En los dos últimos años, la agenda de las universidades estuvo tomada por el conflicto presupuestario, que tuvo esta semana un nuevo capítulo con el fallo de la Corte Suprema. Frente a la urgencia del reclamo, quedaron postergadas varias discusiones que el sistema se debe desde hace tiempo.

Algunas, sin embargo, fueron avanzando: las universidades comenzaron a adaptar sus carreras al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), una reforma que se aprobó en octubre de 2023 y se terminó de formalizar en abril de 2025, con acuerdo del Consejo de Universidades –que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas y privadas–. La reforma tiene el visto bueno tanto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y fue apoyada tanto por la gestión nacional anterior como por la actual.

Como anticipó Infobae, las universidades tienen tiempo hasta enero de 2027 para adaptar los planes de estudio de las carreras y expresarlos en el sistema de créditos (aunque pueden solicitar hasta dos años más para terminar el proceso). La medida implica un cambio profundo en la forma de organizar los planes: además de las horas de clase, se contabilizará el tiempo que los estudiantes dedican a leer, hacer trabajos prácticos, estudiar para los exámenes y realizar otras actividades fuera del aula.

Hasta ahora, la carga horaria de las materias –y de las carreras– se medía principalmente a partir de las horas de interacción entre docentes y estudiantes. El nuevo esquema incorpora el denominado Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), que contempla el tiempo total necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Cada crédito equivale, en términos generales, a 25 horas de trabajo académico.

La implementación ya está en marcha. Un relevamiento reciente del Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería (Confedi), que reúne a las autoridades de estas carreras en las universidades públicas y privadas, mostró que el 86,5% de las instituciones que integran esa red ya inició acciones vinculadas con el nuevo sistema y que más de la mitad cuenta con normativa institucional específica. El estudio también identificó un desafío compartido: cómo medir el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes.

El foco en el tiempo de estudio

Hasta ahora, un plan de estudios se estructuraba alrededor del tiempo de enseñanza: cuántas horas de clase tenía una asignatura, cuántas horas de laboratorio o de prácticas incluía una carrera. El nuevo sistema busca poner en el centro el tiempo de aprendizaje.

El subsecretario de Planeamiento Académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Pablo Suculini, explicó a Infobae que la institución trabaja para que en 2027 todos los diseños curriculares de las carreras llamadas “del artículo 42” (las que no implican riesgo para la salud, la seguridad o los bienes) estén adaptados al nuevo esquema. “El proceso reviste principalmente una reorganización de contenidos y carga horaria, haciendo foco en el cumplimiento de los objetivos y alcances planteados en las carreras", señaló Suculini.

La UTN adoptó un valor de 25 horas por cada crédito y estableció que los planes de estudio deberán promediar 60 créditos anuales, incluyendo tanto el tiempo de interacción docente como el trabajo autónomo. La cifra implica 1500 horas anuales. A modo de ejemplo, una materia de 6 créditos implicaría unas 150 horas de trabajo académico total, incluyendo clases presenciales o virtuales, lecturas, trabajos prácticos, estudio individual y evaluaciones.

Medir el trabajo autónomo es la cuestión más compleja, coinciden referentes de distintas universidades. ¿Cómo saber cuánto tiempo necesita un estudiante para aprender una materia? Marcelo De Vincenzi, presidente del Confedi y vicerrector de Gestión y Evaluación de la Universidad Abierta Interamericana, considera que la respuesta no puede reducirse a una fórmula única.

“Las materias introductorias, de alta mediación docente, reclaman menos trabajo independiente por hora de clase; las de transferencia, que enfrentan al estudiante a problemas-tipo, reclaman más; las de integración –proyectos, prácticas, trabajos finales–, donde la autonomía es la sustancia misma de lo que se aprende, reclaman muchísimo más”, explicó De Vincenzi a Infobae.

El proceso implica cambiar la lógica de los planes de estudio, en los que muchas veces quedaban equiparadas materias muy dispares entre sí. “La verdadera innovación aparece cuando el crédito deja de ser una simple equivalencia horaria y pasa a reflejar distintos niveles de complejidad, autonomía y responsabilidad profesional. Asignar a cada asignatura un peso según esos criterios convierte la planilla de créditos en un mapa conceptual de la progresión formativa”, sostuvo De Vincenzi.

