco, uno de los sospechosos, también menor, se entregó a la Justicia acompañada por su madre el pasado 28 de mayo.

Con el correr de las semanas y tras el análisis de pruebas y testimonios recolectados, se logró identificar al segundo acusado. La fiscal Baqueiro ordenó su detención inmediata, la cual fue ejecutada durante el operativo policial realizado la mañana del jueves.

Los dos detenidos enfrentarán cargos por homicidio, aunque la situación procesal del menor será analizada bajo los parámetros específicos que regula el fuero penal juvenil.

Los homicidios son cada vez más frecuentes en Villa Gascón, Mar del Plata. Hace tan solo una semana, detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Yoel Castro, que murió el 8 de enero de este año.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Finalmente, la captura se concretó este viernes pasado a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

Los sospechosos por la muerte de Santiago Correa en City Bell se negaron a declarar ante el fiscal y quedaron formalmente detenidos. Se trata del dueño de la vivienda donde hallaron el cuerpo, quien en un principio señaló que tenía un vínculo sentimental con la víctima, y un amigo de él. La familia convocó a una marcha para pedir justicia.

J. G. B., docente de 41 años, y R. A. G. de 49 —que afirmó haber ido al lugar tras enterarse de una discusión de pareja— permanecen a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien ordenó sus detenciones luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos.

Por su parte, la defensa de los imputados, Christian Parodi, lanzó una inesperada declaración tras indicar que Correa habría atravesado un presunto brote psicótico y que las heridas fueron autoprovocadas, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.

Esa versión no coincide en absoluto con los resultados preliminares de la autopsia en donde los peritos detectaron múltiples heridas cortantes en el cuello y lesiones compatibles con maniobras defensivas, lo que contradice la hipótesis del suicidio.

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 454 entre 24 y 25, en la localidad platense de City Bell, el lunes por la noche. El cadáver estaba tirado en el patio delantero de la vivienda y lo encontraron luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo hallaron el cuerpo sin signos vitales. También llamó la atención el estado en el que se encontraba el interior de la casa. Había manchas de sangre en las habitaciones y objetos tirados en el suelo, lo que evidenciaba un posible enfrentamiento previo al desenlace fatal.

Luego de conocerse el relato de J. G. B. sobre su presunta relación con Correa, el entorno más cercano de la víctima lo desmintió. Según informó El Día, familiares y amigos del hombre de 33 años aseguraron que él no tenía pareja y que antes del hecho les había comentado que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado en City Bell. Correa vivía en Villa Elvira y, de acuerdo con lo que indicaron, solía mantener encuentros ocasionales.

En el procedimiento, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos detenidos para su peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque. La causa quedó caratulada como “Homicidio” y el fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda los resultados definitivos de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso.

El reclamo de la familia

A pocos días de cumplirse una semana del crimen, la familia y amigos convocaron a una movilización este viernes frente a las fiscalías de La Plata para reclamar avances en la investigación de su muerte.

La concentración se realizará a las 12 en avenida 7 entre 56 y 57, bajo la consigna “Justicia por Santiago”. “Queremos justicia, que no quede como si no pasó nada, porque Santiago nunca se hubiera quitado la vida. Estaba rodeado de amigos y de su familia, trabajaba en una panadería y también con mi papá; iba a construir su casa, se había anotado para hacer el curso de guardavidas y se iba a ir de vacaciones. Le faltaba un año para recibirse de enfermero”, señaló la hermana al portal local.

El entorno de la víctima, quien era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26, rechaza la hipótesis de un suicidio y exige que la causa profundice la línea del homicidio.

El cauce del barrio La Primavera no sólo arrastra el agua de las copiosas lluvias de Managua; esta semana se llevó también la vida de Javier de Jesús Rodríguez, un ayudante de albañilería de 43 años.

Su cuerpo, rescatado finalmente al mediodía de ayer 10 de junio por pescadores en las costas del lago de Managua en el sector de Villa Vallarta, puso fin a una angustiosa búsqueda que comenzó en la madrugada del martes.

Sin embargo, el hallazgo no trajo paz, sino el inicio de un complejo proceso judicial y el dolor lacerante de una familia que exige que la tragedia no quede en la impunidad. La historia que unía a Javier de Jesús con Ana Luisa Acuña Muñoz, de apenas 22 años, era tan corta como tormentosa.

Hacía tan solo tres semanas se habían conocido en la misma zona que se convertiría en el escenario de su última disputa. 21 días bastaron para tejer una relación marcada por la inestabilidad y, según relatan los familiares directos de la víctima, por un ciclo constante de agresiones que Javier prefirió callar o minimizar frente a su entorno más cercano.

Chantal Rodríguez, la hija mayor de la víctima y quien asumió la dolorosa tarea de identificar el cadáver, recordó con impotencia las advertencias que solía hacerle a su padre. «Él a mí me decía de que ella lo maltrataba. Y yo le decía a él: “Papá, papá, pero ¿por qué se deja? Ya pare esto, déjela. Ay, déjela. ¿Qué hace con ella?”. Pero nunca me hizo caso», relató Chantal con la voz entrecortada.

Javier, que compartía su hogar con sus tres hijos y proveía para ellos mediante su oficio en la construcción, decidió continuar en una espiral que sumaba juventud, alcohol y un temperamento inflamable.

La madrugada fatal en La Primavera

Los hechos se desencadenaron en las primeras horas del martes, bajo un manto de aparente cotidianidad que rápidamente se tornó violento. Testigos e informes preliminares señalan que la pareja inició una fuerte discusión pública en el barrio La Primavera. Los testimonios sugieren que Ana Luisa se encontraba bajo los severos efectos del alcohol, en un estado de alteración mayor que el de Javier.

Las palabras escalaron velozmente a los empujones y, en cuestión de minutos, la violencia física se apoderó de la escena. El ataque presuntamente inició por parte de Javier, quién según versiones de la víctima hacía las autoridades, él intentó apuñalar.

Por lo que, la agresión física culminó de la peor manera imaginable: el hombre de 43 años fue empujado hacia las fuertes y turbulentas corrientes del cauce, las cuales lo arrastraron de inmediato, desapareciéndolo de la vista de quienes se encontraban en el lugar y sellando su trágico destino en las aguas del lago.

Las autoridades policiales mantienen bajo detención e investigación a Ana Luisa Acuña. El caso ha abierto un debate profundo sobre la naturaleza de la agresión. Los reportes preliminares del equipo investigativo indican que la defensa de la señalada argumenta que la joven de 22 años actuó presuntamente en legítima defensa.

La tragedia de La Primavera no fue un hecho aislado esa jornada. Horas más tarde, la noche del mismo martes, la sombra de la violencia intrafamiliar se trasladó a un motel de Masaya.

Allí, otra discusión de pareja terminó en tragedia cuando una mujer perdió la vida tras recibir más de 20 puñaladas. Aunque el agresor huyó inicialmente, la rápida intervención policial logró su posterior captura.

Ambos sucesos demuestra que cuando el impulso domina por completo a la razón, las consecuencias desbordan a los involucrados, destruyendo vidas y dejando familias enteras marcadas para siempre por el luto y el remordimiento.

El juicio por el asesinato de Austin Metcalf concluyó con una condena de 35 años de prisión para Karmelo Anthony, tras un proceso que expuso el dolor de una familia y el debate sobre la justicia juvenil en Texas.

La frase de Hunter Metcalf —“Eventualmente tu nombre será olvidado”— dirigida al condenado, marcó el final de una audiencia cargada de tensión, según New York Post.

El crimen durante una competencia escolar

Austin Metcalf, de 17 años, era atleta y estudiante de secundaria en Frisco, Texas. El 2 de abril de 2025, fue apuñalado en las gradas por Karmelo Anthony, también de 17 años, durante una competencia de atletismo. Ninguno de los jóvenes se conocía previamente.

El hecho ocurrió en un ambiente escolar que, según NBC News, generó conmoción en la comunidad local y atrajo atención nacional por la brutalidad del episodio y la juventud de los involucrados.

La investigación y el contexto del ataque incluyeron versiones contrapuestas. La defensa sostuvo que Anthony fue abordado por miembros del equipo rival mientras estaba sentado bajo una carpa y que la situación escaló hasta el desenlace fatal. El jurado, sin embargo, rechazó el argumento de defensa propia, considerando las pruebas presentadas en el juicio, afirmó CNN.

Un juicio breve y la voz de la familia Metcalf

El proceso judicial se desarrolló en el tribunal del Condado de Collin, en la ciudad de McKinney. La deliberación del jurado tomó menos de tres horas y concluyó con la declaración de culpabilidad de Karmelo Anthony por asesinato en primer grado.

La sentencia, dictada el 9 de junio de 2026, fijó una pena de 35 años de prisión, una condena que, en el estado de Texas, podría haber alcanzado hasta 99 años, de acuerdo con NBC News.

Durante la fase de declaraciones de impacto, la familia de Austin Metcalf expuso su dolor ante el tribunal. El hermano gemelo de la víctima, se dirigió directamente a Anthony: “Te llevaste a un hijo, un hermano, un amigo y a mi mejor amigo de este mundo... Ahora quiero que te quiten todo”.

New York Post destacó que la declaración incluyó la frase: “Eventualmente tu nombre será olvidado, pero la memoria de mi hermano vivirá”.

El padre, Jeff Metcalf, también tomó la palabra y exigió al acusado que levantara la mirada: “¡Nos robaron!... Fallaste a tus padres, a ti mismo y a la sociedad. No perteneces a esta comunidad. Vas a ir a prisión. Te perdoné el día que ocurrió, pero no perdono lo que hiciste. No puedes mirarme a los ojos, pero sí apuñalaste a mi hijo”, relató New York Post.

Anthony permaneció cabizbajo y evitó el contacto visual durante la audiencia. Al finalizar las declaraciones de la familia, fue puesto bajo custodia del sheriff y trasladado fuera de la sala, según NBC News.

Debates tras el fallo y repercusión nacional

The New York Times destacó que el caso reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores y la seguridad en eventos escolares, dado que Anthony fue juzgado como adulto pese a tener 17 años al momento del crimen. La legislación texana contempla para estos casos sentencias de entre 5 y 99 años.

Durante el proceso, se organizaron manifestaciones de apoyo a Anthony fuera del tribunal, reflejando la controversia y la división de opiniones en la comunidad, según AP.

El acusado, que tenía un promedio académico alto y estaba próximo a graduarse, optó por no declarar durante el juicio, conforme lo señaló CNN.

El jurado desestimó de manera unánime tanto la defensa de “pasión repentina” como la de defensa propia. La condena a 35 años de prisión establece que Anthony podrá solicitar libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de la pena. Aún no se informó a qué prisión estatal será trasladado.

La historia de Austin Metcalf y la sentencia contra su agresor continúan alimentando el debate sobre los límites de la justicia juvenil y la protección en ámbitos escolares en Texas y en todo el país.

Familias del Bronx se movilizaron el martes por la noche en el Grand Concourse para exigir el fin de la violencia armada, días después del asesinato de Amaury Toro, de 43 años, en ese mismo corredor. La policía no realizó arrestos y la investigación sigue abierta.

La vigilia reunió a defensores contra la violencia, líderes comunitarios y padres que perdieron hijos en hechos similares. La convocatoria buscó tanto honrar a la última víctima como demandar soluciones ante una violencia que, según los vecinos, no cede pese a las estadísticas oficiales.

El crimen que desató la movilización

Según la Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron a un llamado por agresión y encontraron a Toro con heridas de bala en el pecho y la ingle. Lo trasladaron al hospital St. Barnabas, donde falleció poco después, informó The Bronx Daily, portal de noticias local especializado en el distrito.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2026 por la madrugada, en las inmediaciones del número 2150 de la avenida Grand Concourse. Hasta la fecha no hay detenidos. Las autoridades no dieron detalles sobre el autor ni el móvil del crimen.

Las voces de las familias

Entre los asistentes a la vigilia estuvo Marisol Miranda, madre de Michael Hernández, asesinado en 2025. Miranda fue una de las voces más directas de la noche.

“Somos familias sobrevivientes, y eso se demuestra porque perdimos a nuestros hijos”, dijo Miranda, según informó Bronx News 12, el canal de noticias local. “Perder una vida ya es demasiado. Yo ya perdí uno. Me niego a permitir que alguien más pierda a otro hijo”.

Los organizadores subrayaron que la presencia continua en las calles es la única forma de cambiar la dinámica de la violencia a largo plazo. Para ellos, la visibilidad comunitaria no es un acto simbólico: es una herramienta de prevención.

La brecha entre las cifras y la realidad del barrio

Días antes de la vigilia, el NYPD publicó datos que muestran una caída en la violencia armada y los delitos mayores durante los primeros cinco meses de 2026. Varios residentes del Bronx sostienen que esos números no reflejan lo que viven a diario.

Esa tensión entre estadísticas y experiencia cotidiana fue uno de los ejes del reclamo en el Grand Concourse. Los vecinos no niegan la baja en los índices, pero señalan que los homicidios no se detienen.

La respuesta del Estado: dos comandos y 200 agentes más

A fines de mayo, el alcalde Zohran Mamdani, la comisionada de policía Jessica Tisch y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una reestructuración del patrullaje en el Bronx.

La ciudad dividió el distrito en dos zonas operativas: Bronx Norte y Bronx Sur, con mandos propios, equipos de homicidios y unidades especializadas. Además, sumó cerca de 200 agentes adicionales a las calles.

“Por primera vez en la historia de la ciudad, dividimos el Bronx en dos comandos para llevar a este distrito los mismos estándares que Brooklyn, Queens y Manhattan", afirmó Mamdani al presentar la medida.

Por qué el Bronx necesita una estructura diferente

El alcalde justificó el cambio con un dato concreto: el Bronx recibió cerca de 1.000.000 de llamadas al 911 en 2025, una demanda que un solo comando no puede absorber.

El comisionado adjunto Benjamin Gurley, al frente de Bronx Norte, explicó el razonamiento: “Con 12 comandos divididos a la mitad, podemos concentrar los esfuerzos con mayor eficacia”.

La comisionada Tisch declaró a CBS News que la decisión no responde a un fracaso sino a una apuesta por consolidar lo logrado: “El Bronx lidera la reducción de delitos en la ciudad y este cambio fortalecerá las estrategias de vigilancia”.

El plan para el verano

Las autoridades reconocen que el verano es el período de mayor riesgo. El plan contempla el despliegue de más de 2.600 agentes en 72 zonas de alta violencia en toda la ciudad, con foco en los horarios nocturnos y las primeras horas de la mañana. Tisch precisó: “Pondremos oficiales donde más se los necesita y cuando más se los necesita. Perseguiremos armas ilegales y a las pandillas responsables de la violencia”.

La fiscal del distrito Darcel Clark agregó que la mayor presencia policial tiene un efecto disuasorio directo: “Si la gente ve un policía, lo pensará dos veces antes de delinquir”.

La Justicia fijó las fechas del juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena de ocho años asesinada en Brinkmann, provincia de Córdoba. Las audiencias serán el 22, 23 y 29 de septiembre en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con jurados populares.

El debate llegará con tres imputados: Rocío Milagros Rauch (madre de la víctima), Matías Ezequiel Simeone (pareja de Rauch) y Cristian Hernán Varela (amigo de Simeone). Los tres permanecen detenidos en la capital de la provincia.

Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de abusos sexuales contra la niña que derivaron en el homicidio. La imputación contempla la intervención de más de una persona, la figura de homicidio criminis causa y, para Simeone, el delito de incendio, ya que habría prendido fuego la vivienda para borrar pruebas.

Antes del juicio se hará la selección del jurado en los tribunales de San Francisco: primero se conformará una lista de 24 ciudadanos y en agosto quedarán definidos los 12 titulares. Rauch será defendida por el abogado Marcos Nicolás Arnoldt, mientras que Simeone y Varela tendrán defensores oficiales, Luciano Fino y César Testa; el padre de la niña, Ricardo Vivas, actúa como querellante.

El cuerpo de Aralí fue hallado el 1 de noviembre de 2024 después de que bomberos apagaran un incendio en la casa. Si la Cámara del Crimen comparte los argumentos del fiscal, los delitos atribuidos prevén prisión perpetua.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Varela llegó en bicicleta a la vivienda de Simeone alrededor de las 21 horas, el 1 de noviembre. Durante la madrugada, los dos hombres se alternaron para usar una bicicleta en distintos momentos, hasta que Simeone regresó a la casa cerca de las 3:27 del sábado.

Después de las primeras horas de la mañana, Simeone salió del domicilio con los otros dos hijos menores de Rauch, los llevó a una plaza cercana y volvió poco antes del mediodía, según la reconstrucción judicial. Minutos más tarde, cerca de las 14, los vecinos alertaron el incendio en la vivienda donde vivía Aralí Vivas.

Según el expediente, el fuego habría sido iniciado de forma deliberada para eliminar pruebas del crimen. La investigación comprobó que Aralí fue víctima de abusos sistemáticos y la autopsia reveló que presentaba un traumatismo en la zona craneal.

La hermana de la víctima declaró en Cámara Gesell que vio a la niña tendida en la cama antes de que empezaran las llamas. Según las actuaciones recogidas por el Ministerio Público Fiscal, intentó despertarla, no obtuvo respuesta y se retiró porque creyó que estaba dormida.

La investigación también estableció que Ezequiel Matías Simeone estaba en libertad condicional cuando ocurrió el crimen, tras una condena dictada en septiembre de 2023 por amenazas y violencia de género. Según declaraciones y testigos, la madre no habría protegido a la niña pese a conocer los antecedentes de violencia de su pareja.

La madre de la víctima habló el año pasado, ya detenida, y contó su versión de los hechos, asegurando su inocencia: “Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver, nunca quise que le pase a mi hija esto. Solamente quise reclamar un derecho y fui a buscar un plato de comida para que no le falte nada a ella y a sus hermanos”.

En medio de los reclamos de justicia, Nazarena, la tía de la menor, cargó contra los tres detenidos. “Se pudran en la cárcel”, pidió sobre su hermana, Simeone y Varela. Sobre Simeone, agregó: “Nos vendió a todos un verso de que era bueno”. Luego describió la imagen que, según dijo, había logrado construir dentro de la familia: “Él se hacía cargo de los chicos, se encargaba de lavarles la ropa, de hacerles la comida, y todos creímos que dentro de todo los trataba bien, pero hoy en día saber que le hizo todo a nuestra sobrina, nos tiene desgarrados”.

Nazarena también cuestionó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia por haber devuelto la tenencia de los niños a Rauch. “Nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”, acusó sobre la SENAF.

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CNTE y manifestantes en caseta de Tlalpan: saldo blanco en dos movilizaciones simultáneas en CDMX

Dos movilizaciones se registraron este martes en la Ciudad de México sin incidentes. Un grupo de manifestantes en la caseta México-Cuernavaca y un contingente de maestros de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan.

Ambos eventos concluyeron con saldo blanco, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

La manifestación en la caseta de Tlalpan de la carretera México-Cuernavaca duró poco más de tres horas. Los participantes pegaron carteles y repartieron volantes de manera pacífica, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación federal, la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la SSC.

De forma paralela, maestros de la CNTE realizaron una expresión pública sobre Calzada de Tlalpan. La SSC desplegó un dispositivo de 800 elementos de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, además del ERUM. Se instaló un filtro de movilidad -bloqueo policial- y se realizaron adecuaciones viales para proteger a manifestantes y vecinos de la zona.

Según información oficial, los policías portaron únicamente equipo de protección personal: escudo de acrílico, casco, rodilleras, coderas y extintores para prevenir posibles conatos de incendio, en cumplimiento del Protocolo para la Atención a Manifestaciones de la Ciudad de México.

La operación se realizó por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Despliegan operativo en plaza de Culiacán tras reporte de sospechoso: era una persona con discapacidad

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con apoyo del Grupo Interinstitucional desplegó un operativo preventivo este martes 9 de junio en una plaza comercial de Culiacán tras el reporte ciudadano de una persona con actitud sospechosa.

Al acercarse, los elementos constataron que se trataba de una persona con discapacidad que no representaba riesgo alguno.

Las autoridades establecieron comunicación con los familiares de la persona, quienes acudieron al lugar para brindarle acompañamiento. La dependencia difundió la información en su cuenta oficial de X a las 3:11 horas del centro de este 9 de junio.

La SSP Sinaloa aprovechó el comunicado para recordar a la ciudadanía los canales oficiales de reporte: el 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

El operativo fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional, esquema de coordinación entre distintas corporaciones de seguridad que opera en el estado. La intervención concluyó sin detenidos ni incidentes.

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El silencio de la madrugada en el sector Villa Cerro, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, se rompió de forma abrupta el pasado domingo 7 de junio.

Lo que comenzó como una fuerte discusión entre paredes familiares terminó convirtiéndose en una de las páginas más oscuras de la violencia de género en la región este de la República Dominicana.

Yarian Chami Cedano Cedano (también identificada por allegados como Yaidy Chamil), una joven mujer de 31 años que albergaba en su vientre una vida de aproximadamente 20 semanas de gestación, encontró la muerte a manos de quien se suponía debía ser su compañero sentimental.

El presunto agresor, Jobel Alberto Peralta Corporán, conocido popularmente en el tejido social bajo el alias de “Bertico”, desató una agresión que dejó una huella imborrable de consternación en la comunidad local.

De acuerdo con los informes médicos preliminares y las primeras pesquisas de las autoridades, el ataque se ejecutó con un arma blanca tipo cuchillo.

La violencia de las heridas propinadas dejó a la víctima en un estado de extrema gravedad dentro de la misma vivienda que compartían, un espacio que pasó de ser un hogar a convertirse en una trágica escena del crimen. Alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo, las alertas se encendieron en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Una unidad de paramédicos se trasladó de urgencia hacia el sector Villa Cerro para socorrer a la mujer herida. Al llegar al lugar, el panorama era desolador, pero la prioridad absoluta era salvar las dos vidas que se encontraban en un hilo.

Cedano Cedano fue trasladada a toda velocidad hacia el centro de salud local más cercano. El reporte de ingreso de los médicos de turno detalló un cuadro clínico devastador: la paciente presentaba un trauma abierto de tórax provocado por múltiples heridas de arma blanca, sumado a un paro cardiorrespiratorio severo originado por la pérdida de sangre y el shock traumático.

Además, el equipo médico constató con urgencia el estado de embarazo de la víctima. Pese a las maniobras de reanimación avanzada y a los esfuerzos desesperados del personal médico en el área de emergencias, los signos vitales de la joven madre se apagaron definitivamente, llevándose consigo la esperanza del bebé que llevaba en su vientre.

La persecución y la entrega en San Pedro de Macorís

Tras cometer el hecho, “Bertico” de 25 años, emprendió la huida de manera inmediata, logrando evadir temporalmente el cerco policial en Higüey. La Policía Nacional, en coordinación estrecha con el Ministerio Público, activó de inmediato los protocolos de localización y búsqueda a través de sus organismos de investigación criminal. La presión de las autoridades y el peso del asedio comunitario no tardaron en surtir efecto en el círculo íntimo del sospechoso.

El desenlace de la fuga ocurrió el día de ayer, 8 de junio. Al verse acorralado por las labores de inteligencia de la uniformada, Peralta Corporán optó por negociar su entrega. Una vez materializada la entrega voluntaria en San Pedro de Macorís, la Policía Nacional informó a través de sus canales oficiales y redes sociales sobre la captura del prófugo.

Posteriormente, bajo un estricto dispositivo de seguridad, Peralta Corporán fue trasladado de regreso a la jurisdicción de Higüey. Este traslado resulta fundamental para avanzar con el proceso investigativo de rigor, la reconstrucción de los hechos y el inicio formal de las audiencias judiciales correspondientes.

Mientras la justicia dominicana inicia sus engranajes, la comunidad de Villa Cerro permanece sumida en un profundo dolor colectivo, exigiendo la pena máxima para un crimen que apagó dos vidas en un solo instante de violencia ciega.

La ciudad de Córdoba enfrenta una nueva crisis ligada a la seguridad y la respuesta judicial ante la reincidencia delictiva de menores. En las últimas horas del lunes, la Policía detuvo nuevamente al adolescente que, en febrero de 2024 y con solo 14 años, participó activamente en el asesinato de Sebastián Villarreal durante un asalto en barrio Yofre Norte.

El caso, que en su momento conmocionó a la opinión pública, vuelve a poner a prueba los límites del sistema judicial y el impacto de la legislación vigente sobre minoridad.

Hoy, con 16 años, acumula un historial delictivo que incluye asaltos reiterados, exhibición de armas en redes sociales y la pertenencia a bandas organizadas para cometer robos urbanos.

La última detención se produjo en barrio General Paz, cuando vecinos denunciaron la presencia de cuatro jóvenes que intentaban ingresar a complejos habitacionales forzando portones. El grupo logró violentar un acceso en la calle México al 1150 y sustraer prendas de vestir, pero la rápida intervención policial permitió montar un operativo cerrojo y capturar a dos de los involucrados: un joven de 19 años, oriundo de barrio Yapeyú, y el adolescente de 16, conocido por su extenso prontuario.

El ciclo de detenciones del menor comenzó tras el crimen de Villarreal, ocurrido en febrero de 2024. En esa oportunidad, el joven pasó solo unas semanas alojado en el Complejo Esperanza, ya que las leyes vigentes lo declaraban inimputable por su edad. Al poco tiempo, recuperó la libertad y volvió a las calles, donde sumó al menos cuatro detenciones consecutivas por robos y asaltos en distintos puntos de la capital cordobesa.

Según informó el portal Cadena3, durante este período, el adolescente se mostró activo en redes sociales, donde se lo pudo ver posando con armas de fuego, motos robadas y chalecos antibalas. Estas imágenes circularon ampliamente y alimentaron el debate sobre la impunidad y la exposición de conductas delictivas por parte de menores.

La situación del adolescente se vio modificada cuando cumplió los 16 años y, tras una nueva detención, la Justicia determinó su permanencia en el Complejo Esperanza bajo un régimen más estricto. Sin embargo, los plazos de reclusión volvieron a ser breves y el menor regresó rápidamente a las calles, retomando su actividad delictiva y exponiendo la insuficiencia de las herramientas estatales para revertir el ciclo.

El caso del adolescente involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal y en múltiples hechos delictivos posteriores, refleja una situación límite para las familias afectadas y para el propio sistema. La baja efectiva del piso de inimputabilidad y la revisión de los plazos de detención aún están en debate, sin que existan consensos sobre el mejor abordaje para estos casos.

En Córdoba, la reiteración de hechos violentos protagonizados por menores vuelve a encender la alarma pública y expone la necesidad de políticas integrales que combinen justicia, protección social y prevención. Mientras tanto, la vida cotidiana de barrios como Yofre Norte y General Paz sigue marcada por la incertidumbre y el temor ante la posibilidad de nuevos delitos vinculados a menores reincidentes.

A casi tres años del asesinato de Iara Nardelli en Mar del Plata, la investigación judicial sigue sin respuestas concretas, mientras su familia mantiene el reclamo por justicia y denuncia la falta de avances en la causa. El caso de la adolescente de 16 años, hallada muerta en julio de 2023, se ha convertido en un símbolo de impunidad y persistencia, marcado por la insistencia de su madre en que se trate como un femicidio.

Mariela Quintanilla, madre de la víctima, expresó su descontento con el enfoque de la Justicia y reiteró su pedido para que el caso sea recaratulado. “Yo quiero un cambio de carátula porque esto sí fue femicidio”, afirmó Quintanilla, citada por 0223. La mujer detalló que hace apenas tres semanas se tomaron nuevas muestras de sangre, enviadas a Junín junto a prendas de su hija que presentaban cortes de arma blanca y manchas de sangre, además de una cadenita y cabellos con perfil genético.

Según informó 0223, la figura de Iara Nardelli permanece presente en la ciudad gracias a un mural realizado por el grupo de arte urbano Keda, ubicado en la costa marplatense. La obra muestra a la joven con dos colitas, una amplia sonrisa y su gato en brazos, como homenaje y recordatorio de su historia. Para la familia, el mural representa no solo un acto de memoria, sino también el latiente pedido para que la investigación avance y haya justicia.

El proceso de análisis pericial se activó tras la intervención de un especialista contratado de forma particular por la familia, ante la ausencia de respuestas oficiales. “Gracias al informe que presentó, se desarchivó la causa”, destacó Quintanilla. Entre los hallazgos recientes, se detectó la presencia de droga en el cabello de la víctima y un porcentaje elevado de metabolito de cocaína en un fragmento de cerebro. Según la madre, este es inexplicable ya que Iara Nardelli no tenía problemas de consumo.

La investigación judicial no solo enfrenta demoras técnicas y falta de información pública, sino también un notorio silencio social. “Es muy triste. De forma anónima se han acercado chicas de Las Aldeas para contar su situación, pero con respecto a la muerte de Iara hay un pacto de silencio”, explicó Mariela Quintanilla en declaraciones a 0223. Este clima de reserva ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y mantiene la incertidumbre sobre el desarrollo de la causa.

El homenaje artístico tampoco estuvo exento de polémica. Según relató la madre, algunas personas manifestaron su molestia por la presencia del mural en una ciudad turística. “Les preocupan ciertas cosas y no que hay una nena muerta con su caso sin resolver”, expresó Quintanilla, reflejando el contraste entre el reclamo de justicia y las prioridades de parte de la comunidad local.

A lo largo de estos tres años, la familia de Iara Nardelli ha denunciado la falta de celeridad judicial y el trato desigual frente a otros casos similares. Quintanilla trazó un paralelismo con el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que asesinaron en Córdoba, para evidenciar la reiteración de patrones y la ausencia de respuestas estructurales. “Vemos en este caso que la Justicia no actuó de forma inmediata. Tal vez la vida de Agostina se podría haber salvado, al igual que la de Iara, cuando tuvieron siete días para buscarla”, sostuvo.

La persistencia en el pedido de justicia evidencia la dificultad de las víctimas para acceder a respuestas institucionales. La causa, que estuvo archivada, fue reactivada por impulso privado y espera los resultados de estudios genéticos que podrían aportar nuevos elementos. Mientras tanto, la figura de Iara Nardelli permanece en la memoria colectiva de Mar del Plata, como símbolo de un crimen que sigue sin esclarecerse y de una demanda de justicia que atraviesa el tiempo.

La investigación por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en junio del año pasado, continúa avanzando con nuevas pruebas que complican a los acusados.

En las últimas horas, se conoció que las pericias genéticas realizadas en elementos de la escena del crimen dieron resultado positivo para uno de los acusados: Nicolás Damián Arévalo, señalado como presunto coautor del homicidio agravado.

Según indicaron medios locales, el ADN fue hallado en distintos elementos de la escena del crimen, entre ellos una toalla utilizada durante el hecho, el cordón con el que fueron atadas las muñecas de Mieres, hisopados de sus manos y un elemento empleado para inmovilizar sus tobillos.

El ataque fue particularmente violento: el cuerpo fue encontrado desnudo, con manos y pies atados con cordones de zapatillas, el rostro golpeado y signos de estrangulamiento y golpes.

