El sector agropecuario atraviesa un cierre de año marcado por la dinámica y los cambios, en un contexto que comenzó con incertidumbre económica y política, pero que fue reconfigurándose tras el proceso electoral. Para Confederaciones Rurales Argentinas, el nuevo escenario permite proyectar con mayor previsibilidad el corto y mediano plazo, aunque persisten focos de preocupación. “Fue un año interesante, de mucho movimiento. Veníamos de una situación complicada y, después de las elecciones, el rumbo se fue clarificando”, señaló Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, al trazar el balance del período en el programa Chacra Agro Continental.

De cara al próximo año, el dirigente explicó que "el clima sigue siendo una variable central" con la que el productor convive de manera permanente, mientras que la ganadería y algunos cultivos muestran precios más firmes. Sin embargo, advirtió que las economías regionales son hoy el eslabón más vulnerable del entramado productivo.

“El problema más grande fue el reacomodamiento de precios, que no estuvo acompañado por el valor de los productos. Los costos subieron fuertemente y los márgenes se achicaron”, afirmó. En ese sentido, mencionó aumentos significativos en combustibles, insumos y logística, además del impacto de las importaciones en producciones como hortalizas y cultivos intensivos.

Otro de los puntos críticos señalados por Luna Vázquez es la presión tributaria, tanto a nivel provincial como municipal. Luna Vázquez calificó como “una locura” el incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que, tras el recorte de recursos nacionales, “la respuesta de muchas jurisdicciones fue aumentar impuestos, lo que termina elevando los costos para toda la economía”.

En este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas presentó una propuesta integral de reforma tributaria orientada a incentivar la inversión productiva. El documento incluye, entre otros puntos, ajustes en Ganancias, amortizaciones aceleradas, devolución ágil de IVA, revisión de Bienes Personales sobre activos productivos y la eliminación gradual de los derechos de exportación. “Es el camino hacia donde queremos ir: impuestos que se adecúen a la realidad productiva”, remarcó.

Finalmente, el dirigente agropecuario volvió a poner sobre la mesa la inseguridad rural. La entidad reimpulsó un proyecto de modificación del Código Penal para agravar penas ante intrusiones en campos con fines delictivos. “Vamos a insistir para que tenga tratamiento legislativo, porque es una preocupación creciente en el interior productivo”, concluyó Luna Vázquez.

En los próximos 73 días, Bogotá podría enfrentar una crisis sin precedentes en la recolección de basuras; a partir del 11 de febrero de 2026, los contratos actuales con las operadoras encargadas de recoger los residuos en la ciudad terminarán, y la capital del país se verá obligada a entrar en una fase de libre competencia.

Esto significa que las empresas recolectoras podrán decidir qué áreas cubrirán, cómo lo harán, y qué tarifas aplicarán. Aunque el modelo de libre competencia promete ofrecer más opciones, también genera una gran incertidumbre sobre cómo se gestionarán las zonas más periféricas y difíciles de acceder, aquellas que históricamente han sido las más afectadas por la falta de cobertura.

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En las calles de Bogotá, las montañas de basura se acumulan cada vez más, al afectar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se convirtió en un problema que no solo afecta la estética de la ciudad, sino la salud pública, y es en este escenario, que la actual administración de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) se enfrenta a un desafío monumental.

Armando Ojeda, que asumió la dirección de la entidad en septiembre de 2025, intentó tranquilizar a la ciudadanía, al señalar que con la entrada en vigor del modelo de libre competencia, se garantizará la recolección de basuras. Este nuevo modelo permitirá que las empresas recolectoras definan las rutas y áreas de servicio, lo que podría llevar a la llegada de nuevos actores al mercado.

Sin embargo, hay un grave vacío en cuanto a las garantías para las zonas más apartadas o de difícil acceso, donde la producción de desechos no solo es mayor, también es más difícil de gestionar.

El modelo de libre competencia sustituirá las Áreas de Servicios Exclusivos (ASA), un sistema que hasta ahora permitió a las autoridades controlar de manera más centralizada la recolección, pero con la desaparición de estas, las empresas ya no estarán obligadas a operar en todas las zonas de la ciudad, lo que genera una mayor incertidumbre en cuanto a la cobertura del servicio.

Por otro lado, el nuevo director de la Uaesp destacó que, con el modelo de libre competencia, Bogotá no solo podrá ampliar la oferta de empresas recolectoras, sino que se mejorará la eficiencia del servicio. Según Ojeda, la ciudad recoge entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura diarias, y a pesar de la complejidad del servicio, se buscará asegurar su continuidad mediante mecanismos de control más estrictos. No obstante, las dudas persisten entre los ciudadanos y los líderes que conforman el Concejo Distrital.

De hecho, el director de la Uaesp, habló sobre el comportamiento de las toneladas de residuos que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana, durante una intervención en el Consejo: “Si bien hay una creciente producción de residuos, también se trabaja en una mayor recolección de estos”.

Una de las principales preocupaciones radica en la falta de claridad respecto a las empresas que finalmente asumirán la recolección de residuos, así como los plazos para la implementación del nuevo sistema.

Las licitaciones para las nuevas operadoras solo podrán empezar después de que la Comisión de Regulación de Saneamiento Básico y Agua Potable (CRA) apruebe la verificación de motivos presentada por la Uaesp. Este proceso podría extenderse hasta por un año, lo que aumenta el riesgo de que la ciudad enfrente un vacío en el servicio de recolección.

Aunque desde la administración de la Uaesp se aseguró que no hay riesgo de una crisis inmediata, pues las operadoras actuales se comprometieron a continuar prestando el servicio hasta que se resuelvan las licitaciones, el Concejo Distrital advirtió que, de no lograrse una solución rápida, cerca de 300.000 usuarios podrían verse afectados por la falta de recolección a partir del 11 de febrero.

A pesar de los esfuerzos de la administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, para acelerar la transición hacia el nuevo modelo, aún hay muchas incertidumbres sobre cómo se implementará la estrategia. Un aspecto clave es la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), que también debe ser revisado y ajustado a los nuevos lineamientos del modelo de libre competencia.

Esto permitirá a la Uaesp tener un mayor control y, en caso de que las empresas incumplan con su labor, hacer uso de los recursos legales disponibles, incluida la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por el proyecto de Nuevo Marco Tarifario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que impulsa la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Según Asocapitales, la implementación de la propuesta podría afectar la calidad y continuidad en la prestación de estos servicios básicos en las ciudades capitales, además de poner en riesgo la autonomía de los gobiernos locales.

