El ambiente en las afueras del Instituto Gubernamental Técnico Abelardo R. Fortín, ubicado en la histórica ciudad de Comayagüela, no era el habitual al despuntar la mañana.

Aunque los portones principales se abrieron de par en par para recibir a la masa estudiantil, un velo de pesado dolor, luto e indignación envuelve cada rincón de la institución. En los rostros de los docentes, padres de familia y compañeros de aula no hay las sonrisas ni el murmullo característico del inicio de jornada académica, sino el reflejo de una tragedia humana que vuelve a golpear brutalmente al sistema educativo y a la sociedad hondureña en su conjunto.

Kenneth Jafet Pozo Flores, un jovencito de apenas 16 años de edad, estudiante del undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas en la jornada matutina, fue brutalmente asesinado en la capital. Con el anhelo intacto de egresar muy pronto y obtener su título de educación media, Kenneth vio cortados de tajo sus sueños de la forma más trágica y despiadada a manos de la violencia criminal.

La tarde del martes pasado 5 de agosto, Kenneth salió de las instalaciones del instituto con destino hacia el sector 7 de la populosa colonia Villa Nueva. De acuerdo con datos preliminares en manos de las autoridades, el menor habría acudido a una cita engañosa tras ser contactado por una joven cuya identidad aún se desconoce por completo.

Al llegar al punto acordado en la colonia Villa Nueva, Kenneth fue interceptado y privado de su libertad por personas desconocidas. Horas después, durante la medianoche del mismo martes, la trágica noticia se confirmó cuando vecinos reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un sector solitario de la colonia La Joya, en Tegucigalpa.

El cadáver presentaba múltiples perforaciones e impactos provocados por proyectil de arma de fuego, confirmando un crimen perpetrado de manera violenta y despiadada.

Luto oficial en las aulas y la zozobra de la comunidad

Ayer, 6 de agosto, el cuerpo del estudiante fue identificado y entregado oficialmente por las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Medicina Forense a sus desolados familiares. Tras confirmarse el fatal desenlace, las autoridades del Instituto Técnico Abelardo R. Fortín hicieron público un emotivo comunicado para solidarizarse con el profundo dolor de sus parientes.

A pesar de la profunda tristeza que embarga a la institución, las autoridades académicas manifestaron que las clases no pueden detenerse. Durante la mañana, padres de familia acudieron temerosos a dejar a sus hijos hasta el portón de entrada, encargándolos minuciosamente a los maestros encargados antes de retirarse. La zozobra de la comunidad es evidente: mientras los alumnos mayores intentan mantener la rutina escolar, la sombra de la inseguridad acecha constantemente a la juventud hondureña, demostrando la vulnerabilidad a la que están expuestos a diario.

La dolorosa ejecución del joven no representa un caso aislado, sino que forma parte del sombrío y alarmante panorama de violencia sistemática que azota a Honduras en las últimas semanas. Apenas en el transcurso de los últimos días, el país ha presenciado una ola incesante de crímenes sangrientos que incluye masacres violentas en diversos puntos del territorio nacional, cobrando la vida de hombres, mujeres y jóvenes por igual.

El asesinato del estudiante se suma a las preocupantes estadísticas de muertes violentas de menores y adolescentes, un flagelo que refleja la impunidad y el dominio que mantienen estructuras criminales sobre barrios y colonias.

Ante la conmoción social generada por este nuevo hecho de sangre, los equipos especializados de la DPI han manifestado que continúan ejecutando diligencias de campo y análisis de inteligencia para esclarecer la verdad de los hechos, determinar el móvil exacto del rapto y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato que hoy vuelve a enlutarse a las aulas de Honduras.

La Justicia de Santa Fe condenó a 11 años de prisión a Milton Orlando Lanche de 24 años por el homicidio de Ezequiel Eliseo Cardozo. El crimen sucedió en la previa del Año Nuevo de 2023 tras una discusión callejera en San Javier. La victima recibió dos puñaladas y murió horas más tarde en el Hospital José María Cullen.

La pena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y Pablo Lipowy, quienes sostuvieron la acusación por homicidio simple contra el joven.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que Lanche admitió su culpabilidad y consintió tanto la sanción impuesta como la tipificación del delito. Su abogada defensora igualmente aprobó el acuerdo alcanzado. Por otro lado, la familia de la víctima fue informada acerca de la decisión y manifestó estar de acuerdo con la resolución del caso.

El condenado fue arrestado poco después del ataque, en las cercanías del lugar en el que ocurrió el crimen en la ciudad de San Javier. La reconstrucción judicial indicó que al momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder una cuchilla con restos de sangre, elemento que luego fue incorporado a la investigación como el arma utilizada en el hecho.

Durante una etapa previa del expediente, la defensa intentó sostener que el acusado había actuado en un contexto de legítima defensa, apuntando a reconocer una agresión previa, pero con una reacción que supera los límites permitidos por la ley. Sin embargo, la hipótesis fue descartada en las audiencias preliminares en la sede judicial y prevaleció la acusación de la Fiscalía, que encuadró el hecho como un homicidio simple.

En la resolución final, la magistrada homologó el acuerdo alcanzado por las partes y fijó la condena en 11 años de cumplimiento efectivo. De ese modo, el caso quedó cerrado sin necesidad de un debate oral extenso. El trámite abreviado permitió resolver el proceso con el aval de todas las partes intervinientes, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal. La sentencia quedó firme en esa instancia y clausuró el expediente judicial abierto por el crimen cometido en la noche del 31 de diciembre.

Reconstrucción del homicidio

El hecho ocurrió el domingo 31 de diciembre de 2023 alrededor de las 23:20 en inmediaciones de Pasaje 21 de Abril y Miquichises, en la ciudad de San Javier, cabecera del departamento homónimo. Según detalló el fiscal Pablo Lipowy al exponer el caso, el crimen sucedió en el marco de una discusión entre Milton Orlando Lanche y Ezequiel Eliseo Cardozo.

Durante la secuencia, el ahora condenado llevó a cabo un ataque contra la víctima utilizando un cuchillo como arma, y le causó dos heridas de tipo punzocortante: una de ellas se localizó en la región del tórax y la otra en el abdomen de la víctima. El MPA señaló que Cardozo padeció graves lesiones y, como consecuencia, requirió recibir asistencia médica de manera inmediata.

En la zona había otras personas reunidas a la espera de la llegada del nuevo año. Después del ataque, familiares de la víctima lo auxiliaron y lo trasladaron primero a un centro de salud local. Más tarde, por la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital José María Cullen.

Cardozo murió en ese efector de la capital santafesina durante la mañana del 1 de enero de 2024. A pesar de los intentos médicos, el cuadro de Cardozo terminó siendo fatal y perdió la vida alrededor de las 7, varias horas después de la agresión ocurrida en Santa Fe.

Una preocupante racha de violencia ha golpeado a la comunidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica durante los primeros días de agosto de 2026. Diversos ataques armados y agresiones con armas blancas ocurridos en distintas regiones del país centroamericano han dejado un saldo trágico de varios ciudadanos de origen nicaragüense muertos y gravemente heridos, hechos que se encuentran bajo una intensa investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los sucesos más sangrientos se registró durante la madrugada del pasado domingo (2 de agosto), en la localidad turística de Tamarindo, en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.

Dos hombres de nacionalidad nicaragüense, identificados por las autoridades con los apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33, viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron emboscados. De acuerdo con los informes preliminares brindados por el OIJ, otro automóvil interceptó a las víctimas y desde su interior desconocidos dispararon en múltiples ocasiones. La ráfaga de proyectiles causó la muerte instantánea de ambos ocupantes, mientras que los perpetradores se dieron a la fuga y continúan sin ser localizados por los cuerpos policiales.

Ese misma noche, en la provincia de Alajuela, un joven de nacionalidad nicaragüense, identificado como Yerling Antonio Hernández Martínez, de 24 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en las afueras de un establecimiento nocturno en Santa Fe de Guatuso.

Informes judiciales detallan que el incidente se desencadenó a partir de una acalorada discusión dentro de un bar, en la que participaron tres hombres. La riña derivó en que dos de los sujetos atacaran a Hernández Martínez con un puñal, propinándole heridas mortales. Pese a la pronta llegada de la Cruz Roja, los socorristas determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales. En un rápido operativo, la Fuerza Pública logró la detención de dos sospechosos de participar en el crimen, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

Apenas unos días después, la violencia volvió a golpear la zona guanacasteca. En la madrugada de ayer, miércoles 5 de agosto, alrededor de la 1:00 a. m., se reportó un grave atentado directo en la comunidad de Corralillo de Filadelfia, en el cantón de Carrillo. Un hombre nicaragüense de apellido Ruiz resultó gravemente herido tras ser acribillado.

Según la reconstrucción de los hechos, el afectado se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó que alguien lo llamaba desde la parte exterior. Al salir a atender la llamada, fue atacado a balazos a quemarropa.

Ruiz sufrió cuatro impactos de bala distribuidos en el tórax, la clavícula y la mano izquierda. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazarán para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia hacia un centro médico de la localidad, y posteriormente al hospital regional de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.

Éxodo desde Nicaragua: La crisis bajo el régimen de Daniel Ortega empuja a miles hacia Costa Rica

Esta preocupante seguidilla de hechos violentos pone de manifiesto la vulnerabilidad de una población que ha crecido exponencialmente en territorio costarricense durante los últimos años. El continuo deterioro socioeconómico, la represión política y la sistemática persecución de la disidencia impuesta por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua han provocado uno de los éxodos migratorios más grandes en la historia reciente de Centroamérica.

Miles de ciudadanos nicaragüenses se ven forzados a abandonar su tierra natal ante el acoso estatal, la falta de libertades fundamentales y la escasez de oportunidades laborales. Costa Rica, por su proximidad geográfica y su histórica tradición de acogida, se ha convertido en el principal destino de refugio para las familias nicaragüenses que buscan salvaguardar sus vidas y construir un futuro digno.

Sin embargo, al llegar al país tico, los migrantes nicaragüenses no solo se enfrentan al reto de la integración laboral y social, sino que también quedan expuestos al alarmante incremento en los índices de criminalidad e inseguridad que enfrenta el país vecino.

El abogado jujeño Diego Javier Chacón fue detenido en Salta cuando regresaba de Estados Unidos, luego de que la Justicia revocara su libertad y ordenara una captura internacional por haber salido del país sin autorización judicial. El procedimiento se concretó en el aeropuerto de Salta y quedó a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Diego Javier Chacón estaba en libertad desde enero de 2025, pero bajo medidas de coerción que le prohibían abandonar el país sin permiso del tribunal. Al constatarse que había viajado al exterior pese a esa restricción, el juez de Control Marco Espinassi dispuso revocar el beneficio, ordenar su detención inmediata y librar una Alerta Roja de Interpol.

Durante una audiencia realizada el 15 de julio, el propio Chacón informó que ya se encontraba en territorio estadounidense para asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026, pese a que la Justicia había rechazado previamente su pedido de viaje. “Pido perdón a la Justicia jujeña, a mis familiares, pero la Selección Argentina me necesitaba. Soy un apasionado del fútbol, no busco que me entiendan, les estoy contando lo que motivó a no acatar las medidas judiciales”, dijo el abogado según informó El Tribuno de Jujuy.

Fuentes judiciales indicaron que Chacón permanece alojado en el Servicio Penitenciario de Salta, mientras se define la audiencia de extradición para su traslado a Jujuy. En esa instancia se resolverá el procedimiento formal para su remisión a la provincia, donde deberá volver a presentarse ante las autoridades judiciales que intervienen en la causa. Tras ese paso, quedará nuevamente sometido a las decisiones del tribunal jujeño.

La detención hizo que el nombre de Chacón se instalara nuevamente en el centro de una causa judicial que tiene un alto impacto en la provincia. El abogado había estado arrestado previamente en Qatar en 2022, en una ocasión diferente que también estuvo vinculada a su salida del país en momentos en que seguía en curso la investigación judicial en su contra.

La imputación del abogado

Chacón está imputado en la investigación por el violento asalto cometido en noviembre de 2022 contra una distribuidora del barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, hecho en el que murió el empleado César Martínez tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, al abogado se le atribuye haber aportado información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento a quienes ejecutaron el ataque. La causa fue calificada provisoriamente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

En esa hipótesis, su rol habría sido el de facilitador para la concreción del robo. El Tribuno de Jujuy agregó que por este hecho ya fueron condenados otros involucrados. Entre ellos figura Elsa López, una tarotista santiagueña que residía en Palpalá, y también hombres oriundos de Mendoza que, según la acusación fiscal citada por ese diario, integraban la banda que concretó el asalto.

La situación procesal de Chacón había quedado a la espera de un nuevo juicio, luego de que su defensa solicitara el cese de detención tras superar los tres años sin condena firme. A partir de esa resolución, recuperó la libertad bajo reglas de conducta y con prohibición de abandonar el país, condiciones que la fiscalía consideró incumplidas.

El juez Espinassi sostuvo que la salida del país configuró un incumplimiento grave de las medidas cautelares. La resolución remarcó además que Chacón, por su condición de abogado, conocía el alcance jurídico de las restricciones impuestas.

Un empleado de mantenimiento al que Caroline Heaviland había contratado para trabajar en su propiedad de Cabo Velas es el principal sospechoso de su asesinato, según confirmó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial a medios locales.

La acupunturista estadounidense de 75 años fue hallada muerta el lunes 3 de agosto dentro de su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste, con golpes contusos en la cabeza.

Lo que puso al sospechoso ante las autoridades no fue una denuncia ni una pista: fue un retén policial en Liberia, según destaca una nota del periódico La Teja.CR.

El hombre conducía el vehículo de la víctima cuando agentes de Tránsito lo detuvieron por conducción temeraria.

Un juzgado le impuso 15 días de prisión preventiva por ese delito. Solo después, durante el avance de las diligencias por el homicidio, los investigadores hallaron en su poder tarjetas bancarias pertenecientes a Heaviland.

Quién era Caroline Heaviland y qué revelan sus allegados

Heaviland vivía en Costa Rica desde 2002. Durante más de dos décadas atendió pacientes como acupunturista certificada con más de 40 años de trayectoria y llegó a operar una clínica propia en la zona de Tamarindo hasta 2023.

El día de su muerte tenía previsto viajar a California. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera de madrugada y la llevara al aeropuerto. Fue ese conductor quien la encontró sin vida frente a su casa y alertó a las autoridades.

Una amiga identificada como Susan Curtis publicó en redes sociales: “Es con el más pesado de los corazones que comparto la noticia de que nuestra dulce, asombrosa y talentosa sanadora Caroline Heaviland falleció anoche. Ella fue víctima de un crimen violento”, cita La Teja.

Allegados a la víctima revelaron a las autoridades un dato que ahora se convierte en una línea de investigación: semanas antes del crimen, Heaviland les había comentado sobre diferencias con un hombre que realizaba labores de jardinería en su propiedad. El OIJ analiza si ese conflicto previo guarda relación con el homicidio, aunque sin conclusiones hasta el momento.

Un patrón que se repite en Guanacaste y otras zonas turísticas

El crimen de Heaviland no es un caso aislado en la región. En junio de 2026, Andrea Richter, una alemana de 63 años radicada en Costa Rica desde hacía cinco años, fue hallada muerta en una finca en 27 de Abril de Santa Cruz, la misma zona geográfica donde ocurrió el asesinato de la acupunturista. El Organismo de Inteligencia Judicial OIJ mantiene ese caso abierto sin un detenido.

En febrero de 2026, el surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años y radicado desde hace años en Costa Rica, fue encontrado sin vida en un apartamento de Cahuita, en la provincia de Limón, según detalló Infobae.

Las autoridades locales confirmaron que Van Dyke fue encontrado estrangulado y con múltiples heridas de arma blanca, tras un aparente asalto violento en su domicilio.

En septiembre de 2025, el doble homicidio de la pareja austriaco-alemana Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus en Quepos sacudió al país. Los sospechosos se acercaron a las víctimas fingiendo interés en comprar su finca, valorada en aproximadamente USD 1 millón. Tres personas fueron detenidas.

Costa Rica cerró 2025 con alrededor de 900 asaltos contra turistas extranjeros, según datos del OIJ. La mayoría se concentró en San José, aunque el Pacífico Central acumuló unos 319 expedientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al país en nivel 2 de alerta: “Ejercer mayor precaución”, desde abril de 2026, sin cambios desde entonces.

Las tarjetas bancarias y el alcance de la investigación

El OIJ investiga si las tarjetas de Heaviland halladas en poder del sospechoso fueron utilizadas en algún establecimiento comercial después del crimen. Soto indicó que esas pesquisas continúan para determinar el alcance total de los presuntos delitos.

“La investigación continúa; en apariencia, el responsable de este homicidio es una persona cercana a la víctima que trabajaba para ella”, declaró Soto, según se destaca en La Teja.

La acusación contra una subcomisionada de la policía de Mount Vernon, en Nueva York, por un episodio de violencia armada en el Bronx sacudió este martes a las fuerzas de seguridad del estado.

Jennifer Lackard, apartada ese mismo día de su cargo, quedó involucrada en una causa por conspiración por presuntamente haber ayudado a su hijo a escapar después de un tiroteo.

El joven, Chase Lackard, de 20 años, quedó imputado por intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma de fuego, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La investigación adquirió una dimensión mayor por el perfil de la acusada, una funcionaria de rango jerárquico dentro de una estructura local. La ciudad confirmó su desplazamiento con efecto inmediato y aclaró que el expediente no guarda relación con las tareas que cumplía en la división de Bienestar del departamento.

Qué ocurrió frente al Tribunal Penal del Bronx

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 29 de junio en las inmediaciones del Tribunal Penal del Bronx, en la esquina de East 162nd Street y Grant Avenue.

Testigos y grabaciones de video permitieron reconstruir la secuencia bajo investigación, indicó la policía en declaraciones citadas por The New York Times.

De acuerdo con esa versión, Chase Lackard estaba en la vía pública ese día cuando extrajo un arma y disparó contra un grupo de personas.

Las autoridades aseguraron que nadie resultó herido, aunque remarcaron que el hecho fue considerado de extrema gravedad por haberse producido en una zona transitada y frente a un edificio judicial.

De acuerdo con ABC7 New York, los investigadores creen que el blanco del ataque era un hombre vinculado a una banda rival. Después de los disparos, el joven subió a un automóvil que se alejó a gran velocidad.

Agentes citados por The New York Times afirmaron que, tras una pesquisa posterior, los detectives identificaron a Chase Lackard como el presunto autor de los tiros y a Jennifer Lackard como la conductora del vehículo utilizado para la fuga.

Los cargos contra la exfuncionaria y su hijo

Las fuerzas de seguridad detallaron que Jennifer Lackard, de 49 años, fue arrestada en su domicilio del barrio de Soundview, en el Bronx, junto con su hijo.

A ella le atribuyen un cargo de conspiración. A él, en cambio, le adjudican intento de asesinato, conspiración y posesión ilegal de un arma, precisó el diario estadounidense.

Dos agentes con conocimiento del caso, que hablaron con The New York Times bajo reserva, señalaron que las detenciones se concretaron a partir de una presentación impulsada por la fiscalía del distrito del Bronx.

Jennifer Lackard se declaró inocente en su comparecencia judicial, donde intervino su defensa, según reportes de medios locales. El medio añadió que no logró obtener en lo inmediato una respuesta del abogado que representó a Chase Lackard en procesos previos.

La administración de Mount Vernon informó en un comunicado que estaba al tanto del proceso penal y que resolvió remover a la funcionaria de su cargo en forma inmediata.

En ese mismo mensaje, la ciudad evitó pronunciarse sobre el expediente y se limitó a señalar que los hechos bajo análisis no estaban relacionados con su empleo municipal.

Los antecedentes del joven acusado

El caso tomó una dimensión mayor por los antecedentes judiciales de Chase Lackard. Documentos citados por The New York Times muestran que el joven ya había enfrentado al menos dos causas penales en la ciudad de Nueva York por hechos vinculados con armas.

Medios locales reportaron que, en enero de 2023, cuando tenía 17 años, Chase Lackard recibió un disparo en el pecho dentro de un autobús BX5 en Soundview.

Más adelante, en agosto de 2024, fue arrestado en Manhattan y acusado ante la Corte Suprema de ese distrito por posesión ilegal de un arma de fuego y otros delitos. En ese expediente se declaró inocente, de acuerdo con The New York Times.

Luego, en noviembre de 2024, volvió a quedar detenido en el Bronx por varios cargos, entre ellos posesión ilegal de armas y amenazas.

Un funcionario policial afirmó al diario que, en ese episodio, el joven sacó una pistola cargada y la apuntó hacia varios agentes uniformados.

Los policías respondieron con disparos, lo hirieron y después lo trasladaron a un hospital cercano en condición estable. Más tarde también se declaró inocente en ese proceso.

El impacto institucional del caso

Hasta su arresto de este martes, Jennifer Lackard no tenía antecedentes penales en ninguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, según consignó The New York Times.

Ese dato añadió un componente institucional al expediente, ya que se trata de una funcionaria de rango jerárquico dentro de una ciudad del condado de Westchester.

La investigación ahora busca determinar con precisión cuál fue el nivel de participación de la exsubcomisionada en la huida de su hijo y qué pruebas sostienen la presentación realizada por la fiscalía del Bronx.

Una tragedia sacudió a la comunidad de Ramona, California, el 17 de febrero de 2025, cuando la capitana de bomberos Rebecca “Becky” Marodi, de 49 años, fue hallada muerta en su propio hogar. El caso rápidamente atrajo la atención mediática y social, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon el asesinato.

El crimen tuvo lugar en la residencia que compartía el matrimonio en Ramona, donde la madre de Rebecca encontró el cuerpo de su hija con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el pecho y el abdomen. Los bomberos acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero la capitana finalmente falleció a causa de las lesiones.

La noche del asesinato, según la Oficina del Sheriff de San Diego (SDSO), las cámaras de seguridad captaron momentos clave: se registraron imágenes en las que Yolanda Marodi, esposa de la víctima, discutía y agredía físicamente a Rebecca antes de abandonar la casa. Esas imágenes también la mostraron persiguiendo a la capitana de bomberos por el patio mientras sostenía un cuchillo, alrededor de las 20:00, hora local.

En un momento especialmente impactante, se escucha la voz que se presume pertenece a Rebecca suplicando: “Yolanda, por favor... no quiero morir”. A lo que Yolanda, con sangre visible en los brazos, respondió: “Deberías haber pensado en eso antes”. Después de este intercambio, la víctima le pidió que llamara al 911, pero minutos después, la agresora cargó equipaje y mascotas en una camioneta y se marchó del domicilio.

La confesión y declaración de culpabilidad de Yolanda Marodi

El caso dio un giro definitivo cuando, tras meses de investigaciones y procedimientos judiciales, Yolanda Marodi se presentó ante el tribunal y confesó el crimen. Inicialmente se había declarado inocente, pero el martes 4 de agosto de 2026, durante una audiencia, admitió su responsabilidad ante el cargo de homicidio en segundo grado.

Cuando el juez le preguntó su declaración respecto al Cargo 1, Yolanda respondió: “Culpable”, según informó FOX 5 San Diego. Esta admisión se produjo tras la negociación entre la fiscalía y la defensa, quienes acordaron reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. El fiscal adjunto Jared Coleman señaló que el acuerdo tomó en cuenta varios factores, “quizás el más importante de los cuales fue el deseo de la familia de la víctima de encontrar respuestas”.

La declaración de culpabilidad significa que Yolanda reconoció ante la justicia haber causado la muerte de su esposa, lo que puso fin a la etapa de incertidumbre procesal. La decisión fue confirmada por medios como NBC 7 San Diego, que reportaron la confesión y el cambio de postura de la acusada respecto a su declaración inicial.

La huida de Yolanda a México y su captura

Tras la agresión mortal, Yolanda Marodi decidió huir del país. Horas después del asesinato, fue registrada cruzando la frontera hacia México, llevándose consigo algunas pertenencias y mascotas. Durante 33 días permaneció prófuga, hasta que fue localizada por las autoridades mexicanas en Mexicali.

El 22 de marzo, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego fue alertada sobre su paradero cerca de un hotel en la Avenida Fresnillo, según información de NBC 7 San Diego. Yolanda fue arrestada y posteriormente entregada a los alguaciles estadounidenses, quienes la trasladaron de regreso a California para enfrentar los cargos por el asesinato de su esposa.

Durante su tiempo prófuga, la colaboración entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos resultó fundamental para su captura. La coordinación permitió que, menos de cinco semanas después de los hechos, la principal sospechosa estuviera bajo custodia y a disposición de la justicia californiana.

Detalles de la investigación: imágenes, mensajes y testimonios

Desde el inicio, la investigación se apoyó en pruebas contundentes. Las cámaras de vigilancia de la casa documentaron los momentos previos y posteriores al crimen, mostrando la agresión y la huida de Yolanda. Además, una orden de arresto revisada por la revista PEOPLE reveló un elemento adicional: mensajes de texto enviados por Yolanda un día después del asesinato a una conocida.

En esos mensajes, Yolanda relató: “Becky llegó a casa y me dijo que me dejaba… Conoció a otra persona, todos los mensajes eran mentiras. Tuvimos una gran pelea y la lastimé… Lo siento”. Estos mensajes reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre un móvil pasional y la secuencia de hechos que culminaron en el homicidio.

El testimonio de la madre de Rebecca, quien fue la primera en encontrar el cuerpo, también resultó clave en la reconstrucción de la cronología de los acontecimientos. Los agentes del sheriff y los bomberos que acudieron al lugar documentaron el estado de la víctima y el entorno, elementos que facilitaron la identificación temprana de Yolanda como principal sospechosa.

Antecedentes penales de Yolanda Marodi

La investigación reveló otro dato relevante: Yolanda Marodi ya había estado en prisión. Cumplió condena desde febrero de 2004 hasta noviembre de 2013 por homicidio involuntario tras la muerte a puñaladas de su entonces esposo, James Olejniczak. Este antecedente penal fue documentado por NBC 7 San Diego y se consideró en el proceso judicial actual. La reincidencia de Yolanda en hechos violentos con resultado mortal añadió gravedad a su situación legal y fue tomada en cuenta tanto por la fiscalía como por la opinión pública.

Próxima sentencia y posibles penas

La sentencia de Yolanda Marodi por la muerte de Rebecca está programada para el 2 de septiembre. Según lo informado por NBC 7 San Diego y FOX 5 San Diego, la acusada enfrenta una condena que oscila entre 36 años y cadena perpetua. El fallo final dependerá de la decisión del tribunal y de las consideraciones adicionales que surjan durante la audiencia de sentencia.

El crimen ocurrió a plena luz del día en el paradero nueve del distrito. Según las imágenes de videovigilancia difundidas por Latina Noticias, Barazarte Godoy persiguió a Cisneros Peña por la vía pública antes de propinarle al menos diez puñaladas.

Tras ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el acusado reconoció haber utilizado un cuchillo durante la pelea y justificó su accionar por una supuesta deuda de siete soles. “Él se lo buscó”, afirmó cuando fue consultado por lo ocurrido.

El detenido justificó el ataque y dijo que la deuda era una cuestión de “lealtad”

Durante su traslado a la comisaría Sol de Oro, Francisco Ramón Barazarte Godoy respondió a las preguntas sobre el homicidio de su colega. El acusado aseguró que el conflicto comenzó cuando fue a cobrarle un dinero que, según su versión, le había prestado la noche anterior.

“Anoche yo le presté un dinero y se lo fui a cobrar. Esta mañana no lo vi porque no salió. Se lo cobré cuando salió en la tarde y me dijo que no, que no me iba a pagar nada”, relató.

Cuando le preguntaron cuánto dinero le debía la víctima, respondió que eran siete soles. Sin embargo, intentó restarle importancia al monto y señaló que el problema iba más allá del dinero.

“Él me debía, no era mucho, pero lo que vale es la lealtad”, manifestó el detenido durante su declaración.

Según su versión, la discusión aumentó de intensidad hasta que ambos terminaron enfrentándose físicamente. “Nos caímos a golpes y bueno, saqué mi arma blanca y le di su puñalada”, declaró.

“No me arrepiento”

La reacción de Barazarte Godoy generó cuestionamientos debido a la forma en que respondió tras el crimen. Cuando fue consultado si se arrepentía de haber atacado a Martín Cisneros Peña, negó sentir remordimiento.

“No me arrepiento, la verdad”, afirmó frente a las cámaras.

El acusado insistió en que actuó como respuesta a una supuesta agresión previa. “Él me agredió y yo me defendí”, sostuvo durante su traslado a la dependencia policial.

Ante una nueva pregunta sobre si lamentaba haberle causado la muerte a su compañero, volvió a responsabilizar a la víctima por lo ocurrido. “Se metió conmigo y yo…”, respondió antes de continuar justificando su accionar.

La Policía informó que el intervenido fue detenido en una vivienda ubicada en la misma calle donde ocurrió el ataque. Al momento de su captura vestía ropa diferente a la que llevaba durante la agresión registrada por las cámaras de seguridad.

Mototaxista murió tras recibir más de diez puñaladas a manos de su colega

El ataque contra Martín Cisneros Peña ocurrió mientras ambos realizaban labores como mototaxistas en la zona. Las imágenes muestran que el enfrentamiento se produjo en la vía pública y ante la presencia de vecinos que alertaron sobre lo ocurrido.

Luego de la agresión, los residentes del sector intentaron intervenir e incluso algunos buscaron retener al atacante. La Policía tuvo que acudir al lugar para controlar la situación y trasladar al sospechoso hasta la comisaría Sol de Oro.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrió exactamente la pelea y establecer las responsabilidades del caso.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, Barazarte Godoy registra antecedentes por robo. Mientras avanzan las diligencias fiscales, el caso permanece bajo investigación por el presunto delito de homicidio.

El 11 de octubre de 2025, desde un Airbnb en el monte de Reddick, Florida, Sonia Exelby le escribió a una amiga a través de la app Discord lo que ella misma describió como su última comunicación. “Mi tiempo se acabó“, escribió.

Tenía 32 años, había volado desde Portsmouth, Inglaterra, y el hombre que la tenía encerrada le había devuelto el teléfono brevemente mientras se duchaba.

Seis días después, investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) encontraron su cuerpo enterrado en un bosque del condado de Marion, con cuatro heridas de arma blanca en el costado.

Los protagonistas

Exelby era tutora de música, la menor de 6 hermanos y llevaba 15 años con la misma pareja. Su familia la describió, en un comunicado emitido a través de la Policía de Hampshire y recogido por Sky News, como “una persona verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera”.

“Podía tocar el piano sin esfuerzo y cuando cantaba tenía la voz de un ángel”, agregaron. Su vida también tuvo otra dimensión. Según un documento del condado de Marion citado por Sky News, Exelby “llevaba mucho tiempo luchando con problemas de salud mental”.

Durante sus veinte años se volvió progresivamente retraída y buscó vínculos en comunidades de internet. En 2024, las autoridades del Reino Unido frustraron un intento previo de viajar a Estados Unidos para reunirse con personas dispuestas a matarla violentamente, según constan en los registros judiciales del caso.

Dwain Hall, de 53 años al momento de su detención, vivía en Ocala y administraba un negocio de asistencia en carretera.

En el sitio de fetiches donde conoció a Exelby usaba el nombre de usuario “alphasadist”. Una página de Facebook atribuida a él mostraba fascinación por Anubis, el dios egipcio del inframundo.

Hall se autodescribía como sádico y operaba bajo el alias “Darkwolf” en sus interacciones en línea.

Dos años de mensajes

En 2023, Exelby publicó en un sitio de fetiches que buscaba a alguien dispuesto a abusar sexualmente de ella y matarla, según los expedientes judiciales citados por Fox News. Hall respondió.

Durante los dos años siguientes intercambiaron mensajes sobre bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la asesinara. Hall inició lo que él mismo llamó un proceso de “mentoría”.

Con el tiempo, el vínculo adquirió una dimensión financiera: el acuerdo al que llegaron, según los registros, fue de USD 4.000 en efectivo a cambio de que Hall ejecutara lo que ella pedía. También elaboraron una “historia de cobertura” para sus familias.

Exelby dejó evidencia en su computadora que describía el viaje como una visita a personas que podrían “abusarla sexualmente, torturarla y asesinarla”.

La llegada

El 10 de octubre de 2025, Exelby voló al Aeropuerto Regional de Gainesville, en el norte de Florida. Tenía pasaje de vuelta para el día 13.

Antes de recogerla, Hall hizo una parada en un Walmart de Gainesville donde compró limpiador de armas, 15 metros (50 pies) de cuerda, desodorante en spray y cuerda de paracaídas de nailon. Después de pagar, volvió a buscar una pala.

La secuencia quedó registrada en recibos y cámaras de vigilancia del local, revisadas por el FDLE. Luego llevó a Exelby a un Airbnb que ella misma había reservado en Reddick, a unos 40 minutos al sur.

Los mensajes del 11 de octubre

Al día siguiente, mientras Hall se duchaba, Exelby tomó su teléfono y le escribió a una amiga por Discord. Los investigadores describieron los mensajes como “largos y a veces inconexos”.

En ellos relató que “la noche anterior había sido muy mala”, que Hall la tenía encerrada y le había quitado el teléfono porque “no confiaba” en ella.

“Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para cocinar”, escribió Exelby, según consta en el expediente. Luego: “Estoy tan, tan asustada. Estoy tan rota y con tanto dolor. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí acostada”. Sus últimas palabras en el chat fueron: “Lo siento. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo y trato de ser rápida y se me acabó el tiempo”.

Ese mismo día, la cuenta bancaria del negocio de Hall realizó 7 cargos a la tarjeta de débito de Exelby en un lapso de unos 10 minutos. Solo pudo cobrarle USD 1.200 antes de que la tarjeta fuera rechazada.

El video borrado

También el 11 de octubre, Hall filmó un video con su dispositivo y lo borró tres segundos después. El FDLE lo recuperó. Dura cuatro minutos y 16 segundos.

Muestra a Exelby con golpes visibles, sentada en un mueble del Airbnb, mientras la voz de Hall se escucha fuera de cámara dirigiendo sus respuestas.

Según la declaración jurada del expediente, Exelby “casi nunca mira hacia la cámara, se muestra visiblemente perturbada con lágrimas en los ojos, exhala profundamente y es muy reticente a responder”.

Cuando Hall le pregunta por qué está allí, Exelby responde: “Porque soy una persona horrible”. Cuando él insiste en cómo querría morir, ella titubea y dice que quiere ser apuñalada. Al preguntarle si actuó bajo coerción, sacude la cabeza en silencio.

El hallazgo

Exelby no abordó su vuelo de regreso el 13 de octubre. Su familia la reportó desaparecida. Los cargos a su tarjeta, realizados desde la cuenta del negocio de Hall, condujeron a los investigadores directamente a él.

El 17 de octubre, el FDLE encontró el cuerpo en una tumba poco profunda en un área boscosa de Marion Oaks. En las capas superiores de tierra, junto al cuerpo, estaba la etiqueta de la pala comprada en Walmart.

Ese mismo día, agentes del Sheriff del condado detuvieron a Hall en la Interestatal 75, cerca de Ocala, mientras conducía su Jeep Cherokee negro.

Antes de ser arrestado, según los registros, Hall le había enviado un mensaje a un amigo por Facebook sobre un paquete con “objetos personales preciosos y valiosos”. “Necesitaré esto de vuelta en 6 meses si esta tormenta pasa sin consecuencias duraderas”, escribió.

Los investigadores recuperaron el paquete: contenía un brazalete y un cuchillo negro de 17,7 centímetros (7 pulgadas) “diseñado para perforar y apuñalar”, con la inscripción grabada “Dorkworf, el extremo puntiagudo va en el otro”.

El amigo explicó que era una burla del alias Darkwolf. El análisis de ADN confirmó que la sangre en la hoja era de Exelby.

La investigación y el proceso judicial

Hall fue detenido el 18 de octubre de 2025 por el presunto uso fraudulento de la tarjeta de débito de Exelby.

El 17 de noviembre, el FDLE lo arrestó formalmente por asesinato en primer grado con premeditación y secuestro. En su primera comparecencia, se declaró inocente.

Sus declaraciones ante la policía fueron contradictorias: primero negó conocer a la víctima, luego admitió el contacto sexual pero lo describió como no deseado y finalmente reconoció que durante dos años habían hablado sobre “bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la matara”.

Según Court TV, que cubrió la audiencia del 22 de abril de 2026, la fiscalía informó al juez que la única oferta de negociación sobre la mesa era cadena perpetua. Hall la rechazó.

El juicio arranca el 16 de noviembre de 2026 en el condado de Marion, con selección de jurado ese día, y se estima una duración de una semana.

Hall podría enfrentar la pena de muerte si es condenado. Hasta la fecha, su representante legal no respondió a solicitudes de comentario de los medios.

El después

Hall permanece detenido sin fianza en la Cárcel del Condado de Marion con 6 cargos por delitos graves. La Policía de Hampshire lleva adelante el componente británico de la investigación.

Los padres de Sonia Exelby hablaron públicamente por primera vez en julio de 2026, en un comunicado emitido a través de Hampshire. “La vida no siempre fue fácil para ti, pero tu vida fue mucho más que las dificultades que enfrentaste”, escribieron. “Fuiste muy querida y siempre lo serás. Te echamos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Te queremos muchísimo, siempre y para siempre”.

En las últimas horas, fueron liberados los dos jóvenes detenidos por el crimen de Miguel Eduardo Lazarte, el tatuador de 43 años asesinado de una puñalada en el pecho. Los hermanos, de 17 y 19 años, se dieron a la fuga tras el ataque hasta que fueron capturados este domingo.

El caso comenzó el sábado 1° de agosto, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira, La Plata, tras un llamado al 911, y encontró a Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hombre, que aún presentaba signos vitales, alcanzó a identificar a Maximiliano Fernández, de 19 años e hijo de su pareja, como el agresor. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del tatuador.

Según pudo saber este medio, Lazarte registraba antecedentes penales. Sin ir más lejos, el 12 de marzo de 2026 había recuperado la libertad después de haber estado detenido en la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos. Además, tenía dos causas por tentativa de homicidio iniciadas en 2014, una de ellas también por amenazas y desobediencia. Su historial también incluía expedientes por tentativa de robo y tentativa de robo calificado tramitados entre 2006 y 2009.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio se produjo tras una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En ese contexto, intervinieron los hijos de la mujer, con quienes el tatuador comenzó a forcejear. Como consecuencia, los tres sufrieron heridas provocadas con un elemento cortopunzante. En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que se sospecha fue utilizado durante el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó la detención de los dos sospechosos, que tras el crimen habían escapado.

A partir del relevamiento de cámaras públicas y privadas y de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, los investigadores ubicaron a los hermanos este domingo en la vivienda de un familiar, ubicada en la calle 166 y 30 de Berisso. Tras una vigilancia encubierta, los agentes detuvieron a F. F. (17) y a Maximiliano Fernández cuando intentaban abandonar el lugar. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª de Villa Ponsati.

Sin embargo, en horas de la tarde, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 3, Sabrina Cladera, dispuso que, una vez realizadas las revisiones médicas legales y las evaluaciones del área de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ambos recuperaran la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la medida no implica el cierre de la investigación: los hermanos Fernández continúan imputados por el homicidio y deberán comparecer a la primera audiencia judicial, por lo que seguirán sometidos al proceso penal mientras avanza la causa.

En diálogo con Infobae, la hermana del tatuador pidió justicia por Lazarte y sostuvo que la Justicia se “agarró” de las causas anteriores que tenía su hermano para dejar libres a los acusados y así “tapar el crimen”.

“No puede ser que los dejen en libertad así como si nada. Es un homicidio lo que hicieron”, afirmó Pamela.

La mujer también aseguró que, cuando intentó radicar una denuncia, no quisieron tomársela. “Necesitamos ayuda”, concluyó.

El asesinato de Jeanie Childs en Minneapolis quedó sin resolver durante más de dos décadas, hasta que pruebas de ADN y huellas de pies ensangrentados llevaron a la condena de Jerry Westrom. Aunque parte del fallo fue revisada, se mantuvo la culpabilidad por asesinato en primer grado.

El caso se remontó al 13 de junio de 1993. Cerca de las 17:30, un inquilino de un rascacielos de Minneapolis denunció una filtración de agua. El conserje y un guardia de seguridad siguieron el origen hasta el apartamento 2104: la ducha estaba abierta e inundaba la vivienda contigua.

En el dormitorio apareció el cuerpo de Childs, de 35 años, parcialmente debajo de la cama. Bart Epstein, científico forense ya retirado, describió la escena al programa como una de las más sangrientas que vio en su carrera.

Un ataque reconstruido por el patrón de sangre

Epstein explicó que el patrón de manchas permitió reconstruir parte del ataque. Childs fue golpeada frente a la puerta del baño, se desplazó hacia esa zona y allí fue apuñalada y acuchillada decenas de veces. Después habría logrado volver al dormitorio, donde finalmente fue hallada.

La violencia apareció en toda la habitación. Julie Rendelman, abogada defensora y asesora legal del programa, dijo que había sangre en las paredes, el edredón y el suelo, un rastro que a su juicio indicaba una lucha por sobrevivir.

La sala de estar, en cambio, pareció intacta y el televisor siguió encendido con una comedia. No hubo señales de entrada forzada, un dato que abrió desde el inicio la posibilidad de que la víctima conociera a su agresor.

