El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) llamó a que cualquier reforma relacionada con seguridad y sistema penitenciario sea revisada bajo el principio de convencionalidad y en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por el país, en el marco del debate sobre medidas estatales para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

La advertencia la formuló el delegado adjunto del organismo Ricardo López, quien aclaró que la institución reconoce las facultades del Estado para adoptar medidas dirigidas a reducir los índices de violencia y enfrentar a las estructuras criminales.

Sin embargo, señaló que esas decisiones deben guardar coherencia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos vigentes para Honduras.

López explicó que se reconoce la potestad estatal para diseñar e implementar políticas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad de la población, “Como Institución Nacional de Derechos Humanos nos apegamos a lo que establece la norma, a los estándares internacionales”, manifestó el funcionario.

Uno de los puntos señalados por el Conadeh está relacionado con las reformas que se discuten en el Congreso Nacional y que podrían afectar las condiciones de las personas privadas de libertad.

El funcionario recordó que las medidas aplicables a las personas privadas de libertad deben considerar instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Nelson Mandela, que establecen estándares sobre el tratamiento de las personas recluidas.

El principio de convencionalidad

El principio de convencionalidad al que hace referencia la institución de derechos humanos, implica que las normas y decisiones estatales deben ser compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado.

A lo que señalan que el crimen debe analizarse no solo desde la perspectiva de seguridad, sino también considerando las obligaciones que Honduras mantiene en materia de protección de derechos fundamentales.

López también recordó que la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, ha realizado recomendaciones al Estado hondureño relacionadas con el sistema penitenciario, con el propósito de que las medidas aplicadas dentro de los centros penitenciarios no deriven en responsabilidades para el Estado por eventuales vulneraciones de derechos humanos.

Otro de los planteamientos del delegado adjunto es que las medidas de carácter restrictivo, por sí mismas, no serían suficientes para atender las causas y dimensiones de la violencia y la criminalidad que enfrenta Honduras.

López consideró necesario complementar las acciones de seguridad con programas de prevención, educación, formación y protección, en particular en las comunidades donde tienen presencia estructuras criminales.

El funcionario señaló que existen personas que pueden ser presionadas u obligadas a involucrarse en actividades ilícitas, por lo que las respuestas estatales también deberían contemplar mecanismos de protección y prevención dirigidos a quienes viven en esos sectores.

Así mismo indicaron la situación de las personas que cumplen condenas en los centros penitenciarios del país. Según López, el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar procesos orientados a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, con componentes educativos y mecanismos de reinserción, para que quienes hayan cumplido sus penas puedan reincorporarse a la sociedad.

En el caso del sistema penitenciario, el debate incluye las condiciones de reclusión, el contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares, la rehabilitación y las posibilidades de reinserción.

El CONADEH plantea que una estrategia integral requiere combinar las medidas de seguridad con prevención, educación, protección y procesos de rehabilitación, mientras las reformas que se discutan en el Congreso Nacional deben revisarse para garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

Los homicidios dobles en Costa Rica pasaron de 40 casos en 2025 a 50 en el mismo período de 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto representa un aumento de 25% en los casos en que dos personas fueron asesinadas.

Los 50 hechos registrados en 2026 dejaron 100 víctimas, frente a las 80 contabilizadas en los 40 homicidios dobles del período comparable del año anterior. Las cifras forman parte del recuento del OIJ sobre ataques con múltiples víctimas, que en este caso considera hechos con dos o tres personas fallecidas, según datos de El Observador.

Entre los casos dobles figura el ocurrido el 26 de enero en Cañada Sur, San José, donde dos hombres murieron baleados dentro de un lavacar y una tercera persona resultó herida.

Durante el primer semestre, otros dos hombres fueron asesinados frente al templo de los padres Capuchinos, en el centro de Cartago, en un hecho que el OIJ investigó como un posible conflicto territorial.

El 11 de julio, una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron asesinados a balazos dentro de una propiedad en Purral de Goicoechea. El 18 de agosto, una mujer de 18 años y un hombre de unos 30 murieron dentro de un vehículo en El Carmen de Cartago.

El 28 de agosto, dos hombres de 30 y 23 años fueron encontrados muertos dentro de una vivienda en Turrialba, con múltiples impactos de bala. En septiembre, dos hermanos de 46 y 33 años fueron asesinados frente a un bar en Nosara, Nicoya, y otras dos personas resultaron heridas en el mismo ataque.

Los homicidios triples bajaron de 11 a nueve casos

Los ataques con tres víctimas mortales tuvieron una variación distinta. De acuerdo con los datos proporcionados por el OIJ a El Observador, Costa Rica registró nueve homicidios triples durante 2026, con 27 víctimas.

En el mismo período de 2025, la institución contabilizó 11 casos y 33 personas asesinadas. La comparación refleja una disminución de 18.2% tanto en la cantidad de hechos como en el número de víctimas.

El primer triple homicidio de 2026 ocurrió el 1 de enero en Linda Vista de La Unión, Cartago. Tres hombres fueron asesinados dentro de una estructura tipo búnker y los investigadores del OIJ recolectaron 23 indicios de bala.

El 4 de febrero, tres hombres murieron en un ataque ocurrido cerca de la plaza de deportes de La Carbonera, en Paso Ancho. Durante el primer semestre, las autoridades localizaron tres cuerpos maniatados en una finca de San Mateo de Alajuela.

Las autoridades indicaron que las víctimas aparentemente habían sido lanzadas a un precipicio dentro de un vehículo. El 14 de septiembre, un ataque en Barrio Quinto de Limón dejó tres personas muertas y otra herida, en un caso que las autoridades investigaron como triple homicidio.

El ataque en Río Cuarto forma parte del registro de 2026

El triple homicidio ocurrido la noche del 22 de septiembre en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, forma parte de los nueve casos registrados durante 2026. La información preliminar del OIJ señala que dos hombres que viajaban en motocicleta habrían disparado contra una vivienda y luego huyeron.

Las víctimas mortales fueron dos hombres de 65 y 31 años, además de una mujer de 47 años. Otro hombre de 31 años resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

Al sumar los homicidios dobles y triples, el OIJ contabilizó 59 hechos con 127 víctimas en lo que va de 2026. En el mismo período de 2025, el registro era de 51 ataques y 113 personas asesinadas.

La comparación entre ambos períodos muestra un aumento de 15.7% en la cantidad de hechos y de 12.4% en el número de víctimas. Dentro de ese total, los homicidios dobles aumentaron, mientras que los casos triples disminuyeron.

Josep Juanpere i Miret tenía 72 años y llevaba 40 años al frente de GCA Architects cuando falleció en su segunda residencia en el Pirineo de Lleida el 26 de diciembre de 2025. La noticia sobre su defunción conmovió a toda la burguesía catalana, pues además de haber sido un arquitecto de prestigio, contaba con la amistad del abogado y fundador de Cuatrecasas, Emilio Cuatrecasas Figueras, o el empresario y creador de Mango, Isak Andic, quien falleció un año antes. “El carisma de la elegancia”, era la descripción que usó el primero de ellos tres días después de su muerte en una esquela en La Vanguardia.

Tal y como reconoce la primera autopsia, Juanpere murió por causas naturales debido a una crisis coronaria, mientras pasaba las vacaciones de Navidad en su segunda residencia en Baqueira Beret (Vall d’Aran). Este pueblo es un refugio invernal frecuentado por magnates españoles en busca del lujo silencioso e incluso de la Casa Real. No obstante, lo que parecía una pérdida natural de la vida se ha convertido en una investigación bajo secreto de sumario del juzgado de Vielha.

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A pesar de que tres meses después El Periódico filtró que un juez catalán estaba examinando el contexto de su muerte, se hizo saber que las pesquisas de la investigación no apuntaban directamente a nadie. Hoy sabemos que desde el mismo día que la policía llegó al domicilio de Juanpere ya tenían sospechas sobre una de las personas más cercanas al arquitecto: su esposa. “Detienen en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira el mes de diciembre”, han anunciado esta mañana los Mossos d’Esquadra. Pero ¿qué pasó ese 26 de diciembre que delatara a su mujer de 65 años como presunta autora de su homicidio?

Qué le ocurrió a Josep las últimas 48 horas

La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra comenzó la investigación por orden de un juez de Vielha tras haber detectado incongruencias entre las declaraciones de la mujer de Josep, con la que empezó una relación dos años antes, los informes toxicológicos y los movimientos en la escena del crimen el 26 de diciembre. El estudio del caso parte dos días antes del fallecimiento del arquitecto, el 24 de diciembre.

Al parecer, Juanpere fue ingresado en el Hospital de Vielha al sentirse indispuesto. A la mañana siguiente, tras pasar unas pocas horas en el centro sanitario, recibió el alta médica, pese a no haberse recuperado del todo. Las explicaciones de la mujer sobre lo sucedido las últimas 48 horas sembraron la duda en la policía catalana.

Según declararon fuentes judiciales a El Periódico, la familia del arquitecto había intentado ponerse en contacto con él y su pareja durante todo el día. Pero ninguno de los dos respondió a las llamadas ni los mensajes. Debido a ello, el sobrino de Josep se acercó hasta la casa donde se encontraba la pareja para comprobar si ocurría algo. Tras pasar una hora llamando a la puerta, pudo acceder al interior de la vivienda, donde encontró a su tío sin vida y a su mujer en estado de shock.

Las sospechas de la policía acaban con la detención de la mujer de 65 años

Como su esposa no había llamado al servicio de emergencias, tuvo que ser él quien alertara de la defunción del arquitecto. Minutos más tarde, los Mossos d’Esquadra aparecieron en la escena y notaron un comportamiento sospechoso en la mujer. Desde entonces abrieron una investigación tan discreta que ni las personas más cercanas a Juanpere supieron las conjeturas del cuerpo policial.

Nueve meses más tarde, en colaboración con la Policía Nacional, se produjo la detención de la mujer de 65 años en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca por orden del Tribunal de Instancia de Vielha, que instruye la causa, así como un registro de su domicilio. Además de su detención, los agentes han llevado a cabo un registro en Málaga, aunque se desconocen más datos que hayan desplazado a los agentes hasta la ciudad andaluza.

Sin embargo, el caso sigue “bajo secreto de las actuaciones”, como ha revelado la policía catalana, por lo que se desconoce el delito concreto que se le atribuye y las pruebas contra ella. Lo que sí se sabe es que las pesquisas han tenido en cuenta la información de los móviles de Josep y su mujer, para comprobar las llamadas y mensajes que se intercambiaron en ese periodo de 48 horas desde que el arquitecto ingresó en el hospital. Incluso, aquella información que podría almacenar el teléfono de ella tras la defunción.

Un distanciamiento gradual de sus amistades

Después del funeral del arquitecto catalán, su mujer volvió a su residencia de Madrid y se alejó de la familia del difunto. Al parecer, este distanciamiento no fue raro para el círculo cercano de Josep, pues según han confirmado personas cercanas de Juanpere al diario ABC, en los meses anteriores a su muerte, el fallecido tuvo un alejamiento gradual de sus amistades que frecuentaba habitualmente en Barcelona. Un hecho llamativo, pues durante años, el arquitecto mantuvo una presencia habitual en clubes, eventos artísticos y cenas con distintos magnates españoles.

Al principio, sus allegados interpretaron ese distanciamiento como parte de un proceso de retiro paulatino, tras casi cuatro décadas al frente de GCA Architects. Pero ahora ese pensamiento ha adquirido nuevas hipótesis sobre lo que podría haber vivido Juanpere esos últimos meses. Y es que al parecer el matrimonio atravesaba episodios de tensión que ahora forman parte del interés de los investigadores de la División de Investigación Criminal.

Tras su arresto, la sospechosa deberá ser trasladada a Vielha. Allí podrá declarar ante el juzgado o acogerse a su derecho a no hacerlo. El juez resolverá después si queda en libertad o si adopta alguna medida cautelar.

La mujer del arquitecto Josep Juanpere, de 65 años, ha sido detenida en Madrid por orden de los Mossos d’Esquadra al determinar su presunta implicación con la muerte del cofundador del estudio GCA Architects. Recordemos que el arquitecto apareció sin vida el pasado 26 de diciembre de 2025 en su vivienda de Baqueira en Vall d’Aran (Lleida).

Los días posteriores a la muerte, la primera hipótesis de los Mossos apuntaba a que el arquitecto de 72 años habría muerto por causas naturales, ya que la autopsia no había detectado signos de criminalidad. Pero tras detectar un comportamiento sospechoso en su mujer, con la que mantenía una relación de dos años, los agentes continuaron con la investigación bajo secreto de sumario del juzgado de Vielha.

El arresto se ha llevado a cabo después de 9 meses y por orden de un juez. Desde El Periodico aseguran que la discreción con la que se ha llevado el caso ha permitido que ni siquiera la familia más cercana a Juanpere supiera hacia dónde apuntaban las sospechas de los Mossos. Además de su detención, los agentes han llevado a cabo un registro en Málaga, aunque se desconocen más datos que hayan desplazado a los agentes hasta la ciudad andaluza.

Su mujer lo encontró sin vida, pero no llamó a emergencias

Josep Juanpere falleció el 26 de diciembre de 2026, durante las vacaciones de Navidad, en su vivienda de Baqueira, que se sitúa muy cerca de las pistas de esquí del Pirineo. La persona que lo encontró sin vida fue su mujer, pero no se alertó al servicio de emergencias hasta que el sobrino del arquitecto entró al apartamento al no poder ponerse en contacto con él.

Dos días antes, el arquitecto había acudido al hospital al sentirse indispuesto. A pesar de no haberse recuperado del todo, recibió el alta médica pocas horas después. Las explicaciones de la mujer sobre lo sucedido las últimas 48 horas sembraron la duda en la policía catalana y fue entonces cuando decidieron abrir una nueva línea de investigación.

El fallecimiento repentino de Juanpere había sido objeto de comentarios en círculos empresariales de Cataluña, donde el arquitecto mantenía relaciones profesionales y personales desde hacía décadas.

Los negocios de Josep Juanpere

Josep Juanpere desarrolló buena parte de su trayectoria junto a su socio Antonio Puig. Ambos fundaron GCA Architects en 1986, un estudio con sedes en Barcelona y Madrid que participó en proyectos de oficinas, instalaciones logísticas y edificios corporativos.

Entre sus trabajos figura la Torre Puig, en l’Hospitalet de Llobregat, que alberga las oficinas centrales de la compañía de perfumería y moda. El despacho también diseñó el Mango Logistic Center de Lliçà d’Amunt, una instalación de 90.000 metros cuadrados, y la sede de Cuatrecasas en el distrito 22 de Barcelona, formada por dos torres de 72 metros con capacidad para 1.000 personas.

Juanpere también estaba ligado al Real Club de Tenis Barcelona y mantenía una extensa red de contactos. La causa continúa bajo secreto judicial, mientras los Mossos d’Esquadra avanzan con las diligencias tras la detención de la viuda.

Reagan Michelle Simmons-Hancock se estaba cambiando para ir a trabajar a Flying Burger, un local de venta de hamburguesas de New Boston, Texas, que la empleaba desde hacía un tiempo. Tenía 21 años y cursaba la semana 35 de su segundo embarazo. Faltaban apenas tres días para que empezara su licencia por maternidad.

Esperaba una hija mujer y ya tenía a Kynlee Grace, de tres años, a quien estaba convenciendo de que se sacara el pijama para llevarla a la guardería. Homer Hancock, su marido, ya se había ido a trabajar. Era 9 de octubre de 2020 y nada parecía alterar la calma de ese pequeño pueblo en el sureste de los Estados Unidos.

El timbre sonó unos minutos antes de las 9 de la mañana. Era Taylor Parker, la fotógrafa que Reagan había contratado para que retratara su boda con Homer y que se le había acercado cada vez más, insistiendo con que la intimidad de esa amistad crecía exponencialmente. Parker tenía 27 años y vivía en un pueblo cercano junto a Wade Griffin, el hombre que había conocido 15 meses antes cuando él participaba de un rodeo y del que se había enamorado.

El 9 de octubre de 2020, cuando tocó el timbre de la casa de Reagan, Taylor cursaba un embarazo que ya había llegado a término e incluso seguía avanzando. O al menos eso decía ella.

Parker le había insistido a Reagan con pasar por su casa para visitarla y llevarle un regalo. Pero esa visita iba a terminar en una masacre que llevaría a Taylor a una condena a la pena capital: ahora mismo espera en el llamado “corredor de la muerte” a que la ejecuten.

Ecografías falsas y panzas de siliconas

Taylor Parker había fingido un embarazo. Falseó ecografías y estudios genéticos, compró panzas falsas de distintos tamaños para simular tamaños cada vez más grandes e instó a su entorno, con los estudios genéticos falsos, a que le organizaran una ceremonia de revelación de género. Según el análisis que había falsificado, estaba esperando una nena.

El primero al que le mintió sobre su embarazo fue a Wade. También a la madre de Wade, a los mejores amigos de su pareja, a algunos vecinos de la casa de él -a la que ella se había mudado-, y a Reagan. No había mucha más gente en su entorno, y los pocos que quedaban sabían que era imposible que Parker cursara un embarazo.

Taylor había nacido en 1992 y había tenido su primera hija a los 17 años. Después, con otra pareja, tuvo a su hijo varón. Unos meses después de ese segundo parto, ya en 2014, decidió ligarse las trompas de Falopio, y al poco tiempo debieron operarla para extirparle quistes en un ovario. Durante la cirugía, los médicos detectaron que Parker tenía endometriosis y atravesaba un embarazo ectópico: su escenario era grave.

Mientras Taylor estaba en el quirófano, el equipo médico le pidió autorización a su entonces pareja para avanzar con una histerectomía total, es decir, la remoción del útero y su cuello uterino. No había ninguna posibilidad biológica de que Parker pudiera quedar embarazada después de esa cirugía.

La joven se divorció en 2017 y volvió a casarse en 2018. Durante esos años se agudizaron algunas actitudes que, según reflejaron distintos testimonios a lo largo del juicio contra Parker, definían su conducta cotidiana. Taylor mentía sobre distintos padecimientos de salud, que iban desde cáncer, esclerosis múltiple, y un derrame cerebral, y de esa manera lograba la atención de su entorno.

Agrandaba sus mentiras continuamente y se obsesionaba con los embarazos de las amigas que se iban alternando en su vida: a una de ellas le insistió hasta el cansancio para que le diera acceso a su app de seguimiento de gestación. Fue uno de los motivos por las que esas amigas momentáneas duraban poco y huían despavoridas.

La herencia prometida

Taylor conoció a Wade en julio de 2019, en un rodeo de los que son muy frecuentes en Texas. Ella lo abordó y el noviazgo se aceleró rápidamente. Le contó que era una de las herederas de una enorme fortuna vinculada a la industria del jarabe, un endulzante muy usado en Estados Unidos. También aseguró que tenía varios millones de dólares invertidos en la industria del petróleo.

Con todo ese supuesto patrimonio detrás, Taylor le aseguró a Wade que vivirían en una mansión en medio de un terreno de más de 4 millones de dólares. Además, se convirtió en la administradora de la economía del hogar e impulsó la compra de maquinaria para el trabajo rural de Wade e incluso de un auto para la mamá de él: su novio confió en su versión y se endeudó, seguro de que su patrimonio estaba a punto de multiplicarse.

Los testimonios de distintos gestores inmobiliarios y de familia y amigos de Wade, muchos de los cuales están recogidos en el documental Instinto Maternal que puede verse en Netflix, dan cuenta de que, en realidad, Taylor no tenía cómo responder por las altísimas compras que hacía o por la oferta millonaria que hizo por la enorme mansión.

Para ganar tiempo, inventaba intermediarios, desde agentes financieros hasta familiares, y ella misma manejaba las cuentas de correo electrónico y redes sociales de esas supuestas personas. Para excusar cualquier demora en el acceso al dinero, culpaba a su madre: juraba que ella quería desheredarla de esa enorme fortuna.

Un parto que nunca llegaba

Taylor estaba segura de que en algún momento Wade iba a abandonarla. Y creía que “compraba tiempo” con las mentiras sobre una futura enorme fortuna. Pero no llegaba ninguna señal de todo ese patrimonio, así que decidió “asegurar” su pareja con otra mentira: le anunció que estaba embarazada. E incluso dijo que esperaba gemelos.

Poco tiempo después, le dijo a Griffin que un golpe mientras llevaba a cabo algunas tareas en el campo había causado la interrupción de la evolución de uno de los fetos, y que sólo prosperaría el otro.

A medida que los meses pasaban, Parker hacía todo lo que creía necesario para sostener su engaño: compraba ropa de bebé, pegaba ecografías falsas en la heladera y le decía a Wade que la acomplejaban mucho los cambios de su cuerpo y que por eso no quería que le tocara la panza. Lo cierto es que era una panza de silicona.

Además, como el supuesto embarazo transcurrió durante 2020, la pandemia de coronavirus le sirvió para argumentar que, por protocolos muy estrictos, Wade no podía ir a las consultas. Muchas mañanas del primer trimestre, Taylor se encerraba en el baño y fingía náuseas.

El entorno de Wade, sobre todo su mamá y sus mejores amigos, empezaron a sospechar de Taylor. Encontraban incongruencias cada vez más notorias en su discurso, pero Griffin no quería escucharlos.

En septiembre de 2020, cerca de la supuesta fecha de parto, Wade recibió un mensaje desde un teléfono que no tenía agendado. Era uno de los ex maridos de Taylor y le decía: “Te contacto porque siento que es un deber ético. En 2015, Taylor se sometió a una histerectomía. Ella no puede estar embarazada. Es una artista de la mentira y te está engañando para retenerte”.

Taylor negó todo y volvió a responsabilizar a su madre. Dijo que, para perjudicarla, la madre estaba dispuesta a falsificar identidades y a decir mentiras continuamente. Griffin todavía guardaba alguna esperanza de convertirse en el marido de una millonaria, así que eligió creer.

La fecha prevista para el nacimiento ya estaba encima. El día señalado, 19 de septiembre de 2020, el centro médico en el que iba a producirse el nacimiento tuvo que ser evacuado porque recibió una amenaza de bomba. Taylor reprogramó la fecha para el 5 de octubre y después, para el 9 de octubre. Esos cambios implicaban también modificar el lugar en el que supuestamente iba a nacer su bebé. El 9 de octubre, Parker ya no tenía ningún margen para volver a “estirar” su embarazo: su mentira dependía de que consiguiera un bebé.

La amiga embarazada

Taylor Parker decidió que iría por la bebé que esperaba Reagan Simmons-Hancock, a quien había conocido en septiembre de 2019. La relación entre ellas creció a través de mensajes y comentarios en Facebook, y también a través de videollamadas. Reagan confió en Taylor y le abrió las puertas de su casa: ese fue el principio del fin.

A medida que se acercaba la fecha del nacimiento de Braxlynn Sage, la hija de Reagan y Homer, Taylor se acercaba cada vez más a su supuesta amiga. A la par, llevaba semanas investigando a través de búsquedas en Google y videos en YouTube cuál era el protocolo para revisar a un recién nacido de 35 semanas. También miraba tutoriales sobre cómo llevar a cabo una cesárea de emergencia y cómo atender a un bebé prematuro en sus primeros instantes de vida.

Parker visitó a Reagan el 8 de octubre. En las primeras horas del 9, el día del crimen, repasó por última vez un video sobre cómo revisar a un recién nacido prematuro. Guardó un botiquín con material quirúrgico en su auto y manejó hasta la casa de Reagan, a quien llamó en el camino para insistirle con visitarla nuevamente.

La masacre de Texas

Reagan abrió la puerta de su casa y Taylor desplegó inmediatamente un ataque feroz. La casa se manchó de sangre a medida que las agresiones iban cambiando de lugar. Los forenses determinarían después, por lo que encontraron en la escena del crimen, que Reagan intentó defenderse desesperadamente. Pero cuando Parker la golpeó con un martillo, al menos cinco veces en la nuca y la frente, el cráneo de Reagan sufrió severas fracturas y ya no pudo oponer ninguna resistencia.

Intentó cortarle el abdomen con un cuchillo de cocina pero no lo logró. Así que usó el bisturí que había llevado en su auto. Le hizo una incisión que había aprendido en los tutoriales. Reagan, que todavía no había perdido la conciencia, gritaba en el suelo.

Parker abrió el útero de su víctima y arrancó a la bebé nonata. Reagan le rogaba que parara. Taylor decidió ultimar a su víctima: le dio más de cien puñaladas, sobre todo en la cabeza y en el cuello. Le dejó la hoja del bisturí clavada en la garganta: con esa hoja había mutilado su cuerpo para robarle a su hija. Kynlee Grace, la hija de tres años de Reagan, se escondió bajo las frazadas de su cama y se quedó inmóvil.

Taylor huyó con la bebé ensangrentada y la apoyó sobre su regazo. Encendió el auto y escapó de la escena del crimen. La Policía la instó a detener su auto en la banquina porque manejaba con exceso de velocidad.

Cuando el agente se acercó a la ventanilla, encontró a Parker con el torso manchado de sangre seca y el cordón umbilical de la bebé asomando por su pantalón: la victimaria quería simular un parto que se había desencadenado inesperadamente. Taylor juró que acababa de parir a un costado del camino, mientras se dirigía al hospital, y que su bebé no respiraba.

La Policía pidió una ambulancia inmediatamente, y Taylor y la bebé fueron trasladadas a un hospital en Oklahoma. Los médicos intentaron reanimar a Braxlynn Sage pero no lo consiguieron: la bebé fue declarada muerta. La mentira de Parker empezó a derrumbarse enseguida. Se negó a que la examinara un ginecólogo para verificar que el supuesto parto estuviera completo y ella no estuviera en peligro.

Además, le hicieron análisis de sangre para detectar marcadores hormonales vinculados al embarazo y el parto que dieron negativo. Por último, una ecografía reveló que Taylor no tenía útero. Los médicos confirmaron que era insostenible la versión de los hechos que ella contaba e hicieron intervenir a las fuerzas de seguridad. Sabían que algo peligroso estaba pasando.

A 74 kilómetros del hospital, Jessica Brooks, la madre de Reagan, fue a la casa de su hija, que no le respondía las llamadas y que no había llevado a su nieta a la guardería. Vio que el picaporte de la entrada estaba manchado de sangre y se desesperó.

Cuando entró, encontró un infierno: su hija estaba muerta, con el abdomen abierto, y todo era una marea roja de sangre. Uno de los forenses que asistió a la casa diría después que fue la escena más sangrienta de toda su carrera como investigador. Su nieta seguía escondida, aterrorizada.

La Policía de Texas emitió un alerta y Taylor Parker fue inmediatamente arrestada en el hospital de Oklahoma. Confesó que había mantenido “una discusión física” con Reagan antes de robarle a su bebé.

En el corredor de la muerte

La investigación determinó que el delito de Taylor fue una abducción fetal por evisceración materna. Sólo había 15 antecedentes de casos así entre 1987 y 2011 en Estados Unidos. El juicio oral se llevó a cabo en 2022, casi dos años después del doble homicidio de Reagan y Braxlynn Sage.

Declararon más de cien testigos que acreditaron el montaje de mentiras por parte de Taylor a lo largo de los años. Se presentó un gran volumen de pruebas digitales y forenses que sirvieron para que la fiscalía acreditara su acusación contra Parker.

La fiscalía logró demostrar que Taylor había actuado con total premeditación y que su motivación había sido retener a su pareja, sin importar cómo. Además, se dieron a conocer llamados entre Taylor y la madre, ya durante su tiempo encarcelada, en los que no exhibía ningún remordimiento por el crimen, ni tampoco empatía por los familiares de las víctimas.

La defensa de Taylor no negó la autoría de los hechos pero apostó a evitar la pena de muerte. Un neurólogo declaró que Parker padecía “síndrome del lóbulo frontal”, y que eso le causaba alteraciones emocionales y cognitivas severas.

Los abogados intentaron desestimar que Taylor había secuestrado a la bebé, asegurando que había nacido sin vida y que “no se puede secuestrar a una persona no nacida”. Los peritos médicos y paramédicos anularon este argumento, porque confirmaron que la bebé había estado viva en el instante en el que la asesina cortó el abdomen de Reagan.

El 3 de octubre de 2022 el tribunal declaró a Parker culpable de asesinato con agravantes y secuestro. El 9 de noviembre de ese mismo año, ese mismo jurado recomendó de forma unánime la pena capital, y sentenció a muerte por inyección letal a Taylor.

Ahora mismo, Parker es una de las siete mujeres que transitan “el corredor de la muerte” en Texas. Todas las apelaciones presentadas por los defensores de Taylor fueron rechazadas sistemáticamente. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó revisar el caso en mayo de este año. Taylor tiene 33 años y permanece recluida. Pasa 22 de las 24 horas del día aislada, a la espera de que se determine la fecha exacta de su ejecución.

Matthew Exton, de 43 años, recibió la sentencia el lunes en el Tribunal de Causas Comunes del condado de Lucas. El juez Gary Cook determinó que podrá solicitar la libertad anticipada tras cumplir 20 años de condena, informó el canal local WTOL 11.

El acusado había sido declarado culpable a comienzos de este mes de dos cargos de tentativa de asesinato y dos de agresión grave, todos con especificaciones por el uso de armas de fuego.

El seguro del arma impidió que se efectuara el disparo

La fiscal del condado de Lucas, Julia Bates, relató que Exton había pedido una bebida en el restaurante Souk y que, al salir, vio a su exesposa y a familiares de ella en el local contiguo, Sabira, donde se celebraba una inauguración.

Según WTOL 11, después de ordenar que enviaran una bebida a la mesa, escupió en dirección al grupo, salió del establecimiento y regresó armado.

Los fiscales sostuvieron que el exabogado se acercó a la mesa con una pistola Colt Defender cargada. El arma tenía una bala en la recámara y otras siete en el cargador, pero no se disparó porque tenía el seguro.

Antes de que intentara efectuar otro disparo, un camarero y otras personas presentes lo derribaron y lograron inmovilizarlo, precisó NBC News.

Durante la audiencia, el fiscal Mike Loisel aseveró: “Estuvo a punto de provocar una tragedia con numerosas víctimas en medio de un restaurante lleno. No tenía ningún respeto por nadie ni por nada más que por sí mismo”.

A su vez, Loisel aseguró que Exton está “tan desequilibrado” que debería permanecer encarcelado durante un largo período.

El juez reprodujo el video y rechazó la versión del acusado

Antes de conocer la sentencia, el exabogado intentó aplazar la audiencia al informar que despedía a su defensor y solicitar más tiempo para hablar con un detective. Además, cuestionó la parcialidad de Cook y afirmó que los cargos en su contra eran “políticos”.

Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud de prórroga al considerar que buscaba demorar el proceso.

En sus declaraciones, el condenado admitió haber apuntado con un arma a su exesposa y a sus familiares, aunque negó haber tenido la intención de herirlos o matar a alguien, indicó WTOL 11.

Al mismo tiempo, alegó que atravesaba un cuadro de depresión e ideas suicidas tras su divorcio y remarcó que el arma nunca llegó a dispararse.

“Las armas no matan personas, las personas matan personas. Yo no maté a nadie. No lastimé a nadie y ni siquiera lo intenté”, argumentó Exton en la audiencia de sentencia.

En consecuencia, la fiscalía señaló que todas sus acciones y explicaciones de ese día, incluidos varios arrebatos durante el juicio, “giraban en torno a sí mismo y a sus propios fracasos, y que quería perpetuar ese fracaso en los demás actuando de forma delictiva”.

Los alegatos de los abogados eran interrumpidos cada pocos segundos por un Exton que repetía la palabra “mentiroso”.

Por su parte, Cook refutó los argumentos del acusado y volvió a reproducir en la sala el registro de vigilancia del episodio. Al referirse al momento en que el arma no funcionó, el juez le señaló a Exton que parecía desconcertado e intentaba desactivar el seguro.

“Ese es el momento en que se consolida tu intención”, aseguró Cook.

De acuerdo con WTOL 11, Exton anunció que apelará la condena por supuestas “irregularidades” en el caso. Tiene 30 días para presentar formalmente esa solicitud.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a dos hermanas señaladas preliminarmente como presuntas autoras intelectuales del asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza, ocurrido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las sospechosas, de 26 y 21 años, fueron localizadas por agentes en el barrio Las Brisas del mismo municipio. La DPI sostiene que ambas mujeres habrían participado en la planificación del ataque y que el homicidio fue motivado por un conflicto de carácter pasional originado meses atrás.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, la disputa estaría relacionada con los celos surgidos alrededor de la pareja sentimental de una de las detenidas, y ese conflicto habría derivado en un plan para acabar con la vida de Fúnez Mendoza.

La DPI plantea que las dos hermanas habrían coordinado el crimen y recurrido a otras personas para ejecutarlo. Bajo esa línea investigativa, las mujeres habrían tenido un papel en la planificación, mientras que otras dos personas estarían vinculadas directamente con la ejecución del ataque.

La responsabilidad penal de las detenidas deberá establecerse durante el proceso judicial correspondiente.

Presuntos celos

La investigación también condujo a la captura de dos jóvenes de 20 y 19 años, detenidos pocos minutos después del asesinato. La DPI los señala preliminarmente como los presuntos autores materiales del ataque. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento legal.

Según la versión policial, existiría una distribución de roles entre los cuatro sospechosos: las dos hermanas son investigadas por su presunta participación en la planificación, mientras que los dos jóvenes son señalados como quienes habrían ejecutado el ataque.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon el asesinato y el grado de participación de cada uno de los capturados. La hipótesis del conflicto sentimental constituye, hasta el momento, una de las principales líneas investigativas de la DPI.

Las cuatro personas permanecen bajo disposición de las autoridades a la espera de que se defina su situación legal.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán continuar recopilando elementos que permitan establecer con precisión cómo se habría originado el supuesto conflicto, qué circunstancias rodearon el asesinato y cuál habría sido el nivel de participación de cada uno de los cuatro detenidos.

Las diligencias policiales también buscan fortalecer la evidencia que será presentada ante las instancias judiciales, donde corresponderá determinar si existen suficientes elementos para establecer responsabilidades individuales por los hechos ocurridos en Tocoa.

Mientras avanza el proceso, la hipótesis relacionada con un presunto conflicto sentimental se mantiene como una de las líneas principales de investigación, pero no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad.

Las autoridades judiciales serán las encargadas de valorar las pruebas, escuchar a las partes involucradas y resolver la situación jurídica de los sospechosos conforme avance el procedimiento.

Con las cuatro personas bajo disposición de las autoridades, el proceso entra ahora en una etapa clave, en la que los indicios recabados deberán ser contrastados con las pruebas y testimonios que permitan esclarecer de manera integral el asesinato de Ingrids Corina Fúnez Mendoza y llevar el caso ante la justicia.

Rene B. Lopez tenía 31 años y una condena de 29 por cumplir cuando fue asesinado por cinco compañeros de prisión en un ataque planificado.

El crimen ocurrió el jueves 18 de septiembre en Pelican Bay, en el norte de California, y reaviva el debate sobre la violencia interna en las cárceles del estado en un año donde los homicidios carcelarios ya duplican el ritmo de reducción que las autoridades esperaban consolidar.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informó que los guardias hallaron a Lopez herido en su unidad habitacional alrededor de las 6 de la tarde.

Fue trasladado a la clínica del penal, donde murió una hora después. Cumplía condena por agresión con arma de fuego en el condado de Los Ángeles.

Dos asesinos convictos ejecutaron el ataque con armas improvisadas

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que Joseph W. Morales y Richard Garcia agredieron a Lopez con elementos fabricados dentro del penal. Ambos tienen condenas previas por homicidio.

Garcia, de 52 años, cumple cadena perpetua desde 1997 por los delitos de asesinato y agresión en el condado de San Luis Obispo.

Morales, de 40, fue condenado en 2019 por matar a un hombre en Woodcrest, una comunidad no incorporada al sur de Riverside.

El historial de Morales dentro del sistema penitenciario es extenso. Mientras aguardaba juicio en una cárcel del condado de Riverside, atacó con un cuchillo a otro interno con tanta fuerza que la punta del arma quedó incrustada en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con un fallo del tribunal de apelaciones del estado. Ese hombre sobrevivió.

Tres reclusos más participaron del crimen, incluido uno que desechó las armas

El mismo registro dejó en evidencia que, tras el ataque, Morales y Garcia entregaron las armas a un tercer recluso: Estevan Saucedo, quien las arrojó a un cesto de basura.

Saucedo, de 30 años, purga cadena perpetua por el asesinato a tiros de un hombre en el barrio de Florence-Firestone, cerca de Huntington Park, en 2016, afirmó el CDCR.

Otros dos presos también fueron señalados como partícipes del crimen: Jose D. Rodriguez, de 28 años, y Freddie G. Sanchez, de 35. Las autoridades no precisaron cuál fue la función de cada uno en el hecho.

Rodriguez fue sentenciado el año pasado por un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 31 años de prisión por homicidio culposo e intento de asesinato.

Sanchez, en tanto, cumple cadena perpetua por agresión con arma de fuego, robo con allanamiento y disparos contra un vehículo ocupado.

El historial de Sanchez también incluye un ataque a otro recluso durante su encarcelamiento, lo que le sumó ocho años adicionales a su condena, según consta en registros del departamento.

El homicidio es el decimoséptimo en las cárceles de California en lo que va del año

La muerte de Lopez es el homicidio número 17 registrado en el sistema carcelario del estado en lo que va de 2026, según el registro oficial del CDCR. La cifra contrasta con los 30 homicidios registrados en el mismo período del año anterior.

El pico de violencia del año pasado llevó a las autoridades a tomar medidas de fuerza en la mayoría de las instalaciones del estado: se recortaron privilegios, se restringió la circulación de los internos y se intensificaron los operativos de requisa de armas y contrabando, de acuerdo con lo que informó el organismo.

El penal alberga a algunos de los reclusos considerados más peligrosos de California.

El asesinato de Austin Metcalf no terminó con su muerte. Desde que Karmelo Anthony fue declarado culpable, en junio de 2026, la familia del adolescente texano recibió más de 100 amenazas. Una de ellas derivó en una acusación federal.

Sharifa Nicole Henderson, de 34 años y residente en Kansas City, Misuri, prometió matar a integrantes de la familia en tres contactos separados realizados en menos de 48 horas. El caso llegó a la justicia federal de Estados Unidos y la expone a hasta 15 años de prisión.

Un gran jurado del Distrito Este de Texas la procesó el 9 de septiembre de 2026 por tres cargos de comunicaciones amenazantes interestatales. Fue arrestada dos días después en Kansas City.

Las amenazas llegaron horas después de la condena de Karmelo Anthony

El juicio contra Karmelo Anthony concluyó el 9 de junio de 2026 con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Metcalf.

Al día siguiente, Henderson ya había enviado el primero de sus mensajes.

A través de Facebook Messenger, le escribió a un integrante de la familia Metcalf que los mataría y los metería en una bolsa para cadáveres. Al final del mensaje, tal como consta en el texto de la acusación formal, añadió: “Esto es una amenaza, llévenme a juicio”.

Ese mismo 10 de junio, Henderson llamó por teléfono al gobierno del Condado de Collin, la fiscalía que procesó a Anthony, y aseguró que “demolería” a la familia Metcalf y “estrangularía” a uno de ellos, de acuerdo con el mismo documento.

El tercer contacto tuvo lugar el 11 de junio, por la misma vía. En ese mensaje, le escribió a otro destinatario: “No te preocupes, te mataré a ti también. Te cazaré para siempre hasta matarte… siempre tendrás que mirar por encima de tu hombro”.

Jeff Metcalf reveló que su familia acumula muchas amenazas desde el veredicto

Jeff Metcalf, padre de Austin, declaró a FOX 4 Dallas-Fort Worth que los suyos recibieron más de 100 amenazas desde que se conoció el fallo contra Anthony.

El caso de Henderson es el primero que derivó en una acusación federal.

El asesinato de Austin Metcalf generó una profunda tensión racial en todo el país. Mientras los seguidores de Anthony cuestionaban la composición del jurado —integrado sin presencia de personas afroamericanas— y exigían la absolución, los familiares y simpatizantes de la víctima se congregaron frente al mismo tribunal en busca de un fallo condenatorio.

Anthony mató a Metcalf durante una competencia escolar y recibió 35 años de prisión

El crimen ocurrió el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo de nivel secundario.

Anthony, entonces estudiante de la Escuela Secundaria Centennial y de 17 años en ese momento, se acercó hasta la carpa del equipo de la Escuela Secundaria Memorial, donde estaba Metcalf.

Según la investigación, Metcalf le pidió que se retirara. La fiscalía sostuvo que fue Anthony quien provocó el enfrentamiento que terminó con su muerte, tras recibir una puñalada en el pecho.

Las cámaras de vigilancia captaron a Anthony corriendo del lugar inmediatamente después del ataque.

Cuando los agentes lo aprehendieron, tal como quedó registrado en informes policiales obtenidos por Fox News, les dijo a los agentes: “No soy un presunto culpable, yo lo hice”.

Anthony fue condenado a 35 años de prisión. En agosto de 2026, un juez rechazó su pedido de nuevo juicio, aunque su defensa prepara una nueva apelación.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4,547 denuncias criminales por estafas y otros fraudes, frente a 3,987 en el mismo período de 2025. La diferencia fue de 560 casos, equivalente a un aumento del 14%. Las cifras son preliminares y corresponden a hechos puestos en conocimiento de la institución, no a condenas.

La estafa común concentró 4,196 registros, más de nueve de cada diez casos del total. Esta categoría sumó 384 noticias criminales más que un año antes, cuando se habían contabilizado 3,812. Por su volumen, sigue siendo el principal delito del grupo y explica buena parte del incremento observado en 2026.

El segundo cambio más marcado apareció en la modificación o manipulación de programas informáticos. Los registros pasaron de 52 entre enero y agosto de 2025 a 228 en igual período de 2026: 176 casos adicionales, un alza de 338%. Aunque representa una fracción menor del total, fue la categoría con el mayor crecimiento relativo.

La clasificación del Ministerio Público permite distinguir ambos delitos, pero no detalla en estos cuadros cómo se cometió cada hecho. Por ello, los 228 registros informáticos no pueden atribuirse, sin información adicional, a mensajes falsos, suplantaciones o una plataforma específica. El aumento describe una categoría penal, no identifica por sí solo un método de fraude.

La estafa agravada, en cambio, bajó de 107 a 94 registros, una reducción de 13 casos. También descendió el fraude en servicios públicos, de ocho a siete, mientras que el cobro indebido de un seguro pasó de cinco a ninguno. Estas variaciones fueron menores en número que el crecimiento de la estafa común y los delitos informáticos.

Otras categorías tuvieron cifras reducidas, aunque algunas mostraron saltos visibles. Las denuncias criminales por prenda hipotecaria sobre bien ajeno aumentaron de tres a 21. El reporte de 2026 consignó, además, un caso de alteración o manipulación de instrumentos de medición.

Por mes, marzo registró el máximo de 2026, con 615 noticias criminales. Le siguieron agosto, con 577, y enero y julio, con 575 cada uno. Febrero presentó la menor cifra, 523. El reporte muestra así registros durante todo el período, sin que el dato de un mes baste para establecer una tendencia futura.

La mayor cantidad de casos se concentró en la provincia de Panamá, con 2,607, seguida de Panamá Oeste, con 615, y Chiriquí, con 405. San Miguelito aparece por separado con 244 registros. Panamá reunió cerca del 57% del total nacional, aunque los informes no ofrecen tasas por población para comparar el riesgo entre territorios.

En términos interanuales, Panamá Oeste pasó de 462 a 615 casos, un aumento de 153, mientras la provincia de Panamá subió de 2,288 a 2,607, es decir, 319 más. Chiriquí avanzó de 349 a 405. Los Santos registró 96 frente a 70, un crecimiento porcentual importante sobre una base más pequeña.

No todas las áreas mostraron incrementos. Veraguas bajó de 116 a 99 registros, Herrera de 112 a 100 y Coclé de 140 a 134. Bocas del Toro permaneció en 45. Estas diferencias muestran que el aumento nacional no se distribuyó de manera uniforme y que las cifras provinciales requieren leerse junto con su volumen inicial.

Como contexto sobre la experiencia de los consumidores, un estudio de Experian publicado en septiembre de 2026 señala que el 68% de sus encuestados recibió al menos un intento de fraude durante el último año.

Entre quienes estuvieron expuestos, el 62% dijo que el intento no se materializó. La encuesta mide experiencias declaradas; no equivale al registro penal.

El estudio también encontró que el 64% de los encuestados no había recibido capacitación o información para evitar fraudes y que la mitad no sabía cómo reportar uno. Esos hallazgos ayudan a entender las dificultades de prevención y denuncia, pero no permiten explicar por sí solos el aumento de las noticias criminales registradas por el Ministerio Público.

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Un jurado de Luisiana declaró a Danette Colbert culpable de homicidio negligente por la muerte del periodista Adan Manzano, reportero de Telemundo Kansas City que se encontraba en la zona para cubrir el Super Bowl de 2025.

El mismo veredicto condenó a Colbert y a su coacusado, Rickey White, por crimen organizado. La fiscalía sostuvo que ambos integraban una red que captaba a hombres en Nueva Orleans, los drogaba y les robaba dinero y pertenencias.

Un tercer acusado, Christian Anderson declaró contra ambos tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de robo simple y fraude con dispositivos de acceso, precisó Associated Press.

Manzano, de 27 años, trabajaba para KGKC Telemundo Kansas City y Tico Sports. Fue hallado muerto el 5 de febrero de 2025 en una habitación de hotel en Kenner, en las afueras de Nueva Orleans.

Manzano murió por la combinación de Xanax, alcohol y asfixia posicional

Tras no presentarse a un compromiso, sus compañeros solicitaron a las autoridades que verificaran su estado. Al llegar, encontraron al reportero fallecido en su habitación de hotel, reportó ABC News.