Así lo expresó la asociación en un oficio formal enviado a la CRA, en el que solicita ajustes técnicos para garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los sistemas públicos en el largo plazo.

De acuerdo con la entidad, el diseño regulatorio actual genera tensiones operativas y financieras que comprometerían la capacidad de los municipios para asegurar la prestación, el financiamiento y la planeación de los servicios, conforme a las competencias que la Ley 142 de 1994 otorga a los alcaldes como responsables directos de los mismos.

Asocapitales recomendó a la CRA adoptar mecanismos que permitan preservar la autonomía territorial en materia de servicios públicos y que faciliten una transición gradual a los nuevos modelos tarifarios, sin afectar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales.

La asociación estima que las decisiones regulatorias, tomadas sin un análisis de impacto suficiente, tendrían un efecto directo sobre las finanzas municipales y el equilibrio de los sistemas locales.

Aunque Asocapitales respalda los objetivos del Gobierno nacional de avanzar hacia una economía circular y optimizar la gestión de residuos, subraya la importancia de que estos cambios normativos se construyan en diálogo con los gobiernos locales, para que la transición sea equitativa y compatible con las capacidades reales de los territorios.

El proyecto de la CRA propone que los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado se clasifiquen en cuatro segmentos, según sus costos operativos y administrativos, e incorpora incentivos para el uso de energías renovables.

Además, establece que los activos solo podrán trasladarse a la tarifa una vez entren en operación, y que los recursos no invertidos deberán devolverse en un plazo de hasta un año.

Para el servicio de aseo, la regulación propuesta busca:

• Fortalecer el control sobre la sostenibilidad hídrica.
• Exigir la devolución de recursos no ejecutados.
• Reducir pérdidas de agua.
• Dar protagonismo a las opiniones de los usuarios sobre la calidad.

La CRA ha dado a conocer dos propuestas de marcos tarifarios para consideración pública, con el propósito de mejorar cobertura, calidad y continuidad en la prestación de estos servicios para el año 2026.

No obstante, Asocapitales alerta que aún faltan estudios y debates para medir el verdadero impacto económico y social tanto en usuarios como en operadores y gobiernos.

En su análisis técnico y jurídico, Asocapitales concluye que la iniciativa, si bien busca eficiencia y sostenibilidad, presenta riesgos para la estabilidad financiera de los servicios públicos y la sostenibilidad fiscal local.

Por tal motivo, la asociación solicita a la CRA realizar un análisis de impacto normativo y fiscal para cuantificar los posibles efectos económicos, sociales y financieros del nuevo marco.

Asimismo, solicitan la publicación de los modelos y bases de datos que sirvieron como sustento técnico, y la creación de un mecanismo permanente de diálogo entre la CRA, los municipios y sus asociaciones, para garantizar la participación de los gobiernos locales en la elaboración de las normas.

Las preocupaciones de Asocapitales se suman a las expresadas por recicladores, empresarios del sector, entidades territoriales, el Ministerio de Vivienda y expertos en servicios públicos, quienes han advertido sobre la importancia de asegurar transparencia, inclusión y rigor técnico en cualquier ajuste tarifario futuro para evitar contratiempos para las partes involucradas.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció la suspensión inmediata del proceso administrativo que buscaba definir una nueva metodología tarifaria para el servicio público de aseo en municipios y distritos urbanos con más de 5.000 suscriptores.

Esta determinación se formalizó mediante la Resolución 823 de 2025 de la Unidad Administrativa Especial - CRA, expedida el 29 de octubre de 2025 y firmada por su directora ejecutiva, Nelly Mogollón Montañez.

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La medida adoptada por la CRA surge tras la recusación interpuesta contra la experta comisionada Ruth Maritza Quevedo Fique, presentada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones el 27 de octubre de 2025.

El recurso, registrado oficialmente bajo el número 20253210136292, está dirigido a apartar a la funcionaria del trámite sobre la resolución orientada a modificar el esquema tarifario de los prestadores del servicio de aseo para municipios y distritos que superan los 5.000 usuarios en zonas urbanas.

De acuerdo con la legislación colombiana, específicamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cualquier actuación administrativa debe ser suspendida desde el momento de la presentación de una recusación hasta que se resuelva su validez.

La Resolución 823 de 2025 aclara que “la actuación administrativa para la adopción de fórmulas tarifarias del proyecto de resolución queda suspendida desde la presentación de la recusación radicada el 27 de octubre de 2025 y hasta cuando la decisión de la misma quede en firme”.

¿Qué aspectos regulaba el proyecto suspendido?

El proyecto de resolución suspendido contemplaba la modificación del Título 2, Parte 3, Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, la cual establece la metodología tarifaria vigente para los prestadores de aseo en municipios y distritos urbanos con gran número de usuarios. Esta iniciativa se publicó para comentarios y observaciones de la ciudadanía el 29 de julio de 2025, tanto en la página web oficial de la CRA como en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), garantizando tres meses para la participación y el análisis público.

La CRA explicó que las observaciones y propuestas remitidas por la ciudadanía durante el periodo de suspensión se tramitarán únicamente una vez se levante la suspensión. De este modo, cualquier insumo enviado por actores sociales, empresas o particulares quedará en espera hasta que se resuelva la situación jurídica de la funcionaria recusada y se restablezca el procedimiento administrativo.

Implicaciones para prestadores y usuarios

Dada la suspensión oficial, el proceso de construcción y expedición de nuevos marcos tarifarios para el servicio público de aseo permanecerá detenido hasta que concluya la revisión de la recusación presentada. Las tarifas actualmente en vigor continuarán aplicándose de manera regular y ningún requisito, cambio o actualización normativa podrá implementarse durante este lapso.

La Resolución 823 de 2025 señala expresamente la obligación de publicar el documento en los canales oficiales de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el Diario Oficial y en el Sistema Único de Consulta Pública SUCOP. También ordena la notificación directa de la medida a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.

Marco jurídico y funciones de la CRA

La CRA recordó en su comunicación oficial que todos sus procedimientos y actos administrativos se enmarcan en las disposiciones de las leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011, así como en los decretos y resoluciones que regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.