La idea coincide con buena parte de las recomendaciones que distintas universidades vienen elaborando a nivel interno en los últimos meses: no se trata de convertir automáticamente horas de clase en créditos, sino de revisar los planes actuales y repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Una oportunidad para revisar las carreras

Entre los objetivos que impulsaron la creación del SACAU aparecen la transparencia, la flexibilidad curricular y la movilidad académica. El sistema busca que los estudiantes puedan reconocer con mayor facilidad materias cursadas en otras universidades, realizar intercambios nacionales e internacionales y continuar estudios de posgrado en distintas instituciones. También pretende ofrecer información más clara sobre la dedicación que exige cada asignatura y cada carrera.

El especialista en educación superior Norberto Fernández Lamarra, profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), considera que se trata de “un gran avance” para el sistema universitario argentino.

“Tenemos carreras largas que hay que repensar. Nuestros estudiantes tienen trayectorias que se lentifican y tardan en recibirse mucho tiempo más del previsto por los planes de estudio; muchos de ellos dejan las carreras sin graduarse. Los créditos pueden ser una solución si nos permiten revisar nuestros planes de estudio y comprender la formación universitaria desde su complejidad y no solo por el tiempo que los estudiantes están en el aula”, explicó a Infobae.

Fernández Lamarra recordó que Europa adoptó sistemas similares a partir del “Proceso de Bolonia”, que facilitó la integración y la internacionalización universitaria. En Argentina, sin embargo, los problemas que se busca resolver son otros: entre ellos, la duración efectiva de las carreras y las dificultades de los estudiantes para graduarse.

El especialista advirtió que la implementación requiere de un proceso participativo de revisión de las carreras. “Sería un error creer que se trata de una simple cuenta matemática que nos permita convertir horas de clase en créditos. La asignación de créditos por materia debe ser resultado de un proceso de reflexión por parte de cada equipo y de cada carrera”, sostuvo.

“Ojalá los créditos nos lleven a un proceso de reflexión genuino y participativo sobre nuestros planes de estudio”, expresó Fernández Lamarra. Y agregó: “Profesores, estudiantes y directores de carrera deben involucrarse en este cambio que supone una nueva concepción”.

Mónica Marquina, investigadora del Conicet y profesora de la UBA y la UNTREF, coincidió con esta mirada: “La principal dificultad es considerar el sistema de créditos como un instrumento de conteo de horas y conversión automática, en lugar de aprovechar esta oportunidad para revisar los planes de estudio y considerar todo el esfuerzo de trabajo del estudiante. Eso requiere no aplicar una fórmula ni una multiplicación, sino estar dispuesto a cambiar hacia un modelo pedagógico mucho más centrado en el estudiante”.

Marquina subrayó que la medición del trabajo autónomo no puede hacerse sin la participación estudiantil: “Los estudiantes son los que mejor saben cuánto tiempo les lleva leer los materiales, hacer los trabajos prácticos o prepararse para las evaluaciones. Si este proceso no cuenta con ellos, estaremos perdiendo información fundamental para construir planes de estudio razonables”, sostuvo.

Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en educación superior, introduce otra dimensión del desafío: la necesidad de construir sistemas de información más robustos. “La principal dificultad radica en que el sistema de créditos exige medir y estandarizar la carga real de trabajo del estudiante, algo que en Argentina no forma parte de la cultura institucional ni de los mecanismos de aseguramiento de la calidad”, señaló el especialista.

El experto subrayó que el nuevo esquema puede convertirse en una oportunidad para modernizar la gestión universitaria. “Lo positivo es que esta nueva modalidad forzará a las universidades a ser más rigurosas en su planificación estratégica. El cambio no solo introduce un nuevo paradigma curricular, sino que abre una oportunidad para que las instituciones aprendan y modernicen su gestión”, afirmó Rabossi.

Rabossi resaltó que el nuevo esquema puede contribuir a flexibilizar carreras tradicionalmente extensas: “Es una oportunidad para acortar las carreras de grado, crear ciclos comunes que faciliten la movilidad estudiantil entre carreras y universidades, y dejar las competencias más específicas para el nivel de posgrado”.