La autopsia determinó que murió por los efectos tóxicos combinados de Xanax y alcohol, sumados a una asfixia posicional. El periodista estaba boca abajo sobre una almohada y no pudo respirar.

Colbert fue la última persona que vio a Manzano. Registros de video la mostraron junto al periodista en el Barrio Francés y, más tarde, en el hotel.

Según los fiscales, grabó varios videos en los que intentaba desbloquear el teléfono de Manzano y acceder a sus cuentas bancarias mientras él “agonizaba o ya había muerto”.

Además, utilizó la tarjeta de crédito de Manzano en una gasolinera de Nueva Orleans y en otros comercios cercanos, indicó Associated Press.

Posteriormente, hallaron Xanax en su domicilio de Slidell, Luisiana.

La fiscalía describió un esquema de robos que operó durante años

La acusación sostuvo que Colbert se hacía pasar por prostituta o acompañante para atraer a hombres en el Barrio Francés. Luego los inducía a utilizar un cajero automático para retirar dinero y observaba sus claves, señaló The New York Times.

Por consiguiente, la mujer los llevaba a un lugar privado y esperaba a que perdieran el conocimiento por el consumo de drogas y alcohol, o incluso después de mantener relaciones sexuales, para apoderarse de teléfonos, tarjetas, efectivo, joyas y otros objetos de valor. A su vez, fotografiaba las identificaciones de las víctimas.

En el delito, White habría actuado como “proxeneta”, al brindar instrucciones, seguridad y asistencia para identificar a las víctimas y distribuir lo sustraído, según ABC News.

La investigación reunió decenas de miles de mensajes, imágenes y videos que documentaron el funcionamiento del esquema entre Colbert, Anderson y White, así como la selección de hombres.

En su alegato final recogido por un comunicado de prensa, la fiscal adjunta Jenny Voss explicó: “Se trataba de una organización, un grupo de personas asociadas. Danette Colbert no hacía esto sola. Danette Colbert lo hacía con Rickey White y otros. No eran solo amigos. Eran socios. Todos ellos, en conjunto, tenían un papel distinto”.

Durante el juicio declararon otras personas que afirmaron haber sido perjudicadas. Una de ellas aseguró haber perdido USD 100.000 en su encuentro con Colbert, recogió ABC News.

Colbert y White enfrentan penas de hasta 50 años

Después de cinco horas de deliberación, el jurado declaró a Colbert culpable de homicidio negligente, un delito que conlleva hasta 10 años de prisión.

La acusación había solicitado condenas por homicidio involuntario para ambos imputados, pero White fue declarado inocente.

Sin embargo, fue declarado culpable de crimen organizado junto a Colbert. En Luisiana, ese cargo contempla penas de hasta 50 años de prisión.

La sentencia fue fijada para el 28 de septiembre, según informó la Fiscalía de la parroquia de Jefferson.

Al otro, un hombre de más de 70 años sostiene otra cámara y filma sin apartar la mirada. Cuando la mujer pierde el conocimiento, el video continúa.

Esa grabación fue recuperada de uno de los más de 50 discos duros encontrados en una casona del barrio de Olney, en el norte de Filadelfia. El hombre que aparece en el video murió en 2025, a los 82 años, sin haber sido arrestado.

Su hijo lleva meses en prisión preventiva por cargos de armas. Y la Policía sigue sin poder responder la pregunta más básica del caso: qué pasó con las mujeres que entraron a esa casa y nunca volvieron a salir.

El caso arranca en la calle

El 19 de junio de 2026, pasadas las ocho de la noche, un guardabosques federal patrullaba a pie la cuadra 600 de Market Street, en el corazón histórico de Filadelfia. Frente al Independence Mall — el parque donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos — había un BMW negro estacionado en una zona prohibida. El agente se acercó.

Dentro del vehículo estaban Eugene Horsch y una mujer sin identificar. Al pedirle documentación, la mujer entregó un carnet a nombre de Blair Tonzelli, de 35 años, desaparecida desde 2023.

Según declaraciones posteriores a la Policía, fue el propio Horsch quien le había dado esa identificación. En el asiento trasero había dos pistolas y aproximadamente USD 8.000 en drogas ilegales.

En los bolsillos de Horsch, credenciales que lo acreditaban como agente de la Agencia Antidrogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Todas falsas.

Horsch fue detenido. Pero lo que dijo a continuación fue lo que transformó un arresto rutinario en una investigación de homicidio. Según documentos judiciales, el hombre afirmó que la mujer desaparecida “jamás volvería a ser vista”.

Esa frase llevó a los investigadores hasta la casona en el norte de la ciudad.

La casa de West Chew Avenue

Olney es un barrio de clase trabajadora, con una densa red de casas adosadas, comercios de barrio y comunidades de inmigrantes.

La casa del bloque 400 de West Chew Avenue no llamaba la atención desde fuera. Adentro, era otra cosa.

El 20 de junio, la Policía ejecutó la primera orden de allanamiento. Encontraron una planta de marihuana, una insignia falsa del FBI, al menos un arma adicional y cinco urnas con restos que parecen ser cenizas humanas. Todavía no se confirmó a quién pertenecen.

El 25 de junio los policías regresaron con una segunda orden, esta vez acompañados por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y una unidad de desactivación de explosivos.

Lo que encontraron desbordó cualquier expectativa: más de 50 discos duros con más de 600.000 imágenes, 70.000 videos y 10.000 escritos y dibujos.

En el sótano, un laboratorio improvisado con recipientes de una sustancia aceitosa no identificada.

Los investigadores sospechan que esa sustancia pudo haberse usado para disolver cadáveres o destruir pruebas biológicas. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio federal en Chicago para análisis.

Los técnicos también excavaron tuberías subterráneas frente a la propiedad. Hallaron, además, una nota manuscrita sin firma que, según documentos obtenidos por el canal local WPVI, hacía referencia al asesino serial Ted Bundy y describía métodos para deshacerse de “basura”.

Los protagonistas

Raymond “RC” Horsch tenía 82 años cuando murió, en 2025, antes de que comenzara la investigación. Era fotógrafo y productor de material pornográfico con temática sadomasoquista.

También escribía libros de ficción erótica cuyos protagonistas eran asesinos en serie que cazaban mujeres. Según testimonios de familiares y personas que lo conocieron, Horsch ejercía una autoridad absoluta dentro de su entorno.

Su exesposa, Amy McHale, de 44 años, fue vista por última vez en 2016 en esa misma casa. Era una de sus modelos y figura entre las mujeres cuyo paradero se desconoce.

Eugene Horsch es el hijo de Raymond. Tenía 44 años y, al momento de su arresto, no registraba antecedentes por delitos violentos, aunque sí una condena previa que le impedía legalmente portar armas.

Vivía en esa misma casa junto a su padre y fue imputado formalmente en julio por posesión de armas de fuego —incluyendo una con el número de serie borrado— y por uso de credenciales federales falsas.

Hasta la fecha, no enfrenta cargos relacionados con las mujeres desaparecidas.

Gabrielle Amarando tenía 22 años cuando desapareció en 2012. Sus amigos de la infancia recuerdan una joven que luchaba contra la adicción a las drogas.

“Era un alma maravillosa. De verdad”, declaró Ashley Levin, amiga de la infancia, en declaraciones al noticiero local Action News. “La adicción y la salud mental pueden llevar a la gente a lugares muy oscuros, pero eso no define a una persona”.

Catorce años después de su desaparición, la madre de Amarando recibió la confirmación que temía: los investigadores le mostraron videos de su hija con vida y fotografías halladas e incautadas en la casa, en las que aparecía aparentemente muerta, con la cara pálida y el cuerpo en una posición que los médicos forenses interpretaron como inequívoca.

Maribel Fresses desapareció en 2018, también a los 27 años. Aparece en el mismo conjunto de imágenes que Amarando. Los archivos están fechados en 2017.

Nicole Fusaro tenía 27 años cuando fue vista por última vez, en 2018. Su primo confirmó su vinculación al caso a través de WPVI.

Según fuentes de la investigación citadas por ABC News, el video de la apertura de esta historia — el que muestra a una mujer esposada y con un precinto al cuello — podría ser el de Fusaro.

La Policía no lo confirmó oficialmente: el Comisionado Adjunto Frank Vanore describió la secuencia en ese encuentro con la prensa sin identificar a la víctima por nombre.

Blair Tonzelli desapareció en 2023, la más reciente de las víctimas identificadas. Fue la primera en ser nombrada públicamente, cuando la mujer detenida junto a Eugene Horsch presentó su documentación.

Las otras dos mujeres vinculadas al caso aparecen en el material digital en estado de inconsciencia o con lesiones visibles.

Una de ellas fue identificada por la Policía pero su familia pidió que no se revelara su nombre. La identidad de la séptima sigue sin determinarse.

Lo que muestran los videos

El miércoles 16 de septiembre de 2026, la Policía de Filadelfia convocó a los medios para ofrecer el estado de la investigación.

El comisionado Vanore describió lo que los agentes habían encontrado en el material digital. “Hay miles y miles de videos que hay que revisar. Necesitamos corroborar lo que vemos”, afirmó el funcionario, según la cadena NBC10.

De las 58 personas identificadas en el material, 4 aparecen inconscientes o sin vida. Otras 10 murieron posteriormente por sobredosis en distintos puntos de Filadelfia, aunque no en la casa de West Chew Avenue.

Dieciséis fueron localizadas con vida pero se negaron a colaborar con los investigadores. Los detectives trabajan para contactar a otras 25.

La investigación enfrenta un obstáculo central: ningún cuerpo fue recuperado. Sin restos físicos, los cargos de homicidio son más difíciles de sostener ante un tribunal.

“Sin cuerpos, no hay una fuente fácil de ADN para cotejar con cualquier evidencia forense que encuentren en la casa”, explicó el ex agente del FBI JJ Klaver en declaraciones a Action News.

La Policía ejecutó cerca de 100 órdenes de allanamiento sobre la propiedad y su contenido. El FBI revisó apenas el 30% del material digital. La agencia aumentó el número de agentes asignados al caso para acelerar el proceso de autenticación de imágenes.

El estado actual

Las familias de las siete mujeres vinculadas al caso aguardan. La casa de West Chew Avenue sigue bajo custodia policial. Las autoridades tienen previsto regresar a la propiedad con una nueva orden de allanamiento antes de que finalice septiembre de 2026.

“Tenemos un deber”, dijo el Comisionado de Policía Kevin Bethel en la rueda de prensa. “Un deber con esas familias que están preocupadas por si su ser querido perdió la vida en esa casa o en algún otro lugar”.

El agente especial al mando de la oficina del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, fue más escueto: “El objetivo es la exhaustividad, no la velocidad”.

Quien cuente con información puede llamar a la Policía de Filadelfia al 215-686-8477. Para contactar directamente a un investigador de la Unidad de Homicidios: 215-686-3334.

Una mujer de 47 años ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza después de que la Guardia Civil la detuviera como presunta autora de un homicidio con arma blanca en Requena (Valencia). La víctima, un hombre de 51 años, murió tras el ataque ocurrido el sábado 12 de septiembre, según ha confirmado el Instituto Armado a la agencia EFE.

La investigación principal sostiene que entre ambos no existía una relación sentimental. No obstante, la radio autonómica À Punt ha informado hoy que el crimen ocurrió en la vivienda del fallecido y estaría vinculado a un posible caso de extorsión.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia llamó a la detenida a que compareciera ante el juzgado el lunes 14 de septiembre. La titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena acordó su encarcelamiento cautelar por un presunto delito de homicidio, una calificación que puede cambiar durante la instrucción.

*Noticia en ampliación

El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

El ataque se registró el viernes 11 de septiembre. Las primeras versiones indicaron que tres integrantes de Alto Exceso resultaron con heridas de gravedad, incluido el cantante del grupo.

Testigos de la reunión llamaron a los números de emergencia después de las detonaciones. Policías municipales fueron los primeros en llegar al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos al encontrar a los músicos lesionados.

Dos músicos murieron en una fiesta de Chichimequillas

Los rescatistas confirmaron que Rodríguez González y Muñoz Gómez ya no tenían signos vitales cuando arribaron a la comunidad. El tercer integrante recibió atención médica, fue estabilizado y después lo llevaron a un hospital.

Los agresores habrían escapado en el coche desde el que perpetraron el ataque. Hasta el momento de los hechos no se habían informado detenciones relacionadas con el doble homicidio ni se habían difundido detalles sobre la identidad de los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer el asesinato de los dos músicos. Las autoridades buscaban establecer las circunstancias de la agresión y la posible ruta de huida de los atacantes.

Alto Exceso despidió a su vocalista y a su bajista mediante una publicación en Facebook. El grupo manifestó su tristeza por la pérdida de sus compañeros y agradeció las muestras de apoyo que recibió de sus seguidores.

Alto Exceso despidió a Rodríguez González y Muñoz Gómez

“​​No tenemos palabras para describir esta situación... Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón, queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron, que ellos viven en nuestro corazón y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad”, publicó la agrupación.

El ataque contra los integrantes de Alto Exceso formó parte de una jornada violenta en Guanajuato, donde fueron asesinadas 10 personas en distintos sucesos registrados durante 24 horas. Los delitos ocurrieron en los municipios de Silao, Guanajuato, San Felipe, Irapuato, Acámbaro y Salamanca.

En Acámbaro, un grupo de hombres disparó contra las fachadas de dos inmuebles ubicados en la zona centro del municipio. Durante esa agresión resultó lesionada una niña de tres años.

En Silao también fue localizado sin vida un hombre identificado como Juan, en el camino que conduce a la comunidad de Pabileros. En Irapuato, dos hombres y una mujer fueron asesinados en el fraccionamiento Real de Arandas y en la comunidad de San Francisco de la Charca.

Los homicidios se extendieron a seis municipios de Guanajuato

En la comunidad La Quemada, perteneciente al municipio de San Felipe, un hombre y una mujer fueron asesinados. Las autoridades también informaron dos homicidios más en los municipios de Guanajuato y Salamanca.

Un muerto y cinco heridos durante un partido de fútbol en Guanajuato

Un ataque armado durante un partido de fútbol llanero en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y cinco heridas, según pudo confirmar Infobae con la Fiscalía de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 13 de septiembre en unos campos de fútbol ubicados sobre la calle Obregón, casi esquina con el Libramiento Sur, en el Barrio de Guadalupe de ese municipio.

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio donde se disputaba el encuentro. Uno de los agresores sacó una pistola y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, antes de huir a toda velocidad del lugar.

Cómo ocurrió el ataque durante el partido

El ataque se registró alrededor de las 14:43 horas del domingo, mientras se jugaba un partido de fútbol llanero en los campos ubicados sobre la calle Obregón. Un ciudadano que grababa el encuentro con su teléfono captó el momento exacto en que se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Los agresores se detuvieron frente a sus víctimas antes de abrir fuego. La agresión, según autoridades presentes en el lugar, estaba dirigida contra al menos dos personas que se encontraban como espectadoras del partido.

La incorporación de 774 nuevos agentes a la Fuerza Pública fue el escenario elegido por el presidente José Raúl Mulino para ratificar una política de confrontación con el narcotráfico y las pandillas en Panamá.

En su discurso el mandatario defendió las detenciones, el aislamiento y el uso de la fuerza dentro de la ley.

Durante la graduación de la promoción 103 de la Fuerza Pública, el mandatario planteó una disputa directa entre el Estado y las organizaciones criminales.

“O son los narcos o somos nosotros”, afirmó, al tiempo que aseguró que el crimen organizado no impondrá su agenda en Panamá

El presidente sostuvo que las instituciones panameñas requieren más capacidad técnica y operativa para enfrentar a las redes delictivas.

También ubicó ese desafío dentro de una coordinación con otros países de la región, entre ellos México, Colombia, República Dominicana.

Panamá, en su opinión, busca combatir a las pandillas y al narcotráfico sin condicionamientos ideológicos, mediante el trabajo de sus organismos de seguridad y una política que priorice la protección de la ciudadanía.

El mandatario no precisó si su planteamiento contempla reformas a las normas penales o de seguridad.

“Con orgullo, pertenecemos a un grupo de países que enfrentan con firmeza el delito, porque sabemos que esta lucha no podemos librarla solos”, al agregar que esa decisión responde a “una razón de supervivencia”.

Insistió en que las autoridades no deben abrir canales de diálogo con las pandillas. “A las pandillas no se les gana negociando ni se les vence abriendo espacios de diálogo”, manifestó.

El jefe de Estado detalló la respuesta que propone contra esos grupos, señalando que “se les combate con la fuerza, con detenciones de acuerdo con la ley, con aislamiento y con la determinación de un Estado que no está dispuesto a retroceder”.

“Los casos exitosos como El Salvador no se basaron en tratar a los presos como víctimas, sino en hacer cumplir la ley con rigurosidad y firmeza”, sostuvo.

Mulino volvió sobre esa idea al describir la relación entre el Estado y las estructuras criminales. “Repito, al final, la realidad es una sola: son ellos o somos nosotros”, señaló.

En su discurso, afirmó que una porción minoritaria de la población tiene vínculos con actividades de narcotráfico, esto sin explicar el origen ni la metodología detrás de esa estimación. “Ese 2% de personas vinculadas a la narcoactividad no va a imponerle su agenda al resto del país”, aseguró.

El presidente también sostuvo que existe una disputa por la autoridad dentro de la sociedad panameña. “Sé muy bien que hoy existe una disputa por quién manda”, expresó.

Según dijo, los grupos criminales pretenden extender su influencia más allá de sus actividades ilegales. “Los delincuentes quieren imponer su poder sobre la sociedad y eso no pasará”, afirmó.

El mandatario vinculó esa disputa con acciones que, según manifestó, buscan cuestionar la respuesta oficial. Mencionó el uso de redes sociales y campañas destinadas a desacreditar las medidas estatales contra el narcotráfico y las pandillas.

“Todos, más allá de cualquier diferencia ideológica, compartimos un objetivo: frenar el narcotráfico, a las pandillas y al poder que ejercen”, sostuvo.

Defendió el envío a Coiba de presuntos delincuentes de alto perfil y cuestionó las objeciones surgidas tras esa medida. Presentó ese episodio como una muestra de las resistencias que enfrenta su estrategia.

A finales de agosto la administración Mulino envió a Coiba a varios exfuncionarios, entre ellos al exalcalde de la provincia de Colón, Alex Lee, del partido Revolucionario Democrático, investigado por presunto peculado doloso agravado y quien cumplía medida cautelar de detención provisional en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza.

La jueza penal Andrea Díaz-Muñoz descubrió en 2020 que su bisabuela, Corina Rojas, planificó el asesinato de su esposo, David Díaz-Muñoz, un terrateniente 36 años mayor que ella, cometido en Santiago el 21 de enero de 1916. Seis años después, tras más de dos décadas de trabajo en el Poder Judicial, reconstruyó el caso en Corina: una mujer, no un crimen, un libro que también busca recuperar la huella de una mujer que fue la primera condenada a muerte en Chile.

Rojas permaneció dos años detenida en la Casa Correccional de Mujeres y estuvo a punto de ser fusilada. El presidente Juan Luis Sanfuentes, que gobernó entre 1915 y 1920, la indultó el 19 de noviembre de 1918, después de que ella le enviara una carta en la que imploró “el perdón para una mujer desgraciada”.

La condenada no cuestionó el proceso judicial ni expresó temor ante la ejecución en esa petición de clemencia. Tras recuperar la libertad, no volvió a ver a sus cuatro hijos y su rastro se perdió.

Corina Rojas tenía 28 años y era madre de cuatro hijos cuando fue acusada de contratar a un sicario para matar a David Díaz-Muñoz, agricultor y propietario de una importante fortuna. Sus padres la habían obligado a casarse cuando ella tenía 15 años y él 51.

El crimen ocurrió en el dormitorio de la vivienda de Lord Cochrane 338, en el centro de Santiago, mientras Díaz-Muñoz dormía. Alberto Duarte, conocido como El saco de luche, le enterró un puñal en el pecho después de permanecer oculto detrás de una cortina de terciopelo.

La noche del homicidio, Rojas organizó una cena en la casa y reunió a familiares, un comisario de policía y dos empresarios. Mientras los invitados jugaban a las cartas, el atacante aguardó el momento en que el dueño de casa se retirara a descansar.

La alusión a los naipes dio nombre a La baraja de la muerte, también conocida como El enigma de la calle Lord Cochrane, el primer largometraje del cine chileno. La magistrada sostiene que sus realizadores pretendían estrenar la película al mismo tiempo que se conociera la sentencia.

Díaz-Muñoz se enteró de su vínculo con el caso al ver un trabajo del noticiario del canal del Poder Judicial sobre la primera mujer condenada a muerte en Chile por ese parricidio. Al oír el apellido de la víctima, creyó que podía ser una coincidencia, pero las conversaciones con familiares revelaron un secreto que nadie había transmitido dentro de la familia.

“Fue un hallazgo inesperado” y “una historia que nunca fue contada en la familia”, explicó la jueza. Su abuelo, Gustavo Díaz-Muñoz Rojas, nunca supo que su madre había estado encarcelada, y tampoco lo sabía su padre, fallecido en 2020.

La investigación familiar llevó a la magistrada a revisar expedientes judiciales, crónicas de la época y las condiciones sociales que rodearon el caso. “No soy mística, pero no es una mera coincidencia que la bisnieta de Corina Rojas sea jueza. Pensé que era necesario darle una voz y escucharla, que es lo que uno hace a diario: oír a los intervinientes y resolver conforme a derecho”, afirmó.

La jueza considera que el mismo hecho habría tenido un tratamiento distinto en el presente. “Ella sí habría sido escuchada y juzgada solamente por el hecho y no por la sociedad, como ocurrió”, señaló.

La figura de Jorge Sangts Frick alimentó la atención pública sobre el asesinato. El supuesto profesor de piano de Rojas tenía 24 años, llegaba con un lirio cada miércoles y sábado para impartir sus lecciones y también ofrecía servicios como especialista en magnetismo.

Sangts se llamaba en realidad José Justino Gandarillas y no era oriundo de Leipzig, como afirmaba, sino de Cochabamba, Bolivia. Era buscado allí por estafas, deudas y robos, y en Chile sedujo y engañó a varias mujeres de alto poder adquisitivo.

La policía estableció que Gandarillas recibía dinero de Rojas, aunque él lo negó durante el proceso. Cuando fue detenido por el homicidio, “no tardó ni un día en señalar a Corina”, contó Díaz-Muñoz.

Un año antes del asesinato, en diciembre de 1915, Rojas había intentado envenenar a su esposo mediante una brujería. La jueza no justifica el crimen, pero sitúa aquella decisión en una relación donde su bisabuela dependía económicamente de un hombre del que no podía separarse sin perder a sus hijos ni contar con una pensión que le permitiera sostenerse.

“Él era el soporte económico de ella. En ese momento Corina no pudo tener la opción, que sí pueden tener hoy las mujeres, de separarse y quedar con la custodia de sus hijos y con una pensión digna”, sostuvo. “Era una mujer que tenía un amante e iba a ser condenada socialmente por este hecho. Estaba completamente atada de manos para salir de un matrimonio que no la hacía feliz”.

En una primera aproximación a la historia, la autora imaginó a Rojas como “una mujer cruel y despiadada”, incluso satisfecha de haber preparado la muerte de un hombre que la ignoraba. Después advirtió que “no todas las mujeres infelices y no amadas por sus maridos terminan contratando un sicario” y concluyó que debía existir una dimensión adicional en su vida.

La cobertura policial de 1916 explotó el escándalo, en especial por la relación extramarital de Rojas. La jueza observó que los periodistas asumieron su culpabilidad de manera unánime y que no prestaron atención a los malos tratos, las infidelidades del marido ni a los hijos que Díaz-Muñoz tuvo fuera del matrimonio.

Ese mismo año aparecieron dos libros antes de que se dictara el fallo: El sensacional crimen de la calle Cochrane y El crimen de la calle Lord Cochrane. El segundo describió a Rojas como “una mujer morena, pálida, regordeta, de ojos negros, vivos, de rostro simpático, modales ágiles, andar menudo, que da en aspecto de conjunto la impresión de ser una mujer sensual, ardiente, voluble, que busca al hombre y es buscada por él”.

La publicación añadía que “no hay nada en ella (...) que caracterice a la dueña de casa hacendosa, retraída, amante de su esposo y sus hijos”. Sobre David Díaz-Muñoz, en cambio, la prensa destacaba que proveía a su familia, era un excelente padre y un terrateniente respetado, sin detenerse en su aspecto físico.

El examen del expediente llevó a Díaz-Muñoz a concluir que a Rojas se la juzgó con mayor dureza que a un hombre. La condena social por ser madre de cuatro hijos y tener un amante se trasladó a las preguntas formuladas durante la causa.

La magistrada detectó que también fue interrogada por adulterio, pese a que la ley de entonces impedía investigar ese delito si no mediaba una denuncia del marido, que ya había muerto. El juez le preguntó cuándo había visto por primera vez a Sangts, cómo había sido el vínculo entre ambos y en qué momento se produjo el acercamiento físico.

“El juez negó la atenuante de irreprochable conducta anterior porque Corina era adúltera. No porque hubiera sido condenada por adulterio. No porque hubiese sido acusada. Sino porque él lo decidió así, al margen de toda norma procesal, como un reproche moral que la ley no le autorizaba a hacer. Eso tiene un nombre. Se llama arbitrariedad”, escribió en Corina: una mujer, no un crimen.

Gandarillas fue condenado por homicidio, pero recuperó la libertad pocos años más tarde por su buen comportamiento como reo. En 1924 volvió a relacionarse con una mujer casada y adinerada, Zulema Arenas, a quien enamoró; ambos intentaron envenenar al esposo de ella y lograron que, mientras agonizaba, firmara cheques en blanco, aunque el hombre sobrevivió.

Un adolescente de 16 años fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, un joven de 19 años. Molinez murió tras ser baleado en una vivienda de la zona norte de General Roca, provincia de Río Negro. Durante la audiencia se abrió formalmente la investigación y se dispusieron medidas cautelares para el acusado.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre en una casa ubicada sobre la calle Rivadavia al 4300. Cerca de las 23:00, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones contra el domicilio. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Molinez con una herida de arma de fuego en el torso.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias (Siarme) trasladó al joven al hospital Francisco López Lima, pero murió poco después a causa de las graves lesiones. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y procura establecer quiénes participaron del ataque.

El Ministerio Público Fiscal presentó los elementos reunidos en las primeras horas de la pesquisa para sostener la imputación contra el adolescente. El legajo incorpora el informe de autopsia, pericias sobre el proyectil secuestrado, informes de Criminalística y tareas de la Brigada de Investigaciones.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una moto y otros elementos de interés para la causa. La Fiscalía también informó que en la escena se hallaron vainas servidas y que la autopsia permitió extraer un proyectil, que será sometido a peritajes

Según la acusación, durante el episodio se realizaron varios disparos y uno de los proyectiles alcanzó a la víctima. La investigación deberá determinar la secuencia del ataque, el origen de los disparos y la eventual intervención de otras personas.

En una audiencia previa a la formulación de cargos, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dispuso que el adolescente permaneciera con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, bajo la responsabilidad de su padre. La medida había sido solicitada por la Fiscalía hasta que se concretara la imputación formal.

El imputado fue asistido por un defensor penal de menores. La reserva de información responde a la normativa que protege la intimidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en expedientes judiciales.

Por esa razón, no se informaron el nombre, el domicilio, imágenes ni ningún otro elemento que permita identificar de forma directa o indirecta al acusado. Tampoco trascendieron detalles que puedan exponer su identidad a partir de la reconstrucción del hecho.

La víctima del homicidio, Mauricio Sebastián Molinez, había sido absuelto tres meses antes en otro expediente judicial vinculado a una agresión ocurrida en 2025 frente a un boliche. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para atribuirle participación.

El crimen de Mauricio Sebastián Molinez ocurrió en una noche en la que la Policía recibió varias denuncias por disparos en distintos puntos de la zona norte de Roca. Antes del ataque fatal, personal de Criminalística constató daños en viviendas del sector tras llamados al 911, aunque en esos primeros episodios no se reportaron personas heridas.

Horas después de la muerte del joven, cerca de las 00:30, un segundo llamado alertó nuevamente a la Policía. Los efectivos se dirigieron hacia la intersección de las calles Don Bosco y Colón. Allí encontraron a un hombre de 29 años que presentaba una herida compatible con un disparo en la cabeza.

El equipo de emergencias lo asistió y lo trasladó al hospital de Roca, donde permanecía internado en terapia intensiva. En ambas escenas trabajaron efectivos de la Unidad 69, la comisaría 21, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

La Fiscalía busca establecer si el homicidio en Rivadavia al 4300 y el ataque contra el hombre de 29 años forman parte de una misma secuencia. Por el momento, la posible conexión entre ambos tiroteos no fue confirmada judicialmente.

El expediente sumará declaraciones, peritajes adicionales y acciones orientadas a esclarecer el modo en que ocurrió el ataque y las personas involucradas. También se aguardan los resultados de las pericias en curso para reconstruir la secuencia completa.

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Policías rescatan a un búho cornudo herido en la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un búho cornudo herido en la colonia Loma La Palma, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que el ave quedó atrapada en la parte alta de una estructura dentro de un deportivo ubicado sobre la calle 18 de Marzo. El operativo estuvo a cargo de oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), unidad especializada en atención de fauna silvestre y doméstica.

El llamado se originó por personal de la Policía Auxiliar capitalina, que detectó al ejemplar en una posición de riesgo y solicitó el apoyo especializado. Al llegar al sitio, los uniformados de la BVA confirmaron que el ave presentaba una lesión visible en su extremidad torácica derecha, lo que complicó las maniobras de rescate.

Para lograr la contención del búho, los policías solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyo personal participó en las labores de rescate en altura. Entre ambas corporaciones lograron bajar al animal sin que sufriera lesiones adicionales y lo resguardaron en una jaula especial diseñada para el traslado de fauna silvestre.

Los oficiales trasladaron al ejemplar hasta las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde personal médico veterinario zootecnista quedó a cargo de su valoración. En ese lugar, los especialistas iniciaron el proceso para determinar el tratamiento necesario que permita la recuperación del ave antes de una eventual liberación.

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Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que como parte de los trabajos contra el Robo de Autopartes y Vehículos en la capital, policías de la CDMX, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvieron a seis hombres en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Los detenidos son probables integrantes de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la CDMX y el EDOMEX, así como a la reventa de autopartes.

Mientras que en otra importante acción, como seguimiento a un caso de robo de vehículo, efectivos de la SSC ejecutaron una orden de cateo y aseguraron un predio ubicado en la colonia Xalpa, alcaldía @AlcIztapalapa, donde localizaron y aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz.

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De al menos siete balazos mataron a un checador de ruta de transporte público en Tecámac, Estado de México. La semana pasada fueron hallados a menos de tres kilómetros restos humanos abandonados en la calle.

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo sobre la calle Labastida en la colonia Ojo de Agua en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla. El ataque armado fue contra el hombre que se encontraba en un Jetta gris, en la colonia Ojo de Agua, durante la madrugada.

Sujetos armados dispararon alrededor de 10 veces y escaparon. La Fiscalía ya investiga. Autoridades mantienen un operativo en la zona.

Una mujer fue asesinada a balazos durante la madrugada frente a una guardería en el Centro de Mazatlán. Vecinos reportaron al menos tres detonaciones y localizaron el cuerpo detrás de una camioneta. La víctima no ha sido identificada.

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Un nuevo hecho violento sacudió las primeras horas de este jueves 10 de septiembre, luego de que las autoridades policiales hallaran el cuerpo sin vida de un hombre no identificado a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conduce de Puerto Cortés hacia Choloma. El cadáver, que pertenecía a un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad, presentaba múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba visiblemente maniatado con las manos hacia atrás.

El hallazgo se produjo tras una llamada de emergencia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 al amanecer. Tras la alerta, las patrullas policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y verificar los reportes preliminares de los vecinos del sector.

El subcomisionado de la Policía Nacional en Choloma, Allan Sauceda, brindó detalles sobre las primeras indagaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad. Según el jefe policial, la principal hipótesis apunta a que la víctima no residía en la zona y que el crimen se habría perpetrado en otro sector del país.

Una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores en el sitio del crimen fue la presencia de un rótulo dejado junto al cadáver. En el cartón o cartel se apreciaba un escrito explícito que señalaba que le habrían quitado la vida «por andar con mujeres casadas». Asimismo, trascendió que en el mensaje se incluyó un número telefónico.

A pesar de este llamativo indicio, las autoridades mantienen la cautela y no descartan ninguna línea de investigación. En el lugar tampoco se recolectaron casquillos de bala, lo cual refuerza la teoría de que el hombre fue asesinado en otro punto geográfico y posteriormente lanzado desde un vehículo en la orilla de la vía pública.

Actualmente, los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los peritos de Medicina Forense recaban evidencias, testimonios e información para determinar si el escrito responde al móvil real del homicidio o si se trata de una coartada o distractor dejado deliberadamente por grupos de la delincuencia organizada.

Alza de homicidios en Honduras: más de 1,200 muertes violentas registradas en 2026

Este lamentable suceso ocurrido en Choloma refleja la grave crisis de violencia criminal que continúa golpeando a la sociedad hondureña en los distintos departamentos del país, especialmente en el corredor norte.

De acuerdo con las estadísticas oficiales y reportes de organismos de seguridad, durante el primer semestre del año 2026 se registraron un total de 1,236 muertes violentas en todo el territorio nacional. Estas preocupantes cifras representan una tasa promedio alarmante de casi siete asesinatos diarios, posicionando a la violencia homicida como una de las principales causas de muerte violenta e inseguridad en el país.

El departamento de Cortés y municipios como Choloma, San Pedro Sula y La Lima figuran históricamente entre las zonas donde operan con intensidad diversas estructuras criminales, pandillas y redes del crimen organizado. Aunque las autoridades implementan operativos constantes y estados de excepción parciales para contener la operatividad delictiva, los hallazgos de cuerpos en la vía pública siguen siendo recurrentes.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas en materia de seguridad hacen un llamado constante a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y capacidad de investigación científica de la policía criminal.

La falta de identificación oportuna de las víctimas y la impunidad que rodea a un elevado porcentaje de los homicidios perpetrados en carreteras y zonas rurales continúan siendo desafíos pendientes para el sistema de justicia en Honduras.

Un control de carretera en la vía Bogotá-Villavicencio terminó con el hallazgo de dos mujeres sin vida dentro de un vehículo, luego de que el conductor presuntamente intentara evadir a las autoridades y fuera detenido en el sector de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 17+400 de la carretera. Según el reporte de Noticias Caracol, los cuerpos corresponderían a una niña de 10 años y su madrastra.

De acuerdo con las primeras versiones, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le hicieron señal de pare al conductor, pero el sujeto habría continuado la marcha hacia Villavicencio. Tras un seguimiento, los agentes lo interceptaron algunos kilómetros más adelante.

“Las autoridades, al parecer, persiguieron a un hombre que hizo caso omiso al paro de varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Al verificar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer y una menor de edad”, indicó el periodista Edwin Porras.

Los uniformados que llegaron a la escena del crimen señalaron que el presunto responsable quedó bajo custodia mientras avanza el caso.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) confirmó la restricción y señaló que se mantuvo por las diligencias judiciales en el lugar. “Autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial”, informó en redes sociales.

La entidad señaló que en el punto estuvo personal de la Unidad de Criminalística para la inspección de la escena y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento no se conocen las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que fueron encontradas dentro del vehículo.

Las autoridades trabajan en establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de las muertes. También buscan determinar cuál era el destino de los cuerpos.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) confirmó a La FM que fueron trasladados a las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los análisis anatomopatológicos y los procedimientos oficiales para determinar la causa de la muerte.

Coviandina prendió las alarmas: estas son las actividades humanas que están destruyendo la vía al Llano

Coviandina atribuyó los cierres recurrentes de la vía al Llano a captaciones artesanales de agua, drenajes improvisados, ocupación de laderas y desarrollos en zonas de riesgo, una combinación que, según explicó durante el Congreso Nacional de Infraestructura, debilitó la montaña y aceleró los derrumbes en el corredor entre Bogotá y Villavicencio, clave para el abastecimiento del centro del país.

En efecto, sostuvo que los deslizamientos más graves se concentran en sectores históricos construidos originalmente por el Instituto Nacional de Vías (Invías), no en obras recientes de los concesionarios. También planteó la creación de una gerencia especializada para coordinar inversiones de largo plazo, estudios técnicos y acciones entre las entidades que hoy intervienen de manera dispersa.

La concesionaria describió un patrón de deterioro asociado a intervenciones humanas acumuladas durante décadas. En ese diagnóstico incluyó mangueras instaladas sin permisos, reservorios sin impermeabilizar, caminos veredales sin manejo de aguas y pozos sépticos que infiltran residuos al subsuelo.

Ese conjunto de prácticas incrementa la saturación del terreno y acelera los deslizamientos que obligan a cerrar la carretera con mayor frecuencia. Para los usuarios puede tratarse de una interrupción ocasional, pero para transportadores y comerciantes implica pérdidas millonarias e incertidumbre constante.

Conforme a sus explicaciones, buena parte de los tramos críticos coincide con sectores intervenidos durante años, donde confluyen fallas geológicas, ocupación informal y sistemas de drenaje improvisados. Su posición fue que el comportamiento actual de la montaña no puede explicarse solo por la calidad de las obras más recientes.

La empresa también señaló que varios Planes de Ordenamiento Territorial (POT) permitieron desarrollos urbanos y agrícolas en zonas de pendiente pronunciada. Esa presión adicional sobre taludes ya debilitados, sumada a un régimen de lluvias más intenso, convirtió algunos puntos del corredor en focos permanentes de emergencia.

Precious Arzuaga y Jennifer Quijano recibieron el martes 8 de septiembre cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de Sam Nordquist, un joven de 24 años oriundo de Minnesota. La sentencia la dictó la jueza Kristina Karle en el Tribunal Supremo del condado de Ontario, en el estado de Nueva York, tras un proceso judicial que involucró a siete personas acusadas de distintos grados de participación en el crimen.

El caso ocurrió a principios de 2025, cuando la desaparición del joven derivó en una investigación por homicidio que involucró a siete personas. Nordquist era transgénero. Su muerte fue el resultado de semanas de cautiverio y agresiones documentadas por la fiscalía.

Las condenas dictadas son las primeras en firme de una causa que aún tiene tres imputados a la espera de juicio.

Los cargos y las penas impuestas a Arzuaga y Quijano por la muerte de Sam Nordquist

Arzuaga, de 40 años, recibió la pena máxima en la totalidad de los 11 cargos por los que se había declarado culpable. El listado incluye asesinato en primer grado, secuestro, abuso sexual agravado, ocultamiento de un cadáver, conspiración, coacción y puesta en peligro del bienestar de un menor, según informó ABC News. La fiscalía la identificó como la cabecilla del grupo.

Quijano, de 32 años, enfrentaba cargos similares y recibió una condena compuesta por múltiples penas acumuladas: 25 años a cadena perpetua por secuestro; entre 8 años y 4 meses y 25 años por conspiración en segundo grado; 25 años por abuso sexual agravado; entre 1 y 4 años por ocultamiento de cadáver y 364 días por puesta en peligro del bienestar de un menor.

Ambas mujeres también deberán registrarse como delincuentes sexuales, de acuerdo con CBS News Minnesota.

Qué dijo la Justicia de Nueva York durante la audiencia por la muerte de Sam Nordquist

Antes de dictar sentencia, la jueza Karle se dirigió directamente a Arzuaga desde el estrado. “Todos queremos saber por qué alguien tan bueno fue arrebatado de manera tan trágica. ¿Fue porque Sam era todo lo que tú no eras y nunca serás?”, le dijo, según recogió ABC7 New York.

Arzuaga tomó la palabra antes de escuchar su condena y pidió disculpas a la familia de Nordquist. “Lo que dijo la familia antes es verdad: Sam me quería a mí y a mis hijos. Voy a aceptar el castigo que sea ante todos”, expresó ante el tribunal.

Quijano, a través de su abogado, también se dirigió a los presentes: “Desearía poder volver atrás y hacer todo diferente, pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es asumir la responsabilidad por mi conducta”, declaró, según ABC News.

Linda Nordquist, madre de Sam, fue una de las voces más contundentes de la audiencia. “¿Cómo se sobrevive sabiendo que tu hijo estuvo rodeado de personas capaces de una crueldad tan inimaginable? La respuesta es que no se sobrevive. Simplemente se aprende a cargar un dolor tan pesado que te cambia para siempre”, expresó ante el tribunal. La hermana de Sam también estuvo presente.

La investigación por la desaparición, tortura y muerte de Sam Nordquist

Sam Nordquist partió de Minnesota el 28 de septiembre de 2024 con un pasaje de ida y vuelta hacia Nueva York. El viaje surgió a partir de un contacto que había establecido por internet con Arzuaga, quien lo convenció de visitarla, según documentos judiciales citados por ABC News. Su familia esperaba que regresara dentro de dos semanas, pero nunca abordó el vuelo de retorno.

El 9 de febrero de 2025, sus allegados presentaron una denuncia por desaparición ante la Policía del Estado de Nueva York. Tres días después, los investigadores hallaron sus restos en un campo en Benton, condado de Yates.

Las autoridades determinaron que murió en un motel en Hopewell, en la región de los Finger Lakes —una zona del centro-oeste del estado de Nueva York conocida por sus viñedos y lagos—, tras semanas de agresiones físicas y psicológicas.

Según el acta de acusación citada por CBS News Minnesota, los imputados lo mantuvieron en cautiverio, lo obligaron a permanecer de pie o de rodillas frente a una pared y lo agredieron de múltiples formas documentadas por la fiscalía.

La acusación de la fiscalía y el posible móvil del crimen

La fiscal auxiliar del condado de Ontario Sara Van Strydonck calificó a Quijano como “el músculo” de la operación: sostuvo que participó de manera activa en las agresiones, los abusos sexuales y el ocultamiento del cadáver. La fiscalía también indicó que Arzuaga obligó a sus dos hijos menores —de 7 y 12 años al momento de los hechos— a participar en parte de las agresiones.

Sobre el móvil, Van Strydonck fue directa: “El motivo por el que Jennifer Quijano quería que Sam estuviera muerto no es único: es un relato tan viejo como el tiempo. Es celos”, afirmó durante la audiencia, en referencia a la supuesta envidia de Quijano por la relación que Nordquist mantenía con Arzuaga, su expareja, según ABC News.

Las autoridades indicaron que no hallaron pruebas suficientes para encuadrar el caso bajo la figura de crimen de odio, según CBS News Minnesota.

Quiénes son los otros acusados por el asesinato de Sam Nordquist y qué ocurrirá con sus causas

Otras cinco personas fueron detenidas en febrero de 2025 en el marco de la misma investigación. Kyle Sage y Emily Motyka se declararon culpables de asesinato y secuestro en segundo grado —figuras de menor gravedad que los cargos de primer grado por los que fueron condenadas Arzuaga y Quijano—.

La sentencia de Sage está prevista para el 2 de diciembre; la de Motyka aún no tiene fecha fijada, según el Tribunal Supremo del condado de Ontario, de acuerdo con ABC7 New York.

Los otros tres imputados —Patrick Goodwin, Kimberly Sochia y Thomas Eaves— se declararon inocentes. Sus juicios están previstos para el año próximo.

El ensañamiento y el silencio se apoderaron del municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, tras la trágica confirmación del asesinato de Sindy Loany Matute Morales.

La joven de apenas 21 años y madre de una pequeña de cuatro años fue localizada sin vida y con severos signos de calcinación en las inmediaciones del cementerio y la zona costera de la localidad.

Este atroz hecho no solo destruyó el futuro de una familia, sino que dejó expuesto el drama de la violencia impune que asola a la región. El rastro de Sindy Loany se perdió la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. Según relató su familia, la joven salió de su residencia con la intención de reunirse con conocidos y asistir a una fiesta.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que regresara a su hogar ni respondiera a las llamadas de sus allegados. De acuerdo con el testimonio de su madre, Marlen Yesenia Matute Morales, la joven habría sido asesinada ese mismo sábado, antes de que sus agresores decidieran prenderle fuego a su cuerpo para borrar evidencias del crimen.

La zozobra terminó de la peor manera posible la noche del domingo, alrededor de las siete de la noche, cuando el cuerpo fue descubierto en una solitaria zona costera, cerca del camposanto local.

A las 11:00 de la noche, los restos de la joven ingresaron a la morgue móvil instalada en la ciudad de Tocoa, donde se le practicaron las primeras periciales. El cadáver presentaba un estado avanzado de calcinación, confirmando la extrema crueldad ejercida por los perpetradores antes y después del deceso.

Un oscuro historial de persecución y presagios

El desgarrador testimonio de la madre refleja que el ataque no fue un evento fortuito, sino el desenlace de una persecución que ya se venía gestando. Entre lágrimas y visiblemente abatida, Marlen recordó las inquietantes palabras que su hija le repetía de manera constante: “Mamá, yo no te voy a durar. Yo sé que yo no voy a ser eterna”. Un presagio que atormenta a la familia y que delata el constante temor en el que vivía la joven madre.

Sindy Loany había tomado medidas en el pasado para protegerse. Meses atrás renunció a su empleo con un comerciante local tras notar la presencia constante de individuos sospechosos en su lugar de trabajo.

Posterior a ello, se mudó a la colonia Salomón, donde alquilaba una vivienda junto a su pequeña hija. A pesar de los cambios de domicilio, la sombra del acoso continuó. La madre denunció que en una ocasión ambas fueron seguidas por un vehículo tipo Hilux en pleno centro de la ciudad, viéndose obligada a esconderse dentro de una vivienda ajena para ponerse a salvo.