Los investigadores recogieron una toallita azul, una camiseta roja, una toalla de baño, muestras de sangre del lavabo y un edredón para análisis genético. También observaron platos en el fregadero de la cocina y un cuchillo en el escurridor, aunque Epstein dijo que no hallaron allí el arma homicida.

En la escalera cercana al apartamento, en el piso 21, localizaron manchas de sangre, entre ellas algunas de la propia Childs. El equipo también encontró una evidencia: huellas de pies descalzos y ensangrentados debajo de la ventana del dormitorio, cubiertas con polvo negro.

Epstein contó que junto a esas marcas estaba el pie con calcetín de la víctima, lo que lo llevó a pensar que las huellas descalzas pertenecían al perpetrador. Añadió que, si la impresión conservaba crestas de fricción como las de los dedos, existía la posibilidad de identificar a quien la dejó.

Una madre, una historia familiar difícil y las primeras pistas

La madre de la víctima, Betty Eakman, supo que algo iba mal cuando vio por televisión un reportaje sobre una mujer asesinada y reconoció que retiraban una camilla del edificio donde vivía su hija. Poco después recibió la confirmación: la víctima era Childs, su hija mayor.

La familia describió una vida marcada por la inestabilidad. Según relató Eakman, Childs denunció años después haber sufrido abusos por parte de un familiar varón, se escapaba de casa desde la adolescencia y, con el tiempo, su madre temió que consumiera drogas. Más tarde supo que ejercía la prostitución.

En el momento del crimen, Childs vivía con Arthur Gray en ese complejo residencial. Gray se convirtió en un sospechoso porque, según informes policiales citados por el programa, ella había dicho que trabajaba para él y había antecedentes de violencia entre ambos.

Las autoridades encontraron cabellos adheridos a la mano izquierda de Childs y uno coincidió con Gray. Chris Boeckers, exagente del FBI que más tarde se sumó a la pesquisa, sostuvo que esa línea perdió fuerza porque Gray residía en el apartamento, tenía una coartada corroborada en Milwaukee y las huellas ensangrentadas no eran suyas.

Otra pista de 1993 tampoco prosperó. Una testigo del edificio dijo a la policía que había visto a Childs con un hombre alto y rubio que llevaba una gabardina, pero los investigadores nunca lograron identificarlo.

La reapertura de 2015 que llevó hasta Jerry Westrom

En 2015, el Departamento de Policía de Minneapolis reactivó el expediente de Childs dentro de una revisión más amplia de casos sin resolver. Boeckers señaló que la tecnología disponible era mucho más refinada que en 1993.

Ese nuevo trabajo llevó primero a John Esswein. Los investigadores determinaron que una muestra de sangre hallada en la escalera coincidió con la de ese hombre, que en 2015 estaba en prisión por violar la libertad condicional de una condena por conducir ebrio.

Esswein dijo que solo había estado una vez en el edificio, en 1991, dos años antes del homicidio. Según el informe de laboratorio mencionado por 48 Hours, sus huellas no permitieron una conclusión y no se encontró ADN suyo en el apartamento de Childs.

La clave apareció cuando Andrea Feia, científica forense de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, detectó que un perfil de ADN desconocido se repetía en distintos puntos de la escena. Ese mismo perfil apareció en el edredón, la toalla azul, la toallita azul, la camiseta roja y el fregadero.

Con ese material, los investigadores recurrieron a la genealogía genética forense y cargaron el perfil en sitios de genealogía, incluido MyHeritage.com. Boeckers dijo que una genealogista forense localizó una coincidencia con dos hermanos potenciales en Minnesota y uno de ellos era Jerry Westrom.

Más de 25 años después del crimen, el ADN desconocido fue vinculado a Westrom, entonces de 52 años, un hombre casado, padre de tres hijos y hombre de negocios de la zona norte del área de Minneapolis-St. Paul. Amigos y conocidos lo describían como alguien reservado, afable y sin antecedentes aparentes por delitos violentos.

Los investigadores necesitaron una muestra directa para confirmar la relación. En enero de 2019 siguieron a Westrom hasta un partido universitario de hockey en Wisconsin y, después de que comiera en el vestíbulo, recogieron de la basura una servilleta y un recipiente que había usado.

Feia analizó la servilleta y obtuvo un perfil genético que, según dijo al programa, era coherente con el ADN no identificado encontrado en el edredón y la toalla azul. Un mes después, en febrero de 2019, Westrom fue arrestado y acusado del asesinato de Childs.

El juicio, una huella clave y la sentencia

Westrom negó conocer a Childs y también negó que en 1993 hubiera recurrido a prostitutas. En esa entrevista grabada en la cárcel habló poco, un detalle que Jennifer Mayerle, reportera de investigación de WCCO-TV, consideró llamativo porque no preguntó qué había ocurrido ni por qué estaba allí.

La fiscalía no presentó un móvil, y la defensa concentró sus esfuerzos en cuestionar el valor del ADN y de las huellas. Feia explicó que el semen de Westrom fue identificado en el edredón y en la toalla del baño, pero no pudo determinar qué tipo de material biológico suyo apareció en la camiseta roja, el lavabo y la toallita.

Rendelman subrayó otra dificultad: en la escena había ADN de varias personas. Según los informes de laboratorio citados por el programa, en las bragas moradas de Childs apareció semen que no pertenecía a Westrom, y también había otros perfiles masculinos sin identificar.

La disputa central del juicio fue la interpretación de las huellas de pie. Mark Ulrick, supervisor de la división forense de la policía de Minneapolis, sostuvo que cuatro de las siete impresiones eran aptas para comparación y que cuatro correspondían a Westrom: E1, E2, B y D1.

Alicia McCarthy, profesora del Thomas College contratada por la defensa para revisar ese análisis, coincidió solo en parte. Dijo que únicamente una marca, la identificada como E2, tenía detalle suficiente para una conclusión firme, pero en esa huella fue categórica: pertenecía al pie izquierdo de Westrom.

Cuando McCarthy llegó a esa conclusión, la defensa dejó de contar con ella y luego ambos peritos terminaron declarando para la fiscalía. Para los acusadores, esa huella ensangrentada fijó a Westrom en el apartamento en el momento del asesinato.

El juicio se celebró en agosto de 2022. La defensa también intentó abrir dudas con la testigo del hombre rubio con gabardina y con la figura de Arthur Gray, ya fallecido, pero no pudo presentar ante el jurado a James Luther Carlton ni a Esswein como sospechosos alternativos porque el juez concluyó que no había pruebas suficientes contra ellos.

Tras ocho días de juicio, el jurado declaró a Westrom culpable de asesinato en primer grado y de asesinato en segundo grado. El 9 de septiembre de 2022 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Childs.

Después, el Tribunal Supremo de Minnesota revocó la condena por asesinato en segundo grado, pero confirmó la de asesinato en primer grado. Westrom presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue rechazada.

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan. La captura se realizó el 1 de agosto como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue aprehendido en un operativo encabezado por agentes ministeriales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra.

Las indagatorias apuntan a que Iván Martín “N” habría tenido participación antes, durante y después del ataque contra la creadora de contenido. La Fiscalía sostiene que los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer la agresión y facilitar la huida.

Según la investigación, el recorrido de los vehículos fue reconstruido mediante el análisis de cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación sobre los movimientos de los involucrados.

Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En el domicilio aseguraron dos armas de fuego —una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros—, además de teléfonos celulares e identificaciones, objetos que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener a otras personas que presuntamente participaron en el feminicidio, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco. El ataque quedó registrado parcialmente en la emisión que realizaba en redes sociales, hecho que provocó una amplia reacción pública y dio pie a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre diversas diligencias para esclarecer el caso, entre ellas el análisis de videograbaciones, el seguimiento de los vehículos presuntamente utilizados en la agresión y la obtención de órdenes judiciales contra los posibles responsables.

Con la captura de Iván Martín “N”, las autoridades suman un detenido por el caso, aunque las investigaciones permanecen abiertas para localizar a los demás presuntos implicados y establecer cómo se planeó y ejecutó el crimen.

Un delincuente sexual registrado con condenas previas por secuestro y agresión sexual fue imputado por asesinato, secuestro en primer grado y ocultación de cadáver tras el hallazgo del cuerpo de Robin M. Doyle.

Una mujer de 58 años que había desaparecido de su residencia en Hickory, Carolina del Norte, el martes 28 de julio. La muerte fue declarada homicidio por las autoridades del condado de Catawba.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Doyle fue vista con vida por última vez el lunes 27 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, por un familiar. A la mañana siguiente, su padre —con quien convivía— se despertó y encontró la casa vacía: el automóvil de la mujer seguía estacionado en la entrada y la puerta trasera permanecía abierta, tal y como reportó la afiliada de ABC News en Charlotte, WSOC.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba (OCSC) concluyeron que Doyle había sido sacada de su hogar en la calle 33rd Street NE durante las primeras horas del martes.

La búsqueda se extendió durante días hasta que, el viernes 31 de julio por la tarde, los investigadores localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector noreste del condado.

La OCSC confirmó que los restos correspondían a Doyle aproximadamente una hora después del anuncio oficial del hallazgo. Las autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte, aunque la calificaron de homicidio.

La pista del auto rojo y la captura del sospechoso

Las cámaras de seguridad del vecindario registraron un vehículo rojo que abandonó la zona a alta velocidad en las primeras horas del martes.

Esas imágenes fueron determinantes para el avance de la investigación: permitieron identificar un Kia Optima 2015 de color rojo y, a partir de su patente, rastrear al conductor hasta el condado de Surry, a unos 95 kilómetros (60 millas) de la residencia de la víctima.

Testigos en el área también confirmaron haber visto el vehículo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el teniente Dane Hoyle del Departamento de Policía del Condado de Catawba.

El miércoles 29 de julio por la noche, las autoridades arrestaron a Leroy Allen Loper, de 54 años, en el condado de Surry por cargos no relacionados vinculados al incumplimiento del registro de delincuentes sexuales.

Al momento de su detención, Doyle no fue hallada en el lugar, afirmó Hoyle. Dos días después, el 31 de julio, Loper fue formalmente imputado en relación con la muerte de la mujer.

Según informó WBTV, el acusado tiene prevista una comparecencia ante el tribunal para el lunes 3 de agosto, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Catawba sin posibilidad de fianza.

Las evidencias y los antecedentes del acusado

En el perímetro de la vivienda de Doyle, los investigadores encontraron un corpiño y bridas de plástico —conocidas en inglés como zip-ties— en el patio.

Ese mismo tipo de bridas fue recuperado dentro del Kia de Loper en Surry, precisó el teniente Hoyle. La coincidencia entre ambos elementos reforzó la hipótesis que vincula al acusado con el lugar del hecho.

Loper acumula condenas previas por secuestro en primer grado y agresión sexual en segundo grado, y figura en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Los nuevos cargos en su contra incluyen asesinato en primer grado (felony murder), secuestro en primer grado y ocultación de cadáver.

Tras el hallazgo del cuerpo, la OCSC emitió una declaración en la que expresó sus condolencias a la familia y subrayó la gravedad de los hechos.

“Los actos en este caso representan el mal puro, y los responsables serán plenamente responsables ante la ley”, asegura el comunicado oficial. Las autoridades advirtieron que la investigación continúa activa y que no descartan la presentación de cargos adicionales.

Al frente del operativo estuvo el comandante general de la PNP, el general de Policía Óscar Arriola, quien contó con el respaldo del jefe de la Región Policial Lima, el general de Policía Jorge Castillo, y del jefe del Escuadrón Verde, el coronel de Policía Carlos Alcántara. El despliegue respondió a directrices del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en el marco de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad frente a la criminalidad organizada.

400 personas intervenidas

De acuerdo con Andina Noticias, el balance de la operación arrojó 400 personas intervenidas, de las cuales ocho tenían órdenes de captura vigentes. A ello se sumó el decomiso de una cantidad no especificada de droga y la neutralización de seis organizaciones delictivas activas en la zona norte de Lima.

Las unidades especializadas de la PNP actuaron de manera focalizada en áreas previamente identificadas por inteligencia policial. Las acciones abarcaron tareas de prevención, control e investigación de forma simultánea, lo que permitió intervenir distintos frentes delictivos en una sola jornada.

Víctimas de explotación sexual

Uno de los hallazgos más graves del operativo tuvo lugar en un centro nocturno clandestino, donde los agentes encontraron a más de 180 personas. Tras la identificación y control de los presentes, Andina Noticias detalló que más de 70 mujeres extranjeras fueron rescatadas al determinarse que serían víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Las afectadas recibieron protección y atención conforme a los protocolos establecidos por las autoridades.

Los ciudadanos extranjeros intervenidos durante el operativo fueron derivados a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que esa entidad realizara las diligencias que corresponden según sus competencias. La coordinación interinstitucional formó parte del protocolo de actuación ante este tipo de casos.

Estrategia contra la criminalidad organizada

El megaoperativo se inscribe en la política de seguridad impulsada por el ministro Astudillo Salcedo, cuyo objetivo es recuperar el control territorial en zonas de alta incidencia delictiva y desmantelar redes criminales. Según precisó Andina Noticias, el Ministerio del Interior anunció que continuará intensificando este tipo de acciones tanto en Lima como en el resto del país.

La PNP prevé mantener el ritmo de intervenciones en zonas identificadas como focos de actividad ilícita, con énfasis en la persecución de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de crimen organizado.

Un crimen desgarrador ha conmocionado a la comunidad de Columbia, en el condado de Howard, Maryland. Darwin Cárcamo Santiago, un inmigrante de nacionalidad hondureña de 24 años de edad, ha sido capturado en el estado de Texas como el principal sospechoso del homicidio de su novia, Esmeralda Pérez Méndez, una mujer de 35 años.

Los hechos salieron a la luz pública el pasado domingo 26 de julio. De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades locales, el hallazgo del cuerpo ocurrió en una residencia situada en la calle Watchlight Court.

Un conocido del sospechoso llegó a la vivienda y, al ingresar a una de las habitaciones, descubrió el cuerpo sin vida de Pérez-Méndez. Ante la impactante escena, la persona realizó de inmediato una llamada de emergencia al 911 para alertar a los cuerpos policiales.

Las primeras investigaciones de la Policía del Condado de Howard determinaron que la víctima presentaba heridas compatibles con estrangulamiento. Tras cometer el crimen durante las horas de la noche o madrugada previa, Cárcamo-Santiago emprendió la huida con la intención de evadir la justicia.

Sin embargo, el rápido despliegue coordinado entre diversas agencias policiales permitió rastrear sus pasos hasta el estado de Texas, donde fue localizado y arrestado sin mayores incidentes. Actualmente, el imputado permanece bajo custodia policial en Texas a la espera de ser trasladado de regreso a Maryland para encarar el proceso penal en su contra.

¿Será extraditado a Honduras o procesado en EE. UU.?

Ante la nacionalidad extranjera del acusado y la conmoción generada por el caso, han surgido interrogantes sobre su situación legal y territorial. En este contexto jurídico, Darwin Cárcamo-Santiago no será extraditado a Honduras para ser juzgado.

El principio fundamental del derecho penal territorial establece que los delitos se investigan, procesan y sancionan en la jurisdicción geográfica donde fueron cometidos. Dado que el homicidio de Esmeralda Pérez-Méndez ocurrió dentro de los límites territoriales de Columbia, Maryland, los tribunales de esta entidad son los encargados de juzgar el caso.

El término que aplica a su situación actual en EE. UU. es la extradición interestatal o traslado entre estados. Cárcamo-Santiago será extraditado de Texas únicamente hacia el condado de Howard, Maryland.

Una vez que pise suelo marylandés, comparecerá ante un juez para la lectura formal de cargos. Su estatus de inmigrante hondureño no detiene ni interfiere con el juicio penal en Estados Unidos. En caso de cumplir una condena en prisión dentro del sistema penitenciario estadounidense, el gobierno federal procesaría su deportación inmediata hacia Honduras solo después de haber saldado su pena con la justicia.

De momento, la Fiscalía del Condado de Howard ha presentado cargos formales contra el sospechoso por asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. El código penal del estado de Maryland contempla penas severas para este tipo de delitos violentos.

• Asesinato en primer grado: Bajo el artículo: 2-201 del Código Penal de Maryland, este delito implica la privación deliberada y premeditada de la vida de una persona. Si Cárcamo-Santiago es hallado culpable de este cargo, enfrenta una pena obligatoria de cadena perpetua (prisión de por vida), la cual puede ser contemplada con o sin la posibilidad de libertad condicional.
• Asesinato en segundo grado: El artículo : 2-204 castiga la conducta homicida no premeditada. De ser condenado por este cargo alternativo, el acusado podría pagar una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

De ser hallado culpable de las acusaciones más graves, el joven hondureño podría pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos.

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EEUU emite alerta de seguridad ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 31 de julio de 2026 una alerta de seguridad para sus ciudadanos en el estado de Michoacán, donde se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

El comunicado recordó que el Departamento de Estado mantiene para esa entidad una advertencia de viaje de nivel 4: Do Not Travel, la categoría más alta que aplica Washington para destinos en el extranjero.

La alerta señaló que las fuerzas de seguridad locales se encontraban en estado de alerta ante la situación. El documento no identificó a grupos específicos ni detalló las zonas exactas afectadas por los presuntos bloqueos o la actividad delictiva reportada. El reporte podría derivar de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

La embajada pidió a sus ciudadanos evitar las zonas cercanas a actividades policiales, minimizar los desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. También les recomendó mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El comunicado instó a los ciudadanos estadounidenses a mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación, así como a estar atentos a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos. En caso de emergencia, la embajada indicó que debían llamar al 911 o comunicarse con ella al (55) 2579-2000 desde México, o al 011-52-(55)-2579-2000 desde Estados Unidos.

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La Guardia Civil de España detuvo en las últimas horas a un argentino acusado de asesinar a una mujer de 47 años de origen búlgaro en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga.

Según información de la agencia EFE y medios españoles, el acusado es un hombre de 60 años, quien al momento del arresto habría intentado degollarse. Sin embargo, no logró su objetivo y finalmente fue capturado. De acuerdo con los primeros datos, el sospechoso fue detenido en la localidad de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.

Los primeros datos de la investigación indicaron que el hombre, que llevaba unos dos meses en Benahavís, había sido compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos mantuvieron una relación y Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.

Los resultados de la autopsia, que será practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, todavía se desconocen. De acuerdo con lo que trascendió, el asesino utilizó un cúter para matar a Melinda.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, descartó ante los medios locales la semana pasada que el crimen esté vinculado a la violencia machista. “No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género”, afirmó el funcionario. La conclusión del delegado se basa en la declaración testimonial de la hija de la mujer. Sin embargo, deberá ser la justicia la que certifique las circunstancias del episodio.

Según el diario El Debate, la víctima había estado registrada en el sistema VioGén, su caso ya no se encontraba activo. El caso se estudia, por tanto, como una muerte violenta con arma blanca y no como un crimen de violencia de género.

Después del hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó un gabinete de crisis para analizar la situación, tras una serie de varios asesinatos de mujeres en la región de Andalucía.

En el marco de la causa del crimen de Luis Fernando Duarte Vázquez, un joven albañil de origen paraguayo en la ciudad de Candelaria, ubicada en Misiones, la investigación comenzó la etapa de alegatos en el juicio oral. Roberto “el Negro” Silvero se encuentra acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de drogas.

Después de dos días donde reconstuyeron el crimen con testigos y pruebas y dieron, el fiscal Vladimir Glinka solicitó 18 años de prisión para el imputado. De esa manera, se descartó la hipótesis de legítima defensa que sostenía el acusado, enfatizando que: “Lo atacó de espaldas. Fue cobarde y traicionero”.

El proceso judicial centró la atención en el barrio Niño Perdido, donde ambos jóvenes compartían tareas como albañiles y ocasionalmente consumían alcohol y estupefacientes. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 y se originó a partir de una discusión por una deuda de 500 pesos vinculada al consumo de drogas. De acuerdo con la investigación, Silvero abordó a Duarte Vázquez reclamando el pago.

Tras la negativa de la víctima, la situación escaló hasta derivar en un ataque con arma blanca. De acuerdo con los testimonios recogidos por el Tribunal Penal Uno de Posadas, la víctima recibió al menos 8 puñaladas, la mayoría en la espalda, lo que descartó la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

“Decir que fue en legítima defensa es lo más fácil, siendo que encontramos a la víctima prácticamente como un colador por la cantidad de puñaladas que recibió”, argumentó Glinka. La prueba testimonial fue clave: el vecino Oscar Esteche, quien mantenía una relación con la madre de Silvero, identificó al acusado como el portador del cuchillo y contradijo la versión presentada por la defensa.

La ex pareja de Silvero, madre de su hijo, modificó su versión y afirmó: “Al fin pude decir la verdad, que era Silvero el que tenía el cuchillo”. La nueva declaración derribó uno de los principales argumentos de la defensa y reforzó la hipótesis de la acusación sobre la autoría del ataque. Además, los informes forenses indicaron que no se hallaron lesiones compatibles con una defensa por parte del acusado.

La reconstrucción de los hechos sugiere que el crimen ocurrió poco después de las 13 horas del 21 de noviembre de 2021. Tras el ataque, Silvero huyó y fue localizado por la policía horas más tarde, oculto entre malezas. La defensa, a cargo de Miguel Ángel Varela, planteó que el acusado actuó bajo amenaza y en defensa propia.

El letrado también se apoyó en los resultados de los análisis toxicológicos, afirmando que la victima se encontraba bajo efectos de drogas y en en estado alterado o agresivo. Sin embargo, las peritos bioquímicas convocadas por la fiscalía explicaron que la presencia de los metabolitos de cocaína hallados postmortem indica un consumo previo y no en el instante del ataque.

El caso llegó a juicio oral tras el rechazo de Silvero a un acuerdo abreviado. El Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Carla Freitag, escuchó a más de una decena de testigos, entre ellos peritos y policías que participaron de la investigación. La acusación formal es por homicidio agravado por alevosía. Además, la fiscalía requirió que el acusado sea sometido a un tratamiento por consumos problematicos.

La fiscalía recalcó la conducta del acusado en el barrio, describiéndolo como una persona que solía cobrar deudas vinculadas a la venta de drogas. “Dejó de ser abstracta la inseguridad del barrio: él era la inseguridad del barrio. Les pido, jueces, que hagan justicia y piensen en eso”, añadió el fiscal Glinka, según El Territorio.

Este jueves, expondrán sus alegatos la defensa del sospechoso. Luego, la sentencia sería comunicada. Solicitaron 18 años de prisión pero por considerarse un homicidio agravado, la pena podria aumentar hasta los 25 años de prisión.

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció las primeras acciones que impulsará al frente del sector con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad. Durante su presentación ante el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), funcionarios y personal del Ministerio del Interior, el titular de la cartera señaló que promoverá la conformación de equipos especializados para reforzar las operaciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

Según informó Andina Noticias, Astudillo sostuvo que esta tarea requerirá un trabajo conjunto con la Policía Nacional y adelantó que sostendrá reuniones con generales y coroneles para organizar nuevos equipos de trabajo. Entre ellos mencionó agrupamientos tácticos, fuerzas de tarea y equipos de diseño, que contribuirán a dar un nuevo impulso a las estrategias de seguridad ciudadana.

Mininter anuncia equipos especializados y gestión transparente

Durante su intervención, el ministro afirmó que uno de sus principales compromisos será garantizar el uso transparente de los recursos públicos destinados al sector Interior. En ese sentido, aseguró que velará por el cuidado de “cada sol” que ingrese al ministerio, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y evitar cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto.

De acuerdo con Andina Noticias, Astudillo señaló que la mayoría de efectivos policiales no está involucrada en actos de corrupción, pero remarcó que una gestión eficiente y transparente permitirá demostrar el compromiso institucional con la integridad. Asimismo, reiteró que la lucha contra la delincuencia requiere no solo planificación operativa, sino también una adecuada administración de los recursos disponibles.

Más equipamiento y confianza en la PNP

El titular del Interior explicó que los recursos del sector estarán orientados a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales. Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de las comisarías, así como la adquisición de uniformes, calzado, cascos, chalecos antibalas, armamento, vehículos, tecnología y sistemas de comunicación que permitan una respuesta más rápida frente a la criminalidad.

Astudillo también destacó que la Policía Nacional cuenta con personal capacitado, escuelas de formación, una estructura jerárquica consolidada y un régimen disciplinario que respaldan su labor. En esa línea, afirmó que la experiencia acumulada por la institución representa una fortaleza para enfrentar a las organizaciones criminales y obtener mejores resultados en materia de seguridad.

Comandante general expresa respaldo a la nueva gestión

El ministro reiteró que trabajará de manera coordinada con el comandante general de la PNP para fortalecer las capacidades operativas de la institución y responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. “Vamos a comprometernos y vamos a tener los resultados que merece y quiere nuestro pueblo”, manifestó durante su presentación.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, expresó su respaldo a la gestión de César Astudillo y reafirmó el compromiso de todo el personal policial de continuar sirviendo al país con vocación, disciplina y entrega. Según Andina Noticias, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para reforzar la lucha contra la criminalidad y mejorar la capacidad de respuesta de la institución policial.

Según informó Latina Noticias, fueron conductores que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades, alrededor de las 6:00 a. m., sobre la presencia de un costal abandonado junto a la vía. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Piedra Liza y personal de la División de Investigación Criminal (Dirincri) para resguardar la escena.

Horas después, Diario Trome informó que la víctima fue identificada como Claver Crisóstomo Calero, de 40 años, un comerciante de zapatillas que permanecía desaparecido desde hacía dos días. Las primeras pericias revelaron que el hombre presentaba evidentes signos de violencia, por lo que el caso es investigado como un presunto homicidio.

Cuerpo dentro de un costal fue encontrado bajo un puente en el Rímac

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el cuerpo dentro del costal fue encontrado debajo de uno de los puentes ubicados cerca de la Línea Amarilla, en el sector de Piedra Liza. La alerta se produjo luego de que varias personas notaran un bulto sospechoso con un fuerte olor que permanecía al costado de la vía.

Tras recibir el aviso, efectivos de la comisaría de Piedra Liza acordonaron la zona mientras esperaban la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

El citado medio indicó que el lugar donde fue abandonado el cadáver carece de cámaras de videovigilancia, una situación que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, los investigadores evalúan obtener imágenes de dispositivos instalados en vías y establecimientos cercanos para seguir la ruta de quienes abandonaron el costal.

La víctima era un comerciante desaparecido y presentaba signos de tortura

Según informó Diario Trome, la apertura del costal permitió confirmar que la víctima era Claver Crisóstomo Calero, comerciante dedicado a la venta de zapatillas. Debido al estado del cuerpo, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.

El medio detalló que el hombre estaba maniatado y presentaba quemaduras, cortes y lesiones compatibles con actos de tortura, elementos que forman parte de la investigación policial para determinar cómo ocurrió el crimen.

Familiares de la víctima indicaron que desconocían su paradero desde hacía dos días. Uno de ellos declaró a Latina Noticias que una de las posibilidades es que el comerciante haya sido atacado durante un intento de robo cuando caminaba o se desplazaba en bicicleta, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del asesinato.

Investigación continúa en medio de más de mil homicidios registrados en 2026

Las investigaciones fueron asumidas por la División de Investigación Criminal del Rímac, que busca identificar a los responsables del homicidio y establecer el lugar donde ocurrió el crimen antes de que el cuerpo fuera abandonado debajo del puente de la vía Evitamiento.

El caso ocurre en un contexto de persistente violencia en el país. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizadas por el especialista en datos Juan Carbajal, el Perú registró 1.071 homicidios durante el primer semestre de 2026. Al incorporar los reportes disponibles de julio, la cifra asciende a más de 1.100 crímenes a nivel nacional.

Aunque el registro representa una reducción de 4,2 % frente al mismo periodo de 2025, los homicidios continúan en niveles elevados y siguen siendo uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad ciudadana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el asesinato de Claver Crisóstomo Calero y ubicar a los responsables del crimen.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en Valle de Santiago, Guanajuato, después de que un grupo armado irrumpió por la fuerza en su vivienda de la colonia Morelos. Los agresores dispararon y huyeron.

El ataque ocurrió cerca de las 5:00 horas, en una casa ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, conocida como “La Choricera”. Una adolescente de 17 años sobrevivió y pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo policial y una ambulancia.

Las víctimas fueron Yael, de 25 años; su padre Julio Raúl, de 60 años; una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años, quienes presentaron impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. En el lugar, las corporaciones de seguridad localizaron a tres personas sin vida y a una mujer adulta mayor herida por proyectil de arma de fuego.

La mujer lesionada fue trasladada a un hospital cercano, donde más tarde murió a causa de las heridas. El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, que también reportó el inicio de las diligencias ministeriales para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, varios sujetos armados habrían sorprendido a la familia mientras dormía y dispararon contra los moradores. La menor que sobrevivió declaró a los policías que los atacantes entraron por la fuerza y abrieron fuego contra sus familiares.

Las primeras respuestas incluyeron un despliegue de seguridad en el sector, mientras la zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de los peritos. En el interior del domicilio, el personal especializado recabó indicios y aseguró el área para integrar la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que peritos levantaron los cuerpos para la necropsia y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Entre las víctimas, Julio Raúl y Yael se desempeñaban como Servidores de la Nación en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el multihomicidio ni sobre un posible móvil.

En el recuento de hechos violentos registrado en la entidad, este caso se sumó a otros homicidios reportados durante el mismo miércoles, con un total de 11 casos en poco más de 24 horas, según el conteo referido en el reporte de los acontecimientos.

• Un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Morelos y asesinó a cuatro familiares; una adolescente de 17 años sobrevivió.
• Las víctimas fueron un hombre de 60 años, un joven de 25 años, una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años; la herida murió después en el hospital.
• La Fiscalía General del Estado abrió una investigación y la Unidad de Homicidios buscó a los responsables, quienes escaparon.

Ya van 20 muertos en esta semana

Una jornada de violencia dejó otras 16 personas muertas en municipios de Guanajuato, con ataques armados, hallazgos de cuerpos y un presunto feminicidio durante un intento de robo; en ninguno de los casos hubo detenidos y la fiscalía también abrió líneas de investigación por otros tres homicidios ocurridos en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

El recuento incluyó hechos en Celaya, Salamanca, León, Acámbaro, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. Entre los casos más graves estuvieron el asesinato de una mujer de 87 años dentro de su casa, el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas y un ataque contra el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta diez.

En Celaya, una mujer de 87 años fue localizada sin vida en una vivienda de la calle Antonio Rábago, entre la avenida Mutualismo y la calle 10 de Mayo, en la colonia La Suiza. Policías municipales confirmaron que la víctima fue estrangulada en lo que habría sido un intento de robo.

Horas después, cerca de la medianoche, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos mientras caminaba junto a su esposa en la colonia León I. El ataque ocurrió en el cruce de Ramón Ramírez y Rodrigo Moreno Zermeño, y los agresores escaparon en una motocicleta sin que fueran localizados.

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya había muerto por las heridas de bala.

En Salamanca hubo cinco asesinatos en distintos ataques

En Salamanca se concentró la mayor parte de los hechos reportados. En la colonia Benito Juárez, sobre la calle Sol, hombres armados atacaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien quedó sin vida en la vía pública.

Otro ataque ocurrió en la colonia Rinconada San Javier, en las inmediaciones del Rastro Viejo. Ahí fueron localizados un hombre y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego; paramédicos confirmaron la muerte del hombre en el lugar y la mujer fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde después falleció.

Después del mediodía se registró otro homicidio en la colonia Las Misiones, donde un hombre murió tras un ataque armado contra una unidad de transporte público. El conductor de la Ruta diez, unidad económica SA-0301, fue encontrado lesionado dentro del camión y personal de Cruz Roja confirmó que ya no tenía signos vitales.

Versiones de vecinos indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad por el costado derecho y dispararon por lo menos en cuatro ocasiones contra el conductor. El ataque lo mató casi de manera instantánea.

Durante la noche, en la colonia Reforma, otro hombre fue asesinado en la vía pública. Con ese caso, Salamanca acumuló cinco víctimas mortales en una sola secuencia de hechos.

Hallaron cuerpos en León, Acámbaro y Valle de Santiago

En la colonia San Sebastián de León, trabajadores de un taller mecánico encontraron el cadáver de un hombre dentro de la cajuela de un automóvil abandonado. El vehículo, un Chevrolet Beat negro, estaba estacionado desde temprana hora sobre la calle Quetzal esquina con Pavorreal.

Fue cerca de las 2:00 de la tarde cuando decidieron revisar la unidad. Observaron lo que parecía ser sangre en una de las puertas y, al inspeccionar la cajuela, localizaron el cuerpo.

También fue localizado otro cuerpo sin vida en los límites de León y Salamanca. El reporte no precisó la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo.

En Acámbaro, finalmente, fue encontrado el cuerpo de una persona en la comunidad de Tócuaro. El cadáver presentaba señales de violencia.

En Valle de Santiago, minutos después de la medianoche, autoridades localizaron dentro de bolsas los restos de un hombre y una mujer que horas antes habían sido reportados como secuestrados. Los cuerpos fueron hallados en la salida del municipio, sobre la carretera que va a Jaral del Progreso.

Agentes de la fiscalía investigaban si ese caso tenía relación con una organización dedicada a los préstamos gota a gota y si alguna de las víctimas era extranjera. Mientras tanto, ambos permanecían sin identificar en el Servicio Médico Forense.

San Francisco del Rincón reportó una mujer muerta y dos hombres heridos

En San Francisco del Rincón, una mujer murió y dos hombres resultaron lesionados en un ataque directo ocurrido la tarde de este miércoles sobre la calle Ignacio Allende, en la zona centro. Hombres armados a bordo de un vehículo llegaron y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

En otro hecho dentro del mismo municipio, un hombre fue asesinado frente a su hijo de cuatro años en la comunidad de El Pedregal, en los límites con Romita. Al menor le perdonaron la vida y después pudo avisar lo que había ocurrido.

Testigos informaron que primero detectaron al niño llorando y en estado de shock. Cuando logró calmarse, explicó que habían atacado a su padre, y vecinos confirmaron el hecho al encontrar al hombre en un terreno de cultivo.

La fiscalía también informó que investigaba la muerte de tres hombres registrada en las últimas horas en San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo e Irapuato.

La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión efectiva a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado” en el caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez. La sentencia fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot este miércoles durante un juicio abreviado, luego de que el imputado reconozca su responsabilidad penal. La víctima, de 25 años, fue asesinada y su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de residuo en un basural de la zona de Manantial Sur en enero de este año.

El acuerdo, celebrado entre la Unidad Fiscal de Homicidios I, la defensa y la querella, contempla además una reparación económica de 100 millones de pesos destinada a la familia de la víctima. Durante la audiencia, la fiscalía subrayó “la brutalidad del hecho precedente y la fuerte carga simbólica contra la dignidad” que implicó el descarte del cuerpo de la joven.

La condena de Navarro Flores se inscribe en un expediente penal que continúa abierto respecto a otros involucrados: Felipe Sosa permanece acusado como autor material del femicidio, mientras que Justina Gordillo, funcionaria pública, y Jorge Orlando Díaz siguen imputados por distintos grados de encubrimiento agravado. El acuerdo de juicio abreviado al que accedió Navarro Flores no afecta el avance de la causa en relación a estos coimputados.

La investigación técnica resultó determinante para reconstruir los movimientos de Navarro Flores después del crimen cometido por Felipe Sosa. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) recolectó pruebas que demuestran que el 7 de enero de 2026, Navarro Flores recibió comunicaciones de Sosa desde las primeras horas del día y acudió a su domicilio en dos oportunidades.

Cerca de las 22:00 horas de esa jornada, Navarro Flores regresó a la vivienda en un vehículo Toyota Hiace y, según las evidencias, retiró bolsas que contenían restos, prendas y otros rastros de la víctima, para posteriormente descartarlas. El análisis de llamadas, el impacto de antenas telefónicas y los registros de cámaras de seguridad permitieron confirmar la coordinación entre Navarro Flores y el autor material del femicidio para eludir la acción de la justicia. Aunque Navarro Flores aportó información en el transcurso del proceso judicial, su detención en febrero se logró gracias al avance de una investigación técnica realizada.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó la gravedad de la conducta atribuida al condenado, al considerar que la remoción y descarte de los restos de la víctima representó “una afrenta a la dignidad humana y un intento deliberado de obstaculizar la investigación penal”. La reparación económica ofrecida como parte del acuerdo fue aceptada por la familia de la joven, quienes estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El femicidio de Érika Antonella Álvarez

Érika Antonella Álvarez tenía 25 años y residía en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán. El martes 6 de enero de 2026 fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella a través de mensajes, en los que la joven prometió cenar con ellos al día siguiente. Esa noche, ingresó al domicilio de Felipe Sosa, exmilitar, en la calle Santo Domingo al 1100, un lugar que visitaba de forma ocasional. Su familia notó su ausencia cuando no regresó ni respondió más mensajes y, al acudir a su casa, solo encontraron la vivienda vacía.

De acuerdo con la investigación judicial, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de enero, la joven fue asesinada. La autopsia determinó que sufrió traumatismos en la cabeza y el rostro, además de lesiones cervicales que resultaron letales. El informe forense también detectó una luxación en la mandíbula y la utilización de sogas y cintas, elementos que fueron hallados junto a sus restos.

La mañana del 7 de enero, Sosa contactó a Navarro Flores, quien se acercó a la vivienda. Posteriormente, según las pericias, Sosa ideó un plan para deshacerse del cadáver y de las pruebas que lo comprometían. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos permitieron reconstruir en detalle el trayecto utilizado para ocultar el cuerpo.

El 8 de enero, un grupo de mujeres que recolectaba objetos en ese basural encontró el cuerpo dentro de bolsas de consorcio, atada y encintada. La identificación formal se logró gracias a tatuajes y rasgos particulares reconocidos por familiares y confirmados por la policía. El análisis forense estableció que la muerte había ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.

La causa penal avanzó rápidamente, con la detención de Sosa en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, después de que se fugara de Tucumán. Además de él, la Justicia imputó a Navarro Flores por encubrimiento agravado y a otras personas, incluyendo a una funcionaria judicial, por su presunta colaboración en el ocultamiento de pruebas y la logística para el descarte del cuerpo. La investigación continúa reuniendo pruebas que permitan esclarecer la totalidad de la secuencia y la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Este martes por la madrugada, un hombre de 54 años fue asesinado tras recibir múltiples heridas de arma blanca en la localidad de Santos Lugares, en el departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ramón Prados y la hipótesis principal de la investigación apunta a un presunto conflicto familiar.

La búsqueda se centra en René Cejas, exyerno de la víctima, señalado como el principal sospechoso. Tras la agresión, Cejas escapó y se encuentra prófugo. La policía desplegó un operativo para dar con su paradero. De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Liberal, el ataque se produjo cerca de las 2:20 en el paraje Estero, dentro del domicilio de Prados, tras una discusión que escaló hasta derivar en una agresión fatal.

Prados fue encontrado con múltiples heridas en la zona abdominal. Los primeros reportes médicos detallaron que la víctima llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Santos Lugares, desde donde se dispuso su derivación al Centro Integral de Salud Banda. Sin embargo, el hombre falleció en el trayecto, a la altura de la localidad Bandera Bajada, debido a la gravedad de las lesiones.

Tras los hechos, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo, bajo la órbita de la Departamental N° 11 de Monte Quemado, montaron un operativo cerrojo en la zona rural para localizarlo. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el sospechoso se haya arrojado al río Salado tras el crimen, por lo que se sumaron a la búsqueda equipos del Grupo Especial de Rescate (GER).

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia. Con esos resultados, buscan determinar con precisión la mecánica del ataque y las circunstancias que rodearon el homicidio. Por otro lado, los investigadores intentan determinar el móvil del crimen para reconstruir la secuencia, hasta el momento no trascendieron antecedentes de violencia previos entre la víctima y el agresor.

El despliegue policial en la zona incluyó patrullajes rurales y controles en caminos y pasos alternativos, con la participación de unidades especiales y brigadas de infantería. El operativo se mantuvo durante toda la jornada, con la expectativa de lograr la captura del principal sospechoso.

Las fuentes consultadas remarcaron que la causa se halla bajo secreto de sumario, y que la justicia dispuso la reserva de ciertos detalles para no entorpecer el avance de las pesquisas. La búsqueda del sospechoso continúa activa y la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para sumar elementos al expediente.

Mataron a su cuñado de una puñalada en Mar del Plata

El hecho ocurrió a fines de mayo en Mar del Plata, cuando una discusión entre familiares habría derivado en una agresión con arma blanca. La División Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata detuvo a J.O.R., conocido como “El Uña” y de 36 años, por el homicidio de su cuñado Paulo Ezequiel López, de 39 años.

La victima recibió una puñalada en el abdomen y fue hallado en el suelo por efectivos policiales tras un llamado al 911. Fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internada y, semanas después, recibió el alta.

Ante la Justicia, López identificó a J.O.R. como el autor del ataque y solicitó la continuidad de la causa. Sin embargo, su estado de salud se deterioró a fines de junio por complicaciones derivadas de la herida. El 2 de julio reingresó al hospital y falleció dos días más tarde.

La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. El sospechoso fue localizado y arrestado el 5 de julio, portando un cuchillo de 24 centímetros. Actualmente, el hombre permanece detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de la definición judicial.

Norma Beatriz Tula, de 61 años, fue asesinada a puñaladas en la provincia de Catamarca y la Justicia imputó a su hijo. Marcelo Joaquín Tula está detenido por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vinculo y por ensañamiento”. El joven de 22 años permanece internado bajo tratamiento psiquiátrico y con custodia policial, mientras la investigación avanza.