Algunos riesgos de la reforma

Los especialistas consultados por Infobae señalaron también algunos riesgos en la implementación del sistema. Según Rabossi, muchas universidades todavía no cuentan con datos sistemáticos sobre las trayectorias de sus alumnos ni con herramientas consolidadas de seguimiento académico.

“La falta de cultura informativa y estadística más cierto desorden de gestión que caracteriza a algunas universidades dificulta la adopción de un sistema de créditos. Sin sistemas de información, encuestas de carga horaria autónoma o mecanismos de seguimiento de estudiantes, los créditos pueden volverse una ficción”, advirtió. Y agregó: “El riesgo es que se implemente de manera meramente declarativa, sin datos y estadísticas reales sobre la carga de trabajo de los estudiantes”.

Marquina planteó una preocupación similar: que la reforma se limite a “traducir” los planes en créditos académicos, sin hacer transformaciones más profundas. “El riesgo es que, ante el interés de no cambiar demasiado, se apliquen los créditos de manera tal que cierren los números, pero los planes de estudio sigan quedando muy compactados y el problema de la duración de las carreras no se resuelva”, afirmó.

Además, aunque uno de los objetivos declarados del SACAU es facilitar la movilidad académica, Marquina advirtió que hasta ahora no se establecieron mecanismos específicos de articulación y diálogo entre instituciones. “El sistema europeo se construyó para favorecer el reconocimiento mutuo y la movilidad. En Argentina todavía falta avanzar en esa dimensión”, señaló.

Carlos Muñiz, secretario académico de la Universidad Católica Argentina (UCA), coincidió en que la implementación debe aprovecharse para revisar en profundidad los proyectos formativos: “El desafío es que este cambio no sea meramente administrativo. Debe ser una instancia a partir de la cual se revisen contenidos, metodologías, evaluaciones y prácticas”, afirmó.

Muñiz destacó que la organización en créditos permite construir diseños curriculares más realistas, pero reconoció que la normativa vigente también introduce tensiones. “Se imponen ciertas rigideces en el diseño de los planes de estudio que van a hacer compleja la transición, y que probablemente redunden en una disminución significativa de la carga horaria de los grados”, advirtió. Y subrayó: “Las instituciones debemos extremar los recaudos para evitar que este cambio se realice en menoscabo de la formación de los estudiantes”.

Cómo se preparan las universidades

Las universidades argentinas, tanto públicas como privadas, ya están trabajando para adaptarse al nuevo sistema. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboró documentos base y guías de orientación para acompañar a las 15 facultades y a los dos colegios preuniversitarios en los procesos de rediseño curricular. También organizó talleres para revisar y proyectar los nuevos planes de estudio, según dijeron a Infobae.

De acuerdo con la evaluación realizada por la propia universidad, una de las discusiones más relevantes que abrió este proceso es la brecha entre la duración teórica y la duración real de las carreras, una preocupación que el CIN viene planteando desde hace años. “La implementación de este sistema no ha generado mayores objeciones en las unidades académicas”, informaron desde la UNC.

Según información difundida por las propias instituciones, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) está trabajando junto con sus 17 facultades en la adecuación de sus trayectos formativos. También han difundido avances en la implementación las universidades nacionales de Rosario (UNR), Cuyo (UNCuyo), el Litoral (UNL) y La Matanza (UNLaM), entre otras.

Esta semana, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) actualizó su normativa para ponerse en sintonía con las resoluciones oficiales sobre el sistema de créditos. “La implementación o adecuación de esta normativa se realiza a medida que avanza la reforma curricular, es decir, la modificación de los planes de estudio de las diferentes carreras”, dijeron a Infobae desde la institución.

Las universidades privadas también deben ajustar sus planes al nuevo sistema. “En la UCA asumimos la implementación del SACAU como parte de una política de mejora académica. Una organización en créditos permite hacer más transparente la carga de trabajo total, pensar un diseño más realista de los planes de estudio y favorecer la movilidad internacional”, dijo Muñiz, secretario académico de la institución, a Infobae.