En particular, enfatizó que el desarrollo de nuevas metodologías tarifarias debe realizarse bajo los principios de legalidad, debido proceso, imparcialidad, igualdad de condiciones y garantía de la participación efectiva de los interesados.

El contenido del proyecto de resolución suspendido respondía a la necesidad de actualizar el esquema tarifario contemplado en la Resolución CRA 943 de 2021, instrumento que ha sido objeto de modificaciones y depuración a través de las resoluciones CRA 999 de 2024 y CRA 1004 de 2024. El objetivo de la nueva metodología era ajustar el cobro y la fijación de las tarifas de aseo en función de los cambios demográficos, operativos y normativos observados en los últimos años.

Suspensión condicionada a la decisión sobre la recusación

La resolución actualmente vigente establece que la suspensión operará hasta que quede en firme la decisión sobre la recusación presentada contra la comisionada Ruth Maritza Quevedo Fique. Una vez se determine la validez o se rechace la recusación, el trámite administrativo retornará a su curso ordinario y se reanudará el análisis y decisión sobre las tarifas del servicio de aseo para los municipios y distritos involucrados.

Las autoridades de la CRA insistieron en que la información sobre el estado y evolución del proceso tarifario será divulgada a través de sus medios oficiales, en cumplimiento del principio de transparencia y en garantía del derecho a la información de todos los usuarios, empresas y actores involucrados en la prestación de los servicios de aseo.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.

“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.

El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.

“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto.

Desde Rosario

La reacción de CRA se sumó a una similar de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) desde donde también se pidió la reducción inmediata y significativa de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industrial. La entidad insiste en la necesidad de avanzar con reformas tributarias y laborales que permitan reactivar la economía.

“La Sociedad Rural de Rosario reclama con firmeza, históricamente y ahora, la baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria y dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral, para reactivar el país”, aseguró en un comunicado.

“La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. Exigimos que equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”, manifestó la SRR.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga. No hay futuro con retenciones. Hay presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores. El campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno y todo el abanico político”, concluyó.

El Gobierno había dispuesto retenciones en 0% para los principales granos y subproductos durante un período transitorio: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las ventas al exterior alcanzaran los USD 7.000 millones, según ocurriera primero. La meta de ventas se alcanzó en solo 72 horas.Con información de NA

De acuerdo con la directora ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, la medida busca garantizar tarifas justas, en línea con la política de servicios públicos del Gobierno. “Se ha estado cobrando a los suscriptores por obras de inversión no ejecutadas, debido a que ya no se consideran necesarias para garantizar la calidad y continuidad en el servicio. Sesenta proyectos de inversión cobrados no se llevarán a cabo y, por lo tanto, no deberían haberse cobrado”, señaló la funcionaria.

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¿Cómo será la reducción en las facturas de agua?

La modificación de la fórmula tarifaria se traducirá en un alivio económico directo para los hogares de estas ciudades:

• Bogotá: disminución del 2,6% en el consumo de agua y del 3,4% en alcantarillado.
• Soacha: la reducción será mucho más significativa, llegando hasta el 11,8%.
• Gachancipá: los usuarios verán un descuento del 2,5% en sus recibos.

Aunque los porcentajes puedan parecer moderados en algunos casos, en municipios como Soacha el alivio se sentirá de manera contundente en los presupuestos familiares, especialmente en estratos medios y bajos.

El origen de la medida: proyectos no ejecutados

La CRA explicó que el cobro se generó porque, desde el año 2016, se incluyeron en el cálculo tarifario del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) una serie de proyectos que finalmente nunca avanzaron.

Las razones detrás de esta situación fueron diversas:

• Decisiones judiciales que frenaron licitaciones o contratos.
• Controversias contractuales que retrasaron la ejecución.
• Condiciones sobrevinientes no imputables a la empresa, que obligaron a suspender los proyectos.

En consecuencia, aunque los usuarios pagaron durante años por esas inversiones, las obras no se construyeron ni se pondrán en marcha.

¿Qué pasará con lo que ya se pagó?

Una de las principales preguntas de los usuarios es qué ocurrirá con los recursos que ya fueron cobrados. La CRA aclaró que este tema corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que será la encargada de definir medidas compensatorias.

La entidad, que tiene funciones de inspección, vigilancia y control, deberá evaluar si habrá devoluciones directas, descuentos adicionales en facturas o algún otro mecanismo de compensación para los afectados.

Garantía en la prestación del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) mantendrá la cobertura de los costos de operación y la garantía en la prestación del servicio, pese a la reducción. La CRA dejó en claro que esta rebaja no afectará la continuidad, calidad ni sostenibilidad del sistema, lo que da tranquilidad a los usuarios.

La directora Nelly Mogollón resaltó que se trata de un paso en la dirección correcta hacia la construcción de “tarifas más transparentes y ajustadas a la realidad del servicio”, donde los usuarios solo paguen por los beneficios que realmente reciben.

Impacto en los hogares y próximos pasos

Para muchos ciudadanos, la noticia llega en un momento clave marcado por la inflación y el alza en el costo de vida. Aunque los porcentajes de reducción pueden variar, lo cierto es que cualquier alivio en los recibos de servicios públicos representa un respiro en las finanzas familiares.

En Soacha, por ejemplo, donde la rebaja alcanza el 11,8%, se espera un impacto inmediato en la percepción ciudadana sobre la equidad tarifaria. En Bogotá y Gachancipá, aunque los descuentos sean más modestos, se calcula que el número de usuarios beneficiados será considerablemente mayor.

Los usuarios deben estar atentos a sus facturas en los próximos meses, ya que allí se reflejarán los cambios producto de la Resolución 1017 de 2025. Asimismo, será clave seguir las decisiones de la Superservicios respecto a las compensaciones por los pagos ya realizados.

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negara de nuevo el aval para implementar un modelo exclusivo de recolección de basuras en Bogotá. “Se requiere un perfil distinto para la entidad”, afirmó el distrito.

La decisión se tomó después de conocer la reciente negativa de la CRA frente al recurso de reposición presentado por la Uaesp. El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó la noticia resaltando desde su cuenta de X lo siguiente:

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“El alcalde Carlos Fernando Galán hoy le pidió la renuncia a la directora de la Uaesp, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”.