El diario 0221 informó, en tanto, que el análisis de ADN descartó a Jonatan David Perunetti, también imputado como coautor y detenido con prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantías N°2. La pericia se había realizado meses atrás, a partir de la toma de muestras biológicas a los acusados.

En total, el expediente incluye a dos acusados detenidos por homicidio agravado criminis causa y a un tercer imputado, Ronaldo Alexis Irala Duarte, acusado de encubrimiento.

Los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, representantes de la familia de la víctima, sostienen la hipótesis de un ensañamiento particular contra Mieres, que podría estar vinculado a su orientación sexual. Para la querella, el uso de una remera con la inscripción “decencia” en el mecanismo de asfixia podría aportar un componente simbólico compatible con un crimen de odio.

El caso

El crimen de Mieres fue descubierto el 17 de junio del año pasado, cuando la víctima fue hallada asesinada en su domicilio. Su cuerpo estaba desnudo y atado, con señales de haber sido golpeado y asfixiado.

La autopsia realizada al cadáver del secretario estudiantil confirmó que murió por estrangulamiento, con un surco en el cuello hecho con una prenda de ropa, probablemente una manga de buzo. También presentaba golpes en el rostro, pero no heridas de bala ni de arma blanca.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaron a un crimen en ocasión de robo, aunque el acceso a la vivienda no había sido forzado. La puerta de entrada estaba con la llave colocada, semiabierta, y en el interior de la casa faltaban varias pertenencias, entre ellas el celular, una guitarra, tarjetas bancarias, televisor, piano y llaves.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Según las imágenes revisadas por el personal policial y el fiscal, Mieres llegó ese lunes a las 23.13 proveniente de un cumpleaños. Después salió caminando hacia la terminal de trenes, donde lo interceptó un hombre identificado en testimonios como “Nico”. Luego, ambos dialogaron brevemente y la víctima regresó solo a su domicilio.

Minutos después, “Nico” quedó registrado reuniéndose con otro hombre -en ese momento no identificado-, y juntos fueron hacia la casa de Mieres. A la 1.50 del martes, un vecino escuchó gritos y observó cómo los dos individuos salían con objetos cubiertos, elementos que más tarde pudieron ser rastreados cerca del paso a nivel de las calles 44, 1 y 115.

En agosto de ese año, las fuerzas lograron localizar a Perunetti. Su identidad surgió a partir del análisis de registros de cámaras que lo ubicarían como uno de los dos sospechosos que ingresaron a la casa de la víctima durante la noche del crimen.

En tanto, Ronaldo Alexis, de 26 años y origen paraguayo, fue detenido por encubrimiento y tenencia ilegal de arma. En un allanamiento le secuestraron el celular de la víctima, una notebook con características similares a la robada y siete celulares.

A Demis Isac Martínez Palma, un joven chileno de 19 años, lo buscaban desde diciembre pasado en su país por matar de un balazo a un adolescente de 17 para robarle una cadena. Casi seis meses después, y tras una intensa investigación, descubrieron que el asesino huyó a Argentina y había sido detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras circulaba en un auto robado y con una identificación falsa.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, Martínez Palma, era requerido por la justicia chilena, con pedido de captura emitido por Interpol, por el homicidio de Javier Olivares Simao, de 17 años, ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la comuna Cerro Navia, en el noroeste de Santiago.

Ese día, Martínez Palma, conocido por el alias “Nemo”, se aprovechó de un descuido de la víctima en medio de una feria comercial, le arrebató la cadena y escapó. El chico había ido a comprar regalos para su familia. Enojado, el adolescente -junto a su tío y un primo- comenzó a perseguir al adolescente a los largo de varias cuadras hasta el interior del barrio.

Lo que no imaginaba Javier es que el ladrón estaba armado y que de un momento a otro, se iba a dar vuelta para amenazarlo. “Le dimos el alcance y el tipo estaba con un arma apuntándonos a menos de un metro. Le dijo: “Mato a tu papá o te mato a ti”. Y en ese trayecto mi sobrino se le abalanza y antes de abalanzarse el tipo le disparó a quemarropa", relató el tío en diálogo con el canal local Teletrece. El agresor escapó con rumbo desconocido y la víctima, a sólo dos días de Navidad, perdió la vida.

Después de establecer que “Nemo”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) solicitó colaboración a la Policía porteña para localizar al sospechoso. En primera instancia, la Dirección Autónoma de Alcaidías no halló registros de extranjeros detenidos bajo ese nombre.

Sin embargo, una verificación fotográfica y un cotejo dactiloscópico, realizado por la División Actuaciones Judiciales de Alcaidías y la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual de la Policía de la Ciudad, permitieron certificar su verdadera identidad: el asesino permanecía bajo arresto con el nombre falso de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el prófugo chileno había sido arrestado el 21 de mayo por efectivos de la División Anillo Digital, junto a dos acompañantes, mientras circulaban en un Peugeot 208 con numeración adulterada y pedido de secuestro por robo agravado, a solicitud de la Comisaría de Avellaneda 5 de Wilde.

Portaba una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir apócrifas, además de declarar un domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Las cámaras del lugar tomaron imágenes del momento de la persecución y del arma que manipulaba el asaltante. Se espera ahora que la Embajada de Chile inicie el pedido de extradición para que sea llevado a su país a rendir cuentas con la Justicia.

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Dictan 13 años de prisión contra ocho integrantes de una pandilla, detenidos con 21 armas en Querétaro

Un juez condenó a 13 años de prisión a ocho integrantes de una pandilla detenidos con 21 armas de fuego, cargadores, cartuchos y drogas en la colonia Carreteras de Querétaro, luego de que la Fiscalía General de la República aportó las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad penal.

Los sentenciados cumplirán la pena en el Centro Preventivo Varonil San José el Alto.

El cateo donde fueron detenidos arrojó el aseguramiento de 19 armas largas y dos cortas, mil 683 cartuchos de distintos calibres, 126 cargadores, chalecos y placas balísticas, metanfetamina, marihuana, radios de comunicación y un inhibidor de señal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro ejecutó el cateo. Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que sustentaron la acusación ante el juez.

Los delitos por los que fueron sentenciados incluyeron acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta. Todos los cargos se agravaron por la figura de pandilla.

Los ocho sentenciados fueron identificados como Cristo “N”, Luis “N”, Bryant “N”, Diego “N”, Edgar “N”, Francisco “N”, Juan “N” y Luis “N”.

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De acuerdo con la información del ente de control, tras la captura, Naranjo Lemus deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación por el crimen.

Según el reporte oficial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló pruebas que indican que la víctima fue abordada por al menos tres personas —entre ellas Naranjo Lemus— cuando esperaba un articulado para dirigirse a su residencia. Durante el asalto, el joven resultó herido con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte.

Así lo confirmó la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá en la audiencia de judicialización: “Como consecuencia de las actividades investigativas desarrolladas por parte del policía judicial, se llega a determinar que usted, señor Kevin Leonardo Naranjo Lemus, es uno de esos tres sujetos que ingresaron ese día a la estación de Transmilenio entre las 21:30 horas y 22:00 horas. Es usted uno de quienes participa en la ejecución de la empresa criminal. Sí, en diferentes tareas, pero con un mismo objetivo”.

Las evidencias señalan que la participación del ahora judicializado habría consistido, principalmente, en la detención de un bus del sistema masivo que facilitó la huida de los involucrados en el robo.

“Su compañero lo lesiona con el arma blanca como consecuencia de la herida en el pecho que le afecta la región precordial, luego de lo cual huyen del lugar de los hechos al interior de un articulado que se identifica con las siglas N1511, el cual estaba siendo detenido por usted, que hacía que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para de esta manera asegurar el ingreso al mismo de su compañero de empresa criminal”, relató la fiscal.

Por estos hechos, la fiscal imputó a Naranjo Lemus los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambos con agravantes. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario; sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Esta es la segunda persona vinculada a la investigación por el crimen del estudiante, luego de que las autoridades capturaran en el barrio Garcés Navas, en el noroccidente de Bogotá, a Harold Figueroa Ballén, que también permanece privado de la libertad por estos mismos hechos.

Madre de Fredy Guzmán reaccionó a la captura de Kevin Naranjo: “Hasta ahora esto es el comienzo”

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura de Naranjo Lemus ocurrió en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá.

Tras conocerse el avance judicial, la madre de la víctima expresó su sentir en una entrevista que otorgó a Citytv. “Gracias a Dios fue la segunda captura. No me siento satisfecha todavía porque hasta ahora esto es el comienzo. Igual falta uno porque son tres”, sostuvo.

La mujer relató el impacto emocional que ha vivido su familia y señaló: “Estoy con un luto terrible porque me mataron en vida. Era mi tesoro más preciado. Pero él me tiene fuerte y por él es que voy a seguir fuerte y luchando hasta las últimas consecuencias”.

La progenitora pidió a las autoridades que no permitan la impunidad en el caso y solicitó apoyo institucional. “Quiero que esto no lo dejen impune, dejando más familias con luto y dejando más personas que le quiten los sueños, le roben aquella tranquilidad a toda la familia”, afirmó.

Cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar de un balazo a un chofer de aplicación para robarlo fueron detenidos este viernes en un operativo conjunto en La Matanza, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Dos de los arrestados son menores de edad.

El hecho ocurrió este martes a la madrugada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, acudió a un viaje pedido por una plataforma digital, en la calle Zinny 3218. En ese momento fue atacado de un balazo en la espalda

De acuerdo con la investigación, cuando la víctima llegó al punto indicado por la aplicación para buscar a una pasajera a la puerta de su casa. Según trascendió, Olivera había llegado en su Ford Fiesta de color blanco para recoger a una mujer de 35 años que había pedido el viaje y que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Unidad N°43 de la zona. Luego de herirlo, la banda escapó.

De inmediato, la usuaria del servicio llevó al hospital Néstor Kirchner al hombre herido de arma de fuego. De acuerdo con lo que constataron los médico, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la región del omóplato y, pese a ser atendido en el momento, falleció.

Según el relato de la oficial penitenciaria, había solicitado un viaje a través de la aplicación. Al llegar el automóvil, el Ford Fiesta conducido por Olivera, fueron interceptados por cuatro sujetos que se desplazaban a pie y que, tras intentar sustraer el vehículo y ante la resistencia del conductor, le efectuaron el disparo.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que las tareas investigativas incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y testigos, y el estudio de los elementos recolectados en la escena.

A partir del material fílmico y las declaraciones, el personal policial logró reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los cuatro partícipes y determinar el rol de cada uno en el hecho. Se estableció, por ejemplo, que el disparo mortal fue realizado por un menor 17 años.

Los otros implicados fueron identificados como Maximiliano Gonzalo Escalante(18), alias “Maxi”; Josué Santino Castañera (18), alias “Tiky”; y otro menor de 16 años. Los allanamientos, autorizados por la justicia en el marco de la causa, se llevaron a cabo en distintos domicilios de la zona y permitieron la aprehensión de los sospechosos.

Durante los allanamientos realizados esta madrugada, la Policía secuestró prendas de vestir utilizadas por los autores al momento del hecho y que conciden con las imágenes de las cámaras de seguridad; una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cartuchos del mismo calibre y una vaina servida.

Asimismo, se incautaron cuatro llaves de ignición de vehículos de distintas marcas, un pantalón de uniforme del Servicio Penitenciario Bonaerense y dos teléfonos celulares, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

La causa se tramita ante la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal, Adrián Arribas, quien avaló las actuaciones policiales y ordenó el traslado de los cuatro aprehendidos a sede judicial. Los mayores de edad quedaron imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y homicidio criminis causa, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la justicia de menores, con intervención del fuero juvenil.

La Ertzaintza ha identificado en Euskadi un método que emplean algunos delincuentes antes de cometer robos en viviendas: la colocación de pequeños marcadores en las cerraduras de las puertas. Esta técnica, observada en distintos municipios vascos, se basa en introducir fragmentos de plastilina o trozos diminutos de papel en el interior del bombín con el objetivo de averiguar si los propietarios de la vivienda están ausentes y durante cuánto tiempo permanece la casa deshabitada.

La dinámica es sencilla. Si al cabo de varios días el marcador sigue en el mismo sitio, los delincuentes interpretan que nadie ha accedido a la casa y consideran que pueden entrar sin riesgo de ser sorprendidos. Por el contrario, si el material desaparece o aparece alterado, deducen que hay movimiento y descartan la vivienda como objetivo inmediato. De este modo, los ladrones realizan una especie de vigilancia previa, alejándose de la improvisación y priorizando la planificación antes de actuar.

La Ertzaintza recomienda revisar cerraduras antes de introducir la llave

La Ertzaintza ha dado a conocer este sistema, que tampoco es nada nuevo, tras varios casos registrados en Barakaldo (Vizcaya). El pasado 22 de mayo, agentes detuvieron a un hombre a quien sorprendieron colocando pequeños papeles en las cerraduras de diferentes viviendas del mismo edificio. El sospechoso, que ya contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, actuaba con la intención de controlar la presencia o ausencia de personas en esos domicilios. La investigación continuó en los días siguientes. Cinco días después, la policía autonómica localizó plastilina de color verde en la cerradura de otra vivienda situada en Barakaldo, supuestamente con el mismo propósito.

Para prevenir situaciones de este tipo, la Ertzaintza ha emitido una serie de recomendaciones. La policía autonómica aconseja a la ciudadanía revisar las cerraduras de las puertas de acceso a las viviendas antes de introducir la llave. Si se localiza algún elemento extraño, como plastilina o papel, se debe informar de inmediato tanto a la Ertzaintza como a la Policía Local del municipio.

Además, la policía hace hincapié en que estos materiales suelen colocarse en modelos de cerraduras antiguos, más susceptibles de ser manipulados sin grandes dificultades. Por este motivo, se recuerda la importancia de mantener los sistemas de cierre actualizados y en buen estado. Otra recomendación pasa por prestar atención a la presencia de personas desconocidas en las inmediaciones de los edificios o comunidades de vecinos. Si se detecta a alguien merodeando o mostrando interés por las puertas o portales, conviene alertar a las autoridades.

La Ertzaintza subraya la relevancia de la colaboración ciudadana para evitar robos en viviendas, especialmente durante el periodo estival, cuando muchas casas permanecen vacías durante días o semanas. La vigilancia de los vecinos y la comunicación rápida con la policía pueden resultar determinantes para frustrar los planes de los delincuentes.

Los robos en domicilios suelen estar precedidos de un periodo de observación, en el que los autores tratan de recopilar información sobre los hábitos de los residentes. El uso de marcadores en las cerraduras es una muestra de la evolución de las técnicas empleadas. Detectar a tiempo estos indicios y actuar con rapidez facilita la labor policial y contribuye a reducir el riesgo de que se produzcan robos.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resolvió aumentar la recompensa destinada a quienes aporten información clave sobre el crimen de Karina Fragoso en Mar del Plata.

El caso, ocurrido en septiembre de 2019, continúa sin resolverse y ha vuelto al centro de la atención pública tras la decisión oficial de incrementar el incentivo económico, que ahora oscilará entre 5 y 10 millones de pesos para quien brinde datos útiles.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial ayer jueves y responde a un pedido de la Fiscalía N° 7, que investiga el homicidio desde hace casi siete años. La expectativa de las autoridades es que la actualización del monto facilite la obtención de información que permita avanzar en la causa y esclarecer el asesinato, ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia. La decisión de elevar la cifra fue tomada luego de la solicitud formal del fiscal Carlos Russo, quien asumió la investigación tras la salida de su antecesor.

El homicidio de Karina Fragoso —cuidadora domiciliaria de 50 años— ocurrió la noche del jueves 5 de septiembre de 2019. Según consta en el expediente, la víctima descendió de un colectivo y se dirigía caminando hacia la vivienda de su pareja.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, el ataque se produjo en la intersección de México y Garay, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que Fragoso fue interceptada y recibió un disparo en la cabeza. Los registros también documentaron la huida del atacante y el instante en que la mujer quedó tendida en la vía pública.

Un vecino halló a Fragoso inconsciente sobre la calle y dio aviso a las autoridades. Inicialmente, se pensó que la víctima había sufrido un golpe en la nuca. Sin embargo, la autopsia practicada posteriormente reveló que presentaba una herida de bala en la cabeza, producida a corta distancia. El informe forense descartó otras lesiones y confirmó que la muerte fue consecuencia directa del disparo.

En los primeros días tras el crimen, la investigación manejó la hipótesis de un asesinato por encargo o vinculado a algún conflicto personal, dado que Fragoso conservaba todas sus pertenencias tras el ataque. No obstante, esa línea fue perdiendo fuerza a medida que avanzaron las pesquisas. La Fiscalía N° 7 orientó la causa hacia un posible intento de robo como móvil principal, aunque no se descartan otras variables.

En el marco de la investigación, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) recabó pruebas y testimonios que permitieron identificar a una joven de 27 años como principal sospechosa. La mujer fue detenida e imputada como autora material del homicidio. Además, su pareja —también de 27 años— fue acusada por “encubrimiento agravado”. Sin embargo, en el segundo aniversario del asesinato, nuevos testimonios incorporados a la causa ubicaron a ambas mujeres en otro lugar al momento del hecho, lo que llevó a descartar esa hipótesis y ordenar la liberación de las imputadas.

Hasta el momento, el expediente judicial no ha permitido identificar al responsable del crimen. El cambio de fiscal —con la asunción de Carlos Russo en reemplazo de Leandro Arévalo— trajo consigo una revisión de las actuaciones y un renovado intento por reactivar la investigación. Por ello, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió incrementar la recompensa, con el objetivo de incentivar a posibles testigos o informantes a colaborar.

El caso permanece impune, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía N° 7 y la actualización de la recompensa, que ahora alcanza hasta 10 millones de pesos para quienes aporten datos determinantes.

La resolución oficial publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires establece que el monto de la recompensa será fijado entre 5 y 10 millones de pesos, según el valor de la información aportada. El texto detalla que los datos deberán ser suministrados directamente ante las autoridades judiciales o policiales, y que la identidad de los informantes será preservada en todo momento.

El Ministerio de Seguridad bonaerense expresó que la medida busca romper el círculo de silencio que rodea al expediente y recabar elementos que permitan identificar y detener al autor del homicidio. La actualización del monto responde a la prolongada falta de avances en la causa y al interés de la fiscalía por agotar todas las instancias posibles para esclarecer el hecho.

El crimen ocurrió durante la mañana del martes 2 de junio en la calle Zinny 3218, cuando la víctima llegó al punto indicado por la aplicación para buscar a una pasajera a la puerta de su casa. Olivera había llegado en su Ford Fiesta blanco para recoger a una mujer de 35 años que había pedido el viaje y que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Unidad N° 43 de la zona.

El chofer fue emboscado por al menos dos asaltantes armados con elementos cortopunzantes. En esas circunstancias, que todavía siguen bajo investigación judicial, uno de los ladrones le provocó una herida que le costó la vida en la zona del tórax. Los atacantes huyeron a pie por los pasajes del barrio y dejaron al conductor dentro del vehículo.

Efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo intervinieron en la escena y desplegaron un operativo cerrojo en barrios cercanos. Pese a los rastrillajes, los cuatro homicidas continúan prófugos y eran buscados por brigadas de investigaciones de La Matanza, de acuerdo con el mismo medio. La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza. La identidad del conductor se preserva de manera temporal a la espera de las pericias forenses definitivas.

En la causa intervienen efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo y peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, según El Bonaerense. Los investigadores recolectaban huellas dactilares, revisaban cámaras de seguridad públicas y privadas del perímetro y pedían a la empresa de la aplicación los registros de geolocalización y los datos del perfil de usuario que solicitó el viaje.

Por otro lado, la pasajera presente en la fatal secuencia, dio su testimonio a la autoridades y expresó que uno de los asaltantes sacó una cuchilla de gran tamaño y otro efectuó un disparo para intimidar a Olivera. En medio del ataque, uno de los ladrones le dio una puñalada en el tórax al chofer. La mujer no sufrió lesiones físicas y logró aportar descripciones y detalles sobre la mecánica del asalto.

Un dato central del caso es que Olivera logró alejarse herido de la escena tras el ataque. Según Diario Conurbano, una cámara de seguridad de la cuadra registró que el conductor puso en marcha el auto, avanzó unos metros, detuvo la marcha, bajó tomándose el pecho y cayó sobre la calzada, donde recibió la primera asistencia de un transeúnte. Una patrulla trasladó de urgencia a Olivera al hospital más cercano e ingresó inconsciente. Sin embargo, murió pocos minutos después, pese a las maniobras de reanimación, por la gravedad de la herida en la zona cardíaca.

Según El Bonaerense, compañeros de la víctima manifestaron su malestar frente a comisarías del distrito y describieron amplias zonas del conurbano bonaerense como “inoperables” durante la noche por la acción de bandas que usan perfiles falsos para pedir viajes.

El homicidio se ubica dentro de una secuencia de ataques contra choferes de aplicación y en marzo ocurrió otro crimen en La Matanza, donde ya hubo protestas de los trabajadores. Las promesas de instalar cámaras conectadas a centros de monitoreo urbano y cabinas blindadas no se implementaron de forma integral.

El medio sostuvo que el asesinato en Rafael Castillo puede intensificar la presión social sobre la gestión de la seguridad en las plataformas de transporte. El caso empuja el debate sobre la responsabilidad de las empresas de movilidad en la seguridad de sus choferes y sobre la respuesta que deberán dar tanto la provincia de Buenos Aires como el municipio ante nuevos reclamos y posibles medidas de fuerza.

Lucas A. fue detenido en Cabo San Lucas por el asesinato de su padre en Iztapalapa, un caso que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de que el joven presuntamente apuñaló a la víctima, ocultó el cuerpo en una vivienda de la colonia Xalpa y salió de la capital antes de ser localizado dos semanas después.

La captura ocurrió en Baja California Sur, mientras la indagatoria capitalina seguía abierta para esclarecer el móvil del crimen. En el expediente preliminar también quedó asentado que el cuerpo habría permanecido dentro del domicilio durante alrededor de tres días antes de ser descubierto.

La víctima fue identificada como David Antonio, de 45 años. El detenido, de 19 años según el texto base, está señalado de haberlo atacado con un arma blanca tras una pelea dentro de la casa donde ambos vivían con otros familiares.

El caso tomó dimensión pública por la forma en que fue ocultado el cadáver. De acuerdo con la información disponible, después de la agresión el joven envolvió el cuerpo en una cobija para abandonarlo en Xalpa, aunque otra parte de los reportes incluidos en el mismo texto refiere que el cadáver fue mantenido debajo de una cama dentro del inmueble durante varios días.

El cuerpo fue hallado en la vivienda de la colonia Xalpa

La secuencia reconstruida con los datos del texto indica que David Antonio fue visto con vida por última vez un viernes. Después, familiares comenzaron a notar cambios en la conducta de Lucas A., quien evitaba el contacto con otros parientes y permanecía encerrado dentro de la vivienda.

Esas señales encendieron las sospechas entre tíos y allegados. Cuando acudieron al domicilio para hablar con él, el joven se negó a abrir la puerta pese a que pudieron verlo dentro de la casa.

Con el paso de las horas, los familiares percibieron un ambiente extraño en el inmueble e insistieron en entrar. Fue entonces cuando uno de ellos logró ingresar y encontró el cuerpo de David Antonio ensangrentado en el piso.

El texto fuente añade un señalamiento particularmente violento: la víctima presentaba una lesión en la espalda que, según la descripción incluida en los primeros reportes, hacía pensar que alguien habría intentado retirarle la piel. También se menciona que el presunto agresor habría usado cloro para tratar de reducir el olor dentro del domicilio.

Ese es el dato central del caso: un joven señalado por matar a su padre dentro de una casa en Iztapalapa, ocultar el cadáver por varios días y escapar antes de que llegaran las autoridades. La investigación lo perfila de manera preliminar como un probable caso de parricidio.

La versión contenida en el material base también sostiene que el sospechoso convivió con el cuerpo al menos durante tres días. Durante ese lapso, según esos reportes, intentó impedir que familiares y vecinos descubrieran lo ocurrido.

La investigación sigue abierta sobre el móvil y la ruta de escape

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen abierta la investigación para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo salió el joven de la capital. En la fase inicial del caso, las autoridades lo buscaban como prófugo.

Entre los primeros indicios se menciona una posible relación con problemas de adicciones. Esa línea aparece en reportes preliminares citados en el texto fuente, pero no está confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se mantiene como una hipótesis en revisión.

La reconstrucción cronológica disponible ubica primero la última vez que la víctima fue vista con vida. Después vino el homicidio dentro del domicilio de la colonia Xalpa y, en los tres días siguientes, el ocultamiento del cuerpo.

Más tarde ocurrió la intervención de la familia. El material proporcionado señala que, cuando intentaron entrar para verificar el estado del padre, Lucas A. les impidió el acceso y en algún momento escapó por una ventana.

Ese detalle explica por qué la búsqueda se extendió fuera de la Ciudad de México. Dos semanas después del crimen, el joven fue localizado en Cabo San Lucas, en Baja California Sur, lo que cerró la fase de localización pero no la de esclarecimiento del caso.

El expediente todavía enfrenta inconsistencias internas en los reportes iniciales sobre la manera exacta en que fue movido el cadáver. Una versión sostiene que permaneció escondido debajo de una cama; otra señala que fue envuelto en una cobija para ser arrojado en Xalpa. Lo que sí coincide en ambos tramos del relato es que el cuerpo fue ocultado tras la agresión y que la familia detectó anomalías antes del hallazgo.

La edad del detenido también aparece con una variación en el texto de origen. En una parte se le identifica como de 19 años y en otra como de 20. La información disponible no aclara esa diferencia.

Lo que sí está asentado a lo largo del material es la identidad de la víctima, el lugar del crimen y la secuencia posterior: David Antonio, de 45 años, fue atacado dentro de su casa en la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa; familiares notaron una conducta extraña del hijo; el cuerpo fue descubierto dentro de la vivienda, y el presunto responsable salió del lugar antes de ser detenido en otro estado.

El caso avanzó de una sospecha familiar a una detención fuera de la CDMX

La alarma no comenzó con un operativo oficial, sino con la reacción de la propia familia. Los parientes detectaron primero el aislamiento del joven, luego la negativa persistente a abrir la puerta y finalmente los indicios físicos dentro de la casa.

Ese patrón convirtió una sospecha doméstica en una investigación penal. A partir del hallazgo, las autoridades capitalinas iniciaron actuaciones para ubicar al presunto responsable y procesar la escena.

El caso también quedó marcado por la crudeza de los indicios descritos en los reportes preliminares: heridas con arma blanca, rastros de sangre, uso de cloro y un intento de alteración del cuerpo. Esos elementos son parte de la línea inicial de investigación y forman el núcleo de la acusación.

Con la detención de Lucas A. en Cabo San Lucas, la indagatoria entra en una nueva etapa enfocada en establecer el móvil, precisar la cronología completa y determinar la responsabilidad penal del joven en la muerte de su padre.

• Lucas A. fue detenido en Cabo San Lucas dos semanas después del asesinato de su padre en la alcaldía Iztapalapa.• La víctima, David Antonio, de 45 años, habría sido atacada con un arma blanca dentro de una vivienda de la colonia Xalpa y su cuerpo fue ocultado durante tres días.• La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y resolver las inconsistencias iniciales sobre la forma en que fue ocultado el cadáver.

El colectivo feminista Ni Una Menos realizará una movilización al Congreso de la Nación este miércoles 3 de junio para pedir justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia, y Noelia Carolina Romero, halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

La marcha, convocada en el marco de una nueva jornada del 3J contra la violencia de género, llevará como consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

De acuerdo con lo difundido por la organización, la concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso, donde se realizará el acto central. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

La convocatoria será luego de la habitual marcha de los jubilados del miércoles, que será acompañada en su reclamo por Ni Una Menos.

Además, participará la Confederación General del Trabajo (CGT), que concentrará en Yrigoyen y Solís. En sus redes sociales, anunciaron: “Este 3J volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también confirmaron su presencia y expresaron en sus redes: “La marcha había sido resuelta en una asamblea que se realizó en la sede de la CTA hace una semana, pero ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”.

Las convocatorias por el 3J en el interior del país

Este 3J habrá convocatorias de Ni Una Menos en el interior del país, además de la jornada prevista en el Congreso Nacional, con concentraciones y marchas contra la violencia machista en distintas ciudades.

En la Ciudad de Córdoba, la cita es a las 17 h en Colón y Cañada; en la Ciudad de Mendoza, a las 18.30 h en el Kilómetro Cero. En la Ciudad de Santa Fe, la convocatoria es a las 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a la Plaza 25 de Mayo.

En Paraná, la movilización fue convocada para las 15 h en Plaza 1 de Mayo y marchará hacia Casa de Gobierno. En Neuquén Capital, la concentración será a las 17.30 h en el Monumento al General San Martín; en Bariloche, a las 18.00 en Moreno y Beschedt; y en Cutral Co – Plaza Huincul, a las 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca.

En Trelew, la concentración será desde las 17 h en la Plaza Independencia. En Comodoro Rivadavia, la jornada comenzará a las 15 h en Plaza Kompuchewe.

“Desidia organizada”

El colectivo también difundió un comunicado en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba y, de manera puntual, al fiscal Raúl Garzón, a quien señalaron por “misoginia y clasismo”.

En el texto, la organización sostuvo: “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”.

El documento, publicado en redes sociales, afirmó que “estas vidas para el Poder Judicial no importan” y describió la situación como una “desidia organizada”.

“Gracias a la militancia feminista, el fiscal quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”, agregaron, al tiempo que criticaron los recortes en políticas públicas destinadas a combatir las violencias de género.

El comunicado concluyó: “¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. ¡Justicia por Agostina, por Dulce, por Noelia y por todas las que nos faltan!“.

Los crímenes de Agostina, Dulce y Noelia

Tres femicidios ocurridos en distintas provincias argentinas generaron una fuerte conmoción nacional en las últimas horas.

Entre los casos que motivan la convocatoria se encuentra el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue estrangulada y desmembrada durante un posible intento de abuso sexual en la ciudad de Córdoba. Por el crimen se encuentra imputado Gabriel Barrelier, único acusado hasta el momento.

A ese caso se suma el de Dulce María Candia, la joven de 17 años que fue hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, luego de que su familia denunciara su desaparición el pasado 17 de mayo, en el barrio Avanti. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. En la causa también hay un detenido, identificado por las iniciales M. A. Y.

En medio de la conmoción por ambos hechos, la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del femicidio de Noelia Carolina Romero, de 30 años. Según la investigación, la mujer fue secuestrada y asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez, también de 30 años.

Tras varios intentos de negociación, efectivos de la Policía Bonaerense lograron ingresar a la vivienda de la víctima y encontraron una escena impactante: Romero ya había sido asesinada, mientras que el acusado presentaba heridas de arma blanca que se habría provocado durante un intento de suicidio.

Patricia, una mujer de Callosa de Segura (Alicante), ha muerto tras ser estrangulada presuntamente por su pareja sentimental de 48 años. La agresión se ha producirdo alrededor del mediodía en el domicilio y ha movilizado a agentes de la Guardia Civil, quienes permanecen en el lugar para avanzar en la investigación. El crimen ha sido comunicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que a través de la red social X, señaló que ya está recopilando información sobre el caso como un posible acto de violencia de género.