El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda de la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, donde la víctima fue hallada sin vida. Desde el día del crimen, ningún pariente se ha acercado para informarse sobre su estado judicial ni para ofrecer algún tipo de acompañamiento.

Durante los últimas días, solo un hermano y una sobrina de Norma Varela Tula iniciaron gestiones para constituirse como querellantes en la causa, con la representación del abogado Diego Quinteros Martínez. Sin embargo, el paradero del padre de Marcelo Tula es desconocido por las autoridades.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo provocado por múltiples heridas de arma blanca en la región cervical y en el cuerpo. El entorno familiar declaró que el cuerpo presentaba decenas de puñaladas y signos de extrema violencia. Una sobrina de la víctima, Soledad, reveló al medio catamarqueño que la escena resultó impactante por la brutalidad del ataque.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave: la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino, tomó intervención formal en el expediente y dispuso la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a Marcelo Tula. El joven de 22 años fue trasladado este martes al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) para que se realicen los estudios pendientes.

Su salud se mantiene estable dentro del área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista. Los profesionales que lo asisten informaron que ingresó al hospital con una descompensación psicótica y continúa bajo tratamiento especializado.

La fiscal Antonino también solicitó informes socioambientales tanto sobre la vida de Norma Tula como del propio imputado. Además, dispuso que personal especializado evalúe si el joven puede afrontar una Junta Interdisciplinaria para determinar su estado psicofísico. Por el momento, no existe fecha definida para la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolverá si el acusado continúa privado de la libertad mientras se completa la investigación.

Durante la feria judicial, la causa estuvo bajo la responsabilidad de la fiscal Yésica Miranda, quien ordenó la imputación de Marcelo Tula y la producción de los primeros elementos probatorios. Una vez concluido ese periodo, el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, donde se mantienen activas las diligencias para recolectar testimonios del entorno de la víctima y del acusado.

Un elemento que incrementó el interés social y mediático en el caso fue la existencia de antecedentes de violencia familiar. De acuerdo con la reconstrucción judicial y los testimonios, la relación entre Norma y su hijo era conflictiva. Soledad, la sobrina, indicó en diálogo con El Ancasti: “Ella todo el tiempo lo echaba de la casa porque era muy agresivo, muy violento”.

Soledad comentó que el día del crimen, Marcelo habría llegado acompañado por un amigo en un automóvil rojo. En ese momento, se produjo una discusión que terminó en el ataque. El joven se dirigió a la vivienda de un amigo en un barrio cercano, donde habría confesado el crimen. Más tarde, una persona de confianza del entorno fue quien notificó a la familia de la víctima sobre lo ocurrido, de acuerdo con la sobrina.

La investigación sigue abierta y siguen intentanto localizar a personas del entorno de ambos para tomar declaracions testimoniales. En este contexto, el paradero del padre de Marcelo Tula adquiere relevancia ya que podría ser clave para comprender la dinámica familiar y el móvil del crimen. Hasta el momento, no ha comparecido ante la Justicia ni ha sido ubicado por las autoridades.

La noche del 23 de abril de 2025 marcaba el inicio del fin de una pesadilla que se gestó entre bastidores, bajo el destello de la fama y las falsas promesas.

Celeste Abigail Rivas Hernández, una adolescente de origen salvadoreño de solo 14 años, subió a un vehículo enviado para trasladarla desde su tranquila localidad de Lake Elsinore hasta una mansión en Hollywood Hills.

Se dirigía al encuentro de David Anthony Burke, el ascendente cantante de alt-pop conocido mundialmente como d4vd, con quien mantenía una relación clandestina desde que ella tenía 13 años. No sabía que esa travesía nocturna sería la última.

Las paredes de aquella residencia no presenciaron un refugio, sino el escenario donde se consumó la violencia física y el intento definitivo por silenciar una verdad que amenazaba con destruir la carrera del artista.

Meses antes de aquella fatiga de abril, la relación entre el músico de 21 años y la adolescente había entrado en una espiral de tensión constante.

Las evidencias forenses y digitales presentadas en el tribunal detallan que Celeste, angustiada por la dinámica de abuso y el ocultamiento de su vínculo, envió una serie de mensajes tajantes donde le advertía que revelaría a su padre el sometimiento al que era sometida y que “arruinaría su carrera y su vida”.

Según la reconstrucción judicial expuesta por la fiscalía, Burke preparó una emboscada para evitar que la menor hablara. Cuando la adolescente llegó a la residencia de Hollywood Hills, su teléfono celular dejó de emitir señal de manera repentina.

Dentro del inmueble, el acusado la atacó propinándole dos heridas penetrantes con un objeto punzocortante en la parte superior del cuerpo. La autopsia determinó que uno de los impactos perforó las costillas en el tórax izquierdo y el otro penetró profundamente en el hígado, causándole lesiones internas mortales.

La fría ejecución del ocultamiento

Lo que siguió tras el ataque reveló una metódica y perturbadora serie de pasos para erradicar cualquier rastro del crimen. De acuerdo con las pruebas digitales aportadas por los investigadores, días después de la desaparición de la joven, Burke utilizó un seudónimo en internet para ordenar un kit de limpieza y herramientas de desmembramiento: bolsas industriales para cadáveres, una pala, herramientas varias y tres motosierras.

En el área del garaje de la vivienda, utilizando una piscina inflable de plástico azul para contener los fluidos, el cantante cercenó el cuerpo de la adolescente. Durante este proceso, las autoridades presumen que utilizó la motosierra sobre los restos de la menor.

Para entorpecer la identificación forense, a la víctima le amputaron dos dedos de la mano derecha, precisamente aquellos en los que llevaba tatuado el nombre de “David” y un diseño a juego con el del acusado.

Los restos mutilados de Celeste fueron introducidos en bolsas de plástico y colocados en el maletero delantero (frunk) de un vehículo Tesla propiedad del artista.

El automóvil permaneció abandonado durante semanas, trasladándose eventualmente a un lote de remolque en Los Ángeles tras ser incautado.

El 8 de septiembre de 2025, tan solo un día después de la fecha en que la joven habría cumplido 15 años, empleados del depósito vehicular reportaron a la policía un olor fétido insoportable que emanaba de la parte frontal del coche.

Al abrir la estructura, los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles hallaron el torso y la cabeza de Celeste en un avanzado estado de descomposición. La identificación inicial debió realizarse mediante registros radiográficos dentales debido al severo deterioro de los restos.

El banquillo de los acusados y el reclamo de la familia

Tras una investigación que se extendió por siete meses, David Anthony Burke fue arrestado en abril de 2026. Al concluir la reciente audiencia preliminar de cinco días en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la jueza Charlaine Olmedo determinó que las muestras de ADN en el garaje, las compras registradas por internet y los registros de comunicación constituían causa probable suficiente para enviarlo a juicio formal por

• Asesinato en primer grado
• Abuso sexual de menor
• Mutilación de un cadáver.

Durante la audiencia también se dio a conocer que la joven se había practicado un aborto en 2024, a los 13 años, después de que él la dejara embarazada.

Mientras el fiscal de distrito Nathan Hochman evalúa solicitar formalmente la pena de muerte por los agravantes de emboscada, la defensa intentó sostener que el acusado es inocente, argumentando la falta de restos hemáticos en dos de las motosierras e insinuando hipótesis como un presunto suicidio o conductas violentas por parte de la víctima.

Por lo que, al finalizar la audiencia, el abogado de la familia Rivas, Patrick Steinfeld, transmitió el sentir de los padres de la adolescente, devastados al escuchar la estrategia defensiva.

De momento, Burke permanece privado de libertad en una prisión del condado de Los Ángeles sin derecho a fianza. El caso continuará su curso en los tribunales con las siguientes fechas clave establecidas en el calendario judicial:

• 31 de agosto de 2026: Audiencia para la lectura formal de cargos procesales (arraignment) en el Tribunal Superior de Los Ángeles.
• Octubre y noviembre de 2026: Etapa programada para las conferencias de estado del caso (status conferences), donde las partes y la jueza definirán la fecha oficial de inicio del juicio oral.

Para la familia de Celeste Abigail Rivas Hernández, el final de la audiencia preliminar marca apenas el cierre de un doloroso capítulo inicial.

Tras meses de incertidumbre desde su desaparición, sumados a la angustia de escuchar en los tribunales los detalles forenses del crimen, los allegados de Celeste aguardan con la esperanza firme de que el proceso judicial concluya en una condena ejemplar.

La última fotografía de Angelina la muestra con los ojos cerrados, visiblemente delgada. La tomaron el 5 de enero de 2025.

Nadie volvió a ver a la niña después de esa fecha. Cuando los investigadores de la Policía de Hollywood, Florida, preguntaron a sus padres por el bebé, la respuesta fue que nunca había existido: que el embarazo había sido una broma, un engaño para sacarles dinero a los familiares, reportó Fox News.

Una ciudad tranquila ante un caso sin precedentes

Hollywood es una ciudad costera de unos 150.000 habitantes ubicada entre Fort Lauderdale y Miami, en el condado de Broward.

Con playas sobre el Atlántico y una demografía marcada por comunidades latinoamericanas y caribeñas, la ciudad no acumulaba historial de casos de desaparición de recién nacidos. El caso de Angelina Feliz —identificada en los documentos judiciales solo con las iniciales A.F.— cambió eso.

La investigación se extendió durante más de año y medio, cruzó los límites estatales y concluyó, por ahora, con el arresto de los dos progenitores en el condado de Richmond, Carolina del Norte, el 22 de julio de 2026. El cuerpo de la niña no fue encontrado.

Los padres dijeron que su hija era una broma

Samantha Angeline Feliz, de 20 años al momento de los hechos, es la madre de Angelina. Dio a luz en algún momento entre el 6 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, tal como estableció la Policía de Hollywood en los documentos del caso.

El parto no ocurrió en ningún hospital: las autoridades determinaron que el nacimiento fue clandestino, sin asistencia médica registrada y sin certificado de nacimiento.

Familiares que tuvieron contacto con la pareja durante las primeras semanas confirmaron haber visto a la niña. Luego, Angelina dejó de aparecer.

Alejandro Leon Jr., de 21 años, es el padre. La orden de arresto obtenida por la emisora local WPLG afirma que, cuando los investigadores comenzaron a preguntar por la niña, tanto Leon como Feliz negaron repetidamente su existencia.

Les dijeron a los familiares que “el bebé era una broma”. En una versión posterior, cambiaron el relato y alegaron que el embarazo entero había sido un engaño diseñado para obtener dinero de sus respectivas familias.

El Departamento de Investigaciones de Florida (Florida Department of Law Enforcement, FDLE) emitió una alerta de menor desaparecido que incluía los nombres de ambos y su apodo en el barrio: “The Scooter People”, por la costumbre de movilizarse en scooters eléctricos.

Un familiar de la pareja relató a la policía que los vio en múltiples ocasiones a principios de julio de 2025 sin que la niña estuviera presente y sin que ninguno de los dos mencionara a su hija.

La evidencia que los delató

La Policía de Hollywood inició la investigación a comienzos de 2025 tras recibir información sobre el nacimiento oculto. Las pesquisas chocaron de entrada con la ausencia de cualquier registro oficial: sin certificado de nacimiento, sin historial médico, sin partida de defunción.

Los investigadores desplegaron perros detectores de cadáveres en múltiples ubicaciones. No encontraron restos. Al registrar un depósito de almacenamiento vinculado a la pareja, recuperaron ropa de bebé, un test de embarazo positivo y toallas con manchas que aparentaban ser sangre.

Las pruebas de ADN determinaron que la sangre hallada en la ropa y en las toallas pertenecía a un hijo biológico de Leon y Feliz, tal como consta en el expediente judicial.

A eso se sumaron fotografías de Feliz visiblemente embarazada y mensajes de texto en los que la pareja hablaba de la bebé, evidencia que contradecía de manera directa la versión de la “broma”.

Los detectives describieron en el expediente que, en la última imagen conocida de Angelina, fechada el 5 de enero de 2025, la niña aparecía “visiblemente enferma y desnutrida” y con un aspecto que, según su evaluación, no parecía corresponder al de una persona con vida. Mientras la investigación avanzaba en Florida, Leon y Feliz ya no estaban en el estado.

El arresto a más de 1.400 kilómetros de casa

El 22 de julio de 2026, investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond (Richmond County Sheriff’s Office, RCSO) y agentes del U.S. Marshals Service localizaron a la pareja en una propiedad rural en las inmediaciones de Rockingham, Carolina del Norte, a unos 1.400 kilómetros (870 millas) de Hollywood. La vivienda pertenecía a un familiar de Leon.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la cárcel del condado de Richmond sin derecho a fianza, a la espera de extradición a Florida.

El sheriff Mark Gulledge lo resumió en un comunicado: “Este es un ejemplo perfecto de la colaboración entre agencias a nivel nacional para mantener la justicia”, informó Fox News.

En el condado de Broward, Leon y Feliz enfrentan cargos idénticos: homicidio agravado de un menor, manipulación o fabricación de evidencia, omisión de notificación de una muerte al Médico Forense, información falsa sobre un menor desaparecido y denuncia falsa a las fuerzas del orden.

El cargo de manipulación de evidencia alega que la pareja alteró, ocultó o destruyó “el cuerpo y/o los restos humanos” de la niña, de acuerdo con el texto del expediente citado por CBS 12.

La fiscalía llegó a esa conclusión sin contar con certificado de nacimiento, sin historial médico y sin haber localizado el cuerpo. La base probatoria —fotografías, mensajes de texto, objetos del depósito y resultados de ADN— fue considerada suficiente para formular los cargos.

Sin cuerpo, sin fecha, sin respuestas

Aún los restos de Angelina Feliz no fueron localizados. La niña tenía, como máximo, 30 días de vida cuando fue fotografiada por última vez. No existe registro público de su nacimiento ni de su muerte.

Leon y Feliz permanecen detenidos y la extradición al condado de Broward no tiene fecha confirmada.

Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas desde su arresto, de acuerdo con los medios consultados. La alerta de menor desaparecido emitida por el Departamento de Investigaciones de Florida sigue activa.

El deporte peruano está de luto. Brian Roque Caycho, medallista bolivariano de bádminton de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El joven se encontraba conversando con un grupo de amigos en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra él.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. De acuerdo con la información preliminar recogida en la zona, los atacantes habrían disparado directamente contra el deportista y luego escapado rápidamente del lugar. Peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala en la escena, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque contra el reconocido representante del bádminton peruano.

Brian Roque Caycho ganó tres medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La muerte de Brian Roque Caycho generó consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad deportiva. El joven había logrado destacar en el bádminton peruano y formaba parte de la nueva generación de deportistas que representaban al país en competencias internacionales, entre ellos el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Sudamericano Juvenil de Brasil 2015.

Durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Roque Caycho consiguió dos medallas en la modalidad de dobles masculino, junto a su compañero Sharon Durand. Además, obtuvo una presea adicional en la misma competencia, consolidándose como uno de los medallistas internacionales más destacados del bádminton peruano.

Su desempeño en el torneo multideportivo lo posicionó como una de las promesas de esta disciplina y como uno de los deportistas que proyectaban continuar representando al país en futuras competencias internacionales. Según el portal gob.pe, las meta principal de Roque era subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven. La institución recordó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) y representante del bádminton nacional.

El Comité Olímpico Peruano también lamentó la muerte del deportista y destacó su trayectoria en las competencias internacionales. La organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del bádminton peruano.

Canales de ayuda

El Gobierno de transición prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que permanece vigente desde septiembre de 2024, cuando fue implementada tras una ola de ataques contra transportistas y comerciantes vinculados a casos de extorsión.

La nueva ampliación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, luego de que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitara mantener el régimen de excepción debido a la continuidad de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Debido al aumento de criminalidad, se ha puesto a la disposici

• El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.
• La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.

Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, son los jueces que condenaron a 3 años y medio de prisión a Hugo Daneri (27), un joven acusado de asesinar a golpes a Walter Teves, de 48 años, durante una pelea en 2024 en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown.

Para la familia de la víctima, la condena fue baja. Sin embargo, para no extender aún más el suplicio que comenzó con el ataque a Walter hace más de dos años, decidieron que no van a apelar la sentencia del TOC Nº3. “Consideramos que la pena es baja, de acuerdo a todas las constancias de la causa. Pero es criterio de la familia tener un corte con esto, porque la familia la pasó muy mal”, dijo a Infobae Abelardo Tavira, abogado querellante.

“Durante 21 meses y durante el transcurso de las tres jornadas de juicio oral fue un hecho realmente muy desgraciado. Es lamentable imaginar a una persona que va a comprar al supermercado, no volver nunca más a su casa y después de 21 meses de postración total, fallecer”, graficó el letrado.

En ese sentido, Tavira aclaró que ellos asumieron la representación de la familia cuando ya la causa estaba avanzada y que de antemano, intuían que la sentencia no sería muy elevada “debido a los antecedentes del tribunal”.

“Cuando uno busca jurisprudencia sobre las penas que imponen ciertos tribunales, bueno, nosotros detectamos que el tribunal actuante, este fue coherente con otras causas en las que también impuso penas bajas”, remarcó el abogado. “Son penas que después fueron aumentadas en Casación. No mucho porque Casación tampoco varía mucho el quantum de la pena”, añadió.

Asimismo, Tavira indicó que para no extender aún más el proceso con una apelación, la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, en acuerdo con la familia, también optó por no apelar. Creen que es poco probable que Casación eleve la condena. Remarcó que la familia está completamente disconforme con la pena pero que para “darle un corte” va a aceptar.

Giorgi, había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado, mientras que Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que Daneri sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria a ocho años por el delito “homicidio preterintencional”.

La cantidad de años impuesta al asesino se explica por la calificación preterintencional. “Lo teníamos previsto. Tanto la fiscalía, como el particular damnificado”, indicó. “Subsidiariamente pedimos el preterintencional para no perder la ocasión de conseguir una pena acorde”, agregó.

Respecto a esta calificación, el letrado señaló como crítica al sistema penal argentino que “es una incongruencia” que el delito de lesiones gravísimas tenga una pena mayor que el delito de homicidio preterintencional". Es decir, si Walter no hubiese fallecido, la posibilidad de obtener una pena mayor por las lesiones que le ocasionó el asesino hubiera sido más alta.

El trágico final de Walter comenzó en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. De acuerdo con la investigación y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho y que también será juzgado por el asesinato, acusaron a Teves de haberles tocado el auto.

El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

Los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos. Se pelearon en una calle hasta que Walter quedó en coma.

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

En el caso del menor de 17 años acusado, para no revivir todo el proceso, la familia analiza la posibilidad de aceptar un juicio abreviado, considerando el impacto emocional que tendría repetir el calvario de un nuevo debate.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia. De parte de la familia, la pelea ahora pasa al ámbito civil, donde reclaman una reparación por daños y perjuicios.

Otros fallos del Tribunal de Lomas de Zamora

Tanto Gabián como Dellature hacen parte del TOC Nº3 desde hace ya varios años, en los que han intervenido en algunos caso de amplia difusión mediática e impacto en la sociedad. Anaya, sin embargo, fue nombrada como jueza del tribunal en septiembre del año pasado. La mujer era agente fiscal pero antes de se nombramiento como jueza, se venía desempeñando como Subsecretaria de Seguridad del Municipio de Lanús.

Algunos meses después, exactamente en diciembre, el Tribunal de Lomas de Zamora fue noticia después de que condenó a 14 años de prisión a Diego Javier Clementi, el ginecólogo de la localidad bonaerense de Burzaco acusado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes.

La jueza Anaya y los jueces Dellature y Gabián leyeron el veredicto que dispuso la detención inmediata del acusado y la extracción de muestras de ADN, una vez que la sentencia quede firme, para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

No fueron los únicos. Dos años antes, el TOC Nº3 de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión al ex árbitro Martín Bustos por la causa de abusos a menores en Independiente. El juicio lo llevó adelante la fiscal Giorgi.

El acusado fue declarado culpable por ser autor penalmente responsable del delito de promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años, en concurso real con promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso se una situación de vulnerabilidad.

Además, le adjudicaron la sustracción y destrucción de un documento confiado a su custodia en su carácter de funcionario público en dos oportunidades. Además de Gabián y Dellature, ese fallo llevó la firma de la jueza Mariel Elizabeth Alegre.

El mismo año el TOC N° 3 de Lomas de Zamora absolvió al médico obstetra y ginecólogo Pablo Ghisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. La resolución llevó la firma de Dellature, Gabián y el juez Mauricio Salvador Blanco.

El médico estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual hecha por su hijo mayor, Tomás. El hombre quedó quedó absuelto finalmente tras una resolución de la Suprema Corte Bonaerense, que confirmó en marzo de este año la decisión del TOC.

Se trata del hombre que había estado tres años y cuyo caso se conoció en 2025, cuando el joven denunciante confesó que la acusación a su padre era mentira y que su mamá lo manipuló para hacerla.

Su absolución fue confirmada por el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires luego de que las autoridades resolvieran rechazar el reclamo de intervención extraordinaria que había solicitado Andrea Karina Vázquez, la ex pareja de Ghisoni y particular damnificada en la causa representando a su hijo menor.

En 2022, el Tribunal condenó a 25 años de prisión a 7 expolicías, a quienes halló responsables de la llamada “Masacre de Wilde”que tuvo lugar en 1994 en esa localidad bonaerense.

El veredicto estuvo a cargo de los jueces Dellature, Gabián y Claudio Fernández. En 2019, el Tribunal con la firma de estos mismos jueces, por unanimidad, condenaron a perpetua a M.E.G. por asesinar en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, a la pareja de su ex pareja con la único propósito de causarle daño a la mujer.

De acuerdo a la prueba colectada, M.E.G. irrumpió violentamente en el domicilio de su expareja, derribando la puerta a patadas y armado con una cuchilla de 21 centímetros. Allí, sin mediar palabra, se abalanzó sobre J.G., y le asestó múltiples puñaladas.

El Tribunal lo condenó por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, daño en concurso real con violación de domicilio y amenazas concursando realmente entre sí en el contexto de violencia.

El trágico final de Walter comenzó en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. De acuerdo con la investigación y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho y que también será juzgado por el asesinato, acusaron a Teves de haberles tocado el auto.

El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

Los dos hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos.

La pelea, en plena calle, quedó registrada por una cámara de seguridad. Allí se ve cómo el primero en lanzar un golpe fue Teves. De inmediato, los dos Daneri comenzaron a pegarle. Walter, hizo lo que pudo, pero el enfrentamiento con ambos fue mucho para él.

“Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea” habrían sido las frases que usaron para molestarlo, de acuerdo a lo relatado por el abogado familiar, Abelardo Tavira.

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

La familia lo despidió el 10, con un cortejo fúnebre que finalizó en el cementerio Parque Eterno, en el barrio de Don Orione, partido de Almirante Brown.

Una condena vergonzosa

Daneri finalmente fue hallado culpable por los jueces Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya del delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor.

Esta calificación fue considerada mucho menos grave que la impulsada por la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, quien había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado. El hermano menor de los Daneri será juzgado en un Tribunal de Menores a pesar de ya ser mayor.

“Esto es lo que vale quitarle la vida a mi hermano en este país. Tres años y unos meses, eso vale. Una vergüenza la Justicia que tenemos”, escribió Rocío, la hermana de la víctima, en su perfil de Facebook.

El abogado Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria ocho años por “homicidio preterintencional”. La familia adelantó que no apelará la sentencia para no revivir el proceso.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia.

Ante la ola de violencia desatada en Tabasco, el sector empresarial ha exigido mayor seguridad y atención por parte del gobierno de Javier May Rodríguez y su secretario, José Ramiro López Obrador, resaltando que la inseguridad no se puede volver un acto cotidiano en el desarrollo de sus actividades.

Empresarios piden mayor seguridad ante las extorsiones

Lo que detonó la exigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) fue la localización de restos humanos afuera de un negocio de autopartes sobre el Periférico Carlos Pellicer, el lugar podría verse forzado a cerrar tras la amenaza directa.

“Estamos muy preocupados por esta situación que ya rebasó a la autoridad, y las estrategias para blindar la seguridad de nuestro estado no están dando los mejores resultados”, afirmó la Cámara de Comercio de Villahermosa a través de un comunicado.

Pidió al partido de Morena y sus aliados a entender el contexto de su llamado, ya que solo buscan defender sus derechos como sector empresarial, ya que los negocios se ven orillados a cerrar por la falta de medidas de seguridad.

Dieron a conocer que con anterioridad, carnicerías como Grijalva y El Jarocho cerraron por el contexto de violencia que los acecha, por lo que el negocio de autopartes podría seguir el mismo camino ante la inseguridad en el estado.

Detallaron que la confianza en las autoridades está “rota”, sin embargo, confiaron en que se encontrarán las medidas para hacerle frente a las organizaciones criminales que operan en el estado.

“Pedimos que se busque la mejor solución para que podamos tener abiertos nuestros negocios, queremos y no queremos confiar en la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Estatal; por los antecedentes que traen con los cárteles delincuenciales”, puntualizaron los empresarios en el comunicado.

Secretario de Gobierno de Tabasco minimiza inseguridad en el estado

El pasado 21 de julio, el secretario de Gobierno de Tabasco rechazó que la violencia haya aumentado en el estado, José Ramiro López Obrador, aseguró que la incidencia delictiva va a la baja. Al inicio de la actual administración el promedio de homicidios dolosos era de 3.7 diarios; sostuvo que, al día de hoy, está por debajo de dos. “No se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva”, dijo el funcionario a medios de comunicación.

López Obrador atribuyó los hechos recientes a “bandas que se están peleando la plaza” y mencionó al CJNG y a La Barredora sin ahondar en el tema. También presumió el número de detenidos: más de mil 500 integrantes de la delincuencia organizada capturados durante la administración de Javier May Rodríguez, cifra que, dijo, supera a cualquier gobierno anterior.

El secretario se lanzó contra los medios, para pedirles mesura ante el tema de seguridad en el estado: “No hay que decir que se ha incrementado porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. Tienen que irse a la estadística”.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Erubiel Alonso Que, contradijo la versión del secretario de gobierno. En un encuentro con medios, afirmó que Tabasco lleva 30 días con muertos, descuartizados y asesinados apareciendo a diario en el territorio estatal, y acusó al gobierno de ocultar información junto con la Fiscalía.

Renzo Reggiardo pidió al Gobierno de José Balcázar tomar medidas urgentes frente al avance de la delincuencia durante una visita a las familias afectadas por el incendio ocurrido en Manzanilla, en el Cercado de Lima, tragedia que dejó diez fallecidos y que es investigada como un presunto atentado vinculado a la extorsión.

En declaraciones a RPP, el alcalde de Lima expresó su indignación por el incremento de la violencia criminal y cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a estos hechos. “Lo primero que tengo que decir es que se pongan los pantalones el Ejecutivo. Lamentablemente no se los pone hace mucho tiempo”, afirmó al referirse a la necesidad de adoptar acciones concretas para enfrentar la inseguridad.

Reggiardo sostuvo que la situación ya no puede seguir siendo tratada con medidas parciales y señaló que los recientes casos de violencia reflejan un problema que afecta a todo el país. Asimismo, indicó que el Gobierno central debe asumir un liderazgo más firme para enfrentar delitos como la extorsión, que, según dijo, continúa cobrando víctimas.

Gestión Balcázar, en el banquillo

El alcalde de Lima no ahorró críticas. Ante la pregunta de RPP sobre lo que hizo la administración de Balcázar frente a la inseguridad, la respuesta fue directa: “Absolutamente nada, lo están viendo”. El alcalde señaló que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), del que forma parte como burgomaestre capitalino, se ha convertido en lo que él mismo llamó “un té de tías”, en alusión a la falta de decisiones efectivas del organismo.

Para Reggiardo, la raíz del problema va más allá de la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). “El gobierno central tiene que ponerse los pantalones y abrocharse el cinturón y tomar decisiones que puedan ser incómodas, pero que son necesarias”.

El incendio de Manzanilla se suma a una cadena de hechos violentos que, según Renzo Reggiardo, se replica en todo el territorio peruano. “Estamos enfrascados en estupideces que ya no pueden seguir esperando más tiempo los pobladores”, sostuvo ante el citado medio.

Insiste en la Policía Municipal

El alcalde aprovechó la ocasión para reiterar una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana: la creación de una Policía o Guardia Municipal que complemente el trabajo de la Policía Nacional.

Según explicó a RPP, esta fuerza permitiría incorporar alrededor de 6.000 efectivos destinados a labores como el control del tránsito, la fiscalización de delitos menores y el apoyo en la lucha contra la extorsión. A su juicio, ello permitiría liberar a agentes de la Policía Nacional para que se concentren en combatir el crimen organizado.

Exhorta a Keiko Fujimori a priorizar seguridad

El burgomaestre también dirigió un mensaje a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien pidió implementar medidas inmediatas desde el inicio de su gestión para fortalecer la seguridad ciudadana.

En esa misma línea planteó que el nuevo Gobierno adopte medidas urgentes para enfrentar la inseguridad ciudadana desde el inicio de su gestión, mediante acciones que permitan fortalecer la respuesta del Estado y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Finalmente, Reggiardo aseguró que el Gobierno de José Balcázar “no hizo absolutamente nada” frente a la inseguridad y planteó la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule a la Policía, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y otras instituciones. Afirmó que la lucha contra el crimen requiere una respuesta integral del Estado.

El asesinato de Matías Ochonga en Córdoba dejó de ser tratado como un homicidio “común” y escaló a una unidad especializada en investigaciones dado que los rastrillajes para dar con el principal sospechoso aún no arrojaron resultados positivos. En este contexto, la Fiscalía de Delitos Complejos asumió la conducción de la causa.

La investigación se inició cuando, en medio de los festejos por una de las victorias de la selección argentina, la víctima recibió tres disparos por la espalda que le provocaron la muerte en el lugar.

A más de diez días del hecho, la causa pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Silvana Quaglia. Por el momento, el único detenido es el cuñado del sospechoso, Agustín Alexis Guevara. Lo acusan de encubrimiento, según informó el portal cordobés Cba24n.

El expediente salió de la Fiscalía de Instrucción de Feria de San Francisco para quedar bajo la órbita de Quaglia. Los operativos de la Policía de Córdoba se extendieron durante varios días en distintos barrios de San Francisco —donde ocurrió el crimen— como en domicilios de Frontera, la localidad que limita con la provincia de Santa Fe, sin que se lograra dar con el paradero del joven de 25 años, conocido como “Manay”.

Cómo murió

El crimen ocurrió en la madrugada del 13 de julio, pasadas las 2, en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco, mientras los vecinos festejaban el 3-1 de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. Ochonga, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda a corta distancia. Por la cantidad de personas reunidas en el lugar, la ambulancia no pudo acceder y la víctima fue trasladada en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su fallecimiento.

La investigación identificó a Guevara como el principal sospechoso a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y de los testimonios de testigos presentes durante el ataque. Sobre él pesa una orden de captura de alcance nacional. Además, registra un extenso historial de antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

La detención del familiar se produjo tras una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en la mencionada localidad de Santa Fe. El detenido quedó a disposición de la fiscalía, que busca determinar el rol de la red de apoyo que habría facilitado la fuga del sospechoso, de acuerdo con lo informado por Cba24n.

El dato que analizan los investigadores

La principal hipótesis de la investigación apunta a un ajuste de cuentas con raíces en disputas territoriales vinculadas al narcotráfico en dichas localidades. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, descartó desde el primer momento que el homicidio tuviera relación con los festejos deportivos. “Claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia, con la cuestión entre fronteras y San Francisco”, sostuvo el funcionario en rueda de prensa, según consignó Infobae. Quinteros también vinculó a Guevara con “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”.

Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas diez días antes del ataque, bajo el régimen de libertad condicional tras cumplir una condena por robos calificados. Al momento de su muerte, tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas. Aparentemente “lo estaban esperando”, dijo una fuente ligada a la investigación.

La causa avanza ahora con la Fiscalía de Delitos Complejos al frente, con pericias sobre los teléfonos secuestrados y el análisis de los registros fílmicos como líneas de trabajo centrales.

Las contradicciones alrededor de la muerte de Ilda Goyochea siguen siendo el principal foco de la investigación, dado que aún no se pudo establecer con precisión qué fue lo que ocurrió durante la reunión que se llevó a cabo en su casa y que terminó con el fatal desenlace. La familia de la mujer de 32 años no cree en la teoría del accidente doméstico y apunta a las contradicciones de los dos detenidos.

Este miércoles, el abogado de los padres, Fernando Gabriel Brizuela, presentó una denuncia formal para constituirse como querellante en la causa y exigió que la investigación se profundice. Según apuntó, la morfología de la herida en el cuello de la víctima no parecería haber sido producto de un accidente. Así lo informó el portal local Nueva Rioja.

La muerte de Goyochea ocurrió en su domicilio, ubicado en el barrio Infantería II de La Rioja. Allí, la mujer compartía una reunión con otras dos personas. La versión inicial indicaba que se había caído sobre una copa de vidrio rota, lo que le habría provocado un profundo corte en el cuello. Primero, la trasladaron a una clínica privada y luego la derivaron al Hospital Enrique Vera Barros, donde estuvo internada casi una semana y murió, según reconstruyó Nueva Rioja.

La causa quedó radicada originalmente en el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, quien trabajó en un primer momento bajo la hipótesis del accidente. Al detectar inconsistencias en los relatos de las dos personas, la magistrada ordenó la detención preventiva de ambos antes del inicio de la feria judicial. Posteriormente, el expediente pasó a la jueza Karina Andrea Torres, quien dispuso nuevas medidas: la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los detenidos para su análisis pericial.

Fue en ese contexto que la familia de la víctima decidió buscar representación legal. Brizuela relató, en declaraciones recogidas por Nueva Rioja, que los familiares llegaron a su estudio “profundamente preocupados por las distintas versiones que fueron apareciendo con el correr de los días”, y que esa fue la razón para presentar la denuncia y exigir una investigación a fondo.

Uno de los ejes del planteo de la querella es la descripción técnica del traumatismo cortante. “La herida era lineal, de aproximadamente entre ocho y diez centímetros. Esa característica no sería compatible con una producción por una copa rota, que normalmente genera un corte de carácter irregular”, sostuvo el abogado. A ese interrogante se sumó una presunta demora en la atención médica posterior al hecho.

Sobre la situación procesal de los dos detenidos, el letrado defendió la decisión judicial. “Una orden de detención de estas características no se dicta jamás sin fundamentos sólidos. En este momento procesal existe una hipótesis provisoria que ahora deberá ser profundamente contrastada y desarrollada durante la investigación penal preparatoria”, afirmó.

Frente al argumento de la defensa de los imputados, que encuadra el episodio como un trágico accidente, el letrado insistió en una principal incógnita. “No necesariamente tiene que existir un móvil evidente o preexistente para que ocurra un hecho de estas características. Lo verdaderamente importante en esta etapa es determinar con rigor científico qué pasó esa noche y cómo se produjo exactamente esa lesión”, expresó.

La familia aguarda los resultados de las pericias ordenadas, con especial atención al informe definitivo de la autopsia médico-legal. Ese documento, junto con el análisis de los teléfonos secuestrados y los registros fílmicos recopilados por los investigadores para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho, será determinante para establecer la causa de la muerte de la mujer.

La tranquilidad habitual de la campiña en el departamento de Matagalpa se quebró de forma trágica la madrugada del 20 de julio. Lo que debía ser el comienzo de una jornada laboral más en las tierras del municipio de San Ramón terminó convertido en un sangriento episodio que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

Antonio Godínez Arista, de aproximadamente 50 años, y su joven hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 23 años, fueron asesinados violentamente mientras resguardaban la propiedad donde laboraban. Padre e hijo se desempeñaban como cuidadores en la finca Blancher, un predio propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez.

Ambos habían salido desde muy tempranas horas con el compromiso de velar por el patrimonio del lugar, sin imaginar que se cruzarían en el camino de la muerte. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, es que varios sujetos armados habían ingresado a las parcelas con la intención de cometer abigeato (hurto de ganado) intentando sustraer una vaca de la propiedad.

Sin embargo, versiones recabadas entre los parientes de las víctimas apuntan también a una disputa originada cuando Antonio sorprendió a desconocidos invadiendo el terreno para realizar el corte ilegal de madera.

Al notar la presencia de los intrusos, Antonio Godínez decidió encararlos y reclamarles por el delito cometido en la finca que tenía bajo su custodia. La confrontación verbal escaló rápidamente en tensión. Al ver a su padre en peligro, el joven Eugenio intervino desesperadamente para defenderlo. La respuesta de los delincuentes fue implacable y despiadada: arremetieron contra ambos hombres utilizando armas cortantes.

Inicialmente se detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por machete. No obstante, conforme avanzaron las horas, los datos forenses recopilados revelaron que padre e hijo también habrían recibido impactos de bala durante el violento ataque, lo que les causó la muerte de manera casi instantánea en el lugar.

El desgarrador hallazgo en la parcela

El horror de la escena fue descubierto minutos después por la propia familia. Pablo Antonio Godínez Mendoza, también hijo de Antonio, relató los angustiosos momentos en que escuchó los gritos y la discusión a la distancia. Presintiendo lo peor, corrió entre los matorrales hacia el punto del conflicto.

Al llegar, la escena era desgarradora. Pablo encontró primero el cuerpo inerte de su padre sobre la hierba. Devastado por el dolor y en medio de la penumbra, comenzó a buscar desesperadamente a su hermano Eugenio, a quien halló a unos metros de distancia, también sin signos vitales.

La alerta inmediata movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades. Trascendió de forma extraoficial que otro familiar de las víctimas resultó con heridas de gravedad durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde permanece bajo supervisión médica.

Tras el reporte del doble homicidio, un contingente de la Policía Nacional junto a peritos de Criminalística y médicos forenses se desplegaron en la finca Blancher. Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias hemáticas, balísticas y huellas que permitan esclarecer con precisión el móvil del crimen.

Como resultado de las primeras acciones operativas en la zona de San Ramón, la Policía Nacional confirmó la detención de tres sospechosos identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría. Los tres ciudadanos permanecen bajo custodia policial y están siendo investigados por su presunta participación directa en el ataque.

Mientras los peritos continúan determinando si la causa principal del crimen fue el intento de abigeato o la invasión para la tala ilegal, la comunidad de Mina Verde y sus alrededores claman por justicia. La trágica partida de Antonio y Eugenio deja un profundo vacío entre sus seres queridos y un sentimiento de indignación en el campo matagalpino.

El expediente en el que se investiga el femicidio de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un pozo séptico en la localidad bonaerense de José C. Paz, aún espera sumar dos elementos claves: el resultado de la autopsia y la declaración indagatoria de Ignacio Daniel González, el dueño de la casa donde hallaron a la víctima y único detenido por el crimen.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que en cuanto a los exámenes forenses, se espera que los resultados para saber cómo fue asesinada se conozcan la semana próxima. Respecto al acusado, señalaron que el hombre sería vecino de ella. Él todavía permanece detenido en la provincia de Chaco, a donde viajó poco después de -presuntamente- haber cometido el femicidio, a la espera de que lo trasladen a territorio bonaerense.

“El trámite del traslado debe cumplir con ciertas formalidades requeridas por la normativa. No es inmediato”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La desaparición de Karina fue denunciada el 13 de julio por Ramón David Barrionuevo, pareja de la víctima, quien declaró que había discutido con ella por celos, que se fue a dormir y al despertar ella ya no estaba.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio y que efectivamente durante la madrugada hubo discusiones en la pareja.

La joven de 22 años no se llevó el celular, la tarjeta SUBE ni bolsos con ropa, y que dejó en la vivienda a su hijo de siete años, de una relación anterior.

Según trascendió, la joven solía ausentarse después de peleas, aunque siempre regresaba. El informe policial señaló que la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 activó el protocolo de búsqueda y ordenó tareas a la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz.

Cómo identificaron al principal sospechoso

Hasta ese momento, todo era un misterio. Sin embargo, la aparición de un video en el que se ve a Karina cambió todo. Mediante una imagen captada por una cámara privada a las 6 del domingo, se observó a la joven con su bicicleta y al lado de ella un hombre al que no identificaron, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

La Policía indicó que primero exhibieron esas imágenes a familiares de la mujer, que dijeron no reconocer al hombre. Pero, la situación cambió este sábado pasado, cuando el video se difundió públicamente.

Según se dio a conocer, familiares del hombre que aparecía en las imágenes llamaron a la Policía e informaron que se trataba de Ignacio Daniel González, de 35 años.

Dijeron que, tras insistir por teléfono, González les confesó haber matado a Karina y que arrojó el cuerpo al pozo séptico de su casa, ubicada en la calle Suecia al 4200.

Tras una orden allanamiento, la Policía bonaerense llegó hasta la vivienda y lograron encontrar en el pozo séptico el cuerpo enterrado de Karina. Estaba sin sus prendas de vestir, que estaban envueltas en su cabeza y algunas prendas del sospechoso que se visualizan en el video.

Asimismo, encontraron pedazos de la bicicleta que él había roto y que también arrojó al pozo. El femicida finalmente se entregó en la Comisaría Primera de la localidad de Charata, Chaco.

El vínculo entre el femicida y Karina era un vínculo de vecinos, de conocidos, según los primeros datos. Aún no se sabe si se encontraron de casualidad o si ya estaba pactado. Lo cierto es que González es el principal sospechoso de haber asesinado a la mujer.