La salida de Ordóñez se registra tras varios debates y denuncias presentadas por la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá. El cabildante Daniel Briceño señaló: “Sale de su cargo la directora de la Uaesp de Bogotá luego de varios debates y denuncias de la bancada del Centro Democrático en el Concejo. Esperamos que llegue una persona que se dedique a resolver los problemas de la ciudad y no a la politiquería. Seguiremos haciendo control”.

Por su parte, la cabildante Diana Diago - que más presión, seguimiento y denuncia ha presentado en contra de la exfuncionaria distrital - también se pronunció sobre la decisión de alcalde Carlos Fernando Galán. Desde sus redes sociales, la concejala expresó:

“Dos años se demoró Galán para sacar a Consuelo Ordóñez de la Uaesp. Bogotá está inundada de basuras. Hay una crisis en los cementerios. Lo peor es que Galán no la hubiese sacado si no es por la presión de la CRAC, que determinó que el nuevo modelo de recolección de basuras estructurado por Ordóñez está mal hecho”

Igualmente, resaltó que el proyecto presentado por Ordóñez, y avalado por Galán, contaba con un presupuesto destinado para su ejecución de $1.500 millones; sin embargo, este no llegó a implementarse dado que el proyecto presentado contenía fallas técnicas y financieras de gravedad, tal como lo determinó la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Se espera que la alcaldía anuncie próximamente a la nueva persona a cargo de la Uaesp, en medio de la necesidad de redefinir el rumbo de la entidad.

Decisión de la CRA

Horas antes de la decisión de Carlos Fernando Galán de hacer de lado a Ordóñez de su cargo administrativo en la Uaesp, la CRA emitió un comunicado a la opinión pública en el que determinó la conclusión del trámite sobre la verificación de motivos para incluir cláusulas relativas al otorgamiento de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, D.C.

La respuesta se tomó tras resolver de forma desfavorable los recursos de reposición presentados por la Uaesp y por Jairo Alfonso Salcedo contra la Resolución CRA 1013 de 2025. La aprobación, realizada como cuerpo colegiado y por unanimidad, se formalizó el 19 de agosto de 2025 mediante la Resolución CRA 1018 de 2025.

El trámite se originó por la solicitud hecha por el Distrito Capital a través de la Uaesp, con el propósito de modificar el modelo existente de ASE en la ciudad. Según el informe, la decisión de la CRA no impide que la administración presente una nueva solicitud si así lo considera.

Qué buscaba la Uaesp con el nuevo modelo

Durante el periodo de gestión de Consuelo Ordóñez como directora de la Uaesp, la entidad propuso a la CRA pasar del esquema actual de cinco ASE a seis a partir de febrero de 2026, manteniendo la cobertura total, altos estándares de calidad e inclusión de recicladores.

La Uaesp indicó que bajo este modelo, cada contrato de prestación del servicio debe especificar el área geográfica cubierta, los niveles de calidad exigidos y los criterios de expansión y respaldo. El esquema también permitiría acordar nuevos aportes públicos para ampliar la oferta del servicio, conforme al artículo 40 de la Ley 142 de 1994.

La administración defendió el modelo ASE como la opción más adecuada para garantizar un servicio eficiente, especialmente para zonas de alta complejidad y sectores de bajos ingresos. Este esquema asigna las diferentes áreas a prestadores mediante licitación pública, asegurando la atención a todos los usuarios de cada zona definida.

El distrito sostiene que este modelo asegura la cobertura total, la rentabilidad técnica y financiera, y la expansión del servicio a sectores potencialmente desatendidos, incorporando además criterios de calidad que benefician a la ciudad y sus habitantes.

La implementación del nuevo esquema de basuras de Bogotá enfrenta un nuevo obstáculo por cuenta del rechazo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico hacia la propuesta de la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán de abrir una nueva licitación para este proceso.

La acción de la entidad nacional se conoció por medio de una resolución divulgada el 19 de agosto de 2025, en la que ratificó una decisión de junio de 2025 en la que rechazó la propuesta a raíz de inconsistencias financieras en la planeación del modelo de aseo que operaría la ciudad a partir de 2026.

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En dicha resolución se explicó que el proceso de evaluación de la propuesta de la Administración distrital incluyo el concepto de delegados del Gobierno nacional a través de los ministerios de Vivienda, Ambiente y Salud, sumados al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Superintendencia de Servicios Públicos, que negaron de manera unánime la propuesta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Los argumentos de la entidad se centraron en que la iniciativa de un nuevo modelo de basuras para la capital del país no cumplía con los estándares requeridos, lo que se sumó a la falta de convocatorias a audiencias para sustentar la propuesta ante el órgano nacional.

En su momento, la Uaesp indicó que evaluaría a detalle la resolución de la CRA, por lo que volvería a insistir en el nuevo esquema de basuras de la ciudad. Sin embargo, este nuevo capítulo en la novela del modelo de aseo podría ser el definitivo para que a partir de 2026 Bogotá no cuente con el servicio de recolección de los residuos de los más de 10 millones de habitantes.

Ante la nueva decisión de la entidad regulatoria a nivel nacional, los miembros del Concejo de Bogotá reaccionaron pidiendo explicaciones a Consuelo Ordóñez, directora de la entidad encargada de garantizar la prestación de este servicio a los bogotanos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Daniel Briceño, del Centro Democrático, que cuestionó la gestión de Ordóñez, así como su permanencia en el cargo a raíz de los reiterados episodios en los que la ciudad se ha visto a borde de una crisis sanitaria.

“Oficialmente, Bogotá se quedará sin nuevo esquema de basuras a partir de 2026. No entiendo como la directora de la Uaesp de la ciudad sigue en su cargo después de semejante fracaso”, escribió el cabildante uribista a través de su cuenta oficial de la red social X.

Y es que las críticas de Briceño a la gestión de la Uaesp han sido recurrentes y han incluido pronunciamientos que critican el incremento de las basuras en las calles de los barrios de la ciudad. A su vez, han señalado que para evitar exponerse a enfermedades por presencia de los residuos, han llegado a realizar las labores que le competen a esta entidad.

En un video difundido en sus redes sociales, el cabildante enfatizó en que desde la llegada de Carlos Fernando Galán al Palacio Liévano, la administración, a través de la Uaesp ha sido “incapaz” de atender los más de 600 focos de basuras por toda la ciudad.

Sumado a esto, Briceño cuestionó que Ordóñez no ha permanecido al frente de la entidad por atender compromisos internacionales a costa de los recursos distritales y cuyos resultados no se ven materializados. Por el contrario, el cabildante concluyó que la improvisación puede llevar a la ciudad a una crisis sanitaria que fue advertida.