Hasta ahora se sabe que víctima y agresor son españoles de 48 años, sin hijos en común y sin menores que vivieran en su domicilio. Además, la Guardia Civil ha revelado para Todo Alicante que no existían antecedentes por violencia de género entre ellos, por lo que la víctima no se encontraba dentro del programa VioGen.

No obstante, según fuentes próximas a la investigación, el asesino sí que contaba con denuncias de anteriores parejas. Además, Patricia había sido víctima de violencia de género en una relación previa. Por su parte, el detenido ha confesado el crimen y ha confirmado que estranguló a su pareja después de una discusión.

Si la delegación de gobierno confirma el asesinato como un acto machista, esta muerte elevaría a 23 el número de víctimas mortales por violencia de género en España en lo que va de 2026 y a 1.364 desde 2003. Por el momento, la investigación sigue abierta por el Equipo Mujer Menor (EMUME).

Tres días de luto oficial que comienzan hoy

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha expresado a través de sus redes sociales su “más profunda consternación” y su “más firme condena” tras el asesinato de una vecina víctima de violencia de género en el municipio. En el comunicado oficial, el consistorio ha tachado la violencia de género como “una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”.

El mensaje de la institución ha subrayado el respaldo institucional a las personas afectadas: “Queremos trasladar nuestro apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”. De esta manera, el alcalde ha decretado el luto oficial en el municipio para los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, indicando que “las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta” como muestra del dolor y rechazo de la ciudadanía ante el crimen.

El Ayuntamiento ha convocado, igualmente, a la población a sumarse a un minuto de silencio en memoria de la víctima, programado para hoy, 2 de junio, a las 19:30, a las puertas de la casa consistorial. “Invitamos a vecinos y vecinas a participar en este acto de respeto, duelo y repulsa ante cualquier manifestación de violencia de género”, continúa el comunicado. En definitiva: “Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Una disputa por terrenos terminó este lunes con el asesinato de tres sobrinos y el suicidio del agresor en la comunidad Los Miranda, en Salamanca, un hecho que se sumó a otro homicidio ocurrido horas después en el municipio y a una racha de violencia que, según el alcalde César Prieto Gallardo, se relaciona con la venta y consumo de drogas y con el huachicol.

El multihomicidio ocurrió minutos antes del mediodía dentro de una vivienda familiar ubicada cerca del campo deportivo de la comunidad. Vecinos alertaron al sistema de emergencias por detonaciones de arma de fuego y, cuando llegaron los cuerpos de auxilio, encontraron a cuatro hombres sin vida de entre 30 y 40 años.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conflicto comenzó por un pleito entre familiares por unos predios. En medio de la discusión, uno de los hombres sacó un arma, disparó contra tres de sus sobrinos y después se dio un tiro en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria, pero confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento, ninguna autoridad había confirmado la identidad de los fallecidos.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por estos hechos y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En el procesamiento de la escena también participaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, que acordonaron la zona.

El ataque en Los Miranda ocurrió cerca del mediodía dentro de una casa familiar

La agresión se registró al interior del domicilio, en una zona cercana a los campos deportivos del poblado. Los gritos previos a los disparos rebasaron los muros de la casa y llevaron a vecinos a pedir ayuda al 911.

La información disponible apunta a que la riña se intensificó poco después de las 12:00 horas. La secuencia que describieron los testigos fue directa: discusión por la propiedad de terrenos, detonaciones y cuatro cuerpos tendidos dentro de la vivienda.

El hombre habría matado a tres familiares durante una disputa por tierras y luego se habría quitado la vida. La indagatoria oficial sigue abierta y la confirmación de identidades queda en manos de la autoridad ministerial.

Horas después, Salamanca registró otro hecho violento. Por la tarde, un hombre fue asesinado mientras viajaba en bicicleta por el Jardín Albino García, sobre la Avenida Valle de Santiago.

Personas armadas dispararon contra la víctima y la dejaron sin vida en la vía pública. El cuerpo quedó a un costado de un hombre en situación de calle.

Cuando llegaron los paramédicos, creyeron que esa segunda persona también estaba herida. Después de revisarla, determinaron que no tenía lesiones por arma de fuego, aunque no podía ponerse en pie porque estaba alcoholizada.

El alcalde vincula la violencia con drogas y huachicol

Sobre la jornada violenta en el municipio, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, rechazó que el gobierno local esté rebasado. El edil sostuvo que los hechos recientes derivan del consumo y la venta de drogas, además del huachicol por la presencia de la refinería Antonio M. Amor en la ciudad.

Prieto Gallardo afirmó: “Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero no podemos estar en todos los puntos”. También señaló que el principal factor de violencia en Guanajuato, además del robo de combustible, es el de las adicciones.

El alcalde relacionó esas declaraciones con otra agresión ocurrida el viernes por la noche en el centro de Salamanca, donde murieron cinco personas. Según su versión, los agresores buscaban a un hombre, a quien se llevaron privado de la libertad.

Prieto Gallardo también supuso que los autores de esa masacre pertenecerían al cártel Santa Rosa de Lima, porque huyeron en dirección a Villagrán, municipio identificado como el sitio donde surgió ese grupo criminal. Esa afirmación corresponde a una hipótesis expresada por el presidente municipal.

La suma de hechos dejó en un solo día cinco personas asesinadas en Salamanca: cuatro en la comunidad Los Miranda y una más en la zona del Jardín Albino García. A eso se agrega la masacre del viernes, con cinco víctimas mortales en el centro de la ciudad.

• Un pleito familiar por terrenos en Los Miranda dejó cuatro muertos: tres sobrinos asesinados y el agresor sin vida por un disparo que se habría hecho a sí mismo.
• La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, procesó la escena y llevó los cuerpos al Servicio Médico Forense.
• Ese mismo lunes hubo otro homicidio en Salamanca y el alcalde César Prieto Gallardo atribuyó la violencia local a drogas, adicciones y huachicol.

Uno de los sospechosos de haber asesinado al comisario Diego Fernando P., quien fue baleado anoche en el partido de La Matanza por un grupo de cuatro delincuentes armados, fue detenido en las últimas horas.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que el detenido es un joven de 19 años que, al momento de su arresto, ya cumplía prisión domiciliaria y portaba tobillera electrónica.

Según pudo saber este medio, el joven -que habría participado del enfrentamiento armado que terminó con la vida del comisario, de 46 años- fue identificado luego de presentarse en el Hospital Paroissien con una herida de bala compatible con el hecho.

Además, el resto de los integrantes de la banda ya fueron identificados, aunque sus identidades no fueron reveladas. La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

El caso

El crimen ocurrió horas antes de la medianoche, cuando Diego Fernando fue asesinado en un intento de robo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se produjo en la intersección de Apipé entre Obigado y Zufriategui.

La víctima se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido. Al momento del ataque, estaba de franco de servicio y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos, según confirmó El Nacional de Matanza. Fue en la mencionada intersección cuando los cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Los testigos del hecho ocurrido cerca de las 20 del lunes indicaron que se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos.

El funcionario herido fue rápidamente asistido por vecinos y algunos transeúntes. Una ambulancia del sistema de emergencias local llegó al lugar y trasladó al comisario a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29, donde ingresó con vida pero en estado crítico.

De acuerdo al parte médico, DFP falleció minutos después de su ingreso, producto de las lesiones provocadas por los disparos recibidos en el tórax y el abdomen. El personal sanitario no logró revertir el cuadro pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores, que ya fueron identificados.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona que fueron difundidas por Latina Noticias. En las imágenes, la víctima aparece de pie mientras conversa con dos mujeres sentadas en la vereda. A corta distancia, un sujeto con polo claro camina cerca del grupo y se detiene para observar. Segundos después, otros tres hombres con vestimenta oscura se aproximan y también se detienen, a la espera de un momento preciso.

La secuencia muestra un cierre coordinado. Desde el extremo opuesto del pasaje, aparece un quinto individuo y completa el cerco alrededor de Silva Casanova. Luego ocurre una ráfaga de disparos que impacta en la cabeza del hombre. El ataque incluyó nueve tiros, según el reporte preliminar recogido en el lugar. Sus familiares lo llamaban “Capibara”, apodo que se escuchó entre gritos cuando los vecinos advirtieron lo ocurrido.

De acuerdo con testigos, los autores del homicidio escaparon en dos direcciones distintas para dificultar su captura. En una de esas rutas, un cómplice habría esperado a uno de los atacantes a bordo de una motocicleta para facilitar la salida del lugar. “Pero ahí está una moto montada, negra”, afirmó otra persona al referirse al vehículo que habría intervenido en la huida.

El asesinato ocurrió ante la mirada de residentes que, tras la balacera, intentaron auxiliar a la víctima mientras pedían ayuda. Para la familia, la escena resultó devastadora. Silva Casanova era, según allegados, el principal sostén económico de su madre y sus hermanas. Ellas llegaron hasta el pasaje y lo encontraron tendido en la pista, sin posibilidad de respuesta inmediata.

Minutos después, peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acudieron al punto del ataque para iniciar las diligencias. El personal especializado acordonó el área y levantó indicios balísticos como parte de la investigación. La autoridad busca establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables a partir de los registros de videovigilancia y declaraciones de quienes presenciaron los hechos.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que otras cámaras del sector también habrían registrado el desplazamiento de los implicados antes del ataque, además de la huída posterior. Esas grabaciones, junto con el análisis de rutas de escape, forman parte de las acciones que la Policía Nacional realiza para reconstruir la cronología y ubicar a los sospechosos.

Asesinato en SJL

Hace algunas semanas, una mujer murió y su pareja quedó gravemente herida tras un ataque armado frente al mercado San Carlos, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió la noche del viernes 15 de mayo en la zona comercial de la avenida El Sol, a la altura de la licorería La Taberna, según el reporte difundido por Exitosa Noticias.

De acuerdo con cámaras de seguridad y testimonios, ambos estaban de pie frente al local, tomados de la mano, cuando un hombre armado se acercó por la espalda y disparó a corta distancia. Vecinos indicaron que se oyeron al menos siete tiros. La mujer recibió entre tres y cuatro impactos en la cabeza y murió en el lugar, según información policial.

El hombre también fue alcanzado por los proyectiles y fue trasladado de urgencia al hospital de Canto Grande, con estado de salud reservado. Tras el ataque, el agresor disparó al aire y huyó, lo que motivó el cierre de la avenida para el trabajo de Criminalística y el fiscal de turno. El caso quedó a cargo de la comisaría de Canto Rey, que revisó videos y recogió casquillos para identificar al responsable.

La causa que investiga el crimen de Benjamín Scerra, el adolescente de 19 años que fue asesinado de más de 20 puñaladas en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, sumó una nueva detención. Se trata de una de las hermanas de Alexis “El Corto” Hereñu, el principal acusado por el homicidio del joven.

Este lunes al mediodía, personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a Fabiana Argentina H., de 25 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente emitida por la Fiscalía.

Desde el Gobierno de Santa Fe detallaron que la investigación realizada por la Brigada Operativa del Distrito San Lorenzo de la PDI permitió descubrir que la sospechosa estaba en la calle Herrera al 2000, en la ciudad de Rosario. Con esa información, los efectivos realizaron patrullajes por la zona y cerca de las 12:20, la localizaron y la detuvieron.

La mujer fue trasladada a la Base Operativa de la PDI Distrito San Lorenzo. Luego, por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, Aquiles Balbis, quedó alojada en la Comisaría 7ª de la Unidad Regional XVII.

Esta detención se suma a otras medidas impulsadas en la causa, que ya cuenta con otros tres encarcelados, entre ellos Alexis Hereñu, quien fue capturado el pasado sábado en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de permanecer prófugo durante varias semanas. Hereñu es señalado como autor material del homicidio.

El crimen de Benjamín Scerra

El hecho ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en el monte del barrio El Espinillo. El joven había desaparecido luego de salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo. Su padre denunció la desaparición en la comisaría local horas después. Además aportó información al comentar que el joven llevaba un atado de cigarrillos y su celular. También confió detalles de la personalidad del joven. El cuerpo fue hallado el 14 de mayo en un cañaveral de Granadero Baigorria, tras cinco días de búsqueda.

La autopsia sin embargo reveló que Scerra sufrió más de 20 puñaladas, con heridas fatales concentradas en el cuello, lo que provocó la muerte por shock hipovolémico y una hemorragia masiva por degüello.

De acuerdo con la investigación, Alexis Hereñu y su pareja invitaron a la víctima a una reunión, donde se produjo una discusión. Luego, en la casa de la familia Hereñu, el joven fue golpeado y, durante una pelea, recibió las heridas mortales. Testimonios y peritajes permitieron reconstruir que la víctima intentó escapar descalza, pero fue alcanzada y atacada nuevamente.

El fiscal Balbis imputó a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por su participación en el hecho. Ambos recibieron prisión preventiva por decisión del juez Carlos Gazza y se encuentran privados de su libertad mientras avanza la causa. Las calificaciones legales incluyeron coautoría de robo calificado por uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa y encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa. Esta acusación derivó de un hecho constatado después de la muerte de Benjamín: los investigadores detectaron que Luciano vendió el teléfono celular y las zapatillas de la víctima.

Se espera que en los próximos días se realicen los pedidos formales para el traslado de “El Corto” a San Lorenzo, donde será conducido a una audiencia de imputación. La causa sigue bajo la órbita de la Justicia provincial, con actuaciones en curso para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar el grado de participación de todos los involucrados.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de dos personas dentro de un auto incenciado en un pasaje rural del departamento El Carmen, el Ministerio Público confirmó que el caso como doble homicidio. Las víctimas, identificadas como L.C.L. y M.N.P., fueron encontrados calcinados y presumen que el crimen ocurrió entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2025 en la provincia de Jujuy.

Este sábado, el Ministerio Público de la Acusación pidió la apertura de juicio oral y público contra los imputados reconocidos como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. por el crimen de una pareja asesinada en Pozo Cavado. De acuerdo con Somos Jujuy, el juez de Control Gastón Mercau admitió el requerimiento del fiscal Luis Marcelo De Aparici y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

La acusación atribuye a D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. los delitos de “doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real”. La causa requirió un trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la policia de Jujuy.

El magistrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria que tenía D.F.M. y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario, a pedido de la fiscalía. En la audiencia de control de acusación, que finalizó el último viernes, la fiscalía expuso evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas durante la pesquisa.

La investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen - Perico, dirigida por De Aparici. En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, como querellante particular.

El hallazgo del crimen

En mayo del 2025, encontraron una Jeep Renegade incendiada, dentro hallaron dos cuerpos calcinados. El hallazgo ocurrió por la noche, cerca de las 21, en un camino vecinal situado a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado, en el departamento El Carmen. La denuncia había sido recibida a las 20.30 y, según los fiscales del caso, un testigo alertó a la Policía después de escuchar ruidos, acercarse al lugar y ver el vehículo envuelto en llamas.

A través de la patente, los investigadores identificaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Lucía del Carmen Lera, de 52 años, con domicilio en la ciudad de Perico. Según publicó Somos Jujuy, la mujer salió el mismo miércoles por la tarde en ese vehículo junto a su pareja, Matías Nicolás Pérez, de 36 años, y ninguno volvió a ser visto desde entonces.

“Se desconoce el paradero de la propietaria del vehículo. Es una mujer vinculada con el comercio. Y hay un masculino cercano a la propietaria cuyo paradero tampoco conocemos”, dijo la fiscal María Curten Haquim. Los policías llegaron al lugar pocos minutos después del aviso con personal de la Comisaría Sección 45 de Pampa Blanca, dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Jujuy. También intervinieron bomberos, que sofocaron los focos activos en el interior del rodado y enfriaron la estructura para permitir la inspección.

Recién entonces, según la reconstrucción oficial, los agentes pudieron observar el interior del vehículo. En la parte trasera del habitáculo encontraron dos cuerpos completamente carbonizados. Haquim explicó que el nivel de carbonización impidió cualquier reconocimiento inicial. “Los dos cuerpos estaban en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento de los mismos. No podemos determinar ni el sexo ni las edades”, detalló la fiscal.

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Rescatan a 9 personas atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana: tres sufren crisis nerviosa

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescató a nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Tres de los rescatados fueron atendidos por crisis nerviosa y ninguno presentó lesiones físicas.

El incidente concluyó sin mayores complicaciones. Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos y conocido operativamente como Jefe Vulcano Cova, informó el desenlace a través de su cuenta en X con la etiqueta #ServicioConcluido.

No es la primera vez que el edificio registró un incidente de este tipo. El 17 de mayo de 2026, el mismo Jefe Vulcano Cova reportó el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador de la misma torre, también sin lesionados.

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Humo en la terminal 2 del AICM fue debido a un restaurante

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió este sábado 30 de mayo la presencia de humo en la zona de las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, provocada por un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en esa área, informó la cuenta oficial del aeropuerto.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

La administración aeroportuaria informó que elementos del cuerpo de emergencias respondieron en apego a los protocolos establecidos y controlaron la contingencia sin que se registrara afectación a los vuelos o a los pasajeros en las salas de abordaje de la terminal.

El incidente ocurrió el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera fase de remodelación del AICM, obra con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en recursos autogenerados del propio aeropuerto, de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

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La inseguridad en la Ciudad de México no solo deja víctimas y pérdidas materiales, sino que también impacta de manera profunda en el empleo y la vida cotidiana de sus habitantes.

El fenómeno criminal, lejos de circunscribirse a un problema de violencia, representa una amenaza directa al funcionamiento de la economía de la ciudad y la estabilidad de las comunidades. Este vínculo entre delito y pérdida de oportunidades laborales ha sido objeto de un análisis detallado por parte del Dr. César Velázquez Guadarrama, académico de la Universidad Iberoamericana.

A través de su estudio, publicado en la revista SobreMéxico de la IBERO, el especialista explora los efectos de la criminalidad sobre las empresas y el trabajo en la capital, utilizando como base las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) para obtener una visión precisa de lo que sucede en barrios y colonias específicas.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, la preocupación por la inseguridad es compartida por más de la mitad de la población. Las consecuencias del crimen van más allá de los daños directos: afectan la inversión, reducen el consumo y obligan a los negocios a incurrir en gastos adicionales para protegerse o a cerrar sus puertas definitivamente.

Empresas medianas, las más vulnerables ante la delincuencia

Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que la incidencia delictiva no afecta por igual a todos los tipos de empresas. Son las compañías de tamaño intermedio, aquellas que emplean de seis a cien personas, las que sufren el mayor impacto.

En estos establecimiento, un solo robo puede traducirse en la eliminación de hasta 1.3 puestos de trabajo, y la ocurrencia de un nuevo delito puede representar una reducción adicional de 0.7 empleos en promedio.

En casos extremos, la pérdida ocasionada puede variar entre 1.4 y casi 3 trabajos, dependiendo del tamaño exacto de la empresa. Esta vulnerabilidad se explica porque las firmas medianas carecen de los recursos suficientes para implementar sistemas de seguridad avanzados, pero enfrentan costos que exceden su capacidad de absorción, a diferencia de las grandes corporaciones.

Por el contrario, las microempresas y las grandes firmas muestran una mayor capacidad de adaptación. Los pequeños negocios, con hasta cinco empleados, tienden a permanecer en el lugar y ajustarse a las condiciones adversas, mientras que las empresas de mayor tamaño disponen de recursos para protegerse mejor y amortiguar el impacto del delito.

La inseguridad trasciende fronteras administrativas

El estudio revela que la criminalidad no solo afecta a la zona donde ocurre el delito, sino que también influye en áreas vecinas. Los niveles de inseguridad en colonias colindantes repercuten directamente sobre el empleo y el funcionamiento de los negocios en una localidad determinada, confirmando que el crimen opera como un fenómeno urbano que supera las divisiones administrativas.

Son necesarias políticas públicas capaces de considerar a la CDMX como un sistema interconectado. Proteger la actividad económica local y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria resulta esencial para mantener la calidad de vida en la capital. Sólo así será posible diseñar estrategias que combinen la seguridad con el desarrollo económico y el bienestar social de sus habitantes.

Un hombre identificado como Gustavo Fabián Espíndola de 59 años fue hallado sin vida en su casa de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Tras el hallazgo, la Policía provincial detuvo a Lautaro Nahuel Rubial como principal sospechoso por el crimen. El joven de 22 años es su inquilino y fue aprehendido bajo la hipótesis de que lo atacó para robarle, revender objetos y poder comprar estupefacientes.

La víctima era considerado un acumulador y atravesaba un cuadro depresivo tras la muerte de un hijo tres años atrás en un accidente laboral y el fallecimiento de su padre poco menos de un mes antes. En la noche del crimen faltaron una garrafa de 10 kilos, una motosierra Stihl, un celular, dinero en efectivo y un televisor. Con la revisión de cámaras de seguridad, la Policía estableció que el sospechoso salió caminando varias veces en pocas horas desde la vivienda con objetos en la mano y regresó sin ellos.

El hecho se descubrió en un domicilio de la calle Bolívar al 600, cuando amigos de la víctima pasaron por la casa, vieron a su perra en la vereda y notaron la puerta abierta. Ante la falta de respuesta, uno de ellos ingresó y encontró el cuerpo tendido en el piso, rodeado de sangre.

De acuerdo con Primer Plano Online, Gustavo Fabián Espíndola presentaba dos heridas corto punzantes en el tórax y otra detrás de la oreja. Los investigadores determinaron que murió desangrado tras un brutal ataque. Aunque no se sabe nada con certeza, desde un primer momento, orientaron la investigación hacia el inquilino del asesinado. La autopsia y los peritajes de la escena del crimen resultarán determinantes para reconstruir los hechos y sostener la acusación en el proceso judicial.

La pesquisa se inclinó hacia Rubial por testimonios reunidos en el lugar con la intervención del ayudante fiscal Pablo Córdoba y la auxiliar letrada Milagros Giménez, de la UFI N° 3 de Moreno. “La casa era muy precaria y el hombre tenía problemas de vieja data con el joven ahora imputado. Varias veces comentó que le había robado cosas”, sostuvo un investigador.

La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.

Rubial quedó detenido por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La imputación implica que el acusado podría enfrentar la pena de prisión perpetua, ya que el Código Penal argentino prevé la máxima condena cuando el homicidio se comete para lograr la impunidad o facilitar otro delito, como el robo.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de instrucción y se espera que la fiscalía solicite la prisión preventiva del imputado en los próximos días. Hasta el momento, la investigación se centra en Rubial por antecedentes y testimonios, aunque la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la participación de terceros hasta contar con resultados concluyentes de las pericias.

Moreno, junto al partido de General Rodríguez, registró en 2025 una de las tasas más altas de homicidios del conurbano bonaerense, con 7,66 casos cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal, en ambos distritos se contabilizaron 55 asesinatos durante ese año, cifra que coloca a la región por encima del promedio provincial y nacional. Esta estadística confirma a Moreno como uno de los municipios más afectados por la violencia letal en la provincia de Buenos Aires.

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La historia de Brian Blackwell asombró a la opinión pública británica a mediados de la década de 2000 por un estremecedor crimen. El joven, de 18 años oriundo de Liverpool, era considerado por su entorno como un estudiante brillante, educado y de buena familia, con un futuro prometedor en la medicina. Hijo único de Sydney y Jacqueline Blackwell, había accedido al prestigioso Liverpool College y había recibido una oferta para estudiar en la Universidad de Nottingham. Sus padres, un contable jubilado y una anticuaria, lo apoyaban en su educación y en su pasión por el tenis, ofreciéndole todas las oportunidades materiales para prosperar.

A pesar de esa imagen impecable, Brian mantenía una vida secreta construida sobre mentiras y fantasías. Según la crónica de The Guardian, presentaba una personalidad similar a la del personaje ficticio Walter Mitty, inventando historias en las que se describía como un tenista profesional y un joven millonario. Esta necesidad de aparentar éxito y recursos ilimitados se intensificó cuando comenzó una relación sentimental con Amal Saba, a quien convenció de que era dueño de varias propiedades y autos de lujo, además de tener contactos en el mundo del tenis. Para sostener ese relato, recurrió al uso de tarjetas de crédito y préstamos solicitados con información falsa, llegando a tramitar hasta 13 tarjetas y a utilizar los documentos de sus padres para obtener más crédito, detalló The Telegraph.

El entorno, tanto familiar como académico, desconocía la magnitud de las mentiras y el modo en que estas iban escalando. Mientras sus papás lo apodaban “El Cerebrito” por sus logros académicos, él alimentaba una imagen pública de éxito y ostentación que contrastaba radicalmente con su realidad económica y emocional. Los relatos falsos de su vida y su obsesión por impresionar a su entorno marcaron el inicio de una espiral que lo conduciría a uno de los crímenes más impactantes de la época, según reseñó Crime and Investigation.

Cómo fue el crimen de Brian Blackwell, el cerebrito

El 25 de julio de 2004, la vida de Brian Blackwell dio un giro irreversible. Tras una acalorada discusión con su papá en el living de la casa familiar, el joven agarró un martillo mientras colgaba cuadros en su habitación y, en un arrebato de furia, comenzó el ataque.

Golpeó a Sydney Blackwell varias veces y luego lo apuñaló con un cuchillo de cocina de 25 centímetros. Su madre, Jacqueline, intentó intervenir, pero también la agredió con el cuchillo, provocándole la muerte después de una serie de apuñalamientos. Según la reconstrucción de los hechos por la policía, el señor Blackwell recibió más de 30 puñaladas y su esposa 20, en un acto de violencia descrito como frenético y prolongado por las fuentes judiciales citadas en The Telegraph.

Tras los asesinatos, el chico se comportó con una frialdad desconcertante. Se lavó la sangre de la cara y las manos, terminó de armar valijas y salió de la casa, dejando los cuerpos de sus padres donde habían caído. Cerró la casa con llave antes de irse en taxi hasta la vivienda de su novia.

Esa misma noche, inició un viaje hacia Estados Unidos y el Caribe junto a Saba, quien desconocía totalmente lo ocurrido. En palabras del inspector Geoff Williams de la policía de Merseyside: “Desconocemos los hechos que tuvieron lugar aquella tarde de julio. Desconocemos la secuencia de acontecimientos que ocurrieron en esa casa que enfurecieron al joven Brian y lo llevaron a sentir que tenía que matar a sus padres”, recogió The Guardian.

Durante los 17 días posteriores al crimen, Blackwell utilizó las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de sus padres para financiar un estilo de vida ostentoso. Viajó con su novia en primera clase, se alojaron tres noches en la suite presidencial, y gastaron generosamente en comidas y bebidas de primer nivel. El monto total del derroche ascendió a cerca de USD 40.000, como señalaron las crónicas de The Guardian y The Telegraph. El joven solicitó 11 tarjetas de crédito adicionales a nombre de sus papás y acumuló deudas considerables, repitiendo ante el personal del banco el relato falso de su supuesta carrera de tenista profesional.

Durante ese tiempo, los cadáveres de Sydney y Jacqueline comenzaron a descomponerse. Los vecinos, convencidos por Brian de que la pareja estaba de vacaciones en España, no sospecharon nada hasta que un fuerte olor los alertó varias semanas después. Mientras tanto, él seguía manteniendo la rutina de su vida estudiantil: regresó al país, recibió las notas de sus exámenes de acceso universitario y convivió con la familia de su pareja, alegando que no tenía llaves de su casa porque sus padres seguían de viaje.

El inspector Geoff Williams enfatizó ante la prensa: “Se planteó la hipótesis de si este chico había sido llevado demasiado lejos, pero no había nada que indicara que así fuera”. Añadió además: “Sus padres eran muy ambiciosos para él, pero nada indicaba que lo hubieran presionado para que siguiera un camino determinado. De hecho, parece que los exámenes y los estudios le resultaban bastante fáciles”. Durante todo ese periodo, Brian vivió la vida que había imaginado, entre hoteles de cinco estrellas y lujos financiados con el dinero robado a sus padres.

El juicio y la sentencia de Brian Blackwell

El proceso judicial se celebró en el Tribunal de la Corona de Liverpool en 2005 y estuvo marcado por el debate en torno a su salud mental. La fiscalía presentó a Brian como un joven narcisista y manipulador, motivado por el deseo de independizarse del control parental y sostener su vida ficticia de lujos. La acusación subrayó el carácter calculador de sus actos tras el crimen, mientras que la defensa centró su estrategia en el diagnóstico de un trastorno narcisista de la personalidad, apoyándose en los informes de cinco expertos médicos.

Durante las audiencias, el tribunal escuchó cómo los síntomas del trastorno se habían intensificado desde que inició su relación sentimental con Amal Saba, y cómo esa condición lo llevaba a fantasear obsesivamente con el éxito y el poder. La defensa logró que el juez Royce aceptara la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, lo que sentó un precedente legal en el tratamiento de casos similares en Gran Bretaña.

Antes de conocerse la sentencia, el abogado del asesino leyó una carta escrita por el acusado, en la que afirmaba: “Lamento profundamente mis acciones. Fue un crimen verdaderamente miserable y deplorable. La culpa me castigará y me atormentará las 24 horas del día por el resto de mi vida. Lo siento de verdad", según recogió The Telegraph.

El juez fijó una pena mínima de 12 años de prisión, dejando abierta la posibilidad de libertad condicional sólo después de ese periodo. No obstante, expresó sus reservas: “Las pruebas actuales sugieren que es improbable que se llegue alguna vez a esa conclusión”, señaló el magistrado, según The Guardian. El caso quedó registrado como un ejemplo relevante del impacto de los trastornos de personalidad en la responsabilidad penal.

Comenzó el juicio contra Marcelo Alejandro Saleh por el crimen de Ayelén Arredondo a cinco años del hecho que ocurrió en La Plata. Durante la primera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal V, declararon el acusado y los padres de la joven. La fiscal de juicio Viviana Arturi pidió prisión perpetua para el principal acusado.

El veredicto se conocerá en los próximos días y definirá si la Justicia considera probado que el caso encuadra como “homicidio criminis causa”, una figura del Código Penal aplicada cuando una persona mata para consumar otro delito, ocultarlo o garantizar su impunidad, o si corresponde una calificación menor. Ayelén Arredondo tenía 23 años, estudiaba Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y era ayudante de la Cátedra III de Derecho Romano.

El caso se remonta al 21 de abril de 2021, cuando los padres de Ayelén, salieron de su casa cerca de las 5 para viajar a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido otro hijo de la pareja. El traslado lo hizo el remisero de confianza de la familia, que debía esperarlos durante la visita y luego llevarlos de regreso.

Como no podían ingresar sus pertenencias al penal por razones de seguridad, dejaron dentro del Volkswagen Polo una riñonera con celulares, documentación, dinero y las llaves de la casa. Mientras la pareja seguía en la visita, el conductor tomó esos objetos y fue hasta la vivienda familiar de la calle 75 entre 21 y 22, en el barrio Altos de San Lorenzo, con el objetivo de robar, según reconoció ante los jueces.