En la Universidad Austral, en tanto, el proceso incluyó un estudio comparado de experiencias internacionales y la realización de simulaciones en carreras de distintas áreas. “Focalizamos en la estimación de las horas de trabajo autónomo del estudiante, que es la dimensión más compleja de medir”, explicó Álvaro Barrachina, director de Planeamiento y Procesos Académicos de la Austral.

Esas pruebas les permitieron detectar dificultades concretas, especialmente en la distinción entre horas de interacción pedagógica y trabajo autónomo y en la necesidad de evitar que la medición refleje el formato de una materia más que el esfuerzo real que demanda aprenderla. “Más allá de cumplir con la normativa, nos interesa que el CRE represente con fidelidad el trabajo real de los estudiantes y que funcione como una oportunidad para innovar en el diseño curricular de nuestras carreras”, señaló Barrachina.

Si bien la implementación plantea varios desafíos, para los especialistas consultados la reforma implica un avance y una oportunidad para repensar las carreras universitarias: un debate que venía quedando relegado por la emergencia económica generada por el recorte del presupuesto nacional. También desde el CIN venían planteando la necesidad de resolver las urgencias para poder abordar una agenda más estratégica y orientada al futuro.

“Creo que el SACAU representa un avance significativo y necesario porque introduce un lenguaje común de carga académica en un sistema –como el argentino– históricamente fragmentado y de baja articulación. Lo positivo, además, es que permite ordenar planes de estudio, mejorar la comparabilidad entre instituciones y alinear la educación superior con estándares regionales e internacionales”, planteó Rabossi.

Marquina concluyó: “Muchas de las resistencias tienen que ver con actitudes conservadoras frente al cambio. Pero en un mundo donde se modifican las formas de trabajar, los perfiles de los estudiantes y las competencias que demanda la sociedad, también es necesario transformar los planes de estudio y las maneras de enseñar”.

Luego de la incautación de 15 millones de litros de combustible en el estado de Coahuila, comenzaron las investigaciones para dar con los presuntos responsables, mismas que arrojaron al exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su relación indirecta con la empresa Lambrucat.

La gobernadora, Marina del Pilar, señaló que de acuerdo con la fiscalía del estado, el exgobernador es parte de la investigación por la probable relación de tráfico de combustible.

En este contexto, varias empresas dedicadas al transporte, importación, exportación y almacenamiento de hidrocarburos operan con aval oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), aunque parte de ellas han sido investigadas por prácticas ilícitas relacionadas con el robo de combustible.

Lambrucat es señalada en actos de tráfico de combustible y vinculada indirectamente con el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien declaró que la inclusión de la empresa en la lista de comercializadoras fue una propuesta del Gobierno Federal y que se actuó conforme a las autorizaciones vigentes.

De la ordeña directa de ductos a manejar grandes volúmenes desde plantas industriales, así es como ha evolucionado la operación de los grupos delictivos dedicados al tráfico de combustible, además se fortaleció la modalidad del denominado huachicol fiscal: combustible que ingresa con documentos alterados o subregistrados ante autoridades aduaneras.

En la última incautación relevante, se detectaron 15.5 millones de litros de combustible, de los cuales una mínima parte tenía documentación regularizada.

¿Qué se ha descubierto con las primeras investigaciones?

Entre los involucrados, según investigaciones federales y estatales, aparecen empresarios y políticos de Baja California ligados a la empresa Ingemar S.A. DE C.V., incluyendo a Ruffo Appel, el empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro y el socio extranjero José Merino Cuervo.

Estos empresarios y políticos han sido señalados en diferentes momentos por sus nexos con empresas que, a pesar de tener luz verde oficial para operar, han sido mencionadas en investigaciones sobre robo y comercialización irregular de hidrocarburos.

En el caso de Ingemar S.A. DE C.V., antes de recibir cuatro concesiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se registraron conflictos internos entre accionistas y posteriores disputas legales por la posesión de acciones y el control de la empresa.

Otras compañías relacionadas y bajo investigación incluyen Labrucat y Combustibles y Derivados Belar S.A. de C.V.; esta última ha detenido y reanudado operaciones en varias ocasiones por sanciones de las autoridades hacendarias.