En las afueras de la morgue móvil de Tocoa, la conmoción familiar se tradujo en una desesperada petición hacia el personal forense. Marlen Yesenia solicitó con vehemencia que no trasladaran el cuerpo de su hija hasta la morgue judicial de San Pedro Sula, proceso que extendería la entrega de los restos por varios días y que dificultaría el trámite debido a sus escasos recursos económicos y a la responsabilidad de cuidar a sus otras tres hijas menores.

De momento las autoridades policiales y de investigación forense continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del suceso, reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento no se registran personas detenidas en relación con este hecho que ha generado consternación e indignación entre los habitantes del departamento de Colón.

Danil, un joven de 22 años y de origen ruso, ha matado presuntamente a su padrastro de 51 años, Antonio, esta tarde en su domicilio en el barrio valenciano de San Isidro. Según ha adelantado Las Provincias, el joven habría usado una mancuerna de 7,5 kilos para golpear al marido de su madre en una vivienda del número 25 de la calle Arquitecto Segura de Lago.

Al parecer, el presunto autor del crimen fue ingresado esta madrugada en la sección de Psiquiatría del Hospital General de Valencia tras haber tenido un brote de esquizofrenia, enfermedad diagnosticada previamente en el joven. No obstante, esta mañana, las autoridades han confirmado que habría escapado para volver a casa.

Una discusión de madrugada

El homicidio que ha tenido lugar en el barrio de San Isidro se habría gestado horas antes de que el joven escapase del centro sanitario. Y es que, en la madrugada del lunes, una llamada al 112 por el padrasto solicitaba la presencia del servicio de emergencias al haber sido agredido por el joven, quien ya contaba con antecedentes policiales.

La violencia se desató tras una fuerte discusión entre los dos. Gracias a la rápida reacción del hombre de mediana edad, una patrulla de la Policía Local de Valencia y una ambulancia acudieron al lugar para asistirle. Una vez calmaron a Danil, le trasladaron a la sección de Psiquiatría en el Hospital General de Valencia para hacer un seguimiento del brote psiquiátrico, debido a la enfermedad mental que padece.

Cabe señalar que esta enfermedad mental es un trastorno de carácter crónico que puede alterar la percepción de la realidad, el pensamiento, las emociones y la conducta. Como informa la Clínica de la Universidad de Navarra, las personas que la padecen pueden tener delirios, alucinaciones, dificultades para organizar ideas y pérdida de motivación. Aunque, la manifestación de sus síntomas varía entre personas, normalmente el tratamiento incluye un tratamiento farmacológico, apoyo psicológico y recursos sociales para favorecer la recuperación y la autonomía.

No obstante, esta misma mañana ha huido del centro y se ha dirigido a la vivienda de su padrastro, situada a dos kilómetros del hospital. Al llegar al domicilio, Danil ha vuelto a atacar a Antonio con una mancuerna. Según relata Las Provincias su padrastro habría muerto con un solo golpe.

El sospechoso se encuentra en búsqueda y captura

Minutos más tarde, sobre las 14:15 horas, los servicios de emergencia recibieron una segunda llamada de la misma vivienda. Los primeros agentes de policía en llegar vieron el cuerpo sin vida del hombre de mediana edad sobre un charco de sangre. Debido a ello, el caso ha pasado las diligencias a la sección de homicidios de la Policía Nacional.

No obstante, en el domicilio no se ha encontrado rastro de Danil, quien habría escapado tras el crimen. Los agentes se encuentran, de este modo, buscando al joven en los alrededores de la calle Arquitecto Segura de Lago.

Asimismo, han alertado a la población para que no se acerquen a detener al joven, pues no se conoce el estado mental en el que se encuentra actualmente. También han difundido la descripción física del principal sospechoso del homicidio, catalogado como “muy peligroso”: tiene casi dos metros de altura y gran fuerza.

Por su parte, los vecinos han explicado al medio valenciano que el joven vivía “desde hace muchos años” con su padrastro. A pesar de haber roto su relación con su madre, ciudadana rusa, Danil se fue del domicilio, al que regresó tiempo después.

El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

Tres hombres enfrentan desde este lunes un proceso judicial sin jurado en Ensenada, Baja California, México, por el triple asesinato de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad. El inicio de este juicio marca una etapa decisiva en la investigación de estos crímenes de abril de 2024, cuando los jóvenes desaparecieron durante un viaje deportivo por la costa del Pacífico mexicano, un hecho que conmocionó a las comunidades de Australia y Estados Unidos y generó preocupación por la seguridad de los visitantes.

El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos tras dos años de instrucción, según informó CBS News. La Fiscalía sostiene que los surfistas fueron asesinados tras resistirse a un intento de robo para apropiarse de su camioneta y pertenencias, una teoría que la defensa cuestiona por la supuesta insuficiencia de pruebas.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el crimen en Baja California

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California, Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, junto con Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”, sorprendieron a los extranjeros el 28 de abril de 2024 en Punta San José, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Ensenada. Las autoridades sostienen que García intentó apoderarse de partes del vehículo en el que viajaban los turistas y, ante la resistencia de éstos, los asesinó y ocultó sus cuerpos en un pozo.

La BBC y la agencia Associated Press (AP) informaron que el vehículo de los fallecidos fue hallado incinerado cerca del lugar donde se localizaron los cuerpos el 3 de mayo de 2024, un elemento que forma parte del acervo probatorio presentado ante el tribunal.

Quiénes son los acusados y qué pruebas se presentaron en el juicio

El juicio oral, desarrollado en la ciudad costera de Ensenada, analiza la participación de García, Irineo Francisco y Ángel Jesús en el triple homicidio. El proceso judicial contempla la comparecencia de numerosos testigos para determinar las responsabilidades penales de los imputados.

Durante la primera sesión, un testigo que se identificó como el hijastro de uno de los imputados prestó declaración ante el tribunal. El testimonio, citado por The Guardian, constituye una de las piezas que los magistrados deberán valorar para establecer el grado de participación de los procesados en los eventos investigados.

Las penas posibles y la condena previa en el caso

El juicio se desarrolla tras la sentencia firme dictada el año pasado contra Ary Gisell Silva Raya. La mujer, quien fue pareja de García, admitió en un procedimiento abreviado haber instigado el robo al percatarse de que los turistas poseían objetos de valor y, tras declararse culpable de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia, recibió una condena de 20 años de prisión.

Respecto a los tres procesados actuales, la Fiscalía mantiene su acusación por homicidio y otros delitos graves. García, quien enfrenta cargos adicionales por desaparición forzada, decidió no optar por un procedimiento abreviado y someterse al juicio oral, mientras que los otros dos imputados también afrontan el proceso en el tribunal de Baja California.

Quiénes eran Jake y Callum Robinson y Jack Carter Rhoad

Los hermanos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, de 33 y 30 años, viajaron junto a su amigo Jack Carter Rhoad, de 30 años, para disfrutar de una estancia dedicada al surf. Callum Robinson se desempeñaba como jugador profesional de lacrosse en Estados Unidos, mientras que Jake Robinson se encontraba en una etapa avanzada de su formación médica en Australia.

Jack Carter Rhoad tenía planes de matrimonio cercanos al momento de los hechos. Sus familiares, incluyendo a Martin Robinson, padre de los hermanos, se trasladaron desde el extranjero hasta Ensenada para presenciar las audiencias, subrayando que su presencia busca representar a sus hijos en el proceso judicial.

Qué debe resolver el tribunal de Ensenada

El tribunal de Ensenada tiene ahora la responsabilidad de valorar los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa para dictar sentencia.

La resolución de los magistrados, en este juicio oral sin jurado, determinará la culpabilidad de los tres imputados y marcará un punto de cierre para las familias de las víctimas, quienes han aguardado dos años por una respuesta del sistema judicial mexicano. El tribunal continúa con las audiencias para definir la responsabilidad penal en este triple homicidio.

Emilio Daniel Salcedo Arroyo, de 34 años, es el nombre del ciudadano venezolano que murió la madrugada de este sábado en una balacera en las afueras de un local nocturno ubicado en calle Balmaceda, pleno centro de la turística ciudad de La Serena (470 kms al norte de Santiago). Otro compatriota suyo resultó herido de gravedad, al igual que un menor de edad cuya nacionalidad no ha sido confirmada aún.

Según información policial, desconocidos efectuaron al menos 14 disparos desde un vehículo en movimiento contra el grupo de personas en el que se encontraba Salcedo Arroyo, quien contaba con un amplio prontuario policial y judicial en la región, incluyendo una causa vigente por secuestro, y que murió mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital San Juan de Dios de dicha ciudad-balneario.

Amplio prontuario

Según informó el diario local El Día, Salcedo Arroyo estaba imputado en una causa por secuestro ante el Juzgado de Garantía de La Serena. La investigación se originó tras la denuncia de una mujer que logró escapar de un domicilio en el sector de La Varilla, propiedad en la que se reportaron agresiones, amenazas y la exigencia de un rescate de 40 millones de pesos (USD 42 mil). El operativo derivó en la detención de cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, incluyéndolo a él.

Durante su reclusión preventiva en el Complejo Penitenciario de esa ciudad, protagonizó múltiples faltas disciplinarias. En julio de 2025 fue sancionado por una riña con arma blanca dentro de la cárcel -que le costó la suspensión de visitas por 30 días-, y registraba incidentes por entorpecer los protocolos de seguridad de Gendarmería de Chile y negarse a firmar actas oficiales.

Las autoridades penitenciarias también lo sorprendieron con envoltorios de marihuana y pasta base de cocaína dosificados al interior del penal, aunque Salcedo adujo en dicha ocasión que la droga era para consumo personal.

Abrumado por la culpa a pesar del tiempo transcurrido, un hombre identificado como Ghislain Quiroz Carrizo, de 42 años, llegó la noche de este domingo hasta una comisaría ubicada en la comuna santiaguina de Conchalí para confesar el crimen de la estudiante Mariana Sepúlveda León, quien tenía solo 19 años cuando salió de su casa en agosto de 2008 rumbo al colegio y nunca más se la volvió a ver.

De acuerdo a su declaración, ambos vivían en el pasaje Logroño de dicha comuna y mantenían una relación sentimental, aunque Mariana habría estado interesada en otra persona, razón por la cual ese viernes 29 de agosto, en vez de dirigirse al colegio Pitágoras junto a una compañera, fue a la casa de Quiroz a dar por terminada la relación.

Hubo una discusión que comenzó a subir de tono. Entonces, Quiroz, quien en esa época tenía 24 años, la asesinó y enterró el cuerpo en su casa. Tiempo después, en 2013, desenterró los restos y los tiró a la basura, aseguró.

Durante todo este tiempo, las sospechas recayeron sobre otro vecino que tenía antecedentes policiales por un delito previo de connotación sexual. Empero, vecinos del pasaje no creen en la confesión de Quiroz, quien hace un tiempo sufrió un accidente cerebrovascular y tendría sus capacidades mentales disminuidas.

Las críticas de la madre

Una vez que los policías escucharon desconcertados la versión de Quiroz lo dejaron detenido y horas después, personal del 0S9 de Carabineros llegó hasta el pasaje Logroño para realizar las primeras diligencias instruidas por la fiscalía local a fin de corroborar la historia.

Cabe señalar que el caso no tenía novedades desde 2021, cuando el fiscal Xavier Armendáriz ordenó reabrirlo y llevar a cabo una reconstitución de escena.

Hace un año Marta León, la madre de Mariana, fue entrevistada por Chilevisión, ocasión en la que criticó la investigación y aseguró que “las cosas se hicieron mal desde el principio, y cuando las cosas se hacen mal desde ese punto no puedes esperar resultados. Pensar que puedes encontrar a alguien, que puedes hacer diligencias 12, 13, 14 años después, eso no te ayuda en nada”.

“Hay cosas que se han hecho por cumplir más que nada, por insistencia nuestra. Es un caso que ya para mí es emblemático y no se le ha dado la importancia que merece. Solo tenemos la esperanza de encontrarla por la fe en Dios, porque no hay nada más”, remató la mujer.

El misterio del documento de identidad bloqueado

Sin embargo, existe otro misterioso antecedente que también deberá ser aclarado: el bloqueo del documento de identidad de Mariana Sepúlveda 14 meses después de haber desaparecido, en la lejana comuna de Chañaral, a unos 1.000 kilómetros al norte del hogar de la víctima en Santiago.

Según Fabiola Aliante, abogada de la Fundación Chile de Pie que ha asesorado legalmente a la familia de Mariana, en octubre de 2009 “se bloquea la cédula en un retén a las 3:22 de la mañana. Todo lo que rodea este bloqueo de cédula es absolutamente extraño, no se explica por ninguna parte. Es muy rara la hora en que va, el lugar tan alejado, no era un lugar en el que Mariana tuviera un nexo. Sin embargo, hay otra circunstancia que llama mucho más la atención”, aseguró Aliante, según un reportaje de Meganoticias.

“Me percaté de la presencia de esta joven, porque gritó ‘aló’, a viva voz desde el exterior, saliendo a atenderla. Al escuchar que la recurrente llamaba, salí de la guardia y concurrí a atenderla”, declaró el suboficial que se encontraba de guardia esa noche.

“Luego de explicarme cuál era su consulta, la hice ingresar a la guardia para realizar el bloqueo de su cédula de identidad. Lo único que me llamó la atención era que esta joven se encontraba nerviosa mirando hacia todos lados y cuando le pregunté por el nombre de su madre, se puso más nerviosa, motivando aún más mi consulta al sistema biométrico”, agregó el uniformado, de acuerdo al reportaje.

Extrañamente, tiempo después el carabinero en cuestión cambió su declaración, asegurando que había sido presionado por un suboficial.

“Mi suboficial me manifestó que si yo no decía que yo hice ese bloqueo me iban a dar de baja y me iban a meter preso, por tal razón yo me sentí presionado y por ende tuve que mentir en la segunda declaración”, afirmó.

“Nosotros tomamos la causa en octubre de 2019 y a ese punto nadie había tocado más allá del sumario que se le hizo al carabinero en cuestión, que ya no está en servicio, ninguno de los dos. La verdad es que a nadie le llamó la atención por qué un carabinero de Santiago va a presionar a un carabinero en el norte, para que diga que bloqueó una cédula que no bloqueó”, remató la abogada.

La violencia contra las mujeres volvió a dejar una jornada marcada por la muerte en Honduras. En las últimas horas, al menos cinco mujeres fueron asesinadas en hechos registrados en diferentes puntos del país, entre ellos un triple crimen ocurrido en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

El caso que más conmoción generó ocurrió en el barrio Las Acacias, donde tres mujeres fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda. Las víctimas habrían sido atacadas durante la noche del sábado y sus cuerpos fueron descubiertos hasta hoy.

De acuerdo con los primeros informes, las tres mujeres presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontradas muy cerca una de otra dentro de la casa. Una de ellas habría quedado en posición hincada.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron el motivo del ataque ni identificaron a los responsables. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar en la identificación de las víctimas.

Dos de las mujeres fueron reconocidas preliminarmente con los nombres de Yaneth y Karla, mientras que la identidad de la tercera víctima todavía no había sido establecida oficialmente.

La información conocida hasta ahora señala que una de las mujeres alquilaba la vivienda donde ocurrió el crimen. Las otras dos habrían llegado al sector durante el fin de semana para visitar a personas privadas de libertad recluidas en el centro penitenciario de Siria, ubicado en esa zona de Francisco Morazán.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, explicó que la hipótesis preliminar es que las mujeres llegaron el sábado al sector para realizar visitas en el establecimiento penitenciario y luego permanecieron en la vivienda durante la noche.

Los investigadores intentan ahora reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar qué ocurrió dentro de la casa antes y durante el ataque.

Los otros dos casos

Mientras el caso de El Porvenir comenzaba a ser investigado, otros dos asesinatos de mujeres eran informados en diferentes zonas del país.

En Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca, una mujer fue atacada presuntamente por su esposo mientras descansaba en una hamaca dentro de su vivienda.

Según los primeros informes, el hombre habría llegado al lugar y le habría disparado. La víctima fue trasladada al Hospital General del Sur, pero murió cuando era ingresada al área de emergencia.

Las autoridades policiales indicaron que el supuesto responsable ya habría sido identificado y que se mantiene una búsqueda para localizarlo. El comisionado de la Policía José Anariba confirmó que se trabaja para dar con su paradero.

El tercer escenario de violencia se ubicó en La Ceiba, Atlántida, donde una mujer de 28 años murió tras ser atacada con arma de fuego en las cercanías del parqueo del Paseo de los Ceibeños.

La víctima fue identificada preliminarmente como Kimberly Dayana Murillo Almendares. Según los primeros informes, la joven se encontraba compartiendo con una amiga en la orilla de la playa cuando un hombre se habría acercado y la habría amenazado con un arma de fuego.

Ante la situación, Murillo habría intentado escapar corriendo, pero el ataque terminó con su vida.

Las líneas de investigación

Los tres hechos son investigados de manera independiente y, hasta ahora, no existe información que permita establecer que los asesinatos estén relacionados entre sí. Ocurrieron en un corto período y se suman a la preocupación por la violencia que continúa afectando a las mujeres en diferentes regiones de Honduras.

El triple crimen de El Porvenir concentra particularmente la atención debido a que tres mujeres fueron asesinadas dentro de un mismo inmueble. La Policía deberá determinar si fueron sorprendidas por los atacantes, si conocían a quienes ingresaron a la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al ataque.

El caso de Monjarás mantiene como principal línea la presunta participación de la pareja de la víctima, quien, según la información preliminar, habría escapado después del ataque. En La Ceiba, las autoridades buscan establecer la identidad del hombre que habría abordado a la joven en la zona de playa.

Por el momento, las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades no establecieron una conexión entre los cinco asesinatos. La prioridad en las próximas horas será avanzar en la identificación de las víctimas, recopilar pruebas y ubicar a los sospechosos en aquellos casos donde ya existen líneas de investigación.

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Ulises Lara responde a las acusaciones de su hermana por presunto despojo

Ulises Lara López, extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, publicó un comunicado este 4 de septiembre en el que respondió a una denuncia pública presentada por su media hermana, quien lo acusó de haber intervenido en un litigio familiar para despojarla de una vivienda.

En el texto, titulado “A la opinión pública”, lamentó que el asunto trascendiera al espacio público y afirmó que, por respeto a las personas involucradas, evitaría exponer aspectos de su vida privada o alimentar una confrontación.

El exfuncionario señaló que, debido a que algunas publicaciones vincularon la disputa con su desempeño como servidor público, consideró necesario precisar su postura. Sostuvo que no dio instrucciones, no realizó gestiones ni intervino en actuación institucional alguna relacionada con el conflicto que su media hermana y su esposo enfrentaron por la propiedad, y añadió que tampoco obtuvo ni buscó obtener algún beneficio personal o patrimonial.

Lara afirmó que los señalamientos sobre una supuesta intervención de su parte fueron revisados por el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dicha área determinó concluir y archivar el expediente ante la falta de elementos suficientes, resolución que el exfuncionario citó como respaldo de su versión.

El comunicado se sumó a otras declaraciones que Lara emitió en los meses recientes, luego de que trascendiera su salida de la FGR. En el texto, manifestó su respaldo a la libertad de expresión y señaló que las controversias debían dirimirse ante las instituciones y las instancias judiciales correspondientes, mientras que a los medios les correspondía informar con rigor y contexto.

El exfuncionario pidió que su postura fuera incorporada en las publicaciones relacionadas con su persona y se comprometió a atender cualquier requerimiento formal de una autoridad competente, así como a aportar la información que legalmente correspondiera.

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Un hombre robó ropa de una casa en la GAM y fue detenido minutos después por policías capitalinos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de robar ropa nueva de una bodega ubicada al interior de una casa en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

El operativo se activó luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los oficiales sobre el reporte de un robo al interior de un domicilio ubicado entre la calle Cuzco y la avenida Ticomán.

El dueño de la vivienda, de 63 años, relató a los policías que se encontraba en su habitación cuando escuchó ruidos provenientes de un cuarto que utilizaba como bodega. Al asomarse, observó a un sujeto que presuntamente sustraía un bote para basura y una caja de cartón con ropa nueva en su interior. El sospechoso saltó una barda con los objetos y huyó por la avenida Ticomán con dirección al paradero de Indios Verdes.

Con apoyo de los monitoristas del C2 Norte, quienes revisaron las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, los uniformados lograron ubicar al presunto responsable en las calles Ticomán y Río Bamba, dentro de la misma colonia. Los oficiales se aproximaron al hombre y le indicaron que realizarían una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

Durante la inspección, los policías le encontraron unas pinzas tipo cizalla de color amarillo, un bote para basura de color gris y la caja de cartón con la ropa nueva que había señalado el denunciante como robada. Con estos elementos, los efectivos detuvieron al hombre, de 39 años, y le informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlo junto con los objetos asegurados.

Un cruce de información reveló que el hombre registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2020 por el delito de robo agravado calificado, y otro en 2024 por quebrantamiento de sellos.

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Se realizó la audiencia de Arturo Felipe “N”, detenido el 31 de agosto de 2026 por el asesinato de la activista y trabajadora sexual trans Paola Buenrostro, cometido en 2016, a su término se logró lo que las activistas buscaban, clasificarlo como feminicidio y no como homicidio, lo que implicaría una pena mayor para el imputado.

Paola Buenrostro fue asesinada a balazos el 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México.

La captura: la policía detuvo a Arturo Felipe “N” en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, casi 10 años después del crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó sobre la captura y señaló que buscará fortalecer la investigación.

Protestas: activistas y colectivos trans, encabezados por Kenya Cuevas, protestaron en la fiscalía. Exigen que el caso sea reclasificado con perspectiva de género.

Impacto legal: este emblemático caso impulsó la creación de la Ley Paola Buenrostro para castigar el transfeminicidio en la Ciudad de México.

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Las autoridades del Estado de México informaron que el plazo constitucional de 48 hrs para resolver la situación jurídica de los detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, se vence a las 10:00 hrs, por lo que esta mañana fueron trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla yllegaron poco antes de las 10 de la mañana.

Diego Sebastián “N”, señalado por las autoridades como el autor material del crimen de Jonathan Meléndez, fundador segunda voz y tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. El martes por la tarde habría asesinado al músico, a su esposa embarazada de cuatro meses, a su hija de tres años, a su niñera Aleyda Romero, quien le dijo al otro hijo de la pareja de de seis años que se escondiera, logrando ser el único sobreviviente.

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Jonathan Meléndez “Honas”, productor, fundador y tecladista de la banda de roch Camilo Séptimo, fue asesinado el martes 1 de septiembre dentro de su penthouse en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, (Edomex) junto con su esposa, su hija de tres años y la cuidadora de los niños Aleyda Romero; quien tuvo un papel clave en salvar una vida. Entre la tragedia se dio a conocer un último acto de valentía y protección por parte de esta joven de 21 años, quien también tenía un especial cariño a los niños de la familia y su acción le salvó la vida al niño de seis años que fue el único sobreviviente de la masacre.

A Aleyda Romero le decían “Alexis”, fue identificada por sus familiares como la niñera de la familia pero ella tuvo un papel crucial para que el menor de seis años sobreviviera. La joven estaba en uno de los cuartos con el niño de seis años cuando escuchó el alboroto en el departamento, temiendo que algo no estaba bien, lo último que pudo haberle dicho al pequeño es que no saliera del cuarto sin importar lo que escuchara y se escondiera, incluso pudo haber cerrado con seguro la puerta ya que no se encontraron huellas de pisadas como en las otras áreas.

Aleyda decidió salir para ayudar a Ana Paula, que tenía cuatro meses de embarazo y a la pequeña Sofía de tres años, las tres fueron asesinadas sin piedad alguna. La descripción de la mecánica de hechos fue descrita por el periodista de investigación Antonio Nieto en sus redes sociales quien logró tener acercamiento a fuentes cercanas al caso.

En entrevista con el periodista Fernando Cruz, la tía de Aleyda habló sobre la joven y pidió justicia por su muerte. La familiar destacó que su sobrina era responsable con su trabajo y que no merecía terminar involucrada en un hecho de violencia de esa magnitud.

“Mi sobrina no merecía morir de esa manera”, expresó la familiar, quien resaltó en que Aleyda fue víctima de las circunstancias ocurridas dentro del departamento.

Familiares de la joven señalaron que habría sido maniatada y que recibió un disparo en la espalda. Estos datos forman parte de la información aportada por sus allegados, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer cómo ocurrió exactamente su asesinato.

El caso apuntó desde las primeras horas a una relación previa entre la víctima y uno de los detenidos ya que era su su socio comercial, además de una posible disputa por más de 300 mil pesos ligada a negocios compartidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas en el fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda. La primera autoridad que llegó al inmueble lo hizo hasta las 23:50, cuando policías de Atizapán ingresaron al departamento y localizaron con vida a un niño de seis años, hijo de la pareja.

El músico asesinado tenía 38 años. Su esposa Ana Paula tenía 35, estaba embarazada de cuatro meses, y la hija del matrimonio tenía tres años; la cuarta víctima era una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La identidad de esa joven se conoció después de manera preliminar como Aleyda Romero, según publicó el periodista Antonio Nieto en su cuenta de X. Hasta la noche del miércoles, la trabajadora no había sido identificada públicamente, y después se informó que sus familiares ya la habían reconocido.

Los guardias tocaron primero la puerta y alguien respondió desde adentro

La secuencia previa al hallazgo mostró que los guardias del edificio fueron los primeros en llegar al penthouse. El personal de seguridad tocó la puerta del departamento tras una alerta y pidió contacto con quienes estaban dentro.

Desde el interior, alguien respondió que no podía salir. Esa contestación frenó una entrada inmediata, y los guardias se retiraron para volver más tarde acompañados por policías municipales y elementos de Semar.

Cuando las autoridades entraron al departamento, el presunto agresor ya había escapado. Hasta ahora, las autoridades no habían precisado públicamente si la puerta fue abierta por alguien desde dentro, si se usó una llave o si fue necesario forzar el acceso principal.

Ya en el interior, agentes y personal que participó en la revisión recorrieron pasillos, habitaciones y zonas próximas a las ventanas en busca de una posible ruta de escape. En los registros difundidos después del crimen quedó asentado que había huellas y manchas de sangre sobre el piso.

El hijo de la pareja sobrevivió oculto en una habitación

Dentro del penthouse también fue localizado el hijo de Jonathan Meléndez, quien sobrevivió sin lesiones aparentes. La fiscalía confirmó que el menor estaba con vida cuando fue resguardado por las autoridades.

Las reconstrucciones del caso señalaron que el niño permaneció oculto durante el ataque dentro de una recámara. Algunas versiones lo ubicaron debajo de una cama y otras entre cobijas, pero coincidieron en que se mantuvo escondido hasta que llegaron los agentes.

Fue el único integrante de la familia encontrado con vida en el departamento. La misma investigación confirmó además la muerte de la mascota de la familia.

La consternación por el multihomicidio también alcanzó a usuarios de X, donde varias personas reclamaron que la trabajadora del hogar no fuera relegada en la cobertura pública del caso. En esos mensajes pidieron que la joven fuera nombrada y tratada con la misma dignidad que el resto de las víctimas.

La investigación apuntó a un socio y a una deuda

El miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó en X que, tras una operación coordinada entre autoridades estatales y federales, fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable participación en el crimen.

La indagatoria de la fiscalía se concentró en una posible relación entre el móvil y una deuda superior a 300 mil pesos, además de diferencias administrativas en una agencia de viajes de la que eran socios Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”. Esa línea colocó en el centro del caso los vínculos comerciales entre ambos.

La investigación también sostuvo que uno de los detenidos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al inmueble. Esa hipótesis buscó explicar cómo el agresor habría tenido acceso al penthouse sin provocar una alerta inmediata.

Diego Sebastián “N” fue identificado como socio de Meléndez y señalado como probable participante en el multihomicidio. Gerardo “N” también quedó bajo investigación por su presunta intervención en los hechos.

Diego Sebastián “N” ya enfrentaba señalamientos por presunto fraude

Antes del crimen en Atizapán, Diego Sebastián “N” ya había sido acusado públicamente por un presunto fraude relacionado con rentas vacacionales. Esos señalamientos circularon meses antes en redes sociales.

El 21 de julio de 2026, una usuaria publicó en un grupo de Facebook una advertencia sobre él y una mujer a la que identificó como su socia. Según ese testimonio, ambos ofrecían propiedades de descanso en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

La denunciante aseguró que operaban bajo el nombre “+ Relax” y después con la razón social “NOMAD P.M.”. En su caso, afirmó haber perdido cerca de 500 mil pesos por una renta en Valle de Bravo.

En ese mismo relato sostuvo que la propiedad dejó de estar disponible un día antes de la fecha pactada y que el dinero entregado no le fue devuelto. También afirmó que existían más personas afectadas y escribió: “Estamos en un grupo de más de 11 personas defraudadas”.

Diego Sebastián “N”, de 51 años, fue detenido el 2 de septiembre en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Quedó a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el multihomicidio.

Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años, es uno de los dos detenidos por el crimen múltiple del tecladista Jonathan Meléndez (38) y tres de sus familiares en un departamento de Atizapán de Zaragoza, México.

El sospechoso fue arrestado sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, los investigadores lo señalaron como el presunto responsable de los asesinatos del integrante de la banda Camilo Séptimo, su esposa de 35 años —embarazada de cuatro meses—, su hija de 3 y otra mujer de 21.

El hombre, su esposa y la nena de 3 años presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. La cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue encontrada con una herida de arma de fuego en la espalda.

De acuerdo con lo que trascendió, Rosen Ferlini desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario. Había sido señalado meses antes en publicaciones de redes sociales por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres vacacionales en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

En una de esas publicaciones, difundida el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales, se lo acusó de haber cometido un fraude cercano a los 500.000 pesos mexicanos en una operación de hospedaje en Valle de Bravo. La denunciante aseguró que ya había más de 11 personas afectadas por un esquema similar.

Según esa versión, Rosen Ferlini y una mujer operaban bajo los nombres “+ Relax” y luego “NOMAD P.M.”. Por este motivo, el mensaje advertía a potenciales clientes que extremaran precauciones antes de hacer pagos o cerrar acuerdos relacionados con propiedades administradas por ambos.

A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado de México lanzó un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en donde confirmaron que Rosen Ferlini era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales mencionado.

La empresa detrás de las rentas cambió de identidad al menos una vez antes del crimen. Videos promocionales del perfil de Facebook de Nomad PM, consultados por Infobae México, muestran ese mismo cruce de identidades. Las piezas publicitarias de propiedades como “Casa Chula”, en Avándaro, y “Cabaña Olmo”, en Cerro Gordo, llevan visible el logotipo de +Relax, no el de Nomad, pese a estar alojadas en la cuenta más reciente.

Sin embargo, antes de dedicarse a la renta de casas, Diego Sebastián “N” habría sido representante legal de Shark BTL, agencia de publicidad fundada en 2003 con sede en la Ciudad de México. El perfil corporativo en LinkdIn, con 262 seguidores y entre 51 y 200 empleados, describe a la firma como especializada en “Experiential Marketing” y la presenta con la frase: “¿Estás listo para nadar con tiburones?”.

Su nombre aparece también en un expediente del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, con actividad registrada el 18 de agosto de 2026 y apertura en octubre de 2025, de acuerdo con Reporte Índigo.

El negocio de rentas operaba en al menos cuatro destinos turísticos del país. La denuncia de julio en Facebook ubica a la pareja trabajando en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo, mientras que reportes periodísticos posteriores al crimen agregaron Cuernavaca a la lista de destinos.

En Valle de Bravo, Meléndez y Rosen habrían llegado a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas en un rango de entre 7.000 y 50.000 pesos mexicanos por noche, según trascendió.

El alcance de la empresa se extendía fuera de México. Publicaciones de la cuenta de Facebook de Nomad PM, fechadas en marzo, promocionaban un ático en Madrid, España, disponible para Semana Santa.

La publicidad apelaba al descanso, la desconexión y hasta las mascotas. Los videos de las propiedades ofrecían frases como “el tiempo baja el ritmo y todo invita a disfrutar” o “imagina despertar rodeado de bosque, respirar aire fresco, puro, y sentir que el mundo, por fin, se puso en pausa”, y remataban con la promesa de que los animales de compañía también eran bienvenidos, junto con imágenes de albercas privadas, jardines y hornos de leña para pizzas artesanales.

La imagen personal de Diego Sebastián reforzaba ese mismo tono de bienestar en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, con 262 publicaciones, 792 seguidores y 6.034 seguidos, y en Threads, bajo el usuario @sebasrosen26 con 272 seguidores, se presentaba con la frase “la idea es morir joven, lo más tarde posible” y compartía mensajes motivacionales como “la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas”.

Su perfil de Instagram enlazaba a www.nomadpm.com, mientras que el de Threads dirigía a una publicación de Airbnb bajo la dirección airbnb.mx/p/relaxvalle. Todos esos enlaces ya no se encuentran activos.

Antes de la captura de Rosen Ferlini, las autoridades ya habían detenido a Gerardo Cisneros Bejarano, quien comenzó a ser investigado bajo la sospecha de que hubiera participado en los crímenes.

El cuádruple crimen

Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa, quien estaba embarazada, su hija de 3 años y una mujer de 21 años, dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. A todos los hallaron con signos de violencia y maniatados, incluso al perro de la familia.

La Policía Municipal informó del hallazgo a las 23:50 horas del martes pasado. En el inmueble, ubicado en un lugar conocido como Zona Esmeralda, también fue encontrado un niño de 6 años con vida y sin signos de violencia. La esposa del productor musical y compositor tenía 35 años y se encontraba en su cuarto mes de embarazo.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, todo habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. La Fiscalía del Estado de México (FGE) cree que los dos hombres habrían entrado al departamento tras aprovechar la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

Dos de los adultos fueron localizados maniatados dentro del departamento. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña de 3 años, hija de Meléndez, identificada con las iniciales J.S.M.O. y su esposa, también tenía un balazo en esa parte del cuerpo.

La cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue encontrada con una herida de arma de fuego en la espalda. Hasta ahora, las autoridades indicaron públicamente cuál era su vínculo con la familia ni en qué área del inmueble fue localizada.

Peritos y agentes recabaron los elementos localizados en el departamento para establecer la secuencia de los hechos. La investigación busca precisar cómo fueron sometidas las víctimas, quién accionó el arma y qué ocurrió durante el periodo en que se ubica el ataque.

En el barrio de Alto Verde, ubicado en Santa Fe, Darío Víctor Ruíz Díaz fue asesinado en noviembre de 2023 durante un ataque que ocurrió en plena vía pública cuando circulaba en moto. Por el homicidio, este martes, Williams Ricardo Ocampo recibió una condena que lo sentencia a 20 años de prisión.

Williams Ricardo Ocampo, un hombre de 21 años, recibió la pena al término de un juicio oral realizado en los tribunales santafesinos. El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Héctor Aiello y Sergio Carraro, que lo condenaron por unanimidad como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Según la reconstrucción, el crimen fue cometido minutos después de las 22:00 del miércoles 15 de noviembre de 2023 en inmediaciones de la Manzana 5 de Alto Verde. En ese momento, Ruíz Díaz, de 20 años, circulaba en una moto conducida por otra persona cuando recibió un disparo.

La acusación sostuvo que Ocampo utilizó un arma calibre 9 milímetros y que efectuó el disparo a corta distancia. El proyectil impactó en el tórax de la víctima y le causó una herida de gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.

En primera instancia, el joven fue trasladado al centro de salud Demetrio Gómez. Más tarde, fue derivado por personal del Sies 107 al hospital José María Cullen de la capital provincial. Al ingresar al hospital, los médicos ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, quedó internado en terapia intensiva, pero murió durante la mañana del jueves 16 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, vecinos del barrio señalaron a Ocampo como autor del ataque y comenzaron a generar disturbios frente a su vivienda. Ante la situación, personal policial intervino para resguardar su integridad física y trasladarlo a la Comisaría 24.

Durante ese procedimiento el joven manifestó ser el autor del homicidio. La fiscalía señaló: “Ruíz Díaz comenzó a llorar, manifestó ser el autor del homicidio y dijo que había tirado al río el arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque”.

El debate oral concluyó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Además de haber encabezado la investigación desde el comienzo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación sostuvo en el juicio que la evidencia reunida durante la pesquisa permitía atribuirle a Ocampo la autoría del hecho.

Giavedoni sostuvo que la acusación logró demostrar la responsabilidad de Ocampo a partir del testimonio de vecinos, las actuaciones policiales realizadas tras el crimen y los elementos incorporados durante la pesquisa.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal avaló la hipótesis fiscal y resolvió condenar a Ocampo a 20 años de prisión efectiva.

La condena recayó sobre Ocampo como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, una figura penal que fue sostenida por la parte acusadora a lo largo del proceso. Con la sentencia unánime, dictada por los jueces Luna, Aiello y Carraro, la causa quedó resuelta en esta instancia con una pena de 20 años de prisión.

Tras la audiencia, Giavedoni valoró la resolución y sostuvo que lo resuelto por los magistrados se ajustó al pedido de pena formulado por la Fiscalía. Con el fallo conocido este martes, la Justicia dio por acreditada la responsabilidad penal de Ocampo en un crimen ocurrido en noviembre de 2023 y cerró, en esta instancia, el juicio por el homicidio de Ruíz Díaz.

Infobae accedió a las imágenes que ubicaron a J. G., compañero de colegio de la víctima, junto a ella camino a la antigua estación de tren donde ocurrió el hecho. El adolescente, también de 16 años, está imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

Durante la noche del 15 de julio, horas después del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, Cecilia se quedó a dormir en la casa de una amiga, identificada como M. Ya en la madrugada del 16, alrededor de las 3.05, una cámara registró el momento en el que la joven abandonó la vivienda.

“Estoy yendo a lo de las vías”, fue el último mensaje que le envió a su amiga.

Cecilia caminó sola durante varios minutos. Cerca de las 3.28, otra filmación la captó junto a un joven vestido con un buzo oscuro. Se trataba de J. G., quien llevaba una pala en la mano derecha.

Ese elemento adquirió relevancia cuando los investigadores revisaron los mensajes que la víctima había enviado un día antes del ataque. “¿Te acordás que te había dicho que J. me invitó a ir a la estación de tren a la madrugada? Dijo que va a llevar una pala y me pidió que no le diga a nadie”, le había contado a su amiga.

“Por las dudas te dejo avisada porque no confío mucho en esta juntada con J.”, agregó.

La última imagen de los dos juntos fue registrada alrededor de las 3.47. Casi una hora y media después, a las 5.15, las cámaras captaron al sospechoso caminando solo.

Según la reconstrucción de los investigadores, en ese intervalo J. G. habría atacado a Cecilia y le habría provocado graves heridas en el cuello y las muñecas. La adolescente quedó tendida, pero logró levantarse y caminar hasta la casa de una vecina ubicada a unos 80 metros del lugar.

Una vez allí, golpeó reiteradamente la puerta para pedir ayuda, aunque nadie salió a auxiliarla. “Tenía miedo”, explicó luego la dueña de la vivienda, quien aseguró que en ese momento no comprendió qué estaba ocurriendo.

Minutos más tarde llegó la Policía. Los agentes le preguntaron a Cecilia quién la había atacado, pero la adolescente no pudo responder debido a la gravedad de las lesiones. Fue trasladada en ambulancia hacia la capital provincial, pero murió durante el viaje.

En paralelo, otra cámara registró a J. G. sin la pala y con un buzo en los brazos. Las imágenes coincidieron con los mensajes en los que había anticipado que pensaba cambiarse para evitar sospechas.

“Lo que sí tendré que llevar alguna ropa diferente abajo o un buzo”, le había escrito a su novia dos días antes del crimen. El último registro del adolescente fue tomado a las 5.25.

Horas después, los policías se presentaron en su casa y le preguntaron si había estado con Cecilia. “Yo no estuve con ella, no la vi”, respondió mientras simulaba que acababa de despertarse.

Sin embargo, cuando los investigadores advirtieron que había borrado las conversaciones con la víctima, el adolescente admitió que se había encontrado con ella en la estación de tren.

Los elementos hallados en la escena, el análisis de las cámaras y los chats que J. G. intercambió con su novia, N. Y. L. antes y después del ataque resultaron claves para identificarlo como el agresor.

Con esas pruebas, el fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, ordenó su detención. Si bien permaneció unos días alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta; el pasado 11 de agosto, la Justicia dispuso su institucionalización provisoria por un año en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Las conversaciones también permitieron reconstruir el presunto rol de N. Y. L. en la planificación del crimen. “Mañana es el día que me dijiste que harías eso, ¿no?”, le escribió la adolescente de 17 años a su novio antes del ataque.

A partir de esos mensajes, la joven fue imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía.

El 28 de agosto, una jueza había dispuesto que permaneciera bajo el cuidado de su madre en un domicilio de Santo Tomé, asistiera a una escuela de esa ciudad, iniciara un tratamiento psicoterapéutico y no ingresara a Alvear.

La medida provocó el rechazo de la familia de Cecilia. “Estoy indignada porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, expresó la madre de la víctima.

Sin embargo, el Tribunal de Revisión anuló esa resolución al considerar que no estaba debidamente fundamentada y ordenó realizar una nueva audiencia urgente para definir la situación procesal de la imputada.

Las autoridades todavía intentan establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis apunta a que J.G. y Cecilia mantenían un vínculo y que el ataque pudo haber sido impulsado por N.Y.L. La investigación también procura determinar si participó una tercera persona, mencionada en los chats intercambiados por la pareja.

Tenía 24 años, era una de las voces más influyentes del rap y su muerte dejó una herida que, casi tres décadas después, la justicia todavía no cerró.

El caso nunca tuvo un sospechoso sentado frente a un juez. No hubo juicio, no hubo condena y no hubo respuestas para la familia de Wallace.

La investigación se hundió en escándalos internos, testigos que se negaron a cooperar y fricciones entre departamentos policiales que nunca lograron trabajar juntos.

El caso Biggie: testigos mudos, policías divididos y pruebas vencidas

El exfiscal Dmitry Gorin había sido directo al señalar las causas del fracaso. “Los detectives identificaron las pandillas, el motivo y los sospechosos desde temprano, pero no persiguieron con agresividad a esos sospechosos ni desarrollaron a los testigos reacios”, dijo, en palabras que Los Angeles Times recuperó ahora.

En 2017, Kevin McClure, exjefe de la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que supervisó el caso, resumió la situación al mismo medio con una frase que no dejó espacio para el optimismo. “El tirador probablemente está muerto. No puedes preguntarle quién lo contrató”, afirmó.

La familia de Wallace también demandó al LAPD por supuestas irregularidades en la investigación, un escándalo que agravó aún más la crisis de confianza en torno al caso.

La bala que mató a Wallace le perforó el hígado, el pulmón y el corazón. Murió en el Cedars-Sinai Medical Center poco después de la 1 a.m. Ningún responsable pisó un tribunal por su muerte.

Por qué Tupac sí llegó a juicio

El lunes, un jurado de Las Vegas deliberó pocas horas antes de declarar culpable a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años y exlíder de la pandilla Southside Crips-Burris Street de Compton, por haber orquestado la muerte de Shakur el 7 de septiembre de 1996.

Lo que hizo posible el juicio no fue una investigación impecable. Fue el propio Davis. A lo largo de los años, el acusado se incriminó en dos entrevistas policiales, en un documental y en su libro de memorias de 2019, Compton Street Legend, donde incluyó pasajes comprometedores.

La fiscalía construyó su caso casi por completo sobre las palabras del imputado.

En una grabación de 2008, Davis relató cómo su grupo reconoció el BMW en que viajaba Shakur cerca del Strip de Las Vegas y giró el auto para interceptarlo.

“Si hubiera estado de mi lado, yo hubiera disparado. Se lo di a Dre, y Dre dijo que no. Entonces Lane dijo: ‘Dámelo’”, se escuchó decir al acusado. La defensa argumentó que Davis había inventado esa historia para evitar una condena por narcotráfico. El jurado no lo creyó.

El exfiscal federal Neama Rahmani reconoció que la velocidad del veredicto fue “sorprendente”.

“Le doy crédito al fiscal del condado de Clark por llevar un caso de archivo tan difícil hasta el final, cuando todos los demás fiscales que lo evaluaron lo dejaron pasar”, sostuvo en declaraciones recogidas por el diario.

La diferencia que lo explica todo

El abogado penalista Mark Geragos identificó el factor clave que separó ambos casos. “Le dieron un pase libre cuando admitió bajo acuerdo de colaboración con los federales, pero hasta que escribió el libro, no podían usar sus declaraciones”, explicó sobre Davis.

Esa combinación —un acuerdo de inmunidad inicial, seguido de años de declaraciones públicas— terminó siendo la trampa que cerró el caso Shakur.

En el crimen de Wallace, nunca existió una figura equivalente. Nadie con conocimiento directo de los hechos habló de forma sostenida, pública y verificable. Sin ese hilo del que tirar, la investigación se fue apagando.

Gorin lo resumió de forma tajante: “Estas oportunidades perdidas permitieron que las pruebas envejecieran, que los testigos desaparecieran o murieran. Cuanto más viejo se vuelve el caso, más débil se vuelve”. El caso Biggie Smalls lleva casi 30 años probando esa premisa.

El asesinato de Tupac Shakur fue uno de los crímenes sin resolver más notorios de la historia de la música.

Nadie fue imputado por el crimen hasta que las propias palabras de Duane “Keffe D” Davis —volcadas en entrevistas, grabaciones y una autobiografía— reactivaron la investigación y lo convirtieron en el único acusado.

Su defensor tomó la palabra al día siguiente del veredicto. “Incluso antes de que llegara el primer grupo de jurados para la selección, sabíamos que iba a ser un tema de apelación”, declaró el abogado Michael Sanft ante NBC News.

La apelación girará en torno a un acuerdo de inmunidad parcial de 2008

El eje central del recurso será la decisión del juez de admitir como prueba las declaraciones que Davis hizo a investigadores federales en 2008 bajo un acuerdo de proffer , un pacto de inmunidad parcial que le permitía hablar con franqueza sobre lo que hizo o presenció esa noche sin enfrentar cargos por ello.