El padre de Ayelén sostuvo que conocía a Saleh desde hacía años porque era quien hacia regularmente los viajes familiares a Florencio Varela y afirmó que el imputado conocía la vivienda y sabía que su hija vivía allí. En una de las audiencias, el padre expresó: “Quiero que vaya una perpetua esta lacra”. La madre de la joven también pidió justicia y acompañó el reclamo de una condena ejemplar.

La acusación sostuvo que el remisero entró a la vivienda familiar con fines de robo y que, al encontrar a Ayelén dentro de la casa, decidió matarla para no ser descubierto. Saleh está detenido desde el mismo día del hecho. Tras el ataque, el acusado huyó y un vecino lo persiguió después de verlo ensangrentado, según El Día. Ese testigo logró interceptarlo en 24 y 75 hasta que llegó la Policía.

La defensa del acusado por homicidio

Durante el debate oral, el propio imputado reconoció haber ingresado a la casa para robar y admitió que golpeó a la víctima con una barreta de hierro. En su declaración afirmó que el ataque ocurrió durante un forcejeo inesperado y dijo que comenzó a “barretear para todos lados”.

La fiscal Arturi rechazó esa reconstrucción, considerando las lesiones sufridas por la joven y la violencia del ataque no son compatibles con esa versión. Además, la autopsia determinó que Ayelén Arredondo murió por traumatismos craneales graves causados con un elemento contundente. Ese dato es uno de los ejes con los que el Ministerio Público sostuvo el pedido de la pena máxima.

La defensa oficial, encabezada por Juan Manuel Fernández, pidió una calificación distinta y rechazó el “homicidio criminis causa”. Solicitaron que el caso sea considerado como “homicidio en ocasión de robo”, una figura que prevé una pena temporal y menor que la perpetua.

Fernández argumentó, según El Día, que no quedó acreditado que Saleh hubiera matado con el objetivo específico de asegurar el robo o evitar ser identificado, sino que la muerte ocurrió en medio de un episodio violento derivado del ilícito. En esa línea, cobró relevancia una frase del acusado ante el tribunal: “Pensé que estaba desmayada”.

La medida, ordenada por el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, se concentró en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan.

Como anticipó este medio, el procedimiento tuvo como objetivo “realizar la excavación, recuperación y conservación” de elementos de posible interés para la causa. Las tareas se concentraron en un sector puntual del terreno y alcanzaron unos 50 centímetros de profundidad.

Tras el operativo, fuentes judiciales resumieron a Infobae que no se encontró “nada de interés para la investigación”.

La orden judicial se dictó tras la incorporación al expediente de la declaración de un testigo reservado y del resultado de un estudio realizado a principios de mayo con un georradar, que había detectado anomalías en el terreno.

En diálogo con la prensa, la abogada Erica Nyczpor detalló: “Se hicieron excavaciones y encontraron raíces de un árbol que fue removido. Ese fue el resultado: no rescataron ningún resto óseo ni material no biológico”. Según explicó, durante el procedimiento solo se hallaron fragmentos de azulejos y restos de un animal. Además, remarcó que la familia está “tranquila”.

Nyczpor también reveló que Cristian Graf estuvo presente durante todo el operativo y volvió a sostener su inocencia. “Él es inocente”, afirmó. Al ser consultada sobre la situación procesal de su defendido, agregó: “Cristian va a seguir libre porque la causa está prescripta”.

La investigación sumó en los últimos días una declaración que refuerza la hipótesis de un homicidio en el interior de la vivienda. Según pudo saber Infobae, un testigo espontáneo se presentó la semana pasada ante la fiscalía y aportó información sobre una charla escuchada en 2017, durante una reunión social.

De acuerdo con esa testimonial, uno de los presentes recordó un asado ocurrido en 2011 junto a un hombre de aparente apellido alemán, quien habría hablado sobre “la facilidad de matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”. Según el relato incorporado a la causa, ese hombre contó que su hijo tenía conflictos con un compañero de colegio y que, juntos, habrían planeado una trampa para Fernández Lima: lo citaron bajo engaño a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a participar una joven que le gustaba. Allí, siempre de acuerdo con esa versión, el adolescente habría sido atacado y luego enterrado en el jardín de la vivienda.

El hallazgo de los restos de Fernández Lima, ocurrido de manera accidental por obreros en 2025, llevó a la Justicia a preservar la zona y ordenar nuevas excavaciones tras el análisis de las imágenes captadas por el georradar.

La fiscalía, a cargo de Martín López Perrando, considera que esta declaración refuerza una hipótesis ya existente, vinculada a presuntos conflictos previos entre Fernández Lima y compañeros del entorno de Graf en el ámbito escolar. Los investigadores intentan ahora identificar a la joven mencionada como posible señuelo y determinar su relación con los protagonistas.

Mientras tanto, la Justicia dispuso la prohibición de cualquier modificación en el terreno durante al menos 60 días, con el objetivo de preservar potencial evidencia. La familia de Fernández Lima sigue esperando respuestas sobre lo sucedido con el adolescente, que tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984.

Las autoridades de Yucatán investigan un feminicidio y una agresión contra una adolescente de 14 años dentro de una vivienda del fraccionamiento Real Montejo en Mérida, un caso en el que una mujer murió, el presunto agresor también falleció y la carpeta 95/2026 se integra en la unidad especializada en este delito porque la indagatoria apunta a violencia intrafamiliar y a un posible intento de abuso.

Dentro del domicilio también estaban dos menores: una niña de siete años herida y su hermana de 14 que tenía lesiones más graves.

De acuerdo con la información recabada. La casa, propiedad de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por elementos de la SSP mientras continúan las diligencias.

El caso ocurrió este domingo 24 de mayo en una zona residencial del norte de Mérida y provocó consternación entre vecinos, quienes reportaron gritos al 911. La propia adolescente lesionada también logró pedir ayuda al número de emergencias, según la información obtenida.

La carpeta 95/2026 se integra por feminicidio y tentativa

La investigación está radicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio. De acuerdo con los primeros datos, el propietario del inmueble habría asesinado a su pareja sentimental, una mujer de aproximadamente 40 años, y después habría atacado a la menor de 14 años, en hechos que se investigan como feminicidio en grado de tentativa.

La adolescente permanece hospitalizada, al parecer por una lesión en la zona del tórax. La mujer falleció por una herida con arma blanca en los pulmones, según lo que ha trascendido hasta la tarde de este lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó de manera preliminar que las primeras indagatorias apuntarían a que la pareja habría tenido una discusión relacionada con un presunto intento de abuso contra la adolescente. Esa línea también forma parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del predio asegurado.

En la vivienda fueron localizados dos adultos sin vida cuando llegaron las autoridades. Las corporaciones de seguridad confirmaron además que dos menores lesionadas recibieron atención de emergencia.

La versión preliminar apunta a una agresión seguida de suicidio

La información recabada señala que la madre de la adolescente habría encarado a su pareja después de enterarse del supuesto abuso. Después se habría producido una confrontación violenta en la que la mujer perdió la vida y el hombre presuntamente se autoinfligió las heridas que le causaron la muerte.

Esa hipótesis coincide con otra línea de investigación según la cual, si se confirma que una de las personas fallecidas fue quien cometió la agresión, las autoridades ministeriales cerrarían la carpeta. Hasta ahora no se ha emitido un posicionamiento oficial más amplio sobre esa posibilidad.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación realizan las diligencias en el inmueble. Las autoridades estatales indicaron que, por tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible proporcionar más información.

Vecinos de Real Montejo dijeron que no era la primera vez que había episodios de violencia en ese domicilio. También señalaron que en ocasiones anteriores la policía acudió al lugar, aunque no pudo intervenir porque la víctima no permitía el ingreso de los agentes.

La vigilancia policiaca continúa en la zona residencial mientras se desahogan peritajes y entrevistas. El inmueble sigue asegurado por la SSP y bajo resguardo ministerial.

El caso dejó al menos dos adultos sin vida y dos menores lesionadas dentro de la misma vivienda. La adolescente de 14 años fue quien alcanzó a alertar a los servicios de emergencia sobre la agresión.

• Las autoridades de Yucatán investigan el caso como feminicidio y feminicidio en grado de tentativa dentro del fraccionamiento Real Montejo, en Mérida.
• Una mujer murió, el presunto agresor también falleció y dos menores resultaron lesionadas; una de ellas, de 14 años, llamó al 911.
• La carpeta 95/2026 está en integración y la vivienda de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por la SSP.

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En el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que apareció ahorcado en una celda de la Comisaría Sexta, aunque al principio señalaron que era un suicidio, la familia sostiene que se trata de un caso de abuso policial. Tras el reclamo, seis efectivos de la Policía de Córdoba fueron imputados por una detención presuntamente irregular y este viernes, la fiscalía le otorgó prisión domiciliaria a la agente Antonela Romer, acusada de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. Otros cinco policías siguen imputados pero en libertad mientras se continúa con la investigación.

La medida, dispuesta por el fiscal Andrés Godoy, alcanzó a la única efectiva detenida. De acuerdo con ElDoce, el fiscal consideró que Romero es madre de un niño de 4 años. Además, sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, ya que considera que Romero no tiene posibilidades de fuga ni de obstaculizar la investigación, además de residir en Deán Funes, a considerable distancia del lugar del hecho.

Orihuela había sido detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas: una por estafas vinculadas con la venta de un celular y otra por robo y violación de domicilio, sin embargo, los pedidos de captura estaban vencidos. El joven de 19 años, fue alojado en la Comisaría Sexta, en el barrio General Paz, donde luego lo hallaron ahorcado en una celda.

Tras el episodio, lo trasladaron en grave estado al Hospital Eva Perón y quedó internado en coma por un cuadro irreversible derivado de un edema cerebral, presentando complicaciones pulmonares y renales. Finalmente, Tomás Orihuela, murió el lunes 27 de abril. Esa noche, un patrullero llegó a la casa de la familia para pedir la presencia urgente de sus parientes en el centro médico, donde recibieron la noticia del fallecimiento. El caso derivó en protestas e incidentes ya que el Ministerio de Seguridad señalaba que se trataba de un suicidio y que Tomás se había quitado la vida en la celda. Sin embargo, la familia rechazó esa reconstrucción desde el primer momento.

La situación judicial de Romero se vio agravada por la sospecha de encubrimiento y alteración de pruebas, hechos que también alcanzan a otros efectivos. La investigación apunta a la presunta eliminación de chats comprometedores de los teléfonos de los policías involucrados, incluyendo la supuesta intervención de un comisario que habría facilitado su propio celular para que se borraran mensajes relacionados con la detención de Orihuela.

En uno de los grupos de mensajería de la comisaría, los efectivos se burlaron de la situación de Tomás Orihuela, incluso cuando sabían que las órdenes de captura en su contra ya no estaban vigentes. En los mensajes, compartieron fotos de la detención y expresaron comentarios irónicos como “preso de nuevo”, acompañados de stickers y bromas.

Entre los mensajes, un efectivo sugirió incluso “ponerle resistencia y amenaza”, lo que evidencia el tono despectivo y la falta de justificación legal para mantener al joven detenido. Tras conocerse la muerte de Orihuela, varios miembros del grupo comenzaron a eliminar mensajes y a activar configuraciones para que los chats solo pudieran ser vistos una vez. También circuló una orden interna de borrar toda la conversación y abandonar el grupo, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento y alteración de pruebas.

Estos chats quedaron incorporados a la causa y son analizados por la fiscalía como prueba de las irregularidades en el procedimiento policial. La defensa, representada por el abogado Oscar Sarti, reconoció que la imputación incluye alteración de medios de prueba, aunque el contenido de las comunicaciones permanece bajo secreto de sumario. En este contexto, la justicia continúa analizando la actuación policial y las circunstancias del hecho.

La detención de David Enrique Demaldé por el crimen de Margarita Gutiérrez provocó conmoción en Mendoza. Se trata del hijo mayor de la víctima, quien había quedado bajo la lupa de la Justicia desde el inicio de la investigación, luego de que la mujer fuera hallada en su casa con signos de violencia y parcialmente calcinada.

Según pudo saber Infobae, el acusado tiene 46 años, es el mayor de los tres hijos de Gutiérrez y, paradójicamente, psicólogo.

En un primer momento, Demaldé había sido demorado en el marco de la causa, aunque posteriormente recuperó la libertad. Sin embargo, este viernes las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza informaron que fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé pena de prisión perpetua, tras el avance de las pericias.

Con esta decisión judicial, la versión de una muerte durante un robo quedó descartada: “Por lo expuesto, se les aclara que de este modo queda desestimada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación a este medio.

Las fuentes también señalaron que el móvil del homicidio podría estar relacionado a un conflicto económico. Hacía tiempo que el imputado no tenía relación con su madre y presentaría problemas de consumo de estupefacientes.

El sospechoso es también hijo de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino -dueño de una olivícola y una bodega, ambas ubicadas en Junín- que falleció hace tres años. Tras su muerte, los negocios familiares quedaron bajo la administración de sus hijos varones.

Los hermanos del imputado son Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino Los Andes los describió como una familia histórica de Junín.

De acuerdo con los medios locales, la víctima vivía sola en un chalet ubicado sobre la calle Isaac Estrella. El supuesto autor del homicidio residía en una de las casas donde también funcionaba la bodega, mientras que Ever habitaba otra vivienda dentro del mismo terreno.

En el Colegio de Psicólogos de la provincia figura que su consultorio está ubicado sobre la calle Primavera de esa ciudad y que brinda atención en las áreas laboral y organizacional, jurídica y de adultos mayores. Sin embargo, habría dejado de lado la profesión para volcarse al manejo de las empresas familiares junto a su hermano Mariano, luego de atravesar dificultades para ejercer.

Quién era Margarita Gutiérrez

Antes de que su muerte conmocionara a Junín, Margarita Gutiérrez ya era una figura reconocida en esa localidda de Mendoza. Desde hacía años, su nombre estaba escrito en la fachada de un jardín de infantes que la tuvo como primera directora.

Y es que, además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leía en uno.

Otra usuaria de Facebook recordó su influencia: “Fui a la escuela Blanco Encalada. Estando en séptimo grado acompañaba a mi hermana a jardín. Allí conocí a Margarita, y ¡por ella quise ser maestra jardinera!”.

El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando personal policial se hizo presente en la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos, tras un llamado al 911. Allí, encontraron a Chaparro herido con una herida de arma de fuego en la nuca. Inmediatamente, lo trasladaron al hospital Hospital Paroissien, donde ingresó sin vida

Fuentes policiales revelaron que la víctima tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado en 2024 y 2025. Tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, advirtieron que Chaparro mantuvo una confrontación en la vía pública con tres personas.

En el video se observa el momento en el que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo. Los tres se dieron a la fuga.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la DDI La Matanza realizó tareas investigativas, análisis de cámaras y recolección de testimonios, logrando identificar a los presuntos responsables. Tras obtener la orden de detención, se llevó a cabo un operativo encubierto en la calle Almafuerte y General Ocampo, en San Justo, donde fueron detenidos Karina Vanesa Rojas (46), Daiara Antonella Rojas (19) y Darío Braian Suárez (21).

La investigación descartó la hipótesis de robo y apunta a que se trató de un ajuste de cuentas. De acuerdo a la información reunida en la causa, el conflicto entre las partes tendría origen en un problema previo: Rojas le habría vendido un freezer a la madre de Chaparro, pero la víctima le ordenó a su madre dejar de pagar la deuda, lo que derivó en la discusión y agresión fatal.

La causa está en manos del Juzgado de Garantías N°4 a cargo del Dr. Pino Guevara y la UFI especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte, a cargo del Dr. Fornaro. Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia.

El caso de Chaparro se suma a otro episodio violento registrado en La Matanza en los últimos días. El lunes por la noche, un joven de 16 años fue abatido durante un intento de robo en la localidad de González Catán. Según informaron fuentes policiales, el adolescente y un cómplice se desplazaban en una moto e intentaron asaltar a un vecino que se encontraba frente a su vivienda. La víctima del robo, que portaba un arma de fuego, se resistió y efectuó varios disparos, hiriendo mortalmente al menor, que falleció en el lugar.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa de los hechos y la lluvia de balas que hubo en el lugar. El adulto que disparó quedó demorado, aunque la Justicia analiza las circunstancias del caso para determinar si actuó en legítima defensa. El adolescente abatido tenía antecedentes por hechos similares y había sido reconocido por otros vecinos como presunto autor de robos en la zona.

Una mujer de 32 años fue encontrada este viernes en su casa en San Carlos (Maldonado, Uruguay) muerta dentro de una heladera. Fue un hombre con el que vivía, de 33 años, quien abrió el electrodoméstico y se encontró con el cuerpo. Luego, denunció el hecho ante la Policía e inmediatamente se lo consideró sospechoso.

La Policía fue hasta el lugar y encontró que la mujer tenía una herida en la cabeza. En el lugar también estaba un niño de tres años, que fue llevado con su abuela materna, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

La Policía y el fiscal de Maldonado Sebastián Robles son los que llevan adelante la investigación y han desarrollado varias hipótesis.

El hombre que dio aviso a la Policía fue imputado por encubrimiento. Los investigadores establecieron que el hombre no era la pareja de la mujer sino que simplemente le permitía vivir en su hogar. El hombre niega haber sido quien asesinó a la mujer y señala a una tercera persona que es quien llega al hogar y que dispara.

Los involucrados guardaron el cuerpo en la heladera para que se conservara durante la noche y sacarlo al día siguiente dentro del electrodoméstico, para evitar que quede registro en las cámaras de seguridad.

El hombre se presentó en la seccional con el hijo de la mujer, que ahora está bajo custodia de la abuela materna.

La Fiscalía había solicitado como medida cautelar 180 días de prisión preventiva, pero la Justicia definió que vaya en arresto domiciliario con tobillera electrónica por 90 días. La Fiscalía apelóesta sentencia.

Durante el fin de semana ocurrió otro caso en San Carlos que está en la mira de los investigadores. Ocurrió también en San Carlos: un hombre de 35 años y una mujer de 23 fueron baleados. El primero fue herido en el abdomen y la mujer en las piernas.

Según los datos primarios que maneja la Policía, el hombre de 35 sería el autor del asesinato. Esperan que sea dado de alta para avanzar en la investigación.

Los investigadores apuntan a que el crimen está relacionado a un tema de drogas.

Sicario imputado por doble crimen de una joven pareja

Delincuentes en moto asesinaron la semana pasada a Matías (27) y Lucía (24), una pareja que estaba en su casa con los hijos al momento del crimen. Ocurrió en la noche del domingo 10 de mayo, en una casa de Colinas de Solymar (Canelones).

En las últimas horas se identificó a uno de los cuatro sicarios, informó Teledoce. La Justicia lo imputó como presunto autor de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad.

Ahora se le impuso al sicario una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras avanza la investigación.

La Fiscalía continúa trabajando en la identificación de los otros tres implicados en el crimen. Si bien lo que motivó el doble homicidio fue un tema vinculado a las drogas, la pareja asesinada no estaba vinculada a esa disputa, según la información manejada por la Fiscalía. Lo que resta por saber es si el error fue de los sicarios o si el objetivo eran ellos.

Los pequeños que estaban en la vivienda eran dos: Alma, una bebé de ocho meses, y Agustín, que tiene cinco años. Ellos presenciaron cómo sus padres fueron acribillados a balazos, pero resultaron ilesos. Luego de cometer este doble crimen, los delincuentes atacaron a disparos a una vivienda lindera, en la que viven familiares de las víctimas, y después se fugaron. La pareja murió al instante.

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rompió el tono institucional y recurrió a las redes sociales para rendir un homenaje personal a Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesinados el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.

“Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas”, escribió Brugada en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos. “Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia.”

¿Quiénes eran Ximena y Pepe?

Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Brugada. José Muñoz era su asesor de confianza, con quien la jefa de Gobierno mantenía una relación de más de 35 años de lucha política conjunta.

En la conferencia que ofreció días antes del aniversario, Brugada los describió como compañeros profundamente comprometidos con el servicio público. “No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, reiteró ante los medios.

Lo que reveló la conferencia: sin amenazas previas y sin filtración interna

Durante ese encuentro con la prensa, Brugada respondió una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

Por su parte, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Según la Fiscalía, los criminales obtuvieron información sobre las rutas de las víctimas mediante sus propios medios: semanas de vigilancia desde sus domicilios.

El operativo fue planeado con al menos 20 días de anticipación e involucró:

• Siete vehículos
• Al menos seis ejecutores directos
• Reuniones previas en predios del Estado de México

El estado de la investigación: 18 detenidos, autor intelectual libre

Al cumplirse un año, el balance oficial de la investigación es el siguiente:

• 18 personas detenidas en total
• 10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa
• 8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación
• Un integrante del grupo fue localizado muerto en Morelos meses después del crimen

Sin embargo, la pregunta central permanece sin respuesta pública: quién ordenó y financió la operación. El autor intelectual del doble asesinato sigue en libertad.

La promesa que sigue vigente

El mensaje de Brugada en redes sociales este 20 de mayo de 2026 cerró con las mismas palabras que ha repetido desde el primer día: “Verdad y justicia.”

La investigación, aseguró la Fiscalía, no se ha detenido. Las familias de Ximena y Pepe siguen esperando una respuesta completa. Y la Ciudad de México, la identidad del responsable intelectual de uno de los crímenes más resonantes del último año en la capital del país.

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reveló que ni ella ni su equipo recibieron señal alguna de lo que se avecinaba. La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, fue más lejos: descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Dos declaraciones que, juntas, apuntan hacia afuera del Gobierno capitalino como origen del ataque.

“Nunca recibimos ninguna amenaza”

Ante los medios de comunicación, Brugada respondió con precisión a una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

La declaración cobra peso si se considera la magnitud del operativo criminal. La Fiscal Alcalde Luján detalló que el ataque fue planeado con al menos 20 días de anticipación, con seguimientos a las víctimas desde sus domicilios, reuniones previas en predios del Estado de México y una logística que incluyó siete vehículos y al menos seis ejecutores directos. Todo eso ocurrió sin que el Gobierno capitalino recibiera una sola señal de alerta.

La Fiscalía descarta filtración desde adentro

Fue la Fiscal Berta Alcalde Luján —no Brugada— quien abordó el otro flanco sensible del caso: la posibilidad de que alguien dentro del Gobierno hubiera filtrado información sobre la ruta cotidiana de José Muñoz Vega y Ximena Josefina Guzmán Cuevas. Su respuesta fue directa: hasta el momento, la investigación no arroja indicios de una red interna que hubiera facilitado el crimen.

Lo que sí estableció la Fiscalía es que los criminales obtuvieron esa información por sus propios medios, con semanas de vigilancia sobre los movimientos de las víctimas.

18 detenidos, pero el autor intelectual sigue libre

El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. Al cumplirse un año, el balance de la investigación es:

• 18 personas detenidas en total
• 10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa
• 8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación
• Un integrante del grupo delictivo con orden de aprehensión fue localizado muerto en Morelos meses después

La investigación identificó la participación de un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, pero aún no se ha determinado públicamente quién ordenó y financió la operación. Esa sigue siendo la pregunta central.

“No habrá impunidad”

Brugada cerró la conferencia con un mensaje directo a las familias de las víctimas y a la ciudadanía, cargado de un tono que rebasó el protocolo institucional. Describió a José Muñoz como compañero de lucha de más de 35 años y a Ximena Guzmán como colaboradora con quien trabajó siete años de forma intensa.

“No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó. Y añadió que la investigación no se ha detenido ni un solo día desde el crimen.

La promesa sigue en pie. El autor intelectual, libre.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Lorenzo detuvo este miércoles a un segundo sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra en la ciudad de Capitán Bermúdez, Santa Fe.

Se trata de Luciano Ulises H., de 18 años, cuyo arresto se concretó en un operativo realizado en la intersección de Magallanes y Pasaje Capuchinos, en Villa Gobernador Gálvez, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El sospechoso, que tenía pedido de captura, está señalado por presuntamente vender el celular y las zapatillas de Benjamín tras el crimen. En este sentido, el fiscal Aquiles Balbis, representante del MPA de San Lorenzo, deberá determinar qué rol le adjudica en el homicidio e informarlo en la audiencia imputativa donde se formalizarán los cargos en su contra.

Por el caso, ya hay un detenido que será imputado formalmente como partícipe en la misma jornada que Luciano Ulises H. No obstante, el presunto autor del hecho continúa prófugo.

En las últimas horas, la Fiscalía de San Lorenzo difundió una foto del principal acusado. Se trata de Alexis Hereñu, conocido también como “El Corto”, sobre quien pesa un pedido de captura.

Este lunes, el organismo a cargo del fiscal Aquiles Balbis compartió la imagen del prófugo, que es intensamente buscado. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, dice la publicación realizada en la cuenta oficial de Facebook de la Fiscalía.

Según detallaron, “El Corto” tiene un tatuaje en el hombro. Además, advirtieron que podría haber modificado su aspecto físico para pasar desapercibido.

Desde la Fiscalía indicaron que quien cuente con información útil para el caso puede comunicarse con el 911, escribir a las redes oficiales del organismo o presentarse en la sede de la Fiscalía de San Lorenzo.

El crimen de Benjamín Scerra

El joven de 19 años fue hallado muerto el jueves pasado por la tarde en una vivienda de Capitán Bermúdez, tras varias denuncias al 911 que alertaban sobre la posibilidad de que el adolescente desaparecido estuviera en un domicilio de la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo.

Familiares y efectivos policiales llegaron al lugar, donde localizaron el cuerpo semidesnudo, cubierto con una chapa y con múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello. La autopsia confirmó más de 20 puñaladas y la presencia de lesiones compatibles con arrastre, un dato que refuerza la hipótesis de que el cadáver fue trasladado después del crimen.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que la investigación apunta a que Scerra fue asesinado en medio de una pelea durante una reunión.

“La línea más concreta de motivación es que la víctima estaba reunida con estas personas y, por razones que se investigan, comenzaron a pelearse. En ese contexto, habría sido agredida con un arma blanca”, añadieron las fuentes.

La escena donde fue hallado el cuerpo no coincidía con el lugar donde se produjo el ataque. Los peritos confirmaron que el cadáver presentaba signos de arrastre post mortem y que, probablemente, fue conservado en un sitio refrigerado antes de ser abandonado. Los investigadores ubicaron la muerte de Benjamín Scerra en las primeras horas de la mañana del sábado 9 de mayo.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha dado un giro tras la detención de su hijo, Jonathan Andic, acusado de homicidio por los Mossos d’Esquadra. Recordemos que el arresto se ha producido en el marco de las pesquisas por el fallecimiento del empresario, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en las Coves del Salnitre, en Montserrat. Pocos minutos de saber que el hijo del fundador de Mango ha pagado la fianza de 1 millón de euros para eludir la prisión provisional, ARA ha adelantado el motivo de la detención.

Al parecer, el dispositivo, recuperado tras la caída mortal, permitió a la policía catalana acceder a mensajes e intercambios recientes entre padre e hijo, que revelaban tensiones previas. Además de situar a Jonathan como la única persona que acompañó al fundador de Mango el día del suceso. Asimismo, la geolocalización del teléfono de Andic hijo ha podido confirmar que repitió varias veces la ruta de Collbató días antes del suceso.

Pese a que Jonathan cambió de teléfono poco después de la muerte de Isak, los Mossos lograron recuperar información relevante que ha permitido ubicarlo en la zona durante los días clave. Desde el inicio del proceso judicial, Jonathan ha defendido que la muerte fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, la jueza de Martorell ha impuesto tres medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Los Mossos se centran en Jonathan

El proceso de extracción y análisis de los teléfonos móviles se ha extendido durante meses. Pero las sospechas de la policía catalana sobre Jonathan saltaron cuando este emuló contradicciones en sus declaraciones iniciales. Por este motivo, confiscaron y examinaron su móvil. Aunque esta es una prueba relevante, no es definitiva al no haber testigos ni grabaciones que permitan reconstruir los hechos con exactitud, según han confirmado las fuentes policiales a ARA.

Aun así, la acumulación de pruebas tecnológicas y la exclusividad de la compañía de Jonathan ese día han sido determinantes para la evolución de la causa. Y es que los investigadores ya contaban con pruebas del teléfono de Isak Andic, en las que se puede ver una conversación relacionada con un supuesto procedimiento terapéutico de su hijo en el que este hacía algún comentario negativo contra su padre.

Evitar una noche en la cárcel

En las últimas horas, Jonathan Andic ha sido puesto en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros. La jueza de Martorell, en Barcelona, había dictado prisión provisional para Andic, aunque permitió que eludiera el ingreso en prisión mediante el pago de la mencionada fianza, al considerarlo presunto responsable del fallecimiento del empresario. El pago de la fianza se ha realizado rápidamente para evitar que Andic pasara la noche en el centro penitenciario.

Esto ha sucedido después de que el principal sospechoso haya comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, adonde fue trasladado hacia las 12:30 horas. Durante la declaración, Jonathan Andic respondió únicamente a las preguntas de su abogado. Pero fue la Fiscalía la que había solicitado la prisión provisional bajo fianza.

Tras declarar, los agentes se llevaron a Andic a los calabozos de los juzgados mientras se deliberaba sobre su situación procesal. La familia de Andic ha difundido un comunicado en el que sostiene su inocencia y reclama el respeto a la presunción de inocencia.

Un ciudadano argentino identificado como Ángel Damián Darío Gatti Villanueva (35 años), fue condenado este lunes a 17 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con el agravante de ensañamiento, luego de ser hallado culpable del crimen de Óscar Espinoza Jara, a quien apuñaló junto a otras dos personas y luego lanzó a una fogata en la ciudad de Temuco (680 kms al sur de Santiago), en la región de La Araucanía.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, en horas de la noche del 10 de octubre de 2023, Gatti y otras dos personas -un hombre y una mujer-, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en las afueras de la Feria Pinto, tuvieron una disputa con Espinoza, a quien atacaron con arma blanca para luego lanzarlo a la fogata que habían prendido para calentarse.

Alertados por los gritos, vecinos llamaron a la policía, los que premunidos de un extintor apagaron las llamas y dieron los primeros auxilios a la víctima, quien a pesar de sus esfuerzos falleció en el sitio del suceso.

Ensañamiento

Tras analizar las pruebas entregadas por el Ministerio Público, el juez José Ignacio Rau, del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, argumentó que en el caso del ciudadano argentino también se debía aplicar el agravante de ensañamiento, puesto que fue él quien arrojó aún con vida a Espinoza a la hoguera.

Debido a esto, sentenció a Gatti a 17 años y un día de cárcel, a Alexis Alberto Salgado Telles (30 años), a la pena de 10 años y 1 día, y a Paula Andrea Henríquez Sáez (38 años), a 12 años y un día de presidio, estos últimos como culpables solo del delito de homicidio.

El razonamiento del magistrado Rau fue recogido por sus pares, los jueces Rocío Pinilla y Javier Bascur, quienes concordaron que el ataque reflejó “una agresión sostenida y coordinada”, que puso fin a la vida de Espinoza de un manera “especialmente” violenta, según consignó el Diario de La Araucanía.

De esta manera, y debido a la gravedad del delito acreditado, los sentenciados no podrán recibir beneficios carcelarios y deberán cumplir su pena de manera efectiva.