En ese sentido, trascendió que en la vivienda del femicida también vivían su esposa y su hijo, pero al momento del hecho, no se encontraban, ya que el menor estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Resta ahora saber los resultados de la autopsia para saber cómo la mató y si va a explicarle la Justicia de San Martín por qué mató a Karina.

Un lote integrado por 15 vehículos de lujo fue localizado por autoridades federales durante un operativo realizado en Mérida, Yucatán, como parte de una investigación contra una presunta red de operaciones financieras del Cártel del Noreste. Los automóviles forman parte de bienes valuados en más de 145 millones de pesos asegurados durante cuatro cateos que también derivaron en la detención de Justo Aurelio “N”.

Aunque las autoridades no difundieron un inventario oficial con las marcas, modelos ni el valor individual de cada unidad, las imágenes compartidas por la Secretaría de Marina (Semar) permiten identificar parte de la colección integrada por algunos de los deportivos y vehículos de alto desempeño más exclusivos del mercado. En las diligencias también fueron asegurados armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, droga, dinero en efectivo, joyería, equipos de comunicación y cómputo, además de documentación y dispositivos de almacenamiento digital.

Los cateos fueron ejecutados en distintos puntos de Mérida como parte de una investigación sustentada en labores de inteligencia para identificar a personas presuntamente relacionadas con actividades del crimen organizado y afectar su estructura financiera.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Vehículos exclusivos y de series limitadas

Con base en las imágenes difundidas por la Secretaría de Marina fue posible identificar algunos de los automóviles que integran la colección. En las fotografías también se observan otras unidades de características similares cuya marca o versión no puede determinarse con precisión debido al ángulo de las tomas.

Entre los vehículos identificables destaca un Lamborghini Huracán STO color azul con detalles en naranja, una versión homologada para calle inspirada en competencias y desarrollada con un enfoque para conducción en circuito.

También se aprecia un Lamborghini Essenza SCV12, o una unidad con apariencia correspondiente a ese modelo, pintado en verde militar con distintivos de Pirelli. Se trata de un hiperdeportivo fabricado exclusivamente para pista y producido en una serie muy limitada.

Asimismo, se observan dos Lamborghini Huracán adicionales, uno en color gris y otro en verde oscuro.

Dentro de la colección también aparece un vehículo que, por sus características exteriores, aparenta ser un Ferrari F80 color rojo, uno de los modelos más exclusivos desarrollados por la firma italiana.

Las imágenes también permiten distinguir dos Porsche 911 GT3 RS blancos. Uno de ellos porta rines rojos y gráficos laterales, mientras que el otro incorpora un cofre de fibra de carbono con franjas negras. A estos se suman dos Porsche 911 adicionales, uno gris y otro verde oscuro.

La lista se complementa con una Ford SVT Lightning color rojo, una versión de alto desempeño de la camioneta F-150 desarrollada por la división Special Vehicle Team de Ford, una camioneta Mercedes-Benz Clase G en color rojo, así como un vehículo utilitario Can-Am Defender, utilizado comúnmente para recorridos todoterreno.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el valor individual de cada unidad ni confirmado oficialmente el modelo exacto de los vehículos identificados en las imágenes, por lo que las descripciones corresponden al análisis visual del material difundido por la Secretaría de Marina.

¿Qué más fue asegurado durante los cateos?

Además del lote de 15 vehículos de lujo, las autoridades localizaron una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación, equipo de cómputo, documentación y diversos medios de almacenamiento digital.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el valor conjunto de los bienes asegurados supera los 145 millones de pesos, aunque hasta el momento no se ha informado qué proporción corresponde a los automóviles ni se ha difundido un avalúo detallado de las unidades.

La captura de Justo Aurelio “N”

Durante las diligencias fue detenido Justo Aurelio “N”, quien es identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos que se le imputan ni han confirmado públicamente el alcance de su presunta participación dentro de esa organización criminal. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Yucatán, una entidad utilizada para operaciones financieras del crimen organizado

Aunque Yucatán mantiene algunos de los índices de violencia más bajos del país, reportes de inteligencia nacionales e internacionales han documentado la presencia de organizaciones criminales que utilizan la entidad para actividades como el lavado de dinero, el trasiego de drogas y operaciones logísticas.

Entre los grupos con presencia identificada en la Península figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La detención de Justo Aurelio “N” y el aseguramiento de los bienes fueron atribuidos por las autoridades a una investigación relacionada con el Cártel del Noreste, organización que presuntamente extendió parte de sus operaciones financieras hacia la península.

La ubicación geográfica de Yucatán, con conexión hacia Quintana Roo, Campeche, Centroamérica y rutas marítimas del Caribe, lo ha convertido en un punto de interés para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras economías ilícitas.

Norma Varela Tula, una mujer de 61 años de la provincia de Catamarca, fue asesinada de múltiples puñaladas y por el crimen detuvieron a su hijo. Según denunció la sobrina de la víctima, el sospechoso -identificado como Joaquín Tula (22)- era violento con su madre.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado domingo por la noche en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. Fue justamente la sobrina de Norma la que encontró el cadáver en medio de una escena espeluznante.

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran molido a piñas. Tenía la cara destruida. Tenía una manguera negra de agua como las de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo (como de medio metro). Tenía un haragán en la vagina. La había ensartado con el haragán. Tenía los pantalones y la bombacha debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, señaló Soledad, la sobrina, en diálogo con el diario local El Ancasti.

Según dijo, existían antecedentes de conflictos y episodios violentos entre Norma y el hijo de 22 años, principal sospechoso del crimen. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, relató la mujer.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, a cargo de Yésica Miranda. Según la autopsia, Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Si bien no trascendió el número exacto de puñaladas, desde la familia señalaron que la mujer recibió más de 40 puntazos.

“Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible. Ella sabía tener una heladera pegada a una pared, que estaba inclinada como si la hubieran empujado. Me da a pensar que ellos forcejearon. Había mucho desorden en la casa, propio de mi tía”, detalló.

De acuerdo con el medio local, las pericias preliminares señalaron que todo habría ocurrido entre las 12.45 y las 19 horas del domingo. Soledad contó que mientras estaba en su casa, cerca del domicilio de su tía, vio cuando el sospechoso llegó en un auto rojo, junto a un amigo.

“Estaba en mi casa haciendo limpieza. Veo que Joaquín llega con un amigo en un auto rojo. Llegan a mi casa, se estacionan al frente, conversan. Él entra a mi casa por el costado del pasillo y se dirigen a la suya, porque ellos entraban y salían por (el costado de) mi casa”, recordó.

La familiar relató que tras escuchar la disputa, observó a Joaquín salir de la casa desorientado y sin responder a sus preguntas.

“Entré a mi casa, me puse a cocinar y Joaquín salió. Habrá sido la 13.30. Salió corriendo para la avenida San Martín, por frente de mi casa”, explicó. Según la reconstrucción que pudo hacer, indicó que el joven se dirigió a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó parte de sus pertenencias y habría comentado que mató a su madre", añadió.

Posteriormente se contactó a un hombre que usualmente le daba trabajo, quien notó que presentaba manchas de sangre y una mano lastimada. El conocido lo llevó a su domicilio, donde habrían mantenido una pelea. Tras el incidente, el hombre se dirigió a la casa de Soledad para avisarle que algo grave había ocurrido con su tía.

“Es un hombre grande, con un corazón inmenso. Ahí él le cuenta que había matado a su mamá. Lo retiene. Se saca las zapatillas y supuestamente una billetera. Él lo retiene y le da unas ojotas”, señaló la sobrina.

“Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa. Entro a buscarla habitación por habitación. Entro a la habitación de él, en una punta de la cama había una bolsita con preservativos. Voy a la cocina, veo que había una hornalla encendida sin nada encima. Intenté apagarla, pero no se cerraba el gas”, relató.

Recordó que al buscarla en su habitación no la encontró, y que entonces revisó otra pieza que estaba cerrada con llave: “Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible”, detalló.

Desde el entorno familiar señalaron que la víctima había comenzado a cobrar su jubilación recientemente, lo que habría motivado nuevas exigencias económicas por parte del supuesto agresor. Según el relato de Soledad, el acusado no trabajaba y pretendía vivir a expensas de su madre.

“No tengo palabras para describir lo que vi. Declaré (el domingo a la noche). La agresión con mi tía venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre los dos. Ella lo corría de la casa porque él era muy violento”, finalizó.

Una sobrina, identificada como Florencia Tula, publicó un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta. Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor”.

Alan Fabián Molina tenía 26 años, un hijo de dos meses y había egresado de la carrera policial apenas cuatro meses antes de ser asesinado a tiros el sábado 18 de julio, mientras prestaba servicio en el barrio conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. En medio del dolor, su pareja le dedicó un sentido mensaje de despedida. “Se me destrozó el alma”, resumió la mujer en redes sociales.

El texto se publicó unas horas antes de que despidieran los restos del joven, junto a una fotografía del oficial con el bebé de ambos, en donde expresaba la tristeza por la abrupta partida. “Tengo el corazón destrozado. Todavía no caigo de lo que pasó. Me pregunto: ¿por qué te tuvo que pasar a vos? Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho”, lamentó Stephanie y, en un tramo cargado de dolor, reclamó: “No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste”.

El escrito continuaba con el recuerdo de un mensaje que el joven les había dado antes de ser ejecutado cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes. “¿Ahora quién le va a enseñar tan bien como lo hubieras hecho vos?”, escribió la mujer en su muro. El mensaje cerró con un compromiso: “Te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho”.

Según pudo saber Infobae, en paralelo al duelo de la familia, la investigación judicial dio un giro en las últimas horas. El principal sospechoso del crimen sería un adolescente al que aún continúan buscando. Este dato llevó a que la causa pasara a la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo del fiscal Raúl Mateo Guidoni. Hasta ese momento, la investigación se desarrollaba bajo la justicia ordinaria.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde cuando Molina integraba una comitiva policial caminante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Según fuentes policiales, el episodio se originó cuando dos sujetos huyeron ante el pedido de identificación. El agente se adelantó unos 30 metros respecto a sus compañeros e ingresó al sector donde los hombres se habían ocultado, desde donde le dispararon. Uno de los impactos dio en la axila derecha y otro en la cintura del lado izquierdo, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario. Las balas quedaron alojadas en el cuerpo del agente.

Molina fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, donde falleció pocos minutos después de su ingreso. En paralelo, la División Investigaciones (DDI) San Martín y otras dependencias desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los sospechosos, que lograron escapar. El procedimiento incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos en el barrio y zonas aledañas.

El agente era oriundo de Tres Arroyos y tenía cinturón negro de karate. En uno de los pasajes de la carta que su esposa le dedicó, hacía referencia a la disciplina: “Me prometiste que ibas a enseñarle defensa para que nadie pueda pasarse con él en la escuela”.

Había egresado de la carrera policial en el Instituto Juan Vucetich en marzo de 2026 y desde entonces fue destinado a prestar servicio en el conurbano. Para cumplir con sus tareas, viajaba todos los días desde y hacia Fuerte Apache. La causa fue caratulada como homicidio agravado y, tras el cambio de fuero, quedó bajo la órbita de la justicia penal juvenil.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) basa su fortaleza en la cooperación internacional para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales.

Por ello, Panamá impulsa una agenda moderna y prospectiva que incorpora temas estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la recuperación de activos, y la identificación y verificación de beneficiarios finales.

Esto lo afirma Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore del Gafilat y quien recientemente dirigió las deliberaciones del máximo órgano de decisión del organismo, reunido en Lima, Perú.

El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La reunión congregó a representantes de los 18 Estados miembros, organismos observadores, organismos internacionales y países cooperantes para evaluar la evolución de las amenazas que enfrenta la región, aprobar nuevos instrumentos técnicos y definir las prioridades que orientarán el trabajo del Gafilat con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Vecchio destacó que América Latina enfrenta un entorno marcado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas, lo que exige sistemas nacionales de prevención cada vez más resilientes, innovadores y basados en riesgos, según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Bajo la conducción de Panamá, agrega la información, el pleno aprobó importantes decisiones para fortalecer la arquitectura regional de prevención de los delitos financieros.

Entre ellas destaca la presentación de la Primera evaluación regional de riesgos de financiamiento de la proliferación, considerada un hito para América Latina al constituir el primer diagnóstico conjunto sobre esta amenaza.

Se dijo que este instrumento servirá como base para fortalecer las políticas públicas nacionales, orientar las estrategias regionales de mitigación de riesgos y reforzar la cooperación entre los países miembros.

Otro de los principales avances fue la incorporación de la inteligencia artificial como eje estratégico permanente del Gafilat.

El pleno aprobó una hoja de ruta regional que contempla el desarrollo de estudios especializados, espacios de intercambio técnico y una evaluación regional sobre el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, reconociendo tanto su potencial para fortalecer la supervisión y la detección de operaciones sospechosas como los riesgos asociados a su uso por organizaciones criminales.

En ese contexto, se manifestó que se desarrolló una Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, en la que participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá junto con autoridades de la región y organismos multilaterales.

Durante el encuentro se analizaron los desafíos que representan la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos ambientales como fuentes de flujos financieros ilícitos, resaltando la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras, la cooperación internacional y la recuperación de activos.

De igual manera, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con representantes del Ministerio de Gobierno, participaron en la Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

Las discusiones, siempre de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, abordaron la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos que permita prevenir el abuso del sector para fines ilícitos, preservando al mismo tiempo el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo social, humanitario y comunitario.

A dos días del crimen de Sebastián Barreto, el hombre de 31 años que fue apuñalado en plena vía pública de la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, se confirmó que uno de los cinco hombres detenidos se trataría de un ex jugador de Colón de Santa Fe.

La confirmación fue realizada en el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía, que busca esclarecer el homicidio ocurrido este miércoles a la noche. Según trascendió, el sospechoso fue identificado como Santiago S., quien actualmente tendría 36 años.

El pasado deportivo del actual detenido se conoció luego de que se difundiera su identidad en el marco de la investigación. De acuerdo con la información obtenida por El Once, el ex jugador de fútbol había debutado en el fútbol profesional en 2009, bajo la dirección técnica de Antonio “El Turco” Mohamed.

Según la trayectoria registrada en el sitio Transfermarkt, el ex deportista permaneció siendo parte del plantel hasta 2012, cuando la dirigencia sabalera lo transfirió al Club Atlético Alvarado de Mar del Plata, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol argentino. Al año siguiente, fue enviado a Racing de Trelew, donde habría quedado en condición de libre.

El caso se dio a conocer cuando la policía fue alertada sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la esquina de Belgrano y Doctor Materi. Luego de que el servicio de emergencias trasladara a Barreto al Hospital San José de Diamante, el personal médico constató su muerte.

Según el jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, la causa de muerte fue, “en principio, producto de una herida de arma blanca”. A raíz de esto, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la autopsia, tal como dispuso la Fiscalía.

Con el avance de las primeras tareas investigativas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante. Durante estos procedimientos, la policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Ahora, se espera que todos estos elementos sean sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con el homicidio.

A raíz de los operativos, la Fiscalía dispuso el arresto de cinco hombres, todos mayores de edad y vecinos de Diamante, de 50, 45, 36, 25 y 23 años. Desde ese momento, los detenidos permanecen alojados en la Alcaidía Policial, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el grado de participación atribuible a cada uno de los sospechosos, dado que la causa se encuentra en una etapa inicial y bajo reserva. No obstante, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el homicidio y los festejos que esa noche se realizaban en la ciudad por la clasificación de la selección argentina.

Actualmente, la División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal continúan las tareas para reconstruir la secuencia del ataque, identificar responsabilidades y reunir pruebas. Asimismo, las autoridades indicaron que la investigación está en una “etapa incipiente” y no descartaron que puedan adoptarse nuevas medidas procesales en las próximas horas.

Según Ahora Entre Ríos, los familiares de Sebastián reclamaron justicia en redes sociales. “Hay dolores que no tienen nombre. Hoy nuestra familia quedó destruida. Nos arrancaron a un hijo, a un hermano, a un primo, a un amigo. Nos dejaron un vacío que nadie va a poder llenar jamás“, manifestaron.

“Detrás de Sebastián había una mamá, un papá, hermanos, primos, amigos y personas que hoy lloran desconsoladamente su partida”, lamentaron al exigir “que la verdad salga a la luz”. Finalmente, apuntaron: “Que los responsables respondan por lo que hicieron y que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. Por vos, Seba. Por tu memoria. Por toda la familia que hoy quedó rota”.

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En octubre de 1997, un feroz robo sacudió a Estados Unidos. El protagonista fue David Ghantt, un veterano de la Guerra del Golfo y entonces supervisor de la caja fuerte en la empresa Loomis Fargo, dedicada al transporte de valores en Carolina del Norte.

Contra todo pronóstico, este empleado hasta entonces intachable, mal remunerado y agobiado por jornadas interminables, ideó y ejecutó junto a un grupo de cómplices uno de los mayores crímenes en la historia del país.

La noche del 4 de octubre, junto a su grupo, lograron sustraer USD 17,3 millones en efectivo, lo que lo posicionó como el segundo mayor robo de dinero en efectivo de Estados Unidos hasta ese momento. Los detalles del plan y el desenlace convirtieron el atraco en un fenómeno mediático que inspiró películas y fascinó durante décadas.

El robo no solo llamó la atención por la suma millonaria, sino también por la torpeza y los excesos que terminaron delatando a los autores. Mientras Ghantt escapaba a México, sus socios no supieron resistir la tentación de exhibir su repentina riqueza, lo que desencadenó una investigación federal llena de giros inesperados.

El detrás del robo millonario de David Ghantt

El plan que lo llevó a orquestar el robo surgió por un fuerte cansancio laboral. Ghantt se sentía agobiado por largas jornadas y un salario que apenas superaba los ocho dólares por hora.

“Trabajaba a veces entre 75 y 80 horas a la semana, ni siquiera tenía una vida familiar normal porque nunca estaba en casa. Trabajaba todo el tiempo y era infeliz, lo cual es comprensible dada mi edad”, recordó Ghantt sobre su vida previa al robo, recogió All That Interesting. Entre chistes sobre lo fácil que sería robar el lugar y conversaciones casuales, la idea dejó de parecer absurda y pasó a ser un anhelo.

El desencadenante definitivo fue su relación con Kelly Campbell, una excompañera de trabajo por quien sentía una fuerte atracción. Aunque Campbell siempre negó que la relación fuera romántica, ambos mantuvieron contacto tras su salida de la empresa, explicó Oxygen True Crime. Ella, a su vez, compartió la idea del robo con un viejo amigo, Steve Chambers, quien tenía antecedentes delictivos.

Así, los tres elaboraron el plan: Ghantt aprovecharía su acceso privilegiado a la caja fuerte, permanecería tras su turno y, con la complicidad del equipo, cargarían la mayor cantidad de dinero posible en una camioneta. Aunque ganaba poco como supervisor, Ghantt decidió que era momento de actuar: “No estaba contento con mi vida. Quería un cambio drástico y me lancé a ello”, recordó en declaraciones al Gaston Gazette.

El 4 de octubre de 1997, ejecutaron el golpe. Tras el turno, mandó a la casa a un empleado y desactivó dos cámaras de seguridad. Sus cómplices llegaron y cargaron la camioneta hasta el límite. El esfuerzo físico fue total, describió Oxygen True Crime: 1270 kilogramos de billetes él solo.

La fuga fue inmediata: Ghantt se llevó USD 50 mil, máximo para cruzar fronteras sin sospecha, y se fue a México. Por su parte, Chambers y Campbell se quedaron con el resto del botín y prometieron enviar su parte con el correr del tiempo. El destino fue Cozumel, en México, donde intentó pasar una vida sin lujos ni gastos impulsivos. El acuerdo era sencillo: mantenerse escondido mientras le enviaban el dinero.

Qué errores arruinaron el robo millonario de Ghantt

El primer gran error ocurrió la misma noche del atraco, cuando Ghantt, en su afán de preparar la caja fuerte, solo desactivó dos de las tres cámaras de seguridad. “Ni siquiera lo sabía y lo pasé por alto”, reconoció en declaraciones recogidas por All That Interesting. Las imágenes lo captaron incluso bailando tras cargar el dinero, una escena que más tarde facilitó su identificación.

El segundo error fue subestimar el peso y volumen del dinero robado. Aunque planeaban llevarse una suma aún mayor, el grupo no previó que mover más de mil kilos de billetes sería una tarea titánica. Al final, tuvieron que dejar atrás varios millones al no caber todo el efectivo, abandonando parte del botín y facilitando así la labor policial.

Otro error determinante fue la falta de discreción de los cómplices. Steve Chambers y su esposa Michelle no pudieron resistir la tentación de exhibir su nueva fortuna. Pasaron a vivir en una mansión, gastando grandes sumas en objetos ostentosos y realizando pagos en efectivo por vehículos de lujo. Incluso, los fajos de billetes aún llevaban los envoltorios de Loomis Fargo, lo que alertó inmediatamente al personal bancario y desencadenó una denuncia.

En menos de dos días, la policía recuperó la camioneta utilizada en el robo con tres millones de dólares en efectivo y las grabaciones de seguridad en su interior. La ostentación y los movimientos financieros de los Chambers llamaron la atención tanto del FBI como de informantes, precipitando la investigación. “Supe que se había acabado entonces”, confesó Ghantt cuando se enteró de la intervención de las autoridades, recogió Oxygen True Crime.

La confianza en que los socios cumplirían su palabra resultó ser otro error fatal. Cuando Ghantt comenzó a quedarse sin plata en México y pidió más fondos, Chambers consideró eliminarlo para evitar problemas, llegando a contratar un sicario que finalmente no pudo cumplir el encargo.

Escondido en el extremo sur de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) halló este jueves a uno de los prófugos más buscados del país: hablamos de Pedro Aladino Macheo Raimán, señalado por la justicia como uno de los asesinos de Moisés Orellana, trabajador de solo 21 años que tuvo la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados, la noche del 8 de septiembre de 2020.

El crimen, que conmocionó al país, ocurrió cuando Orellana, quien había sido brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), trabajaba en una frutería y era el sostén del hogar que compartía con su madre y su hermano menor, bebía a eso de la medianoche alcohol junto a dos amigos en un camino rural apartado en el sector de Paicaví, comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago), al interior del Peugeot que había comprado hace pocos meses.

De pronto, dos vehículos con individuos que habían llevado a cabo hace minutos un ataque incendiario contra tres casas pasaron a toda velocidad, y al ver el auto de Orellana, varios encapuchados se bajaron de uno de ellos conminándolo a él y a sus amigos, a los gritos, a abandonar el lugar.

En medio del revuelo se escuchó un disparo de escopeta, el que dio de lleno en la cabeza de Orellana.

- “Te lo pitiaste”, dijo uno de los agresores al que había percutado el arma.

Acto seguido, el grupo puso pies en polvorosa, mientras que sus amigos llamaron a carabineros quienes llevaron a Orellana hasta el hospital de Cañete, donde falleció pocos minutos después.

La captura

Pedro Macheo logró huir de la justicia desde ése día hasta este jueves, cuando detectives lo apresaron en las cercanías de Puerto Riquelme (2.250 kms al sur de Santiago), específicamente en el Golfo Almirante Montt, región de Magallanes, en virtud de sendas órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantía de Cañete.

El arresto se produjo durante un patrullaje de la PDI y la Armada, en el inicio de la temporada de extracción de la centolla en esa zona austral.

A Macheo se le acusa de los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas y además, se le vincula al grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Así, fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para su formalización de cargos de manera telemática ante el Juzgado de Garantía de Cañete.

Cabe señalar que el caso de Moisés Orellana ya tiene dos condenados: Carlos Palacios y Guillermo Carrera Zúñiga, sentenciados a 28 años de cárcel por los delitos de incendio reiterado (la quema de las cabañas en el sector de Paicaví) y robo con intimidación (cometido contra los amigos que acompañaban a Moisés en el vehículo), sin embargo, fueron absueltos del cargo de homicidio contra Orellana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su informe de Alerta de Viaje a la Argentina y mantuvo al país en Nivel 1, que invita a cada ciudadano estadounidense a que “tome las precauciones habituales”.

En ese marco, las autoridades realizaron una actualización relevante: la ciudad de Rosario mejoró su calificación y pasó del Nivel 2 al Nivel 1, lo que indica que ya no está señalada específicamente como una zona de mayor riesgo. Aun así, el aviso mantiene una advertencia específica sobre la violencia y los delitos asociados a grupos criminales en esa ciudad.

El embajador Peter Lamelas destacó la novedad con el relato de una experiencia personal: “Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador (Maximiliano) Pullaro y el intendente (Pablo) Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!“.

Riesgos de seguridad

El documento, emitido el 10 de julio de 2026, señala que el país es, en general, un destino seguro para los viajeros, aunque conserva alertas por delincuencia y violencia: advierte sobre delitos menores, sobre todo en lugares turísticos populares y en toda la ciudad de Buenos Aires

La delincuencia callejera aparece como un problema en la mayoría de las zonas urbanas, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario y Mendoza. El aviso menciona asaltantes, carteristas, estafadores y ladrones de celulares y carteras.

Esos hechos, detalla el informe, pueden ocurrir en la calle, en restaurantes y vestíbulos de hoteles, en estaciones de micros y tren, en el transporte público y en los puertos de cruceros. El texto también desaconseja guardar objetos de valor en el equipaje facturado.

En Buenos Aires, el aviso identifica a San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida como áreas con índices de criminalidad más altos. Fuera de la capital, menciona suburbios como Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno entre las zonas con más delitos violentos.

El documento añade que en La Boca se registraron robos violentos tanto de día como de noche. También recomienda permanecer en las calles principales del circuito turístico y usar taxis gestionados por una central de despacho para entrar y salir del barrio.

El texto pide evitar las villas o asentamientos precarios en toda la Argentina. También alerta sobre robos de equipaje y bolsos en la terminal de autobuses de Retiro en Buenos Aires, en la terminal de Mendoza y en los compartimentos superiores de los autobuses.

Otra advertencia apunta a los “motochorros”, frecuentes en las ciudades. El aviso indica que suelen actuar en pareja y arrebatan relojes, carteras y mochilas, además de forzar autos o meterse en ellos para robar objetos de valor.

Recomendaciones para viajar a Argentina

Entre las medidas prácticas, el aviso indica no resistirse físicamente ante un intento de robo. También recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

El texto además aconseja contratar seguro de viaje y revisar con la aseguradora la cobertura médica, de evacuación y de cancelación. Para los traslados, recomienda reservar con anticipación taxis por despacho, usar aplicaciones de transporte o elegir servicios de remis de tarifa fija en aeropuertos.

Además, advierte sobre estafas con taxis amarillos y negros en aeropuertos internacionales y en los alrededores de Buenos Aires. También alerta sobre estafas financieras y engaños románticos por internet.

Alerta con las app de citas

En el caso de las aplicaciones o sitios web de citas, señala que delincuentes pueden concertar encuentros en una habitación de hotel o en una residencia privada, drogar a la víctima y robarle. Frente a ese riesgo, aconseja reunirse en lugares públicos concurridos, compartir la ubicación desde el celular y avisar a familiares o amigos con quién será el encuentro.

El aviso también recomienda hacer una videollamada previa y no aceptar comida o bebidas de extraños ni dejarlas sin vigilancia. Además, sugiere mantener un plan de comunicación con familiares o amigos y enviar actualizaciones a intervalos fijos.

En el apartado tecnológico, el texto pide actualizar el software antes del viaje y no conectarse a redes wifi públicas. También aconseja proteger datos personales como correos electrónicos, números de teléfono y datos bancarios.

Añade que los ladrones de celulares suelen tener como objetivo a turistas y pueden usar el aparato robado para vaciar cuentas bancarias antes de que la víctima logre bloquearlas. El aviso también menciona el uso de aplicaciones de VPN o VoIP de confianza con sede en Estados Unidos y recomienda revisar la seguridad de las rutas sugeridas por el GPS.

El documento incorpora además una referencia sanitaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que emitieron un aviso de salud para viajeros de Nivel 1 por el virus de los Andes, o hantavirus, en la región. Según el texto, el riesgo para la mayoría de los viajeros es extremadamente bajo.

A eso suma advertencias sobre seguridad turística y fenómenos naturales. Menciona inspecciones poco frecuentes en actividades turísticas, inundaciones entre octubre y marzo, incendios forestales entre diciembre y marzo y terremotos durante todo el año en provincias cercanas a los Andes.

En el primer semestre de 2026, se documentaron al menos 2 mil 529 atrocidades y crímenes de extrema violencia en el país, con registros diarios de asesinatos con tortura, masacres y actos violentos contra la autoridad, de acuerdo con un informe de la organización Causa en Común.

El documento advierte que estos hechos afectan la vida pública y requieren acciones urgentes para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua concentran más de 900 casos, mientras que la violencia contra la prensa y el control criminal en diversas regiones generan un subregistro de víctimas.

El reporte indica que en promedio se registran 14 atrocidades y eventos de alto impacto al día, incluidos hallazgos diarios de fosas clandestinas y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

El documento “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)” define como atrocidad el uso intencional de la fuerza para causar muerte con extrema violencia, la muerte de un alto número de personas, el asesinato de personas especialmente vulnerables o el uso de la violencia para provocar terror.

Los eventos de alto impacto incluyen, por ejemplo, asesinatos de policías, activistas y actores políticos.

Entre los hallazgos del estudio, destaca el registro de 658 casos de asesinatos con tortura, 290 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 242 actos violentos contra la autoridad, 193 fosas clandestinas, 156 masacres y al menos 154 casos de mutilación y descuartizamiento de cadáveres.

Además, se documentaron 199 jornadas de violencia en el país, con mayor concentración en Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

El informe de Causa en Común señala que los crímenes se registran en todo el territorio nacional, pero Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140) presentan la mayor cantidad.

La organización advierte que la violencia contra la prensa y el dominio criminal dificultan el registro completo de los hechos.

Algunos de los casos documentados incluyen el asesinato de tres personas en Mérida, Yucatán, el 5 de enero; 113 jornadas de violencia en 25 estados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre el 22 y el 28 de febrero.

A estos se suma el homicidio de dos maestras por un alumno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 24 de marzo; y el hallazgo de al menos mil 076 restos óseos en Tláhuac, Ciudad de México, el 14 de abril.

También señala la denuncia de incursiones armadas y desplazamiento de familias en Chilapa, Guerrero, que se denunciaron el 6 de mayo; y la localización de los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien fue asesinada tras ser secuestrada en Moloacán, Veracruz, el 25 de junio.

Para enfrentar estas tragedias, Causa en Común propone fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, impulsar justicia transicional para esclarecer violaciones sistemáticas a derechos humanos, reconstruir el Poder Judicial bajo principios de independencia y profesionalismo, recuperar la autonomía de la CNDH y desarrollar programas de prevención de la violencia basados en el desarrollo local y la denuncia ciudadana.

Un hombre de 38 años falleció en el Hospital San Juan de Dios tras haber recibido un disparo en la pierna en Altos de San Lorenzo, La Plata. La víctima, identificada como Ceferino Joaquín Badía, fue encontrada herida en la vía pública por vecinos en la intersección de las calles 18 y 79.

Aunque todavía se intenta reconstruir lo sucedido, según los informes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas del día. Cuando lo encontraron, los vecinos lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, sin embargo, perdió la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Bonaerense trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área con el objetivo de reconstruir el ataque y poder identificar al o los responsables del hecho. La investigación judicial intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como el móvil, que todavía no ha podido determinarse.

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Badía se encontraba en situación de calle y, por esa razón, sus familiares no pudieron aportar datos para orientar la pesquisa hacia los posibles agresores. Mientras tanto, el personal policial realiza un relevamiento minucioso en la zona donde ocurrió el ataque, entrevistando a vecinos y comerciantes en busca de información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

Asesinaron a un delincuente en La Plata

En la madrugada del lunes, otro homicidio sacudió La Plata. Emanuel Ezequiel Orieta, de 32 años, fue hallado muerto en una vivienda de San Carlos, después de recibir dos disparos en la zona intercostal. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y movilizó a efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Según fuentes policiales y judiciales, el crimen se registró en una casilla ubicada en la zona de 133 entre 524 y 525. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Orieta se encontraba dentro de la vivienda en compañía del propietario del lugar y de una mujer cuando llegó un hombre identificado como Rodrigo Emiliano Cortez, conocido en el barrio como “El Tarta”.

Entre ambos habría existido un conflicto previo que derivó en una fuerte discusión y luego en una pelea dentro de la casilla. En medio del enfrentamiento, y según los testimonios recabados, Cortez habría sacado un arma de fuego y disparado al menos dos veces contra la víctima, para luego escapar rápidamente antes de la llegada de los móviles policiales.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a viejas disputas delictivas en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno de La Plata, que ordenó diversas medidas para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer en detalle cómo se desarrollaron los hechos. Entre las diligencias se incluyeron pericias balísticas, levantamiento de rastros en la escena del crimen y la ampliación de declaraciones de los testigos presentes.

Voceros judiciales indicaron que se analiza material de cámaras de seguridad cercanas y el posible recorrido de fuga del agresor. La fiscalía intenta determinar si el homicidio está vinculado a enfrentamientos previos. También se investiga si Cortez contó con apoyo logístico para escapar y si el arma utilizada fue empleada en otros hechos recientes.

En cuanto a la víctima, su legajo penal revela una trayectoria en ingresos al sistema penitenciario, con causas por robo agravado, tentativa de robo, hurto, encubrimiento y resistencia a la autoridad. El hombre estuvo alojado en la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, establecimiento destinado a internos procesados o condenados por delitos contra la propiedad.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros exámenes forenses efectuados el día de ayer revelaron que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Además, ya fue identificado por un familiar, quien lo reconoció por los tatuajes que tenía en el cuerpo.

Sin embargo, la UFI Nº7, que es la que lleva adelante la investigación, trabaja por estas horas en confirmar la identidad con otros estudios. Por el momento el único dato que se tiene es que la víctima es un hombre. “Fue identificado por un familiar. Sin perjuicio de ello desde la Fiscalía están efectuando las medidas para su correcta identificación”, dijo la una fuentes consultadas por este medio.

El estremecedor hallazgo fue hecho este lunes por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo del hombre -cuya edad aún se desconoce- fue encontrado completamente calcinado dentro de un carro de mano que había sido incendiado y por ahora la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió. Por lo elementos obtenidos hasta el momento y el resultado de la autopsia, se trata de un homicidio, probablemente en el marco de un ajuste de cuentas.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional. Cuando los efectivos lograron sofocar las llamas descubrieron el cadáver.

La causa fue calificada, en principio, como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también trabajó personal de la DDI y Policía Científica.

La investigación avanzó desde el mismo lunes sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con otra fuente policial consultada por este medio, los registros permitieron detectar a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció el cuerpo y luego le prendieron fuego.

Los sospechosos, sin embargo, todavía no fueron identificados, ya que las imágenes muestran que llevaban el rostro cubierto. Los investigadores continúan con distintas tareas para establecer sus identidades. De momento se baraja la hipótesis del ajuste de cuentas, aunque no descartan otras posibilidades. En ese sentido, explicaron a este medio que la investigación recién comienza y por el momento se manejan los dato con completo hermetismo.

Si bien trascendió la versión de que previo al hallazgo del cuerpo hubo un tiroteo, la fuentes de la investigación consultadas relativizaron esa hipótesis y pidieron cautela hasta contar con los resultados de las pericias.

“Por ahora no hay nada seguro”, aseguró a este medio uno de los investigadores. En ese sentido, explicó que la víctima incluso podría ser un carrero de la zona, una posibilidad que también forma parte de las líneas de trabajo abiertas.

La investigación por el crimen de Alfredo Carbano, el hombre de 71 años cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un médano de Las Toninas, en el Partido de La Costa, avanza bajo un fuerte hermetismo. Mientras los investigadores intentan reconstruir cómo ocurrió el asesinato y cuál fue el móvil, el caso ya tiene dos detenidos con diferentes imputaciones.

El principal sospechoso es F.T.A., un adolescente de 17 años, acusado de homicidio en un expediente que tramita ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En paralelo, Damián Aníbal Maciel (31) permanece imputado por encubrimiento agravado y falso testimonio, en una causa que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Costa, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.

La investigación sigue sumando pistas, aunque todavía son escasas las certezas. Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que, por el momento, no pudieron confirmar las versiones que señalan que Carbano había integrado la Policía Federal Argentina, como trascendió. Lo que sí confirmaron fue que la víctima tenía una causa abierta en el fuero federal por acopio de material explosivo.

De acuerdo con registros públicos a los que accedió Infobae, la víctima había desarrollado actividades vinculadas a la venta minorista de artículos de relojería y joyería. Por otra parte, los registros oficiales muestran que atravesaba una situación económica problemática, con una deuda bancaria de $213.000, al punto que figuraba como “De riesgo medio”, según el Banco Central de la República Argentina. Hasta el momento, la investigación no vinculó esos antecedentes con el homicidio.

El caso tomó estado público el pasado viernes 10 de julio por la noche, cuando personal policial encontró el cuerpo de Carbano enterrado en un médano de Las Toninas. Sin embargo, para los investigadores la historia había comenzado varias días antes, con un incendio en la vivienda de la víctima y la denuncia por su desaparición, dos episodios que hoy forman parte de la reconstrucción del crimen.

El incendio se registró el 26 de junio en el domicilio de Carbano, ubicado en la intersección de las calles 13 y 4. Si bien el fuego solo produjo daños materiales, las pericias posteriores realizadas por Bomberos determinaron que la vivienda estaba deshabitada al momento del incendio y se desconocía el paradero del propietario.

Dos días más tarde, el 28 de junio, los investigadores encontraron la camioneta de la víctima abandonada y encajada en un sector de médanos, a pocas cuadras de su casa. El hallazgo profundizó las sospechas de que Carbano podía haber sido víctima de un delito y motivó nuevas diligencias en la zona. Paralelamente, una inspección en la vivienda permitió secuestrar municiones de distintos calibres, documentación y una motocicleta, aunque no aparecieron rastros que permitieran establecer qué había ocurrido con el hombre.

Con el avance de la investigación, distintos testimonios orientaron los rastrillajes hacia un campo ubicado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11.

Finalmente, durante un operativo en el que participaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y un perro especializado en búsqueda de personas, encontraron el cuerpo de Carbano enterrado en un médano. El hallazgo cambió por completo el rumbo del expediente, que pasó de una averiguación de paradero a investigarse como un homicidio.

A partir de ese momento, el caso avanzó con una serie de allanamientos y la detención de los dos sospechosos. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 12 teléfonos celulares, una notebook, una pala, un hacha, machetes, una frazada con manchas hemáticas y otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si guardan relación con el crimen.

A pesar de los avances, el caso todavía presenta más interrogantes que respuestas. La Justicia intenta establecer qué ocurrió entre el incendio de la vivienda y el hallazgo del cuerpo, cuál fue el móvil del crimen, cómo y cuándo ocurrió y si el adolescente actuó solo o contó con la colaboración de otras personas y qué vínculo tiene con el otro detenido. Las respuestas a esas preguntas serán clave para reconstruir el rompecabezas que terminó con el macabro hallazgo en los médanos de Las Toninas.

Los hechos se registraron en la mañana del domingo 12 de junio de 2026, las víctimas fueron atacadas a tiros por hombres armados que ingresaron a su vivienda en el barrio Jubileo, ubicado en la comuna 7 del municipio vallecaucano.

Ante esta situación, las autoridades conformaron un equipo especializado para investigar lo ocurrido.

“De manera inmediata la Policía Nacional en coordinación con la fiscalía general de la Nación, dispuso un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho y capturar a los responsables”, dijo el teniente coronel Oscar Hernández, comandante del Distrito de Policía Cartago.

De acuerdo con la información preliminar publicada en el medio local La Voz del Pueblo, las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Chaverra de Carvajal y Carlos Mario Carvajal Chaverra.

Por un lado, la mujer alcanzó a ser auxiliada por residentes del sector y fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, pero que falleció en el trayecto. Mientras que su hijo murió en el lugar de los hechos.

Una de las hipótesis que manejan la institución apunta a una posible relación con la confrontación entre estructuras delincuenciales que buscan el control de actividades criminales en el municipio, aunque esa hipótesis sigue en verificación.

“Rechazamos contundentemente este hecho de violencia y continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la seguridad de todos los cartagueros”, concluyó el oficial.

Por el momento, las autoridades siguen en la recopilación de datos y testimonios para identificar a los responsables intelectuales y materiales del doble homicidio registrado en el Valle del Cauca.

Avanza investigación de crimen de lideresa social en La Victoria

De otro lado, la Policía Nacional de Colombia avanza en la investigación del asesinato de la lideresa social Diana Milena Pescador en el municipio de La Victoria, ubicado al norte del Valle del Cauca.

El crimen se conoció el 8 de julio, luego de que su cuerpo fuera hallado con múltiples heridas de arma de fuego en una zona rural del municipio.

Según información preliminar recopilada por El País Cali, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Y, sobre la carretera que comunica con el corregimiento de San Pedro, un punto donde la dirigente comunitaria desarrollaba buena parte de su trabajo de acompañamiento a víctimas del conflicto armado y de promoción de los derechos humanos.

Funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Hasta ahora no se han informado capturas ni se ha definido un móvil, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis.

Diana Milena Pescador era representante de la Mesa de Participación de las Víctimas y hacía parte de la Fundación Humanitaria de Derechos Humanos, Desplazados y Víctimas Nuevo Amanecer. Desde allí adelantaba procesos de acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia.

Tras conocerse el homicidio, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Leonardo González destacó la labor de la lideresa en favor de las víctimas del conflicto armado y de la construcción de paz en el territorio.