La defensa había intentado, sin éxito, excluir esas declaraciones antes del juicio. Sanft aseguró que las consideraban “altamente perjudiciales”.

Davis firmó el acuerdo en el marco de una investigación federal sobre el asesinato de Christopher Wallace, el rapero conocido como Notorious B.I.G. Durante esas conversaciones, aportó información sobre la muerte de Shakur.

Los fiscales usaron esas mismas palabras de Davis como pieza central de su acusación. En el juicio, reprodujeron grabaciones de sus declaraciones a investigadores y señalaron relatos que él mismo ofreció en entrevistas posteriores y en su autobiografía de 2019, Compton Street Legend.

El veredicto unánime llegó en una tarde y sorprendió a la defensa

La velocidad del jurado desconcertó a Sanft. “Para que un jurado regrese dos horas y media después de que se les entregó el caso... ya habían tomado su decisión”, declaró al medio. El abogado esperaba que los jurados, al menos, pasaran la noche analizando las pruebas.

Davis no fue acusado de disparar personalmente contra Shakur. Los fiscales argumentaron que proveyó el arma y organizó el ataque. Bajo la ley de Nevada, quien ayuda o facilita un asesinato puede ser considerado penalmente responsable de la muerte.

La acusación retrató a Davis como un shotcaller —figura de autoridad— de los South Side Compton Crips, una pandilla de California.

Tal como sostuvieron los fiscales, Davis orquestó el ataque contra Shakur después de que este y otros hombres golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el interior del MGM Grand esa misma noche.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba en un BMW conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador del sello Death Row Records, cerca de Las Vegas Strip, cuando un Cadillac blanco se acercó y alguien desde su interior abrió fuego.

El rapero, de 25 años, recibió varios impactos y murió seis días después. Knight sobrevivió.

La sentencia está fijada para el 13 de octubre

Davis enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia fue programada para el 13 de octubre.

La defensa pedirá la pena mínima, aunque Sanft reconoció que cualquier condena puede equivaler, en la práctica, a cadena perpetua.

“El señor Davis tiene más de 60 años. En este punto, cualquier sentencia es potencialmente una sentencia de por vida”, aseguró el abogado ante NBC News.

El abogado mantuvo durante el proceso que Davis no estaba en el vehículo ni en Las Vegas esa noche, pero el jurado rechazó ese argumento por unanimidad.

Davis es el único sobreviviente conocido de quienes, según la investigación, iban en ese Cadillac al momento del tiroteo.

Sanft caracterizó la condena como una etapa, no como el final. “Entendemos que hay un juego largo aquí. Esta no es la última escena de la película, sino solo una fase”, tal como dijo el abogado al medio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió el martes nueva información sobre la situación de Juan Manuel Reverter, señalado como principal sospechoso por la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, en 2023.

En ese comunicado, la agencia precisó que el argentino de 38 años quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). El mensaje oficial también incorporó datos sobre su situación en Estados Unidos, mientras el detenido espera su extradición a Quintana Roo.

Qué se sabe de la captura de Reverter y su situación migratoria en Estados Unidos

Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.

El comunicado no precisó si, al entrar a Estados Unidos, Reverter ya tenía una orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato” en referencia directa al caso.

La extradición a Quintana Roo

Tras la detención, la posibilidad de su traslado a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert, quedó atada a la evolución de los trámites migratorios y judiciales en Estados Unidos y México.

La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años.

Cómo murió Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Agostina Jalabert, modelo e influencer de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño de su vivienda en Playa del Carmen. Estaba ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo, según declaró su padre, Edgardo Jalabert, en una entrevista con Infobae. Las autoridades locales trataron el caso, en un primer momento, como un suicidio.

La joven había llegado a Playa del Carmen en septiembre de 2022 luego de poner fin a su relación con Reverter, con quien había comenzado a salir durante la pandemia de COVID-19. Según los familiares, el vínculo estuvo marcado por tensiones y peleas que llevaron a Agostina a intentar romperlo en más de una oportunidad. En diciembre de 2022, Reverter retomó el contacto con ella y la pareja volvió a estar junta.

La tarde previa al hallazgo del cuerpo, el 17 de febrero, la hermana de la víctima, Candela, salió del departamento alrededor de las cinco de la tarde. A la mañana siguiente, al regresar, encontró la puerta cerrada. El código de acceso habitual no funcionaba.

El guardia del edificio le informó que durante la noche había habido “disturbios” en el departamento. Tras insistir, consiguieron que Reverter abriera la puerta, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Agostina. Los presentes le practicaron maniobras de reanimación, pero la joven ya estaba muerta.

Las denuncias de la familia por irregularidades en la investigación mexicana

Desde el primer día, la familia de Jalabert denunció que las autoridades mexicanas no actuaron con los protocolos correspondientes. “La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena”, afirmó Edgardo Jalabert en declaraciones a Infobae.

El padre de la víctima también cuestionó el comportamiento de Reverter: “Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros?”.

Tras el fallecimiento, el paradero de Reverter se volvió incierto. La familia barajaba la posibilidad de que hubiera viajado a Canadá o a Nueva Zelanda. En agosto de 2024, según los datos de ICE, el hombre ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de visitante.

El peritaje independiente y los indicios que reforzaron la hipótesis de femicidio

Según el informe pericial de parte y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la desconfianza de la familia de la víctima en la investigación oficial los llevó a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio.

De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa.

Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación. El escrito sostiene que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un femicidio”.

La detención de Reverter en Estados Unidos es el primer avance concreto en la causa desde aquella denuncia.

Más de cuatro años después del ataque a tiros dentro de un gimnasio de Puerto Madryn, la Justicia volvió a poner el foco sobre Marco Antonio “el Karateca” Álvarez. La Cámara Penal confirmó la condena a 12 años de prisión por el asesinato de Fabián Acuña. Tras la resolución que se dio a conocer esta semana, la Fiscalía pidió su detención y ahora pesa sobre el acusado un pedido de captura.

En 2023, un tribunal oral había condenado a Álvarez a 17 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Más tarde, la Cámara Penal revocó esa sentencia y lo absolvió. La Fiscalía recurrió esa decisión y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut entendió que el análisis de la prueba debía revisarse otra vez. Ese nuevo examen derivó en la condena a 12 años que ahora reactivó su búsqueda.

El caso se remonta al 18 de enero de 2021. Esa noche, Fabián Acuña, de 54 años, estaba en el Tupac Gym, en Puerto Madryn, cuando un hombre entró al lugar con el rostro cubierto, guantes y un arma de fuego. Según la reconstrucción de la investigación, no hubo una discusión previa ni una secuencia larga dentro del local. El atacante ingresó y a sangre fría, disparó cinco veces. Los tiros impactaron directamente en Acuña, quien falleció al poco tiempo. El hombre huyó casi de inmediato del lugar y escapó en una motocicleta.

La acusación construyó su hipótesis a partir de varios indicios que, según sostuvo la Fiscalía, encajaban entre sí. Las cámaras de seguridad permitieron observar a un hombre con casco, lentes, guantes, campera y ropa deportiva. La contextura física, el modo de desplazarse y un detalle puntual de la vestimenta empezaron a orientar la pesquisa.

Uno de esos elementos fue un pantalón deportivo con letras orientales, que apareció en las filmaciones y que después fue vinculado con Álvarez. La investigación también incorporó imágenes de redes sociales en las que el acusado aparecía con prendas similares. A eso se sumaron testimonios, peritajes sobre dispositivos electrónicos y análisis de telefonía para reconstruir movimientos antes y después del homicidio.

A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores intentaron establecer no sólo quién había disparado, sino también cómo había sido preparado el ataque. En esa reconstrucción, cobraron peso los movimientos previos del sospechoso, el análisis de su celular y la hipótesis de que el autor tomó recaudos para evitar ser reconocido, con el rostro cubierto y elementos que dificultaran su identificación en las cámaras.

Con el avance del expediente, investigaron el vínculo previo entre ambos. Según la causa, Álvarez había sido profesor de jiu-jitsu en el gimnasio de la víctima y mantenía con Acuña una relación atravesada por conflictos. La Fiscalía incorporó como dato central una deuda de 250.000 pesos vinculada con la venta de una camioneta.

Los testimonios y documentación analizada en el juicio señalaron que ese reclamo económico había generado un fuerte resentimiento. Ese trasfondo permitió a la acusación sostener un móvil para el crimen. La hipótesis fue que el asesinato no respondió a una reacción espontánea, sino a una decisión previa, apoyada en un conflicto que venía de tiempo atrás.

La nueva condena reactivó de inmediato la búsqueda del acusado. Apenas se conoció el fallo, el fiscal Alex Williams pidió la detención de Álvarez y la Policía provincial quedó a cargo de localizarlo. En una audiencia realizada a comienzos de agosto, Álvarez dijo que vivía en Comodoro Rivadavia y aportó un domicilio en esa ciudad. Después de la confirmación de la condena, la búsqueda se concentró también allí, con intervención de la policía local en coordinación con los investigadores de Puerto Madryn.

Cinco cuerpos de hombres fueron hallados con balazos en la cabeza la mañana del lunes en Santiago Maravatío, Guanajuato, en un negocio de materiales para construcción sobre el bulevar Torres Landa, un caso en el que las autoridades aún no determinaron si las víctimas fueron asesinadas en el sitio o si sus restos fueron abandonados durante la madrugada.

El aviso llegó cerca de las 8:30 horas a la Central de Emergencias 911. El reporte alertó sobre varias personas tiradas en la colonia Francisco Villa, en el principal acceso al municipio y a espaldas de montículos de arena y grava.

Cuando agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar, ciudadanos les señalaron el punto exacto donde estaban los cinco hombres. Los policías confirmaron que presentaban disparos de arma de fuego y huellas visibles de violencia.

El hallazgo ocurrió dentro de un negocio de venta de materiales para la construcción ubicado sobre el mismo bulevar. Los cuerpos estaban ocultos detrás de montículos de grava y arena, lo que impidió que fueran vistos a simple vista desde el acceso principal.

Las autoridades no pudieron identificar a las víctimas en el lugar

En el sitio, las corporaciones no lograron establecer la identidad de los fallecidos. Tampoco precisaron en ese momento su edad aproximada, aunque una de las versiones incluidas en los reportes indicó que se trataba de cinco hombres.

La mecánica exacta del ataque permaneció sin esclarecer. Las autoridades mantuvieron abiertas dos líneas iniciales: que las víctimas hubieran sido privadas de la vida en ese mismo punto o que los cuerpos hubieran sido llevados y abandonados horas antes del reporte.

La zona quedó acordonada poco después de la confirmación de los homicidios. El resguardo quedó a cargo de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, agentes de Investigación Criminal y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Fiscalía General del Estado.

Ese despliegue se concentró en el perímetro del negocio y en el tramo del bulevar Torres Landa cercano a la colonia Francisco Villa. El objetivo inmediato fue preservar indicios y evitar el paso de personas ajenas a la investigación.

Peritos levantaron pruebas biológicas y balísticas

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias biológicas y balísticas en la escena. Esos trabajos buscaron establecer el móvil del multihomicidio y aportar datos para la identificación de las víctimas.

Después de las diligencias iniciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Ahí se les practicarían los exámenes de ley como parte del proceso para confirmar identidad, causa de muerte y otras características útiles para la carpeta de investigación.

El caso quedó registrado como un multihomicidio ocurrido en uno de los accesos principales de Santiago Maravatío. Hasta ese momento, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre algún posible vínculo entre las víctimas.

La información disponible tampoco permitió establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el lugar antes de la llamada al 911. Esa definición dependía de los resultados periciales y de la reconstrucción de los movimientos registrados durante la madrugada en la zona.

El punto donde fueron localizados, junto a un establecimiento de materiales para construcción y detrás de montículos de grava, se convirtió en el centro de las diligencias ministeriales durante la mañana. La presencia de fuerzas estatales y federales mantuvo cerrado el perímetro mientras avanzaban las labores de campo.

• Los cuerpos de cinco hombres con huellas de violencia y disparos en la cabeza fueron encontrados la mañana del lunes en un negocio de materiales para construcción de Santiago Maravatío.
• El reporte se recibió cerca de las 8:30 horas en el 911, y la zona fue resguardada por corporaciones municipales, estatales y federales.
• La Fiscalía levantó pruebas biológicas y balísticas, pero aún no había determinado si las víctimas fueron asesinadas ahí o si sus cuerpos fueron abandonados durante la madrugada.

El juicio por el crimen de Tupac Shakur entró en una etapa decisiva en Las Vegas, donde este lunes comenzaron los alegatos finales contra Duane “Keffe D” Davis, el único acusado por el asesinato del rapero en 1996.

ABC News informó que la fiscalía sostiene que el imputado admitió varias veces su papel en el ataque, mientras la defensa asegura que esas declaraciones fueron falsas.

La causa deja al jurado ante una definición clave. Debe establecer si Duane Davis dijo la verdad cuando relató su supuesta participación en el homicidio o si inventó esa historia para obtener dinero y notoriedad.

Davis se declaró inocente y enfrenta una posible pena de cadena perpetua si resulta condenado, afirmó ABC News.

Qué sostiene la acusación

Los fiscales aseguraron que Davis no disparó, pero lo ubicaron como el hombre que ordenó el ataque y facilitó el arma usada en el tiroteo.

La acusación lo presentó como un referente de una pandilla de Compton y como la persona que impulsó la represalia después de una pelea previa en el hotel MGM Grand.

ABC News detalló que la fiscalía atribuye el móvil a una venganza por la golpiza que Tupac Shakur y otras personas le dieron a Orlando Anderson, sobrino de Davis, pocas horas antes del ataque. Ese episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y ocupa un lugar central en la reconstrucción del caso.

Durante el juicio, los fiscales apoyaron buena parte de su exposición en entrevistas policiales, declaraciones públicas y pasajes del libro autobiográfico de Davis.

En esos materiales, el acusado describió que él y su grupo se cruzaron con el auto en el que viajaban Shakur y Marion “Suge” Knight y abrieron fuego desde un Cadillac blanco.

Ante el jurado también apareció una frase en la que Davis dijo que el grupo “tuvo suerte” y se encontró con sus objetivos esa noche.

En otra declaración, recogida por ABC News, afirmó que su sobrino pidió el arma y comenzó a disparar.

La estrategia de la defensa

La defensa intentó desarmar ese eje con un planteo directo. El abogado de Davis sostuvo que todas esas confesiones fueron inventadas. También afirmó que la policía construyó el caso sobre los dichos de un hombre propenso a exagerar y necesitado de atención pública.

El letrado remarcó ante el jurado que no existe una prueba material que ubique a Davis dentro del vehículo desde el que partieron los disparos. También cuestionó la solidez de los documentos presentados por la fiscalía para demostrar que el acusado estuvo en la ciudad la noche del crimen.

Entre esos elementos aparece un comprobante de un casino del hotel Monte Carlo hallado en un allanamiento de 1996.

La acusación lo mostró como una pieza que respalda el relato de Davis sobre su presencia en la ciudad. La defensa replicó que ese papel no permite establecer con claridad la fecha a la que corresponde, aseguró ABC News.

Un caso marcado por el tiempo y el silencio

La investigación arrastra problemas que exceden la disputa entre fiscales y defensores. El paso de los años deterioró recuerdos, redujo la cantidad de testigos disponibles y dejó un expediente con vacíos difíciles de cubrir.

Un detective declaró que miles de armas fueron analizadas sin encontrar coincidencias con las vainas recuperadas en la escena del crimen, tal y como reprodujo ABC News.

A ese cuadro se sumó el llamado “código de la calle”, al que varios testigos aludieron durante el juicio para explicar por qué nadie quiso colaborar con la policía. Uno de ellos dejó una frase contundente ante el tribunal: “No quiero mandarlo a prisión”, dijo sobre Davis, pese a reconocer que no mantenía una buena relación con él.

La coordinación entre agencias policiales también quedó bajo cuestionamiento. Un testimonio indicó que cuando Davis habló con investigadores en 2008 bajo una promesa de inmunidad, las autoridades del caso no recibieron esa información a tiempo.

Ese desorden demoró el avance judicial y alimentó dudas sobre el manejo del expediente.

El jurado deberá resolver ahora si los relatos del acusado fueron una ficción o la base más firme que tiene la fiscalía para probar el asesinato de Tupac Shakur.

La definición llegará con un expediente que todavía combina declaraciones explosivas, escasa evidencia material y preguntas sin respuesta.

El juez ordenó que el joven permaneciera internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras avanzaba el proceso penal. La resolución se dictó después de que el Ministerio Público presentó datos de prueba durante la audiencia del 27 de agosto.

La acusación incluyó la muerte de su madre, de 58 años, bajo el delito de feminicidio, y la de su padre, de 60, bajo el de homicidio calificado. También le atribuyeron haber lesionado a su hermana cuando ella intentó desarmarlo, así como haber amenazado a otra persona dentro de la vivienda.

El ataque ocurrió dentro de una casa de la colonia Ferrocarrilera

La investigación ubicó los hechos a las 14:23 horas del domingo 23 de agosto en un domicilio del cruce de Miguel C. Abasta y Ferrocarrilera, al norte de Monterrey. De acuerdo con la indagatoria, una discusión familiar ocurrió antes de que el joven presuntamente accionara un arma de fuego contra sus padres.

La autoridad identificó a las víctimas como María del Carmen Vázquez y Juan Manuel Loredo. Ambos murieron a consecuencia de las heridas de bala.

La hermana del imputado resultó lesionada cuando intervino para intentar quitarle el arma. Otra persona que estaba en el domicilio también habría sido amenazada durante el mismo episodio.

Ese conjunto de hechos sostuvo los cinco delitos que el juez consideró para dictar la vinculación a proceso. La decisión no resolvió la responsabilidad penal definitiva, pero sí permitió que el caso continuara hacia la siguiente etapa judicial.

La fuga incluyó el robo de una camioneta y una captura posterior

Después de la agresión, Jesucristo Manuel “N” habría tomado una camioneta sin consentimiento para escapar. En una primera versión policial, las autoridades señalaron que salió de la colonia Ferrocarrilera y huyó hacia Villa Cumbres, donde presuntamente golpeó a un joven para despojarlo de su vehículo.

La ruta de escape fue seguida por medio del monitoreo de cámaras del C4 municipal y del sistema de inteligencia ARGOS. Con ese seguimiento, los agentes ubicaron la trayectoria de una Dodge RAM 700 gris y lograron detener al sospechoso alrededor de las 15:40 horas sobre la calle Gamma.

En otra actuación posterior, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión el 26 de agosto, cuando el imputado fue localizado en la vía pública en calles de la colonia Nueva Morelos, también en Monterrey. El detenido ya contaba con antecedentes penales y quedó a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades aseguraron la camioneta presuntamente utilizada durante la fuga y otros objetos que serían integrados a la carpeta. Esos indicios formaron parte de los elementos reunidos para sustentar la acusación presentada en audiencia.

El proceso penal seguirá con prisión preventiva y más pruebas

La respuesta judicial inmediata al caso fue la prisión preventiva. Eso significó que el acusado no enfrentaría el proceso en libertad y permanecería bajo internamiento mientras la Fiscalía avanzaba en la investigación complementaria.

El plazo fijado por el juez fue de tres meses. Durante ese periodo, el Ministerio Público tendría que fortalecer las pruebas con las que buscaría llevar a juicio al joven señalado por matar a su madre y a su padre dentro de su propia casa.

La vinculación a proceso representó el paso formal que siguió a un episodio iniciado, según la indagatoria, con una discusión familiar y terminado con dos integrantes de la misma familia asesinados, una mujer lesionada y una cadena de hechos que incluyó amenazas, robo de vehículo y fuga dentro de la capital de Nuevo León.

El caso quedó abierto para que la Fiscalía definiera, dentro del plazo judicial, la acusación que sostendría en una eventual etapa de juicio.

• Un juez vinculó a proceso a Jesucristo Manuel “N”, de 21 años, por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.
• La investigación ubicó el ataque el 23 de agosto en la colonia Ferrocarrilera de Monterrey, donde murieron su madre de 58 años y su padre de 60; su hermana resultó lesionada.
• El imputado quedó en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y la Fiscalía tendrá tres meses para cerrar la investigación complementaria.

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Caen dos mujeres y un adolescente con armas y droga en Monterrey: buscaban a homicida

El Grupo de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a tres personas —dos mujeres y un adolescente— durante un operativo en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, mientras buscaban a un sujeto con orden de aprehensión por homicidio.

Los agentes llegaron al lugar en el marco de actos de investigación para localizar al objetivo. Al realizar una inspección en el sitio, hallaron a Yessica, de 43 años; Jessyca, de 28 años; y Yohan, de 16 años.

Durante el cateo se aseguraron dos armas de fuego cortas, diversas sustancias con características de narcóticos, básculas, dinero en efectivo y bolsas con hierba seca y verde con características de marihuana.

El sujeto con la orden de aprehensión no fue localizado en el lugar. Las investigaciones para dar con él continúan.

Las tres personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en su cuenta de X (antes Twitter) la detención de Hugo Alexis “N”, presunto integrante de “La Unión Tepito”.

“Resultado de las acciones para el combate a los grupos delictivos y los delitos de alto impacto, compañeros de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Hugo Alexis “N”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, vinculado a los delitos de #Extorsión y narcomenudeo.

“Fue detenido en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtemoc en posesión de un arma de fuego corta, cartuchos útiles y más de 270 envoltorios, dosis de diferentes tipos de aparente droga y dos teléfonos celulares.

“Seguimos trabajando, con acciones operativas, trabajos de investigación e inteligencia y la atención a las denuncias ciudadanas, para la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz”.

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Nueve años después del crimen que conmocionó a República Dominicana, el rostro de Emely Peguero, la adolescente de 16 años asesinada en 2017, sigue presente en la memoria colectiva.

Su muerte mientras estaba embarazada, según reportó BBC Mundo en aquel momento, desató una ola de indignación y puso en discusión la fragilidad de la protección institucional ante la violencia de género.

Hoy, el país cuenta con un nuevo Código Penal que tipifica el feminicidio y agrava las penas cuando la víctima es una menor de edad o está en estado de gestación.

El caso de Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017, marcó un antes y un después en la justicia dominicana. La joven desapareció el 23 de agosto de ese año, y días después su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda.

De acuerdo con BBC Mundo, “la desaparición de Emely movilizó a toda la sociedad, dejando en evidencia deficiencias en la respuesta de las autoridades y generando un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres”.

El proceso judicial concluyó con una condena de 30 años contra Marlon Martínez, mientras que su madre, Marlin Martínez, recibió una pena reducida a dos años y recuperó su libertad en 2020.

El marco legal vigente en 2017, un Código Penal heredado de 1884, no reconocía el feminicidio como delito autónomo. Nueve años después, la República Dominicana ha experimentado cambios sustanciales.

El nuevo Código Penal, que entró en vigor este mes, incorpora la figura de feminicidio y establece penas de entre 30 y 40 años de prisión mayor.

El artículo 94 dispone que, si la víctima es niña, adolescente o se encuentra embarazada, la sanción máxima asciende a 40 años, acompañada de una multa de mil salarios mínimos del sector público. “Si un crimen como el de Emely sucediera hoy, la nueva legislación contemplaría la pena más alta prevista”, detalló el medio dominicano El Día.

La reforma legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los delitos cometidos bajo la legislación anterior mantienen las penas entonces vigentes. Esto impide modificar la condena de los implicados en el caso Emely Peguero, aunque sí permite observar la evolución del sistema penal dominicano.

De acuerdo con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la versión consolidada del Código Penal publicada este mes eleva también las sanciones para otras formas de violencia de género y delitos sexuales, reforzando la protección jurídica de mujeres y adolescentes.

El asesinato de Emely Peguero no fue un hecho aislado. Durante el mismo agosto de 2017, el país se vio sacudido por otros crímenes contra jóvenes, como el de Fernelis Carrión, de 16 años (por cuya muerte fue condenado a 30 años de prisión el sacerdote Elvin Taveras); y los de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, ambas de 18 años.

Según informó El Día, “los cuatro nombres quedaron asociados a una de las sucesiones de asesinatos de jóvenes que estremecieron al país en cuestión de semanas”.

El impacto social del caso de Emely Peguero se reflejó también en cifras de salud pública. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2017 se registraron 35,461 embarazos en adolescentes, mientras que en 2025 la cifra bajó a 16,481, una reducción superior al 50%. No obstante, el fenómeno persiste y afecta principalmente a adolescentes de 15 a 19 años, además de niñas menores de 15, segmento que en 2025 representó el 5.01% de los casos reportados.

Las modificaciones legales y la disminución de embarazos adolescentes son avances reconocidos por las autoridades, pero no agotan el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia.

La historia de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada seis años después, evidencia la continuidad del problema. Su caso, desarrollado todavía bajo el antiguo Código Penal, terminó con la ratificación de una condena de 20 años para John Kelly Martínez en 2026, pocos meses antes de la entrada en vigor del nuevo régimen sancionatorio.

La cobertura de BBC Mundo remarcó que “la conmoción por la muerte de Emely abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, protección y justicia para evitar nuevas tragedias”.

El país ha incorporado herramientas jurídicas más estrictas y ha logrado avances en algunos indicadores, pero la discusión se extiende a la capacidad institucional para detectar y atender la violencia antes de que derive en crímenes irreparables.

El recuerdo de Emely Peguero continúa presente en la sociedad dominicana, ahora bajo un contexto legal distinto y con el desafío de evitar que otras adolescentes compartan su destino.

La transformación normativa y la reducción de embarazos constituyen pasos hacia adelante, aunque la pregunta sobre la suficiencia de las medidas adoptadas sigue abierta.

Un psicólogo forense afirmó ante el tribunal que Lindsay Clancy no sufría de psicosis aguda cuando asesinó a sus tres hijos en enero de 2023. El experto sostuvo que la acusada conservaba la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Su versión contradijo la tesis de la defensa sobre un estado mental alterado que le impedía controlar sus actos.

El doctor Kirk Heilbrun declaró en el juicio que la versión de la madre sobre haber escuchado una voz que le ordenaba matar a los niños para luego quitarse la vida “carece de sustento clínico”. Según el especialista, el relato de una alucinación auditiva que aparece únicamente durante los 18 minutos que duró el crimen y que nunca más se repitió representa un patrón de comportamiento sumamente inusual en la psiquiatría.

El testimonio clave: el psicólogo forense descarta la psicosis

El perito de la fiscalía basó su conclusión en la evaluación realizada a la acusada en abril. Heilbrun sostuvo que la mujer cometió los actos porque deseaba suicidarse y no quería dejar a sus hijos solos, lo que explica la frase que ella misma admitió haber pronunciado mientras estrangulaba a los menores: “Ve a Dios, bebé”.

El experto argumentó que no existen evidencias de un brote psicótico, sino una intención deliberada. Aunque reconoció que la acusada padece trastorno bipolar tipo 2, el psicólogo enfatizó que esta condición se caracteriza por ciclos de depresión e hipomanía menos intensos que el trastorno bipolar tipo 1, lo cual no invalida su capacidad para comprender la ilicitud de sus acciones.

Según información de AP, Heilbrun es el último testigo de la fiscalía en afirmar que, si bien Clancy padecía una enfermedad mental, “sabía lo que hacía y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”.

¿Quién es Lindsay Clancy? Perfil de la acusada

La mujer de 36 años se desempeñaba profesionalmente como enfermera en el área de partos antes de los hechos ocurridos en su residencia de Duxbury, Massachusetts. Su historial médico refleja una trayectoria con escasos antecedentes de salud mental hasta septiembre de 2022, periodo en el cual comenzó a experimentar ansiedad relacionada con sus tres embarazos.

Tras el inicio de un tratamiento con medicamentos como la sertralina a mediados de octubre, la paciente reportó insomnio severo y niveles elevados de estrés. A finales de ese año, los registros indican que comenzó a tener pensamientos intrusivos sobre hacerse daño, aunque los peritos señalan que, en aquel momento, ella aún mantenía el control sobre sus impulsos.

El crimen y el proceso judicial: los hechos principales

La fiscalía sostiene que la enfermera planificó los asesinatos de Callan, Dawson y Cora —quienes tenían entre ocho meses y cinco años— y envió a su esposo a realizar diligencias fuera del hogar antes de cometer el crimen. Tras el suceso, la mujer saltó por una ventana del segundo piso, lo cual le provocó una parálisis de la cintura hacia abajo que mantiene hasta la actualidad.

La acusada se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Superior de Plymouth, se encuentra en la etapa de presentación de testimonios de refutación por parte de la fiscalía. Los alegatos finales están previstos para esta semana, momento en el que el jurado deberá definir la responsabilidad penal.

El debate sobre la salud mental: posturas enfrentadas

La defensa insiste en que la mujer padecía psicosis posparto, una patología grave vinculada a cambios hormonales y privación de sueño. El psiquiatra Phillip Resnick, testigo experto en filicidio, testificó anteriormente que la acusada estaba “claramente psicótica” y bajo una fuerza externa que anulaba su voluntad.

Por el contrario, otros peritos de la fiscalía, como el psiquiatra Avram Mack, coinciden en que, si bien la mujer atravesaba una enfermedad mental severa, esta correspondía a una depresión persistente. Según esta visión, ella conservaba la facultad de distinguir lo correcto de lo incorrecto durante el periodo previo y posterior a la tragedia.

El incidente religioso y el manejo en la corte

La jornada judicial experimentó una interrupción abrupta cuando el testigo Heilbrun mencionó la religión católica al explicar las expectativas de la acusada sobre el cielo y el suicidio.

“Parte de su expectativa era que ella y sus hijos estarían juntos en el cielo con Dios. Fue criada como católica. Según entiendo las consideraciones católicas, eso no es necesariamente lo que sucede”, expresó el forense. “Pero cuando le pregunté al respecto, cuando le dije: ‘¿Acaso el suicidio no es un pecado mortal?’”, agregó.

El abogado defensor Kevin Reddington solicitó de inmediato la anulación del juicio al considerar que el comentario resultaba inapropiado para el jurado.

El juez William Sullivan denegó la petición de anulación, aunque reprendió a la fiscalía por permitir que el testigo abordara temas ajenos a la evaluación clínica. El magistrado instruyó al jurado para que ignorara cualquier referencia a las creencias religiosas de la acusada y calificó dicho testimonio como irrelevante para el proceso legal.

Consecuencias legales del caso y recursos de apoyo para la salud mental

Una condena por asesinato en primer grado conlleva una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Massachusetts. Si el jurado determina que la acusada no es responsable penalmente debido a un defecto mental, la ley estipula su traslado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento médico.

Las autoridades recuerdan que existen canales de ayuda inmediata para personas en situaciones de angustia emocional o riesgo de crisis. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible a través del número 988, el cual permite llamadas y mensajes de texto las 24 horas.

Asimismo, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ofrece orientación y recursos especializados para pacientes y familias. Esta organización facilita asistencia de lunes a viernes, de 10h a 22h, mediante la línea 1-800-950-NAMI (6264) o a través de su dirección de correo electrónico institucional.

La noche del 20 de agosto de 1989, la policía de Beverly Hills encontró el cuerpo de Mary Louise “Kitty” Menéndez en el living de su mansión, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles. La escena fue descrita como brutal: Kitty yacía sin vida junto a su esposo, José Menéndez, ambos víctimas de múltiples disparos. El crimen conmocionó a la comunidad local, acostumbrada al hermetismo y la seguridad que caracteriza a la élite del barrio residencial californiano.

En un principio, la hipótesis de un violento robo captó la atención de los investigadores y de la opinión pública. Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, la atención se centró en los hijos del matrimonio, Lyle y Erik Menéndez. Las sospechas sobre ellos crecieron con el tiempo y derivaron en uno de los juicios más seguidos de la década en Estados Unidos. Finalmente, ambos fueron declarados culpables de asesinar a sus padres en una causa judicial que sigue llamando la atención por la crudeza del crimen.

Cómo fue el crimen de Kitty Menéndez

La noche del crimen, José y Kitty Menéndez descansaban en su casa cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos. Los hermanos Lyle y Erik, entonces de 21 y 18 años respectivamente, utilizaron escopetas calibre 12 para atacarlos. Los investigadores determinaron que ambos recibieron múltiples impactos, pero la violencia fue especialmente extrema en el caso de Kitty, quien resultó irreconocible debido a los disparos en el rostro, el pecho, el brazo y la pierna, según recogió All That’s Interesting.

Tras el asesinato, los hermanos intentaron simular una escena de robo. Sin embargo, los detectives notaron inconsistencias en su relato y en la evidencia hallada en el lugar. El comportamiento de ambos después del crimen también levantó sospechas: gastaron grandes sumas de dinero en autos de lujo, relojes y viajes, lo que no era compatible con el perfil de víctimas de un asalto fortuito, según reportó la BBC.

La coartada de los hermanos también fue motivo de investigación, debido a las incosistencias. Tras cometer el crimen, se deshicieron de la ropa y las armas utilizadas y fueron al cine, conservando las entradas de la película como prueba de su supuesto paradero al momento del asesinato.

Además, la llamada al 911 realizada por Lyle, en la que fingía sorpresa y angustia al reportar la muerte de sus padres, fue analizada por los investigadores, quienes consideraron que su reacción era inconsistente con la de alguien que acaba de descubrir una tragedia familiar, según la BBC.

Estos detalles reforzaron la hipótesis de una planificación meticulosa y alimentaron las sospechas sobre la participación directa de los hermanos en el asesinato

El móvil detrás del asesinato fue objeto de debate. Lyle y Erik declararon que habían sido víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de su padre, y que la madre había guardado silencio ante esta situación, lo que generó una acumulación de resentimiento y miedo.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que el motivo principal fue económico: los hermanos buscaban heredar la fortuna familiar, estimada en cerca de 14 millones de dólares, indicó la CNN. Las pruebas presentadas por la policía y los testimonios recogidos durante la investigación apuntaron a una planificación deliberada y a la adquisición de armas días antes del crimen.

El juicio mediático y las penas de los hermanos Menéndez

El juicio se transformó en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la década de 1990. El caso atrajo la atención nacional e internacional no solo por la brutalidad del crimen y el entorno privilegiado de los acusados, sino también por la transmisión televisiva de gran parte del proceso, algo inusual hasta ese momento. Desde su inicio en 1993, las audiencias fueron seguidas por millones de espectadores y los detalles familiares y personales de los Menéndez invadieron la conversación pública, indicó la BBC.

Durante el juicio, los hermanos confesaron ser los autores materiales de los asesinatos, pero argumentaron que actuaron en defensa propia. Alegaron que durante años habían sido víctimas de abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte de su padre, José Menéndez. La defensa presentó testimonios y pruebas para respaldar estas acusaciones, logrando que algunos familiares y amigos corroboraran relatos sobre el comportamiento controlador y violento del papá.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que actuaron movidos por el interés económico y la voluntad de heredar la fortuna familiar, estimada en millones de dólares. Según CNN, se excluyeron del segundo juicio muchos de los testimonios y pruebas sobre los supuestos abusos, lo que limitó la estrategia de la defensa.

El primer juicio, en 1994, terminó sin un veredicto debido a la falta de consenso en los jurados, lo que llevó a la declaración de nulidad. En el segundo juicio, celebrado en 1995 y sin cámaras presentes, el juez restringió la presentación de pruebas relacionadas con los abusos y limitó las opciones del jurado a solo dos alternativas: condena por asesinato o absolución. Finalmente, el 18 de abril de 1996, Lyle y Erik Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informaron la BBC y CNN.

Tras la resolución, los dos pasaron más de dos décadas recluidos en cárceles diferentes, manteniendo contacto únicamente por correspondencia hasta 2018, cuando fueron trasladados a la misma prisión en California. El caso volvió a la agenda pública en los últimos años a raíz de la aparición de nuevas evidencias, que reavivaron el debate sobre los motivos y las circunstancias del crimen.

En 2024, la justicia de Los Ángeles revisó la sentencia a raíz de la presentación de nuevas pruebas, entre ellas, testimonios de presuntas víctimas de José Menéndez fuera del entorno familiar y cartas escritas por Erik Menéndez antes del crimen. El fiscal de distrito George Gascón recomendó una nueva audiencia para evaluar la eventual libertad condicional de los hermanos, cuya decisión aún está pendiente. Actualmente, Lyle y Erik Menéndez continúan detenidos, a la espera de una posible revisión de su situación penal.

Un empleado de mantenimiento al que Caroline Heaviland había contratado para trabajar en su propiedad de Cabo Velas es el principal sospechoso de su asesinato, según confirmó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial a medios locales.

La acupunturista estadounidense de 75 años fue hallada muerta el lunes 3 de agosto dentro de su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste, con golpes contusos en la cabeza.

Lo que puso al sospechoso ante las autoridades no fue una denuncia ni una pista: fue un retén policial en Liberia, según destaca una nota del periódico La Teja.CR.

El hombre conducía el vehículo de la víctima cuando agentes de Tránsito lo detuvieron por conducción temeraria.

Un juzgado le impuso 15 días de prisión preventiva por ese delito. Solo después, durante el avance de las diligencias por el homicidio, los investigadores hallaron en su poder tarjetas bancarias pertenecientes a Heaviland.

Quién era Caroline Heaviland y qué revelan sus allegados

Heaviland vivía en Costa Rica desde 2002. Durante más de dos décadas atendió pacientes como acupunturista certificada con más de 40 años de trayectoria y llegó a operar una clínica propia en la zona de Tamarindo hasta 2023.

El día de su muerte tenía previsto viajar a California. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera de madrugada y la llevara al aeropuerto. Fue ese conductor quien la encontró sin vida frente a su casa y alertó a las autoridades.

Una amiga identificada como Susan Curtis publicó en redes sociales: “Es con el más pesado de los corazones que comparto la noticia de que nuestra dulce, asombrosa y talentosa sanadora Caroline Heaviland falleció anoche. Ella fue víctima de un crimen violento”, cita La Teja.

Allegados a la víctima revelaron a las autoridades un dato que ahora se convierte en una línea de investigación: semanas antes del crimen, Heaviland les había comentado sobre diferencias con un hombre que realizaba labores de jardinería en su propiedad. El OIJ analiza si ese conflicto previo guarda relación con el homicidio, aunque sin conclusiones hasta el momento.

Un patrón que se repite en Guanacaste y otras zonas turísticas

El crimen de Heaviland no es un caso aislado en la región. En junio de 2026, Andrea Richter, una alemana de 63 años radicada en Costa Rica desde hacía cinco años, fue hallada muerta en una finca en 27 de Abril de Santa Cruz, la misma zona geográfica donde ocurrió el asesinato de la acupunturista. El Organismo de Inteligencia Judicial OIJ mantiene ese caso abierto sin un detenido.

En febrero de 2026, el surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años y radicado desde hace años en Costa Rica, fue encontrado sin vida en un apartamento de Cahuita, en la provincia de Limón, según detalló Infobae.

Las autoridades locales confirmaron que Van Dyke fue encontrado estrangulado y con múltiples heridas de arma blanca, tras un aparente asalto violento en su domicilio.

En septiembre de 2025, el doble homicidio de la pareja austriaco-alemana Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus en Quepos sacudió al país. Los sospechosos se acercaron a las víctimas fingiendo interés en comprar su finca, valorada en aproximadamente USD 1 millón. Tres personas fueron detenidas.

Costa Rica cerró 2025 con alrededor de 900 asaltos contra turistas extranjeros, según datos del OIJ. La mayoría se concentró en San José, aunque el Pacífico Central acumuló unos 319 expedientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al país en nivel 2 de alerta: “Ejercer mayor precaución”, desde abril de 2026, sin cambios desde entonces.

Las tarjetas bancarias y el alcance de la investigación

El OIJ investiga si las tarjetas de Heaviland halladas en poder del sospechoso fueron utilizadas en algún establecimiento comercial después del crimen. Soto indicó que esas pesquisas continúan para determinar el alcance total de los presuntos delitos.

“La investigación continúa; en apariencia, el responsable de este homicidio es una persona cercana a la víctima que trabajaba para ella”, declaró Soto, según se destaca en La Teja.

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Las Fiscalías Superiores de Adolescentes de Panamá recibieron 3,022 denuncias por hechos delictivos entre enero y julio de 2026, unas 571 más que las 2,451 registradas durante igual periodo de 2025.

El incremento equivale a 23.3% en un año, de acuerdo con cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

El aumento se extendió prácticamente por todo el país. Panamá encabezó las denuncias con 787 casos, seguida por Panamá Oeste con 520 y Chiriquí con 457. Bocas del Toro alcanzó 303, Colón 206, San Miguelito 198 y Veraguas 186. Coclé registró 124, Herrera 101, Los Santos 74 y Darién 66 casos durante los primeros siete meses del año.

La comparación interanual revela diferencias importantes. Veraguas experimentó el mayor incremento porcentual, al pasar de 101 a 186 denuncias, un alza de 84.2%.

Bocas del Toro aumentó 37.7%, Herrera 31.2% y Panamá Oeste 29.7%. Panamá, que concentra la mayor cantidad, subió 19.6%, desde 658 hasta 787 casos, mientras Coclé prácticamente se mantuvo sin cambios.

Por tipo de delito, los hechos contra la libertad e integridad sexual continuaron como la principal categoría, con 1,051 denuncias hasta julio de 2026.

Le siguieron los delitos contra la vida y la integridad personal, con 617; contra el patrimonio económico, con 535; y contra la seguridad colectiva, que acumularon 444 casos. Los relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil sumaron 316.

Aunque los delitos sexuales siguieron encabezando la estadística, uno de los mayores cambios ocurrió en los delitos contra la vida y la integridad personal, que pasaron de 399 casos en 2025 a 617 este año, un incremento de 54.6%.

Los delitos contra el orden jurídico familiar crecieron 70.8%, desde 185 hasta 316, mientras los relacionados con el patrimonio económico aumentaron 21.6%.La actividad judicial también aumentó. Entre enero y julio se realizaron 4,930 audiencias, frente a 4,146 en igual periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 18.9%.

Entre las principales estuvieron 1,260 audiencias ante jueces de cumplimiento, 567 innominadas y 533 de formulación de imputación. Además, se efectuaron 359 lecturas de sentencia y 321 audiencias de acuerdos de pena.

En contraste, las medidas cautelares aplicadas disminuyeron de 640 en 2025 a 368 en 2026, una reducción de 42.5%. Sin embargo, las detenciones provisionales aumentaron de 161 a 198, mientras las medidas distintas a la detención cayeron de 479 a 170.

De las detenciones provisionales de este año, 172 correspondieron al Primer Distrito Judicial.Las fiscalías reportaron además 1,946 causas egresadas definitivamente, 15.1% más que las 1,691 del año anterior.

El criterio de oportunidad por resolución del fiscal concentró 1,015 casos, seguido de 346 causas egresadas por sentencia y 335 declinatorias a la esfera administrativa.

Las conciliaciones aumentaron de 50 a 72, mientras las extinciones de la acción penal pasaron de 19 a 45.Otro incremento aparece en las sentencias según procedimiento: se registraron 365 hasta julio de 2026, frente a 275 en 2025, un crecimiento de 32.7%.

Los acuerdos de pena dominaron con 305, seguidos por 33 procesos simplificados y 19 juicios orales. En 2025, los acuerdos de pena habían sumado 229 y los juicios orales 26.Al analizar los fallos, el informe contabiliza 411 sentencias en 2026, de las cuales 408 fueron condenatorias y tres absolutorias.

Un año antes se habían registrado 295: 287 condenatorias y ocho absolutorias. La proporción de fallos condenatorios pasó así de 97% a 99% del total reportado por las fiscalías de adolescentes.

Finalmente, los procedimientos alternos de solución de conflicto penal aumentaron de 1,538 en 2025 a 1,622 en 2026, un crecimiento de 5.5%.

Este año se contabilizaron 1,014 principios de oportunidad, 322 acuerdos de pena, 167 conciliaciones, 97 suspensiones del proceso sujetas a condiciones, 14 mediaciones y ocho desistimientos. Las cifras corresponden a personas y mantienen carácter preliminar, según precisa el Ministerio Público.

Un adolescente de 15 años asesinó a Eduardo tras interceptarlo cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). El menor intentó escapar junto con su cómplice, pero el seguimiento a través de cámaras de vigilancia permitió que policías los ubicaran y detuvieran.

El ataque ocurrió en el cruce de Sur 19 y Atanasio G. Sarabia, donde cámaras del C2 registraron el momento en que los agresores le cerraron el paso a la víctima. Luego de obligarlo a frenar, el adolescente descendió de la moto y le disparó.

De acuerdo con lo ocurrido en el lugar, Eduardo avanzaba en una motocicleta cuando fue seguido por una segunda unidad en la que viajaban Kevin Joshua, menor de edad, y José Ricardo. Los dos lo mantuvieron bajo persecución hasta alcanzarlo en la esquina donde quedó grabada la agresión.

Tras los disparos, los responsables huyeron a bordo de la motocicleta hacia la Unidad Habitacional Fuerte Loreto. La salida del sitio no detuvo el operativo: policías que llegaron tras el llamado de auxilio revisaron las imágenes de videovigilancia y ubicaron la ruta de escape.

Con esa información, los elementos localizaron dentro de la unidad habitacional el vehículo estacionado y a los dos hombres señalados por el homicidio. En ese punto fueron aprehendidos, según la secuencia descrita del operativo.

Mientras se realizaba la detención, una mujer identificada como familiar del lesionado llegó para auxiliar a Eduardo. Al observar la gravedad de las heridas y ante la demora de los paramédicos, decidió trasladarlo por su cuenta en un auto a un hospital.

Dos horas después del ataque, la mujer se enteró de que Eduardo había muerto. La víctima recibió impactos de bala en la ingle, el abdomen y la nariz, lesiones que resultaron fatales.