En las últimas horas, la Fiscalía de San Lorenzo difundió una foto del principal acusado del crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que fue asesinado de más de 20 puñaladas. Se trata de Alexis Hereñu, conocido también como “El Corto”, sobre quien pesa un pedido de captura.

Este lunes, el organismo a cargo del fiscal Aquiles Balbis compartió la imagen del prófugo, que es intensamente buscado. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, dice la publicación realizada en la cuenta oficial de Facebook de la Fiscalía.

Según detallaron, “El Corto” tiene un tatuaje en el hombro. Además, advirtieron que podría haber modificado su aspecto físico para pasar desapercibido.

Desde la Fiscalía indicaron que quien cuente con información útil para el caso puede comunicarse con el 911, escribir a las redes oficiales del organismo o presentarse en la sede de la Fiscalía de San Lorenzo.

El crimen de Benjamín Scerra

El joven de 19 años fue hallado muerto el jueves pasado por la tarde en una vivienda de Capitán Bermúdez, tras varias denuncias al 911 que alertaban sobre la posibilidad de que el adolescente desaparecido estuviera en un domicilio de la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo.

Familiares y efectivos policiales llegaron al lugar, donde localizaron el cuerpo semidesnudo, cubierto con una chapa y con múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello. La autopsia confirmó más de 20 puñaladas y la presencia de lesiones compatibles con arrastre, un dato que refuerza la hipótesis de que el cadáver fue trasladado después del crimen.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que la investigación apunta a que Scerra fue asesinado en medio de una pelea durante una reunión.

“La línea más concreta de motivación es que la víctima estaba reunida con estas personas y, por razones que se investigan, comenzaron a pelearse. En ese contexto, habría sido agredida con un arma blanca”, añadieron las fuentes.

La escena donde fue hallado el cuerpo no coincidía con el lugar donde se produjo el ataque. Los peritos confirmaron que el cadáver presentaba signos de arrastre post mortem y que, probablemente, fue conservado en un sitio refrigerado antes de ser abandonado. Los investigadores ubicaron la muerte de Benjamín Scerra en las primeras horas de la mañana del sábado 9 de mayo.

Por el caso, hay un detenido que en los próximos días será imputado formalmente como partícipe. “Recién en la audiencia tiene la posibilidad de declarar, si es que quiere hacerlo, frente al juez y las partes”, precisaron fuentes del caso.

En paralelo al avance judicial, el hecho provocó una fuerte reacción social. El día del hallazgo del cuerpo, vecinos y allegados protagonizaron incidentes en el barrio El Espinillo, con agresiones y hasta el incendio de un automóvil en la vía pública.

Su entorno describió a Benjamín como un joven tranquilo, solidario y familiero, que trabajaba junto a su padre en un pequeño emprendimiento de venta de pollos y planeaba reencontrarse con su madre en Italia.

El crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que fue asesinado de más de 20 puñaladas en la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, está prácticamente resuelto, aunque todavía falta una pieza clave para cerrar el círculo: la captura del principal sospechoso.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales con acceso a la causa, “la investigación sigue en curso” y en las útimas horas “se realizaron allanamientos para dar con el prófugo, un joven conocido con el alias de ”El Corto", quien está sindicado como el prsuento autor material del asesinato. “Siguen las medidas investigativas en ese sentido”, agregaron.

La autopsia practicada al cuerpo reveló detalles escalofriantes del crimen. El caso está a cargo del fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis, quien en declaraciones a los medios, sostuvo que los forenses corroboraron más de 20 puñaladas. Las heridas fatales se concentran en el cuello.

“La escena donde fue relevado el cuerpo no es la escena primaria, el cuerpo ha sido colocado en el lugar”, confirmó. En esa línea, los investigadores detectaron lesiones compatibles con arrastre post mortem, un dato que refuerza la hipótesis de que el cadáver fue trasladado hasta el sitio del hallazgo.

Hasta el momento, la investigación ubica la muerte de Benjamín en las primeras horas de la mañana del sábado y se cree que el cadáver fue sometido a algún método de preservación—posiblemente en un lugar refrigerado— antes de ser descartado.

Las fuentes consultadas por este medio ratificaron este lunes la hipótesis central que expresó el fiscal Balbis la semana pasada: a Scerra lo mataron en medio de una pelea por conflictos anteriores. Los detalles aún se desconocen.

“(Lo mataron) en un contexto de una reunión privada, personal, con consumo de bebidas, que ameritó justamente conflictos interpersonales en donde se habrían agredido”, reconstruyó el fiscal, respecto a la motivación del crimen. Uno de los involucrados en esa reunión, ahora prófugo, es señalado como el presunto autor del homicidio.

Por el hecho, hasta el momento hay un detenido que será imputado formalmente en los próximos días como partícipe. “Recién en la audiencia tiene la posibilidad de declarar si es que quiere hacerlo, frente al juez y las partes”, indicaron las fuentes a Infobae.

“La línea más concreta de motivación es que la víctima estaba reunida con estas personas y por razones que se investigan comenzaron a pelearse. En ese contexto, habría sido agredida con un arma blanca”, añadieron.

El hallazgo

Benjamín fue encontrado muerto el jueves pasado por la tarde en una vivienda de la localidad de Capitán Bermúdez. El hallazgo ocurrió después de que varias llamadas ingresaran al 911 para advertir que el joven desaparecido podría encontrarse en un domicilio de calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo. Hasta allí llegaron familiares del adolescente y móviles policiales, que comenzaron a trabajar en la zona.

El cuerpo fue hallado semidesnudo, cubierto con una chapa y presentaba múltiples puñaladas, especialmente en el cuello.

La víctima había desaparecido tras salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo, según denunció su padre, Félix Scerra, en la comisaría local. El joven había salido sin dinero y llevaba únicamente un atado de cigarrillos y su celular. Según detalló a las autoridades, Benjamín tenía antecedentes de depresión y problemas de consumo.

Más temprano, antes del hallazgo del cuerpo, la jornada se vio marcada por violentos disturbios en el barrio El Espinillo, donde vecinos y allegados pedían justicia por Benjamín. El clima de tensión escaló durante la tarde y desembocó en graves incidentes. Se registraron agresiones, lanzamiento de piedras e incluso el incendio de un automóvil en la vía pública.

Benjamín era conocido en su círculo como un chico tranquilo, solidario y muy familiero. Quienes compartieron tiempo con él lo describieron como alguien “siempre dispuesto a ayudar”, de perfil bajo y con sueños simples pero claros. Uno de ellos estaba a punto de concretarse: viajar a Italia para reencontrarse con su madre, Cintia, que vive allí desde hace tiempo.

Benjamín trabajaba junto a su padre Félix en un pequeño emprendimiento familiar de venta de pollos. Cocinaban, repartían y buscaban hacer crecer el negocio para juntar dinero y proyectar una nueva etapa de vida.

Un hombre de 31 años, identificado como Christopher Leahy, se entregó a la policía en Bellevue el miércoles por la noche en relación con el asesinato de una estudiante transgénero de la Universidad de Washington.

Según informó la cadena informativa estadounidense NBC News, la víctima, Juniper Blessing, de 19 años, fue hallada muerta el domingo a las 22:10 en la sala de lavandería del complejo Nordheim Court, dentro del campus de Seattle, con más de 40 heridas de arma blanca.

El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la seguridad en los campus y el respaldo a las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos.

La investigación y el proceso judicial

Las autoridades señalaron que Leahy se presentó en la comisaría de Bellevue a las 22:42 del miércoles, apenas media hora después de que un abogado de la familia contactara a la policía para coordinar su entrega. El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de King bajo investigación por asesinato, informó el Departamento de Policía de Seattle a NBC News.

La identificación del presunto autor se aceleró por la colaboración de un hermano y un excompañero escolar de Leahy, quienes contactaron a la policía tras la difusión de imágenes tomadas en el edificio, aunque una de las cámaras de seguridad fue desconectada la noche del homicidio.

En su primera comparecencia ante el tribunal, la autoridad fijó una fianza de USD 10 millones para Leahy. El acusado enfrenta cargos preliminares por asesinato en primer grado con arma mortal, aunque la fiscalía debe definir formalmente los cargos en la audiencia prevista para el lunes 18 de mayo, según ABC News.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen ni si existía una relación previa entre la víctima y el sospechoso. La policía de Seattle renovó el llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante colabore con la investigación.

El perfil de la víctima y el impacto en la comunidad

Juniper Blessing nació en Princeton, Nueva Jersey, y residió posteriormente en Santa Fe, Nuevo México. Según un comunicado difundido por la ONG Alianza de Derechos Humanos de Santa Fe, tenía previsto estudiar ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington.

Sus familiares la describieron como una persona atenta a las necesidades de los demás, sumamente inteligente y talentosa. De acuerdo con el documento de causa probable obtenido por NBC News, Blessing sufrió más de 40 heridas de arma blanca en cabeza, cuello, hombros, brazos y manos; la muerte se debió a una pérdida masiva de sangre.

La policía universitaria fue alertada a las 22:10 del domingo y encontró el cuerpo en la lavandería del complejo Nordheim Court. Una residente, identificada como E.H., permitió el ingreso del sospechoso al edificio momentos antes de descubrir el cuerpo, tras sostener la puerta para él. Otros estudiantes declararon haber visto a un hombre en las inmediaciones de la lavandería de Building 7, una de las residencias estudiantiles del campus de Seattle, la noche del asesinato.

Reacciones institucionales y homenajes

El presidente de la Universidad de Washington, Robert Jones, expresó que la detención del sospechoso puede significar cierto alivio, pero recalcó que esta detención no atenúa el dolor que atraviesan los seres queridos de la víctima y la comunidad universitaria, ni devuelve a una persona querida de su campus.

Jones agradeció el trabajo de la policía local y subrayó que todavía se desconoce mucho sobre lo que provocó esta tragedia, comprometiéndose a revisar las circunstancias del crimen para fortalecer la seguridad.

En las últimas horas, la comunidad universitaria organizó homenajes y espacios de apoyo en memoria de Juniper Blessing. La administración universitaria reforzó el acceso a recursos de apoyo psicológico, especialmente para la comunidad LGBTQIA+, y pidió colaboración para mantener la seguridad en la etapa final del ciclo lectivo, cuyo cierre y ceremonia de graduación están previstos para junio.

La Policía de Santa Cruz intensificó en los últimos días los operativos de rastrillaje en el barrio Arrabales de Río Gallegos en busca de rastros, pruebas y objetos que permitan esclarecer el asesinato de Aníbal Eduardo Cepeda, un jubilado petrolero de 72 años cuyo cadáver fue hallado desmembrado.

La dimensión del caso se refleja en el despliegue territorial de la búsqueda, que abarca construcciones y viviendas abandonadas, canteras y descampados delimitados por cinco calles clave: avenida Asturias, calle N° 1, Simona Poveda, Doctor Boris Gos y Mahatma Gandhi, todas dentro del barrio Arrabales. Entre los elementos que los efectivos procuran encontrar se incluyen mochilas, una campera negra, un pantalón de jeans claro, zapatillas blancas y objetos cortopunzantes, potencialmente vinculados con el crimen.

La Justicia sostiene que el móvil fue económico, dado el registro de extracciones y pagos desde su tarjeta de débito tras su desaparición. Las operaciones, según fuentes policiales, fueron efectuadas por vecinos, elemento clave que sostiene la acusación contra Marcelo Félix Curtti.

La principal hipótesis judicial apunta a que existen más personas involucradas, por lo que la investigación, instruida desde el Juzgado de Instrucción N°1 bajo la subrogancia del juez Gerardo Giménez, se concentra en identificar a posibles nuevos sospechosos e integrar pruebas tecnológicas en el expediente, informó el sitio La Opinión Austral.

Cepeda desapareció el 20 de abril y fue reportado como desaparecido formalmente el 4 de mayo por una amiga cercana. La familia detalló que la alerta surgió tras notar su ausencia prolongada, aunque su costumbre de realizar excursiones de caza y pesca demoró la preocupación. Brito explicó que los viajes habituales del jubilado a actividades al aire libre dificultaron la identificación temprana de una situación anómala.

Tras días de investigación, las autoridades confirmaron que los restos hallados en distintas zonas de Río Gallegos pertenecían a él. La identificación se logró mediante pericias forenses y procedimientos de la Policía Judicial. Parte de los restos aparecieron dentro de bolsas en un tanque de agua de un edificio deshabitado en calle Moyano al 500, mientras que la cabeza y las manos fueron localizadas en las inmediaciones de Pellegrini al 500.

El hallazgo fue determinante para que la causa pasara de investigarse como desaparición a ser caratulada como homicidio. En esta línea, el principal imputado es Félix Marcelo Curtti, de 61 años, quien permanece detenido tras declarar ante la Justicia. Curtti afirmó haber actuado solo. No obstante, la pesquisa no descarta la intervención de más individuos. Isabel Britos, nuera de la víctima, expresó su convicción de que “esto no lo hizo solo” e insistió en que se investigue a fondo para esclarecer todas las responsabilidades.

Además, Isabel expresó: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”. Cepeda se habia jubilado hace un año y medio, llevaba una vida activa, alquilaba una vivienda y mantenía rutinas que incluían el casino. Su entorno familiar señalaba que tenía confianza con sus hijos, quienes le sugerían evitar gastos excesivos.

Aunque todavía no logran determinar qué sucedió, las investigaciones periciales aún continúan en curso. Las autoridades siguen con el análisis de: rastros de sangre en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el crimen, estudios sobre teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a Cepeda.

El teléfono móvil destruido de la víctima fue encontrado en un descampado próximo al cementerio, lo que abrió una nueva línea investigativa relacionada con el uso del dispositivo. Según la familia, tras la desaparición del jubilado, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la habitual, lo que lleva a los investigadores a tratar de establecer si terceros manipularon el teléfono después del crimen.

Desde la querella, la familia incorporó al abogado penalista Cristian Arel, mientras que la defensa del único imputado sigue a cargo de la Defensoría Pública Oficial N°3. Tanto la Policía de Santa Cruz como la Justicia mantienen operativos y análisis de pruebas con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y si participaron más personas.

Seis efectivos de la Policía de Córdoba han sido imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que fue encontrado ahorcado en la celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz. La causa apunta a determinar posibles irregularidades en el accionar policial y ya se dispuso la detención de una agente, mientras que los demás permanecen bajo investigación, a cargo del fiscal Andrés Godoy.

El joven había sido arrestado dos veces en menos de 48 horas: uno por estafas vinculadas a la venta de celular y otro por robo y violación de domicilio. Sin embargo, los pedidos de captura se encontraba vencida. Entre los datos incorporados en la parte final de la instrucción figura que, además del edema cerebral irreversible que derivó en su muerte, presentaba complicaciones pulmonares y renales, lo que a su juicio no coincide con la hipótesis oficial de intento de suicidio.

El fiscal, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 8, indicó en declaraciones a ElDoce.tv que las imputaciones refieren tanto a la detención irregular de Orihuela como al desenlace fatal ocurrido dentro de la dependencia policial. En el marco de la instrucción, una mujer policía fue arrestada y el resto de los efectivos imputados podrían quedar sujetos a medidas procesales en los próximos días. También se dispuso el secuestro de los celulares de los agentes involucrados con el fin de esclarecer las comunicaciones y procedimientos internos aquella noche.

La noche del 27 de abril, un patrullero se presentó en el domicilio familiar para solicitar la presencia urgente de los parientes en el Hospital Córdoba, donde recibieron la noticia de la muerte cerebral del joven. El primer diagnóstico médico apuntó a un cuadro neurológico irreversible, aunque al día siguiente se registró un leve repunte de actividad en el Hospital Eva Perón. Sin embargo, la confirmación del fallecimiento llegó ese mismo lunes por la tarde.

El impacto social del caso se reflejó en la despedida pública que recibió Orihuela el 30 de abril, marcada por una masiva caravana de motos en el barrio Pueyrredón. El velorio contó con la presencia de cuatro familiares —dos hermanos y dos primos— que permanecen detenidos en el penal de Bouwer y el penal de Cruz del Eje, quienes fueron trasladados bajo custodia policial al cortejo fúnebre. Este operativo, caracterizado por lo que el medio denominó “despedida tumbera”, se amparó en la ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria.

El abogado penalista Facundo Pérez Lloveras detalló que la decisión de autorizar la presencia de los detenidos recayó en una prosecretaria judicial debido a la urgencia del caso. Explicó que el traslado solo se realiza bajo “razones humanitarias” y previa evaluación de riesgos y antecedentes por parte de la autoridad penitenciaria, quien también define el dispositivo de seguridad y el protocolo de custodia necesario.

Distintas versiones del caso

El Ministerio de Seguridad señaló desde un principio que el fallecimiento de Tomás de trataba de un suicidio y que el joven se quitó la vida dentro de su celda con un buzo. Sin embargo, la familia nunca estuvo de acuerdo con esta versión de los hechos y manifestó discrepancia.

Declararon que Tomás “no era depresivo y no consumía alcohol ni drogas”, y sostienen que no pudieron verlo la noche de la muerte cuando su madre acudió con alimentos y abrigo a la Comisaría Sexta. Asimismo, su hermana Mariana cuestionó el horario y las circunstancias del encierro: “Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 22:00 y ya sabía que lo tenían que largar”.

En base a las complicaciones del pulmón y el riñón, la familia sostiene que Orihuela fue golpeado en la dependencia policial. El reclamo se basa en que hubo una acción violenta de los agentes y la presión social crece en Córdoba para que la Justicia precise las circunstancias y responsabilidades en torno a la muerte de Tomás Orihuela.

Costa Rica está conmocionada tras la muerte del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, quien perdió la vida luego de un violento enfrentamiento armado con presuntos sicarios en Batán de Matina, provincia de Limón. El caso, que ha provocado una ola de reacciones políticas y sociales, volvió a encender las alarmas por el crecimiento del crimen organizado en la costa caribeña del país.

Rosales Cascante, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, recibió impactos de bala durante un operativo policial desarrollado la tarde del miércoles. Aunque fue trasladado de emergencia y luchó varias horas por sobrevivir, finalmente falleció en el Hospital Calderón Guardia.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con recientes operativos policiales contra estructuras narco que operan en Batán y zonas cercanas. Según el director interino del OIJ, Michael Soto, los sospechosos habrían actuado como represalia por decomisos de droga y acciones policiales ejecutadas contra grupos vinculados al líder criminal conocido como alias “Tan”, uno de los hombres más buscados del país.

De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres a bordo de motocicletas interceptaron a los oficiales y abrieron fuego en plena vía pública. Tras el atentado, los sospechosos escaparon hacia el barrio Davao, donde posteriormente se realizaron allanamientos que permitieron la captura de al menos dos hombres y el decomiso de armas, motocicletas, cascos y ropa presuntamente utilizada durante el crimen.

El asesinato del joven policía provocó una inmediata reacción del Gobierno. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, aseguró que las organizaciones criminales “cruzaron una línea que no debieron cruzar” y prometió responder “con todo el peso de la ley”. El jerarca afirmó que las distintas fuerzas policiales del país permanecerán unidas para enfrentar la violencia que golpea especialmente a Limón.

Mientras el país seguía de cerca el avance de la investigación, la presidenta Laura Fernández se trasladó este jueves para acompañar a la familia del oficial fallecido y expresar personalmente sus condolencias. La visita de la mandataria fue difundida por medios nacionales y redes sociales, donde se le observó compartiendo con familiares y allegados del policía asesinado en medio de un ambiente marcado por el dolor y la indignación.

La muerte de Rosales también generó mensajes de solidaridad desde distintos sectores. El Organismo de Investigación Judicial aseguró que el fallecimiento “se siente como propio”, mientras que compañeros del oficial describieron al joven policía como un agente comprometido y respetado dentro de la institución.

Además de su carrera policial, Gerson Rosales era conocido en círculos deportivos por su participación en balonmano, disciplina en la que también dejó huella. La noticia de su asesinato motivó pronunciamientos de organizaciones deportivas y allegados, quienes lamentaron la pérdida de un joven descrito como disciplinado, servicial y apasionado por el deporte.

El caso ocurre en un momento especialmente delicado para Costa Rica, donde las cifras de homicidios y ataques vinculados al narcotráfico han aumentado en los últimos años. Limón, particularmente, se ha convertido en uno de los principales focos de violencia criminal debido a disputas territoriales entre bandas ligadas al tráfico de drogas.

Las autoridades judiciales continúan trabajando para determinar la participación exacta de cada sospechoso y establecer si detrás del ataque existe una orden directa de estructuras criminales asentadas en la zona atlántica.

Entretanto, la imagen de un joven oficial asesinado en cumplimiento de su deber volvió a abrir el debate nacional sobre la seguridad, la protección de los cuerpos policiales y el avance del crimen organizado en el país.

El caso tomó un giro judicial cuando agentes federales arrestaron a Lytvynchuk cerca de Seattle y lo acusaron por acoso y tentativa de acoso a una especie protegida, según informó AP News.

La acusación se produjo luego de que testigos presentaran un video en el que se observa al visitante arrojando una piedra, descrita como “del tamaño de un coco”, directamente hacia la cabeza del animal.

El material —considerado prueba clave por la fiscalía— fue grabado por Kaylee Schnitzer, de 18 años, quien relató al medio local HawaiiNewsNow que la acción fue deliberada y dirigida específicamente al mamífero marino.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por CBS News, Lytvynchuk respondió tras ser confrontado que “no le importaba y que era lo suficientemente rico como para pagar cualquier multa”.

La secuencia del incidente y la reacción del acusado intensificaron la indignación local y nacional, y reavivaron el debate sobre la protección de la fauna ante el turismo masivo en Hawái.

Las autoridades federales informaron que el acusado debe comparecer ante un tribunal federal en Seattle. Si resulta culpable, enfrenta hasta un año de prisión por cada cargo, una multa máxima de USD 50.000 bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción y hasta USD 20.000 según la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

Reacción social e institucional en Hawái

El episodio generó una respuesta inmediata y contundente tanto de la comunidad local como de las autoridades. El alcalde de Maui, Richard Bissen, expresó su rechazo en redes sociales y subrayó: “Quiero dejar en claro: no es este el tipo de visitantes que recibimos con agrado en Maui. Recibimos con respeto a quienes entienden que nuestra cultura, ambiente y vida silvestre deben ser tratados con cuidado y aloha. Conductas como esta no serán toleradas”, según reprodujo CBS News.

La presencia de Lani adquirió un valor simbólico para los residentes de Maui, sobre todo después de los incendios que devastaron Lahaina en 2023.

La foca monje se convirtió en un emblema de recuperación para la comunidad y su protección movilizó a ciudadanos y funcionarios.

La viralización del video en redes sociales y la difusión del caso por medios internacionales impulsaron un amplio debate social. La secuencia no solo provocó indignación, sino que también motivó expresiones de apoyo a quienes actúan en defensa de la fauna local.

El senador estatal Brenton Awa presentó una carta de reconocimiento dirigida al habitante local que intervino tras el incidente, reflejando el clima social en defensa del entorno natural de Hawái.

CBS News destacó que la intervención de Awa y la repercusión legislativa del caso marcaron un precedente sobre la tolerancia cero ante agresiones a especies protegidas.

Contexto ambiental, antecedentes y desafíos para la conservación

La preocupación por la situación de la foca monje hawaiana no es nueva en el archipiélago. Solo se estima la existencia de 1.600 ejemplares en estado salvaje, lo que la convierte en una de las especies marinas más amenazadas del mundo.

El fiscal federal Ken Sorenson remarcó la relevancia de la biodiversidad local y declaró que “la fauna única y valiosa de las islas hawaianas es un símbolo internacional de la riqueza y la biodiversidad del archipiélago”. Sorenson añadió que existe un compromiso institucional para proteger a las especies vulnerables, en particular a la foca monje hawaiana.

El caso de Lytvynchuk se suma a antecedentes recientes de violencia contra estos animales en Hawái. En 2016, un video documentó la agresión a una hembra preñada, lo que generó alarma entre las autoridades de conservación.

Organismos como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtieron sobre el riesgo de reincidencia si no se aplican sanciones ejemplares.

El delito contra una foca monje puede implicar multas elevadas y penas de prisión, medidas que buscan desalentar ataques y reforzar la preservación de la vida silvestre en el archipiélago.

El proceso judicial contra Lytvynchuk continúa bajo la jurisdicción federal, mientras la comunidad de Maui y organizaciones ambientales siguen atentas a las próximas audiencias.

El caso renovó el llamado a fortalecer los mecanismos de control y educación para la protección de especies en peligro y evidenció los desafíos que enfrentan las islas frente al turismo y la conservación ambiental.

Luego de que el expediente cayera en manos del fiscal Pablo Jávega, por medio de la revisión de las pruebas, se llegó a la conclusión de que el presunto asesino estuvo, incluso, entre las primeras personas que habían sido indagadas. Tras enviarse a analizar el material genético recuperado del cuerpo y la bata de la víctima, se identificó al hombre como el presunto autor del asesinato.

“Pensamos que el asesino es Bárzola”, sostuvo Facundo durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24. Sobre todo, tras recordar que “el ADN de él está en el cinto de la bata, en 8 de los 12 pedazos y en el cuerpo de mamá encontraron un cabello púbico de él”. Por este motivo, remarcó: “Todo explica que Bárzola estuvo ahí”.

De la misma manera, trazó un paralelismo temporal al recordar que, mientras se llevaba a cabo el sepelio de la víctima, el parquetista estaba siendo indagado. Incluso, en la misma declaración señaló que el último acusado se había situado en la escena del crimen dentro de la ventana temporal en la que Dalmaso fue asesinada.

Macarrón explicó que el resultado del ADN lo ayudó a relacionar otros acontecimientos previos al crimen. Uno de ellos se trató de una carta anónima que había recibido su padre, Marcelo, en donde le sugerían investigar a los obreros porque entre ellos supuestamente se encontraba un “depredador sexual con resentimiento a una mujer rica”.

“Había una especie de clasismo, había una cuestión. Mi mamá se había peleado con él, lo dice mi abuela, por el polvillo en la cocina”, contó el joven, para luego reprochar la falta de incapacidad de los fiscales de unir esos puntos en común. Y cuestionó que solo se centraron en buscar al supuesto amante de su madre, por medio de la interrogación a un total de 58 personas.

Por este motivo, confesó sentir impotencia porque el presunto autor del crimen de su madre continuara con su vida en libertad por las calles de Río Cuarto. “¿Hasta qué punto uno puede vivir con la espada clavada de saber que la persona que más probablemente mató a tu mamá sigue libre y no podés hacer nada?“, reprochó.

Sin embargo, Macarrón reconoció que, al escuchar la sentencia por el enjuiciamiento, “hubo un alivio”. “Nunca me imaginé que estas personas que nos persiguieron durante tanto tiempo y de las formas más brutales iban a terminar algún día sentadas en el banquillo de los acusados”, reflexionó. Asimismo, indicó que el haber tenido que llegar a ese extremo era “triste” e invitaba a la sociedad a reflexionar.

De la misma manera, relató el impacto personal que tuvo la investigación y la exposición pública: “El precio que pagué por no ser uno más fue perder a mi mamá”. Además, señaló que el expediente estuvo marcado por el concepto de la “mala víctima” y la construcción mediática de un personaje que no se correspondía con la verdadera personalidad de Nora Dalmasso.

A raíz de la narrativa que se instaló y que terminó por colocarlo en el centro de las sospechas como presunto autor del crimen, Facundo consideró que la imputación lo hizo “crecer de golpe”. Y recordó: “Creo que te disociás, porque llega un momento en el cual el horror es tan grande que como que te anestesias un poco, ¿no? Porque hay mucho atropello, hay mucha maldad en todo lo que vivimos”.

Tras recordar que el fiscal Javier Di Santo había planteado como hipótesis del crimen que el joven había abusado sexualmente de su madre, para después asesinarla bajo la presunción de que Nora no había aceptado su orientación sexual, Macarrón consideró que era “macabro” y “cruel”. “Solo una persona muy mal, muy enferma de su cabeza puede llegar a pensar una cosa así sin pruebas”, señaló.

“Estaba el prejuicio de que ser gay es ser delincuente”, señaló. “Hacía boxeo y me lo imaginaba a él. Después me empezó a dar lástima en el peor sentido”, recordó. Además, apuntó contra la falta de autocrítica en el accionar de quienes lo acusaron injustamente.

“La soberbia o el empecinamiento fue tal que le desearía mucha suerte en la vida y que me explique por qué hizo lo que hizo. Mirá que pasó el jury, mirá que los destituyeron, en este caso al fiscal Di Santo, que era el que me imputó a mí. Y hasta el día de hoy, el tipo nunca dijo: ‘La verdad, me equivoqué’”, concluyó.

La casa de Avenida Congreso 3742, en Coghlan, quedó bajo una nueva restricción judicial. El patio trasero donde fueron encontrados los restos de Diego Fernández Lima no podrá ser modificado durante los próximos 60 días: la Justicia ordenó preservar tanto la superficie como el subsuelo mientras Gendarmería procesa las imágenes tomadas con georradar la semana pasada.

La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Alberto Litvack, a pedido del fiscal Martín López Perrando. La resolución apunta a evitar cualquier alteración en el sector de la vivienda de Cristian Graf donde podrían realizarse nuevas medidas de prueba si el informe técnico detecta elementos de interés para la investigación.

Según la resolución, a la que accedió Infobae, el fiscal había pedido una medida de no innovar sobre el terreno del inmueble, en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación. En concreto, sostuvo que los datos obtenidos con el georradar debían ser “procesados y analizados a posteriori en laboratorio” para poder brindar una conclusión categórica en el informe pericial.

El procedimiento con el georradar se realizó el 4 de mayo pasado, durante un registro domiciliario en la vivienda de Graf. De acuerdo con el fallo, en esa diligencia intervinieron la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, personal de la fiscalía, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

Durante ese operativo, los peritos trabajaron sobre el patio trasero de la casa, donde hay una piscina y un pequeño quincho con parrilla. Allí, Gendarmería practicó una inspección geofísica mediante un georradar marca GSSI, modelo SIR-3000, montado con una antena de 400 Ghz.

Al finalizar la tarea, Gendarmería no indicó que debiera secuestrarse ningún elemento en ese momento, ya que el análisis de la información obtenida continuaría en sus laboratorios. Esa circunstancia fue mencionada por el juzgado para justificar la necesidad de preservar el lugar hasta que se conozca el resultado final de la pericia.

“Hasta tanto contemos con el mismo y se determine fehacientemente si hay elementos de interés para la presente investigación en los términos ordenados, excepcionalmente haré lugar a la medida cautelar que solicita la fiscalía”, sostuvo Litvack en la resolución.

La medida se suma a los últimos movimientos del expediente por el crimen de Diego Fernández Lima. Como contó este medio, el fiscal López Perrando citó a declarar esta semana a dos amigos de la época de los scouts de Graf, considerados testigos clave para reconstruir los vínculos y movimientos del imputado en aquellos años.

El crimen de Diego Fernández

El joven fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día, regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para el colectivo. Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus papás se dirigieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para denunciar su desaparición. El caso fue inicialmente caratulado como una presunta “fuga de hogar”.