“Cuando Galán llegó al poder, ojo a este dato, había 635 puntos críticos en Bogotá. Hoy, año y siete meses después, no se han disminuido tal y como Galán lo prometió, sino que han aumentado. Hay 666 puntos críticos de basura. Y lo peor es que no hay una solución a largo plazo. Lo que está pasando es que no hay una decisión de la CRA, no hay una decisión real que tenga un nuevo esquema de basuras y traiga para las poblaciones”, afirmó Briceño.

En el marco de los recientes anuncios realizados por el Gobierno nacional, Carlos Castagnani, presidente de CRA, expresó su satisfacción durante una entrevista radial. En sus declaraciones, calificó la medida como un paso positivo en medio de un contexto económico y climático adverso para el sector agropecuario. “Es un reclamo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Es necesario por la situación actual de bajos precios internacionales y la falta de lluvia. Este combo dejó a muchos productores con rentabilidad cero o en quebranto”, aseguró.

El Gobierno comunicó el jueves la baja temporal de retenciones para los principales cultivos y la eliminación permanente de este impuesto para las economías regionales. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Entre los productos afectados por la reducción figuran la soja, el trigo, el maíz y el girasol, mientras que para otros como el arroz, el tabaco y el azúcar, la alícuota se eliminó definitivamente.

Una medida esperada por el sector

En declaraciones a Radio Mitre Castagnani señaló que esta decisión responde a un reclamo histórico del campo y destacó que representa una señal favorable en medio de las dificultades que enfrenta el sector. Según el titular de CRA, “la apertura de un camino hacia la eliminación total de las retenciones es clave. Incluso el mismo ministro lo mencionó como un objetivo”. Aunque consideró que lo ideal habría sido que la baja no tuviera una fecha límite, el dirigente remarcó que es un avance importante.

El nuevo esquema comenzará a regir a partir del lunes 27 de enero y tendrá un costo fiscal cercano a 800 millones de dólares, según estimaciones oficiales. La medida incluye una reducción temporal de los derechos de exportación para productos clave hasta el 30 de junio, lo que permitirá a los productores acceder a un alivio tributario en el corto plazo.

Entre los cultivos más beneficiados se encuentra la soja, cuya alícuota pasará del 33% al 26%. En el caso de los derivados como el aceite y la harina, la reducción será del 31% al 24,5%. Otros cultivos como el trigo, el maíz, la cebada y el girasol experimentarán una baja en las alícuotas que los afectaban, mientras que las economías regionales quedarán exentas de este tributo de forma definitiva.

Importancia para las economías regionales

Uno de los puntos más destacados por Castagnani fue la eliminación de retenciones en las economías regionales, una medida que calificó como esencial para estas actividades. “No olvidemos que las economías regionales cumplen una función muy importante. Crean arraigo en las zonas donde la economía tradicional no llega y que se hayan eliminado definitivamente las retenciones es un buen mensaje”, afirmó durante la entrevista.

Los productos incluidos en esta eliminación abarcan desde el arroz y el azúcar hasta el algodón, el cuero bovino y las preparaciones alimenticias. Según datos oficiales, estas actividades representaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024. “Es una decisión acertada. Si bien no impactaba mucho en términos de recaudación, sí tenía un fuerte efecto sobre las actividades en las que se aplicaba”, agregó el presidente de CRA.

Por su parte, Luis Caputo afirmó durante el anuncio que la medida busca “darle al campo una señal de apoyo y justicia”. El ministro también aseguró que las bajas en las alícuotas no comprometerán el superávit fiscal logrado a través del programa económico implementado en los últimos trimestres.

Expectativas hacia el futuro

Consultado sobre la posibilidad de que estas bajas temporales puedan revertirse después de junio, Castagnani descartó esa opción y enfatizó en la necesidad de trabajar para consolidar una política de eliminación total de las retenciones. “No está en nuestra mente que eso pueda suceder. El mismo presidente expresó públicamente su intención de eliminar este impuesto, que es injusto y arbitrario”, afirmó.

Desde el Gobierno, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, sostuvo que la decisión fue motivada por las condiciones actuales del campo, afectado por la sequía y los bajos precios internacionales. “Es una excelente noticia en un momento en el que la producción enfrenta grandes desafíos. Ojalá que llueva y esta medida sirva para producir más y mejor”, comentó durante la conferencia.

Además de las declaraciones del sector agropecuario, el Gobierno especificó que los exportadores podrán optar por acceder a los beneficios a través de una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Este mecanismo, que estará operativo desde el próximo lunes, estipula un plazo de cinco días para el pago del derecho y quince días hábiles para la liquidación de divisas.

Un sector clave para la economía nacional

La reducción de retenciones se enmarca en un contexto en el que el sector agropecuario representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país. Con un superávit comercial, energético y de cuenta corriente, el Gobierno buscó equilibrar el alivio fiscal con la sostenibilidad financiera. “Queremos bajar impuestos, pero sin comprometer el esfuerzo de todos los argentinos”, explicó Caputo.

Sin embargo, el impacto de la medida será evaluado en los próximos meses, cuando los cultivos beneficiados comiencen a reflejar los cambios en términos de costos y proyección. Para Carlos Castagnani, este anuncio marca un punto de partida en una negociación más amplia entre el Gobierno y el sector agropecuario. La próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Mesa de Enlace, en la que se espera avanzar en otros temas pendientes, como la previsibilidad a largo plazo para los productores.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene listo un borrador sobre los topes o límites que se establecerán para el consumo de usuarios. Según publicó El Tiempo, un aspecto importante en este proyecto de cambio es que incluiría al sector productivo en el paquete de regulaciones para que también ahorren agua, puesto que la mayoría de restricciones han sido para los usuarios residenciales, es decir, habitantes en condición de ciudadanos.

El documento pasaría como propuesta fija el consumo máximo para estratos 1, 2, 3 y 4 en 12 metros cúbicos por mes para las ciudades sobre los dos mil metros sobre el nivel del mar (2000 msnm). Metrópolis como Bogotá, así como ciudades como Tunja o Pasto serían claros ejemplos de este nivel de altura. En el caso de estratos 5 y 6 el tope se reduciría hasta los diez metros cúbicos al mes. Es importante destacar que, en la actualidad, todos los sectores tienen un tope de 22 metros cúbicos por mes, lo que corresponde a 44 metros cada dos meses en el caso donde el acueducto cobra el servicio.