• El ataque ocurrió en Sur 19 y Atanasio G. Sarabia, en Héroes de Churubusco, Iztapalapa.
• Cámaras del C2 permitieron ubicar a los agresores en la Unidad Habitacional Fuerte Loreto.
• Eduardo murió por disparos en la ingle, el abdomen y la nariz, según el relato del caso.

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX

La semana pasada, el 10 de agosto, un adolescente de 17 años fue asesinado en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después agentes de la SSC detuvieron a un hombre de 24 años señalado como probable responsable, cuya captura abrió la investigación ministerial por el homicidio y por la presunta posesión de droga.

El arresto ocurrió luego del seguimiento realizado con cámaras de videovigilancia y un cerco virtual. Al detenido le aseguraron 25 bolsitas de marihuana y 500 gramos de la misma planta, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Toltecas y Peñón. Los primeros reportes indicaron que el joven recibió disparos de arma de fuego durante un ataque directo.

Paramédicos que llegaron al punto confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Otra versión del caso precisó que el disparo fue en la cabeza y que los vecinos alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar detonaciones.

El seguimiento con cámaras llevó a la detención en la misma colonia

La revisión de las cámaras instaladas en la zona permitió identificar a un hombre que se alejó del lugar después del ataque. Ese seguimiento se concentró en calles de la misma colonia Morelos, donde operadores del C2 Centro informaron a los oficiales en campo sobre la ruta del sospechoso.

Infografía detalla el asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias “La Chofis”, y el alcance del grupo criminal La Unión Tepito en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes lo ubicaron en el cruce de Fray Bartolomé de las Casas y Toltecas. Cuando notó la presencia policial, el señalado intentó huir, pero fue interceptado metros después.

La autoridad capitalina informó que el detenido tenía 24 años. Tras la revisión preventiva, los uniformados hallaron las dosis y el resto de la hierba seca con las características de la marihuana.

Ese aseguramiento hizo que el caso avanzara en dos líneas: la investigación por el asesinato del menor y la puesta a disposición por la probable comisión de delitos contra la salud. El Ministerio Público quedó a cargo de definir su situación jurídica y de profundizar en la indagatoria.

La agresión fue investigada como un ataque directo

La información inicial del caso sostuvo que no se trató de un hecho fortuito, sino de una agresión directa contra el adolescente. El ataque ocurrió en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc identificada de manera frecuente con el barrio de Tepito, dentro del perímetro de la colonia Morelos.

Los reportes también señalaron que el probable agresor habría escapado a pie y vestido de negro antes de ser ubicado por el monitoreo urbano. Esa descripción formó parte de los datos revisados por las autoridades para cerrar el cerco en calles cercanas.

La víctima fue localizada por policías capitalinos con una herida de bala en el cráneo. Esa lesión coincidió con la valoración de los cuerpos de emergencia, que confirmaron la muerte en el lugar de los hechos.

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Xavier y Saúl fueron vinculados a proceso tras comprobarse su participación en un secuestro exprés de transportistas, se les vincula con la Unión Tepito Foto: SSC CDMX

La intervención de la Fiscalía de la CDMX incluyó los peritajes y la recolección de indicios para esclarecer el móvil del homicidio. Hasta ese momento, la autoridad no había informado detenciones adicionales ni una línea concluyente sobre la causa de la agresión.

La captura del hombre de 24 años se dio en la misma zona donde ocurrió el crimen. Ese dato reforzó la secuencia reconstruida por los monitoristas y por los policías que participaron en el operativo de búsqueda.

El caso quedó asentado como el asesinato de un menor de edad en vía pública o al interior de un inmueble, según las distintas versiones incluidas en los reportes iniciales. En ambos relatos coincidieron el sitio general, la edad de la víctima, el uso de arma de fuego y la intervención posterior de policías, paramédicos y autoridades ministeriales.

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La investigación siguió abierta para determinar con precisión cómo ocurrió la agresión, establecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal del detenido.

24 muertos en lo que va de 2026 en la zona

En las colonias Centro y Morelos ha cobrado al menos 10 personas asesinadas desde finales de junio y principios de agosto de 2026, acumulando 24 homicidios vinculados a esta guerra criminal en lo que va del año.

Contexto de la Violencia

La disputa territorial involucra ataques directos por el control de la extorsión, cobro de piso y venta de drogas.

Julio se registró como el mes más violento del periodo con múltiples ejecuciones a plenas luz del día. Se han reportado operativos intensos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han dejado más de 50 detenidos de ambos grupos rivales.

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Van 55 detenidos en poco más de un mes

Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 55 presuntos integrantes de las organizaciones delictivas La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, según reportes oficiales.

Las acciones, ejecutadas por la Subsecretaría de Operación Policial y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respondieron a una estrategia para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la capital, donde ambas células generan violencia de forma sistemática.

Con elo, los 54 detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en ese mismo periodo. A continuación, se detallan los operativos por zona.

El sueño de una vida mejor para María Bernarda Popol García, una joven guatemalteca de apenas 22 años, quedó sepultado en la fría penumbra de un armario en Telford, Pensilvania.

María había emigrado desde Guatemala dos años atrás, impulsada por la noble convicción de trabajar incansablemente como camarera en el restaurante y tienda Don Leo.

Quienes la conocieron recordaban su sonrisa amable, su espíritu alegre y la dedicación sagrada con la que enviaba sus ingresos para sostener a su familia a la distancia.

Sin embargo, detrás de su rutina de trabajo y superación, se gestaba una tragedia marcada por la violencia doméstica, el control y la crueldad insondable.

La noche del 6 de marzo de 2026 comenzó a consumar la pesadilla. María se preparaba para dar un paso crucial en su vida: liberarse del yugo de su novio, Darwin David Espinal-Del Cid, un hombre hondureño de 27 años con quien compartía un apartamento en North Main Street.

Ella deseaba terminar la relación sentimental y mudarse definitivamente. Poco antes de la medianoche, tras compartir un viaje, la tensión estalló en una acalorada discusión dentro del apartamento.

En lugar de aceptar la decisión de la joven, Espinal-Del Cid reaccionó con una ferocidad despiadada. Armado con un objeto punzocortante, arremetió contra María sin piedad.

En un acto de extrema violencia, le cortó la garganta, apagando brutalmente su voz y su vida en cuestión de minutos. La sangrienta escena consumó un crimen atroz motivado por el rechazo y el ansia de dominación.

La crueldad del agresor no concluyó con el acto del homicidio. Demostrando una frialdad espeluznante y una falta total de remordimiento, el hondureño decidió ocultar su crimen.

Envolvió el cadáver inerte de María en una manta, lo arrastró hasta el clóset del apartamento y lo sepultó deliberadamente bajo pilas de ropa vieja para retardar su hallazgo.

Simulación, huida internacional y captura en Honduras

Antes de emprender la huida, hurgó entre las pertenencias de la víctima para robarle 400 dólares en efectivo y su teléfono celular. Con una mente calculadora, utilizó el dispositivo móvil de María durante varios días para enviar mensajes de texto falsos a familiares y amigos.

Simulando ser ella, escribió engaños afirmando que se encontraba bien y que se había trasladado a otra localidad.

Esta maquiavélica estrategia pretendía ganar tiempo y desorientar a una familia que ya comenzaba a angustiarse al no saber nada de la joven ni verla llegar a una reunión que esperaba con ilusión.

Mientras Espinal-Del Cid compraba un billete de ida y volaba de regreso a Honduras el 9 de marzo, el cuerpo de María permaneció oculto en la oscuridad del armario durante nueve interminables días.

No fue sino hasta el 15 de marzo cuando un vecino del edificio, percatándose del denso y estremecedor ambiente, descubrió la macabra escena. La denuncia previa por desaparición interpuesta ante la policía por los familiares de la víctima confirmó el peor de los presagios.

La fuga internacional del asesino concluyó el 17 de agosto de 2026. En una operación coordinada entre el FBI y las autoridades hondureñas en Pespire, Choluteca, Espinal-Del Cid fue finalmente capturado. Tras su arresto, el sospechoso confesó ante los investigadores haber perpetrado el brutal asesinato.

Actualmente, el imputado permanece recluso en Tegucigalpa a la espera de ser extraditado al condado de Bucks, Pensilvania, donde enfrentará graves cargos por homicidio criminal, posesión de un instrumento delictivo, robo, estafa y profanación de cadáver.

Aunque el arma homicida aún no ha sido recuperada y nada podrá devolver la vida a María, su familia hoy encuentra un amargo consuelo en saber que la justicia ha comenzado a alcanzar al hombre que apagó con crueldad la vida de la joven migrante.

Una inscripción grabada en una bala —“¡Oye, fascista! ¡ATRÁPALA!“— se convirtió el martes 18 de agosto en la prueba más directa presentada por los fiscales del caso Charlie Kirk para demostrar que el activista conservador fue atacado por sus ideas políticas. La fiscalía del condado de Utah calificó el grabado como una “referencia política manifiesta” en documentos judiciales publicados por AP, en un proceso que podría derivar en la pena de muerte para el acusado.

El asesinato ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah, en Provo, Utah, durante un evento público al que asistieron miles de personas. El acusado, Tyler Robinson, de 23 años, se entregó a las autoridades un día después del disparo. Enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado agravado y aún no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia ante el tribunal.

Quién era Charlie Kirk y qué pasó en la Universidad del Valle de Utah

Charlie Kirk fue el cofundador de Turning Point USA, una organización dedicada a movilizar el voto conservador entre jóvenes universitarios. Antes de su muerte, Kirk era una de las voces más reconocidas de la derecha estadounidense y desempeñó un papel activo en la campaña que llevó al presidente Donald Trump a un segundo mandato.

El 10 de septiembre, Kirk participaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah cuando un disparo efectuado desde un techo cercano lo alcanzó de manera fatal. Miles de asistentes presenciaron el hecho o se encontraban en las inmediaciones al momento del ataque.

Robinson se entregó voluntariamente a las autoridades al día siguiente. Desde entonces, el caso se tramita ante el Cuarto Tribunal de Distrito de Utah, bajo la supervisión del juez Tony Graf.

Tyler Robinson, el acusado y las pruebas en su contra

Robinson tenía 23 años al momento de los hechos. Los investigadores lo vincularon al arma presuntamente utilizada en el crimen mediante análisis de ADN presentados durante una audiencia preliminar de cinco días celebrada en julio de 2026.

Según AP, esa misma prueba de ADN también lo conecta con la herramienta que habría usado para grabar los cartuchos de bala. La defensa cuestionó con insistencia la fiabilidad de esos análisis a lo largo de la audiencia.

Además del grabado en la bala, los fiscales presentaron dos elementos adicionales:

Un mensaje de texto en el que Robinson supuestamente escribió sobre Kirk: “Ya tuve suficiente de su odio. Hay odio que no se puede negociar”.

Una nota manuscrita que, según la acusación, Robinson dejó a su compañero de cuarto Lance Twiggs, en la que escribió: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la aproveché”.

El debate sobre la motivación política

La motivación política del crimen es el eje central del proceso, porque de ella depende si Robinson puede ser condenado a muerte. En Utah, la pena capital requiere la presencia de factores agravantes; entre ellos, que el crimen haya sido un ataque político.

Los fiscales argumentan que la inscripción en la bala, el mensaje de texto y la nota manuscrita conforman un patrón que demuestra que Robinson actuó por animosidad política hacia Kirk.

La defensa rechaza esa lectura. Los abogados de Robinson sostienen que el mensaje de texto no alcanza para probar una motivación política y no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la AP sobre los nuevos documentos presentados este martes.

El contexto político y social del caso

Los fiscales también señalaron un contraste entre las posiciones públicas de Kirk y la vida personal del acusado. Kirk se opuso abiertamente al matrimonio entre personas del mismo sexo y a los tratamientos médicos de afirmación de género.

Robinson, según la acusación, mantenía una relación romántica con su compañero de cuarto, Lance Twiggs. Los investigadores indicaron que Twiggs había considerado una transición de género alrededor de la época del crimen.

En una entrevista grabada presentada en el tribunal durante la audiencia de julio, Twiggs declaró que nunca había escuchado a Robinson hablar de Kirk antes del disparo. También señaló que Robinson no solía hablar mucho sobre derechos de la comunidad LGBTQ+, aunque sí mencionaba temas políticos generales, incluido Trump.

El estado del proceso judicial y los próximos pasos

El juez Tony Graf presidió la audiencia preliminar de cinco días en julio, en la que la fiscalía presentó lo que describió como pruebas “abrumadoras”. La defensa, por su parte, trabajó para sembrar dudas sobre las conclusiones de los analistas forenses.

Graf anunció que tomará su decisión sobre si el caso avanza a juicio oral después de escuchar nuevamente a ambas partes el 1 de septiembre de 2026.

Ese paso es determinante: si el juez ordena el juicio, la fiscalía buscará formalmente la pena de muerte. La defensa, a su vez, intenta desactivar los factores agravantes que harían posible esa condena.

Uno de esos factores es si el disparo puso en peligro a otras personas. Los fiscales argumentan que varias personas se encontraban dentro de una “zona de peligro” alrededor de Kirk cuando fue atacado desde el techo. Los abogados de Robinson contraargumentan que el tirador “dio en el blanco previsto”, lo que, a su juicio, excluye el agravante de poner en riesgo a terceros.

La Fiscalía local pidió esta jornada al Juzgado de Garantía de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago), ampliar la formalización de un adulto mayor de 71 años, autor confeso del crimen de otro hombre de 67 años, macabro hecho que quedó al descubierto el domingo pasado cuando un familiar halló el cuerpo de la víctima decapitado y oculto en un bosque cercano.

Tras admitir su responsabilidad en el asesinato, ocurrido en la Caleta El Soldado de dicha comuna, el imputado detalló en su declaración que todo partió con una discusión en su casa con la víctima, a la que atacó con un hacha. A fin de ocultar su rastro, el agresor decapitó el cuerpo y luego lo arrojó a un bosque aledaño, donde permaneció por casi un mes.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, un hermano de la víctima que llegó hasta su casa tras varios días sin poder establecer contacto con él fue quien halló los restos, mientras que las pericias de la Brigada de Homicidios de Concepción permitieron además establecer la conexión entre los rastros de sangre hallados en la casa del asesino y el crimen.

Ataque a hachazos

Según el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Fabrizio Zúñiga, la investigación logró establecer que el crimen ocurrió el 17 de julio en la vivienda del acusado, hasta donde llegó la víctima para discutir un asunto que no fue detallado.

“El sujeto premunido de un hacha lo agrede en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar, para luego proceder a ocultarlo en un bosque cercano”, señaló de manera escueta el detective.

En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Mario Elgueta, detalló que el acusado, “tras ver la evidencia en su contra, da una declaración donde reconoce haber agredido a la víctima”.

Así las cosas, la Fiscalía está a la espera del resultado de los últimos peritajes para formalizar al acusado, quien de seguro quedará en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Una mujer costarricense de 23 años quedó detenida provisionalmente en Panamá por su presunta participación en el tráfico ilícito de seis migrantes de Camerún, quienes fueron descubiertos cuando viajaban en un autobús de la ruta Panamá-Darién.

Los extranjeros intentaban movilizarse utilizando cédulas de identidad panameñas falsificadas que contenían datos diferentes a los registrados en sus pasaportes cameruneses, según informó el Ministerio Público.

El caso fue descubierto el 11 de agosto en el puesto de control de Agua Fría, en la provincia de Darién, una de las principales zonas de vigilancia en la carretera que comunica esa región fronteriza con el resto del país.

Un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) inspeccionó un autobús de la ruta Panamá-Darién, luego de recibir una alerta del conductor del transporte.

Durante la revisión, las autoridades ubicaron a la joven costarricense y a seis pasajeros que presentaron documentos de identidad panameños.

Las primeras sospechas surgieron al examinar las cédulas plastificadas que portaban los viajeros, por lo que el grupo fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana para profundizar las verificaciones sobre sus identidades.

Allí apareció una segunda documentación que permitió determinar su procedencia. Los seis extranjeros tenían pasaportes expedidos por la República de Camerún, pero las identidades consignadas en ellos no coincidían con las cédulas panameñas que habían mostrado previamente.

Las autoridades determinaron entonces que los documentos nacionales eran presuntamente falsificados y comenzaron las investigaciones sobre el traslado del grupo.

La Fiscalía Regional de Darién presentó posteriormente a la mujer ante un juez y consiguió que se le imputaran cargos por la presunta comisión de un delito contra la humanidad, específicamente en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó además que permaneciera detenida mientras continúa la investigación del caso.

Para sustentar la medida cautelar, la Fiscalía argumentó la existencia de peligro de fuga, riesgo de afectación de medios de prueba y la gravedad del delito investigado. El tribunal acogió los planteamientos y ordenó la detención provisional de la sospechosa, quien permanece bajo investigación y no ha sido declarada culpable por los hechos atribuidos.

El hallazgo de los seis cameruneses ocurre en un momento particular para Darién. El tránsito irregular desde Colombia se redujo drásticamente durante 2026, después de años en los que cientos de miles de personas utilizaron la selva como corredor hacia Centroamérica.

Las estadísticas disponibles hasta junio muestran apenas 280 ingresos irregulares por la frontera colombiana durante los primeros seis meses del año.

Dentro de ese reducido movimiento aparecen precisamente ciudadanos de Camerún. Hasta el 30 de junio, Migración había registrado cinco cameruneses ingresando irregularmente por la frontera con Colombia, mientras África en conjunto acumulaba 22 personas.

La gran mayoría de los movimientos seguía correspondiendo a Sudamérica, con 243 viajeros, equivalentes al 87% del total registrado durante ese periodo.Las estadísticas muestran también un cambio importante durante jun

Ese mes fueron contabilizados 102 ingresos irregulares, la cifra mensual más alta del primer semestre, frente a 43 en mayo, 43 en abril, 39 en marzo, 19 en febrero y 34 en enero. Del total acumulado, 239 correspondieron a adultos y otros 41 a menores de edad, según el Servicio Nacional de Migración.

Por nacionalidad, los venezolanos continuaban encabezando los registros con 135 personas hasta junio, seguidos por 48 ecuatorianos y 44 colombianos. También aparecían 12 ciudadanos de Ghana, ocho cubanos, siete peruanos y los cinco cameruneses.

Además, 21 migrantes correspondían a otras nacionalidades, según las estadísticas oficiales disponibles hasta el cierre del primer semestre.

El perfil de quienes cruzaron irregularmente la frontera estuvo dominado por adultos jóvenes. Un total de 167 personas tenía entre 18 y 35 años, mientras 56 estaban en el rango de 36 a 49 años. Entre los viajeros también había 40 menores de 18 años: 27 niños de hasta 10 años y 13 adolescentes entre 11 y 17 años.

El caso de Agua Fría se diferencia de esos registros porque los cameruneses fueron encontrados desplazándose dentro de Panamá con documentos nacionales presuntamente falsificados, circunstancia que ahora deberá reconstruir la Fiscalía.

La investigación tendrá que establecer cómo obtuvieron las cédulas, cuál era su ruta prevista y qué participación habría tenido la ciudadana costarricense en el traslado.

Durante 2026, las autoridades panameñas también han desarrollado diferentes investigaciones contra redes vinculadas con la trata de personas y otras formas de explotación, aunque jurídicamente estos delitos no deben confundirse automáticamente con el tráfico ilícito de migrantes.

En este último, el traslado irregular de personas a través de fronteras constituye un elemento central de la conducta investigada.

Entre las investigaciones recientes figuran casos relacionados con presunta explotación sexual y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados en el extranjero.

Estas actuaciones se han desarrollado de manera independiente al expediente de Darién, pero muestran cómo las autoridades han colocado el combate contra distintas modalidades de criminalidad vinculadas al movimiento y explotación de personas entre sus investigaciones de 2026.

Ahora, la Fiscalía Regional de Darién deberá determinar el origen de las seis cédulas falsas y reconstruir el recorrido realizado por los ciudadanos cameruneses, además de establecer si otras personas participaron en la operación.

La joven costarricense seguirá detenida provisionalmente mientras avanza una investigación que comenzó con la alerta de un conductor y terminó revelando seis identidades panameñas que no correspondían a sus portadores.

La valija estaba detrás de un muro de ladrillos, a metros de una calle de Orlando. Un investigador la abrió poco antes de la medianoche del 4 de agosto. Adentro encontró una cabeza humana. Ese hallazgo cerró la búsqueda de un hombre de 71 años y abrió una causa por homicidio en primer grado.

Las otras dos piezas de equipaje aparecieron a corta distancia. La pesquisa sumó después una cámara de seguridad vecinal, datos de telefonía, testimonios y rastros biológicos.

En esta etapa, la acusación apunta contra Jose Proano, de 44 años, hijastro de Jorge Vazquez-Escutia. La causa reúne una declaración jurada policial, registros del sheriff y reportes de medios locales de Orlando.

El hallazgo que cambió la búsqueda

La familia de Vazquez-Escutia pidió ayuda cerca de 23 horas antes de que aparecieran las valijas. En la casa encontraron su teléfono, su billetera y sus llaves. También vieron manchas que parecían sangre en una reja exterior, tal y como consignó la declaración jurada citada por Fox News Digital.

Los familiares dijeron a los agentes que no veían al hombre desde hacía 3 días. También remarcaron que sus autos estaban en la entrada, con las puertas sin seguro, una situación que consideraron fuera de lo habitual.

La oficina del sheriff difundió entonces una alerta pública. En ese mensaje indicó que existía preocupación por el bienestar de Vazquez-Escutia, quien sufría pérdida de memoria.

Poco después, los agentes localizaron la primera valija detrás de un muro cercano. Las otras dos aparecieron a unos 122 metros, a lo largo de una carretera de la zona.

Los investigadores aseguraron que una de esas piezas de equipaje tenía una etiqueta con el nombre de la madre de Proano. También afirmaron que dentro de las otras valijas había lonas y más partes del cuerpo.

Quién era la víctima y quién es el acusado

Jorge Vazquez-Escutia, de 71 años, era el hombre cuya desaparición activó el operativo. Los reportes periodísticos lo describieron como el esposo de la madre del acusado y como un vecino conocido en su comunidad.

Una campaña de recaudación para afrontar los gastos funerarios, citada por Fox News Digital, describió a Vazquez-Escutia como “un hombre amable, gentil y generoso, siempre dispuesto a ayudar a vecinos, amigos y familiares”.

La acusación ubicó en el centro del caso a Jose Proano, de 44 años, hijastro de la víctima. De acuerdo con la declaración jurada reseñada por ClickOrlando, el hombre habló con detectives sobre una relación conflictiva con su padrastro.

Los investigadores dijeron que Proano creía que Vazquez-Escutia restringía su acceso a su madre. El expediente además señaló que la mujer padecía demencia.

El mismo documento indicó que el acusado mencionó padecer esquizofrenia. También sostuvo que escuchaba voces que lo llevaban a preocuparse por integrantes de su familia.

La policía afirmó que había registros de múltiples llamados al 911 hechos por Proano para pedir controles sobre su madre. La declaración jurada sostuvo que esas comunicaciones se acercaban a “un nivel de obsesión”, frase reproducida por ClickOrlando y otros medios locales.

La cronología que reconstruyó la investigación

La secuencia comenzó antes de la denuncia por desaparición. Los agentes establecieron que Proano viajó desde North Port, a unos 241 kilómetros de Orlando, en los días previos al crimen.

La exesposa del acusado dijo a los investigadores que él había mostrado una conducta errática y que había lanzado amenazas contra ella. Ese testimonio figura en la declaración jurada citada por Fox News Digital.

La fiscalía sostiene que el hombre vigiló la casa de su madre y de su padrastro. La hipótesis se apoya en registros telefónicos, testimonios y un video de seguridad tomado por una cámara vecinal.

Las imágenes pasaron a ocupar un lugar central en el expediente. El video mostró a un hombre con ropa negra que saltó el muro trasero de la vivienda durante la mañana del 2 de agosto, el día posterior a la última vez en que la víctima fue vista con vida.

Horas más tarde, la misma persona volvió a aparecer en la parte trasera de la casa. La declaración jurada, tal y como citó Fox News Digital, indicó que en la grabación se la veía sacar valijas y colocar lo que parecía ser un brazo humano dentro de una de ellas.

A las 4.28 de la tarde, la filmación registró a ese hombre cuando avanzaba por la entrada con 3 valijas. Los detectives remarcaron que parecían pesadas.

La causa sumó además testimonios de allegados a Proano. La declaración jurada indicó que algunos amigos se comunicaron con la familia de la víctima y dijeron que el acusado les había confesado el crimen. El mismo documento mencionó a otro testigo que afirmó haber recibido un llamado suyo para pedir ayuda.

Los investigadores también revisaron los registros del celular de Proano. Esos datos ubicaron su teléfono cerca de la vivienda al mismo tiempo que el hombre vestido de negro aparecía en la grabación, de acuerdo con lo publicado por Fox News Digital.

Durante su entrevista con la policía, Proano negó al principio ser la persona del video. Más tarde admitió que su teléfono sí había estado en la zona.

Las autoridades afirmaron además que encontraron en su cuerpo lesiones de tipo defensivo. Entre ellas mencionaron rasguños en manos y brazos, y una marca grande en la mejilla derecha.

Con esos elementos, los investigadores sostienen que el acusado mató a Vazquez-Escutia, distribuyó los restos en las valijas y las dejó cerca de White Road, en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Qué dice el expediente y qué falta probar

La causa transita una etapa inicial y varias de las pruebas todavía deberán ser debatidas ante la Justicia. Entre los puntos que el proceso deberá revisar figuran la autenticidad y el alcance del video, el peso de los testimonios incorporados al expediente y el valor probatorio de los registros telefónicos.

La defensa pública del acusado evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. Fox News Digital citó a un representante que explicó que su cliente no le había dado autorización para hacer comentarios públicos.

Después del arresto, la Orange County Sheriff’s Office afirmó que no había otros sospechosos y descartó un riesgo adicional para la comunidad.

El expediente también incorporó un antecedente que podría tener impacto en el proceso. Documentos citados por medios locales indican que Proano debía recibir tratamiento de salud mental como parte de un acuerdo previo en otra causa penal.

El antecedente penal y la situación actual

En 2022, Proano afrontó cargos por delitos vinculados a un robo armado. Un acuerdo de culpabilidad redujo de forma drástica la pena que podía recibir, que en principio podía extenderse hasta 20 años, tal y como detalló Fox News Digital.

Después de ese acuerdo, quedó bajo libertad condicional hasta 2027. El nuevo arresto implicó una presunta violación de esas condiciones y reactivó aquel expediente anterior.

Tras su detención por el caso de Vazquez-Escutia, un juez ordenó que quedara retenido sin derecho a fianza en Orange County. Medios locales informaron que su próxima comparecencia judicial estaba prevista para los días posteriores a la audiencia inicial.

El proceso recién empieza. La acusación ya fijó un recorrido, un motivo posible y una secuencia respaldada por evidencia preliminar. La defensa todavía no expuso una teoría pública del caso.

La causa sigue abierta en Florida. En el centro del expediente quedaron las 3 valijas localizadas cerca de la casa y la evidencia que, de acuerdo con los investigadores, vincula a Proano con la muerte de Vazquez-Escutia.

Un hombre ha sido arrestado por la Policía Nacional tras presuntamente apuñalar con un machete a un joven de 23 en el Real Cortijo de Torres, durante la Feria de Málaga. El suceso, ocurrido durante la pasada madrugada, ha generado conmoción en el recinto ferial, y la víctima permanece ingresada en estado grave. La investigación apunta a un ataque motivado por cuestiones pasionales, según informaron fuentes policiales citadas por Europa Press.

La madrugada del lunes, el buen ambiente habitual del Real Cortijo de Torres, epicentro de la Feria de Málaga, se vio alterada por un violento incidente. Según la Policía Nacional, el presunto agresor, identificado como un hombre de 29 años que regenta un puesto de cócteles en la zona de atracciones, utilizó un machete para atacar al joven. La víctima fue alcanzada en la región del hemitórax izquierdo, lo que obligó a su evacuación urgente a un hospital de la capital malagueña, donde permanece. La rápida actuación de los servicios de emergencia resultó fundamental para estabilizar al herido.

Los agentes del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga localizaron al presunto autor en el interior de una caravana junto al recinto ferial horas después del suceso. Los efectivos lo detuvieron y lo pusieron a disposición judicial por un presunto delito de tentativa de homicidio. Testigos del suceso han relatado que la zona se llenó de nerviosismo tras el ataque, interrumpiendo la celebración y provocando la intervención inmediata de los equipos de seguridad de la feria. Pero lo que se preguntan la mayoría de personas al presenciar o conocer un suceso así es el motivo que hay detrás.

Apuñalamiento tras ligar con su novia

Fuentes policiales han indicado que el ataque registrado en la Feria de Málaga estaría vinculado a una motivación pasional. La víctima, ajena al personal de la Feria, habría intentado acercarse a una mujer que mantenía una relación con el principal sospechoso, lo que desencadenó el ataque con el cuchillo. En ese contexto, y conforme a la versión de la Policía Nacional citada por la agencia, el acusado presuntamente apuñaló al joven. La investigación policial permanece abierta mientras se recogen pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos y el grado de implicación del detenido. El joven apuñalado continúa en estado grave, de acuerdo con las últimas informaciones oficiales.

El suceso ha generado preocupación entre asistentes y trabajadores, quienes han solicitado un refuerzo de las medidas de seguridad en el recinto ferial. Muchos de ellos expresaron su inquietud por la posibilidad de que se repitan episodios violentos en un entorno destinado al ocio familiar. Las autoridades han intensificado la vigilancia, con un mayor número de efectivos en la zona. Pese al incidente, la Feria de Málaga sigue con sus actividades habituales. Las autoridades han pedido calma a la ciudadanía y han pedido a quienes posean información relevante a colaborar con la investigación en curso, subrayando la importancia de preservar la seguridad de todos los asistentes y poder hacer justicia, mientras el joven sigue luchando en el hospital.

José Manuel Andino, de 60 años, llevaba varios días desaparecido cuando su hijo decidió acudir a la Policía para denunciar que no tenía noticias de él. La búsqueda del paradero tuvo un desenlace macabro: el hombre fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de su pareja, Virginia Marlene Alviso, de 30 años, en San Nicolás.

La mujer confesó ante los efectivos que había golpeado a Andino en la cabeza durante una confrontación, que el impacto le provocó la muerte y que luego había enterrado el cadáver en el fondo de su vivienda. Tras el hallazgo, quedó aprehendida por orden de la Justicia y acusada de homicidio.

La investigación comenzó el 4 de agosto, cuando Santiago Andino, hijo de la víctima, se presentó en la Comisaría Primera de San Nicolás para denunciar la desaparición de su padre. Según consta en el parte policial al que accedió Infobae, explicó que desde hacía varios días no tenía noticias de él.

Las primeras averiguaciones llevaron a los investigadores hasta su pareja, Virginia Marlene Alviso. Andino había mantenido una discusión con ella antes de desaparecer y la mujer era, de acuerdo con la información policial, la última persona que lo había visto con vida.

Ante estos elementos, tomó intervención la UFI N°12 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo de la fiscal María Belén Baños, y personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera se dirigió este domingo al domicilio de Alviso, ubicado sobre Necochea al 700, en el barrio Irigoyen.

Fue allí donde el caso dio un giro. Ante los policías, la mujer admitió que el jueves anterior había mantenido una confrontación con Andino y que durante ese episodio lo había golpeado en la cabeza hasta provocarle la muerte. También reconoció que, después del crimen, enterró el cuerpo en el patio trasero de la propiedad.

A partir de su relato, efectivos de la Policía Científica inspeccionaron el lugar y detectaron un sector con tierra removida. Al excavar, encontraron el cuerpo sin vida de Andino enterrado.

La fiscal Baños dispuso entonces la aprehensión de Alviso por el delito de homicidio y el posterior traslado a sede judicial.

Según publicó el diario local El Norte, durante el procedimiento los investigadores también secuestraron una maza con manchas de sangre, que quedó incorporada como evidencia a la causa. El mismo medio indicó que la mujer sostuvo que había atacado a Andino para defenderse.

La autopsia realizada posteriormente al cuerpo aportó nuevos elementos para determinar cómo ocurrió el crimen. De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por dicho medio local, la víctima presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral y una fractura de cráneo. Las lesiones serían compatibles con la maza hallada dentro de la vivienda.

La detenida permanece a disposición de la Justicia y se espera que sea indagada este martes. La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en las que se produjo la confrontación y evaluar, entre otros elementos, la versión brindada por Alviso sobre los momentos previos al ataque.

Los cuatro hijos menores de la imputada, en tanto, quedaron bajo resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

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Cae en Morelos presunto responsable de triple homicidio ocurrido en Culiacán en 2025

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa capturaron en Morelos a Jesús Gabriel “N”, de 53 años, señalado como probable responsable del homicidio de tres personas encontradas sin vida en Culiacán el 7 de febrero de 2025. La detención fue ejecutada por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en coordinación con autoridades de la entidad morelense.

Según indagatorias, las tres víctimas fueron localizadas con lesiones producidas por arma de fuego. La Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos fue la encargada de conducir las pesquisas que derivaron en la identificación del probable responsable y en la obtención de la orden de aprehensión correspondiente.

La captura fue posible gracias al convenio de colaboración celebrado entre las Fiscalías Generales de Sinaloa y Morelos, mecanismo que permitió la coordinación interestatal para ejecutar la orden fuera del territorio sinaloense.

Tras su detención, Jesús Gabriel “N” fue trasladado a Sinaloa. Las autoridades lo pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde quedó en espera de que se determinara su situación jurídica.

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Policía de la CDMX rescata cinco cachorros abandonados en la basura en Azcapotzalco

Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a cinco cachorros que estaban abandonados en un montículo de basura en la calle Ceylán, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Un ciudadano alertó a los uniformados durante un patrullaje de seguridad en la zona.

Los policías removieron los desperdicios y extrajeron uno por uno a los animales. Ninguno de los cinco cachorros presentó lesiones físicas al momento del rescate.

Los animales fueron trasladados al Centro de Control Canino ubicado en boulevard Ferrocarriles, colonia Euzkadi, en la misma alcaldía. Ahí recibirán atención médica veterinaria zootecnista.

Los cachorros permanecerán resguardados en el centro hasta que sean adoptados. La SSC informó que el objetivo es encontrarles un hogar permanente.

La institución también recordó en un mensaje en redes que los animales son seres vivos que requieren atención y tiempo, e hizo un llamado a la población a no maltratarlos.

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El Gabinete de Seguridad informó que el 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en México, la cifra diaria más baja de la actual administración y del periodo con registro disponible, un dato que quedó por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 casos y que se sumó a la reducción de 51% en el promedio diario desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ese día, 21 entidades no reportaron homicidios dolosos. En esa lista estuvieron Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El gobierno también informó este martes que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. La disminución correspondió a 22 meses de la actual administración.

Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo: “En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”. La información presentada por el Gabinete de Seguridad incluyó cifras consolidadas de incidencia delictiva hasta el 31 de julio de 2026.

Julio de 2026 marcó el nivel mensual más bajo en 22 meses

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, señaló que los 42.5 homicidios diarios de julio representaron 44 asesinatos menos al día frente al arranque de la administración, el 1 de octubre de 2024. También afirmó que se trató del nivel mensual más bajo de los últimos 22 meses.

Figueroa añadió que julio de 2026 tuvo el menor promedio diario de homicidios para ese mes desde 2015. Entre enero y julio, el indicador se ubicó en 48.6 asesinatos diarios, el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

La funcionaria detalló que siete de las 32 entidades concentraron el 49% de los homicidios registrados entre enero y julio. Fueron Guanajuato con 8.6%, Baja California con 8.2%, Chihuahua con 8.1%, Sinaloa con 7.1%, Estado de México con 6%, Guerrero con 5.6% y Morelos con 5.5%.

El reporte oficial también indicó que 30 estados redujeron su promedio diario de asesinatos en los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Esa caída se observó aun cuando casi la mitad de los casos se concentraron en siete entidades.

Guanajuato reportó una baja de 76% desde febrero de 2025

Entre los descensos estatales, el gobierno destacó el caso de Guanajuato, donde el promedio diario se redujo 76% desde febrero de 2025. El indicador pasó de 12.7 homicidios a 3.1 en julio pasado.

En Guerrero, la disminución fue de 61% desde septiembre de 2024. En el Estado de México la baja reportada fue de 59%, mientras que en Baja California se ubicó en 48%.

El informe también incluyó a Sinaloa, estado que enfrentó desde septiembre de 2024 una pugna entre facciones del narcotráfico. Ahí los homicidios bajaron 52% desde el máximo de 6.9 asesinatos diarios registrado en junio de 2025 hasta 3.3 en julio de 2026.

Además del dato diario de 20 víctimas, la jornada del 13 de agosto mostró una dispersión territorial distinta a la de meses previos, con ausencia de homicidios dolosos en 21 entidades. Ese registro contrastó con la concentración observada entre enero y julio en un grupo reducido de estados.

El Gabinete de Seguridad señaló que mantuvo la coordinación con autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz. Esa estrategia acompañó la tendencia descendente expuesta en las cifras consolidadas al cierre de julio de 2026.

• El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos, la cifra diaria más baja de la actual administración y del periodo con registro disponible.
• El promedio diario nacional bajó 51%: pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026.
• Siete estados concentraron 49% de los homicidios entre enero y julio, mientras 30 entidades reportaron reducciones frente al mismo periodo de 2025.

García Harfuch reconoce Operativo Enjambre

El Gabinete de Seguridad mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz, dijo Omar García Harfuch en su cuenta de X este jueves.

“Desde el Gabinete de Seguridad de México reafirmamos nuestro compromiso por evitar vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Por ello, bajo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han realizado diversos operativos que han permitido la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos.

Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad para fortalecer el Estado de derecho".

Un escándalo golpea por estas horas al expediente en el que se investiga a Victoria Cantero, la joven de 25 años que está detenida acusada de haber asesinado a puñaladas a su novio, Julián Álvarez Guardia, de 29. El motivo: una testigo se presentó ante la fiscal del caso, Ana González de Pacce, y denunció que intentaron sobornarla para de declare a favor de la asesina.

Fuentes judiciales confiaron a Infobae que una mujer declaró ante la Justicia que recibió un llamado aparentemente de una amiga de la imputada para dijera que Cantero había sido víctima de violencia de género por parte de su novio. En la comunicación que recibió, la persona del otro lado le dijo que sí ella declara que sufría maltratos a manos de Julián, obtendría entre 500 mil y un millón de pesos.

Inmediatamente después de que le reveló la situación, la fiscal resolvió que la mujer pase a ser testigo reservada para protegerla. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio señalaron que ahora se investiga desde qué número telefónico se efectuó el intento de extorsión.

Pablo Vainello, abogado querellante, también denunció la situación en diálogo con distintos medios de comunicación chaqueños.

El letrado dijo que “la oferta fue real” pero “que la testigo nunca recibió el pago”. En ese sentido, aseguró que la llamada provino de un número privado y fue hecha por una “persona mayor de voz suave que ofreció entre 500 mil y un millón de pesos para que declare que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”.

“Vos sos amiga de Victoria, vos tenés que declarar a favor, te vamos a ofrecer una suma de dinero X”, le habría dicho la persona que le hizo la propuesta, de acuerdo con el relato del abogado. “Ella le pregunta que quién habla y automáticamente esta persona cuelga”, añadió el abogado, quien dijo que la fiscal le tomó declaración a la testigo.

“La doctora González de Pacce tomó personalmente esta testimonial, corroborando los dichos que habíamos transmitido nosotros al Ministerio Público Fiscal para pedir información a las empresas de telefonía, para determinar el número de teléfono, el abonado de ese teléfono y por sobre todas las cosas, determinar la triangulación de las antenas para saber desde dónde vino ese llamado. Entonces, lo que le llama la atención a esta chica y me dice es “¿de dónde sacaron su teléfono? Porque el número lo tenía solamente Julián”, dijo el abogado en diálogo con el medio local Alerta Urbana.

“Me llamaría poderosamente la atención que estén ofreciendo millones de pesos por ahí para declaraciones testimoniales cuando dicen que no tienen los medios”, agregó el letrado.

Vainello dijo que no creía que este intento de soborno tuviera el aval de los abogados defensores de Cantero. En ese sentido, señaló que sospecha que vino por decisión unilateral de la familia de la joven acusada.

“Yo entiendo más que puede venir por el lado de la familia sin consultar a sus abogados. Conozco a los abogados y no se van a meter en estas situaciones”, dijo.

En ese sentido, las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que esta situación sólo perjudica la situación de la acusada. Respecto a la investigación, señalaron que la única novedad que se registra durante el día de hoy, Victoria Cantero será llevada a instituto de Medicina Legal del Poder Judicial para chequear cómo está de salud.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el mensaje fue encontrado por los agentes porteños entre la ropa del hombre, después de que lo vieron herido y tirado en una calle, a 200 metros de la casa en la que cometió el crimen.

Infobae tuvo acceso al contenido completo del manuscrito. “Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más”, comenzó Verón.

Y continuó: “Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”.

“La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”, agregó.

A lo largo del mensaje, Verón hizo reiteradas referencias al dinero y a los conflictos económicos que, según su versión, mantenía con Calvo. “Todo plata, plata y después no vi un peso. La puso toda y más en Devoto. Y luego se vendió Tablada y tampoco vi ni usé un dólar”, escribió.

Luego se refirió a una serie de deudas, al alquiler de un local y a una operación que vinculó con “Tablada”: “Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí”.

Tras esa frase, insultó a la víctima: “Hija de puta, me re cagó, la puta madre”.

Hacia el final del escrito, el acusado volvió a mencionar a las nuevas personas con las que se relacionaba su esposa. “Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar y estar una a vos”, escribió en un tramo cuya caligrafía dificulta establecer con precisión el sentido completo de la frase.

Las últimas palabras fueron para sus hijos. “Lo lamento. Los amo hasta siempre. Papá”, señaló. “Hice todo por tener una familia y no se pudo”.

Segú pudo confirmar Infobae, de una alta fuente del caso, “Pity”, a la que hace referencia el femicidida en la carta es Verónica Asad, la numeróloga. La mujer será investigada por la Justicia.

Lo que se sabe del crimen

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

En el caso de la víctima, su domicilio principal registrado es el de la calle Pedro Morán, lugar del femicidio, mientras que en caso de Verón, figura otra dirección de la Capital Federal. Su actividad principal es la misma que la de la mujer.

Un hombre fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a su esposa a puñaladas, huir de la escena y luego intentar suicidarse de un puntazo en el cuello. El presunto asesino está internado en grave estado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Según se informó, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

El drama no terminó ahí: a unos 200 metros del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. Todo apunta a que luego de asesinar a su pareja, intentó suicidarse. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del femicidio.

Las fuentes señalaron a Infobae que la víctima era una mujer de 40 años, mientras que, de acuerdo con lo que trascendió, su asesino es un hombre de 56. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo en diálogo con C5N que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume, fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco capturado en 2020 en Puerto Madero, será extraditado finalmente a Turquía este jueves por la noche. En su país, deberá responder ante la Justicia por una serie de ataques sicarios, una lista de delitos pesada y terrible. Una misión de Interpol Estambul llegó al país en las últimas horas, para llevarlo de vuelta en un vuelo de Turkish Airlines que partirá poco antes de la medianoche desde Ezeiza, en un vuelo sin escalas hacia esa misma ciudad, un vuelo de 16 horas.

Así, termina una de las historias criminales más interesantes de la Argentina reciente. Lo que sigue es incierto, al menos para Kurtulus mismo, que pasó los últimos seis años encerrado en el penal de Ezeiza, intentando sin éxito permanecer en el país. Pedía no volver a Turquía por miedo a que lo mataran. Lo que sabía, o lo que decía saber, representaba su mejor chance de sobrevivir.

Desde prisión, poco después de su arresto, en una entrevista exclusiva con Infobae, Kurtulus denunció al poder de su país: aseguró que el partido AKP de Recip Erdogan intentó contratarlo para matar a Andrew Brunson, un pastor evangélico americano cercano a Donald Trump. “Políticos de mi país me pidieron asesinatos”, afirmó.

Así, intentó permanecer en el país como refugiado político, algo que la CONARE -el organismo del Estado que regula la presencia de refugiados- le denegó. También, se habían agotado sus diversas instancias judiciales para su reclamo, con un fuerte revés en la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2025. La Corte Suprema, por su parte, ya había confirmado la extradición de Kurtulus en un fallo firmado el 30 de noviembre de 2023.

No es para menos. El Juzgado de lo Penal Agravado N° 3 de Esmirna, su ciudad natal, lo busca por “establecer o administrar una organización criminal armada dedicada al transporte de armas de fuego pesadas, uso de las mismas, amenazas con armas conjuntamente con más de una persona aprovechando el poder de invocar el miedo derivado de una organización criminal”, de acuerdo a un documento de la Justicia federal.

El megapárrafo de la imputación en su contra sigue con los delitos de “intento de asesinato internacional con premeditación, daño a la propiedad, privación calificada de la libertad”, con 26 hechos contados desde 2016.

Su actual abogado, Fabio Galante, intentó varios recursos ante la Justicia. El último, radicado a comienzos del mes pasado en el Tribunal Superior de Justicia, no recibió respuesta. Kurtulus, por su parte, amenazó con montar una huelga de hambre ante la noticia de la confirmación de su extradición, una maniobra que ya había intentado en el pasado.

A un año de que Donald Trump declarara una emergencia por el crimen en Washington y ordenara el envío de la Guardia Nacional, la capital de Estados Unidos sigue con tropas en las calles y ya tiene ese esquema asegurado hasta enero de 2029.

La decisión abrió una disputa política en Washington D.C., donde dirigentes locales, activistas y parte de la población cuestionan una intervención federal que, de acuerdo con cifras oficiales, se mantuvo aunque el delito ya venía en baja.

De acuerdo con AP News, el anuncio original se realizó el 11 de agosto de 2025 con la promesa de convertir a la ciudad en un lugar “seguro y hermoso”.