La familia inició la búsqueda pegando panfletos en el barrio y buscando visibilizar la desaparición en los medios de comunicación. En 1986, el padre de Diego llegó a dar una entrevista sobre el caso, pero falleció sin conocer el destino de su hijo.

El giro en la causa llegó el 20 de mayo de 2025, cuando un grupo de obreros, mientras levantaban una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 —que había sido propiedad de la artista Marina Olmi y alquilada luego por el músico Gustavo Cerati—, econtraron restos óseos.

El hallazgo se produjo tras un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero, en Congreso 3742, donde vivía desde los años ’70 el ex compañero de escuela de la víctima, Cristian Graf, junto a su familia. Los obreros avisaron a una de las dueñas de la vivienda, hermana del acusado, y un vecino alertó a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de López Perrando, que convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras analizar 151 fragmentos óseos, los especialistas determinaron que Diego fue asesinado de una puñalada en el tórax, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Además, intentaron desmembrar el cuerpo, aunque no lo lograron, y finalmente lo enterraron a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Junto a los restos se hallaron varios objetos: una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora (fabricado en Japón en 1982), un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme escolar. Estos elementos sirvieron para confirmar la identidad de la víctima.

El inicio del juicio por el crimen de Leonel Sosa movilizó a toda la comunidad de Ciudad de Mis Sueños en la provincia de Córdoba. El adolescente, de apenas 15 años, fue asesinado de un disparo mientras presenciaba un partido de fútbol barrial en junio de 2024. La familia denunció amenazas e intimidaciones durante la primera jornada del proceso.

El adolescente, que solo quería ver el encuentro, recibió un tiro en el abdomen y perdió la vida. El hecho marcó un antes y un después para los vecinos del lugar, que reclama respuestas y mayores garantías de seguridad.

De acuerdo con la información del medio local La Voz del Interior, el homicidio de Leonel ocurrió en un predio ubicado en la manzana 52 del barrio. Según la reconstrucción judicial, el adolescente se encontraba en el lugar para observar un partido de fútbol barrial cuando, de forma repentina, varios hombres armados llegaron en vehículos y se produjo un enfrentamiento con otras personas presentes.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que el tiroteo estuvo vinculado a una disputa entre grupos rivales de Ciudad de Mis Sueños y Parque Ituzaingó. En ese contexto, uno de los disparos impactó en Leonel, quien no tenía relación con el conflicto. La familia de la víctima insistió desde el primer momento en que el joven quedó atrapado en un fuego cruzado, producto de la violencia estructural que afecta a la zona.

“Queremos justicia. Él no tuvo la culpa de nada, era un problema entre ellos”, afirmó una tía del adolescente en declaraciones televisivas. La mujer también advirtió sobre el miedo que existe entre los vecinos a la hora de declarar y colaborar con la causa: “La Justicia no está actuando porque hay gente que está tapando a más gente. Hay millones de testigos, pero la gente tiene miedo”.

Por el asesinato crimen, comenzaron a ser juzgados esta semana Manuel Ezequiel “Willy” Amaya (41 años), Emiliano “Tumba” Ferreyra (28 años) y Agustín Ariel “Turi” Bazán (20 años). El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, dadas las denuncias de amedrentamientos. Hasta el momento, no se ha determinado con certeza cuál de los acusados fue el autor material del disparo fatal.

La familia de Leonel solicitó públicamente que se acelere la pericia sobre las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Consideran que las imágenes pueden ser fundamentales para esclarecer la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los imputados.

Durante la primera jornada del juicio, el reclamo por justicia se reforzó con el pedido de protección a testigos y denunciantes. “Hay muchas personas que vieron lo que pasó, pero tienen miedo de declarar”, señalaron allegados a la familia, quienes expresaron su preocupación por posibles represalias.

De hecho, el inicio del proceos estuvo marcado por denuncias de hostigamiento hacia familiares y testigos. Según relataron los allegados a la víctima, las amenazas provienen de personas vinculadas al entorno de los acusados, y generan un clima de temor que dificulta el avance de la investigación judicial.

La tía del adolescente manifestó ante medios locales que varios miembros de la familia han recibido mensajes intimidatorios y que el miedo a represalias lleva a muchos testigos a no presentarse en sede judicial.

De acuerdo con lo narrado por los familiares, las amenazas y la violencia habitual en la zona condicionan la vida cotidiana de los vecinos. El temor a ser blanco de represalias limita la participación comunitaria y dificulta la reconstrucción precisa de lo ocurrido la tarde del asesinato.

Un joven de Michigan fue condenado a entre 30 y 45 años de prisión por matar a su mejor amigo durante la noche de su boda, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional solo después de cumplir 30 años, tras un enfrentamiento marcado por el consumo de alcohol.

La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2026 en Flint, determina que James Shirah atropelló intencionalmente a Terry Lewis Taylor Jr. pocas horas después de casarse, convirtiendo un día festivo en una tragedia dolorosa para las familias involucradas y la comunidad local, según informó AP News.

Durante la audiencia, el juez Khary Hanible lo expresó de manera directa: “No creo que usted sea un criminal, pero sí creo que es un asesino”. La sentencia contradijo los argumentos de la defensa, que argumentó que se trató de un accidente tras una discusión etílica después de la boda.

Hanible fundamentó su decisión en el registro de un video de vigilancia que mostró el momento del crimen, en el cual Shirah dejó la escena de la discusión y regresó un minuto después conduciendo un SUV. El vehículo fue dirigido directamente hacia Taylor, aceleró y lo impactó, detalló el juez ante la cadena especializada en juicios Court TV.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024. Tras la ceremonia civil con Savanah Collier, Shirah y su círculo cercano, entre quienes Taylor era el padrino de la boda, se reunieron en una casa para continuar la celebración.

Una discusión entre ambos amigos provocó que el conductor abandonara el lugar y, poco después, regresara para arrollar a Taylor, según la acusación formal citada por Court TV.

El impacto no resultó inmediatamente fatal: Taylor fue trasladado con vida al Hurley Medical Center, donde falleció más tarde a causa de las heridas recibidas.

La fiscalía señaló que Shirah, en vez de asistir a la víctima, huyó de la escena y se negó a cooperar con la policía hasta el día siguiente. Tras el hecho, la policía detuvo a los recién casados, James Shirah y Savanah Collier.

Durante el juicio, el abogado defensor Harrell Milhouse insistió repetidas veces en que la muerte fue accidental: “Se produjo una pelea, una discusión, con alcohol de por medio. Son amigos de toda la vida y las cosas se salieron de control”, afirmó ante el tribunal, de acuerdo con Court TV.

Finalmente, Shirah optó por no impugnar los cargos de homicidio en segundo grado, conducir sin licencia válida y huir tras un accidente mortal, decisión que derivó en la severa condena.

La sentencia contra Shirah, de 30 a 45 años por homicidio y otras penas menores que se cumplirán de manera simultánea, establece que será elegible para libertad condicional únicamente cuando cumpla los primeros 30 años de prisión, informó AP News.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó en su momento: “Nunca he visto nada parecido. He visto personas atropellando a otras, pero no tan pronto después de una boda”.

La prometida de Taylor, Nikki Robinson, estaba embarazada al momento de la tragedia y la familia organizó una campaña solidaria en GoFundMe que logró recaudar más de USD 1.200. Taylor tenía dos hijos y esperaba un tercero.

El testimonio de la familia de la víctima marcó la jornada. Eren Taylor, primo del fallecido, describió entre lágrimas la escena: “Todo lo que pude ver era sangre. Su pecho estaba abierto, donde están mi nombre y el de mis dos hijos”, narró ante la jueza, según la agencia de noticias.

Las palabras finales, el juicio de la sociedad y el futuro de los involucrados

Antes de la lectura de la sentencia en el tribunal del condado de Genesee, Shirah, con lágrimas, ofreció una disculpa pública: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi remordimiento. Estaré arrepentido por siempre. No fue intencional… sé lo que verdaderamente ocurrió esa noche y sé que no fue intencional. Era mi mejor amigo”, afirmó Shirah, citado por Court TV.

El juez Hanible contrarrestó esa versión, enfatizando: “El hecho de que alguien ya no esté aquí significa que usted es un asesino. Usted mató a alguien”, según la cobertura de la cadena especializada en juicios Court TV.

Por su parte, Collier, esposa de Shirah, se declaró culpable de encubrir los hechos tras el homicidio y enfrentará su propia sentencia el 26 de mayo de 2026, conforme a la información difundida por AP News.

Siguen la novedades en la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima. A casi un año del hallazgo de sus restos en una casona del barrio porteño de Coghlan, el fiscal Marín López Perrando citó a declarar a dos compañeros scouts de Cristian Graf, el principal sospechoso.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, las declaraciones testimoniales se realizarán este martes 12 y jueves 14 de mayo y hay expectativa por lo que pueden llagar a decir.

Acerca de los hombres, el hermano de la víctima detalló a este medio que “se trata de dos muy amigos de Cristian Graf de la época en la que Diego fue asesinado Diego”, dijo Javier Fernández. Y agregó: “Ojalá que estas dos personas declaren con el corazón y nos ayuden a encontrar la justicia que muchos estamos buscando”.

Las testimoniales fueron ordenadas una semana después de que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en la casa de Graf, ubicada sobre la avenida Congreso al 3700, para pasar un georradar por el patio trasero.

La medida fue solicitada por la fiscalía para intentar detectar posibles restos u otros elementos de interés para la causa. De acuerdo con López Perrando, los resultados del estudio estarán disponibles dentro de aproximadamente un mes.

Durante su declaración indagatoria, Cristian Graf aseguró que Diego Fernández Lima “no era su amigo” y sostuvo que apenas habían compartido un año en el colegio. Según dijo ante el juez Alejandro Litvak y el fiscal Martín López Perrando, su círculo más cercano estaba conformado por compañeros de los boy scouts, varios de los cuales —afirmó— conserva hasta la actualidad.

“Su grupo de amigos era otro; él formaba parte de los boy scouts y mantenía esa relación de amistad, incluso conserva a los mismos amigos de aquella época”, señalaron sus abogados tras la audiencia realizada en octubre del año pasado. En esa declaración, Graf también negó haber sabido que el cuerpo de Diego estaba enterrado en el terreno de la casa familiar de Coghlan.

El crimen de Diego Fernández

El joven fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día, regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para el colectivo. Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus papás se dirigieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para denunciar su desaparición. El caso fue inicialmente caratulado como una presunta “fuga de hogar”.

La familia inició la búsqueda pegando panfletos en el barrio y buscando visibilizar la desaparición en los medios de comunicación. En 1986, el padre de Diego llegó a dar una entrevista sobre el caso, pero falleció sin conocer el destino de su hijo.

El giro en la causa llegó el 20 de mayo de 2025, cuando un grupo de obreros, mientras levantaban una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 —que había sido propiedad de la artista Marina Olmi y alquilada luego por el músico Gustavo Cerati—, econtraron restos óseos.

El hallazgo se produjo tras un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero, en Congreso 3742, donde vivía desde los años ’70 el ex compañero de escuela de la víctima, Cristian Graf, junto a su familia. Los obreros avisaron a una de las dueñas de la vivienda, hermana del acusado, y un vecino alertó a la Policía.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de López Perrando, que convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras analizar 151 fragmentos óseos, los especialistas determinaron que Diego fue asesinado de una puñalada en el tórax, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Además, intentaron desmembrar el cuerpo, aunque no lo lograron, y finalmente lo enterraron a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Junto a los restos se hallaron varios objetos: una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora (fabricado en Japón en 1982), un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme escolar. Estos elementos sirvieron para confirmar la identidad de la víctima.

La pareja había viajado desde su residencia en el distrito de Punchana, en Iquitos, rumbo a San Pedro para participar en una reunión comunal vinculada a proyectos de electrificación local, según relataron familiares y vecinos a Exitosa Noticias. Ambos mantenían una propiedad en la zona desde hacía varios años, donde, de acuerdo con testimonios recogidos, no se habían registrado conflictos graves previos.

El jueves, familiares y vecinos, alertados por el fuerte olor proveniente de la vivienda, decidieron forzar el ingreso tras varios días sin noticias de la pareja. El cuerpo de Juliana Urrea fue hallado sobre el de su esposo, quien se encontraba desnudo y en estado crítico, pero aún con vida. Esta escena, corroborada por la Policía Nacional, elevó la preocupación sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la mujer y el deterioro de la salud de su esposo.

¿Cómo se produjo el hallazgo y cuál es la situación médica del sobreviviente?

Los hijos de la pareja, residentes en Lima, autorizaron a los vecinos y familiares en Iquitos a romper una ventana para ingresar a la casa, ante la ausencia de respuesta a sus llamadas desde el martes anterior. Según la versión de la madre de la fallecida, María Luz Escobar, los teléfonos celulares de la pareja dejaron de contestar la noche del martes, lo que incrementó la alarma entre los familiares.

La intervención permitió descubrir a Carlos Alberto Pereira aún con vida, a pesar de las precarias condiciones de encierro. Fue trasladado de inmediato al Hospital Apoyo Iquitos, donde permanece internado bajo atención médica. El cuerpo de Juliana Urrea fue derivado a la morgue del Ministerio Público para los exámenes correspondientes.

¿Qué antecedentes y dudas persisten en torno al caso?

Juliana Urrea y Carlos Pereira convivían desde hacía varios años en la comunidad de San Pedro, donde gestionaban una finca con varias habitaciones. Según los relatos de la madre de Juliana, la rutina de la pareja no presentaba irregularidades significativas y ambos participaban activamente en la vida comunal. La última conversación entre madre e hija, registrada la tarde del martes, no anticipó ninguna situación inusual.

La Policía Nacional del Perú ha evitado por el momento ofrecer una hipótesis definitiva, mientras avanza la investigación para determinar las causas del deceso de Urrea y las circunstancias que llevaron a Pereira a quedar atrapado en la vivienda. No se han reportado signos evidentes de violencia o robo, aunque la autopsia y los peritajes toxicológicos serán determinantes para orientar la investigación.

¿Qué impacto ha generado el caso en la comunidad y cuáles son los próximos pasos?

El hecho ha generado conmoción tanto en San Pedro como en Iquitos, donde la familia de la fallecida reclama respuestas ante el inusual desenlace. Vecinos y autoridades comunales han expresado su consternación y piden celeridad en los resultados forenses y en la investigación policial.

Por ahora, la comunidad permanece expectante ante los avances en la investigación oficial. El Ministerio Público y la Policía Nacional han reiterado que cualquier comunicación oficial sobre el caso será proporcionada una vez concluyan los análisis forenses y se recojan los testimonios necesarios para esclarecer el motivo de la tragedia.

La voz femenina que se escucha en el audio es la de Jennifer Leiva, la psicóloga que elaboró los informes utilizados para revincular al menor con Mariela Altamirano, su madre biológica, hoy detenida con prisión preventiva por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. La misma imputación pesa sobre su pareja, Michel Kevin González.

La conversación completa dura 24 minutos y corresponde a una reunión entre Leiva y López luego de que el padre se presentara en el nuevo jardín al que asistía el menor, un cambio del que no habría sido informado.

“Él quiere vivir conmigo, no con la mamá”, se escucha decir al papá de Ángel al comienzo del intercambio. Ante eso, Leiva responde con ironía: “Y lo grabaste seguro”, en alusión a un supuesto registro en video de la situación en la institución. López confirmó que así había sido. La reacción de la psicóloga sorprendió al padre: “Amo las situaciones de violencia que generas”, lanzó.

En otro fragmento, López se mostró molesto con la psicóloga mientras denunciaba que su hijo estaba mal y que no quería vivir con su madre. En ese contexto, lanzó una advertencia estremecedora: “Yo me voy a ir. Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”. La respuesta de Leiva fue breve y hasta irónica: “Qué miedo”.

El niño de cuatro años murió el pasado 5 de abril en el Hospital Regional. Había ingresado en paro cardiorrespiratorio, con un cuadro neurológico que los médicos calificaron como irreversible. La autopsia registró al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales, una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria.

Las lesiones, según se indicó, eran compatibles con el llamado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de maltrato físico en el que el cerebro del niño impacta de forma repetida contra el cráneo al ser sacudido con violencia, con consecuencias que van desde hemorragias hasta daño neuronal irreversible y la muerte.

En estos momentos, Altamirano permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que su pareja se encuentra en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

La denuncia contra la psicóloga

Según pudo saber Infobae, la conversación data de las primeras semanas de diciembre pasado. En las últimas horas, Roberto Castillo, abogado de López, presentó una denuncia contra la psicóloga por violación de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte.

En declaraciones a este medio, Castillo sostuvo que Leiva —además de elaborar los informes— cumplía un rol muy importante en el caso. Según explicó, inclusive fue quien buscó al menor en la casa de su padre y lo trasladó junto a su madre.

Uno de los audios clave

En una de las grabaciones clave para el caso -adjunta al comienzo de esta nota- se escucha cómo la psicóloga cuestiona al papá de Ángel por ir a verlo a la escuela.

Leiva: Te citamos justo porque el otro día nos habían llamado de la escuela. Entonces, un poco para saber qué es lo que está pasando.

López: Me fui al jardín a ver a mi hijo.

Leiva: Bien. ¿Y por qué fuiste a verlo allá?

López: ¿En dónde lo voy a ver si no es en el jardín? Yo no tenía ninguna perimetral ni nada. Entonces, me asesoré muy bien como para ir a verlo. Y me fui a verlo.

Leiva: ¿Y qué pasó?

López: Y no lo vieron en la situación que él está. Aparte que él quiere vivir conmigo, no con la mamá.

Leiva: Y lo grabaste, seguro.

López: Grabé todo, todo, todo.

Leiva: Amo las situaciones de violencia que generas. Eso se llama revictimización.

“Están esperando que lo maten”

En otro fragmento de la larga conversación se escucha el siguiente intercambio.

Leiva: ¿Y por qué fuiste a buscar al nene?

López: Porque quiero estar con mi hijo.

Leiva: Te vuelvo a preguntar. ¿Por qué te llevaste al nene del jardín?

López: Yo no me lo llevé al nene del jardín.

Leiva: Estaba en tu casa.

López: Y sí, pero me fui a buscarle y, bueno, le digo “vamos a pasear un ratito”, nos fuimos a la casa y compartimos e íbamos a volver. Nada más. ¿Qué hay de malo en eso? Si no teníamos perimetral ni nada. Lo único que yo no podía hacer era llevármelo yo a mi hijo y que él quede en mi casa.

Leiva: No podías llevártelo sin autorización de Mariela. Lo mismo, esto lo tienen que arreglar ustedes con abogados porque ahora es más problema.

López: No es problema. O sea que esto es normal para ustedes: que el nene llore, que no quiera ir con su mamá, que no quiera vivir…

Leiva: No es normal que vayan a la escuela a buscar a los nenes o que intenten verlos ahí.

López: Yo me fui a ver a qué colegio se iba mi hijo. Porque ustedes me dijeron que él iba al colegio donde yo lo mandé antes y no, no estaba ahí.

Leiva: Nunca te dijimos eso.

López: Yo agarré y fuimos y lo buscamos. Lo buscamos a Ángel y estaba allá arriba. Me fui, me presenté normalmente, le dije “yo soy el papá de Ángel Nicolás”, me pidió todos mis datos como para verificar, y ahí me retiré. Encima está en el acta que yo le dije que no quería ver al nene ahora.

López: Yo me voy a ir. Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo.

Leiva: Qué miedo.

López: Están esperando que le caguen matando a mi hijo y ahí se van a dar cuenta.

La autopsia al cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres, la mujer de 52 años que fue asesinada este jueves en su casa de la localidad de bonaerense de Los Polvorines cuando quiso defender a su hija de 9 años de un abusador, reveló que el autor del crimen actuó con frialdad y con saña.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros exámenes forenses practicados al cuerpo de la víctima, indicaron que el asesino la apuñaló tres veces con un cuchillo. Uno de los puntazos fue en el cuello y afectó la arteria carótida de la mujer. De hecho -precisaron- esa herida fue la que le ocasionó la muerte a Yolanda.

El principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es un vecino de las víctimas. Hasta el momento, permanece prófugo. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio, señalaron se están buscando testigos, especialmente vecinos que habrían visto al imputado por las inmediaciones de la casa donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con lo que supo Infobae, el crimen tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. En la vivienda estaban Cáceres y su hija de 9 años. Durante la madrugada, Amarilla habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

Los primeros datos de la investigación indican que la propia menor, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino para detener al agresor, quien la atacó y le propinó las tres puñaladas, una de ellas en el cuello. Las otras dos, por el momento, no se reveló en qué parte del cuerpo fueron propinadas.

En medio de la agresión, la nena salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo de Cáceres fue encontrado en el piso de la vivienda, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

En el expediente intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich a la cabeza, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena. A la menor, en tanto, se le recibirá declaración testimonial en Cámara Gesell.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.

De acuerdo con lo que supo Infobae, el presunto asesino fue denunciado por abusar sexualmente de su prima de 16 años en octubre del año pasado, en la localidad de Pablo Nogués. La presentación ante la Justicia fue hecha por la madre de la menor.

Según el relato de la denunciante, el 8 de octubre pasado la mujer fue alertada por un vecino acerca de una pelea en la calle en la que su hija de 16 años, se vio involucrada. El conflicto estalló cuando Amarilla presuntamente se acercó a la menor en plena vía pública, la empujó y provocó que la chica reaccionara con un golpe. Al ver la situación, varios residentes del barrio intervinieron, golpearon al hombre de 26 años y lo alejaron del lugar.

Según consta en el informe policial, la mujer afirmó que, tras calmarse la situación en la calle, la adolescente le confesó un episodio anterior, que sería el origen del altercado de esa noche.

La menor le comentó que dos días antes su primo habría ingresado al patio de la vivienda familiar, se aproximó a la adolescente y le tocó los glúteos sin su consentimiento, lo que llevó a la víctima a correr para evitar que el abuso continuara. A raíz del ataque en la calle, la víctima le contó a su mamá y se radicó la denuncia, en la que además, exigió la implementación de una medida perimetral de acercamiento contra Amarilla.

Sin embargo, poco más de dos semanas después de la denuncia, la Unidad Funcional N°14 del fuero penal de San Martín, decidió archivar la causa “al no surgir de lo actuado hasta el momento elementos convictivos suficientes que permitan convocar a prestar declaración” al acusado, de acuerdo con lo que supo Infobae.

En ese sentido, la fiscalía concluyó que el expediente no cuenta con pruebas suficientes para avanzar hacia una imputación formal o llevar al acusado a declaración indagatoria.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que por estas horas “se están realizando medidas para dar con el paradero del mismo” y se trata de chequear los antecedentes del prófugo.

Por lo pronto, en la puerta de la casa donde sucedió el hecho, además, vecinos colgaron carteles alusivos y dejaron flores.

Los tres imputados por el femicidio de Sofía Delgado, la joven de 20 años encontrada muerta el 15 de noviembre de 2024 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, deberán permanecer en prisión preventiva durante seis meses adicionales por decisión del juez Eduardo Romanini. La medida se dictó durante una audiencia en la que se presentaron pruebas de ADN que fortalecen la acusación, en particular contra Alejandro Bevilaqua.

El motivo de la prórroga está vinculado a la existencia de peritajes fundamentales aún pendientes, como el análisis de una computadora y del GPS del automóvil del principal acusado. Estos exámenes podrían proporcionar datos clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de octubre, fecha en la que se habría producido el crimen, y el hallazgo del cuerpo.

Durante la audiencia, también se analizó el pedido de prórroga de las prisiones preventivas de los imputados: Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann. Los defensores de Brian Bauman y Eduardo Mordini impulsaron cambios en la calificación penal para sus representados, solicitando que sean considerados por encubrimiento agravado y no como autores del femicidio. El magistrado permitió que continúen las negociaciones para definir la figura legal.

Por otro lado, la defensa de Bevilaqua pidió libertad condicional, pero el requerimiento fue rechazado. Las pruebas genéticas extraídas arrojaron que el ADN de Bevilaqua fue hallado bajo las uñas de la víctima, mientras que los análisis sobre Bauman no lo vincularon directamente a la escena. Este dato juega un gran papel dentro de la defensa del imputado.

Además, Mordini también solicitó la libertad tras más de un año y medio en prisión preventiva. Esta petición pone en disputa la calificación del crimen, cuya instrucción está próxima a ser elevada a juicio oral. La causa está caratulada como homicidio calificado, con una pena prevista de prisión perpetua.

Los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna, representantes querellantes de los hermanos de la víctima, sostuvieron ante La Capital: “Se ha hecho un planteo sobre que Mordini había dado negativo los resultados de ADN en la causa, por lo cual el defensor plantea que hay una participación de Mordini en la etapa posterior al homicidio, ya delineándolo como un encubrimiento, y nosotros consideramos que no, que ahí obviamente tanto la Fiscalía como la querella cuentan con prueba que está ya cautelada en la causa”.

El crimen de Sofia Delgado

Sofía Delgado fue asesinada la noche del 30 de octubre de 2024, cuando Bevilaqua, con quien tenía una relación, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó a un taller, propiedad de Mordini, en Puerto San Martín. Según la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica. El caso también involucra a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento, quienes recuperaron la libertad aunque permanecen bajo restricciones.

La investigación para la reconstrucción del crimen sostiene que, tras el fallecimiento de Sofía fue sometida a una serie de maniobras para su ocultamiento: fue Bauman, empleado del taller, quien habría atado el cuerpo e introducido el cadáver en una bolsa cubierta con aislante. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un sector rural en “Camino de la Cremería”, Ricardone, donde lo encontraron dos semanas más tarde.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza formalizó la imputación por homicidio calificado para los tres detenidos. Ortigoza sostuvo ante el tribunal que Delgado fue asesinada “por placer”. El fiscal enfatizó que “la principal hipótesis es que se trató de un homicidio”, con pruebas que apuntan a una coordinación entre los involucrados.

La secuencia de acciones, revela una planificación precisa y una dinámica de grupo orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En la declaración pública, Ortigoza remarcó la vulnerabilidad de Sofía y las prácticas que circularon entre los acusados: “Hablan de Sofía, dicen que nadie la va a reclamar luego de sacrificarla y descargar su ira; eran mensajes y links de webs con mujeres teniendo relaciones atadas”.

La casa de la familia Poggi, en Garlasco, un pueblo de la provincia de Pavía a poco más de media hora de Milán, lleva casi diecinueve años funcionando como una obsesión nacional. Allí, la mañana del 13 de agosto de 2007, una graduada en economía de 26 años llamada Chiara Poggi fue asesinada a golpes y abandonada en un charco de sangre sobre la escalera que baja al sótano. Desde entonces, Italia no ha dejado de discutir quién la mató, cómo y por qué. Lo discute en los tribunales, en los estudios de televisión, en los pódcast, en los canales de YouTube y, cada vez más, en una conversación pública que ha convertido el caso en un fenómeno cultural antes que judicial.

Esta semana, esa discusión volvió a sacudirse. Andrea Sempio, un empleado de comercio de 38 años que en la época del crimen era amigo del hermano menor de la víctima, se presentó ante la fiscalía de Pavía como único acusado del asesinato y se acogió a su derecho a no declarar, según informaron sus abogados a la prensa italiana. La fiscalía sostiene ahora que actuó solo y que mató a Poggi porque ella rechazó un acercamiento sexual.

El problema es que por este mismo crimen hay desde 2015 un hombre en la cárcel: Alberto Stasi, que entonces era el novio de la víctima y que fue condenado a dieciséis años de prisión después de haber sido absuelto dos veces. Si la nueva hipótesis se sostiene, Stasi habrá pasado una década encerrado por un asesinato que no cometió.

“Alberto fue condenado en última instancia no tanto por las pruebas, sino por la pregunta de fondo: si no fue él, ¿entonces quién?”, explicó al diario británico The Guardian Giada Bocellari, una de sus abogadas. La frase resume con precisión lo que muchos juristas italianos sostienen desde hace años: que la condena de Stasi se construyó sobre pruebas indiciarias y, sobre todo, sobre la ausencia de un sospechoso alternativo.

Una escena del crimen contaminada

Para entender cómo se llegó hasta aquí, conviene volver a las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Las investigaciones originales se convirtieron con el paso del tiempo en un manual de errores. Por la casa de los Poggi pasaron, en las primeras horas, veinticinco personas sin las fundas protectoras reglamentarias en los zapatos, lo que después obligó a la fiscalía a secuestrar las veinticinco pares de calzado para descartar pisadas. Buena parte de quienes trabajaron en la escena no llevaban guantes; alguien resbaló en la sangre, otro vomitó, el sofá del salón fue desplazado sobre algunas manchas y el gato de la familia quedó suelto durante todo el operativo, deambulando por las habitaciones.

A esos descuidos se sumaron otros más graves. El cuerpo no fue pesado en la morgue —no había balanza disponible— y eso volvió aproximada la estimación de la hora de la muerte, uno de los puntos más controvertidos de los juicios posteriores. Las huellas dactilares de la propia víctima nunca fueron tomadas, un olvido que obligó a exhumar el cadáver una semana después del crimen, dos días después del funeral. La computadora de Stasi, decisiva para verificar su coartada, fue manipulada por los carabineros antes de hacerse una copia forense: una pericia posterior estableció que se había alterado más del 73% de los archivos visibles.

Stasi, que entonces tenía 24 años y estudiaba en la universidad, fue el primero en encontrar el cuerpo y el primero en ser señalado. Rubio, de ojos celestes, contenido hasta la frialdad ante las cámaras, tenía el physique du rôle del asesino perfecto que la opinión pública italiana parecía estar esperando: la prensa de la época lo bautizó il biondino dagli occhi di ghiaccio, el rubio de ojos de hielo.

Por su parte, los investigadores consideraron desde el inicio que sus zapatos estaban demasiado limpios para alguien que decía haber pisado una casa anegada en sangre. Nunca apareció el arma homicida, ni hubo testigos ni confesión.

Pese a haber sido absuelto en dos instancias, terminó condenado en 2015 a partir de un cúmulo de indicios entre los que pesaron los rastros del ADN de Poggi en las ruedas de una bicicleta familiar.

La huella, el ADN y un padre acusado de pagar por el archivo

La fiscalía de Pavía reabrió el caso en marzo de 2025 tras una reevaluación de pruebas ya conocidas. Según reconstruyó el diario italiano Il Post, los nuevos análisis de los rastros genéticos hallados bajo las uñas de la víctima en 2007 arrojaron una probabilidad “moderada” a “fuerte” de compatibilidad con el material genético de Sempio y de sus parientes por línea paterna. Los investigadores también reexaminaron una huella palmar registrada en la pared de la escalera del sótano, a pocos metros del cuerpo, descartada en su momento por considerarse demasiado tenue para hacer cotejos. Las técnicas actuales permitieron encontrar quince puntos de coincidencia con la mano del acusado.