Ruffo sostiene que parte de la sociedad surgió para proyectos portuarios en El Sauzal, Ensenada, y que su rol directo en la importación o manejo ilegal de combustible ha sido inexistente.

No obstante, los otros socios de Ingemar sostienen que hubo maniobras para relegarlos y que el otorgamiento de los permisos solo benefició a quienes ya controlaban la empresa.

Ricardo Thomson Ramírez y su hijo expresaron que la reducción de sus acciones se realizó sin notificación y con la finalidad de beneficiarse privadamente de las utilidades generadas por los permisos de importación concedidos durante el sexenio anterior.

En el listado de empresas mencionadas en investigaciones de 2025 destacan Mefra Fletes, IPS, Autolíneas Roca, Montimez, Grupo Petrotamps y Distribuidora Industrial; todas operan en diferentes nodos logísticos y de transporte.

En la habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la inconformidad de los distribuidores de gas LP por la “Tarifa de Distribución” fijada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual consideran insuficiente para cubrir sus costos operativos y de mantenimiento.

“Me tocó cuando fui jefa de Gobierno el esquema de poner un precio máximo al gas LP y fue muy bueno, en su momento también PEMEX hizo la tarea del Gas Bienestar que ayudó mucho también”, recordó la mandataria.

“En la zona metropolitana del Valle de México era donde más caro se vendía el gas LP, un precio altisisímo, hay reuniones permanentes de la Secretaría de Energía con los gaseros, lo que nosotros no queremos es afectar la economía familiar porque tenían unos gastos altísimos”, argumentó.

“Que sean los costos que tengan, no los costos que dicen que tienen”, opinó la titular del Poder Ejecutivo quien a su vez cedió la responsabilidad del asunto a la SE.

Contexto

Desde febrero de este año, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), alertó que la situación financiera del sector se agravó por la imposición de la “Tarifa de Distribución” que provocó una reducción de hasta el 50%.

Ante tal situación, los empresarios señalan que con la cantidad impuesta de 2 pesos, no alcanza para cubrir los gastos operativos para la entrega a domicilio del carburante; con lo cual tienen complicaciones para cubrir conceptos como pago de nómina, combustible, mantenimiento del equipo -llantas, válvulas, mangueras-, costo de insumos y servicios.

Por tal motivo, proponen incrementarla a 4.25 pesos para garantizar una distribución segura y continua.

Mediante un comunicado, los afectados advirtieron que no están en contra de la política energética y del control de precios al público impuesta por el gobierno federal, de igual forma se comprometieron a mantener un precio asequible para los consumidores, “reiteramos el compromiso de continuar con el esfuerzo para garantizar la cobertura del suministro” cumpliendo con los estándares de calidad en el servicio y seguridad en las operaciones.

“Los permisionarios de distribución de Gas L.P. apoyamos la política de precios máximos en beneficio a consumidores, priorizando la seguridad, el abasto y el sevicio continuo”, aseguraron.

Finalmente, exhortaron a las autoridades la revisión de la fórmula y los criterio utilizados para determinar la tarifa en cuestión ya que “el hacerlo permitirá contar con precios asequibles para los consumidores y una Tarifa de Distribución que cubra los costos, gastos e inversiones de la actividad permisionada”, indicaron.

Un grupo de gaseros procedentes del municipio mexiquense de Ecatepec realizan un bloqueo en la carretera federal México-Pachuca, a unos dos kilómetros de las inmediaciones del paradero de Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, para exigir una revisión en las políticas de precios y comisiones del gas LP, situación que está provocando un severo caos vial que abarca más de dos kilómetros de vehículos varados.

Por tal motivo, cientos, miles de usuarios del transporte público intentan llegar a pie para acceder a otros medios de transporte o a sus centros de trabajo.

Trascendió que los inconformes pretendían llegar a la sede de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para realizar su exigencias, pero les comunicaron que les frenarían el paso hacia la institución, ubicada en avenida Barranca del Muerto y Anillo Periférico, por lo que decidieron hacer el bloqueo.

Ante la situación elementos de la Policía de Tránsito de la CDMX auxilian con sus patrullas a los usuarios del transporte público para acercarlos a la estación del metro.