“Diana Milena Pescador dedicó su vida a defender a las víctimas del conflicto armado y a trabajar por la paz territorial”, dijo González.

El director de Indepaz añadió que los ataques contra líderes sociales debilitan los procesos de memoria, reparación, participación y construcción de paz en las regiones. También recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2023, en la que advirtió sobre los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos en esa zona del departamento.

De acuerdo con Indepaz, en el municipio hacen presencia estructuras criminales de carácter local como Los Flacos y Nueva Generación, enfrentadas por el control territorial y por diferentes economías ilegales.

Con este caso, asciende a 77 el número de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante el 2026, según indicó la organización. Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes cumplen labores de liderazgo comunitario.

A casi dos semanas del asesinato de Eduardo Damián López, la familia del policía de 33 años asesinado en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, impulsa un pedido urgente a la comunidad para que se esclarezca el caso. La causa ya tiene dos detenidos, pero tanto la fiscalía como los allegados de la víctima sostienen que hay más involucrados en el ataque.

El hombre que murió era oriundo de Rosario y se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El crimen sucedió el domingo 28 de junio durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense de Fútbol, entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en el club Cremería de Carcarañá.

Las primeras versiones indicaban que sufrió una lesión por impacto de un elemento metálico, pero la investigación luego determinó que recibió un piedrazo en la cabeza, lo que le provocó una caída contra una estructura metálica. La investigación, liderada por el fiscal Juan Pablo Baños, apunta a que entre 15 y 20 personas participaron de la agresión, aunque solo dos fueron detenidos hasta el momento.

El reclamo de la familia de López se centra en que testigos que asistieron al evento, en el cual ocurrió el crimen, acerquen cualquier tipo de dato que permita avanzar en la investigación. “Si saben algo, declaren”, exigió una de las hermanas de López a través de redes sociales.

El pedido se hizo público en las últimas horas a través de Victoria López, hermana de la víctima: “Hoy no escribo solo desde el dolor, escribo como su hermana. Me toca atravesar el momento más difícil de mi vida: despedir a mi hermano de una forma tan cruel e injusta”. En el mensaje que publicó en redes sociales, remarcó que Damián López “no era un número más ni una noticia más”, era “un hijo, un hermano, un amigo y un policía comprometido con su vocación de servir y proteger”.

En el plano judicial, el viernes 3 de julio fueron imputados Agustín Amarilla y Julio César Zalazar, ambos hinchas del club Cremería, acusados como coautores de homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de la fuerza policial en el ejercicio de sus funciones. Ambos permanecen en prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al resto de los agresores.

El fiscal Juan Pablo Baños sostuvo que los imputados desempeñaron un rol central en el ataque que terminó con la vida de Damián López, aunque remarcó que existen “indicios de participación de entre 15 y 20 simpatizantes” aún no identificados. Los peritajes realizados en la zona de parrilleros del club buscan reconstruir la secuencia de los hechos y recabar pruebas adicionales.

En ese contexto, la hermana de la víctima enfatizó: “Si saben algo sobre lo ocurrido, si estuvieron en el lugar, si tienen videos, fotos o cualquier tipo de información, por mínima que parezca, por favor se acerquen a la Fiscalía a declarar. Todo suma. Muchas veces un pequeño detalle puede ser clave para esclarecer los hechos y lograr que se haga justicia”. Además declaró: “No vamos a descansar hasta que la verdad salga a la luz y los responsables respondan por sus actos”.

Belén López, otra de las hermanas del policía, también recurrió a las redes sociales para reclamar datos sobre los responsables. “Hace más de una semana que nuestra vida se volvió un infierno. No entendemos por qué un partido de cuarta te tuvo que pasar esto”, publicó.

En su mensaje, expresó su disposición a ofrecer su moto, una Skua 150 modelo 2022, como recompensa para quien aporte datos certeros que permitan identificar a los agresores que permanecen prófugos. “No tengo plata ahorrada, no tengo nada, solo mi moto. No importa que me quede a pata, mientras podamos tener con mi familia un poco de calma y que pague quien fue”, afirmó.

Un crimen macabro y plagado de incógnitas mantiene en vilo a la localidad de Las Toninas, en el Partido de La Costa, donde el hallazgo de un cuerpo enterrado en los médanos reorientó una investigación que estaba estancada hace días. La víctima fue identificada como Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, quien era buscado intensamente hace más de dos semanas. Por el homicidio detuvieron a un adolescente de 17 años y a un hombre de 31.

Todo comenzó con un incendio ocurrido el 26 de junio en la vivienda de Carbano, ubicada en calles 13 y 4. Según constataron los bomberos que trabajaron en el lugar, el fuego solo provocó daños materiales, pero la ausencia del propietario y la imposibilidad de ubicarlo tras varios intentos encendió las alertas.

En este contexto, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa tomó intervención en el caso e inició las primeras averiguaciones. Así surgió un dato clave: su camioneta, una Tata Sumo, había sido vista días antes encajada en los médanos, abandonada cerca de la Ruta Provincial 11.

El 28 de junio, la policía halló el vehículo sin ocupantes. A partir de testimonios recolectados en la causa, se reconstruyó que un hombre “similar a Carbano" habría dejado la camioneta y seguido a pie rumbo a su domicilio, a pocas cuadras de distancia.

Al día siguiente, la SDDI junto con Policía Científica realizó una inspección en la vivienda del hombre, donde secuestraron municiones de varios calibres, documentación y una moto. Nuevamente no se encontraron rastros del dueño ni tampoco con indicios de violencia que llamaran la atención. Su paradero, hasta entonces, era un misterio. Paralelamente, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron a vecinos para reconstruir los movimientos.

El 6 de julio, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda, mientras la causa, en ese momento caratulada como averiguación de paradero, sumaba un elemento extra: Carbano figuraba como imputado en una causa federal por acopio de material explosivo.

La investigación parecía no avanzar hasta que este jueves se sumaron nuevas declaraciones que orientaron las sospechas hacia una zona de campo cercana a la vivienda. Un testimonio recibido al día siguiente alimentó la hipótesis de un posible homicidio.

Este viernes, en el marco de un rastrillaje que incluyó a Bomberos, Policía Científica y un perro K9 entrenado para búsqueda de personas, se produjo el hallazgo que cambió el rumbo del expediente: el cuerpo de Carbano fue encontrado enterrado en los médanos, entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11.

En este contexto, la fiscalía, a cargo del fiscal Pablo Gamalieri de la UFI 11 de Mar del Tuyú, recaratuló el caso como homicidio y ordenó la aprehensión de dos sospechosos: Facundo Tomás Acosta (17 años) y Damián Aníbal Maciel (31 años), quienes habían declarado como testigos e incurrieron en notorias contradicciones.

La investigación continuó este sábado, cuando se realizaron cinco allanamientos en domicilios vinculados con los detenidos. Entre los elementos secuestrados había 12 teléfonos celulares, una notebook, herramientas, machetes, una pala, un hacha, una cadena dorada y una frazada con manchas hemáticas. Todo quedó bajo resguardo para peritajes ya que las autoridades sospechan que podrían haber sido usados para el crimen.

Además la justicia dispuso dos nuevas órdenes de allanamiento ante la aparición de pruebas relevantes.

En el mapa de la violencia de Centroamérica, los nombres de las mujeres suelen disolverse con la rapidez de una mala noticia en la prensa matutina.

Pero el nombre de Jocelyn Milena Abarca Juárez se quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de El Salvador, no solo por la atrocidad de su final, sino porque personificó una paradoja que desarma a los expertos: el conocimiento y la educación no siempre son un escudo contra el horror doméstico.

Jocelyn tenía 26 años en julio de 2018. Quienes la conocieron la recuerdan como un torbellino de energía, una joven psicóloga de sonrisa ancha y carismática que disfrutaba sanando las mentes de otros. Su liderazgo era tal que se había postulado como candidata a diputada suplente.

Sin embargo, mientras Jocelyn ayudaba a la comunidad y planificaba un futuro brillante, en la intimidad de su hogar en Soyapango , una de las zonas más densamente pobladas y complejas de la capital salvadoreña, libraba una guerra silenciosa que duró una década.

Su verdugo fue Ronald Atilio Urbina Velásquez, su pareja sentimental durante diez años. Detrás de las paredes de la casa, Jocelyn soportó un calvario de insultos, gritos y golpes que jamás denunció ante las autoridades. Para el mundo exterior, eran una pareja joven más; hacia adentro, era un régimen de control absoluto. A inicios de julio, Jocelyn decidió que ya era suficiente. Le comunicó a Urbina su deseo de separarse, de recuperar su vida. Ese acto de autonomía, el derecho a decir “no” selló su destino.

El rastro de la sevicia: cubetas en la quebrada

Entre el 4 y el 5 de julio de 2018, la voz de Jocelyn se apagó. Su familia, angustiada, reportó su desaparición. En un acto de cinismo macabro, el propio Ronald Atilio se mostró consternado ante los parientes, fingiendo buscarla y colaborar. Lo que nadie sabía en ese momento es que Urbina ya la había asesinado al interior de la vivienda.

Para borrar el crimen, el agresor desmembró el cuerpo de la joven psicóloga. Colocó los restos en el vehículo de la propia Jocelyn y condujo por la ciudad, esparciéndolos en diferentes puntos estratégicos como si deshiciera de evidencias anónimas.

Días después, San Salvador se despertó con una escena de espanto. Encontraron partes de Jocelyn dentro de cubetas en la Quebrada La Mascota, cerca del histórico Cementerio Los Ilustres; otros restos flotaban en las aguas del río Acelhuate y en la Quebrada El Piro. La brutalidad del hallazgo sacudió a una sociedad ya anestesiada por la violencia de las pandillas, pero esto era distinto: era la firma de la misoginia íntima.

Para mantener la farsa de que ella seguía viva, Urbina se quedó con el teléfono celular de Jocelyn. Durante días, respondió mensajes de texto a los familiares haciéndose pasar por ella. Sin embargo, la Fiscalía General de la República rastreó las señales de GPS del aparato y descubrió una verdad irrefutable: el teléfono no se movía con Jocelyn, se movía en los mismos bolsillos de Ronald Atilio. El 11 de julio, la policía le puso las esposas.

La batalla contra el reloj y el peso de la ley

El caso de la joven se convirtió en un laberinto legal que mantuvo en vilo al país durante dos años. Su madre, Yesenia Juárez, y diversas organizaciones feministas como ORMUSA, se apostaban fuera de los tribunales con pancartas. No solo pedían justicia; peleaban contra el reloj.

La ley salvadoreña establece que una persona no puede pasar más de dos años en detención provisional sin recibir sentencia. Si el juicio se retrasaba unos días más, Urbina habría quedado libre por tecnicismos procesales.

La presión social funcionó. El sistema judicial especializado en violencia de género sentó al acusado en el banquillo a las puertas del límite legal. El 7 de agosto de 2020, el tribunal dictó una sentencia histórica: 50 años de prisión, la pena máxima por el delito de feminicidio agravado, y una condena civil de más de 13,000 dólares.

La jueza del caso no titubeó al argumentar que el desmembramiento y la historia de abusos previos eran pruebas claras de un odio estructural. Tiempo después, una Cámara Especializada ratificó los 50 años de cárcel en segunda instancia, sepultando cualquier intento de impunidad.

Ronald Atilio Urbina pasará el resto de sus días tras las rejas, mientras que el nombre de Jocelyn Abarca se convirtió, para El Salvador y el mundo, en el doloroso recordatorio de que romper el silencio a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para cuatro detenidos en la causa por el crimen de Santiago Aguilera, el joven hallado muerto el 21 de agosto de 2022 en Villa Dolores. Lucas Ramón “Tití” Flores, Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas son los presuntos coautores del secuestro extorsivo triplemente agravado a Aguilera. La acusación también incluye cargos de robo, ya que durante los agresores despojaron a la víctima de su teléfono celular, billetera y DNI.

El tribunal ratificó también los embargos de 30 millones de pesos sobre los bienes de Flores, Castro y Rejas. La imputación, a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedian y María Schianni, sostiene que los procesados integraron una estructura organizada para ejecutar el secuestro y posterior asesinato de Santiago Aguilera Allende.

De acuerdo con la investigación, la fase operativa se coordinó presencialmente en un taller mecánico de Villa Dolores, administrado por Rejas y su hijo Lucas, con el objetivo de evitar registros telefónicos. El fallo detalla que la entrega de la víctima se realizó en la zona de Piedra Pintada la noche del 16 de agosto de 2022.

El cruce de sábanas telefónicas y los registros de telefonía móvil vincularon las líneas de Flores, Castro y Rejas con los lugares de captación del joven y posteriormente con el sitio del hallazgo de su cadáver. El joven fue asesinado a golpes y puñaladas en el tórax y el cráneo.

La Cámara rechazó los planteos y sostuvo que existen elementos de convicción e indicios suficientes para sostener la existencia material de los hechos y la participación penalmente responsable de los acusados. El tribunal convalidó la prisión preventiva como medida cautelar por riesgos procesales y de entorpecimiento.

El crimen de Santiago Aguilera

Santiago Aguilera Allende, un joven de 18 años oriundo de Villa Dolores, Córdoba, fue secuestrado después de intercambiar mensajes con Walter Ezequiel Gil, quien era empleado de la familia. Gil confesó su participación durante el juicio. El secuestro se produjo tras una cita pactada mediante mensajes, lo que facilitó la captura del joven.

Durante los días posteriores al secuestro, la madre de Santiago Aguilera Allende recibió mensajes extorsivos. Los secuestradores exigieron el pago de 7 millones de pesos a cambio de la vida del joven. La familia aguardó una nueva comunicación que nunca se produjo. Un hombre encontró el cuerpo de Santiago Aguilera Allende en un descampado de la zona de Traslasierra, Córdoba.

El informe forense incluyó la presencia de múltiples perforaciones en la mano de la víctima, producidas con un objeto punzante, posiblemente un destornillador o punzón. Además, se detectaron heridas de arma blanca en el tórax. Los especialistas y el abogado querellante interpretaron estos hallazgos como señales de que Santiago Aguilera Allende fue sometido a castigos y torturas durante su cautiverio.

La investigación identificó a Walter Ezequiel Gil como principal acusado y la Fiscalía solicitó prisión perpetua para Gil. Lucas Ramón “Tití” Flores,Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas, fueron procesados como coautores. También resultaron procesados Carlos Eduardo Hualpa, Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio “Markitos” Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano y Lucas Emanuel Rejas por distintos grados de participación

Por otro lado, Julio César “Kury” Ramírez fue inicialmente condenado a 12 años de prisión como supuesto partícipe, acusado de colaborar en la planificación o encubrimiento y en la eliminación de evidencias. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revisó su caso, lo absolvió y ordenó su libertad por falta de pruebas técnicas fiables que lo vincularan materialmente con el crimen.

Tras el desarrollo del juicio, la madre de Santiago Aguilera Allende, Mónica Lucía Allende presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Enrique Senestrari, acusandolo de que nunca trató el caso como un secuestro extorsivo y que la falta de acción oportuna impidió hallar con vida a la víctima. El pedido incluyó la remoción del fiscal y fue acompañado de una solicitud formal para que la Justicia provincial se hiciera cargo de la investigación.

Un hombre de 61 años quedó en el foco de la Justicia de Tucumán luego de que le enviara un audio de WhatsApp a su hijo, en donde presuntamente habría confesado el crimen de su hermana. Cuando las autoridades se presentaron en su vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer de 62 años. En esa nota de voz, también habría anticipado su intención de quitarse la vida, por lo que fue internado en un centro de salud mental.

El episodio se registró en una casa ubicada sobre calle España al 1500, en el barrio El Bosque, de San Miguel de Tucumán. Todo se desencadenó cuando el supuesto agresor se comunicó con su hijo para anunciarle el crimen y su intento de suicidio, por lo que el joven acudió de inmediato al domicilio y evitó que la situación escalara.

En el momento que ingresó a la vivienda, se encontró con el cuerpo sin vida de su tía, identificada como Graciela del Valle Castaño y, a pocos metros, a su padre gravemente herido. Tras dar aviso a las autoridades, el hombre fue asistido por el personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde permanece internado fuera de peligro.

De acuerdo con la información obtenida por El Litoral, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, quedó a cargo de la causa, que fue caratulada como “presunto homicidio agravado por el vínculo”.

A raíz de esto, el jefe de la investigación dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán, con el objetivo de que realicen las pericias y recolección de pruebas pertinentes.

Hasta el momento, los primeros informes indicarían que el hombre asesin´´o a su hermana y posteriormente intentó ahorcarse, pero la soga se rompió antes de que pudiera lograrlo.

No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles durante la inspección inicial. Por este motivo, remarcaron que la autopsia será clave para establecer la causa exacta de la muerte y determinar cómo ocurrió el presunto homicidio.

Mientras que los investigadores aguardan los resultados de las pericias ordenadas para esclarecer el caso y definir los próximos pasos, comunicaron que el presunto agresor no fue detenido debido a su estado de salud.

Por otro lado, los vecinos del barrio El Bosque aseguraron que los hermanos convivían desde hacía tiempo y aportaron un dato que podría ser clave: no tenían una buena relación. A pesar de esto, una mujer de la zona indicó que tenía conocimiento de los problemas de salud que presentaba de la víctima y que era cuidada por su hermano, lo que generó conmoción entre quienes los conocían.

Tras el brutal crimen de una jubilada en Tucumán, la cifra de detenidos subió a seis

Este martes, un adolescente de 17 años fue detenido e imputado por el homicidio agravado de Marta Azucena Migliorini, la jubilada encontrada asesinada en su casa de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Con esta detención, la causa suma seis acusados y el joven quedó a disposición de la Justicia.

La audiencia judicial contó con la intervención del auxiliar de fiscal Alejandro Andole, quien representó a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II. En ese marco, se solicitó el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y la adopción de medidas de coerción, tras haberlo imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas.

Mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso los motivos de la detención y pidió que se declare su legalidad, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y ordenó la detención provisoria del acusado. Por esto, deberá permanecer alojado en el Instituto “Cura Brochero” durante dos meses, hasta el 7 de septiembre de 2026.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación sitúa al adolescente como uno de los autores materiales, junto a otros cinco adultos y al menos dos menores, en el hecho ocurrido entre el 2 y el 3 de julio en la vivienda de la víctima.

Además del adolescente, los otros cinco detenidos por el crimen fueron identificados como Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19), M.B.A. (17). Los mayores de edad cumplen prisión preventiva, mientras que el menor también permanece internado en el Instituto “Cura Brochero”. Todos los acusados deberán continuar privados de la libertad por al menos cinco meses.

Según la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, los imputados y otras personas aún no identificadas ingresaron a la casa de Migliorini con intenciones de robo. Una vez dentro, redujeron a la víctima atándole los tobillos con una correa y comprimiéndole el cuello con cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

En línea con los planteos de los investigadores, los agresores decidieron darle muerte para asegurar el robo y evitar ser identificados; por esto mismo, los acusaron de someter a la víctima a un sufrimiento innecesario y desproporcionado, lo que motivó la calificación agravada por ensañamiento.

De hecho, el informe de autopsia confirmó que Migliorini sufrió traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera, lesiones infligidas mientras aún permanecía con vida.

El crimen fue descubierto el viernes por la tarde, cuando el sobrino de la víctima llegó a la casa y halló a su tía sin vida, ensangrentada, atada y con signos evidentes de violencia. Tras el ataque, los responsables huyeron llevándose distintos bienes, entre los que se encuentra la llave de un Volkswagen Polo Track propiedad de la víctima. El inventario de los objetos robados sigue en investigación.

La rápida actuación conjunta de la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal permitió identificar a los presuntos autores y realizar varios allanamientos. Actualmente, los investigadores buscan recolectar más pruebas para determinar el grado de participación de cada imputado y ubicar a otras personas que, según la hipótesis fiscal, también habrían intervenido y permanecen prófugas.

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Colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Colectivos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales protagonizaron una jornada de protestas en la Ciudad de México tras denunciar que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, incumplió una reunión previamente acordada para atender sus demandas. La movilización derivó en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, que utilizaron extintores y mangueras para dispersar al contingente frente a la dependencia, antes de que las manifestantes avanzaran hacia Paseo de la Reforma para realizar bloqueos y exigir la instalación de una mesa de diálogo sobre la Ley Integral Trans.

Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, negó que cuente con protección de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde que solicitó licencia al cargo hace 69 días. A través de su cuenta de X, afirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República para responder a las investigaciones en su contra y calificó como falsas las acusaciones formuladas por una oficina del gobierno de Estados Unidos, que lo señala de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos. Además, rechazó versiones periodísticas sobre un supuesto resguardo militar y sostuvo que ha sido objeto de una campaña de calumnias e imputaciones sin sustento.

Guerrero busca identificar 3 mil 500 cuerpos con apoyo de la ONU

La Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) firmaron un convenio para identificar más de 3 mil 500 cuerpos y restos humanos sin nombre que permanecen en los servicios médicos forenses de la entidad.

El acuerdo contempla el uso de inteligencia artificial, el fortalecimiento del análisis genético y del cotejo de huellas dactilares con el INE, así como la creación de un micrositio con fichas de personas ya identificadas para facilitar su reconocimiento por parte de las familias. Las autoridades prevén identificar al menos 400 restos antes de que concluya 2026 y eliminar el rezago durante 2027.

El fentanilo sigue fluyendo hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se mantiene sin afectaciones pese a la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos, de acuerdo con un informe de Crisis Group que señala que la disponibilidad y los precios de esta droga sintética permanecen estables en ese país. El documento identifica a Los Chapitos como la principal facción responsable de producir y enviar fentanilo al mercado estadounidense, seguida por Los Mayos, y destaca que la mayor parte de la producción de drogas en México continúa concentrándose en Sinaloa. Aunque la violencia derivada de la ruptura entre ambos grupos provocó operativos de autoridades mexicanas y estadounidenses, el reporte indica que la oferta de estupefacientes no ha mostrado cambios significativos.

Autoridades de Guerrero anuncian operativo en Guajes de Ayala tras denuncias de ataques con drones

Autoridades de Guerrero informaron sobre acciones de vigilancia aérea y terrestre en Guajes de Ayala, comunidad de Coyuca de Catalán, luego de que pobladores denunciaron ataques con explosivos presuntamente lanzados desde drones. Habitantes difundieron videos de las agresiones, señalaron que mujeres, niñas y niños permanecían refugiados en un centro de salud y solicitaron apoyo urgente de los tres órdenes de gobierno.

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas en Acapulco

Autoridades federales y de los estados de Guerrero y Estado de México detuvieron en Toluca a José “N”, alias “El Tucán”, quien era buscado por una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra trabajadores del transporte público en Acapulco. De acuerdo con las investigaciones, el detenido es considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia vinculado con un grupo criminal que operaba en el puerto; ahora quedó a disposición del juez que lo requiere para definir su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté bajo resguardo del Ejército

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió las versiones que señalaban que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue trasladado y resguardado por el Ejército en instalaciones militares para evadir investigaciones.

A través de una tarjeta informativa, aseguró que ninguna institución federal realizó un operativo con ese propósito —como fue afirmado en algunos medios de circulación nacional—, negó que el mandatario se encuentre en instalaciones castrenses y sostuvo que no existe ninguna acción para proteger a personas investigadas por autoridades mexicanas o extranjeras.

Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Durante los dos meses en que Rubén Rocha Moya permaneció con licencia como gobernador de Sinaloa, los homicidios dolosos disminuyeron cerca de 40% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y federales. Especialistas en seguridad atribuyen la reducción al desgaste entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, así como a la estrategia de seguridad implementada por México y Estados Unidos, aunque advierten que las cifras podrían no reflejar toda la violencia debido a posibles subregistros y al ocultamiento de víctimas por parte de grupos criminales.

El FBI mantiene en su lista prioritaria a cinco fugitivos buscados por delitos de alto impacto, entre los que figuran asesinato, narcotráfico transnacional, crimen organizado y fraude financiero, con recompensas que alcanzan los 10 millones de dólares para quienes aporten información que conduzca a su captura. La actualización, vigente al segundo semestre de 2026, involucra a autoridades de Estados Unidos, América Latina y Europa, debido a la magnitud y alcance internacional de los casos según el Departamento de Justicia.

De acuerdo con información oficial publicada por el FBI y reportes de agencias como Reuters, la estrategia institucional contempla incentivos económicos, operativos conjuntos y canales seguros de denuncia, en el marco del Rewards Program y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado. La decisión de mantener a estos cinco individuos como prioridad responde a evaluaciones periódicas sobre el nivel de riesgo, la gravedad de los delitos y la capacidad de evadir la justicia a través de redes de apoyo internacional.

Las investigaciones y operativos en curso encuentran respaldo en acuerdos bilaterales y la colaboración de agencias policiales de diferentes países. El FBI enfatiza la necesidad de la cooperación ciudadana y de organismos extranjeros para enfrentar organizaciones criminales que operan a través de fronteras, según declaraciones institucionales recogidas por Reuters y confirmadas en documentos públicos del Departamento de Justicia.

¿Quién es Wilver Villegas-Palomino y por qué lo busca el FBI?

Wilver Villegas-Palomino es considerado por el FBI uno de los principales líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con base en Colombia y operaciones identificadas en varios países de América y Europa, según el portal oficial del Departamento de Justicia. Las autoridades estadounidenses le imputan cargos federales por coordinar envíos de grandes volúmenes de droga hacia Estados Unidos, así como por orquestar operaciones de lavado de dinero a través de una red transnacional.

La recompensa para quien aporte información que permita su detención asciende a 5 millones de dólares, en el marco del Rewards Program del Departamento de Estado. Las investigaciones han documentado la capacidad de Villegas-Palomino para evadir la justicia mediante el uso de identidades falsas y el apoyo logístico de células operativas en diferentes países. El FBI sostiene que su captura resultaría clave para debilitar una de las rutas más activas de tráfico de estupefacientes entre Sudamérica y Norteamérica, según informes institucionales consultados por Reuters.

¿Por qué Omar Alexander Cardenas está en la lista de los más buscados?

Omar Alexander Cardenas fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por su presunta participación en un asesinato registrado el 15 de agosto de 2019 en Sylmar, California, así como por huir para evitar ser procesado, de acuerdo con reportes oficiales del FBI. Cardenas, nacido en California en 1995, está acusado de disparar varias veces contra un hombre en un centro comercial al aire libre, provocando su muerte.

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió una orden de arresto tras imputarle el delito de asesinato, mientras que en septiembre de 2021 se emitió una orden federal por fuga. El FBI precisa que Cardenas mide entre 1,68 y 1,70 metros, pesa entre 240 y 300 libras, y suele llevar barba y gafas graduadas. La recompensa ofrecida por información que conduzca a su captura alcanza 1 millón de dólares. Las autoridades instan a la ciudadanía a no intentar detenerlo y a comunicarse únicamente a través de los canales oficiales, según la información institucional disponible en la página del FBI.

¿Cuál es el historial criminal de Yulan Adonay Archaga Carias, alias “Porky”?

Yulan Adonay Archaga Carias, conocido como “Porky”, es señalado como uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, según el Departamento de Estado y el FBI. La acusación formal lo vincula con la coordinación de actividades de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y lavado de dinero, con ramificaciones en Centroamérica y Estados Unidos. Archaga Carias es considerado responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y de mantener vínculos con otras organizaciones criminales regionales, según documentos oficiales.

El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) autoriza una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien provea información que permita su detención. El FBI detalla que Archaga Carias opera con equipos de seguridad propios y utiliza documentos falsos para ocultar su identidad, lo que ha dificultado su captura, según registros públicos y reportes de Reuters.

¿Por qué busca el FBI a Bhadreshkumar Chetanbhai Patel?

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel es buscado tras ser acusado del asesinato de su esposa en una tienda de donas en Hanover, Maryland, el 12 de abril de 2015. Según el FBI, Patel golpeó a la víctima en varias ocasiones y escapó del lugar. Las investigaciones indican que se le vio por última vez en Newark, Nueva Jersey, y se presume que podría haber recibido ayuda para cambiar de identidad o abandonar el país.

La orden de captura local fue emitida por el Tribunal de Distrito de Maryland para el Condado de Anne Arundel, y posteriormente se emitió una orden federal por huida ilegal. El FBI ofrece una recompensa de hasta 1 millón de dólares. Las autoridades han difundido su fotografía y datos personales, y subrayan que el caso sigue abierto mientras no se obtenga información que permita su localización.

¿Qué delitos se atribuyen a Aníbal Alexander Canelon Aguirre y cuál es su relación con el Tren de Aragua?

Aníbal Alexander Canelon Aguirre es acusado de liderar una conspiración internacional para cometer fraude bancario, robo bancario, lavado de dinero y apoyo material al grupo transnacional Tren de Aragua (TdA), declarado organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el FBI y con reportes del Departamento de Justicia, Canelon Aguirre coordinó grupos en Estados Unidos dedicados al “jackpotting” de cajeros automáticos, una técnica que utiliza malware para extraer efectivo de manera ilícita.

El Tribunal de Distrito de Nebraska emitió una orden de captura federal el 9 de diciembre de 2025. La recompensa establecida por el FBI asciende a 1 millón de dólares. Canelon Aguirre, alias “Prometeo” o “El Ingeniero”, tiene lazos con Venezuela y México y es considerado uno de los principales operadores financieros del Tren de Aragua en el hemisferio, según informes institucionales. El Departamento de Estado destaca la importancia de su captura para frenar el flujo de recursos hacia organizaciones criminales dedicadas a delitos violentos y tráfico de personas.

¿Cómo funciona el sistema de recompensas del FBI para fugitivos prioritarios?

El sistema de recompensas del FBI y del Departamento de Estado establece pagos económicos para quienes aporten información que lleve a la detención de fugitivos relacionados con delitos graves. Las sumas varían entre 1 y 10 millones de dólares, según la gravedad del delito y el impacto del caso en la seguridad pública, de acuerdo con las reglas del Rewards Program y el TOCRP. La información puede ser compartida mediante líneas telefónicas, formularios digitales y embajadas estadounidenses, con garantía de confidencialidad para los informantes.

El FBI subraya que la colaboración internacional y la denuncia ciudadana son esenciales para avanzar en la captura de estos individuos, ya que muchos operan desde el extranjero y utilizan redes logísticas complejas para evadir la justicia. Todos los detalles sobre las recompensas y los canales de denuncia pueden consultarse en el sitio web oficial del FBI y en las embajadas estadounidenses.

¿Qué impacto tiene la lista de los más buscados y qué se puede esperar?

La inclusión de estos cinco fugitivos en la lista prioritaria responde a la necesidad de neutralizar amenazas a la seguridad pública y desarticular redes de crimen organizado, narcotráfico y fraude financiero a gran escala. La cooperación entre agencias nacionales e internacionales, junto con los incentivos económicos, busca fortalecer las capacidades de investigación y aumentar las probabilidades de captura. El FBI actualiza periódicamente la lista según evoluciona cada caso y mantiene abiertos los canales para recibir información relevante.

Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una joven de 19 años, cuyos restos fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la corporación, la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana por un posible caso de violencia familiar en un domicilio localizado sobre la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.

Una vecina alertó a policías tras escuchar gritos y golpes

Al llegar al inmueble, los oficiales fueron recibidos por una mujer, quien les permitió el acceso y les informó que momentos antes había escuchado gritos y golpes provenientes del domicilio.

La testigo también relató que, al dirigirse al patio trasero, observó a un hombre cargar una bolsa negra e intentar introducirla en una hielera, situación que motivó la intervención de los policías.

Ante el señalamiento, los uniformados aseguraron al hombre de 28 años y realizaron una inspección preventiva en el inmueble.

Localizaron un machete y restos humanos durante la revisión

Como resultado de la inspección, los policías localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que el sitio fue resguardado para permitir el procesamiento de la escena por parte de peritos y personal ministerial.

El hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni del detenido.

Feminicidios deben investigarse con perspectiva de género

De acuerdo con el protocolo vigente en México, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, con el fin de determinar si existen razones de género en la comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con protocolos especializados para este tipo de investigaciones, los cuales contemplan el procesamiento del lugar de los hechos, la recopilación de evidencia pericial y ministerial, así como la realización de diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y, en su caso, llevar a los responsables ante la justicia.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de violencia familiar, a casi dos semanas después de que se difundió un video en el que se ve al exfuncionario federal agredir física y verbalmente a su ahora exesposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2026, María Felicia Jiménez se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en Morelos, donde la habría agredido tras una discusión.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exfuncionario y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar, un delito que en México se sanciona con prisión, multa económica, pérdida de derechos e incluso obligatoriedad de tratamiento psicológico.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

• Código Penal Federal

El Artículo 343 bis del Código Penal Federal establece que la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza física o moral, o la omisión grave, ejercida de manera reiterada por un integrante de la familia en contra de otro, afectando su integridad física, psíquica o ambas, sin importar si causa lesiones.

Comete este delito el cónyuge, concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

La sanción para quien comete violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico especializado.

El delito se persigue por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

El Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público debe exhortar al probable responsable a abstenerse de conductas ofensivas hacia la víctima, acordar medidas preventivas para protegerla y solicitar las medidas precautorias pertinentes.

• Código Penal del Estado de Morelos

El Artículo 202 BIS establece que comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, causando daño o sufrimiento.

La sanción es de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos respecto al ofendido (incluidos los sucesorios, patria potestad o tutela) y tratamiento psicológico específico para rehabilitación. El delito se persigue de oficio.

El Artículo 202 TER equipara al delito de violencia familiar los actos cometidos contra personas bajo guardia, protección, cuidado o educación, siempre que vivan en la misma casa.

El Artículo 202 QUATER indica que el Ministerio Público debe acordar las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de la víctima y solicitar al juez medidas precautorias.

El Artículo 202 QUINTUS equipara la violencia familiar a los actos cometidos contra una persona con la que exista una relación de hecho, aunque no vivan en el mismo domicilio.

El Artículo 36 contempla la reparación del daño, que incluye el pago de tratamientos psicoterapéuticos para la víctima y familiares directos, así como la indemnización por daño material y moral.

¿Cómo fue detenido Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido y presentado esposado ante la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser acusado de violencia de género por su esposa, María Felicia Jiménez.

La detención se realizó la tarde del martes 7 de julio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, luego de que la víctima hiciera pública la denuncia y difundiera en redes sociales imágenes de la agresión sufrida el 3 de marzo de 2026.

Rodríguez Padilla llegó escoltado por tres agentes mujeres, con semblante molesto y vestido de camisa blanca y pantalón negro.

Tras su certificación en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue entregado a la Fiscalía de Morelos, estado donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a Morelos para comparecer ante un juez de control de dicho estado y poco después, ingresó al penal de Atlacholoaya.

La denuncia de Jiménez expone que el exfuncionario la agredió física y verbalmente de manera reiterada desde 2022, incluso delante de su hijo menor, situación que quedó grabada pese a los intentos del acusado por destruir la cámara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones describe a Rodríguez Padilla como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y candidato a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Parecía ser un simple viaje rutinario de trabajo, con una parada estratégica cerca de la autopista Interestatal 75 para programar reuniones y descansar. Sin embargo, terminó por convertirse en un impactante crimen lleno de incógnitas, que dejó el caso sin resolver durante décadas.

La puerta de la habitación en el hotel Holiday Inn de Middletown, Ohio, no mostraba signo de violencia alguno. Pero allí, el cuerpo de John Christopher Warren yacía sin vida sobre la alfombra, luego de un brutal ataque. Aquel 17 de octubre de 1985, se confirmó la muerte del hombre de 44 años; un vendedor ambulante y empleado en una empresa de autopartes.

En el repaso sobre la escena del crimen, su automóvil Oldsmobile modelo 85 color gris plata no aparecía en el estacionamiento ni en zonas aledañas. Faltaba también parte de sus pertenencias personales y las primeras pesquisas no hallaron testigos directos ni señales evidentes sobre el móvil del homicidio. Todo se centraba en el desorden de la habitación y la ausencia de objetos de valor.

Cuatro décadas después, la investigación volvió a moverse. A comienzos de julio de 2026, las autoridades detuvieron en Ohio a un hombre acusado del crimen, luego de que nuevos análisis forenses permitieran identificar pistas que la tecnología disponible en 1985 no había podido revelar.

La pista de Dalton: objetos detrás del Cracker Barrel

En los días que siguieron al crimen, la investigación encontró una primera pista a más de 600 kilómetros hacia el sur. En Dalton, Georgia la policía local recuperó pertenencias del vendedor tiradas detrás de un restaurante Cracker Barrel. Entre los objetos hallados figuraban efectos personales de Warren y otros elementos aún no detallados públicamente por la actual investigación de la fiscalía.

El automóvil apareció más lejos todavía: 917 kilómetros al sur de Dalton, en Redington Beach, Florida. Así se consolidaron tres escenas dispersas, ninguna con huellas que permitieran una acusación formal. La investigación inicial conjunta entre la oficina del sheriff y la fiscalía de Warren County agotó todas las vías convencionales, según recordaron medios como Fox y NBC News.

Expediente archivado y reapertura forense

Durante años, el expediente Warren permaneció congelado. El nombre del vendedor solo regresaba a los archivos cuando una nueva pista resultaba en nada.

Fue hasta 2019 que, detectives del condado reabrieron el caso e hicieron lo que la tecnología de 1985 no permitía: enviaron a laboratorio pruebas recolectadas en la habitación del hotel, el automóvil y el basurero del Cracker Barrel.

La evidencia sometida a análisis incluyó objetos con posible material biológico y rastros no especificados. El resultado conectó en julio de 2026 el ADN recuperado con Randy Lane McAllister, residente de Columbus, Ohio, y 62 años al momento de la detención.

Este proceso de revisión además involucró a un presunto cómplice ya fallecido, cuya identidad no fue revelada públicamente.

El arresto: cuatro décadas después

Los informes de Fox News y The Guardian detallaron que el 1 de julio de 2026 la policía arrestó a McAllister, quien compareció ante el tribunal bajo cargos de asesinato y asesinato agravado. El fiscal adjunto Brian Goodyear describió detalles del asesinato ante el juez: Warren fue golpeado y estrangulado con un lazo. No hubo resistencia y se trató de “un caso de violencia extrema”.

Durante la audiencia, la defensa solicitó una fianza de USD 50.000, pero el juez Robert Peeler la fijó en USD 500.000, citando antecedentes de robo agravado y asalto con lesiones graves en 1986 y 1992. “El acusado vivió más de 35 años sin incidentes conocidos”, admitió el juez, pero la gravedad del cargo y los antecedentes ameritan una fianza alta.

McAllister escuchó la imputación: asesinato agravado en el contexto de robo, con la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable conforme a la ley de Ohio.

Rompecabezas y reconstrucción de la ruta criminal

Los fiscales expusieron que, tras asesinar a Warren en el Holiday Inn, McAllister y su cómplice huyeron con el Oldsmobile y las pertenencias. El vehículo fue abandonado en Florida, mientras los objetos personales terminaron ocultos detrás del restaurante en Georgia.

Las coberturas de NBC News y ABC News 4 informaron que, a pesar de seguir múltiples pistas en los años 80, los investigadores no pudieron establecer la relación entre los objetos y el autor hasta las nuevas pruebas de laboratorio.

El caso había implicado antes a tres hombres de Carolina del Sur, luego exonerados tras superar el detector de mentiras.

La evidencia no revelada y límites del expediente abierto

La fiscalía de Warren County no especificó qué prueba material permitió el vínculo directo entre McAllister y los objetos recuperados. El expediente judicial solo indica que la conexión surgió de los análisis forenses realizados a partir de 2019. El propio fiscal David Fornshell declaró en NBC News: “Todo lo que tengo para decir está en redes sociales. No haré más comentarios”.

En la acusación formal, se detalla que McAllister “causó intencionalmente la muerte de Warren mientras cometía o intentaba cometer un robo agravado”. Los registros penitenciarios reflejan que el acusado permanece bajo custodia en Warren County, sin derecho a reducción del 10% de la fianza.

Por el momento, no se divulgaron detalles sobre el motivo exacto de la reapertura en 2019 ni acerca del desencadenante que condujo al nuevo análisis.

El procedimiento y la perspectiva judicial

El caso fue presentado ante un gran jurado a fines de junio, que resolvió imputar a McAllister tras revisar los nuevos elementos probatorios. La acusación subraya la “tenacidad” de los detectives que, cuarenta años después, lograron llevar a una persona ante la justicia.

Bajo las leyes del estado de Ohio, la condena por asesinato agravado implica automáticamente la posibilidad de cadena perpetua.

El proceso judicial sigue abierto y los fiscales mantienen en reserva los detalles técnicos de la prueba forense que permitió cerrar el círculo. Mientras tanto, no se prevé que McAllister recupere la libertad bajo fianza antes del juicio con fecha a confirmar.

Luego de que el cuerpo de Cristina Trejo (84) fuera encontrado en su vivienda de la ciudad de Córdoba, los investigadores plantearon la sospecha de que los responsables hubieran utilizado su celular después del crimen. De acuerdo con la hipótesis, se cree que habrían intentado simular que la jubilada seguía con vida tras no haber sido vista por días por sus vecinos.

En medio de la investigación para esclarecer cómo fue asesinada, un vecino aseguró que había recibido mensajes supuestamente enviados por la víctima, tras haberle preguntado cómo se encontraba. Según trascendió, la mujer habría justificado su falta de respuesta con una falla del celular.