No es la primera vez que Sempio aparece en el expediente. Ya había sido investigado entre 2016 y 2017, en una causa que se archivó por considerarse insuficientes las pruebas. Aquel archivo es hoy, en sí mismo, objeto de una investigación paralela: la fiscalía de Brescia sospecha que el padre del acusado, Giuseppe Sempio, pagó entre 20.000 y 30.000 euros al entonces fiscal adjunto de Pavía, Mario Venditti, para conseguir el archivo de la causa. La hipótesis surgió de una nota manuscrita encontrada en la casa familiar en la que figuraban la cifra, el apellido del fiscal y la frase “gip archivia” —en referencia al juez que firma los archivos—. Ambos están imputados por corrupción en actos judiciales y niegan los cargos.

Una grabación en el coche y un país dividido

La novedad que precipitó la convocatoria a declarar fue revelada esta semana por el diario Corriere della Sera. En abril de 2025, un micrófono colocado por los investigadores en el coche de Sempio captó un soliloquio en el que el acusado habría hecho referencia a un video íntimo de la víctima guardado en una memoria USB, un detalle que —según la fiscalía— solo podía conocer alguien que efectivamente lo hubiera visto, dado que Poggi había copiado y luego borrado esos archivos. En la grabación, Sempio imita una voz femenina y reconstruye un supuesto diálogo en el que habría intentado un acercamiento a la víctima en los días previos al crimen y habría sido rechazado. La versión contradice lo que el acusado sostuvo durante años, que era haber llamado a casa de los Poggi por error, buscando a su amigo Marco, el hermano de Chiara. Sus abogados afirmaron que Sempio “está en condiciones de explicar” las grabaciones una vez que pueda escucharlas en contexto.

Mientras tanto, el caso domina la conversación pública italiana de un modo que excede largamente lo judicial. Pódcast y canales de YouTube dedicados a la crónica negra superan en muchos casos en repercusión a los medios tradicionales y, en ocasiones, recibieron directamente filtraciones de fuentes que antes hubieran ido a un periódico. La familia de la víctima, paradójicamente, se opone a la reapertura del juicio: sostiene que la justicia ya identificó al culpable. En octubre pasado, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, generó polémica al sostener que en causas tan antiguas “habría que tener el coraje de rendirse”, porque “es dificilísimo, después de diez, veinte, treinta años, reconstruir una verdad judicial”.

Stasi, mientras tanto, lleva una década en prisión. Desde abril de 2025 cumple su condena en régimen de semilibertad, lo que le permite salir a trabajar durante el día y volver a la celda por la noche. La pregunta que Italia se hace estos días no es ya cuándo saldrá de la cárcel, sino con qué nombre.

Un jurado popular declaró culpables por unanimidad a los cuatro integrantes de una familia por el crimen de un hombre de 39 años cometido en abril de 2024 en Mar del Plata. El veredicto fue comunicado ante el juez Gustavo Fissore y el fiscal Carlos Russo.

Se trata de la familia Rivera donde los hijos, Héctor Ismael “El Paisa” y Pedro Damián Rivera, fueron considerados coautores de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego, por lo que les cabe una pena de prisión perpetua. En tanto los padres, Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán, fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito de homicidio agravado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 15 años de reclusión, aunque el monto definitivo de sus condenas será establecido en una audiencia de cesura que el juez fijará en los próximos días. Ambos permanecen actualmente con prisión preventiva domiciliaria.

Según la reconstrucción del hecho que se hizo durante el debate oral, la víctima, identificada como Walter Bravo, fue sorprendida por los agresores alrededor de las 16 horas del 24 de abril, cuando caminaba junto a su hermana por la calle Los Manzanos, entre Bormida y Loma Verde.

La información publicada por La Capital de Mar del Plata indicó que la violenta secuencia se inició con Héctor Ismael Rivera, quien extrajo un arma blanca para detenerlo. Poco después, llegó al lugar una camioneta roja de la que descendieron los restantes integrantes de la familia. Fue Bazán quien lo redujo con un objeto punzante que utilizó para herirlo.

Estando en el suelo, Bravo fue inmovilizado con las rodillas sobre su espalda y, en ese estado de indefensión, Pedro Damián le apuntó a la cabeza y disparó el arma de fuego. Los cuatro agresores abordaron el vehículo y se retiraron del lugar.

Durante las audiencias, el testimonio de la hermana de la víctima resultó determinante. La mujer describió ante el jurado cómo actuó cada uno de los acusados durante el ataque. Las pericias técnicas y la autopsia confirmaron que Bravo recibió un disparo a quemarropa cuando ya estaba inmovilizado en el suelo.

La fiscalía logró desacreditar la versión inicial de los imputados, quienes al entregarse en la Delegación Departamental de Investigaciones —cuatro días después del hecho— sostuvieron que había sido un accidente durante un forcejeo. El cruce de mensajes previos al hecho y los testimonios presentados en el juicio demostraron que los cuatro acusados actuaron de manera coordinada, lo que respaldó la agravante por concurso de personas.

Según lo establecido en el juicio, entre la víctima y los integrantes de la familia Rivera existían disputas de larga data. Tras el crimen, los acusados escaparon en la camioneta, la cual fue hallada abandonada a los pocos días. Una semana después del homicidio, luego de varios allanamientos en distintos domicilios, los cuatro integrantes de la familia se entregaron en sede policial.

La defensora de los imputados, Sandra Pérez, participó del proceso junto a la fiscalía. El juez Fissore comunicará en los próximos días la fecha para la presentación de pruebas correspondiente a la audiencia de cesura de los padres, instancia en la que se fijará la condena definitiva dentro del margen legal establecido.

Apuñaló a un hombre y lo condenaron

R. R. González fue condenado a seis años de prisión efectiva por el Tribunal Colegiado de San Salvador de Jujuy por tentativa de homicidio, tras apuñalar a un hombre en una pelea callejera en el barrio Punta Diamante.

El hecho ocurrió en enero de 2026, alrededor de las 20.30, cuando la víctima, R. L. V., caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín al llegar a la calle Vuelta de Obligado. González y un grupo de familiares comenzaron a insultar a R. L. V., quien respondió. La situación escaló hasta convertirse en una pelea, momento en que el agresor extrajo un puñal y le provocó una herida en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también fue agredido por personas cuya identidad no pudo establecerse.

R. L. V. se retiró del lugar por sus propios medios y llegó a su domicilio, donde fue atendido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

La sentencia fue dictada por los jueces Rodolfo Miguel Fernández, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, quienes evaluaron testimonios y pericias médicas para determinar la responsabilidad penal del acusado. La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbello y la defensa, de la abogada Rita Luciana Vilte.

Un hombre quedó imputado y bajo prisión preventiva luego de que lo acusaran de haberle disparado en la cabeza a un amigo mientras dormía. Todo sucedió en la casa de la víctima, en la provicia de Neuquén.

En una audiencia celebrada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló los cargos correspondientes contra A. R. S. por el homicidio agravado por alevosía de Brian Matías Albornoz Matus.

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada en calle Misiones Final, del barrio Otaño, en Plaza Huincul. Según la reconstrucción presentada por el fiscal Matías Alonso, el imputado aprovechó la relación de amistad que lo unía a la víctima —quien le permitía dormir en su casa— para ingresar al cuarto donde Albornoz Matus descansaba.

El relato del funcionario fue escalofriante: “Aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraba Albornoz, el cual estaba acostado en su cama durmiendo, se acercó con sigilo, procurando no despertarlo y utilizando un arma de fuego —presumiblemente una pistola calibre 32— le apoya el caño en su cabeza y efectuó un disparo a quemarropa“.

El informe preliminar de autopsia determinó que el proyectil ingresó en la región parietal izquierda con una trayectoria de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo, lo que provocó la muerte inmediata de la víctima. Tras el disparo, A. R. S. abandonó el lugar. El cuerpo fue hallado posteriormente por un familiar del hombre de 29 años, tendido sobre la cama, según especificó el MPF.

En el lugar del hecho, los investigadores de la Policía provincial secuestraron vainas servidas y un proyectil compatible con un arma calibre .32.

La acusación fue formulada por el fiscal jefe Gastón Liotard y Alonso, quienes solicitaron que el imputado permaneciera detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, con fundamento en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Liotard subrayó que el arma utilizada aún no fue hallada. Agregó que el acusado brindó versiones evasivas al momento de ser entrevistado.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos y respaldó el pedido de prisión preventiva, aunque redujo el plazo solicitado por la fiscalía a un mes. Los peritos que trabajaron en la escena del crimen observaron que el cuerpo de Albornoz Matus no presentaba signos de defensa, lo que reforzó la teoría de que fue asesinado mientras dormía.

Lo declararon culpable por haber matado a su amigo de una puñalada

Un jurado popular declaró culpable a Juan Pedro Cides por el homicidio agravado por alevosía de su amigo Franco Daniel Ramírez, de 30 años, ocurrido durante una partida de truco en la que un comentario en tono de broma desencadenó el ataque mortal. El hecho tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Neuquén y el veredicto se conoció once meses después.

Según la reconstrucción presentada por la fiscal Laura Pizzipaulo, ambos consumían alcohol y jugaban a las cartas cuando Cides reaccionó con violencia ante una broma de la víctima. Tomó un arma blanca y le asestó una puñalada en el corazón a Ramírez, quien murió en el lugar. La fiscal calificó el ataque como “súbito y a traición” y subrayó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión, lo que la colocaba en una situación de vulnerabilidad.

El juicio incluyó testimonios presenciales, pericias y pruebas científicas que respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. Los 12 integrantes del jurado alcanzaron un veredicto unánime: Cides es penalmente responsable del delito que se le atribuye. El proceso penal, no obstante, aún no concluyó. La Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para el juicio de cesura, instancia en la que se establecerá la condena definitiva.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

La Justicia de Tucumán resolvió este miércoles absolver a César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos, la joven asesinada el 26 de febrero de 2006, en una decisión que llegó tras más de dos décadas del hecho.

La decisión se basó en el beneficio de la duda y también alcanzó a Sergio Kaleñuk, quien estaba acusado por encubrimiento y fue desvinculado de la causa. La resolución fue dictada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, luego de 14 jornadas de debate oral.

Con este fallo, el femicidio se mantiene impune, ya que no se logró establecer ningún autor.

Soto estaba señalado como presunto autor del asesinato de la joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció tirado al costado de la ruta un 11 de marzo.

No solo había sido estrangulada, sino que presentaba lesiones provocadas por arma blanca, marcas de quemaduras de cigarrillo, el cuero cabelludo desprendido y las huellas dactilares alteradas.

Este lunes, el padre de Lebbos había solicitado la recusación del fiscal de Cámara Carlos Sale, luego de que este retirara los cargos contra Kaleñuk. En la solicitud, reclamó que el representante del MPF había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada”.

Y es que el proceso judicial estuvo atravesado por irregularidades desde sus inicios. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Albaca fue sentenciado en 2021 a seis años de prisión por encubrimiento agravado.

También quedaron tras las rejas el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los ex jefes policiales Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito. El rol de la Policía tras la denuncia por desaparición en 2006 también fue juzgado, luego de haber alterado las actas del procedimiento para informar que el hallazgo fue producto de un rastrillaje realizado por efectivos de la comisaría local.

El caso

Paulina Lebbos desapareció la madrugada del 26 de febrero de 2006 tras haber salido con amigos y haberse dirigido al domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos al 1200. Los investigadores sostienen que allí se produjo una discusión que derivó en la muerte de la joven por asfixia. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año a la vera de la ruta 341, camino a Raco, donde las pericias determinaron que fue arrojada el mismo día en que ocurrió el asesinato.

En las horas previas al asesinato, la joven había ido a bailar al boliche “Gitana” y a la salida se subió a un remis Fiat Duna junto a una amiga, Virginia Mercado. A mediados de febrero pasado, la ex compañera de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Lebbos admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen con mentiras y omisiones clave. Los abogados defensores le recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. Lo hizo en una audiencia en donde los letrados solicitaron un juicio abreviado que el juez Patricio Agustín Prado rechazó e indicó que continúe su curso normal.

El magistrado entendió que el acuerdo no cumplía con los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de Tucumán para validar este tipo de procedimiento, cuando Mercado indicó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, declaró el padre de Paulina, Alberto Lebbos, quien estuvo presente en la audiencia.

En abril de 2006, la ciudad de Medicine Hat, en Canadá, quedó totalmente conmocionada luego de que hallen una familia completa asesinada. Marc, Debra y Tyler Jacob Richardson aparecieron muertos con heridas de arma blanca en su casa. La única sobreviviente fue Jasmine, hermana mayor de 12 años, que lejos de ser una víctima, cumplió un papel esencial en el crimen.

Allí entra el nombre de Jeremy Steinke, su novio adulto y con quien fueron actores materiales del crimen. El descubrimiento de los cuerpos ocurrió cuando un nene del barrio pasó por la casa y vio lo que creyó que era un cadáver a través de la ventana. Su madre alertó a la policía, que al llegar halló la escena: los padres en el sótano y el pequeño Tyler en la planta superior, todos con múltiples heridas de arma blanca. En un primer momento, la desaparición de la mujer llevó a pensar en un posible secuestro.

El caso generó una ola de horror y debate en la opinión pública canadiense. La combinación de la extrema juventud de la autora, la brutalidad de los hechos y la implicación de un adulto en la trama criminal puso en cuestión la eficacia de la protección familiar, la influencia de internet y los límites del sistema penal juvenil. La historia de la familia Richardson sigue siendo uno de los episodios criminales más perturbadores en la historia contemporánea del país.

Quiénes eran Jasmine Richardson y Jeremy Steinke

Antes del crimen, Jasmine Richardson era reconocida como una estudiante aplicada y sociable, apreciada por sus compañeros y profesores. Hija de Debra y Marc, la familia había superado dificultades económicas y problemas de adicción en el pasado, logrando finalmente comprar una casa y estabilizarse. Jasmine destacó en la escuela y participó en actividades como un programa de bellas artes. Sin embargo, su vida dio un giro cuando comenzó a frecuentar internet y las redes sociales, donde mintió sobre su edad y se sumergió en la subcultura gótica. Allí, manifestó intereses por temáticas oscuras, incluyendo asesinos en serie.

Fue en este entorno donde conoció a Jeremy Steinke, un hombre 11 años mayor. Nacido en 1983, tuvo una infancia marcada por el abuso y la inestabilidad. Su mamá sufría alcoholismo y las parejas de ella lo maltrataban, llegando incluso a episodios de violencia extrema. Diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, experimentó acoso escolar, abandono educativo y un temprano consumo de sustancias. Adoptó una identidad gótica extrema, afirmando ser un “hombre lobo de 300 años” y llevando un frasco de sangre como colgante.

La relación se consolidó a través de internet y encuentros en persona, a pesar de la oposición férrea de la familia de ella. Él era conocido en foros y redes como “Soul Eater” (Devorador de almas) y publicaba mensajes inquietantes sobre violencia y desprecio social. Ambos compartían afinidad por la cultura gótica y la fascinación por lo macabro, lo que terminó tensando peligrosamente la convivencia familiar. La historia de Jasmine y Jeremy terminó por convertirse en un caso paradigmático de cómo las influencias externas y las relaciones virtuales pueden desembocar en consecuencias impredecibles y trágicas.

Cómo se desarrolló el crimen de la familia Richardson

El crimen fue precedido por un proceso de planificación que involucró tanto a Jasmine Richardson como a Jeremy Steinke. Tras la prohibición impuesta por los papás a la relación, la pareja consideró la eliminación de los “obstáculos” como única solución para poder estar juntos. Utilizaron mensajes electrónicos y textos para coordinar sus intenciones, llegando a discutir abiertamente el asesinato de Marc y Debra.

La noche del 23 de abril de 2006, la secuencia de hechos tuvo una violencia extrema. Jasmine dejó abierta una ventana del sótano para facilitar la entrada de Steinke, quien portaba un cuchillo y una máscara de neopreno. La mamá fue la primera en despertar y enfrentarse al atacante, recibiendo al menos una docena de puñaladas. El papá intentó defender a su esposa con un destornillador, pero fue superado y apuñalado más de 20 veces. Ambos cuerpos quedaron en la planta subterránea de la casa.

Mientras tanto, en la planta superior, ella se dirigió al cuarto de su hermano menor, Tyler Jacob, de ocho años. Los relatos difieren en cuanto a la autoría directa, pero las pruebas señalan que Jasmine participó activamente en el asesinato del niño, quien fue apuñalado y degollado en su cama. Jasmine más tarde alegó que no quería dejarlo huérfano, lo que la impulsó a actuar.

La pareja abandonó la escena del crimen y escapó en una camioneta conducida por una amiga de Steinke. Antes de huir, según testigos, acudieron a una fiesta, donde se mostraron ajenos a la gravedad de lo sucedido y llegaron a presumir de los hechos. No existía un plan de fuga elaborado; simplemente buscaron refugio en la ciudad de Leader, Saskatchewan, donde fueron localizados y detenidos al día siguiente.

Cuál fue la condena de Jasmine y Jeremy

La investigación policial avanzó con rapidez gracias a las pruebas digitales halladas: mensajes en internet y en redes sociales que detallaban el plan homicida. Ambos fueron detenidos apenas un día después del triple asesinato. Los testimonios y las pruebas físicas permitieron reconstruir los hechos y determinar la participación activa de ambos en cada uno de los homicidios.

Durante el proceso judicial, ella fue juzgada bajo la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Canadá. En 2007, fue encontrada culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. La sentencia máxima permitida para su edad fue de 10 años de internamiento intensivo con supervisión y rehabilitación, divididos entre estancia en una institución psiquiátrica y un periodo bajo supervisión condicional. En las evaluaciones psiquiátricas posteriores, se le diagnosticaron trastorno de conducta y trastorno negativista desafiante, lo que motivó su ingreso en un extenso programa de rehabilitación.

Jeremy Steinke, juzgado como adulto en 2008, fue declarado culpable de los mismos tres cargos y condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional tras 25 años de prisión. Durante su proceso, se conocieron detalles de su pasado violento y su falta de remordimiento en las primeras etapas tras el crimen. Tras la condena, adoptó el nombre de Jackson May y actualmente permanece en prisión.

Jasmine Richardson recuperó su libertad en 2016, cuando tenía 22 años, y su historial penal fue borrado formalmente en 2020. Vive bajo una identidad protegida y su paradero actual es desconocido. Los informes de rehabilitación presentados ante el Tribunal Superior de Justicia indicaron que mostró arrepentimiento y deseos de expiar sus crímenes, aunque persisten dudas en algunos sectores de la policía sobre su verdadera reintegración. Desde su liberación, no existen registros de reincidencia.

El sábado pasado, en El Choconcito, provincia de Neuquén, Sebastián Duarte Vargas de 34 años fue victima de un brutal homicidio: fue apuñalado luego de que le vociferen insultos racistas. El principal sospechoso del crimen, identificado por cámaras de seguridad, se entregó este lunes acompañado de su abogado en el Ministerio Público Fiscal.

El presunto agresor, identificado como J. J., era buscado desde el fin de semana luego de que la investigación judicial determinara que los insultos xenófobos y la nacionalidad de las víctimas fueron el desencadenante del fatal episodio.

La detención apunta a esclarecer el asesinato de Vargas, ocurrido la tarde del sábado en una vivienda donde residía un grupo de ciudadanos paraguayos tras una jornada laboral. En medio de la conmoción por el crimen, los vecinos de la zona atacaron la vivienda del acusado. Frente a esto, el comisario Sergio Llaytuqueo aseguró: “No la prendieron fuego, pero la rompieron”.

Una vez detenido, el fiscal Andrés Azar ordenó que el sospechoso permaneciera aprehendido en una comisaría, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En este marco, la Fiscalía imputó a J. J. por el delito de homicidio simple en carácter de autor, y solicitó la prisión preventiva mientras se desarrollan las pruebas fundamentales y los peritajes pendientes. Durante la audiencia se prevé analizar los riesgos procesales, ya que, aunque el imputado se presentó por voluntad propia, no lo hizo cuando la Policía ya lo buscaba activamente.

El pedido no fue objetado por la defensa, y la jueza de garantías Juan Guaita avaló tanto la imputación como la medida cautelar de detención por 15 días. Paralelamente, estableció el plazo de 4 meses para esclarecer el caso para que el Ministerio Público Fiscal reúna pruebas y testimonios. Hasta el momento, las autoridades descartan la participación de terceros y mantienen como hipótesis principal que el agresor actuó solo.

El ataque racista que terminó en homicidio

El hecho tuvo lugar el 2 de mayo entre las 18:15 y las 18:45, sobre la vereda de una vivienda en el área conocida como El Choconcito. Duarte Vargas se encontraba con varios trabajadores que habían realizado tareas de pintura y presenciaron la agresión. Según la reconstrucción del crimen, el acusado comenzó a hostigar al grupo con gritos racistas.

Luego de esta situación, procedió un cruce verbal y, terminó en la agresión física con un cuchillo. El ataque se produjo en cuestión de segundos. Según describió el Ministerio Público, luego de la puñalada, parte de la hoja del arma quedó en la escena. Vecinos asistieron a la víctima y lo trasladaron de urgencia a un centro sanitario, donde Duarte Vargas perdió la vida.

Durante la reconstrucción policial, se estableció que Duarte Vargas residía en Cipolletti y solo estaba en el lugar para asistir al dueño de la vivienda, quien fue el primero en salir a enfrentar a su agresor y recibió un golpe de puño.

Las pericias realizadas sobre el cuerpo determinaron que el fallecimiento fue producto de la herida abdominal provocada con un cuchillo de cocina, que dañó la aorta. Este detalle fue confirmado por el comisario y director de Delitos de la Policía de Neuquén, Sergio Llaytuqueo, quien destacó que la lesión no fue detectada de inmediato debido a la naturaleza silenciosa de las heridas de arma blanca. La data de la muerte se fijó cerca de las 23:30.

Además, el comisario contó que testigos revelaron haber escuchado al agresor “vociferar comentarios xenófobos hacia la nacionalidad de las personas presentes”, incluyendo la frase “volvete a tu país”, antes de asestar la estocada fatal y huir de la escena.

El viernes pasado durante la madrugada, ocurrió una fatal pelea en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata, donde falleció un hombre tras ser apuñalado. La víctima fue identificado como Luis Alberto Cardozo Cubilla, de 29 años y luego de días de conmoción, la mamá relató un crudo testimonio. Zoraida, madre de Cubilla, habló sobre el dolor que sufrió su familia tras el asesinato del joven durante el 1° de mayo. “Ya tenía algo en la mente”, dijo la mujer al hablar sobre el asesino.

La investigación, que incorporó pruebas centrales en las últimas horas, permitió que el único detenido, Pablo Alexis A. de 22 años, quedara imputado formalmente. La intensidad emocional del caso crece a medida que los detalles del ataque salen a la luz y marcan un antes y un después en el entorno cercano de la víctima. En este marco, la mamá del jóven expresó: “La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”.

“Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Aclaró los rumores del vínculo entre la víctima y el imputado: “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”.

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, resultado de una herida de arma blanca. Este hallazgo forense, difundido por 0221, proporciona el marco clínico y decisivo para entender la gravedad del episodio. El desenlace del caso fue inmediato tras la agresión ocurrida durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143.

En el transcurso de la causa, la Fiscalía incorporó declaraciones de testigos presenciales y registros fílmicos, elementos que resultaron determinantes para reconstruir el momento exacto en el que Pablo Alexis A. atacó a Cubilla. El acusado manifestó una conducta que, de acuerdo al relato de Zoraida, era “cargosa y maleducada” hacia varias asistentes a la fiesta. Por este motivo es que la víctima intervino y le habría reprochado: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Este intercambio verbal derivó en una confrontación física. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Cubilla le dio una cachetada y otra persona logró separar a ambos, tras lo cual el hombre se retiró momentáneamente solo para regresar segundos después. Apoyado en los registros, el informe señala que el acusado regresó armado y atacó a Cubilla con una cuchilla, hiriéndolo a la altura de la axila izquierda.

Los presentes identificaron al agresor y lo señalaron ante la policía, que logró detenerlo a pocas cuadras del lugar. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, pero los médicos no lograron salvar su vida.

Al habla de su hijo, Zoraida lo recordó con mucho cariño: “Le decíamos ‘Boscacha‘. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor. Era el que te subía el autoestima en todo”. Cerró con un mensaje final: “Que la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”.

El acusado fue indagado por el fiscal Martín Almirón, sin embargo, el joven se negó a declarar. En esta línea, la causa podría avanzar hacía el dictado de la prisión preventiva y luego a un juicio oral. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer el motivo exacto que desencadenó el brutal enfrentamiento. Los elementos probatorios recogidos, en particular el video incorporado al expediente, refuerzan la hipótesis de una pelea espontánea sin antecedentes de conflicto previo.

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata. El fatal episodio ocurrió luego de una pelea registrada alrededor de las 4:00 de este viernes, sobre la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. El caso ha generado conmoción en el barrio, al surgir en el contexto de una pelea asociada al consumo de alcohol y durante la celebración del Día del Trabajador.

La victima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, un hombre de 29 años. Según informaron las fuentes policiales, Cubilla se encontraba en la vereda junto a un grupo de hombres donde varias personas consumían alcohol. Aunque aún no se esclarecieron las razones, en el lugar se desató una pelea que escaló con rapidez cuando uno de los presentes apuntó con un arma blanca.

Luego, lo apuñaló a Cubilla en la zona abdominal, dejandole una herida que le costaría la vida. El presunto agresor, un joven de 22 años, intentó huir tras herir a Cardozo Cubilla, pero fue capturado por la Policía poco después, de acuerdo a la reconstrucción inicial del caso. La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde falleció debido a la gravedad de la herida, confirmó el medio 0221.

El sospechoso, identificado con las iniciales P.A.A., fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, bajo la órbita del fiscal Martín Almirón. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar pruebas. El detenido prevé tomar declaración indagatoria en las próximas horas en la causa que se caratuló como homicidio. Los investigadores también precisaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el victimario.

Las primeras hipótesis del crimen

Tras el crímen, trascendió un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchan gritos, rotura de vidrios y pedidos de socorro: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. En medio de las investigaciones policiales, las imágenes también donde también se registran corridas e insultos podrían ser clave. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para relevar pruebas, en tanto la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.

De acuerdo a un jefe policial citado por Diario Hoy: “Se trató de una pelea de borrachos, se desconocieron y uno atacó al otro”. En las próximas horas, será indagado bajo el cargo de “homicidio”.

Este es el segundo asesinato en tres días en La Plata. El miércoles, una mujer fue asesinada tras una violenta discusión dentro de un comercio. El episodio, que ocurrió durante la tarde, involucró un altercado que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión fatal. Testigos relataron que la víctima y otra persona discutieron acaloradamente, lo que derivó en una agresión física que terminó con la vida de la mujer en el mismo lugar.

La investigación, a cargo de la fiscalía local, evalúa varias hipótesis, entre ellas un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o un femicidio. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y los responsables del ataque continúan prófugos, aunque la policía cuenta con descripciones físicas de los sospechosos y analiza las cámaras de seguridad del comercio y la zona para reconstruir lo sucedido.

Los hechos intensificaron el clima de preocupación en la ciudad, donde los reclamos por mayor seguridad y respuestas de las autoridades se multiplicaron en los últimos días. Los vecinos señalaron que hechos como estos se han vuelto recurrentes, generando un estado de alerta y desconfianza en torno a la respuesta estatal ante la inseguridad.

Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. (Southcom) aseguró que "bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación", sentenció el Southcom.

De acuerdo a la "inteligencia militar" del país norteamericano, la embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico.

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses fue herido o sufrió daño.

La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado operativos militares en la zona del Caribe, que luego extendieron al Pacífico, y así han asesinado a un centenar de personas en aguas internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por "los operativos letales" de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, "en violación al derecho internacional".

El caso no es aislado. En lo que va del 2026, se han reportado cerca de 120 atentados en Tumbes, una cifra que refleja una preocupante tendencia: prácticamente un ataque por día. La situación ha generado alarma entre los comerciantes, quienes aseguran vivir bajo constante amenaza, mientras las autoridades intentan contener una ola delictiva que ya ha provocado cambios en el alto mando policial.

Extorsión, dinamita y miedo: así operan las bandas criminales en Tumbes

El atentado más reciente tuvo como objetivo una cevichería ubicada en la intersección de las calles Arica y Piura. De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, un sujeto merodeó la zona en al menos tres ocasiones antes de colocar un artefacto explosivo que detonó minutos después. El hecho ocurrió durante la madrugada, una modalidad recurrente utilizada por los delincuentes para amedrentar sin causar víctimas directas, pero generando un fuerte impacto psicológico.

El propietario del negocio venía siendo víctima de extorsiones desde abril, cuando comenzó a recibir amenazas en las que le exigían el pago de 12 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida, su familia o su establecimiento. La presión aumentó tras el atentado, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica: enviar a su familia a Lima para protegerla de posibles represalias.

Según reportes locales, los ataques no solo están dirigidos a grandes empresarios. La delincuencia ha ampliado su rango de víctimas, alcanzando a pequeños negocios familiares e incluso a ciudadanos sin actividad comercial visible. En varios casos, basta con tener una vivienda considerada “de buen nivel” para convertirse en objetivo de estas organizaciones criminales.

Crisis de seguridad: cambios policiales y crimen organizado en la frontera

El incremento de la criminalidad en Tumbes ha puesto en evidencia las dificultades de las autoridades para contener el avance de las bandas. En menos de dos años, la región ha tenido tres cambios de generales en la Policía, una señal de los problemas estructurales en la estrategia de seguridad.

A esto se suma un factor clave: la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la frontera. De acuerdo con información recogida en la zona, grupos delictivos provenientes de Ecuador habrían establecido alianzas con bandas locales, generando una disputa por el control territorial. Este escenario ha derivado en un cambio de dinámica: si antes los enfrentamientos eran entre delincuentes, ahora los ataques se dirigen directamente contra la población.

Las cifras también reflejan la gravedad del problema. Se reportan cerca de 50 homicidios en lo que va del año, además de los más de 120 atentados con explosivos o ataques armados. Comerciantes y vecinos coinciden en que el patrón es similar: amenazas previas, exigencias económicas y, en caso de no pagar, atentados durante la madrugada.

La situación mantiene en alerta a la ciudadanía, especialmente a quienes dependen de pequeños negocios para subsistir. Mientras tanto, la expectativa se centra en las nuevas estrategias que pueda implementar el comando policial recientemente designado, en un contexto donde la extorsión en Perú continúa expandiéndose y afectando cada vez a más sectores.

Números ante casos de extorsión

El Ministerio del Interior recordó a la ciudadanía que están disponibles, las 24 horas del día y los 365 días del año, los siguientes números de atención ante casos de extorsión:

• 1818: Central Única de Denuncias del Mininter.
• 111: Central contra Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de estas líneas, las personas pueden informar que han sido víctimas de este delito y permitir que las autoridades activen los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el sondeo, difundido este lunes, el nivel de aprobación es dos puntos menor que el que obtuvo en marzo, y 17 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 32 %, tres puntos porcentuales más que en marzo, y 17 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

De acuerdo con la encuesta, el viaje de la presidenta a España, para acudir a la Cumbre en Defensa de la Democracia, obtuvo 55 % de opinión favorable; mientras que la noticia del derrame de Pemex, y que no se haya informado al respecto alcanzó 72 % de opiniones desfavorables.