Doce meses después, más de 4.600 efectivos militares de D.C. y de 24 estados y territorios seguían desplegados hasta el 4 de agosto, junto con un número no precisado de agentes federales.

Parte de esos contingentes podría retirarse hacia el final del verano boreal, aunque la decisión de prorrogar el dispositivo hasta 2029 dejó en claro que la presencia será mucho más extensa de lo previsto al comienzo.

El costo del operativo y el debate sobre su efecto en la seguridad

La Casa Blanca defendió la continuidad del despliegue y sostuvo que la operación ayudó a reducir la violencia y a reforzar la seguridad urbana.

La portavoz presidencial Abigail Jackson afirmó, en declaraciones citadas por AP News, que “el presidente Trump transformó a D.C. de una ciudad golpeada por el crimen en un refugio seguro y hermoso para residentes y visitantes”.

Los datos difundidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos indican que desde el inicio del operativo hubo más de 16.000 arrestos, entre ellos 35 sospechosos de homicidio, además de 3.200 detenciones vinculadas a narcóticos y la incautación de casi 2.000 armas ilegales.

El fiscal general Todd Blanche aseguró, tal y como recogió AP News, que esos resultados “significan vecindarios más seguros y vidas protegidas”.

Aun así, el debate no se agota en esos números. El mismo reporte remarcó que el delito ya estaba en retroceso antes de la intervención federal.

Estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana muestran que el crimen total cayó 20% hasta el viernes frente al mismo período de 2025. En ese recorte también figura una baja de 32% en los homicidios, que pasaron de 97 a 66 casos.

Con esos registros sobre la mesa, los críticos del operativo ponen en duda cuánto de la mejora responde a la presencia militar y cuánto a políticas locales previas.

El costo también alimenta los cuestionamientos. El Departamento de Defensa estima que la extensión del operativo hasta 2029 costará alrededor de USD 1.400 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el primer año de la misión insumiría unos USD 660 millones, sobre la base de un promedio mensual de 2.900 soldados.

La autonomía de Washington, en el centro de la controversia

La objeción de fondo apunta al margen de decisión local de la capital. A diferencia de otros estados, Washington D.C. tiene un estatus especial como distrito federal creado por el Congreso, lo que le da a la presidencia una capacidad de intervención mucho mayor sobre su policía y sobre la Guardia Nacional de D.C.

AP News explicó que esa condición institucional reduce la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La concejal Brianne K. Nadeau afirmó que “el hecho de que todavía tengamos a la Guardia Nacional en nuestras calles un año después, sin un final a la vista, es realmente desmoralizante”.

En la misma línea, Scott Michelman, director legal de la filial local de la ACLU, sostuvo ante AP News que existe “una profunda ironía” en que la capital de “el mundo libre” sea tratada “como un Estado policial”.

La alcaldesa saliente Muriel Bowser también calificó la operación como una “intervención federal sin precedentes” y remarcó que el episodio volvió a exponer la falta de autogobierno y de condición de estado de la ciudad.

En su postura pública evitó el tono de confrontación directa con Trump, aunque dejó constancia de que la actividad del ICE en ciudades estadounidenses y la presencia de tropas llegadas desde otros estados siguen bajo cuestionamiento.

Elecciones, resistencia local y temor por el precedente

El conflicto ya impacta en la política local. Las primarias demócratas de junio impulsaron candidaturas que colocaron en primer plano la defensa de la autonomía de D.C. y el reclamo por la estatalidad.

Entre ellas aparece Janeese Lewis George, favorita para convertirse en la próxima alcaldesa, y Robert White Jr., ganador de la interna para representar a la ciudad en el Congreso.

Desde sectores activistas también surgieron advertencias sobre el precedente que deja una capital federal con tropas en las calles de cara a las elecciones de medio término y a la presidencial de 2028.

Alex Dodds, cofundador del grupo FreeDC, aseguró a AP News que la principal preocupación es imaginar una futura crisis política con “5.000 soldados listos para formar parte de esa situación”.

Mientras el gobierno federal reivindica el operativo por sus resultados en seguridad, una parte de los residentes insiste en que la ciudad no necesitaba esa demostración de fuerza. Una vecina citada por AP News, Donna Powell, resumió esa mirada con una frase breve: “Ya somos seguros y hermosos. No necesitamos a toda esta Guardia Nacional aquí”.

La modalidad tiene un elemento que se repite: las víctimas habrían sido identificadas antes de concretarse el robo y seguidas durante sus desplazamientos. Los montos sustraídos van desde miles de dólares hasta decenas de miles de soles. El último caso terminó con el asesinato de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, de 39 años, quien fue atacado frente a una de las puertas principales del Mercado Central de Lima, a pocas cuadras del Congreso de la República. Una joven de 21 años también resultó herida durante la balacera.

Cambistas fueron seguidos y atacados mientras trasladaban grandes sumas de dinero

Uno de los primeros casos ocurrió el 30 de enero en Chaclacayo. Un cambista que trasladaba 10 mil dólares fue interceptado por delincuentes que buscaban apoderarse del dinero. Durante el asalto, la víctima cayó por unas escaleras, mientras los responsables consiguieron escapar con el efectivo. El episodio dejó expuesto el riesgo que enfrentan quienes deben movilizar importantes cantidades de dinero durante su jornada laboral.

Al día siguiente, el 31 de enero, otro trabajador fue atacado en los alrededores de Polvos Azules. En este caso, los delincuentes portaban armas de fuego y lograron arrebatarle aproximadamente 80 mil dólares. La elevada suma permite dimensionar por qué estos trabajadores pueden convertirse en objetivos de bandas que buscan información previa sobre sus movimientos.

La secuencia continuó en abril, cuando un cambista fue interceptado mientras trasladaba 16 mil dólares por el jirón de la Unión. El céntrico punto de Lima no evitó que los delincuentes ejecutaran el asalto. La zona, caracterizada por el intenso movimiento comercial y el tránsito constante de personas, tampoco impidió que la víctima fuera seguida y atacada.

Otro de los episodios más violentos ocurrió el 22 de junio, cuando un cambista de 65 años fue atacado dentro de la iglesia La Merced. El hombre había ingresado al templo después de retirar una fuerte cantidad de dinero de un agente bancario y, de acuerdo con la información proporcionada, habría sido marcado desde ese momento.

Los delincuentes irrumpieron en el lugar y lo atacaron para arrebatarle aproximadamente 52 mil soles. La víctima terminó gravemente herida. El caso puso nuevamente bajo la lupa una modalidad en la que el seguimiento puede comenzar mucho antes del momento elegido para ejecutar el robo.

La escena fue especialmente llamativa porque el ataque no ocurrió en una calle aislada ni durante la madrugada. El trabajador fue ubicado dentro de un espacio al que había llegado después de realizar una operación financiera. El desplazamiento posterior habría permitido a los delincuentes conocer su ruta y esperar el momento más conveniente para intervenir.

El último ataque terminó con un cambista muerto frente al Mercado Central

El caso más reciente ocurrió el 7 de agosto, minutos antes de las 11 de la mañana, en la cuadra seis del jirón Ucayali, frente a una de las principales puertas del Mercado Central de Lima. Esta vez, el asalto terminó con la muerte de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, un cambista de 39 años que trabajaba atendiendo a comerciantes de la zona.

Según los testimonios recogidos tras el ataque, una motocicleta habría subido a la vereda e impactado contra la puerta principal del mercado. Instantes después, al menos seis personas armadas habrían abierto fuego. Los disparos provocaron pánico entre comerciantes y compradores, quienes se lanzaron al suelo para intentar protegerse.

La balacera también alcanzó a un taxi estacionado cerca del lugar. El conductor permaneció dentro del vehículo y aseguró que no tenía relación con el incidente. En medio del caos, los agresores intentaron escapar, pero uno de ellos fue retenido por comerciantes y transeúntes hasta la llegada de los agentes policiales y personal de Fiscalización.

En la escena fueron encontrados al menos cinco casquillos de bala. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque y trasladadas a la comisaría de San Andrés. Una de ellas sería de nacionalidad venezolana, de acuerdo con la información difundida tras el hecho.

Llanos fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, pero ingresó sin vida. Una joven de 21 años, que se encontraba realizando compras junto a su madre, también recibió un disparo en el brazo derecho y tuvo que ser atendida por personal médico.

El fallecido tenía más de ocho años de experiencia como cambista y, según comerciantes de la zona, solía trabajar en la denominada Casa de la Moneda, ubicada en la cuadra siete del jirón Junín. Tras el ataque, las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales herramientas para reconstruir la ruta seguida por los agresores.

Los cinco casos registrados durante el año muestran que los asaltos a cambistas no se concentran en un único distrito ni responden necesariamente a un mismo escenario. Los ataques se produjeron en Chaclacayo, los alrededores de Polvos Azules, el jirón de la Unión, la iglesia La Merced y el entorno del Mercado Central. En varios episodios, además, las víctimas fueron atacadas mientras llevaban consigo fuertes sumas de dinero y los delincuentes recurrieron a armas de fuego para concretar el robo.

El ambiente en las afueras del Instituto Gubernamental Técnico Abelardo R. Fortín, ubicado en la histórica ciudad de Comayagüela, no era el habitual al despuntar la mañana.

Aunque los portones principales se abrieron de par en par para recibir a la masa estudiantil, un velo de pesado dolor, luto e indignación envuelve cada rincón de la institución. En los rostros de los docentes, padres de familia y compañeros de aula no hay las sonrisas ni el murmullo característico del inicio de jornada académica, sino el reflejo de una tragedia humana que vuelve a golpear brutalmente al sistema educativo y a la sociedad hondureña en su conjunto.

Kenneth Jafet Pozo Flores, un jovencito de apenas 16 años de edad, estudiante del undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas en la jornada matutina, fue brutalmente asesinado en la capital. Con el anhelo intacto de egresar muy pronto y obtener su título de educación media, Kenneth vio cortados de tajo sus sueños de la forma más trágica y despiadada a manos de la violencia criminal.

La tarde del martes pasado 5 de agosto, Kenneth salió de las instalaciones del instituto con destino hacia el sector 7 de la populosa colonia Villa Nueva. De acuerdo con datos preliminares en manos de las autoridades, el menor habría acudido a una cita engañosa tras ser contactado por una joven cuya identidad aún se desconoce por completo.

Al llegar al punto acordado en la colonia Villa Nueva, Kenneth fue interceptado y privado de su libertad por personas desconocidas. Horas después, durante la medianoche del mismo martes, la trágica noticia se confirmó cuando vecinos reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un sector solitario de la colonia La Joya, en Tegucigalpa.

El cadáver presentaba múltiples perforaciones e impactos provocados por proyectil de arma de fuego, confirmando un crimen perpetrado de manera violenta y despiadada.

Luto oficial en las aulas y la zozobra de la comunidad

Ayer, 6 de agosto, el cuerpo del estudiante fue identificado y entregado oficialmente por las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Medicina Forense a sus desolados familiares. Tras confirmarse el fatal desenlace, las autoridades del Instituto Técnico Abelardo R. Fortín hicieron público un emotivo comunicado para solidarizarse con el profundo dolor de sus parientes.

A pesar de la profunda tristeza que embarga a la institución, las autoridades académicas manifestaron que las clases no pueden detenerse. Durante la mañana, padres de familia acudieron temerosos a dejar a sus hijos hasta el portón de entrada, encargándolos minuciosamente a los maestros encargados antes de retirarse. La zozobra de la comunidad es evidente: mientras los alumnos mayores intentan mantener la rutina escolar, la sombra de la inseguridad acecha constantemente a la juventud hondureña, demostrando la vulnerabilidad a la que están expuestos a diario.

La dolorosa ejecución del joven no representa un caso aislado, sino que forma parte del sombrío y alarmante panorama de violencia sistemática que azota a Honduras en las últimas semanas. Apenas en el transcurso de los últimos días, el país ha presenciado una ola incesante de crímenes sangrientos que incluye masacres violentas en diversos puntos del territorio nacional, cobrando la vida de hombres, mujeres y jóvenes por igual.

El asesinato del estudiante se suma a las preocupantes estadísticas de muertes violentas de menores y adolescentes, un flagelo que refleja la impunidad y el dominio que mantienen estructuras criminales sobre barrios y colonias.

Ante la conmoción social generada por este nuevo hecho de sangre, los equipos especializados de la DPI han manifestado que continúan ejecutando diligencias de campo y análisis de inteligencia para esclarecer la verdad de los hechos, determinar el móvil exacto del rapto y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato que hoy vuelve a enlutarse a las aulas de Honduras.

La Justicia de Santa Fe condenó a 11 años de prisión a Milton Orlando Lanche de 24 años por el homicidio de Ezequiel Eliseo Cardozo. El crimen sucedió en la previa del Año Nuevo de 2023 tras una discusión callejera en San Javier. La victima recibió dos puñaladas y murió horas más tarde en el Hospital José María Cullen.

La pena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y Pablo Lipowy, quienes sostuvieron la acusación por homicidio simple contra el joven.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que Lanche admitió su culpabilidad y consintió tanto la sanción impuesta como la tipificación del delito. Su abogada defensora igualmente aprobó el acuerdo alcanzado. Por otro lado, la familia de la víctima fue informada acerca de la decisión y manifestó estar de acuerdo con la resolución del caso.

El condenado fue arrestado poco después del ataque, en las cercanías del lugar en el que ocurrió el crimen en la ciudad de San Javier. La reconstrucción judicial indicó que al momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder una cuchilla con restos de sangre, elemento que luego fue incorporado a la investigación como el arma utilizada en el hecho.

Durante una etapa previa del expediente, la defensa intentó sostener que el acusado había actuado en un contexto de legítima defensa, apuntando a reconocer una agresión previa, pero con una reacción que supera los límites permitidos por la ley. Sin embargo, la hipótesis fue descartada en las audiencias preliminares en la sede judicial y prevaleció la acusación de la Fiscalía, que encuadró el hecho como un homicidio simple.

En la resolución final, la magistrada homologó el acuerdo alcanzado por las partes y fijó la condena en 11 años de cumplimiento efectivo. De ese modo, el caso quedó cerrado sin necesidad de un debate oral extenso. El trámite abreviado permitió resolver el proceso con el aval de todas las partes intervinientes, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal. La sentencia quedó firme en esa instancia y clausuró el expediente judicial abierto por el crimen cometido en la noche del 31 de diciembre.

Reconstrucción del homicidio

El hecho ocurrió el domingo 31 de diciembre de 2023 alrededor de las 23:20 en inmediaciones de Pasaje 21 de Abril y Miquichises, en la ciudad de San Javier, cabecera del departamento homónimo. Según detalló el fiscal Pablo Lipowy al exponer el caso, el crimen sucedió en el marco de una discusión entre Milton Orlando Lanche y Ezequiel Eliseo Cardozo.

Durante la secuencia, el ahora condenado llevó a cabo un ataque contra la víctima utilizando un cuchillo como arma, y le causó dos heridas de tipo punzocortante: una de ellas se localizó en la región del tórax y la otra en el abdomen de la víctima. El MPA señaló que Cardozo padeció graves lesiones y, como consecuencia, requirió recibir asistencia médica de manera inmediata.

En la zona había otras personas reunidas a la espera de la llegada del nuevo año. Después del ataque, familiares de la víctima lo auxiliaron y lo trasladaron primero a un centro de salud local. Más tarde, por la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital José María Cullen.

Cardozo murió en ese efector de la capital santafesina durante la mañana del 1 de enero de 2024. A pesar de los intentos médicos, el cuadro de Cardozo terminó siendo fatal y perdió la vida alrededor de las 7, varias horas después de la agresión ocurrida en Santa Fe.

Una preocupante racha de violencia ha golpeado a la comunidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica durante los primeros días de agosto de 2026. Diversos ataques armados y agresiones con armas blancas ocurridos en distintas regiones del país centroamericano han dejado un saldo trágico de varios ciudadanos de origen nicaragüense muertos y gravemente heridos, hechos que se encuentran bajo una intensa investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los sucesos más sangrientos se registró durante la madrugada del pasado domingo (2 de agosto), en la localidad turística de Tamarindo, en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.

Dos hombres de nacionalidad nicaragüense, identificados por las autoridades con los apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33, viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron emboscados. De acuerdo con los informes preliminares brindados por el OIJ, otro automóvil interceptó a las víctimas y desde su interior desconocidos dispararon en múltiples ocasiones. La ráfaga de proyectiles causó la muerte instantánea de ambos ocupantes, mientras que los perpetradores se dieron a la fuga y continúan sin ser localizados por los cuerpos policiales.

Ese misma noche, en la provincia de Alajuela, un joven de nacionalidad nicaragüense, identificado como Yerling Antonio Hernández Martínez, de 24 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en las afueras de un establecimiento nocturno en Santa Fe de Guatuso.

Informes judiciales detallan que el incidente se desencadenó a partir de una acalorada discusión dentro de un bar, en la que participaron tres hombres. La riña derivó en que dos de los sujetos atacaran a Hernández Martínez con un puñal, propinándole heridas mortales. Pese a la pronta llegada de la Cruz Roja, los socorristas determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales. En un rápido operativo, la Fuerza Pública logró la detención de dos sospechosos de participar en el crimen, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

Apenas unos días después, la violencia volvió a golpear la zona guanacasteca. En la madrugada de ayer, miércoles 5 de agosto, alrededor de la 1:00 a. m., se reportó un grave atentado directo en la comunidad de Corralillo de Filadelfia, en el cantón de Carrillo. Un hombre nicaragüense de apellido Ruiz resultó gravemente herido tras ser acribillado.

Según la reconstrucción de los hechos, el afectado se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó que alguien lo llamaba desde la parte exterior. Al salir a atender la llamada, fue atacado a balazos a quemarropa.

Ruiz sufrió cuatro impactos de bala distribuidos en el tórax, la clavícula y la mano izquierda. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazarán para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia hacia un centro médico de la localidad, y posteriormente al hospital regional de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.

Éxodo desde Nicaragua: La crisis bajo el régimen de Daniel Ortega empuja a miles hacia Costa Rica

Esta preocupante seguidilla de hechos violentos pone de manifiesto la vulnerabilidad de una población que ha crecido exponencialmente en territorio costarricense durante los últimos años. El continuo deterioro socioeconómico, la represión política y la sistemática persecución de la disidencia impuesta por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua han provocado uno de los éxodos migratorios más grandes en la historia reciente de Centroamérica.

Miles de ciudadanos nicaragüenses se ven forzados a abandonar su tierra natal ante el acoso estatal, la falta de libertades fundamentales y la escasez de oportunidades laborales. Costa Rica, por su proximidad geográfica y su histórica tradición de acogida, se ha convertido en el principal destino de refugio para las familias nicaragüenses que buscan salvaguardar sus vidas y construir un futuro digno.

Sin embargo, al llegar al país tico, los migrantes nicaragüenses no solo se enfrentan al reto de la integración laboral y social, sino que también quedan expuestos al alarmante incremento en los índices de criminalidad e inseguridad que enfrenta el país vecino.

El abogado jujeño Diego Javier Chacón fue detenido en Salta cuando regresaba de Estados Unidos, luego de que la Justicia revocara su libertad y ordenara una captura internacional por haber salido del país sin autorización judicial. El procedimiento se concretó en el aeropuerto de Salta y quedó a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Diego Javier Chacón estaba en libertad desde enero de 2025, pero bajo medidas de coerción que le prohibían abandonar el país sin permiso del tribunal. Al constatarse que había viajado al exterior pese a esa restricción, el juez de Control Marco Espinassi dispuso revocar el beneficio, ordenar su detención inmediata y librar una Alerta Roja de Interpol.

Durante una audiencia realizada el 15 de julio, el propio Chacón informó que ya se encontraba en territorio estadounidense para asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026, pese a que la Justicia había rechazado previamente su pedido de viaje. “Pido perdón a la Justicia jujeña, a mis familiares, pero la Selección Argentina me necesitaba. Soy un apasionado del fútbol, no busco que me entiendan, les estoy contando lo que motivó a no acatar las medidas judiciales”, dijo el abogado según informó El Tribuno de Jujuy.

Fuentes judiciales indicaron que Chacón permanece alojado en el Servicio Penitenciario de Salta, mientras se define la audiencia de extradición para su traslado a Jujuy. En esa instancia se resolverá el procedimiento formal para su remisión a la provincia, donde deberá volver a presentarse ante las autoridades judiciales que intervienen en la causa. Tras ese paso, quedará nuevamente sometido a las decisiones del tribunal jujeño.

La detención hizo que el nombre de Chacón se instalara nuevamente en el centro de una causa judicial que tiene un alto impacto en la provincia. El abogado había estado arrestado previamente en Qatar en 2022, en una ocasión diferente que también estuvo vinculada a su salida del país en momentos en que seguía en curso la investigación judicial en su contra.

La imputación del abogado

Chacón está imputado en la investigación por el violento asalto cometido en noviembre de 2022 contra una distribuidora del barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, hecho en el que murió el empleado César Martínez tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, al abogado se le atribuye haber aportado información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento a quienes ejecutaron el ataque. La causa fue calificada provisoriamente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

En esa hipótesis, su rol habría sido el de facilitador para la concreción del robo. El Tribuno de Jujuy agregó que por este hecho ya fueron condenados otros involucrados. Entre ellos figura Elsa López, una tarotista santiagueña que residía en Palpalá, y también hombres oriundos de Mendoza que, según la acusación fiscal citada por ese diario, integraban la banda que concretó el asalto.

La situación procesal de Chacón había quedado a la espera de un nuevo juicio, luego de que su defensa solicitara el cese de detención tras superar los tres años sin condena firme. A partir de esa resolución, recuperó la libertad bajo reglas de conducta y con prohibición de abandonar el país, condiciones que la fiscalía consideró incumplidas.

El juez Espinassi sostuvo que la salida del país configuró un incumplimiento grave de las medidas cautelares. La resolución remarcó además que Chacón, por su condición de abogado, conocía el alcance jurídico de las restricciones impuestas.

La acusación contra una subcomisionada de la policía de Mount Vernon, en Nueva York, por un episodio de violencia armada en el Bronx sacudió este martes a las fuerzas de seguridad del estado.

Jennifer Lackard, apartada ese mismo día de su cargo, quedó involucrada en una causa por conspiración por presuntamente haber ayudado a su hijo a escapar después de un tiroteo.

El joven, Chase Lackard, de 20 años, quedó imputado por intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma de fuego, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La investigación adquirió una dimensión mayor por el perfil de la acusada, una funcionaria de rango jerárquico dentro de una estructura local. La ciudad confirmó su desplazamiento con efecto inmediato y aclaró que el expediente no guarda relación con las tareas que cumplía en la división de Bienestar del departamento.

Qué ocurrió frente al Tribunal Penal del Bronx

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 29 de junio en las inmediaciones del Tribunal Penal del Bronx, en la esquina de East 162nd Street y Grant Avenue.

Testigos y grabaciones de video permitieron reconstruir la secuencia bajo investigación, indicó la policía en declaraciones citadas por The New York Times.

De acuerdo con esa versión, Chase Lackard estaba en la vía pública ese día cuando extrajo un arma y disparó contra un grupo de personas.

Las autoridades aseguraron que nadie resultó herido, aunque remarcaron que el hecho fue considerado de extrema gravedad por haberse producido en una zona transitada y frente a un edificio judicial.

De acuerdo con ABC7 New York, los investigadores creen que el blanco del ataque era un hombre vinculado a una banda rival. Después de los disparos, el joven subió a un automóvil que se alejó a gran velocidad.

Agentes citados por The New York Times afirmaron que, tras una pesquisa posterior, los detectives identificaron a Chase Lackard como el presunto autor de los tiros y a Jennifer Lackard como la conductora del vehículo utilizado para la fuga.

Los cargos contra la exfuncionaria y su hijo

Las fuerzas de seguridad detallaron que Jennifer Lackard, de 49 años, fue arrestada en su domicilio del barrio de Soundview, en el Bronx, junto con su hijo.

A ella le atribuyen un cargo de conspiración. A él, en cambio, le adjudican intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma, precisó el diario estadounidense.

Dos agentes con conocimiento del caso, que hablaron con The New York Times bajo reserva, señalaron que las detenciones se concretaron a partir de una presentación impulsada por la fiscalía del distrito del Bronx.

Jennifer Lackard se declaró inocente en su comparecencia judicial, donde intervino su defensa, según reportes de medios locales. El medio añadió que no logró obtener en lo inmediato una respuesta del abogado que representó a Chase Lackard en procesos previos.

La administración de Mount Vernon informó en un comunicado que estaba al tanto del proceso penal y que resolvió remover a la funcionaria de su cargo en forma inmediata.

En ese mismo mensaje, la ciudad evitó pronunciarse sobre el expediente y se limitó a señalar que los hechos bajo análisis no estaban relacionados con su empleo municipal.

Los antecedentes del joven acusado

El caso tomó una dimensión mayor por los antecedentes judiciales de Chase Lackard. Documentos citados por The New York Times muestran que el joven ya había enfrentado al menos dos causas penales en la ciudad de Nueva York por hechos vinculados con armas.

Medios locales reportaron que, en enero de 2023, cuando tenía 17 años, Chase Lackard recibió un disparo en el pecho dentro de un autobús BX5 en Soundview.

Más adelante, en agosto de 2024, fue arrestado en Manhattan y acusado ante la Corte Suprema de ese distrito por posesión ilegal de un arma de fuego y otros delitos. En ese expediente se declaró inocente, de acuerdo con The New York Times.

Luego, en noviembre de 2024, volvió a quedar detenido en el Bronx por varios cargos, entre ellos posesión ilegal de armas y amenazas.

Un funcionario policial afirmó al diario que, en ese episodio, el joven sacó una pistola cargada y la apuntó hacia varios agentes uniformados.

Los policías respondieron con disparos, lo hirieron y después lo trasladaron a un hospital cercano en condición estable. Más tarde también se declaró inocente en ese proceso.

El impacto institucional del caso

Hasta su arresto de este martes, Jennifer Lackard no tenía antecedentes penales en ninguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, según consignó The New York Times.

Ese dato añadió un componente institucional al expediente, ya que se trata de una funcionaria de rango jerárquico dentro de una ciudad del condado de Westchester.

La investigación ahora busca determinar con precisión cuál fue el nivel de participación de la exsubcomisionada en la huida de su hijo y qué pruebas sostienen la presentación realizada por la fiscalía del Bronx.

Una tragedia sacudió a la comunidad de Ramona, California, el 17 de febrero de 2025, cuando la capitana de bomberos Rebecca “Becky” Marodi, de 49 años, fue hallada muerta en su propio hogar. El caso rápidamente atrajo la atención mediática y social, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon el asesinato.

El crimen tuvo lugar en la residencia que compartía el matrimonio en Ramona, donde la madre de Rebecca encontró el cuerpo de su hija con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el pecho y el abdomen. Los bomberos acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero la capitana finalmente falleció a causa de las lesiones.

La noche del asesinato, según la Oficina del Sheriff de San Diego (SDSO), las cámaras de seguridad captaron momentos clave: se registraron imágenes en las que Yolanda Marodi, esposa de la víctima, discutía y agredía físicamente a Rebecca antes de abandonar la casa. Esas imágenes también la mostraron persiguiendo a la capitana de bomberos por el patio mientras sostenía un cuchillo, alrededor de las 20:00, hora local.

En un momento especialmente impactante, se escucha la voz que se presume pertenece a Rebecca suplicando: “Yolanda, por favor... no quiero morir”. A lo que Yolanda, con sangre visible en los brazos, respondió: “Deberías haber pensado en eso antes”. Después de este intercambio, la víctima le pidió que llamara al 911, pero minutos después, la agresora cargó equipaje y mascotas en una camioneta y se marchó del domicilio.

La confesión y declaración de culpabilidad de Yolanda Marodi

El caso dio un giro definitivo cuando, tras meses de investigaciones y procedimientos judiciales, Yolanda Marodi se presentó ante el tribunal y confesó el crimen. Inicialmente se había declarado inocente, pero el martes 4 de agosto de 2026, durante una audiencia, admitió su responsabilidad ante el cargo de homicidio en segundo grado.

Cuando el juez le preguntó su declaración respecto al Cargo 1, Yolanda respondió: “Culpable”, según informó FOX 5 San Diego. Esta admisión se produjo tras la negociación entre la fiscalía y la defensa, quienes acordaron reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. El fiscal adjunto Jared Coleman señaló que el acuerdo tomó en cuenta varios factores, “quizás el más importante de los cuales fue el deseo de la familia de la víctima de encontrar respuestas”.

La declaración de culpabilidad significa que Yolanda reconoció ante la justicia haber causado la muerte de su esposa, lo que puso fin a la etapa de incertidumbre procesal. La decisión fue confirmada por medios como NBC 7 San Diego, que reportaron la confesión y el cambio de postura de la acusada respecto a su declaración inicial.

La huida de Yolanda a México y su captura

Tras la agresión mortal, Yolanda Marodi decidió huir del país. Horas después del asesinato, fue registrada cruzando la frontera hacia México, llevándose consigo algunas pertenencias y mascotas. Durante 33 días permaneció prófuga, hasta que fue localizada por las autoridades mexicanas en Mexicali.

El 22 de marzo, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego fue alertada sobre su paradero cerca de un hotel en la Avenida Fresnillo, según información de NBC 7 San Diego. Yolanda fue arrestada y posteriormente entregada a los alguaciles estadounidenses, quienes la trasladaron de regreso a California para enfrentar los cargos por el asesinato de su esposa.

Durante su tiempo prófuga, la colaboración entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos resultó fundamental para su captura. La coordinación permitió que, menos de cinco semanas después de los hechos, la principal sospechosa estuviera bajo custodia y a disposición de la justicia californiana.

Detalles de la investigación: imágenes, mensajes y testimonios

Desde el inicio, la investigación se apoyó en pruebas contundentes. Las cámaras de vigilancia de la casa documentaron los momentos previos y posteriores al crimen, mostrando la agresión y la huida de Yolanda. Además, una orden de arresto revisada por la revista PEOPLE reveló un elemento adicional: mensajes de texto enviados por Yolanda un día después del asesinato a una conocida.

En esos mensajes, Yolanda relató: “Becky llegó a casa y me dijo que me dejaba… Conoció a otra persona, todos los mensajes eran mentiras. Tuvimos una gran pelea y la lastimé… Lo siento”. Estos mensajes reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre un móvil pasional y la secuencia de hechos que culminaron en el homicidio.

El testimonio de la madre de Rebecca, quien fue la primera en encontrar el cuerpo, también resultó clave en la reconstrucción de la cronología de los acontecimientos. Los agentes del sheriff y los bomberos que acudieron al lugar documentaron el estado de la víctima y el entorno, elementos que facilitaron la identificación temprana de Yolanda como principal sospechosa.

Antecedentes penales de Yolanda Marodi

La investigación reveló otro dato relevante: Yolanda Marodi ya había estado en prisión. Cumplió condena desde febrero de 2004 hasta noviembre de 2013 por homicidio involuntario tras la muerte a puñaladas de su entonces esposo, James Olejniczak. Este antecedente penal fue documentado por NBC 7 San Diego y se consideró en el proceso judicial actual. La reincidencia de Yolanda en hechos violentos con resultado mortal añadió gravedad a su situación legal y fue tomada en cuenta tanto por la fiscalía como por la opinión pública.

Próxima sentencia y posibles penas

La sentencia de Yolanda Marodi por la muerte de Rebecca está programada para el 2 de septiembre. Según lo informado por NBC 7 San Diego y FOX 5 San Diego, la acusada enfrenta una condena que oscila entre 36 años y cadena perpetua. El fallo final dependerá de la decisión del tribunal y de las consideraciones adicionales que surjan durante la audiencia de sentencia.

El crimen ocurrió a plena luz del día en el paradero nueve del distrito. Según las imágenes de videovigilancia difundidas por Latina Noticias, Barazarte Godoy persiguió a Cisneros Peña por la vía pública antes de propinarle al menos diez puñaladas.

Tras ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el acusado reconoció haber utilizado un cuchillo durante la pelea y justificó su accionar por una supuesta deuda de siete soles. “Él se lo buscó”, afirmó cuando fue consultado por lo ocurrido.

El detenido justificó el ataque y dijo que la deuda era una cuestión de “lealtad”

Durante su traslado a la comisaría Sol de Oro, Francisco Ramón Barazarte Godoy respondió a las preguntas sobre el homicidio de su colega. El acusado aseguró que el conflicto comenzó cuando fue a cobrarle un dinero que, según su versión, le había prestado la noche anterior.

“Anoche yo le presté un dinero y se lo fui a cobrar. Esta mañana no lo vi porque no salió. Se lo cobré cuando salió en la tarde y me dijo que no, que no me iba a pagar nada”, relató.

Cuando le preguntaron cuánto dinero le debía la víctima, respondió que eran siete soles. Sin embargo, intentó restarle importancia al monto y señaló que el problema iba más allá del dinero.

“Él me debía, no era mucho, pero lo que vale es la lealtad”, manifestó el detenido durante su declaración.

Según su versión, la discusión aumentó de intensidad hasta que ambos terminaron enfrentándose físicamente. “Nos caímos a golpes y bueno, saqué mi arma blanca y le di su puñalada”, declaró.

“No me arrepiento”

La reacción de Barazarte Godoy generó cuestionamientos debido a la forma en que respondió tras el crimen. Cuando fue consultado si se arrepentía de haber atacado a Martín Cisneros Peña, negó sentir remordimiento.

“No me arrepiento, la verdad”, afirmó frente a las cámaras.

El acusado insistió en que actuó como respuesta a una supuesta agresión previa. “Él me agredió y yo me defendí”, sostuvo durante su traslado a la dependencia policial.

Ante una nueva pregunta sobre si lamentaba haberle causado la muerte a su compañero, volvió a responsabilizar a la víctima por lo ocurrido. “Se metió conmigo y yo…”, respondió antes de continuar justificando su accionar.

La Policía informó que el intervenido fue detenido en una vivienda ubicada en la misma calle donde ocurrió el ataque. Al momento de su captura vestía ropa diferente a la que llevaba durante la agresión registrada por las cámaras de seguridad.

Mototaxista murió tras recibir más de diez puñaladas a manos de su colega

El ataque contra Martín Cisneros Peña ocurrió mientras ambos realizaban labores como mototaxistas en la zona. Las imágenes muestran que el enfrentamiento se produjo en la vía pública y ante la presencia de vecinos que alertaron sobre lo ocurrido.

Luego de la agresión, los residentes del sector intentaron intervenir e incluso algunos buscaron retener al atacante. La Policía tuvo que acudir al lugar para controlar la situación y trasladar al sospechoso hasta la comisaría Sol de Oro.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrió exactamente la pelea y establecer las responsabilidades del caso.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, Barazarte Godoy registra antecedentes por robo. Mientras avanzan las diligencias fiscales, el caso permanece bajo investigación por el presunto delito de homicidio.

El 11 de octubre de 2025, desde un Airbnb en el monte de Reddick, Florida, Sonia Exelby le escribió a una amiga a través de la app Discord lo que ella misma describió como su última comunicación. “Mi tiempo se acabó“, escribió.

Tenía 32 años, había volado desde Portsmouth, Inglaterra, y el hombre que la tenía encerrada le había devuelto el teléfono brevemente mientras se duchaba.

Seis días después, investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) encontraron su cuerpo enterrado en un bosque del condado de Marion, con cuatro heridas de arma blanca en el costado.

Los protagonistas

Exelby era tutora de música, la menor de 6 hermanos y llevaba 15 años con la misma pareja. Su familia la describió, en un comunicado emitido a través de la Policía de Hampshire y recogido por Sky News, como “una persona verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera”.

“Podía tocar el piano sin esfuerzo y cuando cantaba tenía la voz de un ángel”, agregaron. Su vida también tuvo otra dimensión. Según un documento del condado de Marion citado por Sky News, Exelby “llevaba mucho tiempo luchando con problemas de salud mental”.

Durante sus veinte años se volvió progresivamente retraída y buscó vínculos en comunidades de internet. En 2024, las autoridades del Reino Unido frustraron un intento previo de viajar a Estados Unidos para reunirse con personas dispuestas a matarla violentamente, según constan en los registros judiciales del caso.

Dwain Hall, de 53 años al momento de su detención, vivía en Ocala y administraba un negocio de asistencia en carretera.

En el sitio de fetiches donde conoció a Exelby usaba el nombre de usuario “alphasadist”. Una página de Facebook atribuida a él mostraba fascinación por Anubis, el dios egipcio del inframundo.

Hall se autodescribía como sádico y operaba bajo el alias “Darkwolf” en sus interacciones en línea.

Dos años de mensajes

En 2023, Exelby publicó en un sitio de fetiches que buscaba a alguien dispuesto a abusar sexualmente de ella y matarla, según los expedientes judiciales citados por Fox News. Hall respondió.

Durante los dos años siguientes intercambiaron mensajes sobre bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la asesinara. Hall inició lo que él mismo llamó un proceso de “mentoría”.

Con el tiempo, el vínculo adquirió una dimensión financiera: el acuerdo al que llegaron, según los registros, fue de USD 4.000 en efectivo a cambio de que Hall ejecutara lo que ella pedía. También elaboraron una “historia de cobertura” para sus familias.

Exelby dejó evidencia en su computadora que describía el viaje como una visita a personas que podrían “abusarla sexualmente, torturarla y asesinarla”.

La llegada

El 10 de octubre de 2025, Exelby voló al Aeropuerto Regional de Gainesville, en el norte de Florida. Tenía pasaje de vuelta para el día 13.

Antes de recogerla, Hall hizo una parada en un Walmart de Gainesville donde compró limpiador de armas, 15 metros (50 pies) de cuerda, desodorante en spray y cuerda de paracaídas de nailon. Después de pagar, volvió a buscar una pala.

La secuencia quedó registrada en recibos y cámaras de vigilancia del local, revisadas por el FDLE. Luego llevó a Exelby a un Airbnb que ella misma había reservado en Reddick, a unos 40 minutos al sur.

Los mensajes del 11 de octubre

Al día siguiente, mientras Hall se duchaba, Exelby tomó su teléfono y le escribió a una amiga por Discord. Los investigadores describieron los mensajes como “largos y a veces inconexos”.

En ellos relató que “la noche anterior había sido muy mala”, que Hall la tenía encerrada y le había quitado el teléfono porque “no confiaba” en ella.

“Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para cocinar”, escribió Exelby, según consta en el expediente. Luego: “Estoy tan, tan asustada. Estoy tan rota y con tanto dolor. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí acostada”. Sus últimas palabras en el chat fueron: “Lo siento. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo y trato de ser rápida y se me acabó el tiempo”.

Ese mismo día, la cuenta bancaria del negocio de Hall realizó 7 cargos a la tarjeta de débito de Exelby en un lapso de unos 10 minutos. Solo pudo cobrarle USD 1.200 antes de que la tarjeta fuera rechazada.

El video borrado

También el 11 de octubre, Hall filmó un video con su dispositivo y lo borró tres segundos después. El FDLE lo recuperó. Dura cuatro minutos y 16 segundos.

Muestra a Exelby con golpes visibles, sentada en un mueble del Airbnb, mientras la voz de Hall se escucha fuera de cámara dirigiendo sus respuestas.

Según la declaración jurada del expediente, Exelby “casi nunca mira hacia la cámara, se muestra visiblemente perturbada con lágrimas en los ojos, exhala profundamente y es muy reticente a responder”.

Cuando Hall le pregunta por qué está allí, Exelby responde: “Porque soy una persona horrible”. Cuando él insiste en cómo querría morir, ella titubea y dice que quiere ser apuñalada. Al preguntarle si actuó bajo coerción, sacude la cabeza en silencio.

El hallazgo

Exelby no abordó su vuelo de regreso el 13 de octubre. Su familia la reportó desaparecida. Los cargos a su tarjeta, realizados desde la cuenta del negocio de Hall, condujeron a los investigadores directamente a él.

El 17 de octubre, el FDLE encontró el cuerpo en una tumba poco profunda en un área boscosa de Marion Oaks. En las capas superiores de tierra, junto al cuerpo, estaba la etiqueta de la pala comprada en Walmart.

Ese mismo día, agentes del Sheriff del condado detuvieron a Hall en la Interestatal 75, cerca de Ocala, mientras conducía su Jeep Cherokee negro.

Antes de ser arrestado, según los registros, Hall le había enviado un mensaje a un amigo por Facebook sobre un paquete con “objetos personales preciosos y valiosos”. “Necesitaré esto de vuelta en 6 meses si esta tormenta pasa sin consecuencias duraderas”, escribió.

Los investigadores recuperaron el paquete: contenía un brazalete y un cuchillo negro de 17,7 centímetros (7 pulgadas) “diseñado para perforar y apuñalar”, con la inscripción grabada “Dorkworf, el extremo puntiagudo va en el otro”.

El amigo explicó que era una burla del alias Darkwolf. El análisis de ADN confirmó que la sangre en la hoja era de Exelby.

La investigación y el proceso judicial

Hall fue detenido el 18 de octubre de 2025 por el presunto uso fraudulento de la tarjeta de débito de Exelby.

El 17 de noviembre, el FDLE lo arrestó formalmente por asesinato en primer grado con premeditación y secuestro. En su primera comparecencia, se declaró inocente.

Sus declaraciones ante la policía fueron contradictorias: primero negó conocer a la víctima, luego admitió el contacto sexual pero lo describió como no deseado y finalmente reconoció que durante dos años habían hablado sobre “bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la matara”.

Según Court TV, que cubrió la audiencia del 22 de abril de 2026, la fiscalía informó al juez que la única oferta de negociación sobre la mesa era cadena perpetua. Hall la rechazó.

El juicio arranca el 16 de noviembre de 2026 en el condado de Marion, con selección de jurado ese día, y se estima una duración de una semana.

Hall podría enfrentar la pena de muerte si es condenado. Hasta la fecha, su representante legal no respondió a solicitudes de comentario de los medios.

El después

Hall permanece detenido sin fianza en la Cárcel del Condado de Marion con 6 cargos por delitos graves. La Policía de Hampshire lleva adelante el componente británico de la investigación.

Los padres de Sonia Exelby hablaron públicamente por primera vez en julio de 2026, en un comunicado emitido a través de Hampshire. “La vida no siempre fue fácil para ti, pero tu vida fue mucho más que las dificultades que enfrentaste”, escribieron. “Fuiste muy querida y siempre lo serás. Te echamos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Te queremos muchísimo, siempre y para siempre”.

En las últimas horas, fueron liberados los dos jóvenes detenidos por el crimen de Miguel Eduardo Lazarte, el tatuador de 43 años asesinado de una puñalada en el pecho. Los hermanos, de 17 y 19 años, se dieron a la fuga tras el ataque hasta que fueron capturados este domingo.

El caso comenzó el sábado 1° de agosto, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira, La Plata, tras un llamado al 911, y encontró a Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hombre, que aún presentaba signos vitales, alcanzó a identificar a Maximiliano Fernández, de 19 años e hijo de su pareja, como el agresor. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del tatuador.

Según pudo saber este medio, Lazarte registraba antecedentes penales. Sin ir más lejos, el 12 de marzo de 2026 había recuperado la libertad después de haber estado detenido en la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos. Además, tenía dos causas por tentativa de homicidio iniciadas en 2014, una de ellas también por amenazas y desobediencia. Su historial también incluía expedientes por tentativa de robo y tentativa de robo calificado tramitados entre 2006 y 2009.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio se produjo tras una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En ese contexto, intervinieron los hijos de la mujer, con quienes el tatuador comenzó a forcejear. Como consecuencia, los tres sufrieron heridas provocadas con un elemento cortopunzante. En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que se sospecha fue utilizado durante el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó la detención de los dos sospechosos, que tras el crimen habían escapado.

A partir del relevamiento de cámaras públicas y privadas y de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, los investigadores ubicaron a los hermanos este domingo en la vivienda de un familiar, ubicada en la calle 166 y 30 de Berisso. Tras una vigilancia encubierta, los agentes detuvieron a F. F. (17) y a Maximiliano Fernández cuando intentaban abandonar el lugar. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª de Villa Ponsati.

Sin embargo, en horas de la tarde, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 3, Sabrina Cladera, dispuso que, una vez realizadas las revisiones médicas legales y las evaluaciones del área de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ambos recuperaran la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la medida no implica el cierre de la investigación: los hermanos Fernández continúan imputados por el homicidio y deberán comparecer a la primera audiencia judicial, por lo que seguirán sometidos al proceso penal mientras avanza la causa.

En diálogo con Infobae, la hermana del tatuador pidió justicia por Lazarte y sostuvo que la Justicia se “agarró” de las causas anteriores que tenía su hermano para dejar libres a los acusados y así “tapar el crimen”.

“No puede ser que los dejen en libertad así como si nada. Es un homicidio lo que hicieron”, afirmó Pamela.

La mujer también aseguró que, cuando intentó radicar una denuncia, no quisieron tomársela. “Necesitamos ayuda”, concluyó.

El asesinato de Jeanie Childs en Minneapolis quedó sin resolver durante más de dos décadas, hasta que pruebas de ADN y huellas de pies ensangrentados llevaron a la condena de Jerry Westrom. Aunque parte del fallo fue revisada, se mantuvo la culpabilidad por asesinato en primer grado.

El caso se remontó al 13 de junio de 1993. Cerca de las 17:30, un inquilino de un rascacielos de Minneapolis denunció una filtración de agua. El conserje y un guardia de seguridad siguieron el origen hasta el apartamento 2104: la ducha estaba abierta e inundaba la vivienda contigua.

En el dormitorio apareció el cuerpo de Childs, de 35 años, parcialmente debajo de la cama. Bart Epstein, científico forense ya retirado, describió la escena al programa como una de las más sangrientas que vio en su carrera.