Sin embargo, el hallazgo del cuerpo se dio cerca de las 21:30 horas del lunes, en su casa ubicada sobre la calle Uritorco al 3600, en el barrio Ameghino Sur. Todo se desencadenó a partir de un llamado realizado por un vecino, quien alertó a las autoridades sobre los días que habían pasado sin ver a su vecina y por un fuerte olor a gas que emanaba del domicilio.

A raíz de esto, el personal de Bomberos ingresó al inmueble a través de una ventana, debido a que la vivienda se encontraba completamente cerrada. Fue así que se encontró el cuerpo sin vida de la mujer debajo de una cama.

Durante la inspección, los investigadores constataron que la jubilada presentaba múltiples golpes y lesiones en la nuca, además de manchas de sangre en el dormitorio y en otro ambiente de la casa.

De acuerdo con la reconstrucción del medio local Vía País, la escena no exhibía el desorden típico de un robo, aunque se detectó la ausencia del teléfono celular de la víctima. Este fue considerado un elemento clave para reconstruir las últimas horas y establecer quiénes pudieron estar en la vivienda.

Hasta el momento, la principal hipótesis apuntaría a que el ataque habría ocurrido varios días antes del descubrimiento del cadáver. No obstante, esa circunstancia deberá ser precisada mediante la autopsia y los peritajes ordenados por la Justicia.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, a cargo del fiscal Víctor Chapero, que dispuso la realización de la autopsia, la recolección de pruebas dentro de la vivienda y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Mientras que los investigadores intentan determinar si el hecho estuvo vinculado con un robo, quiénes ingresaron al domicilio y qué sucedió en los días previos al hallazgo del cuerpo, informaron que la causa continuaría sin personas detenidas.

De acuerdo con los vecinos de la zona, la mujer era reconocida en el barrio por su solidaridad y por asistir frecuentemente a personas en situación de calle, a quienes brindaba alimentos y ayuda. Residía sola y, por el momento, solo se logró localizar a una hermana que vive en Buenos Aires.

“La mujer trabajaba en una fundación y solía hacer pasar gente para darle de comer o entregarle cosas”, contaron sobre las actividades que realizaba, aunque aclararon que no existirían sospechas de que el crimen esté vinculado a su actividad solidaria. “Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza”, afirmaron.

En línea con esto, Leandro, el vecino que dio aviso a las autoridades, contó a Cadena 3 que “desde el miércoles no tenían noticias de la mujer”. Además, la describió como “totalmente amigable” y resaltó la cercanía que mantenía con los vecinos: “Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros”.

Respecto a las causas de muerte, las fuentes oficiales de la investigación precisaron que aún se aguardan los resultados de la autopsia, aunque se observaron golpes en la nuca de la víctima que consideraron que podría haber sido un factor determinante.

La justicia panameña volvió a imponer la pena máxima contemplada en la legislación penal. Un hombre fue condenado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio por un crimen ocurrido en la provincia de Colón, en un fallo que se suma a otras sentencias de igual magnitud dictadas durante 2026 contra responsables de hechos de extrema violencia.

La condena fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que un Tribunal de Juicio declarara de forma unánime la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

Además de la pena principal, el sentenciado deberá cumplir una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 10 años una vez recupere su libertad.

En Panamá 50 años de prisión constituyen la pena máxima efectiva que puede cumplir una persona, de acuerdo con el Código Penal. Aunque en los últimos años algunos tribunales han impuesto condenas acumulativas de hasta 80 años por múltiples homicidios y otros delitos graves, la legislación establece que el tiempo efectivo de privación de libertad no puede exceder los 50 años.

Durante lo que va de 2026, los tribunales panameños han impuesto al menos seis condenas de 50 años de prisión en distintos procesos por homicidios agravados, femicidios y otros delitos de alta gravedad, reflejando una tendencia a aplicar las sanciones más severas previstas por la ley cuando la gravedad de los hechos y las pruebas así lo ameritan.

El caso que motivó la más reciente sentencia ocurrió el 5 de noviembre de 2023 en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto a otros individuos cuando realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

Tras la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, el Tribunal concluyó que existían suficientes elementos para emitir un fallo condenatorio.

La reciente sentencia se conoce pocos días después de otra decisión relevante del sistema judicial panameño, esta vez en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de femicidio.

En ese proceso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró demostrar durante el juicio oral que el condenado fue responsable de la muerte de una mujer de 36 años, quien recibió un disparo en la cabeza el 9 de noviembre de 2024, cerca del antiguo hospital Obaldía, en el distrito de David.

El Tribunal de Juicio declaró culpable al acusado de manera unánime luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, peritajes y evidencia documental, permitiendo la imposición de la condena por uno de los delitos que mayor impacto genera en el país.

Investigaciones en proceso

Mientras continúan los juicios por homicidio, el Ministerio Público también mantiene abiertas varias investigaciones por tentativa de homicidio, consideradas entre los delitos de mayor gravedad dentro del sistema penal.

Uno de esos casos se desarrolla en la provincia de Panamá Oeste, donde el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un hombre acusado de intentar asesinar a otra persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando el imputado presuntamente atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca a la víctima, causándole heridas en el cuello. Los magistrados respaldaron de forma unánime la medida cautelar al considerar que persistían los riesgos procesales.

En Colón, otro proceso involucra a un hombre de 20 años conocido con el alias de “Mataperro”, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades. Durante una audiencia de control de garantías, un juez ordenó su detención provisional tras ser imputado por una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de junio de este año.

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La investigación señala que el imputado llegó junto con otro hombre hasta un edificio ubicado en el sector de La Feria, en Cristóbal Este, donde presuntamente realizaron varios disparos con arma de fuego que dejaron tres personas heridas. La Fiscalía logró además la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos.

Otro caso reciente ocurrió en la provincia de Veraguas, donde un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por homicidio doloso agravado. El crimen se registró la noche del 7 de junio de 2026 en la barriada Corozal, distrito de Cañazas. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría atacado a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole una herida en el cuello que le ocasionó la muerte tras afectar la vena yugular.

El tribunal acogió todas las solicitudes presentadas por la Fiscalía al considerar acreditados los elementos de convicción y los riesgos procesales.

La Policía de la provincia de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal investigan por estas horas el violento y misterioso crimen de Cristina Trejo, una mujer de 84 años que fue hallada sin vida en su casa del barrio Ameghino, al sur de la capital provincial. Según los primeros datos, la víctima presentaba golpes en la nuca.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el cadáver de la mujer fue encontrado durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la calle Uritorco al 3600. Un vecino, preocupado por no tener noticias de la mujer desde el viernes y alertado por un fuerte olor a gas, realizó un llamado al 911.

Al llegar, los bomberos notaron que la puerta estaba completamente cerrada y debieron acceder a través de una ventana. Una vez adentro, se encontraron con el horror: el cadáver de Cristina estaba debajo de una cama y presentaba golpes en la nuca.

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales cordobeses, había manchas de sangre tanto en la habitación donde se halló el cuerpo como en otra contigua.

Según las fuentes consultadas por este medio, hubo un dato que llamó la atención de los investigadores: cuando inspeccionaron el lugar, las autoridades no observaron signos evidentes de desorden ni de que la vivienda hubiera sido revuelta, por lo que aún intentan reconstruir lo que pasó. El caso está a cargo del fiscal Víctor Chapero.

Qué se sabe de la mujer asesinada

Las fuentes señalaron que el celular de la víctima fue el único objeto que no fue encontrado por la Policía. Respecto a la mujer, este medio supo que la mujer era reconocida en el barrio por su solidaridad y su costumbre de asistir a personas en situación de calle con alimentos y ayuda. Vivía sola y por el momento, sólo lograron localizar a una hermana que vive en Buenos Aires.

Hasta hace algún tiempo, Cristina trabajaba para una fundación dedicada a la ayuda de personas en situación vulnerable.

“La mujer trabaja en una fundación con la que habitualmente tenía el costumbre de hacer pasar gente a darle de comer o darle cosas”, dijo la fuente, aunque aclaró que por el momento no se sospecha que el crimen esté vinculado con su actividad solidaria en ese lugar. “Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza”, remarcó.

En cuanto a las causales de muerte, las fuentes aclararon que todavía resta por conocer el resultado de la autopsia, más allá de que se observaron los golpes en la nuca de la víctima.

Leandro, el vecino que alertó a las autoridades, relató a Cadena 3 que “desde el miércoles no tenían noticias de la mujer”.

Además, describió a Cristina como “totalmente amigable”, destacando la relación cercana que mantenía con los vecinos. “Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros”, agregó.

La mujer llamó al 911 e hizo la denuncia, donde aportó dos datos que resultaron clave para el inicio de la investigación. Primero, que la casa estaba muy desordenada, revuelta. Segundo, que su padre ya había sido víctima de un robo bajo la modalidad viuda negra en diciembre de 2024 y que era usuario habitual de aplicaciones de citas.

Con esta información comenzó a trabajar la Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I) Vicente López Oeste, a cargo de Alejandro Guevara, quien ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales para reconstruir la noche del hecho. Así logró detener, en las últimas horas, a la mujer señalada por haber captado a la víctima y a un hombre, acusado de haber ingresado a la casa para cometer el homicidio.

Ambos fueron identificados a través de los registros fílmicos. Según supo Infobae, las imágenes permitieron establecer que el episodio ocurrió el 10 de junio, cerca de las 21, cuando el hombre de 73 años llegó a su domicilio a bordo de su Peugeot acompañado por una joven, con quien ingresó a la vivienda.

Alrededor de las 2 de la madrugada del 11 de junio, un Volkswagen Suran negro, que circulaba sin patente, llegó al lugar con dos hombres a bordo. Minutos después, se vio a la mujer -que había entrado con el jubilado horas antes- salir de la casa junto a ellos, sus presuntos cómplices. Escaparon en dos autos: la Surán y el vehículo de la víctima.

El seguimiento de las cámaras permitió reconstruir el recorrido del Peugeot robado, que fue captado por los lectores de patentes circulando por la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser abandonado en la Villa 21-24 Zabaleta, en Barracas, donde fue secuestrado para ser peritado.

Luego los investigadores también identificaron el Volkswagen Suran utilizado durante la fuga y establecieron que pertenecía a Maximiliano Ezequiel Vargas, de 34 años, domiciliado en la Villa Zabaleta. Las cámaras también registraron que, horas después del crimen, Vargas circulaba junto a una mujer que luego fue identificada como Brenda Magalí Noguera, de 22 años. Era la viuda negra.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Noguera habría sido la encargada de captar a la víctima y entrar con ella a la vivienda, mientras que Vargas habría participado directamente del homicidio junto a otro hombre aún no identificado.

Con esa información, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Vicente López y de la SubDDI del distrito interceptó a Vargas en Lanús cuando circulaba en la Suran y lo detuvieron.

La investigación continuó con tareas encubiertas, análisis de cámaras y declaraciones testimoniales hasta que la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zabaleta, donde fue detenida Brenda Magalí Noguera con la colaboración de la Policía de la Ciudad. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular que serán incorporados a la causa.

La investigación ahora sigue en manos de la Fiscalía de Vicente López Oeste, a cargo de Gastón Larramendi, que continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión la mecánica del crimen y la participación del tercer sospechoso que aún permanece prófugo.

El anuncio coincide con una entrevista concedida al programa Panorama, espacio en el que Ariel rompió once años de silencio para relatar el impacto personal que dejó el asesinato de su madre y explicar los motivos que impulsan este nuevo proyecto. Sus declaraciones también volvieron a colocar bajo discusión uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, marcado por investigaciones, cambios de sentencias y una prolongada disputa familiar.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista gira alrededor de la relación entre Ariel Bracamonte y su hermana, Eva Bracamonte. El hijo menor de Myriam Fefer afirmó que el vínculo entre ambos quedó destruido después del avance de la investigación fiscal que señaló a Eva como principal sospechosa del asesinato.

Ariel recordó que decidió apartarse de ella cuando la Policía informó que existían elementos suficientes para elevar el caso al Ministerio Público. “Al momento en el que la policía me dice que tienen suficientes evidencias para elevar una investigación policial al nivel de la fiscalía, con mi hermana como la principal sospechosa del asesinato de mi madre, yo decidí dar un paso al costado y no tener una relación con ella”.

También sostuvo que la distancia entre ambos comenzó poco después del crimen. “Ella perdió a su madre en el 2006 y en el 2007 decidió perder a su hermano”, expresó durante la entrevista difundida por el dominical.

A pesar del distanciamiento, Ariel aseguró que todavía mantiene una invitación abierta para esclarecer el caso. “Eva, si me quieres ayudar a encontrar a quién mató a nuestra madre, llámame. Sabes dónde encontrarme. Vamos a trabajar juntos”.

Mantiene dudas sobre la autoría intelectual del asesinato

Aunque el Poder Judicial absolvió definitivamente a Eva Bracamonte, Ariel afirmó que todavía mantiene serias dudas sobre quién ordenó el asesinato de su madre.

Durante la entrevista evitó formular una acusación directa, aunque insistió en que la principal incógnita permanece sin respuesta. “Si no fue mi hermana, entonces, ¿quién fue? Tenemos al hombre en prisión, pero no hemos llegado a la respuesta más importante: quién lo contrató”.

Ariel Bracamonte relató que todavía revive el momento en que encontró a su madre dentro de la vivienda familiar en San Isidro durante agosto de 2006. Explicó que ese episodio forma parte del primer capítulo del pódcast y reconoció la dificultad que experimentó para grabarlo.

“He grabado el capítulo uno cinco veces. Mañana lo grabo por sexta vez. Porque no dejo de llorar”, manifestó.

También describió la escena que presenció cuando tenía 17 años. “Vi a mi madre tirada en el suelo, bañada en sangre, con las uñas rotas, con vidrio en el suelo y echada boca abajo. Y tu mente no quiere procesar la información de lo que hay al frente tuyo”.

El entrevistado recordó además el impacto emocional que experimentó durante el funeral de Myriam Fefer y confesó que durante varios años sintió resentimiento tanto por la pérdida de su madre como por el conflicto familiar que surgió después del asesinato.

Ariel también explicó que el proceso de elaboración del pódcast lo obligó a enfrentar nuevamente los recuerdos de su adolescencia. “Escribo cada evento y, y a veces ese sentimiento de odio aparece por un segundo y lo reconozco, porque la forma en la que comienzo a escribir no es la forma en la que yo escribo hoy en día a mis treinta y seis. Es la forma en la que ese niño de diecisiete escribía”. Con esas palabras describió cómo revive las emociones que experimentó tras el asesinato de su madre, incluso durante la escritura del proyecto que presentará en el Perú.

El caso judicial continúa sin identificar al presunto autor intelectual

El asesinato de Myriam Fefer ocurrió el 15 de agosto de 2006 en su vivienda del distrito limeño de San Isidro. La investigación permitió identificar y condenar al sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, quien recibió una pena de 35 años de prisión.

Sin embargo, el proceso sobre la presunta autoría intelectual siguió otro camino. Eva Bracamonte fue condenada en 2012 a 30 años de cárcel, aunque esa sentencia quedó anulada posteriormente por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio. En 2015 resultó absuelta y un año después esa decisión quedó firme. Finalmente, en 2017 el proceso quedó archivado de manera definitiva respecto de ella.

Durante el juicio se discutieron diversos elementos probatorios, entre ellos rastros encontrados en la vivienda, correos electrónicos, testimonios contradictorios y otros indicios presentados por la Fiscalía. Las defensas sostuvieron durante todo el proceso que las pruebas resultaban insuficientes para demostrar la existencia de un plan destinado a asesinar a la empresaria.

En la entrevista concedida a Panorama reiteró que ese propósito constituye la razón principal de su retorno al Perú. “Voy a leer el expediente de principio a fin, cada página, y se las voy a mostrar al público para que juntos podamos determinar qué es lo que realmente pasó. Si la justicia no lo quiere hacer, nosotros lo tenemos que hacer”.

De acuerdo con lo difundido por ATV Noticias Edición Matinal, el regreso de Bracamonte coincide con el aniversario del homicidio y reabre un expediente que nunca cerró del todo. En su propio testimonio, Ariel recuerda: “Por 10 años intenté entender qué había pasado. Leí expedientes, asistí a audiencias y seguí cada pista que pude encontrar hasta que tuve que decir basta y me fui del país”. Su nueva investigación busca responder la pregunta que la justicia no resolvió: ¿quién ordenó matar a Miriam Fefer?

Un crimen familiar y una condena sin autor intelectual

Myriam Fefer, empresaria y madre, fue hallada muerta el 15 de agosto de 2006 en su residencia de San Isidro. La investigación inicial apuntó al entorno familiar, motivada por disputas sobre la herencia. El caso dio un giro en 2009, cuando las autoridades detuvieron en Argentina al colombiano Alejandro Trujillo Pina, apodado “Payaso”. El ADN de Trujillo Pina fue hallado en la escena del crimen y posteriormente recibió una condena de 35 años como autor material del homicidio.

Según la información recogida por ATV Noticias Edición Matinal basado en los informes judiciales, la Fiscalía incluyó en la acusación a Eva Bracamonte, hija de Fefer, y a su expareja Liliana Castro Manarelli, bajo el supuesto de que ambas habrían contratado al sicario. Ariel Bracamonte asumió entonces el papel de principal acusador de su hermana ante la opinión pública y los tribunales.

Procesos judiciales y un fallo anulado

En octubre de 2012, el Poder Judicial dictó una condena de 30 años por parricidio contra Eva Bracamonte. Liliana Castro Manarelli fue absuelta por falta de pruebas. Ese fallo duró poco: en noviembre de 2013, la Corte Suprema anuló el veredicto al detectar irregularidades procesales y ordenó un nuevo juicio. Eva recuperó su libertad condicional y, en diciembre de 2015, fue absuelta en primera instancia. La absolución quedó firme en 2016, y en mayo de 2017 el expediente se archivó de manera definitiva.

A partir de ese momento, la única condena ratificada siguió siendo la del sicario Trujillo Pina. Los interrogantes sobre la autoría intelectual persisten y la respuesta judicial nunca llegó, pese a años de audiencias y una investigación extensa.

Disputas familiares y controversias en el proceso

El caso Fefer se desarrolló entre enfrentamientos familiares, hipótesis contrapuestas y exposición mediática. Ariel Bracamonte y su hermana Eva protagonizaron uno de los conflictos más visibles, con acusaciones cruzadas sobre el móvil y la posible responsabilidad intelectual. La disputa se agravó por el reparto de la herencia y por la presión mediática.

En el archivo televisivo citado, se mencionan pruebas físicas y controversias técnicas. Entre ellas, una soga de nylon hallada en el jardín trasero, rastros de pasto seco en el cuarto de la víctima y el debate sobre correos electrónicos atribuidos a Ariel. La defensa de Eva y de Liliana Castro insistió en la falta de solidez de la acusación fiscal y denunció especulaciones sin sustento.

Elementos polémicos y el papel de los testigos

Durante el juicio, el abogado de Trujillo Pina sostuvo que Ariel había creado la identidad de una supuesta suegra colombiana para orientar la investigación hacia su hermana. La estrategia fue parte de las alegaciones de la defensa y sumó un nuevo elemento de polémica al proceso. También se discutió el rol de Lola, la perra de la familia, que estuvo en el centro de los testimonios sobre los movimientos en la casa la noche del crimen.

De acuerdo con las reconstrucciones judiciales, el paradero del animal esa noche fue motivo de debate entre fiscales y testigos. La fiscalía y la acusación intentaron establecer si el animal podía aportar indicios sobre la presencia de un intruso.

Nueva investigación y la herida abierta en la familia

Tras su absolución, Eva Bracamonte se apartó de la vida pública y eligió mantener un perfil bajo, dedicado a la escritura y el teatro. Ariel Bracamonte, en cambio, se trasladó a Estados Unidos, donde formó una familia y evitó el contacto con los medios. El anuncio de su regreso y el lanzamiento del pódcast sobre el asesinato de su madre vuelven a poner el caso en primer plano.

En un adelanto de su nuevo proyecto, Ariel resume la motivación de su retorno: “A veces las ganas de entender qué es lo que realmente pasó son mucho más fuertes que las ganas de voltear la página”. El expediente judicial, cerrado en la práctica, mantiene un vacío decisivo: la justicia peruana condenó al sicario, pero nunca identificó ni responsabilizó a un autor intelectual. La historia, marcada por el dolor y la fractura familiar, sigue abierta a casi veinte años del crimen.

La investigación por el asesinato de Ramiro Fabián Nast derivó en la detención de Mauro Bracamonte, un presunto vendedor de drogas de 26 años, quien operaba dos búnkeres en la ciudad de Funes. Su nombre surgió de manera reiterada en la causa del homicidio, a partir de testimonios que lo vincularon con una deuda de casi un millón de pesos que la víctima mantenía por compra de estupefacientes. Bracamonte quedó bajo prisión preventiva por 60 días, acusado de organizar la venta de cocaína en la zona.

La causa principal, que investiga la muerte de Ramiro Nast, expuso una red de microtráfico en Funes, situada al oeste de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Según Rosario3, la fiscal Mercedes Banchio impulsó once allanamientos que permitieron identificar a Bracamonte como responsable de dos puntos de venta ubicados en Esquiú al 2000 y en Hipólito Yrigoyen al 1400, donde la policía confiscó casi 30 gramos de cocaína, balanzas de precisión y 28 teléfonos celulares. Durante el procedimiento, también fue detenida Paola R., de 44 años, imputada como partícipe secundaria.

La noche del 3 de abril de 2026, Ramiro Nast, de 23 años, asistió a una fiesta en la zona norte de Funes y no regresó a su casa. Se activo la alarma de su ausencia al día siguiente cuando no apareció en el supermercado donde trabajaba. La pesquisa dio un giro el lunes siguiente, cuando la Policía de Investigaciones encontró su cuerpo dentro de una heladera arrojada en un zanjón de Tomás de la Torre y Paysandú, bajo las vías del tren.

El cadáver presentaba claros signos de agresión. La autopsia permitió determinar que Nast fue asesinado a golpes dentro de una vivienda situada en Coronel Brandsen al 5300, a solo metros del sitio donde se descartó el cuerpo. El móvil del crimen está vinculado a un conflicto por consumo de drogas, según la hipótesis principal de la fiscalía, aunque no se confirmó si la víctima conocía previamente a sus agresores.

Después del hallazgo del cuerpo de Nast, Bracamonte eliminó sus perfiles en redes sociales. Además, personas cercanas a hombre de 26 años revelaron que utilizaba una réplica de arma de fuego para amenazar a quienes mantenían deudas con los búnkeres de venta de estupefacientes. Por el momento, Bracamonte no enfrenta cargos directos por el homicidio, aunque su nombre figura de forma central en la investigación.

En la audiencia imputativa, celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se formalizaron los cargos contra Luis Fernando Vega de 29 años, Kevin Ariel Toloza de 25 años y Matías Damián Zabala de 40 años, quedando bajo prisión preventiva efectiva. El primer detenido fue Vega; Toloza se presentó ante la policía tras varios allanamientos y Zabala fue localizado días después en inmediaciones de avenida de las América y El Mangrullo.

Fueron imputados como coautores del homicidio de Ramiro Nast. La fiscal Noelia Navone expuso en audiencia que los tres participaron en el ataque a Nast, golpeándolo en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cráneo, y utilizando un elemento contundente.

En ese contexto, Mauro Bracamonte aparece en la causa como una figura vinculada al entorno de la víctima y al contexto en el que ocurrió el crimen. Bracamonte fue identificado como presunto organizador de dos puntos de venta de drogas en la ciudad de Funes. La conexión entre la deuda de Nast con el presunto vendedor de drogas y la brutalidad del homicidio permanece en análisis, mientras la justicia busca esclarecer si existió un encargo o presión directa para el ataque.

Mientras tanto, la familia de Ramiro Nast insiste en que el joven no presentaba signos de consumo problemático, una versión que contrasta con los argumentos de los implicados y algunos testimonios recogidos por la fiscalía. La investigación continúa intentando establecer la cadena completa de responsabilidades tanto en el crimen como en la red de venta de drogas.

El cuerpo de Gastón Daniel Montenegro, el joven de 25 años que estaba desaparecido desde hace siete días en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue hallado en la mañana de este sábado en una zona rural de Serodino, que se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros de esa localidad.

Desde un primer momento, la familia del muchacho aseguró que tenía una filmación en la que se veía que dos delincuentes armados lo habían obligado a subir a un auto a punta de pistola.

El cadáver fue encontrado a las 10.30 por personal de Bomberos Zapadores de Rosario, que rastrilló el sector rural situado a la vera de la ruta 10, entre Serodino y Pueblo Andino, junto a Barto, un perro adiestrado para este tipo de procedimientos. De inmediato se dio aviso a la fiscal Luisina Paponi del Ministerio Público de la Acusación sede San Lorenzo, quien se dirigió al lugar junto con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.

La autopsia al cuerpo se llevó a cabo este mismo sábado en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde fue la familia de Gastón, quien señaló en contacto con medios de comunicación locales que se trataba del joven en función de la coincidencia de tatuajes.

Desde el momento de la denuncia de la familia Montenegro se hicieron múltiples medidas. Entre ellas, buscar el auto que quedó filmado —según remarcó la madre de Gastón— durante el secuestro del joven. El vehículo fue buscado este viernes en Maciel, una localidad cercana a Serodino, pero el resultado fue negativo.

El pasado lunes, la Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria hicieron múltiples allanamientos para encontrar al joven. Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario, Funes, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas que, en principio, solo serán imputadas por venta de droga minorista.

En los domicilios se secuestraron una pistola calibre 22, cartuchos de diferentes calibres, más de 250 gramos de marihuana, un cargador calibre 11.25, un arma de aire comprimido, celulares, balanzas de precisión y papeles de colores, que se suelen utilizar para envolver las dosis de droga.

Según la denuncia de Carina, madre de Montenegro, su hijo salió de su casa de San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez el pasado 26 de junio por la noche. Fue visto, de acuerdo a un testimonio de un allegado, el sábado 27 de junio a las 9.30, cuando caminaba, en teoría, en dirección a su domicilio, al que nunca llegó.

“Tenemos la certeza de que lo secuestraron. A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después, buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron”, dijo Carina el pasado miércoles, en diálogo con Telenoche Rosario.

Un sangriento episodio se registró en las últimas horas en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, donde una mujer de 44 años fue asesinada de un disparo delante de una de sus hijas durante un robo en su vivienda.

La víctima fue identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, madre de seis hijos. El crimen ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Baradero al 4500, donde residía junto a su familia.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el ataque se produjo pasadas las 12 de la noche, cuando una banda de delincuentes irrumpió en la propiedad tras ingresar por la parte trasera del terreno. En el interior de la vivienda también se encontraba una de las hijas de la mujer.

Según indicaron medios locales, los asaltantes vestían ropa oscura, incluidos chalecos similares a los utilizados por trabajadores del transporte o la logística. En medio del asalto, la mujer habría intentado defender a su hija.

Fue en ese contexto que se produjo un forcejeo con uno de los delincuentes, quien le disparó. El proyectil impactó en la axila izquierda de la víctima y le provocó una grave herida interna.

Tras el ataque, los asaltantes escaparon de la vivienda con dos teléfonos celulares y una bicicleta, según precisó Diario Conurbano.

Luego de un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes llegaron al lugar y encontraron a la mujer gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones y murió horas más tarde.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el expediente como homicidio en ocasión de robo.

En el marco de la pesquisa, se ordenó el trabajo de peritos de la Policía Científica en la escena del crimen y el traslado del cuerpo de Suárez Medrano para la autopsia. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los sospechosos permanecen prófugos.

“Te la mato”

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una de las hijas de la víctima brindó detalles sobre el crimen. Sostuvo que a su madre “la tiraron como un perro”.

“Es una mujer que crió sola a sus hijos, siempre saliendo adelante por ellos, luchando como pudo. Ella estaba enferma”, lamentó la joven, quien precisó que la madre se resistió al robo porque los delincuentes habían tomado a su hermana menor.

Detalló: “Estaba tratando de defender a Luana porque la agarraron. Ella (la hermana menor) al momento del impulso de desesperación salió corriendo al hall y la agarraron de los pelos y se la llevaron con un fierro en la cabeza. Le pedían plata ‘o te la mato’”.

Sin embargo, Zoraida se resistió al asalto. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes la tomó del cuello y le disparó, según el relato de Antonella. La joven sostuvo que eran cuatro los delincuentes dentro de la casa, pero había más esperando afuera.

“Cuando entraron dijeron ‘esto es un allanamiento’, supuestamente. Y se llevaron a mi mamá, me la arrastraron hasta afuera y la tiraron como a un perro”, reconstruyó Antonella, sobre los momentos posteriores al disparo.

Sostuvo que hay manchas de sangre en las paredes de la vivienda debido a la brutalidad con la que los delincuentes arrastraron a la mujer hasta la vereda. La joven cree que balearon a su madre porque reconoció a uno de los delincuentes: “Era alguien conocido”.

“Llegó casi inconsciente al hospital. Perdió mucha sangre, le pegaron con una escopeta tumbera. Yo pido Justicia, que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos”, lamentó la hija mayor de la familia.

A nueve meses del crimen que conmocionó a la provincia de San Juan, la justicia dictó sentencia en el caso de Emir Barboza, el niño de siete años que perdió la vida durante una balacera en el barrio Valle Grande. Gonzalo Santander fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión tras asumir la autoría del disparo mortal.

El conflicto tuvo su origen en una pelea entre menores que involucró inicialmente a tres familias: los Limolle, los Carrizo y, finalmente, los Barboza. La disputa escaló y derivó en una balacera en la Manzana 16 del barrio, donde Emir Barboza fue alcanzado por una bala mientras permanecía ajeno al altercado principal.

De acuerdo con Tiempo de San Juan, la prueba de absorción atómica y los estudios genéticos resultaron determinantes: el análisis indicó restos de pólvora en la mano de Santander y en la prenda que vestía la noche del hecho, además de confirmar que el perfil genético del imputado coincidía con el hallado en el arma homicida. La pericia balística, por su parte, estableció que el proyectil que terminó con la vida de Emir Barboza fue disparado con el revólver calibre .22 incautado a Santander.

La resolución judicial llegó tras un acuerdo entre la defensa del acusado y la fiscalía, sustentado en pruebas periciales que resultaron clave para establecer la responsabilidad penal. El tribunal colegiado, integrado por Irene Mabel Moya, Gerardo Fernández Caussi y Eugenio Barbera, homologó el acuerdo entre el fiscal Francisco Nicolía y el defensor Marcelo Abarca.

Entre los imputados inicialmente señalados por la justicia se encontraban, además de Santander, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga, todos ellos vecinos del mismo sector. El fallo del tribunal también implica el posible sobreseimiento de estos imputados, quienes quedarían desvinculados de la causa.

Tras la decisión judicial, la querella, representada por Adolfo Holeywell, expresó su desacuerdo con la pena y anticipó que recurrirá al Tribunal de Impugnación. Holeywell señaló que solicitarán una revisión del fallo, con el objetivo de que se imponga una sanción mayor para el acusado Gonzalo Santander.

La pelea entre las familias

El crimen sucedió el 14 de octubre de 2025 e involucró a varias familias del barrio Valle Grande. Horas antes de la balacera, una integrante de la familia Barbosa fue agredida, situación que desató un conflicto con la familia Carrizo.

Luego de un primer enfrentamiento y la intervención policial, la tensión se reactivó pasada la medianoche, cuando Roberto Barbosa, padre de la víctima, y un amigo regresaban de un kiosco y pasaron cerca de la vivienda de los Carrizo.

Según la reconstrucción fiscal, Dante Carrizo llamó a Barbosa desde el interior de la casa. Al poco tiempo se acercaron otros miembros de la familia Barbosa, incluida la pareja del padre, la madre y varios menores, entre ellos Emir Barboza. Ante la negativa de Roberto Barbosa a acercarse a la vivienda, Gonzalo Santander, junto a Dante y Hernán Carrizo, salieron y comenzaron a disparar contra el grupo familiar.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Emir Barboza, quien logró correr unos metros hasta su domicilio, donde cayó gravemente herido. Su familia lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga, pero llegó sin signos vitales debido a las lesiones internas provocadas por el disparo.

Aunque la sentencia intenta cerrar el caso, la querella considera que la condena acordada entre la defensa y la fiscalía resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos y la pérdida irreparable sufrida por la familia de la víctima. Mientras tanto, la comunidad de San Juan mantiene el reclamo de justicia por la muerte de Emir Barboza.

En un operativo realizado en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad capital, las autoridades panameñas incautaron 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas “feeling” presuntamente destinadas al tráfico ilegal, con un valor estimado de $165 mil en el mercado clandestino.

La acción, coordinada por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, forma parte de una estrategia para combatir el contrabando y las redes del crimen organizado en el país.

El procedimiento, desarrollado en uno de los sectores más transitados de la capital panameña, tuvo como objetivo ubicar y asegurar mercancía ingresada de manera irregular al territorio nacional.

Según detalló la Policía Nacional, la intervención se efectuó en el marco de un plan de acciones operativas y preventivas frente al aumento de delitos que afectan tanto la salud pública como la economía formal.

Durante la diligencia, los agentes confiscaron cajas con cigarrillos de varias marcas internacionales y hojas “feeling”, utilizadas para armar cigarrillos artesanales.

Las autoridades estiman que este tipo de productos, al no cumplir con los controles sanitarios ni fiscales, representan un riesgo para los consumidores y contribuyen al fortalecimiento de estructuras criminales dedicadas al contrabando en la región.

El decomiso se realizó gracias a labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar el punto de acopio de la mercancía.

De acuerdo con información proporcionada por la entidad de seguridad nacional, la colaboración entre instituciones resultó fundamental para ejecutar la operación sin incidentes y asegurar la evidencia.

La mercancía quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas, que inició los trámites correspondientes para la investigación del origen y destino de los productos.

Voceros de la entidad indicaron que las pesquisas buscan determinar la procedencia exacta de los cigarrillos y si existen vínculos con redes transnacionales de contrabando.

En declaraciones recogidas por medios locales, representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de mantener la vigilancia sobre los puntos estratégicos de la ciudad, donde suelen detectarse movimientos irregulares de mercancía.

“Estos operativos son esenciales para frenar la entrada de productos ilícitos que atentan contra la salud de la población y afectan la economía nacional”, aseguraron fuentes judiciales.

El mercado clandestino de cigarrillos, de acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, genera pérdidas millonarias al fisco cada año y constituye uno de los principales desafíos en materia de control aduanero.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y los operativos de sorpresa en zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de desarticular las rutas de distribución del contrabando.

Además del decomiso, la Policía informó que mantiene acciones permanentes para prevenir el ingreso y la comercialización de productos ilegales en todo el territorio panameño.

Estas actividades incluyen campañas de concientización dirigidas a comerciantes y consumidores, así como la cooperación con organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando de cigarrillos y otros productos sujetos a regulación estatal.

Según la institución, la participación ciudadana resulta clave para identificar nuevas modalidades de tráfico y fortalecer la respuesta institucional.

El caso de Calidonia se suma a una serie de operaciones recientes que evidencian la persistencia del contrabando en el país.

En lo que va del año, las autoridades han reportado varios decomisos de mercancía ilícita en distintos puntos de Panamá, reforzando su compromiso de enfrentar este fenómeno en coordinación con todas las instancias del Estado.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) anunció la detención de ocho personas tras descubrir una red internacional dedicada a drogar y abusar sexualmente de mujeres conocidas, una operación que dejó al descubierto el alcance global de esta modalidad delictiva y la existencia de comunidades organizadas que intercambian métodos, materiales y víctimas en internet.

La investigación comenzó a raíz de una pista recibida por periodistas alemanes sobre una plataforma digital utilizada para coordinar agresiones sexuales facilitadas con drogas. A partir de esa información, los agentes de la NCA identificaron a más de 270 personas asociadas con esa red.

Según las autoridades, sus miembros operan en decenas de países y se comunican a través de foros, chats cerrados y servicios de mensajería cifrada. En paralelo, las autoridades británicas abrieron 14 líneas de investigación en el Reino Unido y en el extranjero, y confirmaron que los detenidos formaban parte de una estructura criminal transnacional.

El caso recordó el proceso penal de 2025 en Francia, donde la víctima Gisele Pelicot denunció haber sido drogada y violada durante años por su marido y por desconocidos, lo que impulsó la aparición de otros testimonios y denuncias similares en Alemania, Países Bajos y otras naciones europeas.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno dejó de tratarse de conductas aisladas para convertirse en una amenaza organizada, que evoluciona gracias a herramientas digitales y que afecta principalmente a mujeres en contextos de confianza o relaciones íntimas.

Durante la operación, los agentes descubrieron grupos privados donde los participantes compartían imágenes y vídeos de las víctimas, explicaban cómo suministrar sustancias incapacitantes y coordinaban nuevos ataques. Además, en estos espacios se difundían mensajes misóginos y se traficaban fármacos y drogas, lo que permitió a los investigadores identificar cuatro nuevas comunidades en línea vinculadas a estas prácticas.

El intercambio internacional de información, impulsado por el Proyecto Medusa, una iniciativa coordinada por Alemania y el Reino Unido con el respaldo de Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, permitió identificar a 156 víctimas y a un número similar de agresores en distintos países.

Los responsables de la investigación detallaron que la mayoría de las víctimas conocía a sus agresores, quienes solían ser parejas, familiares, amigos o personas de confianza que aprovecharon esa relación para administrar drogas o medicamentos sin consentimiento. En muchos casos, la mezcla de varias sustancias puso en riesgo la vida de las víctimas.

Las agresiones sexuales facilitadas con drogas consisten en incapacitar a la persona afectada mediante alcohol, medicamentos u otras sustancias, con el objetivo de impedir que pueda dar un consentimiento válido para la actividad sexual. Según los investigadores, este mecanismo afecta la capacidad de resistirse, recordar el ataque o percibir los efectos físicos de la agresión, lo que dificulta la detección y la denuncia de los delitos.

(Con información de AFP)

La causa judicial por el asesinato de Margarita Iris Gutiérrez, docente jubilada y exconcejal de Junín, avanza con un eje central: la prisión preventiva dictada contra su hijo mayor, David Enrique Demaldé Gutiérrez. La decisión se sostiene en una serie de pruebas y hallazgos que, según la fiscalía, vinculan de manera directa al acusado con el crimen.

El Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación del fiscal jefe Mariano Carbajal, solicitó la prisión preventiva tras reunir elementos considerados contundentes. Entre los datos clave figuran los resultados de los análisis de ADN practicados en el domicilio de la víctima, el contexto de violencia previa en la relación madre-hijo y las inconsistencias detectadas en la hipótesis de un robo.

Según informó Diario Mendoza Today, la medida fue adoptada porque los rastros biológicos hallados en la vivienda coincidieron con el perfil genético de David. El cuerpo fue hallado en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas localizadas en el torso y la cabeza. La escena mostraba signos de violencia previos al incendio, lo que reforzó la sospecha de un ataque deliberado.

La investigación partió de la alerta de una vecina, quien observó la puerta de la casa abierta durante varias horas. El ingreso de los agentes permitió descubrir el cuerpo y preservar la escena para las primeras pericias. Se descartó desde el inicio la posibilidad de un accidente doméstico y aunque también siguieron la línea de asesinato en ocasión de robo, las pesquisas se orientaron hacia un homicidio agravado por el vínculo.

Los tres hijos de Margarita Gutiérrez fueron sometidos a la toma de muestras de ADN. Sin embargo, la investigación se concentró en David Demaldé, con quien la víctima mantenía conflictos previos. El Ministerio Público confirmó que existían antecedentes de episodios de violencia y distanciamiento entre ambos. Además, la fiscalía tuvo en cuenta informes que señalaban problemas de consumo de estupefacientes por parte del acusado.

Uno de los elementos que inclinó la balanza hacia la prisión preventiva fue la ausencia de pruebas que respaldaran la hipótesis de un robo. Por el contrario, los peritos detectaron que el intento de prender fuego el cuerpo pudo haber tenido como objetivo ocultar evidencias y dificultar la tarea de los investigadores.

La instrucción del caso quedó a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la dirección de Mariano Carbajal. Los funcionarios judiciales subrayaron la importancia de los informes forenses y de la reconstrucción minuciosa de la escena. El Ministerio Público Fiscal remarcó que la prisión preventiva busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y evitar el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.

Además de las pruebas biológicas y contextuales, la fiscalía valoró los testimonios recabados en la etapa preliminar. Vecinos y allegados describieron una relación distante entre la víctima y su hijo mayor. La medida fue confirmada por el juez interviniente, que consideró suficiente el cúmulo de indicios para mantener privado de libertad a David Demaldé hasta que se produzcan avances determinantes en la causa.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Junín, donde Margarita Gutiérrez era reconocida por su labor docente y su paso por el Concejo Deliberante local. Además, la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino, ya que la víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

Mientras se aguardan los resultados finales de la necropsia y la fiscalía continúa con peritajes complementarios, la prisión preventiva de David Demaldé se sostiene como el dato central de la causa. La Justicia mantiene el expediente bajo secreto de sumario y no descarta nuevas diligencias o eventuales imputaciones si aparecen pruebas adicionales.

Luego de 15 años del asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la investigación judicial realizó pericias en Francia que arrojan nuevos indicios sobre el caso. En este marco, se sumaron nuevas medidas en París, con el objetivo de profundizar el análisis de pruebas recolectadas en la causa original y avanzar con las pesquisas que siguen abiertas.