Respecto a las percepciones de desempeño de gobierno, la encuesta registró por segundo mes consecutivo una baja en la opinión favorable sobre el manejo de la economía al llegar a 48 %, siete puntos menos que el 55 % que logró en marzo.

La encuesta también registró una baja sustancial en la percepción de desempeño en materia de seguridad pública, al pasar de 42 a 32 %, 10 puntos menos entre marzo y abril. Y hubo una ligera baja en la opinión favorable respecto a los apoyos sociales, de 70 a 67 % en ese mismo lapso.

En contraste, la encuesta mostró una mejoría en las percepciones de desempeño en materia de corrupción, al subir de 19 a 31 % las opiniones favorables en el último mes, aunque una mayoría de 59 % continuó expresando opiniones negativas.

En el sondeo realizado a 800 mexicanos, el 51 % consideró que la inseguridad pública sigue siendo el principal problema del país.

Una buena parte del sondeo se realizó antes de que autoridades norteamericanas solicitaran la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e incluso antes de que se diera la noticia sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.

Finalmente, en cuanto a la relación entre Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 37 % de los encuestados la calificaron como “muy bien” o “bien”; mientras que el 47 % señalaron que está “mal” o “muy mal”.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 16 al 21 y del 22 al 28 de abril, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.

Tras varios días de búsqueda, la Policía Nacional del Perú encontró los restos del guía en condiciones estremecedoras dentro de una vivienda en la asociación Manantiales del Inca. El hallazgo no solo confirmó su muerte, sino que reveló un escenario marcado por la ferocidad del crimen, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en las hipótesis sobre quiénes participaron y cuál fue el verdadero móvil detrás del asesinato. .

¿Qué se sabe del crimen de Rudhy Benavides y cuáles son las principales pistas?

Las primeras diligencias de la investigación policial señalan que Rudhy Benavides fue visto por última vez tras reunirse con dos jóvenes: Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de 21 años. Según la reconstrucción preliminar, el encuentro habría continuado en la vivienda de uno de ellos, donde consumieron alcohol durante varias horas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el crimen se habría producido cuando la víctima quedó inconsciente. En ese momento, los sospechosos habrían ejecutado un ataque coordinado utilizando un arma blanca y objetos contundentes. Este detalle es clave dentro de la hipótesis fiscal, ya que refuerza la figura de homicidio agravado por ferocidad, una de las tipificaciones más severas en el sistema penal peruano.

Uno de los elementos más perturbadores del caso es lo encontrado en la escena: restos humanos distribuidos en recipientes, utensilios de cocina y ollas con evidencias de cocción. Para los investigadores, esto no solo apunta a un intento de desaparición de pruebas, sino también a una posible planificación posterior al crimen. No se descarta que los implicados hayan intentado eliminar cualquier rastro biológico o incluso manipular los restos para evitar su identificación.

Otra pista clave surgió gracias a un informante anónimo y a la denuncia de la familia, especialmente de la madre de la víctima, quien impulsó la búsqueda desde el primer momento. La intervención del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) permitió ubicar el inmueble exacto, donde además se encontraron herramientas presuntamente utilizadas en el asesinato, como cuchillos y un martillo con rastros biológicos.

Principales sospechosos y antecedentes: lo que revela la investigación

Hasta el momento, Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco son considerados los principales sospechosos del asesinato de Rudhy Benavides. Ambos cumplen detención preliminar mientras el Ministerio Público reúne pruebas para sustentar un eventual pedido de prisión preventiva.

El perfil de los detenidos ha encendido nuevas alarmas. Según registros policiales, uno de ellos presenta antecedentes por acoso sexual y denuncias por violación sexual, incluyendo casos que involucran a menores de edad. Este historial es ahora parte central de la investigación, ya que podría evidenciar un patrón de conducta violenta previo al crimen.

Vecinos de la zona también han aportado testimonios relevantes. De acuerdo con sus declaraciones, la vivienda donde ocurrió el asesinato era escenario frecuente de reuniones con consumo excesivo de alcohol, presencia de desconocidos y constantes disturbios. Estas advertencias habrían sido reportadas anteriormente, pero sin intervenciones que lograran frenar la situación.

Para la Fiscalía, el móvil aún no está completamente definido, pero la hipótesis principal gira en torno a la violencia extrema sin provocación directa, lo que encajaría en la figura de ferocidad. No obstante, los investigadores no descartan otros factores, como conflictos personales, consumo de sustancias o incluso una escalada de violencia espontánea.

Mientras tanto, la comunidad cusqueña sigue exigiendo respuestas. El caso ha impactado especialmente al sector turismo, donde Rudhy Benavides era conocido como el “Embajador de los Andes”. Su muerte ha dejado un vacío no solo en su entorno familiar, sino también en una actividad clave para la economía local.

El caso ha generado conmoción en Huaraz, donde los familiares de Hermes Martín Flores Ríos exigieron justicia en los exteriores de Medicina Legal y la División de Investigación Criminal (Divincri).

Según lo reportado por Domingo al Día, la presunta autora del ataque, Mayra Cuevas Rojas, fue confrontada por los allegados de la víctima cuando salía custodiada por el Ministerio Público. Testigos narraron que la mujer arrojó una piedra hacia la camioneta oficial, mientras los gritos de los familiares evidenciaban la indignación por la muerte de Flores Ríos.

Uno de los familiares expresó a Domingo al Día: “Que llegara a terminar en manos de una mujer tóxica, una mujer prácticamente incoherente. Terminar de esa forma, eso no se lo deseo a nadie y una impotencia de quizás tomar represalias en este caso.”

Hallazgo y detención

La noche del 30 de abril, el cuerpo de Hermes Flores Ríos fue hallado en el interior de la vivienda ubicada en el jirón San Sebastián, dentro del barrio La Pradera, según confirmó el Ministerio Público y reportó áncash Noticias. Las autoridades identificaron una herida por arma punzocortante a la altura del pecho. El levantamiento del cadáver se realizó en coordinación con personal de Medicina Legal y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

En el inmueble, los agentes intervinieron a Mayra Cuevas Rojas, quien, de acuerdo con información preliminar recabada por la policía y citada por SOL TV, habría sostenido una discusión con la víctima antes del ataque y ambos habrían consumido bebidas alcohólicas en el domicilio. Cuevas fue trasladada a la División de Investigación Criminal de Huaraz para las primeras diligencias.

Investigación bajo presunto parricidio

El Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión del delito de parricidio. La fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa de Huaraz, Luisa Jaeger Lavarello, señaló que se efectuó la necropsia correspondiente, la cual determinó que la lesión sufrida por Flores Ríos habría provocado un shock hipovolémico. La causa exacta de la muerte será confirmada tras la conclusión de exámenes auxiliares.

Las diligencias buscan esclarecer la participación de Mayra Cuevas Rojas, quien convivía con la víctima y cursa un embarazo de siete semanas. Según declaraciones recogidas por Domingo al Día, la ruptura del vínculo sentimental entre ambos podría haber sido el detonante del ataque. La situación jurídica de Cuevas será definida conforme avance la investigación, bajo el principio de presunción de inocencia y respeto al debido proceso.

Exigen justicia

La familia de Hermes Flores Ríos permanece a la espera de respuestas y reclama la máxima sanción para la responsable si se confirma su culpabilidad. En las afueras de la sede policial, portando pancartas y lanzando consignas, los allegados realizaron un plantón para exigir el esclarecimiento de los hechos, según lo relatado por Domingo al Día.

Por su parte, las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación y que todas las pruebas recopiladas en la escena serán analizadas para determinar responsabilidades.

La comunidad de Huaraz sigue expectante ante el desarrollo de este proceso, que ha puesto en el centro del debate la violencia en el entorno doméstico y la respuesta institucional frente a crímenes de esta naturaleza.

A tres días del asesinato que conmocionó a La Plata, la investigación por el crimen de Paula Lastiris (47) en un cotillón de la calle 37 entre 9 y 10 avanza con nuevos elementos que complejizan el caso y abren interrogantes sobre el móvil del ataque. Luego de que se descartara el móvil económico, las autoridades evaluarían si se habría tratado de un femicidio.

Mientras la Fiscalía N° 17, encabezada por María Eugenia Di Lorenzo, intensifica las medidas para esclarecer los hechos, el principal acusado, identificado como L.O.A., de 49 años, permanece detenido sin haber declarado ante la justicia. No obstante, en las últimas horas surgió una línea investigativa producto de la relación que habrían mantenido la víctima y el sospechoso.

A partir de las declaraciones recabadas en el expediente, los investigadores indicaron que estos refirieron a una relación tensa por el alquiler del local donde funcionaba el cotillón. Sin embargo, la aparición de una serie de episodios de malos tratos hacia Lastiris estaría bajo análisis.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, no se revelaron elementos que expliquen de manera concluyente el motivo del ataque, lo que mantiene el caso en una etapa clave para la definición de la acusación.

En paralelo, las autoridades judiciales confirmaron que la hipótesis de un conflicto económico fue descartada tras corroborar que la víctima y su pareja mantenían el alquiler al día. Incluso, verificaron que el propietario del inmueble no se había presentado a cobrar el pago correspondiente a abril.

Como parte de los nuevos elementos que se sumaron al expediente, indicaron que la familia de Lastiris aportó documentación que certificó la regularidad de los pagos, eliminando así de forma definitiva este posible móvil, que había sido señalado en las primeras horas de la investigación.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio, pero la fiscal no descartaría avanzar con el cambio de calificación a femicidio. Este cambio de figura penal implicaría una agravante significativa y la pena de prisión perpetua en caso de condena. Sin embargo, esto dependerá de la valoración que pudiera realizar el Juzgado de Garantías.

De igual forma, aún estarían pendientes los resultados del informe final de la autopsia, que precisará la mecánica de las heridas sufridas por la víctima, y diversas pericias psicológicas y psiquiátricas que fueron practicadas al acusado.

Los detalles del caso

Lastiris fue asesinada de un disparo la tarde del miércoles. Pese a que llegó a ser trasladada hacia el Hospital San Martín, su estado era crítico y murió horas después debido a la herida sufrida. El presunto autor del disparo fue localizado y detenido a pocas cuadras del lugar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, un hombre ingresó al comercio y disparó contra la mujer que atendía el local. Tras el llamado al 911, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al sitio y, con datos aportados por testigos y vecinos, desplegaron un operativo cerrojo.

La policía, asistida por motos del Escuadrón Motorizado, los efectivos de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y del Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU), localizó al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras del lugar del crimen.

Al momento de la aprehensión, se le secuestró un revólver, presuntamente utilizado en el ataque. El detenido fue identificado y quedó alojado en una dependencia policial. En el lugar del hecho se presentó Walter, quien se identificó como esposo de la víctima.

Finalmente, el juez de Garantías Pablo Nicolás Raele avaló el pedido de la fiscal y convirtió la aprehensión en detención formal. Al momento de la indagatoria, L.O.A. se abstuvo de declarar por consejo de su defensor.

Un hombre, identificado como Sergio L, fue detenido con prisión preventiva de 30 días tras ser acusado de participar en la eliminación remota de chats y archivos de WhatsApp de un celular incautado por Asuntos Internos en Rosario. La medida fue ordenada durante la audiencia imputativa a cargo del juez Lisandro Artacho, quien formalizó la acusación contra el imputado.

Según reportó la Fiscalía este viernes, la hipótesis principal del Ministerio Público de la Acusación indica que la supresión de los datos, tenia como objetivo alterar evidencia digital relevante para una investigación penal en desarrollo. El delito comenzó el 21 de mayo de 2025.

El expediente sostiene que, tras recuperar la libertad por una causa de falso testimonio, Norma A, madre del sospechoso, denunció la pérdida del teléfono en una sucursal de Personal. De esa manera, obtuvo una nueva tarjeta SIM y, posteriormente, se reunió con Sergio L, quien posee experiencia en reparación de celulares y conocimientos informáticos.

Detallaron que ambos instalaron la SIM en otro aparato, reactivaron la cuenta de WhatsApp mediante la cuenta de Gmail asociada al dispositivo y, desde ese momento, procedieron a eliminar de forma remota diversos mensajes, imágenes y archivos. Este material incluía conversaciones con terceras personas, así como con funcionarios públicos aún no identificados.

En este marco, el fiscal Pablo Socca imputó a Sergio L por violación de sellos y documentos, en calidad de coautor, y destacó que otras personas permanecen bajo investigación en torno a los hechos reportados por el Ministerio Público.

Hasta ahora, la defensa del aprehendido no realizó declaraciones públicas y no trascendieron versiones oficiales sobre posibles medidas adicionales. El Ministerio Público de la Acusación continúa investigando la posible existencia de una red de complicidades, con la atención puesta en eventuales vínculos entre los imputados y funcionarios públicos.

Por otro lado, la prisión preventiva de 30 días dictada busca evitar cualquier intento de entorpecimiento adicional de la investigación. La Justicia suele adoptar medidas restrictivas de la libertad cuando existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o la reiteración de conductas orientadas a destruir o modificar pruebas relevantes.

La pena por el delito de violación de sellos y documentos puede ser de 6 meses a 2 años de prisión, dependiendo de la gravedad y del impacto de la maniobra sobre la causa principal. Si se llegara a comprobar la participación de más personas, especialmente funcionarios públicos, la situación procesal de los acusados podría agravarse y derivar en imputaciones adicionales, como encubrimiento o asociación ilícita.

Este episodio también expone la necesidad de reforzar los protocolos de custodia de dispositivos electrónicos y de actualizar las prácticas judiciales frente a la creciente importancia de la evidencia digital. La sustracción o eliminación de información almacenada en la nube plantea nuevos desafíos para fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, que deben garantizar la preservación de datos en contextos de alta sensibilidad judicial.

Cuatro imputados por extorsión en Rosario

En otro caso también trascurrido en la ciudad de Rosario, tuvo como causa principal la busqueda a desaparición de Alicia Isabel Godoy. La mujer de 30 años fue vista por última vez el 4 de abril y su búsqueda derivó en las últimas horas en la imputación de cuatro personas acusadas de extorsionar a la familia de la víctima. Según la investigación del fiscal Gastón Ávila, los acusados se contactaron con allegados a González y exigieron sumas de dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero, en un contexto de profunda angustia e incertidumbre para los familiares.

La investigación sostiene que su desaparición podría estar vinculada a una presunta deuda por drogas y a la acción coordinada de un grupo que la privó de su libertad y exigió dinero a sus familiares bajo amenazas.

Su familia denunció que, tras la desaparición, comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios, en los que los extorsionadores exigían pagos y transferencias a cambio de supuesta información sobre el paradero de la joven. En el contexto de estas maniobras, llegaron a entregar bienes y realizar movimientos de dinero a cuentas asociadas a dos de las imputadas.

La fiscalía atribuyó a seis personas haber actuado en conjunto, aunque la jueza Luciana Vallarella desvinculó a dos de ellas y confirmó la prisión preventiva para tres acusados: dos mujeres, Ana y María, y un hombre, Gastón. Un cuarto imputado, Yonatan, quedó en libertad con restricciones. La investigación detectó, además, el funcionamiento de una estructura de microtráfico de drogas en la zona sur, con roles definidos y múltiples puntos de venta de cocaína.

Alicia Isabel Godoy continúa desaparecida y la causa judicial sigue abierta, con el objetivo de esclarecer tanto su paradero como el posible vínculo entre la extorsión sufrida por su familia y las actividades delictivas de los acusados.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de su programa ProCiencia, lanzó el concurso “Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen”, iniciativa orientada a promover investigaciones científicas y soluciones tecnológicas que contribuyan a prevenir y combatir la criminalidad violenta en el país.

Según informó Andina Noticias, la convocatoria busca generar conocimiento aplicable y herramientas transferibles que puedan ser utilizadas por las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para fortalecer las estrategias de prevención, control y respuesta frente a delitos de alto impacto.

El concurso también pretende articular el trabajo de investigadores, universidades, entidades públicas y organizaciones vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), con el fin de facilitar la implementación de tecnologías y propuestas innovadoras en políticas públicas relacionadas con la seguridad.

Priorizarán proyectos sobre criminalidad y economías ilegales

De acuerdo con el Concytec, las investigaciones deberán enfocarse en problemas vinculados a la criminalidad violenta y delitos críticos como homicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y otras actividades asociadas a economías ilegales contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

La entidad precisó que las propuestas tendrán que alinearse a una de las tres líneas prioritarias de ciencia, tecnología e innovación definidas para el concurso. Estas áreas fueron identificadas previamente en un informe elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del Concytec.

Entre las líneas priorizadas destacan:

• Prevención del delito mediante patrullaje inteligente.
• Investigación e inteligencia digital a través de análisis forense digital e interoperabilidad.
• Investigación en ciencias sociales para evaluar respuestas estatales frente a fenómenos criminales y economías ilegales.

Asimismo, el programa busca fortalecer estudios relacionados con cultura política, acción ciudadana y legitimidad institucional, con el objetivo de mejorar la comprensión de los factores sociales vinculados a la inseguridad y la violencia.

Financiamiento hasta S/ 400 mil

El concurso contempla la entrega de al menos 12 subvenciones económicas no reembolsables para financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El monto máximo de financiamiento podrá alcanzar los S/ 400.000 por iniciativa, dependiendo de la modalidad de postulación.

Según detalló Concytec, las subvenciones estarán distribuidas en tres categorías estratégicas. La primera corresponde a proyectos de investigación en ciencias sociales, que podrán acceder a financiamiento de hasta S/ 130.000, mientras que la segunda modalidad está orientada a proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico avanzados, con montos de hasta S/ 200.000.

La tercera categoría corresponde a proyectos multidisciplinarios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, cuyo financiamiento máximo asciende a S/ 400.000. Además, el plazo de ejecución de las iniciativas seleccionadas será de hasta 18 meses.

¿Quiénes podrán postular?

La convocatoria está dirigida a universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidades públicas vinculadas al Sinasec, ministerios, centros de investigación, instituciones dedicadas al desarrollo tecnológico, organizaciones privadas sin fines de lucro y empresas peruanas.

Asimismo, las propuestas deberán contar con entidades asociadas nacionales o extranjeras, entre ellas universidades, institutos de educación superior, centros de investigación y empresas vinculadas al ámbito científico y tecnológico, con el objetivo de fortalecer el componente técnico y multidisciplinario de los proyectos.

Según informó Andina Noticias, las consultas sobre las bases del concurso podrán realizarse hasta el 11 de mayo de 2026, mientras que la publicación de las bases integradas está prevista para el 21 de mayo. El cierre de postulaciones será el 2 de julio de 2026 y los resultados se conocerán a partir del 30 de octubre del mismo año.

A once meses de la trágica madrugada, en la que Juan Pedro Cides apuñaló y mató a su amigo Franco Daniel Ramírez mientras jugaban un partido de truco, la Justicia de Neuquén condenó a Cides como el autor penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía. Aunque todavía resta definir la pena, el acusado podría llegar a recibir una condena perpetua.

Todo ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando un comentario en tono de broma habría desatado el ataque mortal. Según la reconstrucción presentada por la fiscal Laura Pizzipaulo, la agresión ocurrió de manera repentina cuando ambos consumían alcohol y jugaban a las cartas.

En respuesta a la broma de la víctima, Cides reaccionó con furia al comentario, tomó un arma blanca y asestó una puñalada directamente al corazón de su amigo. La agresión resultó letal, por lo que dejó sin vida al joven en el lugar.

Según la información recopilada por El Doce.tv, la fiscal Pizzipaulo argumentó ante el tribunal que se trató de un ataque “súbito y a traición”. Además, enfatizó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad.

Durante el juicio, se expusieron testimonios presenciales, pericias y pruebas científicas que respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. Fue así que los 12 integrantes del jurado popular coincidieron en un veredicto unánime: Cides es culpable de homicidio agravado por alevosía. Según su tipificación en el Código Penal, prevé una de las penas más severas y deja al acusado al borde de cumplir con una prisión perpetua.

A pesar de esto, el proceso penal aún no finalizó. Se informó que en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el juicio de cesura, etapa en la que se determinará la condena definitiva para Cides.

Este lunes se conocerá la sentencia contra el hombre acusado de asesinar a su amigo y abusar de su pareja

El juicio oral por el crimen de Bruno Patricio Méndez y el abuso sexual a su pareja pasó a un cuarto intermedio para que el Tribunal Penal Uno de Puerto Iguazú decida el futuro procesal de Jonathan Nazareno Ferreira, alias Polaquito, el único imputado por el hecho ocurrido el 4 de abril de 2022.

Durante la última audiencia, declaró el padre del acusado y se dio inicio a los alegatos finales. De esta manera, el fiscal Federico Rodríguez destacó la solidez de las pruebas presentadas a lo largo del proceso y solicitó la pena de prisión perpetua para Ferreira, considerando la gravedad de los delitos imputados.

Por su parte, la defensa intentó establecer que el acusado carecía de conciencia sobre sus actos la noche del crimen, tras argumentar que habría atravesado un brote psicótico. Incluso, expuso que su cliente sufría problemas de adicciones, tenía más de 16 causas previas y, apenas semanas antes del homicidio, había sido acusado de atacar a una persona en una plaza cercana a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

También mencionó un incidente con un inspector de tránsito, buscando vincular el historial delictivo de Ferreira al consumo de estupefacientes. En línea con esto, el abogado defensor reclamó la falta de peritajes psicológicos y solicitó la absolución bajo el beneficio de la duda.

Según la información de El Territorio, el hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta. Tras compartir bebidas alcohólicas, se produjo una pelea en la que Bruno Méndez fue apuñalado.

Mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven pareja de Méndez, de entonces 18 años, durante varias horas. La investigación sostiene que Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la joven logró escapar junto a su hijo y pedir auxilio, lo que permitió la intervención policial.

Durante las audiencias declararon la víctima de abuso, familiares y vecinos. La joven solicitó testificar sin la presencia del imputado, petición que fue cuestionada por Ferreira, aunque finalmente accedió a retirarse de la sala y seguir el testimonio desde otro espacio.

De la misma manera, tres vecinos relataron cómo ayudaron a la joven y a su hijo a escapar a través de un cerco de chapas, luego de que escucharan los ruidos provenientes de la vivienda. Asimismo, otros describieron las circunstancias previas y posteriores al crimen.

Por este motivo, Ferreira llegó al juicio oral como imputado por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Mientras que la Fiscalía solicitó la pena máxima, la defensa pidió la absolución bajo la premisa de que sufrió una incapacidad mental por adicciones.

De acuerdo con el cronograma judicial, la sentencia se conocerá el próximo lunes a las 10 de la mañana y el acusado tendrá derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

El ex policía involucrado en el homicidio de Milagros Micaela Basto, Horacio Antonio Grasso, enfrentará juicio oral tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de un familiar de su círculo cercano. La denuncia señala la utilización de estupecientes. Los hechos sucedieron en el mismo departamento donde cumplía prisión domiciliaria por condena previa en la capital de Córdoba.

La víctima denunció que los hechos incluyeron sistemáticas agresiones sexuales, amparadas por el incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia y la falta de respuestas institucionales, según informó el medio ElDoce.tv. Esta nueva acusación recae sobre un episodio que, según la fiscal Ingrid Vago tuvo lugar en 2021 en el mismo domicilio donde meses después se encontraría el cuerpo de Basto.

En ese mismo departamento de Buenos Aires 315, también fue hallado el cuerpo de Milagros Basto en julio de 2025. La joven de 22 años había desaparecido a finales de 2024 y se encontraba asfixiada en el mismo espacio donde se investiga a Grasso por los ataques sexuales denunciados. Este doble antecedente conecta las causas judiciales y evidencia un patrón de situaciones graves en torno al ex policía.

Entre 2021 y 2025, Horacio Grasso incumplió la prisión domiciliaria en al menos 255 ocasiones, según el abogado querellante, Carlos Nayi, en diálogo con a ElDoce.tv: “En ese departamento, 255 veces desde 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”. Este dato, surgido de registros judiciales, se transforma en uno de los elementos centrales del expediente actual.

Según el expediente, Grasso habría invitado a su familiar a una cena en el domicilio, luego la drogó y se aprovechó de la situación para abusar sexualmente de ella. El ataque sexual denunciado fue presentado el 12 de octubre de 2022 por la víctima en el Polo de la Mujer. Carlos Nayi detalló que “la mujer llegó a pedir ayuda como podía, arrastrándose al lugar donde necesitaba ser escuchada y que se le entregue un poco de justicia y empatía”.

La víctima relató que Grasso la captó inicialmente a través de redes sociales, con un discurso victimizante: “Lo que dicen los medios de prensa es mentira, soy una víctima del sistema, me persiguen por haber sido policía y a los policías la sociedad los odia”.

El expediente resalta la premeditación y la utilización de estupefacientes como elemento agravante. Además, la victima advirtió que las autoridades fueron alertadas sobre la situación los días posteriores a la denuncia, pero “nada se hizo”. “Cuando la Justicia no cumple su misión también incurre en una particular manera de matar porque en ese domicilio murió Milagros Basto”, criticó el abogado.

Los antecedentes

El hallazgo del cadáver de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, fue realizado el 7 de julio de 2025 por albañiles que trabajaban en tareas de refacción y que descubrieron un cuerpo envuelto en frazadas y sellado con cemento dentro del placard del departamento. La autopsia determinó que la muerte se habría producido alrededor de 6 meses antes, pero el grado de descomposición era tal que los forenses necesitaron más de un mes para confirmar la identidad.

Grasso ya contaba con una condena a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años, ocurrido en 2007 en barrio Colonia Lola. El ex policía accedió al régimen de prisión domiciliaria alegando problemas de salud tras esa condena. Sin embargo, el abogado querellante puso en cuestión ese beneficio, señalando que Grasso utilizaba supuestos turnos médicos para abandonar el domicilio sin autorización.

Además, Grasso había sido hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa, causas que determinaron su situación judicial previa. Según la Justicia, con la suma de los antecedentes y la gravedad de los hechos, Horacio podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua.

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Vinculan a proceso a Juan “N”, hombre detenido con más de 400 kilos de drogas en Tabasco

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Juan “N” por delitos contra la salud, luego de que autoridades estatales lo detuvieron el 25 de abril de 2026 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, con más de 400 kilos de drogas.

Durante una revisión en el Punto de Verificación e Inspección Federal “Tonalá”, agentes estatales localizaron drogas en la caja de una camioneta cerrada.

En el operativo, la Secretaría de Seguridad de Tabasco aseguró 357 kilos de marihuana y 114 kilos de metanfetamina.

Juan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El juez de Control calificó como legal la detención y resolvió la vinculación a proceso del imputado. La acusación incluye el transporte de marihuana y metanfetamina, conductas sancionadas por el Código Penal Federal.

La FGR informó que Juan “N” continuará su proceso bajo las medidas dictadas por la autoridad judicial, mientras el caso permanece bajo investigación.

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La justicia peruana autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso del triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Buenos Aires. El acusado llegará en los próximos días al país, donde será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. La decisión pone fin a una investigación internacional que se extendió durante más de siete meses, tras un caso que conmocionó por la brutalidad del crimen y el despliegue transnacional de los implicados.

Según fuentes judiciales, Valverde Victoriano será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y posteriormente comparecerá ante la justicia argentina. Se lo acusa de haber participado en una represalia vinculada a una organización narcocriminal, tras la sustracción de varios kilogramos de cocaína. La causa involucra a al menos once imputados y sumó detenciones en Argentina, Bolivia y Perú.

Triple feminicidio en Florencio Varela

El 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron en la localidad de Ciudad Evita. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca bajo el pretexto de asistir a una fiesta. El vehículo se dirigió a una vivienda en la calle Chañar 702, Florencio Varela, donde fueron sometidas a golpizas, torturas y asesinadas.

Las autopsias confirmaron que las víctimas sufrieron violencia extrema, con mutilaciones, asfixia y heridas de arma blanca. Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa y el vehículo fue incendiado para borrar pruebas. Un dato que agravó el impacto del caso fue la transmisión en vivo de parte del crimen a través de redes sociales para un grupo privado, conformado por al menos 45 personas, hecho que autoridades bonaerenses calificaron como un acto de disciplinamiento mafioso.

La investigación determinó que la orden para ejecutar a las víctimas fue motivada por el supuesto robo de droga perteneciente a la banda de “Pequeño J”. Testimonios recogidos en la causa indican que las jóvenes fueron engañadas y llevadas al lugar del asesinato.

Fuga de “Pequeño J” y alerta de Interpol

Tras el hallazgo de los cuerpos y la identificación de varios sospechosos, la justicia argentina emitió una alerta roja de Interpol para la captura internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano. El joven, de nacionalidad peruana, logró evadir los controles migratorios saliendo del país por pasos fronterizos clandestinos hacia Bolivia.

Durante los días posteriores al crimen, ‘Pequeño J’ utilizó múltiples teléfonos y tarjetas SIM para dificultar su rastreo, pero un error en una comunicación con una de sus parejas permitió a los investigadores triangular su ubicación. La colaboración entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú resultó clave para avanzar en la búsqueda internacional.

Las autoridades argentinas detectaron que el sospechoso pretendía ingresar a Perú y que su destino era la ciudad de Lima. El seguimiento incluyó tareas de inteligencia y cooperación entre los equipos de ambos países.

Ingreso a Perú y captura

El ingreso de “Pequeño J” a Perú se concretó mediante el uso de documentos apócrifos y la colaboración de una red criminal. Se desplazó desde Bolivia en buses interprovinciales y finalmente se ocultó en un camión de carga para eludir los controles.

El 30 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Perú interceptó el vehículo en el distrito de Pucusana, al sur de Lima. El operativo se llevó a cabo tras un bloqueo de pescadores en la Panamericana Sur, lo que permitió a los agentes actuar sin generar enfrentamientos. En paralelo, el principal colaborador de Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio, fue detenido en la capital peruana.

El comunicado oficial de la policía peruana confirmó que la detención obedeció a la notificación de Interpol y a la coordinación directa con la justicia argentina. El detenido fue puesto bajo custodia en una comisaría de Chilca, a la espera de la resolución judicial sobre su extradición.

Durante su aprehensión, Valverde Victoriano negó toda responsabilidad, manifestando: “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”. La defensa del acusado sostiene que no existen pruebas directas en su contra, mientras que la investigación judicial argentina afirma que lideraba una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Proceso judicial y extradición

El expediente judicial sostiene que el triple homicidio se cometió en el marco de una represalia narco, con privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y violencia de género. Además de Tony Janzen Valverde Victoriano, la causa incluye a otros diez imputados con distintos grados de participación.

La extradición de “Pequeño J” fue confirmada por la justicia peruana tras un proceso que incluyó evaluaciones de seguridad y cooperación bilateral. El traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y una vez en territorio argentino, el imputado será indagado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.

El caso permanece abierto, con varias líneas de investigación sobre la posible participación de otros miembros de la organización y la localización de prófugos. La extradición marca una etapa clave para la justicia argentina en la búsqueda de respuestas ante uno de los crímenes más violentos y organizados de los últimos años.