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En cuanto a las ciudades y poblaciones que se encuentren entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar (Medellín, Cali o Bucaramanga) se reducirá a 13 metros cúbicos por mes para los estratos 1, 2, 3 y 4. Para los estratos más altos será de 11 metros cúbicos al mes. Estos lugares tenían su tope en 26 metros cúbicos de consumo, informó el medio citado.

Finalmente, para los consumidores residenciales que habiten bajo los 1.000 metros sobre el nivel del mar, el tope llegaría a 15 metros cúbicos entre los primeros cuatro estratos. El resto de estratos sufriría una reducción a 13 metros cúbicos de consumo. Ciudades como Barranquilla, Santa Marta o Cartagena están a este nivel de altura.

Cuáles serían los topes para usuarios no residenciale

Para actores comerciales, industriales y oficiales o multiusuarios que no tienen medidor, el proyecto también propondría topes con el fin de que también aporten en el ahorro de agua. El borrador del proyecto implicaría un “consumo objetivo”, que equivaldría al 90% del promedio aritmético de los consumos registrados en el último año.

Dicho borrador haría que las empresas prestadoras deban hacer campañas educativas y de difusión dirigidas a los usuarios, con el fin de que informen la aplicación de las nuevas medidas. Lo anterior, las comprometería a reducir su impacto en el gasto de este elemento que amenaza con hacer falta en las principales ciudades de Colombia.

Cabe destacar que, el proyecto se encuentra publicado para comentarios en la página web de la entidad y estará habilitado hasta el 7 de noviembre de 2024.

Nivel de embalses en Bogotá

La capital del país es una de las más afectadas por la falta de lluvias Según publicó la Alcaldía de Bogotá en su página web, el domingo 27 de octubre “se presentó en Bogotá y municipios aledaños, un consumo de agua de 15,96 metros cúbicos por segundo. El nivel de los embalses del Sistema Chingaza, con corte al 27 de octubre, se encuentra en el 44,34 %. Chingaza subió 3.220.000 m3”.

La alcaldía afirmó que, pese a que ya se presentan lluvias en distintas partes de Colombia, sobre el embalse de Chingaza, del cual Bogotá depende en 70% del consumo, aún no hay lluvias que permitan que las restricciones que hay en la actualidad se reduzcan. Algunas recomendaciones para reducir el consumo de agua son:

• No acumular de agua durante los turnos de racionamiento. Evitar el desperdicio.
• Reutilizar el agua de la lavadora para descargar el sanitario.
• Cerrar la llave de los lavamanos cuando nos enjabonamos las manos.
• Lavarnos los dientes con un vaso de agua.
• Disminuir al máximo el periodo de riego de jardines.
• No lavar el carro con manguera, usar trapo y balde con agua.

De acuerdo con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el embalse de Chuza, uno de los que compone el sistema Chingaza, estaría en diciembre de 2024 con solamente el 22% de ocupación, razón por la cual no podría abastecer a la capital en 2025.

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Por tal motivo, la jefe de la cartera de Ambiente aseguró que se deben tomar medidas urgentes, entre ellas, el consumo de agua debe ser reducido en tres metros cúbicos por segundo, lo que significa un racionamiento diario en la capital.

“Si nosotros llegamos a diciembre con un embalse en 22% no habrá suficiente capacidad de las reservas para sobrepasar el periodo de temporada seca hasta llegar a la temporada de lluvia. Lo que viene en los próximos meses es un control de la demanda que sea por lo menos de 3m³ de agua por segundo al día, a partir del mes de octubre”, indicó la ministra Susana Muhamad.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry aseguró que las lluvias que se esperan para la región de la Orinoquía, particularmente para el embalse de Chuza, tendrán una reducción en septiembre y condiciones muy similares a los promedios en los meses siguientes. Esto significa, una reducción paulatina de las lluvias hacia diciembre, lo cual se ve reflejado en bajos aportes en volumen hacia los embalses.

La Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Básico (CRA), explicó que una de las medidas anunciadas es que los estratos de 1 al 4 deben tener un consumo mensual de 12 m3/s, y para estratos 5 y 6 debe ser de 9 m3/s. En ese sentido, por cada metro cúbico no ahorrado de agua, se cobrará el doble del costo actual. Advirtieron que ya hay una resolución en proceso.

Medidas para prevenir el desabastecimiento

La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, explicó las medidas que se aplicarán para desincentivar el consumo excesivo de agua. “Se requiere un comportamiento sistemático y continuo de los usuarios”, aseguró.

• Endurecimiento del cobro del sobreprecio a los usuarios que superen los topes establecidos o incurran en consumos adicionales, teniendo en cuenta que la sequía persiste.
• Incluir un desincentivo al desperdicio para las empresas prestadoras del servicio, que no cumplan con las metas de reducción de pérdidas del recurso.
• Se propone desde la Comisión aplicar desincentivos al consumo excesivo en los contratos de suministro de agua potable, conocidos como la ‘venta de agua en bloque’.
• Incluir a los usuarios no residenciales (comerciales e industriales) dentro de los cobros adicionales por consumo excesivo de agua potable.

La Superintendencia de Servicios también anunció que se actualizarán los planes de contingencia, con el propósito de reducir los topes de consumo.

El viceministro de agua afirmó que se brindará asistencia técnica a todos los municipios de la sabana, y al distrito para actualizar los planes de contingencia. Además, precisaron que se fortalecerá los programas de uso eficiente y ahorro de agua.

El viceministerio también anunció mesas técnicas para permanentes para buscar proyectos de esquema diferencial con el propósito de que las zonas aledañas no dependan de las medidas que toma Bogotá y del consumo del embalse Chuza.

Niveles Sistema Chingaza

El Sistema Chingaza actualmente se encuentra en un 47%, pero con tendencia a la baja. Luego de alcanzar un pico de recuperación de los niveles a mediados de agosto de 2024. Sin embargo, el comportamiento del Sistema Chingaza viene mostrando los siguientes comportamientos:

• Agosto 15: 52,7%
• Agosto 21: 51,9%
• Agosto 31: 50,0%
• Septiembre 9 : 47,6%

El Acueducto de Bogotá también anunció medidas para mejorar el medidor de agua y disminuir la pérdida del recurso hídrico.