Problema sin resolver

“No al huachicol, sí a la distribución formal con una tarifa de distribución justa”, refieren las mantas que fueron instaladas en los tanques de cada pipa, en clara alusión al tema del “gaschicoleo” que ocurre en Ecatepec y en otros municipios del Estado de México como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, de los cuales INFOBAE ha informado.

Desde semanas atrás, el tema de la proliferación de las gaseras clandestinas es un asunto del cual ya saben las autoridades estatales y federales debido a las peticiones de ayuda que ha realizado la munícipe Azucena Cisneros Coss para su resolución e inmediata intervención, incluso se les entregó un reporte en el cual se informó de la participación de al menos 10 grupos delictivos relacionados con este ilícito.

Información en desarrollo...

En los últimos años se ha dado un fenómeno de crecimiento de gaseras clandestinas que se han instalado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, porque operan sin permisos, sin las mínimas condiciones de seguridad, sin personal capacitado, incumplen con la NOM-003-SEDG-2004, tienen tanques en mal estado, válvulas caducas y equipo con mal funcionamiento.

A plena luz del día es posible adquirir gas LP robado por el crimen organizado a empresas legalmente establecidas y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Tal situación ha desencadenado una competencia desleal y un golpe económico para aquellas gaseras que si cumplen con las normativas impuestas por el gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI) y la Secretaría de Movilidad estatal.

La investigación

Un estudio realizado por el sector gasero refiere que el robo de gas LP ha tenido un crecimiento exponencial, ya que en las últimas dos décadas se han registrado 11 mil 819 tomas clandestinas en ductos por donde moviliza el fluido PEMEX, lo cual afecta directamente al Estado Mexicano, la seguridad pública y a la actividad permisionada en la economía.

De igual forma el gremio afectado sostiene ante las autoridades que existen más de 100 gaseras clandestinas que operan sin ningún permiso y violando el Plan de Desarrollo Urbano, la Ley de Protección Civil estatal y municipal.

Se destaca que los principales estados donde se registra el huachigas son Veracruz, Puebla, Estado de México y Tlaxcala; así como en varios municipios mexiquenses de la zona oriente como Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Chimalhuacán.

“Las gaseras clandestinas son un botín para las autoridades municipales y estatales, se dedicaron a cobrarles mensualmente una cuota que van de los 150 mil a 200 mil pesos para seguir operando en la impunidad, no les importan poner en riesgo a la población”, manifestó un activista afectado quien junto con sus vecinos solicitó la clausura de una gasera clandestina ubicada frente a una escuela.

De igual forma las denuncias vecinales y de las empresas afectadas ante la Fiscalía del Estado de México señalan y acusan que en el gobierno del exedil Fernando Vilchis Contreras, ese tipo de negocios prosperaron.

El problema y la corrupción es de tal magnitud que incluso se descubrió que supervisores y delegados de Protección Civil estatal reciben moches de tales negocios ilícitos, lo que llevó a la actual alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, intervenir para su regulación y solicitar el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para resolver la problemática heredada, sin que hasta el momento haya respuesta para ello.

Literalmente la situación es una bomba de tiempo debido a los riesgos que pueden generar como fugas de gas, incendios o explosiones, ya que las gaschicoleras se ubican frente escuelas, mercados, unidades habitacionales, hospitales o centros de reunión, infringiendo todo tipo de normativas de protección civil y seguridad.

El 11 de enero de 2021 fue la primera vez que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puso en la palestra pública la intención de desaparecer los organismos autónomos del país luego de reunirse con su gabinete legal y ampliado para integrar un primer borrador para reformar la estructura de la administración pública.

A partir de entonces, un día sí y al otro también, en sus conferencias AMLO aprovechó para subir el tono de los argumentos y reclamos para justificar la desaparición de dichas instituciones.

“Son autónomos del pueblo y del gobierno, pero no autónomos de las empresas particulares, además se les paga con dinero del pueblo, del presupuesto. La eliminación se dará sin afectar a los trabajadores de base, ya que todos quedaran adheridos a las dependencias federales, crearon un gobierno alternativo”, aseguró en su momento el mandatario.