Un ataque reconstruido por el patrón de sangre

Epstein explicó que el patrón de manchas permitió reconstruir parte del ataque. Childs fue golpeada frente a la puerta del baño, se desplazó hacia esa zona y allí fue apuñalada y acuchillada decenas de veces. Después habría logrado volver al dormitorio, donde finalmente fue hallada.

La violencia apareció en toda la habitación. Julie Rendelman, abogada defensora y asesora legal del programa, dijo que había sangre en las paredes, el edredón y el suelo, un rastro que a su juicio indicaba una lucha por sobrevivir.

La sala de estar, en cambio, pareció intacta y el televisor siguió encendido con una comedia. No hubo señales de entrada forzada, un dato que abrió desde el inicio la posibilidad de que la víctima conociera a su agresor.

Los investigadores recogieron una toallita azul, una camiseta roja, una toalla de baño, muestras de sangre del lavabo y un edredón para análisis genético. También observaron platos en el fregadero de la cocina y un cuchillo en el escurridor, aunque Epstein dijo que no hallaron allí el arma homicida.

En la escalera cercana al apartamento, en el piso 21, localizaron manchas de sangre, entre ellas algunas de la propia Childs. El equipo también encontró una evidencia: huellas de pies descalzos y ensangrentados debajo de la ventana del dormitorio, cubiertas con polvo negro.

Epstein contó que junto a esas marcas estaba el pie con calcetín de la víctima, lo que lo llevó a pensar que las huellas descalzas pertenecían al perpetrador. Añadió que, si la impresión conservaba crestas de fricción como las de los dedos, existía la posibilidad de identificar a quien la dejó.

Una madre, una historia familiar difícil y las primeras pistas

La madre de la víctima, Betty Eakman, supo que algo iba mal cuando vio por televisión un reportaje sobre una mujer asesinada y reconoció que retiraban una camilla del edificio donde vivía su hija. Poco después recibió la confirmación: la víctima era Childs, su hija mayor.

La familia describió una vida marcada por la inestabilidad. Según relató Eakman, Childs denunció años después haber sufrido abusos por parte de un familiar varón, se escapaba de casa desde la adolescencia y, con el tiempo, su madre temió que consumiera drogas. Más tarde supo que ejercía la prostitución.

En el momento del crimen, Childs vivía con Arthur Gray en ese complejo residencial. Gray se convirtió en un sospechoso porque, según informes policiales citados por el programa, ella había dicho que trabajaba para él y había antecedentes de violencia entre ambos.

Las autoridades encontraron cabellos adheridos a la mano izquierda de Childs y uno coincidió con Gray. Chris Boeckers, exagente del FBI que más tarde se sumó a la pesquisa, sostuvo que esa línea perdió fuerza porque Gray residía en el apartamento, tenía una coartada corroborada en Milwaukee y las huellas ensangrentadas no eran suyas.

Otra pista de 1993 tampoco prosperó. Una testigo del edificio dijo a la policía que había visto a Childs con un hombre alto y rubio que llevaba una gabardina, pero los investigadores nunca lograron identificarlo.

La reapertura de 2015 que llevó hasta Jerry Westrom

En 2015, el Departamento de Policía de Minneapolis reactivó el expediente de Childs dentro de una revisión más amplia de casos sin resolver. Boeckers señaló que la tecnología disponible era mucho más refinada que en 1993.

Ese nuevo trabajo llevó primero a John Esswein. Los investigadores determinaron que una muestra de sangre hallada en la escalera coincidió con la de ese hombre, que en 2015 estaba en prisión por violar la libertad condicional de una condena por conducir ebrio.

Esswein dijo que solo había estado una vez en el edificio, en 1991, dos años antes del homicidio. Según el informe de laboratorio mencionado por 48 Hours, sus huellas no permitieron una conclusión y no se encontró ADN suyo en el apartamento de Childs.

La clave apareció cuando Andrea Feia, científica forense de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, detectó que un perfil de ADN desconocido se repetía en distintos puntos de la escena. Ese mismo perfil apareció en el edredón, la toalla azul, la toallita azul, la camiseta roja y el fregadero.

Con ese material, los investigadores recurrieron a la genealogía genética forense y cargaron el perfil en sitios de genealogía, incluido MyHeritage.com. Boeckers dijo que una genealogista forense localizó una coincidencia con dos hermanos potenciales en Minnesota y uno de ellos era Jerry Westrom.

Más de 25 años después del crimen, el ADN desconocido fue vinculado a Westrom, entonces de 52 años, un hombre casado, padre de tres hijos y hombre de negocios de la zona norte del área de Minneapolis-St. Paul. Amigos y conocidos lo describían como alguien reservado, afable y sin antecedentes aparentes por delitos violentos.

Los investigadores necesitaron una muestra directa para confirmar la relación. En enero de 2019 siguieron a Westrom hasta un partido universitario de hockey en Wisconsin y, después de que comiera en el vestíbulo, recogieron de la basura una servilleta y un recipiente que había usado.

Feia analizó la servilleta y obtuvo un perfil genético que, según dijo al programa, era coherente con el ADN no identificado encontrado en el edredón y la toalla azul. Un mes después, en febrero de 2019, Westrom fue arrestado y acusado del asesinato de Childs.

El juicio, una huella clave y la sentencia

Westrom negó conocer a Childs y también negó que en 1993 hubiera recurrido a prostitutas. En esa entrevista grabada en la cárcel habló poco, un detalle que Jennifer Mayerle, reportera de investigación de WCCO-TV, consideró llamativo porque no preguntó qué había ocurrido ni por qué estaba allí.

La fiscalía no presentó un móvil, y la defensa concentró sus esfuerzos en cuestionar el valor del ADN y de las huellas. Feia explicó que el semen de Westrom fue identificado en el edredón y en la toalla del baño, pero no pudo determinar qué tipo de material biológico suyo apareció en la camiseta roja, el lavabo y la toallita.

Rendelman subrayó otra dificultad: en la escena había ADN de varias personas. Según los informes de laboratorio citados por el programa, en las bragas moradas de Childs apareció semen que no pertenecía a Westrom, y también había otros perfiles masculinos sin identificar.

La disputa central del juicio fue la interpretación de las huellas de pie. Mark Ulrick, supervisor de la división forense de la policía de Minneapolis, sostuvo que cuatro de las siete impresiones eran aptas para comparación y que cuatro correspondían a Westrom: E1, E2, B y D1.

Alicia McCarthy, profesora del Thomas College contratada por la defensa para revisar ese análisis, coincidió solo en parte. Dijo que únicamente una marca, la identificada como E2, tenía detalle suficiente para una conclusión firme, pero en esa huella fue categórica: pertenecía al pie izquierdo de Westrom.

Cuando McCarthy llegó a esa conclusión, la defensa dejó de contar con ella y luego ambos peritos terminaron declarando para la fiscalía. Para los acusadores, esa huella ensangrentada fijó a Westrom en el apartamento en el momento del asesinato.

El juicio se celebró en agosto de 2022. La defensa también intentó abrir dudas con la testigo del hombre rubio con gabardina y con la figura de Arthur Gray, ya fallecido, pero no pudo presentar ante el jurado a James Luther Carlton ni a Esswein como sospechosos alternativos porque el juez concluyó que no había pruebas suficientes contra ellos.

Tras ocho días de juicio, el jurado declaró a Westrom culpable de asesinato en primer grado y de asesinato en segundo grado. El 9 de septiembre de 2022 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Childs.

Después, el Tribunal Supremo de Minnesota revocó la condena por asesinato en segundo grado, pero confirmó la de asesinato en primer grado. Westrom presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue rechazada.

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan. La captura se realizó el 1 de agosto como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue aprehendido en un operativo encabezado por agentes ministeriales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra.

Las indagatorias apuntan a que Iván Martín “N” habría tenido participación antes, durante y después del ataque contra la creadora de contenido. La Fiscalía sostiene que los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer la agresión y facilitar la huida.

Según la investigación, el recorrido de los vehículos fue reconstruido mediante el análisis de cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación sobre los movimientos de los involucrados.

Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En el domicilio aseguraron dos armas de fuego —una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros—, además de teléfonos celulares e identificaciones, objetos que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener a otras personas que presuntamente participaron en el feminicidio, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco. El ataque quedó registrado parcialmente en la emisión que realizaba en redes sociales, hecho que provocó una amplia reacción pública y dio pie a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre diversas diligencias para esclarecer el caso, entre ellas el análisis de videograbaciones, el seguimiento de los vehículos presuntamente utilizados en la agresión y la obtención de órdenes judiciales contra los posibles responsables.

Con la captura de Iván Martín “N”, las autoridades suman un detenido por el caso, aunque las investigaciones permanecen abiertas para localizar a los demás presuntos implicados y establecer cómo se planeó y ejecutó el crimen.

Un delincuente sexual registrado con condenas previas por secuestro y agresión sexual fue imputado por asesinato, secuestro en primer grado y ocultación de cadáver tras el hallazgo del cuerpo de Robin M. Doyle.

Una mujer de 58 años que había desaparecido de su residencia en Hickory, Carolina del Norte, el martes 28 de julio. La muerte fue declarada homicidio por las autoridades del condado de Catawba.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Doyle fue vista con vida por última vez el lunes 27 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, por un familiar. A la mañana siguiente, su padre —con quien convivía— se despertó y encontró la casa vacía: el automóvil de la mujer seguía estacionado en la entrada y la puerta trasera permanecía abierta, tal y como reportó la afiliada de ABC News en Charlotte, WSOC.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba (OCSC) concluyeron que Doyle había sido sacada de su hogar en la calle 33rd Street NE durante las primeras horas del martes.

La búsqueda se extendió durante días hasta que, el viernes 31 de julio por la tarde, los investigadores localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector noreste del condado.

La OCSC confirmó que los restos correspondían a Doyle aproximadamente una hora después del anuncio oficial del hallazgo. Las autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte, aunque la calificaron de homicidio.

La pista del auto rojo y la captura del sospechoso

Las cámaras de seguridad del vecindario registraron un vehículo rojo que abandonó la zona a alta velocidad en las primeras horas del martes.

Esas imágenes fueron determinantes para el avance de la investigación: permitieron identificar un Kia Optima 2015 de color rojo y, a partir de su patente, rastrear al conductor hasta el condado de Surry, a unos 95 kilómetros (60 millas) de la residencia de la víctima.

Testigos en el área también confirmaron haber visto el vehículo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el teniente Dane Hoyle del Departamento de Policía del Condado de Catawba.

El miércoles 29 de julio por la noche, las autoridades arrestaron a Leroy Allen Loper, de 54 años, en el condado de Surry por cargos no relacionados vinculados al incumplimiento del registro de delincuentes sexuales.

Al momento de su detención, Doyle no fue hallada en el lugar, afirmó Hoyle. Dos días después, el 31 de julio, Loper fue formalmente imputado en relación con la muerte de la mujer.

Según informó WBTV, el acusado tiene prevista una comparecencia ante el tribunal para el lunes 3 de agosto, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Catawba sin posibilidad de fianza.

Las evidencias y los antecedentes del acusado

En el perímetro de la vivienda de Doyle, los investigadores encontraron un corpiño y bridas de plástico —conocidas en inglés como zip-ties— en el patio.

Ese mismo tipo de bridas fue recuperado dentro del Kia de Loper en Surry, precisó el teniente Hoyle. La coincidencia entre ambos elementos reforzó la hipótesis que vincula al acusado con el lugar del hecho.

Loper acumula condenas previas por secuestro en primer grado y agresión sexual en segundo grado, y figura en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Los nuevos cargos en su contra incluyen asesinato en primer grado (felony murder), secuestro en primer grado y ocultación de cadáver.

Tras el hallazgo del cuerpo, la OCSC emitió una declaración en la que expresó sus condolencias a la familia y subrayó la gravedad de los hechos.

“Los actos en este caso representan el mal puro, y los responsables serán plenamente responsables ante la ley”, asegura el comunicado oficial. Las autoridades advirtieron que la investigación continúa activa y que no descartan la presentación de cargos adicionales.

Al frente del operativo estuvo el comandante general de la PNP, el general de Policía Óscar Arriola, quien contó con el respaldo del jefe de la Región Policial Lima, el general de Policía Jorge Castillo, y del jefe del Escuadrón Verde, el coronel de Policía Carlos Alcántara. El despliegue respondió a directrices del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en el marco de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad frente a la criminalidad organizada.

400 personas intervenidas

De acuerdo con Andina Noticias, el balance de la operación arrojó 400 personas intervenidas, de las cuales ocho tenían órdenes de captura vigentes. A ello se sumó el decomiso de una cantidad no especificada de droga y la neutralización de seis organizaciones delictivas activas en la zona norte de Lima.

Las unidades especializadas de la PNP actuaron de manera focalizada en áreas previamente identificadas por inteligencia policial. Las acciones abarcaron tareas de prevención, control e investigación de forma simultánea, lo que permitió intervenir distintos frentes delictivos en una sola jornada.

Víctimas de explotación sexual

Uno de los hallazgos más graves del operativo tuvo lugar en un centro nocturno clandestino, donde los agentes encontraron a más de 180 personas. Tras la identificación y control de los presentes, Andina Noticias detalló que más de 70 mujeres extranjeras fueron rescatadas al determinarse que serían víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Las afectadas recibieron protección y atención conforme a los protocolos establecidos por las autoridades.

Los ciudadanos extranjeros intervenidos durante el operativo fueron derivados a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que esa entidad realizara las diligencias que corresponden según sus competencias. La coordinación interinstitucional formó parte del protocolo de actuación ante este tipo de casos.

Estrategia contra la criminalidad organizada

El megaoperativo se inscribe en la política de seguridad impulsada por el ministro Astudillo Salcedo, cuyo objetivo es recuperar el control territorial en zonas de alta incidencia delictiva y desmantelar redes criminales. Según precisó Andina Noticias, el Ministerio del Interior anunció que continuará intensificando este tipo de acciones tanto en Lima como en el resto del país.

La PNP prevé mantener el ritmo de intervenciones en zonas identificadas como focos de actividad ilícita, con énfasis en la persecución de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de crimen organizado.

Un crimen desgarrador ha conmocionado a la comunidad de Columbia, en el condado de Howard, Maryland. Darwin Cárcamo Santiago, un inmigrante de nacionalidad hondureña de 24 años de edad, ha sido capturado en el estado de Texas como el principal sospechoso del homicidio de su novia, Esmeralda Pérez Méndez, una mujer de 35 años.

Los hechos salieron a la luz pública el pasado domingo 26 de julio. De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades locales, el hallazgo del cuerpo ocurrió en una residencia situada en la calle Watchlight Court.

Un conocido del sospechoso llegó a la vivienda y, al ingresar a una de las habitaciones, descubrió el cuerpo sin vida de Pérez-Méndez. Ante la impactante escena, la persona realizó de inmediato una llamada de emergencia al 911 para alertar a los cuerpos policiales.

Las primeras investigaciones de la Policía del Condado de Howard determinaron que la víctima presentaba heridas compatibles con estrangulamiento. Tras cometer el crimen durante las horas de la noche o madrugada previa, Cárcamo-Santiago emprendió la huida con la intención de evadir la justicia.

Sin embargo, el rápido despliegue coordinado entre diversas agencias policiales permitió rastrear sus pasos hasta el estado de Texas, donde fue localizado y arrestado sin mayores incidentes. Actualmente, el imputado permanece bajo custodia policial en Texas a la espera de ser trasladado de regreso a Maryland para encarar el proceso penal en su contra.

¿Será extraditado a Honduras o procesado en EE. UU.?

Ante la nacionalidad extranjera del acusado y la conmoción generada por el caso, han surgido interrogantes sobre su situación legal y territorial. En este contexto jurídico, Darwin Cárcamo-Santiago no será extraditado a Honduras para ser juzgado.

El principio fundamental del derecho penal territorial establece que los delitos se investigan, procesan y sancionan en la jurisdicción geográfica donde fueron cometidos. Dado que el homicidio de Esmeralda Pérez-Méndez ocurrió dentro de los límites territoriales de Columbia, Maryland, los tribunales de esta entidad son los encargados de juzgar el caso.

El término que aplica a su situación actual en EE. UU. es la extradición interestatal o traslado entre estados. Cárcamo-Santiago será extraditado de Texas únicamente hacia el condado de Howard, Maryland.

Una vez que pise suelo marylandés, comparecerá ante un juez para la lectura formal de cargos. Su estatus de inmigrante hondureño no detiene ni interfiere con el juicio penal en Estados Unidos. En caso de cumplir una condena en prisión dentro del sistema penitenciario estadounidense, el gobierno federal procesaría su deportación inmediata hacia Honduras solo después de haber saldado su pena con la justicia.

De momento, la Fiscalía del Condado de Howard ha presentado cargos formales contra el sospechoso por asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. El código penal del estado de Maryland contempla penas severas para este tipo de delitos violentos.

• Asesinato en primer grado: Bajo el artículo: 2-201 del Código Penal de Maryland, este delito implica la privación deliberada y premeditada de la vida de una persona. Si Cárcamo-Santiago es hallado culpable de este cargo, enfrenta una pena obligatoria de cadena perpetua (prisión de por vida), la cual puede ser contemplada con o sin la posibilidad de libertad condicional.
• Asesinato en segundo grado: El artículo : 2-204 castiga la conducta homicida no premeditada. De ser condenado por este cargo alternativo, el acusado podría pagar una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

De ser hallado culpable de las acusaciones más graves, el joven hondureño podría pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos.

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EEUU emite alerta de seguridad ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 31 de julio de 2026 una alerta de seguridad para sus ciudadanos en el estado de Michoacán, donde se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

El comunicado recordó que el Departamento de Estado mantiene para esa entidad una advertencia de viaje de nivel 4: Do Not Travel, la categoría más alta que aplica Washington para destinos en el extranjero.

La alerta señaló que las fuerzas de seguridad locales se encontraban en estado de alerta ante la situación. El documento no identificó a grupos específicos ni detalló las zonas exactas afectadas por los presuntos bloqueos o la actividad delictiva reportada. El reporte podría derivar de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

La embajada pidió a sus ciudadanos evitar las zonas cercanas a actividades policiales, minimizar los desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. También les recomendó mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El comunicado instó a los ciudadanos estadounidenses a mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación, así como a estar atentos a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos. En caso de emergencia, la embajada indicó que debían llamar al 911 o comunicarse con ella al (55) 2579-2000 desde México, o al 011-52-(55)-2579-2000 desde Estados Unidos.

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La Guardia Civil de España detuvo en las últimas horas a un argentino acusado de asesinar a una mujer de 47 años de origen búlgaro en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga.

Según información de la agencia EFE y medios españoles, el acusado es un hombre de 60 años, quien al momento del arresto habría intentado degollarse. Sin embargo, no logró su objetivo y finalmente fue capturado. De acuerdo con los primeros datos, el sospechoso fue detenido en la localidad de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.

Los primeros datos de la investigación indicaron que el hombre, que llevaba unos dos meses en Benahavís, había sido compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos mantuvieron una relación y Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.

Los resultados de la autopsia, que será practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, todavía se desconocen. De acuerdo con lo que trascendió, el asesino utilizó un cúter para matar a Melinda.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, descartó ante los medios locales la semana pasada que el crimen esté vinculado a la violencia machista. “No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género”, afirmó el funcionario. La conclusión del delegado se basa en la declaración testimonial de la hija de la mujer. Sin embargo, deberá ser la justicia la que certifique las circunstancias del episodio.

Según el diario El Debate, la víctima había estado registrada en el sistema VioGén, su caso ya no se encontraba activo. El caso se estudia, por tanto, como una muerte violenta con arma blanca y no como un crimen de violencia de género.

Después del hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó un gabinete de crisis para analizar la situación, tras una serie de varios asesinatos de mujeres en la región de Andalucía.

En el marco de la causa del crimen de Luis Fernando Duarte Vázquez, un joven albañil de origen paraguayo en la ciudad de Candelaria, ubicada en Misiones, la investigación comenzó la etapa de alegatos en el juicio oral. Roberto “el Negro” Silvero se encuentra acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de drogas.

Después de dos días donde reconstuyeron el crimen con testigos y pruebas y dieron, el fiscal Vladimir Glinka solicitó 18 años de prisión para el imputado. De esa manera, se descartó la hipótesis de legítima defensa que sostenía el acusado, enfatizando que: “Lo atacó de espaldas. Fue cobarde y traicionero”.

El proceso judicial centró la atención en el barrio Niño Perdido, donde ambos jóvenes compartían tareas como albañiles y ocasionalmente consumían alcohol y estupefacientes. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 y se originó a partir de una discusión por una deuda de 500 pesos vinculada al consumo de drogas. De acuerdo con la investigación, Silvero abordó a Duarte Vázquez reclamando el pago.

Tras la negativa de la víctima, la situación escaló hasta derivar en un ataque con arma blanca. De acuerdo con los testimonios recogidos por el Tribunal Penal Uno de Posadas, la víctima recibió al menos 8 puñaladas, la mayoría en la espalda, lo que descartó la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

“Decir que fue en legítima defensa es lo más fácil, siendo que encontramos a la víctima prácticamente como un colador por la cantidad de puñaladas que recibió”, argumentó Glinka. La prueba testimonial fue clave: el vecino Oscar Esteche, quien mantenía una relación con la madre de Silvero, identificó al acusado como el portador del cuchillo y contradijo la versión presentada por la defensa.

La ex pareja de Silvero, madre de su hijo, modificó su versión y afirmó: “Al fin pude decir la verdad, que era Silvero el que tenía el cuchillo”. La nueva declaración derribó uno de los principales argumentos de la defensa y reforzó la hipótesis de la acusación sobre la autoría del ataque. Además, los informes forenses indicaron que no se hallaron lesiones compatibles con una defensa por parte del acusado.

La reconstrucción de los hechos sugiere que el crimen ocurrió poco después de las 13 horas del 21 de noviembre de 2021. Tras el ataque, Silvero huyó y fue localizado por la policía horas más tarde, oculto entre malezas. La defensa, a cargo de Miguel Ángel Varela, planteó que el acusado actuó bajo amenaza y en defensa propia.

El letrado también se apoyó en los resultados de los análisis toxicológicos, afirmando que la victima se encontraba bajo efectos de drogas y en en estado alterado o agresivo. Sin embargo, las peritos bioquímicas convocadas por la fiscalía explicaron que la presencia de los metabolitos de cocaína hallados postmortem indica un consumo previo y no en el instante del ataque.

El caso llegó a juicio oral tras el rechazo de Silvero a un acuerdo abreviado. El Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Carla Freitag, escuchó a más de una decena de testigos, entre ellos peritos y policías que participaron de la investigación. La acusación formal es por homicidio agravado por alevosía. Además, la fiscalía requirió que el acusado sea sometido a un tratamiento por consumos problematicos.

La fiscalía recalcó la conducta del acusado en el barrio, describiéndolo como una persona que solía cobrar deudas vinculadas a la venta de drogas. “Dejó de ser abstracta la inseguridad del barrio: él era la inseguridad del barrio. Les pido, jueces, que hagan justicia y piensen en eso”, añadió el fiscal Glinka, según El Territorio.

Este jueves, expondrán sus alegatos la defensa del sospechoso. Luego, la sentencia sería comunicada. Solicitaron 18 años de prisión pero por considerarse un homicidio agravado, la pena podria aumentar hasta los 25 años de prisión.

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció las primeras acciones que impulsará al frente del sector con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad. Durante su presentación ante el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), funcionarios y personal del Ministerio del Interior, el titular de la cartera señaló que promoverá la conformación de equipos especializados para reforzar las operaciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

Según informó Andina Noticias, Astudillo sostuvo que esta tarea requerirá un trabajo conjunto con la Policía Nacional y adelantó que sostendrá reuniones con generales y coroneles para organizar nuevos equipos de trabajo. Entre ellos mencionó agrupamientos tácticos, fuerzas de tarea y equipos de diseño, que contribuirán a dar un nuevo impulso a las estrategias de seguridad ciudadana.

Mininter anuncia equipos especializados y gestión transparente

Durante su intervención, el ministro afirmó que uno de sus principales compromisos será garantizar el uso transparente de los recursos públicos destinados al sector Interior. En ese sentido, aseguró que velará por el cuidado de “cada sol” que ingrese al ministerio, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y evitar cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto.

De acuerdo con Andina Noticias, Astudillo señaló que la mayoría de efectivos policiales no está involucrada en actos de corrupción, pero remarcó que una gestión eficiente y transparente permitirá demostrar el compromiso institucional con la integridad. Asimismo, reiteró que la lucha contra la delincuencia requiere no solo planificación operativa, sino también una adecuada administración de los recursos disponibles.

Más equipamiento y confianza en la PNP

El titular del Interior explicó que los recursos del sector estarán orientados a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales. Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de las comisarías, así como la adquisición de uniformes, calzado, cascos, chalecos antibalas, armamento, vehículos, tecnología y sistemas de comunicación que permitan una respuesta más rápida frente a la criminalidad.

Astudillo también destacó que la Policía Nacional cuenta con personal capacitado, escuelas de formación, una estructura jerárquica consolidada y un régimen disciplinario que respaldan su labor. En esa línea, afirmó que la experiencia acumulada por la institución representa una fortaleza para enfrentar a las organizaciones criminales y obtener mejores resultados en materia de seguridad.

Comandante general expresa respaldo a la nueva gestión

El ministro reiteró que trabajará de manera coordinada con el comandante general de la PNP para fortalecer las capacidades operativas de la institución y responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. “Vamos a comprometernos y vamos a tener los resultados que merece y quiere nuestro pueblo”, manifestó durante su presentación.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, expresó su respaldo a la gestión de César Astudillo y reafirmó el compromiso de todo el personal policial de continuar sirviendo al país con vocación, disciplina y entrega. Según Andina Noticias, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para reforzar la lucha contra la criminalidad y mejorar la capacidad de respuesta de la institución policial.

Según informó Latina Noticias, fueron conductores que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades, alrededor de las 6:00 a. m., sobre la presencia de un costal abandonado junto a la vía. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Piedra Liza y personal de la División de Investigación Criminal (Dirincri) para resguardar la escena.

Horas después, Diario Trome informó que la víctima fue identificada como Claver Crisóstomo Calero, de 40 años, un comerciante de zapatillas que permanecía desaparecido desde hacía dos días. Las primeras pericias revelaron que el hombre presentaba evidentes signos de violencia, por lo que el caso es investigado como un presunto homicidio.

Cuerpo dentro de un costal fue encontrado bajo un puente en el Rímac

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el cuerpo dentro del costal fue encontrado debajo de uno de los puentes ubicados cerca de la Línea Amarilla, en el sector de Piedra Liza. La alerta se produjo luego de que varias personas notaran un bulto sospechoso con un fuerte olor que permanecía al costado de la vía.

Tras recibir el aviso, efectivos de la comisaría de Piedra Liza acordonaron la zona mientras esperaban la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

El citado medio indicó que el lugar donde fue abandonado el cadáver carece de cámaras de videovigilancia, una situación que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, los investigadores evalúan obtener imágenes de dispositivos instalados en vías y establecimientos cercanos para seguir la ruta de quienes abandonaron el costal.

La víctima era un comerciante desaparecido y presentaba signos de tortura

Según informó Diario Trome, la apertura del costal permitió confirmar que la víctima era Claver Crisóstomo Calero, comerciante dedicado a la venta de zapatillas. Debido al estado del cuerpo, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.

El medio detalló que el hombre estaba maniatado y presentaba quemaduras, cortes y lesiones compatibles con actos de tortura, elementos que forman parte de la investigación policial para determinar cómo ocurrió el crimen.

Familiares de la víctima indicaron que desconocían su paradero desde hacía dos días. Uno de ellos declaró a Latina Noticias que una de las posibilidades es que el comerciante haya sido atacado durante un intento de robo cuando caminaba o se desplazaba en bicicleta, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del asesinato.

Investigación continúa en medio de más de mil homicidios registrados en 2026

Las investigaciones fueron asumidas por la División de Investigación Criminal del Rímac, que busca identificar a los responsables del homicidio y establecer el lugar donde ocurrió el crimen antes de que el cuerpo fuera abandonado debajo del puente de la vía Evitamiento.

El caso ocurre en un contexto de persistente violencia en el país. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizadas por el especialista en datos Juan Carbajal, el Perú registró 1.071 homicidios durante el primer semestre de 2026. Al incorporar los reportes disponibles de julio, la cifra asciende a más de 1.100 crímenes a nivel nacional.

Aunque el registro representa una reducción de 4,2 % frente al mismo periodo de 2025, los homicidios continúan en niveles elevados y siguen siendo uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad ciudadana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el asesinato de Claver Crisóstomo Calero y ubicar a los responsables del crimen.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en Valle de Santiago, Guanajuato, después de que un grupo armado irrumpió por la fuerza en su vivienda de la colonia Morelos. Los agresores dispararon y huyeron.

El ataque ocurrió cerca de las 5:00 horas, en una casa ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, conocida como “La Choricera”. Una adolescente de 17 años sobrevivió y pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo policial y una ambulancia.

Las víctimas fueron Yael, de 25 años; su padre Julio Raúl, de 60 años; una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años, quienes presentaron impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. En el lugar, las corporaciones de seguridad localizaron a tres personas sin vida y a una mujer adulta mayor herida por proyectil de arma de fuego.

La mujer lesionada fue trasladada a un hospital cercano, donde más tarde murió a causa de las heridas. El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, que también reportó el inicio de las diligencias ministeriales para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, varios sujetos armados habrían sorprendido a la familia mientras dormía y dispararon contra los moradores. La menor que sobrevivió declaró a los policías que los atacantes entraron por la fuerza y abrieron fuego contra sus familiares.

Las primeras respuestas incluyeron un despliegue de seguridad en el sector, mientras la zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de los peritos. En el interior del domicilio, el personal especializado recabó indicios y aseguró el área para integrar la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que peritos levantaron los cuerpos para la necropsia y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Entre las víctimas, Julio Raúl y Yael se desempeñaban como Servidores de la Nación en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el multihomicidio ni sobre un posible móvil.

En el recuento de hechos violentos registrado en la entidad, este caso se sumó a otros homicidios reportados durante el mismo miércoles, con un total de 11 casos en poco más de 24 horas, según el conteo referido en el reporte de los acontecimientos.

• Un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Morelos y asesinó a cuatro familiares; una adolescente de 17 años sobrevivió.
• Las víctimas fueron un hombre de 60 años, un joven de 25 años, una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años; la herida murió después en el hospital.
• La Fiscalía General del Estado abrió una investigación y la Unidad de Homicidios buscó a los responsables, quienes escaparon.

Ya van 20 muertos en esta semana

Una jornada de violencia dejó otras 16 personas muertas en municipios de Guanajuato, con ataques armados, hallazgos de cuerpos y un presunto feminicidio durante un intento de robo; en ninguno de los casos hubo detenidos y la fiscalía también abrió líneas de investigación por otros tres homicidios ocurridos en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

El recuento incluyó hechos en Celaya, Salamanca, León, Acámbaro, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. Entre los casos más graves estuvieron el asesinato de una mujer de 87 años dentro de su casa, el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas y un ataque contra el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta diez.

En Celaya, una mujer de 87 años fue localizada sin vida en una vivienda de la calle Antonio Rábago, entre la avenida Mutualismo y la calle 10 de Mayo, en la colonia La Suiza. Policías municipales confirmaron que la víctima fue estrangulada en lo que habría sido un intento de robo.

Horas después, cerca de la medianoche, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos mientras caminaba junto a su esposa en la colonia León I. El ataque ocurrió en el cruce de Ramón Ramírez y Rodrigo Moreno Zermeño, y los agresores escaparon en una motocicleta sin que fueran localizados.

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya había muerto por las heridas de bala.

En Salamanca hubo cinco asesinatos en distintos ataques

En Salamanca se concentró la mayor parte de los hechos reportados. En la colonia Benito Juárez, sobre la calle Sol, hombres armados atacaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien quedó sin vida en la vía pública.

Otro ataque ocurrió en la colonia Rinconada San Javier, en las inmediaciones del Rastro Viejo. Ahí fueron localizados un hombre y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego; paramédicos confirmaron la muerte del hombre en el lugar y la mujer fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde después falleció.

Después del mediodía se registró otro homicidio en la colonia Las Misiones, donde un hombre murió tras un ataque armado contra una unidad de transporte público. El conductor de la Ruta diez, unidad económica SA-0301, fue encontrado lesionado dentro del camión y personal de Cruz Roja confirmó que ya no tenía signos vitales.

Versiones de vecinos indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad por el costado derecho y dispararon por lo menos en cuatro ocasiones contra el conductor. El ataque lo mató casi de manera instantánea.

Durante la noche, en la colonia Reforma, otro hombre fue asesinado en la vía pública. Con ese caso, Salamanca acumuló cinco víctimas mortales en una sola secuencia de hechos.

Hallaron cuerpos en León, Acámbaro y Valle de Santiago

En la colonia San Sebastián de León, trabajadores de un taller mecánico encontraron el cadáver de un hombre dentro de la cajuela de un automóvil abandonado. El vehículo, un Chevrolet Beat negro, estaba estacionado desde temprana hora sobre la calle Quetzal esquina con Pavorreal.

Fue cerca de las 2:00 de la tarde cuando decidieron revisar la unidad. Observaron lo que parecía ser sangre en una de las puertas y, al inspeccionar la cajuela, localizaron el cuerpo.

También fue localizado otro cuerpo sin vida en los límites de León y Salamanca. El reporte no precisó la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo.

En Acámbaro, finalmente, fue encontrado el cuerpo de una persona en la comunidad de Tócuaro. El cadáver presentaba señales de violencia.

En Valle de Santiago, minutos después de la medianoche, autoridades localizaron dentro de bolsas los restos de un hombre y una mujer que horas antes habían sido reportados como secuestrados. Los cuerpos fueron hallados en la salida del municipio, sobre la carretera que va a Jaral del Progreso.

Agentes de la fiscalía investigaban si ese caso tenía relación con una organización dedicada a los préstamos gota a gota y si alguna de las víctimas era extranjera. Mientras tanto, ambos permanecían sin identificar en el Servicio Médico Forense.

San Francisco del Rincón reportó una mujer muerta y dos hombres heridos

En San Francisco del Rincón, una mujer murió y dos hombres resultaron lesionados en un ataque directo ocurrido la tarde de este miércoles sobre la calle Ignacio Allende, en la zona centro. Hombres armados a bordo de un vehículo llegaron y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

En otro hecho dentro del mismo municipio, un hombre fue asesinado frente a su hijo de cuatro años en la comunidad de El Pedregal, en los límites con Romita. Al menor le perdonaron la vida y después pudo avisar lo que había ocurrido.

Testigos informaron que primero detectaron al niño llorando y en estado de shock. Cuando logró calmarse, explicó que habían atacado a su padre, y vecinos confirmaron el hecho al encontrar al hombre en un terreno de cultivo.

La fiscalía también informó que investigaba la muerte de tres hombres registrada en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión efectiva a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado” en el caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez. La sentencia fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot este miércoles durante un juicio abreviado, luego de que el imputado reconozca su responsabilidad penal. La víctima, de 25 años, fue asesinada y su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de residuo en un basural de la zona de Manantial Sur en enero de este año.

El acuerdo, celebrado entre la Unidad Fiscal de Homicidios I, la defensa y la querella, contempla además una reparación económica de 100 millones de pesos destinada a la familia de la víctima. Durante la audiencia, la fiscalía subrayó “la brutalidad del hecho precedente y la fuerte carga simbólica contra la dignidad” que implicó el descarte del cuerpo de la joven.

La condena de Navarro Flores se inscribe en un expediente penal que continúa abierto respecto a otros involucrados: Felipe Sosa permanece acusado como autor material del femicidio, mientras que Justina Gordillo, funcionaria pública, y Jorge Orlando Díaz siguen imputados por distintos grados de encubrimiento agravado. El acuerdo de juicio abreviado al que accedió Navarro Flores no afecta el avance de la causa en relación a estos coimputados.

La investigación técnica resultó determinante para reconstruir los movimientos de Navarro Flores después del crimen cometido por Felipe Sosa. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) recolectó pruebas que demuestran que el 7 de enero de 2026, Navarro Flores recibió comunicaciones de Sosa desde las primeras horas del día y acudió a su domicilio en dos oportunidades.

Cerca de las 22:00 horas de esa jornada, Navarro Flores regresó a la vivienda en un vehículo Toyota Hiace y, según las evidencias, retiró bolsas que contenían restos, prendas y otros rastros de la víctima, para posteriormente descartarlas. El análisis de llamadas, el impacto de antenas telefónicas y los registros de cámaras de seguridad permitieron confirmar la coordinación entre Navarro Flores y el autor material del femicidio para eludir la acción de la justicia. Aunque Navarro Flores aportó información en el transcurso del proceso judicial, su detención en febrero se logró gracias al avance de una investigación técnica realizada.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó la gravedad de la conducta atribuida al condenado, al considerar que la remoción y descarte de los restos de la víctima representó “una afrenta a la dignidad humana y un intento deliberado de obstaculizar la investigación penal”. La reparación económica ofrecida como parte del acuerdo fue aceptada por la familia de la joven, quienes estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El femicidio de Érika Antonella Álvarez

Érika Antonella Álvarez tenía 25 años y residía en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán. El martes 6 de enero de 2026 fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella a través de mensajes, en los que la joven prometió cenar con ellos al día siguiente. Esa noche, ingresó al domicilio de Felipe Sosa, exmilitar, en la calle Santo Domingo al 1100, un lugar que visitaba de forma ocasional. Su familia notó su ausencia cuando no regresó ni respondió más mensajes y, al acudir a su casa, solo encontraron la vivienda vacía.

De acuerdo con la investigación judicial, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de enero, la joven fue asesinada. La autopsia determinó que sufrió traumatismos en la cabeza y el rostro, además de lesiones cervicales que resultaron letales. El informe forense también detectó una luxación en la mandíbula y la utilización de sogas y cintas, elementos que fueron hallados junto a sus restos.

La mañana del 7 de enero, Sosa contactó a Navarro Flores, quien se acercó a la vivienda. Posteriormente, según las pericias, Sosa ideó un plan para deshacerse del cadáver y de las pruebas que lo comprometían. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos permitieron reconstruir en detalle el trayecto utilizado para ocultar el cuerpo.

El 8 de enero, un grupo de mujeres que recolectaba objetos en ese basural encontró el cuerpo dentro de bolsas de consorcio, atada y encintada. La identificación formal se logró gracias a tatuajes y rasgos particulares reconocidos por familiares y confirmados por la policía. El análisis forense estableció que la muerte había ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.

La causa penal avanzó rápidamente, con la detención de Sosa en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, después de que se fugara de Tucumán. Además de él, la Justicia imputó a Navarro Flores por encubrimiento agravado y a otras personas, incluyendo a una funcionaria judicial, por su presunta colaboración en el ocultamiento de pruebas y la logística para el descarte del cuerpo. La investigación continúa reuniendo pruebas que permitan esclarecer la totalidad de la secuencia y la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Este martes por la madrugada, un hombre de 54 años fue asesinado tras recibir múltiples heridas de arma blanca en la localidad de Santos Lugares, en el departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ramón Prados y la hipótesis principal de la investigación apunta a un presunto conflicto familiar.

La búsqueda se centra en René Cejas, exyerno de la víctima, señalado como el principal sospechoso. Tras la agresión, Cejas escapó y se encuentra prófugo. La policía desplegó un operativo para dar con su paradero. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Liberal, el ataque se produjo cerca de las 2:20 en el paraje Estero, dentro del domicilio de Prados, tras una discusión que escaló hasta derivar en una agresión fatal.

Prados fue encontrado con múltiples heridas en la zona abdominal. Los primeros reportes médicos detallaron que la víctima llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Santos Lugares, desde donde se dispuso su derivación al Centro Integral de Salud Banda. Sin embargo, el hombre falleció en el trayecto, a la altura de la localidad Bandera Bajada, debido a la gravedad de las lesiones.

Tras los hechos, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo, bajo la órbita de la Departamental N° 11 de Monte Quemado, montaron un operativo cerrojo en la zona rural para localizarlo. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el sospechoso se haya arrojado al río Salado tras el crimen, por lo que se sumaron a la búsqueda equipos del Grupo Especial de Rescate (GER).

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia. Con esos resultados, buscan determinar con precisión la mecánica del ataque y las circunstancias que rodearon el homicidio. Por otro lado, los investigadores intentan determinar el móvil del crimen para reconstruir la secuencia, hasta el momento no trascendieron antecedentes de violencia previos entre la víctima y el agresor.

El despliegue policial en la zona incluyó patrullajes rurales y controles en caminos y pasos alternativos, con la participación de unidades especiales y brigadas de infantería. El operativo se mantuvo durante toda la jornada, con la expectativa de lograr la captura del principal sospechoso.

Las fuentes consultadas remarcaron que la causa se halla bajo secreto de sumario, y que la justicia dispuso la reserva de ciertos detalles para no entorpecer el avance de las pesquisas. La búsqueda del sospechoso continúa activa y la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para sumar elementos al expediente.

Mataron a su cuñado de una puñalada en Mar del Plata

El hecho ocurrió a fines de mayo en Mar del Plata, cuando una discusión entre familiares habría derivado en una agresión con arma blanca. La División Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata detuvo a J.O.R., conocido como “El Uña” y de 36 años, por el homicidio de su cuñado Paulo Ezequiel López, de 39 años.

La victima recibió una puñalada en el abdomen y fue hallado en el suelo por efectivos policiales tras un llamado al 911. Fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internada y, semanas después, recibió el alta.

Ante la Justicia, López identificó a J.O.R. como el autor del ataque y solicitó la continuidad de la causa. Sin embargo, su estado de salud se deterioró a fines de junio por complicaciones derivadas de la herida. El 2 de julio reingresó al hospital y falleció dos días más tarde.

La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. El sospechoso fue localizado y arrestado el 5 de julio, portando un cuchillo de 24 centímetros. Actualmente, el hombre permanece detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de la definición judicial.

Norma Beatriz Tula, de 61 años, fue asesinada a puñaladas en la provincia de Catamarca y la Justicia imputó a su hijo. Marcelo Joaquín Tula está detenido por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vinculo y por ensañamiento”. El joven de 22 años permanece internado bajo tratamiento psiquiátrico y con custodia policial, mientras la investigación avanza.

El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda de la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, donde la víctima fue hallada sin vida. Desde el día del crimen, ningún pariente se ha acercado para informarse sobre su estado judicial ni para ofrecer algún tipo de acompañamiento.

Durante los últimas días, solo un hermano y una sobrina de Norma Varela Tula iniciaron gestiones para constituirse como querellantes en la causa, con la representación del abogado Diego Quinteros Martínez. Sin embargo, el paradero del padre de Marcelo Tula es desconocido por las autoridades.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo provocado por múltiples heridas de arma blanca en la región cervical y en el cuerpo. El entorno familiar declaró que el cuerpo presentaba decenas de puñaladas y signos de extrema violencia. Una sobrina de la víctima, Soledad, reveló al medio catamarqueño que la escena resultó impactante por la brutalidad del ataque.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave: la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino, tomó intervención formal en el expediente y dispuso la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a Marcelo Tula. El joven de 22 años fue trasladado este martes al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) para que se realicen los estudios pendientes.

Su salud se mantiene estable dentro del área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista. Los profesionales que lo asisten informaron que ingresó al hospital con una descompensación psicótica y continúa bajo tratamiento especializado.

La fiscal Antonino también solicitó informes socioambientales tanto sobre la vida de Norma Tula como del propio imputado. Además, dispuso que personal especializado evalúe si el joven puede afrontar una Junta Interdisciplinaria para determinar su estado psicofísico. Por el momento, no existe fecha definida para la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolverá si el acusado continúa privado de la libertad mientras se completa la investigación.

Durante la feria judicial, la causa estuvo bajo la responsabilidad de la fiscal Yésica Miranda, quien ordenó la imputación de Marcelo Tula y la producción de los primeros elementos probatorios. Una vez concluido ese periodo, el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, donde se mantienen activas las diligencias para recolectar testimonios del entorno de la víctima y del acusado.

Un elemento que incrementó el interés social y mediático en el caso fue la existencia de antecedentes de violencia familiar. De acuerdo con la reconstrucción judicial y los testimonios, la relación entre Norma y su hijo era conflictiva. Soledad, la sobrina, indicó en diálogo con El Ancasti: “Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”.

Soledad comentó que el día del crimen, Marcelo habría llegado acompañado por un amigo en un automóvil rojo. En ese momento, se produjo una discusión que terminó en el ataque. El joven se dirigió a la vivienda de un amigo en un barrio cercano, donde habría confesado el crimen. Más tarde, una persona de confianza del entorno fue quien notificó a la familia de la víctima sobre lo ocurrido, de acuerdo con la sobrina.

La investigación sigue abierta y siguen intentanto localizar a personas del entorno de ambos para tomar declaracions testimoniales. En este contexto, el paradero del padre de Marcelo Tula adquiere relevancia ya que podría ser clave para comprender la dinámica familiar y el móvil del crimen. Hasta el momento, no ha comparecido ante la Justicia ni ha sido ubicado por las autoridades.

La noche del 23 de abril de 2025 marcaba el inicio del fin de una pesadilla que se gestó entre bastidores, bajo el destello de la fama y las falsas promesas.

Celeste Abigail Rivas Hernández, una adolescente de origen salvadoreño de solo 14 años, subió a un vehículo enviado para trasladarla desde su tranquila localidad de Lake Elsinore hasta una mansión en Hollywood Hills.

Se dirigía al encuentro de David Anthony Burke, el ascendente cantante de alt-pop conocido mundialmente como d4vd, con quien mantenía una relación clandestina desde que ella tenía 13 años. No sabía que esa travesía nocturna sería la última.

Las paredes de aquella residencia no presenciaron un refugio, sino el escenario donde se consumó la violencia física y el intento definitivo por silenciar una verdad que amenazaba con destruir la carrera del artista.