El duro comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quizá el sector más combativo con el Gobierno de la Mesa de Enlace, cayó como una bomba en la Casa Rosada. Javier Milei, contaron testigos, se “calentó mucho” con la entidad que conduce Carlos Castagnani, que se había quejado sin rodeos por las retenciones dos días antes de que el Jefe de Estado asistiera, por primera vez, a la Exposición Rural de Palermo. También en Hacienda hubo malestar, pero sobre todo, sorpresa, porque Luis Caputo había visitado personalmente el predio, se había reunido con los jefes del sector y había ordenado “llevar la gestión a los stands” durante toda la muestra como gesto para sanear el vínculo en medio de los reclamos para levantar el cepo o reducir la brecha, y bajar los impuestos.

“A Milei le cayó para el orto el comunicado de CRA”, dijo, sin tapujos, un funcionario el viernes por la tarde. Y en el quinto piso de Economía contaron que también Caputo y su nuevo secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el de Coordinación de Produción, Juan Pazo, recibieron muy mal la misiva, porque habían escuchado personalmente a los jefes de las entidades -Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural y la CRA- tres días antes de que esta última se despachara con el mensaje titulado “Los tiempos del campo no son los tiempos del Gobierno”, con un pedido en términos severos para que se eliminen las retenciones o se esboce un plan en ese sentido.

El pedido en sí mismo, harto conocido, no sorprendió al Gobierno. Sí la forma, y el momento. “Ya conocíamos el reclamo. Pero usaron un tono totalmente distinto hacia afuera. Ni siquiera nos avisaron que iban a escalar así”, dijeron en Hacienda. Y contrastaron con la nota que lanzó la misma semana el Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que también tiene una postura crítica y pidió “mayor previsibilidad para afrontar la campaña″. “En Carbap se plantaron con pedidos, sí, y también lo hicieron público. Pero al menos reconocieron lo que se hizo hasta ahora, fue otro tono”, sostuvieron.

En la Casa Rosada, donde rige para todos los sectores la impronta amigo-enemigo y donde están a la orden del día las sospechas de traición, interpretaron la misiva como un modo de presionar al Presidente y obtener mayor atención e mejor interlocución con la cúpula nacional. “Es lo peor que podrían haber hecho, Javier no se banca ni perdona esas cosas. Que se olviden”, dijeron en su entorno. Y atribuyeron la jugada a la interna con la SRA, por los supuestos “celos” que les genera el trato especial que le brinda el Presidente a Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, con quien tiene un vínculo previo y suele reunirse en la Casa Rosada o hablar por teléfono.

No obstante, un viejo miembro del sector agropecuario que, además, formó parte de la CRA, consideró que el comunicado, más que por rivalidad o ambición de poder, fue un modo de las autoridades de “cubrirse” frente a la rama más beligerante de los productores del interior, especialmente, de Córdoba.

Por ahora nadie en la Rosada ni en Economía les respondió. Y, en principio, adelantaron, el primer mandatario tiene planeado dirigirse al sector con un discurso moderado después de desembarcar nuevamente en La Rural, a las 11. “Va a ser amigable, tranquilo”, auguró un ladero. Pero no descartó que haya un pase de factura específico para esa entidad.

Además, en Balcarce 50 adelantan represalias políticas. Como están convencidos de que la jugada de Castagnani fue a título personal y que no representa las ideas de la mayor parte de las entidades que componen la confederación, empezaron a tomar contacto disimuladamente con las confederaciones del interior, para tantear el nivel de adhesión interna. “Vamos a conseguir que sociedades rurales que están en CRA de todo el país, de las provincias, se manifiesten de otra manera, con lo que realmene creen. Hay que diferenciar a las bases de las autoridades”, dijeron, en pie de guerra.

Camino de espinas

Milei está obligado a mantener una relación cordial con el campo. Desde la campaña los defendió, y durante la gestión, en varias ocasiones, los encumbró como motor del desarrollo del país. Su último contacto directo fue en mayo, cuando participó de un acto en La Rural organizado por la Asociación Argentina de Angus (AAA), en donde aseguró que eliminaría las retenciones, el Impuesto PAIS y que levantará el cepo cambiario. Promesas que, dicen tanto él como Caputo, aún no puede cumplir.

A medida que las palabras se vuelven insuficientes, en la segunda etapa del primer año de administración, aunque en distinta medida y con variadas formas, todos los sectores empezaron a mostrar señales de impaciencia. Manifiestan pruritos con la política económica del Gobierno, especialmente la demora en la eliminación del cepo, y resienten la degradación del manejo del área agropecuaria al rango de secretaría. Al punto de que, como gesto mientras se dilata la atención a sus reclamos, algunos esperan como gesto que vuelva a ser restaurado a ministerio. Pero por lo pronto, ni Javier Milei ni “Toto” Caputo lo tienen en sus planes. Por ahora, seguirán pidiendo tolerancia.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tomó la decisión el viernes 31 de mayo las multas por consumo excesivo de agua en casi toda Colombia, tras la llegada de la temporada de lluvias.

La medida se mantendrá únicamente en Bogotá, donde el sistema de embalses aún está en niveles muy bajos y prevalece el racionamiento de agua decretado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Según la directora ejecutiva de la CRA, Ruth Maritza Quevedo Fique, la resolución establecerá que los suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado ya no deberán pagar un cobro adicional por exceder los topes de consumo promedio. No obstante, en el sistema Chingaza, que abastece a Bogotá, la medida seguirá vigente.

Esta decisión se basa en análisis técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que indican que dicho sistema aún requiere un período mayor de control debido al bajo nivel de sus embalses.

Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, comentó que, aunque se espera que durante los meses de mayo y junio las lluvias se mantengan dentro de los promedios en gran parte del país, la posible llegada del fenómeno de La Niña entre julio y septiembre podría incrementar las precipitaciones, influyendo de manera desigual en el territorio nacional.

Quevedo Fique, recientemente nombrada experta comisionada en la CRA, explicó que la resolución ha estado activa desde finales de enero. La medida fue implementada para incentivar la reducción del consumo excesivo de agua en periodos de escasez, como lo fue el fenómeno de El Niño. “Se va a suspender a nivel nacional a partir de la fecha, excepto en el sistema de Chingaza, debido a las precipitaciones y al bajo nivel de abastecimiento en los ríos que alimentan los embalses”, afirmó Quevedo Fique.