Fue así que se empezó a gestarse la erradicación de las siguientes instituciones:

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
• Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
• Comisión Reguladora de Energía (CRE).
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El momento

El 5 de febrero, meses antes de culminar su mandato, AMLO envió al Congreso 20 iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas la de “Eliminar las dependencias y organismos autónomos onerosos”.

“Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia.”, expresó en su momento.

Semanas antes de terminar su gobierno, comenzaron a aprobarse, previo en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores, las iniciativas presidenciales, primeramente y la más importante la Reforma al Poder Judicial, hasta que le llegó su turno a la concerniente.

Por supuesto que el tema generó controversia respecto a si era conveniente o no su eliminación; en diversos foros hubo debates sobre el asunto, inclusive los titulares de las dependencias en cuestión usaron cualquier medio a su alcance, público o privado, para manifestar y defender las funciones de los mismos, como ocurrió con los comisionados de INAI al reunirse con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la reciente titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el 16 de octubre.

De igual modo solicitaron audiencias con los legisladores para tratar de generar conciencia sobre la gravedad del asunto como ocurrió el 4 de noviembre con el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

De los cuestionamientos y reclamos más recurrentes se ha destacado que al no haber contrapesos de órganos separados del gobierno cómo es que se garantizaría su funcionamiento adecuado, es decir, que el Estado no puede ser juez y parte en los procesos de transparencia, evaluación, auditoría, avances, alcances y calificación de la actividad gubernamental, sino hay algo o alguien que estipule parámetros con base a análisis, estudios, investigaciones, evaluaciones internas y foráneas que permitan comparar si realmente se hace lo adecuado o no en las decisiones del país.

La presidenta

El 1 de octubre, tomó posesión de la titularidad del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México, quien desde las labores y trabajos de transición, su antecesor le endosó la continuidad de las iniciativas que presentó en el mes de febrero.

Desde entonces a la fecha la mandataria, comprometida con los ideales de la Cuarta Transformación, se involucró y también ha contestado lo cuestionamientos al respecto como cuando se dijo que la eliminación del IFT contraponía al TMEC, en el cual se estableció que lo referente al ámbito de las telecomunicaciones debe ser regulado por un autónomo, no solo con personalidad jurídica, sino con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, lo cual tuvo que explicar.

“El IFT divide sus funciones en tres instituciones. Una de ellas, la más técnica, quedará adscrita a la Agencia Digital, otra quedará como un organismo descentralizado que estará sectorizado a la Secretaría de Economía (...) y el otro organismo dependerá de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual tendrá entre sus competencias, la regulación de las radios comunitarias, entre otros temas”, manifestó.

O cuando recriminó la labor de la COFECE al culparla de haber frenado el crecimiento de las paraestatales del país, “La COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas (...) Las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal particularmente el sexenio de 2012 a 2018, vean lo que hicieron con PEMEX y con la CFE”, señaló.

“El Estado está recuperando una visión y las empresas públicas son empresas públicas que no pueden considerarse como monopolios”, aseveró Sheinbaum Pardo.

Se oficializó

En la edición vespertina del 21 de diciembre del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el decreto que formaliza la desaparición de las mencionadas instituciones, luego de que su extinción fuera aprobada en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe decir, que reiteradamente la mandataria ha señalado que los recursos que anteriormente recibían dichos entes serán destinados para todos los programas del bienestar -los vigentes y los de nueva creación-, de igual ha asegurado que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados en todo momento.

A partir de lo decretado el Congreso tendrá 90 días naturales, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para cumplimentarlo. Los órganos desaparecidos serán integrados a dependencias u entidades de la administración pública federal de la siguiente manera:

• INAI → Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
• COFECE → Secretaría de Economía.
• CRE y CNH → Secretaría de Energía.
• IFT → Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
• CONEVAL → INEGI.
• MEJOREDU → Secretaría de Educación Pública.

Es así que lo que comenzó con una idea concluyó con la desaparición de instituciones determinantes para el desarrollo del país, algunas de ellas con una labor destacada, de otras tantas quedó en entredicho, no obstante, el devenir de los años, el tiempo, dirá si fue lo mejor.