Meses antes de aquella fatiga de abril, la relación entre el músico de 21 años y la adolescente había entrado en una espiral de tensión constante.

Las evidencias forenses y digitales presentadas en el tribunal detallan que Celeste, angustiada por la dinámica de abuso y el ocultamiento de su vínculo, envió una serie de mensajes tajantes donde le advertía que revelaría a su padre el sometimiento al que era sometida y que “arruinaría su carrera y su vida”.

Según la reconstrucción judicial expuesta por la fiscalía, Burke preparó una emboscada para evitar que la menor hablara. Cuando la adolescente llegó a la residencia de Hollywood Hills, su teléfono celular dejó de emitir señal de manera repentina.

Dentro del inmueble, el acusado la atacó propinándole dos heridas penetrantes con un objeto punzocortante en la parte superior del cuerpo. La autopsia determinó que uno de los impactos perforó las costillas en el tórax izquierdo y el otro penetró profundamente en el hígado, causándole lesiones internas mortales.

La fría ejecución del ocultamiento

Lo que siguió tras el ataque reveló una metódica y perturbadora serie de pasos para erradicar cualquier rastro del crimen. De acuerdo con las pruebas digitales aportadas por los investigadores, días después de la desaparición de la joven, Burke utilizó un seudónimo en internet para ordenar un kit de limpieza y herramientas de desmembramiento: bolsas industriales para cadáveres, una pala, herramientas varias y tres motosierras.

En el área del garaje de la vivienda, utilizando una piscina inflable de plástico azul para contener los fluidos, el cantante cercenó el cuerpo de la adolescente. Durante este proceso, las autoridades presumen que utilizó la motosierra sobre los restos de la menor.

Para entorpecer la identificación forense, a la víctima le amputaron dos dedos de la mano derecha, precisamente aquellos en los que llevaba tatuado el nombre de “David” y un diseño a juego con el del acusado.

Los restos mutilados de Celeste fueron introducidos en bolsas de plástico y colocados en el maletero delantero (frunk) de un vehículo Tesla propiedad del artista.

El automóvil permaneció abandonado durante semanas, trasladándose eventualmente a un lote de remolque en Los Ángeles tras ser incautado.

El 8 de septiembre de 2025, tan solo un día después de la fecha en que la joven habría cumplido 15 años, empleados del depósito vehicular reportaron a la policía un olor fétido insoportable que emanaba de la parte frontal del coche.

Al abrir la estructura, los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles hallaron el torso y la cabeza de Celeste en un avanzado estado de descomposición. La identificación inicial debió realizarse mediante registros radiográficos dentales debido al severo deterioro de los restos.

El banquillo de los acusados y el reclamo de la familia

Tras una investigación que se extendió por siete meses, David Anthony Burke fue arrestado en abril de 2026. Al concluir la reciente audiencia preliminar de cinco días en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la jueza Charlaine Olmedo determinó que las muestras de ADN en el garaje, las compras registradas por internet y los registros de comunicación constituían causa probable suficiente para enviarlo a juicio formal por

• Asesinato en primer grado
• Abuso sexual de menor
• Mutilación de un cadáver.

Durante la audiencia también se dio a conocer que la joven se había practicado un aborto en 2024, a los 13 años, después de que él la dejara embarazada.

Mientras el fiscal de distrito Nathan Hochman evalúa solicitar formalmente la pena de muerte por los agravantes de emboscada, la defensa intentó sostener que el acusado es inocente, argumentando la falta de restos hemáticos en dos de las motosierras e insinuando hipótesis como un presunto suicidio o conductas violentas por parte de la víctima.

Por lo que, al finalizar la audiencia, el abogado de la familia Rivas, Patrick Steinfeld, transmitió el sentir de los padres de la adolescente, devastados al escuchar la estrategia defensiva.

De momento, Burke permanece privado de libertad en una prisión del condado de Los Ángeles sin derecho a fianza. El caso continuará su curso en los tribunales con las siguientes fechas clave establecidas en el calendario judicial:

• 31 de agosto de 2026: Audiencia para la lectura formal de cargos procesales (arraignment) en el Tribunal Superior de Los Ángeles.
• Octubre y noviembre de 2026: Etapa programada para las conferencias de estado del caso (status conferences), donde las partes y la jueza definirán la fecha oficial de inicio del juicio oral.

Para la familia de Celeste Abigail Rivas Hernández, el final de la audiencia preliminar marca apenas el cierre de un doloroso capítulo inicial.

Tras meses de incertidumbre desde su desaparición, sumados a la angustia de escuchar en los tribunales los detalles forenses del crimen, los allegados de Celeste aguardan con la esperanza firme de que el proceso judicial concluya en una condena ejemplar.

La última fotografía de Angelina la muestra con los ojos cerrados, visiblemente delgada. La tomaron el 5 de enero de 2025.

Nadie volvió a ver a la niña después de esa fecha. Cuando los investigadores de la Policía de Hollywood, Florida, preguntaron a sus padres por el bebé, la respuesta fue que nunca había existido: que el embarazo había sido una broma, un engaño para sacarles dinero a los familiares, reportó Fox News.

Una ciudad tranquila ante un caso sin precedentes

Hollywood es una ciudad costera de unos 150.000 habitantes ubicada entre Fort Lauderdale y Miami, en el condado de Broward.

Con playas sobre el Atlántico y una demografía marcada por comunidades latinoamericanas y caribeñas, la ciudad no acumulaba historial de casos de desaparición de recién nacidos. El caso de Angelina Feliz —identificada en los documentos judiciales solo con las iniciales A.F.— cambió eso.

La investigación se extendió durante más de año y medio, cruzó los límites estatales y concluyó, por ahora, con el arresto de los dos progenitores en el condado de Richmond, Carolina del Norte, el 22 de julio de 2026. El cuerpo de la niña no fue encontrado.

Los padres dijeron que su hija era una broma

Samantha Angeline Feliz, de 20 años al momento de los hechos, es la madre de Angelina. Dio a luz en algún momento entre el 6 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, tal como estableció la Policía de Hollywood en los documentos del caso.

El parto no ocurrió en ningún hospital: las autoridades determinaron que el nacimiento fue clandestino, sin asistencia médica registrada y sin certificado de nacimiento.

Familiares que tuvieron contacto con la pareja durante las primeras semanas confirmaron haber visto a la niña. Luego, Angelina dejó de aparecer.

Alejandro Leon Jr., de 21 años, es el padre. La orden de arresto obtenida por la emisora local WPLG afirma que, cuando los investigadores comenzaron a preguntar por la niña, tanto Leon como Feliz negaron repetidamente su existencia.

Les dijeron a los familiares que “el bebé era una broma”. En una versión posterior, cambiaron el relato y alegaron que el embarazo entero había sido un engaño diseñado para obtener dinero de sus respectivas familias.

El Departamento de Investigaciones de Florida (Florida Department of Law Enforcement, FDLE) emitió una alerta de menor desaparecido que incluía los nombres de ambos y su apodo en el barrio: “The Scooter People”, por la costumbre de movilizarse en scooters eléctricos.

Un familiar de la pareja relató a la policía que los vio en múltiples ocasiones a principios de julio de 2025 sin que la niña estuviera presente y sin que ninguno de los dos mencionara a su hija.

La evidencia que los delató

La Policía de Hollywood inició la investigación a comienzos de 2025 tras recibir información sobre el nacimiento oculto. Las pesquisas chocaron de entrada con la ausencia de cualquier registro oficial: sin certificado de nacimiento, sin historial médico, sin partida de defunción.

Los investigadores desplegaron perros detectores de cadáveres en múltiples ubicaciones. No encontraron restos. Al registrar un depósito de almacenamiento vinculado a la pareja, recuperaron ropa de bebé, un test de embarazo positivo y toallas con manchas que aparentaban ser sangre.

Las pruebas de ADN determinaron que la sangre hallada en la ropa y en las toallas pertenecía a un hijo biológico de Leon y Feliz, tal como consta en el expediente judicial.

A eso se sumaron fotografías de Feliz visiblemente embarazada y mensajes de texto en los que la pareja hablaba de la bebé, evidencia que contradecía de manera directa la versión de la “broma”.

Los detectives describieron en el expediente que, en la última imagen conocida de Angelina, fechada el 5 de enero de 2025, la niña aparecía “visiblemente enferma y desnutrida” y con un aspecto que, según su evaluación, no parecía corresponder al de una persona con vida. Mientras la investigación avanzaba en Florida, Leon y Feliz ya no estaban en el estado.

El arresto a más de 1.400 kilómetros de casa

El 22 de julio de 2026, investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond (Richmond County Sheriff’s Office, RCSO) y agentes del U.S. Marshals Service localizaron a la pareja en una propiedad rural en las inmediaciones de Rockingham, Carolina del Norte, a unos 1.400 kilómetros (870 millas) de Hollywood. La vivienda pertenecía a un familiar de Leon.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la cárcel del condado de Richmond sin derecho a fianza, a la espera de extradición a Florida.

El sheriff Mark Gulledge lo resumió en un comunicado: “Este es un ejemplo perfecto de la colaboración entre agencias a nivel nacional para mantener la justicia”, informó Fox News.

En el condado de Broward, Leon y Feliz enfrentan cargos idénticos: homicidio agravado de un menor, manipulación o fabricación de evidencia, omisión de notificación de una muerte al Médico Forense, información falsa sobre un menor desaparecido y denuncia falsa a las fuerzas del orden.

El cargo de manipulación de evidencia alega que la pareja alteró, ocultó o destruyó “el cuerpo y/o los restos humanos” de la niña, de acuerdo con el texto del expediente citado por CBS 12.

La fiscalía llegó a esa conclusión sin contar con certificado de nacimiento, sin historial médico y sin haber localizado el cuerpo. La base probatoria —fotografías, mensajes de texto, objetos del depósito y resultados de ADN— fue considerada suficiente para formular los cargos.

Sin cuerpo, sin fecha, sin respuestas

Aún los restos de Angelina Feliz no fueron localizados. La niña tenía, como máximo, 30 días de vida cuando fue fotografiada por última vez. No existe registro público de su nacimiento ni de su muerte.

Leon y Feliz permanecen detenidos y la extradición al condado de Broward no tiene fecha confirmada.

Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas desde su arresto, de acuerdo con los medios consultados. La alerta de menor desaparecido emitida por el Departamento de Investigaciones de Florida sigue activa.

El deporte peruano está de luto. Brian Roque Caycho, medallista bolivariano de bádminton de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El joven se encontraba conversando con un grupo de amigos en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra él.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. De acuerdo con la información preliminar recogida en la zona, los atacantes habrían disparado directamente contra el deportista y luego escapado rápidamente del lugar. Peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala en la escena, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque contra el reconocido representante del bádminton peruano.

Brian Roque Caycho ganó tres medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La muerte de Brian Roque Caycho generó consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad deportiva. El joven había logrado destacar en el bádminton peruano y formaba parte de la nueva generación de deportistas que representaban al país en competencias internacionales, entre ellos el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Sudamericano Juvenil de Brasil 2015.

Durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Roque Caycho consiguió dos medallas en la modalidad de dobles masculino, junto a su compañero Sharon Durand. Además, obtuvo una presea adicional en la misma competencia, consolidándose como uno de los medallistas internacionales más destacados del bádminton peruano.

Su desempeño en el torneo multideportivo lo posicionó como una de las promesas de esta disciplina y como uno de los deportistas que proyectaban continuar representando al país en futuras competencias internacionales. Según el portal gob.pe, las meta principal de Roque era subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven. La institución recordó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) y representante del bádminton nacional.

El Comité Olímpico Peruano también lamentó la muerte del deportista y destacó su trayectoria en las competencias internacionales. La organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del bádminton peruano.

Canales de ayuda

El Gobierno de transición prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que permanece vigente desde septiembre de 2024, cuando fue implementada tras una ola de ataques contra transportistas y comerciantes vinculados a casos de extorsión.

La nueva ampliación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, luego de que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitara mantener el régimen de excepción debido a la continuidad de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Debido al aumento de criminalidad, se ha puesto a la disposici

• El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.
• La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.

Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, son los jueces que condenaron a 3 años y medio de prisión a Hugo Daneri (27), un joven acusado de asesinar a golpes a Walter Teves, de 48 años, durante una pelea en 2024 en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown.

Para la familia de la víctima, la condena fue baja. Sin embargo, para no extender aún más el suplicio que comenzó con el ataque a Walter hace más de dos años, decidieron que no van a apelar la sentencia del TOC Nº3. “Consideramos que la pena es baja, de acuerdo a todas las constancias de la causa. Pero es criterio de la familia tener un corte con esto, porque la familia la pasó muy mal”, dijo a Infobae Abelardo Tavira, abogado querellante.

“Durante 21 meses y durante el transcurso de las tres jornadas de juicio oral fue un hecho realmente muy desgraciado. Es lamentable imaginar a una persona que va a comprar al supermercado, no volver nunca más a su casa y después de 21 meses de postración total, fallecer”, graficó el letrado.

En ese sentido, Tavira aclaró que ellos asumieron la representación de la familia cuando ya la causa estaba avanzada y que de antemano, intuían que la sentencia no sería muy elevada “debido a los antecedentes del tribunal”.

“Cuando uno busca jurisprudencia sobre las penas que imponen ciertos tribunales, bueno, nosotros detectamos que el tribunal actuante, este fue coherente con otras causas en las que también impuso penas bajas”, remarcó el abogado. “Son penas que después fueron aumentadas en Casación. No mucho porque Casación tampoco varía mucho el quantum de la pena”, añadió.

Asimismo, Tavira indicó que para no extender aún más el proceso con una apelación, la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, en acuerdo con la familia, también optó por no apelar. Creen que es poco probable que Casación eleve la condena. Remarcó que la familia está completamente disconforme con la pena pero que para “darle un corte” va a aceptar.

Giorgi, había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado, mientras que Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que Daneri sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria a ocho años por el delito “homicidio preterintencional”.

La cantidad de años impuesta al asesino se explica por la calificación preterintencional. “Lo teníamos previsto. Tanto la fiscalía, como el particular damnificado”, indicó. “Subsidiariamente pedimos el preterintencional para no perder la ocasión de conseguir una pena acorde”, agregó.

Respecto a esta calificación, el letrado señaló como crítica al sistema penal argentino que “es una incongruencia” que el delito de lesiones gravísimas tenga una pena mayor que el delito de homicidio preterintencional". Es decir, si Walter no hubiese fallecido, la posibilidad de obtener una pena mayor por las lesiones que le ocasionó el asesino hubiera sido más alta.

El trágico final de Walter comenzó en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. De acuerdo con la investigación y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho y que también será juzgado por el asesinato, acusaron a Teves de haberles tocado el auto.

El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

Los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos. Se pelearon en una calle hasta que Walter quedó en coma.

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

En el caso del menor de 17 años acusado, para no revivir todo el proceso, la familia analiza la posibilidad de aceptar un juicio abreviado, considerando el impacto emocional que tendría repetir el calvario de un nuevo debate.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia. De parte de la familia, la pelea ahora pasa al ámbito civil, donde reclaman una reparación por daños y perjuicios.

Otros fallos del Tribunal de Lomas de Zamora

Tanto Gabián como Dellature hacen parte del TOC Nº3 desde hace ya varios años, en los que han intervenido en algunos caso de amplia difusión mediática e impacto en la sociedad. Anaya, sin embargo, fue nombrada como jueza del tribunal en septiembre del año pasado. La mujer era agente fiscal pero antes de se nombramiento como jueza, se venía desempeñando como Subsecretaria de Seguridad del Municipio de Lanús.

Algunos meses después, exactamente en diciembre, el Tribunal de Lomas de Zamora fue noticia después de que condenó a 14 años de prisión a Diego Javier Clementi, el ginecólogo de la localidad bonaerense de Burzaco acusado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes.

La jueza Anaya y los jueces Dellature y Gabián leyeron el veredicto que dispuso la detención inmediata del acusado y la extracción de muestras de ADN, una vez que la sentencia quede firme, para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

No fueron los únicos. Dos años antes, el TOC Nº3 de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión al ex árbitro Martín Bustos por la causa de abusos a menores en Independiente. El juicio lo llevó adelante la fiscal Giorgi.

El acusado fue declarado culpable por ser autor penalmente responsable del delito de promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años, en concurso real con promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso se una situación de vulnerabilidad.

Además, le adjudicaron la sustracción y destrucción de un documento confiado a su custodia en su carácter de funcionario público en dos oportunidades. Además de Gabián y Dellature, ese fallo llevó la firma de la jueza Mariel Elizabeth Alegre.

El mismo año el TOC N° 3 de Lomas de Zamora absolvió al médico obstetra y ginecólogo Pablo Ghisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. La resolución llevó la firma de Dellature, Gabián y el juez Mauricio Salvador Blanco.

El médico estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual hecha por su hijo mayor, Tomás. El hombre quedó quedó absuelto finalmente tras una resolución de la Suprema Corte Bonaerense, que confirmó en marzo de este año la decisión del TOC.

Se trata del hombre que había estado tres años y cuyo caso se conoció en 2025, cuando el joven denunciante confesó que la acusación a su padre era mentira y que su mamá lo manipuló para hacerla.

Su absolución fue confirmada por el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires luego de que las autoridades resolvieran rechazar el reclamo de intervención extraordinaria que había solicitado Andrea Karina Vázquez, la ex pareja de Ghisoni y particular damnificada en la causa representando a su hijo menor.

En 2022, el Tribunal condenó a 25 años de prisión a 7 expolicías, a quienes halló responsables de la llamada “Masacre de Wilde”que tuvo lugar en 1994 en esa localidad bonaerense.

El veredicto estuvo a cargo de los jueces Dellature, Gabián y Claudio Fernández. En 2019, el Tribunal con la firma de estos mismos jueces, por unanimidad, condenaron a perpetua a M.E.G. por asesinar en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, a la pareja de su ex pareja con la único propósito de causarle daño a la mujer.

De acuerdo a la prueba colectada, M.E.G. irrumpió violentamente en el domicilio de su expareja, derribando la puerta a patadas y armado con una cuchilla de 21 centímetros. Allí, sin mediar palabra, se abalanzó sobre J.G., y le asestó múltiples puñaladas.

El Tribunal lo condenó por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, daño en concurso real con violación de domicilio y amenazas concursando realmente entre sí en el contexto de violencia.

El trágico final de Walter comenzó en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. De acuerdo con la investigación y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho y que también será juzgado por el asesinato, acusaron a Teves de haberles tocado el auto.

El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

Los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos.

La pelea, en plena calle, quedó registrada por una cámara de seguridad. Allí se ve cómo el primero en lanzar un golpe fue Teves. De inmediato, los dos Daneri comenzaron a pegarle. Walter, hizo lo que pudo, pero el enfrentamiento con ambos fue mucho para él.

“Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea” habrían sido las frases que usaron para molestarlo, de acuerdo a lo relatado por el abogado familiar, Abelardo Tavira.

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

La familia lo despidió el 10, con un cortejo fúnebre que finalizó en el cementerio Parque Eterno, en el barrio de Don Orione, partido de Almirante Brown.

Una condena vergonzosa

Daneri finalmente fue hallado culpable por los jueces Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya del delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor.

Esta calificación fue considerada mucho menos grave que la impulsada por la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, quien había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado. El hermano menor de los Daneri será juzgado en un Tribunal de Menores a pesar de ya ser mayor.

“Esto es lo que vale quitarle la vida a mi hermano en este país. Tres años y unos meses, eso vale. Una vergüenza la Justicia que tenemos”, escribió Rocío, la hermana de la víctima, en su perfil de Facebook.

El abogado Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria ocho años por “homicidio preterintencional”. La familia adelantó que no apelará la sentencia para no revivir el proceso.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia.

Ante la ola de violencia desatada en Tabasco, el sector empresarial ha exigido mayor seguridad y atención por parte del gobierno de Javier May Rodríguez y su secretario, José Ramiro López Obrador, resaltando que la inseguridad no se puede volver un acto cotidiano en el desarrollo de sus actividades.

Empresarios piden mayor seguridad ante las extorsiones

Lo que detonó la exigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) fue la localización de restos humanos afuera de un negocio de autopartes sobre el Periférico Carlos Pellicer, el lugar podría verse forzado a cerrar tras la amenaza directa.

“Estamos muy preocupados por esta situación que ya rebasó a la autoridad, y las estrategias para blindar la seguridad de nuestro estado no están dando los mejores resultados”, afirmó la Cámara de Comercio de Villahermosa a través de un comunicado.

Pidió al partido de Morena y sus aliados a entender el contexto de su llamado, ya que solo buscan defender sus derechos como sector empresarial, ya que los negocios se ven orillados a cerrar por la falta de medidas de seguridad.

Dieron a conocer que con anterioridad, carnicerías como Grijalva y El Jarocho cerraron por el contexto de violencia que los acecha, por lo que el negocio de autopartes podría seguir el mismo camino ante la inseguridad en el estado.

Detallaron que la confianza en las autoridades está “rota”, sin embargo, confiaron en que se encontrarán las medidas para hacerle frente a las organizaciones criminales que operan en el estado.

“Pedimos que se busque la mejor solución para que podamos tener abiertos nuestros negocios, queremos y no queremos confiar en la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Estatal; por los antecedentes que traen con los cárteles delincuenciales”, puntualizaron los empresarios en el comunicado.

Secretario de Gobierno de Tabasco minimiza inseguridad en el estado

El pasado 21 de julio, el secretario de Gobierno de Tabasco rechazó que la violencia haya aumentado en el estado, José Ramiro López Obrador, aseguró que la incidencia delictiva va a la baja. Al inicio de la actual administración el promedio de homicidios dolosos era de 3.7 diarios; sostuvo que, al día de hoy, está por debajo de dos. “No se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva”, dijo el funcionario a medios de comunicación.

López Obrador atribuyó los hechos recientes a “bandas que se están peleando la plaza” y mencionó al CJNG y a La Barredora sin ahondar en el tema. También presumió el número de detenidos: más de mil 500 integrantes de la delincuencia organizada capturados durante la administración de Javier May Rodríguez, cifra que, dijo, supera a cualquier gobierno anterior.

El secretario se lanzó contra los medios, para pedirles mesura ante el tema de seguridad en el estado: “No hay que decir que se ha incrementado porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. Tienen que irse a la estadística”.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Erubiel Alonso Que, contradijo la versión del secretario de gobierno. En un encuentro con medios, afirmó que Tabasco lleva 30 días con muertos, descuartizados y asesinados apareciendo a diario en el territorio estatal, y acusó al gobierno de ocultar información junto con la Fiscalía.

Renzo Reggiardo pidió al Gobierno de José Balcázar tomar medidas urgentes frente al avance de la delincuencia durante una visita a las familias afectadas por el incendio ocurrido en Manzanilla, en el Cercado de Lima, tragedia que dejó diez fallecidos y que es investigada como un presunto atentado vinculado a la extorsión.

En declaraciones a RPP, el alcalde de Lima expresó su indignación por el incremento de la violencia criminal y cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a estos hechos. “Lo primero que tengo que decir es que se pongan los pantalones el Ejecutivo. Lamentablemente no se los pone hace mucho tiempo”, afirmó al referirse a la necesidad de adoptar acciones concretas para enfrentar la inseguridad.

Reggiardo sostuvo que la situación ya no puede seguir siendo tratada con medidas parciales y señaló que los recientes casos de violencia reflejan un problema que afecta a todo el país. Asimismo, indicó que el Gobierno central debe asumir un liderazgo más firme para enfrentar delitos como la extorsión, que, según dijo, continúa cobrando víctimas.

Gestión Balcázar, en el banquillo

El alcalde de Lima no ahorró críticas. Ante la pregunta de RPP sobre lo que hizo la administración de Balcázar frente a la inseguridad, la respuesta fue directa: “Absolutamente nada, lo están viendo”. El alcalde señaló que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), del que forma parte como burgomaestre capitalino, se ha convertido en lo que él mismo llamó “un té de tías”, en alusión a la falta de decisiones efectivas del organismo.

Para Reggiardo, la raíz del problema va más allá de la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). “El gobierno central tiene que ponerse los pantalones y abrocharse el cinturón y tomar decisiones que puedan ser incómodas, pero que son necesarias”.

El incendio de Manzanilla se suma a una cadena de hechos violentos que, según Renzo Reggiardo, se replica en todo el territorio peruano. “Estamos enfrascados en estupideces que ya no pueden seguir esperando más tiempo los pobladores”, sostuvo ante el citado medio.

Insiste en la Policía Municipal

El alcalde aprovechó la ocasión para reiterar una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana: la creación de una Policía o Guardia Municipal que complemente el trabajo de la Policía Nacional.

Según explicó a RPP, esta fuerza permitiría incorporar alrededor de 6.000 efectivos destinados a labores como el control del tránsito, la fiscalización de delitos menores y el apoyo en la lucha contra la extorsión. A su juicio, ello permitiría liberar a agentes de la Policía Nacional para que se concentren en combatir el crimen organizado.

Exhorta a Keiko Fujimori a priorizar seguridad

El burgomaestre también dirigió un mensaje a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien pidió implementar medidas inmediatas desde el inicio de su gestión para fortalecer la seguridad ciudadana.

En esa misma línea planteó que el nuevo Gobierno adopte medidas urgentes para enfrentar la inseguridad ciudadana desde el inicio de su gestión, mediante acciones que permitan fortalecer la respuesta del Estado y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Finalmente, Reggiardo aseguró que el Gobierno de José Balcázar “no hizo absolutamente nada” frente a la inseguridad y planteó la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule a la Policía, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y otras instituciones. Afirmó que la lucha contra el crimen requiere una respuesta integral del Estado.

El asesinato de Matías Ochonga en Córdoba dejó de ser tratado como un homicidio “común” y escaló a una unidad especializada en investigaciones dado que los rastrillajes para dar con el principal sospechoso aún no arrojaron resultados positivos. En este contexto, la Fiscalía de Delitos Complejos asumió la conducción de la causa.

La investigación se inició cuando, en medio de los festejos por una de las victorias de la selección argentina, la víctima recibió tres disparos por la espalda que le provocaron la muerte en el lugar.

A más de diez días del hecho, la causa pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Silvana Quaglia. Por el momento, el único detenido es el cuñado del sospechoso, Agustín Alexis Guevara. Lo acusan de encubrimiento, según informó el portal cordobés Cba24n.

El expediente salió de la Fiscalía de Instrucción de Feria de San Francisco para quedar bajo la órbita de Quaglia. Los operativos de la Policía de Córdoba se extendieron durante varios días en distintos barrios de San Francisco —donde ocurrió el crimen— como en domicilios de Frontera, la localidad que limita con la provincia de Santa Fe, sin que se lograra dar con el paradero del joven de 25 años, conocido como “Manay”.

Cómo murió

El crimen ocurrió en la madrugada del 13 de julio, pasadas las 2, en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco, mientras los vecinos festejaban el 3-1 de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. Ochonga, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda a corta distancia. Por la cantidad de personas reunidas en el lugar, la ambulancia no pudo acceder y la víctima fue trasladada en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su fallecimiento.

La investigación identificó a Guevara como el principal sospechoso a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y de los testimonios de testigos presentes durante el ataque. Sobre él pesa una orden de captura de alcance nacional. Además, registra un extenso historial de antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

La detención del familiar se produjo tras una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en la mencionada localidad de Santa Fe. El detenido quedó a disposición de la fiscalía, que busca determinar el rol de la red de apoyo que habría facilitado la fuga del sospechoso, de acuerdo con lo informado por Cba24n.

El dato que analizan los investigadores

La principal hipótesis de la investigación apunta a un ajuste de cuentas con raíces en disputas territoriales vinculadas al narcotráfico en dichas localidades. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, descartó desde el primer momento que el homicidio tuviera relación con los festejos deportivos. “Claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia, con la cuestión entre fronteras y San Francisco”, sostuvo el funcionario en rueda de prensa, según consignó Infobae. Quinteros también vinculó a Guevara con “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”.

Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas diez días antes del ataque, bajo el régimen de libertad condicional tras cumplir una condena por robos calificados. Al momento de su muerte, tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas. Aparentemente “lo estaban esperando”, dijo una fuente ligada a la investigación.

La causa avanza ahora con la Fiscalía de Delitos Complejos al frente, con pericias sobre los teléfonos secuestrados y el análisis de los registros fílmicos como líneas de trabajo centrales.

Las contradicciones alrededor de la muerte de Ilda Goyochea siguen siendo el principal foco de la investigación, dado que aún no se pudo establecer con precisión qué fue lo que ocurrió durante la reunión que se llevó a cabo en su casa y que terminó con el fatal desenlace. La familia de la mujer de 32 años no cree en la teoría del accidente doméstico y apunta a las contradicciones de los dos detenidos.

Este miércoles, el abogado de los padres, Fernando Gabriel Brizuela, presentó una denuncia formal para constituirse como querellante en la causa y exigió que la investigación se profundice. Según apuntó, la morfología de la herida en el cuello de la víctima no parecería haber sido producto de un accidente. Así lo informó el portal local Nueva Rioja.

La muerte de Goyochea ocurrió en su domicilio, ubicado en el barrio Infantería II de La Rioja. Allí, la mujer compartía una reunión con otras dos personas. La versión inicial indicaba que se había caído sobre una copa de vidrio rota, lo que le habría provocado un profundo corte en el cuello. Primero, la trasladaron a una clínica privada y luego la derivaron al Hospital Enrique Vera Barros, donde estuvo internada casi una semana y murió, según reconstruyó Nueva Rioja.

La causa quedó radicada originalmente en el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, quien trabajó en un primer momento bajo la hipótesis del accidente. Al detectar inconsistencias en los relatos de las dos personas, la magistrada ordenó la detención preventiva de ambos antes del inicio de la feria judicial. Posteriormente, el expediente pasó a la jueza Karina Andrea Torres, quien dispuso nuevas medidas: la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis pericial.

Fue en ese contexto que la familia de la víctima decidió buscar representación legal. Brizuela relató, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja, que los familiares llegaron a su estudio “profundamente preocupados por las distintas versiones que fueron apareciendo con el correr de los días”, y que esa fue la razón para presentar la denuncia y exigir una investigación a fondo.

Uno de los ejes del planteo de la querella es la descripción técnica del traumatismo cortante. “La herida era lineal, de aproximadamente entre ocho y diez centímetros. Esa característica no sería compatible con una producción por una copa rota, que normalmente genera un corte de carácter irregular”, sostuvo el abogado. A ese interrogante se sumó una presunta demora en la atención médica posterior al hecho.

Sobre la situación procesal de los dos detenidos, el letrado defendió la decisión judicial. “Una orden de detención de estas características no se dicta jamás sin fundamentos sólidos. En este momento procesal existe una hipótesis provisoria que ahora deberá ser profundamente contrastada y desarrollada durante la investigación penal preparatoria”, afirmó.

Frente al argumento de la defensa de los imputados, que encuadra el episodio como un trágico accidente, el letrado insistió en una principal incógnita. “No necesariamente tiene que existir un móvil evidente o preexistente para que ocurra un hecho de estas características. Lo verdaderamente importante en esta etapa es determinar con rigor científico qué pasó esa noche y cómo se produjo exactamente esa lesión”, expresó.

La familia aguarda los resultados de las pericias ordenadas, con especial atención al informe definitivo de la autopsia médico-legal. Ese documento, junto con el análisis de los teléfonos secuestrados y los registros fílmicos recopilados por los investigadores para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho, será determinante para establecer la causa de la muerte de la mujer.

La tranquilidad habitual de la campiña en el departamento de Matagalpa se quebró de forma trágica la madrugada del 20 de julio. Lo que debía ser el comienzo de una jornada laboral más en las tierras del municipio de San Ramón terminó convertido en un sangriento episodio que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

Antonio Godínez Arista, de aproximadamente 50 años, y su joven hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 23 años, fueron asesinados violentamente mientras resguardaban la propiedad donde laboraban. Padre e hijo se desempeñaban como cuidadores en la finca Blancher, un predio propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez.

Ambos habían salido desde muy tempranas horas con el compromiso de velar por el patrimonio del lugar, sin imaginar que se cruzarían en el camino de la muerte. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, es que varios sujetos armados habían ingresado a las parcelas con la intención de cometer abigeato (hurto de ganado) intentando sustraer una vaca de la propiedad.

Sin embargo, versiones recabadas entre los parientes de las víctimas apuntan también a una disputa originada cuando Antonio sorprendió a desconocidos invadiendo el terreno para realizar el corte ilegal de madera.

Al notar la presencia de los intrusos, Antonio Godínez decidió encararlos y reclamarles por el delito cometido en la finca que tenía bajo su custodia. La confrontación verbal escaló rápidamente en tensión. Al ver a su padre en peligro, el joven Eugenio intervino desesperadamente para defenderlo. La respuesta de los delincuentes fue implacable y despiadada: arremetieron contra ambos hombres utilizando armas cortantes.

Inicialmente se detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por machete. No obstante, conforme avanzaron las horas, los datos forenses recopilados revelaron que padre e hijo también habrían recibido impactos de bala durante el violento ataque, lo que les causó la muerte de manera casi instantánea en el lugar.

El desgarrador hallazgo en la parcela

El horror de la escena fue descubierto minutos después por la propia familia. Pablo Antonio Godínez Mendoza, también hijo de Antonio, relató los angustiosos momentos en que escuchó los gritos y la discusión a la distancia. Presintiendo lo peor, corrió entre los matorrales hacia el punto del conflicto.

Al llegar, la escena era desgarradora. Pablo encontró primero el cuerpo inerte de su padre sobre la hierba. Devastado por el dolor y en medio de la penumbra, comenzó a buscar desesperadamente a su hermano Eugenio, a quien halló a unos metros de distancia, también sin signos vitales.

La alerta inmediata movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades. Trascendió de forma extraoficial que otro familiar de las víctimas resultó con heridas de gravedad durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde permanece bajo supervisión médica.

Tras el reporte del doble homicidio, un contingente de la Policía Nacional junto a peritos de Criminalística y médicos forenses se desplegaron en la finca Blancher. Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias hemáticas, balísticas y huellas que permitan esclarecer con precisión el móvil del crimen.

Como resultado de las primeras acciones operativas en la zona de San Ramón, la Policía Nacional confirmó la detención de tres sospechosos identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría. Los tres ciudadanos permanecen bajo custodia policial y están siendo investigados por su presunta participación directa en el ataque.

Mientras los peritos continúan determinando si la causa principal del crimen fue el intento de abigeato o la invasión para la tala ilegal, la comunidad de Mina Verde y sus alrededores claman por justicia. La trágica partida de Antonio y Eugenio deja un profundo vacío entre sus seres queridos y un sentimiento de indignación en el campo matagalpino.

El expediente en el que se investiga el femicidio de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un pozo séptico en la localidad bonaerense de José C. Paz, aún espera sumar dos elementos claves: el resultado de la autopsia y la declaración indagatoria de Ignacio Daniel González, el dueño de la casa donde hallaron a la víctima y único detenido por el crimen.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que en cuanto a los exámenes forenses, se espera que los resultados para saber cómo fue asesinada se conozcan la semana próxima. Respecto al acusado, señalaron que el hombre sería vecino de ella. Él todavía permanece detenido en la provincia de Chaco, a donde viajó poco después de -presuntamente- haber cometido el femicidio, a la espera de que lo trasladen a territorio bonaerense.

“El trámite del traslado debe cumplir con ciertas formalidades requeridas por la normativa. No es inmediato”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La desaparición de Karina fue denunciada el 13 de julio por Ramón David Barrionuevo, pareja de la víctima, quien declaró que había discutido con ella por celos, que se fue a dormir y al despertar ella ya no estaba.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio y que efectivamente durante la madrugada hubo discusiones en la pareja.

La joven de 22 años no se llevó el celular, la tarjeta SUBE ni bolsos con ropa, y que dejó en la vivienda a su hijo de siete años, de una relación anterior.

Según trascendió, la joven solía ausentarse después de peleas, aunque siempre regresaba. El informe policial señaló que la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 activó el protocolo de búsqueda y ordenó tareas a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.

Cómo identificaron al principal sospechoso

Hasta ese momento, todo era un misterio. Sin embargo, la aparición de un video en el que se ve a Karina cambió todo. Mediante una imagen captada por una cámara privada a las 6 del domingo, se observó a la joven con su bicicleta y al lado de ella un hombre al que no identificaron, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

La Policía indicó que primero exhibieron esas imágenes a familiares de la mujer, que dijeron no reconocer al hombre. Pero, la situación cambió este sábado pasado, cuando el video se difundió públicamente.

Según se dio a conocer, familiares del hombre que aparecía en las imágenes llamaron a la Policía e informaron que se trataba de Ignacio Daniel González, de 35 años.

Dijeron que, tras insistir por teléfono, González les confesó haber matado a Karina y que arrojó el cuerpo al pozo séptico de su casa, ubicada en la calle Suecia al 4200.

Tras una orden allanamiento, la Policía bonaerense llegó hasta la vivienda y lograron encontrar en el pozo séptico el cuerpo enterrado de Karina. Estaba sin sus prendas de vestir, que estaban envueltas en su cabeza y algunas prendas del sospechoso que se visualizan en el video.

Asimismo, encontraron pedazos de la bicicleta que él había roto y que también arrojó al pozo. El femicida finalmente se entregó en la Comisaría Primera de la localidad de Charata, Chaco.

El vínculo entre el femicida y Karina era un vínculo de vecinos, de conocidos, según los primeros datos. Aún no se sabe si se encontraron de casualidad o si ya estaba pactado. Lo cierto es que González es el principal sospechoso de haber asesinado a la mujer.

En ese sentido, trascendió que en la vivienda del femicida también vivían su esposa y su hijo, pero al momento del hecho, no se encontraban, ya que el menor estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Resta ahora saber los resultados de la autopsia para saber cómo la mató y si va a explicarle la Justicia de San Martín por qué mató a Karina.

Un lote integrado por 15 vehículos de lujo fue localizado por autoridades federales durante un operativo realizado en Mérida, Yucatán, como parte de una investigación contra una presunta red de operaciones financieras del Cártel del Noreste. Los automóviles forman parte de bienes valuados en más de 145 millones de pesos asegurados durante cuatro cateos que también derivaron en la detención de Justo Aurelio “N”.

Aunque las autoridades no difundieron un inventario oficial con las marcas, modelos ni el valor individual de cada unidad, las imágenes compartidas por la Secretaría de Marina (Semar) permiten identificar parte de la colección integrada por algunos de los deportivos y vehículos de alto desempeño más exclusivos del mercado. En las diligencias también fueron asegurados armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, droga, dinero en efectivo, joyería, equipos de comunicación y cómputo, además de documentación y dispositivos de almacenamiento digital.

Los cateos fueron ejecutados en distintos puntos de Mérida como parte de una investigación sustentada en labores de inteligencia para identificar a personas presuntamente relacionadas con actividades del crimen organizado y afectar su estructura financiera.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Vehículos exclusivos y de series limitadas

Con base en las imágenes difundidas por la Secretaría de Marina fue posible identificar algunos de los automóviles que integran la colección. En las fotografías también se observan otras unidades de características similares cuya marca o versión no puede determinarse con precisión debido al ángulo de las tomas.

Entre los vehículos identificables destaca un Lamborghini Huracán STO color azul con detalles en naranja, una versión homologada para calle inspirada en competencias y desarrollada con un enfoque para conducción en circuito.

También se aprecia un Lamborghini Essenza SCV12, o una unidad con apariencia correspondiente a ese modelo, pintado en verde militar con distintivos de Pirelli. Se trata de un hiperdeportivo fabricado exclusivamente para pista y producido en una serie muy limitada.

Asimismo, se observan dos Lamborghini Huracán adicionales, uno en color gris y otro en verde oscuro.

Dentro de la colección también aparece un vehículo que, por sus características exteriores, aparenta ser un Ferrari F80 color rojo, uno de los modelos más exclusivos desarrollados por la firma italiana.

Las imágenes también permiten distinguir dos Porsche 911 GT3 RS blancos. Uno de ellos porta rines rojos y gráficos laterales, mientras que el otro incorpora un cofre de fibra de carbono con franjas negras. A estos se suman dos Porsche 911 adicionales, uno gris y otro verde oscuro.

La lista se complementa con una Ford SVT Lightning color rojo, una versión de alto desempeño de la camioneta F-150 desarrollada por la división Special Vehicle Team de Ford, una camioneta Mercedes-Benz Clase G en color rojo, así como un vehículo utilitario Can-Am Defender, utilizado comúnmente para recorridos todoterreno.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el valor individual de cada unidad ni confirmado oficialmente el modelo exacto de los vehículos identificados en las imágenes, por lo que las descripciones corresponden al análisis visual del material difundido por la Secretaría de Marina.

¿Qué más fue asegurado durante los cateos?

Además del lote de 15 vehículos de lujo, las autoridades localizaron una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación, equipo de cómputo, documentación y diversos medios de almacenamiento digital.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el valor conjunto de los bienes asegurados supera los 145 millones de pesos, aunque hasta el momento no se ha informado qué proporción corresponde a los automóviles ni se ha difundido un avalúo detallado de las unidades.

La captura de Justo Aurelio “N”

Durante las diligencias fue detenido Justo Aurelio “N”, quien es identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos que se le imputan ni han confirmado públicamente el alcance de su presunta participación dentro de esa organización criminal. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Yucatán, una entidad utilizada para operaciones financieras del crimen organizado

Aunque Yucatán mantiene algunos de los índices de violencia más bajos del país, reportes de inteligencia nacionales e internacionales han documentado la presencia de organizaciones criminales que utilizan la entidad para actividades como el lavado de dinero, el trasiego de drogas y operaciones logísticas.

Entre los grupos con presencia identificada en la Península figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La detención de Justo Aurelio “N” y el aseguramiento de los bienes fueron atribuidos por las autoridades a una investigación relacionada con el Cártel del Noreste, organización que presuntamente extendió parte de sus operaciones financieras hacia la península.

La ubicación geográfica de Yucatán, con conexión hacia Quintana Roo, Campeche, Centroamérica y rutas marítimas del Caribe, lo ha convertido en un punto de interés para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras economías ilícitas.

Norma Varela Tula, una mujer de 61 años de la provincia de Catamarca, fue asesinada de múltiples puñaladas y por el crimen detuvieron a su hijo. Según denunció la sobrina de la víctima, el sospechoso -identificado como Joaquín Tula (22)- era violento con su madre.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado domingo por la noche en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. Fue justamente la sobrina de Norma la que encontró el cadáver en medio de una escena espeluznante.

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran molido a piñas. Tenía la cara destruida. Tenía una manguera negra de agua como las de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo (como de medio metro). Tenía un haragán en la vagina. La había ensartado con el haragán. Tenía los pantalones y la bombacha debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, señaló Soledad, la sobrina, en diálogo con el diario local El Ancasti.

Según dijo, existían antecedentes de conflictos y episodios violentos entre Norma y el hijo de 22 años, principal sospechoso del crimen. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, relató la mujer.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, a cargo de Yésica Miranda. Según la autopsia, Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Si bien no trascendió el número exacto de puñaladas, desde la familia señalaron que la mujer recibió más de 40 puntazos.

“Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible. Ella sabía tener una heladera pegada a una pared, que estaba inclinada como si la hubieran empujado. Me da a pensar que ellos forcejearon. Había mucho desorden en la casa, propio de mi tía”, detalló.

De acuerdo con el medio local, las pericias preliminares señalaron que todo habría ocurrido entre las 12.45 y las 19 horas del domingo. Soledad contó que mientras estaba en su casa, cerca del domicilio de su tía, vio cuando el sospechoso llegó en un auto rojo, junto a un amigo.

“Estaba en mi casa haciendo limpieza. Veo que Joaquín llega con un amigo en un auto rojo. Llegan a mi casa, se estacionan al frente, conversan. Él entra a mi casa por el costado del pasillo y se dirigen a la suya, porque ellos entraban y salían por (el costado de) mi casa”, recordó.

La familiar relató que tras escuchar la disputa, observó a Joaquín salir de la casa desorientado y sin responder a sus preguntas.

“Entré a mi casa, me puse a cocinar y Joaquín salió. Habrá sido la 13.30. Salió corriendo para la avenida San Martín, por frente de mi casa”, explicó. Según la reconstrucción que pudo hacer, indicó que el joven se dirigió a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó parte de sus pertenencias y habría comentado que mató a su madre", añadió.

Posteriormente se contactó a un hombre que usualmente le daba trabajo, quien notó que presentaba manchas de sangre y una mano lastimada. El conocido lo llevó a su domicilio, donde habrían mantenido una pelea. Tras el incidente, el hombre se dirigió a la casa de Soledad para avisarle que algo grave había ocurrido con su tía.

“Es un hombre grande, con un corazón inmenso. Ahí él le cuenta que había matado a su mamá. Lo retiene. Se saca las zapatillas y supuestamente una billetera. Él lo retiene y le da unas ojotas”, señaló la sobrina.

“Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa. Entro a buscarla habitación por habitación. Entro a la habitación de él, en una punta de la cama había una bolsita con preservativos. Voy a la cocina, veo que había una hornalla encendida sin nada encima. Intenté apagarla, pero no se cerraba el gas”, relató.

Recordó que al buscarla en su habitación no la encontró, y que entonces revisó otra pieza que estaba cerrada con llave: “Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible”, detalló.

Desde el entorno familiar señalaron que la víctima había comenzado a cobrar su jubilación recientemente, lo que habría motivado nuevas exigencias económicas por parte del supuesto agresor. Según el relato de Soledad, el acusado no trabajaba y pretendía vivir a expensas de su madre.

“No tengo palabras para describir lo que vi. Declaré (el domingo a la noche). La agresión con mi tía venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre los dos. Ella lo corría de la casa porque él era muy violento”, finalizó.

Una sobrina, identificada como Florencia Tula, publicó un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta. Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor”.