La Resolución 887 se adoptó como respuesta a la crisis hídrica provocada por la falta de lluvias, especialmente afectando el sistema de Chingaza, crucial para el abastecimiento de agua en la capital colombiana. Esta regulación tenía el objetivo de disminuir el consumo excesivo durante los períodos de sequía y asegurar la disponibilidad del recurso.

La funcionaria también subrayó que la decisión de levantar la medida fue resultado de una evaluación exhaustiva de las condiciones hídricas a nivel nacional. “La Comisión ha estado monitoreando de cerca la situación de los recursos hídricos y hemos determinado que, aunque persisten desafíos en algunas áreas, la situación general ha mejorado lo suficiente como para permitir la suspensión a nivel nacional”, afirmó.

La suspensión de la Resolución 887 supone un alivio para consumidores y empresas que se vieron afectados por las restricciones en el uso del agua. Además, marca un cambio en la estrategia regulatoria de la CRA hacia medidas más flexibles y adaptativas para enfrentar desafíos hídricos futuros.

La decisión se fundamenta en la llegada de la temporada de lluvias y la estabilización de algunos sistemas hídricos. Sin embargo, para el sistema de Chingaza, que abastece de agua a la capital colombiana, las condiciones hídricas no han mejorado lo suficiente. La Directora Ejecutiva de la CRA, Ruth Maritza Quevedo Fique, explicó que la medida se mantiene en Bogotá basándose en análisis técnicos realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Esta era una medida que generaba un cobro adicional a aquellos suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado que excedieran los topes de consumo promedio. Esta medida se va a mantener en el caso del sistema Chingaza, que surte a Bogotá, derivado de los análisis técnicos que nos ha entregado el Ideam y que indican que el sistema Chingaza aún necesita un tiempo mayor de duración de la medida”, manifestó Ruth Quevedo.

La eliminación de las multas beneficiará a numerosos suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado que veían incrementadas sus tarifas al exceder los límites de consumo promedio. Sin embargo, la situación de hídrica en Bogotá continuará monitoreándose atentamente debido al déficit de los embalses locales.

Ruth Maritza Quevedo Fique precisó que la medida en Bogotá será reevaluada con base en futuros análisis y pronósticos climáticos del Ideam para determinar si es necesario extender la medida de cobro adicional más allá de diciembre de este año.

A pesar del levantamiento de la medida a nivel nacional, la CRA continuará monitoreando de cerca la situación en el sistema de Chingaza y otras áreas vulnerables, tomando las medidas necesarias para garantizar un uso sostenible de los recursos hídricos en Colombia.

Desde tempranas horas de la madrugada del 15 de mayo, un grupo de aproximadamente trescientos recicladores llevó a cabo una protesta en el norte de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 96 con la carrera 12, donde queda la sede de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Entre las demandas de los recicladores se encuentra un aumento en la tarifa por el material reciclado, con el fin de poder pagar prestaciones laborales, como el seguro de riesgos laborales (ARL). También abogaban por la modificación del Decreto 596 de 2016, el que reguló ese oficio.

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Entre sus reclamos se encontraba uno particular: Yaneth Espinela, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, denunció en Blu Radio su descontento con la representación del gobierno ante la CRA, acusando a la comisionada Ruth Quevedo de estar involucrada en presuntas irregularidades relacionadas con el negocio del reciclaje.

“Se quiere quedar con el negocio del reciclaje en toda Colombia”, dijo la representante del gremio. También mencionó que Quevedo tendría un negocio con uno de los recicladores para cumplir tal propósito.

Por su parte, Ruth Quevedo expresó a Blu Radio que no está involucrada en ningún negocio relacionado con el reciclaje ni tiene interés en ello. Además, dijo que desde la CRA ha “buscado escuchar y reconocer las posturas de diversos recicladores”.

Esta fue la respuesta del Gobierno

Ante esta situación, la Dirección Ejecutiva de la CRA emitió un comunicado en el que se propone abrir un espacio de diálogo con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades competentes para abordar las demandas de los manifestantes así como para brindar claridad sobre el asunto.

“La CRA, en su condición de ente regulador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de Colombia está en disposición abierta, transparente y responsable de adelantar el diálogo”, se lee en el texto.

Sin embargo, la entidad también mencionó que muchos de los reclamos no corresponden a la Comisión de Regulación: “Según comentarios hechos a los medios de comunicación por algunos de los líderes del plantón, varias de las peticiones y/o requerimientos no son del resorte competencial de nuestra entidad, por lo cual se ha hecho un llamado institucional para que las demás entidades del orden nacional o distrital procedan de acuerdo con sus competencias a apoyar la solución inmediata y razonable de tales solicitudes”.

Entre ellas, estaría la pretensión del gremio de recicladores de modificar el Decreto 596 debido a que, dicen, “es muy abierto”, por lo que da cabida a la posibilidad de que empresas privadas y el mismo Gobierno compitan con las asociaciones de recicladores. Sin embargo, este es competencia del Ministerio de Vivienda, mas no de la CRA.

En el comunicado, la entidad también señaló que están en proceso de formular nuevas referencias tarifarias para el servicio público de aseo, de acuerdo con la legislación vigente y las políticas públicas establecidas. Asimismo, reafirmaron su disposición para atender las solicitudes de diferentes organizaciones y entidades.

¿Cómo se calcula la tarifa de reciclaje?

Tomando como ejemplo el precio actual del kilogramo de reciclaje de botellas PET en Bogotá, que puede variar según diversos factores, se estima que el valor promedio de este es de 1.000 pesos. Entonces, para alcanzar un salario mínimo mensual recolectando botellas, se necesitaría acumular alrededor de 40 kilogramos de botellas diariamente, sin descanso.

La tarifa se determina siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución CRA 720 de 2015. Según esta normativa, la tarifa de aprovechamiento se calcula sumando el costo de recolección y transporte, junto con el costo de disposición final en el municipio donde se realiza la actividad de aprovechamiento.

Las empresas encargadas del servicio público de aseo, responsables de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos no aprovechables, deben publicar en su página web y presentar ante el SUI los costos obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas tarifarias. Esto permite que las organizaciones de recicladores puedan calcular cuánto deben recibir. Aquí puede encontrar todo el instructivo: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/guia-para-el-calculo-de-la-tarifa-de-aprovechamiento.pdf.