Cabe recordar que las turistas francesas fueron encontradas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta, en julio de 2011. La investigación identificó como principales acusados a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, imputados por abuso sexual y homicidio agravado. Lasi recibió condena a prisión perpetua. Vilte Laxi también enfrentó penas de cárcel, aunque Vera fue absuelto por la Corte Suprema.

Las pericias continúan bajo análisis porque persisten dudas sobre la responsabilidad de algunos de los condenados y la existencia de posibles irregularidades en la investigación inicial. En septiembre de 2025, la justicia francesa abrió una nueva causa tras la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, para investigar posibles irregularidades y profundizar en el esclarecimiento del crimen.

Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 23, dejaron el hostal en el que se alojaban en la ciudad de Salta para realizar una caminata por la Quebrada de San Lorenzo el 15 de julio. Al no regresar, sus familiares y amigos dieron aviso a las autoridades, que comenzaron la búsqueda en la zona. Cinco días después, la policía encontró los cuerpos de ambas turistas con signos de violencia y abuso sexual.

Las medidas centrales fueron en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de París, de remanentes de muestras biológicas conservadas desde la investigación original y enviadas en su momento por el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires. La unidad fiscal quedó a la espera de esos resultados para incorporarlos y evaluarlos dentro de la causa.

En los análisis realizados originalmente en el laboratorio argentino, se identificó en una de las muestras tomadas del cuerpo de Cassandre Bouvier un perfil genético parcialmente coincidente con la línea paterna de Santos Clemente Vera. Sin embargo, cuando especialistas franceses repitieron el estudio en laboratorios de París, no detectaron ese mismo rastro genético.

Por otro lado, se recibieron declaraciones testimoniales de genetistas del Laboratorio de Nantes que intervinieron en estudios durante la primera investigación. Sostuvieron que las diferencias se atribuyen a que los equipos trabajaron sobre partes distintas del hisopo con material biológico, lo que podría haber influido en los resultados y generó dudas sobre la solidez de la prueba que había sostenido la acusación contra Vera.

Los especialistas franceses señalaron que los perfiles genéticos masculinos detectados en el pantalón de una de las víctimas resultan incompletos y no son aptos para cotejos comparativos, ya que podrían corresponder a ADN degradado. Además, entregaron a las autoridades toda la documentación técnica relacionada con el perfil genético femenino hallado en el cuerpo de Cassandre Bouvier, material que permitirá avanzar en nuevos análisis y en la evaluación de posibles comparaciones futuras.

El médico legista francés que realizó las autopsias rectificó su informe inicial sobre la data de muerte: mientras en un primer momento la ubicó entre siete y nueve días antes del hallazgo, reconoció que el estudio entomológico desarrollado en Salta estableció un período más preciso, de entre 14 y 15 días previos al descubrimiento de los cuerpos.

Durante las nuevas diligencias en París, también declararon integrantes de la Universidad de La Sorbona, donde ambas jóvenes participaban de un coloquio académico, quienes confirmaron que las víctimas viajaron a Salta por turismo. Estas personas no habían sido citadas en la investigación original.

En paralelo, en Argentina, la Unidad Fiscal Especial creada en febrero de 2025 continúa la pesquisa y lleva adelante una causa por presunta falsedad ideológica contra personal policial que intervino en la instrucción inicial. Se investiga si funcionarios consignaron datos falsos sobre el hallazgo de balas en la escena del crimen y si existieron otras irregularidades que afectaron la recolección y el registro de pruebas.

Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado en St. Louis, Missouri, tras la muerte de una bebé de 7 meses el 26 de junio de 2026, un caso que involucra a la familia nuclear de la víctima y ha reabierto el debate sobre el acceso y almacenamiento de armas de fuego en hogares con menores. La menor, identificada como Kiyomi Parker, falleció por un disparo en la cabeza dentro de una vivienda. El arma utilizada pertenecía al padre de la bebé, quien también enfrenta cargos penales, según información confirmada por la Policía Metropolitana de St. Louis y reportada por USA TODAY y The New York Times.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de St. Louis, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos en el barrio Baden poco después de las 16:00. Al llegar, hallaron a la menor gravemente herida y la trasladaron a un hospital, donde murió pese a los intentos médicos. El niño acusado fue detenido en el lugar y enfrenta cargos formales de asesinato en primer grado en el sistema de justicia juvenil, según confirmaron las autoridades a USA TODAY y The New York Times.

En Missouri, la ley impide que menores de 12 años sean juzgados como adultos, por lo que el caso se tramita íntegramente en la corte juvenil, conforme explicó un portavoz judicial a The New York Times. Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación nacional por el acceso de menores a armas de fuego y el incremento de hechos violentos en el entorno doméstico, según cifras de organismos oficiales y reportes de prensa.

¿Qué ocurrió en St. Louis con el niño de 10 años y la bebé Kiyomi Parker?

El 26 de junio de 2026, la policía de St. Louis respondió a una alerta por disparos en el sector de Baden, al norte de la ciudad. Según el informe oficial citado por USA TODAY, los agentes encontraron a Kiyomi Parker, de 7 meses, con una herida de bala en la cabeza. En la vivienda estaban presentes el niño acusado, otro menor de 7 años y el padre de la bebé, Ca’Marion Pawnell, de 19 años.

La investigación inicial de la policía determinó que el niño de 10 años accedió a un arma de fuego guardada bajo un colchón. El menor declaró ante los oficiales que sabía dónde se encontraba el arma y que ya la había manipulado antes, según consta en documentos judiciales revisados por USA TODAY. La policía detuvo al niño en el lugar y lo puso a disposición de la corte juvenil de Missouri.

¿Qué cargos enfrentan el niño y el padre de la víctima en Missouri?

El menor fue formalmente acusado de asesinato en primer grado por la División de Tribunales Juveniles de Missouri. De acuerdo con The New York Times, el proceso se realiza bajo el sistema de justicia juvenil. Si es hallado responsable, el menor podría permanecer bajo custodia estatal hasta cumplir 21 años. Actualmente, el niño está bajo la tutela de los servicios de protección infantil y se somete a una evaluación psiquiátrica, según fuentes judiciales.

El padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell, fue imputado por asesinato en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor, según los registros judiciales citados por USA TODAY. Pawnell admitió a la policía que guardaba el arma bajo el colchón y que el niño tenía acceso a ella. Permanece detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca en una audiencia preliminar el 28 de julio.

¿Cómo maneja la justicia de Missouri los delitos cometidos por menores de 12 años?

La legislación de Missouri prohíbe que menores de 12 años sean juzgados como adultos. Según explicó un portavoz de la corte juvenil a The New York Times, los menores de esa edad procesados por delitos graves permanecen en el sistema juvenil, con posibilidad de libertad supervisada, programas de rehabilitación o reclusión en centros especializados hasta los 21 años. En este caso, el niño acusado de asesinato en primer grado no puede enfrentar una pena como adulto, lo que diferencia a Missouri de otros estados donde la legislación es más flexible.

El presidente de la Asociación de Justicia Juvenil de Missouri, citado por The New York Times, indicó que el proceso tiene como objetivo la reintegración social del menor y la prevención de reincidencia, en lugar de la retribución penal.

¿Qué dijo la policía de St. Louis sobre el caso y cómo avanzan las investigaciones?

El jefe de la Policía Metropolitana de St. Louis, Robert J. Tracy, lamentó el acceso de menores a armas no aseguradas. “Ese arma no debió estar al alcance de un menor”, declaró en conferencia de prensa, según reportó USA TODAY. El departamento policial confirmó que la investigación se centra en el almacenamiento negligente del arma y en la responsabilidad penal tanto del menor como del propietario del arma.

La policía instó a la población a reportar información adicional y advirtió sobre los riesgos de mantener armas en lugares accesibles para niños. El caso continúa bajo investigación, con colaboración entre la policía, la fiscalía y los servicios de protección infantil.

¿Qué antecedentes existen sobre violencia armada en menores y cuál es el contexto nacional?

La muerte de Kiyomi Parker se produce en un contexto de aumento de incidentes fatales con armas de fuego en menores en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 más de 4.000 menores fallecieron por heridas de bala en todo el país, una cifra que ha crecido de manera constante durante la última década.

Expertos en seguridad y organizaciones civiles han reiterado la importancia de reforzar la custodia de armas en hogares con niños, un punto que ha sido objeto de debate legislativo en varios estados. El caso de St. Louis se suma a otros incidentes recientes que han impulsado llamados a endurecer la regulación sobre almacenamiento de armas y a promover campañas educativas sobre el riesgo de acceso de menores a armas de fuego.

¿Cuál es la situación legal del padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell?

Ca’Marion Pawnell fue acusado de asesinato en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. La fiscalía sostiene que Pawnell “almacenó deliberadamente un arma de fuego debajo de un colchón en el dormitorio de la casa”, facilitando que el niño acusado tuviera acceso y manipulara el arma. Según documentos judiciales revisados por USA TODAY y The New York Times, Pawnell permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta una audiencia preliminar el 28 de julio.

El caso contra Pawnell será procesado en la justicia ordinaria, a diferencia del proceso juvenil que enfrenta el menor de 10 años. Las autoridades locales han reiterado la gravedad del manejo negligente de armas en presencia de menores y han advertido sobre las consecuencias legales para los adultos responsables.

¿Qué relación existe entre los implicados y qué más se sabe sobre el entorno familiar?

Las autoridades no han divulgado la relación exacta entre el niño acusado y la familia de la víctima, aunque los registros judiciales confirman que el arma era propiedad del padre, quien residía en el domicilio. Un tercer menor, de 7 años, también estaba presente al momento del incidente, pero no se ha identificado su vínculo con los demás involucrados. El motivo detrás del disparo no ha sido esclarecido y la investigación sigue en curso, según declaraciones oficiales recogidas por The New York Times.

¿Cuál es el impacto del caso y qué puede esperarse a futuro?

El caso ha generado atención nacional y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de menores, la tenencia responsable de armas y la importancia de la educación preventiva en los hogares. Las autoridades judiciales y policiales han reiterado la necesidad de aplicar políticas estrictas de almacenamiento seguro en presencia de menores y de desarrollar programas de prevención y concienciación.

El proceso judicial para el niño acusado y para Ca’Marion Pawnell continuará en las próximas semanas. El sistema de justicia juvenil de Missouri evaluará las condiciones del menor y las medidas de rehabilitación posibles, mientras que la causa penal contra Pawnell avanzará en la justicia ordinaria. Organismos de protección de la infancia y entidades civiles mantienen seguimiento del caso y han instado a reforzar los controles sobre la tenencia y almacenamiento de armas en todo el país.

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en la colonia Agrícola Pantitlán dejó dos muertos, entre ellos un niño de 10 años, y un hombre lesionado en calles de la alcaldía Iztacalco; horas después, la SSC detuvo a dos hombres por su probable participación en la agresión.

La agresión ocurrió sobre Calle 2, a la altura del número 169, entre Avenida Norte. Vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y llamaron al número de emergencias para pedir apoyo de las autoridades.

El saldo fue la muerte de Brandon, de 18 años, y Diego, de 10. Un hombre de 21 años recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La agresión fue directa contra un hombre que viajaba en motoneta

Las primeras indagatorias de la SSC señalaron que dos sujetos que viajaban en una motocicleta negra dispararon de forma directa contra un hombre que se desplazaba en una motoneta. Después del ataque, escaparon a alta velocidad por calles aledañas.

En el lugar quedaron los cuerpos de las dos víctimas mortales, ambos con impactos de bala. Paramédicos del CRUM llegaron para brindar auxilio, pero confirmaron que el joven de 18 años y el menor ya no contaban con signos vitales.

Familiares y habitantes de la zona declararon a las autoridades que una de las víctimas había recibido amenazas previas de presuntos narcomenudistas que operaban en ese sector de la alcaldía. Otra versión recogida en torno al caso apuntó a conflictos previos con un grupo criminal.

La agresión provocó una movilización policiaca en la zona. Elementos de seguridad desplegaron un operativo para ubicar a los responsables poco después del ataque.

La SSC capturó a dos hombres tras un operativo con Base Cóndores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, con apoyo de personal de Base Cóndores, logró la detención de dos hombres identificados como Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28 años. Ambos serían investigados por su probable participación en el doble homicidio y las lesiones causadas al sobreviviente.

De acuerdo con los reportes del caso, los detenidos habrían huido en una motocicleta negra después de abrir fuego en la Agrícola Pantitlán. La captura se realizó tras el despliegue de un operativo para seguir su ruta de escape.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada de este martes 30 de junio. En una parte del registro del caso se indicó que el ataque dejó dos personas asesinadas en la vía pública y una tercera lesionada, todas alcanzadas por disparos durante la misma agresión.

El crimen ocurrió en una zona de Iztacalco donde vecinos ya habían advertido problemas ligados al narcomenudeo. Esa línea fue mencionada por familiares y habitantes del sector al momento de rendir sus declaraciones ante las autoridades.

La mecánica descrita en los primeros reportes apuntó a una agresión breve y directa: los atacantes llegaron en motocicleta, dispararon contra su objetivo y escaparon del sitio. La investigación quedó abierta para determinar el móvil preciso y la participación de los dos detenidos.

• Un joven de 18 años y un niño de 10 fueron asesinados a balazos en Calle 2, colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

• Un hombre de 21 años resultó herido y fue trasladado a un hospital por paramédicos del CRUM.

• La SSC detuvo a Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28, tras un operativo con apoyo de Base Cóndores.

En el marco de la causa por el femicidio de Corina Mabel Mena, cometido el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes en Neuquén, un jurado popular condenó al acusado a prisión perpetua. Jorge Octavio Linco enfrenta la máxima sentencia por un crimen que se vio envuelto en celos, control y violencia extrema.

La decisión fue tomada durante la jornada del martes 30 de junio, donde el juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la pena tras el veredicto previo de culpabilidad emitido por un jurado popular. “La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua”, afirmó el fiscal.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Gastón Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora, sostuvo que correspondía la pena máxima por la doble agravante del artículo 80 del Código Penal: el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género. El fallo también contempló el ataque a otra víctima que fue identificado como M.D.G.T, un hombre que sufrió una lesión abdominal y sobrevivió.

De acuerdo con la acusación que dio por probada la fiscalía, el ataque ocurrió cerca de las 6:40 en una vivienda del barrio Los Pobladores. Durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y le provocó una herida abdominal que demandó unos 25 días de recuperación.

Tras la agresión, el magistrado señaló el “brutal despliegue de violencia”. Además, señaló que “inmediatamente después de cometido el hecho Linco intentó fugarse para escapar del accionar de la Justicia”. El condenado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, demostrando que “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”.

En su alegato de apertura, Ávila sostuvo ante el jurado que el crimen respondió a celos y a conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima. El fiscal afirmó que no se trató de un episodio aislado, sino de un vínculo marcado por violencia psicológica y antecedentes de maltrato.

El imputado seguirá detenido con prisión preventiva hasta que comience el cumplimiento efectivo de la condena, luego de que un tribunal de impugnación ratificara esa medida al revocar un beneficio de prisión domiciliaria otorgado en una instancia anterior.

El femicidio de Mabel Mena

En la madrugada del sábado 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, la Policía recibió un pedido de auxilio en el barrio Primeros Pobladores. Un joven se encontraba herido en la vía pública y solicitó ayuda desesperadamente. Los agentes constataron que presentaba una lesión grave en el abdomen, ocasionada por un arma blanca.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a Mabel Mena, de 40 años, quien había sido atacada con un arma blanca en su domicilio. El expediente judicial reconstruyó que cuando Mena intervino para recriminar la agresión a su amigo, recibió una puñalada en el pecho que le perforó el corazón y le causó la muerte. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde los médicos lograron estabilizar al joven, mientras que Mena falleció poco después por la profundidad de la herida recibida.

El ataque fue perpetrado por Jorge Octavio Linco, expareja de la víctima, quien ingresó al domicilio y atacó primero al amigo de Mena. El propio sobreviviente señaló ante la policía a Linco como el responsable y brindó una descripción física que resultó clave para su identificación. El agresor huyó tras el doble ataque y organizó su fuga hacia una zona rural.

La policía provincial, con el apoyo de vecinos y utilizando registros de cámaras de seguridad, desplegó un operativo de búsqueda que culminó ese mismo sábado por la tarde. Linco fue detenido a las 14:45 en el paraje Mallin de las Yeguas, en las afueras de Junín de los Andes, cuando intentaba escapar en taxi. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

La ciudad de Castelar sigue conmocionada por el brutal ataque de un joven de 24 años contra sus propios padres. Mientras su padre sobrevivió a las puñaladas, su madre fue encontrada asesinada días después en el patio de su casa.

El acusado fue detenido el martes pasado por el ataque contra su padre, de 89 años. Sin embargo, el caso dio un giro dos días después, cuando le confesó a un amigo que también había asesinado a su madre, Graciela Martínez, y que había enterrado el cuerpo en el patio de la vivienda familiar.

Tras esa revelación, el jueves se encontraron los restos de Martínez, una abogada que había trabajado en el Concejo Deliberante de Morón, en la casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia, que determinaron que la mujer murió por un “shock hipovolémico por herida en la región cervical anterior”, es decir, por una puñalada a la altura del cuello. Luego, el cuerpo fue colocado en una bolsa de residuos y enterrado en el patio.

Según confirmaron fuentes de la investigación, al acusado, identificado por sus iniciales C.I.C.M., todavía no se le tomó declaración indagatoria. “Esta semana se va a resolver su situación respecto de cuándo se lo llamará a declarar acá en Morón”, señalaron.

La investigación por el matricidio quedó a cargo del fiscal José María Ghessi, de la Fiscalía N° 1 de Morón. En tanto, el ataque contra el padre, caratulado como tentativa de homicidio agravada por el vínculo, es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso

Según pudo reconstruir este medio, C.I.C.M, fue arrestado el martes pasado tras haber protagonizado una persecución policial en la Avenida General Paz, a la altura de Alberdi en sentido al Río de la Plata. Ese mismo día, había apuñalado a su padre, de 89 años.

El acusado se encontraba al volante de una camioneta Ford EcoSport negra mientras realizaba maniobras peligrosas y evadía controles policiales. Sin embargo, su huida terminó cuando fue interceptado por varios móviles de la Policía de la Ciudad.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una navaja retráctil con manchas hemáticas en el interior del vehículo, la cual fue entregada a la justicia como evidencia probatoria. Previo a esto, el 911 había recibido una alerta por parte de una trabajadora de una metalúrgica, ubicada en Martiniano Leguizamón al 3300 en Villa Lugano, quien encontró a su empleador ensangrentado y solicitando ayuda.

La empleada declaró que su jefe discutía con su hijo cuando, repentinamente, resultó herido y el agresor huyó. Tras brindar una descripción del vehículo, la policía logró localizarlo y detenerlo.

La víctima presentaba al menos tres heridas de arma blanca en la espalda y el cuello. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Santojanni, donde quedó internado. Por este motivo, el joven quedó detenido por el intento de homicidio contra su padre.

Horas después de la detención, la investigación dio un giro inesperado tras la confesión del propio acusado a un amigo durante una visita en su lugar de detención. “Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada”, le habría dicho el imputado al confesar el crimen de su madre.

Al escuchar la confesión, el otro joven acudió a la comisaría 7ª de Castelar norte para denunciar lo sucedido. A partir de esto, la Fiscalía N° 1 de Morón ordenó un allanamiento urgente en el domicilio señalado, donde se halló el cuerpo enterrado de una mujer.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Morón, los efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Ministerio Público Fiscal y especialistas en Crimen Organizado. Según trascendió, los restos habían sido guardados en una bolsa de residuos y enterrados cerca de una piscina.

La mujer asesinada fue identificada como Graciela, madre del detenido, ex directora de Asuntos Legales del Concejo Deliberante de Morón y abogada. Varios vecinos manifestaron su asombro ante la noticia y describieron a la víctima como “una súper profesional, muy trabajadora y siempre muy atenta a todo”.

Según los primeros indicios, el homicidio habría ocurrido el mismo martes, poco antes de que el detenido tomara la camioneta familiar y se dirigiera hacia la empresa de su padre para intentar acabar con él.

La OCDE reveló que la criminalidad es la principal preocupación de la población en México, con un nivel de inquietud que casi triplica el promedio de los países miembros del organismo. El estudio también muestra que la corrupción continúa entre los principales desafíos para América Latina.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2025, México y Perú encabezan la lista de países donde la percepción de la inseguridad representa el mayor motivo de preocupación entre la ciudadanía.

La criminalidad continúa siendo el principal problema que preocupa a los ciudadanos en México, de acuerdo con el más reciente informe sobre confianza en las instituciones públicas publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El reporte, difundido este lunes, señala que el 75 % de los mexicanos considera que la criminalidad es uno de los tres principales desafíos que enfrenta el país, una cifra que prácticamente triplica el promedio registrado entre los países miembros de la organización.

La investigación se basa en una encuesta realizada durante 2025 e incluye información tanto de los países integrantes de la OCDE como de cinco naciones candidatas a incorporarse al organismo.

México y Perú lideran la preocupación por la criminalidad

El informe muestra que México comparte el primer lugar con Perú, donde también el 75 % de la población señaló a la criminalidad como su mayor preocupación.

La diferencia con el promedio de la OCDE, que se ubica en apenas 28 %, evidencia la magnitud del problema en ambos países latinoamericanos.

Entre las naciones con menor nivel de preocupación destacan:

• Austria, Suiza, Corea del Sur y Eslovaquia, con 17 %.
• Islandia, con 15 %.
• Polonia, con 12 %.
• Croacia, con 10 %.
• Estonia, con 6 %.
• Letonia, con 5 %.

En España, el porcentaje fue de 29 %, ligeramente por encima del promedio general de la organización.

América Latina concentra los mayores niveles de preocupación por la inseguridad

Además de México y Perú, otros países de la región también registran altos niveles de preocupación por la inseguridad.

Según la OCDE, el 63 % de los ciudadanos en Costa Rica considera la criminalidad uno de los principales desafíos nacionales, seguido de Chile con 59 %, Brasil con 58 % y Colombia con 49 %.

Estos resultados reflejan que la percepción sobre la seguridad pública sigue siendo uno de los principales retos para los gobiernos latinoamericanos.

La corrupción también figura entre las principales preocupaciones

El estudio también evaluó la percepción sobre la corrupción, otro de los problemas que más inquieta a los ciudadanos de la región.

En este rubro, Perú ocupa el primer lugar de toda la muestra, ya que 64 % de los encuestados considera que la corrupción es uno de los principales desafíos del país, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 18 %.

Otros países latinoamericanos con altos niveles de preocupación por este fenómeno son Brasil, con 53 %; Colombia, con 52 %; y Costa Rica, con 47 %.

En contraste, Chile presentó un porcentaje menor, aunque todavía significativo, con 32 % de los ciudadanos que ubican la corrupción entre los tres principales problemas nacionales.

¿Qué revela el informe de la OCDE sobre México?

Los resultados del estudio muestran que la inseguridad, la criminalidad y la confianza en las instituciones públicas continúan siendo temas prioritarios para la población mexicana.

La amplia diferencia entre México y el promedio de la OCDE evidencia que la percepción sobre la seguridad pública sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, incluso por encima de otras problemáticas como la corrupción, que en otras naciones latinoamericanas ocupa el primer lugar de preocupación.

Un tribunal del condado de Monterey, en California, dictó dos cadenas perpetuas consecutivas a Devin Wolfgang Vanderhoef, ciudadano canadiense de 26 años, tras encontrarlo culpable de intentar asesinar a una mujer y a su pareja en 2024.

El atacante viajó desde Canadá, se hizo pasar por repartidor y agredió a las víctimas en su domicilio, un caso que puso en alerta a autoridades y expertos sobre los riesgos de las relaciones virtuales.

Un ataque premeditado y violencia extrema

La secuencia de los hechos, reconstruida por KSBW, muestra cómo Vanderhoef desarrolló una obsesión durante más de un año con una joven de Salinas a la que conoció mediante videojuegos en línea.

Tras perder el contacto con la mujer, quien decidió enfocarse en su nueva relación, el acusado comenzó a planificar el asalto. En noviembre de 2024, viajó desde North Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, hasta California.

Allí, compró cuchillos, esposas y cinta adhesiva y realizó tareas de vigilancia sobre el domicilio y el lugar de trabajo de la víctima.

La noche del 25 de noviembre, Vanderhoef se presentó disfrazado como repartidor de Amazon en la vivienda ubicada en la cuadra 300 de Bollenbacher Drive, en la zona de Bolsa Knolls.

El novio de la joven abrió la puerta y fue atacado con un arma blanca, recibiendo lesiones graves. Durante el forcejeo, la víctima femenina entregó unas tijeras a su pareja, quien logró defenderse y herir a Vanderhoef.

El agresor, lejos de detenerse, alcanzó a la mujer, la derribó y la estranguló hasta dejarla sin respiración. Ambas víctimas sobrevivieron y recibieron atención médica en un hospital local, igual que el atacante, quien quedó bajo custodia.

Condena, cómplices y dinámica del caso

El juez Mark E. Hood condenó a Vanderhoef a dos cadenas perpetuas consecutivas por intento de asesinato premeditado y cinco años adicionales por causar lesiones y utilizar un arma durante el crimen.

Tal y como confirmó la fiscal de distrito Jeannine M. Pacioni, el agresor será elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 19 años de condena, aunque no existen garantías de que pueda salir de prisión.

Durante el juicio, salió a la luz la participación de un cómplice, identificado como Darius Avery Whyte, quien viajó junto a Vanderhoef desde Canadá. Whyte declaró que desconocía los planes criminales de su amigo y que este le había dado diversas excusas para justificar el viaje y la compra de materiales, mencionando que irían de camping o en viaje de negocios.

Whyte fue detenido en el aeropuerto de San José cuando trataba de regresar a Canadá, aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió libertad condicional tras permanecer en prisión preventiva. Actualmente, Whyte reside de nuevo en Canadá.

Durante la investigación, el detective Arras Wilson del Departamento del Sheriff del Condado de Monterey lideró las pesquisas que permitieron reconstruir la secuencia de hechos.

El caso también incluyó peritajes sobre el estado mental y las confesiones del agresor, quien admitió haber planeado el ataque durante un mes y haber viajado con la intención de “matar realmente a alguien”.

Reacciones institucionales y advertencia sobre los peligros en línea

La gravedad del caso llevó a la fiscal Pacioni a emitir un comunicado para subrayar los riesgos asociados a las relaciones virtuales. “Esperamos que este caso sirva como un recordatorio poderoso de que las interacciones en línea pueden tener consecuencias en el mundo real”, sostuvo la funcionaria en declaraciones recogidas por KSBW.

La sheriff Tina Nieto también instó a padres y miembros de la comunidad a mantenerse informados y vigilantes sobre las conexiones digitales de menores y jóvenes.

Las fuentes judiciales confirmaron que Vanderhoef fue declarado culpable en febrero de 2026 de dos cargos de intento de asesinato y uno de robo residencial, además de los agravantes por lesiones graves y uso de arma.

El domicilio donde ocurrió el ataque fue vigilado con antelación y la adquisición de los materiales para el asalto se realizó en comercios de la región de Salinas.

El caso generó debate en Estados Unidos y Canadá sobre los controles en plataformas de videojuegos y redes sociales, y el seguimiento de personas con antecedentes de acoso digital.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar comportamientos extraños o amenazantes en los entornos virtuales.

Devin Wolfgang Vanderhoef permanece en una prisión de California, mientras las víctimas continúan su proceso de recuperación. El caso es citado por expertos como ejemplo de los riesgos que pueden derivar de relaciones nacidas en entornos digitales.

Un hombre que figuraba entre los siete sospechosos más buscados de la provincia fue detenido en Córdoba hace dos semanas y, junto a otro acusado, fue imputado por el asesinato de Zamir Torres, un niño de cuatro años que murió tras un ataque armado ocurrido hace casi un año en la ciudad de Frontera. En el mismo hecho, el padrastro del menor resultó gravemente herido, siendo señalado como el presunto destinatario del ataque.

Ambos acusados quedaron bajo prisión preventiva como coautores de homicidio calificado, delito que contempla la pena de prisión perpetua, y con su procesamiento, el número de implicados en el caso asciende a cuatro.

De acuerdo con la información del Ministerio Público de Acusación (MPA) de Santa Fe, la formalización de la imputación se realizó el viernes último en los tribunales de Rafaela, donde el fiscal Pedro Machado atribuyó a Samuel Elías Reyes, de 30 años, y a un joven identificado por sus iniciales como S.E.B., de 22 años, la coautoría del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se les imputó tentativa de homicidio por el ataque a la madre y al padrastro de la víctima, así como portación ilegal de arma de guerra.

Reyes fue capturado el viernes 12 de junio por efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en Córdoba, integraba la lista de los criminales más buscados de la provincia debido a un pedido de captura vigente por acribillar al menor. Junto a él, fue imputado formalmente S.E.B., cuya identidad permanece reservada.

Según informó el portal del diario La Capital, el fiscal Machado explicó que la acusación se sustenta en la evidencia reunida durante la investigación, incluyendo testimonios y elementos materiales. El juez Nicolás Stegmayer hizo lugar a las imputaciones y dictó prisión preventiva para ambos acusados por el plazo legal de dos años.

A la lista de procesados se suman Matías Escobedo, de 29 años, y Thiago Medrano, de 20 años, quienes fueron detenidos días después del hecho y también permanecen en prisión preventiva imputados por homicidio calificado. En tanto, una mujer de 24 años, identificada como B.C.R.D., obtuvo la libertad con restricciones: tiene prohibido ingresar a Frontera, acercarse a víctimas o testigos y portar armas de fuego. Además, deberá constituir domicilio y presentarse semanalmente ante la autoridad policial.

El hecho se produjo alrededor de las 18.30 del miércoles 9 de julio del año pasado en la ciudad ubicada en el límite entre Santa Fe y Córdoba, dentro del departamento Castellanos.

Zamir viajaba junto a su madre en un Fiat Fiesta, conducido por la pareja de la mujer, Brian M., apodado “Peladito”. Mientras avanzaban hacia el sur por la Calle 7, fueron interceptados al reducir la velocidad frente a un lomo de burro por los ocupantes de un Fiat Cronos.

Según la hipótesis de la fiscalía, desde el Cronos —en el que viajaban cuatro personas— se efectuaron disparos con pistolas calibre 9 milímetros. Tras los primeros tiros, Matías Escobedo, el joven identificado como S.E.B. y la mujer descendieron del automóvil y, ya a una distancia de dos o tres metros, realizaron al menos diez disparos adicionales. Zamir Torres recibió tres impactos de bala y fue trasladado sin signos vitales al Hospital de San Francisco. El padrastro del niño, en tanto, sufrió heridas graves y fue hospitalizado en Santa Fe. Los agresores abandonaron el lugar y luego incendiaron el vehículo utilizado, acción interpretada por la fiscalía como una maniobra para dificultar el esclarecimiento del hecho.

La relación de la familia de la víctima con un joven conocido como “Pocholito”, poseedor de antecedentes por robo, homicidio y agresiones, también forma parte de los elementos considerados en la causa. La fiscalía sostiene que estos antecedentes contribuyen a delinear el contexto de violencia en el que se produjo el ataque mortal.

Por ahora, los detalles sobre la participación individual de cada acusado y la organización del ataque permanecen bajo reserva para proteger el avance de la investigación y resguardar los testimonios obtenidos. Con la reciente imputación de Reyes y S.E.B., suman cuatro los detenidos por el crimen de Zamir Torres, mientras la causa sigue avanzando en los tribunales de la provincia.

La detención de un joven de 19 años acusado de haber participado en el crimen de un adolescente en la Villa Gascón de la ciudad de Mar del Plata, generó un nuevo avance en la investigación judicial.

El operativo, coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, culminó ayer jueves con la captura de L. M. L., señalado por la fiscalía como uno de los autores materiales del homicidio de Braian Hoste.

La aprehensión se produjo tras dos procedimientos en viviendas ubicadas en Gascón al 7600 y Coronel Suárez al 2500. En la primera dirección, personal policial localizó y detuvo a Lascano en el domicilio de su novia. Por disposición judicial, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para quedar a disposición de la Justicia.

El caso, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el 29 de abril pasado, cerca de las 13.30, en la intersección de las calles Coronel Suárez y Gascón. Allí, Braian, de 17 años, recibió tres disparos: dos en la pierna y uno en la zona abdominal. Las heridas fueron letales y, aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación. Según la información oficial, la fiscal Mariana Baqueiro quedó a cargo de la causa tras la intervención inicial de la fiscal Costanza Mandagarán. La pesquisa incluyó la detención preventiva de dos adolescentes, de 16 y 18 años, durante un allanamiento de urgencia vinculado al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el crimen de Braian Hoste se produjo en un contexto de violencia barrial y antecedentes penales previos. La víctima, identificada oficialmente, tenía “numerosos conflictos con la ley”, según se informó en el expediente, lo que complejizó la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de los móviles.

Momentos antes del deceso, se registraron incidentes violentos entre familiares de la víctima y otro grupo no identificado, tanto en el predio del hospital como en la puerta de la guardia. La magnitud de la pelea obligó a la intervención del Cuerpo de Infantería, que debió actuar para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el centro asistencial.

Los informes judiciales confirmaron que al menos uno de los presuntos autores del homicidio era menor de edad, lo que motivó el traspaso del expediente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese marco, uno de los sospechosos, también menor, se entregó a la Justicia acompañada por su madre el pasado 28 de mayo.

Con el correr de las semanas y tras el análisis de pruebas y testimonios recolectados, se logró identificar al segundo acusado. La fiscal Baqueiro ordenó su detención inmediata, la cual fue ejecutada durante el operativo policial realizado la mañana del jueves.

Los dos detenidos enfrentarán cargos por homicidio, aunque la situación procesal del menor será analizada bajo los parámetros específicos que regula el fuero penal juvenil.

Los homicidios son cada vez más frecuentes en Villa Gascón, Mar del Plata. Hace tan solo una semana, detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Yoel Castro, que murió el 8 de enero de este año.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Finalmente, la captura se concretó este viernes pasado a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

El silencio habitual de los caminos de tierra y los campos verdes de Cuero Duro, un paraje habitualmente apacible perteneciente al distrito municipal de San Víctor, se quebró de forma definitiva la tarde de ayer, 26 de junio. Lo que comenzó como una áspera y recurrente discusión familiar por el control de unos terrenos y bienes heredados terminó mutando en una de las escenas más dantescas y espeluznantes de la historia criminal contemporánea de la provincia.

Ramón Arístides López Núñez, un envejeciente de 67 años respetado por sus allegados, encontró la muerte a manos de su propio sobrino, Juan Alberto Díaz López, conocido en la demarcación bajo el alias de “Chicho”.

En las calles de Cuero Duro, el encono entre tío y sobrino no era un secreto absoluto, pero nadie alcanzó a vaticinar la magnitud del trágico desenlace. Según recogieron las autoridades y los medios informativos locales que acudieron al lugar de los hechos, el trasfondo del crimen se cimenta sobre una antigua disputa inmobiliaria. Los bienes de una herencia familiar mal gestionada habían fragmentado el núcleo consanguíneo desde hacía un tiempo considerable.

No obstante, las versiones de los lugareños introdujeron un elemento todavía más perturbador al relato: el presunto homicida padece, de forma evidente, de serios problemas de salud mental.

Vecinos relataron que “Chicho” vivía obsesionado con una vivienda de color azul ubicada en la periferia de los terrenos en disputa. En sus delirios, el agresor insistía firmemente en que aquella estructura le pertenecía por derecho propio, a pesar de que la titularidad legítima correspondía a otro miembro de la familia.

Esta fijación mental alimentaba un rencor diario y directo contra su tío Ramón, a quien veía como el obstáculo principal para tomar posesión de lo que consideraba suyo. Los reclamos verbales, que se habían repetido durante meses sin recibir la intervención psiquiátrica necesaria, escalaron la tarde del viernes hasta un punto de no retorno, desatando una furia criminal incontrolable.

La secuencia del horror: Un cuerpo arrastrado por el camino

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la discusión final estalló en las inmediaciones de las propiedades agrícolas compartidas. En medio del altercado, Juan Alberto Díaz López desenvainó un machete y atacó de forma despiadada a su tío. El diagnóstico forense preliminar determinó que la víctima sufrió heridas múltiples de arma blanca junto a severas contusiones traumáticas por golpes contusos.

Lo que aconteció después de las primeras heridas mortales sobrepasa la lógica de la criminalidad común. Diversos videos grabados por los propios lugareños con sus teléfonos móviles y difundidos con rapidez por las redes sociales capturaron fragmentos de una procesión macabra. El agresor, visiblemente enajenado, procedió a decapitar a su pariente en el lugar del ataque inicial.

Acto seguido, cargo el cuerpo inerte por varios metros a lo largo del camino vecinal, trasladándolo hacia las cercanías de la pequeña vivienda de la víctima y, posteriormente, hacia su propia residencia. No conforme con haberle segado la vida y desprendido la cabeza, el victimario buscó un garrote de madera (palo) y continuó golpeando con saña el cadáver ya sin vida en su morada.

Justicia e investigación en una comunidad consternada

Patrullas policiales de la demarcación se movilizaron de inmediato hacia el sector Cuero Duro, logrando acorralar y detener a Juan Alberto Díaz López en el perímetro de la vivienda donde pretendía consumar su obra de horror. El agresor fue sometido sin que pudiera oponer mayor resistencia, encontrándose aún en el lugar el arma blanca y el garrote utilizados para el crimen.

La tragedia, que inicialmente circuló entre los moradores como un rumor confuso de violencia vecinal, fue confirmada con crudeza por los reportes de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.

Los detalles preliminares que emergen del dictamen forense y de los testimonios de quienes presenciaron los instantes posteriores revelan una secuencia de ensañamiento y horror que parece extraída de una pesadilla, dejando a toda la comunidad sumida en un estado de perplejidad y profunda consternación.

Actualmente, el detenido permanece bajo estricta custodia policial y será puesto a disposición oficial del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

Las autoridades competentes han enfatizado que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer científicamente la dinámica de los hechos, mientras la opinión pública debate con indignación los fallos en los sistemas de prevención comunitaria y de salud mental.

Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron 64 cámaras de videovigilancia ilegales en Ecatepec, Estado de México, con lo que la cifra de equipos retirados llegó a 252 dispositivos desde inicios de marzo, cuando comenzó el operativo, según la dependencia.

La Marina informó en un comunicado que las cámaras irregulares estaban instaladas en la red eléctrica municipal y que el despliegue se realizó de forma coordinada con la policía municipal y la Fuerza de Tarea Ecatepec, perteneciente a la Armada de México.

De acuerdo con la dependencia, se tuvo conocimiento de que algunos grupos delincuenciales emplearon este tipo de dispositivos para monitorear las acciones de las fuerzas de seguridad, por lo que el retiro formó parte de las acciones para inhibir ese seguimiento.

En otra intervención en el municipio, personal de la Semar, la Policía Municipal de Ecatepec y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) brindaron seguridad a trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el retiro de 64 cámaras de videovigilancia presuntamente colocadas de manera irregular en distintos puntos del territorio municipal.

La Región Naval Central informó que esas labores se realizaron en diversas colonias de Ecatepec para apoyar diligencias enfocadas en el aseguramiento de los equipos, identificados como “cámaras parásitas”, que estaban en la vía pública sin autorización.

Durante el operativo también participó personal de alumbrado público, que apoyó en el retiro físico de los equipos, mientras elementos navales resguardaron el perímetro para dar seguridad al personal participante y permitir el desarrollo de las maniobras.

La Marina precisó que las 64 cámaras aseguradas quedaron a disposición de la FGJEM, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia de los dispositivos y establecer si tuvieron relación con actividades ilícitas.

La dependencia señaló que estos retiros se enmarcaron en la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad pública, recuperar espacios seguros y contribuir al bienestar de la población.

• Retiraron 64 cámaras ilegales en Ecatepec y el acumulado llegó a 252 dispositivos desde inicios de marzo.
• Autoridades señalaron que algunos grupos delincuenciales usaron estos equipos para vigilar acciones de fuerzas de seguridad.
• En otro operativo aseguraron 64 “cámaras parásitas” y quedaron a disposición de la FGJEM para integrar la investigación.

En abril retiraron 73 cámaras ilícitas más en Ecatepec

El pasado 11 de abril también se llevó un operativo similar para combatir actividades delictivas en el que autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Marina desactivaron un sistema de videovigilancia ilegal instalado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con información oficial, el operativo permitió localizar y desmantelar un total de 73 cámaras colocadas de manera irregular en postes de alumbrado público y estructuras de telecomunicaciones. Estos dispositivos, conocidos como “cámaras parásitas”, presuntamente eran utilizados por grupos criminales para monitorear movimientos de autoridades y facilitar actividades ilícitas.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en campo realizados por elementos navales en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, dentro del denominado “Operativo de Neutralización de Cámaras Parásitas”.

Tras su retiro, los equipos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente. La Marina destacó que estas acciones buscan inhibir delitos, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la población en una de las zonas con mayores retos en materia de seguridad.

Este operativo se suma a otros esfuerzos recientes en Ecatepec, donde autoridades han intensificado acciones contra estructuras utilizadas por la delincuencia organizada para operar en el territorio.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó este jueves en prisión preventiva a los dos últimos miembros detenidos de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida este martes en esa misma comuna santiaguina, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos fueron formalizados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años, Alejandro Águila, y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a la vera del camino.

El tour delictual

En esta segunda audiencia de formalización, la fiscalía hizo una cronología detallada del “tour delictual” en el que se embarcaron la madrugada del martes los seis asaltantes y que culminó con la muerte del malogrado menor.

De acuerdo al relato del fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, todo partió pasada la medianoche, cuando L.M.N.E., A.C.G., D.A.L.S., F.O.E.C. y J.I.L.G. asaltaron una estación de servicio ubicada en la comuna de San Bernardo.

Allí amenazaron con armas blancas a uno de los empleados y al dueño de un Mitsubishi blanco que cargaba combustible, robando la recaudación del servicentro y el vehículo.

Tras una parada en una casa donde se bajó D.A.L.S. y se subió J.V.V, comenzó un periplo por la calles de la comuna, hasta que la 01:00 horas dieron con un carabinero de franco, a quien robaron sus pertenencias y golpearon hasta dejarle una clavícula fracturada.

15 minutos después se encontrarían con el vehículo rojo que manejaba el padre de Alejandro Águila, historia cuyo final ya es conocido.

Al término de la audiencia, el fiscal Tapia aseguró que “con esto ya hemos identificado a todos y cada uno de los responsables en este deleznable hecho“, por lo que ahora solo resta esperar los 120 días decretados por el tribunal para la investigación.

De julio de 2024 hasta septiembre del año pasado en Panamá se han subastado bienes aprehendidos por delitos relacionados con la administración pública, blanqueo de capitales, financieros, terrorismo y narcotráfico por un valor de $1,975.761.57.

Vehiculos, inmuebles y metales preciosos, han formado parte de las subastas que ha realizado la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La lucha contra la criminalidad organizada requiere de una estrategia integral que incluya no solo la persecución penal de los responsables, sino también la identificación, incautación y reutilización de los bienes obtenidos ilícitamente, sostuvo el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

Acotó que afectar el patrimonio criminal permite debilitar las organizaciones delictivas y enviar un mensaje contundente de que las actividades ilegales no generan beneficios permanentes.

El intercambio de experiencias con expertos internacionales, según Pedro Escalona, encargado de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, ha permitido identificar nuevas prácticas y oportunidades de mejora que ya están siendo incorporadas en los procesos institucionales.

“Cada una de las experiencias compartidas nos permite evaluar e implementar mejores prácticas para garantizar que los bienes recuperados sean utilizados de manera efectiva en beneficio de la sociedad”, manifestó.

Astrid Bosch, jefa de proyecto de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), afirmó que la reutilización de activos contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas al demostrar que los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas regresan a las comunidades a través de programas de reparación y desarrollo.

Reconoció los avances alcanzados por Panamá en materia de transparencia y recuperación de activos, resaltando la existencia de mecanismos especializados para la administración de bienes vinculados a la criminalidad económica y los esfuerzos dirigidos a fortalecer la identificación de beneficiarios finales.

Una herramienta clave para desarticular las estructuras financieras que sostienen a la criminalidad organizada, afirmó en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, es la recuperación de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión y la trata de personas.

Destacó que los bienes incautados a organizaciones criminales pueden transformarse en instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir al desarrollo de las comunidades.

El funcionario insistió en que estos recursos deben retornar a la sociedad mediante programas e iniciativas orientadas al bienestar ciudadano y al desarrollo humano.

Para el consultor Dennis Cheng uno de los principales desafíos en la recuperación de activos sigue siendo el fortalecimiento de los mecanismos de investigación, identificación y localización de bienes, especialmente aquellos relacionados con estructuras empresariales complejas.

Agregó que una adecuada administración de los activos recuperados es fundamental para preservar su valor económico y social y maximizar su impacto en beneficio de la población.

Funcionarios y expertos participaron durante el evento paralelo “Cooperación interregional en la recuperación y reutilización de activos de la criminalidad organizada: romper el ciclo, cómo los bienes incautados al crimen pueden reconstruir lo que el delito destruyó”, realizado en el marco del 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El evento reunió a autoridades nacionales e internacionales, especialistas en recuperación de activos y representantes de organismos de cooperación, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional y regional para garantizar que los bienes recuperados de la criminalidad organizada sean reinvertidos en el desarrollo de las comunidades y en la construcción de sociedades más seguras y resilientes.

Carabineros de Chile detuvo esta madrugada en la comuna santiaguina de San Bernardo a los dos últimos miembros de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida el martes en esa misma comuna, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos serán formalizados esta jornada por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a un costado del camino.

“Despecio absoluto por la vida”

Este miércoles, tras la audiencia de formalización de los primeros cuatro detenidos en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la fiscal regional (s) Occidente, Paulina Díaz, valoró la decisión de dejar en prisión preventiva e internación provisoria a los cuatro primeros formalizados, puesto que varios videos en poder de la Fiscalía dan cuenta de que los asaltantes se percataron de que Alejandro Águila era arrastrado por el pavimento durante al menos tres kilómetros, pero no hicieron nada para evitarlo.

“Por lo tanto, obviamente se sostiene el dolo común que existe en la totalidad de los imputados y en base a eso el tribunal finalmente decide que se da lugar a las cautelares solicitadas”, señaló.

En tanto, Leonardo Tapia, fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, afirmó en la audiencia que “todos (los miembros de la banda) advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados…Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen, tanto de la tía como del padre de este niño, indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaban que el niño iba siendo arrastrado. De todas formas, los imputados, haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, cometen este delito”.

Así las cosas, la fiscalía ya adelantó que pedirán las penas máximas para la banda, a saber, presidio perpetuo calificado para los adultos y 10 años para los menores de edad, según dicta la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mientras que el plazo de investigación se fijó en 120 días.

Una mujer de 47 años fue asesinada a puñaladas en su domicilio del barrio Aeroparque de Alto Comedero, en la capital de Jujuy. Por el crimen, detuvieron a su cuñado.

La víctima, identificada como Nora Borda, se encontraba en el comedor de la casa ubicada en la calle Teniente Vázquez al 800, en donde la víctima residía junto a su pareja y su hijo, así como también con el propio agresor y otros familares.

De acuerdo con los primeros datos constatados por Somos Jujuy, la puñalada mortal se produjo en la zona del cuello, lo que, junto al resto de las heridas, le provocó un shock hipovolémico. Cuando los profesionales de la salud arribaron al domicilio junto a las autoridades policiales, constataron el fallecimiento.

La reconstrucción del hecho que manejan las autoridades indica que Nora fue atacada por su cuñado, un hombre identificado como R. C., de manera imprevista después de una charla que habían mantenido. La mujer plogró pedir ayuda y los mismos familiares fueron quienes contuvieron al agresor.

De esta manera, el sospechoso de 35 años quedó detenido, aunque antes de ser alojado en una dependencia policial, tuvo que ser asistido en el hospital Pablo Soria debido a lesiones que se había provocado.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, bajo la conducción del agente fiscal Andrés La Villa, reportó el Ministerio Público de la Acusación de la provincia. Posteriormente, la causa fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien ordenó una serie de medidas orientadas a determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

En la escena del crimen intervino personal de Criminalística, que realizó el relevamiento pericial y el levantamiento de evidencias para su incorporación al legajo investigativo. Efectivos de la División Homicidios también participaron en las primeras diligencias para la recolección de pruebas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación, donde se realizará la autopsia cuyos resultados serán incorporados al expediente.

Condenaron a un hombre por el crimen de su cuñada

Un tribunal de Santa Fe dictó prisión perpetua a Mario Andrés Cena, de 36 años, por el femicidio de su cuñada Vanesa Troncoso, ocurrido el 7 de septiembre de 2024 en el barrio Punta Norte de esa ciudad. La sentencia fue dictada este miércoles por el juez Octavio Silva y las juezas Susana Luna y Rosana Carrara, en el marco de un juicio abreviado en el que el condenado reconoció su responsabilidad penal.

Según la reconstrucción de la fiscal Laura Gerard, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cena llegó al domicilio de Troncoso en Pasaje José Doldán y Arenales cuando ella estaba sola, la abusó sexualmente y luego la mató por asfixia. “Aunque la mujer gritó para pedir auxilio, él se aprovechó de la situación de absoluta vulnerabilidad en la que ella estaba al no haber nadie cerca para defenderla”, sostuvo la fiscal. Tras el crimen, el condenado prendió fuego al colchón sobre el que yacía el cuerpo con el objetivo de borrar las pruebas.

Fueron los vecinos quienes advirtieron movimientos extraños y vieron al hombre alejarse del lugar en una motocicleta. Al ingresar por la fuerza a la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida de Troncoso y alertaron a las centrales de emergencias 911 y 107. Las pruebas recolectadas a partir de ese momento resultaron determinantes en el proceso penal.

Durante el juicio abreviado, Cena aceptó la calificación delictiva y la pena máxima junto a su defensa, lo que permitió evitar un debate oral. Gerard destacó que la condena responde a “la extrema gravedad del hecho ilícito”.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.

Secuestro de los empresarios

La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.

Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.

Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.

Asesinato del suboficial William Ríos

El 15 de marzo de 2020, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. La intervención terminó en un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores, permitiendo la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres.

Durante la balacera resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en una de las principales víctimas del caso.

La muerte del efectivo policial fue incorporada como uno de los elementos que evidenciaron la violencia con la que actuaba la organización criminal. El caso también marcó uno de los primeros expedientes judiciales en los que la Fiscalía atribuyó a Erick Moreno un rol de liderazgo dentro de Los Injertos de Lima Norte, estructura dedicada al secuestro y la extorsión.

Acusación contra ‘El Monstruo’

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Porfirio Capcha sostuvo que Erick Moreno no solo encabezaba la organización criminal, sino que además participaba activamente en las comunicaciones extorsivas y en la coordinación del secuestro. Entre los elementos presentados figuraron testimonios, registros de llamadas y los videos enviados a los familiares para exigir el pago del rescate.

La defensa del acusado alegó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, el colegiado determinó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaba la responsabilidad penal de Erick Moreno Hernández en el secuestro de los dos empresarios.

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Ya se hizo viral en la pasada Copa África, pero el Mundial lo ha catapultado. La selección decidió incluir a Michel Nkuka Mboladinga dentro de la convocatoria para que aportara su importante papel desde las gradas. Durante los 90 minutos de juego permanece inmóvil imitando la figura de Patrice Lumumba Vea, el primer presidente democrático de la historia del país.

Este gesto está lleno de significado. RD Congo atraviesa una época muy complicada. Desde hace meses, la ONU advierte de la propagación del ébola, que ya ha provocado más de 200 muertes en el país africano. A esto hay que añadir un constante clima de violencia y matanzas. El M23, un grupo paramilitar que, según Naciones Unidas, llegó a estar apoyado por Ruanda, causa el terror en las calles congoleñas. Los rebeldes mantiene el control de varias zonas en el este, incluyendo las capitales regionales de Goma y Uvira.

El origen del símbolo de Lumumba está en la relevante y cruel historia del líder congoleño. Tras conseguir ser el primer líder bajo democracia fue asesinado en 1961, cuando Joseph-Désiré Mobutu dio un golpe de Estado e inició una dictadura de tres décadas. En aquellos años, Bélgica estaba presente en el país. Lejos de frenarlo, permitió y colaboró en la llegada de Mobutu. Hasta se demostró la implicación de autoridades belgas en la muerte de Lumumba, lo que hizo que devolvieran su último resto hace cuatro años, un diente de oro, y este 2026 desembocó en la imputación de un diplomático de 93 años por crímenes de guerra.

Crisis humanitaria en RD Congo

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha alertado sobre la rápida expansión del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que ya suma 1094 casos confirmados y 277 fallecidos. El riesgo de contagio es especialmente alto entre comunidades desplazadas, que superan los dos millones de personas en la región. La agencia destaca la llegada de miles de nuevos desplazados a zonas ya afectadas por el virus y advierte que la desconfianza hacia los equipos de salud dificulta el acceso a atención médica.

El ébola ha llegado al país en un momento de máxima urgencia por los avances rebeldes. El este de RD Congo está siendo especialmente golpeado. La ONU asegura que el M23 ha cometido asesinatos, violencia sexual, reclutamientos forzosos de niños y desplazamientos forzados contra civiles desde hace años, y este 2026 ha conseguido un nuevo paso, tomando el control de ciudades completas.

Cuando Mboladinga se señala la cabeza con un dedo y se tapa los ojos con las manos, denuncia la violencia y las masacres que sufre su país. La selección de fútbol ha servido como un altavoz en ocasiones anteriores. Los jugadores también han mostrado este gesto en ocasiones anteriores, con la cara tapada y dos ojos simulando una pistola.

El juicio por crímenes de guerra en Bélgica

Las desgracias en el país no son cosa de los últimos años. Este aficionado ha puesto en valor una figura que demostró el avance de una sociedad, para un nuevo retroceso a una dictadura. Pero no solo refleja el horror en manos del líder sangriento congoleño. En 2022, el gobierno belga pidió perdón de forma oficial por su papel en el asesinato de Lumumba, facilitando su traslado y entrega. El presidente fue descuartizado y disuelto en ácido, quedando solo un diente de oro que, hasta hace cuatro años, estaba en Bélgica.

Étienne Davignon es un exdiplomático belga que fue señalado como presunto implicado en el asesinato de Patrice Lumumba. A sus 93 años, el pasado mes de marzo de este 2026, fue acusado de crímenes de guerra e iba a ser juzgado décadas después en Bélgica. Sin embargo, hace un mes, falleció. Su muerte cierra la vía penal contra los responsables vivos del crimen, pero no las demandas de justicia.

La familia Lumumba, junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, lamenta no haber obtenido una resolución judicial, tras más de 15 años de proceso en Bélgica, que culminó en marzo con la decisión de un tribunal de enviar a Davignon a juicio. El caso, considerado un precedente histórico en Europa sobre crímenes coloniales, sienta las bases para nuevas acciones legales. El equipo jurídico impulsará una demanda civil contra el Estado belga, buscando establecer la responsabilidad jurídica y avanzar en el reconocimiento de los crímenes coloniales.

Una nota de El Universal sobre una supuesta entrevista con el escritor Carlos Monsiváis volvió a poner en circulación uno de los episodios más polémicos y dolorosos en la biografía de Andrés Manuel López Obrador: la muerte de su hermano menor en Villahermosa, Tabasco, en 1969.

Lo que circula en redes

Fue la cuenta de @MElenaPerezJaen en X (antes Twitter) la que difundió imágenes de lo que presuntamente serían páginas del diario tabasqueño Rumbo Nuevo, correspondientes al 9 de junio de 1969. En ellas se narraría la muerte de José Ramón López Obrador, de 15 años, dentro del negocio familiar “Novedades Andrés”, ubicado en las calles Progreso y Primavera de Villahermosa.

La autenticidad de dichas imágenes no ha sido verificada de forma independiente.

La supuesta cita de Monsiváis

El detonante fue una nota de El Universal que recuperó una entrevista exclusiva elaborada al cronista Carlos Monsiváis, en la que este habría dicho sobre AMLO:

“A Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad… ¡Está loco! Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Hace algunos años le di cobijo cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años; había asesinado, accidentalmente, a su hermano.”

La cita, cuya origen y fecha exacta no están precisados en los materiales disponibles, no ha podido ser corroborada y circula sin contexto editorial claro.

Lo que habrían registrado los periódicos en 1969

Según las imágenes difundidas en redes, el diario Rumbo Nuevo habría publicado dos versiones sobre los hechos:

• Versión oficial: José Ramón habría tomado una pistola escuadra Super Colt calibre 38 de un casillero del negocio, la manipuló de forma imprudente y el arma habría caído del mostrador disparándose accidentalmente. Andrés Manuel, según su presunta declaración ante el Ministerio Público, estaba de espaldas cuando escuchó el disparo.
• Versión “callejera”: ambos hermanos habrían estado jugando con el arma y esta se habría accionado durante ese forcejeo.

El certificado médico legista, según los documentos difundidos, indicaría que la bala tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba, sin precisar distancias ni puntos de entrada y salida. La causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio por herida de arma de fuego en la masa encefálica. Nadie fue detenido.

Un episodio que ya había llegado a la política

No es la primera vez que este asunto resurge en el debate público. El episodio tiene una historia propia dentro de la vida política de López Obrador, y ha reaparecido en los momentos más tensos de su carrera.

El antecedente más conocido ocurrió durante el debate del 7 de marzo del año 2000, transmitido en el programa de Joaquín López-Dóriga. En plena campaña por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el panista Diego Fernández de Cevallos lanzó una de las acusaciones más directas que se recuerdan en la historia de los debates mexicanos: “Yo a usted tendría que acusarlo de asesino”, dijo, sosteniendo publicaciones de la época que señalaban a Andrés Manuel como responsable de la muerte de su hermano.

La respuesta de AMLO fue inmediata y contundente. Acusó al PRI y al PAN de utilizar “un accidente que sufrió mi hermano” para atacarlo y enlodarlo políticamente. No negó los hechos —la muerte de José Ramón— pero sí rechazó de plano cualquier responsabilidad criminal.

Tras aquel debate, el tema bajó el volumen en los medios tradicionales, aunque nunca desapareció del todo. En cada ciclo electoral, usuarios en redes sociales y opositores al tabasqueño rescataban el episodio como argumento de ataque. Con la llegada de las plataformas digitales, la historia encontró un nuevo canal de circulación, más rápido y menos filtrado que la prensa impresa.

Ahora, con la supuesta cita de Carlos Monsiváis como detonante y las imágenes del Rumbo Nuevo circulando en X, el tema vuelve a estar sobre la mesa —esta vez con documentos visuales que, verificados o no, ya recorren miles de timelines.

¿Qué queda pendiente?

Lo que sí puede afirmarse es que la muerte de José Ramón López Obrador el 9 de junio de 1969 es un hecho histórico registrado. Lo que permanece en disputa, más de cinco décadas después.

Las imágenes del periódico tabasqueño, la cita atribuida a Monsiváis y la discusión que vuelve a abrirse en redes son, por ahora, piezas de un rompecabezas que nadie ha terminado de armar con certeza. Lo que sí es claro es que cada vez que el nombre de AMLO vuelve a ocupar espacio en la conversación pública —incluso después de dejar la presidencia— este episodio regresa con él, como una sombra que la política mexicana no ha podido, o no ha querido, dejar descansar.

La jornada también registró la muerte de una mujer en Nuevo León por la caída de un anuncio tras una tormenta. Mientras que la celebración del triunfo de México ante Corea del Sur derivó en violencia en Guadalajara y Chihuahua, con patrullas dañadas y personas atropelladas.

A continuación, te contamos las noticias más relevantes en seguridad, narcotráfico y crimen de este sábado 20 de junio.

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Policías Auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron a tres hombres en posesión de 37 dosis de posibles narcóticos en la alcaldía Azcapotzalco.

El operativo se desarrolló en la avenida Morelos con la calle Ticomán, en la colonia San Andrés, donde los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando observaron a los tres sujetos intercambiar varias bolsitas similares a las utilizadas para la distribución de droga, en un puesto semifijo de venta de pollo.

Ante la presencia de un posible hecho delictivo, los efectivos les marcaron el alto y practicaron una revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación policial. Como resultado del procedimiento, les aseguraron 13 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana, 10 bolsitas con posible crystal (metanfetamina), nueve con probable cocaína y cinco envoltorios con supuesta cocaína en piedra, para un total de 37 dosis de posibles narcóticos.

Los tres detenidos son hombres de 43, 56 y 57 años de edad. Un cruce de información posterior reveló que el detenido de 43 años cuenta con una carpeta de investigación abierta desde 2022 por el delito de robo.

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Mueren cuatro personas por disparos en bar de CDMX: hay dos detenidos

Cuatro muertos y un herido dejó un tiroteo en un bar de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, tras una riña entre jóvenes que escaló hasta el uso de armas de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al establecimiento ubicado en la calle Miguel Hidalgo luego de recibir un reporte de disparos al interior del local.

Según el testimonio de trabajadores del bar, durante una convivencia en el lugar un grupo de jóvenes inició una discusión, momento en que uno de los involucrados extrajo una pistola de entre sus ropas y abrió fuego contra otros sujetos.

Sujeto herido sería responsable de las detonaciones

Al arribo de los policías, se confirmó la muerte de cuatro hombres por heridas de arma de fuego. Un quinto individuo, con una lesión en el muslo derecho, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica definitiva bajo custodia policial, al ser señalado como probable responsable de haber efectuado detonaciones.

La revisión de los videos del establecimiento permitió que al exterior del bar fue detenida una mujer de 22 años, señalada de haber ocultado el arma de fuego utilizada por uno de los tiradores.

Al momento de su detención, se le aseguró una pistola abastecida con cinco cartuchos útiles, así como un teléfono celular. La joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En total, la SSC presentó a dos probables responsables vinculados con los hechos.

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Detienen a dos presuntos narcomenudistas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo en el municipio de Atlixco, en inmediaciones de un inmueble previamente asegurado por la autoridad ministerial.

Elementos de la Unidad de Apoyo Policial se trasladaron a un domicilio ubicado en la colonia Los Ángeles. Los agentes confirmaron el quebrantamiento de los sellos oficiales colocados por la autoridad ministerial, aunque no encontraron personas al interior del inmueble.

En el transcurso de las diligencias, los agentes investigadores detectaron en los alrededores del domicilio conductas compatibles con la venta y distribución de narcóticos en vía pública.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Jorge Alberto N. y Sandra N. A ambos les aseguraron 53 bolsas con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, siete envoltorios con una sustancia de color negro con características similares a la heroína, además de dinero en efectivo, una bolsa tipo mariconera y hojas con anotaciones y cuentas.

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Siete personas detenidas en operativo de cateo en Pinotepa Nacional

Como resultado de un cateo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, fueron detenidas siete personas. La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en el barrio La Posta, donde se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y diversas unidades de motor vinculadas a las investigaciones en curso.

En el operativo participaron elementos de la Vicefiscalía Regional de la Costa, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Los hechos fueron informados por el fiscal de la entidad, Bernardo Rodríguez Alamilla.

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Detienen a presuntos responsables de la muerte de una persona en cantina San Luis en Garibaldi

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro hombres en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, tras trabajos de investigación vinculados con la muerte de una persona al interior de un bar ubicado en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle República de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue agredida con disparos de manera directa en el exterior del establecimiento y corrió hacia el interior en busca de refugio, donde murió.

Revisiones de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a un grupo de sujetos que huyeron a bordo de un vehículo color gris. Los policías le dieron seguimiento a la unidad y solicitaron a los tripulantes que bajaran para realizarles una revisión preventiva.

Los agentes hallaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo y medio de presunta marihuana y un arma de fuego corta. Con base en ese hallazgo, procedieron a la detención de cuatro hombres de 24, 36, 46 y 52 años de edad.

Dan más de 40 años de prisión ahombre por homicidio en Edomex

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 47 años y seis meses de prisión en contra de Julio César Lavis García, alias El Gordo tras ser acreditada su responsabilidad en el homicidio de un hombre.

Además de los años tras las rejas, el sujeto sentenciado deberá cubrir la reparación del daño moral por 13 mil pesos; reparación del daño material por 610 mil 572 pesos y una multa de 322 mil 449 pesos.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 14 de mayo de 2025, cuando la víctima pidió un servicio de taxi por aplicación, al momento de entrar a la unidad fue interceptado por El Gordo, quien viajaba en una motocicleta y con otro sujeto .

Los agresores usaron un arma de fuego para amenazar al chofer y a la víctima con el fin de quitarles sus pertenencias.

“El otro masculino disparó en contra de la víctima, quien perdió la vida en el lugar a causa de las heridas, en tanto que los probables responsables se dieron a la fuga”, es parte del reporte de las autoridades.

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El eco de los impactos de bala rompió la tensa calma de la noche en el sureste de Austin, Texas. Era el lunes 15 de junio de 2026. A las 10:47 p.m., el estacionamiento del establecimiento AutoZone, ubicado en el 2237 East Riverside Drive, se convirtió en el escenario de una tragedia que cruzó fronteras. Allí, entre herramientas, vehículos a medio reparar y la luz neón del negocio, yacía el cuerpo de José Salgado Amador, un joven mecánico nicaragüense de 28 años cuyo único pecado fue trabajar hasta tarde para sacar adelante a su familia.

José, originario de la humilde comunidad de Pueblo Viejo en Matagalpa, Nicaragua, se había ganado el respeto y el cariño de la comunidad hispana en Texas. Sus clientes lo describían como un hombre servicial, de una amabilidad inquebrantable y de absoluta confianza.

“Era un muchacho muy querido, siempre tenía clientes, siempre estaba lleno de gente que confiaba en él”, relató con la voz entrecortada Rosa Nieto, clienta y amiga cercana de la víctima. Para muchos, José no solo arreglaba motores; era un punto de apoyo en un entorno que a menudo se torna hostil para los migrantes.

La rutina de trabajo del nicaragüense se interrumpió de forma abrupta cuando un sujeto desconocido se le acercó con intenciones criminales. Según las investigaciones preliminares de los detectives del Departamento de Policía de Austin, el individuo abordó al mecánico con el único propósito de despojarlo de sus pertenencias.

En un instante de vulnerabilidad y violencia ciega, el delincuente sacó un arma de fuego y, tras un presunto intento de resistencia o por pura saña, disparó en repetidas ocasiones contra José antes de darse a la fuga a pie y perderse entre las calles aledañas.

La alerta llegó a los servicios de emergencia como un reporte de tiroteo. Al llegar al lugar, los oficiales de policía encontraron a Salgado Amador herido de gravedad en el pavimento.

A pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro hospitalario para salvarle la vida, los médicos no pudieron hacer nada ante la gravedad de los impactos. José fue declarado muerto a las 11:56 p.m., dejando una viuda y a una pequeña hija de apenas cuatro años en la orfandad.

La caza del sospechoso y el clamor de justicia

Las autoridades locales no han detenido las investigaciones. Gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos, la policía obtuvo secuencias de video clave. En las imágenes se observa el momento exacto en que el implicado sale huyendo a toda prisa por varias calles antes de abordar un vehículo para escapar.

El sospechoso ha sido descrito preliminarmente como un joven de origen hispano, de entre 15 y 20 años de edad. Para acelerar su captura, la Policía de Austin ha distribuido las imágenes y ofrece una recompensa de hasta mil dólares a cualquier persona que brinde información fidedigna que conduzca al arresto del homicida.

La urgencia comunitaria es máxima: exigen que el responsable pague ante la ley por destruir a una familia. “Solo queremos que se haga lo justo”, expresaron de manera rotunda los allegados de la víctima.

Mientras la policía busca al criminal, en Nicaragua el dolor se transforma en una carrera contrarreloj. Desde Matagalpa, los padres de José esperan el regreso de su hijo, pero no de la forma en que lo soñaron. La familia necesita recaudar más de $10,000 dólares para costear los trámites de repatriación del cuerpo y poder brindarle una cristiana sepultura en su tierra natal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para una sargento de la policía que mató a su media hermana tras una discusión en un departamento del barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Alejandra Rosignoli fue hallada culpable del homicidio de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2019 en un inmueble de la avenida Pueyrredón al 1000. Las investigaciones y pericias determinaron que existió una pelea previa entre ambas mujeres. Durante esa confrontación, Rosignoli utilizó una pistola Bersa y disparó de manera directa al ojo de Monzón, provocando su muerte.

Sin embargo, la acusada sostuvo desde un primer momento que el disparo se produjo de manera accidental, argumento que fue desestimado en las distintas instancias judiciales. La defensa apeló la sentencia, reclamando que el hecho debía ser considerado como un homicidio imprudente, pero la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la condena tras analizar las circunstancias y las pericias balísticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal condenó en 2021 a Rosignoli por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de valorar las pruebas que indicaban la existencia de una pelea previa y la intencionalidad en el disparo. La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que no hubo dolo y solicitando una revisión bajo la figura menos gravosa del homicidio culposo.

En ese marco, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja por inadmisible. Todas las instancias judiciales rechazaron este planteo y consideraron que hubo voluntad de producir la muerte. Afirmaron que la desestimación no implica validar o rechazar la justicia de la sentencia previa sino que se limita a los requisitos procesales del recurso.

Con esta resolución, la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios. La condenada, de 50 años y sargento primera de la Policía Federal Argentina, se encontraba en su departamento de Recoleta junto a su media hermana Yolanda Monzón, quien trabajaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. Ambas habían consumido alcohol el día de la tragedia.

En ese marco, Rosignoli mostró a su hermana un arma de fuego adquirida recientemente; al manipularla, disparó y el proyectil impactó en la cabeza de Monzón, quien falleció antes de recibir asistencia médica. Aunque las pruebas judiciales indican que existió una pelea previa entre las hermanas antes del disparo, no se datallaron los motivos específicos del conflicto.

El informe policial señaló que la acusada fue trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca, presentando una crisis nerviosa y signos de intoxicación etílica. En la investigación intervinieron personal de la Gendarmería Nacional y la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad.

Las pruebas periciales que fundamentaron la condena de Silvia Alejandra Rosignoli incluyeron la reconstrucción de la pelea previa al disparo y, especialmente, los peritajes balísticos que determinaron que el tiro. Estas pericias permitieron descartar la versión de un accidente, ya que el tribunal consideró que existió una intención clara de matar en el contexto de una discusión violenta.

Los jueces valoraron tanto la trayectoria del proyectil como los indicios del enfrentamiento físico previo, y concluyeron que el disparo no pudo haberse producido de forma accidental. El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de junio de 2026, dejó firme la condena y dispuso el archivo del caso. Por lo tanto, Rosignoli permanece detenida bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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Tormenta derriba panorámico en Nuevo León y mata a una mujer en plena vía pública

Una mujer murió la tarde de este viernes 19 de junio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego de que un anuncio panorámico colapsara sobre ella en el cruce de la avenida Universidad y Ramón López Velarde, en la colonia Anáhuac.

Las fuertes ráfagas de viento que acompañaron la tormenta eléctrica que azotó la zona metropolitana de Monterrey derribaron la estructura, propiedad de una farmacia, que cayó sobre la víctima en el estacionamiento del local.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones policiacas acudieron al lugar para las labores de auxilio y acordonar el área.

Autoridades abrieron una investigación para determinar las condiciones en que ocurrió el colapso de la estructura y si existían riesgos previos vinculados al estado del anuncio o a las condiciones meteorológicas de la jornada.

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El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

Agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron desde Perú a un argentino, acusado de asesinar a sangre fría a un hombre de un tiro en la cabeza en la provincia de Tucumán.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el operativo fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y solicitado por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital de Tucumán, bajo la órbita del juez Daniel Leiva.

El asesino está acusado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, por el hecho que ocurrió en marzo de 2024.

Según consta en el expediente, el imputado y un cómplice arribaron al lugar del crimen en una motocicleta y efectuaron varios disparos contra un grupo de personas, con claras intenciones de quitarles la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una de las víctimas y le provocó la muerte en el acto, mientras que otra persona resultó herida en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, ambos responsables se dieron a la fuga y permanecieron prófugos.

A raíz del hecho, la autoridad judicial de Tucumán solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que tramitó la captura internacional del sospechoso, de nacionalidad argentina. El Departamento Interpol de la PFA emitió la correspondiente Notificación de Índice Roja, permitiendo activar los mecanismos de cooperación internacional.

Luego de diversas tareas de inteligencia y un exhaustivo intercambio de información con Interpol Perú, se logró determinar el paradero del sospechoso en ese país. La investigación dio sus frutos y finalmente las autoridades peruanas confirmaron oficialmente la detención del imputado en septiembre del año pasado.

El hombre quedó a disposición de la justicia de ese país y sujeto al proceso de extradición.

A partir de ahí, el órgano judicial argentino remitió la solicitud formal de extradición a través del canal diplomático. Tras varios meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación recibió la confirmación de que la extradición había sido concedida por el gobierno peruano.

“Al establecer que éste se hallaba en la República del Perú, se llevó adelante un exhaustivo intercambio de información con personal de Interpol Perú, a fin de recabar la mayor cantidad de información posible para lograr su localización. Como resultado de ello, los colegas confirmaron mediante comunicación oficial la detención del investigado en septiembre de 2025 en ese territorio, quedando sometido al proceso de extradición”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La extradición se concretó tras un procedimiento internacional coordinado entre la Policía Federal Argentina, Interpol Perú y autoridades diplomáticas. Tras la aprobación de su extradición, una comisión policial argentina viajó a Lima para asumir su custodia y el traslado al país.

Los agentes asumieron la custodia del detenido y gestionaron su traslado seguro hasta la Argentina, bajo un estricto protocolo de seguridad y coordinación entre organismos de ambos países.

Al arribar al país, el asesino quedó a disposición del juez Daniel Leiva y del órgano judicial que lo requirió, a la espera del proceso penal por el delito que le imputan.

Una sangrienta escena conmociona este viernes al barrio porteño de San Cristóbal, donde fue hallado el cuerpo de un hombre apuñalado durante la madrugada. Por el crimen, detuvieron a su hermano.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a una persona tendida en la vía pública. La víctima, un hombre de 38 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a este medio que, tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, se descubrió que la víctima había mantenido una discusión con su hermano. Este, de 39 años y cuya identidad no fue revelada, quedó detenido.

Durante esta mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

La localización de cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en Ocoyoacac abrió una nueva línea en la búsqueda de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, una pareja desaparecida desde el 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga si entre las víctimas estaban los dos hombres con ciudadanía de Estados Unidos.

La Fiscalía de la Ciudad de México detalló a Infobae México que la investigación sigue para determinar con plena certeza la identiodad de los fallecidos.

El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles 17 de junio en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa, donde también fue localizada una extremidad humana. La carpeta de investigación quedó abierta para establecer la identidad de las víctimas y el vínculo del sitio con otros posibles restos.

De acuerdo con los reportes del operativo, en el lugar fueron encontrados tres hombres y una mujer, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba una pareja, mientras que en una segunda fosa aparecieron dos hombres más.

La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con apoyo de binomios caninos para el rastreo, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

Las fosas fueron ubicadas en una zona de cabañas del Valle del Silencio

Los primeros trabajos de campo se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja boscosa que colinda con la Ciudad de México. El punto intervenido estaba detrás de un conjunto de cabañas cercano a la zona turística de La Marquesa.

Según la información preliminar de las corporaciones de seguridad, en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano, cuya identificación quedaría a cargo de las autoridades. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, que extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

Los reportes periciales iniciales también describieron a un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de cerca de 38 años en una de las fosas. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres de alrededor de 40 años.

Hasta ese momento, no existió un pronunciamiento oficial que confirmara la identidad de los cuatro cuerpos. La FGJEM mantuvo la investigación en curso y peritos de distintas especialidades siguieron trabajando en la zona.

La respuesta inmediata a la principal duda del caso fue esta: las autoridades todavía no confirmaron que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo, pero el operativo que llevó al hallazgo sí derivó directamente de la investigación por su desaparición.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras salir a una reunión en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un asunto relacionado con la instalación de un elevador en su vivienda.

Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y luego fueron apagados.

Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

Ambos hombres habían sido reportados como desaparecidos desde hacía casi un mes. Una de las fichas de búsqueda los identificó como un ciudadano estadounidense-mexicano de 57 años y un ciudadano estadounidense de 56 años, ambos residentes en Chicago.

Tras la denuncia, fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea llevó a las autoridades a desplegar el operativo que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la detención portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Mientras avanzaban las diligencias, elementos policiacos y binomios caninos continuaron la búsqueda de más restos humanos en el paraje intervenido.

• Fueron localizados cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en el Valle del Silencio, en Ocoyoacac, Estado de México.
• Las autoridades investigaron si dos de las víctimas correspondían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, desaparecidos desde el 20 de mayo.
• En la CDMX fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con el caso; portaban armas, cartuchos y droga.

Conmocionados se encuentran los 25 mil habitantes de la pacífica comuna de Loncoche (760 kms al sur de Santiago), luego de la detención de tres adolescentes, todos de 17 años, quienes se concertaron para asesinar a la madre de una de ellas. La mujer fue hallada en su domicilio el lunes con más 80 puñaladas y varias fracturas, y los menores de edad serán formalizados este viernes por los delitos de parricidio y homicidio calificado.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, la hija de la víctima -identificada como Carmen Barrera Rantul, de 53 años-, junto a su “pololo”, pagaron la suma de $60 mil pesos (USD 67) a un compañero de curso para cometer el macabro crimen, y fue ella quien dejó la ventana abierta de la casa por donde entró el imberbe asesino.

“La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofreció un pago de $60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, señaló explicó Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

En tanto, el fiscal regional, Roberto Garrido, agregó que los motivos del ataque tendrían en su origen en la mala relación que tenían madre e hija, “incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con el pololo”.

Según el persecutor, testigos aseguraron haber visto al sicario huir del sitio del suceso con su ropa manchada de sangre, imágenes que también fueron registradas por las cámaras de seguridad del sector.

“Hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de vídeo, sino que también algunos testimonios (...) Se trata de un sicariato”, sentenció tajante Garrido.

“Las imputaciones que se pueden hacer en este caso son homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima. Hay varias circunstancias que pueden calificar esta conducta como homicidio calificado”, complementó.

Los acusados, por ser menores de edad, enfrentan hasta 10 años de cárcel, y la audiencia de formalización será este viernes a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Loncoche, instancia en la que la fiscalía pedirá su internación provisoria.

Padre de la menor: “Estoy destrozado”

Por otra parte, el padre de la menor de edad, José Coronado, habló este miércoles con el programa “La tarde es nuestra” de Canal 13, aseguró estar “destrozado” y dejó en claro que la relación entre la víctima y su hija eran más que tensas.

“La que era mi esposa castigaba a mis hijos chicos. Al primero, después con el segundo y después siguió con ella”, partió contando en la entrevista.

Tocante al crimen, dijo estar seguro que “fue planeado por mi hija (...) porque honestamente hace años venía esta situación (...) Mi hija se encerraba, todo el tiempo, se encerraba en la pieza (...) Hasta ahora, que mi hija tenía su pololo, ella le dijo ‘que era mucho pololo para ella’”, agregó.

“Qué voy a decir, es el amor de mi vida, mi princesa. No tengo palabras, al contrario, si yo pudiera sacarla de ahí, la sacaría”, remató el acongojado progenitor.

pie: El hecho ocurrió en la pequeña comuna de Loncoche y tiene conmocionado al país.

Pie: El padre: “Estoy destrozado”.

El silencio habitual de la colonia Montefresco, en la aldea El Pino del municipio de El Porvenir, Atlántida, se rompió abruptamente la noche de ayer 16 de junio.

En un instante, el sonido de las motocicletas precedió a una ráfaga de disparos que transformó una reunión de amigos en una escena de dolor, muerte y desesperación.

Allí, en la entrada de una vivienda donde compartían de forma amena, quedaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes que apenas empezaban a vivir: Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katherine Tatiana Oliva Bardales, de 19 años. Ambas, descritas preliminarmente como amas de casa y unidas por una cercana amistad, se convirtieron en las nuevas víctimas mortales de un ataque armado sorpresivo y despiadado.

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el grupo compuesto por las dos muchachas y tres jóvenes de sexo masculino fue abordado por sujetos fuertemente armados que se conducían en dos motocicletas. Sin mediar palabra alguna, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo, dejando una estela de casquillos y gritos en la escena.

Tras la huida de los sicarios, los cuerpos de socorro y la Policía Nacional se movilizaron con rapidez al sector. Lamentablemente, para Yaritza y Katherine ya no había nada que hacer; los múltiples impactos de bala segaron sus vidas de manera casi instantánea en la entrada del inmueble.

Por su parte, los tres hombres sobrevivientes, identificados como Leonardo Joel Flores (35 años), German Ramos (25 años) y Kevin Ordóñez, presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados de emergencia bajo pronóstico reservado al Hospital Atlántida en la ciudad de La Ceiba.

Mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo el acompañamiento técnico del Ministerio Público, procesaba la escena del crimen buscando indicios para identificar a los autores materiales, a las afueras de la morgue local el dolor se transformaba en palabras.

Desde las tres de la mañana, la madre de Katherine Tatiana esperaba con el corazón destrozado que le entregaran el cuerpo de su hija. En declaraciones a medios locales, recordó con nostalgia el último contacto con la joven: “Se despidió de mí y me dijo que regresaba hoy”.

La madre relató que Katherine no tenía hijos, se dedicaba a los quehaceres del hogar y se encontraba en el lugar junto a su pareja sentimental, quien presuntamente figura entre los heridos ingresados en el centro hospitalario. Al igual que el resto de los familiares de las víctimas en Atlántida, su exigencia ante las autoridades y los cuerpos de inteligencia es rotunda: justicia y que el doble asesinato no quede sumido en la impunidad.

Honduras bajo fuego: el imparable aumento de la criminalidad y los feminicidios

El violento suceso en El Porvenir no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural: Honduras sigue aumentando de manera alarmante sus casos de criminalidad y violencia de género. Pese a la implementación de estados de excepción parciales y el despliegue de fuerzas de seguridad en puntos críticos, el control de los grupos criminales y los ataques con armas de fuego continúan cobrando vidas diariamente, ensañándose de forma particular con las mujeres y los jóvenes.

Las dinámicas de la violencia en zonas como el departamento de Atlántida muestran la vulnerabilidad de las comunidades rurales y semiurbanas ante estructuras delictivas que operan con total impunidad en motocicletas. Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la violencia señalan con preocupación que los homicidios múltiples o masacres donde pierden la vida tres o más personas y los ataques directos en viviendas particulares se han vuelto cotidianos.

El caso de Yaritza y Katherine engrosa las frías estadísticas de muertes violentas de mujeres en el país, una epidemia silenciosa que sitúa a Honduras con una de las tasas de feminicidios más altas de la región de América Latina.